El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2008, sobre "Finanzas públicas en la UEM – 2008 – el papel de la calidad de las finanzas públicas en el marco de gobernanza de la UEM" (COM(2008)0387),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de junio de 2007, sobre "Finanzas públicas en la UEM – 2007 – Garantizar la eficacia de la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento" (COM(2007)0316),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de mayo de 2008, sobre "UEM@10 – Logros y retos tras los diez primeros años de Unión Económica y Monetaria" (COM(2008)0238),

–  Vista su Resolución, de 26 de abril de 2007, sobre las finanzas públicas en la UEM 2006(1),

–  Vista su Resolución, de 22 de febrero de 2005, sobre las finanzas públicas en la UEM – 2004(2),

–  Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre el Informe anual 2007 sobre la zona del euro(3),

–  Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2006, sobre el Informe anual sobre la zona del euro 2006(4),

–  Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre la contribución al Consejo Europeo de primavera de 2008 en relación con la Estrategia de Lisboa(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre el interés europeo: Triunfar en la era de la mundialización(6),

–  Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2007, sobre la situación de la economía europea: Informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2007(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2005, sobre la contribución de las políticas fiscal y aduanera a la estrategia de Lisboa (COM(2005)0532 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2007, sobre dicha Comunicación(8),

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2003, sobre el gender budgeting (integración de la perspectiva de género en el presupuesto) ‐ elaboración de presupuestos públicos con una perspectiva de género(9),

–  Vista la Resolución del Consejo Europeo sobre la coordinación de las políticas económicas durante la tercera fase de la UEM y sobre los artículos 109 y 109 b del Tratado CE, aneja a las Conclusiones de la Presidencia tras la reunión del Consejo Europeo celebrada en Luxemburgo los días 12 y 13 de diciembre de 1997,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia tras el Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008 y las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Ecofin del 16 de diciembre de 2008 sobre la gestión de la crisis financiera,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo ECOFIN, de 4 de noviembre de 2008, sobre iniciativas internacionales en respuesta a la crisis financiera y la preparación de la cumbre internacional sobre la crisis,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de octubre de 2008, titulada "De la crisis financiera a la recuperación: Un marco europeo de acción" (COM(2008)0706),

–  Vistas las Conclusiones de la Presidencia tras la reunión del Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y 16 de octubre de 2008 sobre el refuerzo de la reglamentación y supervisión de los mercados financieros,

–  Vista la reunión de los Jefes de Estado y de Gobierno del Eurogrupo, de 12 de octubre de 2008, que tuvo por objeto adoptar un plan de rescate coordinado ante de la crisis económica,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofin, tras su reunión de 7 de octubre de 2008, sobre las reacciones inmediatas a las turbulencias financieras, y la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2008, sobre el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofin, tras su reunión de 14 de mayo de 2008, sobre cómo garantizar en el futuro la eficiencia y eficacia del gasto social y mejorar el análisis de la calidad de las finanzas públicas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofin, tras su reunión de 9 de octubre de 2007, sobre la calidad de las finanzas públicas: modernización de las administraciones públicas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofin, tras su reunión de 10 de octubre de 2006, sobre la calidad de las finanzas públicas,

–  Visto el artículo 45 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0507/2008),

A.  Considerando que unas finanzas públicas de calidad (FPC) y proyectadas hacia la sostenibilidad del desarrollo constituyen nuestro compromiso con las generaciones futuras, y que esto es especialmente importante en la actual fase de profunda perturbación de los mercados,

B.  Considerando la necesidad de desarrollar políticas de FPC coordinadas a nivel comunitario, en particular en la zona del euro, definidas y evaluadas sobre la base de mecanismos comunes homogéneos, dirigidas a apoyar el crecimiento a largo plazo con el fin de afrontar los retos del cambio demográfico, la globalización y el cambio climático,

C.  Considerando que las finanzas públicas tienen como objetivo apoyar el marco macroeconómico, proporcionar bienes y servicios públicos equilibrando las deficiencias del mercado y las externalidades,

D.  Considerando que un marco conceptual y operativo de FPC orientadas al crecimiento, así como hacer del crecimiento el referente último para evaluar las FPC no pueden disociarse de la consideración de que las políticas presupuestarias y de gasto público de los Estados miembros deben dirigirse a mantener e innovar el Estado social, la cobertura de la seguridad social y la previsión, así como la redistribución de los recursos,

