Índice 
Textos aprobados
Miércoles 10 de febrero de 2010 - Estrasburgo
Aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude (modificación de la Directiva 2006/112/CE)*
 FEDER: subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas ***I
 Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad *
 Asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas *
 Reciente terremoto en Haití
 Situación en Irán
 Situación en Yemen
 Trata de seres humanos
 Resultados de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático
 Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal
 Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009
 Principales objetivos de cara a la Conferencia de las Partes de la Convención CITES
 Informe de 2009 sobre los progresos realizados por Croacia
 Informe de 2009 sobre los progresos realizados por la Antigua República de Macedonia
 Informe anual de 2009 sobre los progresos realizados por Turquía

Aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude (modificación de la Directiva 2006/112/CE)*
PDF 227kWORD 73k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la aplicación optativa y temporal del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude (COM(2009)0511 – C7-0210/2009 – 2009/0139(CNS))
P7_TA(2010)0011A7-0008/2010

(Procedimiento legislativo especial – Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0511),

–  Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0210/2009),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada "Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso" (COM(2009)0665),

–  Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0008/2010),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Texto propuesto por la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4
(4)  La lista predefinida a partir de la cual los Estados miembros puedan elegir debe restringirse a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, según la experiencia reciente, sean particularmente susceptibles de fraude. A fin de garantizar que la introducción del citado mecanismo pueda evaluarse de manera efectiva y que su incidencia sea objeto de un minucioso seguimiento, resulta oportuno que se limiten las posibilidades de elección de los Estados miembros.
(4)  La lista predefinida a partir de la cual los Estados miembros puedan elegir debe restringirse a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, según la experiencia reciente, sean particularmente susceptibles de fraude. A fin de garantizar que la introducción del citado mecanismo pueda evaluarse de manera efectiva y que su incidencia sea objeto de un minucioso seguimiento, resulta oportuno que se limiten las posibilidades de elección de los Estados miembros a bienes y servicios de la lista predefinida.
Enmienda 2
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Los Estados miembros, a la hora de elegir los bienes y servicios a los que se aplicará este mecanismo, deben optar por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y por un máximo de dos de las categorías enumeradas en la parte A del anexo VI A.
Enmienda 3
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 7
(7)  Con objeto de evaluar el efecto de la aplicación del mecanismo sobre las actividades fraudulentas de forma transparente, los informes de evaluación de los Estados miembros deben basarse en criterios que estos hayan definido previamente. Toda evaluación así realizada debe valorar claramente el nivel de fraude antes y después de la aplicación del mecanismo, así como cualquier desplazamiento de las tramas fraudulentas, en particular, hacia otros bienes o servicios, o hacia las entregas o prestaciones realizadas en el sector minorista o en otros Estados miembros.
(7)  Con objeto de evaluar el efecto de la aplicación del mecanismo sobre las actividades fraudulentas de forma transparente, los informes de evaluación de los Estados miembros deben basarse en criterios previamente definidos. A fin de garantizar una aplicación homogénea, deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar medidas diseñadas para especificar los criterios de evaluación que utilizarán los Estados miembros a la hora de valorar el efecto de la aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo a las actividades fraudulentas, con arreglo a las aportaciones de los Estados miembros y teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité del IVA. La Comisión debería definir tales criterios, a más tardar, el 30 de junio de 2010. Toda evaluación así realizada debe valorar claramente el nivel de fraude antes y después de la aplicación del mecanismo, así como cualquier desplazamiento de las tramas fraudulentas, en particular, hacia otros bienes o servicios, o hacia las entregas o prestaciones realizadas en el sector minorista o en otros Estados miembros.
Enmienda 4
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8
(8)  El informe debe también evaluar los costes de cumplimiento de las normas para los sujetos pasivos y los costes de implementación soportados por los Estados miembros, incluidos los que ocasionen las medidas de control y auditoría.
(8)  El informe debe también evaluar los costes de cumplimiento de las normas para los sujetos pasivos y los costes de implementación soportados por los Estados miembros, incluidos los que ocasionen las medidas de control y auditoría, y los posibles cambios en los ingresos del IVA derivados del mecanismo respecto a los bienes y servicios enumerados en el anexo VI A, seleccionados y aplicados por los Estados miembros respectivos.
Enmienda 5
Propuesta de directiva – acto modificativo
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)  A más tardar el 1 de julio de 2014, la Comisión debe enviar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con propuestas adecuadas que se deriven de los informes de evaluación de los Estados miembros, en el que se evalúe la efectividad general de la medida por la que se aplica el mecanismo y su rentabilidad, para reconsiderar la pertinencia de una prórroga o de una ampliación de su ámbito de aplicación.
Enmienda 6
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 1 – párrafo 1
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2014 y por un período mínimo de dos años, los Estados miembros podrán establecer y aplicar un mecanismo en virtud del cual el deudor del IVA a pagar por las categorías de bienes y servicios enumeradas en el anexo VI A sea el destinatario de dichos bienes y servicios.
1.  Hasta el 31 de diciembre de 2014 y por un período mínimo de dos años, los Estados miembros podrán establecer y aplicar un mecanismo en virtud del cual el deudor del IVA a pagar por las categorías de bienes y servicios enumeradas en el anexo VI A sea el sujeto pasivo destinatario de dichos bienes y servicios.
El deudor del impuesto no debe ser nunca el consumidor final, sino el último operador de la cadena comercial.
Enmienda 7
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 1 – párrafo 2
Al elegir los bienes y servicios a los que se aplicará ese mecanismo, los Estados miembros se limitarán a tres de las categorías enumeradas en el anexo VI A, de las cuales dos, como máximo, serán categorías de bienes.
Al elegir los bienes y servicios a los que se aplicará ese mecanismo, los Estados miembros deberán optar por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y por un máximo de dos de las categorías de bienes enumeradas en la parte A del anexo VI A.
Enmienda 8
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 2 – letra b
b) imponer obligaciones de información adecuadas y efectivas a todos los sujetos pasivos que realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios a las que sea aplicable el mecanismo, de tal forma que, en cada operación, pueda identificarse ese sujeto pasivo, así como el sujeto pasivo destinatario de la entrega o prestación, el tipo de bienes entregados o servicios prestados, y el período impositivo y el valor de la entrega o prestación;
b) imponer obligaciones de información adecuadas y efectivas a todos los sujetos pasivos que realicen entregas de bienes o prestaciones de servicios a las que sea aplicable el mecanismo, de tal forma que, periódicamente en cada operación, o englobando todas las operaciones, pueda identificarse ese sujeto pasivo, así como el sujeto pasivo destinatario de la entrega o prestación, el tipo de bienes entregados o servicios prestados, y el período impositivo y el valor de la entrega o prestación;
Enmienda 9
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 2 – letra c
c) imponer obligaciones de información por operación o por conjunto de operaciones a todos los sujetos pasivos destinatarios de las entregas de bienes o prestaciones de servicios a las que sea aplicable el mecanismo, con vistas a cotejar dicha información con la facilitada por el proveedor;
c) imponer obligaciones de información periódica por operación o por conjunto de operaciones a todos los sujetos pasivos destinatarios de las entregas de bienes o prestaciones de servicios a las que sea aplicable el mecanismo, con vistas a cotejar dicha información con la facilitada por el proveedor;
Enmienda 10
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 2 – letra d
d) adoptar medidas de control adecuadas y eficaces, a fin de vigilar y mitigar las actuales formas de fraude, así como de prevenir la aparición de actividades fraudulentas en relación con otros bienes o servicios, en el sector minorista o en otros Estados miembros.
d) adoptar medidas de control adecuadas y eficaces, acompañadas de las inspecciones sin previo aviso ya existentes, a fin de vigilar y mitigar las actuales formas de fraude, así como de prevenir la aparición de actividades fraudulentas en relación con otros bienes o servicios, en el sector minorista o en otros Estados miembros.
Enmienda 11
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  El Estado miembro que decida introducir el mecanismo recogido en el apartado 1 podrá imponer una obligación de notificar datos concretos a cualquier sujeto pasivo destinatario de bienes o servicios al que se aplique el mecanismo, a fin de aclarar si tales bienes o servicios se utilizan para actividades económicas usuales o a otros efectos.
Enmienda 12
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  La Comisión definirá los criterios de evaluación mencionados en el apartado 3, letra b), tras consultar al Comité del IVA y teniendo en cuenta las aportaciones de los Estados miembros.
Enmienda 13
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 4 – letra f bis (nueva)
f bis) los posibles cambios en los ingresos del IVA derivados del mecanismo en lo referente a los bienes y servicios enumerados en el anexo VI A, seleccionados y aplicados por los Estados miembros respectivos.
Enmienda 14
Propuesta de directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 199 bis – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.  A más tardar el 1 de julio de 2014, la Comisión enviará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, junto con propuestas adecuadas que se deriven de los informes de evaluación de los Estados miembros, a los que se refiere el apartado 4, en el que se evalúe la efectividad general de la medida por la que se aplica el mecanismo y su rentabilidad, para reconsiderar la pertinencia de una prórroga o de una ampliación de su ámbito de aplicación.

