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 Programa "La juventud en acción" para el período 2007-2013 ***I |
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(Procedimiento de codecisión: primera lectura) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0056), – Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 149, apartado 4, del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0057/2008), – Visto el artículo 51 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0274/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto; 3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión. Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión nº .../2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1719/2006/CE por la que se establece el programa "La juventud en acción" para el período 2007-2013
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la Decisión nº 1349/2008/CE.) | ||||||||
| Programa "Cultura" (2007-2013) ***I |
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(Procedimiento de codecisión: primera lectura) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0057), – Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 151, apartado 5, guión 1, del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0058/2008), – Visto el artículo 51 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0273/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto; 3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión. Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión nº .../2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1855/2006/CE por la que se establece el programa Cultura (2007-2013)
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la Decisión nº 1352/2008/CE.) | ||||||||
| Programa "Europa con los ciudadanos" para el período 2007-2013 ***I |
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(Procedimiento de codecisión: primera lectura) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0059), – Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 151 y 308 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0060/2008), – Visto el artículo 51 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0275/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto; 3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión. Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 2 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión nº .../2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1904/2006/CE por la que se establece el programa "Europa con los ciudadanos" para el período 2007-2013 a fin de promover la ciudadanía europea activa
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la Decisión nº 1358/2008/CE.) | ||||||||
| Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente ***I |
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(Procedimiento de codecisión: primera lectura) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0061), – Vistos el artículo 251, apartado 2, y los artículos 149, apartado 4, y 150, apartado 4, del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0064/2008), – Visto el artículo 51 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0276/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto; 3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión. Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción de la Decisión nº .../2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1720/2006/CE por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, la Decisión nº 1357/2008/CE.) | ||||||||
| Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Uzbekistán * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión (COM(2007)0117), – Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación con la República de Uzbekistán, – Vistos el artículo 44, apartado 2, el artículo 47, apartado 2, última frase, el artículo 55, el artículo 57, apartado 2, el artículo 71, el artículo 80, apartado 2, los artículos 93, 94, 133 y 181 A, y el artículo 300, apartado 2, segunda frase, del Tratado CE, – Visto el artículo 101, del Tratado Euratom, – Visto el artículo 6, apartado 2, del Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumanía, – Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0213/2008), – Vistos los artículos 51 y 83, apartado 7, y el artículo 43, apartado 1 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0306/2008), 1. Aprueba la celebración del Protocolo; 2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Uzbekistán. | |||||||
| Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Kirguistán * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión (COM(2007)0133), – Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación con la República Kirguisa, – Vistos el artículo 44, apartado 2, el artículo 47, apartado 2, última frase, el artículo 55, el artículo 57, apartado 2, el artículo 71, el artículo 80, apartado 2, los artículos 93, 94, 133 y 181 A, y el artículo 300, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado CE, – Visto el artículo 101 del Tratado Euratom, – Visto el artículo 6, apartado 2, del Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumanía, – Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0228/2008), – Vistos los artículos 51 y 83, apartado 7, y el artículo 43, apartado 1, de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0307/2008), 1. Aprueba la celebración del Protocolo; 2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República Kirguisa. | |||||||
| Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Tayikistán * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión (COM(2007)0143), – Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación con la República de Tayikistán, – Vistos el artículo 44, apartado 2, el artículo 47, apartado 2, última frase, el artículo 55, el artículo 57, apartado 2, el artículo 71, el artículo 80, apartado 2, los artículos 93, 94, 133 y 181 A, y el artículo 300, apartado 2, segunda frase, del Tratado CE, – Visto el artículo 101 del Tratado Euratom, – Visto el artículo 6, apartado 2, del Acta de Adhesión de Bulgaria y Rumanía, – Visto el artículo 300, apartado 3, primer párrafo, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0254/2008), – Vistos los artículos 51 y 83, apartado 7, y el artículo 43, apartado 1, de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0320/2008), 1. Aprueba la celebración del Protocolo; 2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Tayikistán. | |||||||
| Responsabilidad de Montenegro relativa a los préstamos a largo plazo concedidos a Serbia y Montenegro (antigua República Federativa de Yugoslavia) * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0228), – Visto el artículo 308 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0221/2008), – Vistos el artículo 51 y el artículo 43, apartado 1, de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0281/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión; 2. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento; 3. Solicita la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común de 4 de marzo de 1975, si el Consejo se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento; 4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión; 5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión. | |||||||
| Producción y etiquetado de los productos ecológicos * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008)0314), – Visto el artículo 37, apartado 2, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0219/2008), – Vistos el artículo 51 y el artículo 43, apartado 1, de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0311/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión; 2. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento; 3. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión; 4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión. | |||||||
| Acuerdo de Pesca para el Océano Índico Meridional * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2007)0831), – Vistos el artículo 37 y el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, del Tratado CE, – Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0047/2008), – Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto, – Vistos los artículos 51 y 35 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0315/2008), 1. Aprueba la propuesta de Decisión del Consejo en su versión modificada y aprueba la celebración del Acuerdo; 2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.
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| Proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2008 |
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El Parlamento Europeo, – Vistos el artículo 272 del Tratado CE y el artículo 177 del Tratado Euratom, – Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(1), y, en particular, sus artículos 37 y 38, – Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, aprobado definitivamente el 13 de diciembre de 2007(2), – Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3), – Visto el anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2008 de la Unión Europea para el ejercicio 2008 presentado por la Comisión el 18 de junio de 2008 (COM(2008)0381), – Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2008 establecido por el Consejo el 22 de julio de 2008 (11571/2008 – C6-0294/2008) – Vistos el artículo 69 y el Anexo IV de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A6-0328/2008), 1. Aprueba el proyecto de presupuesto rectificativo n° 5/2008 sin modificaciones; 2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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| Red Judicial Europea * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, el Reino de España, el Reino de Bélgica, la República de Polonia, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la República de Estonia, la República de Austria y la República Portuguesa (5620/2008), – Visto el artículo 34, apartado 2, letra c), del Tratado UE, – Visto el artículo 39, apartado 1, del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0074/2008), – Vistos los artículos 93 y 51 del Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0292/2008), 1. Aprueba la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, el Reino de España, el Reino de Bélgica, la República de Polonia, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la República de Estonia, la República de Austria y la República Portuguesa, en su versión modificada; 2. Pide al Consejo que modifique el texto en consecuencia; 3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento; 4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, el Reino de España, el Reino de Bélgica, la República de Polonia, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la República de Estonia, la República de Austria y la República Portuguesa; 5. Pide al Consejo y a la Comisión que, después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, concedan prioridad a cualquier futura propuesta de modificación de la Decisión, de conformidad con la Declaración n° 50 relativa al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias que se adjuntará como anexo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado por el que se establece la Comunidad Europea de la Energía Atómica; 6. Expresa su determinación de examinar cualquier futura propuesta por el procedimiento de urgencia, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 5 y en estrecha colaboración con los Parlamentos nacionales; 7. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, el Reino de España, el Reino de Bélgica, la República de Polonia, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Eslovaca, la República de Estonia, la República de Austria y la República Portuguesa.
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| Aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones en materia penal * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de Alemania (5598/2008), – Visto el artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado UE, – Visto el artículo 39, apartado 1, del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0075/2008), – Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento, – Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0285/2008), 1. Aprueba la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de Alemania en su versión modificada; 2. Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto; 3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento; 4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la iniciativa de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de Alemania; 5. Pide al Consejo y a la Comisión que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, den prioridad a toda futura propuesta de modificación de la Decisión con arreglo a la Declaración nº 50 relativa al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias que deberá ir anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica; 6. Expresa su determinación de examinar toda futura propuesta de esta naturaleza por procedimiento de urgencia con arreglo al procedimiento al que se refiere el apartado 5 y en estrecha cooperación con los Parlamentos nacionales; 7. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de la República de Eslovenia, la República Francesa, la República Checa, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, el Reino Unido y la República Federal de Alemania.
