Índice 
Textos aprobados
Jueves 11 de octubre de 2007 - Bruselas
Celebración de los acuerdos pertinentes con arreglo al artículo XXI del AGCS *
 Adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales *
 Recopilación y gestión de datos sobre la política pesquera común *
 Financiación de la política agrícola común *
 Acuerdo CE-Estados Unidos sobre los servicios aéreos *
 Composición del Parlamento Europeo
 Situación humanitaria en la Franja de Gaza
 Los asesinatos de mujeres en México y en América Central
 Acuerdo CE-Estados miembros/Philip Morris contra el contrabando de cigarrillos
 Capacidad de los aeropuertos y los servicios de tierra
 Estrategia global de control del cáncer
 La catedral católica de San José en Bucarest (Rumanía)

Celebración de los acuerdos pertinentes con arreglo al artículo XXI del AGCS *
PDF 198kWORD 33k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre la celebración de los acuerdos pertinentes con arreglo al artículo XXI del AGCS con Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taipei chino), Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Suiza y los Estados Unidos, sobre los ajustes compensatorios necesarios resultantes de la adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Austria, la República de Polonia, la República de Eslovenia, la República Eslovaca, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a la Unión Europea (11507/2007 – COM(2007)0154 – C6-0239/2007 – 2007/0055(CNS))
P6_TA(2007)0424A6-0340/2007

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2007)0154),

–  Vistos el artículo 133, apartados 1 y 5, y el artículo 300, apartado 2, del Tratado CE,

–  Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0239/2007),

–  Vistos el artículo 43, apartado 1, el artículo 51 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0340/2007),

1.  Aprueba la celebración de los acuerdos;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los terceros países que son parte de los acuerdos pertinentes de referencia.


Adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales *
PDF 197kWORD 31k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la recomendación de Decisión del Consejo sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en Roma el 19 de junio de 1980 (COM(2007)0217 – C6-0157/2007 – 2007/0077(CNS))
P6_TA(2007)0425A6-0319/2007

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la recomendación de la Comisión al Consejo (COM(2007)0217),

–  Visto el Tratado CE,

–  Visto el Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía,

–  Visto el artículo 3, apartado 4, del Acta de adhesión de Bulgaria y Rumanía(1), conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0157/2007),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0319/2007),

1.  Aprueba la recomendación de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Solicita la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común de 4 de marzo de 1975, si el Consejo se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la recomendación de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) Acta relativa a las condiciones de adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea (DO L 157 de 21.6.2005, p. 203).


Recopilación y gestión de datos sobre la política pesquera común *
PDF 192kWORD 31k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1543/2000 por el que se establece un marco comunitario de recopilación y gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la política pesquera común (COM(2007)0369 – C6-0235/2007 – 2007/0127(CNS))
P6_TA(2007)0426A6-0317/2007

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0369),

–  Visto el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0235/2007),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0317/2007),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.


Financiación de la política agrícola común *
PDF 272kWORD 123k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común (COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS))
P6_TA(2007)0427A6-0321/2007

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0122),

–  Visto el apartado 2 del artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0116/2007),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0321/2007),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmiendas del Parlamento
Enmienda 1
CONSIDERANDO 10
(10)  Puesto que no es necesario que los Estados miembros informen a la Comisión sobre la forma en que han decidido o han previsto reutilizar los fondos anulados y modificar el plan de financiación del programa de desarrollo rural correspondiente, debe suprimirse el artículo 33, apartado 4, párrafo segundo, del Reglamento (CE) nº 1290/2005.
suprimido
Enmienda 2
CONSIDERANDO 12
(12)  Es necesario precisar la base jurídica para la adopción de las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005. Concretamente, la Comisión debe adoptar disposiciones de aplicación en lo que atañe a la publicación de la información relativa a los beneficiarios de la política agrícola común, las medidas de intervención para las que no se haya establecido ningún importe unitario en una organización común de mercado y los créditos que se hayan transferido para financiar los gastos mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
(12)  Es necesario precisar la base jurídica para la adopción de las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1290/2005 y asegurar, previo dictamen de los servicios jurídicos de la Comisión, que en la aplicación de las sanciones no se produzcan discriminaciones entre los beneficiarios de las ayudas de la política agrícola común. Concretamente, la Comisión debe adoptar disposiciones de aplicación en lo que atañe a la publicación de la información relativa a los beneficiarios de la política agrícola común, las medidas de intervención para las que no se haya establecido ningún importe unitario en una organización común de mercado y los créditos que se hayan transferido para financiar los gastos mencionados en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
Enmienda 3
CONSIDERANDO 14
(14)  Posibilitar el acceso del público a esta información aumenta la transparencia del uso de los fondos comunitarios en la política agrícola común y mejora la correcta gestión financiera de estos fondos, en especial mediante el refuerzo del control público del dinero utilizado. Habida cuenta de la gran importancia de los objetivos perseguidos, está justificado, en virtud del principio de proporcionalidad y de los requisitos de protección de datos de carácter personal, prever la publicación general de la información pertinente ya que esta medida no rebasa los límites de lo necesario en una sociedad democrática para la prevención de irregularidades.
(14)  Posibilitar el acceso del público a esta información aumenta la transparencia del uso de los fondos comunitarios en la política agrícola común y contribuye a que la ciudadanía perciba mejor el apoyo a una agricultura europea multifuncional y la correcta gestión financiera de estos fondos. Habida cuenta de la gran importancia de los objetivos perseguidos, está justificado, en virtud del principio de proporcionalidad y de los requisitos de protección de datos de carácter personal, prever la publicación general de la información pertinente ya que esta medida no rebasa los límites de lo necesario en una sociedad democrática para la prevención de irregularidades. Los agricultores realizan unas contribuciones a la sociedad, por las que las explotaciones reciben una compensación. En particular, entre estas aportaciones se encuentra el proporcionar a casi 500 millones de europeos alimentos asequibles y de buena calidad, así como materias primas renovables y energías renovables, y preservar el paisaje agrario. Para obtener esta compensación, las explotaciones agrícolas deben responder a requisitos claramente definidos, controlados estrictamente por las autoridades.
Enmienda 4
CONSIDERANDO 14 BIS (nuevo)
(14 bis)  La publicación de la información afecta en grado considerable los derechos personales de los afectados. Es por ello indispensable incluir en el Reglamento del Consejo disposiciones en materia de protección de los datos esenciales así como disposiciones que especifiquen los elementos principales de los datos que deben publicarse, y no dejar que lo anterior se regule sólo mediante las disposiciones de aplicación. En particular, debe garantizarse que los afectados sean informados de la publicación con antelación. Es esencial establecer que las personas que utilicen o consulten los datos deban inscribirse o registrarse.
Enmienda 5
CONSIDERANDO 14 TER (nuevo)
(14 ter)  Las disposiciones en materia de transparencia son un elemento esencial del control presupuestario. Resulta por ello oportuno, en caso de graves infracciones de la obligación de transparencia, prever una reducción de los recursos abonados con cargo al presupuesto comunitario. Debe preverse a este respecto un plazo transitorio.
Enmienda 6
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 BIS (nuevo)
Artículo 6, apartado 2, párrafo 1 (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
1 bis)  En el artículo 6, apartado 2, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
"2. Los Estados miembros autorizarán como organismos pagadores a los servicios u organismos que reúnan las condiciones indicadas en el apartado 1. Los Estados miembros informarán a la Comisión de todas las autorizaciones que concedan, incluyendo una evaluación del cumplimiento de las condiciones indicadas en el apartado 1 por parte del organismo pagador. Los Estados miembros informarán asimismo a la Comisión de cualquier cambio de importancia que se produzca en las estructuras o el funcionamiento del organismo pagador autorizado y que pueda afectar al cumplimiento de las condiciones por parte de los organismos pagadores."
Enmienda 7
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 TER (nuevo)
Artículo 6, apartado 4 (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
1 ter)  En el artículo 6, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
"4. En caso de que un organismo pagador autorizado no cumpla o deje de cumplir una o varias de las condiciones establecidas en el apartado 1, la Comisión podrá retirarle la autorización, a menos que el Estado miembro efectúe los cambios necesarios dentro del plazo que fije la Comisión en función de la gravedad del problema."
Enmienda 8
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 QUÁTER (nuevo)
Artículo 6, apartado 4 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
1 quáter) En el artículo 6, se añade el apartado 4 bis siguiente:
"4 bis. La Comisión vigilará la autorización de los organismos pagadores por parte de los Estados miembros. Cuando un organismo pagador no satisfaga o haya dejado de satisfacer una o varias de las condiciones indicadas en el apartado 1, la Comisión ordenará al Estado miembro que haya concedido la autorización que retire ésta, a menos que el organismo pagador efectúe los cambios necesarios dentro del plazo que fije la Comisión en función de la gravedad del problema."
Enmienda 9
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuevo)
Artículo 7 (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
1 quinquies) El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
"Artículo 7
Organismos de certificación
El organismo de certificación será una entidad jurídica pública o privada, designada por el Estado miembro, con vistas a la certificación de las cuentas del organismo pagador autorizado, en cuanto a su veracidad, integridad y exactitud, teniendo en cuenta los sistemas de gestión y control.
Cuando un organismo de certificación no pueda desempeñar o haya dejado de poder desempeñar sus cometidos, el Estado miembro anulará su designación, a menos que el organismo de certificación efectúe los cambios necesarios dentro del plazo que se fije en función de la gravedad del problema.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de todas las designaciones de organismos de certificación que efectúen, incluyendo una evaluación de la capacidad de cada organismo de certificación para desempeñar los cometidos indicados. Los Estados miembros informarán asimismo a la Comisión de cualquier cambio de importancia que se produzca en las estructuras o el funcionamiento de los organismos de certificación y que pueda afectar al desempeño de los cometidos por parte de los mismos.
La Comisión vigilará la designación de organismos de certificación por parte de los Estados miembros, así como el funcionamiento de dichos organismos. Cuando un organismo de certificación no pueda desempeñar o haya dejado de poder desempeñar sus cometidos, la Comisión ordenará al Estado miembro responsable que anule su designación, a menos que el organismo de certificación efectúe los cambios necesarios dentro del plazo que se fije en función de la gravedad del problema."
Enmienda 10
ARTÍCULO 1, PUNTO 1 SEXIES (nuevo)
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
1 sexies) En el artículo 9, se añade el apartado 3 bis siguiente:
"3 bis. Sin perjuicio de las obligaciones anteriormente mencionadas, cada uno de los Estados miembros elaborará, al nivel nacional que corresponda, antes de recibir la financiación comunitaria en el año N y con carácter anual, como parte del resumen anual previsto en el artículo 53 ter, apartado 3, del Reglamento financiero, una declaración, basada en las auditorías y declaraciones disponibles, en la que afirme que las estructuras de control financiero exigidas por la legislación comunitaria existen y son operativas."
Enmiendas 11 y 12
ARTÍCULO 1, PUNTO 3
Artículo 17 bis, apartado 2, letra a) (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
a) la Comisión ya ha decidido, mediante al menos dos decisiones de conformidad con el artículo 31, excluir de la financiación comunitaria gastos del Estado miembro en cuestión correspondientes a la misma medida y por las mismas razones;
a) la Comisión ya ha decidido, mediante al menos dos decisiones de conformidad con el artículo 31, en relación con el mismo organismo pagador de un Estado miembro, excluir de la financiación comunitaria gastos del Estado miembro en cuestión correspondientes a la misma medida y por las mismas razones. Esta condición se considerará cumplida aun cuando la segunda decisión no se refiera al mismo organismo pagador de un Estado miembro si de las circunstancias generales se desprende que persiste el error constatado en el organismo pagador investigado primero. Esta medida deberá aplicarse por primera vez después del 16 de octubre de 2008, fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, de conformidad con el artículo 2;
Enmienda 13
ARTÍCULO 1, PUNTO 3
Artículo 17 bis, apartado 3, párrafo 2 (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
El porcentaje correspondiente a la reducción o suspensión de los pagos mensuales será igual al porcentaje fijado por la Comisión en su última decisión, tal como se contempla en el apartado 2, letra a).
El porcentaje correspondiente a la reducción o suspensión de los pagos mensuales será igual al porcentaje fijado por la Comisión en su última decisión, tal como se contempla en el apartado 2, letra a). Este porcentaje se reducirá en caso de que el Estado miembro en cuestión haya subsanado entretanto parcialmente las deficiencias mencionadas en la última decisión de la Comisión. La Comisión podrá decidir incrementar anualmente este porcentaje si las deficiencias mencionadas persisten desde hace como mínimo cuatro años.
Enmienda 14
ARTÍCULO 1, PUNTO 3
Artículo 17 bis, apartado 3 bis (nuevo) (Reglamento (CE) n° 1290/2005)
3 bis.  En la medida en que el Estado miembro demuestre, de acuerdo con el procedimiento de liquidación de cuentas, que las reducciones o la suspensión de los pagos mensuales previstos en el presente artículo no están debidamente justificados, los importes correspondientes a estas reducciones o suspensiones de pagos se devolverán inmediatamente a dicho Estado miembro, con los recargos legales habituales de acuerdo con las prácticas comerciales.
Enmienda 15
ARTÍCULO 1, PUNTO 5 BIS (nuevo)
Artículo 31, apartado 2 (Reglamento (CE) n° 1290/2005)
5 bis)  En el artículo 31, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
"2. La Comisión determinará los importes que deban excluirse basándose, en particular, en la importancia de la disconformidad comprobada. La Comisión tendrá en cuenta el carácter, la duración y la gravedad de la infracción, así como el perjuicio financiero causado a la Comunidad".
Enmienda 16
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 BIS (nuevo)
Artículo 31, apartado 5 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
6 bis)  En el artículo 31, se añade el apartado 5 bis siguiente:
"5 bis. La Comisión elaborará un informe anual que resuma los importes excluidos de la financiación comunitaria debido a infracciones por parte de los Estados miembros de sus obligaciones en virtud del Reglamento (CEE) nº 4045/89, así como los importes que no hayan podido excluirse por no haberse notificado a tiempo a los Estados miembros, tal como se prevé en el apartado 5, letra c).
El primer informe anual también resumirá los datos descritos en el párrafo anterior para los años ya transcurridos de las perspectivas financieras anteriores."
Enmienda 17
ARTÍCULO 1, PUNTO 6 TER (nuevo)
Artículo 32, apartado 5 (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
6 ter)  En el artículo 32, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
"5. Cuando la recuperación no se efectúe en un plazo de cuatro años a partir de la fecha del primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, las repercusiones financieras se sufragarán con cargo al Estado miembro de que se trate. Se permitirá hacer uso de un período transitorio de 5 años.
En el estadillo mencionado en el apartado 3, párrafo primero, el Estado miembro indicará por separado los importes cuya recuperación no se haya efectuado en los plazos establecidos en el párrafo primero.
Cuando, en el procedimiento de recuperación, la ausencia de irregularidad se compruebe mediante un acto administrativo o judicial con carácter definitivo, el Estado miembro declarará al FEAGA como gasto la carga financiera sufragada por él en virtud del primer párrafo.
No obstante, si por motivos no imputables al Estado miembro de que se trate, la recuperación no pudiera efectuarse en los plazos que se especifican en el párrafo primero y el importe por recuperar superase 1 000 000 de euros, la Comisión podrá prorrogar el plazo correspondiente, a petición del Estado miembro, hasta en un 50 % del plazo inicialmente previsto."
Enmienda 18
ARTÍCULO 1, PUNTO 7
Artículo 33, apartado 4, párrafo 2 (Reglamento (CE) n° 1290/2005)
7)  En el artículo 33, apartado 4, se suprime el párrafo segundo.
suprimido
Enmienda 19
ARTÍCULO 1, PUNTO 7 BIS (nuevo)
Artículo 33, apartado 8, párrafo primero (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
7 bis)  En el artículo 33, el párrafo primero del apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:
"8. Cuando la recuperación no se haya efectuado antes del cierre de un programa de desarrollo rural, las repercusiones financieras de la falta de recuperación se sufragarán con cargo al Estado miembro, y se contabilizarán bien al final de un plazo de cuatro años tras el primer acto de comprobación administrativa o judicial, o de ocho años en caso de que la recuperación sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, bien al cierre del programa si los plazos terminan antes del mismo."
Enmienda 20
ARTÍCULO 1, PUNTO 9, LETRA C)
Artículo 42, punto 8 bis (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
8 bis. disposiciones sobre la obligación de los Estados miembros de publicar la información relativa a los beneficiarios establecida en el artículo 44 bis, incluidos los aspectos relacionados con la protección de los particulares en lo que atañe al tratamiento de sus datos personales;
8 bis. si es necesario, disposiciones sobre la obligación de los Estados miembros de publicar la información relativa a los beneficiarios establecida en el artículo 44 bis, incluidos los aspectos relacionados con la trazabilidad, el uso de datos por terceros y la protección de los particulares en lo que atañe al tratamiento de sus datos personales y la protección de esos mismos particulares contra los activistas radicales de defensa de los derechos de los animales;
Enmienda 21
ARTÍCULO 1, PUNTO 9 BIS (nuevo)
Artículo 43, párrafo 1 bis (nuevo) (Reglamento (CE) n° 1290/2005)
9 bis)  En el artículo 43, se añade el párrafo siguiente:
"Dos años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre las experiencias adquiridas de la publicación de la información sobre los beneficiarios de las ayudas agrícolas. Este informe incluirá una exposición del fin para el que se usaron los datos y de por quién fueron utilizados, así como una evaluación de las ventajas o desventajas de la publicación de esta información desde el punto de vista de la apertura, la transparencia y la comprensión de la política agrícola común por parte de la opinión pública. La Comisión también indicará si la publicación centralizada de información a nivel de la Comisión sería aconsejable y, en caso de no serlo, el porqué."
Enmienda 22
ARTÍCULO 1, PUNTO 9 TER (nuevo)
Artículo 43 bis (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
9 ter)  Se añade el siguiente artículo 43 bis:
"Artículo 43 bis
Informes de evaluación
1.  En 2008-2009 la Comisión elaborará un informe de evaluación, en su caso acompañado de propuestas legislativas.1*
2.  En 2011 la Comisión elaborará un informe de evaluación, en su caso acompañado de propuestas legislativas, en el que se examinará en particular el reparto objetivo de los fondos agrícolas y de desarrollo rural, aplicando criterios objetivos en vez de tomar como punto de partida el gasto histórico y los compromisos alcanzados en el Consejo.
_____________
1* De conformidad con la Declaración nº 9 del Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 139 de 14.6.2006, p. 1)."
Enmienda 23
ARTÍCULO 1, PUNTO 10
Artículo 44 bis (Reglamento (CE) n° 1290/2005)
De conformidad con el artículo 53 ter, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) nº 1605/2002, los Estados miembros garantizarán la publicación anual a posteriori de los beneficiarios del FEAGA y del FEADER y de los importes recibidos por beneficiario en virtud de cada uno de estos fondos.
1.  De conformidad con el artículo 53 ter, apartado 2, letra d), del Reglamento (CE) nº 1605/2002, los Estados miembros garantizarán la publicación anual a posteriori, a través de Internet, de los beneficiarios del FEAGA y del FEADER y de los importes recibidos por beneficiario en virtud de cada uno de estos fondos. Debe preverse la inscripción o el registro de los usuarios cuando se acceda al sitio Internet previsto. En aras de la transparencia mutua, cualquier beneficiario de ayudas comunitarias cuyos datos hayan sido publicados deberá tener acceso a un informe sobre quiénes hayan visitado las páginas relacionadas con él.
La publicación incluirá como mínimo:
2.  La publicación incluirá como mínimo:
a) en el caso del FEAGA, el importe subdividido en pagos directos, en el sentido del artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) nº 1782/2003, y otros gastos;
a) en el caso del FEAGA, el importe subdividido en pagos directos, en el sentido del artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) nº 1782/2003, y otros gastos. Además, los gastos de intervención se dividirán por zonas;
b) en el caso del FEADER, el importe total de la financiación pública por beneficiario."
b) en el caso del FEADER, el importe de la financiación pública por beneficiario dividido por los ejes establecidos en el título IV, capítulo I, del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)1;
b bis) los nombres y apellidos de los beneficiarios y, con arreglo a las disposiciones vinculantes de protección de datos, el municipio de residencia o de domicilio social y los importes de los pagos anuales;
b ter) en el caso de las explotaciones agrícolas que tengan la forma jurídica de empresas individuales, se publicará el nombre y apellidos del titular, y en caso de cambio de régimen jurídico de la empresa, incluidas las personas jurídicas, también deberá informarse del nombre y apellidos de los socios capitalistas y de los responsables, por ejemplo, del Consejo de Administración en caso de una sociedad anónima o de los directivos de la empresa en caso de una sociedad limitada.
Para respetar las obligaciones de protección de datos, los Estados miembros podrán establecer más subdivisiones de la información. En particular, también podrán publicar información relativa a los pagos del FEADER en relación con los proyectos. Los Estados miembros no estarán obligados a publicar los detalles de los pagos adicionales de fondos estrictamente nacionales (refuerzos), aunque debe alentarse la publicación de esta información.
3.  La información se publicará anualmente en una fecha determinada por los Estados miembros, que se deberá notificar a la Comisión y a los beneficiarios ya sea por escrito y por anticipado, ya sea como parte de la comunicación del organismo pagador en la que se declara el importe del pago.
4.  En caso de gastos financiados directamente por el FEAGA y relacionados con empleados individuales, sólo se permitirá la publicación con el consentimiento expreso del empleado en cuestión, o de una forma que no permita reconocer el salario real de un empleado concreto.
5.  Los Estados miembros podrán prever que la información a que se refiere el artículo 44, letra a), la realicen en su totalidad o en parte los organismos pagadores, en cuyo caso podrán estipular que la información se limite a los pagos realizados en la zona correspondiente al organismo pagador de que se trate (publicación regional).
6.  La Comisión creará una plataforma Internet con enlaces a las plataformas Internet de los Estados miembros. Si los Estados miembros cuentan con información publicada por varios organismos pagadores, deberán crearse enlaces entre estos organismos. Los Estados miembros y la Comisión podrán realizar evaluaciones generales y explicar la información publicada. Los datos relativos a particulares sólo se evaluarán con el consentimiento de éstos.
7.  La publicación de la información irá acompañada de una explicación general sobre el destino de los pagos, y, en el caso del régimen de pago único por explotación, de una explicación de que, en muchos casos, este pago es la renta real de la explotación, y que, en algunos casos, la renta real es inferior al pago único, debido a los costes de producción.
_______________
1 DO L 277 de 21.10.2005, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 2012/2006 (DO L 384 de 29.12.2006, p. 8)."
Enmienda 24
ARTÍCULO 1, PUNTO 10 BIS (nuevo)
Artículo 44 ter (nuevo) (Reglamento (CE) nº 1290/2005)
10 bis)  Se inserta el artículo 44 ter siguiente:
"Artículo 44 ter
Disposiciones complementarias relativas a la publicación de información sobre los beneficiarios
1.  Si en las publicaciones anuales de los Estados miembros aparecen, tras el 30 de junio de 2009 y como consecuencia de la ausencia de elementos clave, deficiencias graves que pongan seriamente en entredicho la transparencia deseada del comportamiento de gasto, los pagos para el fondo afectado y para el organismo pagador afectado se reducirán globalmente en un 2 % para cada año en el que no se hayan subsanado las deficiencias graves, y ello en el plazo de dos años tras el entrada en vigor del presente Reglamento. El artículo 17 bis, apartado 3, párrafo 1, se aplicará mutatis mutandis.
2.  Se suprime el punto 2.1. del Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)1.
_______________
1 DO L 368 de 23.12.2006, p. 15. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) n° 434/2007 (DO L 104 de 21.4.2007, p. 8)."
Enmienda 25
ARTÍCULO 2, PÁRRAFO 2
El artículo 1, punto 10, se aplicará a los gastos del FEAGA contraídos a partir del 16 de octubre de 2007 y a los gastos del FEADER contraídos a partir del 1 de enero de 2007.
El artículo 1, punto 10, se aplicará a los gastos del FEAGA contraídos a partir del 16 de octubre de 2008 y a los gastos del FEADER contraídos a partir del 1 de enero de 2008.
La presente disposición se aplicará a los pagos realizados por los Estados miembros a partir del 16 de octubre de 2008 en lo que se refiere al FEAGA y a partir del 1 de enero de 2008 en lo que se refiere al FEADER.
El artículo 1, apartados 3 y 5, entrará en vigor el 16 de octubre de 2008.

