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Procedimiento : 2009/2105(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0029/2010

Textos presentados :

A7-0029/2010

Debates :

PV 24/03/2010 - 18
CRE 24/03/2010 - 18

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PV 25/03/2010 - 8.2
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Textos aprobados :

P7_TA(2010)0088

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Jueves 25 de marzo de 2010 - Bruselas
Política de calidad de los productos agrícolas: Estrategia a seguir
P7_TA(2010)0088A7-0029/2010

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2010, sobre la política de calidad de los productos agrícolas: ¿qué estrategia seguir? (2009/2105(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de mayo de 2009, sobre la política de calidad de los productos agrícolas (COM(2009)0234),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad (COM (2008)0641),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la garantía de los productos alimentarios: armonización o reconocimiento mutuo de normas(1),

–  Vista su Resolución, de 9 de octubre de 1998, sobre una política de calidad para los productos agrarios y agroalimentarios(2),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de octubre de 2008 sobre sistemas de certificación de la calidad de los alimentos,

–  Visto el «chequeo» de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor (COM(2008)0040),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0029/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea aplica a los productos alimentarios las normas de calidad más elevadas del mundo, que estas normas son las que exigen los consumidores europeos y que constituyen un medio para maximizar el valor añadido,

B.  Considerando que al ayudar a las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas cuyos niveles de producción y consumo respetan las exigencias locales se apoyan métodos agrícolas tradicionales y empíricos y se garantiza que estos se apliquen con arreglo a los niveles más elevados de calidad y seguridad,

C.  Considerando que los productos europeos de calidad representan un patrimonio cultural y gastronómico «vivo» de la Unión y que constituyen un ingrediente importante de la vida económica y social de muchas regiones de Europa, puesto que permiten actividades caracterizadas por su estrecha vinculación regional, sobre todo en zonas rurales,

D.  Considerando que la política actual de las cadenas de distribución influye en las posibilidades con que cuentan los pequeños productores para llegar al público en general,

E.  Considerando que los consumidores tienen un enorme interés no solo en la seguridad de los alimentos, sino también en el origen y en los métodos de producción de los productos alimentarios; considerando que la Unión Europea ya ha respondido a esta tendencia introduciendo cuatro sistemas de certificación de calidad y origen de los alimentos, como las denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones geográficas protegidas (IGP), las especialidades tradicionales garantizadas (ETG) y la agricultura ecológica,

F.  Considerando que los consumidores asocian estos sistemas de certificación a la garantía de una calidad superior,

G.  Considerando que las nuevas tecnologías pueden utilizarse para proporcionar información detallada sobre la procedencia y las características de los distintos productos agrícolas y alimentarios,

Observaciones generales

1.  Acoge con agrado la Comunicación de la Comisión, que recoge varias de las recomendaciones del Parlamento y completa el proceso de reflexión iniciado con el Libro Verde sobre la política de calidad de los productos agrícolas; expresa el deseo de ver aplicadas lo antes posible las medidas propuestas por el Parlamento en la presente resolución, con miras a la puesta en práctica de las recomendaciones hechas por agricultores y productores durante el proceso de consulta y a la evaluación de la conveniencia, necesidad y proporcionalidad del marco reglamentario propuesto, teniendo en cuenta los efectos de la crisis económica y la necesidad de no generar costes y cargas adicionales para los productores;

2.  Lamenta que la comunicación de la Comisión, en aras de una simplificación que podría resultar contraproducente, sólo tenga en cuenta parcialmente las necesidades formuladas por los sectores afectados a raíz de la publicación del Libro Verde;

3.  Hace hincapié en que la calidad es un aspecto clave de la cadena alimentaria y un activo esencial para apoyar la competitividad de los productores europeos de productos agroalimentarios; considera que la calidad puede constituir el fundamento de importantes ventajas comerciales para los productores europeos y contribuir indirectamente al desarrollo rural;