E.  Considerando que el bajo nivel de inversión pública en la Unión Europea (que se sitúa por debajo del 3 % del PIB) y su dispersión tienen consecuencias negativas sobre el objetivo de un crecimiento sostenible y a largo plazo, que precisa, por el contrario, un gasto público específico y definido por prioridades,

F.  Considerando la necesidad y la oportunidad de adoptar la perspectiva de género para el análisis, la evaluación y las perspectivas de sostenibilidad de las finanzas públicas,

Cambios en las tendencias económicas de 2007 a 2008 - crisis económica y financiera y perspectivas de futuro

1.  Constata que del análisis de la situación de las finanzas públicas en 2007 y la primera parte de 2008 se desprende claramente un cambio en la tendencia económica y constata que las previsiones económicas más recientes confirman una tendencia hacia la recesión, acompañada de un bajo nivel de inflación continuado y de crecientes desigualdades de ingresos;

2.  Expresa su preocupación por la difícil situación económica y financiera actual a escala europea e internacional, lo que conduce a una inestabilidad sin precedentes, y observa las nuevas dinámicas que se están desarrollando en la relación entre el sector público y el privado, los cambios en la política monetaria y económica allí donde, frente a las deficiencias del mercado y las insuficiencias de reglamentación y de supervisión, la intervención del sector público vuelve a ser central y esencial, manifestándose a veces a través de auténticas nacionalizaciones;

3.  Señala que la crisis en sectores estratégicos, especialmente en el ámbito de las finanzas y del transporte, está impulsando a invertir recursos públicos en adquisiciones, sin prestar atención a que las intervenciones de rescate se limiten a lo estrictamente necesario para el mantenimiento y el desarrollo de la economía europea y no respondan a intereses puramente nacionales;

4.  Considera necesario que la Comisión y los Estados miembros faciliten una evaluación adecuada del hecho de que el apoyo y la participación pública en las grandes empresas y en el sector financiero y crediticio recaigan sobre las finanzas públicas; considera útil que este hecho se evalúe también en relación con la competencia, el funcionamiento del mercado interior y el mantenimiento de un nivel efectivo de igualdad de condiciones;

5.  Reafirma que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) revisado permite ya hacer frente a situaciones de especial gravedad y que la consolidación financiera y los objetivos establecidos en los planes de estabilidad y convergencia siguen siendo fundamentales para las perspectivas de recuperación y crecimiento; apoya plenamente, a este respecto, las más recientes conclusiones de la Presidencia tras la reunión del Consejo Europeo de los días 11 y 12 de diciembre de 2008, en las que se destaca la flexibilidad y la sostenibilidad de las finanzas públicas en favor de una recuperación económica rápida y duradera;

6.  Recuerda la importancia de un enfoque coordinado a nivel europeo para luchar contra la evasión y los paraísos fiscales ‐en interés de los ciudadanos, de los contribuyentes y del erario público‐ tanto más cuanto la consolidación financiera y el nivel de deuda pública corren riesgo de verse afectados negativamente por importantes intervenciones públicas en favor de grandes actores financieros e industriales;

7.  Subraya que redunda también en interés de los ciudadanos, de los contribuyentes y de los presupuestos públicos actuar de manera que toda intervención y utilización de recursos públicos para el rescate de entidades financieras vaya acompañada de una supervisión adecuada, de una mejora de la gobernanza y la conducta empresarial o institucional, de limitaciones precisas de la remuneración de los directivos y de una clara responsabilidad frente a las autoridades públicas; considera útil, en este contexto, que la Comisión se convierta en promotora de directrices con el fin de garantizar una realización compatible y coordinada de los diversos planes nacionales;

8.  Considera que las intervenciones públicas masivas para el rescate y apoyo de los sectores bancario y financiero en varios Estados miembros tendrán consecuencias evidentes sobre las finanzas públicas y los ingresos de los ciudadanos; considera, por tanto, necesario que la carga fiscal se reparta adecuada y equitativamente entre todos los contribuyentes, lo que significa, por un lado, someter a una imposición fiscal adecuada a todos los actores financieros y, por otra, prever una reducción progresiva y sensible de la presión fiscal sobre los salarios medios-bajos y las pensiones ‐con deducciones fiscales, reducción de tipos y compensación por el arrastre fiscal‐ a fin de reducir la pobreza (y no sólo la extrema), fomentar el consumo y el crecimiento de la demanda, respondiendo de manera anticíclica a la crisis económica actual que está conduciendo a la recesión;