FEDER: subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas ***I
PDF 197kWORD 33k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la propuesta de Reglamento (CE) n° .../2009 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas (COM(2009)0382 – C7-0095/2009 – 2009/0105(COD))
P7_TA(2010)0012A7-0048/2009

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0382),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 162 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0095/2009),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada "Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso" (COM(2009)0665),

–  Visto el artículo 294, apartado 3 y el artículo 178 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0048/2009),

1.  Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 10 de febrero de 2010 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) nº …/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas

P7_TC1-COD(2009)0105


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, Reglamento (UE) n° 437/2010.)


Cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad *
PDF 262kWORD 126k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS))
P7_TA(2010)0013A7-0006/2010

(Procedimiento legislativo especial − consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0029),

–  Vistos los artículos 93 y 94 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0062/2009),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada "Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso" (COM(2009)0665),

–  Vistos los artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0006/2010),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la UE;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  Para la correcta aplicación y la comprobación de los distintos regímenes impositivos de los Estados miembros, es necesario contar con la adecuada información sobre las operaciones imponibles realizadas en otros Estados miembros. Entre las distintas modalidades, el intercambio automático se configura como el medio más eficaz de comunicar la información de uso corriente necesaria para una correcta aplicación de los impuestos, especialmente en situaciones transfronterizas. Para que dicho modo de intercambio automático de información sea efectivo, resulta necesario determinar las categorías y definir los campos de aplicación obligatoria de dicho intercambio automático. Además, debería existir la posibilidad de establecer un doble límite, en función de las categorías sobre las que se informe, y/o de la cuantía a partir de la cual se debe activar el mecanismo.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 10
(10)  Los Estados miembros deben proceder al intercambio automático de información cuando uno de ellos tenga motivos fundados para creer que se ha cometido, o es probable que se haya cometido, una infracción de la legislación tributaria en otro Estado miembro, cuando exista un riesgo de imposición inadecuada en otro Estado miembro o cuando se hayan evadido, o puedan evadirse o eludirse impuestos en ese otro Estado miembro, y, en particular, cuando tenga lugar una transferencia artificial de beneficios entre empresas situadas en diferentes Estados miembros o cuando dichas transacciones se lleven a cabo entre empresas de dos Estados miembros a través de un tercer país con objeto de obtener ventajas fiscales.
(10)  Los Estados miembros deben proceder al intercambio automático de información, garantizando al mismo tiempo la protección de la privacidad de los clientes, cuando uno de ellos tenga motivos fundados para creer que se ha cometido, o que es probable que se haya cometido, una infracción de la legislación tributaria en otro Estado miembro, cuando exista un riesgo de imposición inadecuada en otro Estado miembro o cuando se hayan evadido, o puedan evadirse o eludirse impuestos en ese otro Estado miembro, y, en particular, cuando tenga lugar una transferencia artificial de beneficios entre empresas situadas en diferentes Estados miembros o cuando dichas transacciones se lleven a cabo entre empresas de dos Estados miembros a través de un tercer país con objeto de obtener ventajas fiscales.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)
(11 bis)  Dicha información deberá estar igualmente amparada por la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos1, así como por el Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos2. Los Estados miembros y la Comisión deberán respetar las obligaciones relativas a la transparencia y la información con respecto a los interesados en los casos que requieran recabar datos personales. Deberán garantizarse un nivel adecuado de protección, un periodo de almacenamiento limitado y la responsabilidad de la institución u organismo que conserve los datos.
_______________________________
1 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
2 DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)
(11 ter)  En los casos contemplados en los considerandos 9, 10 y 11, la perspectiva del intercambio de información no debe acarrear la imposición de nuevas obligaciones de declaración para las personas y las empresas.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)  Es importante autorizar la presencia de funcionarios de la Administración tributaria de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro y permitirles ejercer las atribuciones de inspección de que gozan los funcionarios del Estado miembro requerido.
(12)  Para impulsar la cooperación administrativa tributaria entre los Estados miembros, es importante autorizar la presencia de funcionarios de la Administración tributaria de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)
(17 bis)  A fin de reforzar la aplicabilidad de la presente Directiva y conseguir su mayor efectividad, es necesario que se establezca el mismo grado de obligación tanto para comunicar la información ya disponible por la autoridad requerida como para llevar a cabo las investigaciones administrativas necesarias para obtener dicha información.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 19
(19)  Sin embargo, un Estado miembro no debe negarse a comunicar información debido a que carece de interés desde el punto de vista nacional, o debido a que la información relativa a un residente del otro Estado miembro está en poder de un banco u otra institución financiera, un representante o una persona que actúa en calidad de agente o fiduciario o porque afecta a los intereses de propiedad de una persona.
(19)  Sin embargo, un Estado miembro no debe negarse a comunicar información basándose en que carece de interés desde el punto de vista nacional, o en que la información está en poder de un banco u otra institución financiera, un representante o una persona que actúa en calidad de agente o fiduciario o porque afecta a intereses relativos a la propiedad de una persona.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 20
