Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de enero de 2009, sobre la Política Agrícola Común y la seguridad alimentaria en el mundo (2008/2153(INI))
El Parlamento Europeo,
– Visto el artículo 33 del Tratado CE,
– Vistas su Resolución, de 25 de octubre de 2007, sobre el aumento del precio de los piensos y productos alimenticios(1), y su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre la subida de los precios de los alimentos en la Unión Europea y en los países en desarrollo(2),
– Vista su Resolución, de 29 de noviembre de 2007, sobre el tema "Impulsar la agricultura en África - Propuesta de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria en África"(3),
– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo de respuesta rápida frente a la fuerte subida de los precios de los productos alimenticios en los países en desarrollo (COM(2008)0450),
– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de mayo de 2008, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada "Hacer frente al reto del alza de precios de los productos alimenticios - Orientaciones para la acción de la UE" (COM (2008)0321),
– Vistas las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, celebrada en Roma del 13 al 17 de noviembre de 1996 y el objetivo de reducir a la mitad el número de personas que padecen hambre para el año 2015,
– Visto el informe "Agricultural Outlook 2008-2017", publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
– Vistas las recomendaciones del Consejo Mundial de la Agricultura (Evaluación Internacional de las Ciencias y Tecnologías Agrícolas para el Desarrollo - IAASTD),
– Vistos los resultados del "chequeo" de la Política Agrícola Común (PAC),
– Vistos las actuales negociaciones de la OMC sobre el Programa de Doha para el Desarrollo,
– Vista la Declaración de París, de 2 de marzo de 2005, sobre la eficacia de la ayuda,
– Visto el artículo 45 de su Reglamento,
– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0505/2008),
A. Considerando que, por primera vez desde la década de 1970, el mundo afronta una grave crisis alimentaria condicionada por factores estructurales y factores a largo plazo, así como por otros factores determinantes, con una triplicación del precio del maíz desde 2006, un aumento de los precios del trigo de más del 180 % en sólo dos años y un incremento global de los precios de los productos alimenticios a escala mundial de alrededor del 83 %,
B. Considerando que en un período relativamente corto ‐entre septiembre de 2006 y febrero de 2008‐ se han producido aumentos de precios considerables e imprevistos; que, por otra parte, en los últimos dos años se han duplicado los precios mundiales de otros productos alimenticios, y que cabe esperar que se mantengan a niveles elevados a pesar de la caída de los precios de determinados cereales que actualmente se registra, como puede deducirse de los mercados de futuros,
C. Considerando que el aumento de los precios de los piensos grava el coste de producción, con el riesgo de disminuir la producción ganadera para la cual existe, y se prevé que exista, un aumento de la demanda, principalmente en las economías emergentes;
D. Considerando que la FAO y la OCDE prevén que, si bien es posible que intervenga una reducción de precios de las materias primas a partir de las cotas más elevadas de los últimos años, no cabe esperar que caigan a los niveles anteriores a 2006; que, sin embargo, las espectaculares fluctuaciones de los precios de las materias primas pueden convertirse en una característica más pronunciada y regular del mercado mundial, mientras que el alza de precios de los productos alimenticios no se traduce automáticamente en un incremento de las rentas de los agricultores, debido sobre todo a la velocidad con que aumentan los costes de los insumos agrícolas, así como a la diferencia cada vez mayor que se registra entre los costes de producción y los precios al consumidor,
E. Considerando que las reservas alimentarias mundiales han caído a niveles críticamente bajos, ya que se ha pasado de contar con un año de reservas de productos alimenticios después de la Segunda Guerra Mundial a no más de 57 días en 2007 y a sólo 40 en 2008,
F. Considerando que éstos y otros factores han tenido consecuencias inmediatas y graves para una parte significativa de la población; que la crisis de precios de los productos alimenticios ha provocado que millones de personas hayan caído en una situación de pobreza y hambre en todo el mundo; que estos hechos han ocasionado protestas y disturbios y han desestabilizado países y regiones en todo el planeta; que, incluso en la Unión Europea, las reservas se han agotado hasta tal punto que el programa de alimentos de emergencia no cuenta en estos momentos con productos alimenticios para su distribución,
G. Considerando que, con arreglo a las estimaciones actuales de organizaciones que luchan contra el hambre en el mundo, en los países en desarrollo una de cada cinco personas padece en la actualidad desnutrición y sufre hambre crónica y que cada día mueren en el mundo más de 30 000 niños a causa del hambre y de la pobreza,
H. Considerando que la agricultura es una fuente de trabajo y de medios de subsistencia para más del 70 % de la población activa de los países en desarrollo y para más del 80 % en numerosos países africanos, y que, en consecuencia, las políticas de desarrollo rural son esenciales para luchar con eficacia contra la pobreza y el hambre,
I. Considerando que las mujeres producen entre un 60 % y un 80 % de los alimentos en los países en desarrollo y que son responsables de la mitad de la producción mundial de alimentos, así como el papel de primer orden que desempeñan las mujeres en el cuidado de la familia, y el hecho de que tienen un acceso mucho más difícil a la tierra y a los medios de producción que los hombres, por lo que se les debe facilitar una protección y un apoyo adecuados,
J. Considerando que la crisis actual hace sentir sus efectos más graves en los hogares con rentas bajas, tanto en la Unión Europea como en los países en desarrollo, en los que el porcentaje de ingresos que destinan los hogares a los productos alimenticios representa entre el 60 % y el 80 % de la renta total, en comparación con la media de la UE, que no alcanza el 20 %,