4.  Considera que la política de calidad de la UE puede aumentar la competitividad y la creación de valor añadido en las economías de las regiones de Europa; considera asimismo que la producción agrícola y agroalimentaria de calidad significa a menudo la única oportunidad que se ofrece a muchas zonas rurales con alternativas de producción limitadas; considera, en este sentido, que la calidad es un motor de la diversidad de producción y contribuye a la especialización de la mano de obra de que se trata;

5.  Pide que se refuerce la Política de Calidad de la Unión Europea, ya que representa un importante incentivo para que los productores europeos mejoren sus esfuerzos en materia de calidad, seguridad alimentaria y respeto del medio ambiente; considera que esta política puede contribuir a mejorar sustancialmente el valor añadido de las producciones agroalimentarias de la Unión en un mercado cada vez más globalizado;

6.  Confía en que la política de calidad servirá para impulsar importantes líneas de desarrollo en la agricultura europea, dado que los productos de calidad generan un elevado volumen de negocio, con unas indicaciones geográficas que, por sí solas, ya significan una cifra superior a los 14 000 millones de euros;

7.  La introducción de diferentes niveles de protección de las denominaciones de calidad europeas podría entrañar situaciones injustas, sobre todo si para ello se tienen en cuenta predominantemente criterios económicos; considera, por lo tanto, que todas las indicaciones geográficas deben disfrutar del mismo grado de reconocimiento;

8.  Considera que en un mercado cada vez más abierto resulta indispensable que la UE defienda en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el principio de que los productos de calidad deben estar protegidos eficazmente gracias al régimen de defensa de la propiedad intelectual;

9.  Hace hincapié en que, en las negociaciones de la OMC, la Comisión debe intentar alcanzar un acuerdo sobre las «preocupaciones no comerciales» que asegure que, en los ámbitos de la seguridad alimentaria, el bienestar de los animales y la protección del medio ambiente, los productos agrícolas importados satisfacen los mismos requisitos comunitarios impuestos a los productos agrícolas producidos en la UE;

10.  Opina que la nueva política de la UE en el ámbito de la calidad debería «abrirse» más a los productos originarios de los nuevos Estados miembros, que hasta hace solo unos años no han tenido opción de participar en el sistema de registro de indicaciones geográficas; considera que los requisitos que deben cumplirse para registrar un producto deben ser transparentes y comprensibles no solo para los solicitantes (esto es, los productores), sino también para los consumidores;

11.  Considera necesario un control más estrecho y una mayor coordinación entre la Comisión y los Estados miembros para asegurar que los productos alimenticios importados cumplen con las normas europeas de calidad y seguridad alimentaria, así como con las medioambientales y las sociales;

12.  Recalca la necesidad de normas de calidad que garanticen una comunicación efectiva con los consumidores sobre cómo se han producido los productos y que ofrezcan incentivos para mejorar estas normas, contribuyendo de este modo a la consecución de objetivos más amplios de la política de la UE;

13.  Considera que la política europea de calidad debe estar estrechamente vinculada a la reforma de la Política Agrícola Común después de 2013; opina que, en el marco de esta política, el papel de la Unión Europea debería consistir en ofrecer apoyo financiero para lograr una producción agroalimentaria de alta calidad; considera que este apoyo debería materializarse en el desarrollo, la diversificación y el incremento de la accesibilidad del segundo pilar de la PAC, especialmente por lo que se refiere a la modernización de las explotaciones agrícolas y a la creación y desarrollo de microempresas en el medio rural; destaca que el apoyo financiero para mejorar la calidad de la producción constituye una oportunidad para la orientación al mercado de las explotaciones de semisubsistencia; considera que debe prestarse más apoyo a las organizaciones de productores a fin de evitar desventajas para los pequeños productores;

