El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1),

–  Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas(2),

–  Visto el Reglamento del Consejo (CE, Euratom) n° 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(3),

–  Visto el Quinto informe dirigido a los Secretarios Generales de las instituciones sobre las tendencias de la rúbrica 5 de las perspectivas financieras, de mayo de 2009,

–  Visto el informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2008, junto con las respuestas de las instituciones(4),

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0036/2010),

A.  Considerando que, en esta fase del procedimiento anual, el Parlamento Europeo está a la espera de los estados de previsiones de las otras instituciones y de las propuestas de su propia Mesa para el presupuesto 2011,

B.  Considerando que es conveniente mantener durante todo el procedimiento presupuestario 2011, por tercer año, el proyecto piloto sobre una cooperación y unas relaciones reforzadas entre la Mesa y la Comisión de Presupuestos,

C.  Considerando que el límite máximo de la rúbrica 5 en 2011 asciende a 8 415 000 000 euros (lo que representa un aumento de 327 000 000 euros, es decir, del 4 % en comparación con 2010, incluido un 2 % de inflación),

D.  Considerando que el presupuesto del Parlamento para 2010 se eleva a 1 607 363 235 euros, lo que representa un 19,87 % de la rúbrica 5 antes de la revisión del Marco Financiero Plurianual 2007-2013 que redujo el límite máximo de la rúbrica 5 en 126 000 000 euros con el fin de contribuir a la financiación del Plan europeo de relanzamiento de la economía, lo que corresponde al 20,19 % de la rúbrica 5 después de esta revisión,

E.   considerando que es necesario tener en cuenta cómo ha evolucionado la participación de cada una de las instituciones en los gastos que dependen de la rúbrica 5, así como las múltiples razones por las que ha habido que proceder a modificaciones importantes, como la entrada en vigor de distintos Tratados, en virtud de los cuales ha aumentado el número de diputados y las misiones y competencias de las distintas instituciones, así como las ampliaciones de la Unión u otras decisiones que implican incrementos importantes de los gastos que era imposible prever en el momento de la adopción del marco financiero,

F.  Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tendrá, en distintos grados, repercusiones financieras para todas las instituciones, en distintos grados y con una amplitud global aún desconocida,

G.  Considerando que es esencial supervisar de cerca la situación de la rúbrica 5 durante la ejecución del presupuesto 2010 y en los preparativos de la aprobación del presupuesto 2011,

H.  Considerando que es necesario tener en cuenta más concretamente el impacto financiero en los regímenes de pensiones, de la evolución demográfica y de la jubilación, la contratación y otros ámbitos sujetos a disposiciones legales, así como la necesidad de asegurar la sostenibilidad a largo plazo,

Contexto general

1.  Destaca que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, y, en particular, la lectura única del procedimiento presupuestario por las dos ramas de la autoridad presupuestaria seguida de una reunión de conciliación, al término de la cual se adopta el presupuesto definitivo, requerirá, a lo largo del procedimiento presupuestario, una cooperación y un diálogo aún más estrechos entre todas las instituciones así como la presentación, a su debido tiempo, de estados de previsiones realistas;

2.  Destaca que las circunstancias en que se han aprobado los presupuestos 2010 y 2011 son excepcionales y problemáticas en la medida en que, por una parte, la correcta aplicación del Tratado de Lisboa es altamente prioritaria y constituye un reto desde el punto de vista financiero, mientras, por otra, siguen presentes las repercusiones de la crisis financiera en numerosos Estados miembros, lo que tiene como consecuencia un dilema político a escala de la UE; recuerda, en este contexto, que el presupuesto de la UE representa menos del 2,5 % del gasto público total de la UE; señala asimismo que la rúbrica 5 del presupuesto de la UE corresponde, en consecuencia, al 0,14 % del gasto público de toda la UE;

3.  Destaca la difícil situación que plantea el límite máximo de los gastos de la rúbrica 5 para 2011 y es consciente de que las instituciones podrán tener dificultades para conciliar la financiación de todas sus necesidades y la voluntad de mantener la disciplina presupuestaria y respetar las restricciones con el fin de ajustarse al marco financiero plurianual; señala que una serie de ámbitos administrativos se financian fuera de la rúbrica 5; pide que todo el gasto administrativo se incluya en dicha rúbrica y que se revise en consecuencia el tope máximo;

4.  Insiste, por lo tanto, en que se siga de cerca la evolución antes de que se adopten las decisiones finales; reitera su creencia en que es necesario fijar prioridades, entre las que deben figurar las actividades esenciales;

