Índice 
Textos aprobados
Jueves 25 de septiembre de 2008 - Bruselas
Medios del tercer sector de la comunicación (TSC)
 Impuesto sobre el valor añadido: Régimen de los servicios financieros y de seguros *
 Debate anual sobre los progresos realizados en 2007 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (artículos 2 y 39 del TUE)
 Concentración y pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea
 Control de los precios de la energía
 Alimentación, sobrepeso y obesidad
 Gestión colectiva de los derechos de autor en línea

Medios del tercer sector de la comunicación (TSC)
PDF 132kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) (2008/2011(INI))
P6_TA(2008)0456A6-0263/2008

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 150 y 151 del Tratado CE,

–  Vistos el Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado el 2 de octubre de 1997, así como el Protocolo n° 9 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros(1),

–  Visto el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que reconoce la legitimidad de las políticas públicas para reconocer y afianzar el pluralismo,

–  Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco)(2),

–  Vista la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso)(3),

–  Vista la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización)(4),

–  Vista la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)(5),

–  Vista la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 , por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(6),

–  Vista la Decisión n° 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico)(7),

–  Visto el Libro Blanco sobre una política europea de comunicación, presentado por la Comisión (COM(2006)0035),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, titulada "Un planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital" (COM(2007)0833),

–  Vista su Resolución de 14 de julio de 1995 sobre el Libro Verde "Opciones estratégicas para reforzar la industria de programas en el contexto de la política audiovisual de la Unión Europea"(8),

–  Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión "Pluralismo en los medios del tercer sector de la comunicación de los Estados miembros de la UE" (SEC(2007)0032),

–  Vista su Resolución, de 22 de abril de 2004, sobre el peligro que corre en la UE, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información (artículo 11, apartado 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales)(9),

–  Visto el estudio encargado por el Parlamento Europeo sobre "La situación de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) en la Unión Europea",

–  Vista la Recomendación Rec(2007)2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de los contenidos mediáticos,

–  Vista la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa (Decl-31.1.2007E) sobre la protección de la función de los medios de comunicación en democracia en el contexto de la concentración mediática,

–  Vista la Declaración conjunta sobre la diversidad en la radiodifusión adoptada el 12 de diciembre de 2007 y elaborada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre la libertad de los medios de comunicación, el relator especial de la Organización de Estados Americanos para la libertad de expresión y el relator especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la libertad de expresión y el acceso a la información,

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0263/2008),

A.  Considerando que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) son organizaciones sin ánimo de lucro y son responsables ante la comunidad a la que tratan de servir,

B.  Considerando que la ausencia de ánimo de lucro quiere decir que el objetivo primordial de estos medios de comunicación es emprender actividades de interés público o privado sin fines comerciales o de lucro,

C.  Considerando que la responsabilidad ante la comunidad significa que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) han de informar a la comunidad de sus acciones y decisiones y justificarlas y que serán objeto de sanciones en caso de conducta indebida,

D.  Considerando que el nivel de difusión y acción de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) en los Estados miembros registra importantes variaciones, con un mayor grado de difusión y acción en los Estados miembros en los que existe un claro reconocimiento jurídico de las mismas y una concienciación sobre su valor añadido,

E.  Considerando que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) deben estar abiertos en la creación de contenido por parte de los miembros de la comunidad y fomentar así la participación activa del voluntariado en la producción de dichos medios en lugar de un consumo pasivo de éstos,

F.  Considerando que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) a menudo no representan a la mayoría de la sociedad, sino que atienden a diversos grupos menores específicos a los que otros medios de comunicación ignoran, y cuya base en muchos casos es local o regional,

G.  Considerando que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) desempeñan una amplia función, que en buena medida no se les reconoce en su ámbito, en particular como fuente de contenido local y alientan la innovación, la creatividad y la diversidad de contenido,

H.  Considerando que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) están obligados a presentar un mandato definido con claridad, como aportar un beneficio social, que debe reflejarse también en los contenidos que producen,

I.  Considerando que una de las debilidades principales de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) en Europa es la ausencia de reconocimiento legal en muchos ordenamientos jurídicos nacionales, y considerando asimismo que ninguno de los actos jurídicos comunitarios trata la cuestión de dichos medios,

J.  Considerando que la introducción de un código de prácticas, además del reconocimiento legal, aclararía el estatuto del sector, sus procedimientos y funciones, y contribuiría tanto a la seguridad jurídica del sector como a garantizar su independencia y a evitar conductas indebidas,

K.  Considerando que Internet ha propulsado el sector a una nueva era con nuevas posibilidades y nuevos desafíos, y que los costes del paso de la transmisión analógica a la digital suponen una carga considerable para los medios del tercer sector de la comunicación (TSC),

L.  Considerando que 2008 ha sido designado Año Europeo del Diálogo Intercultural, lo que entraña un papel particularmente importante para los medios del tercer sector de la comunicación (TSC), como instrumento de expresión e información por excelencia de los grupos culturales más pequeños de la sociedad en su conjunto y como medio que puede proseguir el diálogo intercultural más allá de 2008,

M.  Considerando que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) son importantes instrumentos para capacitar a los ciudadanos y alentarles a participar activamente en la sociedad civil; que enriquecen el debate social y representan un instrumento de pluralismo interno de ideas y considerando que la concentración de la propiedad representa una amenaza para la cobertura exhaustiva, por parte de los medios de comunicación, de los temas de interés local para todos los grupos que forman la comunidad,

1.  Subraya que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) son un medio eficaz de fortalecimiento de la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local, lo que explica la diversidad del sector;

2.  Señala que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) contribuyen a reforzar las identidades de grupos de intereses específicos, a la vez que permiten que los miembros de estos grupos establezcan vínculos con otros grupos de la sociedad, por lo que desempeñan una función importante para fomentar la tolerancia y el pluralismo en la sociedad y contribuyen al diálogo intercultural;

3.  Subraya asimismo que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) promueven el diálogo intercultural mediante la educación del público en general, la lucha contra los estereotipos negativos y la corrección de las ideas divulgadas por los medios de comunicación de masas respecto de las comunidades de la sociedad amenazadas de exclusión, como los refugiados, los inmigrantes, la población romaní y otras minorías étnicas y religiosas; hace hincapié en que estos medios son uno de los instrumentos existentes para facilitar la integración de los inmigrantes y asimismo permitir a las personas desfavorecidas en la sociedad convertirse en participantes activos al intervenir en debates importantes para ellas;

4.  Señala que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) pueden desempeñar un papel significativo en los programas de formación con la participación de organizaciones externas, incluidas las universidades, y miembros de la comunidad no cualificados, como valioso centro de experiencia laboral; señala que la formación en competencias digitales, de red y editoriales que se adquiere mediante la participación en actividades de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) aporta conocimientos útiles y transmisibles;

5.  Señala que los medios de tercer sector de la comunicación (TSC) actúan como catalizador de la creatividad local, al ofrecer a artistas y empresarios creativos una plataforma pública para ensayar ideas y conceptos nuevos;

6.  Considera que los medios de comunicación del tercer sector (TSC) contribuyen a alcanzar el objetivo de mejorar la alfabetización mediática de los ciudadanos mediante su participación directa en la creación y la difusión de contenidos y preconiza la creación de canales comunitarios en los centros de enseñanza con el fin de desarrollar el civismo entre los jóvenes, incrementar los conocimientos mediáticos y crear una serie de competencias que se podrán utilizar para la participación en los medios del tercer sector de la comunicación (TSC);

7.  Destaca que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) contribuyen a reforzar el pluralismo de los medios de comunicación por ofrecer perspectivas adicionales sobre asuntos de importancia central para una comunidad determinada;

8.  Señala que, habida cuenta de la supresión o la inexistencia de medios de comunicación públicos y comerciales en determinadas zonas, incluidas las periféricas, y la tendencia de los medios de comunicación comerciales a reducir el contenido local, los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) podrían constituir la única fuente de noticias e información locales y la única voz de las comunidades locales;

9.  Celebra que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) puedan hacer a los ciudadanos más conscientes de la existencia de determinados servicios públicos y puedan contribuir a fomentar la participación ciudadana en el discurso público;

10.  Considera que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) pueden constituir un instrumento eficaz para acercar la Unión a sus ciudadanos al dirigirse a grupos de público específicos; recomienda a los Estados miembros que colaboren más activamente con los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) para entablar un diálogo más estrecho con los ciudadanos;

11.  Señala que la buena calidad de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) es esencial para desarrollar su potencial y destaca que sin los recursos financieros adecuados no puede haber tal calidad; observa que los recursos de financiación de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) son objeto de grandes variaciones, aunque en general escasos, y reconoce que una financiación adicional y la adaptación digital permitiría al sector aumentar su perfil innovador y prestar nuevos y esenciales servicios que aportarían un valor añadido a los servicios analógicos existentes;

12.  Observa que el sector carece de apoyo para emprender mayores esfuerzos por mejorar su representación y sus contactos ante la UE y los responsables nacionales de la adopción de decisiones;

13.  Subraya la necesidad de la independencia política de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC);

14.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta los elementos contenidos en la Resolución al definir los medios del tercer sector de la comunicación como medios:

   a) sin ánimo de lucro, independientes de los poderes tanto nacionales como locales y dedicados fundamentalmente a actividades de interés público y de la sociedad civil, con objetivos claramente definidos que siempre incluyen un beneficio social y contribuyen al diálogo intercultural;
   b) responsables ante la comunidad a la que tratan de servir, lo que significa que han de informar a la comunidad de sus acciones y decisiones y justificarlas y que serán objeto de sanciones en caso de conducta indebida, de modo que el servicio ha de permanecer bajo el control de los intereses de la comunidad para impedir la creación de redes "de arriba abajo";
   c) abiertos a la participación de los miembros de la comunidad en la creación de contenidos, y en todos los aspectos operativos y de gestión, aunque las personas responsables del contenido editorial deberán ser profesionales;

15.  Recomienda a los Estados miembros que den reconocimiento legal a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como grupo definido, junto a los medios de comunicación comerciales y públicos, cuando no exista este reconocimiento legal, sin que ello vaya en detrimento de los medios de comunicación tradicionales;

16.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) como solución alternativa surgida en la base para aumentar el pluralismo de los medios de comunicación cuando establezca indicadores relativos a dicho pluralismo;

17.  Pide a los Estados miembros que apoyen más activamente a los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) para sostener el pluralismo de los medios de comunicación, si bien dicho apoyo no se ha de prestar en detrimento de los medios de comunicación públicos;

18.  Subraya el papel que pueden desempeñar las autoridades locales, regionales y nacionales a la hora de reforzar y promover los medios del tercer sector de la comunicación (TSC), poniendo a su disposición la adecuada infraestructura e integrando su apoyo en programas destinados a fomentar el intercambio de buenas prácticas, como el programa comunitario "Regiones por el Cambio Económico" (antiguamente Interreg);

19.  Pide a los Estados miembros que pongan a disposición el espectro de frecuencias, analógica y digital, de radio y televisión, teniendo en cuenta que el servicio prestado por los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) no se ha de evaluar en términos de coste de oportunidad o justificación del coste de adjudicación del espectro, sino por el valor social que representa;

20.  Reconoce que, por un lado, solamente una pequeña parte del sector dispone de los conocimientos y la experiencia necesarios para solicitar apoyo de la UE y beneficiarse del mismo, mientras que, por otro lado, los funcionarios responsables de la financiación no son conscientes del potencial de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC);

21.  Reconoce que el sector podría hacer mayor uso de los instrumentos de financiación comunitarios en la medida en que contribuyan a los objetivos de los medios del tercer sector de la comunicación (TSC), mediante la aplicación de unos programas específicos, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo así como de las oportunidades de educación y formación para periodistas que ofrecen los programas de aprendizaje permanente y otros; insiste, sin embargo, en que las principales fuentes de financiación deberán ser de carácter nacional y local u otros recursos;

22.  Insta a que los medios del tercer sector de la comunicación (TSC) establezcan una plataforma europea de Internet para difundir información útil y pertinente para el sector y facilitar el establecimiento de redes y el intercambio de mejores prácticas;

23.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 340 de 10.11.1997, p. 109.
(2) DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
(3) DO L 108 de 24.4.2002, p. 7.
(4) DO L 108 de 24.4.2002, p. 21.
(5) DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.
(6) DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.
(7) DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.
(8) DO C 249 de 25.9.1995, p. 219.
(9) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 1026.


Impuesto sobre el valor añadido: Régimen de los servicios financieros y de seguros *
PDF 252kWORD 112k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al régimen de los servicios financieros y de seguros (COM(2007)0747 – C6-0473/2007 – 2007/0267(CNS))
P6_TA(2008)0457A6-0344/2008