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| Pesca y acuicultura en el contexto de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa |
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El Parlamento Europeo, – Vista la Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de zonas costeras en Europa(1), – Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 7 de junio de 2007, titulada "Evaluación de la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) en Europa" (COM(2007)0308), – Visto el Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca(2), – Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)(3) y la Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2005, titulada "Estrategia temática sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino" (COM(2005)0504), – Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de octubre de 2007 titulada "Una política marítima integrada para la Unión Europea " (COM(2007)0575), – Vista su Resolución, de 15 de junio de 2006, sobre la pesca de bajura y los problemas a los que se enfrentan las comunidades dependientes de la pesca de bajura(4), – Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2006, sobre la mejora de la situación económica en el sector pesquero (COM(2006)0103) y su Resolución, de 28 de septiembre de 2006(5), sobre ese tema, – Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de septiembre de 2002, titulada "Estrategia para el desarrollo sostenible de la acuicultura europea" (COM(2002)0511), – Visto el estudio para el Parlamento sobre la dependencia regional de la pesca(6), – Visto el artículo 45 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Pesca (A6-0286/2008), A. Considerando que la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) no es sólo una política medioambiental sino también un proceso en curso dirigido a mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas costeras y a asegurar el desarrollo sostenible de todas las actividades realizadas en esas regiones, como la pesca y la acuicultura, B. Considerando que la aplicación de la GIZC es un proceso a largo plazo y que la mayor parte de las estrategias nacionales adoptadas en el marco de la citada recomendación sólo empezaron a aplicarse en 2006, C. Considerando que la gestión de las zonas costeras se ha introducido hasta ahora a medio plazo, ignorando el hecho de que dichas zonas constituyen ecosistemas naturales complejos que cambian con el paso del tiempo, D. Considerando que las decisiones y medidas adoptadas se refieren a una actividad aislada y no han abordado el problema de la degradación de las zonas costeras en su conjunto, E. Considerando que la planificación existente ha tenido hasta ahora una orientación terrestre y no ha tenido en cuenta el impacto de determinadas actividades costeras sobre otras que se realizan en la misma región, F. Considerando que se espera que las estrategias nacionales de GIZC tengan un bajo coste de aplicación al tiempo que producen importantes beneficios económicos, G. Considerando que no se ha implicado adecuadamente a los representantes de todos los sectores en la planificación y aplicación de las medidas para abordar los problemas de las zonas costeras y que, como resultado, se han perjudicado los intereses de determinados sectores, H. Considerando que la puesta en marcha de políticas de gestión integrada exige una planificación para los territorios costeros de los usos poblacionales, turísticos, económicos y de protección paisajística y ambiental. I. Considerando que hasta ahora no ha sido posible coordinar de manera efectiva a los organismos de GIZC, excepto en casos aislados, J. Considerando que la aplicación de las políticas de promoción de la GIZC puede exigir, en algunos casos, un gasto a gran escala, que las comunidades locales no pueden sufragar, dando lugar al recurso a niveles administrativos más elevados y a retrasos en la aplicación, K. Considerando que, debido al carácter transfronterizo de muchos procesos costeros, son necesarias la cooperación y coordinación regionales, incluso con terceros países, L. Considerando que la pesca y la acuicultura son dos actividades costeras por excelencia que dependen de la calidad de las aguas costeras, M. Considerando que la acuicultura aún no ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que permita desarrollar esta actividad intensiva lejos de las zonas costeras, N. Considerando que debe tenerse en cuenta el papel fundamental y hasta ahora poco reconocido que desempeñan las mujeres en las zonas dependientes de la pesca, O. Considerando que la pesca costera representa el 80 % de la flota pesquera de la Comunidad y contribuye a la cohesión económica y social de las comunidades costeras y a la preservación de sus tradiciones culturales, P. Considerando que la pesca, aunque no sea en sí misma una fuente de contaminación, sufre el impacto de la contaminación producida por otras actividades realizadas en las zonas costeras, lo que socava aún más su viabilidad, Q. Considerando que la pesca y la acuicultura revisten una gran importancia económica y social, dado que se realizan en regiones costeras con economías frágiles, muchas de las cuales son desfavorecidas y no pueden facilitar a sus habitantes oportunidades de trabajo alternativas, R. Considerando que la existencia de un medio marino limpio y sano contribuirá al aumento de la producción pesquera en el futuro, mejorando así las perspectivas del sector, S. Considerando que la acuicultura está sólidamente basada en el principio del desarrollo sostenible, y que todo impacto medioambiental se compensa a través de reglamentaciones comunitarias, T. Considerando que, en un entorno en el que están disminuyendo las existencias de pescado al tiempo que aumenta la demanda mundial de pescado y crustáceos, la importancia de la acuicultura en Europa aumenta de manera continuada, U. Considerando que no todos los Estados miembros han concretado hasta ahora su planificación regional de acuerdo con los principios de la GIZC para el desarrollo equilibrado de las actividades llevadas a cabo en esas zonas, V. Considerando que existe una fuerte competencia por el espacio en las zonas costeras y que los acuicultores y pescadores tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás usuarios, W. Considerando que las regiones ultraperiféricas, tal y como se definen en el artículo 299, apartado 2, del Tratado CE y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, podrían requerir la creación de estrategias nacionales de GIZC integradas y específicas, así como una adaptación adecuada de la GIZC a escala de la UE, 1. Subraya la importancia económica y social de la pesca y de la acuicultura para las regiones costeras y pide que éstas reciban ayuda en el marco de la GIZC; 2. Señala la necesidad de garantizar la participación y la adecuada representación de los sectores de la pesca y la acuicultura en los foros marítimos transnacionales y exhorta a la Comisión a estimular el proceso correspondiente; 3. Destaca que el Fondo Europeo de Pesca puede contribuir a financiar a largo plazo las medidas en el marco de la GIZC, dado que apoya acciones que contribuyen al desarrollo sostenible de las regiones pesqueras; 4. Señala la necesidad de aclarar las competencias de los organismos administrativos de las zonas pesqueras afectadas y de establecer estrategias coordinadas con el fin de incrementar su eficacia; 5. Reconoce las dificultades para coordinar las actividades de los organismos de gestión de las zonas costeras y pide a la Comisión, a la hora de controlar la aplicación de la GIZC, que reexamine, después de consultar a los Estados miembros, si es necesario o no crear un organismo de coordinación; 6. Subraya la necesidad de que se asocie a los representantes del sector pesquero y acuícola a las actividades vinculadas a la planificación y al desarrollo de la GIZC, teniendo en cuenta que su participación en estrategias de desarrollo sostenible incrementará el valor añadido de sus producciones, y recuerda que el Fondo Europeo de Pesca puede apoyar estas acciones colectivas; 7. Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres en las zonas dependientes de la pesca, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para garantizar la promoción y la integración del principio de igualdad de oportunidades en las diferentes fases de aplicación del Fondo Europeo de Pesca, a saber las fases de concepción, aplicación, seguimiento y evaluación, con arreglo a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1198/2006; 8. Pide una cooperación más estrecha entre los organismos competentes a escala regional a través de intercambios de información en relación con el estado de las zonas costeras y la adopción de estrategias conjuntas para mejorar la situación medio ambiental de los ecosistemas marinos locales; 9. Pide a los autoridades nacionales y regionales de las regiones ultraperiféricas que elaboren estrategias integradas de GIZC con el fin de garantizar el desarrollo sostenible de las regiones costeras; 10. Destaca la importancia que reviste en los contextos mencionados una ordenación territorial adecuada; 11. Estima que la acuicultura con fines de repoblación es un instrumento esencial para la conservación ecológica de determinadas zonas costeras, por lo que debe fomentarse estimularse y recibir apoyo financiero; 12. Hace hincapié en la importancia de la acuicultura para la industria alimentaria con fines de desarrollo social y económico en determinadas comunidades costeras de la UE; 13. Considera que los sectores de la pesca y la acuicultura deben estar incluidos en un enfoque transversal de la globalidad de las actividades marítimas que se desarrollan en las zonas costeras, con el fin de conseguir un desarrollo sostenible de acuerdo con las nuevas directrices de política marítima; 14. Subraya la necesidad de desarrollar y aplicar estrategias para hacer frente a los peligros que amenazan a las zonas costeras, incluido el cambio climático, teniendo plenamente en cuenta el impacto sobre la pesca y la acuicultura; 15. Considera que deben continuar los esfuerzos de recogida de datos para contribuir al intercambio y al uso de información con vistas a llevar a cabo estudios comparativos, incluidos los datos sobre el estado de la biodiversidad y las poblaciones de peces; 16. Considera que se deben incrementar los esfuerzos en materia de investigación en acuicultura para la implantación de sistemas de cultivo de producción intensiva en circuitos cerrados; 17. Propone que se dé prioridad en la GZIC a aquellos proyectos de acuicultura que utilicen energías renovables y que respeten los espacios protegidos con arreglo a normas ambientales europeas; 18. Pide a la Comisión que, después de consultar a los Estados miembros, establezca un calendario claro para examinar los progresos realizados en la aplicación de la GIZC en la Unión Europea; 19. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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| Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de fronteras Schengen ***I |
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(Procedimiento de codecisión: primera lectura) El Parlamento Europeo, – Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0101), – Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 62, apartado 2, letra a), del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0086/2008), – Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 25 de junio de 2008, de adoptar la propuesta en su versión modificada, de conformidad con el artículo 251, apartado 2, párrafo segundo, primer guión, del Tratado CE, – Visto el artículo 51 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0208/2008), 1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada; 2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto; 3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión. Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 2 de septiembre de 2008 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) nº .../2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo relativo al Sistema de Información de Visados (VIS) en el marco del Código de Fronteras Schengen
(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la Posición del Parlamento en la primera lectura coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (CE) nº 81/2009.) | ||||||||
| Decisión del Consejo por la que se refuerza Eurojust y se modifica la Decisión 2002/187/JAI * |
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(Procedimiento de consulta) El Parlamento Europeo, – Vista la iniciativa del Reino de Bélgica, la República Checa, la República de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República de Italia, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia y el Reino de Suecia (5613/2008), – Visto el artículo 34, apartado 2, letra b), del Tratado UE, – Visto el artículo 39, apartado 1, del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0076/2008), – Vistos los artículos 93 y 51 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0293/2008), 1. Aprueba la iniciativa del Reino de Bélgica, la República Checa, la República de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República de Italia, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia y el Reino de Suecia en su versión modificada; 2. Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto; 3. Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento; 4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la iniciativa del Reino de Bélgica, la República Checa, la República de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República de Italia, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia y el Reino de Suecia; 5. Pide al Consejo y a la Comisión que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, den prioridad a toda futura propuesta de modificar la Decisión de conformidad con la Declaración nº 50 relativa al artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias que deberá ir anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica; 6. Está resuelto a examinar toda propuesta futura por el procedimiento de urgencia de acuerdo con el procedimiento establecido en el apartado 5 y en estrecha cooperación con los Parlamentos nacionales; 7. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos del Reino de Bélgica, la República Checa, la República de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República de Italia, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia y el Reino de Suecia.