5.  Reitera su convicción de que la cooperación interinstitucional es indispensable para el intercambio de buenas prácticas y para el examen de todas las posibilidades de mejora de la eficacia y la eficiencia que permiten, cuando es posible y conveniente, localizar economías y distribuir mejor los recursos; considera que es también posible ahorrar aún más ampliando este concepto a otros ámbitos que aún no se han examinado desde esa perspectiva, en particular, el EMAS, las políticas de lucha contra las discriminaciones o el trabajo a domicilio; recomienda que se investiguen en mayor medida las posibilidades de explotación de programas informáticos libres, pero con garantías de seguridad suficientes, sujetos a criterios de viabilidad claramente definidos y teniendo en cuenta tanto los costes y beneficios directos como los indirectos; destaca que deben mantenerse los esfuerzos en los ámbitos que ya están en estudio, como la capacidad de traducción y de contratación (EPSO), sobre la base de necesidades reales o justificables;

6.  Reitera la necesidad de incrementar la cooperación interinstitucional en materia de política inmobiliaria; pide a las demás instituciones de la UE que también elaboren estrategias inmobiliarias a medio y largo plazo que incluyan los objetivos definidos en la presente Resolución; insiste en recibir a su debido tiempo la información necesaria para la toma de decisiones según el procedimiento establecido en el artículo 179 del Reglamento financiero, que «debería incluir evaluaciones de las necesidades y análisis generales de los costes y los beneficios para las distintas alternativas, indicando las opciones de alquiler o compra, así como información transparente relativa a las posibilidades alternativas de financiación, las consecuencias financieras a largo plazo y la compatibilidad con el MFP» (Anexo 2 de la Resolución del PE de 17 de diciembre de 2009 sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, modificado por el Consejo)(5); opina, en este contexto, que la cooperación con otras instituciones en aras de la armonización de dicha información, con el fin de permitir una comparación del espacio y de los costes inmobiliarios, se ha de considerar una cuestión clave; señala la necesidad de un informe específico y de posibles recomendaciones acerca de costes innecesariamente elevados de mantenimiento, restauración y adquisición;

7.  Destaca, por lo que se refiere a la adaptación de los salarios del personal y el recurso pendiente ante el Tribunal de Justicia, que los costes suplementarios para el conjunto de las instituciones podrían calcularse en aproximadamente 135 millones de euros (para el período que va de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2010) si el Tribunal se pronuncia a favor de la Comisión; observa que dicha sentencia se espera para 2010, pero que no es imposible que se retrase hasta 2011;

Parlamento Europeo

8.   hace hincapié en el reto fundamental de administrar una serie de incertidumbres, indicadas a continuación, vinculadas al presupuesto 2011, que dificulta extraordinariamente cualquier previsión y consignación presupuestaria precisa antes de las últimas etapas del procedimiento, y en que para entonces la situación será más clara; pide a sus órganos competentes y administración que pongan a disposición, a su debido tiempo, una serie de modelos básicos que permitan facilitar, mediante una mejor valoración de su impacto financiero, la aprobación de las decisiones políticas definitivas;

9.  Recuerda que la finalidad de la nota rectificativa que presentó la Mesa a la Comisión de Presupuestos en septiembre debe tener en cuenta necesidades no previstas en el momento de formular las estimaciones y hace hincapié en que no debe considerarse como una oportunidad para revisar estimaciones ya acordadas; espera que la Mesa incluya solicitudes realistas al presentar las estimaciones; está dispuesto a examinar las propuestas de la Mesa con un enfoque prudente y global, basado en las necesidades a fin de garantizar un funcionamiento correcto y eficiente de la institución;

10.  Subraya que la excelencia legislativa es una prioridad del Parlamento y destaca la necesidad de proporcionar a la institución los medios necesarios para alcanzarla;

11.  Hace hincapié en la necesidad de un sistema de gestión del conocimiento completamente integrado; recuerda la necesidad de organizar en la Comisión de Presupuestos una presentación de los numerosos sistemas y fuentes de información disponibles para los diputados y la necesidad de recibir la información solicitada acerca del estado actual del «sistema de gestión del conocimiento», tal como se acordó durante la concertación entre la Mesa y la Comisión de Presupuestos el 15 de septiembre de 2009; considera que debe facilitarse el acceso a un sistema de este tipo a través de Internet; destaca la necesidad de examinar cómo dicha información debe ponerse a disposición de los ciudadanos europeos;