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0747),

–  Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0473/2007),

–  Visto el artículo 51 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0344/2008),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 1
(1)  Si bien el sector de servicios financieros contribuye considerablemente al crecimiento, la competitividad y la creación de empleo, sólo puede desempeñar su papel en condiciones neutras de competencia en el mercado interior. Es necesario establecer un marco que ofrezca seguridad jurídica en cuanto al régimen del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al que estarán sometidos los productos financieros y su comercialización y gestión.
(1)  Si bien el sector de servicios financieros contribuye considerablemente al crecimiento, la competitividad y la creación de empleo, sólo puede desempeñar su papel en condiciones neutras de competencia en el mercado interior. Es necesario establecer un marco que ofrezca tales condiciones neutras en lo relativo al régimen del impuesto sobre valor añadido (IVA) al que estarán sometidos los productos financieros y su comercialización y gestión.
Enmienda 2
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 2
(2)  Las normas que regulan actualmente las exenciones del IVA aplicables a los servicios financieros y de seguros, establecidas en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, han quedado desfasadas y dado lugar a disparidades en la interpretación y aplicación. La complejidad de las normas y la diversidad de las prácticas administrativas generan inseguridad jurídica para los operadores económicos y las autoridades fiscales. Esa inseguridad ha provocado numerosos litigios e incrementado la carga administrativa. Por ello, es preciso aclarar qué servicios financieros y de seguros están exentos, creando así una mayor seguridad jurídica y reduciendo la carga administrativa para los operadores y las autoridades.
(2)  Las normas que regulan actualmente las exenciones del IVA aplicables a los servicios financieros y de seguros, establecidas en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, han quedado desfasadas y han dado lugar a disparidades en la interpretación y aplicación. La complejidad de las normas y la diversidad de las prácticas administrativas generan inseguridad jurídica para los operadores económicos y las autoridades fiscales y no garantizan una igualdad de condiciones en la Unión Europea. Esa inseguridad ha provocado numerosos litigios e incrementado la carga administrativa. Por ello, es preciso aclarar qué servicios financieros y de seguros están exentos, creando así una mayor seguridad jurídica y una igualdad de condiciones en la Unión Europea y reduciendo la carga administrativa para los operadores y las autoridades.
Enmienda 3
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5
(5)  Los servicios de seguros y los servicios financieros requieren formas de intermediación similares. Por tanto, resulta oportuno otorgar la misma consideración a la intermediación de seguros y a la de servicios financieros.
(5)  Los servicios de seguros y los servicios financieros requieren formas de intermediación similares. Por tanto, resulta oportuno otorgar la misma consideración a la intermediación de seguros y a la de servicios financieros, incluida la intermediación de un agente que no tenga relación contractual ni cualquier otro contacto directo con ninguna de las partes de una operación de seguros o financiera a cuya conclusión haya contribuido. En tales casos, la exención de tributación debe aplicarse uniformemente a todas las actividades características de un agente de servicios de seguros o financieros, incluidas todas las actividades preparatorias y subsiguientes a la conclusión de un contrato.
Enmienda 4
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  Conviene que las actividades relativas a la gestión de fondos de inversión continúen dentro del ámbito de la exención cuando son realizadas por terceros operadores económicos.
Enmienda 5
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7
(7)  Los proveedores de servicios financieros y de seguros se hallan cada vez más en condiciones de asignar con precisión el IVA soportado en sus costes a las prestaciones que deben gravarse. Cuando los servicios que prestan se basan en una tarifa, pueden determinar con facilidad la base imponible de dichos servicios. En consecuencia, conviene hacer extensiva a dichos operadores la posibilidad de optar por la tributación.
(7)  Los proveedores de servicios financieros y de seguros se hallan cada vez más en condiciones de asignar con precisión el IVA soportado en sus costes a las prestaciones que deben gravarse. Cuando los servicios que prestan se basan en una tarifa, pueden determinar con facilidad la base imponible de dichos servicios. En consecuencia, conviene hacer extensiva a dichos operadores la posibilidad de optar por la tributación, evitando las preocupaciones que pudieran surgir en relación con una doble imposición mediante la coordinación de dicha tributación con los impuestos nacionales relativos a los servicios financieros y de seguros.
Enmienda 6
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)  Al adoptar medidas en virtud de la Directiva 2006/112/CE, reguladora del derecho de opción de tributación, el Consejo debe uniformizar la aplicación de dichas normas en el mercado interior. Mientras dichas normas estén pendientes de adopción por el Consejo, los Estados miembros deben poder establecer normas detalladas que regulen el ejercicio de este derecho de opción. Los Estados miembros deben informar a la Comisión de las medidas que tengan en proyecto seis meses antes de adoptarlas. Durante este período, la Comisión debe examinar los proyectos de medidas y formular una recomendación al respecto.
Enmienda 7
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 – apartado 1 – letra a
a) las operaciones de seguro y reaseguro;
a) las operaciones de seguro, incluido el reaseguro;
Enmienda 8
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 – apartado 1 – letra d
d) el cambio de divisas y el suministro de efectivo;
d) el cambio de divisas, el suministro de efectivo y las transacciones de créditos al contado;
Enmienda 9
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 – apartado 1 – letra e
e) las entregas de valores;
e) las operaciones relativas al comercio de valores;
Enmienda 10
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 – apartado 1 – letra g bis) (nuevo)
g bis) derivados de todo tipo;
Enmienda 11
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 1 – letra b
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 – apartado 1 bis
1 bis.  La exención prevista en las letras a) a e) del apartado 1 se aplicará a las entregas de cualquier elemento integrante de un servicio financiero o de seguro que constituya un conjunto diferenciado y tenga el carácter específico y esencial del servicio exento.
1 bis.  La exención prevista en las letras a) a f) del apartado 1 se aplicará a las entregas de cualquier elemento integrante de un servicio financiero o de seguro que constituya un conjunto diferenciado y tenga el carácter específico y esencial del servicio exento.
Enmienda 12
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – punto 1
(1) "seguro y reaseguro": un compromiso en virtud del cual una persona se obliga, a cambio de una contraprestación económica, a conceder a otra persona en el supuesto de que se materialice un riesgo, una indemnización o prestación, según se determine en el compromiso;
(1) "seguro": un compromiso en virtud del cual una o varias personas se obligan, a cambio de una contraprestación económica, a conceder a otra persona o personas, en el supuesto de que se materialice un riesgo, una indemnización o prestación, según se determine en el compromiso;
Enmienda 13
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – punto 8 – parte introductoria
(8) "entrega de valores": la entrega de instrumentos negociables que no sean títulos representativos de mercaderías ni instrumentos que confieran la titularidad de los derechos a que se refiere el apartado 2 del artículo 15, que representen un valor financiero y que reflejen uno o varios de los elementos siguientes
(8) "operaciones relativas al comercio de valores": la venta de instrumentos negociables que no sean títulos representativos de mercaderías ni instrumentos que confieran la titularidad de los derechos a que se refiere el apartado 2 del artículo 15, que representen un valor financiero y que reflejen uno o varios de los elementos siguientes:
Enmienda 14
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – punto 8 – letra c
c) una participación en organismos de inversión colectiva en los valores a que se refieren las letras a) o b) o en los demás instrumentos financieros exentos a que se refieren las letras a) a d) del apartado 1 del artículo 135, o en otros organismos de inversión colectiva;
c) una participación en los fondos de inversión que se definen en el apartado 10, o en organismos de inversión colectiva que inciden en otros organismos de inversión colectiva;
Enmienda 15
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – punto 8 – letra c bis) (nuevo)
c bis) una titularidad de derivados financieros, de créditos y de materias primas, abonables al contado, y las opciones conexas;
Enmienda 16
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – punto 9
(9) "intermediación en operaciones financieras y de seguros": la prestación de servicios realizada por terceros intermediarios a una parte contractual y retribuida por ésta como actividad diferenciada de mediación, en relación con las operaciones financieras o de seguros a que se refieren las letras a) a e) del apartado 1 del artículo 135;
(9) "intermediación en operaciones financieras y de seguros": la prestación de servicios realizada por terceros intermediarios como actividad diferenciada de mediación, directa o indirecta, en relación con las operaciones financieras o de seguros a que se refieren las letras a) a e) del apartado 1 del artículo 135, siempre y cuando ninguno de los intermediarios sea contraparte en dichas operaciones financieras o de seguros;
Enmienda 17
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – punto 10
(10) "fondos de inversión": organismos de inversión colectiva en los instrumentos financieros exentos a que se refieren las letras a) a e) del apartado 1 del artículo 135 y en bienes inmuebles;
(10) "fondos de inversión": instrumentos de inversión constituidos específicamente, con el único objeto de reunir activos de inversores e invertirlos en un conjunto diversificado de activos, incluidos los fondos de pensiones e instrumentos utilizados para poner en marcha y ejecutar planes de pensiones colectivos;
Enmienda 18
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 2
Directiva 2006/112/CE
Artículo 135 bis – punto 11
(11) "gestión de fondos de inversión": las actividades encaminadas a realizar los objetivos de inversión del correspondiente fondo de inversión.
(11) "gestión de fondos de inversión": las actividades encaminadas a realizar los objetivos de inversión del correspondiente fondo de inversión e incluirá al menos la gestión estratégica y táctica de los activos y su distribución, incluidos los servicios de asesoramiento y la gestión de divisas y de riesgos;
Enmienda 19
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 3
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 – apartado 1 – letra a
(3)  En el artículo 137, apartado 1, se suprime la letra a).
suprimido
Enmienda 20
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 bis – apartado 1
1.  A partir del 1 de enero de 2012, los Estados miembros concederán a los sujetos pasivos el derecho a optar por la tributación en lo que respecta a los servicios a que se refieren las letras a) a g) del apartado 1 del artículo 135.
1.  A partir del 1 de enero de 2012, los Estados miembros concederán a los sujetos pasivos, con carácter individual, el derecho a optar por la tributación en lo que respecta a uno de los servicios a que se refieren las letras a) a g bis) del apartado 1 del artículo 135, cuando el servicio se preste a otro sujeto pasivo establecido en el mismo Estado miembro o en otra parte de la Comunidad.
Enmienda 21
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 bis – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento del derecho a opción en virtud del apartado 1, antes del ...*. Si procede, la Comisión presentará una propuesta legislativa sobre normas detalladas que regulen el ejercicio de este derecho de opción y cualquier otra modificación de la presente Directiva .../.../CE a este respecto.
_______________________
*Tres años después de la entrada en vigor de la Directiva .../.../CE.
Enmienda 22
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 bis – apartado 2
2.  El Consejo adoptará las medidas necesarias para la aplicación del apartado 1 con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 397. En tanto el Consejo no haya adoptado tales medidas, los Estados miembros podrán establecer las normas de desarrollo que regulen el ejercicio de la opción prevista en el apartado 1.
2.  El Consejo adoptará las medidas necesarias para la aplicación del apartado 1 con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 397. En tanto el Consejo no haya adoptado tales medidas, los Estados miembros podrán mantener las normas de desarrollo existentes que regulen el ejercicio de la opción prevista en el apartado 1.
Enmienda 23
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 ter – punto 1
(1) que el propio grupo y todos sus miembros estén establecidos o sean residentes en la Comunidad;
(1) que el propio grupo esté establecido en la Comunidad;
Enmienda 24
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 ter – punto 3
(3) que los miembros del grupo presten servicios exentos con arreglo a lo dispuesto en las letras a) a g) del apartado 1 del artículo 135 u otros servicios con respecto a los cuales no tengan la condición de sujetos pasivos;
(3) que los miembros del grupo presten servicios exentos con arreglo a lo dispuesto en las letras a) a g bis) del apartado 1 del artículo 135 u otros servicios con respecto a los cuales no tengan la condición de sujetos pasivos;
Enmienda 25
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 ter – punto 4
(4) que los servicios sean prestados por el grupo únicamente a sus miembros y resulten necesarios para permitir a los miembros prestar servicios exentos de conformidad con lo dispuesto en las letras a) a g) del apartado 1 del artículo 135;
(4) que los servicios prestados por el grupo resulten necesarios para permitir a los miembros prestar servicios exentos de conformidad con lo dispuesto en las letras a) a g bis) del apartado 1 del artículo 135;
Enmienda 26
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4
Directiva 2006/112/CE
Artículo 137 ter – punto 5
(5) que el grupo sólo exija a sus miembros la cuantía exacta correspondiente al reembolso de su cuota parte en los gastos conjuntos, con exclusión de cualesquiera ajustes de precios de transferencia realizados a efectos de imposición directa.
(5) que el grupo sólo exija a sus miembros la cuantía exacta correspondiente al reembolso de su cuota parte en los gastos conjuntos; los ajustes de precios de transferencia realizados a efectos de imposición directa no afectarán a la exención del grupo del impuesto sobre el volumen de negocios.
Enmienda 27
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo)
Directiva 2006/112/CE
Artículo 169 – letra c
(4 bis)  En el artículo 169, la letra c) se sustituye por el texto siguiente:
"c) operaciones exentas con arreglo a las letras a) a g bis) del apartado 1 del artículo 135, en caso de que el cliente esté establecido fuera de la Comunidad o de que dichas operaciones estén directamente relacionadas con bienes que van a exportarse de la Comunidad."
Enmienda 28
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1
1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2009. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva, al tiempo que garantizarán que los consumidores finales se beneficien de la reestructuración del actual régimen del IVA. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Debate anual sobre los progresos realizados en 2007 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (artículos 2 y 39 del TUE)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre el debate anual sobre los progresos realizados en 2007 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (artículos 2 y 39 del TUE)
P6_TA(2008)0458B6-0425/2008

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 6 y 39 del Tratado UE, así como los artículos 13, 17 a 22, 61 a 69, 255 y 286 del Tratado CE, que constituyen los fundamentos jurídicos principales para el desarrollo de la UE y de la Comunidad como un espacio de libertad, seguridad y justicia,

–  Vistas las preguntas orales B6-0006/2008 y B6-0007/2008,

–  Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que es competencia principal de los Estados miembros garantizar la libertad, la seguridad y la justicia para sus ciudadanos, pero que después de la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, y todavía más después de la del Tratado de Ámsterdam, la Unión debe contribuir a la realización de estos mismos objetivos teniendo presentes las exigencias de los ciudadanos de la Unión en favor de la protección de los derechos fundamentales y de la aplicación en la Unión de los principios del Estado de Derecho, así como de una cooperación leal y eficaz entre Estados miembros,

B.  Considerando que la ratificación del Tratado de Lisboa es una condición esencial y urgente para que la UE sea un espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), ya que conlleva mejoras fundamentales en la legitimidad y eficacia de la acción de la UE,

C.  Considerando que las intervenciones que tuvieron lugar tanto durante el encuentro preparatorio del 26 de noviembre de 2007 con los Parlamentos nacionales como durante el último debate de la sesión plenaria del 31 de enero de 2008 subrayaron la importancia de preparar adecuadamente la transición hacia el nuevo marco jurídico que resultará de la ratificación del Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007, que modificará el Tratado UE y establecerá un Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

D.  Considerando, no obstante, que la creación de un verdadero ELSJ dista de haber finalizado y topa sin cesar con dificultades y obstáculos de primer orden, como se confirma en la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, "Informe sobre la ejecución del Programa de La Haya en 2007" (COM(2008) 0373),

E.  Considerando que, como subraya ese informe, y a pesar de la adopción de ciertas medidas de primer orden, el programa fijado por el Consejo Europeo de La Haya en 2004 sufre retrasos importantes y que, en particular,

   sigue habiendo una falta importante de confianza recíproca y sobre todo de solidaridad entre los Estados miembros, particularmente en las políticas relacionadas con la inmigración legal e ilegal o la cooperación policial y judicial en materia penal,
   esas dificultades repercuten también en la fase de transposición de las medidas adoptadas, puesto que "se alcanzó un nivel de cumplimiento claramente insuficiente en los ámbitos siguientes: política de visados, intercambio de información entre servicios policiales y autoridades judiciales, prevención y lucha contra la delincuencia organizada, gestión de crisis en la Unión Europea, cooperación policial y aduanera y cooperación judicial en materia penal",

F.  Considerando que los propios Estados miembros, en el ámbito de sus trabajos preparatorios relativos al futuro programa del ELSJ para el periodo 2010-2014, hacen referencia a estas mismas dificultades cuando reconocen que el acervo en el ámbito de los asuntos de interior, que se ha ido desarrollado gradualmente, está lógicamente desestructurado y, por tanto, resulta difícil de explicar a los ciudadanos de la Unión; considerando que, en ocasiones, es difícil de entender, incluso para los especialistas, y que algunos de estos instrumentos se solapan, que el fundamento jurídico de algunos acciones se puede encontrar en diferentes actos, y que, por último, cada vez es más difícil y requiere más tiempo vigilar la correcta aplicación de las directivas de la Comunidad Europea por todos y cada uno de los 27 Estados miembros,

G.  Considerando, sin embargo, al igual que el Consejo, que la Unión no tiene otra elección sino insistir en la puesta en marcha del ELSJ, que afecta al núcleo de los ordenamientos constitucionales nacionales, y que los Estados miembros tienen un interés especial en dialogar entre ellos y también con las instituciones europeas,