K. Considerando que el Parlamento y el Consejo han reclamado en repetidas ocasiones una respuesta decidida a este problema de dimensiones mundiales, facilitando, en particular, la financiación necesaria de los insumos y una asistencia adecuada al sector agrícola para la aplicación de instrumentos de gestión orientados al mercado,
L. Considerando que la Unión Europea sigue siendo un importante productor de alimentos y que su producción representa el 17 % del trigo mundial, el 25 % de la producción láctea, el 20 % de la producción de carne de porcino y el 30 % de la carne de vacuno; considerando, asimismo, que también un gran importador de productos agrícolas cuyo nivel de suministro es muy inferior al de autosuficiencia para numerosos productos agrícolas básicos,
M. Considerando que la Unión Europea lidera el establecimiento de normas de producción de alimentos al más alto nivel centradas en el sistema de trazabilidad "de la granja a la mesa" que garantiza la seguridad de los alimentos producidos en la Unión Europea,
N. Considerando que la Unión Europea lidera asimismo las iniciativas de protección del medio ambiente, y que estas iniciativas, si bien contribuyen a la protección de los recursos naturales, ocasionan también cargas adicionales que pesan sobre los agricultores de la Unión Europea,
O. Considerando que la Unión Europea es el principal donante mundial de ayuda humanitaria y para el desarrollo, pero que, a escala internacional, la parte de ayuda dedicada a la agricultura no ha dejado de disminuir desde los años ochenta, y, en particular, la procedente de la Unión Europea,
P. Considerando que la Unión Europea financia tradicionalmente ‐además de las contribuciones de los Estados miembros‐ alrededor del 10 % de la cooperación para el desarrollo en el mundo; considerando que esto está confirmado por la actual contribución a través de los diferentes instrumentos de la CE (lo que supone aproximadamente 1 800 millones de euros: 1 000 millones por medio del nuevo instrumento de respuesta rápida la fuerte subida de los productos alimenticios en los países en desarrollo y el resto a través de los instrumentos de ayuda humanitaria y para el desarrollo disponibles actualmente),
Q. Considerando que la demanda mundial de productos alimenticios se duplicará hasta el año 2050 y que será necesario aumentar la producción mundial de alimentos en un contexto de presión sobre los recursos naturales,
R. Considerando que, de acuerdo con la FAO, bastaría con invertir 30 000 millones de euros al año para garantizar la seguridad alimentaria de una población que alcanzará los 9 000 millones de habitantes en 2050,
S. Considerando que los acuerdos internacionales y regionales celebrados hasta la fecha resultan insuficientes para normalizar el suministro del mercado y del comercio y que el reciente aumento de precios de los productos alimenticios debe entenderse como una advertencia dirigida a los gobiernos de todo el mundo en el sentido de que la producción agrícola es un factor que no puede darse por supuesto,
1. Afirma que la seguridad alimentaria mundial es una cuestión que reviste la máxima urgencia para la Unión Europea y pide que se emprenda una acción inmediata y continua dirigida a garantizar la seguridad alimentaria de los ciudadanos de la Unión Europea y de todo el mundo; considera que es importante valorizar todas las agriculturas y culturas alimentarias del mundo; destaca que los consumidores deben poder acceder a los productos alimenticios a precios razonables, al tiempo que se garantiza un nivel de vida equitativo a los agricultores;
2. Destaca la importancia de la PAC como un instrumento de garantía de la producción alimentaria en la Unión Europea; considera que, desde su creación en 1962, la PAC ha garantizado a los ciudadanos de la Unión Europea un abastecimiento seguro en productos alimenticios, al tiempo que ha actuado como un dispositivo de protección y mejora del entorno rural y ha asegurado que la Unión Europea cuente con las normas de producción alimentaria más elevadas del mundo; destaca la necesidad de que en el futuro la agricultura comunitaria siga desempeñando esa función;
3. Observa, no obstante, que las numerosas reformas de la PAC en los últimos 25 años han provocado una reducción de la producción agrícola de la Unión Europea, de modo que el énfasis ha pasado del factor cantidad al factor calidad orientada al mercado; considera que este cambio en la política agrícola ha redundado en una pérdida potencial de oportunidades comerciales para los productores de la Unión y ha dado lugar a una mayor dependencia de los alimentos importados del exterior de la Unión Europea y producidos aplicando normas muy distintas, poniendo así los productos agrícolas de la Unión Europea en condiciones de competencia desiguales;
La situación actual y sus causas
4. Señala que, antes de que se produjera el último aumento de precios de los productos alimenticios, más de 860 millones de personas sufrían hambre crónica en el mundo; advierte que, de acuerdo con las predicciones del Banco Mundial, el aumento de precios de los alimentos podría empujar a otros 100 millones de personas a la pobreza más severa;
5. Toma nota del punto de vista de la FAO de que los países importadores netos de productos alimenticios son los más afectados por el alza de precios de los alimentos y de que muchos de estos países se encuentran entre los menos desarrollados del mundo; reafirma que la pobreza y la dependencia de las importaciones de productos alimenticios son las principales causas de la inseguridad alimentaria; es consciente de que sólo un pequeño porcentaje de la producción mundial de alimentos se negocia realmente en los mercados internacionales, y que procede cada vez en mayor medida de un pequeño número de países exportadores;
6. Señala que las cosechas de cereales de base en 2007 y 2008 han sido buenas; toma nota de que el problema inmediato de la inseguridad alimentaria en 2007 se debió a la reducción de la oferta y al alza de precios de los productos básicos de consumo; expresa su profunda preocupación por los bajos niveles de las reservas mundiales de productos alimenticios que, en la actualidad, sólo podrían abastecer de cereales a la comunidad mundial durante menos de 40 días;