9.  Subraya que las políticas macroeconómicas europeas han de responder rápidamente y de manera coordinada para hacer frente a los riesgos de recesión e inestabilidad financiera; alienta a la Comisión y a los Estados miembros ‐en particular a los de la zona del euro‐ a que utilicen de manera inteligente y flexible en un solo sentido el PEC y mecanismos adecuados anticíclicos destinados al cambio estructural, la asignación eficiente de los recursos públicos, la reestructuración del gasto público y la inversión para el crecimiento de acuerdo con los objetivos de Lisboa, con especial atención al papel de las pequeñas y medianas empresas;

10.  Reafirma, en este contexto, la necesidad ‐en particular en la zona del euro‐ de un enfoque común en materia de políticas salariales, que prevea aumentos salariales en consonancia con la inflación real y la productividad, dado que las políticas fiscales y salariales son poderosas y eficientes palancas para la demanda, así como para la estabilidad y el crecimiento económicos;

11.  Acoge con satisfacción la aparición de instancias decisorias en las que el Eurogrupo actúa como (primera) instancia de coordinación política y económica para encontrar respuestas rápidas y estrategias consensuadas no sólo en respuesta a la crisis económica financiera, sino también para la reactivación de las políticas macroeconómicas y de inversión común, con el objetivo de fomentar las perspectivas de crecimiento, evitar graves consecuencias sobre las finanzas públicas y la estabilidad financiera de la Unión Europea y contribuir a un mejor equilibrio entre las políticas económica y monetaria en el seno de la Unión Europea;

12.  Considera útil establecer un mecanismo obligatorio para la consulta y la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros ‐en particular los miembros del Eurogrupo‐ antes de adoptar medidas económicas importantes, especialmente en lo que respecta a las disposiciones en respuesta a la volatilidad de los precios de la energía, las materias primas y los productos alimenticios;

Sostenibilidad de las finanzas públicas y eficacia de la vertiente preventiva del PEC

13.  Considera que la sostenibilidad de las finanzas públicas es una condición necesaria y prioritaria no sólo para la estabilidad y el crecimiento, la definición de las políticas macroeconómicas, de empleo, sociales y ambientales de cada Estado miembro, sino también para mantener la economía y el modelo social europeo, intrínseco al desarrollo de la Unión Europea;

14.  Expresa su profunda preocupación por las consecuencias directas de la actual crisis financiera mundial sobre la sostenibilidad y la calidad de las finanzas públicas de los Estados miembros; en particular, expresa su preocupación por el impacto de dicha crisis sobre la economía real y la balanza de pagos de los nuevos Estados miembros ‐que no están dentro de la zona del euro‐ que padecen una fuerte disminución de la inversión directa extranjera;

15.  Señala que el déficit y la deuda pública ejercen un efecto negativo sobre el crecimiento en la medida en que limitan los márgenes de maniobra de los Estados miembros durante los periodos de crisis; pide a los Estados miembros que hagan mayores esfuerzos por consolidar sus presupuestos y reducir la deuda pública durante los periodos de crecimiento, como condición previa para una economía europea sana, competitiva y sostenible; recuerda asimismo cómo los esfuerzos para reducir el déficit y la deuda pública mal concebidos ‐como los recortes indiscriminados a la inversión pública‐ tienen consecuencias negativas sobre las perspectivas de crecimiento a largo plazo;

16.  Señala que, a la luz de las nuevas circunstancias internacionales debidas a la crisis financiera actual y la desaceleración económica que ha comenzado a afectar ya al empleo y al crecimiento en la zona del euro, es difícil evitar el aumento del déficit; sugiere, por tanto, que los Estados miembros utilicen en mayor medida de manera selectiva la flexibilidad que ofrece el PEC, con el fin de fomentar la recuperación económica y el crecimiento; llama la atención sobre las consecuencias presupuestarias de la actual crisis financiera, y pide a la Comisión que evalúe los efectos que tienen sobre las finanzas públicas de los Estados miembros los fondos públicos utilizados en los planes de rescate de las instituciones financieras nacionales; pide a la Comisión que examine los efectos de los criterios del PEC en el contexto actual, en el que el crecimiento económico es lento y varios Estados miembros se enfrentan a la perspectiva de una recesión, y pide que se lleve a cabo una evaluación de los efectos de la subida de los costes crediticios sobre la deuda pública de los Estados miembros;

17.  Comprueba el buen funcionamiento del PEC tras su reforma; considera que el componente corrector se aplicó satisfactoriamente en años anteriores y destaca la importancia de la vertiente preventiva como una herramienta esencial para la sostenibilidad y la convergencia de las políticas financieras de los Estados miembros, en particular los de la zona del euro;

