Índice 
Textos aprobados
Jueves 27 de septiembre de 2007 - Estrasburgo
Bibliotecas digitales
 Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación
 Moratoria de la pena de muerte
 Operación PESD en Chad y en la República Centroafricana
 Situación en Birmania
 Obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos
 Aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
 Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2007

Bibliotecas digitales
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre "i2010: hacia una biblioteca digital europea" (2006/2040(INI))
P6_TA(2007)0416A6-0296/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vista la comunicación de la Comisión titulada "i2010: bibliotecas digitales" (COM(2005)0465),

–  Vista la Recomendación 2006/585/CE de la Comisión, de 24 de agosto de 2006, sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la digitalización y la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital(2),

–  Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información(3),

–  Visto el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre los derechos de autor, la preservación digital y las obras huérfanas y agotadas de 18 de abril de 2007,

–  Vista la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la información científica en la era digital: acceso, difusión y preservación (COM(2007)0056),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0296/2007),

A.  Considerando que la cultura, puesto que permite unir, intercambiar y compartir, contribuye a acercar la Unión Europea a sus ciudadanos y a favorecer la expresión y la profundización en una verdadera identidad europea,

B.  Considerando necesario garantizar la promoción, la protección y la difusión más amplia posible de la riqueza y diversidad del patrimonio cultural europeo,

C.  Considerando que los Estados miembros y las instituciones culturales, en particular las bibliotecas, desempeñan un papel decisivo en ese ámbito, tanto a escala nacional como regional y local,

D.  Considerando que es necesario tener en cuenta el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y la consiguiente evolución de las prácticas culturales,

E.  Considerando, en efecto, que Internet se ha convertido para un gran número de ciudadanos, y en particular para los jóvenes, en uno de los principales medios de acceso al conocimiento y al saber,

F.  Considerando que, en este entorno digital, resulta primordial garantizar el acceso de todos al patrimonio cultural europeo, asegurar su protección para las generaciones futuras y constituir así nuestra memoria colectiva,

G.  Considerando que la digitalización a gran escala y la accesibilidad en línea del patrimonio cultural europeo constituyen los principales medios para lograr este objetivo,

H.  Considerando que el patrimonio cultural europeo refleja la diversidad del continente y que, por consiguiente, el acceso a dicho patrimonio debe ser multilingüe,

I.  Considerando que es necesario establecer unas políticas coherentes en materia de digitalización y de conservación de las obras digitales con objeto de evitar la pérdida irremediable de los contenidos culturales, respetando estrictamente los derechos de autor y los derechos afines,

J.  Considerando que, más allá de sus cualidades intrínsecas, la digitalización del patrimonio cultural europeo también beneficiará a otros sectores de actividad, en particular la educación, la ciencia, la investigación, el turismo y los medios de comunicación,

K.  Considerando que la digitalización masiva de los contenidos culturales no tiene como objetivo sustituir o hacer la competencia a los contenidos culturales tradicionales, sino producir en paralelo unos contenidos digitales fiables y de calidad,

L.  Considerando que la tecnología digital constituye además una notable herramienta al servicio de las personas discapacitadas, ya que permite adaptar los contenidos a sus necesidades,

M.  Considerando no obstante que, por ahora, sólo una ínfima parte del patrimonio cultural europeo está digitalizada y que los Estados miembros avanzan a un ritmo muy diferente los unos de los otros,

N.  Considerando que los fondos públicos asignados a la digitalización masiva son insuficientes para un proyecto de tal magnitud,

O.  Considerando que las iniciativas de digitalización siguen siendo muy fragmentadas y que la mayor parte de las experiencias llevadas a cabo a escala comunitaria son aún desconocidas y no permiten un acceso sencillo, directo y multilingüe al conjunto de las obras que componen el patrimonio cultural europeo,

P.  Considerando que es necesario elaborar una herramienta para todos los públicos que garantice el acceso universal e inmediato al patrimonio cultural europeo, sin la menor obligación de desplazarse y favorezca una digitalización más rápida,

Q.  Considerando al respecto que conviene apoyarse en iniciativas europeas existentes que permitirán el desarrollo inicial de la biblioteca digital europea, como la TEL (La Biblioteca Europea) que ofrece ya un acceso a los documentos de las colecciones de las bibliotecas nacionales europeas y permite efectuar búsquedas en los recursos digitales y bibliográficos de 23 de las 47 bibliotecas nacionales; el proyecto TEL-ME-MOR, cuyo objetivo es favorecer la integración de las diez bibliotecas nacionales de los nuevos Estados miembros; el proyecto EDL, destinado a integrar nueve bibliotecas nacionales en el marco de la UE/AELC, y el proyecto Europeana, que asocia las bibliotecas nacionales de Francia, Hungría y Portugal,

La biblioteca digital europea, cara de una Europa unida en su diversidad

1.  Recomienda el establecimiento progresivo de una biblioteca digital europea, en forma de punto de acceso único y directo y multilingüe al patrimonio cultural europeo;

2.  Subraya que, aunque el objetivo sea lograr en su día el establecimiento de una herramienta que abarque todas las categorías de material cultural, como los contenidos audiovisuales, en una primera fase, la biblioteca digital europea debe centrarse en el potencial brindado por el material textual y libre de derechos;

3.  Pide con este fin al conjunto de las bibliotecas europeas que pongan a disposición de la biblioteca digital europea las obras libres de derechos de que ya disponen en formato digital;

4.  Insta a las universidades europeas y a las demás instituciones de enseñanza superior a que faciliten el acceso a las tesis doctorales y otros trabajos científicos sobre asuntos y materias relacionados con el patrimonio cultural europeo, en las condiciones que se definan y respetando íntegramente los derechos de autor;

5.  Pide a las demás instituciones culturales europeas, incluidas las regionales y locales, que participen en este proyecto para que sea representativo de la riqueza y diversidad de la cultura europea; por otra parte, insta a los museos a que digitalicen sus archivos, de forma que éstos puedan integrarse en el proyecto;

6.  Subraya asimismo que la biblioteca digital europea no tiene por objeto la difusión exclusiva de los contenidos, sino la coordinación del acceso a las obras digitalizadas;

7.  Fomenta la elección y la utilización de normas comunes, sobre la base de formatos existentes y adaptados, con el fin de garantizar la interoperabilidad de los contenidos, elemento necesario para el buen funcionamiento de la biblioteca digital europea, adoptando progresivamente los lenguajes de metadatos estabilizados (Dublin Core, etc.);

8.  Alienta a los Estados miembros a que prosigan sus esfuerzos y aceleren el ritmo con el que se están digitalizando los contenidos culturales para alcanzar una masa suficiente de contenidos;

9.  Alienta en este sentido a los Estados miembros a que, en coordinación con las instituciones culturales, elaboren planes de digitalización a escala nacional o regional, con el fin de establecer una cartografía europea de todas las actividades de digitalización, facilitando así el desarrollo de sinergias, velando en todo momento por evitar las duplicaciones de esfuerzos y de gastos realizadas por numerosas instituciones públicas y privadas para el proceso de digitalización de sus fondos, dado que es indispensable llevar a cabo un inventario, por tipos de institución, del trabajo ya efectuado;

10.  Fomenta una cooperación estrecha entre los Estados miembros y las instituciones culturales, el intercambio de buenas prácticas para la digitalización y la accesibilidad de las obras así como su conservación digital;

11.  Subraya, además, que la biblioteca digital europea estimulará la investigación en los ámbitos de la digitalización, la interoperabilidad y la conservación digital, en particular mediante los centros de competencia creados por la Comisión, ya que la biblioteca digital europea no podrá ser realidad sin un fuerte componente de investigación y desarrollo;

12.  Destaca la necesidad de apoyar la innovación y la investigación en el ámbito del multilingüismo;

13.  Recuerda que, si los programas comunitarios no permiten financiar el proceso de digitalización en sí, conviene desarrollar nuevas formas de financiación, incluidas las asociaciones con el sector privado, evitando en la medida de lo posible la digitalización a diferentes velocidades entre los Estados miembros;

Estructura y contenido de la biblioteca digital europea: punto de entrada multilingüe común al patrimonio cultural europeo

14.  Promueve la creación de una interfaz común que dé acceso a contenidos con una calidad y fiabilidad garantizadas, mediante un motor integrado como herramienta de búsqueda en la metainformación y de búsqueda directa en el texto en el caso de los documentos digitalizados en modo texto;

15.  Subraya la importancia de lograr una interfaz multilingüe que permita el acceso directo a los contenidos buscados en todas las lenguas de la Unión Europea, de tal forma que se garantice, además de la búsqueda habitual por autores o por títulos, la búsqueda por temas o por palabras clave, en cuyo caso los resultados deberían integrar los datos relativos a todas las bibliotecas asociadas y en cada una de las lenguas del catálogo;

16.  Fomenta además la creación de unas funciones innovadoras, modernas y adaptadas a todos los usuarios;

17.  Destaca la importancia de que la biblioteca digital europea se conciba y organice a partir de un abanico de recursos y capacidades de carácter técnico que faciliten la creación, la búsqueda y la utilización de la información, de forma que no se limite a la elaboración de un catálogo digitalizado de obras europeas;

18.  Precisa además que convendría no circunscribir el patrimonio cultural europeo al conjunto de las obras propias de la Unión Europea, sino abarcar también la aportación cultural de otros países europeos;

19.  Aclara además que, si bien el patrimonio cultural europeo está principalmente compuesto por obras que pertenecen al dominio público, no está limitado a esta única categoría;

20.  Recuerda de hecho que conviene establecer una distinción entre las obras que pertenecen al dominio público y las que están protegidas por derechos, incluidas las obras huérfanas y las obras agotadas, y por otra para prever modelos distintos para cada una de ellas, adaptados a cada sector de actividad;

21.  Aprueba la creación del Grupo de expertos de alto nivel mencionado y respalda en particular sus propuestas orientadas a catalogar las obras huérfanas o agotadas y a elaborar mecanismos que faciliten la búsqueda de los derechohabientes;

22.  Destaca que las propuestas formuladas por el Grupo de expertos de alto nivel en el primer informe se refieren ante todo al sector de la edición de libros, y que su ampliación a otros sectores habrá de decidirse en concertación con los representantes de los mismos;

23.  Señala que, en una segunda fase y en la medida de lo posible, convendría que, además de los documentos libres de derechos, la biblioteca digital europea pudiera proponer documentos sujetos a derechos de autor, en el más estricto respeto de las legislaciones nacionales, comunitarias e internacionales sobre propiedad intelectual;

24.  Subraya que todas las decisiones al respecto deberán tomarse en colaboración con todas las partes interesadas, en particular los autores, editores y libreros;

25.  Propone que, desde la biblioteca digital europea, el usuario pueda localizar los documentos digitalizados en modo imagen y en modo texto, sea cual sea su naturaleza, y consultarlos libremente, o bien integralmente por lo que se refiere a las obras libres de derechos, o bien en forma de extractos cortos, previo acuerdo de los derechohabientes, cuando se trate de obras protegidas;

26.  Propone que se prevea la posibilidad de hojear virtualmente las obras protegidas por medio de sitios web especializados que ofrezcan las garantías de seguridad que requiera la protección de derechos correspondientes;

27.  Propone, en este último caso, que la biblioteca digital europea se comporte como un simple vector de información;

28.  Señala que el acceso a la totalidad de un documento protegido podría efectuarse a partir de enlaces especializados de acuerdo con los derechohabientes y a cambio de una remuneración justa;

Gestión y seguimiento

29.  Pide que se constituya un comité director, en el que las instituciones culturales desempeñarían un papel importante, encargado de delimitar las prioridades y las orientaciones de la biblioteca digital europea, al tiempo que aseguraría la coordinación, el seguimiento y la gestión de sus actividades;

30.  Pide que se coordinen los grupos creados por la Comisión ‐en particular, el Grupo de expertos de los Estados miembros sobre digitalización y conservación digital y el Grupo de expertos de alto nivel mencionado‐, a fin de crear una auténtica sinergia en el plano europeo;

31.  Propone la creación a escala europea de un organismo de coordinación, equivalente a la TEL, para los fondos de los museos y archivos nacionales que generan contenidos digitalizados de todo tipo vinculados al patrimonio cultural europeo, con el fin de integrarlos en el sistema de búsqueda de la biblioteca digital europea;

32.  Subraya asimismo que, al estar integrada de manera coherente en los sistemas educativos, la biblioteca digital europea permitirá alcanzar más fácilmente a los jóvenes europeos y podrá acercarlos a su patrimonio cultural y literario, al tiempo que los formará a las nuevas tecnologías y luchará contra la brecha digital;

33.  Considera indispensable intensificar los intercambios de experiencias y buenas prácticas con otras instituciones europeas, como la Comisión Europea para la Conservación y el Acceso, con instituciones de terceros países, como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con asociaciones internacionales, como la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y las bibliotecas, con organizaciones públicas y privadas, como el Online Computer Library Center, entre otros, esforzándose en la medida de lo posible por utilizar las soluciones y los programas informáticos ya probados y operativos;

34.  Fomenta la promoción así como la visibilidad de la biblioteca digital europea y el acceso a sus servicios mediante un sistema de comunicación a todos los niveles y la creación de un logotipo que permita su identificación;

35.  En este contexto, recomienda que una parte de los recursos destinados a la biblioteca digital europea se consagren a su promoción ante el público más amplio posible;

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 236 de 31.8.2006, p. 28.
(2) DO C 297 de 7.12.2006, p. 1.
(3) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.


Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación
PDF 140kWORD 58k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación (2007/2113(INI))
P6_TA(2007)0417A6-0326/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada "Eficiencia y equidad en los sistemas europeos de educación y formación" (COM(2006)0481),

–  Vista la propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (COM(2006)0479),

–  Vistas su posición adoptada en segunda lectura el 25 de octubre de 2006 con vistas a la adopción de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente(1), y la Decisión nº 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Aprendizaje de adultos: Nunca es demasiado tarde para aprender" (COM(2006)0614),

–  Vistas su posición adoptada en primera lectura el 26 de septiembre de 2006 sobre la propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(3), y la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(4),

–  Vistas su posición adoptada en primera lectura el 13 de octubre de 2005 sobre la propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior(5), y la Recomendación 2006/143/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre una mayor cooperación europea en la garantía de la calidad de la enseñanza superior(6),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0326/2007),

A.  Considerando que, en respuesta a los recortes en los presupuestos públicos, los desafíos de la globalización, los cambios demográficos y la innovación tecnológica, en toda Europa se está atribuyendo cada vez más importancia al aumento de la eficiencia de los sectores de la educación y de la formación,

B.  Considerando que la notable disparidad en materia de resultados de los distintos sistemas educativos en la UE, tal y como ilustró el Informe Pisa 2003, es una fuente de preocupación,

C.  Considerando que este factor podría traducirse en un aumento de las diferencias en términos de desarrollo económico y social entre los Estados miembros y podría poner en peligro el logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa,

D.  Considerando que el derecho a la educación es un principio reconocido tanto a nivel internacional como en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

E.  Considerando que la mayor parte de los sistemas existentes de educación y formación reproduce y acentúa las desigualdades ya presentes,

F.  Considerando que las desigualdades en materia de educación y formación acarrean elevados costes ocultos,

G.  Considerando que la inversión en educación y formación tiene ventajas económicas y sociales a largo plazo y debe ser planeada con mucha antelación,

H.  Considerando que debe introducirse una cultura de la evaluación en los sistemas de educación y formación con objeto de garantizar un control eficaz del desarrollo de estos sistemas a largo plazo,

I.  Considerando la necesidad de establecer una relación entre las políticas de educación y formación y las políticas en los ámbitos del empleo, la economía y la integración social,

J.  Considerando el papel fundamental de la educación y de la formación en el proceso de formación de una identidad europea basada en la educación intercultural y en la paz,

K.  Considerando que las probabilidades de desempleo todavía son mayores entre las mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes, dado que en 2006 el índice de desempleo en la UE-27 fue del 18,1 % entre las mujeres jóvenes, frente al 16,9 % registrado entre los hombres jóvenes; considerando que las mujeres cuentan con una menor representación en los puestos de dirección, pese a que en la mayoría de los Estados miembros el número de mujeres que alcanza un nivel elevado de educación es superior al de los hombres,

Eficiencia y equidad en el aprendizaje permanente

1.  Apoya el proceso de planificación a largo plazo en el ámbito del aprendizaje permanente toda vez que las inversiones en este ámbito reportan ventajas económicas y sociales a largo plazo;

2.  Reconoce que las inversiones en un nivel educativo no sólo permiten el desarrollo de competencias y capacidades a ese nivel, sino que también sientan las bases para la adquisición de nuevas aptitudes y cualificaciones en otros niveles educativos;

3.  Apoya el objetivo de crear un Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente que facilitará el reconocimiento del nivel de educación alcanzado y permitirá pasar de forma visible y transparente de unas ramas de formación a otras;

4.  Considera necesario introducir una cultura de la evaluación en los sistemas de educación y formación, por lo que las políticas eficaces a largo plazo deben basarse en estimaciones fiables;

5.  Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión para tener en cuenta la eficiencia y la equidad en la educación al elaborar un marco de indicadores y de criterios de referencia para evaluar los avances en relación con los Objetivos de Lisboa;

6.  Considera que para realizar un examen de la eficacia/eficiencia y de la equidad de los sistemas de educación en Europa debe clarificarse la terminología tanto en lo que se refiere a "eficacia/eficiencia" como a "equidad"; considera que para clarificar este último concepto deberían incluirse características individuales como el género, el origen étnico o las discapacidades (distintas a las de naturaleza socioeconómica);

7.  Reconoce que la inversión en el aprendizaje permanente destinada a mejorar el acceso y la equidad fomenta la cohesión social y permite a las personas resolver problemas, adaptarse, aumentar su autoestima y hacer frente a los cambios, lo que mejora su desarrollo personal y les permite abordar más fácilmente otros cambios en sus vidas;

8.  Pide a los Estados miembros que introduzcan políticas y materiales educativos y de formación que integren la perspectiva del género, como una herramienta para eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres en la educación y el empleo y para erradicar los estereotipos de género; insta a los Estados miembros a promover entre los jóvenes de un sexo el empleo "típico" del otro sexo (por ejemplo, más hombres que impartan clases en centros de enseñanza primaria y mayor participación de las mujeres en la ciencia), incluyendo a niños y niñas que no hayan alcanzado aún la edad en la que se toman decisiones educativas o profesionales clave y de forma tal que se reduzca la segregación en el empleo por motivos de sexo; reitera que unos datos desglosados por edad y por género y de mejor calidad constituyen un requisito previo para cualquier política;

Asegurar la eficiencia y la equidad en las políticas de educación y formación
Educación preescolar: centrarse en el aprendizaje a una edad temprana

9.  Considera que la eficiencia y la equidad pueden alcanzarse a nivel individual si las inversiones y las reformas se centran en las primeras etapas de la educación;

10.  Hace hincapié en la necesidad de desarrollar, a partir de la etapa preescolar, acciones destinadas a favorecer la integración de los niños procedentes de terceros países residentes en el territorio de la Unión Europea;

11.  Insta a los Estados miembros a que aumenten considerablemente sus inversiones en educación preescolar, incluidos los jardines de infancia, ya que este tipo de inversiones puede ser un medio eficaz para sentar las bases del aprendizaje posterior, desarrollar el intelecto del alumno y aumentar los niveles globales de competencias y puede incrementar de forma significativa la equidad del sistema educativo;

12.  Considera, no obstante, que es necesario reforzar la investigación en la educación preescolar a nivel de la UE, en particular en el ámbito de las acciones rápidas y selectivas con objeto de definir las prácticas que producen los efectos deseados;

13.  Considera que la calidad de la educación preescolar también depende de que los profesores dispongan de una formación adecuada, de ahí la necesidad, en este contexto, de una estrategia viable desde el punto de vista financiero que culmine tanto en una formación de alta calidad orientada hacia el futuro como en unas carreras satisfactorias en el ámbito de la enseñanza;

14.  Considera necesario garantizar, desde el nivel preescolar, la diversidad social en las aulas y en los centros para evitar la diferenciación de los programas de estudios y de las expectativas;

15.  Considera que la participación de los padres a través de programas educativos y de información (en particular en el caso de los alumnos desfavorecidos) es un factor importante del éxito de la educación preescolar;

16.  Se expresa a favor de todas las formas de educación preescolar y de intervención en una fase temprana (cuando se están desarrollando las capacidades cognitivas de los niños), ya que ésta es la etapa más fructífera de todo el proceso de aprendizaje permanente;

17.  Insta a los Estados miembros a que aumenten el número de plazas subvencionadas en la educación preescolar con el fin de mejorar las posibilidades de acceso al sistema educativo de los niños en edad preescolar con una seguridad financiera precaria;

Educación primaria y secundaria: mejora de la calidad de la educación básica para todos

18.  Hace hincapié en que la escolaridad obligatoria y los sistemas de formación deberían garantizar una educación básica y las competencias clave; subraya asimismo que una formación y unas competencias clave adecuadas contribuyen a la adquisición de unos valores sociales y cívicos fundamentales, al refuerzo de la cohesión social y al aumento del nivel de cualificación de las personas y su aptitud para el empleo;

19.  Señala asimismo que el papel de la escuela, en particular en lo que se refiere a los ciclos de educación primaria y secundaria, debe tener en cuenta, en particular, los valores interculturales y la educación para la paz, elementos característicos de una identidad europea;

20.  Considera que un encauzamiento precoz tiene efectos negativos sobre la eficiencia y la equidad de los sistemas educativos;

21.  Considera que la igualdad de acceso a una educación de calidad por parte de las personas desfavorecidas también puede mejorar la eficiencia y la equidad de los sistemas educativos europeos;

22.  Apoya, por otra parte, la creación de una gama flexible de posibilidades de estudio en la enseñanza secundaria, lo que no debería excluir la elección de una vía diferente en las fases educativas posteriores;

23.  Insta a los Estados miembros a que hagan un seguimiento de todos los ciclos escolares, en particular en los momentos de elección u orientación, y a que garanticen que sus sistemas educativos apoyan a los alumnos y estudiantes y les motivan en sus esfuerzos por alcanzar su desarrollo personal;

24.  Apoya, teniendo en cuenta los distintos niveles de apoyo de los que se pueda beneficiar cada alumno en su hogar a lo largo de su vida escolar así como la naturaleza en ocasiones muy desigual de la educación que se facilita, los esfuerzos para que los padres intervengan en el proceso educativo con objeto de reducir significativamente el riesgo de exclusión social en el futuro;

25.  Insta a los Estados miembros a que apoyen la formación inicial y continua de los profesores, que fomenten su motivación y que mejoren las condiciones cualitativas de la vida escolar, ya que son factores decisivos para lograr la eficiencia y la equidad;

26.  Pide a los Estados miembros que promuevan el multilingüismo en todos los niveles del sistema educativo con objeto de mejorar la movilidad de los niños, los jóvenes y los adultos en el territorio de la Unión Europea y reforzar así la eficiencia del proceso educativo en el interior de la UE;

27.  Alienta a los Estados miembros a que sensibilicen al personal docente y a los profesionales de la educación acerca de la igualdad entre hombres y mujeres para que puedan transmitir el respeto de este principio a las generaciones más jóvenes;

Educación universitaria: mejora de la inversión y ampliación del acceso

28.  Reconoce que la educación universitaria es un sector clave de una economía y una sociedad basadas en el conocimiento;

29.  Apoya el plan de modernización de las universidades destinado a garantizar el aumento de la competitividad de la educación universitaria, su accesibilidad a todos sobre una base de igualdad y el mantenimiento de su viabilidad y eficiencia desde el punto de vista financiero;

30.  Insta a los Estados miembros a que refuercen la eficiencia y la equidad creando condiciones e incentivos adecuados para generar inversiones públicas y privadas más importantes;

31.  Reconoce que la educación universitaria gratuita no garantizará necesariamente y por sí sola la equidad; pide, en este contexto, que se realicen más estudios partiendo de la base de que las tasas académicas no son una cuestión aislada sino que forman parte de un conjunto de factores relacionados con incentivos financieros combinados con ayudas financieras de acompañamiento que, en el caso de los grupos desfavorecidos, puede reducir las desigualdades en términos de acceso a la educación universitaria;

32.  Hace hincapié en que las universidades deben elaborar políticas de información y de admisión de carácter global, de forma que puedan reaccionar a las necesidades sociales y económicas en rápida mutación;

Enseñanza y formación profesionales: mejora de la calidad y del valor

33.  Considera que, ante el envejecimiento de la población, el problema de una tasa de paro juvenil persistentemente elevada constituye un problema cada vez más grave;

34.  Aboga, habida cuenta del envejecimiento de la población, por unas mejores perspectivas en el ámbito de la educación para adultos que permitan a las personas adaptarse más fácilmente a las necesidades del mercado laboral y a las personas poco cualificadas integrarse en el proceso de educación;

35.  Subraya que los jóvenes menos cualificados se enfrentan a grandes problemas para acceder al mercado laboral, son los más vulnerables en caso de crisis económica, corren un mayor riesgo de perder su empleo y tienen más posibilidades de terminar ocupando puestos de trabajo poco cualificados o de realizar trabajos de carácter temporal;

36.  Pide a los Estados miembros que promuevan el acceso de las jóvenes a la educación y la formación, especialmente las que residen en regiones ultraperiféricas y pertenecen a grupos vulnerables, como las mujeres inmigrantes, las mujeres de minorías étnicas, las mujeres con discapacidad y las mujeres poco cualificadas; pide a los Estados miembros que definan e intercambien las mejores prácticas en la materia e insta a los interlocutores sociales y a las empresas privadas y públicas a que acaben con cualquier forma de discriminación y fomenten activamente la formación en el lugar de trabajo eliminando todos los obstáculos vinculados a la edad, además de apoyar los permisos de formación para las personas desfavorecidas;

