El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración del Milenio, de 8 de septiembre de 2000, en la que se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios establecidos conjuntamente por la comunidad internacional para suprimir la pobreza,

–  Vistos los sucesivos informes sobre el desarrollo humano elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2005, sobre la función de la UE en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)(1),

–  Vista la Declaración de Roma sobre la armonización, adoptada el 25 de febrero de 2003 tras la celebración del Foro de Alto Nivel sobre la Armonización, y la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, adoptada el 2 de marzo de 2005 tras la celebración del Foro de Alto Nivel sobre Ejecución, Coordinación y Resultados (denominada en lo sucesivo "Declaración de París"),

–  Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada "El consenso europeo sobre desarrollo" (denominada en lo sucesivo "Consenso europeo sobre desarrollo") firmada el 20 de diciembre de 2005(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Estrategia de la UE para África: Hacia un pacto euroafricano para acelerar el desarrollo en África" (COM(2005)0489),

–  Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2005, sobre una estrategia de desarrollo para África(3),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (denominado en lo sucesivo "Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo" (DCI))(4),

–  Vistos los informes anuales del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Declaración del Milenio, el último de los cuales data de julio de 2006,

–  Visto el Informe de la Task Force de las Naciones Unidas sobre el Proyecto del Milenio, dirigida por el profesor Jeffrey Sachs, titulado "Invertir en el desarrollo: un plan práctico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio",

–  Visto el Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) titulado "Los países menos adelantados - Informe de 2002: escapando a la trampa de la pobreza",

–  Vistos los informes anuales del Unicef sobre la situación de los niños en el mundo y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,

–  Visto el Documento de trabajo de la Comisión titulado "Informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 2000-2004" (SEC(2004)1379),

–  Visto el Informe anual de seguimiento sobre los ODM del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya última edición se ha publicado en abril de 2007,

–  Visto el Informe de 2006 sobre la cooperación para el desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya última versión fue publicada en marzo de 2007,

–  Vistas las declaraciones finales y las conclusiones de las conferencias internacionales, y en particular la Conferencia internacional sobre la financiación del desarrollo (Monterrey, 2002), la Cumbre Mundial de 2005 (Nueva York, 2005), la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA) (Bruselas, 2001), la Cuarta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (Doha, 2001), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) (El Cairo, 1994), la sesión extraordinaria celebrada en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas para examinar los progresos realizados hacia la consecución de los objetivos de la CIPD ("Cairo+5") y el Foro Mundial sobre Educación (Dakar, 2000),

–  Vistas las reservas formuladas por algunos Estados miembros de la UE en las declaraciones finales y en las conclusiones de las conferencias mencionadas,

–  Vistos los compromisos contraídos por la UE en el Consejo Europeo de Barcelona en marzo de 2002, en la perspectiva de la Conferencia de Monterrey,

–  Vistos los compromisos contraídos por el G-8 en 2005 en la Cumbre de Gleneagles por lo que se refiere al volumen de la ayuda, la ayuda al África subsahariana y la calidad de la ayuda,

–  Visto el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo de trabajo II del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático titulado "El Cambio Climático 2007: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad" (en lo sucesivo, "Cuarto Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático"),

–  Visto el informe final de Stern Review sobre Economía del Cambio Climático,

–  Vistas las conclusiones del PNUD, el Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas y el Banco Mundial en su informe de 2006 sobre Energía y Objetivos de Desarrollo del Milenio,

–  Vistos los artículos 177 a 181 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Ayuda de la UE: realizar más, mejor y más rápido" (COM(2006)0087),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Cómo hacer más productiva la ayuda europea: un marcó común para la elaboración de los documentos estratégicos nacionales y la programación plurianual común" (COM(2006)0088),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio – Financiación para el Desarrollo y Eficacia de la Ayuda" (COM(2005)0133),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) de los días 10 y 11 de abril de 2006 sobre la financiación del desarrollo y la eficacia de la ayuda europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Código de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo" (COM(2007)0072),

–  Vista su Resolución, de 6 de abril de 2006, sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2007, sobre la ayuda presupuestaria a los países en desarrollo(6),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el Informe de la Comisión de Desarrollo (A6-0220/2007),

A.  Considerando que en el año 2007 se cumple la mitad del plazo previsto para realizar los ODM en 2015 y, por consiguiente, constituye una ocasión única para hacer balance de los compromisos pendientes,

B.  Considerando que, en el África subsahariana, muchos países no van por buen camino para conseguir ninguno de los ODM y que, incluso en países con una renta media, hay regiones y grupos étnicos con millones de personas que están realizando progresos poco satisfactorios,

C.  Considerando que el Consejo Europeo, en referencia a la agenda de la Cumbre del G-8 celebrada en Gleneagles en julio de 2005, acordó en mayo de 2005 que un 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) se donaría en concepto de ayuda pública al desarrollo (ODA) hasta el año 2015, al tiempo que declaraba que este incremento de la ayuda era una condición indispensable para alcanzar los ODM,

D.  Considerando que el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE permite que, en las contribuciones de los países donantes, se tenga en cuenta la condonación de la deuda en concepto de ayuda pública al desarrollo, aun cuando no se trate de la transferencia de nuevos recursos del donante hacia los países beneficiarios,

E.  Considerando que el alivio de la deuda es uno de los objetivos del ODM 8, que aspira específicamente a "encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales, a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo",

F.  Considerando con satisfacción el hecho de que 24 países, incluidos 18 africanos, se han beneficiado ahora de la cancelación de la deuda; considerando, sin embargo, que aún es necesario proceder a muchas más cancelaciones de la deuda,

G.  Considerando que son necesarios 6 900 millones EUR anuales con cargo a la ayuda pública al desarrollo para poder alcanzar el ODM en la enseñanza primaria, que el importe total de la ODA que se consagra actualmente a este tipo de enseñanza es de unos 1 600 millones EUR y que la participación de la UE en dicha ayuda asciende a 800 millones EUR,

H.  Considerando que la financiación anual necesaria para alcanzar los ODM en el sector de la sanidad se calcula en 21 000 millones EUR, que la financiación actual sólo cubre el 36 % de estas necesidades y que, incluso aumentando de forma anticipada la ODA de la UE hasta el año 2010, los créditos disponibles sólo cubrirían el 41 % de los 21 000 millones EUR necesarios, lo cual representa un déficit financiero de 11 900 millones EUR anuales,