7. Destaca que la satisfacción de las necesidades vitales de las poblaciones, en particular, de las necesidades alimentarias y en agua, puede ser a menudo una fuente de conflictos; señala que el aumento de la población mundial, estimado en 3 000 millones de personas suplementarias hasta 2050, acentuará estas tensiones en todas las regiones del mundo; pide, por tanto, que se tenga en cuenta esta dimensión geoestratégica en la elaboración de las políticas agrícolas futuras;
8. Observa con preocupación el incremento de los costes de los insumos agrícolas (alza de precios de los abonos, semillas, etc.), que se ha concretado en un aumento de los gastos que no se ha visto compensado de la misma manera para todos los agricultores (en particular, en el sector de la ganadería) y que ha erosionado notablemente cualquier posible aumento de sus ingresos como consecuencia del alza de precios de los productos alimenticios, reduciendo por tanto cualquier incentivo para aumentar la producción; expresa su preocupación por el hecho de que el espectacular aumento de los precios de los insumos agrícolas se traduzca en un uso menor de los mismos, con la consiguiente disminución de la producción, agravando así la crisis alimentaria en la Unión Europea y en el mundo;
9. Constata que los mercados de productos básicos conocen una clara reducción de precios en la temporada actual, lo que despierta las preocupaciones de los productores y reduce la confianza de los agricultores;
10. Destaca la importancia de disponer de un análisis global del alza de los precios de los alimentos, teniendo en cuenta el aumento de los precios de la energía para los consumidores finales, el peso de los factores climáticos y la creciente demanda energética a raíz del crecimiento de la población mundial, y pide a la Comisión que estudie más detalladamente la posible relación entre los elevados precios de los alimentos y el aumento de los precios de la energía, en particular del combustible; destaca, por tanto, la necesidad de adoptar medidas para reducir la dependencia de la agricultura frente a las fuentes de energía fósil, mediante una mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de sistemas de cultivo de menor consumo energético;
11. Pide que se creen instrumentos políticos dirigidos a evitar estas fluctuaciones de precios tan acusadas y perjudiciales, de forma que se tenga en cuenta la necesidad de asegurar un nivel de vida equitativo a los productores; considera que el sistema de pagos únicos por explotación brinda a los agricultores la oportunidad de orientar la producción a las necesidades del mercado, si bien este sistema puede ser insuficiente para afrontar las acusadas fluctuaciones de precios en el mercado;
12. Advierte de las causas estructurales a largo plazo que han intervenido en la reciente alza de precios de los productos agrícolas básicos, incluidos el constante aumento de la demanda mundial y la reducción sostenida de las inversiones en el sistema de producción agrícola; señala que, entre estos factores, el aumento del precio de la energía y, en particular, del petróleo, ha tenido un gran impacto en la producción agrícola mundial (al haber provocado un alza de costes en la producción agrícola y en el proceso de distribución de productos alimenticios) y en la aparición de crisis alimentarias en los países más pobres (a causa del coste de los transportes de alimentos dentro de esos países);
13. Señala que, en 2007, el 2 % de la producción de cereales de la Unión Europea se reorientó hacia los combustibles biológicos y que, en comparación con este dato, los Estados Unidos desviaron, también en 2007, el 25 % de la cosecha de maíz hacia la producción de etanol; reclama que se revise globalmente esa tendencia, que se lleve a cabo una evaluación del impacto de la misma en los precios de los alimentos y que se coordinen las políticas a nivel mundial para asegurar que el suministro de productos alimenticios no se vea amenazada por el estímulo de la producción de energías renovables; pide, asimismo, que en los acuerdos internacionales y regionales se incluyan obligaciones para que las subvenciones concedidas a la producción de biocarburantes no pongan en peligro la seguridad alimentaria del planeta y se ajusten a las normas aplicables para no distorsionar la competencia entre los socios comerciales; pide, no obstante, el firme compromiso de la Unión Europea en la promoción de biocombustibles de segunda generación;
14. Hace hincapié en la necesidad de lograr un equilibrio en lo que respecta a la producción de biocombustibles y de bioenergía, por un lado, y la reserva de alimentos necesaria a escala mundial, por otro, señalando que el aumento de la producción de biocombustibles y de bioenergía puede tener un impacto positivo en el sector agroalimentario, que por ahora se encuentra afectado por los altos precios de las materias primas necesarias para la industria de transformación, como los fertilizantes, el gasóleo, etc.; considera que el desarrollo de las fuentes de energía renovables es una alternativa económica y social viable de desarrollo para el espacio rural y, al mismo tiempo, un planteamiento sostenible para la protección del medio ambiente, especialmente si se consideran los objetivos de la Unión Europea en materia de energía renovable para 2020; estima, no obstante, que deben adoptarse al mismo tiempo medidas para prevenir los efectos negativos que puede tener el aumento de la producción de los cultivos energéticos en la diversidad biológica, los precios de los alimentos y los modos de uso de la tierra;
15. Señala que la Unión Europea ha contribuido de manera importante al aumento de las existencias de los productos agrícolas de base mediante la supresión del sistema de retirada de tierras;
16. Advierte de la rápida evolución de los hábitos alimentarios de los consumidores, en particular en los países emergentes, en los que se observa una reorientación hacia un mayor consumo de productos cárnicos y proteínas que requieren una mayor producción de cereales; destaca, asimismo, el aumento deseado de los ingresos reales en países como China y la India, una evolución que seguirá impulsando la demanda de productos agrícolas y de alimentos procesados;