H.  Considerando que, en esta fase de transición pendiente de la conclusión de las ratificaciones del Tratado de Lisboa, es necesario adoptar, antes de finales de 2009, determinadas medidas de alcance general que, si bien se inspiran en el Tratado de Lisboa, se podrían adoptar todavía en el marco de los Tratados en vigor, dentro del pleno respeto del artículo 18 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, y que podrían reducir el impacto negativo de las dificultades citadas anteriormente; considerando que se trataría especialmente de medidas relacionadas con:

   la toma en consideración, en los procedimientos, lecturas y decisiones de las instituciones, de los principios y objetivos citados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007(1),
   el fomento de la transparencia en las decisiones tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, especialmente en el ámbito del ELSJ, de conformidad con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)en materia de transparencia legislativa (sentencia Turco(2)),
   la participación efectiva de los Parlamentos nacionales en la creación y puesta en marcha del ELSJ, incluido en lo relativo a la evaluación de estas políticas en los otros Estados miembros y por las agencias de la Unión,
   el respeto de la primacía del Derecho comunitario respecto del de la UE (artículo 47 del Tratado UE) en la celebración de acuerdos internacionales, especialmente cuando se trate de sanciones a nacionales de países terceros o cuando los ciudadanos de la Unión puedan ser discriminados (exención de visado); el Parlamento debe participar sistemáticamente mediante la celebración de acuerdos internacionales de cooperación policial y judicial en materia penal por parte de la UE,
   el refuerzo de la cooperación leal y la solidaridad entre Estados miembros en la puesta en práctica de políticas y medidas de la Unión mediante el fortalecimiento y la democratización de los mecanismos de evaluación mutua previstos como parte de la cooperación en el marco de Schengen y en la lucha contra el terrorismo,
   el inicio, en el marco del primer pilar, de cooperaciones reforzadas en los casos en los que sea imposible obtener la unanimidad necesaria (véase el debate relativo a la Propuesta, presentada por la Comisión el 17 de julio de 2006, de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 2201/2003 por lo que se refiere a la competencia y se introducen normas relativas a la ley aplicable en materia matrimonial (COM(2006)0399)),
   la superación del carácter embrionario y aleatorio de las iniciativas de las agencias creadas por la Unión y de la cooperación con las administraciones nacionales,
   el establecimiento de una auténtica política de comunicación que permita a los ciudadanos de la Unión estar mejor informados de las iniciativas tanto a nivel de la Unión como a nivel nacional, y conocer a las autoridades de la UE y nacionales competentes a las que pueden dirigirse, sin perjuicio de recurso jurisdiccional, para los aspectos que puedan afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos,
  I. Considerando que, en este periodo de transición, es tanto más urgente, en interés de los ciudadanos de la Unión, que se tomen también en consideración las mejoras que aportará el Tratado de Lisboa en materia de:
   protección de los derechos fundamentales definidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
   control jurisdiccional por parte del TJCE, incluso sobre los actos relativos a la cooperación policial y judicial,
   control democrático mediante una ampliación de la codecisión del Parlamento, así como a través de la asociación de los Parlamentos nacionales al proceso legislativo de la Unión y a la evaluación de sus repercusiones, en particular, por lo que respecta a las políticas relativas al ELSJ,

J.  Considerando que, en el estado actual de los Tratados, los recursos de los ciudadanos de la Unión frente a medidas relacionadas con el ELSJ siguen siendo más limitados que en otros ámbitos de actividad de la UE; considerando que las facultades del TJCE son limitadas, en particular en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal y que, además, algunos Estados miembros continúan limitando el diálogo entre órganos jurisdiccionales de la Unión y nacionales en este ámbito; considerando que el Consejo debería posponer hasta la ratificación del Tratado de Lisboa la adopción de cualquier medida que pueda afectar a los derechos fundamentales,

1.  Pide al Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión que:

   a) emprendan de inmediato el proceso de definición de las prioridades del próximo programa plurianual del ELSJ para el periodo 2010-2014, manteniendo un enfoque ambicioso y coherente, más allá de las lógicas ministeriales, e inspirándose en los objetivos y principios establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
   b) se unan al Parlamento en el dialogo con los Parlamentos nacionales sobre las prioridades que se han de fijar para el periodo 2010-2014, teniendo en cuenta los problemas encontrados en la ejecución de los Programas de Tampere y de La Haya, los trabajos iniciados en el Consejo y las primeras indicaciones estratégicas en materia de inmigración, asilo e integración del Consejo Europeo, con vistas a terminar esta primera fase del diálogo en el debate anual del Parlamento sobre los progresos realizados en 2008 en el espacio de libertad, seguridad y justicia y con vistas que se adopte la subsiguiente comunicación de la Comisión, entendiendo que corresponderá al Parlamento recién elegido y al Consejo Europeo adoptar el programa definitivo en el momento adecuado;
   c) lleguen a un acuerdo con el Parlamento sobre una lista de textos o propuestas que podían o deberían adoptarse prioritariamente antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y, en cualquier caso, antes de que finalice la presente legislatura parlamentaria;
  d) avancen en las negociaciones sobre las propuestas en materia de cooperación policial y judicial (que estarán sujetas a la codecisión), buscando desde ahora el acuerdo político con el Parlamento, y garanticen que, una vez se haya alcanzado un acuerdo,
   bien se posponga su aprobación formal hasta la entrada en vigor del Tratado de Lisboa,
   o bien el Consejo adopte la decisión o la decisión marco en cuestión con arreglo al Tratado UE en su estado actual, aceptando al mismo tiempo su nueva adopción con arreglo al Tratado UE en su versión modificada por el Tratado de Lisboa, lo que permitiría que el TJCE ejerciera su control jurisdiccional pleno; en la medida en que ya se hubiere alcanzado un acuerdo político, el Parlamento podría aceptar que no se reabrieran las negociaciones sobre el contenido, como ocurre en el caso de los procedimientos de adopción de las codificaciones oficiales(3);

2.  Propone como prioridades para los ámbitos a los que se aplica o aplicará la codecisión o el dictamen conforme en este periodo de transición:

En el ámbito de los derechos fundamentales y de ciudadanía

En materia de espacio judicial europeo

En materia de protección de las fronteras

En materia de migración y asilo

   la definición de criterios más transparentes a nivel de la Unión, especialmente cuando las medidas de la Unión puedan socavar las garantías protegidas constitucionalmente en los Estados miembros (artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH)) y la revisión de las medidas de la UE censuradas por el TJCE (véanse las sentencias Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran/Consejo (T-228/02), Sison/Consejo(T-47/03), KONGRA-GEL y otros/Consejo (T-253/04) y PKK/Consejo (T-229/02), sobre las listas negras),
   la toma en consideración sistemática del impacto sobre los derechos fundamentales de la legislación de la UE y de las medidas nacionales de aplicación, especialmente en materia de lucha antiterrorista, teniendo en cuenta las respuestas enviadas recientemente por los Estados miembros a la Comisión en este ámbito,
   el inicio de los diálogos preliminares para el mandato de negociaciones para la adhesión de la UE al CEDH (artículo 6, apartado 2, del Tratado UE),
   la revisión del programa de actividad de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, teniendo en cuenta las prioridades indicadas por las instituciones y, en particular, por el Parlamento, en materia de cooperación policial y judicial y el respeto de los principios de la UE (artículo 7 del Tratado UE) (véase la declaración interinstitucional adoptada al aprobarse el Reglamento (CE) n° 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007 , por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(4)),
   la presentación de una propuesta legislativa para limitar las discriminaciones directas e indirectas que afectan a la circulación de los ciudadanos de la Unión al acceso a la justicia en un país diferente al de origen y a la protección consular y diplomática en terceros países (artículo 20 del TFUE),
   la presentación de una propuesta en materia de transparencia y confidencialidad de la información y de los documentos tratados por las instituciones de la UE,
   la presentación de una propuesta en materia de protección de datos (previendo una consolidación de las disposiciones actualmente diferenciadas en función del pilar de que se trate), en respuesta a la preocupación por la rápida erosión de las normas de protección de datos en la Unión, haciendo especial referencia a las inadecuadas normas de protección para las transferencias transatlánticas de datos e instando al Consejo a adaptar la Decisión marco en materia de protección de datos en el Tercer Pilar de acuerdo con las recomendaciones del Parlamento,
   el fortalecimiento de las estructuras internas de las instituciones encargadas de la protección de los derechos fundamentales dentro de la Unión, especialmente dentro del Consejo (transformación del grupo de trabajo ad hoc "Derechos Fundamentales y Ciudadanía" del Consejo en un grupo de trabajo permanente, como ha propuesto la Presidencia eslovena),
   el fortalecimiento a través de la cooperación administrativa (artículo 66 del Tratado CE) del diálogo entre los Estados miembros, el conocimiento recíproco de los ordenamientos jurídicos y la activación de procedimientos de diálogo que asocien a los Parlamentos nacionales con el Parlamento, especialmente cuando surjan dificultades al aplicar las estrategias y medidas de la UE que afectan al ELSJ,
   la revisión de la propuesta legislativa sobre los derechos de las personas durante el procedimiento penal (artículo 69 A del TFUE),
   la presentación de una propuesta para los derechos de las víctimas de los delitos y del terrorismo (artículo 69 A del TFUE),
   el refuerzo del reconocimiento mutuo tanto por lo que respecta a las medidas adoptadas en ausencia como a las previstas entre los Estados miembros (artículo 69 A del TFUE),
   la interconexión entre los registros de antecedentes penales,
   la revisión del Estatuto de Europol, Eurojust y de la Red Judicial Europea, a la luz de los nuevos fundamentos jurídicos,
   la adopción de medidas adecuadas para garantizar la plena entrada en funcionamiento del Sistema de Información Schengen de Segunda Generación (SIS II) así como de las decisiones vinculadas al Tratado de Prüm(5),
   el refuerzo de Frontex y la evaluación de las repercusiones de las nuevas propuestas de la Comisión en materia de control de las fronteras,
   el refuerzo de la información de Frontex sobre los acuerdos que ha firmado con terceros países y sobre los informes de evaluación sobre operaciones conjuntas, y la garantía de que los controles en frontera son respetuosos de los derechos humanos; modificación del mandato de Frontex para incluir las operaciones de rescate marítimo;
   el establecimiento de una cooperación estructurada entre Frontex y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para simplificar las operaciones que se llevan a cabo, teniendo en cuenta la protección de los derechos humanos,
   una acción rápida y ambiciosa de la Comisión y el Consejo para impulsar la estrategia de futuro de la Unión en lo que se refiere a:
   ¾ la migración legal: inminente paquete sobre migración legal (propuestas sobre el procedimiento único de solicitud de la tarjeta azul, trabajadores temporeros, trabajadores trasladados dentro de una empresa, becarios remunerados y otras),
   ¾ la migración ilegal: propuestas que incluyan sanciones y un plan de reasentamiento de la UE,
   ¾ el asilo: realización de la segunda fase, incluida la revisión de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005 , sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado(6) y la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida(7), y la creación de una Oficina europea de ayuda al asilo,
   ¾ el desarrollo de una política comunitaria de migración y asilo basada en la apertura de canales para la migración legal y en la definición de normas comunes para la protección de los derechos fundamentales de los migrantes y solicitantes de asilo en la Unión,
   ¾ la inclusión, en las decisiones y decisiones marco de la CE, de todas las disposiciones establecidas en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990;

3.  Acoge con satisfacción la propuesta para completar el paquete contra la discriminación e insta al Consejo a actuar en el espíritu del Tratado de Lisboa e incorporar las recomendaciones del Parlamento;

4.  Considera que, a partir de ahora, los Parlamentos nacionales y la sociedad civil deben participar de manera estructurada en la elaboración de esas medidas legislativas y en la evaluación de esas políticas en los Estados miembros; pide a la Comisión y al Consejo que vuelvan a examinar con el Parlamento las redes, agencias o instrumentos cuyo cometido consistiría en evaluar las repercusiones de las políticas del ELSJ o en favorecer una interacción más estrecha con la sociedad civil europea;

5.  Destaca que el nuevo Tratado de Lisboa reconocerá el papel del Parlamento en la celebración de acuerdos internacionales relativos a las políticas del ELSJ; pide en este contexto que:

o
o   o

   se le consulte en el plazo adecuado sobre todos los acuerdos con terceros países que no se hayan celebrado a 31 de diciembre de 2008,
   se le informe periódicamente de las negociaciones actualmente en curso,
   se celebre, con carácter urgente, un debate sobre la dimensión exterior del ELSJ, ya que la Unión está creado de hecho una cooperación policial y judicial con terceros países, en particular con los EstadosUnidos, sobre la base de acuerdos bilaterales sobre una serie de asuntos, eludiendo así los procedimientos democráticos formales de toma de decisiones y el control parlamentario;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y que pida a estos últimos que le remitan sus comentarios, sugerencias y propuestas antes del 15 de noviembre de 2008, con la antelación necesaria respecto del debate anual de diciembre de 2008 sobre los progresos realizados en 2008 en el espacio de libertad, seguridad y justicia.

(1) DO C 303 de 14.12.2007, p. 1.
(2) Sentencia de 1 de julio de 2008, Reino de Suecia y Maurizio Turco/Consejode la Unión Europea, asuntos acumulados C-39/05 P y C-52/05 P.
(3) Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos, punto 4 (DO C 102 de 4.4.1996, p. 2).
(4) DO L 53 de 22.2.2007, p.1.
(5) El Tratado de 27 de mayo de 2005, entre el Reino de Bélgica, la República Federal de Alemania, el Reino de España, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos y la República de Austria, relativo a la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal.
(6) DO L 326 de 13.12.2005, p. 13.
(7) DO L 304 de 30.9.2004, p. 2.