I.  Considerando que a pesar de progresos significativos hacia la enseñanza primaria universal durante los últimos años, actualmente hay aún unos 77 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria sin escolarizar, y que no se ha cumplido el ODM de corregir el desequilibrio de género en la escuela primaria antes de 2005,

J.  Considerando que el trabajo infantil niega a los niños el derecho a la educación, que es un instrumento esencial para que las generaciones futuras puedan escapar a la pobreza,

K.  Considerando que los objetivos que menos probabilidades tienen de alcanzarse para 2015 son los tres ODM relativos a la salud, a saber los objetivos sobre mortalidad infantil, mortalidad materna y lucha contra el HIV/SIDA, la tuberculosis y la malaria,

L.  Considerando que, según el Informe 2006 de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a pesar de los progresos realizados en algunos países, la tasa de infección por VIH/SIDA sigue aumentando, que el número de personas infectadas ha pasado de 36,2 millones en 2003 a 38,6 millones en 2005 (de las que la mitad son mujeres) y que los fallecimientos atribuibles al SIDA aumentaron asimismo en 2005, a pesar de un mayor acceso a las terapias antirretrovirales,

M.  Lamentando que, actualmente, más del 90 % de la financiación destinada a investigación sanitaria se destina a enfermedades que afectan sólo al diez por ciento de la población mundial y que, en tanto que los sistemas de patentes pueden haber funcionado como incentivo para I+D en los países desarrollados, esto no ha ocurrido en el caso de las enfermedades desatendidas que afectan a los pobres,

N.  Considerando que, según algunos cálculos, faltan dos millones de profesores y más de cuatro millones de profesionales sanitarios en los países en desarrollo y que, en la mayoría de los casos, no hay estrategias in situ para formación y contratación de personal,

O.  Considerando que el derecho a la alimentación es esencial para el ejercicio de los demás derechos humanos, y que su satisfacción es un requisito previo para la consecución de todos los ODM; considerando también que, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas de 2006 sobre los ODM, los avances encaminados a reducir el hambre han sido muy lentos, mientras que las cifras incluso han aumentado en los últimos años, con el resultado de que 854 millones de personas (el 17 % de la población mundial) pasan hambre todos los días y que casi 16 000 niños mueren diariamente por causas relacionadas con el hambre,

P.  Manifestando su inquietud por que los progresos hacia la solución del problema de la malnutrición son muy lentos, el 27 % de los niños está mal nutrido y el 53 % de las muertes entre niños de menos de cinco años está asociado a la malnutrición,

Q.  Considerando que, según el PNUD, por lo menos 19 países han concluido evaluaciones sobre sus necesidades en materia de ODM y otros 55 las están elaborando, pero hasta ahora ningún país de renta baja de África está ejecutando estas estrategias,

R.  Lamentando que, según la encuesta de referencia realizada en 2006 para supervisar la Declaración de París, los resultados relativos a la aplicación de compromisos en materia de armonización, adaptación y propiedad son decepcionantes,

S.  Reconociendo que la UE, el Reino Unido, los Países Bajos, Suecia, Irlanda, Dinamarca y Alemania están aumentando la proporción de ayuda utilizada mediante el apoyo presupuestario general,

T.  Considerando que la calidad de la ayuda al desarrollo es tan importante como la cantidad, teniendo en cuenta la capacidad de absorción de los países afectados,

U.  Considerando que los progresos hacia la consecución de los ODM requieren una acción radical para abordar las causas estructurales de la pobreza, incluida la necesidad de sistemas comerciales justos y equitativos basados en normas, destinados a promover el comercio y corregir los desequilibrios del comercio mundial, especialmente por lo que respecta a África,

V.  Considerando que, en su Resolución de 6 de julio de 2006 sobre comercio justo y desarrollo(7), el Parlamento reconoció el papel del comercio justo en la mejora del sustento de los pequeños agricultores y productores del mundo en desarrollo, proporcionando efectivamente un modelo sostenible de producción con ingresos garantizados para el productor,

W.  Considerando que un mayor apoyo al sector privado, en especial a las pequeñas y medianas empresas, es una fuerza impulsora para el desarrollo y la creación de nuevos mercados, así como para la creación de puestos de trabajo,

X.  Considerando que la consecución de los ODM constituye una de las prioridades de la UE, y que el papel esencial de las autoridades locales en la realización de estos objetivos ha sido reconocido por las Naciones Unidas,

Y.  Considerando que unos dos mil millones personas en el mundo carecen de acceso a portadores de energía modernos y que ningún país ha sido capaz de reducir sustancialmente la pobreza sin aumentar significativamente el consumo de energía,

Z.  Considerando que el informe antes mencionado de Stern Review sobre la Economía del Cambio Climático y el Cuarto Informe de Evaluación sobre el Cambio Climático demostraron inequívocamente que el cambio climático tiene un mayor impacto en los países en desarrollo y que, para muchas de las comunidades más vulnerables del mundo, el cambio climático ya es una realidad,

AA.  Considerando que los cálculos preliminares del Banco Mundial indican que para un desarrollo que tenga en cuenta la cuestión del medio ambiente en los países más pobres se requerirán anualmente de 10 000 a 40 000 millones de dólares estadounidenses, y que las contribuciones a fondos de adaptación en el Convenio Marco sobre el Cambio Climático no ascienden a más de a 150-300 millones de dólares estadounidenses al año,

AB.  Considerando que el 9 % de la población de los países en desarrollo vive en Estados frágiles afectados por conflictos pero que el 27 % de las personas que sufre pobreza extrema, casi un tercio de todos los niños fallecidos y el 29 % de los niños de 12 años que no acabaron la escuela primaria en 2005 viven en Estados frágiles,

AC.  Considerando que la buena gobernanza y una mejor capacidad institucional son vitales para proveer servicios e infraestructuras sociales básicos así como seguridad a los ciudadanos,

AD.  Reconociendo que la consecución de los ODM no solamente significaría un paso gigantesco en la reducción de la pobreza y el sufrimiento globales, sino que serviría también para demostrar la capacidad de la comunidad internacional de fijar y respetar objetivos prácticos para una asociación global,

Refuerzo de la ayuda

1.  Subraya que el objetivo global de la cooperación al desarrollo es y debe ser la lucha contra la pobreza; subraya, sin embargo, que esta lucha no se limita al crecimiento material y, por lo tanto, la creación de democracia y la promoción de los derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho y los principios de justicia, equidad, transparencia y responsabilidad deben ser siempre temas fundamentales de dicha cooperación;