17. Considera que debe controlarse la creciente concentración del mercado en el sector minorista de productos alimenticios con el fin de no conducir a situaciones de monopolio, dado que es posible que las actividades en el ámbito de la gran distribución no respondan siempre a los intereses de los productores, de los transformadores y de los consumidores;
18. Pide la adopción de soluciones alternativas para restablecer el equilibrio en favor de los pequeños productores, que se encuentran ante la imposibilidad de negociar con los grandes minoristas; considera que, si bien existe a escala europea una legislación antimonopolio para evitar los abusos de posición dominante en el mercado de la Unión Europea por parte de los grandes productores, no existe aún una norma específica para luchar contra las prácticas monopolísticas ejercidas por algunos supermercados e hipermercados;
Las respuestas de la Unión Europea
19. Considera que la PAC debería seguir siendo la piedra angular de la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea, tanto de forma inmediata como después de 2013; opina que un sistema ecológico funcional, unos suelos fértiles, unos recursos hídricos estables y una economía rural polivalente son elementos indispensables para la seguridad alimentaria a largo plazo; considera también que es fundamental que la PAC, actuando conjuntamente con otras políticas comunitarias, contribuya en mayor medida al equilibrio alimentario mundial;
20. Cree firmemente, no obstante, que la PAC debería proseguir su proceso de adaptación para responder a las exigencias de la seguridad alimentaria; lamenta que, en sus propuestas legislativas de mayo de 2008 sobre el "chequeo" de la PAC, la Comisión no haya estado a la altura de los retos actuales; se muestra contrario al desmantelamiento de las medidas de gestión del mercado y a la reducción de los pagos de apoyo a los agricultores;
21. Pide, en la perspectiva de la revisión presupuestaria de 2008-2009, un nivel de gasto estable y constante de la Unión Europea y de los Estados miembros en el sector de la PAC que garantice una renta equitativa a los agricultores; recuerda que los agricultores necesitan que la política agrícola les brinde un entorno estable que les permita planificar el futuro; destaca que el principio básico de dicha política es la creación de una red de seguridad de la renta frente a los peligros y las crisis derivados bien de fenómenos naturales desfavorables, bien de distorsiones en el mercado y de una caída inhabitual de los precios, tanto en duración como en magnitud; recuerda, en este sentido, que la agricultura aporta un importante valor añadido a las economías nacionales y de la Unión Europea;
22. Señala que, por sí solo, el mercado no puede ofrecer la seguridad de los ingresos que los productores necesitan para continuar la actividad agrícola, debido a los elevados costes que ocasiona el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea en los ámbitos de la producción alimentaria, la seguridad de los alimentos, el medio ambiente y el bienestar de los animales; acoge, no obstante, con satisfacción la creciente orientación de la PAC a las necesidades del mercado; lamenta, por otra parte, que no se hayan alcanzado plenamente los objetivos de las reformas de 2003 en el sentido de ofrecer a los agricultores unos precios de mercado más altos, reduciendo al mismo tiempo la carga burocrática;
23. Considera que las numerosas normas de condicionalidad desalientan a los productores y que estas normas deberían simplificarse cuando fuera posible; acoge favorablemente, a este respecto, las iniciativas de la Comisión con miras a una simplificación;
24. Manifiesta su preocupación por el hecho de que las propuestas legislativas de la Unión Europea (por ejemplo, en lo que se refiere a los productos fitosanitarios) puedan causar una grave limitación del instrumental de que disponen los agricultores para maximizar los rendimientos y, en última instancia, ocasionar una reducción drástica de la producción agrícola de la Unión Europea; pide que se lleve a cabo una evaluación detallada del impacto de todas las medidas propuestas, especialmente en lo que se refiere a las implicaciones para la seguridad alimentaria;
25. Insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación del impacto en el sector de la agricultura de las iniciativas dirigidas a mitigar el cambio climático; considera que la agricultura debe contribuir a la lucha contra el cambio climático, pero debe también disponer de medios para afrontar los efectos de éste, siendo como es uno de los sectores económicos más sensibles al clima, a fin de que las iniciativas mencionadas no impliquen una reducción de la producción agrícola de la Unión Europea y, como consecuencia de ello, ésta sea sustituida por productos de importación;
26. Considera que es preciso examinar los sistemas de la Unión Europea y otros sistemas internacionales de control de la producción y del mercado, con el fin de prever un mecanismo de alerta más ágil a la hora de determinar las tendencias de la producción; considera que existe la necesidad de establecer un inventario mundial de productos alimenticios, así como un sistema global de reservas de dichos productos, y que la Unión Europea debe asumir el liderazgo en la elaboración de estos sistemas; insta, por tanto, a la Comisión a que inicie negociaciones con los socios mundiales respectivos y a que presente una propuesta en este sentido;
27. Pide que se disponga de pólizas de seguros eficaces con el fin de asegurarse contra las grandes fluctuaciones de los precios y de las rentas, así como contra las incidencias en la producción por las condiciones meteorológicas;
28. Pide a la Comisión que estudie un sistema eficaz de la Unión Europea para el control del mercado, capaz de registrar los cambios y las tendencias de los precios de los productos agrícolas y del coste de los insumos; señala que dicho sistema debe garantizar la transparencia y permitir las comparaciones de productos similares entre Estados;