Concentración y pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea (2007/2253(INI))
P6_TA(2008)0459A6-0303/2008

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo del Tratado de Amsterdam sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros(1), (Protocolo del Tratado de Amsterdam)

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros de la Unión Europea (SEC(2007)0032),

–  Vista la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva(2),

–  Vista su Resolución de 20 de noviembre de 2002 sobre la concentración de los medios de comunicación(3),

–  Vista la Convención de la UNESCO, de 2005, sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural),

–  Vista su Resolución de 22 de abril de 2004 sobre el peligro que corre en la Unión Europea, y particularmente en Italia, la libertad de expresión y de información (apartado 2 del artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales)(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2001, sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión(5),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 25 de enero de 1999, sobre el servicio público de radiodifusión(6),

–  Vista la Recomendación Rec(2007)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 31 de enero de 2007, sobre la misión de los medios de comunicación de servicio público en la sociedad de la información,

–  Vista la Recomendación Rec 1466(2000), de 27 de junio de 2000, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la educación en medios de comunicación;

–  Vista la Recomendación Rec(2007)2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 31 de enero de 2007, sobre el pluralismo en los medios de comunicación y la diversidad de contenidos;

–  Vista su Resolución de 13 de noviembre de 2007 sobre la interoperabilidad de los servicios de televisión digital interactiva(7),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0303/2008),

A.  Considerando que la Unión Europea ha confirmado su compromiso con la defensa y la promoción del pluralismo de los medios de comunicación, como un pilar fundamental del derecho a la información y la libertad de expresión reconocidos en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que siguen siendo principios fundamentales para preservar la democracia, el pluralismo cívico y la diversidad cultural,

B.  Considerando que el Parlamento ha expresado reiteradamente el deseo de que la Comisión predisponga un marco jurídico estable, tanto en el sector de los medios de comunicación como en la sociedad de la información en su conjunto, que garantice un nivel equivalente de protección del pluralismo en los Estados miembros y permita a los operadores el aprovechamiento de las oportunidades creadas por el mercado único,

C.  Considerando que, tal como subraya la Comisión en su documento de trabajo antes mencionado, el concepto de pluralismo en los medios de comunicación no se puede limitar al problema de la concentración de la propiedad en las empresas, sino que abarca también cuestiones relativas a los servicios públicos de radiodifusión, el poder político, la competencia económica, la diversidad cultural, el desarrollo de nuevas tecnologías, la transparencia y las condiciones de trabajo de los periodistas de la Unión Europea,

D.  Considerando que los servicios públicos de radiodifusión deben contar con los recursos e instrumentos necesarios que les permitan una auténtica independencia de la presión política y las fuerzas del mercado,

E.  Considerando que, en la actualidad, los servicios públicos de radiodifusión se ven empujados, de forma injustificada y en detrimento de la calidad de sus contenidos, a competir por las cuotas de pantalla con los canales comerciales, cuyo objetivo último no es la calidad, sino satisfacer la demanda mayoritaria del público,

F.  Considerando que la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural concede especial importancia, inter alia, a la creación de condiciones tendentes a la diversidad de los medios de comunicación,

G.  Considerando que la Convención de la UNESCO sobre diversidad cultural reconoce el derecho de sus Partes a adoptar medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación, incluido el servicio público de radiodifusión,

H.  Considerando la importante función de los medios audiovisuales de servicio público para asegurar el pluralismo, reconocida tanto por la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural como por el Protocolo del Tratado de Amsterdam, de acuerdo con el cual el sistema de radiodifusión pública en los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, mientras que los Estados miembros son los responsables de fijar la misión de los servicios televisivos públicos y atender a su financiación,

I.  Considerando que la mencionada Comunicación de la Comisión de 2001 reconoce plenamente el papel central de los órganos públicos de radiodifusión para la promoción del pluralismo y de la diversidad cultural y lingüística; subrayando que, en el examen de estas subvenciones estatales, la Comisión aplicará criterios tales como la importancia del fomento de la diversidad cultural, así como la satisfacción de las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad,

J.  Considerando que la mencionada Resolución del Consejo de 25 de enero de 1999 reitera el papel crucial para el pluralismo que desempeña el servicio público de radiodifusión y pide a los Estados miembros que le otorguen un amplio cometido que refleje su tarea de poner al alcance de los ciudadanos los beneficios de los nuevos servicios audiovisuales y de información, así como las nuevas tecnologías,

K.  Considerando que el citado Protocolo del Tratado de Amsterdam fue adoptado con objeto de garantizar las competencias de los Estados miembros para organizar su sistema nacional de servicio público de radiodifusión de acuerdo con las necesidades democráticas y culturales de su sociedad, a fin de favorecer al máximo la preservación del pluralismo de los medios de comunicación,

L.  Considerando que la citada Recomendación Rec(2007)3 subraya el papel específico del servicio público de radiodifusión como fuente imparcial e independiente de información y comentarios y de contenidos innovadores y variados que cumplan elevadas normas éticas y de calidad, así como un foro de debate público y un medio de promoción de una participación democrática más amplia de las personas, y pide, en consecuencia, que los Estados miembros mantengan la facultad de adaptar dicha misión para que cumpla su finalidad en un nuevo entorno mediático,

M.  Considerando que el pluralismo de los medios de comunicación sólo puede garantizarse mediante el adecuado equilibrio político en el contenido de la televisión de servicio público,

N.  Considerando que la experiencia demuestra que una concentración ilimitada de la propiedad pone en peligro el pluralismo y la diversidad cultural, y que un sistema basado exclusivamente en la libre competencia del mercado no puede garantizar por sí solo el pluralismo de los medios de comunicación,

O.  Considerando que en Europa el modelo basado en dos pilares para la televisión y los servicios de medios audiovisuales, privados y públicos, ha demostrado su valor en la consolidación del pluralismo de los medios de comunicación y que este modelo debe seguir desarrollándose,

P.  Considerando que la concentración de la propiedad está generando una creciente dependencia de los profesionales de los medios de comunicación con respecto a los propietarios de las grandes empresas de medios de comunicación,

Q.  Considerando que las nuevas tecnologías, y en particular el paso a la tecnología digital en lo que se refiere a la producción y difusión de contenidos audiovisuales, así como la aparición en el mercado de nuevos medios de comunicaciones y servicios de información han ejercido una considerable influencia en lo que se refiere a la cantidad de productos disponibles y de formas de difusión; considerando, sin embargo que el aumento de la cantidad de medios y servicios no implica automáticamente que se asegure la diversidad de sus contenidos; considerando que, por lo tanto, son necesarios nuevos medios actualizados para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural, así como la información rápida y objetiva a los ciudadanos,

R.  Considerando que el marco reglamentario vigente para las telecomunicaciones, que refleja la relación directa e interdependencia entre la reglamentación relativa a las infraestructuras y la relativa a los contenidos, ofrece a los Estados miembros instrumentos técnicos adecuados para la protección del pluralismo de los medios y los contenidos, como, por ejemplo, las normas de acceso y obligación de transmisión (access and must carry rules),

S.  Considerando, sin embargo, que el respeto del pluralismo de la información y de la diversidad de contenidos no está garantizado automáticamente por el desarrollo tecnológico, sino que debe ser fruto de una política activa, coherente y vigilante por parte de las autoridades nacionales y europeas,

T.  Considerando que, aunque Internet ha hecho que aumente de forma espectacular el acceso a diversas fuentes de información, puntos de vista y opiniones, aún no ha sustituido a los medios de comunicación tradicionales como determinantes de la formación de opinión pública,

U.  Considerando que, debido a la evolución tecnológica, los editores de periódicos cada vez difunden más sus contenidos a través de Internet, por lo que dependen en gran medida de los ingresos publicitarios (en línea),

V.  Considerando que los medios de comunicación siguen siendo un instrumento de influencia política y que existe un riesgo considerable para la capacidad de los medios de comunicación de desempeñar sus funciones como guardianes de la democracia, dado que las empresas privadas de medios de comunicación tienden a orientarse predominantemente hacia el beneficio financiero; considerando que ello implica el peligro de una pérdida de diversidad, de calidad de los contenidos y de pluralidad de opinión y que, por tanto, la preservación del pluralismo de los medios de comunicación no debe confiarse exclusivamente a los mecanismos del mercado,

W.  Considerando que las grandes empresas de medios de comunicación han logrado posiciones sustanciosas, y a menudo dominantes, en algunos Estados miembros, y considerando el riesgo que representa, para la independencia de los medios de comunicación, la existencia de grupos de prensa en manos de empresas que pueden optar a la adjudicación de contratos públicos,

X.  Considerando que la contribución de las empresas multinacionales de medios de comunicación en algunos Estados miembros es esencial para revitalizar el panorama de los medios de comunicación, pero que las condiciones laborales y la remuneración deben mejorarse en cierta medida,

Y.  Considerando que es necesario mejorar las condiciones y la calidad del trabajo de los profesionales de los medios de comunicación y que, a falta de garantías sociales, un número cada vez mayor de periodistas trabajan en condiciones precarias,

Z.  Considerando que el Derecho de la competencia de la Unión Europea es un tanto limitado para abordar los problemas de concentración de los medios de comunicación, ya que las actividades que dan lugar a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación a nivel vertical y horizontal en los nuevos Estados miembros no han alcanzado el umbral financiero en que se aplicaría tal Derecho de la competencia,

AA.  Considerando que el establecimiento de normas demasiado restrictivas en materia de propiedad de los medios de comunicación puede obstaculizar la competitividad de las empresas europeas en el mercado mundial y favorecer la influencia de los grupos de medios de comunicación no europeos,

AB.  Considerando que los usuarios de los medios de comunicación deberían tener acceso a un amplio abanico de contenidos,

AC.  Considerando que los creadores de medios de comunicación aspiran a producir los contenidos de mayor calidad posible, pero que las condiciones para lograrlo no son uniformemente satisfactorias en todos los Estados miembros,

AD.  Considerando que la proliferación de nuevos medios de comunicación (Internet de banda ancha, canales por satélite, televisión digital terrestre, etc.) y la variedad de propietarios de medios de comunicación no son suficientes en sí mismas para garantizar el pluralismo de los contenidos de los medios de comunicación,

AE.  Considerando que las normas de calidad de los contenidos y de protección de menores deben aplicarse tanto en el sector público como en el comercial,

AF.  Considerando que las empresas de medios de comunicación son indispensables por lo que respecta al pluralismo de los medios de comunicación y la preservación de la democracia y deberían, por tanto, preocuparse más activamente de las prácticas relacionadas con la ética empresarial y la responsabilidad social,

AG.  Considerando que en los medios de comunicación comerciales está aumentando la utilización de contenidos generados por los usuarios privados, especialmente los contenidos audiovisuales, por una tarifa nominal o sin remuneración alguna, suscitando problemas éticos y de protección de la intimidad, lo que constituye una práctica que somete a los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación a una indebida presión competitiva,

AH.  Considerando que los weblogs constituyen una nueva contribución importante a la libertad de expresión y son utilizados cada vez más tanto por los profesionales de los medios de comunicación como por las personas privadas,

AI.  Considerando que las cadenas públicas de radiodifusión deben recibir una financiación estable, actuar de forma equitativa y equilibrada y contar con los medios para promover el interés público y los valores sociales,

AJ.  Considerando que los Estados miembros disponen de un amplio margen para interpretar la misión de los medios de comunicación de servicio público y su financiación,

AK.  Considerando que los medios de comunicación de servicio público sólo tienen una presencia notable en el mercado en el ámbito audiovisual y no lineal,

AL.  Considerando que el modelo audiovisual europeo debe basarse siempre en el equilibrio entre un servicio público fuerte, independiente y pluralista y un sector comercial dinámico; considerando que la continuidad de este modelo es indispensable para la vitalidad y la calidad de la creación, el pluralismo de los medios de comunicación, así como para el respeto y la promoción de la diversidad cultural,

AM.  Considerando que los medios de comunicación de servicio público de los Estados miembros padecen, en ocasiones, una financiación inadecuada y presiones políticas,

AN.  Considerando que las funciones atribuidas por cada Estado miembro al sector público de radiodifusión necesitan una financiación a largo plazo y garantía de independencia, lo que dista mucho de ser el caso de todos los Estados miembros,

AO.  Considerando que en determinados Estados miembros los medios de comunicación de servicio público pueden desempeñar un papel preponderante tanto en términos de calidad como de audiencia,

AP.  Considerando que el acceso público y universal a unos contenidos de alta calidad y diversificados es cada vez aún más crucial en este contexto de cambios tecnológicos y concentración acentuada y en un entorno cada vez más competitivo y globalizado; considerando que los servicios públicos audiovisuales son fundamentales para formar opiniones de manera democrática, para que las personas se familiaricen con la diversidad cultural y para garantizar el pluralismo; considerando además que estos servicios deben poder utilizar las nuevas plataformas de difusión para cumplir la misión que se les ha confiado, para llegar a todos los grupos que componen la sociedad, independientemente del modo de acceso empleado,

AQ.  Considerando que los medios de comunicación de servicio público requieren una financiación pública adecuada que les permita competir con los medios de comunicación comerciales a la hora de ofrecer contenidos culturales o informativos de calidad,

AR.  Considerando que han surgido nuevos canales de medios de comunicación a lo largo de la pasada década y que la proporción creciente de ingresos por publicidad que se desplaza al sector de Internet constituye una fuente de preocupación para el sector de los medios de comunicación tradicionales,

AS.  Considerando que los medios públicos de radiodifusión y los medios comerciales continuarán ejerciendo papeles complementarios, junto con los nuevos actores del mercado, en un nuevo panorama audiovisual caracterizado por la multiplicidad de plataformas de difusión,

AT.  Considerando que la Unión Europea no tiene competencias intrínsecas para regular la concentración de los medios de comunicación, si bien sus competencias en diversos ámbitos políticos le permiten desempeñar un papel activo en la salvaguardia y promoción del pluralismo de los medios de comunicación; considerando que el Derecho en materia de competencia y ayudas estatales, los reglamentos del sector audiovisual y de las telecomunicaciones, así como sus relaciones (comerciales) exteriores son ámbitos en los que la Unión Europea puede y debe perseguir activamente una política de fortalecimiento e impulso del pluralismo de los medios de comunicación,

AU.  Considerando el creciente número de conflictos que afectan a la libertad de expresión,

AV.  Considerando que, en la sociedad de la información, la educación en materia de medios de comunicación es fundamental para que los ciudadanos puedan participar de forma activa y consciente en la vida democrática,

AW.  Considerando que, ante la creciente oferta de información (sobre todo por obra de Internet), cada vez es más importante la interpretación y estimación del valor de la misma,

AX.  Considerando que la promoción de la educación de los ciudadanos de la Unión Europea en materia de medios de comunicación requiere un apoyo sustancialmente mayor,

AY.  Considerando que los medios de comunicación europeos actúan ahora en un mercado mundializado y que, por tanto, las limitaciones reglamentarias exhaustivas en cuanto al régimen de propiedad de los mismos reducirán de forma significativa su competitividad frente a empresas de terceros países que no están sujetas a limitaciones similares; considerando, por ello, que es necesario conseguir un equilibrio entre la aplicación consecuente de normas de competencia leal y la existencia de válvulas de seguridad para el pluralismo, por una parte, y garantizar que las empresas tengan la flexibilidad necesaria para poder competir en el mercado mundial de los medios de comunicación, por otra,

AZ.  Considerando que vivimos en una sociedad de constante bombardeo informativo, de comunicaciones instantáneas y de mensajes no filtrados y que se necesitan competencias específicas para seleccionar la información,

BA.  Considerando que las medidas de consolidación y promoción del pluralismo de los medios de comunicación deben ser un elemento fundamental de las relaciones exteriores (comerciales o de otro tipo) de la Unión Europea, en particular en el marco de la política europea de vecindad, la estrategia para la ampliación y los acuerdos comerciales bilaterales,

1.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a salvaguardar el pluralismo de los medios de comunicación, a velar por que todos los ciudadanos de la Unión Europea tengan acceso a unos medios de comunicación libres y diversificados en todos los Estados miembros y a recomendar las mejoras que puedan ser necesarias;

2.  Está convencido de que un sistema plural de medios de comunicación es un requisito básico para la continuidad del modelo de sociedad democrático europeo;

3.  Constata que el panorama de los medios de comunicación europeos está sujeto a una convergencia continua, tanto por lo que respecta a los propios medios de comunicación como a los mercados;

4.  Pone de relieve que la concentración de la propiedad del sistema de medios de comunicación crea un entorno que favorece la monopolización del mercado de la publicidad, introduce barreras a la entrada de nuevos actores del mercado y conduce asimismo a la uniformidad de los contenidos de los medios de comunicación;