37.  Pide a los Estados miembros que promuevan para las mujeres desempleadas y aquellas que no han completado la educación obligatoria el acceso a programas de formación para adultos con financiación pública;

38.  Pide a los Estados miembros que apliquen políticas que faciliten a los jóvenes la transición de la escuela al medio laboral, prestando especial atención a las jóvenes, que por lo general tienen más dificultades; destaca que un mejor acceso a una educación y formación de mayor calidad y las inversiones a lo largo de la juventud tienen repercusiones para el mercado laboral en las etapas posteriores de la vida; considera que debería establecerse un mecanismo de evaluación para poder valorar la eficiencia y el impacto del gasto gubernamental en educación sobre los jóvenes desempleados, especialmente las mujeres jóvenes;

39.  Pide a los Estados miembros que apoyen los programas universitarios de excelencia, ya que la formación de especialistas altamente cualificados en distintos ámbitos permitiría responder mejor a las necesidades del mercado laboral;

40.  Destaca la necesidad de promover, en el marco de los sistemas de educación y formación, un acceso equitativo de mujeres y hombres a las nuevas tecnologías con el fin de reducir la brecha digital entre ambos sexos;

41.  Insta a los Estados miembros a que incrementen la proporción de mujeres en la ciencia, la ingeniería y la tecnología y fortalezcan su posición en tales campos; pide a los Gobiernos nacionales que incrementen el número de mujeres que ocupan puestos de dirección y que midan el progreso alcanzado mediante la adopción de objetivos cualitativos y cuantitativos;

42.  Recomienda que se mejore el acceso a la educación superior y que se desarrollen fórmulas que permitan continuar estudiando a quienes hayan completado su formación, así como reforzar su educación mientras trabajan;

43.  Subraya que los programas de formación profesional propuestos deberían ser flexibles para poder tener en cuenta la demanda del mercado laboral, lo que constituye un medio particularmente eficaz para aumentar las oportunidades de empleo de las personas desfavorecidas; reconoce, en este contexto, que las inversiones públicas deberían centrarse en los grupos destinatarios más desfavorecidos, puesto que son los que menos se benefician de la formación continua;

44.  Pide a los Estados miembros que, en colaboración con los centros de enseñanza superior y profesional, propongan una organización flexible de los estudios, para responder mejor a las necesidades de los y las jóvenes que, paralelamente, tienen un empleo o responsabilidades familiares y evitar así el abandono escolar temprano de los mismos;

45.  Insta a los Estados miembros a unir a las instituciones educativas, las empresas, los interlocutores sociales y otros agentes y al sector público en una colaboración centrada en la aplicación de programas de formación que tengan éxito;

Acción de la Unión Europea

46.  Hace hincapié en que el objetivo fundamental de la acción de la UE es fomentar la convergencia de los sistemas educativos de la UE hacia mejores resultados;

47.  Considera que para focalizar mejor las acciones de la UE sería necesario desarrollar un proceso, basado en informes remitidos periódicamente por los Estados miembros y en una verificación independiente, con vistas a evaluar los resultados de los sistemas de educación y formación de la UE, prestando especial atención a la adquisición de competencias básicas por parte de los alumnos y al logro de los objetivos en materia de equidad;

48.  Pide a la Comisión que publique informes periódicos sobre la eficiencia y la equidad de los sistemas de educación y formación europeos con el fin de supervisar los progresos alcanzados para lograr mejores resultados;

49.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 313 E de 20.12.2006, p. 187.
(2) DO L 327 de 24.11.2006, p. 45.
(3) DO C 306 E de 15.12.2006, p. 165.
(4) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(5) DO C 233 E de 28.9.2006, p. 100.
(6) DO L 64 de 4.3.2006, p. 60.


Moratoria de la pena de muerte
PDF 114kWORD 37k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre una moratoria universal de la pena de muerte
P6_TA(2007)0418RC-B6-0357/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones, de 1 de febrero de 2007(1) y de 26 de abril de 2007(2), sobre la iniciativa en favor de una moratoria universal de la pena de muerte,

–  Vistas las Directrices de 3 de junio de 1998 sobre la política de la Unión Europea frente a terceros países en relación con la pena de muerte,

–  Vista la declaración de la Presidencia de la UE efectuada el 19 de diciembre de 2006 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación con la abolición de la pena de muerte, que fue suscrita inicialmente por 85 países de todos los grupos geográficos,

–  Vista la declaración de la Presidencia de la UE efectuada el 29 de marzo de 2007, en nombre de la Unión Europea, en la Cuarta Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el apoyo a una moratoria expresado públicamente por el Secretario General de las Naciones Unidas durante su reciente visita a Roma,

–  Vista la proclamación del 10 de octubre de todos los años como Día Europeo contra la Pena de Muerte, que también respaldó la Conferencia de Presidentes el 12 de julio de 2007,

–  Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(3),

–  Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A.  Considerando que la petición de una moratoria universal de la pena de muerte es una decisión política clara dirigida a la abolición de la pena capital en todos los países,

B.  Considerando que, en sus Resoluciones de 1 de febrero de 2007 y de 26 de abril de 2007, instaba a la Presidencia de la UE a que presentase con carácter de urgencia una resolución a la actual Asamblea General de las Naciones Unidas y a que mantuviera informado al Parlamento de los resultados obtenidos; considerando que no se ha presentado hasta la fecha ninguna resolución a la actual Asamblea General,

C.  Considerando que la declaración sobre la pena de muerte realizada por la Unión Europea ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 2006 ha sido suscrita ya por 95 países de todos los grupos geográficos,

D.  Considerando que la Presidencia de la UE ha obtenido un mandato del Consejo para elaborar y presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con Italia, un texto sobre una moratoria internacional de la pena de muerte,

1.  Recuerda a la Presidencia de la UE y a sus Estados miembros que el principal contenido político de la resolución debe ser la aprobación de una moratoria mundial como un paso fundamental hacia la abolición de la pena de muerte;

2.  Pide a la Presidencia de la UE y a sus Estados miembros que presenten una resolución sobre la moratoria, en el epígrafe "derechos humanos", en la 62ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para que sea aprobada antes de finales de 2007; reitera su petición a la Presidencia de la UE de que haga todo lo posible para implicar al mayor número posible de países como coautores de la resolución;

3.  Pide a la Presidencia de la UE que aliente a los países que aún no hayan firmado ni ratificado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos a que lo hagan, y que aliente a los Estados miembros que no hayan firmado el Protocolo nº 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales sobre la pena de muerte a que lo hagan;

4.  Reitera su pleno apoyo a las instituciones de la UE y a los Estados miembros para que proclamen, junto con el Consejo de Europa, el 10 de octubre de todos los años como Día Europeo contra la Pena de Muerte; lamenta la falta de unanimidad sobre esta cuestión en el Consejo y pide al futuro Gobierno polaco que apoye plenamente esta iniciativa, que refleja los valores fundamentales de la Unión Europea; pide a todas las instituciones y a los Estados miembros de la UE que, junto con el Consejo de Europa, sigan respaldando esta acción, y encomienda a su Presidente que fomente esta iniciativa política;

5.  Pide al Consejo y a la Comisión que apoyen el establecimiento de coaliciones regionales pro moratoria y abolicionistas;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la UE, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0018.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0166.
(3) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.


Operación PESD en Chad y en la República Centroafricana
PDF 126kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre la operación de la PESD en Chad y en la República Centroafricana
P6_TA(2007)0419RC-B6-0362/2007

El Parlamento Europeo,

–  Visto el conflicto de Darfur y sus importantes repercusiones en la región, en particular en el Este de Chad y en el Norte de la República Centroafricana,

–  Vista la Resolución 1706 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, de 31 de agosto de 2006, en la que se destacaba que deben abordarse los aspectos regionales de la seguridad para lograr una paz duradera en Darfur,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de los días 23 a 24 de julio de 2007, en las que el Consejo pedía a sus órganos competentes que continúen planificando con vistas a una posible decisión sobre una operación puente, en el marco de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), para apoyar la presencia multidimensional de las Naciones Unidas en el Este de Chad y el Noreste de la República Centroafricana, con objeto de mejorar la seguridad en dichas zonas,

–  Vista la Resolución 1769 (2007) del Consejo de Seguridad de la ONU, de 31 de julio de 2007, por la que se establece, por un período inicial de 12 meses, una operación híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas (UA/ONU) en Darfur (UNAMID),

–  Visto el informe sobre Chad y la República Centroafricana presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas el 10 de agosto de 2007 en el que se recomienda el despliegue de una fuerza multidimensional en el Este de Chad y en el Noreste de la República Centroafricana con miras a mejorar la seguridad de las personas refugiadas y desplazadas, facilitar el suministro de la ayuda humanitaria y crear las condiciones que permitan realizar labores de reconstrucción y de desarrollo en estas zonas,

–  Vista la reunión de Arusha sobre la paz en Darfur, que se celebró entre los días 3 y 6 de agosto de 2007,

–  Vista la firma en Yamena, el 13 de agosto de 2007, del acuerdo político destinado a consolidar el proceso democrático en Chad firmado por todos los partidos políticos del país, tanto en el poder como en la oposición, en presencia de la comunidad internacional y del Presidente de Chad, Idriss Deby Itno,

–  Vista la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, de 27 de agosto de 2007, en la que confirma la disposición del Consejo de Seguridad para establecer una misión de las Naciones Unidas en Chad y expresa su satisfacción ante la intención de la Unión Europea de facilitar apoyo mediante una misión militar de la PESD,

–  Vista la adopción por el Consejo, el 10 de septiembre de 2007, de un concepto de gestión de crisis por procedimiento escrito,

–  Vistas las conclusiones de la delegación de su Comisión de Desarrollo enviada a Darfur que visitó Sudán y Chad entre el 30 de junio y el 6 de julio de 2007,

–  Vista su Resolución de 12 de julio de 2007 sobre la situación en Darfur(1),

–  Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A.  Extremadamente preocupado por el empeoramiento de la situación humanitaria en Chad, en donde, debido a las repercusiones transfronterizas del conflicto de Darfur, aproximadamente 238 000 refugiados de Sudán, 44 600 refugiados de la República Centroafricana y 170 000 desplazados internos están acogidos en 12 campos situados a lo largo de la frontera oriental de Chad con Sudán,

B.  Preocupado por la situación de seguridad en el Este de Chad, que se ha deteriorado desde 2006 debido a las confrontaciones entre las fuerzas de seguridad de Chad y los rebeldes chadianos, así como a las incursiones de las milicias yanyawid y de grupos armados de Sudán, a lo que se añade el bandidaje y los ataques contra las organizaciones humanitarias,

C.  Considerando que las poblaciones civiles del Noreste de la República Centroafricana también han sufrido ataques por parte de fuerzas rebeldes de Sudán,

D.  Considerando que, en el marco de un enfoque global y regional, debe contribuirse a la estabilización de esta región afectada por el conflicto de Darfur,

E.  Considerando que la estabilidad a largo plazo en Sudán, Chad y la República Centroafricana implica el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza,

F.  Celebrando la Resolución 1769 (2007) de las Naciones Unidas, que autoriza el despliegue de una fuerza de la Unión Africana y las Naciones Unidas integrada por 26 000 soldados en Darfur, que contribuirá a pacificar toda la región en relación con el despliegue de una fuerza policial de las Naciones Unidas y con la operación de la PESD programada en el Este de Chad y en el Norte de la República Centroafricana,

G.  Considerando que las autoridades de Chad y de la República Centroafricana han confirmado al Secretario General de las Naciones Unidas su acuerdo con el despliegue de esta presencia multidimensional de la UE,

H.  Apoyando los esfuerzos del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para encontrar una solución negociada al conflicto de Darfur mediante la promoción de los contactos entre las autoridades sudanesas y los distintos grupos rebeldes,

I.  Acogiendo con satisfacción la firma en Yamena el 13 de agosto de 2007 de un acuerdo destinado a consolidar el proceso democrático en Chad, por todos los partidos políticos chadianos,

J.  Observando los esfuerzos realizados por los actores regionales por encontrar una solución al conflicto interno de Chad con los grupos que no firmaron el acuerdo precedente,

K.  Acogiendo con satisfacción la Resolución 1778 (2007) del Consejo de Seguridad de la ONU, de 25 de septiembre de 2007, por la que se autoriza a la UE a enviar una fuerza de mantenimiento de la paz con un mandato firme a Chad y a la República Centroafricana,

1.  Recuerda que ninguna operación de mantenimiento de la paz en el Este de Chad y el Norte de la República Centroafricana podrá tener éxito sin un verdadero proceso político de reconciliación;

2.  Pide al Consejo, a la Comisión y a las Naciones Unidas que coordinen sus esfuerzos para crear las condiciones que permitan que las diferentes partes en el conflicto en la gran región de Darfur, el Este de Chad y el Norte de la República Centroafricana encuentren una solución política que ponga fin a la inseguridad y al consiguiente desastre humanitario, facilitando así el retorno de los refugiados y los desplazados internos a sus lugares de origen;