14.  Destaca que la diversidad debe seguir siendo la riqueza de Europa y que todos los productos de calidad que respondan a los criterios definidos por la UE deberían ser reconocidos y defendidos; estima que es necesario que a partir de 2013 la PAC apoye la política de calidad y, en especial, los esfuerzos de los productores en pos de métodos de producción más respetuosos con el medio ambiente; recalca que las regiones son copartícipes en la PAC y que cofinancian y gestionan el desarrollo rural; añade que, por su proximidad geográfica, las regiones colaboran con los productores y, en especial, con los productores de productos tradicionales y productos ecológicos; considera que se debería asociar a las regiones al procedimiento de reconocimiento y de promoción de los productos que llevan indicación de origen, los productos tradicionales y los productos ecológicos;

Requisitos de producción y normas de comercialización de la UE

15.  Subraya la necesidad de que se reconozcan oficialmente los esfuerzos hechos por los productores europeos para satisfacer los requisitos de producción de la UE en lo relativo a normas de calidad, protección del medio ambiente, bienestar animal y salud pública;

16.  Pide a la Comisión, en este sentido, que estudie las distintas opciones disponibles para dar a los productores europeos la posibilidad de expresar en sus productos su compromiso con la calidad, la seguridad alimentaria y el respeto de todas las normas europeas de producción, por ejemplo mediante un logotipo de calidad de la Unión Europea que debería ofrecerse exclusivamente a los productos agrícolas obtenidos y elaborados íntegramente en la UE y que, puesto que este logotipo certifica el cumplimiento de la normativa sujeta a control oficial, en ningún caso deberá suponer un coste adicional para los operadores, ni tampoco una carga económica o administrativa para los Estados miembros que ejercen el control;

17.  Considera que los productos agrícolas de la Unión Europea cumplen de por sí una norma de calidad, ya que se elaboran conforme a las disposiciones legislativas de la UE en materia de calidad de los productos, producción sostenible y criterios medioambientales y sanitarios (condicionalidad); opina, además, que el cultivo de productos agrícolas preserva los paisajes culturales de Europa; sostiene que, dados dichos requisitos, debería ser posible disponer de una etiqueta de calidad con la mención «cultivado [producido, hecho] en Europa»;

18.  Considera que las normas de comercialización sectoriales desempeñan un importante papel en la cadena de producción y que, por lo tanto, deben mantenerse; considera que dichas normas hacen transparentes los cambios que se producen en el mercado y permiten a los compradores comparar precios, medidas y calidades de los productos, garantizando un marco equitativo de condiciones de competencia en Europa;

19.  Apoya la introducción de otras menciones reservadas facultativas, en particular para fijar una definición clara y el buen uso de los términos «producto de montaña», «producto insular», «producto local» y «producto de baja emisión de carbono», así coma la adopción de directrices comunitarias para su empleo; se declara, además, favorable a la armonización a escala comunitaria del término «montaña», que en la actualidad sólo está regulado en unos pocos Estados miembros; pide a la Comisión que realice un estudio sobre la posibilidad de desarrollar el etiquetado relativo a la «huella de carbono» en dirección de una medida más amplia de la «huella ecológica», ya que las etiquetas o menciones que sólo se refieren a los niveles de carbono olvidan otros aspectos medioambientales cruciales, como el impacto en los recursos hídricos y la biodiversidad;

20.  Considera necesario fomentar el etiquetado voluntario de otros sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente y con los animales, como es el caso de la «producción integrada», «el pastoreo» y la «agricultura de montaña»;

21.  Considera necesario preservar los productos de las zonas de montaña así como los productos de zonas donde no se emplean OMG; solicita, por tanto, a la Comisión que haga lo posible por garantizar una protección adecuada de los productos de esas regiones;

22.  Pide a la Comisión que inicie un proceso de reflexión sobre la posibilidad de introducir indicadores de calidad relacionados con las condiciones sociales de producción, como, por ejemplo, los ingresos de los productores y las relaciones contractuales entre productores, procesadores y comerciantes;

23.  Considera conveniente que se indique el país de origen de los productos agrícolas frescos y, en el caso de los productos transformados compuestos por un solo ingrediente, el lugar de procedencia de la materia prima agrícola utilizada en el producto acabado, con el objetivo de garantizar una mayor transparencia y la trazabilidad necesaria para que los consumidores puedan hacer sus compras con conocimiento de causa;