Acuerdo CE-Estados Unidos sobre los servicios aéreos *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea reunidos en el seno del Consejo, sobre la conclusión del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra (8044/3/2007 – COM(2006)0169 – C6-0210/2007 – 2006/0058(CNS))
P6_TA(2007)0428A6-0320/2007

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea reunidos en el seno del Consejo COM(2006)0169),

–  Vista la Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea reunidos en el seno del Consejo, sobre la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra, que contiene el proyecto de Acuerdo firmado por las delegaciones de la Unión Europea y de los EE.UU. el 30 de abril de 2007 (8044/3/2007),

–  Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre el desarrollo de la política exterior comunitaria en el sector de la aviación(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2007, sobre la conclusión del Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra (2),

–  Vistos el artículo 80, apartado 2, y el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, del Tratado CE,

–  Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0210/2007),

–  Vistos el artículo 51 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0320/2007),

1.  Aprueba la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados Unidos de América.

(1) DO C 287 E de 24.11.2006, p. 84.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0071.


Composición del Parlamento Europeo
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Resolución
Anexo
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la composición del Parlamento Europeo (2007/2169(INI))
P6_TA(2007)0429A6-0351/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG): dictamen del Parlamento Europeo (artículo 48 del Tratado de la Unión Europea)(1),

  Vistos el artículo I-20, apartado 2, del Tratado, de 29 de octubre de 2004, por el que se establece una Constitución para Europa, así como el Protocolo 34 anexo a dicho Tratado(2),

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 2007(3),

–  Visto el artículo 1, punto 15, del proyecto de Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado modificativo)(4),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A6-0351/2007),

A.  Considerando que el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007 invitó al Parlamento Europeo a que presentara, antes del final de octubre de 2007, una propuesta sobre la iniciativa, prevista en el Protocolo 34, acordado durante la Conferencia Intergubernamental de 2004, relativa a una decisión sobre la futura composición del Parlamento Europeo,

B.  Considerando que la distribución de escaños para la legislatura 2009-2014 está fijada en la actualidad en el artículo 9, apartado 2, del Acta de 25 de abril de 2005 relativa a las condiciones de adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se basa la Unión Europea,

C.  Considerando que el proyecto de Tratado modificativo propone que se modifique el Tratado de la Unión Europea (nuevo artículo [9 A]) y prevé un nuevo procedimiento para definir la composición del Parlamento Europeo, que establece un límite global de 750 escaños, con un máximo de 96 y un mínimo de seis escaños por Estado miembro, así como el principio de "proporcionalidad decreciente",

D.  Considerando que el principio de proporcionalidad decreciente no se define en el Tratado y que debe precisarse de forma clara y objetiva, a fin de que sirva de base para toda redistribución de los escaños del Parlamento Europeo,

E.  Considerando que el principio de proporcionalidad decreciente, en cuanto principio consagrado en el Derecho primario, tal como se define en la presente Resolución, servirá de parámetro para evaluar la conformidad de la decisión que habrán de adoptar las instituciones competentes con miras a fijar la composición del Parlamento Europeo,

F.  Considerando que toda violación de este principio podrá incluso verse sancionada por el Tribunal de Justicia,

G.  Considerando que, en las actuales circunstancias, conviene velar por que no se impongan a ningún Estado miembro reducciones adicionales de escaños además de aquellas que se derivan de la última ampliación,

H.  Considerando que no resulta oportuno, en esta fase, tomar en consideración el impacto de futuras ampliaciones que no se puede juzgar por adelantado y cuyas consecuencias podrán tenerse debidamente en cuenta en las actas de adhesión correspondientes mediante una superación provisional del límite máximo de 750 escaños, a semejanza del procedimiento seguido en la última ampliación,

I.  Considerando que un sistema claro, comprensible y transparente debe poder adaptarse a la evolución demográfica de los Estados miembros sin que esto requiera nuevas negociaciones de fondo,

J.  Considerando que, para reforzar la legitimidad democrática de la representación popular, será necesario un sistema equitativo, comprensible y duradero para el reparto de los escaños del Parlamento Europeo y que será la condición para que el Parlamento Europeo asuma su papel y participe en el proceso europeo de formación de la opinión pública y en el proceso legislativo europeo,

K.  Considerando que el número de escaños existente en la actualidad en el Parlamento Europeo hace que parezca oportuno y justificado que el número de escaños que se prevea para el Parlamento que se elija en 2009 marque una transición entre la situación actual y la que surja de un régimen más estable basado en la proporcionalidad decreciente,

1.  Comparte la voluntad del Consejo Europeo de alcanzar sin demora un acuerdo político que permita adaptar la composición del Parlamento Europeo de conformidad con la letra y el espíritu del nuevo Tratado y de formalizar dicho acuerdo inmediatamente tras la entrada en vigor del nuevo Tratado con la debida antelación antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009;

2.  Considera que la definición de una nueva composición del Parlamento Europeo, más cercana a la realidad demográfica y que refleje mejor la ciudadanía europea, reforzará la legitimidad democrática del Parlamento Europeo cuando éste haya de ejercer las competencias incrementadas que le conferirá el nuevo Tratado;

3.  Constata que la composición del Parlamento Europeo, tal como se prevé en el Acta de adhesión de Bulgaria y Rumanía, deberá modificarse de todos modos inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado modificativo;

4.  Constata que el artículo [9 A] del Tratado de la Unión Europea tal y como se recoge en el proyecto de Tratado modificativo establece un marco que implica un límite global de 750 escaños, con un máximo de 96 para el Estado miembro más poblado y un mínimo de seis escaños para el Estado menos poblado, y que plantea el principio de la representación de los ciudadanos europeos con arreglo a una proporcionalidad decreciente, sin definir esta última de forma más precisa;

5.  Observa que el marco del artículo [9 A] citado anteriormente permite conciliar el principio de eficacia, al limitar el número de diputados a un nivel que aún resulta compatible con el papel de una asamblea legislativa, el principio de pluralidad, al permitir a cada Estado miembro que se vea representado el abanico de principales orientaciones políticas, en particular la mayoría y la oposición, y el principio de solidaridad, con arreglo al cual los Estados más poblados aceptan verse infrarrepresentados a fin de permitir una mejor representación de los Estados menos poblados;

6.  Considera que el principio de proporcionalidad decreciente significa que la proporción entre la población y el número de escaños de cada Estado miembro debe variar en función de su población respectiva, de forma que cada uno de los diputados de un Estado miembro más poblado represente a más ciudadanos que cada uno de los diputados de un Estado miembro menos poblado, y a la inversa; pero también que ningún Estado menos poblado tenga más escaños que un Estado más poblado;

7.  Subraya, teniendo en cuenta el grado de armonización insuficiente del concepto de ciudadanía entre los Estados miembros que se registra en la actualidad, que, en lo que a la población de cada Estado miembro se refiere, deben tomarse en consideración las cifras facilitadas por la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), que son las utilizadas por el Consejo de la Unión Europea cuando debe proceder a la comprobación, en caso de toma de una decisión por mayoría cualificada, del porcentaje de la población total de la Unión;