2.  Recuerda el compromiso suscrito por los países del G-8 en la Cumbre de Gleneagles de 2005 de duplicar hasta el año 2010 la ayuda destinada al África subsahariana y expresa su decepción por el hecho de que, de acuerdo con la OCDE y si se exceptúa la condonación de la deuda del África subsahariana, la ODA se estancó en 2006;

3.  Destaca que, para cumplir sus compromisos financieros con respecto a África, los países donantes del G-8 habrán de conceder a África una ayuda suplementaria por valor de 15 000 millones EUR hasta el año 2010, muy por encima de los niveles acordados en 2004, y que en estos momentos se encuentran lejos de este objetivo;

4.  Lamenta que en la reciente cumbre del G8 en Heiligendamm los dirigentes políticos no hayan logrado hacer lo suficiente para garantizar el cumplimiento de sus promesas a África y le preocupa que, a pesar de que el G8 reiteró el compromiso de 2005 de incrementar en 18 600 millones de euros la AOD a África para 2010, no se comprometió a seguir un calendario vinculante para cumplir estas promesas de ayuda;

5.  Destaca que el anuncio del G8 de destinar 44 700 millones de euros para el VIH/sida, la salud, la tuberculosis y la malaria incluye sumas de dinero considerables procedentes de niveles de gasto existentes y no es suficiente para que el G8 pueda respetar todos los compromisos de AOD; por tanto, pide al G8 que vele por que este compromiso vaya acompañado de otros en diferentes ámbitos de la asistencia sanitaria, así como en educación, comercio, gobernanza y paz y seguridad, con objeto de garantizar que el G8 cumpla realmente sus promesas a África;

6.  Se congratula por la decisión de muchos Estados miembros de la UE de cancelar la deuda de los países en desarrollo; teme, no obstante, que estas medidas de cancelación de la deuda hayan inflado las cifras de la ayuda concedida por la Unión en 2006 en un 30 % aproximadamente, lo que significa que el pasado año los Estados miembros habrían dedicado un 0,31 % de la RNB a la ayuda efectiva, y que no alcanzaron, por tanto, el objetivo intermedio colectivo del 0,33 %;

7.  Insta a la UE y al G-8 Estados miembros a que desvinculen el alivio y la condonación de la deuda de los fondos destinados a ayuda, conforme al Consenso de Monterrey de 2002 y a las Conclusiones del CAGRE de abril de 2006;

8.  Lamenta que, a mitad del plazo fijado para la consecución de los ODM, el porcentaje de la ODA de la UE-15 haya disminuido con respecto a la RNB del 0,44 % en 2005 al 0,43 % en 2006;

9.  Acoge con satisfacción el hecho de que la ayuda proporcionada por la Comisión aumentó en un 5,7 %, hasta 7 500 millones EUR, en 2006, lo que refleja la mejor capacidad de desembolso de los compromisos más elevados contraídos durante los últimos años;

10.  Felicita a los Estados miembros que han alcanzado, o incluso superado, el objetivo del 0,7 % en la relación ODA/RNB y siguen incrementando el volumen efectivo de la ayuda, al tiempo que lamenta que algunos Estados miembros de la UE-15 hayan distado mucho de alcanzar el objetivo intermedio del 0,33 % en 2006;

11.  Señala que Portugal, que está previsto que actúe como anfitrión en la Cumbre UE-África que se celebrará durante su Presidencia, sólo dedicó en 2006 el 0,21 % de su RNB a la ODA;

12.  Señala que los países que más han inflado el importe de la ayuda son Austria (57 %), Francia (52 %), Italia (44 %), Alemania (53 %) y el Reino Unido (28 %), y que Alemania, que ejerce actualmente la Presidencia tanto de la Unión Europea como del G -8, no habría alcanzado el objetivo del 0,33 % si no hubiera aumentado artificialmente el importe de la ayuda prestada;

13.  Insta a todos los Estados miembros que aún no lo han hecho a que cumplan las promesas hechas en Barcelona, Gleneagles y Monterrey y a que se comprometan urgentemente a incrementar la ayuda real en 2007, e invita a la Comisión a que ayude a dichos Estados miembros a planificar cuidadosamente los aspectos financieros y organizativos para los próximos incrementos de la ayuda, a fin de asegurar que se cumple el objetivo provisional de la UE para 2010 de un 0,56 % de la RNB;

14.  Afirma que la revisión del presupuesto, que se iniciará en 2008, debería tener en cuenta el papel cada vez más importante que desempeña la UE en el mundo y permitir un aumento del gasto destinado al desarrollo; en este contexto, la UE podría decidir ejecutar nuevas formas de financiación de los ODM, por ejemplo a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI), al que insta a que garantice que se extiende la misma responsabilidad política al Parlamento en lo relativo a la financiación de dichos proyectos que para otras operaciones del BEI;

15.  Insta a la Comisión a que prevea la evidente posibilidad de que el 10º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) no será ratificado por los 27 Estados miembros antes de 2010 y, por lo tanto, a que asegure urgentemente que haya fondos disponibles durante el período transitorio (2008-2010);

16.  Exhorta a la Comisión a continuar explorando fuentes innovadoras de financiación como medios alternativos de asegurar la financiación de los programas de desarrollo;

17.  Insta a los Estados miembros a que evalúen periódicamente los progresos realizados hacia la consecución de los objetivos ODA, y acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de que los Estados miembros establezcan calendarios nacionales a fin de asegurar que están en el buen camino hacia la consecución de los objetivos AOD acordados por país para 2010/2015 y mejorar la predictibilidad a largo plazo de sus flujos de ayuda;

18.  Insta a la UE y al G-8 a que reconozcan la creciente importancia de los nuevos donantes, en particular China, asociándolos al diálogo sobre el planteamiento y las normas aplicables a la ayuda exterior, incluida la importancia de aplicar a la ejecución de la ayuda normas acordadas a nivel internacional;

19.  Insta a los países del G-8 a que desvinculen toda ayuda de sus intereses económicos nacionales, observando que, como grupo, el G-8 concede actualmente el 29 % de su ayuda a países en desarrollo, en comparación con una media de un 24 % del total de los donantes;

Alivio de la deuda

20.  Subraya que, probablemente, unos 60 países necesitan que se cancele la totalidad de su deuda para poder alcanzar los ODM, y que hay más países cuya deuda debería aliviarse, incluida una serie de países con "deudas odiosas", por ejemplo las contraídas por el antiguo régimen del apartheid de Sudáfrica;