12.  Agradecería un análisis del canal de televisión por Internet del Parlamento, Europarl TV; solicita, en concreto, información sobre sus índices de audiencia y sobre la distribución geográfica y por edades de los espectadores con el fin de valorar si se han logrado los objetivos de este instrumento en términos de divulgación y calidad y cantidad de la información transmitida;

13.  Considera que las medidas para garantizar el buen funcionamiento del Tratado de Lisboa son absolutamente prioritarias en el presupuesto 2011 y que, para ello, será necesario velar por la mejor gestión posible de los recursos disponibles a fin de que el ejercicio sea un éxito;

14.  Destaca, sin embargo, que conviene examinar la posibilidad de adoptar medidas complementarias a este respecto en el marco general del presupuesto y en el marco más amplio de las perspectivas financieras; opina que, para ello, sería útil analizar las participaciones respectivas de las distintas instituciones a lo largo del tiempo, así como la evolución global que haya podido justificar la modificación del reparto;

15.  Destaca que, desde 2006, ha tenido que incluir gastos no incluidos en su declaración autoimpuesta de 1988, como el Estatuto de los Diputados y el gasto directo e indirecto relacionado con su nuevo papel tras el Tratado de Lisboa; destaca la necesidad de un debate abierto y en profundidad sobre el actual límite autoimpuesto del 20 % que se aplica al nivel del presupuesto del Parlamento; considera que la Mesa y la Comisión de Presupuestos deben cooperar para revisar este límite antes de iniciar un diálogo interinstitucional sobre este asunto; Opina que, sobre la base de las referencias MFP originales negociadas en 2006 y en vigor desde 2007, su gasto se ha de establecer en torno al límite tradicional del 20 %, teniendo en cuenta las necesidades de las demás instituciones y el margen disponible;

16.  Considera que no se ponderará nunca lo suficiente el principio fundamental de que todos los diputados deben gozar del mismo acceso a un servicio global y de calidad que les permita trabajar y expresarse y recibir todos los documentos en sus lenguas maternas, para poder actuar en nombre de sus votantes de la mejor manera posible;

17.  Está a la espera de una respuesta de los órganos competentes sobre cómo el concepto de una política presupuestaria de base cero, que también distinga entre costes fijos y variables, podría aplicarse en el contexto del procedimiento presupuestario del PE; pide a la Mesa que presente estimaciones anuales de dichos costes fijos para los años correspondientes al MFP;

18.  Destaca que, en caso de sentencia favorable a la Comisión, el efecto para el Parlamento de una adaptación de los salarios se calcula en aproximadamente 14 millones de euros; no está en condiciones de indicar, en esta fase, si este impacto se referirá al ejercicio 2010 o al 2011;

19.  Pide una evaluación del uso de las dietas de secretariado y del coste total del incremento, actualmente pendiente de aprobación por las dos ramas de la autoridad presupuestaria, antes de considerar cualquier posible incremento en el futuro; recuerda que es necesario evaluar siempre el impacto financiero global de la introducción de nuevas medidas, por ejemplo en las decisiones relativas a regímenes para funcionarios y asistentes para 2010 y 2011; destaca más concretamente que si debieran ser reclutados en Bruselas algunos asistentes suplementarios, esta decisión tendría un impacto en la disponibilidad de espacios de oficinas, en el mantenimiento y la seguridad de los edificios, en los equipos informáticos, en los recursos humanos que se ocupan de tareas administrativas y en las instalaciones en general; considera esencial la presentación en marzo de la estrategia inmobiliaria a medio plazo para sus tres lugares de trabajo; insiste en la necesidad de una planificación a largo plazo de su política inmobiliaria, con miras a garantizar la sostenibilidad presupuestaria;

20.  Pide que se desarrolle una estrategia inmobiliaria a largo plazo que tenga en cuenta los objetivos siguientes: la elaboración de directrices para la planificación y el desarrollo de edificios; una utilización eficiente del espacio de oficinas y de las superficies disponibles; una valoración precisa de las necesidades y la creación de las correctas condiciones de trabajo para el personal y los diputados del Parlamento Europeo; una concepción eficaz de la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de edificios (para que no vuelvan a producirse incidentes como el de 2008 en el Parlamento Europeo en Estrasburgo ni problemas con el amianto); una revisión rigurosa de la cuestión de la responsabilidad y de la determinación de responsabilidades en caso de producirse daños que sean responsabilidad de terceros, además del cumplimiento estricto y transparente de los procedimientos de contratación pública; pide, además, que la estrategia inmobiliaria a medio y largo plazo se base en la sostenibilidad y tenga en cuenta aspectos como el impacto ambiental, la eficiencia energética y la salud; pide que los aspectos de movilidad, en especial lo relativo a la accesibilidad para las personas con discapacidades motrices y sensoriales, también sean considerados en los objetivos; reitera que la Comisión de Presupuestos concede prioridad a la adquisición de edificios frente a contratos caros de alquiler o leasing;