8.  Considera oportuno que no se proponga para ningún Estado miembro, en el momento actual del proceso de integración europea, una reducción del número de los escaños que le han sido atribuidos en virtud del Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía, aparte de la reducción, que se deriva del proyecto de mandato relativo al Tratado modificativo, del número de escaños de Alemania, el Estado miembro más poblado, de 99 a 96;

9.  Considera, por otra parte, que en las condiciones actuales no resulta oportuno reducir el número de escaños del Parlamento Europeo y, por ende, la representación de los ciudadanos europeos, en previsión de ampliaciones venideras, cuya fecha no se puede prever todavía;

10.  Propone, en consecuencia, que los escaños del futuro Parlamento Europeo se repartan basándose en la cifra de 750 diputados, y opina que las adhesiones futuras podrán llevar a una superación temporal de este límite máximo hasta el final de la legislatura, tal como se acordó en el caso de Bulgaria y Rumanía, seguida de una revisión global del reparto de escaños para las elecciones al Parlamento Europeo posteriores a la ampliación;

11.  Recuerda que el hecho de no respetar el principio de proporcionalidad decreciente, tal como se define en la presente Resolución, podría verse sancionado en lo sucesivo por el Tribunal de Justicia, en cuanto el acto por el que se define la composición del Parlamento Europeo se convierta en un acto de Derecho derivado que debe respetar los límites y principios consignados en el Tratado;

12.  Pide a la Conferencia Intergubernamental que incluya el proyecto de Decisión del Consejo por la que se fija la composición del Parlamento Europeo, que figura como anexo 1 a la presente Resolución, en una declaración -aneja al Acta final de dicha Conferencia- relativa al artículo [9 A], apartado 2, del Tratado de la Unión Europea tal como figura en el proyecto de Tratado modificativo, con la reserva de que se adoptará formalmente de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo [9 A], apartado 2, citado anteriormente inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado modificativo; se compromete, por su parte, a actuar sin demora en cuanto entre en vigor el Tratado modificativo; pide al Consejo Europeo que haga efectiva la declaración mencionada anteriormente inmediatamente después de la entrada en vigor del Tratado modificativo y de conformidad con sus disposiciones a fin de permitir a los Estados miembros la adopción oportuna de las disposiciones internas necesarias para la organización de las elecciones al Parlamento Europeo para la legislatura 2009-2014;

13.  Insiste en que la revisión prevista en el artículo 3 del proyecto de Decisión del Consejo citado anteriormente se aproveche para estudiar la posibilidad desde el punto de vista técnico y político de sustituir la toma en consideración del número de habitantes, tal y como fija anualmente Eurostat, por la del número de ciudadanos europeos; pide, en este sentido, a sus representantes en la Conferencia Intergubernamental que transmitan a dicha Conferencia el proyecto de Declaración relativa al artículo 2 del proyecto de Protocolo nº 10 del Tratado modificativo sobre las disposiciones transitorias (Título I- Disposiciones relativas al Parlamento Europeo) que figura como anexo 2 a la presente Resolución y pide a la Conferencia que dicha Declaración vaya aneja a su Acta Final;

14.  Hace hincapié en el vínculo político entre el nuevo reparto de escaños propuesto sobre la base del principio de proporcionalidad decreciente y el conjunto del paquete de reformas relativas a las instituciones de la Unión, en particular el principio de "doble mayoría" para la definición de la mayoría en el seno del Consejo (artículo [9 C], apartado 4, del proyecto de Tratado de la Unión Europea, tal y como figura en el proyecto de Tratado modificativo) y la composición de la Comisión (artículo [9 D], apartado 5, del proyecto de dicho Tratado), y hace hincapié en la necesidad de que este paquete sea coherente, reconociendo, al mismo tiempo, la naturaleza jurídica específica de cada institución; acepta que la reforma del voto por mayoría en el seno del Consejo y de la composición de la Comisión no entre en vigor hasta 2014, pero que el nuevo reparto de escaños del Parlamento Europeo ya sea efectivo en 2009; se reserva, no obstante, el derecho a considerar la aprobación de la decisión del Consejo Europeo de conformidad con el artículo [9 A] del Tratado de la Unión Europea relativa al nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo a la luz de las reformas de las instituciones de la Unión tal como queden recogidas en el Tratado modificativo;

15.  Es consciente del hecho de que la composición del Parlamento Europeo que se propone de esta forma es una aplicación objetiva de las disposiciones previstas por el proyecto de Tratado modificativo, pero exigirá en el futuro un esfuerzo de adaptación que permita afrontar los nuevos retos que se plantearán a largo plazo, en particular con ocasión de futuras adhesiones; considera que, en el contexto de esta futura reforma también debe procederse en todo caso a la corrección de posibles desigualdades de trato que se explican por razones históricas;

16.  Propone al Consejo Europeo que, con tiempo suficiente antes de cada nueva elección del Parlamento Europeo, examine, conjuntamente con el Parlamento Europeo, los datos demográficos a fin de fijar la base para realizar el cálculo;

17.  Se propone, en este contexto, estudiar la posibilidad de elegir a una parte de los diputados europeos en listas transnacionales; considera que ello contribuiría a conferir una auténtica dimensión europea al debate electoral, en particular al otorgar un papel primordial a los partidos políticos europeos;

18.  Confirma que la presente propuesta está estrechamente vinculada a la entrada en vigor del Tratado modificativo; considera que, en caso de no poder llevarse a término la ratificación de este último antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, debería seguir aplicándose el reparto de escaños previsto en los Tratados en vigor;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe anteriormente mencionado de su Comisión de Asuntos Constitucionales a la Conferencia Intergubernamental, al Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los países candidatos a la adhesión.

ANEXO 1

Proyecto de Decisión del Consejo por la que se fija la composición del Parlamento Europeo

EL CONSEJO EUROPEO,

Visto el artículo [9 A], apartado 2, del Tratado de la Unión Europea,

Vista la iniciativa del Parlamento Europeo,

Vista la aprobación del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1)  Es preciso adoptar cuanto antes la decisión prevista en el artículo [9 A], apartado 2, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea, a fin de permitir a los Estados miembros adoptar las disposiciones internas necesarias para la organización de las elecciones al Parlamento Europeo para la legislatura 2009-2014.

(2)  Dicha decisión debe respetar los criterios definidos en el apartado 2, párrafo primero, del mismo artículo, a saber, un número total de representantes de los ciudadanos de la Unión que no exceda de setecientos cincuenta diputados; esta representación debe ser decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por Estado miembro y sin que se asigne a ningún Estado miembro más de noventa y seis escaños.

(3)  No resulta oportuno tomar en consideración en esta fase el impacto de posibles ampliaciones futuras, que podrá reflejarse en las actas de adhesión correspondientes mediante una superación provisional del límite máximo de setecientos cincuenta diputados, a semejanza del procedimiento seguido con ocasión de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea,

DECIDE:

Artículo 1

El principio de proporcionalidad decreciente, previsto en el artículo [9 A] del Tratado de la Unión Europea, se aplica tal y como se recoge a continuación:

   - las cifras mínimas y máximas fijadas por el Tratado deberán utilizarse plenamente para que el número de escaños en el Parlamento Europeo se aleje lo menos posible de las cifras correspondientes a la población de los Estados miembros;
   - cuanto más elevada sea la población de un Estado miembro, mayor será su derecho a un número de escaños elevado;
   - cuando más elevada sea la población de un Estado miembro, más elevado será el número de habitantes que representará cada uno de sus diputados.

Artículo 2

En aplicación del artículo 1, el número de representantes en el Parlamento Europeo elegidos en cada Estado miembro será el siguiente, con efecto a partir del inicio de la legislatura 2009-2014:

Bélgica

22

Bulgaria

18

República Checa

22

Dinamarca

13

Alemania

96

Estonia

6

Grecia

22

España

54

Francia

74

Irlanda

12

Italia

72

Chipre

6

Letonia

9

Lituania

12

Luxemburgo

6

Hungría

22

Malta

6

Países Bajos

26

Austria

19

Polonia

51

Portugal

22

Rumanía

33

Eslovenia

8

Eslovaquia

13

Finlandia

13

Suecia

20

Reino Unido

73

Artículo 3

La presente Decisión se revisará con suficiente antelación con respecto al inicio de la legislatura 2014 - 2019 con miras a permitir, en lo sucesivo, antes de cada nueva elección al Parlamento Europeo, una redistribución objetiva de los escaños entre los Estados miembros, basada en el principio de proporcionalidad decreciente definido en el artículo 1, habida cuenta de un posible aumento de su número y de las evoluciones demográficas debidamente comprobadas.

Artículo 4

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el

Por el Consejo Europeo

El Presidente

ANEXO 2

Proyecto de Declaración relativa al artículo 2 del Protocolo nº 10 sobre las disposiciones transitorias (Título I - Disposiciones relativas al Parlamento Europeo)

Sin perjuicio de la Decisión del Consejo Europeo por la que se fija la composición del Parlamento Europeo para la legislatura 2009-2014, la Conferencia pide al Parlamento que presente un proyecto encaminado a hacer posible la elección de sus miembros por sufragio universal directo, de conformidad con el artículo 190, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que defina con mayor exactitud el término "ciudadanos" que aparece en el artículo [9 A], apartado 2 del Tratado de la Unión Europea. Este proyecto debe elaborarse con la debida antelación antes de las próximas elecciones de 2014.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0328.
(2) DO C 310 de 16.12.2004, p. 1.
(3) 11177/1/07 REV 1.
(4) CIG 1/1/07 de 5 de octubre de 2007.


Situación humanitaria en la Franja de Gaza
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la situación humanitaria en Gaza
P6_TA(2007)0430B6-0375/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Oriente Próximo, en particular, la de 2 de febrero de 2006 sobre los resultados de las elecciones palestinas y la situación en Jerusalén Este(1), la de 1 de junio de 2006 sobre la crisis humanitaria en los territorios palestinos y el papel de la UE(2), la de 7 de septiembre de 2006 sobre la situación en el Oriente Próximo(3), la de 16 de noviembre de 2006 sobre la situación en la Franja de Gaza(4), la de 21 de junio de 2007 sobre MEDA y la ayuda financiera a Palestina - evaluación, ejecución y control(5), y la de 12 de julio de 2007 sobre la situación en Oriente Próximo(6),

–  Vistas las Resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Vista la declaración del Cuarteto de 23 de septiembre de 2007,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Relaciones Exteriores de los días 23 y 24 de julio de 2007,

–  Vista la declaración sobre Oriente Medio, de 21 de septiembre de 2007, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Visto el apartado 2 del artículo 103 de su Reglamento,

A.  Considerando la magnitud catastrófica que ha alcanzado la crisis humanitaria a consecuencia del bloqueo total de la circulación de personas y mercancías, la devastación masiva de infraestructuras públicas y domicilios privados, la perturbación del funcionamiento de hospitales, clínicas y escuelas, la denegación parcial del acceso a agua potable, alimentos y electricidad y la destrucción de tierras agrícolas,

B.  Considerando que los pasos fronterizos de Karni y Rafá se encuentran cerrados desde hace varios meses y que el bloqueo que impide la circulación de personas y mercancías ha empeorado la situación de parálisis de la economía y ha contribuido ampliamente a una tasa de desempleo extremadamente elevada en la Franja de Gaza,

C.  Considerando que los sectores del agua y de las aguas residuales se encuentran en una situación crítica, que podría, debido a la falta de agua y a la posibilidad de inundaciones causadas por la deficiente evacuación de las aguas residuales, implicar nuevas crisis medioambientales y humanitarias,

D.  Considerando que el sistema sanitario está sometido a importantes presiones y que una parte considerable de la población no recibe el tratamiento o la medicación que necesitan de forma apremiante,

E.  Considerando que el funcionamiento del sistema educativo se ve afectado en gran medida por la falta del material básico necesario, lo que tiene una incidencia negativa en la calidad de la educación; considerando asimismo que esta situación tendrá graves consecuencias para el futuro de las jóvenes generaciones de palestinos que viven en la Franja de Gaza,

F.  Considerando que la Unión Europea ha proporcionado, estos últimos años, una ayuda financiera considerable a los palestinos y que el Mecanismo Internacional Temporal y la financiación de proyectos por parte de la UE han desempeñado, desde 2006, un papel importante a la hora de evitar una catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza y en Cisjordania,

G.  Considerando que el bloqueo que impedía la circulación de personas y mercancías, y la inseguridad reinante en la Franja de Gaza han dificultado considerablemente la labor de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión, de los organismos de las Naciones Unidas, de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y de otras organizaciones humanitarias que prestan ayuda y asistencia a los habitantes de la Franja de Gaza; considerando que la Comisión, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo y el Banco Mundial han suspendido varios proyectos de infraestructuras por la imposibilidad de importar materias primas; considerando que estas oficinas, agencias y organizaciones humanitarias prosiguen sus actividades a pesar de todas las dificultades surgidas; resaltando la necesidad de que la UE y sus Estados miembros respeten los compromisos financieros contraídos en relación con estas actividades,

H.  Considerando que el Cuarteto, en su declaración de 23 de septiembre de 2007, puso de manifiesto su gran preocupación por la situación en la Franja de Gaza, convino en que era importante que pudieran continuar sin obstáculos la ayuda de emergencia y la ayuda humanitaria, y pidió que se siguieran garantizando los servicios básicos,

I.  Considerando que la mejora de las condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza y en Cisjordania, así como el relanzamiento del proceso de paz y el establecimiento de instituciones palestinas que funcionen, son elementos clave de los esfuerzos tendentes a instaurar una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos,

1.  Pone de manifiesto su gran preocupación por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza y por las graves consecuencias que podría traer aparejadas; hace hincapié en que deben respetarse plenamente en la región los derechos humanos y el derecho humanitario internacional; pide de nuevo a todas las partes que renuncien a la violencia;

2.  Pide a Israel que cumpla sus obligaciones internacionales, de acuerdo con las Convenciones de Ginebra, y que garantice el acceso a la Franja de Gaza de la ayuda y asistencia humanitarias y de los servicios básicos, como la electricidad y el combustible; pide el cese del bloqueo de la Franja de Gaza; pide a Israel que permita la circulación de personas y mercancías en Rafá, en cumplimiento del Acuerdo sobre desplazamientos y accesos y de la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE, así como la circulación de mercancías en Karni; pide al Consejo, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común y a la Comisión que asuman plenamente la responsabilidad que les incumbe con respecto a la aplicación de dicho Acuerdo; pide a Israel que permita el flujo de recursos financieros a la Franja de Gaza, suspendido desde el 25 de septiembre de 2007, y considera que el hecho de no poder acceder a estos recursos financieros tiene incidencias considerables en la vida económica, social y cotidiana de los palestinos;

3.  Pide a la Autoridad Palestina y a Hamás que faciliten, a pesar del callejón sin salida en que se encuentra actualmente la situación política, el funcionamiento de las instituciones públicas que prestan los servicios básicos así como la labor de las oficinas, agencias y organizaciones humanitarias internacionales, con objeto de mejorar las condiciones de vida de todos los palestinos que viven en la región;

4.  Pide al Consejo y a la Comisión que sigan garantizando a la población palestina, en colaboración con la comunidad internacional, el suministro de la ayuda humanitaria esencial, con especial atención a las necesidades específicas de los grupos especialmente vulnerables; insta al Consejo y a la Comisión a que garanticen que, de conformidad con el Acuerdo euromediterráneo de asociación con el Estado de Israel(7) y el Acuerdo euromediterráneo interino de asociación con la Autoridad Palestina(8), se respetan plenamente el derecho humanitario internacional y los derechos humanos en esta zona, incluso por los protagonistas no oficiales, con objeto de establecer una "zona humanitaria";

5.  Desea que los esfuerzos tendentes a la organización de una conferencia de paz internacional contribuyan a instaurar una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos, basada en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el derecho del Estado de Israel a vivir dentro de fronteras seguras y reconocidas, y en el derecho de los palestinos a un Estado viable;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Enviado Especial del Cuarteto a Oriente Medio, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina, al Consejo Legislativo Palestino, al Gobierno israelí y a la Knesset, así como al Gobierno y al Parlamento de Egipto.