3.  Respalda la puesta en marcha de una operación de la PESD en el Este de Chad y el Norte de la República Centroafricana, que tendrá una duración de un año, si bien subordina dicha aprobación al cumplimiento de las condiciones siguientes:

   a) la misión de la fuerza europea (EUFOR) debe establecer las condiciones necesarias para crear un entorno seguro para el trabajo de la fuerza policial de las Naciones Unidas, el retorno de los desplazados internos, el suministro de ayuda humanitaria, la libre circulación del personal humanitario y la continuación del diálogo entre las fuerzas políticas de la región,
   b) es extremadamente importante que se aprecie que la EUFOR es imparcial; por consiguiente, la composición de la EUFOR debe ser diversa y los Estados miembros deben contribuir con las tropas necesarias en el plazo más breve posible;
   c) al mismo tiempo, y para evitar convertirse ella misma en objetivo, la EUFOR debe mantener su neutralidad por lo que se refiere a la compleja situación política de la región, evitando involucrarse en las luchas entre las autoridades gubernamentales y los grupos rebeldes,
   d) sobre la base del pleno respeto de los principios del Derecho humanitario internacional, la EUFOR no debe inmiscuirse ni interferir en las labores de las ONG presentes en Chad y en la República Centroafricana a fin de no ponerlas en peligro;
   e) la EUFOR debe establecer una coordinación eficaz con la UNAMID con objeto de garantizar del modo más eficaz posible la seguridad en la zona bajo su responsabilidad;
   f) la EUFOR debe trabajar como fuerza disuasoria, por lo que debe tener un mandato firme, de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y disponer de normas de intervención claramente definidas que permitan el uso de la fuerza cuando sea necesario, especialmente para prevenir los ataques contra la población civil, los campos y los poblados, los trabajadores humanitarios o los agentes de policía de las Naciones Unidas, así como en defensa propia,
   g) para disuadir a cualquier agresor potencial, la EUFOR debe contar con las tropas necesarias y debe estar debidamente equipada; debe estar en condiciones de proteger sus propias líneas de suministro y de llevar a cabo operaciones de patrulla a grandes distancias con vehículos blindados, helicópteros (incluyendo helicópteros de transporte y ataque) y aviones de reconocimiento;
   h) debe considerarse a la EUFOR como "fuerza de enlace" con un mandato temporal; por consiguiente, debe definirse una estrategia clara de retirada antes de que se inicie el despliegue, de forma que se contemple la sustitución de la EUFOR por una operación que tome el relevo (de la UA, de las NN.UU. o una fuerza híbrida), con objeto de poder llevar a buen término el mandato de la fuerza europea y permitir el retorno diligente de las tropas que participen en la misión;

4.  Lamenta que, por varios motivos, no pueda llevarse a cabo esta operación de la PESD desde el centro de operaciones de la Unión Europea creado recientemente en Bruselas;

5.  Destaca que su aprobación definitiva de la operación de la PESD estará condicionada a que se le mantenga plenamente informado sobre las diferentes fases de su preparación, entre otras, concepto de gestión de crisis, acción común, concepto de las operaciones, plan de operación, proceso de generación de fuerzas;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Presidentes, los Gobiernos y los Parlamentos de Chad, la República Centroafricana y Sudán.

(1) Texto Adoptado, P6_TA(2007)0342.


Situación en Birmania
PDF 114kWORD 35k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre Birmania
P6_TA(2007)0420RC-B6-0363/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vista sus anteriores Resoluciones sobre Birmania y, en particular, la de 6 de septiembre de 2007(1),

–  Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A.  Considerando que la Alianza de Todos los Monjes Budistas Birmanos ha encabezado una oleada de manifestaciones pacíficas contra la Junta Militar represora de Birmania y ha pedido la liberación de Aung San Suu Kyi y de otros presos políticos,

B.  Considerando que las manifestaciones han ido en aumento a pesar de las detenciones y del temor a una reacción violenta por parte de las fuerzas gubernamentales,

C.  Considerando el llamamiento realizado el 23 de septiembre de 2007 por el Dalai Lama, en el que instaba a las autoridades birmanas a evitar la violencia contra los monjes budistas y otros manifestantes,

D.  Considerando que el 20 de septiembre de 2007 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apenas debatió brevemente la situación en Birmania,

1.  Aplaude la valerosa acción de los monjes birmanos y de las decenas de millares de otros manifestantes pacíficos que se enfrentan al régimen antidemocrático y represivo que impera en Birmania y condena con firmeza la respuesta brutal de las autoridades birmanas;

2.  Reitera su llamamiento en favor de la liberación inmediata de Aung San Suu Kyi y de que se garantice su plena libertad de movimiento y de expresión;

3.  Expresa su horror ante los asesinatos de los manifestantes pacíficos, insiste en que las fuerzas de seguridad regresen a los cuarteles e insta al reconocimiento de la legitimidad de las reivindicaciones que se están realizando en la actualidad, para que se dispense asistencia médica internacional a los heridos y se libere a los manifestantes que han sido detenidos y a otros presos políticos;

4.  Pide que se detenga el proceso constitucional ilegítimo en curso y que se sustituya por una Convención Nacional plenamente representativa que incluya a la Liga Nacional para la Democracia y a otros partidos y grupos políticos;

5.  Pide a Rusia y China que apoyen plenamente la clara declaración de condena del Consejo de Seguridad de la ONU por el uso brutal de la fuerza en Birmania, e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que faculte al Secretario General de las Naciones Unidas a adoptar medidas encaminadas a facilitar la reconciliación nacional y la transición a la democracia en Birmania, y pide a la Asamblea General de la ONU que adopte las medidas oportunas;

6.  Pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que vele por que el Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Birmania, Ibrahim Gambari, realice en el plazo más breve posible su visita prevista a Birmania y que pueda disfrutar de una plena libertad de circulación y de la posibilidad de acceder allí donde lo desee sin restricciones;

7.  Pide al Consejo de la Unión Europea que, con carácter de urgencia, establezca contacto con los Estados Unidos, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) y otros miembros de la comunidad internacional con vistas a preparar una serie coordinada de medidas adicionales, incluidas sanciones económicas específicas, que puedan adoptarse contra el régimen birmano si recurre a la violencia y no responde a los llamamientos en favor de la vuelta a la democracia;

8.  Pide a la Comisión que, en el marco del Instrumento Financiero para la Promoción de la Democracia y los Derechos Humanos, ponga a disposición los medios necesarios para apoyar activamente al movimiento democrático y a las ONG que trabajan por el retorno de la buena gobernanza a Birmania;

9.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los Gobiernos de los países miembros de la ASEAN, a la Liga Nacional para la Democracia, al Consejo Estatal de Paz y Desarrollo y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0384.


Obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos
PDF 135kWORD 57k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos (2006/2049(INI))
P6_TA(2007)0421A6-0294/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 95 y 153 del Tratado CE,

–  Vista la propuesta de directiva del Consejo sobre la responsabilidad del prestador de servicios (COM(1990)0482),

–  Vista la Comunicación de la Comisión relativa a las nuevas orientaciones en materia de responsabilidad del prestador de servicios (COM(1994)0260),

–  Vista la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior(1) (Directiva sobre los Servicios),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo en materia de consumo (COM(2006)0744),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada "Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007–2013" (COM(2007)0099),

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la seguridad de los servicios prestados a los consumidores (COM(2003)0313),

–  Visto el estudio sobre las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, de marzo de 2007, solicitado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo,

–  Vista la respuesta de la Comisión, de 12 de enero de 2006, a la pregunta escrita de Diana Wallis, diputada al PE(2),

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo, de 19 de junio de 2007, basada en el informe de la Comisión de Investigación sobre la Crisis de Equitable Life Assurance Society(3)

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0294/2007),

A.  Considerando que el desarrollo económico y social de la UE depende en gran medida del sector de servicios, que está en constante crecimiento y representa casi el 70 % del PIB de la UE,

B.  Considerando que la confianza del consumidor europeo en el consumo transfronterizo es baja, como lo demuestra el hecho de que sólo el 6 % de los consumidores realizasen una compra transfronteriza en línea en 2006,

C.  Considerando que las cifras sobre comercio transfronterizo de servicios son extremadamente bajas si se comparan con las cifras del comercio de bienes,

D.  Considerando que se adoptó una Directiva sobre productos defectuosos(4) en 1985 y una Directiva relativa a la seguridad general de los productos(5) en 2001,

E.  Considerando que el nivel de seguridad y de protección del consumidor difiere de un Estado miembro a otro en lo que concierne a la prestación transfronteriza de servicios mientras que, en el caso de los bienes, la protección del consumidor está asegurada de modo satisfactorio tanto por el Derecho internacional como por el comunitario,

F.  Considerando que, según un estudio reciente del Eurobarómetro, un 33 % de los consumidores informa de empresas que se han negado a vender o suministrar servicios porque el consumidor no residía en el país de la empresa,

G.  Considerando que la política en materia de consumo es tan importante como la política en materia de competencia, hasta el punto de que unos consumidores bien informados ejercen una presión competitiva sobre los mercados,

H.  Considerando que el actual acervo comunitario en materia de consumo está fragmentado: en razón de los Tratados y de las atribuciones de competencias previstas en los mismos, la UE ha establecido normas claras sólo en determinados sectores o servicios, como los contratos a distancia, las prácticas comerciales desleales, el crédito al consumo, las vacaciones combinadas y la utilización de inmuebles en régimen de arrendamiento por turnos,

I.  Considerando que hay datos que sugieren que la actual fragmentación del marco legislativo puede disuadir a los consumidores de llevar a cabo transacciones transfronterizas y se presta a estafas y fraudes transfronterizos indeseados,

J.  Considerando que el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo no aborda las obligaciones de los prestadores de servicios,

K.  Considerando que no siempre el consumidor o el prestador del servicio son capaces de determinar con claridad qué régimen jurídico es aplicable a cada una de sus actividades, es decir, si ha de aplicarse el Derecho del país de acogida o del país de origen, o si rige el régimen regulador del país de acogida o del país de origen,

L.  Considerando que, en algunos Estados miembros, los usuarios de servicios prestados por entidades privadas están mejor protegidos que los usuarios de servicios prestados por entidades públicas,

M.  Considerando que, en general, la legislación vigente no aborda por norma las obligaciones fundamentales de los prestadores de servicios ni ofrece soluciones específicas para el consumidor, por oposición a las medidas adoptadas en el ámbito de la libre circulación de bienes,

N.  Considerando que la falta de una estructura legal a escala comunitaria que permita a los consumidores entablar acciones colectivas sobre una base transfronteriza contra defraudadores y prestadores de servicios deficientes constituye tanto una laguna del régimen regulador como, lo que es más importante, un obstáculo para que los consumidores obtengan reparación legal y compensación eficaz a escala transfronteriza,

O.  Considerando que, en algunos Estados miembros, no existen órganos competentes para facilitar la solución extrajudicial de litigios y las estructuras existentes a escala comunitaria, como la Red CEC (Red de centros europeos de los consumidores) y FIN-NET, la red de cooperación entre órganos nacionales de resolución extrajudicial de litigios en materia de servicios financieros, no son lo suficientemente conocidas y además no disponen de recursos suficientes,

Mercado interior de los servicios

1.  Insta a que se desarrollen medidas para completar el mercado interior de los servicios;

2.  Está convencido de la necesidad de un sistema uniforme de obligaciones de los prestadores de servicios, habida cuenta de que el mercado de servicios presenta un carácter cada vez más transfronterizo, para facilitar aún más un mejor desarrollo de un mercado interior de servicios sin fisuras;

3.  Reconoce que la Directiva relativa a los servicios, que habrá de transponerse al Derecho nacional en todos los Estados miembros para el 28 de diciembre de 2009, tendrá una repercusión considerable en la prestación transfronteriza de servicios, pero señala que la Directiva no aborda las obligaciones sustantivas de los prestadores de servicios;

4.  Opina que una clarificación del sistema legal de obligaciones de los prestadores de servicios en la UE incrementará la competencia y las posibilidades de elección para los consumidores sin crear, al mismo tiempo, obstáculos injustificados a la libre circulación de servicios en el mercado interior;

5.  Estima que la diversidad de legislaciones, reglamentaciones y prácticas administrativas de los Estados miembros provoca inseguridad y falta de transparencia tanto para los prestadores de servicios como para los consumidores y dificulta el uso de los recursos comunes de la UE, pero también ofrece la oportunidad de hacer jugar la competencia en favor de la protección de los consumidores;

6.  Lamenta que debido a la actual mezcla de instrumentos legislativos, entre las normas de conflicto que determinan el Derecho aplicable y los instrumentos de mercado interior, y al hecho de que no se haya determinado claramente su interacción el consumidor o el proveedor del servicio no siempre pueden determinar con claridad qué régimen jurídico es aplicable a cada uno de los aspectos de sus actividades, es decir, si se aplica el Derecho del país de origen o del país del cliente o bien el régimen reglamentario del país de origen o del país de acogida;