24.  Recuerda que la indicación del lugar de cultivo ya se ha implantado con éxito en países como Australia y los Estados Unidos y que ya es obligatoria en la Unión Europea para determinados productos agrícolas;

25.  Señala que la indicación de informaciones complementarias y específicas tiene carácter voluntario y que la cantidad total de información no debe ser excesiva; considera que la marca de calidad de la UE debe seguir siendo inequívoca y prioritaria;

26.  Opina que deben contemplarse asimismo métodos alternativos de provisión de información, como la información a través de Internet o de códigos de barras en el recibo;

27.  Pide a la Comisión que realice un exhaustivo estudio técnico y económico para garantizar que la nueva legislación no imponga costes excesivos al sector de la transformación alimentaria, en particular a los pequeños y medianos productores; dicho estudio debe abarcar la viabilidad de establecer el etiquetado obligatorio sobre el lugar de producción para los productos transformados que contengan «ingredientes significativos» (es decir, el ingrediente de un alimento que represente más del 50 % del peso en seco del mismo) o «ingredientes característicos» (es decir, el ingrediente de un alimento que el consumidor asocia generalmente con su denominación), como se define en el artículo 2 de la propuesta de Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor;

28.  Solicita que la simplificación de normas y el fortalecimiento de la credibilidad del logotipo de calidad de la UE complementen los certificados y designaciones de origen nacional, regional o local que ya existen en los Estados miembros;

29.  Pide a la Comisión que sea coherente en sus propuestas de política de calidad de los productos agrícolas relativas a la indicación del país de origen por lo que se refiere a su propuesta de Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor; considera que la política relativa a la calidad de los productos agrícolas debe puesta en práctica teniendo en cuenta los costes de una nueva política, así como las especificidades de sectores particulares, como el sector de los productos agrícolas transformados;

Indicaciones geográficas y especialidades tradicionales

30.  Considera que el sistema de protección de indicaciones geográficas y de denominaciones de origen constituye uno de los instrumentos de la PAC llamados a incentivar el desarrollo de las regiones rurales, contribuir a la protección del patrimonio cultural regional y coadyuvar a la diversificación del empleo en los territorios rurales;

31.  Considera que las indicaciones geográficas tienen una importancia considerable para la agricultura europea; considera que los tres sistemas de registro de indicaciones geográficas (vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios) deben mantenerse en su estado actual;

32.  Cree que debería mantenerse el actual sistema de la UE de protección de productos con indicación geográfica y que debería otorgarse protección a todas las indicaciones geográficas a escala de la UE. considera asimismo que no deberían establecerse sistemas de protección paralelos de carácter nacional o regional, ya que podrían conducir a niveles de protección diferentes; considera que no es necesario crear nuevos sistemas de certificación de alimentos a escala comunitaria, ya que redundarían en detrimento de los sistemas existentes y desorientarían al consumidor;

33.  Considera que también deben mantenerse en el futuro los dos instrumentos actuales (la DOP, denominación de origen protegida, y la IGP, indicación geográfica protegida), dado su alto grado de popularidad y su éxito; considera que debe establecerse una distinción más clara para el consumidor entre DOP e IGP y que ello puede hacerse con una acción de información general y promoción con apoyo financiero comunitario tanto en el mercado interior como en los terceros países, mediante el incremento del porcentaje de cofinanciación europea, entre otros recursos;

34.  Considera que las vigentes normas de la UE en materia de indicaciones geográficas deben completarse para que sea plenamente reconocida y fortalecida la función de las organizaciones designadas o reconocidas por los Estados miembros para gestionar, proteger o promover el derecho de propiedad intelectual conferido por el registro de una indicación geográfica;