29. Considera que es conveniente crear, en el marco de la FAO, un observatorio internacional de precios de los productos agrícolas, de los insumos y de los productos alimenticios, para poder efectuar un seguimiento de estos datos a escala internacional;
30. Señala que las sucesivas reformas de la PAC ya han abordado los elementos de la política agrícola de la Unión Europea que distorsionaban el comercio y tenían un impacto negativo en la actividad de los agricultores en los países en desarrollo, aunque las relaciones de los intercambios siguen siendo desiguales y quedan por hacer esfuerzos para construir un sistema más justo;
31. Observa, no obstante, que la reforma de la política agrícola de la Unión Europea con el fin de cumplir los requisitos de la OMC ha reorientado de tal forma las ayudas de la PAC que se ha producido un distanciamiento de los pagos asociados a la producción, se han desmantelado las medidas de gestión y se ha llevado a cabo una apertura de mercados, lo cual ha expuesto de forma creciente a los consumidores y a los productores a la inestabilidad del mercado mundial; pide que en las políticas de la PAC se incluya una cláusula relativa a la seguridad alimentaria y que en los acuerdos comerciales se establezcan para las partes las mismas obligaciones de regulación del comercio que no pongan en peligro la seguridad alimentaria del planeta; pide a la Comisión que, en el marco de las negociaciones de la OMC, se implique en favor de un acceso cualificado al mercado que garantice que las elevadas normas ambientales de la agricultura de la Unión Europea y el derecho de todos los Estados miembros a la seguridad alimentaria no sean socavados por las importaciones baratas;
32. Constata que la Unión Europea está impulsando una serie de compromisos dirigidos a suprimir todas las restituciones a la exportación en 2013, y que, por medio del "chequeo" de la PAC, se persiguen nuevas reformas de los instrumentos de apoyo al mercado, en consonancia con los acuerdos de la OMC;
33. Considera que el mecanismo de financiación para reaccionar con rapidez al aumento de precios de los productos alimenticios en los países en desarrollo es un primer paso imprescindible para hacer frente a las necesidades inmediatas de la población más afectada por la crisis alimentaria; destaca, sin embargo, que dicho mecanismo representa una medida única destinada a orientar los recursos del capítulo 4 del Presupuesto General de la Unión Europea hacia la pequeña agricultura en los países más afectados, y que este mecanismo deberá reforzarse con otras inversiones; considera que la Comisión debería auditar la utilización de estos fondos y asegurarse de que se emplean de manera sostenible allá donde se necesitan más, y que deberían presentarse informes periódicos al Parlamento; pide, por otra parte, que el Parlamento pueda hacer un seguimiento regular de la aplicación por medio del procedimiento de reglamentación con control;
34. Insta a la Comisión a que intensifique sus programas actuales destinados a garantizar la seguridad alimentaria en Europa y en el mundo; pide que se refuerce el Programa temático de seguridad alimentaria 2007-2010, dotado actualmente con 925 millones de euros para todo el período de programación; acoge con satisfacción la propuesta de aumentar la asignación presupuestaria del programa de distribución de alimentos para las personas más necesitadas de la Comunidad, presentado por la Comisión el 17 de septiembre de 2008; pide a la Comisión que adopte una estrategia global sobre las cuestiones de seguridad alimentaria que aportan una coherencia entre todas las políticas comunitarias de la Unió;
35. Expresa su más profunda preocupación por la actual crisis financiera mundial, que puede derivar en una reducción de la financiación disponible para la agricultura; insta a la Comisión a que analice los efectos de la crisis financiera en el sector agrícola y considere la formulación de propuestas adecuadas para garantizar la estabilidad del sector, también en lo que se refiere al acceso a préstamos y garantías de crédito;
36. Destaca las investigaciones que demuestran que la mayor parte de los consumidores desconoce los beneficios vitales que reporta la PAC en lo que se refiere a la seguridad alimentaria y al acceso a productos alimenticios a precios razonables(4); pide que se emprendan políticas de información de los ciudadanos y se asuma un compromiso renovado de simplificación que redunde en una mayor sensibilización con respecto a los instrumentos y los beneficios que reporta la PAC; propone que se explique a la opinión pública el coste que supondría la no existencia de la PAC;
37. Considera que la PAC debe desempeñar un cometido importante en las políticas de asuntos exteriores y de desarrollo de la Unión Europea, con especial atención a la política exterior de seguridad alimentaria; considera que, además de asegurar la producción de alimentos en la Unión Europea, la PAC puede contribuir a satisfacer la creciente demanda de alimentos en el mundo;
38. Observa que los conflictos armados repercuten negativamente sobre la producción y el acceso a los alimentos; expresa su preocupación por las graves consecuencias que puede acarrear para la seguridad alimentaria la predisposición a conflictos, por ejemplo, con migraciones masivas, parálisis de la producción agrícola o efectos negativos sobre infraestructuras fundamentales;
39. Considera que es de crucial importancia evitar las pugnas por unos recursos alimentarios escasos; pide, por consiguiente, una coordinación más eficaz de la Unión Europea con organizaciones no gubernamentales, la FAO y demás organismos internacionales a nivel técnico, y con las Naciones Unidas a nivel político, con el fin de promover un acceso equitativo a los recursos alimentarios globales y de aumentar la producción de alimentos en los principales países en desarrollo, teniendo en cuenta de forma sistemática la diversidad biológica y los criterios de desarrollo sostenible;