(1) DO C 288 E de 25.11.2006, p. 79.
(2) DO C 298 E de 8.12.2006, p. 223.
(3) DO C 305 E de 14.12.2006, p. 236.
(4) DO C 314 E de 21.12.2006, p. 324.
(5) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0277.
(6) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0350.
(7) DO L 147 de 21.6.2000, p. 3.
(8) DO L 187 de 16.7.1997, p. 3.


Los asesinatos de mujeres en México y en América Central
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre los asesinatos de mujeres (feminicidios) en México y en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno (2007/2025(INI))
P6_TA(2007)0431A6-0338/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,

–  Visto el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional de 2003 (Protocolo de Palermo)

–  Vista la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará) de 1994,

–  Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y su Protocolo Facultativo de 2002, y la convenciencia de que se apliquen con más eficacia,

–  Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 (CEDAW) y su Protocolo Facultativo de 1999,

–  Vistas la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y las recomendaciones emitidas en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos titulado "Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no ser Objeto de Violencia y Discriminación", de 7 de marzo de 2003,

–  Visto el Tercer Informe de Gestión mayo 2005 - septiembre 2006 de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez,

–  Vistas las recomendaciones contenidas en el informe de 12 de mayo de 2005 de la Comisión de Equidad y Género del Consejo de Europa sobre las desapariciones y asesinatos de un gran número de mujeres y niñas en México, así como las recomendaciones contenidas en la Resolución 1454 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el asunto y las expresadas en la respuesta aprobada por su Comité de Ministros el 28 de septiembre de 2005,

–  Vistas las recomendaciones emitidas en el informe "Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: violencia contra la mujer", de 13 de enero de 2006, que recoge las conclusiones de Yakin Ertürk, Relatora Especial de la Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, tras su misión a México,

–  Vistas las recomendaciones emitidas en el informe "Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mujer", de 10 de febrero de 2005, que recoge las conclusiones de la Relatora Especial de la Naciones Unidas, Yakin Ertürk, tras su misión a Guatemala,

–  Vista la audiencia conjunta sobre feminicidio: los casos de México y Guatemala celebrada el 19 de abril de 2006 por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra,(1) el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, por otra parte, de 2003 y el Acuerdo-marco de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá(2),

–  Vistos el documento de estrategia regional para América Central y el documento de estrategia por país para México de la Comisión para los períodos 2001-2006 y 2007-2013 respectivamente,

–  Visto el tercer objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), sobre el fomento de la igualdad entre géneros y la autonomía de las mujeres,

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0338/2007),

A.  Considerando que tanto México como el conjunto de los Estados de Centroamérica han ratificado la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

B.  Considerando que México resultó asimismo elegido para la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

C.  Considerando que México goza del estatuto de observador ante el Consejo de Europa desde 1999, y que sobre la base de dicho estatuto participa en las reuniones del Comité de Ministros y Embajadores; considerando que México ratificó también el Protocolo de Palermo,

D.  Considerando que México ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

E.  Considerando que el término "feminicidio" emana de la definición de la violencia contra la mujer de la Convención de Belem do Pará en cuyo artículo 1 se establece que "debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado"; considerando que el castigo y erradicación del feminicidio es una obligación y debe ser una prioridad para cualquier Estado de Derecho,

F.  Considerando que la presente Resolución constituye una invitación para mejorar eficazmente la situación poco satisfactoria que subsiste en algunos Estados y que, en consecuencia, las constataciones y las sugerencias formuladas en la presente Resolución no representan en ningún caso una acusación o una inculpación con respecto a gobiernos de Estados plenamente soberanos y considerados socios iguales en materia de política internacional,

G.  Considerando que la violencia contra la mujer tiene una dimensión global y no sólo regional y que concierne a todos los Estados, incluidos los de Europa; considerando que debe entenderse esta Resolución como parte de una estrategia global diseñada para permitir que la UE y sus socios concreten acciones comunes y realicen esfuerzos tendentes a la erradicación y prevención de las muertes violentas de mujeres, dondequiera que acontezcan; considerando asimismo la necesidad de promover el diálogo, la cooperación y el intercambio recíproco de buenas prácticas entre los países latinoamericanos y europeos,

H.  Considerando que los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y en Guatemala se han caracterizado por una brutalidad excepcional, y que numerosas víctimas han sido objeto de violencia sexual, lo que constituye en sí mismo un trato cruel, inhumano y degradante; considerando que, en el caso de Ciudad Juárez, influyen una combinación de factores, entere los que se incluyen el crecimiento demográfico, los flujos migratorios y la presencia de delincuencia organizada, y que un alto porcentaje de estos asesinatos tuvieron lugar en las zonas en donde operan las empresas llamadas maquiladoras, que carecen de las medidas de seguridad necesarias para proteger a las mujeres; considerando que, tal y como se establece en el citado informe sobre México de la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Yakin Ertürk, es necesario dotar a esas zonas de las infraestructuras necesarias para que los desplazamientos de los trabajadores sean más seguros,

I.  Considerando que los feminicidios que son objeto de la presente Resolución no pueden explicarse únicamente por un "clima de violencia generalizada", sino que se tienen que tener en cuenta la discriminación y el contexto local socioeconómico desfavorable para las mujeres (y, en particular, para las mujeres indígenas), así como las altas tasas de pobreza, la dependencia económica de la mujer, la actuación de las bandas delictivas y la falta de desmantelamiento de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad,

J.  Considerando que la Resolución 1454 (2005) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa establece que las autoridades mexicanas realizan ahora esfuerzos considerables a todos los niveles para reparar el entramado social de estas ciudades y luchar contra la violencia con respecto a las, así como para investigar los asesinatos y las desapariciones de mujeres, y poner a disposición judicial tanto a los autores de estos crímenes como a los funcionarios que, al principio, dieron rápidamente por terminadas las investigaciones y obstaculizaron la acción de la justicia,

K.  Considerando algunos casos de impunidad en la materia, entendida como la inexistencia de hecho o derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, la elusión de la investigación o la condena, la falta de recursos presupuestarios y la frecuente obstaculización del acceso a la justicia a las mujeres víctimas y a sus familiares,

L.  Considerando que la obligación de un Estado de Derecho es promover políticas apropiadas para que las mujeres en general, y sobre todo las más desfavorecidas, gocen de una protección adecuada contra la discriminación, la violencia y, por último, los feminicidios; considerando que se debe comenzar por sensibilizar a las autoridades a todos los niveles y al conjunto de la sociedad sobre la gravedad del problema,

M.  Considerando que la lucha contra el feminicidio y la impunidad debe tener en cuenta el refuerzo de las medidas de prevención, la eliminación de toda discriminación en el ámbito legislativo, la facilitación de la denuncia y de las medidas de protección de las denunciantes, así como el fortalecimiento del ordenamiento jurídico y de los procesos judiciales (especialmente en la lucha contra la delincuencia organizada), desde la investigación judicial hasta la ejecución de las sentencias,

N.  Considerando que la reconstrucción o fortalecimiento de las instituciones son esenciales para la lucha efectiva contra la violencia de género, y que requieren medios humanos y financieros adecuados,

O.  Considerando que en el punto 9 de la declaración de la Plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, se establece un principio fundamental enunciado en todas las conferencias internacionales del decenio anterior: "La aplicación de la presente Plataforma, en particular mediante la promulgación de leyes nacionales y la formulación de estrategias, políticas, programas y prioridades para el desarrollo, incumbe a la responsabilidad soberana de cada Estado, de conformidad con todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y la importancia de los diversos valores religiosos y éticos, antecedentes culturales y convicciones filosóficas de los individuos y de las comunidades, así como el completo respeto de esos valores, antecedentes y convicciones, deberían contribuir al pleno disfrute de los derechos humanos por las mujeres a fin de conseguir la igualdad, el desarrollo y la paz",

P.  Repudiando por completo el recurso a la tortura para obtener confesiones autoinculpatorias de los presuntos responsables de los feminicidios,

Q.  Considerando que dos ciudadanas holandesas fueron víctimas de feminicidios: Hester Van Nierop (asesinada en 1998) y Brenda Susana Margaret Searle (en 2001, la sentencia dictada el 26 de febrero de 2007(3) condenando a los dos culpables a 33 y 39 años de prisión aún no es firme porque ha sido objeto de recurso),

R.  R Considerando que la problemática de los feminicidios y, en algunos casos, de la impunidad de los autores de los actos criminales contra las mujeres persiste todavía,

S.  Considerando que la violencia en los países donde los estereotipos sociales hacen que las mujeres sean las primeras víctimas de las diversas expresiones de violencia constituye un fenómeno recurrente,

T.  Saludando las medidas legislativas que se han venido aprobando en México, en especial la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de febrero de 2007, así como la creación de instituciones especializadas de carácter federal y local, tales como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia en Contra de las Mujeres, creada en 2006, la Comisión Juárez y el Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras,

U.  Reconociendo los esfuerzos legislativos realizados en materia de reconocimiento de los derechos de la mujer en el ordenamiento jurídico en los países de América Central, pero preocupado aún por las dificultades y los retrasos en la aplicación de tal legislación,

V.  Considerando que la Alianza Interparlamentaria de Diálogo y Cooperación entre diputadas de España, México y Guatemala se creó para promover iniciativas legislativas que erradiquen la violencia contra las mujeres,

W.  Considerando que el desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales deben ser parte integrante de la acción exterior de la Unión Europea,

X.  Considerando que la cláusula sobre derechos humanos y democracia del Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y México es jurídicamente vinculante y tiene efectos recíprocos,

Y.  Considerando que la Unión Europea y sus socios, al suscribir con países terceros acuerdos que contengan una cláusula relativa a los derechos humanos, asumen la responsabilidad de velar por que se respeten las normas internacionales sobre derechos humanos y que dichas cláusulas son recíprocas por naturaleza,

1.  Pide a los gobiernos de la región y a las instituciones europeas que profundicen en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los diversos informes e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, en particular, los referentes a los derechos humanos de las mujeres mencionados anteriormente; en este sentido, reconoce los avances legislativos alcanzados en México con la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y le anima a continuar en ese empeño;

2.  Insta a los Gobiernos de México y de América Central a que adopten las medidas necesarias para alcanzar los ODM de las Naciones Unidas;

3.  Pide a los Gobiernos de los Estados miembros, en el marco de sus relaciones bilaterales con los países de América Latina, así como a las instituciones europeas, en el marco de su asociación estratégica con esos países, que apoyen con programas de cooperación y recursos financieros y técnicos las políticas de prevención y protección en materia de violencia contra las mujeres, como la creación o el refuerzo de programas de sensibilización y formación en cuestiones de género, incrementen el presupuesto de los organismos encargados de las investigaciones sobre los asesinatos, creen sistemas eficaces de protección de los testigos, las víctimas y sus familias, y fortalezcan la capacidad de los órganos judiciales, los cuerpos de seguridad y las fiscalías para perseguir y punir a los responsables y luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado; exhorta igualmente a la promoción de una mayor coordinación institucional en esos ámbitos en todos los niveles gubernamentales;

4.  Pide a las instituciones europeas que fomenten la cooperación y el diálogo entre la Unión Europea y sus Estados miembros y México y los países de América Central apoyando las iniciativas que se lleven a cabo a todos los niveles para erradicar la violencia contra las mujeres y fomentar medidas de protección adecuada para las víctimas y sus familiares;

5.  Pide a la Unión Europea que fomente la coordinación institucional con México y los países de América Central mediante el apoyo a la creación de un programa de intercambio y cooperación en materia de lucha contra la violencia de género y que impulse la cooperación entre las administraciones públicas de los Estados miembros y sus socios para llevar a cabo proyectos de asistencia y de aprendizaje mutuo en este sentido;

6.  Reconoce la voluntad clara de combatir la impunidad de que han dado muestra los partidos políticos representados en el Congreso de Guatemala al aprobar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); insta al próximo gobierno electo de dicho país a dar continuidad a este esfuerzo facilitando las condiciones institucionales necesarias para que la CICIG pueda cumplir su mandato, y hace un llamamiento a la comunidad internacional par que vele porque dichos esfuerzos se traduzcan en acciones;

7.  Insta a los países de América Central a tomar todas las medidas necesarias para luchar eficazmente contra la violencia contra las mujeres; pide que estas medidas garanticen el respeto íntegro de los derechos humanos, como la asistencia gratuita de un abogado para las mujeres víctimas y sus familias, tal como se definen en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; pide al Gobierno Federal de México que prosiga las decididas acciones emprendidas a tal efecto por las sucesivas administraciones;

8.  Exhorta a los Gobiernos de México y de los países de América Central a eliminar toda referencia discriminatoria hacia las mujeres del Derecho interno; reconoce los progresos de México en este ámbito con la aprobación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, y pide a sus autoridades nacionales que promuevan iniciativas legislativas para tipificar como delito la violencia doméstica y el acoso sexual en el lugar de trabajo y en todos los ámbitos de la vida pública y que elaboren políticas y normas para combatir la impunidad y promover la igualdad entre los géneros basándose en las conclusiones y recomendaciones formuladas por los protagonistas de la sociedad civil que desarrollan su labor con las víctimas de feminicidios;

9.  Insta a los Gobiernos de México y de los países de América Central a que respeten y faciliten la acción de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil que dan apoyo a las víctimas de feminicidios, a prestar ayuda a los familiares de las víctimas y a las defensoras y los defensores de los derechos humanos creando un sistema eficaz de protección de testigos y promoviendo mecanismos de reparación para los familiares de las víctimas que no se limiten a una indemnización económica, sino que les presten apoyo psicológico y les faciliten el acceso a la justicia, a que establezcan un diálogo con estos interlocutores y a que reconozcan el papel fundamental que desarrollan en la sociedad;

10.  Insta a los Gobiernos de México y de los países de América Central a que garanticen los derechos laborales de las mujeres en el Derecho interno y en todos los niveles de gobierno, así como a que animen a las empresas para que respeten, en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la integridad, la seguridad, el bienestar físico y mental y los derechos laborales de sus trabajadoras;

11.  Insta encarecidamente a los Gobiernos de Belice, Honduras y Nicaragua a que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la CEDAW;

12.  Pide a la Comisión que, en el marco de los acuerdos actuales y en negociación, promueva la inclusión de una obligación recíproca destinada a crear mecanismos de implementación de la cláusula sobre derechos humanos y democracia, cuya formulación debería insistir en las obligaciones que se derivan de los pactos internacionales firmados por los Estados miembros de la Unión Europea, México y los países de América Central, con especial atención al respeto de los derechos de la mujer y a la igualdad de género, como se contemplan en la CEDAW y su Protocolo Facultativo, así como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;

13.  Solicita a la Unión Europea que, en su cooperación con México y los países de América Central, conceda prioridad a la reestructuración y al fortalecimiento de los sistemas judiciales y penitenciarios de la región, promoviendo el intercambio de buenas prácticas, el desarrollo de campañas de sensibilización y de mecanismos de protección de víctimas, testigos y familiares, especialmente en los casos de denuncia de los feminicidios; considera que esta cooperación debería implicar a otros participantes, como la Organización Internacional del Trabajo y, la OCDE en México, con miras al desarrollo en caso necesario, de programas que permitan garantizar a las mujeres seguridad, condiciones de trabajo dignas e igualdad salarial;