21.  Acoge con satisfacción la constatación del Banco Mundial de que, entre 1999 y 2005, los países cuya deuda fue aliviada en virtud de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) han destinado más del doble de créditos a planes de reducción de la pobreza;

22.  Insta a los países a que cumplan sus obligaciones de utilizar los fondos liberados por el alivio y la cancelación de la deuda de forma transparente y responsable, y afirma, además, que sólo se denegará el alivio de la deuda si sus Parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil están de acuerdo en que no se están cumpliendo las normas de transparencia y responsabilidad;

23.  Subraya que la sostenibilidad a largo plazo de la deuda dependerá de unas políticas responsables en materia de créditos, la provisión de financiación adecuada, el mantenimiento de unas políticas económicas saneadas, una gestión consolidada de la deuda y la responsabilidad pública y parlamentaria de las contratación de préstamos, así como del buen funcionamiento de las exportaciones y, particularmente, de su diversificación;

24.  Insta a los Estados miembros a que garanticen que las condiciones de reestructuración económica, en su caso asociadas al alivio de la deuda, se limiten a lograr el retorno a la sostenibilidad de la deuda, y que estas condiciones no constituyan restricciones contraproducentes de las medidas de financiación pública destinadas a combatir la pobreza;

25.  Insta a todos los donantes y acreedores a que en los países socios toda la información relativa a los préstamos y la cancelación de la deuda sea fácilmente accesible, e insiste en que los acreedores comerciales practiquen la misma transparencia;

26.  Insta a los Estados miembros a que actúen contra la corrupción de los suministradores, investigando, procesando y poniendo en la lista negra a los sobornadores, y que protejan a los países pobres contra los "fondos buitre";

27.  Insta al Banco Mundial a que conceda financiación bajo condiciones más favorables a los países que se esfuerzan por alcanzar los ODM;

Financiar el desarrollo humano y social

28.  Insta a la UE a que destine mayores recursos ODA a la educación, a fin de colmar el déficit financiero de 5 300 millones EUR, y, habida cuenta de que la principal dificultad que afronta la iniciativa "Education For All - Fast Track" (FTI) es la falta de financiación exterior, felicita a la Comisión por sus esfuerzos por conseguir que los donantes revisen al alza sus compromisos, pero lamenta que, a pesar de que los compromisos contraídos en la Conferencia de Donantes celebrada en Bruselas el 2 de mayo de 2007 deberían posibilitar que 1 millón de niños pueda ir a la escuela, 76 millones seguirían sin estar escolarizados;

29.  Pide a la UE que aumente el porcentaje destinado a la sanidad en el conjunto de la ODA, que es ahora del 6,6 %, con el fin de que contribuya a colmar el déficit financiero anual de 11 900 millones EUR con respecto el importe total, que se calcula en 21 000 millones EUR al año y es imprescindible para financiar la totalidad de los gastos sanitarios, al tiempo que pide que se apoye en mayor medida y de forma regular y predecible al Fondo Mundial de la Salud en la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria;

30.  Pide a la Unión Africana (UA) que siga respaldando la Declaración de Abuja de 2001, que confirma que los países deberían consagrar como mínimo un 15 % de su presupuesto nacional a la salud, al tiempo que lamenta que sólo dos Estados africanos hayan respetado este compromiso;

31.  Subraya que, en los últimos diez años, los Gobiernos de los países en desarrollo han realizado progresos reales en cuanto a la inversión cada vez mayor en sanidad y educación, pero que en algunos casos las promesas no se han cumplido, y pide a dichos Gobiernos que fijen un calendario para alcanzar el objetivo de invertir al menos un 20 % del presupuesto nacional en educación y un 15 % en sanidad;

32.  Insta al Tribunal de Cuentas a que efectúe en 2008 una auditoría sobre el compromiso del ICD de que para 2009 el 20 % de toda la AOD de la UE se asigne a la salud básica y a la enseñanza básica y secundaria;

Prioridades en el desarrollo humano y social

33.  Pone de relieve que es prioritario asegurar que los niños a los que es difícil acceder ‐los niños que viven en Estados frágiles afectados por conflictos, sufren discapacidades, viven en regiones alejadas, proceden de familias crónicamente pobres o son excluidos por razones de pertenencia étnica y discapacidad intelectual‐ puedan ejercer a su derecho a la enseñanza básica;

34.  Insta a la UE a que preste urgentemente atención a la enseñanza en los Estados frágiles- afectados por conflictos, que reciben actualmente menos de un quinto de la ayuda mundial para educación a pesar de que acogen a más de la mitad de los niños sin escolarizar del mundo, y pide en particular a la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión (ECHO) que aplique directrices claras para que la ECHO apoye la enseñanza en situaciones de emergencia;

35.  Insta a la UE a que ayude a los países a crear capacidades nacionales para realizar un seguimiento de los resultados del aprendizaje, con objeto de asegurar que un acceso más amplio a la enseñanza ofrece asimismo una enseñanza de calidad;

36.  Lamenta el hecho de que prácticamente ningún país de África está en el buen camino para alcanzar los ODM relativos a la salud materna e infantil;

37.  Observa que, a pesar de que se dispone de intervenciones simples y poco costosas que podrían impedir millones de muertes al año, los progresos en materia de mortalidad infantil son más lentos que los de otros ODM, y subraya que la terapia de rehidratación oral, los mosquiteros tratados con insecticidas, la lactancia materna y los antibióticos comunes contra las enfermedades respiratorias podrían evitar el 63 % de las muertes infantiles;

38.  Considera que la infraestructura sanitaria merece un apoyo financiero estable y a largo plazo con cargo a los presupuestos nacionales, así como ayuda internacional, a fin de asegurar la ejecución de los ODM relativos a la salud, como la reducción de la mortalidad infantil mediante una mayor inmunización, la reducción de la mortalidad materna mediante un mayor acceso a profesionales cualificados, el apoyo a la investigación y el desarrollo de nuevos diagnósticos y terapias, así como el acceso a los mismos, el suministro de agua potable segura y la provisión de servicios de saneamiento, y avanzar significativamente hasta 2010 hacia el objetivo del acceso universal a la prevención y el tratamiento del HIV/SIDA, la malaria, la tuberculosis y otras enfermedades, así como la asistencia y el apoyo a las personas que las sufren, incluidas las poblaciones marginadas y las más vulnerables a las enfermedades infecciosas;