7.  Está convencido de que cuando los consumidores desconfían de la seguridad y calidad de un servicio tienden a levantar barreras mentales frente a los proveedores extranjeros y desisten, por lo tanto, de hacer uso de servicios transfronterizos y, con frecuencia, la experiencia negativa de un consumidor repercute injustamente en todos los proveedores extranjeros de servicios;

8.  Señala que, en cuanto al rendimiento de un servicio, los consumidores no están tan bien protegidos en virtud del acervo comunitario como los consumidores que adquieren bienes;

9.  No obstante, manifiesta sus reservas, a la espera de la plena aplicación de la Directiva relativa a los servicios, por lo que se refiere a los nuevos instrumentos horizontales de largo alcance para completar el mercado interior de los servicios;

10.  Es consciente de que los servicios constituyen a menudo estructuras complejas que conllevan interacción humana y elección;

11.  Está convencido de que no sólo los consumidores sino también y en particular las pequeñas y medianas empresas (PYME), en calidad de compradores y vendedores de servicios transfronterizos, se beneficiarían de una mayor seguridad jurídica, simplicidad y reducción de costes;

12.  Recuerda que, como se afirma en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, los servicios transfronterizos se prestan de muchas formas distintas que es necesario tener en cuenta (ventas por Internet, desplazamiento a otro país para obtener el servicio o desplazamiento del proveedor al país del consumidor);

13.  Observa que existen varias iniciativas legislativas pendientes cuyo objetivo es garantizar la seguridad jurídica por lo que se refiere a los derechos y, especialmente, a las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, a saber, la propuesta de Reglamento sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (COM(2005)0650), el Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)(6) y el Libro Verde de la Comisión sobre la revisión del acervo relativo a los consumidores;

14.  Subraya que el artículo 5 de la propuesta Roma I resulta esencial para determinar si se aplica la legislación en materia de protección del consumidor del país de origen (del proveedor del servicio) o del país del cliente (consumidor del servicio); subraya que es importante esperar hasta conocer los resultados de dicho procedimiento legislativo;

15.  Está convencido de que el establecimiento de un mercado interior de servicios, cuyo marco jurídico se base en las libertades fundamentales de establecimiento y de prestación de servicios, tal como se establece en el Tratado y se define en la Directiva sobre servicios, depende de la claridad de las medidas pertinentes, tanto desde el punto de vista jurídico como práctico;

Prestadores de servicios públicos y privados

16.  Pide a la Comisión que, cuando aborde la cuestión de las obligaciones de los prestadores de servicios, tenga en cuenta que no debería haber diferencia entre prestadores de servicios públicos y privados, que deben estar sujetos por igual a la aplicación de las directivas sobre la protección de los consumidores;

17.  Reconoce que, si bien la legislación existente en la UE, como la Directiva relativa a los servicios y la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales(7), no contiene disposiciones específicas dirigidas a regular la responsabilidad transfronteriza de los prestadores de servicios, puede tener un efecto indirecto en la legislación nacional en la materia;

18.  Pide a la Comisión que supervise cuidadosamente la transposición y aplicación de la legislación horizontal y sectorial presente y futura relativa a la responsabilidad de los prestadores de servicios transfronterizos;

19.  Pide a la Comisión que estudie medidas tales como la introducción de normas a escala europea como medio de promover la seguridad de los servicios prestados y garantizar los derechos de los consumidores relacionados con los servicios transfronterizos prestados por los Estados miembros;

20.  Pide a la Comisión que siga desarrollando, financiando y promoviendo la labor de las redes CEC y FIN-NET, proporcionándoles los recursos adecuados y que, en el caso de que siga sin disponerse de sistemas alternativos de resolución de litigios en sectores clave en materia de servicios en los Estados miembros, considere al menos una recomendación al respecto;

21.  Pide a la Comisión que continúe examinando activamente la posibilidad de instaurar un instrumento jurídico a nivel comunitario para facilitar las acciones colectivas de los consumidores sobre una base transfronteriza con el fin de permitirles un mayor acceso a las vías de recurso;

22.  Reconoce que en todos los Estados miembros existen regímenes de responsabilidad para los prestadores de servicios, si bien en grados diversos, pero opina que, en interés de la claridad y con miras a ganar la confianza de los consumidores, es necesaria cierta convergencia, especialmente en sectores transfronterizos clave; opina también que es necesaria una mayor cooperación entre los organismos reguladores nacionales y las organizaciones profesionales cuando proceda;

Solicitud de una propuesta de instrumento horizontal sobre obligaciones de los prestadores de servicios

23.  Pide a la Comisión que en un plazo de doce meses, al tiempo que continúa su labor sobre una base sectorial en ámbitos clave, presente un programa de trabajo para una evaluación apropiada del impacto de la legislación presente y futura del mercado interior por lo que concierne a las obligaciones de los prestadores de servicios transfronterizos, y la necesidad de establecer un instrumento horizontal amplio con el fin de alinear las normas relativas a la prestación de servicios transfronterizos y proporcionar de este modo un elevado grado de protección al consumidor;

24.  Considera que dicha evaluación debería examinar un posible instrumento horizontal amplio que debería contener, al menos, normas generales básicas que exijan información adecuada sobre precios, términos de los contratos y soluciones en caso de servicios defectuosos o prestados con retraso;

25.  Pide a la Comisión que defina claramente la interacción entre los instrumentos del Derecho internacional privado y los instrumentos del mercado interior con miras a despejar toda duda acerca de los casos en que es aplicable la legislación o el régimen regulador del país de acogida o del país de origen y, de este modo, en la medida de lo posible, eliminar toda laguna en el régimen de responsabilidad aplicable a los prestadores de servicios;

26.  Considera que la Comisión debe tener en cuenta el impacto de cualquier iniciativa en las PYME;

27.  Pide a todas las Direcciones Generales de la Comisión que participan en el proceso normativo aplicable al sector de los servicios que sigan trabajando en el marco común de referencia con miras a incluir secciones sobre los contratos de servicios, especialmente en aquellos ámbitos en los que ya se produce, o es probable que se produzca, actividad transfronteriza como, por poner un ejemplo, en el sector de los servicios financieros o en el sector sanitario;

28.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
(2) P-4797/05.
(3) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0264.
(4) Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (DO L 210 de 7.8.1985, p. 29).
(5) Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
(6) DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.
(7) Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva de prácticas comerciales desleales), (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).


Aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (2007/2094(INI))
P6_TA(2007)0422A6-0278/2007

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la ComisióPn de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0278/2007),

La lucha contra la discriminación

A.  Considerando que la UE constituye un proyecto político basado en valores comunes como la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, tal como se establece en el artículo 6 del Tratado UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales, y que la UE fomenta la igualdad y la no discriminación por medio de sus políticas y normas, también sobre la base del artículo 13 del Tratado CE,

B.  Considerando que es importante que las declaraciones políticas sobre la lucha contra la discriminación vayan acompañadas del desarrollo progresivo y de la plena y correcta aplicación de las políticas y las leyes, en particular de las directivas relativas a la lucha contra la discriminación y de los proyectos que fomentan la igualdad, como el Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos,

C.  Aplicación de la Directiva relativa al principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial

Considerando que el informe anual del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para 2006 confirma que la discriminación sigue siendo un problema grave en los Estados miembros,

D.  Considerando que una reciente encuesta de Eurobarómetro indica que el 64 % de los ciudadanos consultados en los 25 Estados miembros cree que la discriminación basada en el origen étnico sigue estando muy extendida,

E.  Considerando que la adopción de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(1), puede considerarse un paso muy importante en la elevación del nivel de protección de las víctimas de la discriminación por motivos raciales o étnicos y les ofrece mejores posibilidades de obtener reparación,

Carga de la prueba

F.  Considerando que la disposición sobre la carga de la prueba es un aspecto clave de la Directiva, ya que contribuye a ejercer de manera efectiva la protección que ofrece,

G.  Considerando que la jurisprudencia sobre la carga de la prueba muestra que siguen existiendo divergencias considerables entre los Estados miembros en cuanto a lo que los tribunales aceptan como prueba prima facie; considerando, por consiguiente, que sería conveniente alentar a los Estados miembros a que intercambien ideas a este respecto con objeto de contemplar las posibilidades existentes para la aproximación de los procedimientos judiciales,

H.  Considerando que la aplicación efectiva del principio de igualdad resultaría favorecida si las disposiciones sobre la carga de la prueba en asuntos civiles y administrativos se extendieran a las disposiciones judiciales contra la victimización,

Organismos de promoción de la igualdad

I.  Considerando que en la actualidad casi todos los Estados miembros cuentan con organismos de promoción de la igualdad o han atribuido las funciones que deben desarrollar dichos organismos a organismos ya existentes,

J.  Considerando que debería alentarse a todos los Estados miembros a tomar la iniciativa sumamente positiva de ampliar las competencias de sus organismos de promoción de la igualdad, de forma que éstos puedan ocuparse también de la discriminación por motivos distintos del origen racial o étnico,

K.  Considerando que los organismos de promoción de la igualdad deben disponer de recursos adecuados, tanto financieros como de personal,

L.  Considerando que los organismos de promoción de la igualdad deben poder funcionar con independencia de sus gobiernos y mostrarse a los ojos del público como organismos que funcionan de forma independiente, es decir, sin formar parte del gobierno,

M.  Considerando que, pese a la existencia de organismos especializados en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad, el número de denuncias registradas sigue siendo bajo en varios Estados miembros,

N.  Considerando que, lamentablemente, los organismos de promoción de la igualdad en realidad sólo llevan ante los tribunales un pequeño número de asuntos debido a la falta de recursos financieros y humanos; considerando que en muchas ocasiones son las ONG las que asisten a las víctimas de la discriminación hasta que concluyan los procedimientos,

O.  Considerando que la formación de los funcionarios públicos en relación con los objetivos de la Directiva es vital, puesto que ellos son los responsables de aplicarla,

Ámbito de aplicación

P.  Considerando que no siempre es posible distinguir entre discriminación por motivos de origen racial o étnico y discriminación por motivos de religión, opinión o nacionalidad,

Q.  Considerando que no siempre es fácil determinar si la discriminación se basa en el género, la etnia, la raza, las condiciones sociales, la orientación sexual u otros factores,

Difusión de información y concienciación sobre el problema

R.  Considerando que la reciente encuesta de Eurobarómetro confirma que el conocimiento de la existencia de legislación contra la discriminación en la UE es muy escaso y que, por término medio, sólo un tercio de los ciudadanos de la UE declaran saber qué derechos les asisten en caso de ser víctimas de discriminación o acoso,

S.  Considerando, no obstante, que determinados Estados miembros han emprendido una gran variedad de iniciativas de información y de concienciación (sitios web, campañas de opinión, anuncios de televisión, anuncios en prensa),

T.  Considerando que determinados Estados miembros han adoptado la iniciativa importante de incorporar en su Derecho nacional la obligación de que los patronos informen a sus empleados acerca de las leyes contra la discriminación,

U.  Considerando que determinados organismos especializados de los Estados miembros han creado servicios de asistencia por teléfono que ofrecen información y apoyo a las víctimas de la discriminación,

V.  Considerando que, por otra parte, determinados Estados miembros han emprendido actividades de información y concienciación más bien limitadas, y que en algunos Estados miembros no se tiene noticia de campañas de esta clase,

W.  Considerando que, especialmente en el contexto del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades para Todos, las instituciones de la UE y los Estados miembros deberían desplegar esfuerzos sustanciales para informar a los ciudadanos acerca de sus derechos, y considerando que los Estados miembros deberían garantizar la continuidad de las acciones iniciadas en 2007 durante el año 2008, Año Europeo del Diálogo Intercultural,

Recogida de datos

X.  Considerando que la recogida de datos es esencial en la lucha contra la discriminación, y que los datos estadísticos desglosados por grupos étnicos pueden ser esenciales para demostrar la discriminación indirecta y diseñar las políticas y desarrollar estrategias positivas, pero al mismo tiempo suscita serios interrogantes éticos y jurídicos,

Y.  Considerando que esta recogida de datos no debe violar la intimidad revelando las identidades de los individuos ni utilizarse como base para la elaboración de perfiles en función de la etnia o la raza,

Derecho a la reparación

Z.  Considerando que los procedimientos alternativos de resolución de conflictos no deben impedir el acceso a los tribunales,

AA.  Considerando que un gran número de víctimas de discriminaciones no recurre a los tribunales para quejarse debido a distintos factores, entre ellos el coste y el temor de represalias,

AB.  Considerando que sólo podrán lograrse los objetivos de la lucha contra la discriminación si las medidas legales se combinan con acciones positivas a escala de la UE y de los Estados miembros,

AC.  Considerando que la Agencia Europea de Derechos Fundamentales tiene el cometido de recopilar y analizar información y datos pertinentes, fiables y comparables en relación con los derechos fundamentales,