14.  Pide a la Comisión que presente una propuesta metodológica, que se deberá debatir, entre otros foros, en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y en la Cumbre EuroLat que se celebrará en Lima en mayo de 2008, sobre el modo de coordinar las diferentes iniciativas europeas destinadas a la lucha contra los feminicidios y su impunidad, en cooperación con las instituciones y las organizaciones locales, y de aplicar acciones de sensibilización de su personal con respecto a las cuestiones de género y de violencia contra las mujeres; pide asimismo que estas iniciativas se presenten y debatan en la Comisión Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en asociación con su Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central y la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México;

15.  Pide a la Delegación de la Comisión en México que implemente, lo antes posible, un nuevo Programa de derechos humanos que dé continuidad a la labor realizada en los últimos años y que tenga tres ejes prioritarios; en primer lugar, la armonización de la legislación mexicana con los compromisos internacionales asumidos en el ámbito de los derechos humanos, en segundo lugar, la erradicación de la violencia de género y, en tercer lugar, la reforma del sistema judicial;

16.  Pide a la Comisión que consigne los programas en materia de derechos humanos en México y en América Central en una línea independiente del presupuesto destinado a cooperación bilateral, a fin de que no afecte a los escasos recursos financieros asignados;

17.  Insta encarecidamente a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros a que velen por que el diálogo con los Gobiernos de México y de los países de América Central, así como el diálogo con la sociedad civil incluyan el tema de la violencia contra las mujeres, en particular, los feminicidios y el acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de apoyo;

18.  Se congratula por los esfuerzos realizados en materia de género, y pide encarecidamente a las instancias comunitarias correspondientes que apoyen y contribuyan al establecimiento de un diálogo constante y al intercambio de experiencias positivas en este ámbito; no obstante, pide a la Comisión que refuerce la atención prestada a los feminicidios, a la violencia y a la discriminación contra las mujeres en los documentos de estrategia por país para el periodo 2007-2013 y que proponga un Plan de acción;

19.  Pide a los Estados miembros que apoyen las gestiones realizadas en materia de no discriminación entre hombres y mujeres y que contribuyan al establecimiento de un diálogo estructurado que tenga como objetivo el intercambio de buenas prácticas en este ámbito;

20.  Pide a la Comisión que realice, cuanto antes y en el marco de las negociaciones del futuro Acuerdo de Asociación CE-Centroamérica, una evaluación del impacto sobre el desarrollo sostenible complementada con una evaluación del impacto sobre la igualdad entre hombres y mujeres, cuyos resultados se tendrán en cuenta durante las negociaciones;

21.  Pide a la Comisión que informe sobre los avances en este ámbito en el marco de las negociaciones relativas al futuro Acuerdo de Asociación CE-Centroamérica, antes del cierre de las negociaciones y, en todo caso, antes de la Cumbre EuroLat que se celebrará en Lima;

22.  Exhorta a las representaciones permanentes de los Estado miembros ante la Unión Europea así como a sus embajadas a que organicen una mesa redonda sobre la violencia de género en sus diversas manifestaciones, y en particular los feminicidios y la impunidad en el contexto global, en la que participen las diferentes redes e iniciativas parlamentarias, centros de investigación, asociaciones de derechos humanos y de igualdad de género y los familiares de las víctimas;

23.  Pide a la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México y a su Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central que incluyan sistemáticamente el punto violencia de género, feminicidios e impunidad en México, en Centroamérica y en Europa en el programa de sus respectivas misiones parlamentarias, así como en las visitas a Europa de las delegaciones parlamentarias de México y de América Central, a fin de realizar un seguimiento sistemático de la situación de los derechos humanos, tal y como se contempla en las normas aprobadas por la Conferencia de Presidentes de Delegación del Parlamento Europeo en 2006;

24.  Propone que se celebre una audiencia conjunta entre su Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, su Subcomisión de Derechos Humanos y las delegaciones competentes antes de la Cumbre EuroLat de Lima, a fin de hacer un balance de las medidas tomadas tanto en la Unión Europea como en Latinoamérica, incluidas las experiencias de las instancias mexicanas creadas en el marco de la lucha contra la violencia de género;

25.  Pide que se incluyan en dicho balance todos los casos de víctimas que sean ciudadanos de un Estado miembro;

26.  Pide encarecidamente a las futuras Presidencias del Consejo, por todas las razones mencionadas, que adopten directrices sobre los derechos de las mujeres, ya que representarían una contribución inestimable para la consolidación de la coherencia y de la consistencia de la política de la Unión Europea en materia de derechos humanos;

27.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y al Consejo de Europa, así como a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, de los Estados Unidos Mexicanos, de Belice, y de las Repúblicas de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

(1) DO L 276 de 28.10.2000, p. 44.
(2) DO L 63 de 12.3.1999, p. 39.
(3) En el caso de Brenda Searle, el proceso penal de los responsables duró cinco años, finalizando en 2007.


Acuerdo CE-Estados miembros/Philip Morris contra el contrabando de cigarrillos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre las repercusiones del acuerdo celebrado entre la Comunidad, los Estados miembros y Philip Morris sobre el refuerzo de la lucha contra el fraude y el contrabando de cigarrillos y los progresos en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el Régimen de Tránsito Comunitario (2005/2145(INI))
P6_TA(2007)0432A6-0337/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vista su recomendación de 13 de marzo de 1997(1), en la que aprueba el informe de la Comisión de Investigación sobre el Régimen de Tránsito Comunitario y sus 38 recomendaciones,

–  Visto el acuerdo celebrado el 9 de julio de 2004 entre la Comisión, 10 Estados miembros y Philip Morris International sobre la lucha contra el contrabando y la falsificación,

–  Visto el Informe Especial n° 11/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al régimen de tránsito comunitario, acompañado de las respuestas de la Comisión(2),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión del Control Presupuestario (A6-0337/2007),

A.  Considerando que el régimen de tránsito comunitario facilita la circulación de mercancías comunitarias y no comunitarias importadas de terceros países o exportadas hacia éstos, en el conjunto del territorio de la UE, suspendiendo temporalmente los derechos de aduana y otros impuestos hasta que las mercancías alcanzan su destino final,

B.  Considerando que, de acuerdo con los resultados de la mencionada comisión de investigación, el Parlamento Europeo, respaldado por el Consejo y el Tribunal de Cuentas Europeo, había recomendado, con el fin de prevenir el fraude, la informatización de los movimientos de tránsito, la reforma del marco jurídico y la mejora, por parte de la Comisión y de los Estados miembros, de los controles físicos sobre la base de un análisis común de los riesgos,

C.  Considerando que la mencionada comisión de investigación, que fue la primera comisión de investigación del Parlamento Europeo, logró sacar el tema del tránsito de la maraña administrativa y ponerlo en la escena política, desencadenó una respuesta rápida de las partes interesadas y demostró que las comisiones de investigación pueden aportar un considerable valor añadido al proceso político y beneficiar a los ciudadanos de la UE,

1.  Acoge con satisfacción el Informe Especial n° 11/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo; toma nota de que el Tribunal de Cuentas Europeo efectuó visitas de control en 11 Estados miembros, que totalizan el 80 % de los movimientos de tránsito; recuerda que, en el caso de productos sujetos a una tasación elevada y de poco peso, como los cigarrillos, los defraudadores pueden obtener grandes beneficios de un número reducido de movimientos; pide al Tribunal de Cuentas Europeo que garantice el seguimiento de sus constataciones no sólo en los 11 Estados miembros visitados, sino también en otros Estados miembros;

Informatización del procedimiento de tránsito

2.  Observa que, a pesar de notables retrasos, el Nuevo Sistema de Tránsito Informatizado (NSTI) es operativo en todos los Estados miembros desde enero de 2006, aunque los resultados varían de un Estado miembro a otro; considera que esto constituye un cambio enorme con respecto al arcaico procedimiento anterior con soporte papel; toma nota de que, desde un punto de vista técnico, la Comisión coordinó con éxito la aplicación del NSTI en los Estados miembros;

3.  Observa que, contrariamente al antiguo procedimiento con soporte papel, el NSTI impide las liquidaciones falsas de las operaciones de tránsito por medio de documentos o sellos falsificados; recuerda que el NSTI también debería contribuir a detectar en tiempo real los casos de mercancías substraídas al control aduanero antes de su llegada a su destino final y a impulsar el inicio inmediato de las investigaciones pertinentes; toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo y lamenta que ninguno de los 11 Estados miembros visitados haya respetado los plazos para empezar las investigaciones; pide a la Comisión que tenga presente que el NSTI no puede impedir una declaración falsa de mercancías y que adopte las medidas pertinentes para reaccionar adecuadamente ante las declaraciones falsas de mercancías;

Graves deficiencias en la aplicación de las nuevas normas de tránsito por los Estados miembros

4.  Manifiesta su preocupación por las numerosas deficiencias observadas por el Tribunal de Cuentas Europeo en la aplicación del nuevo marco jurídico por los Estados miembros, en particular en lo que se refiere a la comprobación de los procedimientos simplificados, los procedimientos de búsqueda y los procedimientos de recaudación; observa que el Tribunal de Cuentas Europeo presentó una lista detallada de las deficiencias observadas y de los Estados miembros en cuestión (véase el Anexo 1 del mencionado Informe Especial n° 11/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo);

5.  Recuerda que, en virtud del Reglamento sobre los recursos propios(3), los Estados miembros deben anotar los derechos constatados en la contabilidad A y ponerlos a disposición de la Comisión, una vez descontados los gastos de recaudación, en el segundo mes siguiente a la constatación de los derechos; señala que, excepcionalmente, los Estados miembros pueden inscribir en la contabilidad B derechos que permanecen impagados, para los que no se ha facilitado garantía alguna o que son objeto de contestación; manifiesta su preocupación por el hecho de que el Tribunal haya llegado a la conclusión de que en Alemania, España, Francia, Bélgica y Hungría se anotaron derechos relativos a operaciones de tránsito no liquidadas en la contabilidad B, a pesar de estar cubiertos por garantías; señala que, en algunos Estados miembros, las prácticas administrativas relativas a la contabilidad B son cuestionables;

6.  Pide a la Comisión que incoe procedimientos de infracción contra los Estados miembros cuando los errores relacionados con la contabilidad B no sean aislados, sino sistemáticos y estructurales; manifiesta su satisfacción por el hecho de que durante los dos últimos años, a raíz de los procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra varios Estados miembros, el Tribunal de Justicia Europeo haya dictado varias sentencias importantes que confirman la interpretación de las normas por parte de la Comisión; opina que después de 2009 deberá reconsiderarse el buen funcionamiento del sistema de contabilidades A y B;

7.  Observa que la Cámara de los Lores(4) calcula que, cada año, aproximadamente el 4 % de los ingresos potenciales por IVA del Reino Unido se pierde a causa del "fraude carrusel"; toma nota de las conclusiones de la Cámara de los Lores según las cuales, aunque parece más lucrativo cometer fraude en el IVA en los intercambios intracomunitarios, este tipo de fraude también puede producirse en el comercio con terceros países; manifiesta su profunda preocupación por las explicaciones de la Cámara de los Lores según las cuales, en este último caso, la utilización fraudulenta del régimen de tránsito comunitario forma parte del esquema clásico del "fraude carrusel";

8.  Expresa su inquietud ante las pruebas recogidas por la Cámara de los Lores, según las cuales cada semana se fletan aviones de carga para exportar artículos electrónicos fuera de la UE como parte del "fraude carrusel"; observa que la Cámara de los Lores, teniendo en cuenta el mencionado Informe Especial n° 11/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo, ha llegado a la conclusión de que "este tipo de fraude puede producirse debido a la mala gestión y al insuficiente control del régimen de tránsito comunitario por los Estados miembros";

9.  Manifiesta su reconocimiento a la Cámara de los Lores por haber examinado la vulnerabilidad del régimen de tránsito comunitario ante el fraude, aunque el Tribunal de Cuentas Europeo no había centrado sus trabajos en el Reino Unido en particular; acoge muy favorablemente la recomendación de la Cámara de los Lores de que "el Gobierno coopere con otros Estados miembros con el fin de garantizar que se conceda a las modificaciones del régimen de tránsito comunitario propuestas por el Tribunal de Cuentas Europeo la prioridad necesaria para atacar la cadena de la oferta para este tipo de […] fraude"; pide a los otros Estados miembros que cooperen con el Gobierno del Reino Unido para convertir por fin el régimen de tránsito comunitario en un dispositivo a prueba de fraude; pide a la Comisión que coordine esta cooperación;

10.  Considera que deben explorarse nuevas formas de mejorar la coordinación de la lucha contra el fraude fiscal a escala de la UE; acoge favorablemente las iniciativas de la Comisión a este respecto, en particular su Comunicación, de 31 de mayo de 2006, relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (COM(2006)0254); observa que el Consejo ECOFIN de 5 de junio de 2007, sobre la base de las propuestas de la Comisión, pidió a la Comisión no sólo que presentara propuestas legislativas sobre las medidas convencionales de lucha contra el fraude, sino también que continuara examinando otras medidas de lucha contra el fraude de mayor alcance, como la imposición en los Estados miembros de partida o la instauración de un sistema opcional de inversión del sujeto pasivo; observa que, en el marco del sistema de inversión del sujeto pasivo, la responsabilidad del pago de los impuestos se transfiere de la empresa proveedora a la empresa beneficiaria;

11.  Manifiesta su satisfacción por el hecho de que el Consejo ECOFIN de 5 de junio de 2007 pidiera a la Comisión que analizara los efectos de un mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo y que presentara sus conclusiones al Consejo antes de finales de 2007; observa, en particular, que el Consejo pidió a la Comisión que examinara la posibilidad de desarrollar un proyecto piloto en Austria; pide a la Comisión que presente sus conclusiones también al Parlamento;

12.  Observa que, desde junio de 2007, el Reino Unido se beneficia de una excepción con respecto al régimen del IVA que permite la aplicación de la inversión del sujeto pasivo al IVA aplicable a los teléfonos móviles y a los microprocesadores para ordenadores; pide a la Comisión que presente también al Parlamento su evaluación de la eficacia de esta medida, prevista para 2009;

13.  Subraya que las excepciones a la aplicación de las disposiciones comunitarias generales relativas a la recaudación del IVA siempre conllevan el riesgo de que con ello no se impidan las actividades fraudulentas sino que éstas se trasladen simplemente a otros sectores económicos u otros países;

14.  Subraya que el establecimiento a escala comunitaria de una estrategia común de lucha contra el fraude fiscal debe seguir siendo un objetivo prioritario;

15.  Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que emita ya un dictamen sobre las propuestas legislativas de la Comisión que el Consejo espera para finales de 2007;

16.  Manifiesta su perplejidad ante las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo, según las cuales la Comisión no realizó ninguna inspección concerniente a los recursos propios centrada en el tránsito entre 2001 y 2005, sino tan solo en 2006; pide a la Comisión que informe al Parlamento de la manera en que se pondrá remedio, en el futuro, a la falta de inspecciones;

Costes y beneficios del NSTI en materia de lucha contra el fraude

17.  Toma nota de que la mencionada comisión de investigación consideró que la inversión en el NSTI era relativamente reducida; observa que se basó en las evaluaciones de la Comisión, según las cuales el NSTI reduciría considerablemente los fraudes y proporcionaría un beneficio de 5 a 10 mil millones de euros en un periodo de cinco años; observa que un estudio externo encargado en 2006 por la Comisión estimó en 359 000 000  EUR el coste total del NSTI; lamenta que los datos disponibles fueran muy limitados y no se dispusiera de dato alguno sobre los importes procedentes de la detección de fraudes;