18.  Comparte las conclusiones de la Comisión sobre la importancia de la vertiente preventiva del PEC, el apoyo y el incentivo a los Estados miembros y el intercambio de mejores prácticas; reconoce, en particular, que la vertiente preventiva debe basarse en políticas presupuestarias a medio plazo y en una coordinación a nivel comunitario, ya que una realización eficaz requiere una comprensión común de los retos de la política económica y presupuestaria en la Unión Europea y un fuerte compromiso político para hacer frente a dichos retos con intervenciones anticíclicas orientadas en la misma dirección;

19.  Destaca la importancia del objetivo a medio plazo (OMP) como objetivo específico de presupuesto vinculado a las políticas económicas, fiscales y de ingresos, que se llevarán a cabo a través del diálogo macroeconómico, se ajustarán de acuerdo con la realidad específica de cada Estado miembro y se desarrollarán sobre una base plurianual; insta a los Estados miembros a fortalecer la credibilidad y la legitimidad del OMP tanto a nivel nacional, mediante una mayor participación de los departamentos gubernamentales, los parlamentos nacionales y los interlocutores sociales (titularidad nacional) como a nivel local (finanzas públicas infranacionales), a través del establecimiento de PEC y OMP regionales que tengan en cuenta el impacto del gasto y de la inversión pública locales sobre las finanzas públicas nacionales y sobre las perspectivas de crecimiento de los distintos países;

20.  Considera que la coherencia entre los programas presupuestarios plurianuales y la definición y ejecución de los presupuestos anuales es esencial; pide a los Estados miembros mayor rigor en la definición de las previsiones macroeconómicas y una mayor coordinación en la definición de criterios, calendarios y objetivos de los marcos de gasto plurianuales a fin de lograr una mayor eficiencia y mejores resultados de las políticas presupuestarias y macroeconómicas a escala comunitaria;

21.  Señala que los Estados miembros necesitan más reformas estructurales y mayor disciplina presupuestaria, así como políticas fiscales anticíclicas, que reduzcan el déficit presupuestario en tiempos de crecimiento económico, con el fin de estar mejor preparados para hacer frente a choques externos negativos;

22.  Destaca la importancia de diseñar planes macroeconómicos para hacer frente a choques externos (como la crisis financiera de las "subprimes") que tengan en cuenta no sólo la situación en la zona del euro, sino también en la de las economías de la Unión Europea en fase de recuperación;

Las finanzas públicas en el centro de una perspectiva económica más amplia y completa

23.  Recuerda que el objetivo central de contar con unas finanzas públicas sanas y consolidadas debe compaginarse con las exigencias del nuevo PEC y, al mismo tiempo, con la perspectiva de desarrollo, crecimiento y competitividad de la Estrategia de Lisboa, que exige no sólo reformas estructurales, sino también una composición del gasto público y una estructura tributaria que favorezcan las inversiones (en capital humano, investigación e innovación, educación y formación, incluida la de tercer nivel, salud, infraestructura, medio ambiente, seguridad y justicia) y la redistribución de los ingresos con el fin de promover la cohesión social, el crecimiento y el empleo;

24.  Destaca la importancia de que los objetivos de las finanzas públicas, establecidos de conformidad con las directrices integradas del nuevo ciclo de Lisboa, integren de manera coherente y orgánica los planes de estabilidad y de convergencia con los planes de reforma nacionales; expresa su convicción de que el valor añadido de unas finanzas públicas europeas sanas y orientadas hacia el crecimiento debe manifestarse –en particular en la zona del euro– mediante una política de inversión pública en infraestructura, definida y coordinada sobre la base de objetivos comunes y compartidos, que pueda ser financiada no sólo por los presupuestos nacionales y (parcialmente) por el presupuesto de la Unión, sino también por nuevos instrumentos financieros europeos (como eurobonos o el Fondo Europeo de Inversiones) destinados a sostener el crecimiento, la productividad y la competitividad de la Unión Europea y de la zona del euro en el contexto internacional;

25.  Considera útil que se establezca un mecanismo obligatorio de consulta de los Parlamentos nacionales, junto con la consulta del Parlamento Europeo, para la definición coordinada de los programas de estabilidad y convergencia, de acuerdo con el PEC, y de los programas nacionales de reforma, de acuerdo con las orientaciones integradas de Lisboa, de modo que dichos programas estén unidos entre sí y se presenten conjuntamente, a ser posible en otoño de cada año;