1.  Subraya la importancia de la Directiva 2000/43/CE;

2.  Señala que la Directiva 2000/43/CE representa un estándar mínimo, por lo que debería servir de fundamento sobre el que cimentar la lucha contra la discriminación en todos sus aspectos;

3.  Se felicita por la comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (COM(2006)0643), cuya finalidad es establecer un marco para la lucha contra la discriminación por motivos raciales o étnicos con el fin de consolidar el principio de igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades e igualdad de trato en los Estados miembros, dentro del pleno respeto del principio de subsidiariedad y del respeto de las tradiciones y prácticas nacionales; aprecia la labor de síntesis efectuada en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva, si bien señala que sería útil disponer también de la descripción detallada de la transposición en el Derecho nacional de las disposiciones de la Directiva 2000/43/CE, según lo previsto en la propia Directiva; recuerda al respecto que la Comisión se comprometió no solamente a recabar información detallada, sino también a remitirla al Parlamento y al Consejo y que, en su Resolución de 14 de junio de 2006 sobre la Estrategia marco(2) contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos, el Parlamento pedía a la Comisión "que [examinara] con urgencia la calidad y el contenido de las leyes por las que se aplican las directivas contra la discriminación";

4.  Insta a los Estados miembros a que traspongan cuanto antes todas las normas de Derecho comunitario de lucha contra la discriminación y a que utilicen todas las disposiciones que incluyan acciones positivas para garantizar la igualdad en la práctica;

5.  Hace hincapié en que la Directiva va más allá del acceso al empleo, al autoempleo y a la ocupación y abarca ámbitos como los de la educación, la protección social, incluida la seguridad social y la asistencia sanitaria, las prestaciones sociales y el acceso al suministro de bienes y servicios, con el fin de salvaguardar el desarrollo de unas sociedades democráticas y tolerantes que permitan la participación de todas las personas, con independencia de su origen racial o étnico;

6.  Observa con satisfacción que la mayor parte de los Estados miembros han adoptado medidas para aplicar la Directiva, pero manifiesta su decepción por el hecho de que sólo unos pocos hayan transpuesto de manera adecuada y plena todas sus disposiciones;

7.  Señala que, en particular, varias de las disposiciones de la Directiva, como las definiciones de la discriminación directa e indirecta, el acoso y la carga de la prueba no han sido transpuestas correctamente por muchos Estados miembros;

8.  En particular, pide un control estricto de la aplicación de la norma de la inversión parcial de la carga de la prueba, especialmente eficaz en caso de que el litigio se refiera al empleo;

9.  Expresa su preocupación por el hecho de que los Estados miembros hayan excluido de la aplicación de la Directiva un número de ámbitos de actividad muy superior al deseable o justificable;

10.  Recuerda que la Directiva se adoptó en junio de 2000 y que los Estados miembros debían aplicarla antes de junio de 2003, lo que les dejaba un margen de tiempo suficiente para adoptar las medidas de ejecución necesarias; pide a la Comisión que adopte un enfoque más proactivo, por ejemplo emitiendo comunicaciones interpretativas y directrices para la aplicación con objeto de garantizar la plena y correcta aplicación por parte de los Estados miembros; pide a la Comisión que siga vigilando atentamente la correcta aplicación de la Directiva, publique su estudio de evaluación lo antes posible e inicie procedimientos de infracción cada vez que ello sea necesario y sin demora, y en cualquier caso antes de finales de 2007;

11.  Reitera que las sanciones aplicables en caso de infracción de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la Directiva 2000/43/CE deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias;

12.  Solicita la elaboración de planes de acción nacionales integrados con el fin de atajar eficazmente todas las formas de discriminación;

13.  Pide a los Estados miembros que desarrollen e implanten planes de acción nacionales para combatir el racismo y la discriminación que incluyan un componente para la recopilación, el control y el seguimiento de datos en ámbitos políticos clave tales como la no discriminación y la igualdad, la inclusión social, la cohesión comunitaria, la integración, el género, la educación y el empleo;

14.  Pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo un plan de acción específico sobre los mecanismos y los métodos de observación y descripción del impacto de las medidas aplicadas a escala nacional; destaca la importancia de desarrollar mecanismos de recogida de información sobre casos de discriminación, en especial en el ámbito de las relaciones laborales, centrándose en el trabajo clandestino, no declarado, mal pagado y sin cobertura de seguro, de conformidad con la legislación en materia de protección de datos, en tanto que instrumento útil para identificar, controlar y reexaminar las políticas y prácticas de lucha contra las discriminaciones, de acuerdo con los modelos nacionales de integración; pide, asimismo, a la Comisión que elabore normas comunes relativas a los datos, con el fin de facilitar la comparabilidad de la información remitida; sostiene que es importante considerar no sólo los contenidos de la normativa de aplicación, sino también su grado de eficacia;

15.  Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que, en sus informes anuales sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, analicen la eficacia de la legislación contra la discriminación en la lucha contra los mecanismos de segregación sistemática de las minorías y de las mujeres, en particular en la educación y el acceso al mercado laboral, a la asistencia sanitaria, a los bienes y a los servicios, y que incorporen a estos informes una perspectiva basada en la igualdad de género para atenuar la discriminación múltiple de la que son víctimas muchas personas;

16.  Recuerda a la Comisión que al Parlamento le gustaría recibir un documento en el que se relacionen las excepciones establecidas en las legislaciones de los Estados miembros, para que pueda celebrarse un debate público sobre las mismas;

17.  Recuerda que los Estados miembros deben elaborar estudios independientes sobre los efectos de los límites de tiempo previstos en las legislaciones nacionales y sobre la eficacia de la protección contra la victimización;

18.  Expresa su inquietud por el escaso nivel de conocimiento de la legislación contra la discriminación que existe entre los ciudadanos de los Estados miembros, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por mejorar este nivel de conocimiento;

19.  Considera que la comunidad romaní, al igual que otras minorías étnicas reconocidas, necesitan una protección social particular, especialmente tras la última adhesión, ya que se han agudizado los problemas de la explotación, la discriminación y la exclusión de dichas minorías;

20.  Hace hincapié en que las leyes sólo son eficaces cuando los ciudadanos son conscientes de sus derechos y tienen fácil acceso a los tribunales, ya que el sistema de protección previsto en la Directiva depende de que los ciudadanos tomen la iniciativa;

21.  Señala que en el artículo 10 de la Directiva se impone a los Estados miembros la obligación de difundir entre el público, por todos los medios adecuados, información acerca de las disposiciones adoptadas en virtud de la Directiva;

22.  Insta a los Estados miembros a que adopten una serie de normas mínimas, en el marco del método abierto de coordinación, destinadas a garantizar el acceso de los niños de minorías étnicas, en especial de las niñas, a una educación de calidad y en igualdad de condiciones, incluida la adopción de medidas legislativas positivas que obliguen a suprimir la segregación en los centros escolares y a definir los detalles de los planes para poner fin a la educación separada y de calidad inferior que reciben los niños y las niñas de minorías étnicas;

23.  Recuerda a los Estados miembros su obligación de difundir la información pertinente a los ciudadanos y de fomentar y apoyar las campañas de sensibilización sobre la legislación y los organismos nacionales existentes en materia de lucha contra la discriminación;

24.  Insta a los Estados miembros a que velen por que todas las personas de minorías étnicas, en especial las mujeres, tengan acceso a servicios de asistencia médica primaria, de urgencia y preventiva, a que desarrollen y apliquen políticas que garanticen que incluso las comunidades más excluidas tengan pleno acceso al sistema de asistencia médica, y a que organicen acciones de formación y sensibilización destinadas a eliminar los prejuicios dirigidas a los trabajadores del sector de la asistencia sanitaria;

25.  Insta a los gobiernos a que garanticen una igualdad de trato y de oportunidades en relación con las políticas de empleo y de inclusión social, a que aborden las tasas de desempleo muy elevadas que se registran especialmente entre las mujeres de minorías étnicas y, en particular, a que aborden los serios obstáculos que genera la discriminación directa en el marco de los procedimientos de contratación;

26.  Se declara convencido de la importancia vital de asegurar que los funcionarios reciban información sobre los objetivos y las disposiciones de la Directiva, habida cuenta de su responsabilidad en la aplicación de las mismas en la sociedad en su conjunto y para eliminar cualquier riesgo de racismo institucional en los propios órganos gubernamentales; pide a los Estados miembros que inviertan los recursos necesarios en esta clase de formación y alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que instauren programas europeos de intercambio entre las distintas administraciones nacionales;

27.  Pide a los Estados miembros que recojan, compilen y publiquen estadísticas anuales exhaustivas, exactas, fiables y desglosadas por género en relación con los ámbitos siguientes: el mercado laboral, la vivienda, la educación y la formación, la salud y las prestaciones sociales, el acceso público a bienes y servicios, el sistema judicial penal y la participación cívica y política, y que establezcan objetivos e indicadores claros y cuantitativos dentro de las directrices para el empleo y la inclusión social que les permitan medir los progresos realizados en la situación de los migrantes y/o las minorías;

28.  Recomienda a los Estados miembros que doten a sus organismos de promoción de la igualdad de los recursos y poderes necesarios para ejercer con eficacia su importante función y que, en aquellos casos en que los organismos de promoción de la igualdad tengan poderes considerables, los ejerzan plenamente;

29.  Recomienda a los Estados miembros que doten de recursos y competencias a las ONG que se dedican a informar a los ciudadanos y a facilitar asistencia jurídica en los casos de discriminación;

30.  Señala que, al informar y facilitar asistencia jurídica a los ciudadanos, las ONG soportan una parte desproporcionada de la carga, sin que las autoridades de los Estados miembros les otorguen el estatus ni la financiación correspondientes;

31.  Recomienda a la Comisión que vigile con atención el funcionamiento autónomo de los organismos de fomento de la igualdad, para lo que puede tomar como referencia los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (los "Principios de París") adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993, entre los que se incluye el de la adecuada financiación de estas instituciones;

32.  Recuerda a la Comisión la posición mantenida por el Parlamento en el sentido de que los Estados miembros deben garantizar que los organismos independientes disponen de recursos financieros adecuados, por lo menos para que las denuncias se examinen sin gastos en el caso de las personas que no estén en situación de aportar una contribución económica, y pide a la Comisión que examine con los Estados miembros la forma de conseguir este objetivo;

33.  Recomienda que los Estados miembros hagan uso de las mejores prácticas seguidas en otros Estados miembros, como la de permitir que los organismos de promoción de la igualdad incoen procedimientos judiciales en nombre de las víctimas o participen como amicus curiae en los procedimientos judiciales;

34.  Recomienda que los datos relativos a las denuncias y a los resultados de los procedimientos pertinentes desarrollados ante los tribunales, organismos especializados u otros organismos se desglosen por motivos de discriminación, para permitir evaluar mejor la efectividad de la aplicación de la legislación, especialmente en países donde los organismos especializados o los tribunales se ocupen de todos los motivos de discriminación;

35.  Recomienda a los Estados miembros que doten a sus organismos de promoción de la igualdad de los recursos humanos y los medios financieros necesarios para que puedan ejercer con eficacia su importante función, incluida una asistencia adecuada a las víctimas de las discriminaciones; considera que estos organismos también deberían tener competencias de investigación para poder instruir los casos;

36.  Alienta a los Estados miembros a reforzar el diálogo con las ONG que luchan contra todas las formas de discriminación y a involucrarlas estrechamente en las políticas aplicadas para promover el principio de igualdad de trato;

37.  Hace hincapié en que las víctimas de discriminación deben recibir asistencia en los procedimientos judiciales y recuerda que, en este sentido, las entidades formal o informalmente establecidas pueden ofrecer una importante ayuda a las víctimas;

38.  Pide a los Estados miembros que recopilen y faciliten información y datos pertinentes, fiables y comparables a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales;

39.  Recomienda a los Estados miembros que garanticen que dichas entidades formal o informalmente establecidas cuentan con recursos adecuados;

40.  Pide a la Comisión que examine cuidadosamente los distintos parámetros y cuestiones jurídicas relativos a la recogida de datos y que presente propuestas para mejorar el registro de casos de discriminación, también para garantizar que esa recogida de datos no viole la intimidad revelando las identidades de los individuos ni sirviendo de base para la elaboración de perfiles en función de la etnia o la raza; deberían adoptarse disposiciones para que los Estados miembros tengan a su disposición conjuntos de datos comparables. En la actualidad estos datos no están a disposición de todos los Estados miembros y los datos comparables son esenciales para contar con una plataforma sólida sobre la cual se puedan construir las políticas;

41.  Subraya que el tratamiento de los datos relativos a la raza y la etnia es una cuestión delicada, y recuerda que los datos tratados en el marco de la aplicación de la presente Directiva están sujetos a las directivas relativas a la protección de datos; destaca que deben preverse garantías adicionales para los datos relativos a la raza y la etnia, dado que estos datos podrían desviarse y utilizarse a otros fines en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, por ejemplo, para la elaboración de perfiles en función de la etnia; reitera su solicitud de que se apruebe una decisión marco sobre la protección de datos, con objeto de garantizar también que toda interacción de datos entre el primer y el tercer pilar esté sujeta a unas normas estrictas en materia de protección de datos;

