El Parlamento Europeo,

–  Vista la cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009 y su declaración sobre el plan global para la recuperación y la reforma,

–  Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en la que se expone que los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) son criterios establecidos conjuntamente por la comunidad internacional, entre otras cosas, para la erradicación de la pobreza y el hambre,

–  Visto el Informe del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI) titulado "Informe sobre seguimiento mundial 2009: Una emergencia de desarrollo", publicado en abril de 2009,

–  Visto el Informe del Banco Mundial titulado "Flujos mundiales de financiamiento para el desarrollo 2009: Trayectoria de la recuperación mundial", publicado en junio de 2009,

–  Vistas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la crisis financiera y económica mundial y sus efectos en el desarrollo, y el respaldo por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del resultado de la Conferencia mediante la Resolución 63/303, de 9 de julio de 2009,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2009, titulada "Ayuda a los países en desarrollo a afrontar la crisis" (COM(2009)0160),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, celebrado los días 18 y 19 de mayo de 2009, sobre la ayuda a los países en desarrollo a afrontar la crisis,

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2006, sobre la revisión estratégica del Fondo Monetario Internacional(1),

–  Visto el estudio realizado por la profesora Ngaire Woods sobre la respuesta internacional a la crisis mundial y la reforma de la arquitectura financiera y de ayuda internacional(2),

–  Vistas la Conferencia sobre la financiación innovadora celebrada en París los días 28 y 29 de mayo de 2009, y la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Doha del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2008,

–  Visto el informe, de 17 de marzo de 2009, del Comité de Ministros de Hacienda Africanos y Gobernadores de Bancos Centrales, establecido para vigilar la crisis, titulado "Impacto de la crisis en las economías africanas ‐ Crecimiento sostenible y reducción de la pobreza",

–  Vista la pregunta de 3 de septiembre de 2009 a la Comisión sobre los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y en la cooperación al desarrollo (O-0088/2009 – B7-0209/2009),

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

1.  Hace hincapié en que los países en desarrollo no originaron la crisis financiera y económica mundial, pero sufren de manera desproporcionada los efectos de la misma, y han de hacer frente a una dramática desaceleración del crecimiento y el empleo, a las repercusiones negativas en la balanza comercial y en la balanza de pagos, a una fuerte reducción de las entradas netas de capital privado y de la inversión extranjera directa, a un acceso reducido al crédito y a la financiación del comercio, a una disminución de las remesas, a unas oscilaciones importantes y volátiles de los tipos de cambio, al colapso de las reservas, a un aumento de la volatilidad y a una caída de los precios de los productos de primera necesidad, así como a una reducción de los ingresos procedentes del turismo;

2.  Comparte la valoración del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, de que la crisis financiera mundial ha provocado una emergencia de desarrollo en la medida en que está socavando, y, en algunos casos incluso anulando, los progresos que tanto esfuerzo han costado hacia la reducción de la pobreza, el hambre y la mortandad infantil y materna, y hacia el aumento de la educación primaria, la igualdad de género, el acceso al agua potable y a una higiene adecuada, lo que pone en peligro el logro de los ODM, en particular los relativos a la salud;

3.  Señala con gran preocupación que esta crisis, que sigue de cerca a la crisis generada por los precios de los alimentos y el combustible, ya ha provocado importantes costes humanos y tiene efectos devastadores para las personas vulnerables en los países más pobres, previéndose un aumento de 23 millones más de desempleados, hasta 90 millones más de personas víctimas de la pobreza extrema sólo en 2009, estando amenazado el tratamiento farmacológico vital de hasta 1,7 millones de pacientes de VIH, y con 200 000 a 400 000 muertes infantiles adicionales al año por término medio entre 2009 y 2015, el año fijado como objetivo para los ODM en los países en desarrollo;

4.  Hace hincapié en que muchos países en desarrollo se encuentran con que todas sus fuentes de financiación del desarrollo se han visto afectadas por la crisis, y que no podrán salvaguardar unos beneficios económicos que les ha costado mucho conseguir sin un amplio apoyo del exterior;

5.  Pide a la UE que tome medidas para erradicar los excesos ligados a los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales de los países en desarrollo; pide, por tanto, que se elabore un nuevo acuerdo económico mundial de carácter vinculante que obligue a las empresas transnacionales a revelar automáticamente los beneficios obtenidos y los impuestos pagados en cada país, de forma que se garantice la transparencia acerca de los importes abonados en cada uno de los países en desarrollo en los que operan;

6.  Observa el reconocimiento por parte del G-20 de su responsabilidad colectiva en mitigar el impacto social de la crisis a fin de minimizar los daños perdurables al potencial global, así como su reafirmación de las promesas de ayuda existentes y sus promesas de nuevos recursos, incluidos 50 000 millones de dólares para apoyar la protección social, impulsar el comercio y salvaguardar el desarrollo en los países de baja renta, un aumento significativo del apoyo frente a la crisis en los países en desarrollo y más recursos para la protección social de los países más pobres;