40. Insta a la Unión Europea a que ayude a los países en peligro de conflicto a desarrollar sus propias políticas agrícolas fuertes basadas en infraestructuras sólidas y en un fácil acceso a las materias primas, una educación de calidad y una financiación adecuada; considera que las ayudas de la Unión Europea deberían centrarse en lograr una mayor autosuficiencia alimentaria de los países en desarrollo beneficiarios que mejoraría la seguridad alimentaria regional y el acceso a los alimentos de los sectores más pobres de la sociedad;
41. Observa que algunas economías emergentes podrían considerar la opción de arrendar grandes superficies en las zonas más pobres de África y Asia con el objetivo de cultivar las tierras para enviar las cosechas a sus propios mercados y mejorar su seguridad alimentaria; considera que, junto con la FAO, la Unión Europea debería entender este fenómeno como una amenaza importante para la seguridad alimentaria y para una política agrícola eficaz en los países de acogida;
La agricultura en los países en desarrollo
42. Destaca que los actuales desafíos alimentarios exigen aumentar la producción agrícola para responder al crecimiento de la demanda, produciendo mejor, a menor coste y de forma más sostenible; considera que para alcanzar este objetivo es necesario reconsiderar globalmente las políticas públicas con el fin de mejorar los métodos de producción, la gestión de las existencias y la regulación de los mercados internacionales;
43. Destaca la necesidad de adoptar medidas a medio y largo plazo encaminadas a desarrollar la agricultura y la producción de alimentos en los países en desarrollo, especialmente en África, teniendo en cuenta las mencionadas recomendaciones del IAASTD; opina que el desarrollo agrícola puede servir como punto de partida para el desarrollo económico global de un país;
44. Considera que el Fondo Europeo de Desarrollo debe centrarse en mayor medida en la agricultura, y especialmente en las pequeñas explotaciones y en la transformación de productos in situ, dado que gran parte de los pobres del mundo vive en zonas rurales dependientes en gran medida de la producción agrícola; considera, asimismo, que deberían realizarse esfuerzos dirigidos a establecer normas que regulen el comercio de productos agrícolas, de forma que se garantice el abastecimiento de productos alimenticios en todos los países; considera, por último, que deberían otorgarse ventajas comerciales a los países en desarrollo, orientadas a fortalecer la producción nacional; pide a la Comisión que tenga en cuenta estas consideraciones en el marco de las negociaciones de la OMC y de los acuerdos de asociación económica con los países en desarrollo;
45. Considera que la falta de acceso de los pequeños agricultores a créditos y microcréditos destinados a inversiones en semillas mejoradas, fertilizantes e instalaciones de regadío representa un grave obstáculo para el aumento de la producción agrícola en los países en desarrollo; destaca, por otra parte, la cuestión de las garantías de préstamos, de los que se carece en la mayoría de los casos; insta al Banco Europeo de Inversiones a que examine los medios oportunos para diseñar programas destinados a los productores locales de alimentos en los países en desarrollo, de forma que se ofrezcan garantías de préstamo destinadas a facilitar el acceso a créditos y microcréditos;
46. Reafirma su opinión de que es necesario contar con mercados agrícolas integrados en el plano regional; pide a la Comisión que apoye la cooperación y la integración regionales; recuerda al grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) el éxito de la integración agrícola en Europa y la estabilidad que ésta ha ofrecido durante más de medio siglo; alienta, por lo tanto, a las comunidades económicas regionales de Estados ACP a que refuercen su acción en el ámbito de la agricultura y pide a los países en desarrollo que reduzcan las barreras comerciales entre sí;
47. Destaca, por otra parte, que la agricultura debe evolucionar de un sistema de agricultura alimenticia hacia una economía rural creadora de empleo; considera, además, que debería hacerse especial hincapié en las medidas de apoyo a los jóvenes agricultores de los países en desarrollo, con el fin de desarrollar un sector agrícola fuerte; considera que la Unión Europea debería incrementar sus esfuerzos de cooperación y apoyo para modernizar las cadenas de alimentación en los países en desarrollo, haciéndolas más eficaces; considera, por último, que la Unión Europea debería apoyar iniciativas como el programa común de semillas, lanzado por la Unión Africana y sus socios nacionales y regionales;
48. Considera que, en el marco de una política de desarrollo eficaz de estos países en desarrollo, es necesario que dichos países definan una estrategia nacional o regional común para el desarrollo agrícola, junto con medidas concretas de apoyo a los productores y a los productos; opina, en este mismo contexto, que la ayuda para el desarrollo que presta la Unión Europea no tendrá un carácter fragmentado, sino que formará parte de dicha estrategia nacional o regional común para el desarrollo agrícola mediante su cofinanciación;
49. Pide que se cree, en el capítulo 4 del presupuesto general de la Unión Europea, un fondo permanente de seguridad alimentaria en apoyo de las poblaciones más pobres del mundo, a fin de complementar otras medidas de desarrollo financiadas por la Unión Europea;
50. Acoge con satisfacción las iniciativas mundiales como el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la crisis mundial de precios de los alimentos, y considera que la Unión Europea deberían coordinar sus esfuerzos con dicha Grupo de Trabajo; destaca la importancia de las orientaciones facultativas adoptadas por los Estados miembros de la FAO en noviembre de 2004 en favor del derecho a la alimentación en el contexto de la seguridad alimentaria nacional; propone por otra parte que, con el fin de garantizar la disponibilidad alimentaria, se cree a nivel mundial un programa obligatorio de mantenimiento de reservas, así como un sistema mejorado de almacenamiento de los principales insumos para la producción (proteínas, fertilizantes, semillas, plaguicidas, etc.), basándose preferentemente en los protagonistas del sector privado, incluyendo a las cooperativas de agricultores;