26.  Concuerda en que los cambios demográficos aumentarán la necesidad de reformas estructurales, en particular en los regímenes de pensión, la sanidad y los cuidados a largo plazo, e indica que sería demasiado simplista centrarse únicamente en el envejecimiento de la población (y la disminución de las tasas de natalidad), sin tener en cuenta el impacto de la globalización, incluidos los imparables flujos migratorios provenientes de terceros países, determinados no sólo por motivos económicos, sino también por la huida de las guerras y las catástrofes climáticas;

27.  Recuerda la importancia de las políticas de empleo e inclusión social, desglosadas por generaciones, género y personas, asentadas en los principios de la flexiguridad y, por lo tanto, en intervenciones proactivas, en el apoyo de los salarios y los ingresos –a través del diálogo social–, atribuyendo un papel central al incremento de la productividad, sin descuidar las intervenciones encaminadas a proteger las pensiones, ya que las pensiones insuficientes no sólo son un problema social, sino que suponen un aumento del gasto asistencial con cargo a las finanzas públicas;

28.  Considera que los mercados y los servicios financieros, integrados en las políticas de la Estrategia de Lisboa, deben estar anclados en la estabilidad financiera y en los mecanismos de supervisión, como garantía de protección contra las recaídas negativas del crecimiento y las finanzas públicas; expresa su preocupación por los indicios de que se utilizan derivados y nuevos instrumentos financieros, especialmente por parte de las administraciones locales, lo que podría acarrear consecuencias muy graves para las comunidades locales;

29.  Considera que es necesario adoptar un nuevo enfoque de las finanzas públicas ‐sistemático y coordinado entre los Estados miembros, en particular los de la zona del euro‐ que tenga como objetivo apoyar el crecimiento (y el potencial de crecimiento) económico a largo plazo y como punto central un marco multidimensional para la definición y medición de la calidad de las finanzas públicas que haga a la economía europea resistente frente a los choques externos y la ponga en condición de hacer frente a los retos demográficos y la competencia internacional y garantice la equidad y la cohesión social;

La calidad de las finanzas públicas: ingresos y gastos

30.  Considera esencial que los Estados miembros se orienten hacia políticas de FPC, convergentes y definidas sobre un baremo que incluya indicadores y objetivos a cuya elaboración y definición se asocien el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales; considera útil la propuesta de la Comisión, y se centra en un sistema de evaluación de las políticas presupuestarias que se centran en aspectos específicos, tales como la composición, la eficiencia y la eficacia del gasto público, la estructura y la eficacia del sistema de ingresos, la eficiencia y la calidad de la administración pública, la buena gobernanza del presupuesto y un método de coordinación en materia de políticas de FPC entre los Estados miembros; pide una mayor comparabilidad de los presupuestos nacionales para cumplir los objetivos anteriormente mencionados;

31.  Alienta a los Estados miembros a que adopten políticas de FPC acompañadas de un sistema de evaluación de las políticas presupuestarias ‐tales como la presupuestación basada en el rendimiento (PBR) (según el modelo de la OCDE)‐ destinado a aumentar la calidad del gasto público mediante el fortalecimiento del vínculo entre la asignación de los recursos y los resultados; considera que un buen ejemplo de PBR es la presupuestación de género, una metodología deseada y promovida por el Parlamento Europeo y puesta en práctica, en diversos grados, a escala local y central en diversos Estados miembros, y que debe aplicarse con más coherencia, incluido a nivel comunitario; pide a la Comisión que desarrolle métodos, directrices e indicadores de PBR que permitan la comparabilidad y la convergencia de las políticas financieras y macroeconómicas de los Estados miembros, reconociendo que esto implica una mayor participación y, por tanto, la asunción de responsabilidad por parte de los ciudadanos informados y conscientes;

32.  Agradece la reflexión abierta por la Comisión sobre la manera de introducir la calidad, la eficacia y la eficiencia en el sistema de ingresos; considera que las reformas en materia de fiscalidad de los Estados miembros podrían conducir a un mayor crecimiento sólo si se ajustan a las condiciones específicas del sistema institucional y administrativo, productivo y de mercado laboral (en particular, la tasa de actividad y el porcentaje de economía sumergida) de cada Estado miembro;