5.  Observa que el desarrollo del sistema de medios de comunicación se ve cada vez más arrastrado por el ánimo de lucro y, como consecuencia, no se salvaguardan en la medida adecuada los procesos sociales, políticos o económicos ni los valores recogidos en los códigos de conducta periodísticos; considera, por tanto, que la legislación en materia de competencia debe estar interrelacionada con la legislación en materia de medios de comunicación, a fin de garantizar el acceso, la competencia y la calidad y de evitar conflictos de intereses entre la concentración de la propiedad de los medios y el poder político, que son perjudiciales para la libre competencia, la igualdad de condiciones y el pluralismo;

6.  Recuerda a los Estados miembros que las decisiones de las autoridades reguladoras nacionales han de buscar siempre el equilibrio entre las funciones que tienen encomendadas y la libertad de expresión, cuya protección corresponde en último término a los tribunales de justicia;

7.  Pide a la Comisión que se comprometa a promover un marco jurídico estable que garantice un elevado nivel de protección del pluralismo en todos los Estados miembros;

8.  Pide, en consecuencia, tanto un equilibrio entre los servicios de radiodifusión públicos y privados ‐en aquellos Estados miembros en que los servicios de radiodifusión públicos existan actualmente‐ como que se garantice la interrelación entre la legislación en materia de competencia y de medios de comunicación, a fin de reforzar la pluralidad de estos medios;

9.  Considera que los principales objetivos de las autoridades públicas deben ser crear unas condiciones que garanticen un nivel elevado de calidad de los medios de comunicación (incluidos los medios de comunicación públicos), asegurar la diversidad de los medios de comunicación y garantizar la total independencia de los periodistas;

10.  Pide que se adopten medidas para mejorar la competitividad de los grupos de medios de comunicación europeos y así contribuir de manera significativa al crecimiento económico, que habrá de fomentarse también mediante el aumento del nivel de concienciación y conocimiento de las cuestiones económicas y financieras entre los ciudadanos;

11.  Destaca la creciente influencia en la Unión Europea, especialmente en los nuevos Estados miembros, de los inversores en medios de comunicación de terceros países;

12.  Pide una aplicación coherente de la legislación en materia de competencia a nivel europeo y nacional, a fin de garantizar un alto grado de competitividad y permitir el acceso al mercado de nuevos competidores;

13.  Opina que la legislación de la Unión Europea en materia de competencia ha contribuido a limitar la concentración de los medios de comunicación; destaca, no obstante, la importancia de una supervisión independiente de los medios de comunicación por parte de los Estados miembros e insta, en ese sentido, a que la reglamentación de los medios de comunicación a nivel nacional sea eficaz, clara, transparente y exigente;

14.  Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de establecer indicadores específicos para evaluar el pluralismo de los medios de comunicación;

15.  Pide que se establezcan otros indicadores, además del pluralismo de los medios de comunicación, como criterios para el análisis de los medios de comunicación, incluida su orientación en lo que respecta a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y de las minorías y los códigos profesionales de conducta aplicables a los periodistas;

16.  Considera que las normas sobre concentración de los medios de comunicación deberían regir no sólo la propiedad y producción de los contenidos de los medios, sino también los canales y mecanismos (electrónicos) para el acceso y la difusión de contenidos en Internet, tales como los motores de búsqueda;

17.  Subraya la necesidad de garantizar el acceso a la información a las personas con discapacidad;

18.  Reconoce que la autorregulación desempeña un papel importante para velar por el pluralismo de los medios de comunicación; acoge con satisfacción las iniciativas del sector existentes en este ámbito;

19.  Alienta la creación de una carta de la libertad de los medios de comunicación con el fin de garantizar la libertad de expresión y el pluralismo;

20.  Insta al respeto de la libertad de los medios de comunicación y pide que estos respeten sistemáticamente el código deontológico;

21.  Subraya la necesidad de establecer sistemas de seguimiento y aplicación del pluralismo de los medios de comunicación basados en indicadores fiables e imparciales;

22.  Subraya la necesidad de que las autoridades de la Unión Europea y de los Estados miembros velen por la independencia periodística y editorial, mediante garantías adecuadas y específicas de carácter jurídico y social, y destaca la importancia de crear y aplicar de manera uniforme en los Estados miembros, y en todos aquellos mercados en los que operen empresas de medios de comunicación establecidas en la Unión Europea, unos estatutos editoriales que impidan la injerencia en el contenido de la información por parte de los propietarios, los accionistas y de órganos externos tales como los gobiernos;

23.  Pide a los Estados miembros que garanticen, a través de los medios oportunos, un adecuado equilibrio entre las sensibilidades políticas y sociales, en particular en el contexto de las emisiones de contenidos informativos y de actualidad;

24.  Acoge con satisfacción la dinámica y diversidad introducidas en el panorama de los medios de comunicación por los nuevos medios y anima a hacer un uso responsable de todos los nuevos soportes tecnológicos, como la televisión móvil, que son una plataforma para los medios de comunicación comerciales, públicos y comunitarios;

25.  Aboga por la celebración de un debate abierto sobre todas las cuestiones relacionadas con el estatuto de los weblogs;

26.  Apoya la protección de los derechos de autor en los medios de comunicación en línea, de modo que las terceras partes tengan que mencionar la fuente cuando citen declaraciones;

27.  Recomienda que se incluyan los conocimientos en materia de medios de comunicación entre las competencias europeas clave y apoya el desarrollo de un núcleo curricular europeo en materia de medios de comunicación, al tiempo que subraya el papel que desempeñan en la superación de cualquier tipo de brecha digital;

28.  Sostiene que la educación relativa a los medios de comunicación debe consistir en proporcionar al ciudadano los medios para poder interpretar críticamente y utilizar el volumen cada vez mayor de información que recibe, según lo contempla la mencionada Recomendación Rec 1466 (2000); considera que, a través de este proceso de aprendizaje, el ciudadano estará en condiciones de elaborar mensajes y de seleccionar los medios más adecuados para comunicar dichos mensajes, ejerciendo así plenamente sus derechos en lo que a la libertad de información y expresión se refiere;

29.  Insta a la Comisión a que, al adoptar un enfoque europeo sobre la alfabetización mediática, conceda suficiente atención a los niveles de valoración crítica del contenido y al intercambio de las mejores prácticas a este respecto;

30.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consoliden un marco objetivo para otorgar las licencias de emisión en los ámbitos de la televisión por cable y satélite y los mercados de difusión analógica y digital con arreglo a criterios transparentes y ecuánimes, con objeto de alcanzar un sistema de competencia plural y evitar abusos por parte de empresas en posición de monopolio o en posición dominante;

31.  Recuerda a la Comisión que en repetidas ocasiones se le ha pedido que elabore una directiva que garantice el pluralismo, aliente y preserve la diversidad cultural, según se define en la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural, y salvaguarde el acceso de todas las empresas de medios de comunicación a los elementos técnicos que les permitan llegar a la totalidad del público;

32.  Pide a los Estados miembros que apoyen unos servicios públicos de radiodifusión de elevada calidad capaces de ofrecer una verdadera alternativa a la programación de las cadenas comerciales y que, sin tener necesariamente que competir por las cuotas de pantalla y los ingresos procedentes de la publicidad, ocupen un lugar más visible en el panorama europeo como pilares de la preservación del pluralismo de los medios de comunicación, el diálogo democrático y el acceso de todos los ciudadanos a unos contenidos de calidad;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten una mayor cooperación entre las autoridades reguladoras europeas e intensifiquen los debates e intercambios de puntos de vista formales e informales entre las autoridades reguladoras en el sector de la radiodifusión;

34.  Recomienda que, si procede, los medios de comunicación de servicio público de los Estados miembros reflejen el carácter multicultural de las regiones;

35.  Anima a revelar la propiedad de los soportes de todos los medios de comunicación para ayudar a hacer más transparentes los objetivos y los antecedentes de la entidad de radiodifusión o publicación;

36.  Anima a los Estados miembros a garantizar que la aplicación de la legislación nacional en materia de competencia a los medios de comunicación y al sector de Internet y de la tecnología de la comunicación facilite y fomente el pluralismo de los medios de comunicación; pide a la Comisión que, al aplicar las normas comunitarias en materia de competencia, tenga en cuenta su impacto sobre el pluralismo de los medios de comunicación;

37.  Recomienda que las normas que regulan las ayudas estatales se elaboren y apliquen de forma que los medios de comunicación de servicio público y comunitarios puedan cumplir su función en un entorno dinámico, garantizando al mismo tiempo que los medios de comunicación de servicio público llevan a cabo de forma transparente y responsable la misión que les han encomendado los Estados miembros, evitando el fraude a las subvenciones públicas por motivos de conveniencia política o económica;

38.  Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta la Convención de la UNESCO sobre la diversidad cultural y la mencionada Recomendación Rec(2007)3 a la hora de tomar una decisión con respecto a la necesidad de revisión de la Comunicación de la Comisión de 2001; pide que, en caso de que la Comisión decidiera revisar las directrices existentes, toda medida o clarificación propuesta se valore en cuanto a su impacto en el pluralismo de los medios de comunicación y respete debidamente las competencias de los Estados miembros;

39.  Recomienda que la Comisión aproveche el proceso de revisión de la mencionada Comunicación de la Comisión de 2001 –si la considera necesaria- como vía para fortalecer la radiodifusión de servicio público en cuanto garante importante del pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea;

40.  Considera necesario, para el cumplimiento de la misión de los medios audiovisuales públicos en la era de la tecnología digital, que estos desarrollen nuevos servicios y medios de información además de los programas tradicionales y puedan interactuar con todas las redes y plataformas digitales;

41.  Acoge favorablemente la aplicación en determinados Estados miembros de disposiciones que obligan a los proveedores de televisión por cable a ofrecer canales públicos y a asignar parte del espectro digital a proveedores públicos;

42.  Insta a la Comisión a utilizar un concepto amplio de la misión de los servicios públicos de radiodifusión, en consonancia con una interpretación dinámica y anticipadora del Protocolo del Tratado de Amsterdam, en particular respecto a una participación sin restricciones de la radiodifusión de servicio público en los desarrollos tecnológicos y en la producción y presentación de formas derivadas de contenidos (tanto en forma de servicio lineal como no lineal). Ello deberá incluir también una adecuada financiación para los nuevos servicios, como parte de la misión del servicio público de radiodifusión;

43.  Reitera que la reglamentación del uso del espectro debe tener en cuenta objetivos de interés público tales como el pluralismo de los medios de comunicación y no puede someterse, por tanto, a un régimen exclusivamente basado en el mercado; considera, además, que los Estados miembros deben seguir teniendo la responsabilidad de decidir sobre la atribución de frecuencias para atender a las necesidades específicas de su sociedad, en particular por lo que respecta a la salvaguardia y la promoción del pluralismo de los medios de comunicación;

44.  Recomienda que durante la revisión del paquete Telecom se mantengan y, si procede, se amplíen las normas de obligación de transmisión;

45.  Coincide con la mencionada Recomendación Rec(2007)2 en que debe garantizarse a los proveedores de contenido un acceso justo a las redes de comunicación electrónicas;

46.  Remite a su mencionada Resolución, de 13 de noviembre de 2007, , habida cuenta de que la interoperabilidad es fundamental para el pluralismo de los medios de comunicación;

47.  Pide un enfoque equilibrado respecto a la asignación del dividendo digital con objeto de asegurar un acceso equitativo para todos los actores, salvaguardando con ello el pluralismo de los medios de comunicación;

48.  Expresa su preocupación ante el dominio de unos cuantos grandes actores en línea, que limita la llegada de nuevos actores al mercado, ahogando con ello la creatividad y el espíritu empresarial de este sector;

49.  Pide una mayor transparencia respecto a los datos e información personales conservados por los motores de búsqueda de Internet, los proveedores de correo electrónico y los sitios de redes sociales;

50.  Considera que la reglamentación a nivel de la Unión Europea garantiza suficientemente la accesibilidad de las guías electrónicas de programas, así como de dispositivos similares de programación y navegación, pero que puede considerarse una intervención complementaria en relación con la manera en que se presenta la información sobre los programas disponibles, para garantizar que los servicios de interés general son de fácil acceso; pide a la Comisión que averigüe, a través de un procedimiento de consulta, si se requieren directrices mínimas o normas sectoriales específicas para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación;

51.  Pide que se garantice el equilibrio entre las cadenas públicas y privadas, así como la aplicación coherente del Derecho en materia de competencia y de medios de comunicación, a fin de fortalecer el pluralismo de los medios de comunicación;

52.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 340 de 10.11.1997, p. 109.
(2) DO L 332 de 18.12.2007, p. 27.
(3) DO C 25 E de 29.1.2004, p. 205.
(4) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 1026.
(5) DO C 320 de 15.11.2001, p. 5.
(6) DO C 30 de 5.2.1999, p. 1.
(7) Textos Aprobados, P6_TA(2007)0497.