35.  Considera que la experiencia de los productores ha mostrado que la gestión de la calidad de los productos mediante los pliegos de condiciones para DOP e IGP y la efectividad de la protección frente a las usurpaciones no son suficientes para el desarrollo continuado de indicaciones geográficas; cree que debería modificarse la legislación de la UE, de modo que los Estados miembros puedan reconocer y dar mayor relieve al papel que corresponde a las organizaciones por ellos designadas o reconocidas para la gestión, protección o promoción de las indicaciones geográficas y de los derechos de propiedad intelectual de las mismas, y puedan autorizar a dichas organizaciones a adaptar el potencial de producción a las exigencias del mercado con arreglo a principios equitativos y no discriminatorios;

36.  Propone que se refuerce la función de los consorcios responsables de indicaciones geográficas(3), con miras a definir la legislación tanto en materia de gestión de los volúmenes como en materia de uso de indicaciones geográficas en los productos elaborados; considera que los consorcios deberían poder intervenir en la coordinación de los agentes económicos para lograr el mayor grado de adecuación entre las cantidades producidas y comercializadas y las cantidades que pueden ser absorbidas por los mercados, así como las acciones de promoción dirigidas a agricultores y ganaderos; estima que de este modo se garantizaría mejor la supervivencia de los diferentes eslabones en la producción, transformación y distribución, dado que esta supervivencia es esencial para mantener la vida de las zonas rurales; añade que el control de la cantidad es una de las exigencias del control de la calidad; cree que debe precisarse la definición de la función de los consorcios en la normativa comunitaria; considera que podrían recopilarse las prácticas y experiencias observadas en los diferentes países de la UE y usarse para definir los derechos y los deberes de los consorcios;

37.  Considera que no deben añadirse otros criterios al proceso de registro para ninguno de estos instrumentos, sino que el objetivo debe ser la simplificación; observa que los vigentes procedimientos de registro de DOP y IGP son largos y complejos; insta a la Comisión a buscar soluciones para acelerar estos procesos;

38.  Destaca la necesidad de agilizar la tramitación de las solicitudes de registro, pero no apoya la idea de abreviar el proceso de estudio de las mismas mediante rechazos arbitrarios de solicitudes que la Comisión ya considere incompletas al inicio del procedimiento; lamenta que en muchas ocasiones los criterios de la Comisión se articular con excesiva precipitación o sean inadecuados al caso, por un conocimiento deficiente de las especificidades de los productos o de la naturaleza de los mercados locales;

39.  Pide a la Comisión que realice un estudio sobre la información apropiada (etiquetado y por todos los otros medios disponibles) exigida para los productos DOP e IGP comercializados bajo la marca particular de un distribuidor; pide que se establezca la obligación de facilitar el nombre del productor de los productos con DOP e IGP cuando el producto se comercialice bajo la marca particular de un distribuidor;

40.  Considera que, cuando un producto protegido por una indicación geográfica sea usado como ingrediente, el organismo responsable de dicha indicación o la autoridad competente han de poder establecer normas sobre el uso de su nombre en las denominaciones de venta de los productos transformados, y deben estar facultadas para realizar controles específicos destinados a comprobar que no han resultado alteradas las características, la imagen o la reputación del producto con indicación geográfica; estima que la Comisión debe establecer directrices claras relativas al uso, en el etiquetado de los productos transformados, del nombre de los productos con indicación de origen empleados como ingredientes, con el fin de evitar todo error del consumidor;

41.  Aboga por el establecimiento de disposiciones comunitarias que permitan a los organismos de gestión de indicaciones geográficas dictar normas sobre el envasado de sus productos para evitar la degradación de su elevada calidad;

42.  Se opone a la idea de que las indicaciones geográficas puedan ser sustituidas por marcas comerciales, ya que se trata de instrumentos legales fundamentalmente distintos; insiste en la necesidad de explicar mejor las diferencias existentes entre las marcas comerciales y las indicaciones geográficas; pide la aplicación efectiva de las vigentes normas de la UE que establecen la imposibilidad de que agentes económicos que no representen a la organización responsable de una DOP o una IGP registren marcas que incluyan o se refieran a ellas;