21.  Recuerda que la Mesa, en su proyecto de estimaciones para el presupuesto rectificativo 1/2010, propuso 70 empleados adicionales para la secretaría de la comisión; destaca que este personal estará dividido en tres grupos según la mayor carga de trabajo prevista para su actividad legislativa después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; considera que el desglose debería estar sujeto a una evaluación intermedia antes de julio de 2011 con el fin de aclarar si los servicios que se han beneficiado de un incremento del personal se han visto realmente afectados por el aumento previsto en la carga de trabajo;

22.  Hace hincapié en que las fichas financieras y los análisis del mismo tipo son de la máxima importancia para las decisiones adoptadas por el Parlamento; insiste en que estos análisis deben ser sistemáticos e indicar los costes recurrentes y los de una sola vez directamente derivados de las medidas concretas, así como su posible impacto financiero sobre otras partidas de gastos;

23.  Considera que el seguimiento y el análisis son importantes para una serie de frentes con unos vínculos presupuestarios evidentes, como por ejemplo la reestructuración de las Direcciones Generales, la continuación de una política de personal más eficaz y profesional, una política inmobiliaria eficiente tanto en términos de costes como de energía, también en relación con los alquileres, las acciones de lucha contra las discriminaciones, EMAS, los contratos públicos o las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones de aprobación de la gestión presupuestaria; insiste en la necesidad general de garantizar de forma permanente un seguimiento y análisis de la ejecución del presupuesto del Parlamento; recuerda en este sentido la información negativa difundida a raíz de los subsidios concedidos a familiares de trabajadores del Parlamento y pide que tales medidas extraordinarias sean objeto de una valoración previa por parte de la Secretaría General y sean puestas en conocimiento de la comisión responsable;

24.  Toma nota de la auditoría efectuada para la DG INLO y de la reestructuración resultante de esta dirección general; opina que los resultados de esta auditoría pueden servir de base para futuros pasos, como las auditorías periódicas y sistemáticas efectuadas por órganos certificados nacionales para controlar la metodología de la política de mantenimiento y de garantía de la seguridad de las personas y de los equipos en los edificios;

25.  Subraya la necesidad de recibir una ficha de financiación completa acerca de la Casa de la Historia Europea una vez concluido el concurso de arquitectos, ya que, de lo contrario, no será posible una evaluación en profundidad de los costes a largo plazo en términos de estrategia inmobiliaria y de presupuesto del Parlamento;

26.  Destaca que es indispensable realizar los preparativos necesarios para la recepción de observadores croatas con vistas a la posible ampliación de la Unión Europea;

Otras instituciones

27.  Pide que se presenten, a su debido tiempo, solicitudes presupuestarias realistas y fundadas en los costes, que tengan debidamente en cuenta la necesidad de administrar lo mejor posible unos recursos limitados; expresa el deseo de disponer de un análisis de la incidencia que pueda tener el Tratado de Lisboa sobre el presupuesto de cada una de las instituciones en 2010/2011 y de las razones que justifiquen, si procede, cualesquiera solicitudes de posibles recursos adicionales;

28.  Considera que podría resultar aconsejable pedir información, a efectos comparativos, sobre los distintos regímenes de remuneración, indemnizaciones y gastos de viaje de las demás instituciones; señala que la transparencia y la responsabilidad democrática son evidentemente de importancia esencial;

29.  Expresa el deseo de efectuar un seguimiento de la prioridad del ejercicio pasado en relación con una mejor distribución de los medios disponibles entre todas las instituciones, en particular, mediante la aprobación de medidas concretas en el ámbito de la traducción, y considera que los servicios de interpretación podrían también ser de nuevo objeto de un análisis similar;

30.  Pide a su ponente para el ejercicio 2010 que realice visitas individuales al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, a fin de escucharles antes de la fase del estado de estimaciones e informar a la Comisión de Presupuestos;

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31.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos.

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. (2) DO L 163 de 23.6.2007, p. 17. (3) DO L 248 de 16.9.2002, p.1. (4) DO C 269 de 10.11.09, p. 1. (5) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0115.