42.  Recomienda a los Estados miembros que examinen la posibilidad de recoger datos estadísticos, utilizando las salvaguardias adecuadas en materia de protección de datos personales con objeto de excluir la elaboración de perfiles en función de la etnia, sobre la representación de los grupos étnicos y raciales en los distintos ámbitos de la sociedad, incluido tanto el sector público como privado, y que desarrollen políticas, sobre la base de estos datos, destinadas a garantizar la igualdad de acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia, a la profesión, a la educación, a la protección social y la seguridad social y a las prestaciones sociales, así como la igualdad por lo que respecta al acceso a los bienes y al suministro de éstos;

43.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio en el que se examine qué Estados miembros cuentan con disposiciones que prevén acciones positivas, qué condiciones deben satisfacerse, cómo han aplicado en la práctica estas disposiciones los organismos gubernamentales o no gubernamentales y cuál ha sido su eficacia;

44.  Pide a los Estados miembros que pongan a disposición del público estadísticas detalladas sobre los delitos de racismo, y que realicen encuestas sobre los delitos y/o las víctimas de los delitos que permitan recopilar datos cuantitativos y comparables sobre las víctimas de delitos de racismo;

45.  Pide a la Comisión que examine y facilite datos relativos a la discriminación múltiple;

46.  Pide a la Comisión que supervise atentamente la discriminación disfrazada basada en "requisitos profesionales esenciales y determinantes", la interacción entre las discriminaciones basadas en la aplicación de esta excepción por motivos religiosos en el marco de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)(3) y sus consecuencias para la raza y la etnia, y que preste una atención especial a la discriminación en el ámbito de la educación;

47.  Reitera que es deseable, desde los puntos de vista político, social y jurídico, poner fin a la jerarquización de grados de protección frente a los distintos motivos de discriminación y acoge con satisfacción, en este sentido, la intención manifestada por la Comisión de presentar una propuesta para que la aplicación de la Directiva 2000/43/CE se extienda a todos los motivos de discriminación, como afirma en su programa legislativo anual para 2008; en consecuencia, espera que la Comisión inicie los trabajos preparatorios ya este año con objeto de presentar esta propuesta lo antes posible, y en cualquier caso antes de finales de 2008;

48.  Se congratula por el interés que manifiesta la Comisión por el fenómeno de la discriminación múltiple y por el hecho de que haya emprendido un estudio al respecto; pide a la Comisión que adopte una noción amplia de discriminación múltiple que tenga en cuenta la exposición a más de un factor de riesgo de discriminación;

49.  Pide a los Estados miembros que concedan mayor importancia a las pruebas de discriminación; les aconseja que sigan el programa de pruebas de discriminación elaboradas por la Organización Internacional del Trabajo, tal y como propone la Agencia de Derechos Fundamentales, y que formen a personas que lleven a cabo las pruebas en las áreas clave de empleo y ocupación, educación, vivienda y alojamiento, sanidad, acceso a bienes y servicios y violencia racista;

50.  Pide a la Comisión que, en función de sus competencias, involucre a la Agencia de Derechos Fundamentales al marco legislativo comunitario existente en la lucha contra la discriminación, para que la Agencia desempeñe un papel importante facilitando regularmente información precisa y actualizada que será pertinente para la elaboración de la legislación futura;

51.  Insta a las instituciones de la UE a que sigan utilizando como criterio para evaluar la preparación para la adhesión a la UE la situación de las minorías étnicas, en particular de las mujeres y los menores, en los países candidatos;

52.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(2) DO C 300 E de 9.12.2006, p. 259.
(3) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.


Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2007
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2007, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2007 (2007/2065(INI))
P6_TA(2007)0423A6-0290/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 2, y el artículo 141 del Tratado CE,

–  Visto el informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la igualdad entre hombres y mujeres – 2007 ("informe de la Comisión sobre la igualdad") (COM(2007)0049),

–  Vistos el documento sobre la estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) (COM(2000)0335) y los informes anuales de la Comisión correspondientes a 2000, 2001, 2002, 2004, 2005 y 2006 (COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044 y COM(2006)0071),

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género adoptado por el Consejo Europeo de marzo de 2006,

–  Vista la Declaración conjunta aprobada el 4 de febrero de 2005 por los ministros de la UE responsables de la política de igualdad de género,

–  Visto el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (COM (2006)0092),

–  Visto el dictamen del Comité Consultivo sobre la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres sobre la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, aprobado el 22 de marzo de 2007,

–  Visto el marco de acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres aprobado por los interlocutores sociales europeos el 22 de marzo de 2005,

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(1),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0290/2007),

A.  Considerando que, recientemente, la Comisión y los Estados miembros han renovado su compromiso con la igualdad de género mediante, en particular mediante el Plan de Trabajo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y el Pacto Europeo por la Igualdad de Género mencionados anteriormente,

B.  Considerando que la dimensión de género desempeña un claro papel en el desafío demográfico al que se enfrenta Europa y que las políticas en materia de igualdad de género son fundamentales para abordar este reto,

C.  Considerando que, en la práctica, la integración de la perspectiva de género consiste en evaluar el impacto de las medidas de carácter político, administrativo y social en la vida y la situación de las mujeres, pero también de los hombres y, cuando resulte necesario, asumir la responsabilidad de revisar dichas medidas con vistas a promover la igualdad de género,

D.  Considerando que la conciliación de la vida profesional, familiar y privada de hombres y mujeres es esencial para fomentar el acceso y la vuelta de las mujeres al mercado de trabajo, así como su permanencia en el mismo, y que la responsabilidad con respecto a los hijos es una responsabilidad compartida entre ambos progenitores, independientemente del sexo,

E.  Considerando que la segregación en la educación, la persistencia de estereotipos basados en el sexo en relación con la elección de los ámbitos de estudio y la discriminación de muchachas y mujeres jóvenes en la educación siguen siendo fenómenos todavía muy extendidos que tienen consecuencias negativas para la posición comparativa de las mujeres en determinados sectores del mercado de trabajo, especialmente en los relacionados con la alta tecnología, la ciencia, la investigación y la ingeniería,

F.  Considerando que, en su reunión de marzo de 2006, el Consejo Europeo afirmó de nuevo que las políticas de igualdad entre hombres y mujeres son instrumentos esenciales para el crecimiento económico,

G.  Considerando que la integración de la perspectiva de género en el conjunto de las políticas figura específicamente como requisito clave en la Agenda de Lisboa, y que dicha integración está aún poco desarrollada y a menudo no se contempla en los planes de acción nacionales para el empleo y la inclusión social,

H.  Considerando que el informe de la Comisión sobre la igualdad subraya que seis de los ocho millones de empleos creados en la UE desde el año 2000 han sido ocupados por mujeres, un resultado positivo para la tasa de empleo de las mujeres, pero también indica que las tasas de empleo arrojan importantes diferencias en función de los distintos grupos de edad así como entre sectores profesionales, con niveles de empleo femenino que se han incrementado principalmente en los sectores donde las mujeres ya ocupaban una posición predominante; deplorando que la mayoría de nuevos puestos de trabajo para mujeres sean a tiempo parcial y algunos de ellos de carácter precario e inseguro, mal remunerados y con escasas perspectivas de evolución salarial,

I.  Considerando que el Informe de la Comisión sobre el empleo en Europa de 2006 muestra que un 32,3 % de las mujeres empleadas en la UE tienen un trabajo a tiempo parcial, frente a solamente el 7,4 % en el caso de los hombres,

J.  Considerando que no se ha producido ninguna evolución significativa desde el informe anterior en relación con las diferencias de retribución en función del género (por término medio, un 15 % en la UE, y hasta un 30 % en algunos países europeos), lo que demuestra claramente que no ha habido progresos reales en la aplicación del principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor introducido hace treinta años mediante la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos(2); considerando que la distribución de la riqueza entre hombres y mujeres en la UE es también desigual,

K.  Considerando que la encuesta del Eurobarómetro 2003 puso de relieve que los principales factores que disuaden a los padres de asumir más responsabilidades domésticas y familiares no son sólo de naturaleza financiera, sino que también tienen que ver con el miedo a unas consecuencias negativas para el desarrollo de la carrera,

L.  Considerando que, proporcionalmente, el desempleo de larga duración afecta más a las mujeres, y considerando que la tasa de empleo de las mujeres con niños menores de 5 años es mucho más baja que la de las mujeres sin niños,

M.  Considerando que un acceso adecuado a los servicios de cuidado de niños, ancianos y otras personas dependientes resulta esencial para permitir la participación plena e igual de los hombres y las mujeres en el mercado laboral,

N.  Considerando que los Estados miembros que han adoptado políticas de conciliación tanto para mujeres como para hombres presentan unas tasas de natalidad más altas, un porcentaje mayor de mujeres en el mercado de trabajo y unas tasas de empleo más elevadas,

O.  Considerando que los interlocutores sociales desempeñan un importante papel en la definición de acciones en el ámbito de la igualdad de género a escala europea, nacional regional, sectorial y de organización, y que para que las políticas de conciliación tengan éxito es necesaria la cooperación entre los empleadores, las organizaciones sindicales, los empleados y las autoridades públicas,

P.  Considerando que las mejores prácticas indican que, a nivel microeconómico, las acciones de conciliación hacen que disminuyan los cambios de trabajo y el absentismo laboral y que aumenten el sentimiento de compromiso y la productividad, favoreciendo una mano de obra eficaz y motivada,

Q.  Considerando que el artículo 16, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión(3)establece que los Estados miembros y la Comisión deben velar por promover la igualdad entre hombres y mujeres y la integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de la ejecución de dichos Fondos,

1.  Acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión para intensificar sus acciones de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres;

2.  Celebra que el informe de la Comisión sobre la igualdad se centre en cuestiones relativas al empleo como las diferencias de remuneración, la conciliación y las Directivas sobre la igualdad de trato, dado que la independencia económica de la mujer es una de las prioridades del Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres;

3.  Se congratula por la cultura de igualdad en la Unión Europea, que incluye el Plan de Trabajo para la Igualdad, de la Comisión, y el Pacto por la Igualdad de Género, del Consejo, e insta a su ejecución en la práctica mediante medidas concretas y la asignación de recursos financieros;

4.  Subraya que es necesario realizar mayores esfuerzos y erradicar los esquemas de toma de decisiones y los modelos de comportamiento anticuados, en particular en las administraciones, para mejorar la integración de la perspectiva de género en las distintas políticas;

5.  Recuerda que la política de integración de la perspectiva de género a escala de la UE debe entenderse como una estrategia doble que, por una parte, garantiza la toma en consideración de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos políticos y en todas las decisiones y que, al mismo tiempo, contribuye, mediante la adopción de medidas específicas, a reducir la discriminación de la que son víctimas las mujeres;

6.  Pide a la Comisión que, además del enfoque orientado a la integración de la perspectiva de género, presente una propuesta que contenga una serie de medidas específicas, entre las que figuren campañas de sensibilización, el intercambio de las mejores prácticas, el diálogo con los ciudadanos e iniciativas de asociaciones entre los sectores público y privado;

7.  Valora el potencial de la política de cohesión social para el fomento de la igualdad;

8.  Insiste en la necesidad de que haya una relación clara y permanente entre los informes anuales sobre la igualdad y las prioridades definidas en el Plan de trabajo con objeto de instituir un eficaz ciclo de planificación, control y evaluación de las políticas en materia de igualdad de género; anima a la Comisión a que dirija sus trabajos al establecimiento del mencionado ciclo;

9.  Reitera la petición que formuló en su Resolución de 2 de febrero de 2006 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea(4) de que la Comisión controle que los Estados miembros respetan el acervo comunitario en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas de la Unión, en particular en materia de empleo, así como en las relativas al acceso a los bienes y a los servicios y al suministro de los mismos; pide por lo tanto a la Comisión que elabore un estudio sobre las modalidades de aplicación de la legislación comunitaria en materia de igualdad por los Estados miembros y que tome las medidas necesarias en el caso de ausencia de transposición o de infracción;

10.  Pide a los Estados miembros que apoyen a la Comisión en el control y la aplicación de medidas nacionales a fin de evaluar si las políticas son eficaces y si se respeta el principio de igualdad, especialmente en lo relativo a los derechos reconocidos por la ley y los sistemas de pensión y de seguridad social;

11.  Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas específicas para eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres derivadas de la interrupción del empleo, sobre todo debido a una maternidad o a la necesidad de atender a personas dependientes, así como para reducir sus efectos negativos sobre la carrera laboral, las retribuciones y los derechos de pensión y que trabajen en pro de unos salarios y unas pensiones no sexistas; pide a la Comisión que encuentre medios apropiados para combatir la segregación por razón de género en el mercado laboral y para facilitar la incorporación de las mujeres a los sectores no tradicionales;

12.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis de las diferencias de trato por razón de género y la integración del factor de igualdad de género en lo que respecta al impacto de las reformas de las pensiones sobre las vidas de las mujeres en la UE con objeto de individualizar los derechos de pensión así como los regímenes de seguridad social y fiscales;