18.  Señala, asimismo, las siguientes conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo(5): "Para evaluar la eficacia de la reforma del régimen de tránsito en términos de reducción del fraude asociado a las operaciones de tránsito, sería necesario contar con datos a la vez fiables y completos sobre el fraude en la Unión Europea. No obstante, la fiscalización ha puesto de manifiesto que no están garantizadas la fiabilidad y exhaustividad de las principales fuentes de datos disponibles sobre el fraude y las irregularidades relativas a las operaciones de tránsito"; no está dispuesto a considerar positiva la relación coste-beneficio del NSTI mientras la Comisión no haya presentado datos que indiquen en qué medida el NSTI reduce el fraude y evita las pérdidas de recursos propios;

Racionalizar los distintos sistemas de intercambio de información competidores y los controles físicos

19.  Toma nota de la solicitud del Tribunal de Cuentas Europeo de que la Comisión obtenga pleno acceso a los sistemas de información, existentes o previstos, para todos los tipos de mercancías (no solamente para los productos sensibles), con fines de análisis operativo y estratégico y de gestión de riesgos, garantizando al mismo tiempo una protección adecuada de los datos personales(6); observa que el Tribunal de Cuentas Europeo da como ejemplos el NSTI, el SCE (sistema de control de la exportación), el SAI (sistema automatizado de importación) y el EMCS (Sistema Informatizado para la Circulación y el Control de los Impuestos Especiales);

20.  Pide a los servicios de la Comisión encargados de los sistemas de intercambio de información relativa a las irregularidades y el fraude, es decir la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (TAXUD), la Dirección General de Presupuesto (BUDG) y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que consoliden estas bases de datos, que proporcionen a la Comunidad estadísticas fiables y completas sobre la incidencia real de sus actividades en términos de reducción de las irregularidades y el fraude, que establezcan un enfoque común en materia de análisis de riesgos a nivel comunitario y nacional y que coordinen los controles físicos en consecuencia; pide a la Comisión que presente sus conclusiones al Parlamento y a la Comisión de Control Presupuestario antes de finales de 2008;

21.  Lamenta que, aunque la mencionada comisión de investigación pidió a la Comisión ya en 1997 que elaborara una política común sobre la gestión de riesgos, haya habido que esperar que el Reglamento (CE) nº 648/2005(7) estableciera por primera vez en la legislación comunitaria un marco común de gestión de riesgos para el régimen de tránsito y otros procedimientos aduaneros, que prevé largos períodos de transición hasta que los Estados miembros deban aplicar realmente la gestión de riesgos informatizada;

22.  Observa que, de conformidad con la legislación comunitaria, la definición de los riesgos en el régimen de tránsito y en otros procedimientos aduaneros incluye explícitamente los actos que ponen en peligro los intereses financieros de la Comunidad y de los Estados miembros; observa que, de conformidad con el citado Informe Especial n° 11/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo, los servicios de la Comisión todavía no han hecho frente adecuadamente al riesgo del fraude en el régimen de tránsito;

23.  Considera que es urgente dar mayores facilidades al trabajo de la OLAF con objeto de que pueda proteger eficazmente los intereses financieros de la Comunidad; pide, por consiguiente a la Autoridad Presupuestaria que congele la financiación venidera del NSTI hasta que la OLAF disponga en la práctica de pleno acceso a los datos del NSTI, lo que facilitará una visión de conjunto de las rutas consolidadas de las mercancías sensibles en tránsito y permitirá también realizar análisis estratégicos y operativos para esas mercancías; recuerda que la OLAF también debe tener acceso a esos datos cuando entre en vigor la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio, propuesta por la Comisión (COM(2005)0609);

24.  Felicita a la OLAF, que en febrero de 2007 coordinó eficazmente los trabajos de las autoridades aduaneras de los 27 Estados miembros durante la operación "Diábolo", que permitió incautar 135 millones de cigarrillos y otros productos falsificados, evitando así una pérdida potencial de 220 000 000 EUR para los presupuestos de la Comunidad y de los Estados miembros;

25.  Observa que, en relación con la gestión de riesgos en los Estados miembros, el citado Informe Especial n° 11/2006 del Tribunal de Cuentas Europeo llega a la conclusión de que "la gestión sistemática de los riesgos en el ámbito del tránsito es rudimentaria o inexistente en muchos Estados miembros: solo una minoría ha incorporado perfiles de riesgo en el NSTI"(8); manifiesta su satisfacción por el hecho de que algunos Estados miembros ya hayan reaccionado a las conclusiones del Tribunal de Cuentas y estén incluyendo actualmente herramientas de análisis de riesgos en la aplicación nacional NSTI; alienta al Tribunal de Cuentas Europeo a que garantice el seguimiento de sus constataciones sobre la gestión de riesgos en cada Estado miembro; pide a los Estados miembros que garanticen el respeto de la legislación comunitaria en materia de gestión de riesgos en el régimen de tránsito y en otros procedimientos aduaneros;

26.  Observa que las autoridades aduaneras de algunos Estados miembros utilizan tecnologías más avanzadas que otras, por ejemplo para el escaneo de los contenedores que entran en los puertos de la UE; teme que los defraudadores se concentren en los puertos que utilizan tecnologías menos avanzadas; pide a la Comisión que supervise la evolución tecnológica y fomente la utilización de tecnologías punta en toda la UE;

Cooperación con terceros países

27.  Señala que los sistemas de intercambio de información transfronterizos sólo pueden funcionar si las administraciones aduaneras están bien equipadas y los funcionarios de aduanas han recibido una formación adecuada; celebra por tanto la prolongación del programa de acción comunitario para la aduana hasta 2013; pide al Consejo que acelere el procedimiento legislativo destinado a ampliar el programa Fiscalis relativo a la mejora del funcionamiento de los sistemas fiscales en el mercado interior hasta 2013; señala que debe prestarse una atención especial a la participación en estos programas de países candidatos, países vecinos y otros países terceros, entre otras cosas para hacer frente al problema de los paraísos fiscales;

28.  Pide a la Comisión que vele por que se refuerce la cooperación en el ámbito aduanero con los países limítrofes de la UE; considera que, aunque la situación en la frontera de Kaliningrado ha mejorado, todavía se detectan numerosas importaciones ilícitas de cigarrillos y otras mercancías;

Nuevo enfoque en materia de lucha contra el contrabando y la falsificación de cigarrillos: el acuerdo con Philip Morris y otras medidas

29.  Considera alarmante la conclusión de la Comisión(9) según la cual los productos del tabaco siguen figurando entre las mercancías más afectadas por el fraude y las irregularidades, al igual que en años anteriores; pide por tanto a la Comisión que vele por que los precios de venta al por menor en la nueva Unión ampliada se aproximen dentro de un margen más estrecho, de forma que el contrabando de cigarrillos sea menos rentable; pide también a la OLAF que revele no sólo las cantidades de los alijos, sino también las marcas implicadas;

30.  Manifiesta su preocupación por el número cada vez mayor de cigarrillos falsificados detectados en el mercado europeo; considera que el problema radica no sólo en la pérdida de ingresos por impuestos y gravámenes, sino también en el hecho de que la fabricación y comercialización de estos productos se esté convirtiendo en una fuente de ingresos cada vez mayor para las organizaciones delictivas; pide a la Comisión que informe al Parlamento de las acciones que va a emprender para atajar este tipo de delito en concreto;

El acuerdo con Philip Morris

31.  Recuerda que el acuerdo con Philip Morris de poner fin a todos los litigios entre las partes, por el cual Philip Morris se comprometió a pagar 1 250 millones de dólares estadounidenses a lo largo de un período de 12 años, y cuyo objetivo era luchar contra el fraude y el tráfico ilícito de cigarrillos, fue un gran paso adelante; señala que, en virtud del citado acuerdo, Philip Morris reforzará sus capacidades en materia de seguimiento y control de sus productos, con el objetivo de asistir a las autoridades responsables de la aplicación de la ley en su lucha contra el comercio ilícito; señala que, en virtud del acuerdo, Philip Morris deberá pagar indemnizaciones por pérdida de derechos y tasas en caso de que se incauten cigarrillos de contrabando con su marca; pide al Gobierno del Reino Unido que firme este acuerdo, ya que es el único Estado miembro que aún no lo ha hecho; pide a la Cámara de los Lores, habida cuenta de sus trabajos sobre el fraude en la UE, que apoye esta petición;

32.  Expresa su profunda decepción por el proceder de la Comisión a la hora de distribuir los pagos resultantes del acuerdo con Philip Morris entre los 10 Estados miembros y la Comunidad, en virtud del cual la Comunidad recibió sólo el 9,7 % mientras que el resto pasó directamente y sin asignación previa a los ministros de finanzas de los Estados miembros; considera que esta distribución es contraria al espíritu y a la voluntad del acuerdo, que se negoció sobre la base de que los 1 250 millones de dólares en cuestión debían utilizarse en la lucha contra el fraude;

33.  Considera y entiende que la distribución inadecuada de los pagos realizados por Philip Morris en virtud del acuerdo constituye un importante factor disuasorio para que otros productores celebren acuerdos o lleguen a arreglos similares, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que previamente a la firma de nuevos acuerdos quede claro para todas las partes que los pagos futuros se utilizarán en la lucha contra el fraude;

Negociaciones sobre nuevos acuerdos

34.  Lamenta que, hasta la fecha, ningún otro fabricante de cigarrillos haya celebrado un acuerdo similar; pide a la Comisión que prosiga las negociaciones con los principales protagonistas del mercado con el fin de celebrar acuerdos cuya norma mínima sea el acuerdo con Philip Morris, exceptuando el pago principal; apoya los recientes llamamientos de la Comisión a Japan Tobacco y Reynolds American para que celebren acuerdos similares a cambio del abandono de las acciones judiciales de la UE en su contra;

35.  Considera, no obstante, que la Comisión debería utilizar todas sus competencias legales para obtener una compensación significativa de las pérdidas infligidas a la Unión y a los Estados miembros por las empresas implicadas directa o indirectamente en facilitar el comercio ilícito de cigarrillos u otros productos del tabaco, tanto en el pasado como en el futuro;

36.  Pide a la Comisión, y en particular a la OLAF, que informe a la comisión competente del Parlamento, de forma regular y confidencial, sobre los progresos alcanzados para celebrar acuerdos con los fabricantes de productos del tabaco, incluidas en su caso las acciones judiciales contra dichas empresas;

37.  Considera que el acuerdo con Philip Morris debería servir de ejemplo para los acuerdos con empresas que producen y comercializan otros productos de riesgo elevado, como las bebidas alcohólicas, los productos textiles, los derivados del petróleo o incluso otros productos agrícolas; pide por tanto a la Comisión que informe al Parlamento de las medidas que se propone adoptar para desarrollar y negociar acuerdos estándar en otros sectores;

38.  Considera que este tipo de acuerdos también deberían celebrarse con los productores y comerciantes de tabaco crudo, especialmente por lo que respecta al seguimiento y control; considera que estos acuerdos contribuirían a reforzar la transparencia y a establecer una distribución equitativa de los riesgos financieros entre todas las personas o empresas que tienen intereses financieros en el comercio de cigarrillos;

39.  Observa que el elevado riesgo de que se produzca fraude en el tránsito de mercancías sensibles como los cigarrillos o el alcohol ha provocado un cambio en el mercado del transporte y la logística; observa que hoy en día son muy numerosas las empresas de transporte que rechazan estos productos; observa que otras empresas de transporte se han especializado en el transporte de estas mercancías, aunque se protegen de forma específica del fraude, por ejemplo, pidiendo a sus clientes que asuman el riesgo financiero que conlleva el tránsito de estas mercancías;

40.  Pide a las empresas de logística y a los productores, exportadores e importadores de mercancías sensibles que, sin perjuicio de las negociaciones en curso sobre acuerdos similares al acuerdo con Philip Morris, refuercen sus medidas de lucha contra el fraude en cooperación con la Comisión y con las autoridades aduaneras nacionales;

Otras medidas de lucha contra el tráfico ilícito de cigarrillos

41.  Insta a la Comisión a que, a pesar de los retrasos del procedimiento legislativo, garantice la plena aplicación del programa Hércules II; toma nota de que la dotación financiera para el período de 2007 a 2013 es de 98 500 000 EUR en total y de que la Comisión prevé destinar 44 000 000 euros a la nueva prioridad de lucha contra el tráfico ilícito de cigarrillos;

42.  Apoya con firmeza los esfuerzos de la Comisión para inscribir los principios del acuerdo con Philip Morris en el protocolo sobre el comercio ilícito del Convenio marco de 2005 de la Organización Mundial de la Salud sobre el control del tabaco;

43.  Propone que la Comisión cree un laboratorio que permita al personal de los servicios policiales comprobar si los cigarrillos son auténticos o no, así como recopilar los resultados de estos controles en una base de datos sobre los orígenes del tabaco y de otros componentes utilizados en esos cigarrillos; considera que debe pedirse a los fabricantes de cigarrillos que aporten una ayuda financiera para este proyecto;

44.  Pide a la Comisión que lance un estudio y, en su caso, un proyecto piloto para encontrar la mejor solución técnica posible para identificar los cigarrillos originales, que al mismo tiempo garantice a los consumidores que compran los cigarrillos genuinos y asegure el mayor control posible del fraude; considera que, si esa solución técnica fuera posible, la Comisión, en coordinación con la industria del tabaco y con los Estados miembros, debería proponer que las reglas y normativas europeas en este ámbito se adapten en consecuencia;

45.  Pide a la Comisión que, con miras a luchar contra la falsificación de cigarrillos, proponga un acto legislativo destinado a introducir un sistema de licencias para la adquisición de máquinas y otros equipos para la producción de cigarrillos, así como la prohibición del comercio de máquinas de segunda mano;

46.  Pide a la Comisión que establezca una plataforma para todas las partes interesadas, incluidas la industria y la sociedad civil, con objeto de encontrar y coordinar estrategias más eficaces de lucha contra el comercio ilícito de los productos del tabaco, incluidos los cigarrillos falsificados;

47.  Pide, en conclusión, a la Comisión: a) que remedie la ausencia de inspecciones en relación con el tránsito, b) que consolide las bases de datos, garantice la fiabilidad de los datos relativos al fraude y a las irregularidades y defina un enfoque común en materia de análisis de riesgos y de controles físicos, y c) que siga promoviendo los resultados del acuerdo con Philip Morris a nivel europeo e internacional;

48.  Pide, asimismo, a los Estados miembros: a) que armonicen las aplicaciones de TI relativas a la aplicación del NSTI, tal como sugiere la Comisión en su propuesta legislativa relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio (Decisión "Aduana electrónica"), b) que pongan fin a las prácticas ambiguas concernientes a la contabilidad B aplicadas en algunos Estados miembros, y c) que, con carácter de urgencia, corrijan las deficiencias enumeradas por el Tribunal de Cuentas Europeo, en particular en materia de control de los procedimientos simplificados y de los procedimientos de búsqueda y recaudación;

49.  Pide a la Comisión que, antes de finales de 2008, presente a la comisión parlamentaria competente un informe detallado sobre el curso que esta institución y los Estados miembros hayan dado a la presente Resolución;

50.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 115 de 14.4.1997, p. 157.
(2) DO C 44 de 27.2.2007, p. 1.
(3) Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 94/728/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130 de 31.5.2000, p. 1).
(4) Cámara de los Lores, Comisión sobre la Unión Europea, 20° informe de sesión 2006-07, "Stopping the Carousel: Missing Trader Fraud in the UE", publicado el 25 de mayo de 2007.
(5) DO C 44 de 27.2.2007, p. 1, apartado 56.
(6) DO C 101 de 4.5.2007, p. 4, apartado 9.
(7) Reglamento (CE) nº 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario (DO L 117 de 4.5.2005, p. 13).
(8) DO C 44 de 27.2.2007, p. 1, apartado 74.
(9) Véase el anexo al Informe anual de 2006 relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidad, publicado el 6 de julio de 2007 (COM(2007)0390 - SEC(2007)0938).