(20)  Asimismo, conviene precisar que cuando un Estado miembro brinde a un tercer país una cooperación más amplia que la prevista en la presente Directiva, no debe poder negarse a ofrecer esa misma cooperación a los demás Estados miembros.
(20)  Asimismo, conviene precisar que cuando un Estado miembro brinde a un tercer país una cooperación más amplia que la prevista en la presente Directiva, no debe poder negarse a ofrecer esa misma cooperación a los demás Estados miembros. Toda transferencia de datos personales a un tercer país debe realizarse conforme a la Directiva 95/46/CE.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 22
(22)  Es preciso llevar a cabo una evaluación de la eficacia de la cooperación administrativa, basándose especialmente en las estadísticas.
(22)  Con el fin de afianzar y avanzar en la cooperación administrativa, es preciso llevar a cabo una evaluación de la eficacia de la aplicación de la presente Directiva, basada especialmente en las estadísticas. Conviene asimismo que se establezca un seguimiento de los casos en los que los Estados miembros se hayan negado a comunicar información o a proceder a una investigación administrativa.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)
(23 bis)  Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo referente a las mejoras técnicas relativas a las categorías de renta y de patrimonio objeto del intercambio automático de información y a los umbrales de renta y de patrimonio por encima de los cuales debe realizarse el intercambio de información. Teniendo en cuenta el carácter específico de la cooperación administrativa, esta delegación de poderes debe tener carácter indefinido.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 6 – letra d
(d) toda estructura jurídica, como por ejemplo las sociedades de personas y las sociedades fiduciarias, cuyas rentas o capital estén sujetos a cualquiera de los impuestos cubiertos por la presente Directiva;
(d) cualquier otro instrumento jurídico o modalidad legal, sea cual fuere su naturaleza o forma y tenga o no personalidad jurídica, que posea y administre activos, incluidas las rentas derivadas de los mismos, que estén sujetos a cualquiera de los impuestos incluidos en la presente Directiva;
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 8
8. "por vía electrónica": el uso de equipamientos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y almacenamiento de datos, con transmisión por cable, radio, tecnología óptica u otros medios electromagnéticos;
8. "por vía electrónica": el uso de equipamientos electrónicos de tratamiento (incluida la compresión digital) y almacenamiento de datos, con transmisión por cable, radio, tecnología óptica u otros medios electromagnéticos, cuando dichos medios pueden emplearse garantizando una protección segura de la información;
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Artículo 7 bis (nuevo) (Sección I "Intercambio de información previa solicitud")
Artículo 7 bis
Sistemas de control
Cada Estado miembro desarrollará, para su oficina tributaria de enlace única, sistemas de control adecuados para lograr la transparencia y la eficacia económica, y elaborará, en el marco de un seguimiento anual, un informe al respecto a disposición del público.
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1
1.  En el marco del intercambio automático, la autoridad competente de cada Estado miembro enviará información sobre categorías específicas de renta y de patrimonio a otros Estados miembros.
1.  En el marco del intercambio automático, la autoridad competente de cada Estado miembro comunicará a la autoridad competente de otro Estado miembro información relativa a las personas con residencia fiscal en ese otro Estado miembro sobre las siguientes categorías específicas de renta y de patrimonio:
(a) rendimientos del trabajo;
(b) emolumentos de director;
(c) dividendos;
(d) ganancias de capital;
(e) regalías;
(f) productos de seguro de vida no cubiertos por otros instrumentos jurídicos de la Unión sobre el intercambio de información y otras medidas similares;
(g) pensiones;
(h) propiedad de bienes inmuebles y rendimientos de ellos.
Esta información estará protegida por la Directiva 95/46/CE y por el Reglamento (CE) nº 45/2001. Los Estados miembros y la Comisión respetarán las obligaciones relativas a la transparencia y la información con respecto a los interesados en los casos que requieran recabar datos personales. Deberán garantizarse un nivel adecuado de protección, un periodo de almacenamiento limitado y la responsabilidad de la institución u organismo que conserve los datos.
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2
2.  La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 24, apartado 2, en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva:
2.  Con el fin de aumentar la eficacia de la evaluación de los impuestos a que se refiere el artículo 2 sobre la base de la experiencia de los Estados miembros, la Comisión adoptará, por primera vez antes del ...*, actos delegados de conformidad con los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater, que:
(a) las categorías de renta y de patrimonio que deben quedar cubiertas,
(a) aclaren cualquier condición específica o restricción en el marco de las categorías mencionadas en el apartado 1;
(b) el tipo de información que debe intercambiarse;
(b) especifiquen, para cada categoría de renta o de patrimonio, el umbral por encima del cual debe realizarse el intercambio de información.
(c) cualquier condición específica o restricción en el marco de las categorías mencionadas en la letra a);
(d) la frecuencia de los intercambios;
(e) las modalidades prácticas del intercambio de información.
*Insértese la fecha: Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  La Comisión procederá a una evaluación e informará anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del intercambio automático de información. Sobre la base de su evaluación, la Comisión propondrá medidas para mejorar la cobertura y la calidad del intercambio automático de información a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  La autoridad competente de un Estado miembro podrá indicar a la autoridad competente de otro Estado miembro que no desea recibir información acerca de las categorías de renta y de patrimonio mencionadas en el apartado 1, o que no desea recibir información acerca de la renta y el patrimonio que no superen un determinado umbral. En este caso, dicha autoridad competente informará al respecto a la Comisión.
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 8 - apartado 3 ter (nuevo)
3 ter.  La comunicación de la información se efectuará como mínimo anualmente, y a más tardar seis meses después del final del ejercicio presupuestario del Estado miembro en el cual se recabó la información.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 1 – parte introductoria