Control de los precios de la energía
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la contención de los precios de la energía
P6_TA(2008)0460RC-B6-0428/2008

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones de 29 de septiembre de 2005, sobre la dependencia del petróleo(1), y 19 de junio de 2008, sobre la crisis del sector pesquero provocada por el alza del precio de los carburantes(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de junio de 2008, titulada "Enfrentarse al desafío de la subida de los precios del petróleo" (COM(2008)0384),

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2008,

–  Visto el acuerdo alcanzado en el Consejo informal ECOFIN celebrado en Niza los días 12 y 13 de septiembre de 2008,

–  Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que durante el verano los precios del petróleo han alcanzado unos niveles sin precedentes en términos reales, que los precios de otros productos energéticos también han aumentado y que los precios al consumo de los combustibles han seguido la tendencia del precio del crudo; considerando que la debilidad del dólar estadounidense también ha ejercido presiones sobre los precios del petróleo,

B.  Considerando que las estimaciones indican que los precios del petróleo podrán seguir siendo elevados a medio y largo plazo, lo que tendrá un impacto negativo sobre la inflación y frenará el crecimiento de la economía de la UE,

C.  Considerando que los niveles de precios más elevados en el sector de la energía están socavando el poder adquisitivo de los ciudadanos de la UE, siendo los más afectados los hogares de menores ingresos y los sectores industriales que hacen un uso más intensivo de la energía,

D.  Considerando que el alza de los precios de la energía está influenciado por una compleja combinación de factores: el desplazamiento estructural de la oferta y la demanda de petróleo, la reducción del número y la magnitud de los nuevos yacimientos petrolíferos, la limitada expansión de la producción petrolífera, factores geopolíticos, un menor nivel de inversiones en avances tecnológicos, unos costes de inversión más elevados y la falta de mano de obra cualificada en los principales países productores; considerando que algunos países productores de petróleo tienden a utilizar sus recursos naturales con objetivos políticos,

E.  Considerando que una mayor transparencia y fiabilidad y la publicación más frecuente de datos sobre las reservas comerciales de petróleo son elementos importantes para que los mercados del petróleo funcionen eficientemente,

F.  Considerando que la actual agitación financiera ha incitado a los inversores a buscar inversiones alternativas y ha contribuido al incremento de la volatilidad de los precios a corto plazo,

G.  Considerando que la economía de la UE todavía depende en gran medida del petróleo importado y que la mayor parte de las nuevas reservas potenciales se encuentra en "yacimientos no convencionales", lo que encarece los costes de las inversiones que requiere su desarrollo,

H.  Considerando que una política exterior común europea en el ámbito de la energía, basada en la solidaridad y la diversificación del abastecimiento, generaría sinergias que garantizarían la seguridad del abastecimiento a la Unión Europea y reforzarían la pujanza, la capacidad de actuación en asuntos de política exterior y la credibilidad de la UE como actor a nivel mundial,

1.  Destaca que, sin una evolución concertada de la política y del consumo de energía, la demanda energética seguirá creciendo en los próximos decenios; expresa su preocupación por el aumento de los precios de la energía y, en particular, por sus efectos desfavorables en la economía mundial y en los consumidores, que dificultan asimismo la consecución de los objetivos de la Estrategia de Lisboa;

2.  Subraya la necesidad de adoptar medidas que permitan a la economía de la UE mantener su competitividad y adaptarse a las nuevas circunstancias de los precios en el sector de la energía;

3.  Pide que se asuma un firme compromiso político a fin de adoptar medidas concretas para que se reduzca la demanda de energía, se promuevan las energías renovables y la eficiencia energética, se prosiga la diversificación del abastecimiento energético y se reduzca la dependencia de los combustibles fósiles importados; considera que este cambio constituye la respuesta más adecuada al incremento de los precios en el sector de la energía, a fin de aumentar la estabilidad en los mercados de la energía, generar beneficios a largo plazo para los consumidores en términos de costes y alcanzar los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto; afirma la necesidad de que tales medidas estratégicas vayan seguidas de unos recursos financieros proporcionales en materia de I+D;

4.  Considera que los Estados miembros deben adoptar medidas específicas y a corto plazo para atenuar el impacto desfavorable del aumento de precios en los hogares más pobres; destaca, no obstante, que se debe evitar la adopción de medidas que provoquen un aumento de la inflación porque pueden ir en detrimento de la sostenibilidad de las finanzas públicas y pueden verse neutralizadas por un incremento de los precios del crudo;

5.  Reitera su posición en primera lectura, de 18 de junio de 2008 sobre la propuesta de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2003/54/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad(3) y, de 9 de julio de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2003/55/CE, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural(4); considera que la Comisión debería presentar una comunicación sobre la erradicación de la pobreza energética en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que faciliten definiciones nacionales de pobreza energética y que desarrollen planes de acción nacionales para erradicar este tipo de pobreza; pide a la Comisión que controle y coordine los datos facilitados por los Estados miembros y que garantice, además, el respeto de las obligaciones de servicio público y universal;

6.  Pide a la Comisión que garantice que la Carta de los derechos de los consumidores de energía propuesta establezca claramente los derechos de los consumidores; pide a los organismos reguladores nacionales que utilicen las competencias de que disponen para ayudar a los consumidores;

7.  Toma nota de la caída de los precios del crudo a 100 dólares estadounidenses por barril en las últimas semanas, que pone fin a la tendencia de incremento constante de los precios del petróleo; observa con preocupación que los consumidores siguen pagando precios más elevados que no siempre reflejan plenamente las fluctuaciones a la baja de los precios; pide a la Comisión que controle la evolución de los precios, en particular en lo que se refiere a los efectos del aumento o el descenso de los precios en los consumidores;

8.  Pide asimismo a la Comisión que garantice la observancia de las actuales normas de competencia de la UE, centrándose particularmente en investigar y luchar contra las prácticas contrarias a la competencia en los sectores del gas y de la electricidad, así como en el refinado del petróleo y la distribución a los puntos de consumo;

9.  Pide a la Comisión que estudie la conexión entre los precios del petróleo y del gas en los contratos de larga duración relativos al gas y ofrezca una respuesta política pertinente;

10.  Pide al Consejo Ecofin que introduzca una reducción del IVA sobre los bienes y servicios de bajo consumo energético;

11.  Alienta la adopción de medidas que contribuyan al proceso de ajuste de industrias y servicios con un elevado consumo de energía, a fin de que potencien la eficiencia energética; pide, no obstante, a la Comisión que lleve un seguimiento de las repercusiones de las medidas al respecto y que emprenda acciones adecuadas en caso de distorsión de la competencia;

12.  Destaca, asimismo, que el consumo de energías renovables, combinadas con medidas de ahorro de energía, incluidos incentivos para mejorar la eficiencia energética de los hogares, reduce la dependencia de Europa de las importaciones de energía y, por ende, reduce los riesgos políticos y económicos derivados de dichas importaciones;

13.  Insta a la Comisión a que garantice que el ahorro de energía, la eficiencia energética y las energías renovables figuren entre las prioridades de la futura política energética de la UE, en particular en el contexto de la Segunda Revisión Estratégica;

14.  Considera que el Banco Europeo de Inversiones debería desempeñar un papel más destacado en la financiación de proyectos de eficiencia energética, energías renovables e I+D, centrándola especialmente en las pequeñas y medianas empresas;

15.  Toma nota del aumento de los ingresos derivados de los impuestos sobre la energía en algunos Estados miembros debido a los recientes aumentos en el precio del petróleo; subraya la importancia de una política tributaria adecuada como medio de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, luchar contra el cambio climático y crear incentivos a favor de inversiones en eficiencia energética, energías renovables y productos respetuosos con el medio ambiente;

16.  Pide a la Comisión que presente su propuesta de revisión de la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad(5) (conocida como "Directiva sobre los impuestos energéticos") después de examinar cuidadosamente los efectos que dicha imposición podría tener en la inflación, en las nuevas inversiones y en la transición hacia una economía de la UE con bajas emisiones de dióxido de carbono y caracterizada por la eficiencia energética;

17.  Subraya la importancia de una mayor transparencia y fiabilidad de los datos sobre mercados y reservas comerciales de petróleo; juzga importante mejorar la comprensión del desarrollo de los precios de los productos del petróleo; pide que se revise oportunamente la legislación comunitaria sobre reservas petrolíferas de emergencia;

18.  Subraya que la UE debería hablar con una sola voz en lo que respecta a la política energética; reitera una vez más la importancia de una política común de la UE en materia de energía y el compromiso con la Política Europea de Vecindad; considera, en este sentido, que la UE debería tomar la iniciativa en el diálogo sobre energía con los suministradores clave de petróleo y gas; acoge con satisfacción la idea de una cumbre de alto nivel entre países consumidores y productores de petróleo y gas, con las miras puestas en una mayor estabilidad de los precios, una mayor previsibilidad de los suministros y el pago en euros de las ventas;

19.  Anima a las empresas de la UE a adoptar una actitud más proactiva, lo que implica incrementar sus inversiones, y a ocupar una posición de vanguardia en los ámbitos del conocimiento experto de nuevas tecnologías y de las capacidades en materia de ingeniería, con el fin de seguir siendo interlocutoras clave de los principales países productores de petróleo; toma nota de que se requieren inversiones particularmente con miras a desarrollar las capacidades de refinado y de prospección, a fin de hacer frente al aumento de la demanda;

20.  Señala que debe mejorarse la responsabilidad social corporativa de las principales compañías energéticas de forma que canalicen más inversión privada en la industria energética hacia programas de ahorro de energía, tecnologías energéticas alternativas y actividades de I+D relacionadas con ellas;

21.  Pide a los Estados miembros que coordinen sus actuaciones políticas cuando se trate de contener los aumentos de precios de la energía; pide a la Comisión que prepare un análisis basado en medidas de "mejores prácticas" políticas aplicadas por los Estados miembros en respuesta a los desafíos que suponen los elevados precios de la energía;

22.  Pide al Consejo que alcance un acuerdo cuanto antes sobre los siguientes pasos clave que hay que dar en la realización de un mercado interior de la energía plenamente liberalizado, ya que esto contribuirá a reducir la vulnerabilidad de la UE respecto de los precios en el sector de la energía y reforzar la seguridad del suministro; reitera, a este respecto, su apoyo firme a la realización del mercado interior de la energía de la UE;

23.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 227 E de 21.9.2006, p. 580.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0308.
(3) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0294.
(4) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0347.
(5) DO L 283 de 31.10.2003, p. 51.


Alimentación, sobrepeso y obesidad
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre el Libro Blanco "Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad" (2007/2285(INI))
P6_TA(2008)0461A6-0256/2008

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión de 30 de mayo de 2007, titulado "Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad" (COM(2007)0279),

–  Vista su Resolución, de 1 de febrero de 2007, sobre fomentar una alimentación sana y la actividad física(1),

–  Vistos el Segundo Plan de Acción Europeo de la Organización Mundial de la Salud para la Política de Alimentación y Nutrición 2007-2012, adoptado por el Comité Regional para Europa de la OMS en Belgrado, en su reunión de los días 17 a 20 de septiembre de 2007, y la Carta Europea contra la Obesidad adoptada por la Oficina Regional para Europa de la OMS en 2006,

–  Vistos los objetivos establecidos por la Conferencia Ministerial Europea de la OMS celebrada en Estambul, del 15 al 17 de noviembre de 2006, mediante la Carta Europea contra la Obesidad,

–  Vista la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud adoptada por la 57ª Asamblea Mundial de la Salud el 22 de mayo de 2004,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, de los días 2 y 3 de junio de 2005, sobre obesidad, nutrición y actividad física,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores, de los días 5 y 6 de diciembre de 2007, sobre una "Estrategia europea sobre problemas de salud relacionados con la alimentación, el sobrepeso y la obesidad",

–  Vistas las conclusiones sobre "Actividad física y salud en Europa: es necesario actuar" de la reunión de 2006 de la Oficina Regional para Europa de la OMS en Copenhague,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 11 de julio de 2007, sobre el deporte (COM(2007)0391),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 25 de septiembre de 2007, titulado "Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana" (COM(2007)0551),

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0256/2008),

A.  Considerando que el sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades relacionadas con la alimentación, se están convirtiendo en una epidemia cada vez mayor y se encuentran entre las principales causas de mortalidad y morbilidad en Europa,

B.  Considerando que está científicamente probado que la tasa de incidencia y la gravedad de las enfermedades relacionadas con la alimentación afectan de forma diferente a los hombres que a las mujeres,

C.  Considerando que, según la OMS, más del 50 % de la población adulta europea presenta sobrepeso u obesidad,

D.  Considerando que más de cinco millones de niños son obesos y casi 22 millones tienen sobrepeso, y que esas cifras aumentan rápidamente, de forma que se prevé que para 2010 otros 1 300 000 niños cada año tengan sobrepeso o sean obesos,

E.  Considerando que se calcula que las enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso absorben el 6 % del gasto público en atención sanitaria en algunos Estados miembros; que los costes indirectos de estas enfermedades, por ejemplo, debido a la reducción de productividad o a las bajas médicas, son mucho más elevados,

F.  Considerando que la obesidad abdominal se reconoce científicamente como uno de los principales indicadores de diversas enfermedades relacionadas con el peso, como las enfermedades cardiovasculares o la diabetes de tipo II,

G.  Considerando que es frecuente que los hábitos alimentarios adquiridos durante la infancia se mantengan en la edad adulta y que la investigación ha demostrado que los niños obesos tienen más probabilidades de convertirse en adultos obesos,

H.  Considerando que los ciudadanos europeos viven en un entorno "generador de obesidad", en el que las formas de vida sedentaria han incrementado el riesgo de obesidad,

I.  Considerando que una mala alimentación es uno de los principales factores de riesgo de otras enfermedades relacionadas con la alimentación que son las principales causas de mortalidad en toda la UE, como las enfermedades coronarias, el cáncer, la diabetes y los accidentes cerebrovasculares,

J.  Considerando que el informe 2005 de la OMS sobre la salud en Europa demuestra de forma analítica que gran número de muertes y enfermedades se deben a siete principales factores de riesgo, de los cuales seis (hipertensión, colesterol, índice de masa corporal, consumo inadecuado de frutas y hortalizas, falta de actividad física y consumo excesivo de alcohol) están relacionadas con la dieta y el ejercicio físico; que se debe actuar de forma simultánea sobre estos factores determinantes de la salud con vistas a prevenir gran número de muertes y enfermedades,

K.  Considerando que la actividad física combinada con un régimen alimenticio equilibrado y sano es la mejor manera de prevenir el sobrepeso, y constatando con preocupación que uno de cada tres europeos no realiza ningún tipo de ejercicio físico en su tiempo libre, al tiempo que el europeo medio pasa sentado más de cinco horas al día, y que los regímenes alimenticios de muchos europeos no son equilibrados,

L.  Considerando que en la última década se ha reducido el número de horas de gimnasia tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria y que, en materia de instalaciones y equipamiento, hay grandes diferencias entre los Estados miembros,

M.  Considerando que, en la Carta Europea contra la Obesidad, la OMS ha establecido el objetivo de alcanzar un progreso visible en la lucha contra la obesidad infantil en los próximos 4 ó 5 años, a fin de invertir la tendencia actual para 2015 como muy tarde,

N.  Considerando que debe considerarse como dieta sana aquella que tenga determinadas propiedades cuantitativas y cualitativas y esté adaptada a las necesidades de cada persona, dentro del estricto respeto de los principios dietéticos,

O.  Considerando que, para que se pueda considerar que tiene "valor saludable", una dieta debe incluir las siguientes categorías de criterios: (1) nutriente y contenido de energía (valor nutricional), (2) criterios sanitarios y toxicológicos (seguridad alimentaria), (3) propiedades naturales del alimento (cualidades "estético/gustativas" y "digestivas"), (4) carácter ecológico de la producción de los alimentos (agricultura sostenible),

P.  Considerando que convendría abordar el sobrepeso y la obesidad mediante un enfoque global en el que intervengan diferentes ámbitos políticos de gobernanza a diferentes niveles de administración, en particular a nivel nacional, regional y local, respetando estrictamente el principio de subsidiariedad,

Q.  Considerando que no debe olvidarse la influencia del alcohol, con su elevado aporte de calorías, ni del tabaco, que alteran el apetito en relación con los alimentos y las bebidas y que está demostrado que acarrean numerosos peligros para la salud,

R.  Considerando la dimensión social del problema y, en particular, el hecho de que las mayores tasas de prevalencia del sobrepeso y la obesidad se registran en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos; tomando nota con preocupación de que ello podría acentuar las desigualdades sanitarias y socioeconómicas, en particular en lo que se refiere a los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad,

S.  Considerando que las desigualdades socioeconómicas están adquiriendo una nueva dimensión con el aumento de los precios de las materias primas (como los cereales, la leche, etc.), que no tiene precedentes, tanto en términos del número de productos a los que afecta como de la magnitud del aumento,