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| Evaluación del sistema de Dublín |
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El Parlamento Europeo, – Visto el Reglamento (CE) n° 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país(1) (Reglamento de Dublín), – Visto el Reglamento (CE) n° 2725/2000 del Consejo, de 11 de diciembre de 2000, relativo a la creación del sistema "Eurodac" para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Convenio de Dublín(2) (Reglamento Eurodac), – Vista la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida(3), – Vista la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros(4) (Directiva relativa a la acogida), – Visto el Reglamento (CE) n° 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 311/76 del Consejo relativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros(5), – Vistas las conclusiones del Consejo sobre el acceso a Eurodac por parte de las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, así como de Europol(6), – Vista la Decisión nº 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como parte del Programa general "Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios" y por la que se deroga la Decisión 2004/904/CE del Consejo(7), – Vista su Resolución del 6 de abril de 2006 sobre la situación de los refugiados en Malta(8), – Vistos los informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre sus visitas efectuadas a centros de retención de varios Estados miembros, – Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre el asilo: cooperación práctica, calidad del proceso de toma de decisiones en el sistema europeo común de asilo(9), – Vista su Resolución, de 16 de enero de 2008, sobre la Comunicación de la Comisión "Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la Infancia"(10), – Vista su Resolución de, 13 de marzo de 2008, sobre el caso del ciudadano iraní Mehdi Kazemi(11), – Visto el artículo 45 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0287/2008), A. Considerando que todo solicitante de asilo tiene derecho a un examen individual y completo de su solicitud, B. Considerando que la legislación y la práctica en materia de asilo varían ampliamente de un país a otro y, a consecuencia de ello, los solicitantes de asilo reciben un trato diferente de un Estado "de Dublín" a otro, C. Considerando que el sistema de Dublín se asienta en supuestos como la confianza mutua y la fiabilidad, y si no se cumplen tales requisitos previos, esto es, si se producen graves lagunas en la recogida de datos o incoherencias en el proceso de toma de decisiones en determinados Estados miembros, las deficiencias afectarán a todo el sistema, D. Considerando la evidencia de que algunos Estados miembros no garantizan un acceso efectivo al procedimiento para determinar la condición de refugiado, E. Considerando que algunos Estados miembros no aplican efectivamente la Directiva relativa a la acogida, ya sea a los solicitantes de asilo en espera de traslado a otro Estado miembro responsable en virtud del Reglamento de Dublín, ya sea en el punto de retorno al Estado miembro responsable, F. Considerando que algunos Estados miembros colocan sistemáticamente en situación de detención a las personas a las que se aplica el sistema de Dublín, G. Considerando que el elevado nivel de solicitudes múltiples y el bajo nivel de traslados efectuados constituyen indicadores de las deficiencias del sistema de Dublín y de la necesidad de establecer un sistema europeo común de asilo, H. Considerando que una aplicación correcta del Reglamento de Dublín puede conllevar una distribución desigual de la responsabilidad sobre las personas que solicitan protección, en detrimento de algunos Estados miembros especialmente expuestos a los flujos migratorios por el simple hecho de su ubicación geográfica, I. Considerando que la evaluación efectuada por la Comisión muestra que, en 2005, los 13 Estados miembros situados en las fronteras de la Unión tuvieron que abordar crecientes retos suscitados por el sistema de Dublín, J. Considerando que los Estados miembros meridionales están teniendo que aceptar las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares rescatados en situación de emergencia en su trayecto hacia Europa, K. Considerando que los Estados miembros meridionales están teniendo que aceptar las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares sin recibir ayuda alguna de países terceros que tienen la obligación de proporcionar dicha asistencia en virtud del Derecho Internacional, L. Considerando que los Estados miembros tal vez no tengan interés en cumplir con la obligación de comunicar las entradas irregulares en su territorio a la base de datos Eurodac, ya que ello podría implicar un incremento del número de solicitudes de asilo que habrían de tramitar, M. Considerando que el Reglamento de Dublín establece un sistema cuya finalidad consiste en determinar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud, pero que no se creó originariamente para este fin, por lo que no sirve como mecanismo aplicable para compartir cargas, N. Considerando esencial que toda evaluación del sistema de Dublín vaya acompañada de un mecanismo concreto, permanente, equitativo y funcional para compartir cargas, O. Considerando que el criterio de primer país de entrada conforme al sistema de Dublín conlleva una gran presión sobre los Estados miembros con fronteras exteriores, P. Considerando que los índices de reconocimiento de candidatos a la condición de refugiados varían, en el caso de nacionales de determinados países terceros, entre el 0 % y cerca del 90 % dentro de los Estados miembros, Q. Considerando esencial que quienes presenten una solicitud de asilo reciban una información completa del procedimiento de Dublín y de sus posibles consecuencias en una lengua que comprendan, R. Considerando que el apartado 2del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea estipula que en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial, S. Considerando que, a pesar de que la unidad de la familia se mencione en primer lugar dentro de la jerarquía de criterios previstos en el Reglamento de Dublín, no se aplicar a menudo dicha disposición, T. Considerando que hay una falta evidente de precisión en los datos estadísticos sobre los traslados, puesto que no indican, por ejemplo, el índice de peticiones de asunción de responsabilidad para solicitantes de asilo que hayan cruzado irregularmente las fronteras, o la proporción de peticiones de acogida frente a las de readmisión, U. Considerando que, en 2005, nueve de los nuevos Estados miembros declararon que habían registrado más traslados "entrantes" en aplicación del Reglamento de Dublín, y que los Estados miembros que no tienen fronteras terrestres exteriores de la Unión Europea declararon que habían registrado más traslados "salientes", V. Considerando que la Comisión no ha podido evaluar el coste del sistema de Dublín, cuando se trata de un dato fundamental para poder evaluar su eficacia, W. Considerando que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, en la reunión celebrada los días 12 y 13 de junio de 2007 en Luxemburgo, pidió a la Comisión que presentara lo antes posible una modificación al Reglamento de Eurodac para permitir que las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, así como Europol, tengan acceso en determinadas condiciones a Eurodac, una base de datos concebida inicialmente como instrumento para la aplicación del Reglamento de Dublín, Eficacia del sistema y distribución de la responsabilidad 1. Cree firmemente que, a menos que se logre un nivel de protección satisfactorio y coherente en toda la Unión Europea, el sistema de Dublín siempre producirá resultados insatisfactorios tanto desde el punto de vista técnico como humano, y que los solicitantes de asilo continuarán teniendo motivos válidos para querer presentar su solicitud en un Estado miembro específico a fin de beneficiarse del proceso de toma de decisiones más favorable a nivel nacional; 2. Expresa su firme convicción de que, en ausencia de un verdadero sistema europeo común de asilo y de un procedimiento único, el sistema de Dublín seguirá siendo injusto tanto para los solicitantes de asilo como para determinados Estados miembros; 3. Reitera la urgente necesidad de mejorar tanto la calidad como la coherencia del proceso de toma de decisiones; considera que una oficina europea de apoyo en materia de asilo podría desempeñar un valioso papel a ese respecto, por ejemplo, proporcionando formación para unas elevadas normas comunes y facilitando equipos de apoyo constituidos por expertos; 4. Pide a la Comisión que considere las modalidades para facilitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) una financiación directa, como complemento de la financiación basada en proyectos, que le permita reforzar su labor de seguimiento y asesoramiento en la UE y seguir desarrollando métodos para ayudar a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por mejorar la calidad de la toma de decisiones; 5. Pide a la Comisión que presente propuestas tendentes a la creación de mecanismos de distribución de la responsabilidad para aliviar la carga desproporcionada que puede recaer en determinados Estados miembros, en particular en los Estados miembros con fronteras exteriores, pero que no entran en el sistema de Dublín; 6. Pide a la Comisión que, en espera del establecimiento de mecanismos europeos para compartir las cargas, considere la posibilidad de prever mecanismos distintos de los financieros dentro del Reglamento de Dublín a fin de corregir las consecuencias nefastas de su aplicación para los pequeños Estados miembros con fronteras exteriores de la Unión; 7. Pide a la Comisión que prevea un mecanismo obligatorio para suspender los traslados de solicitantes de asilo a Estados miembros que no garanticen una tramitación completa