4.  En caso de que los Estados miembros celebren acuerdos bilaterales o multilaterales a fin de proceder a la correcta determinación de los impuestos mencionados en el artículo 2, deberán disponer el intercambio automático de información en relación con determinadas categorías de renta y de patrimonio. A tal fin, deberán especificar en dichos acuerdos los siguientes elementos:
4.  En caso de que los Estados miembros celebren acuerdos bilaterales o multilaterales a fin de proceder a la correcta determinación de los impuestos mencionados en el artículo 2, deberán disponer el intercambio automático de información en relación con determinadas categorías de renta y de patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE y en el Reglamento (CE) nº 45/2001. A tal fin, deberán especificar en dichos acuerdos los siguientes elementos:
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 –párrafo 1
2.  Cuando los funcionarios de la autoridad requirente estén presentes en las investigaciones administrativas conforme al apartado 1, podrán ejercer las facultades de inspección conferidas a los funcionarios de la autoridad requerida, a condición de que se atengan a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del Estado miembro requerido.
2.  Cuando los funcionarios de la autoridad requirente estén presentes en las investigaciones administrativas conforme al apartado 1, podrán, de común acuerdo con la autoridad requerida y dentro de las directrices establecidas por esta, intervenir en el curso de la investigación.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
2.  No podrá interpretarse, en ningún caso, que los apartados 2 y 4 del artículo 16 autorizan a la autoridad requerida de un Estado miembro a negarse a facilitar información sobre una persona residente, a efectos fiscales, en el Estado miembro de la autoridad requirente exclusivamente por el hecho de que esa información obre en poder de un banco u otra entidad financiera, un representante o una persona que actúe en calidad de intermediario o agente fiduciario, o porque esté relacionada con la participación en el capital de una persona.
2.  No podrá interpretarse, en ningún caso, que los apartados 2 y 4 del artículo 16 autorizan a la autoridad requerida de un Estado miembro a negarse a facilitar información relevante, en el sentido del artículo 5, apartado 1, exclusivamente por el hecho de que esa información obre en poder de un banco u otra entidad financiera, un representante o una persona que actúe en calidad de intermediario o agente fiduciario, o porque esté relacionada con la participación en el capital de una persona.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Los Estados miembros comunicarán anualmente a la Comisión los casos en los que se hayan negado a comunicar información o proceder a una investigación administrativa, indicando asimismo los motivos que sustentaron dicha negativa. La Comisión evaluará dicha información y formulará recomendaciones tendentes a reducir los casos con arreglo a lo previsto en el artículo 24, apartado 3.
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Capítulo V bis – título (nuevo)
CAPÍTULO V bis
ACTOS DELEGADOS
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 22 bis (nuevo)
Artículo 22 bis
Ejercicio de la delegación
1.  Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 8, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un periodo indefinido.
2.  En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
3.  Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas por los artículos 22 ter y 22 quater.
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 22 ter (nuevo)
Artículo 22 ter
Revocación de la delegación
1.  La delegación de poderes a que hace referencia el artículo 8, apartado 2, podrá ser revocada por el Parlamento Europeo o por el Consejo.
2.  La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a revocar la delegación de poderes se esforzará por informar a la otra institución y a la Comisión, indicando los poderes delegados que podrían ser objeto de revocación.
3.  La decisión de revocación pondrá fin a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen.0 Surtirá efecto inmediatamente o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 22 quater (nuevo)
Artículo 22 quater
Objeciones a los actos delegados
1.  El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones al acto delegado en cuestión dentro de un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación. A iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, se podrá ampliar dicho plazo en dos meses.
2.  Si, una vez expirado el plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado objeciones al acto delegado, este se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la fecha prevista en él.
3.  Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones a un acto delegado, este no entrará en vigor. La institución que formule objeciones indicará las razones de las mismas.
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 - párrafo 1
1.  Cuando la autoridad competente de un Estado miembro reciba información de un tercer país destinada a la correcta determinación de los impuestos a que se refiere el artículo 2, deberá facilitarla a las autoridades competentes de los Estados miembros a los que pueda resultar de utilidad y, en cualquier caso, a todos aquellos que lo soliciten, en la medida en que los acuerdos internacionales suscritos con ese tercer país no lo excluyan.
1.  Cuando la autoridad competente de un Estado miembro reciba información de un tercer país destinada a la correcta determinación de los impuestos a que se refiere el artículo 2, deberá facilitarla a las autoridades competentes de los Estados miembros que necesiten dicha información para calcular con exactitud dichos impuestos y, en cualquier caso, a todos aquellos que lo soliciten, en la medida en que los acuerdos internacionales suscritos con ese tercer país no lo excluyan.
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 - parte introductoria
2.  Las autoridades competentes podrán facilitar a un tercer país, de conformidad con sus disposiciones nacionales sobre comunicación de datos personales a terceros países, la información obtenida con arreglo a la presente Directiva, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
2.  Las autoridades competentes podrán facilitar a un tercer país, de conformidad con sus disposiciones nacionales sobre comunicación de datos personales a terceros países, la información obtenida con arreglo a la presente Directiva. Toda transferencia de información a un tercer país se realizará conforme a la Directiva 95/46/CE y siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

Asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas *
PDF 216kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (COM(2009)0028 – C6-0061/2009 – 2009/0007(CNS))
P7_TA(2010)0014A7-0002/2010

(Procedimiento legislativo especial - Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0028),

–  Vistos los artículos 93 y 94 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0061/2009),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada "Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso" (COM(2009)0665),

–  Vistos los artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 del Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0002/2010),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 6 bis (nuevo)
6 bis.  Cada Estado miembro establecerá sistemas de control adecuados para su oficina central de enlace o las oficinas de enlace que haya designado como su servicio de enlace a efectos de una organización transparente y eficaz, y presentará en consecuencia un informe público en el marco de un seguimiento anual.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1
1.  A petición de la oficina central de enlace o de una oficina o un servicio de enlace de un Estado miembro (en lo sucesivo, "la autoridad requirente"), la oficina central de enlace o una oficina o un servicio de enlace del Estado miembro al que se dirija la solicitud (en lo sucesivo, "la autoridad requerida") facilitará toda información que pueda resultar pertinente para la autoridad requirente a efectos del cobro de los créditos a que se refiere el artículo 2.
1.  Las oficinas centrales de enlace intercambiarán con las oficinas centrales de enlace de los demás Estados miembros toda información que pueda resultarles pertinente a efectos del cobro de los créditos a que se refiere el artículo 2.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Artículo 5
Las oficinas centrales de enlace intercambiarán información relativa a las devoluciones de impuestos distintos del impuesto sobre el valor añadido efectuadas por las autoridades tributarias nacionales, si tales devoluciones afectan a personas establecidas en otro Estado miembro y se refieren a importes superiores a 10 000 EUR.
Las oficinas centrales de enlace intercambiarán información relativa a las devoluciones de impuestos distintos del impuesto sobre el valor añadido efectuadas por las autoridades tributarias nacionales, si tales devoluciones afectan a personas establecidas en otro Estado miembro.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2
2.  Previo acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, y según las modalidades fijadas por esta última, los funcionarios autorizados por la autoridad requirente podrán, con vistas a obtener la información a que se refiere el artículo 4, apartado 1, estar presentes durante las investigaciones administrativas realizadas en el territorio del Estado miembro requerido.
2.  Previo acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, y según las modalidades fijadas por esta última, los funcionarios autorizados por la autoridad requirente podrán, con vistas a obtener la información a que se refiere la presente Directiva, estar presentes durante las investigaciones administrativas realizadas en el territorio del Estado miembro requerido.
En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, estén presentes durante las investigaciones administrativas funcionarios del Estado miembro requirente, podrán ejercer la facultad de inspección que se reconoce a los funcionarios del Estado miembro requerido, a condición de que lo hagan conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del Estado miembro requerido.
En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero, estén presentes durante las investigaciones administrativas funcionarios de la autoridad requirente, podrán ejercer, previo acuerdo, la facultad de inspección que se reconoce a los funcionarios de la autoridad requerida, a condición de que lo hagan conforme a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas del Estado miembro de la autoridad requerida.
Toda negativa de la persona objeto de investigación a respetar las medidas de inspección de los funcionarios del Estado miembro requirente será considerada, por el Estado miembro requerido, como una negativa ante sus propios funcionarios.
En caso de haberse celebrado un acuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida con respecto a la facultad de inspección conferida a los funcionarios de la autoridad requerida, toda negativa de la persona objeto de investigación a respetar las medidas de inspección de los funcionarios de la autoridad requirente será considerada, por la autoridad requerida, como una negativa ante sus propios funcionarios.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b
b) mediante el envío, por correo certificado o por vía electrónica, de un impreso normalizado al que se adjunte el acto o la decisión dimanante del Estado miembro requirente; el impreso normalizado se ajustará al modelo que figura en el anexo I.
b) mediante el envío, por correo certificado o por vía electrónica, de un impreso normalizado al que se adjunte el acto o la decisión dimanante del Estado miembro requirente, o bien una copia compulsada del mismo; el impreso normalizado se ajustará al modelo que figura en el anexo I.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3
3.  La autoridad requerida transferirá al Estado miembro requirente el importe íntegro del crédito que haya cobrado.
3.  La autoridad requerida transferirá al Estado miembro requirente, en un plazo de catorce días a partir de la recepción de la solicitud, el importe íntegro del crédito que haya cobrado.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)
Artículo 23 bis
Seguimiento de las actividades llevadas a cabo en el marco de la presente Directiva
Las oficinas centrales de enlace elaborarán con carácter anual un informe sobre las actividades de cooperación realizadas en virtud de la presente Directiva durante el ejercicio fiscal previo. Este informe comprenderá, como mínimo, el número de solicitudes recibidas y presentadas, el seguimiento que se les haya dado, las razones aducidas en caso de denegarse alguna solicitud, los plazos requeridos para su tramitación, el importe del crédito y las cantidades cobradas efectivamente. El informe se someterá al dictamen del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Artículo 27 – párrafo 1 bis (nuevo)
La Comisión respaldará una colaboración fructífera entre los Estados miembros y velará por un seguimiento continuo de las quejas que se presenten por deficiencias en el intercambio de información o de asistencia entre los Estados miembros respecto a los cobros contemplados en la presente Directiva.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Articulo 27 bis (nuevo)
Artículo 27 bis
Análisis de la Comisión
La Comisión efectuará un análisis comparativo en relación con una amplia gama de instrumentos de cobro de los créditos fiscales contemplados en las normativas fiscales de los Estados miembros, como son las órdenes de cobro, los créditos inscritos en los registros de la propiedad inmobiliaria, los privilegios, y los plazos en los procedimientos de ejecución que exige la legislación y se aplican en la práctica, a fin de facilitar la aplicación de las mejores prácticas de cobro de impuestos en los Estados miembros.