51. Manifiesta que es consciente de los compromisos que ha asumido la Unión Europea con los países en desarrollo y de sus obligaciones actuales y futuras con respecto a la OMC; pide que las medidas de apoyo de la Unión Europea contribuyan a alcanzar los objetivos de los gobiernos africanos establecidos en la Declaración de Maputo de 2002; insta a los Estados miembros a que respeten sus compromisos con respecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y, en particular, en lo que se refiere a la disposición que prevé destinar el 0.7 % del PNB a la ayuda para el desarrollo; opina, sin embargo, que la calidad de la ayuda para el desarrollo es más importante que los importes con que se la dota;
52. Lamenta la reducción del importe de la ayuda para el desarrollo destinada a la agricultura y al desarrollo rural, que ascendía al 17 % en 1980 y no superó el 3 % en 2006; insta a la Comisión a que dirija y supervise la contribución del apoyo financiero de la Unión Europea orientándolo hacia la consecución de un crecimiento impulsado por la agricultura, y a que haga todo lo posible para que los gobiernos destinen el 10 % del presupuesto nacional al sector agrícola (fijando, por ejemplo, objetivos orientados a las políticas agrícolas nacionales), tal como se han comprometido;
53. Reitera que, para los países ACP, la agricultura puede generar, en mayor medida que otros sectores, un crecimiento en beneficio de la población rural pobre, lo que constituye una contribución concreta para alcanzar el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio, consistente en erradicar la extrema pobreza y el hambre, y destaca que, en consecuencia, es de crucial importancia actuar inmediatamente y fomentar unas mayores inversiones en agricultura y desarrollo rural;
54. Destaca que el desarrollo rural ha de basarse primordialmente en el derecho a la alimentación y el derecho a producir alimentos, posibilitando a todos el derecho a una alimentación segura, nutritiva y culturalmente adecuada, producida con métodos ecológicamente racionales y sostenibles en una estructura agrícola autónoma;
55. Pide a la Unión Europea que reconozca el derecho de los países en desarrollo a la soberanía alimentaria y que apoye esta medida con acciones específicas, principalmente aprovechando y desarrollando las estructuras y recursos existentes, como, por ejemplo, las semillas, los abonos y los medios de producción, así como fomentando la integración regional;
56. Pide a la Unión Europea que vuelva a poner a la agricultura en el centro de su programa de desarrollo y que confiriera un carácter prioritario particular a los programas de desarrollo agrícola, incluidas unas metas claras en materia de reducción de la pobreza y unos objetivos viables, en particular medidas de fomento de las pequeñas explotaciones agrícolas y de la producción de alimentos destinados a los mercados locales aprovechando la biodiversidad y prestando una atención especial a l refuerzo de las capacidades de los pequeños agricultores y de las mujeres;
57. Pide a la Unión Europea que una sus fuerzas a las de los Estados miembros, los gobiernos de los países ACP, las organizaciones internacionales, los bancos de desarrollo regional y las fundaciones privadas, las organizaciones no gubernamentales y las autoridades locales a fin de incorporar de forma más eficaz en los programas regionales nuevos proyectos y programar intervenciones para luchar contra la escalada de los precios de los productos alimenticios;
58. Pide que se adopten medidas de mejora de la formación a fin de permitir que los jóvenes realicen estudios superiores en el ámbito agrícola incluida una formación sobre cómo cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias de la Unión Europea y que se creen oportunidades de empleo para licenciados en agricultura con el objetivo de reducir la pobreza y la migración desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas y evitar la fuga de cerebros desde los países en desarrollo hacia los países desarrollados;
59. Se remite al Código de buena conducta en materia de prevención y gestión de crisis alimentarias de 2008 de la Red de Prevención de Crisis Alimentarias (RPCA) y pide que se aplique y tome en consideración en la PAC; apoya y anima, asimismo, la participación de la sociedad civil y la promoción de los intereses de las mujeres, las cooperativas de pequeños agricultores y las agrupaciones de productores a fin de garantizar la seguridad y la autosuficiencia alimentarias;
60. Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, en numerosos casos, los presupuestos militares y de defensa son más abultados que los destinados a la agricultura y a la alimentación;
61. Considera que los pequeños agricultores representan la piedra angular del desarrollo agrícola; destaca algunos de los problemas más graves que han de afrontar los pequeños agricultores en los países en desarrollo, como las dificultades para acceder a los mercados, a las tierras, a la formación, a la financiación, a los insumos y a la tecnología; reafirma la importancia que reviste el desarrollo de la infraestructura rural y de las inversiones en pequeñas explotaciones y en métodos de producción tradicionales adaptadas a las condiciones locales y con bajos insumos;
62. Considera que un factor significativo en la producción global de alimentos es la debilidad del comercio de productos alimenticios; señala que, según la FAO, la producción global de arroz aumentó en 2007 mientras que el comercio de arroz disminuyó durante ese mismo año;
63. Considera que una mayor liberalización no regulada del comercio agrícola llevaría a un nuevo incremento de los precios de los alimentos e incluso a una volatilidad aún mayor de los mismos; destaca que los más afectados serían los países en desarrollo más vulnerables importadores de alimentos; destaca, asimismo, que las normas del comercio mundial no deben en ningún socavar el derecho de los países o las regiones a apoyar su agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de sus poblaciones;
64. Considera que las políticas de apertura del mercado de los productos agrícolas en el marco de la OMC y de los acuerdos bilaterales de libre comercio han contribuido significativamente a una pérdida de seguridad alimentaria en muchos países en desarrollo y en el contexto de la actual crisis global de suministro de alimentos; pide a la Comisión que vuelva a evaluar en consecuencia su planteamiento de libre mercado para el comercio agrícola;