y equitativa de sus solicitudes, y que tome medidas de forma sistemática respecto a esos Estados; 8. Pide a la Comisión que establezca relaciones bilaterales de trabajo significativas con países terceros, a fin de facilitar la cooperación y asegurar que dichos terceros países cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales en relación con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y los rescates en el mar; Derechos de los solicitantes 9. Pide a la Comisión que introduzca en el nuevo Reglamento disposiciones más claras y estrictas respecto a los medios por los que se informa a los solicitantes de protección sobre las implicaciones del Reglamento de Dublín, y que considere la elaboración de un folleto estandarizado que podría traducirse a determinas lenguas y distribuirse en todos los Estados miembros y que también debería tener en cuenta los niveles individuales de alfabetización; 10. Pide a la Comisión que modifique los artículos 19 y 20 del Reglamento de Dublín, relativos a "hacerse responsable" y a la "readmisión", a fin de que los solicitantes dispongan de un derecho de recurso con suspensión automática contra las decisiones de traslado de la responsabilidad a otro Estado miembro en virtud del Reglamento de Dublín; 11. Reafirma que el principio de "no devolución" o non refoulement debe seguir siendo una de las piedras angulares de todo sistema común de asilo a escala de la Unión Europea, e insiste en que la aplicación del Reglamento de Dublín nunca debería conducir a que la tramitación de una solicitud se cerrara por razones procedimentales y no se reabriera para un examen completo y equitativo de la solicitud inicial tras un traslado con arreglo al procedimiento de Dublín; considera que ello debería quedar claro en el Reglamento; 12. Considera que debería mejorarse el intercambio de información sobre traslados entre los Estados miembros, en particular respecto a la atención médica especializada que necesiten las personas trasladadas; 13. Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de que una persona afectada por el traslado a otro Estado miembro en aplicación del sistema de Dublín pueda ser trasladada a su país de origen, sólo en caso de que dicha persona así lo pida expresamente y dentro del pleno respeto de los derechos procedimentales; Reunificación familiar y principio del interés superior del menor 14. Recomienda que se adopten a escala de la Unión Europea una serie de directrices sobre la evaluación de la edad y que, en caso de incertidumbre, se conceda el beneficio de la duda al menor; 15. Recuerda que en todas las decisiones relativas a menores, debe primar el interés superior del menor; subraya que los menores no acompañados no deben ser nunca objeto de detención o traslado a otro Estado miembro, excepto por razones de reunificación familiar, y que si dicho traslado fuera necesario, el menor deberá estar debidamente representado y acompañado a lo largo de todo el procedimiento; por ello acoge con satisfacción la intención de la Comisión de aclarar la aplicación de las normas de Dublín en el caso de los menores no acompañados; 16. Lamenta que la definición de miembro de la familia sea demasiado restrictiva con arreglo al Reglamento en vigor, y pide a la Comisión que amplíe la definición actual para incluir a las parejas de hecho y a todos los parientes cercanos, y en particular a los que no tienen otro apoyo familiar, así como a los hijos adultos que no pueden valerse por sí mismos; 17. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín para incluir la protección subsidiaria, ya que ello permitirá que los solicitantes de protección subsidiaria se agrupen con los miembros de la familia que hayan recibido o solicitado este tipo de protección en otro Estado miembro; Detención 18. Pide a la Comisión que incluya una disposición que limite la detención de los solicitantes que dependen del Reglamento Dublín, de modo que ésta sea una medida de último recurso, especificando al mismo tiempo los fundamentos para el empleo de la detención y las salvaguardias procesales que deben contemplarse; 19. Pide a la Comisión que declare explícitamente en el Reglamento de Dublín que los solicitantes dependientes del mismo tienen derecho a las mismas condiciones de acogida que otros solicitantes de asilo, de conformidad con el apartado 1del artículo 3 de la Directiva relativa a la acogida donde se establecen las normas generales, concretamente sobre las condiciones materiales de acogida, atención sanitaria, libertad de circulación y escolarización de los menores; Cláusula humanitaria y cláusula de soberanía 20. Considera que la cláusula humanitaria que figura en el artículo 15 del Reglamento de Dublín otorga una flexibilidad considerable al sistema de Dublín, pero que debería aplicarse con mayor amplitud, a fin de evitar que las familias sufran privaciones indebidas a resultas de la separación; 21. Considera que si un solicitante de asilo se encuentra en un estado particularmente vulnerable debido a una enfermedad grave, un grado de discapacidad importante, edad avanzada o embarazo, por lo que depende de la asistencia de un familiar presente en el territorio de un Estado miembro distinto del que se ha hecho cargo del examen de la solicitud, debería procederse en la medida de lo posible, a la reunificación del solicitante con dicho familiar; pide a la Comisión que considere conferir carácter obligatorio a las disposiciones correspondientes de la cláusula humanitaria que figuran en el apartado 2 del artículo 15; 22. Considera que debería introducirse un deber proactivo de búsqueda de los familiares por parte de organizaciones como la Cruz Roja y la Media Luna Roja; 23. Acoge favorablemente la intención de la Comisión de especificar mejor las circunstancias y procedimientos para la aplicación de la cláusula de soberanía, en particular para incluir la condición de consentimiento del solicitante de asilo; Recogida de datos y Eurodac 24. Expresa su preocupación ante las discrepancias y deficiencias de la recogida de datos, tal como se han puesto en evidencia en la evaluación del sistema de Dublín realizada por la Comisión, especialmente respecto al registro de impresiones dactilares en caso de cruce irregular de las fronteras de la Unión, lo cual arroja serias dudas sobre la validez del sistema; tiene la confianza de que el citado Reglamento (CE) nº 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional proporcionará a las partes interesadas una imagen más precisa del funcionamiento del sistema de Dublín y de otros instrumentos comunitarios en materia de protección internacional; 25. Expresa su preocupación en cuanto al hecho de que no se disponga actualmente de ninguna evaluación del coste del sistema de Dublín; pide a la Comisión que solucione este problema, ya que se trata de un factor importante para la evaluación del sistema; 26. Toma nota, con interés, de las preocupaciones expresadas por la Comisión en relación con la recogida y la calidad de los datos transmitidos a la unidad central de Eurodac, así como en lo que respecta a la inobservancia de la obligación de borrar determinados datos y al cumplimiento de las normas de protección de datos de carácter personal; considera que dichas deficiencias, que ponen en cuestión la fiabilidad de Eurodac, deben abordarse como corresponde antes de contemplar cualquier otro uso de esta base de datos; 27. Considera que cada Estado miembro debería aclarar, mediante una lista cerrada, qué agencias y autoridades tienen acceso a la base de datos Eurodac y con qué finalidad, a fin de evitar cualquier utilización ilegal de los datos; 28. Subraya que la ampliación del acceso a la base de datos Eurodac para los cuerpos policiales y judiciales de los Estados miembros y Europol conlleva el peligro de que la información pueda llegar a países terceros, lo cual podría tener repercusiones negativas para los solicitantes de asilo y sus familias; está convencido que ello también incrementaría el riesgo de que los solicitantes de asilo sufrieran una estigmatización; o 29. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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| Seguro de automóviles |
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El Parlamento Europeo, – Visto el informe de la Comisión sobre algunos aspectos relativos al seguro de automóviles (COM(2007)0207) (en adelante denominado el "informe de la Comisión"), – Vista la Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)(1), – Visto el artículo 45 de su Reglamento, – Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0249/2008), A. Considerando que la libre circulación de personas en la UE, especialmente en el contexto de las dos últimas rondas de ampliación y de la consiguiente ampliación del grupo Schengen, ha tenido como resultado un rápido incremento del número de personas y vehículos que cruzan las fronteras de los Estados miembros por razones personales y profesionales, B. Considerando que la prioridad de proteger a las víctimas de accidentes exige una legislación clara, precisa y eficaz, a nivel de la UE, sobre los seguros de automóviles, C. Considerando que la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles dispuso que la Comisión informase al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el establecimiento y la efectividad de las sanciones nacionales previstas en relación con el procedimiento de oferta/respuesta motivada, así como sobre su equivalencia, y presentase, en su caso, propuestas, D. Considerando que el informe de la Comisión examina las disposiciones sancionadoras nacionales, la eficacia del régimen del representante a efectos de siniestros y la actual oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica, que pueden ser suscritos adicionalmente por cualquier víctima potencial de un accidente de tráfico, E. Considerando que el artículo 4, apartado 6, de