7.  Celebra la decisión adoptada por los líderes del G-8 en la cumbre celebrada en julio de 2009 en L'Aquila, Italia, de donar 20 000 millones de dólares para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria;

8.  Manifiesta su temor de que los recursos financieros comprometidos no sean suficientes, puedan no centrarse en los países y grupos de población más pobres y puedan no producir con la celeridad requerida y de forma suficientemente flexible las mejoras que necesitan los países en desarrollo;

9.  Apoya la solicitud de los líderes del G-8 de llevar a cabo en 2010 una revisión de las políticas relativas al logro de los ODM;

10.  Observa el aumento de los recursos puestos a disposición del FMI y de otras instituciones financieras; se felicita de las recientes reformas del FMI entre las que se incluye un papel más destacado para los países emergentes;

11.  Se muestra muy preocupado por el hecho de que, desde julio de 2009, el 82 % de los nuevos recursos prestados por el FMI se han concedido a países de la zona europea, y sólo el 1,6 % se han destinado a países de África, lo cual es una indicación de que la mayoría de los recursos disponibles podrían estar destinándose a mercados emergentes de renta elevada y a los países de mediana renta que puedan probablemente devolver los préstamos que reciban; subraya que la perturbación del proceso de desarrollo presenta efectos más destructores y duraderos a medio plazo para los países menos desarrollados que los padecidos por los países más avanzados durante un período limitado de crisis;

12.  Pide una rápida aplicación del importe adicional de 6 000 millones de dólares resultante de las ventas de las reservas de oro del FMI en forma de financiación en condiciones favorables y flexibles para los países más pobres; observa con gran preocupación las estimaciones del FMI de que sólo puede hacer frente a alrededor del 2 % de las necesidades financieras externas (brutas) de los países de baja renta, lo que pone de relieve la necesidad de que otras instituciones y donantes proporcionen recursos y subvenciones adicionales en condiciones favorables;

13.  Lamenta que, si bien una respuesta eficaz a la crisis requiere una nueva e ingente inyección de recursos, y a pesar de que el G-20 se comprometió a poner a disposición recursos para la protección social en los países más pobres, incluso mediante la inversión en seguridad alimentaria a largo plazo y mediante contribuciones bilaterales voluntarias al Marco para hacer frente a la vulnerabilidad del Banco Mundial, incluidos el Mecanismo de financiamiento de la infraestructura afectada por la crisis y el Fondo de respuesta social rápida, al Banco Mundial no se le ha dado más opción para reaccionar que recurrir a sus propios recursos e instalaciones existentes;

14.  Cree que la primera prioridad ha de ser simplemente el apoyo a políticas que reduzcan la pobreza y rentabilicen al máximo el dinero del contribuyente, teniendo como guía un reconocimiento del carácter absoluto de la dignidad humana de cada persona en el mundo en desarrollo;

15.  Considera que el comercio equitativo y mutuamente beneficioso es la piedra angular de la estabilidad de los mercados financieros internacionales; señala que la UE debe contribuir a ello reduciendo las subvenciones que distorsionan el comercio y las barreras comerciales que tanto perjudican las economías de los países en desarrollo;

16.  Observa el daño causado a la estructura de capital de cualquier economía por la "fuga de cerebros"; señala además que existe una inquietud considerable y permanente en muchas regiones del mundo por el hecho de que las personas más aptas y más brillantes, de las que los países en desarrollo no pueden prescindir, se trasladan al extranjero; pide, por tanto, que se adopten medidas destinadas a fomentar la migración circular;

17.  Señala con gran preocupación que ello se ha traducido en la incapacidad del Banco Mundial para responder a una serie de países a los que la crisis ha hecho especialmente vulnerables, pero que no se ajustan a los criterios de elegibilidad del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) o de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), ni a los modelos de asignación que requieren solvencia del prestatario y un historial de "buena actuación"; considera que este desfase en la financiación pone de relieve los problemas de base de la gobernanza del Banco Mundial, que minimiza los riesgos para la institución y sus miembros no prestatarios, a expensas de sus países miembros en desarrollo más necesitados;

18.  Pone de relieve que la incapacidad de las instituciones de Bretton Woods para responder a las necesidades de los países de baja renta a la hora de hacer frente a la crisis se debe principalmente a la ausencia de las reformas que se requieren desde hace tiempo respecto de la gobernanza de estas instituciones con el fin de incrementar su importancia, su legitimidad y su eficacia, así como su sensibilidad y capacidad de respuesta frente a los países en desarrollo; solicita que dichas reformas se lleven a cabo de forma urgente;