43.  Pide que se ofrezca a las indicaciones geográficas, de oficio, como obligación de las autoridades de todos los Estados miembros, una protección segura; desea que con esta finalidad precisa se revise el Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios(4), y se establezca una mejor definición de los procedimientos de control aplicables en todas las fases, tanto antes como después, de la puesta de los productos en el mercado;

44.  Considera que debe mantenerse el instrumento de las especialidades tradicionales garantizadas (ETG), aunque las normas de registro correspondientes deben seguir simplificándose; pide a la Comisión, a este respecto, que revise el instrumento ETG, estudie las posibilidades de acelerar el procedimiento de solicitud y explore las posibilidades de ofrecer mejor protección a los productos mediante este mecanismo, así como cualquier otro medio que pueda aumentar el atractivo de este mecanismo para los productores; recuerda que el ETG es un instrumento relativamente nuevo, lo que explica que se desarrolle con lentitud; considera que debe informarse mejor a los productores acerca de este instrumento y debe permitirse que se convierta en un instrumento bien conocido de fomento de la calidad en Europa;

45.  Considera que, para evitar la desaparición de los conocimientos relativos a la alimentación tradicional y las recetas ancestrales, la Comisión debería estudiar la posibilidad de crear una base de datos europea sobre recetas tradicionales y modos de ancestrales de elaboración;

46.  Apoya el establecimiento de instrumentos que permitan la valorización y la promoción colectivas de pequeñas producciones tradicionales, locales y artesanales muy ligadas a una zona y que se asocian a un nombre geográfico, para las cuales los procedimientos de obtención de una DOP o una IGP son demasiado complejos y costosos;

47.  Recuerda que algunas indicaciones geográficas son objeto de usurpación sistemática en terceros países; señala que esto perjudica a la reputación y a la imagen de los productos con indicación geográfica e induce a error a los consumidores; destaca que obtener protección para una indicación geográfica en un tercer país es un procedimiento largo y difícil para los productores, ya que cada tercer país puede haber establecido su propio sistema de protección; insta a la Comisión Europea a que preste ayuda técnica y económica a las organizaciones responsables de indicaciones geográficas para contribuir a la solución de los problemas de usurpación;

48.  Pide que se ofrezca mayor protección a las indicaciones geográficas

   en la OMC, mediante la extensión de la protección del artículo 23 del Acuerdo ADPIC a todas las indicaciones geográficas y el establecimiento de un registro multilateral de las indicaciones geográficas que sea jurídicamente vinculante;
   en los terceros países, mediante la negociación de acuerdos bilaterales, en especial con los países económicamente significativos;
   apoya la intención de la Comisión de incluir las indicaciones geográficas en el ámbito de aplicación del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación y en el ámbito de actividad del futuro Observatorio europeo de la falsificación y la piratería;
   considera que, antes de iniciar negociaciones comerciales y durante el proceso de negociación, la Comisión debería cooperar más estrechamente con los representantes de los productores que emplean indicaciones geográficas;
   opina que habrá que conseguir avances sustanciales en el ámbito de las indicaciones geográficas como condición necesaria para alcanzar un acuerdo equilibrado en las negociaciones agrícolas en el marco de la OMC;

49.  Cree que deben intensificarse las acciones de información y promoción relativas a la protección sui generis de las indicaciones geográficas; pide a la Comisión que siga promoviendo el concepto de las indicaciones geográficas en terceros países, en especial reforzando las misiones de asistencia técnica en colaboración con los productores europeos que emplean indicaciones geográficas o sus organizaciones representativas;

Producción integrada

50.  Considera necesario fomentar sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente y con la racionalización de los inputs, como es el caso de la «producción integrada»;

51.  Señala que la creación de una normativa a nivel europeo de producción integrada concedería mayor visibilidad a los esfuerzos que realizan los agricultores y ganaderos europeos en materia de seguridad alimentaria, medio ambiente y bienestar del ganado frente a las importaciones de terceros países; aboga por que se emprenda al mismo tiempo una campaña de promoción y marketing de la producción integrada europea;