la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles regula el procedimiento de oferta motivada, según el cual las víctimas de siniestros en el extranjero tienen el derecho de reclamar una indemnización al representante a efectos de siniestros designado por la aseguradora en el país de residencia de la víctima, F. Considerando que la entidad aseguradora debe dar a la víctima del siniestro una respuesta motivada en el plazo de tres meses o atenerse a sanciones, G. Considerando que todavía es necesario aclarar el funcionamiento de esta disposición, H. Considerando que la Comisión debe tener plenamente en cuenta la ampliación cuando aplique las políticas de la UE, especialmente los costes, relativamente altos, de los seguros de automóviles en los nuevos Estados miembros, I. Considerando que los Estados miembros han adoptado diferentes disposiciones sancionadoras para el procedimiento de oferta/respuesta motivada, J. Considerando que las consultas efectuadas con las autoridades nacionales, nuevos Estados miembros incluidos, han confirmado que, en los casos en que existen, las actuales disposiciones sancionadoras son adecuadas y que se aplican efectivamente en toda la UE, K. Considerando, no obstante, que algunos Estados miembros no contemplan sanciones específicas y confían exclusivamente en la obligación del asegurador de pagar los intereses legales sobre el importe de la indemnización si la oferta o la respuesta motivada no se presentan en un plazo de tres meses, L. Considerando que el régimen de representantes a efectos de siniestros está relativamente bien establecido en la mayoría de los Estados miembros, M. Considerando que las consultas realizadas por la Comisión con el fin de evaluar el conocimiento por parte de los ciudadanos del sistema de representantes para la liquidación de siniestros sólo han contado con la participación de los Estados miembros y las entidades de seguros, y no han logrado una participación adecuada de los ciudadanos y de las asociaciones de consumidores, es decir, las personas más interesadas en que el sistema funcione adecuadamente, N. Considerando que la oferta de seguros de defensa jurídica relativos a los costes jurídicos soportados por las víctimas de accidentes de automóviles existe en la mayoría de los Estados miembros; considerando que más del 90 % de los casos se resuelven por vía amistosa, y que en muchos Estados miembros se reembolsan los gastos de defensa jurídica; considerando, además, que las aseguradoras de defensa jurídica hace años que proporcionan cobertura para todos los casos transfronterizos y, por tanto, han establecido departamentos propios para atender a reclamaciones del extranjero y facilitar una rápida resolución de las mismas, O. Considerando que sigue abierta la cuestión de saber si el seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros debe incluir unos costes razonables de defensa jurídica en todos los Estados miembros, P. Considerando que la cobertura de los gastos procesales razonables en todos los Estados miembros por parte de los seguros de responsabilidad civil de automóviles contribuye sin duda a una mayor protección y confianza de los consumidores europeos, Q. Considerando que el sector de los seguros se está desarrollando firmemente en los nuevos Estados miembros; considerando, sin embargo, que el seguro de defensa jurídica es, en algunos de ellos, un producto relativamente nuevo que es necesario promover, dado que el seguro de defensa jurídica es relativamente poco conocido, R. Considerando que la cobertura obligatoria de los gastos de defensa jurídica debería reforzar la confianza de los consumidores en el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, especialmente en aquellos casos en que se recurre ante los tribunales, dado que los consumidores de muchos nuevos Estados miembros desconfían de las elevadas costas judiciales, que quedarían cubiertas por el seguro obligatorio, S. Considerando que un seguro obligatorio de defensa jurídica ocasionaría una carga de trabajo adicional y más compleja para los tribunales, originando probablemente los retrasos correspondientes en la resolución de litigios y un mayor porcentaje de reclamaciones injustificadas, T. Considerando que el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles y el seguro de defensa jurídica tienen objetivos diferentes y desempeñan diferentes funciones, pues mientras que el seguro obligatorio de automóviles permite al consumidor cubrir el coste de cualquier reclamación que se haga contra él tras un accidente de tráfico, el seguro de defensa jurídica cubre los costes jurídicos del recurso contra un tercero tras un accidente de tráfico, U. Considerando que, para un adecuado desarrollo de los mercados nacionales, es importante que las autoridades nacionales, el sector de los seguros y las organizaciones de consumidores promuevan campañas de información al respecto, 1. Celebra el informe de la Comisión y subraya la importancia de incluir plena y efectivamente a todas las partes interesadas, y especialmente a los consumidores, en el proceso de consultas para el desarrollo de la política de la UE en este ámbito; 2. Pide, por tanto, la implicación sistemática de las organizaciones de consumidores, y especialmente las que representan a las víctimas, en el proceso de evaluación de la eficacia de los sistemas establecidos en los Estados miembros; 3. Se felicita de esta evaluación ex-post de las medidas legislativas para asegurar que las normas se aplican del modo previsto y poner de manifiesto toda deficiencia imprevista; 4. Subraya la importancia de reforzar la confianza de los consumidores en la política de seguros de automóviles por lo que respecta a los viajes en automóvil transfronterizos en el interior de la UE, especialmente para los conductores de los antiguos Estados miembros que viajan a los nuevos Estados miembros y viceversa; 5. Considera que la promoción de las actuales soluciones jurídicas, y basadas en el mercado, que protegen a los consumidores refuerzan la confianza de los consumidores en los seguros de automóviles; 6. Opina que los Estados miembros también son responsables del buen funcionamiento de sus propios regímenes nacionales de seguros en relación con las nuevas disposiciones legales de la UE por lo que respecta al procedimiento de oferta/respuesta motivada y a los costes judiciales soportados por las víctimas; 7. Pide a la Comisión que siga supervisando en detalle el funcionamiento eficaz de los mecanismos de mercado, y que informe periódicamente de ello al Parlamento; 8. Considera que la obligación del asegurador de pagar los intereses legales en caso de demora no es un instrumento de sanción, y que es necesario un mayor control por parte de la Comisión y la adopción de medidas adecuadas con el fin de que en todos los mercados de los Estados miembros funcionen con facilidad y los consumidores queden protegidos; 9. Subraya que deberían fortalecerse las relaciones de trabajo entre la Comisión, las autoridades nacionales, el sector de los seguros y los consumidores para asegurar que se dispone en todo momento de datos fiables sobre la ejecución de las disposiciones establecidas; 10. Considera, en coherencia con el enfoque sobre sanciones generalmente adoptado en la UE, que debería mantenerse el principio de subsidiariedad y que no es necesario armonizar las disposiciones sancionadoras nacionales; 11. Considera que los organismos reguladores nacionales son los más aptos para garantizar el máximo nivel posible de protección de los consumidores en sus mercados nacionales; 12. Recomienda, por tanto, con respecto al procedimiento de oferta/respuesta motivada, dejar a la discreción de los Estados miembros la imposición de sanciones y la elección del tipo y nivel adecuados para las disposiciones que adopten; 13. Pide a los Estados miembros que garanticen la eficacia de las sanciones previstas en el caso de que no se respete el plazo de tres meses para presentar una respuesta motivada a la solicitud de indemnización o una oferta motivada de indemnización; 14. Considera oportuno examinar atentamente las causas del incumplimiento por parte de la empresa de seguros antes de proceder a la imposición de sanciones, teniendo en cuenta, en particular, los factores que no dependen de la propia empresa; espera que la Comisión siga controlando los mercados nacionales y ofrezca su contribución a las autoridades nacionales que requieran su asistencia; 15. Reitera la importancia de consolidar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del régimen de representantes a efectos de siniestros, promocionándolo mediante campañas informativas y otras medidas adecuadas; 16. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que refuercen la confianza de los consumidores, alentando las medidas adecuadas para aumentar el conocimiento y la utilización de los centros nacionales de información sobre seguros, especialmente pidiendo a las compañías de seguros que incluyan los datos del organismo de información del Estado miembro de que se trate en toda su información contractual; 17. Pide además a los Estados miembros que exijan a las aseguradoras que, como parte del paquete informativo precontractual, ofrezcan una información exhaustiva a los consumidores sobre cómo funciona el régimen de representantes a efectos de siniestros y qué utilidad y ventajas tiene para los asegurados; 18. Insta a la Comisión a que siga supervisando el funcionamiento de dicho régimen y a coordinar y ayudar, cuando sea necesario o cuando las autoridades nacionales pidan ayuda; 19. Opina además, en relación con el seguro obligatorio de automóviles, que la cobertura obligatoria por el mismo de los costes jurídicos desincentivaría claramente el recurso a la vía amistosa para la resolución de diferencias, aumentaría potencialmente el número de recursos ante los tribunales, originando un aumento injustificado de la carga de trabajo de los mismos, y podría desestabilizar el funcionamiento actual y futuro del mercado de seguros por lo que respecta al seguro voluntario de defensa jurídica; 20. Considera por tanto, en conjunto, que los efectos negativos de establecer un régimen de cobertura obligatoria de la defensa jurídica por el seguro obligatorio de automóviles superarían sus posibles ventajas; 21. Insta a la Comisión a que, en colaboración con los Estados miembros, tome las medidas adicionales necesarias para que se conozca más ampliamente el seguro de defensa jurídica, así como otros productos, especialmente en los nuevos Estados miembros, focalizando su acción en informar a los consumidores sobre las ventajas de contratar estos tipos de cobertura; 22. Considera, en este sentido, que es fundamental el papel de los organismos reguladores nacionales para la aplicación de las mejores prácticas utilizadas en otros Estados miembros; 23. Pide, por tanto, a la Comisión que refuerce la protección de los consumidores, principalmente pidiendo a los Estados miembros que inciten a sus organismos reguladores nacionales, y a las compañías aseguradoras nacionales, a difundir la posibilidad de contratar un seguro voluntario de defensa jurídica; 24. Considera que la información precontractual sobre el seguro de automóviles podría incluir información relativa a la posibilidad de contratar una cobertura de defensa jurídica; 25. Pide a los Estados miembros que insten a los organismos reguladores nacionales y a los intermediarios a informar al cliente sobre los posibles riesgos y sobre los seguros voluntarios adicionales que puedan suponerle un beneficio, tales como, por ejemplo, el seguro de defensa jurídica, la cobertura de asistencia y el seguro contra robos; 26. Pide a aquellos Estados miembros que no hayan establecido mecanismos alternativos de resolución de diferencias en materia de reclamaciones que contemplen la introducción de dichos mecanismos basándose en las mejores prácticas utilizadas por otros Estados miembros; 27. Pide que la Comisión no prejuzgue los resultados de los estudios encargados a raíz de la aprobación del Reglamento Roma II (2), sobre las diferencias en materia de daños y lesiones corporales, estudios que sugieren una solución basada en el seguro y la modificación de la Cuarta Directiva sobre el seguro de los vehículos automóviles; 28. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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| Estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal |
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El Parlamento Europeo, – Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (COM(2006)0254), – Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2007, sobre determinados elementos clave para definir una estrategia contra la defraudación del IVA en la UE (COM(2007)0758), – Visto el Informe de la Comisión, de 16 de abril de 2004, sobre la utilización de mecanismos de cooperación administrativa en la lucha contra el fraude en el IVA (COM(2004)0260), – Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo de 7 de junio de 2006, 28 de noviembre de 2006, 5 de junio de 2007 y 14 de mayo de 2008, – Visto el Informe Especial nº 8/2007 del Tribunal de Cuentas sobre la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido(1), – Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2005, sobre la contribución de las políticas fiscal y aduanera a la estrategia de Lisboa (COM(2005)0532), – Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de febrero de 2008, sobre medidas para modificar el sistema de IVA a fin de combatir el fraude (COM(2008)0109), – Vistas las propuestas presentadas por la Comisión, de 17 de marzo de 2008, de una Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a fin de combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias, y de un Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1798/2003 a fin de combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias (COM(2008)0147), – Visto el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, – Vistas las recomendaciones presentadas en las conclusiones de la Presidencia del Consejo de 14 de mayo de 2008 sobre los problemas fiscales en el contexto de los acuerdos que celebren la Comunidad y sus Estados miembros con terceros países, – Visto el artículo 45 de su Reglamento, – Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0312/2008), A. Considerando que el fraude fiscal tiene graves consecuencias para los presupuestos de los Estados miembros y para el sistema de recursos propios de la Unión Europea, conduce a infracciones del principio de fiscalidad equitativa y transparente y puede dar lugar a distorsiones de la competencia, afectando por ello al funcionamiento del mercado interior; considerando que las empresas honradas se encuentran en desventaja competitiva debido al fraude fiscal y que las pérdidas de ingresos fiscales las restaña el contribuyente europeo mediante otras formas de fiscalidad, B. Considerando que el fraude fiscal socava la imparcialidad y la justicia fiscal, puesto que a menudo la pérdida de ingresos de las finanzas públicas se compensa con un aumento de los impuestos que gravan a los contribuyentes más modestos y honrados, que no pueden o no desean eludir o infringir sus obligaciones fiscales, C. Considerando que el aumento del comercio transfronterizo impulsado por el establecimiento del mercado interior ha dado como resultado un número creciente de transacciones en las que el lugar de la imposición fiscal y el lugar de establecimiento de la persona sujeta al pago del IVA se encuentran en dos Estados miembros diferentes, D. Considerando que el uso de nuevas modalidades de fraude fiscal relacionadas con las transacciones transfronterizas, como el fraude carrusel y el fraude del operador intracomunitario desaparecido, explotan la fragmentación y las lagunas de los actuales sistemas fiscales, y que resulta necesario modificar el modo de funcionamiento del IVA, E. Considerando que la evasión del IVA y el fraude repercuten en la financiación del presupuesto de la Unión Europea, pues aumentan la necesidad de recurrir a los recursos propios de los Estados miembros basados en el producto nacional bruto, F. Considerando que la lucha contra el fraude, aun siendo en su mayor parte una competencia de los Estados miembros, es un problema que no puede resolverse exclusivamente a nivel nacional, G. Considerando que la globalización hace más difícil combatir el fraude fiscal a escala internacional, debido a la creciente intervención de empresas domiciliadas en terceros países en el fraude carrusel, la expansión del comercio electrónico y la globalización de los servicios financieros; considerando que esos factores hablan muy a favor de mejorar la cooperación internacional, en particular en lo relativo al IVA, H. Considerando que la propagación del fraude fiscal en la Unión Europea se debe al actual sistema transitorio del IVA, que es demasiado complejo y hace que las transacciones intracomunitarias sean difíciles de rastrear, opacas y, por lo tanto, proclives a los abusos, I. Considerando que, al examinar las opciones para combatir el fraude fiscal, la Comisión y los Estados miembros no deberían contemplar, en la medida de lo posible, medidas que pudieran conducir a una carga administrativa desproporcionada para las empresas y las administraciones fiscales o que pudieran suponer una discriminación entre operadores, J. Considerando que tanto la Comisión como el Tribunal de Cuentas han afirmado consecuentemente que el sistema de intercambio de información entre los Estados miembros sobre las entregas intracomunitarias de bienes no proporciona información pertinente o puntual para abordar eficazmente el fraude en el IVA; considerando que ello exige unas normas más claras y vinculantes sobre la cooperación entre los Estados miembros y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), K. Considerando que el uso de todas las tecnologías disponibles, incluido el almacenamiento y transmisión electrónicos de ciertos datos relativos al IVA y los impuestos especiales es indispensable para un funcionamiento adecuado de los sistemas fiscales de los Estados miembros; considerando que deberían mejorarse las condiciones de intercambio y acceso directo de los Estados miembros a los datos almacenados electrónicamente en otro Estado miembro; considerando que las autoridades fiscales de los Estados miembros deberían tratar los datos personales con la debida diligencia y para los fines previstos, en virtud del consentimiento de la persona implicada u otro fundamento jurídico previsto en la legislación, L. Considerando que a menudo los operadores sólo pueden obtener una información muy fragmentada sobre el estatuto de sus clientes respecto al IVA, M. Considerando que el fortalecimiento de los medios para detectar el fraude fiscal debería ir acompañado de un reforzamiento de la legislación actual relativa a la ayuda a la recaudación, la igualdad de trato fiscal y la viabilidad para las empresas, La estrategia de la UE en materia de lucha contra el fraude fiscal 1. Observa que la finalidad de la estrategia de la UE en materia de lucha contra el fraude fiscal debe consistir en abordar las pérdidas fiscales producidas por el fraude fiscal, identificando los ámbitos en los que pueden introducirse mejoras, tanto en lo referente a la legislación de la CE como a la cooperación administrativa entre los Estados miembros, que promuevan eficazmente una reducción del fraude sin crear, en la medida de lo posible, cargas innecesarias para las administraciones fiscales y los contribuyentes; 2. Pide a los Estados miembros que se tomen de una vez por todas la lucha contra el fraude fiscal en serio; 3. Recuerda que el establecimiento de un sistema de IVA basado en el "principio de origen", es decir, que las transacciones entre Estados miembros