Capacidad de los aeropuertos y los servicios de tierra
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Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2007, sobre la capacidad de los aeropuertos y los servicios de tierra: hacia una política más eficaz (2007/2092(INI))
P6_TA(2007)0433A6-0349/2007

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada "Plan de acción para mejorar la capacidad, la eficiencia y la seguridad de los aeropuertos en Europa" (COM(2006)0819),

–  Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/67/CE del Consejo, de 15 de octubre de 1996 (COM(2006)0821),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, así como de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0349/2007),

A.  Considerando que, como resultado de la globalización y el rápido crecimiento económico, la demanda de vuelos (tráfico sin restricciones aeroportuarias) en la UE aumentará un promedio de, al menos, un 4,3 % anual, y, con mayor probabilidad, un 5,2 % anual,

B.  Considerando que, por tanto, en 2025 la demanda de vuelos será 2,5 veces mayor que en 2003,

C.  Considerando que, en 2025, a pesar de todas las nuevas inversiones, en más de 60 aeropuertos no se podrá gestionar la fuerte demanda horaria general sin generar retrasos o cancelaciones (se cancelarán unos 3,7 millones de vuelos al año),

D.  Considerando que los aeropuertos existentes no se pueden ampliar en la medida de lo necesario, por lo que una de las maneras de gestionar el gran número de vuelos cuya cancelación se prevé para 2025 podría consistir en la construcción de aeropuertos de asistencia cerca de los aeropuertos congestionados,

E.  Considerando que la escasa capacidad de los aeropuertos y el incremento de la demanda de vuelos crearán probablemente una demanda de nuevos aeropuertos de gran capacidad (hasta 10 según un estudio de Eurocontrol) y aeropuertos de tamaño medio (hasta 15 según Eurocontrol),

F.  Considerando que esta futura evolución del sector del transporte aéreo europeo indica la necesidad de adoptar con antelación las medidas necesarias a nivel de la UE a fin de beneficiar a los ciudadanos de la Unión y al conjunto de la economía de la UE,

G.  Considerando que los servicios de asistencia en tierra eficaces, al acelerar el volumen de tráfico en los aeropuertos, contribuyen a la mejora del uso de la actual capacidad aeroportuaria,

H.  Considerando que la plena aplicación de la Directiva 96/67/CE relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Comunidad(1) y sus posibles modificaciones dirigidas a mejorar la eficacia del suministro de estos servicios podrían asimismo mejorar el uso de la capacidad aeroportuaria,

I.  Considerando que las compañías aéreas tradicionales, las de bajo coste, las de vuelos chárter, las de transporte de mercancías y las de vuelos de negocios tienen necesidades distintas en cuanto a servicios de aeropuerto y asignación de franjas horarias,

J.  Considerando que unas infraestructuras adecuadas de transporte hacia los aeropuertos y desde los mismos, en particular en forma de sistema integrado de transporte público, forman parte esencial de la infraestructura aeroportuaria,

1.  Acoge con satisfacción la mencionada Comunicación de la Comisión como un primer paso para abordar la cuestión de la capacidad aeroportuaria, aunque la planificación de nuevas infraestructuras sigue siendo competencia de los Estados miembros; pide al mismo tiempo a la Comisión que preste al transporte aéreo la atención que merece como elemento central del transporte de mercancías y pasajeros en Europa; pide además a la Comisión que siga atentamente la situación actual y presente cifras concretas sobre la misma, con el fin de abordar con mayor eficacia el problema de la capacidad;

2.  Observa que una capacidad adecuada de los aeropuertos, así como servicios de tierra eficaces y un uso eficaz de la capacidad existente, son vitales para la economía europea y deben ser garantizados;

3.  Acoge con satisfacción las propuestas presentadas por la Comisión en su Comunicación y subraya la importancia del transporte aéreo como factor de cohesión para la Unión a nivel territorial, económico y social, recalcando en particular su importancia para las regiones remotas, periféricas e insulares;

4.  Considera que las 14 medidas sugeridas por la Comisión en un anexo a su Comunicación representan un enfoque coherente para mejorar el uso de la capacidad actual; no obstante, pide a la Comisión que establezca plazos más precisos para su puesta en práctica e insiste en la necesidad de que dichos plazos se respeten;

Creación de nuevas capacidades

5.  Considera, sin embargo, que la Comisión no ha investigado plenamente la posibilidad de introducir un enfoque global a escala de la UE por lo que se refiere a la necesidad de crear nuevas capacidades, las limitaciones sobre la futura evolución de las inversiones en nuevas capacidades y los ejes estratégicos que no sólo permitirían prevenir el riesgo de saturación de la capacidad aeroportuaria, sino que garantizarían que la UE se convirtiera en una plataforma coherente y competitiva en materia de transporte aéreo a nivel global;

6.  Propone que se elabore un inventario de las actuales demandas de infraestructura; dicho inventario mejoraría un plan detallado futuro de capacidades aeroportuarias europeas y podría convertirse en un mecanismo aceptado a escala de la Unión para la predicción en el ámbito del transporte aéreo; señala que este mecanismo podría ser utilizado por los aeropuertos como marco de planificación, con la mira puesta en mejorar sus capacidades; considera que la ventaja de la predicción basada en la demanda consiste en que proporciona una imagen realista del mercado para el desarrollo futuro del transporte aéreo;

7.  Observa que una de las barreras más importantes para la liberalización de los servicios de tierra y la eficacia, de las que se quejan muchos representantes de los aeropuertos de la Comunidad es la falta de espacio, pero considera que este argumento debe comprobarse y que, en caso necesario, el problema debe resolverse;

8.  Subraya la necesidad de desarrollar definiciones comunes e instrumentos analíticos comunes para evaluar la capacidad aeroportuaria, así como procedimientos para la participación de todas las partes interesadas en la evalución de las necesidades de capacidad aeroportuaria a medio y largo plazo en la UE; indica que este enfoque basado en la colaboración podría ir acompañado de un intercambio de buenas prácticas sobre temas como el impacto medioambiental y la eficiencia de costes, la financiación previa de las nuevas infraestructuras, la planificación y la gestión del uso del terreno, así como la integración de todos los modos de transporte y los instrumentos de modelización y simulación con vistas a acelerar la planificación y la construcción de nuevas capacidades; subraya que estas iniciativas servirían de complemento al programa SESAR (Single European Sky Air trafic management Research: Investigación sobre la gestión del tránsito aéreo en el contexto del cielo único europeo) y podrían completarse con nuevas herramientas institucionales que ayudaran a aumentar la capacidad aeroportuaria;

9.  Pide a la Comisión que presente al Parlamento antes de 2009 un plan marco para crear nueva capacidad aeroportuaria en Europa; subraya que este informe debe establecer un enfoque coherente para los Estados miembros a fin de que se puedan fomentar y coordinar las iniciativas nacionales y transfronterizas encaminadas a la creación de nuevas capacidades aeroportuarias dedicadas al tráfico internacional, así como para hacer un mejor uso de las capacidades existentes y gestionar mejor las capacidades de los aeropuertos secundarios, sin perjuicio de las competencias comunitarias y de los Estados miembros para asignar capacidades aeroportuarias; hace hincapié en que los aeropuertos principales y regionales pueden responder, cada uno a su manera y en función de las limitaciones específicas de cada Estado miembro, mediante viajes de punto a punto, a los problemas ambientales y de congestión, así como a los desafíos que se plantean en el terreno de la accesibilidad; subraya asimismo que sólo la coexistencia de distintos modelos de aeropuerto conforme a las especificidades nacionales permitirá a la UE satisfacer sus necesidades en este ámbito; recuerda a este respecto que la accesibilidad de los aeropuertos es de gran importancia y que su integración acertada en la red de transportes es una condición esencial de la co-modalidad;

10.  Hace un llamamiento a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales para que integren a los aeropuertos, con independencia del ente que los gestione, en los planes regionales de desarrollo territorial y para que los tomen debidamente en cuenta en las estrategias de desarrollo regional; recuerda que la ampliación y la construcción de grandes infraestructuras, como aeropuertos, debe ser objeto de una evaluación del impacto territorial;

11.  Respalda el objetivo de la Comisión de incrementar la eficiencia logística interna de los aeropuertos, pero propone que se limite a la localización de los equipajes y las mercancías;

12.  Opina que, para aumentar la capacidad, el desarrollo de la infraestructura de prefinanciación constituye una opción válida para los aeropuertos; subraya que este sistema de financiación beneficia tanto a las líneas aéreas como a los aeropuertos, puesto que reduce los costes generales de la financiación de las infraestructuras; garantizando con ello un perfil de precios más estable para las líneas aéreas y reduciendo el riesgo para los aeropuertos, ya que las líneas aéreas empiezan antes a sufragar el coste de las inversiones de los aeropuertos;

13.  Hace hincapié en la importancia económica de los aeropuertos en la creación de puestos de trabajo, en particular a nivel regional; subraya que las entidades que explotan los aeropuertos europeos y las compañías de aviación, de manutención y de catering crean un número significativo de puestos de trabajo y contribuyen, así, a la realización de la Estrategia de Lisboa;

14.  Hace un llamamiento a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales para que, a la hora de adoptar sus decisiones sobre el emplazamiento de un nuevo aeropuerto, tengan en cuenta los factores medioambientales, tales como los niveles de ruido, las emisiones, la concentración del tráfico rodado en las zonas aledañas, la proximidad de depósitos de combustible o similares y las condiciones meteorológicas;

Fomentar un crecimiento respetuoso con el medio ambiente

15.  Observa que el mejor rendimiento de los motores de los aviones ha permitido que, en los últimos 40 años, se hayan reducido en un 70 % por kilómetro las emisiones de CO2 y que habrá más reducciones en el futuro; subraya que el objetivo de la industria es reducir las emisiones un 50 % más de aquí a 2020;

16.  Recuerda, no obstante, que, a pesar de estos progresos, el desarrollo del tráfico aéreo, que ha aumentado de manera considerable estos últimos años, ha conducido a un fuerte incremento del volumen global de las emisiones de gases con efecto invernadero de este sector (+ 100 % con respecto a 1990, según las estimaciones de la Agencia Europea de Medio Ambiente), y que la congestión de los aeropuertos contribuye en gran medida a dicho fenómeno;

17.  Recuerda que el crecimiento del transporte aéreo debe ir acompañado de marcos técnicos y reglamentarios que limiten el coste externo de ese modo de transporte; al respecto, acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de incorporar la aviación en el Régimen de comercio de los derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS); recuerda que la eficacia de las iniciativas encaminadas a reducir el impacto medioambiental del transporte aéreo depende también de las políticas de los países a escala mundial y, en este sentido, subraya la necesidad de establecer programas conjuntos con terceros países;

18.  Considera, no obstante, que, allí donde sea posible, la cuestión de la emisión de gases de efecto invernadero debe abordarse con mayor resolución a escala internacional y a escala europea, con objeto de mejorar la competitividad de un sector del transporte aéreo de la UE más sostenible, que se encuentra amenazado por el rápido desarrollo de grandes aeropuertos principales en regiones europeas de terceros países vecinas de la UE; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que pongan todos los medios a su alcance para lograr un acuerdo a escala internacional en esta materia;

19.  Insiste especialmente en la necesidad de desarrollar sistemas reglamentarios y financieros para alentar la modernización y renovación de las flotas y fomentar el rendimiento medioambiental de los motores haciéndolos, como corolario, más silenciosos, más eficientes desde el punto de vista energético y menos contaminantes;

Garantizar la correcta aplicación y adaptación del marco reglamentario

20.  Considera que el incremento del tráfico aéreo requerirá una aplicación más completa del marco legal aplicable al transporte aéreo;

21.  Pide a la Comisión que controle la plena aplicación del Reglamento (CEE) n° 95/93 del Consejo, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios(2) y proporcione más asesoría y una mayor clarificación por lo que se refiere al texto; insiste particularmente en la necesidad de asegurar una mejor coordinación y adecuación entre la asignación de las franjas horarias de los servicios de gestión de afluencia del tránsito aéreo (ATFM) y la asignación de las franjas horarias de los aeropuertos, mayor eficacia de los comités de coordinación de franjas horarias y una mejor coordinación de las salidas y llegadas; insiste, además, en la necesidad de armonizar las definiciones, los niveles de tolerancia y la forma en que se asignan las franjas horarias de los aeropuertos y de los servicios ATFM;

22.  Recuerda la necesidad de introducir mecanismos basados en el mercado en el proceso de asignación de franjas horarias con objeto de lograr el mejor uso posible de la escasa capacidad aeroportuaria; señala, sin embargo, que con arreglo al Reglamento (CEE) nº 95/93, modificado en 2004, la Comisión tenía que presentar al Parlamento y al Consejo, en abril de 2007 a más tardar, un informe sobre la aplicación de dicho Reglamento, y que la introducción de un mecanismo basado en el mercado sólo debe examinarse a la luz de un informe de esta clase;

23.  Señala, sin embargo, que el recurso a mecanismos de mercado, como la asignación de franjas horarias para hacer un mejor uso de la capacidad aeroportuaria existente, no remediaría las insuficiencias de infraestructura, ya que estos mecanismos no crearían ni una sola franja horaria adicional; considera, además, que la coherencia entre las franjas horarias de los aeropuertos y las franjas ATFM ofrece beneficios muy limitados y no resolverá el problema de la capacidad;

24.  Pide al Consejo, con vistas a mejorar la cooperación entre las autoridades responsables de la aviación civil de Estados miembros colindantes, que establezca un marco temporal y unos plazos para garantizar un importante avance antes de 2008 por lo que se refiere a la construcción de bloques de espacio aéreo funcionales (FAB);

25.  Hace hincapié en la necesidad de un calendario preciso para el establecimiento de los FAB y toma nota de las iniciativas lanzadas por determinados Estados miembros en este sentido, particularmente en la Europa septentrional y central, como el programa Northern Upper Area Control (NUAC) y los nuevos proyectos de FAB para la Europa central;

26.  Insta a la Comisión a que, en caso de que los Estados miembros no hayan realizado avances significativos en este ámbito en 2008, adopte un enfoque descendente para garantizar la realización de mejoras importantes;

27.  Subraya la importancia del proyecto Galileo para el óptimo aprovechamiento de las capacidades actuales y futuras de gestión del tráfico aéreo y señala que de las actuales dificultades financieras con Galileo deben extraerse las conclusiones adecuadas para la realización del proyecto SESAR;

28.  Expresa su preocupación por el hecho de que la tasa de innovación e incorporación de nuevas tecnologías pueda ser inferior con mucho a la tasa de crecimiento de los viajes aéreos y subraya que será necesario introducir nuevas normas acordadas internacionalmente en materia de emisiones sonoras, así como un nuevo enfoque para reducir el número de personas afectadas por el ruido;

Aumentar la cooperación en materia de capacidad entre las regiones aeroportuarias

29.  Opina que la ampliación de la capacidad de los aeropuertos no será posible sin una colaboración eficaz entre los autoridades de los aeropuertos y las administraciones regionales y locales pertinentes, a condición de que esta colaboración no contravenga las normas comunitarias sobre competencia;

30.  Acoge favorablemente toda iniciativa de las regiones aeroportuarias que conduzca a un diálogo a escala europea sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo de capacidades aeroportuarias adicionales, especialmente, en relación con la coordinación o integración, las consecuencias medioambientales para las poblaciones circundantes, la planificación de la utilización del terreno, el crecimiento y el empleo;