39.  Insta a la comunidad internacional de donantes a que ayude a los países en desarrollo a elaborar y aplicar programas de acción completos en materia de sanidad, abordando problemas como la necesidad de asegurar una financiación sostenible para los salarios e infraestructuras en el ámbito sanitario, incrementar las inversiones en formación y evitar una excesiva "fuga de cerebros" debido a la migración de profesionales de la sanidad altamente cualificados;

40.  Acoge con satisfacción la Declaración de Johannesburgo de la 3ª Sesión Ordinaria de la Conferencia de Ministros de Sanidad de la UA sobre la Consolidación de los Sistemas Sanitarios para la Equidad y el Desarrollo, celebrada del 9 al 13 de abril de 2007, como una iniciativa importante con vistas a la consecución de los ODM relativos a la salud; insta a la UE a que ayude a los Estados miembros de la UA a aplicar los programas basados en dicha Declaración;

41.  Insta a la UE a que siga en la vanguardia de los esfuerzos por defender los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y a que mantenga los niveles de financiación para la ejecución del Programa de Acción ICPD, y lamenta que, en tanto que el África subsahariana tiene los índices más elevados de mortalidad materna también tiene el índice más bajo de uso de contraceptivos en el mundo (19 %), y que el 30 % de todas las muertes maternas en el continente son causadas por abortos realizados en malas condiciones;

42.  Señala que las Naciones Unidas planean adoptar un nuevo objetivo en el ámbito del ODM 5 sobre acceso universal a la salud sexual y reproductiva y, por lo tanto, toma nota del Plan de Acción de Maputo para la Ejecución del Marco Político Continental en Materia de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos 2007-2010 adoptado por la Sesión Especial de la Conferencia de Ministros de Sanidad de la UA celebrada del 18 al 22 de septiembre de 2006;

43.  Hace hincapié en la urgente necesidad de luchar contra todas las formas de violencia basada en el género, ya que la violencia perjudica el acceso de las niñas a la educación y la sanidad y es también uno de los factores cruciales de la pandemia del VIH y, por lo tanto, un obstáculo determinante para alcanzar una mayor igualdad de género en los países en desarrollo;

44.  Pide a la Comisión que refuerce su compromiso de luchar contra el VIH/SIDA en los países en desarrollo y garantice a las poblaciones más afectadas un creciente acceso, a precios razonables, a medios y políticas de prevención, a tratamientos antirretrovirales y a servicios de asistencia sanitaria (infraestructuras, personal y medicamentos) adecuados a la creciente demanda;

45.  Observa que todos los ODM dependen en muy gran medida de la detención de la epidemia del VIH/SIDA, y pide a la Comisión que conceda la máxima prioridad a la solución de esta pandemia global apoyando una respuesta intensificada y completa; señala que la respuesta debe asegurar el acceso universal a la prevención y a los tratamientos existentes, así como inversiones adecuadas en el desarrollo de una amplia una gama de tecnologías de la prevención, incluidos los microbicidas y las vacunas, y el acceso universal a los mismos; pide a la UE que promueva una mayor participación de la industria y un esfuerzo científico más coordinado así como políticas y programas que aceleren los ensayo de nuevas vacunas y microbicidas;

46.  Insta a la UE a que incremente la financiación con objeto de asegurar que los progresos en el ámbito de la ciencia básica y la biomedicina dan lugar a medicamentos y vacunas nuevos y asequibles, así como a diagnósticos para las enfermedades desatendidas, apoye las fases de desarrollo de I+D y asegure el uso de nuevos productos por parte de las poblaciones desatendidas, dentro del respeto de las disposiciones del Acuerdo ADPIC;

47.  Insta a la UE a que apoye la plena aplicación de la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la Salud Pública de la Conferencia Ministerial de la OMC de los días 9 a 14 de noviembre de 2001 y asegure que los medicamentos son asequibles para los países en desarrollo que toman medidas conformes a la Declaración de Doha, e insta además a la UE a que preste asistencia técnica a los países en desarrollo en la ejecución de medidas favorables a la salud pública en el Derecho de patentes;

48.  Subraya la necesidad de realizar un estudio completo de los sistemas existentes que no están logrando solucionar el acceso a los medicamentos, lo que incluye la presentación de recomendaciones ante la OMC con vistas a modificar la normativa que rige la exportación de medicamentos sujetos a licencia obligatoria, conocida como "Decisión del 30 de agosto";

49.  Señala que, según algunos cálculos, es necesario contratar dos millones de profesores y más de 4 millones de profesionales de la sanidad, a fin de que la salud y la enseñanza sean una realidad para todos, así como invertir 10 000 millones EUR cada año en formación y salarios para profesores y profesionales de la sanidad cualificados;

50.  Insta a los Gobiernos de los países pobres a que, en colaboración con los sindicatos de los profesionales de la sanidad y de los profesores existentes, fijen salarios dignos para éstos;

51.  Insta a los Gobiernos de los países pobres a que aseguren representación y control parlamentarios y ciudadanos en la supervisión de los servicios públicos y faciliten la participación de la sociedad civil y las autoridades locales en los procesos presupuestarios y de planificación locales y nacionales, incluidos acuerdos y contratos firmados con los donantes;

52.  Subraya que en algunos países los índices de desnutrición están aumentando y, que para el conjunto de África, en 2015 habrá unos 3,7 millones más de niños malnutridos que hoy, e insta a la UE a que revise y evalúe si sus inversiones indirectas abordan eficazmente el problema de la desnutrición;

53.  Pide a la comunidad internacional de donantes que redoble sus esfuerzos y coordine sus políticas específicas para hacer frente al hambre crónico y garantizar la seguridad alimentaria, adoptando un enfoque general que aborde las múltiples raíces del problema; insta a los gobiernos a que cumplan su obligación de respetar, salvaguardar y satisfacer el derecho a la alimentación, en particular, fomentando el acceso a los alimentos para todos;

54.  Insta a los donantes de la UE a que empiecen a utilizar sin demora indicadores internacionalmente acordados en materia de nutrición para informar sobre los progresos realizados en los ámbitos de la seguridad alimentaria, la redes de seguridad y protección social, la gobernanza, los recursos hídricos, el saneamiento y la sanidad;

Calidad de la ayuda y pobreza centrada en la cooperación al desarrollo

55.  Insiste en que la Comisión y los Estados miembros utilicen el Código de Conducta antes mencionado sobre la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo, con el fin de asegurar una mejor coordinación del gasto y los programas de sanidad y educación y velar por que se preste una mayor atención a los países huérfanos de ayuda, incluidos los países frágiles y en crisis;