sujetas al IVA se graven en el país de origen en vez de prever un tipo cero, sigue siendo una solución a largo plazo para combatir efectivamente el fraude fiscal; toma nota de que el "principio de origen" haría innecesaria la exención del IVA de los productos comercializados en el mercado interior y su ulterior gravamen en el país de destino; recuerda que un sistema de IVA basado en el "principio de origen" requiere el establecimiento de un sistema de compensación, según había propuesto inicialmente la Comisión en 1987; 4. Deplora la actitud de bloqueo de algunos Estados miembros en los diez últimos años, que ha impedido adoptar una estrategia eficaz de la UE contra el fraude fiscal; 5. Deplora que, a pesar de los numerosos análisis, reclamaciones y críticas no se haya adoptado todavía en el Consejo una estrategia eficaz de lucha contra el fraude fiscal; 6. Insta a la Comisión a que, a pesar de los numerosos reveses sufridos en los últimos años, no ceje en su empeño de abordar activamente el problema; Aspectos generales: alcance y consecuencias del fraude fiscal 7. Reconoce que las estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan entre los 200 000 y los 250 000 millones de euros, lo que equivale a un 2-2,25 % del PIB de la Unión Europea, y que 40 000 millones de euros de esa cantidad global se deben al fraude en el IVA, que según las estimaciones afecta al 10 % de los ingresos del IVA, el 8 % de los ingresos totales de impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas en 1998 y el 9 % de los ingresos totales de impuestos especiales sobre los productos del tabaco; lamenta, no obstante, que no se disponga de cifras precisas debido a que las normas nacionales para la presentación de información varían considerablemente; 8. Reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados miembros que ofrezca transparencia y sirva de base a las medidas nacionales contra el fraude fiscal; 9. Lamenta que debido a la ausencia de datos recopilados a escala nacional, no pueda evaluarse con exactitud el alcance real del problema ni evaluarse adecuadamente el seguimiento de los cambios, tanto positivos como negativos; 10. Pide a la Comisión que se plantee la creación de un sistema uniforme europeo de recogida de datos y de producción de datos estadísticos sobre el fraude fiscal, con objeto de poder evaluar de la manera más precisa posible la magnitud real de este fenómeno; 11. Recuerda que no podrá erradicarse la economía informal sin aplicar estímulos adecuados; sugiere asimismo que los Estados miembros informen mediante el cuadro de indicadores de la Estrategia de Lisboa sobre en qué medida han logrado reducir sus economías informales; El sistema actual del IVA y sus deficiencias 12. Observa que el fraude fiscal relacionado con el IVA es un problema especialmente preocupante para el funcionamiento del mercado interior, en la medida en que tiene un impacto directo transfronterizo, implica pérdidas considerables de ingresos y afecta directamente al presupuesto de la UE; 13. Recuerda una vez más que el sistema actual del IVA, instaurado en 1993, se diseñó únicamente como sistema transitorio y que el Parlamento ha pedido a la Comisión que presente propuestas tendentes a una decisión final sobre el sistema definitivo del IVA antes de 2010; 14. Constata que la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital en el mercado interior desde 1993, junto con los avances en las nuevas tecnologías de bienes de tamaño reducido y elevado valor, hacen que cada vez sea más difícil luchar contra el fraude en el IVA, todo ello exacerbado por la complejidad y la fragmentación del sistema actual, en el que es difícil realizar un seguimiento de las transacciones y queda, por tanto, más expuesto a los abusos; 15. Observa la creciente incidencia del fraude del "operador desaparecido" y el abuso deliberado del sistema del IVA por parte de bandas delictivas que establecen mecanismos para aprovecharse de los fallos del sistema; y destaca el caso de fraude carrusel del IVA notificado por Eurojust que afecta a 18 Estados miembros y supone un fraude fiscal de cerca de 2 100 millones de euros; 16. Apoya a la Comisión en sus esfuerzos por introducir un cambio fundamental en el sistema actual del IVA; se felicita por el hecho de que los Estados miembros otorguen ahora cierta prioridad a este asunto e insta a los Estados miembros a estar preparados para adoptar medidas sustantivas en este contexto; 17. Considera que el sistema actual está desfasado y requiere una revisión radical, evitando sobrecargar a las empresas honradas con trámites burocráticos; considera que el mantenimiento del statu quo no es una opción válida; Sistemas alternativos al sistema actual del IVA 18. Observa que, en un sistema de inversión impositiva, el IVA se imputa al sujeto pasivo en lugar de al proveedor; reconoce que tal sistema tiene la ventaja de suprimir la posibilidad de fraude del "operador desaparecido" al designar a la persona a la que se proveen los bienes como persona sujeta al pago del IVA; 19. Observa que la creación de un sistema doble del IVA perjudicaría al buen funcionamiento de mercado interior y sería una fuente de entorno más complejo que desalentaría la inversión, empresarial, que sólo sería superado a largo plazo por un sistema de inversión impositiva obligatorio y generalizado, en contraposición con un sistema optativo o sólo para determinadas entregas; 20. Observa, por otra parte, que el sistema de inversión impositiva no permite los pagos fraccionados y que la totalidad del IVA se abona al final de la cadena de suministro, suprimiendo el mecanismo de autocontrol del IVA; advierte que pueden surgir nuevas formas de fraude, incluidas unas pérdidas fiscales crecientes en el sector minorista y el uso incorrecto de los números de identificación a efectos del IVA, y que la lucha contra este fraude mediante la introducción de una verificación adicional podría conducir a unas cargas administrativas adicionales para los operadores honrados; en consecuencia, insta a la cautela y a una detenida consideración antes de introducir un sistema de inversión impositiva; observa, no obstante, la utilidad en la lucha contra el fraude de aplicar un umbral para limitar el riesgo de consumo final no gravado; considera razonable el límite de 5 000 euros propuesto por el Consejo; Proyecto piloto 21. Señala, aunque sigue siendo prudente y crítico, que un proyecto piloto podría ayudar a los Estados miembros a comprender mejor los riesgos inherentes al sistema de inversión impositiva e insta a la Comisión y a los Estados miembros a establecer las garantías adecuadas para que ni el Estado miembro participante ni ningún otro Estado miembro se vea expuesto a graves riesgos durante el funcionamiento del proyecto piloto; Imposición de las entregas intracomunitarias 22. Considera que la mejor solución para abordar el fraude del IVA relacionado con las entregas transfronterizas consiste en introducir un sistema en el que la exención intracomunitaria del IVA en los suministros se sustituya por una imposición del tipo del 15 %; observa que el funcionamiento de dicho sistema se reforzaría en gran medida si se simplificara sustancialmente la variedad y la complejidad de los tipos reducidos, minimizando la carga administrativa tanto para las empresas como para las autoridades fiscales; toma nota de que convendría examinar y evaluar pormenorizadamente las reducciones particulares de los tipos del IVA aplicadas antes de 1992 para elucidar si hay razones económicas que justifiquen su mantenimiento; 23. Reconoce que debido a las diferencias entre los tipos del IVA, la imposición de las entregas intracomunitarias requeriría un reequilibrio de los pagos entre los Estados miembros; considera que tal reequilibrio debería realizarse a través de un sistema de compensación que facilitara la transferencia de ingresos entre Estados miembros; subraya que el funcionamiento de un sistema de compensación es técnicamente factible; 24. Considera que un sistema de compensación descentralizado sería el más apropiado y el que podría desarrollarse con mayor rapidez, en la medida en que ofrece posibilidades de que los Estados miembros acuerden bilateralmente los elementos principales, teniendo en cuenta su balanza comercial individual, las semejanzas en el funcionamiento del IVA y sus mecanismos de control, así como la confianza mutua; 25. Subraya que la administración fiscal del Estado miembro de partida tendría la responsabilidad de recaudar el IVA del proveedor y transferir su importe, mediante el sistema de compensación, a la administración fiscal del país donde se ha realizado la adquisición intracomunitaria; reconoce la necesidad de consolidar la confianza mutua entre las administraciones fiscales; Cooperación administrativa y asistencia mutua en materia de IVA, impuestos especiales y fiscalidad directa 26. Subraya que los Estados miembros no pueden luchar aisladamente contra el fraude fiscal de dimensión transfronteriza; considera que los intercambios de información y la cooperación entre los Estados miembros y con la Comisión han sido insuficientes para luchar eficazmente contra el fraude fiscal tanto en sustancia como con rapidez; considera que el contacto directo entre las oficinas antifraude locales o nacionales no se ha desarrollado ni aplicado suficientemente, lo que ha conducido a la ineficacia, la infrautilización de los mecanismos de cooperación administrativa y los retrasos en la comunicación; 27. Destaca que para proteger los ingresos fiscales de todos los Estados miembros en relación con el mercado interior, los Estados miembros deberían adoptar medidas similares contra los defraudadores independientemente del lugar en que se haya registrado la pérdida de ingresos; pide a la Comisión que proponga mecanismos que permitan impulsar esa cooperación entre los Estados miembros; 28. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión tendentes a la modificación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido(2) y del Reglamento (CE) n° 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido(3) a fin de acelerar la recogida y el intercambio de información sobre las transacciones intracomunitarias de 2010 en adelante; reconoce que la norma propuesta, que requiere la presentación de información en el plazo de un mes, añadirá una carga administrativa a las empresas que sólo son proveedoras de servicios y que actualmente no están sujetas a tal norma, pero admite que ello es necesario ante la posibilidad del "fraude de carrusel" en determinados servicios; 29. Insta al Consejo a que adopte sin dilación las medidas propuestas y anima a la Comisión a presentar propuestas adicionales sobre el acceso automático de todos los demás Estados miembros a los datos no sensibles almacenados por los diferentes Estados miembros sobre sus propios contribuyentes (sector comercial, determinados datos sobre volumen de negocios, etc.) y sobre la armonización de los procedimientos para dar de alta y baja a las personas sujetas al IVA, con vistas a velar por la rápida detección de los contribuyentes falsos y su correspondiente baja del censo; destaca que los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de mantener actualizados su datos, en particular en cuanto a la detección y la baja de las inscripciones fraudulentas; 30. Recuerda que los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo a la aplicación de la Estrategia de Lisboa, si empujan excesivamente a la baja a los tipos fiscales y, en general, a los ingresos fiscales; 31. Destaca que también en períodos de disciplina presupuestaria toda erosión de la base fiscal afectará a la capacidad de los Estados miembros de cumplir con el Pacto reformado de estabilidad y crecimiento; 32. Destaca que la erradicación de los paraísos fiscales exige, entre otras cosas, una estrategia tripolar: abordar la evasión fiscal, ampliar el ámbito de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los renidimientos del ahorro en forma de pago de intereses(4) y pedir que la OCDE, a través de sus miembros, sancione a los paraísos fiscales reacios a cooperar; Evasión fiscal 33. Deplora que los Estados miembros mediante constantes reparos y tácticas dilatorias impidan una reforma de la Directiva 2003/48/CE y alienta a la Comisión a presentar sin demora sus propuestas al respecto, sin perjuicio de la resistencia que pudiera encontrar; 34. Subraya que la reforma de la Directiva 2003/48/CE debería abordar las carencias y deficiencias que conlleva, y que impiden que se descubran las operaciones de evasión y fraude fiscal; 35. Pide a la Comisión que, en el contexto de la reforma de la Directiva 2003/48/CE, estudie opciones de reforma, incluida la posibilidad de ampliar el alcance de la misma en lo que se refiere a tipos de entidades legales y fuentes de ingresos financieros; 36. Insta a la Unión Europea a que mantenga en el orden del día la erradicación de los paraísos fiscales a escala mundial, pues repercute negativamente en los ingresos fiscales de los diferentes Estados miembros; pide al Consejo y a la Comisión que hagan valer el poder comercial de la UE a la hora de negociar acuerdos comerciales y de cooperación con los gobiernos de paraísos fiscales para incitarlos a eliminar las disposiciones y prácticas fiscales que favorecen la evasión fiscal y el fraude; acoge con satisfacción, en cuanto primer paso, las recomendaciones del Consejo de 14 de mayo de 2008 de incluir en los acuerdos comerciales una cláusula de buena gobernanza en materia fiscal; y pide a la Comisión que proponga con efecto inmediato dicha cláusula para las negociaciones de acuerdos comerciales en el futuro; o 37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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| Participación de los presidentes de las subcomisiones (interpretación del artículo 182) |
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El Parlamento Europeo, – Vista la carta del Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 22 de julio de 2008, – Visto el artículo 201 de su Reglamento, 1. Decide incluir la siguiente interpretación del artículo 182, apartado 1:
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| 2011: Año Europeo del Voluntariado |
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El Parlamento Europeo, – Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado como contribución a la cohesión económica y social(1), – Vista la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 16 de noviembre de 2007, sobre el cumplimiento de los objetivos comunes para las actividades de voluntariado juvenil(2), – Visto el artículo 116 de su Reglamento, A. Considerando que más de cien millones de europeos de todas las edades, creencias y nacionalidades ejercen actividades de voluntariado, B. Considerando que, según una encuesta del Eurobarómetro publicado en febrero de 2007, tres de cada diez europeos declaran ejercer una actividad voluntaria y que cerca del 80 % de los encuestados opina que las actividades de voluntariado son una parte importante de la vida democrática en Europa(3), C. Considerando que se calcula que el sector del voluntariado contribuye en un 5 % al producto interior bruto de nuestras economías nacionales, y que desarrolla acciones innovadoras para detectar, expresar y responder a las necesidades que surgen en la sociedad, D. Considerando que el Centro Europeo del Voluntariado, el Foro Europeo de la Juventud, la Asociación de Organizaciones de Servicios Voluntarios, la Organización Mundial del Movimiento Scout, el Departamento para la Unión Europea de la Cruz Roja, Volonteurope, AGE, Solidar, Caritas Europa, ENGAGE, Johanniter International, la Organización No Gubernamental Deportiva Europea, y algunas otras, que representan miles de organizaciones en las que participan millones de voluntarios, han pedido a las instituciones europeas que se declare 2011 Año Europeo del Voluntariado, 1. Pide a la Comisión que, con el apoyo de todas las instituciones europeas, declare 2011 Año Europeo del Voluntariado; 2. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, a la Comisión y al Consejo.
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| Una mayor atención a la capacitación de los jóvenes en las políticas de la UE |
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El Parlamento Europeo, – Visto el artículo 116 de su Reglamento, A. Considerando que la Comisión en su Libro Blanco "Un nuevo impulso para la juventud europea" (COM(2001)0681), que el Parlamento examinó en su Resolución, de 14 de mayo de 2002(1), adoptó el objetivo de dedicar más atención a los jóvenes en otros ámbitos políticos, en especial educación y aprendizaje permanente, empleo, integración social, salud, autonomía de la juventud, movilidad, derechos fundamentales y no discriminación, B. Considerando que el Consejo Europeo celebrado los días 22 y 23 de marzo de 2005 adoptó un "Pacto europeo para la juventud" como uno de los instrumentos que contribuyen a los objetivos de Lisboa y renovó su compromiso en marzo de 2008, insistiendo en la necesidad de invertir en los jóvenes ahora y en el futuro, C. Considerando que la Comisión, refleja la necesidad de la transversalización de las cuestiones de la juventud en su comunicación de 5 de septiembre de 2007 titulada "Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad" (COM(2007)0498), D. Considerando que aprobó sus resoluciones, de 19 de junio de 2007, sobre un marco regulador para medidas de conciliación de la vida familiar y del período de estudios para las mujeres jóvenes en la Unión Europea(2) y, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico de Europa(3) en las que pone de relieve la necesidad de tomar en mejor y mayor consideración a los jóvenes, 1. Insta a la Comisión a considerar e incorporar el impacto sobre la juventud y los resultados del diálogo estructurado con las organizaciones de jóvenes en la elaboración de propuestas legislativas, en particular en los ámbitos políticos referidos en el considerando A; 2. Insta a los Estados miembros a que se centren en los jóvenes durante la aplicación de los programas de reformas nacionales de Lisboa y a que los tomen en consideración en los ámbitos políticos pertinentes; 3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo, a la Comisión y al Foro Europeo de la Juventud.
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| Cooperación urgente para la recuperación de niños desaparecidos |
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El Parlamento Europeo, – Visto el artículo 116 de su Reglamento, A. Considerando que el secuestro de un niño es uno de los delitos más inhumanos, B. Considerando que estos delitos están aumentando en Europa y pueden implicar el transporte de las víctimas a través de las fronteras, C. Considerando que la perspectiva de salvar la vida de un niño secuestrado disminuye a medida que pasa el tiempo, D. Considerando que no existe un sistema de alerta a escala europea para las desapariciones de niños, ni sistemas locales o nacionales en buena parte de la Unión Europea, 1. Pide a los Estados miembros que creen un sistema de alerta de niños desaparecidos que, una vez activado, requerirá la comunicación inmediata a los medios de comunicación, las autoridades fronterizas, las aduanas y las fuerzas y cuerpos de seguridad, de lo siguiente:
2. Pide a los Estados miembros que celebren acuerdos de cooperación con todos los Estados limítrofes para garantizar la capacidad de poner en marcha una alerta rápida en todo el territorio; 3. Pide que se desarrolle una organización común para proporcionar asistencia y capacitación a los organismos nacionales; 4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a la Comisión.
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