65. Pide a los países grandes exportadores de alimentos (Brasil, Argentina, Tailandia, etc.) que actúen como suministradores fiables de alimentos básicos y que eviten las restricciones a la exportación que podrían tener consecuencias desastrosas, especialmente en los países en desarrollo pobres importadores de alimentos;
66. Manifiesta su preocupación por la actual crisis financiera mundial, que podría desembocar en una reducción de la financiación disponible para la ayuda pública al desarrollo; pide a la Comisión que analice las incidencias de la crisis financiera en el sector de la ayuda para el desarrollo y que siga estudiando propuestas para apoyar a la agricultura de los países más pobres;
67. Observa que la crisis alimentaria mundial es una de las grandes amenazas para la paz y la seguridad en el mundo; acoge con satisfacción, en este sentido, los recientes esfuerzos de la Comisión en el estudio de posibles formas de afrontar la cuestión de la seguridad alimentaria mundial; pide a los Estados miembros que apoyen tales iniciativas a escala nacional y local;
Investigación y desarrollo
68. Reafirma su compromiso con la inversión en tecnología e innovación en la agricultura y la producción agrícola;
69. Destaca la importancia de una investigación financiada con fondos públicos que sirva a la seguridad alimentaria, en vez de únicamente a los intereses del sector, y que promueva inversiones no sólo en la investigación de nuevas tecnologías específicas sino también sistemas de producción agrícola globales, que contribuyan a la seguridad alimentaria a largo plazo; destaca al papel pionero que en este sentido podría jugar, por ejemplo, una plataforma tecnológica de la Unión Europea en favor de la investigación en materia de agricultura ecológica;
70. Destaca la importancia de la investigación, así como de la transferencia de conocimientos adquiridos en la investigación a los niveles de la explotación agrícola por medio de un servicio de extensión agrícola eficaz, especialmente en los países en desarrollo; pide que se refuercen la investigación agrícola y la generación de conocimientos;
71. Expresa su preocupación por el hecho de que el énfasis que pone la Unión Europea en los requisitos de condicionalidad pueda perjudicar la investigación y el asesoramiento en el ámbito de la producción agrícola; insiste en la necesidad de ambos componentes;
72. Pide que se aplique un programa acelerado de investigación y desarrollo en agricultura sostenible adaptada a las condiciones locales y de bajo consumo energético; alienta a los Estados Miembros a que respalden la investigación destinada a incrementar la productividad por medio de las aplicaciones en el sector agrícola; es consciente de la preocupación que, en este ámbito, se cierne sobre los consumidores de la Unión Europea;
Una agricultura mundial sostenible
73. Manifiesta su preocupación por las alteraciones registradas en los patrones del clima como consecuencia del cambio climático, alteraciones que, de acuerdo con las previsiones, se reflejarán en una mayor frecuencia de las sequías y las inundaciones, con los consiguientes efectos negativos en el rendimiento de las cosechas y en la previsión de la producción agrícola mundial;
74. Manifiesta su preocupación por el hecho de que la aplicación en la Unión Europea de las propuestas dirigidas a reducir en mayor medida los gases de efecto invernadero puede incidir negativamente en la producción alimentaria de la Unión Europea, y especialmente en la producción ganadera;
75. Reconoce que el sector agrícola, que genera una parte importante de las emisiones totales de CO2, debe mejorar la eficiencia energética;
76. Considera que el aumento de la producción de biocarburantes y bioenergía podría tener un efecto positivo en el sector agrario y de la transformación de alimentos, que está padeciendo el alza de los precios de algunos insumos, como los fertilizantes, los plaguicidas y el diesel, así como de los costes de transporte y transformación;
77. Reconoce que el sector agrícola apoya la subsistencia de la mayor parte de la población en numerosos países en desarrollo, por lo que alienta a estos países a desarrollar un mecanismo de políticas agrícolas estables y transparentes que garantice la planificación a largo plazo y el desarrollo sostenible;
78. Pide a la Comisión que supervise de cerca los efectos del aumento de la producción de bioenergía en la Unión Europea y en terceros países, por lo que respecta a los cambios en el uso del suelo, los precios de los productos alimenticios y el acceso a los alimentos;
79. Reitera que los incentivos al cultivo sostenible de cultivos energéticos no debe poner en peligro la producción alimentaria;
80. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la investigación y el desarrollo para prevenir el cambio climático y adaptarse a él, incluidos, entre otros, la investigación en el ámbito de la próxima generación de biocarburantes, en particular la utilización de cultivos energéticos de alto rendimiento, los fertilizantes respetuosos con el medio ambiente y lo más eficaces posible, las nuevas tecnologías agrícolas con efectos negativos mínimos en el uso del suelo, el desarrollo de nuevos tipos de plantas resistentes a los cambios climáticos y a las enfermedades relacionadas con ellos y la investigación sobre los modos de utilización de residuos en la agricultura;
81. Considera que, para aumentar la productividad sostenible de las explotaciones, es necesario proseguir las investigaciones en el ámbito agrícola, y pide a los Estados miembros que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece a este respecto el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europera para las actividades de investigación, desarrollo tecnologico y prueba, y adopten medidas que mejoren la producción agrícola de forma sostenible y eficiente desde el punto de vista energético;
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82. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.