El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán, en particular las relativas a los derechos humanos,

–  Vistas las declaraciones de la Presidencia de la UE, del Alto Representante para la PESC, de los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE, de los Jefes de Estado y de Gobierno del G8, del Consejo Europeo y del Presidente del Parlamento Europeo sobre la represión de las manifestaciones durante los desórdenes postelectorales en Irán en junio de 2009,

–  Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 23 de septiembre de 2009, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán,

–  Vista la declaración del Presidente del Parlamento Europeo, de 9 de octubre de 2009, en la que reiteraba el compromiso del Parlamento con la abolición global de la pena de muerte y denunciaba específicamente la pena capital por delitos juveniles y las inminentes ejecuciones en Irán,

–  Vista la declaración de la Presidencia de la UE, de 13 de octubre de 2009, sobre la ejecución de Behnoud Shojaee en Irán,

–  Vista la declaración de la Presidencia de la UE, de 20 de septiembre de 2009, en la que condenaba las repetidas negaciones, por parte del Presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, del Holocausto y del derecho del Estado de Israel a existir,

–  Vista la declaración de la Presidencia de la UE, de 18 de octubre de 2009, en la que condenaba el ataque suicida en la provincia iraní de Sistán-Baluchistán, en el que murieron al menos 42 personas,

–  Vistas las Resoluciones 62/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2007, y 63/168 de 18 de diciembre de 2008, sobre la moratoria del uso de la pena de muerte,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial así como la Convención sobre los Derechos del Niño, de los que la República Islámica de Irán forma parte,

–  Visto el artículo 122 de su Reglamento,

A.  Considerando que la situación general de los derechos humanos en Irán ha seguido deteriorándose especialmente desde las elecciones presidenciales de junio de 2009,

B.  Considerando que Irán es el país con el mayor número de ejecuciones después de China y que este número se ha multiplicado por cuatro desde que el Presidente Mahmoud Ahmedinejad llegó al poder en 2005 y que Irán tiene la triste distinción de ser el único país del mundo que todavía ejecuta a delincuentes juveniles; que al menos 140 niños delincuentes estaban en la galería de la muerte en Irán según informes de abogados defensores de los derechos humanos,

C.  Considerando que el 11 de octubre de 2009 Behnoud Shojaee fue ahorcado a pesar de los llamamientos nacionales e internacionales para salvar su vida, el tercer delincuente juvenil que ha sido ejecutado en la República Islámica de Irán desde el comienzo de 2009, tras Delara Darabi y Molla Gol Hassan, y que los delincuentes juveniles Safar Angoti y Abbas Hosseini corren riesgo inminente de ejecución,

D.  Considerando que la práctica de la tortura y malos tratos a los presos, el aislamiento, la detención clandestina, el trato cruel, inhumano, y degradante y la impunidad de los agentes estatales siguen siendo fenómenos generalizados,

E.  Considerando el aumento de la violencia de la represión contra opositores políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas, bloggers, profesores, intelectuales, académicos, homosexuales, mujeres, estudiantes, sindicalistas y miembros de minorías religiosas, étnicas y lingüísticas,

F.  Considerando que siete líderes de la fe Baha'i siguen encarcelados debido únicamente a sus creencias religiosas,

G.  Considerando que el 4 de agosto de 2009 el Presidente Mahmoud Ahmadinejad recibió el respaldo formal para un segundo mandato tras haber sido declarado vencedor de las elecciones del 12 de junio de 2009, mientras que sus rivales Mir-Hossein Mousavi y Mehdi Karrubi, así como numerosos observadores, acusaron a las autoridades de falsificación en gran escala de los resultados de las elecciones,

H.  Considerando que en las semanas y los meses siguientes decenas de miles de personas protestaron en las calles, donde unas 150 personas murieron y más de mil manifestantes fueron detenidos,

I.  Considerando que continúan los juicios masivos para, al parecer, 140 seguidores de la oposición, incluidos prominentes reformistas, y activistas acusados de delitos que van desde los desórdenes al espionaje a un intento de derribar a los gobernantes de Irán,

J.  Considerando que cuatro personas han sido condenadas a muerte en relación con las protestas a pesar de haber estado detenidas desde abril, mucho antes de las manifestaciones postelectorales,

K.  Considerando que, según informes de organizaciones de derechos humanos, docenas de periodistas, fotógrafos y bloggers han abandonado Irán o están intentando huir del país, miles de ellos han perdido su trabajo, numerosos periódicos han sido cerrados por las autoridades en las últimas semanas y 19 periodistas y cinco bloggers siguen supuestamente detenidos por las autoridades iraníes,