56.  Insta a todos los Estados miembros a que respeten plenamente la Declaración de París antes mencionada, con el fin de mejorar la eficacia de la ayuda, y subraya la necesidad de que la UE realice más esfuerzos en relación con la responsabilidad mutua, la apropiación de su desarrollo por los países socios y la reforma de la asistencia técnica, dado que en el reciente informe de referencia de la OCDE sobre la aplicación de la Declaración de París, los Estados miembros del CAD obtuvieron una baja puntuación en estos tres ámbitos;

57.  Insta a la UE a que apoye a sus socios en el desarrollo de su capacidad nacional de dirigir un proceso coherente de gestión del desarrollo, pues esto sigue siendo vital para asegurar la propiedad y el liderazgo legítimos de los países sobre su propio proceso de desarrollo;

58.  Considera que la microfinanciación es uno de los instrumentos más importantes de la lucha contra la pobreza, dado que capacita a las personas pobres a participar activamente en esta lucha;

59.  Subraya que una de las vías principales para salir de la pobreza y dar mayor poder a las mujeres y a los hombres consiste en garantizar un trabajo productivo de alta calidad con una renta digna;

60.  Considera que las prioridades específicas en materia de igualdad entre hombres y mujeres y derechos del niño deben estar en el centro de la política de desarrollo de la Comunidad como derechos fundamentales y parte constitutiva de los criterios de gobernanza aplicados en el marco del Acuerdo de Cotonú(8) y de otros instrumentos;

61.  Acoge con satisfacción la Asociación de la CE/NU sobre la Igualdad de Género para el Desarrollo y la Paz recientemente puesta en marcha, que tiene el objetivo de asegurar que en la aplicación y revisión de la Declaración de París no se ignora la cuestión del género;

62.  Considera que los documentos estratégicos para la lucha contra la pobreza (DELP), así como los documentos estratégicos nacionales (DEP), pueden ser instrumentos importantes para la consecución de los ODM, si bien deberían elaborarse, aplicarse, supervisarse y evaluarse en concertación con los Parlamentos de los países ACP, los Estados miembros, el Parlamento, la sociedad civil y las autoridades locales y centrarse en la consecución de dichos objetivos;

63.  Manifiesta su preocupación por la falta de flexibilidad en la programación de la CE, que define prioridades limitadas al principio de un ciclo de programación y, posteriormente, no permite que se apoyen nuevas cuestiones, incluso si lo piden directamente los Gobiernos socios;

64.  Subraya que el objetivo a largo plazo de la cooperación al desarrollo debe ser la creación de las condiciones necesarias para un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible; subraya, en este contexto, la necesidad de promover asociaciones público-privadas para el crecimiento, incluidas medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, a fin de aumentar la productividad y el empleo;

65.  Subraya el alto potencial de las inversiones extranjera directas para el desarrollo, un crecimiento económico sostenido, la transferencia de conocimientos técnicos, el espíritu empresarial, las tecnologías y la creación de empleo; destaca, en este contexto, la importancia de un entorno transparente, predecible y favorable para las inversiones, que minimice la burocracia, respete los derechos de propiedad, promueva la competencia y aspire a políticas macroeconómicas sanas;

66.  Pide a los donantes y a los beneficiarios que se esfuercen por mejorar los datos relativos a la aplicación y el seguimiento de los ODM;

67.  Insta a la Comisión a que asegure que, cuando los fondos se destinen a infraestructuras, la reducción de la pobreza siga siendo la clave de todos los proyectos;

68.  Reconoce que los fondos e instrumentos actuales de la UE, como el Fondo para las infraestructuras, el Fondo para el agua y el Fondo para la energía, abordan problemas importantes;

69.  Pide a la UE que refuerce sus relaciones de asociación con los países en desarrollo de tal modo que se fomenten la responsabilidad mutua y las obligaciones recíprocas, estableciendo criterios y plazos previsibles para el incremento de la ODA, con el fin de facilitar que los países beneficiarios puedan planificar mejor el aumento de las inversiones públicas;

70.  Subraya que deben utilizarse todos los medios disponibles para alcanzar los ODM, y que esto requiere la más amplia colaboración posible entre los interesados, especialmente con los Parlamentos nacionales de los países en desarrollo, la sociedad civil y las autoridades locales, así como los socios privados;

71.  Confía en que durante la elaboración de la Estrategia Conjunta África-UE se adopte un acuerdo sobre la importancia fundamental de alcanzar los ODM para 2015;

Apoyo presupuestario general

72.  Insiste en que la UE y los gobiernos socios aseguren que el apoyo presupuestario adopta siempre la forma de ayudas sectoriales específicas que destinan los fondos a un sector específico que debe ser su beneficiario, utilizan objetivos relacionados con la pobreza que miden directamente el resultado de las políticas en vez de los ingresos y gastos presupuestarios, establecen mecanismos e instrumentos de control que garanticen que un porcentaje suficiente del apoyo presupuestario general responde a necesidades fundamentales, especialmente en los sectores de la sanidad y la educación, destaca que este enfoque debería combinarse con el apoyo al desarrollo de las capacidades, y subraya que un 0,5 % del apoyo presupuestario concedido debe reservarse exclusivamente a los organismos de vigilancia de la sociedad civil;

73.  Insta a la UE a que apoye una gestión coherente del apoyo presupuestario general en el marco de los ODM, a diferentes niveles del poder ejecutivo y legislativo, y que preste apoyo al control presupuestario por parte de los Parlamentos, la sociedad civil y las autoridades locales, a fin de asegurar una relación sólida y clara entre la ayuda presupuestaria y la consecución de los ODM;

74.  Insta a que los Parlamentos nacionales y la sociedad civil participen en la supervisión eficaz de los presupuestos mediante encuestas sobre el seguimiento del gasto público, con una comparación detallada entre "entradas" y "salidas" sobre la base de los criterios del CAD de la OCDE;

75.  Insta a la UE a que incremente la proporción de la ayuda gastada a través del apoyo presupuestario directo a los países que han dado pruebas de buena gobernanza, así como de respeto de los derechos humanos y de los principios de la democracia;