31.  Pide a la Comisión que inste los Estados miembros al refuerzo de sus normas de urbanismo y de construcción, a fin de prevenir las molestias sonoras y la contaminación que causan las plataformas aeroportuarias en los terrenos circundantes;

32.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten el intercambio de mejores prácticas en relación con la gestión pública de estas regiones aeroportuarias y que concedan ayuda financiera a los proyectos piloto y a los programas de investigación relacionados con la cuestión del impacto de los aeropuertos en las zonas circundantes y en quienes las habitan;

33.  Expresa su deseo de que los aeropuertos "de ordenación del territorio" de las regiones aisladas, periféricas o ultraperiféricas puedan seguir recibiendo ayudas de Estado proporcionadas a las misiones de interés general que llevan a cabo;

34.  Considera que las compañías aéreas deben proporcionar garantías adecuadas y responsabilizarse de la amortización de los equipamientos aeroportuarios que exigen a los gestores de los aeropuertos con objeto de no poner a estos últimos en una situación difícil en caso de ruptura imprevista del compromiso antes de la completa amortización de dichos equipamientos;

Servicios de asistencia en tierra

35.  Toma nota del mencionado informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 96/67/CE del Consejo;

36.  Acoge con satisfacción el impacto positivo que, según la Comisión, ha tenido la Directiva, si bien señala, en primer lugar, que la evaluación positiva se basa en los resultados del estudio de 2002 que no abarcaba el conjunto de la Unión ampliada, pese a que, según se ha podido observar, la aplicación de la Directiva preocupa especialmente en los Estados miembros que entraron a formar parte de la UE después de esta fecha; en segundo lugar, señala que las dificultades y las incertidumbres referentes a su aplicación permanecen, en especial, por lo que se refiere a los criterios que deben cumplir los prestadores de servicios que participan en licitaciones competitivas; pide a la Comisión que publique directrices detalladas o, en su caso, presente nuevas propuestas para aclarar las normas relativas a las licitaciones;

37.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un nuevo análisis de impacto sobre la aplicación de la Directiva y de los beneficios o las desventajas finales que comporta para los usuarios, los trabajadores y los pasajeros, antes de presentar propuestas que conduzcan a una mayor liberalización;

38.  Considera que, sobre la base de esta nueva evaluación del impacto, la Comisión podría, si fuera necesario, proporcionar más asesoría con respecto a la interpretación de determinadas disposiciones que podrían dejar a los aeropuertos un margen de interpretación demasiado amplio y tener consecuencias no deseadas en relación con la capacidad de los servicios de asistencia en tierra de introducirse en el mercado;

39.  Considera, no obstante, que determinadas disposiciones, por ejemplo las relativas a la protección de los trabajadores en caso de cambio de empresa o a las tarifas de acceso, deben clarificarse con rapidez; insta a la Comisión a ofrecer lo antes posible orientaciones para interpretar estas disposiciones;

40.  Recomienda que toda nueva tentativa de modificar la Directiva se concentre primero en la calidad de los servicios de asistencia en tierra y del empleo en dichos servicios; en particular, insta a la Comisión a que:

   - examine la posibilidad de establecer unos estándares mínimos de calidad y sociales que deben tenerse en cuenta en el procedimiento de selección y deben ser incluidos en los contratos entre la línea aérea y el proveedor de servicios de asistencia en tierra,
   - regule el uso de la subcontratación garantizando un nivel mínimo de seguridad y calidad para los proveedores con objeto de asegurar una competencia leal y exigir la identificación previa de todos los subcontratistas,
   - defina y establezca claramente, en la medida de lo posible, las condiciones en las que un aeropuerto puede proporcionar servicios de asistencia en tierra, especialmente cuando un número suficiente de proveedores independientes está dispuesto a proporcionar estos servicios,
   - considere la revisión y, en su caso, el aumento del número mínimo de prestadores de servicios admitidos en los aeropuertos (actualmente dos), especialmente si se trata de aeropuertos grandes, y que considere la supresión de los límites artificiales en cuanto al número de prestadores de servicios terceros,
   - introduzca un procedimiento de autorización a nivel de los Estados miembros a fin de garantizar la obligatoriedad de un nivel mínimo de calidad y viabilidad del proveedor y que se respeten la legislación social y los acuerdos colectivos; subraya que la concesión de una autorización podría estar gobernada por el principio de mutuo reconocimiento;
   - asegure que los proveedores garanticen un nivel adecuado de formación y protección social para sus empleados;
   - garantice un nivel apropiado de seguridad para todos los usuarios, los pasajeros y las mercancías;

41.  Observa que en el procedimiento de selección de los servicios de asistencia en tierra para servicios restringidos no siempre se tiene debidamente en cuenta la opinión de los usuarios de las líneas aéreas y recuerda que ha habido casos de elección de servicios de asistencia en tierra para servicios restringidos contra la opinión prácticamente unánime del comité de usuarios de aeropuerto;

42.  Insiste en la necesidad de mayor transparencia y disposiciones orientadas al usuario más estrictas en relación con la elección de los servicios de asistencia en tierra para servicios restringidos; insiste, especialmente, en que se tenga en cuenta la posibilidad de establecer normas adicionales relativas al comité de usuarios de aeropuerto, consistentes, por ejemplo, en la obligación de argumentar los motivos por los que la elección del aeropuerto no se ajusta al dictamen del comité; observa que, también en este caso, una decisión de este tipo se podría delegar en una autoridad independiente con respecto a la entidad gestora del aeropuerto; finalmente, sugiere a la Comisión que, en el contexto de cualquier futura propuesta de modificación de la Directiva 96/67/CE, considere si las líneas aéreas que prestan servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto a través de terceros deben ser excluidas o no de la votación por lo que se refiere a la selección de cualquier nuevo proveedor;

43.  Constata que, desde la adopción de la Directiva 96/67/CE, la competencia ha aumentado considerablemente y se han reducido los precios de la asistencia en tierra en casi todos los "antiguos" Estados miembros de la UE;

44.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamento de los Estados miembros.

(1) DO L 272 de 25.10.1996, p. 36.
(2) DO L 14 de 22.1.1993, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) nº 793/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 138 de 30.4.2004, p. 50).


Estrategia global de control del cáncer
PDF 127kWORD 45k
Declaración del Parlamento Europeo sobre la necesidad de elaborar una estrategia global de control del cáncer
P6_TA(2007)0434P6_DCL(2007)0052

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 116 de su Reglamento,

A.  Considerando que, con arreglo a lo dispuesto en los Tratados, la Comunidad tiene la obligación de desempeñar un papel activo en el ámbito de la salud respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad,

B.  Considerando que el cáncer sigue siendo la principal causa de mortalidad en Europa,

C.  Considerando que hoy en día se sabe que un tercio de todos los tipos de cáncer puede prevenirse y detectarse en una fase temprana, lo que permite tratarlo con éxito,

1.  Está convencido de que si se hace frente al cáncer por medio de una estrategia global, pronto dejará de ser la principal causa de mortalidad en Europa;

2.  Pide al Consejo y a la Comisión que elaboren una estrategia global que aborde los cuatro elementos fundamentales de control del cáncer, que son:

   a) la prevención,
   b) la detección precoz,
   c) el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento y
   d) los cuidados paliativos;

3.  Pide a la Comisión que revise la normativa y acciones comunitarias, mejorándolas y modificándolas conforme a los nuevos avances científicos;

4.  Pide a la Comisión que:

   fomente la investigación y la innovación en el ámbito de la prevención primaria y la detección precoz del cáncer,
   promueva campañas de información orientadas tanto a los ciudadanos como a todos los proveedores de servicios sanitarios,
   garantice que la normativa comunitaria ofrece incentivos tanto para la industria como para los investigadores, con el fin de asegurar la continuidad de las investigaciones en curso, garantizar nuevas generaciones de medicamentos y nuevas terapias para luchar contra el cáncer y controlarlo,
   asegure la difusión de las mejores prácticas mediante un sistema de redes para garantizar a los ciudadanos el acceso a las mejores terapias disponibles;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a la Comisión:

Lista de firmantes

Adamou, Agnoletto, Albertini, Allister, Anastase, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Aubert, Audy, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Bărbuleţiu, Barsi-Pataky, Battilocchio, Batzeli, Beaupuy, Beer, Belohorská, Bennahmias, Berlinguer, Blokland, Bonde, Bonsignore, Bourzai, Bowis, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Bullmann, Burke, Bushill-Matthews, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Cappato, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Casini, del Castillo Vera, Chatzimarkakis, Chichester, Christensen, Chruszcz, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corda, Correia, Coşea, Cottigny, Cramer, Creţu Gabriela, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, Deprez, De Rossa, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dimitrakopoulos, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Estrela, Ettl, Evans Jill, Falbr, Fatuzzo, Fernandes, Fernández Martín, Ferreira Anne, Figueiredo, Flasarová, Florenz, Foglietta, Fontaine, Ford, Fourtou, Friedrich, Gahler, Gaľa, Galeote, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Giertych, Gklavakis, Goebbels, Gomes, Gomolka, Gottardi, Grabowska, Graça Moura, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grosch, Grossetête, Gruber, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Hatzidakis, Hazan, Hegyi, Hellvig, Henin, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Higgins, Honeyball, Hybášková, Iacob-Ridzi, in 't Veld, Isler Béguin, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeleva, Jöns, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Kacin, Kaczmarek, Karas, Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kinnock, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klich, Klinz, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kristovskis, Kuc, Kudrycka, Kusstatscher, Laignel, Lamassoure, Lambrinidis, Landsbergis, Lax, Le Foll, Lefrançois, Lehne, Leinen, Lewandowski, Libicki, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, Locatelli, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Mann Thomas, Manolakou, Mantovani, Marinescu, Marques, Martens, Martin David, Martinez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mohácsi, Moraes, Morgantini, Morillon, Morin, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Nassauer, Navarro, Nicholson, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pafilis, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Patriciello, Peterle, Petre, Pinheiro, Pinior, Pirker, Pleštinská, Podestà, Podgorean, Podkański, Pöttering, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Portas, Posselt, Prets, Pribetich, Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Raeva, Ransdorf, Rasmussen, Remek, Resetarits, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schierhuber, Schmidt Olle, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schuth, Seeber, Seeberg, Şerbu, Sifunakis, Silva Peneda, Sinnott, Skinner, Smith, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Staes, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Stauner, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szabó, Szájer, Tajani, Takkula, Tannock, Tarabella, Thyssen, Ţicău, Ţîrle, Toia, Toma, Tomaszewska, Toubon, Toussas, Trakatellis, Triantaphyllides, Turmes, Tzampazi, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vlasák, Vlasto, Weber Henri, Weisgerber, Wijkman, Willmott, Wojciechowski Bernard, Wortmann-Kool, Wurtz, Xenogiannakopoulou, Záborská, Zaleski, Zani, Ždanoka, Zīle, Zvěřina, Zwiefka


La catedral católica de San José en Bucarest (Rumanía)
PDF 126kWORD 40k
Declaración del Parlamento Europeo sobre la necesidad de adoptar medidas para proteger la catedral católica de San José en Bucarest (Rumanía), monumento histórico y arquitectónico amenazado
P6_TA(2007)0435P6_DCL(2007)0054

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 116 de su Reglamento,

A.  Considerando que el artículo 151 del Tratado CE, que constituye el fundamento de la acción comunitaria en materia cultural, tiene como objetivo la promoción y la conservación del patrimonio cultural de los Estados miembros,

B.  Considerando que se está construyendo en Bucarest un rascacielos de cuatro niveles de sótano y veinte plantas a tan sólo ocho metros de la catedral San José, dentro de la zona protegida, en virtud de la legislación nacional rumana, que rodea ese monumento histórico,

C.  Considerando que, en este asunto, las autoridades rumanas se han negado sistemáticamente a aplicar tanto las disposiciones de la legislación nacional relativas a la protección de los monumentos históricos como las normas comunitarias de protección del patrimonio cultural y arquitectónico,

1.  Condena con la mayor firmeza la construcción ilegal de este inmueble que representa una amenaza para la catedral de San José y el palacio arzobispal, dos edificios del arzobispado católico de Bucarest que figuran en las lista de los monumentos históricos de Rumanía;

2.  Pide a la Comisión y al Consejo que condenen enérgicamente la actitud de las autoridades rumanas e inicien los procedimientos jurídicos apropiados con objeto de ordenar a dichas autoridades que se conformen a las obligaciones comunitarias relativas a la conservación y protección del patrimonio cultural y arquitectónico, enunciadas en el artículo 151 del Tratado CE;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno rumano y a las instituciones encargadas de la protección del patrimonio cultural europeo:

Lista de firmantes

Agnoletto, Aita, Albertini, Andrejevs, Andria, Andrikienė, Angelilli, Antoniozzi, Athanasiu, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Baco, Bărbuleţiu, Battilocchio, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belohorská, Berend, Berlato, Berlinguer, Bielan, Binev, Bloom, Bonsignore, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Braghetto, Brejc, Breyer, Březina, Brie, Brok, Brunetta, van Buitenen, Burke, Buruiană-Aprodu, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Camre, Cappato, Carlotti, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Casini, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Ciornei, Claeys, Cocilovo, Corbett, Corbey, Correia, Coşea, Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Creţu Corina, Creţu Gabriela, Crowley, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Daul, De Blasio, de Brún, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Rossa, Descamps, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dillen, Dîncu, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duka-Zólyomi, Dumitrescu, Ebner, Ehler, Esteves, Estrela, Ettl, Falbr, Fatuzzo, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Ferreira Anne, Ferreira Elisa, Figueiredo, Flasarová, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Fourtou, Frassoni, Friedrich, Gál, Gaľa, Ganţ, García-Margallo y Marfil, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gawronski, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gibault, Gierek, Giertych, Gklavakis, Glattfelder, Gobbo, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Grossetête, Gruber, Guellec, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Handzlik, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Hatzidakis, Hegyi, Hellvig, Hennicot-Schoepges, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Higgins, Hudacký, Hutchinson, Irujo Amezaga, Iturgaiz Angulo, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jöns, Jonckheer, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Karas, Kauppi, Kelam, Kelemen, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klich, Koch, Kónya-Hamar, Korhola, Kósáné Kovács, Krasts, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kułakowski, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lambert, Landsbergis, Lang, Laperrouze, La Russa, Lavarra, Lax, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Liese, Lombardo, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lynne, McAvan, McDonald, McGuinness, Madeira, Maňka, Mann Thomas, Mantovani, Markov, Marques, Martens, Martin David, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mihăescu, Mihalache, Mikko, Mikolášik, Mitchell, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Morgantini, Morillon, Morţun, Musacchio, Muscardini, Musotto, Mussolini, Musumeci, Napoletano, Nattrass, Navarro, Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Occhetto, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Pannella, Panzeri, Paparizov, Parish, Paşcu, Patriciello, Peterle, Pīks, Pinior, Piotrowski, Pirilli, Piskorski, Pittella, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podgorean, Podkański, Pohjamo, Poignant, Polfer, Poli Bortone, Pomés Ruiz, Popeangă, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Prodi, Protasiewicz, Queiró, Raeva, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Ries, Rivera, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rudi Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Samaras, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Schmidt Olle, Schmitt, Schöpflin, Schwab, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Sommer, Sonik, Sornosa Martínez, Spautz, Speroni, Stănescu, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stihler, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Surján, Susta, Szabó, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Ţicău, Toia, Toma, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Turmes, Ulmer, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Veneto, Ventre, Veraldi, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Vlasák, Voggenhuber, Weber Henri, Willmott, Wojciechowski Bernard, Wojciechowski Janusz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zatloukal, Ždanoka, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zvěřina, Zwiefka

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