Reciente terremoto en Haití
PDF 125kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el terremoto de Haití
P7_TA(2010)0015RC-B7-0072/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la reunión del G7 celebrada en Iqaluit, Canadá, el 6 de febrero de 2010,

–  Vistas las conclusiones de la Conferencia Ministerial Preparatoria celebrada en Montreal el 25 de enero de 2010,

–  Vista su debate con la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la Baronesa Ashton, sobre el terremoto de Haití, celebrada el 20 de enero de 2010,

–  Vistas las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores celebrada el 18 de enero de 2010 en Bruselas,

–  Visto el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria,

–  Vista la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH),

–  Vista la propuesta de Michel Barnier, formulada el 9 de mayo de 2006, de una fuerza europea de protección civil: "Europe Aid",

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, el 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter sacudió Haití, causando daños catastróficos en Puerto Príncipe, Jacmel y otras poblaciones de la región, y que numerosas y fuertes réplicas han seguido afectando al país,

B.  Considerando que, según la información disponible, ha habido hasta 200 000 muertos, 250 000 heridos y más de tres millones de personas directamente afectadas,

C.  Considerando que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas, hasta un millón de personas en todo el país necesita un lugar para refugiarse y que el número de desplazados internos asciende a 600 000,

D.  Considerando que, según las estimaciones del Gobierno de Haití, 235 000 personas se han marchado de Puerto Príncipe y hasta un millón de personas podría abandonar las ciudades y dirigirse a las zonas rurales, generando así presión sobre unas comunidades ya vulnerables de por sí,

E.  Considerando que aproximadamente 1,8 millones de personas padecían inseguridad alimentaria antes del terremoto, en un país en el que cerca del 60 % de la población vive en zonas rurales y el 70 % sobrevive con menos de dos dólares estadounidenses al día,

F.  Considerando que décadas de inestabilidad política habían contribuido a debilitar las instituciones del Estado y su capacidad para prestar servicios públicos básicos con anterioridad al terremoto, y que el daño provocado por el terremoto ha paralizado la capacidad del Estado de responder activamente al esfuerzo de ayuda, agravando así la situación,

G.  Considerando que la Comisión ha acordado entregar 137 millones de euros para cubrir las necesidades a corto plazo y al menos 200 millones de euros para el medio y largo plazo, y que los Estados miembros aportarán 92 millones de euros más,

H.  Considerando que Haití está asfixiado por una deuda externa de unos 1 000 millones de dólares, lo que constituía un obstáculo para el desarrollo del país incluso antes del terremoto y puede obstaculizar el esfuerzo de recuperación del país,

I.  Considerando que es esencial que Haití recupere inmediatamente una democracia y un gobierno operativos para pasar de la primera fase de ayuda de emergencia a la tarea ingente de reconstruir la nación,

1.  Expresa su más sentido pésame y su solidaridad con el pueblo de Haití y el de otras naciones, así como con el personal de las organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Comisión, por la pérdida de un sinnúmero de vidas y la devastación causada por el terremoto;