1.  Expresa serias dudas acerca de la exactitud de los resultados electorales que han llevado a la confirmación del Presidente Mahmoud Ahmedinejad para un segundo mandato a pesar de los claros signos de fraude electoral en gran escala y considera que la credibilidad del Presidente iraní está gravemente debilitada;

2.  Rinde homenaje al valor de todos los hombres y las mujeres iraníes que defienden sus libertades fundamentales y sus principios democráticos y expresan su deseo de vivir en una sociedad libre de represión y de intimidación; rinde especial homenaje a las mujeres iraníes, que desempeñaron un papel crucial en las manifestaciones postelectorales de junio, y en particular a Neda Agha Soltan, que se ha convertido en un símbolo de la violenta represión, y a Shadi Sadr, defensor de los derechos humanos, detenido el 15 de julio de 2009 por haber hablado públicamente acerca de las violaciones de los derechos humanos en las cárceles cometidas contra detenidos a raíz de las disputadas elecciones presidenciales iraníes;

3.  Condena el uso de la fuerza excesivo y en gran escala, las detenciones arbitrarias y la supuesta tortura en la represión de las protestas a raíz de las disputadas elecciones presidenciales iraníes; pide al Gobierno iraní que respete los derechos civiles y políticos fundamentales, en particular el derecho a la libertad de expresión y pide que todos los manifestantes pacíficos y todos los detenidos en el amplio contexto de los recientes desórdenes - ya sean estudiantes, académicos, activistas, periodistas o defensores de derechos humanos - sean puestos en libertad incondicionalmente;

4.  Pide a las autoridades iraníes que permitan el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja a todos los presos sin excepción y que permita a las organizaciones internacionales de derechos humanos hacer un seguimiento de la situación en el país;

5.  Insta a las autoridades iraníes a que supriman, de hecho y de derecho, todas las formas de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, velen por la correcta aplicación de la ley y pongan fin a la impunidad en caso de vulneración de los derechos humanos;

6.  Condena el ataque suicida que tuvo lugar en la provincia de Sistán-Baluchistán el 17 de octubre de 2009, en el que murieron o resultaron heridas docenas de personas; expresa su preocupación por el hecho de que este ataque suicida pueda estar relacionado con la represión de las minorías etnorreligiosas que viven en esta provincia; rechaza la utilización del terrorismo como método para resolver disputas políticas;

7.  Reitera su llamamiento a las autoridades iraníes para que se muestren a la altura de la obligación gubernamental de respetar a las minorías religiosas y liberen sin demora a los líderes baha'is Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rasaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm;

8.  Reitera su llamamiento a las autoridades iraníes para que procedan a la abolición total de la pena de muerte y que, mientras tanto, establezcan una moratoria para las ejecuciones tal como se pide en las Resoluciones de las Naciones Unidas 62/149 y 63/168;

9.  Condena firmemente las penas de muerte y las ejecuciones en irán, en particular las impuestas o ejecutadas contra delincuentes juveniles y en menores de edad y expresa su más firme protesta por la ejecución de Behnood Shojaee el 11 de octubre de 2009 en Irán; insta a las autoridades iraníes a que respeten las garantías jurídicas internacionalmente reconocidas aplicables a los menores, tales como el PIDCP y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y especialmente a que no ejecuten a Safar Angooti y a Abbas Hosseini;

10.  Recomienda que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mande a un Enviado Especial para hacer un seguimiento de la situación de los presos políticos y asegurar que las autoridades iraníes respetan las normas procesales internacionales y sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos;

11.  Lamenta la restricción sistemática de la libertad de información mediante el bloqueo de sitios de Internet, la prohibición de cubrir manifestaciones no autorizadas y la imposición de nuevas restricciones que exigen a los periodistas obtener un permiso antes de cubrir cualquier historia;

12.  Pide a las autoridades iraníes que pongan fin a la particular persecución de periodistas que trabajan para medios de comunicación internacionales y pide especialmente la liberación inmediata de Fariba Pajooh, una joven periodista iranocanadiense y una blogger famosa, detenida en su casa de Teherán el 24 de agosto de 2009;

13.  Condena el hecho de que al defensor de los derechos humanos Abdolfattah Solani se le negara, el 2 de octubre de 2009, el permiso de viajar de Teherán a Nuremberg (Alemania) para recibir el Premio de Derechos Humanos de esta ciudad;

14.  Pide a la Comisión que establezca una delegación de la UE en Teherán con el fin de fomentar y reforzar el diálogo con las autoridades y la sociedad civil en Irán y a intensificar la cooperación, en particular en materia de ayuda a los refugiados y de lucha contra el tráfico de estupefacientes;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Irán.