76.  Subraya que el apoyo presupuestario reviste por lo general la forma acuerdos a corto plazo, muy pocos de los cuales exceden de tres años, entre los donantes y los Gobiernos, y pide a los donantes que prolonguen la duración de los compromisos que contraigan, a ser posible conforme a las propuestas de la Comisión de "contratos ODM", que conllevan compromisos de seis años e indicaciones claras sobre los términos y modalidades de suspensión de las mencionadas ayudas;

77.  Insta a los países a que concentren su atención en las repercusiones del apoyo presupuestario general sobre la igualdad de las mujeres y las relaciones de género, dado que los incrementos generales de la financiación no solucionan necesariamente el problema del acceso y situación desiguales de los grupos marginados, incluidas las mujeres y personas con discapacidad;

Gobernanza

78.  Recuerda que el Acuerdo de Cotonú incluye un marco para el diálogo entre la UE y los Estados ACP sobre cuestiones relativas a la gobernanza, y pide a la UE que consolide este marco en vez de añadir nuevas iniciativas, estrategias y políticas;

79.  Lamenta que la Comunicación de la Comisión sobre la gobernanza en el consenso europeo sobre la política de desarrollo (COM(2006)0421), que propone un incentivo para el apoyo presupuestario, reduzca los ODM a sólo uno de veintitrés indicadores, en tanto que mantiene otros, como la liberalización del comercio, el terrorismo y la migración, que son irrelevantes para la aplicación de los ODM; considera que el instrumento para la gobernanza debe centrarse en el compromiso del país socio de ejecutar los ODM;

80.  Exhorta a la Comisión a que aproveche la oportunidad que ofrece la revisión de 2008 sobre la gobernanza para escuchar los puntos de vista de los Parlamentos europeos y africanos y las organizaciones de sociedad civil, así como de los Estados miembros y Gobiernos africanos, y adapte en consecuencia su enfoque sobre la gobernanza;

81.  Recuerda a los Gobiernos de los países en desarrollo que, con frecuencia, la corrupción endémica, la mala gobernanza y unas estrategias sanitarias cuestionables menoscaban los progresos tendentes a la consecución de los ODM, y destaca que la pobreza no se eliminará nunca a menos que se reconozcan, aborden y eliminen asimismo los errores del sistema que la causan;

82.  Insta a los países en desarrollo a que mejoren su potencial de prosperidad elaborando programas de liberalización económica, especialmente en el ámbito de los derechos de propiedad, que liberarían de golpe una gran cantidad de capital para su inmediata inversión, lo que por sí sólo permitiría adelantar la consecución de los ODM;

83.  Insta a todos los donantes bilaterales y multilaterales y a los organismos de crédito a la exportación a que elaboren un conjunto de condiciones basadas en la responsabilidad de los Gobiernos con respecto a sus ciudadanos y un sistema de asociación en el que la ayuda no humanitaria se condicione al cumplimiento de una serie de criterios específicos y, en especial, a la transparencia pública sobre los flujos de ingresos;

Paz y seguridad

84.  Recuerda que la paz y la seguridad son vitales para la consecución de los ODM y, por lo tanto, exhorta a la UE a que asegure que sus políticas de desarrollo tienen un impacto positivo en la construcción de la paz;

85.  Recuerda el compromiso de integrar la cuestión de la sensibilidad ante los conflictos en todos los instrumentos y políticas de la UE, como propugna el Programa de Gotemburgo de 2001 sobre la prevención de conflictos violentos, e insta a la UE a que aplique los últimos instrumentos aprobados para la prevención de conflictos, como la Estrategia de la UE sobre armas pequeñas y ligeras, el Marco político de la UE para la reforma del sector de la seguridad y el Concepto conjunto de la UE sobre Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR);

86.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado sobre el Comercio de Armas goza ahora del apoyo del 80 % de los Gobiernos del mundo, y exhorta a la UE a que desempeñe el papel que le corresponde para asegurar que se celebra un tratado internacional y jurídicamente vinculante;

Comercio

87.  Insta a la UE a que vele por la coherencia de sus políticas comerciales, pesqueras, de cooperación para el desarrollo y agrícola común, con el fin de evitar los impactos negativos, directos o indirectos, en las economías de los países en desarrollo;

88.  Subraya que la apertura del comercio puede ser uno de los impulsores más eficaces del crecimiento económico, pero que, a fin de reducir la pobreza, es necesario complementarla con políticas nacionales redistributivas y sociales;

89.  Destaca el compromiso contraído en la Ronda de Doha para el Desarrollo y la necesidad de contar a escala mundial con sistemas comerciales regulados, justos y equitativos, con el fin de contrarrestar los desequilibrios del comercio mundial, especialmente en lo que se refiere a África; insta a la UE a que haga el máximo esfuerzo posible para poner fin al estancamiento de las negociaciones de la OMC;

90.  Observa que, según la Presidencia de la Ronda de Doha, que actualmente se encuentra en punto muerto, para facilitar un acuerdo favorable al desarrollo, la UE debe prever la reducción en un 70 % de sus subvenciones a las exportaciones agrícolas, que distorsionan el comercio, y que debe alcanzarse un acuerdo sobre la reducción de las subvenciones y aranceles a fin de que las negociaciones concluyan para finales de 2007;

91.  Considera que el comercio justo es un importante instrumento para la promoción de un comercio sostenible que garantice ingresos justos a los productores del mundo en desarrollo; pide a la Comisión que responda a la Resolución antes mencionada del Parlamento sobre comercio justo y desarrollo con una recomendación de apoyo al comercio justo, como contemplan los apartados 1 y 2 de la misma;

92.  Pide a la Comisión que vele por que sus acuerdos comerciales contribuyen a la consecución de los ODM, en vez de obstaculizarlos, y, en particular, que asegure que los AAE sean instrumentos al servicio del desarrollo de los países ACP y de la eliminación de la pobreza;

93.  Considera que las disposiciones ADPIC del ámbito farmacéutico que inciden en la salud pública y el acceso a los medicamentos y van más allá del Acuerdo ADPIC deben excluirse de los AAE y de otros acuerdos bilaterales o regionales futuros con países de renta bajo;

94.  Considera que todos los países ACP deben tener el claro derecho a decidir si desean ampliar las negociaciones más allá del comercio de mercancías; insta a la Comisión a que asegure que los derechos de propiedad intelectual y las cuestiones de Singapur (política de competencia, contrataciones públicas e inversiones) se retiran de la mesa de negociaciones si los países ACP no desean negociarlas;