2.  Saluda los esfuerzos de las autoridades haitianas y de la sociedad civil, así como de las Naciones Unidas, las ONG y otros donantes bilaterales, para prestar ayuda al pueblo de Haití, y rinde homenaje a la labor que han realizado organizaciones de auxilio y ciudadanos de toda la Unión;

3.  Pide una evaluación exhaustiva para identificar las necesidades de la población a corto y largo plazo y la participación de la UE en el proceso de recuperación, que cubre las tres fases de ayuda de emergencia, rehabilitación y reconstrucción; insta a la Comisión a proceder, a la mayor brevedad, a una evaluación de la respuesta europea a la crisis humanitaria en Haití y a presentar propuestas con vistas a una mejora de las acciones de la UE en situaciones similares que puedan presentarse en el futuro;

4.  Insta a que la UE dé prioridad a la ayuda en las labores de reconstrucción y a la mejora de la situación humanitaria, centrándose en los grupos vulnerables, como mujeres y niños, y proporcionando refugios, instalaciones médicas, asistencia logística y alimentos; pide a todos los Estados miembros que estén preparados para satisfacer los llamamientos de las Naciones Unidas para prestar más ayuda;

5.  Expresa su grave preocupación por el bienestar de las personas vulnerables, en particular de las mujeres y los niños; pide a la Comisión y a las Naciones Unidas que presten especial atención a la participación de las mujeres en las labores de recuperación, buscando activamente su implicación en las fases de rehabilitación, reconstrucción y evaluación de todos los programas de ayuda y reconstrucción;

6.  Hace hincapié en que se preste a los niños no acompañados o separados de sus familias servicios destinados a reunirles lo antes posible con sus padres o con quienes tradicionalmente deban hacerse cargo de estos niños; pide a la UE y a la comunidad internacional que evalúen urgentemente la necesidad de un plan coordinado para resolver el problema de los miles de huérfanos que ha dejado el terremoto; llama la atención sobre el grave riesgo de que se produzcan casos de tráfico de seres humanos;

7.  Insta a la UE a apoyar una moratoria temporal sobre las nuevas adopciones de niños procedentes de Haití durante un período de hasta dos años desde el inicio de las labores de búsqueda de sus familias; pide que la UE se esfuerce por satisfacer las necesidades básicas de los niños, poner en funcionamiento escuelas temporales y facilitar asesoramiento a los niños con carácter urgente;

8.  Acoge con satisfacción los compromisos preliminar de la Comisión Europea de destinar 30 millones de euros a la ayuda humanitaria, pero expresa su preocupación por que, hasta ahora, las contribuciones recibidas sólo cubran el 87 % de la financiación de los 575 millones de dólares estadounidenses para los que la OCAH ha realizado un llamamiento urgente; subraya que dicha financiación es decisiva para sostener las operaciones a largo plazo; pide a la Comisión y a todos los Estados miembros que cumplan plenamente los compromisos que han asumido;

9.  Acoge con satisfacción la decisión de los países del G7 de no reclamar la deuda internacional de Haití; espera que todos los países y donantes internacionales sigan su ejemplo; pide además al Fondo Monetario Internacional (FMI) que aporte todos los medios necesarios para aliviar la deuda que aún tiene el país, incluido el préstamo de emergencia por valor de 102 millones de dólares aprobado en 2010; subraya que toda la ayuda de emergencia por el terremoto debe proporcionarse en forma de subvenciones y no de préstamos que originen deuda;

10.  Reitera la petición del Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas de que se faciliten vehículos para el transporte de combustible; pide a los Estados miembros que faciliten ayuda adicional para el transporte de suministros a los centros provisionales, los puntos de distribución y los pueblos y aldeas circundantes;

11.  Destaca la importancia de ofrecer una protección adecuada a los convoyes de distribución de ayuda para asegurar un reparto sosegado y justo de los suministros, en particular entre las personas débiles y más necesitadas;

12.  Acoge positivamente la decisión del Consejo de enviar a 350 efectivos de policía militarizada para respaldar la asistencia a Haití bajo las órdenes de Naciones Unidas, y la decisión de establecer una célula de coordinación en Bruselas (EUCO Haití) a fin de facilitar una respuesta europea proactiva en los ámbitos militar y de seguridad, así como de coordinar las contribuciones de los Estados miembros de la UE a las labores de ayuda;

13.  Pide a las Naciones Unidas que revisen el mandato de la MINUSTAH junto con las autoridades de Haití, con el fin de responder a las necesidades del país derivadas del desastre, centrándose especialmente en las cuestiones de seguridad;

14.  Subraya la importancia de proporcionar a las autoridades locales la ayuda adecuada para que puedan estimular la economía en un momento en que cientos de miles de personas han abandonado Puerto Príncipe para asentarse en las zonas rurales pide a la Unión Europea y a otros donantes internacionales que, en la medida de lo posible, compren alimentos producidos localmente para las tareas de socorro;

15.  Expresa su apoyo a los esfuerzos de la UE por impulsar la producción alimentaria local, rehabilitar las infraestructuras dañadas y poner los medios necesarios (simientes, fertilizantes y aperos de labranza) a disposición de los pequeños agricultores, en particular para la estación de siembra de primavera que comienza en marzo, pues ésta aporta el 60 % de la producción alimentaria nacional;

16.  Pide a la Comisión que haga cuanto esté en su mano por apoyar los programas de remuneración en efectivo del trabajo prestado, pues son importantes para inyectar dinero en la comunidad, y que ayude a restablecer y mantener en funcionamiento el sistema bancario;

17.  Subraya la necesidad de inversiones a largo plazo para la construcción de edificios a prueba de terremotos y para las infraestructuras básicas, como el suministro de agua y electricidad, o las carreteras, que no existían antes del terremoto o eran sumamente deficientes, lo que exacerba en gran medida el impacto de las catástrofes naturales;