T.  Considerando que la conjunción del alza de los precios de las materias primas con la opacidad de las normas por las que se rige el sector de la gran distribución en algunos Estados miembros ha tenido como consecuencia que se disparen los precios de productos alimenticios básicos de gran valor nutritivo, como las frutas y hortalizas y los productos lácteos no azucarados, lo que merma el presupuesto de la mayoría de las familias europeas, y que la Unión Europea deberá aportar una respuesta a la altura de esos retos,

U.  Considerando que las personas con discapacidad representan el 15 % de la población activa de la Unión Europea, y que los estudios han demostrado que este grupo de personas está expuesto a un mayor riesgo de obesidad debido, entre otras causas, a mutaciones patofisiológicas del metabolismo de la energía, a la constitución corporal, a la atrofia muscular y a la falta de actividad física,

V.  Considerando que se deberían facilitar todas las iniciativas emprendidas por las diferentes partes interesadas para mejorar el diálogo, el intercambio de mejores prácticas y la autorregulación, por ejemplo a través de la Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, Actividad Física y Salud, el Grupo de Trabajo sobre la Salud y el Deporte, y el Movimiento Comunitario para la Actividad Física Beneficiosa para la Salud (AFBS),

W.  Considerando que convendría promover las diferentes cocinas tradicionales como parte de nuestro patrimonio cultural, velando simultáneamente por que los consumidores conozcan sus verdaderas repercusiones en la salud para posibilitar una toma de decisiones con conocimiento de causa,

X.  Considerando que en Europa los consumidores deberían tener acceso a la información necesaria para poder elegir las mejores fuentes de nutrición con arreglo a su forma de vida y su estado de salud y lograr una alimentación óptima,

Y.  Considerando que las recientes iniciativas sectoriales sobre la autorregulación de la publicidad tratarán las cuestiones relativas al equilibrio y el tipo de la publicidad de alimentos y bebidas; estimando que las medidas de autorregulación tienen que cubrir todas los tipos de comercialización en Internet y en otros nuevos medios de comunicación; considerando que la publicidad alimentaria representa casi la mitad de la publicidad total emitida durante las franjas horarias de audiencia infantil en televisión, y que existen pruebas claras de que la publicidad televisiva influye en los modelos de consumo a corto plazo de los niños de 2 a 11 años; considerando que el empleo de nuevas formas de comercialización mediante todos los medios electrónicos y, en particular, los llamados "juegos publicitarios" a través del teléfono móvil, la mensajería instantánea, los videojuegos y los juegos interactivos en Internet es causa de preocupación; considerando que un gran número de fabricantes de alimentos, empresas de publicidad y comercialización y asociaciones sanitarias y de protección del consumidor mantienen ya un fuerte compromiso con la Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, Actividad Física y Salud y ya han llevado a cabo con éxito estudios y proyectos,

Z.  Considerando que la desnutrición, que afecta en particular a las personas de edad, supone un coste similar para los sistemas sanitarios europeos al de la obesidad y el sobrepeso,

1.  Acoge positivamente el Libro Blanco anteriormente mencionado sobre alimentación como un paso importante dentro de una estrategia global para contener el auge de la obesidad y el sobrepeso y hacer frente a las enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, como las enfermedades cardiovasculares, incluidas las enfermedades cardiacas y los accidentes cerebrales, el cáncer y la diabetes, en Europa;

2.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que reconozcan la obesidad como enfermedad crónica; considera que debería evitarse estigmatizar a los individuos o grupos de personas que son vulnerables a problemas de salud relacionados con la nutrición, el sobrepeso y la obesidad debido a factores culturales, enfermedades como la diabetes o pautas de consumo patológico, como la anorexia o la bulimia; recomienda a los Estados miembros que aseguren a dichas personas el acceso a un tratamiento adecuado en el marco de su régimen nacional de sanidad;

3.  Considera que la aplicación de un enfoque global a varios niveles es la manera más apropiada de combatir la obesidad entre la población de la Unión Europea y señala que existen muchos programas europeos (en materia de investigación, salud, educación o aprendizaje permanente) que pueden contribuir a hacer frente a esta verdadera plaga;

4.  Opina que una política centrada en la calidad alimentaria puede realizar una contribución importante al fomento de la salud y a una disminución de la obesidad, y que una información comprensible en las etiquetas constituye la clave, desde el punto de vista del consumidor, para poder elegir entre alimentos buenos, mejores y menos buenos;

5.  Aprueba la creación de un Grupo de Alto Nivel sobre la Alimentación y la Actividad Física y el establecimiento de sistemas europeos de supervisión de la salud para la recogida de datos físicos y biológicos, tales como la Encuesta Europea de Salud por Examen (EHES) y el sistema de control de la Encuesta Comunitaria de Salud mediante Entrevista (EHIS), como herramientas útiles de mejora de la información y el intercambio de buenas prácticas en la lucha contra la obesidad, para los responsables políticos y todos los agentes implicados;

6.  Pide a la Comisión que garantice una representación equilibrada entre las mujeres y los hombres en el futuro Grupo de Alto Nivel sobre la Alimentación y la Actividad Física, de modo que se determinen mejor los problemas y se propongan las mejores soluciones en función de la dimensión de género, es decir, por una parte, para los hombres y, por otra, para las mujeres;

7.  Reconoce el destacado cometido de la autorregulación en la lucha contra la obesidad, y subraya la necesidad de establecer objetivos claros y concretos para todas las partes interesadas y de llevar a cabo un seguimiento independiente de dichos objetivos; observa que, en ocasiones, la reglamentación es necesaria para introducir cambios sustantivos y profundos en todos los sectores económicos, en particular cuando se trata de niños, con vistas a garantizar la protección de los consumidores y un elevado nivel de salud pública; toma nota con interés de los 203 compromisos asumidos en el contexto de la Plataforma Europea de Acción sobre Alimentación, Actividad Física y Salud para la reformulación de productos, la reducción de la publicidad destinada a los niños y el etiquetado en favor del fomento de una dieta equilibrada; considera que debería ampliarse la pertenencia a la plataforma para incluir a los fabricantes de juegos para ordenador y consolas, así como a los proveedores de Internet;

8.  Reclama, no obstante, medidas más tangibles especialmente destinadas a los niños y grupos de riesgo;

9.  Insta a la Comisión a que adopte un enfoque más holístico en lo que se refiere a la alimentación y a que dé la máxima prioridad a la desnutrición, junto con la obesidad, en los ámbitos de la nutrición y la salud, incorporándola, cuando sea posible, a las iniciativas de investigación financiadas por la Unión Europea y a las asociaciones a nivel de la Unión Europea;

10.  Considera que los consumidores europeos deberían tener acceso a la información que les permita elegir las mejores fuentes de nutrientes que necesitan para lograr y mantener la ingesta óptima y más adecuada a su estilo de vida y salud personales; opina que se debería prestar más atención a la mejora de los conocimientos de los ciudadanos en materia de salud con el fin de que estén en condiciones de adoptar decisiones eficaces sobre su propia dieta y la de sus hijos; estima que las labores de información y educación de los padres sobre las cuestiones relativas a la nutrición deberían ser desarrolladas por profesionales competentes en la materia (profesores, organizadores de eventos culturales y profesionales de la salud), en los marcos adecuados; está convencido de que la información de los consumidores, la enseñanza de la nutrición y el etiquetado de los alimentos deberían basarse en estudios sobre los consumidores;

11.  Señala a este respecto la importancia de integrar un futuro programa de distribución de fruta en las escuelas en un concepto educativo más amplio, por ejemplo a través de cursos de nutrición y salud impartidos en las escuelas primarias;

12.  Hace hincapié en el papel fundamental de los padres en la educación nutricional de la familia y en su contribución decisiva a la lucha contra la obesidad;

13.  Pide a los Estados miembros, las regiones y a las entidades locales que sean más dinámicos en el desarrollo de "comunidades propicias al ejercicio físico", en particular en el contexto de la planificación urbana, para que los ayuntamientos faciliten el ejercicio físico como una rutina diaria y se creen en el entorno local oportunidades que motiven a la población a participar en actividades físicas de ocio, lo que se podría lograr introduciendo medidas a escala local para reducir la dependencia respecto de los automóviles y fomentar los desplazamientos a pie, así como combinando con sensatez el desarrollo comercial y el residencial, mediante el fomento de los medios de transporte público, los parques, instalaciones deportivas accesibles, los carriles bici y las vías peatonales; anima a los ayuntamientos a impulsar una red de "municipios por una forma de vida sana", previendo acciones comunes de lucha contra la obesidad;

14.  Alienta a los Estados miembros a que adopten la idea del desplazamiento activo, tanto para los alumnos como para los trabajadores; alienta a las entidades locales a que consideren este concepto como prioritario a la hora de evaluar el transporte y la planificación urbanos;

15.  Observa que con la creación de espacios de conocimiento de la naturaleza se ofrece a los niños y jóvenes una alternativa a las actividades habituales de ocio, al tiempo que se estimula la fantasía, la creatividad y la curiosidad vital;

16.  Pide a las asociaciones deportivas que tengan particularmente presente que las niñas, al término de la adolescencia, abandonan a menudo la práctica de actividades deportivas; observa que estas asociaciones pueden desempeñar un papel fundamental para mantener vivo el interés de las jóvenes y las mujeres por practicar diferentes actividades deportivas;

17.  Destaca que el sector privado desempeña una función en la reducción de la obesidad mediante el desarrollo de nuevos productos más sanos; considera que, no obstante, conviene incitar en mayor medida a este sector a que desarrolle sistemas claros de información y mejore el etiquetado para permitir a los consumidores elegir con conocimiento de causa;

18.  Subraya que la Unión Europea debería abanderar la formulación de un enfoque común y promover la coordinación y las buenas prácticas entre los Estados miembros; expresa su convicción de que es posible aportar un importante valor añadido europeo en ámbitos como la información del consumidor, la educación nutricional, la publicidad en los medios de comunicación, la producción agrícola y el etiquetado alimentario, indicando, en particular, el contenido en grasas trans; pide que se desarrollen indicadores europeos, tales como el contorno de cintura y cualquier otro indicador de factor de riesgo vinculado a la obesidad, en particular la obesidad abdominal;

Nuestra prioridad: los niños

19.  Pide a la Comisión y a todos los agentes que consideren prioritaria la lucha contra la obesidad desde las primeras fases de la vida, teniendo en cuenta que los hábitos alimentarios adquiridos durante la infancia suelen durar muchos años;

20.  Pide que se organicen campañas de información para concienciar a las mujeres embarazadas acerca de la importancia de seguir una dieta equilibrada y sana, con una ingesta óptima de determinados nutrientes durante el embarazo, y para sensibilizar a las mujeres y sus parejas sobre la importancia de la lactancia materna; destaca que la lactancia materna, aplazándose el destete hasta que los bebés cumplan seis meses, la puesta a disposición de alimentos sanos para los niños y el control del tamaño de las porciones pueden contribuir a impedir que los niños padezcan sobrepeso u obesidad; subraya, sin embargo, que la lactancia materna no es la única medida para luchar contra la obesidad y que los hábitos alimentarios equilibrados se adquieren a largo plazo; subraya que las campañas de sensibilización deben recordar que la lactancia es una cuestión de carácter privado y que debe respetarse el libre albedrío y la opción elegida por la madre;

21.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los servicios nacionales de salud promuevan un asesoramiento nutricional específico para las mujeres embarazadas y las mujeres en periodo de menopausia, dado que el embarazo y la menopausia son dos fases importantes en la vida de la mujer en las que hay un aumento del riesgo de sobrepeso;

22.  Insta a los Estados miembros a proponer orientaciones elaboradas por especialistas sobre la manera de mejorar la actividad física en la etapa preescolar y promover la educación nutricional ya en esa temprana fase;

23.  Considera esencial adoptar medidas a nivel escolar para velar por que la actividad física y la dieta equilibrada pasen a formar parte del comportamiento infantil; solicita al Grupo de Alto Nivel sobre la Alimentación y la Actividad Física que elabore orientaciones sobre políticas nutricionales en los centros escolares y en favor de la promoción de la educación nutricional y de la continuación de la misma en el periodo posteducativo; pide a los Estados miembros que incluyan las ventajas de una alimentación equilibrada y de la actividad física en los currículos académicos;

24.  Pide además a los Estados miembros, las entidades locales y las autoridades escolares que controlen y mejoren la calidad y los niveles nutritivos de las comidas servidas en los colegios y las guarderías, inclusive mediante formaciones y orientaciones específicas para el personal competente, el control de la calidad de los proveedores y orientaciones para una alimentación sana en los comedores escolares; insiste en que es importante adaptar los tamaños de las porciones a las necesidades e incluir frutas y hortalizas en dichas comidas; pide que se dispense más formación en materia de nutrición y dieta equilibrada, y anima a dejar de vender en los centros escolares alimentos y bebidas con alto contenido en grasas, sal o azúcar y con pobre valor nutricional; aconseja, en su lugar, poner a disposición en los puntos de venta más frutas y verduras frescas; pide a las autoridades competentes que garanticen que, en los programas escolares, se dedican al menos tres horas por semana a actividades físicas, de conformidad con el Libro Blanco sobre el deporte, y que elaboren planes de construcción de nuevas instalaciones deportivas públicas, accesibles a las personas con discapacidades, y de salvaguardia de las instalaciones deportivas existentes en los centros escolares; acoge positivamente un posible proyecto de distribución de fruta en los centros escolares con financiación de la Unión Europea y similar al actual programa de distribución de leche en centros escolares; pide que se aporten soluciones para proseguir la distribución gratuita de frutas y verduras en centros escolares e instituciones de caridad durante 2008, tal como han solicitado algunos Estados miembros, a la espera de la entrada en vigor del régimen de distribución de fruta en los centros escolares el 1 de enero de 2009;

25.  Pide a las entidades locales de los Estados miembros que fomenten la disponibilidad de instalaciones de recreo a un precio asequible y promuevan la creación de oportunidades a escala local para favorecer el desarrollo de la actividad física durante el tiempo libre;

26.  Pide a los Estados miembros, a las entidades locales y a las autoridades escolares que garanticen la oferta de productos sanos en las máquinas expendedoras de los centros escolares; considera que el patrocinio y la publicidad en recintos escolares de productos con alto contenido en azúcar, sal y grasas y escaso valor nutritivo se haga a petición de las autoridades escolares o con su consentimiento expreso, y que las asociaciones de padres de alumnos lleven un seguimiento al respecto; considera que las organizaciones y los equipos deportivos deberían dar ejemplo en materia de actividad física y dieta sana, y pide que todos ellos asuman un compromiso voluntario para fomentar la nutrición equilibrada y la actividad física, especialmente entre los niños; parte de la base de que todas las organizaciones y equipos deportivos fomentan una nutrición equilibrada y la actividad física; subraya, asimismo, que no debería considerarse al movimiento deportivo europeo como responsable del sobrepeso y la obesidad;

27.  Se congratula de la reforma de la Organización Común de Mercado de la Política Agrícola Común, pues permite una mayor oferta de frutas y hortalizas en los centros escolares, siempre que se controle la calidad y la seguridad química de esos productos;