19.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que asuman su responsabilidad como actores internacionales de primera magnitud para trabajar en pro de una rápida aplicación de la necesaria reforma de las instituciones de Bretton Woods, y que colmen al mismo tiempo las graves carencias en la respuesta a la crisis que están dando el G-20, el FMI y el Banco Mundial, y que presten rápidamente ayuda a los países en desarrollo y garanticen el rápido desembolso a los países cuyas inversiones destinadas al logro de los ODM se encuentran ahora en peligro debido a un choque externo, a saber una crisis financiera imprevista y que se halla fuera de su control; considera, en este sentido, que la UE y sus Estados miembros deben observar en todo momento un nivel elevado de responsabilidad y de eficacia en la ayuda en lo que se refiere al uso de los fondos públicos por parte de los receptores de donativos;

20.  Manifiesta su grave preocupación por el hecho de que la ayuda de algunos Estados miembros de la UE se haya reducido en términos reales en 2008; pide a los Estados miembros que cumplan urgentemente sus compromisos respecto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta 2010, teniendo en cuenta el hecho de que una gran parte de los países en desarrollo se ha visto gravemente afectada por las consecuencias de la crisis económica mundial;

21.  Acoge con satisfacción los planes de la UE para adelantar 8 800 millones de euros de ayuda al desarrollo, apoyo presupuestario y financiación agrícola para que se tomen medidas inmediatas, así como el importe propuesto de 500 millones de euros para respaldar el gasto social en los países en desarrollo a través del mecanismo ad hoc FLEX de vulnerabilidad para los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP); recomienda centrar el apoyo presupuestario en los ámbitos de la salud, el trabajo digno, la educación, los servicios sociales y el crecimiento ecológico en forma de apoyo presupuestario sectorial; insta a la UE y a sus Estados miembros a que cumplan los compromisos económicos esbozados en el plan de acción sobre los ODM; reconoce el principio de participación y destaca el papel de los países en desarrollo a la hora de fijar sus propias políticas, estrategias y sus programas de desarrollo, así como la responsabilidad mutua de la UE y sus socios en asegurar los resultados de desarrollo;

22.  Destaca los repetidos llamamientos del Parlamento para que el Fondo Europeo de Desarrollo se integre en el presupuesto comunitario con el fin de garantizar el control democrático de los usos a los que se destina;

23.  Lamenta, no obstante, que, aparte de los 100 millones de euros para el Fondo fiduciario UE-África para infraestructuras, todos los demás gastos provengan de compromisos anteriores, y pide fondos adicionales; manifiesta su preocupación por el modo en que la Comisión piensa colmar la brecha de financiación que aparecerá en los próximos años como consecuencia de la distribución anticipada de apoyo presupuestario en la actualidad;

24.  Subraya que el volumen de la AOD no es suficiente para satisfacer, con la urgencia que requiere la magnitud de la crisis, las necesidades cada vez más crecientes creadas por ésta en los países en desarrollo, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que cumplan sus compromisos internacionales y continúen contribuyendo al logro de los ODM; pide a la Comisión que presente con urgencia nuevas propuestas para unos mecanismos de financiación innovadores;

25.  Hace hincapié en la necesidad de que exista una mayor coherencia entre las políticas comercial, presupuestaria, de cambio climático y de desarrollo de la UE;

26.  Recomienda, por tanto, que los acuerdos de asociación económica (AAE) se utilicen como un medio para responder a las necesidades de desarrollo al ofrecer a los países ACP una ventaja comercial y fomentar el logro de los ODM y permitir al mismo tiempo a los países ACP excluir de las negociaciones productos y sectores sensibles, tales como las inversiones y los servicios;

27.  Señala a este respecto que los AAE deben servir como medio para fomentar la integración regional y activar las economías de los países ACP, que han de cumplirse los compromisos de financiación;

28.  Hace hincapié en que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha de desempeñar un papel más activo y transparente como líder en el desarrollo de mecanismos de financiación innovadores;

29.  Insta a la Comisión a que asuma un papel dirigente en el rápido desarrollo de esos mecanismos, incluidos los microcréditos y los mesocréditos, en particular con el fin de ofrecer acceso a la financiación a grupos vulnerables como las mujeres y los agricultores;

30.  Insta a la UE a garantizar que se pongan en marcha los mecanismos reguladores mundiales que proceda para evitar que se produzca un empeoramiento de la crisis financiera;

31.  Pide a los Estados miembros que observen y cumplan sus compromisos de AOD;

32.  Hace hincapié en la importancia, en términos de desarrollo, de la coherencia política en sectores como la economía, el comercio, el medio ambiente y la agricultura con el fin de evitar que la crisis financiera y económica mundial tenga efectos más graves en los países en desarrollo;

33.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a las organizaciones de las Naciones Unidas, al FMI y al Banco Mundial, así como a aquellos Gobernadores del FMI y del Banco Mundial que procedan de los Estados miembros de la UE, y a los países del G-20.

(1) DO C 291 E de 30.11.2006, p. 118. (2) Estudio encargado por el departamento temático de la DG EXPO del Parlamento, que será publicado en breve.