95.  Insta a la Comisión a que evite perturbaciones para el grupo de países ACP y, por lo tanto, le exhorta a que asegure que, si las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) no pueden concluir antes de finales de 2007, se adopten medidas para evitar incertidumbres a nuestros socios ACP; subraya que esto requiere la garantía de que, independientemente del estado de las negociaciones de los AAE en dicha fecha, las condiciones de acceso al mercado de la UE de los países ACP seguirán siendo las mismas que las actuales, como se acordó en el Acuerdo de Cotonú; insta a la Comisión a que aclare cómo se pueden adoptar dichas medidas para evitar incertidumbres a los exportadores e importadores;

96.  Toma nota de recientes estudios elaborados por la UNCTAD y otros que indican que la liberalización comercial a gran escala en los PMA ha tenido poco efecto sobre los objetivos continuos y sustanciales de reducción de la pobreza y ha contribuido al declive del comercio de los países en desarrollo, en especial de los países africanos, y pide a la UE que inicie una campaña continua y sincera para aumentar realmente la capacidad de exportación de dichos PMD, promoviendo la asistencia técnica a otros programas en los ámbitos de las normas fitosanitarias, el Derecho de propiedad intelectual, las técnicas de gestión y el valor añadido;

97.  Insta a la Comisión a que ajuste sus políticas comerciales y de cooperación en la medida de lo posible, a fin de ayudar a los Gobiernos de los países en desarrollo a mantener y desarrollar servicios públicos, particularmente aquéllos que garantizan el acceso de toda la población al agua potable, los servicios sanitarios, la enseñanza y el transporte;

98.  Insta a que se tenga plenamente en cuenta el hecho de que, con frecuencia, los países ACP dependen en muy gran medida de los productos básicos, que son particularmente vulnerables a las fluctuaciones de precios y el incremento de los aranceles, y subraya la importancia de la diversificación, el desarrollo de industrias de transformación y la creación de PYME en dichos países;

99.  Subraya la importancia del desarrollo de capacidades para el comercio, así como la necesidad de que la UE provea recursos adicionales a fin de aumentar la capacidad de los países ACP de identificar necesidades y estrategias, de negociar y apoyar la integración regional, con objeto de proceder a una diversificación y prepararse para la liberalización aumentando la capacidad de producción, suministro y comercio y compensando los costes de ajuste, y de incrementar su capacidad de atraer inversiones;

100.  Insta a la Comisión a que incremente su ayuda al comercio, con objeto de apoyar la creación de capacidades, lo que es esencial para que los países más pobres puedan hacer frente a la competencia cada vez mayor que resulta de la liberalización del mercado;

Cambio climático

101.  Exhorta a la UE a que continúe desempeñando una función líder en la promoción de enfoques más limpios y eficaces sobre un desarrollo sostenible y con bajas emisiones de carbono;

102.  Destaca que las comunidades desfavorecidas de los países en desarrollo son las que menos han contribuido al cambio climático, pero serán las que sufrirán en mayor medida sus efectos, y pide a la UE que conceda recursos importantes que faciliten la adaptación de los países en desarrollo al aumento del nivel del mar y la gravedad y frecuencia cada vez mayores de fenómenos meteorológicos extremos como sequías, fuertes tormentas, inundaciones, etc., así como a los perjuicios que se derivan para la salud, la producción de alimentos y el agua, que pondrían en peligro el desarrollo y pueden provocar migraciones a gran escala y amenazas para la seguridad;

103.  Insta a la UE a que ponga a disposición una cantidad significativa de fondos, a fin de que los países pobres puedan adaptarse al cambio climático, y subraya que estos fondos no pueden provenir simplemente de los presupuestos destinados a ayudas existentes; considera además que una proporción significativa de los ingresos obtenidos por la subasta de de derechos de emisión en el marco del régimen europeo de comercio de derechos de emisión y los impuestos sobre el carbono debe utilizarse para financiar un desarrollo limpio en los países en desarrollo;

104.  Subraya que la adaptación no debe tratarse únicamente como una cuestión humanitaria o como una prioridad en el contexto del convenio sobre el cambio climático; pone de relieve que la disminución de los riesgos y las medidas de reducción del impacto climático deben integrarse en el orden del día general del desarrollo, así como en los DELP y en los DEP;

105.  Reconoce que las tasas de las licencias en el ámbito de los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) de la tecnología no contaminante pueden constituir una barrera a la transferencia de dicha tecnología a los países en desarrollo; subraya que, para combatir la pobreza energética y garantizar una vía sostenible al desarrollo, se deben crear asociaciones en materia de DPI entre los países industrializados y los países en desarrollo, a fin de garantizar el respeto de los derechos de propiedad, a la vez que se facilitan los flujos de tecnología;

106.  Destaca que, aunque en la Declaración del Milenio no se aborde específicamente la cuestión de la energía, la prestación de servicios energéticos modernos a los pobres es un requisito previo crucial para alcanzar los ODM; pone de relieve que en muchos países en desarrollo las condiciones previas para las tecnologías energéticas renovables son excelentes, ya que proporcionan una manera eficaz de sufragar el creciente coste del petróleo y satisfacer las necesidades energéticas al tiempo que se evitan ulteriores efectos perjudiciales sobre el medio ambiente; lamenta que la UE ha asignado recursos financieros insuficientes para hacer frente al desafío de la escasez de energía; hace hincapié, a este efecto, en la necesidad de disponer de más ayudas, así como de más apoyo a inversiones privadas en tecnologías energéticas renovables;

Agenda post ODM

107.  Destaca que, si se alcanzaran los ODM, en una década se reduciría a la mitad el porcentaje de personas que viven en la pobreza, lo que sería un gran éxito, si bien quedarían aún cientos de millones de personas, entre los más desamparados y vulnerables, en una situación de pobreza crónica;

108.  Insta a la UE a que fije una fecha para un acuerdo sobre una Estrategia para la Eliminación de la Pobreza después de 2015;

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109.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Unión Interparlamentaria, a las Naciones Unidas y al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

(1) DO C 33 E de 9.2.2006, p. 311. (2) DO C 46 de 24.2.2006, p. 1. (3) DO C 280 E de 18.11.2006, p. 475. (4) DO L 378 de 27.12.2006, p. 41. (5) DO C 293 E de 2.12.2006, p. 316. (6) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0043. (7) Textos Aprobados, P6_TA(2006)0320. (8) Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (DO L 317 de 15.12.2000, p. 3). Acuerdo modificado en último lugar por la Decisión nº 1/2006 del Consejo de Ministros ACP-CE (DO L 247 de 9.9.2006, p. 22).