33.  Recuerda las diferencias existentes entre los Estados miembros en términos de presión fiscal y estructura tributaria, reconoce la dificultad de identificar inequívocamente una reforma de la fiscalidad que lleve a un mayor crecimiento - véanse los beneficios (de la ampliación de la base) y las desventajas (de debilitamiento del principio de progresividad) en relación con el desplazamiento de la imposición directa hacia la indirecta sobre el consumo–, pero señala algunas medidas comunes de la reforma fiscal que pueden aumentar la eficiencia de los impuestos y de los ingresos tributarios, aumentar el empleo, reducir las distorsiones y aumentar el crecimiento a nivel comunitario, en particular:

34.  Llama la atención sobre el hecho de que las reformas fiscales destinadas a lograr finanzas públicas sanas, crecimiento, eficiencia, simplificación, eliminación de las distorsiones, lucha contra el fraude, la evasión y los paraísos fiscales serán más eficaces si se realizan de manera coordenada y reforzada entre los Estados miembros ‐en particular los de la zona del euro‐ teniendo en cuenta el potencial de desarrollo y competitividad del mercado interior;

35.  Insiste en la cuestión de la composición del gasto público destinado al crecimiento sostenible, destacando que la calidad y la eficacia de la inversión en infraestructura y capital humano (dando prioridad a los servicios de interés general y de acuerdo con una definición preliminar de las necesidades de las personas y la composición en otros lugares, y con atención a la política de género y al cambio demográfico) conducen al aumento de la productividad y la competitividad de la economía europea; recuerda que la presión sobre los servicios sociales y sanitarios, determinada por el envejecimiento de la población, puede reducirse mediante la inversión en educación para la salud; destaca la necesidad de recalificar el gasto público a través de una reasignación de partidas presupuestarias hacia sectores que fomentan el crecimiento, una utilización más eficaz y eficiente de los recursos públicos y una atenta red integrada de asociación público-privada;

36.  Pone de relieve la necesidad de la reforma y la modernización de las administraciones públicas – eslabón central de los gastos e ingresos públicos– basándose en criterios de eficacia, eficiencia y productividad, responsabilidad y evaluación de los resultados, ajustándose a la estructura del sistema público, de las instituciones centrales y locales de los Estados miembros, y teniendo adecuadamente en cuenta los vínculos y las oportunidades derivados del funcionamiento de la Unión Europea, de manera que el sector público se asocie con presupuestos sanos y contribuya a la competitividad de la economía;

37.  Pone de relieve el papel central de la buena gobernanza del presupuesto, basada en un conjunto de normas y procedimientos encaminados a definir la forma en que deben prepararse, ejecutarse y controlarse los presupuestos públicos a medio plazo, en el respeto de la consolidación presupuestaria de los Estados miembros y de la recalificación del gasto público, acompañada por un método de análisis del contexto (comunitario, nacional, local) y la definición de objetivos que incluya la evaluación de impacto, previa y final, la verificación y evaluación de los resultados, de las prestaciones y mecanismos de ajuste de acuerdo con la PBR; considera que las normas de gobernanza fiscal de los Estados miembros deben hacerse homogéneas y contextuales, en el calendario y en los objetivos, en particular dentro de la zona del euro; considera también que esas normas de gobernanza fiscal deben ceñirse a una gobernanza económica a fin de mejorar las opciones presupuestarias, económicas y de inversión compartidas, emprendidas en la misma dirección para reforzar la eficacia y tener un efecto multiplicador, y obteniendo resultados significativos, mucho más necesarios en el contexto de fases económicas difíciles como la actual; considera que los planes nacionales de reactivación no coordinados corren el riesgo de neutralizarse mutuamente; cree, en este sentido, que los presupuestos nacionales deben desarrollarse a partir de perspectivas y análisis coyunturales comunes;

38.  Pide a la Comisión y los Estados miembros, sobre la base de las orientaciones anteriores, que desarrollen un mecanismo de coordinación para el seguimiento y la evaluación de la calidad de las políticas presupuestarias de los Estados miembros, que se acople estrechamente a los mecanismos del PEC y aplique las directrices integradas de la Estrategia de Lisboa, basado en un marco sistemático de calidad de los datos, en la evaluación de las FPC a través de un sistema de PBR y el examen periódico de las FPC.

o
o   o

39.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 74 E de 20.3.2008, p. 780. (2) DO C 304 E de 1.12.2005, p. 132. (3) DO C 175 E de 10.7.2008, p. 569. (4) DO C 314 E de 21.12.2006, p. 125. (5) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0057. (6) DO C 282 E de 6.11.2008, p. 422. (7) DO C 287 E de 29.11.2007, p. 535. (8) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 441. (9) DO C 74 E de 24.3.2004, p. 746. (10) Textos Aprobados, P6_TA(2008)0506.