13.  Acoge favorablemente el procedimiento de consulta con los interlocutores sociales lanzado por la Comisión para mejorar los marcos legislativo y no legislativo para la conciliación de la vida profesional, familiar y privada; anima a la Comisión a lanzar sin demora la segunda fase de la consulta;

14.  Pide a la Comisión que recoja y difunda buenas prácticas relativas a las políticas del entorno de trabajo que permitan un equilibrio efectivo entre vida y trabajo y relativas a las medidas que estimulan una mayor implicación de los hombres en la vida familiar; pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que adopten las medidas necesarias para poder, por una parte, prevenir el acoso sexual y moral en el lugar de trabajo y, por otra, combatir este fenómeno cuando se produzca; insta a que se apoye a las mujeres en su carrera profesional; urge a la Comisión y a los Estados miembros a tomar medidas eficaces para reducir la diferencia salarial de género y promover tanto el permiso parental como el permiso por paternidad entre los hombres;

15.  Observa que la conciliación de la vida profesional, familiar y privada es un tema importante y una de las claves para incrementar el empleo y reducir la carga derivada del envejecimiento de la población; recuerda que todas las políticas en este ámbito deben basarse en el principio de opción personal libre y adaptarse a las diversas etapas de la vida;

16.  Lamenta el hecho de que la Comisión no consultara a los interlocutores sociales al elaborar el Libro Verde sobre la modernización del Derecho laboral (COM(2006)0708);

17.  Indica que la globalización ha sido una fuerza positiva que ha permitido a las mujeres de todo el mundo aprovechar su potencial, concretamente mediante un mejor acceso a la educación y a la asistencia sanitaria; observa, no obstante, que la liberalización del comercio ha generado tendencias contradictorias y simultáneas: por una parte promoviendo eficazmente la formalización de las relaciones laborales en muchos ámbitos, y por otra, ampliando la economía sumergida con nuevos tipos de trabajo y de fuentes de ingresos para mujeres, tales como el trabajo a domicilio, la subcontratación y las microempresas;

18.  Observa que uno de los efectos de una globalización cada vez mayor es la feminización de la pobreza, y que el impacto total de la globalización en la capacidad de las mujeres de ganarse la vida debe ser objeto de estudios científicos pormenorizados;

19.  Pide a la Comisión que se asegure de que todos los acuerdos comerciales futuros, por ejemplo los que se concluyan en el marco de la OMC, se analicen también con arreglo a una perspectiva de género;

20.  Pide a la Comisión que se centre especialmente en los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a los mejores empleos, con objeto de evaluar el contenido estructural de este fenómeno; se congratula, por consiguiente, de las medidas que contribuyen al acceso de las mujeres al mercado de trabajo en pie de igualdad con los hombres y a incentivar el empresariado femenino, e insiste en la importancia de erradicar los prejuicios y la discriminación de género vigentes en relación con la competitividad y la capacidad de inserción profesional de las mujeres, en particular en los puestos más elevados;

21.  Pone de relieve la necesidad de abordar el importante déficit democrático relacionado con la insuficiente representación de las mujeres en la toma de decisiones políticas, y pide a los Estados miembros que investiguen cuáles son los factores que impiden la participación de las mujeres en la política y en la gestión superior en la administración pública a todos niveles y que adopten medidas para luchar contra dichas situaciones;

22.  Pide que se preste una atención especial a la situación de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas y a las mujeres inmigrantes, puesto que su marginalización se ve reforzada por la discriminación múltiple a la que están sometidas tanto fuera como dentro de sus propias comunidades; recomienda la adopción de planes de acción integrados nacionales para abordar eficazmente la discriminación múltiple, especialmente cuando hay distintas entidades encargadas de tratar los problemas de discriminación en un Estado miembro particular;

23.  Destaca la importancia de velar por que los inmigrantes que acceden a la UE sean conscientes de los valores y la legislación y convenciones sociales vigentes en materia de igualdad de género en las sociedades de los países de acogida para evitar situaciones de discriminación resultantes de la falta de sensibilización cultural;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen el intercambio de las mejores prácticas en materia de no discriminación en el mercado laboral, a fin de mejorar la dinámica del binomio calidad-eficacia con respecto a las especificidades nacionales;

25.  Pide a los Estados miembros que desarrollen objetivos específicos de igualdad de género en la Estrategia de inclusión social de la UE para combatir la pobreza y la exclusión social, incluido un conjunto de acciones políticas para apoyar a las familias no tradicionales y monoparentales, y acciones políticas específicas en apoyo de los grupos de mujeres que corren un elevado riesgo de pobreza y exclusión social, tales como las migrantes, las refugiadas, las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres de edad avanzada y las mujeres discapacitadas;

26.  Exhorta a la Comisión a cooperar con los Estados miembros para recopilar datos pertinentes y aplicar medidas con vistas a impedir el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y trabajos forzados;

27.  Pide a la Comisión que se centre en los instrumentos y mecanismos para prevenir la explotación de los trabajadores migrantes, incluidos el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos fundamentales de los migrantes irregulares, en vez de basarse en la represión;

28.  Urge a los Estados miembros a que mutualicen los costes de los subsidios de maternidad y permiso parental a fin de asegurarse de que las mujeres dejen de ser una fuente de mano de obra más cara que los hombres;

29.  Pide a los Estados miembros que, junto con los interlocutores sociales, combatan la discriminación de que son objeto las mujeres embarazadas en el mercado laboral y adopten todas las medidas necesarias para asegurar un alto nivel de protección de la maternidad; pide a la Comisión que realice una evaluación más detallada del cumplimiento del Derecho comunitario en este ámbito y determine si es preciso revisarlo;

30.  Observa con preocupación que, a pesar de los progresos logrados, las mujeres, especialmente las mujeres de edad avanzada y las madres de familias monoparentales, siguen siendo un grupo con riesgo de exclusión y pobreza;

31.  Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que se esfuercen en pro del objetivo de poder ofrecer un empleo a tiempo completo a toda mujer que lo solicite, en lugar de trabajos a tiempo parcial a menudo precarios e inseguros;

32.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para dar un nuevo impulso a la consecución de los objetivos acordados en el Consejo Europeo de Barcelona 2002, eliminar los obstáculos a una participación equitativa de mujeres y hombres en el mercado de trabajo e introducir, a más tardar en 2010, disposiciones para el cuidado de un 90 % de los niños entre tres años y la edad escolar reglamentaria y al menos un 33 % de los niños de menos de tres años, especialmente por medio de los Fondos Estructurales; anima a la Comisión a que, tal como estaba previsto, en 2008 presente una comunicación en la que se establezcan las medidas necesarias a todos los niveles para alcanzar estos objetivos; considera que el objetivo debe ser que todos los niños tengan derecho a una atención de calidad, en la que esté integrado un elemento pedagógico;

33.  Considera que los Estados miembros tienen una responsabilidad a la hora de asegurarse de que todo aquel que requiera cuidados geriátricos o por razones de enfermedad, incapacidad o discapacidad tenga acceso a unos cuidados y a un tratamiento de calidad;

34.  Insiste en la necesidad de desarrollar políticas que se centren en la lucha contra los estereotipos de género en la educación desde una edad temprana, eliminándolos de los planes de estudios y de los libros de texto, sensibilizando a los profesores y a los estudiantes y animando a los muchachos y a las muchachas a seguir itinerarios educativos no tradicionales;

35.  Pide a la Comisión que establezca un diálogo con los medios de comunicación y les aliente, dada su responsabilidad social, a promover la igualdad de género y a evitar la imagen estereotipada de las mujeres y los hombres;

36.  Recomienda el desarrollo de medidas de alcance europeo para concienciar en mayor medida de la necesidad de no permitir en absoluto las ofensas de carácter sexista y las representaciones degradantes de la mujer en los medios de comunicación y en la comunicación comercial;

37.  Recomienda que se tengan más en cuenta, en el ámbito de la educación, las necesidades específicas de los jóvenes de ambos sexos por lo que respecta a su desarrollo, y que se combatan, al mismo tiempo, los estereotipos;

38.  Considera que el mercado de trabajo de la mayoría de los Estados miembros de la UE no refleja adecuadamente los niveles de formación más elevados ni el mejor rendimiento académico de las mujeres;

39.  Recomienda realizar esfuerzos para que la educación escolar fomente el conocimiento y establezca los criterios oportunos para poder alcanzar la libertad, la autonomía personal y la equidad, con vistas a lograr la inclusión social de las mujeres; está asimismo convencido de que se deberían reforzar las llamadas competencias clave, como la actitud empresarial y el enfoque científico y tecnológico, especialmente entre las mujeres;

40.  Subraya la necesidad de contar con posibilidades de formación durante los permisos parentales, para poder adaptarse a las cambiantes condiciones profesionales;

41.  Destaca la importancia de poder disponer de suficiente material estadístico comparable y, en este contexto, deplora la invisibilidad de ciertas categorías de personas en las estadísticas europeas, por ejemplo los cónyuges que trabajan en explotaciones agrícolas familiares y que, si son mujeres, aparecen generalmente como "amas de casa"; pide a Eurostat que incluya esta categoría de personas en sus estadísticas, dando visibilidad al trabajo de la mujer;

42.  Destaca que las mujeres, con frecuencia, realizan en la agricultura una parte esencial del trabajo como miembros colaboradores de la familia y que esa actividad debería tenerse en cuenta en la política de desarrollo rural;

43.  Llama la atención sobre el gran número de cónyuges (sobre todo mujeres) que trabajan en las explotaciones agrícolas familiares, cuya situación jurídica es inadecuada en muchos Estados miembros, lo cual puede dar lugar a problemas financieros y jurídicos específicos por lo que se refiere al acceso al permiso por maternidad y por enfermedad, a la acumulación de derechos de pensión y al acceso a la seguridad social, así como en caso de divorcio;

44.  Insiste en la necesidad de mejorar la situación jurídica de las mujeres que trabajan en la agricultura, tanto en lo relativo a la seguridad social, garantizando su acceso directo, como en lo relativo a su papel en las explotaciones agrícolas, haciendo especial hincapié en la cotitularidad de las explotaciones familiares, el acceso al crédito y sus derechos en materia sucesoria;

45.  Llama la atención, en este contexto, sobre su Resolución, de 21 de febrero de 1997, sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos(5), en la que se pedía que se mejorara la situación de los cónyuges colaboradores en la agricultura reforzando la Directiva del Consejo 86/613/CEE, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad(6), previendo para tal fin un estatuto jurídico para los cónyuges colaboradores por el que, en lugar de que se les deniegue el reconocimiento como trabajadores, se les incluiría en el régimen de seguridad social para que tengan cobertura en caso de enfermedad, invalidez, accidentes y pensiones por ancianidad;

46.  Alerta ante los niveles elevados de pobreza y aislamiento que afectan a las mujeres en determinadas zonas rurales; insiste en la necesidad de adoptar medidas eficaces para garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, que debe ser un objetivo prioritario de todos los instrumentos de la política agrícola común y de las demás políticas comunitarias pertinentes;

47.  Considera fundamental mejorar la calidad de vida de las mujeres que viven en zonas rurales, garantizándoles un mejor acceso a la educación y a la formación profesional, al aprendizaje permanente, a las nuevas infraestructuras en el ámbito de la comunicación, a unos servicios de salud de proximidad adecuados y eficientes, y a infraestructuras y equipamientos locales de apoyo a la infancia y a la familia, en particular, guarderías, escuelas, centros culturales y mercados de proximidad;

48.  Hace hincapié en la necesidad de que el Fondo Social Europeo apoye medidas específicas destinadas a mejorar, por una parte, el acceso de las mujeres al mercado laboral y su participación en el mismo y, por otra parte, la integración de la perspectiva de género; considera que todos los fondos regionales deberían tener una línea presupuestaria reservada a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (dimensión de género en los presupuestos) destinada a la financiación de acciones de promoción de la igualdad de género y de estudios de impacto de las políticas en relación con la situación de la mujer;

49.  Recuerda que es necesario incorporar enfoques nuevos y herramientas innovadoras en las estrategias de desarrollo regional e insiste en la necesidad de ofrecer a los responsables regionales y locales unos cursos de metodología y herramientas relativas a la integración de la perspectiva de género; insta a la Comisión a que siga desarrollando directrices dirigidas a la administración sobre la integración de la perspectiva de género en los Fondos Estructurales;

50.  Pide a la Comisión con la ayuda del Instituto de la Igualdad de Género que incluya hechos y estadísticas relativas a los países adherentes y a los países candidatos en los futuros informes anuales sobre la igualdad entre mujeres y hombres;

51.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
(2) DO L 45 de 19.2.1975, p. 19.
(3) DO L 210 de 31.7.2006, p. 25.
(4) DO C 288 E de 25.11.2006, p. 73.
(5) DO C 85 de 17.3.1997, p. 186.
(6) DO L 359 de 19.12.1986, p. 56.

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