28.  Pide encarecidamente a la Unión Europea y, en especial, al Consejo ECOFIN que den prueba de mayor flexibilidad en la aplicación por parte de los Estados miembros de tipos reducidos de IVA para bienes de primera necesidad con fines sociales, económicos, ambientales o de salud; alienta, a este respecto, a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que reduzcan el IVA aplicado a las frutas y hortalizas, como permiten las disposiciones comunitarias; pide asimismo una modificación de los textos comunitarios en vigor para que el sector de las frutas y hortalizas pueda beneficiarse de un tipo de IVA muy reducido, inferior al 5 %;

29.  Acoge con satisfacción iniciativas de la Unión Europea como la creación del sitio Internet "eu.mini-chefs" y la celebración del Día Europeo de la Alimentación y la Cocina Sanas el 8 de noviembre de 2007; recomienda que se organicen campañas informativas para mejorar la sensibilización sobre los productos muy energéticos y el tiempo y actividad física necesarios para quemar esas calorías;

Elección con conocimiento de causa y disponibilidad de productos sanos

30.  Opina que la reformulación de productos es un poderoso instrumento para reducir la ingesta de grasa, azúcar y sal en nuestra alimentación y anima a los fabricantes de alimentos a comprometerse en mayor medida a reformular los alimentos más energéticos y pobres en nutrientes para reducir su contenido en grasa, azúcar y sal y aumentar su contenido en fibras, frutas y verduras; celebra los compromisos contraídos voluntariamente por los fabricantes para aplicar criterios nutricionales a la formulación de alimentos;

31.  Subraya que el etiquetado sobre propiedades nutricionales debe ser obligatorio y claro con el fin de ayudar a los consumidores a elegir alimentos sanos;

32.  Pide que se prohíba a escala de la Unión Europea los ácidos grasos trans artificiales, insta a los Estados miembros a que apliquen las buenas prácticas al control de las sustancias en los alimentos (por ejemplo, el contenido de sal), y pide a la Comisión que elabore un programa de intercambio de buenas prácticas en los Estados miembros; indica que podrían preverse exenciones extraordinarias para las denominaciones de origen protegidas, las indicaciones geográficas protegidas, las especialidades tradicionales garantizadas y otras categorías de productos tradicionales, con vistas a preservar las recetas tradicionales; tiene grandes expectativas en ese sentido respecto del futuro Libro Verde sobre la política de calidad en la agricultura en términos de mejor calidad de las indicaciones geográficas protegidas;

33.  Subraya que el estado actual de los conocimientos científicos muestra que un consumo demasiado importante de ácidos grasos trans (superior al 2  de la aportación energética total) está asociado a un incremento significativo de los riesgos de enfermedades cardiovasculares; lamenta profundamente que sólo unos pocos Gobiernos europeos hayan emprendido alguna acción europea con objeto de reducir la exposición acumulada de los consumidores europeos a los ácidos grasos trans artificiales y a los ácidos grasos saturados presentes en numerosos productos transformados con escaso interés desde el punto de vista de la nutrición;

34.  Destaca que los ácidos grasos trans procesados industrialmente suponen una amenaza grave, debidamente documentada e innecesaria para la salud de los europeos y que se ha de abordar esta cuestión con una iniciativa legislativa apropiada destinada a eliminar eficazmente de los productos alimenticios los ácidos grasos trans procesados industrialmente;

35.  Pide que, con objeto de determinar su influencia en el comportamiento de consumo, se analice el papel que desempeñan los potenciadores artificiales del sabor como los glutamatos, los guanilatos y los inosinatos, sobre todo, en platos preparados y alimentos producidos industrialmente;

36.  Pide a las empresas del sector que revisen el tamaño de las raciones individuales, ofreciendo una mayor gama de raciones más pequeñas;

37.  Acoge positivamente la nueva propuesta de revisión de la Directiva 90/496/CEE del Consejo, de 24 de septiembre de 1990, relativa al etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios(2); le insta a que vele por que el etiquetado sea visible, claro y fácilmente comprensible para el consumidor;

38.  Pide también a la Comisión que proceda a una revisión global del impacto de la PAC en la salud para establecer qué cambios de política podrían facilitar una mejora de las dietas en el conjunto de Europa;

Medios de comunicación y publicidad

39.  Pide a todos los operadores del sector de los medios de comunicación que, en colaboración con los Estados miembros y las organizaciones deportivas, refuercen en todos los medios de comunicación los incentivos para realizar más ejercicio físico y practicar un deporte;

40.  Es consciente de la importancia de los medios de comunicación para informar, educar y persuadir en relación con el fomento de una dieta sana y equilibrada, así como de su papel en la creación de estereotipos e imágenes corporales; considera que el enfoque voluntario previsto en la Directiva(3) relativa a los servicios de medios audiovisuales sin fronteras para la publicidad de alimentos de escaso valor nutritivo para los niños es un paso adelante en la dirección correcta que ha de ser objeto de un seguimiento específico, y pide a la Comisión que presente propuestas más estrictas si, en el marco de la revisión de 2011 de la directiva, se considera que el enfoque voluntario ha fracasado; pide a los Estados miembros y a la Comisión que animen a los proveedores de servicios de medios de comunicación a desarrollar códigos de conducta sobre comunicación comercial audiovisual inadecuada en materia de alimentos y bebidas, e insta a los operadores a emprender acciones concretas a escala nacional para ejecutar o reforzar la directiva;

41.  Hace un llamamiento a las empresas para que sean especialmente prudentes a la hora de anunciar productos alimenticios específicamente destinados a los niños; reclama el establecimiento de franjas horarias protegidas y restricciones a la publicidad de alimentos insalubres destinados específicamente a los niños; considera que esas restricciones deberían cubrir también nuevas formas de comunicación, tales como los juegos en línea, menús desplegables y mensajes de texto;

Atención sanitaria e investigación

42.  Reconoce que se debería sensibilizar a los profesionales sanitarios, especialmente los pediatras y farmacéuticos, acerca del papel esencial que desempeñan en la temprana identificación de pacientes con riesgo de sobrepeso y enfermedades cardiovasculares, y considera que deberían ejercer una función esencial en la lucha contra la epidemia de obesidad y enfermedades no contagiosas; pide, por consiguiente, a la Comisión que desarrolle indicadores y orientaciones antropométricos europeos sobre los factores de riesgo cardiometabólico asociados a la obesidad; subraya la importancia que reviste la toma rutinaria y sistemática de medidas en asociación con la detección de otros factores de riesgo cardiometabólico, con el fin de evaluar el nivel de morbilidad por sobrepeso u obesidad en el nivel de atención primaria;

43.  Destaca el problema de la malnutrición, situación en la que una insuficiencia, un exceso o un desequilibrio en la ingesta genera consecuencias desfavorables constatables para el tejido, la forma del cuerpo y su función; señala, además, que la malnutrición supone una grave carga tanto para el bienestar individual como para la sociedad, concretamente para la asistencia sanitaria, y que causa un aumento de la mortalidad, una prolongación de los periodos de hospitalización, un incremento de las complicaciones y una disminución de la calidad de vida de los pacientes; recuerda que los días suplementarios de hospitalización y el tratamiento de complicaciones derivadas de la malnutrición cuestan cada año miles de millones de euros al erario público;

44.  Destaca los estudios que demuestran que el 40 % de los pacientes en los hospitales y entre el 40 y el 80 % de las personas residentes en centros para la tercera edad están mal alimentados; pide a los Estados miembros que incrementen la cantidad y la calidad de la alimentación en los hospitales y centros para la tercera edad, lo que conducirá a una reducción de los plazos de hospitalización;

45.  Expresa su convicción de que es necesario regular plenamente la cualificación de los profesionales sanitarios tanto en su calidad de "dietistas clínicos" como de "nutricionistas";

46.  Pide a la Comisión que promueva las buenas prácticas médicas a través, por ejemplo, del Foro de la Salud de la Unión Europea y de campañas de información sobre los riesgos de la obesidad y, en particular, de la obesidad abdominal, insistiendo en los riesgos cardiovasculares; insta a la Comisión a facilitar información sobre los peligros de las dietas "caseras", en particular si conllevan la toma de medicamentos contra la obesidad sin prescripción facultativa; pide a la Comisión que conceda más atención al problema de la malnutrición, de la nutrición inadecuada y de la deshidratación;

47.  Pide a los Estados miembros que apliquen la Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios(4);

48.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que financien la investigación sobre los vínculos entre la obesidad y las enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes, habida cuenta de que la investigación epidemiológica tiene que determinar cuáles son los factores más asociados al aumento de la prevalencia de la obesidad, tales como la determinación y evaluación de biomarcadores múltiples en subgrupos de individuos, para poder dilucidar cuál es el mecanismo biológico que conduce a la obesidad; pide asimismo que se elaboren estudios en los que se compare y evalúe la eficacia de diferentes intervenciones, incluida la investigación psicológica; solicita a los Estados miembros que establezcan un sistema para garantizar el acceso a unos servicios de calidad para la prevención, la detección y la gestión del sobrepeso, la obesidad y enfermedades crónicas conexas;

49.  Se congratula de que la diabetes y la obesidad sean una prioridad en el contexto del tema "Salud" en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (7° PM);

50.  Insta a que se realice más investigación científica y se lleve a cabo un mayor seguimiento de la obesidad abdominal en el contexto del 7° PM;

51.  Pide a la Comisión que fomente campañas de información a escala europea destinadas a los ciudadanos en general y a los profesionales de la medicina en particular, sobre los riesgos de la obesidad abdominal;

52.  Pide que se tenga seriamente en cuenta la nutrición en todas las políticas y acciones europeas;

o
o   o

53.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y los países candidatos y a la Organización Mundial de la Salud.

(1) DO C 250 E de 25.10.2007, p. 93.
(2) DO L 276 de 6.10.1990, p. 40.
(3) Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007 (DO L 332 de 18.12.2007, p. 27).
(4) DO L 183 de 12.7.2002, p. 51.


Gestión colectiva de los derechos de autor en línea
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de septiembre de 2008, sobre la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea
P6_TA(2008)0462B6-0423/2008

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación de la Comisión 2005/737/CE, de 18 de octubre de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea(1), denominada en adelante "la Recomendación de 2005",

–  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 95 y 151,

–  Vistos los artículos II-77 y II-82 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 97 del Tratado de Lisboa,

–  Vistos los acuerdos internacionales vigentes en materia de derechos en el ámbito musical, a saber, la Convención Internacional sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Roma, 26 de octubre de 1961), el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (20 de diciembre de 1996), el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (20 de diciembre de 1996), y el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994,

–  Visto el conjunto del acervo comunitario en materia de derechos de autor y derechos afines aplicable a los derechos en el ámbito de la música, a saber, la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual(2), la Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable(3), la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines(4), y la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información(5),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 19 de julio de 1995, sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información (COM(1995)0382),

–  Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2003, sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes audiovisuales(6),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2004, sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de abril de 2004, sobre la gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior (COM(2004)0261),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2006, sobre la aplicación del Programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Más investigación e innovación – Invertir en el crecimiento y el empleo: Un enfoque común(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de enero de 2008, sobre los contenidos creativos en línea en el mercado único (COM(2007)0836),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre la libertad de expresión en Internet(9),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre la Recomendación de la Comisión, de 18 de octubre de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de los servicios legales de música en línea (2005/737/CE)(10)

–  Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2007, sobre las repercusiones institucionales y jurídicas del uso de los instrumentos de Derecho indicativo(11),

–  Visto el informe sumario en el que se presentan los resultados del seguimiento de la Recomendación de 2005(12),

–  Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en su Resolución de 13 de marzo de 2007, se instaba a la Comisión a que especificara claramente que la Recomendación de 2005 se aplicaba exclusivamente a las ventas en línea de grabaciones musicales, y presentara cuanto antes, tras haber consultado exhaustivamente a las partes interesadas, una propuesta de directiva marco flexible que el Parlamento y el Consejo habrán de adoptar en codecisión para regular la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines en materia de servicios musicales en línea transfronterizos, teniendo también en cuenta la especificidad de la era digital y protegiendo la diversidad cultural europea, los pequeños participantes y los repertorios locales, sobre la base del principio de la igualdad de trato,

B.  Considerando que, en su Resolución de 13 de marzo de 2007, se consideraba que la introducción de un sistema de competencia equitativo y transparente que evite una presión a la baja sobre las rentas de los autores serviría mejor a los intereses de los autores y, por lo tanto, a la diversidad cultural en Europa,

1.  Recuerda que, a la luz del carácter territorial de los derechos de autor y pese a la existencia de la Directiva 2001/29/CE , la situación en el ámbito de la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines es realmente compleja, debido principalmente a la falta de licencias europeas;

2.  Considera que, debido a la negativa a legislar ‐pese a distintas resoluciones del Parlamento Europeo‐ y a la decisión de intentar reglamentar el sector a través de una recomendación, se ha creado un clima de incertidumbre jurídica para los titulares de derechos y para los usuarios, especialmente los organismos de radiodifusión;

3.  Destaca, por otra parte, que a raíz de una reclamación de usuarios, la Dirección General de Competencia de la Comisión intervino incoando un proceso contra la CISAC (Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores), que cuenta entre sus miembros con 24 entidades de gestión colectiva europeas; señala que, de resultas de esta decisión, queda excluido cualquier intento por parte de los agentes en cuestión de actuar conjuntamente para buscar soluciones adecuadas ‐como, por ejemplo, un sistema para la adquisición de derechos a escala europea‐ y se dejará vía libre a un oligopolio de una serie de importantes entidades de gestión colectiva vinculadas mediante acuerdos exclusivos a editoriales pertenecientes al repertorio mundial; opina que esto entrañará unas posibilidades de elección más restringidas y la extinción de las pequeñas entidades de gestión colectiva en detrimento de las culturas minoritarias;

4.  Considera que el informe en el que se presentan los resultados del seguimiento de la Recomendación de 2005 no refleja de forma fiel la situación existente y no tiene en cuenta la opinión del Parlamento expresada en su Resolución de 13 de marzo de 2007;

5.  Considera que esta situación refleja el hecho de que la Comisión haya optado por hacer caso omiso de las advertencias formuladas por el Parlamento, en particular en su Resolución de 13 de marzo de 2007, que incluye propuestas para una competencia controlada, junto con una protección y unos incentivos para las culturas minoritarias dentro de la Unión Europea;

6.  Pide a la Comisión que garantice la participación efectiva del Parlamento, en su calidad de colegislador, en la iniciativa sobre los contenidos creativos en línea;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

(1) DO L 276 de 21.10.2005, p. 54.
(2) DO L 376 de 27.12.2006, p. 28.
(3) DO L 248 de 6.10.1993, p. 15.
(4) DO L 372 de 27.12.2006, p. 12.
(5) DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
(6) DO C 67 E de 17.3.2004, p. 293.
(7) DO C 92 E de 16.4.2004, p. 425.
(8) DO C 303 E de 13.12.2006, p. 640.
(9) DO C 303 E de 13.12.2006, p. 879.
(10) DO C 301 E de 13.12.2007, p. 64.
(11) DO C 187 E de 24.7.2008, p. 75.
(12) http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/management/monitoring-report_en.pdf.

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