52.  Apoya el fomento de los sistemas de producción de alimentos de calidad bajo criterios de sostenibilidad, como es el caso de la producción integrada; pide una reglamentación comunitaria en la materia, para unificar los criterios existentes en los distintos Estados miembros, acompañada de una adecuada campaña de promoción que informe al consumidor de los aspectos más relevantes de la producción integrada europea;

Agricultura ecológica

53.  Reitera su convencimiento de que la agricultura ecológica y la producción integrada ofrecen beneficios para la salud de los consumidores, además de la garantía de que el método de producción que suponen evita el perjuicio medioambiental resultante del uso de fertilizantes y ofrece asimismo a los agricultores europeos mayores oportunidades de crecimiento, aunque no sean en sí mismas la solución de los futuros problemas de suministro de alimentos a escala mundial; aprueba los recientes esfuerzos por desarrollar un nuevo logotipo ecológico de la UE aplicable a todos los productos cultivados en la UE;

54.  Considera necesaria la existencia de un verdadero mercado único de productos ecológicos para el que la introducción del logotipo comunitario obligatorio supone una importante contribución; en este sentido, manifiesta su apoyo al marco establecido por el Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 2092/911(5), y espera que, a pesar de su reciente entrada en vigor, desarrolle lo antes posible todo su potencial normativo;

55.  Subraya que tanto los Estados miembros como la Unión Europea tienen el deber de promover los productos de calidad y de trabajar para su protección a escala internacional; considera, en este contexto, que es necesario aplicar un control más estricto para los productos ecológicos que proceden de terceros países, como garantía de una competencia leal entre los productos ecológicos europeos y los de terceros países;

56.  Considera que la aparición de productos no ecológicos etiquetados de forma que induce a creer que son productos de la agricultura ecológica obstaculiza el desarrollo de un mercado único comunitario de productos ecológicos; en este sentido, manifiesta su preocupación ante los intentos de extender la aplicación de la etiqueta ecológica a productos que no están en conformidad con los principios de la agricultura ecológica;

57.  Considera preocupante la multiplicación de etiquetas ecológicas privadas en los productos no alimentarios, sector en fuerte expansión que no está cubierto por el Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 2092/91; solicita a la Comisión que evalúe la conveniencia de ampliar la aplicación de la normativa a este sector;

58.  Se reafirma en que para mejorar el funcionamiento del mercado interior de productos ecológicos será preciso:

   velar por que los productos ecológicos procedentes de terceros países satisfagan los mismos requisitos que los productos ecológicos de la Unión Europea, y reforzar los controles al respecto;
   mencionar el país de origen en los productos ecológicos, tanto frescos como transformados, importados de países terceros, independientemente del uso del logo de la Comunidad para productos ecológicos;
   aumentar la fiabilidad del logo europeo mediante programas de promoción de los productos ecológicos;
   diferenciar la etiqueta de los productos no agrícolas donde se menciona un método de producción ecológico de la etiqueta de los productos agrícolas ecológicos;

59.  Acoge con satisfacción la creación, al nivel de los Estados miembros, de oficinas de los productos tradicionales y ecológicos; considera necesario que todos los Estados miembros dispongan de entidades, públicas o privadas, reconocidas por productores y consumidores, encargadas de la promoción y la supervisión de la producción local ecológica y de calidad;

60.  Insta a la Comisión a que indique el modo en que tiene intención de promover el comercio a nivel local de productos agrícolas respetuosos del medio ambiente;

Sistemas de certificación privados

61.  Señala que, en la actualidad, los sistemas de certificación privados no aportan mayor información relativa a la calidad de los productos, sino que se convierten, en muchos casos, en una carga económica y administrativa para el acceso del agricultor al mercado;

62.  Pide que se cataloguen todos los sistemas privados de certificación de calidad que deben aplicar los productores europeos, además de las disposiciones de calidad de la legislación comunitaria que ya deben cumplir; apoya la creación de un marco legislativo comunitario de principios básicos, con el fin de que estos sistemas privados de certificación funcionen de forma transparente;

63.  Apoya la iniciativa de la Comisión de elaborar unas directrices de buenas prácticas para el funcionamiento de todos los sistemas que guarden relación con la calidad de los productos agrícolas; considera que estas directrices deben ser seguidas por los operadores y contener una serie de conceptos para ayudar al sector productor a fomentar el valor añadido de sus producciones, el reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación y la participación del sector productor en la elaboración de los mismos, y favorecer, a través de las agrupaciones de productores, la simplificación de las cargas administrativas de la certificación con el objeto de reducir al nivel más bajo posible los costes de los agricultores;

Política de información y promoción

64.  Lamenta que la Comisión no haga referencia en su comunicación a la necesidad de fomentar las medidas de promoción, tan necesarias para rentabilizar los esfuerzos realizados por los agricultores europeos en materia de calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente; considera que los instrumentos de promoción de que dispone la Unión Europea deben ser reformados para mejorar su eficiencia; propone, en ese sentido, que se extiendan al mercado de la Unión Europea las ayudas a la promoción introducidas recientemente en el sector del vino;

65.  Se declara favorable a las acciones encaminadas a difundir con la mayor extensión y eficacia posibles el conocimiento de los beneficios de las políticas de la Unión Europea en materia de calidad y seguridad alimentaria; recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen sus esfuerzos por preparar las informaciones relativas al fomento de las normas de calidad y seguridad alimentaria que rigen para los productos de la Comunidad;

66.  Señala que estas acciones de comunicación e información podrían ser realizadas, en lo que atañe a las indicaciones geográficas y las marcas comunitarias, por asociaciones públicas o privadas, por particulares o por organizaciones;

67.  Considera que, dada la importancia del mercado de la UE para los productores que emplean indicaciones geográficas, la Comisión y los Estados miembros deben facilitar mayores recursos económicos para campañas de promoción en el mercado interior, aumentando al mismo tiempo el presupuesto para campañas de promoción en terceros países;

68.  Hace hincapié en que las políticas de información deben dirigirse no sólo a los consumidores, sino también a los productores, ya que el comportamiento de estos últimos está estrechamente vinculado a sus conocimientos sobre el mercado y sobre la evaluación de la calidad de sus productos por los consumidores;

69.  Pone de relieve el papel que puede desempeñar en este ámbito la financiación comunitaria, en particular los recursos disponibles en el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural); llama la atención, sin embargo, sobre el endurecimiento de las condiciones crediticias ofrecidas a los pequeños productores en el contexto de la crisis financiera mundial, que limita drásticamente el acceso a la cofinanciación que se prevé para ellos en los programas de desarrollo rural; en este contexto, sugiere a la Comisión que considere una armonización del sistema de créditos agrícolas en el marco de la UE;

70.  Considera que la experiencia de los mercados de campesinos, puntos de venta de productos de la tierra y de temporada directamente gestionados por empresas agrícolas debe favorecerse, ya que garantiza un precio razonable para productos de calidad, refuerza el vínculo entre el producto y el territorio e incita al consumidor a tomar decisiones con conocimiento de causa y basándose en la calidad; considera que los Estados miembros deberían fomentar la habilitación de locales de venta donde los productores puedan ofrecer sus productos directamente al consumidor;

71.  Pide la instauración de programas de fomento de la comercialización en los mercados locales, a fin de apoyar las iniciativas de transformación y comercialización locales y regionales; considera que ello puede lograrse, por ejemplo, a través de las cooperativas de productores, que contribuyen al aumento del valor añadido en las zonas rurales;

o
o   o

72.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0098.
(2) DO C 328 de 26.10.1998, p. 232.
(3) Por ejemplo, «consortium» en Italia, «consejo regulador» en España y , en Francia, «organisme de défense et de gestion» o «détenteur d'IG».
(4) DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.
(5) DO L 189 de 20.7.2007, p. 1.

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