18.  Solicita que se celebre una conferencia internacional y se lleve a cabo una evaluación de las necesidades después de la catástrofe, en la que participen las Naciones Unidas y el Banco Mundial, para poner en marcha la reconstrucción a largo plazo una vez concluida la operación de emergencia;

19.  Insta a la comunidad internacional a garantizar que el pueblo de Haití y su Gobierno sean los principales actores en el proceso de reconstrucción para que puedan sentirse dueños de su futuro colectivo;

20.  Pide a la Comisión que presente al Parlamento una evaluación exhaustiva de las necesidades generadas por el desastre, así como un informe sobre los progresos realizados en la reconstrucción;

21.  Insta a la UE a que colabore con las autoridades haitianas para establecer un mecanismo de gestión de las capacidades y prevención de catástrofes a largo plazo, destacando que los trabajos de reconstrucción deben basarse en las prioridades nacionales, respetando al mismo tiempo los principios de eficacia de la ayuda y respaldando a las instituciones de Haití para permitirles gobernar de forma efectiva;

22.  Pide a la comunidad internacional que no deje de considerar a Haití como una prioridad, que aproveche esta oportunidad para atajar las causas fundamentales de la pobreza subyacente en Haití de una vez por todas y que ayude a Haití a resurgir de esta calamidad como una democracia plenamente viable dotada de una economía capaz de sustentar a su población;

23.  Reconoce las labores desarrolladas por determinados Estados miembros de la Unión Europea a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE y la coordinación efectiva de esta asistencia por el Centro de Control e Información y los equipos de la Oficina de Ayuda Humanitaria que se desplegaron in situ pocas horas después del terremoto;

24.  Señala que, por primera vez, la Comisión ha desplegado con éxito dos módulos que facilitó una acción preparatoria sobre una capacidad de reacción rápida de la UE, establecida con el apoyo del Parlamento;

25.  Pide a la Comisión que presente cuanto antes al Parlamento Europeo propuestas para crear una fuerza de protección de la UE, basada en el Mecanismo de Protección Civil de la UE y para permitir a la Unión reunir los recursos necesarios para proporcionar, en las 24 horas siguientes a una catástrofe, una primera ayuda humanitaria de urgencia;

26.  Subraya que un dispositivo europeo de intervención rápida debería:

   tener un carácter civil y/o humanitario
   tener carácter permanente
   poder ser movilizado en todo momento y en el plazo más breve posible
   actuar bajo la bandera de la Unión Europea
   respetar el Derecho humanitario internacional
   estar abierto a la cooperación con otros organismos de ayuda humanitaria
   estar dispuesto a cooperar con el sistema de las Naciones Unidas
   estar abierto a las contribuciones de terceros países
   respetar el carácter voluntario de la participación de los Estados miembros en el dispositivo previsto
   velar por la actualización permanente de las capacidades, tanto humanas como materiales, susceptibles de ser movilizadas en cualquier momento
   basarse en el principio del "reparto de cargas";

27.  Exhorta a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la Comisaria de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis que desempeñen un papel de liderazgo en la coordinación de la respuesta de la Unión Europea a las crisis, asumiendo las responsabilidades creadas en el marco del Tratado de Lisboa para una mejor coordinación de la respuesta de la Unión Europea ante crisis futuras, basándose al mismo tiempo en los logros alcanzados;

28.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Presidente de la Comisión Europea, al Presidente y al Gobierno de Haití, al Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros.


Situación en Irán
PDF 143kWORD 63k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre Irán
P7_TA(2010)0016RC-B7-0078/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irán,

–  Vista la declaración de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, de 5 de febrero de 2010, sobre las inminentes ejecuciones en Irán,

–  Vista la declaración conjunta de la UE y los Estados Unidos, de 8 de febrero de 2010, en la que se insta al Gobierno iraní a que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos,

–  Vista la Declaración de su Presidente, de 9 de octubre de 2009, en la que reiteraba el compromiso del Parlamento con la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y denunciaba específicamente la pena capital por delitos juveniles,

–  Vista la Declaración del Consejo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009 sobre Irán,

–  Vista la Declaración de la Alta Representante, de 12 de enero de 2010, sobre el proceso contra siete dirigentes bahaís en Irán,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1737, 1747, 1803 y 1835,

–  Vista la Resolución aprobada por el Consejo de Administración del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de 27 de noviembre de 2009, sobre la aplicación del Acuerdo de Salvaguardia del TNP y las disposiciones relevantes de las mencionadas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la República Islámica de Irán,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre los Derechos del Niño, de todos los cuales Irán es parte,

–  Vista la declaración del Ministerio de Inteligencia iraní, de 5 de enero de 2010, que considera "ilegales" todos los contactos entre ciudadanos iraníes y sesenta organizaciones no gubernamentales, así como numerosos medios internacionales que emiten en farsi,

–  Visto el "aplazamiento" por las autoridades iraníes de la vista a Teherán de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Irán, programada para los días 8 a 11 de enero de 2010,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, del Reglamento,

Democracia y derechos humanos

A.  Considerando que la situación política se sigue deteriorando en Irán sin que el Gobierno iraní dé muestras de querer afrontar las preocupaciones internas y en todo el mundo sobre la legitimidad de las elecciones celebradas en junio de 2009; considerando, asimismo, que los indicios de fraude masivo han desembocado en un movimiento de protesta a gran escala (el llamado "Movimiento Verde"), con continuas manifestaciones en masa en los últimos meses,

B.  Considerando que los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en Irán después de las disputadas elecciones presidenciales han puesto de manifiesto el gran potencial que existe para un cambio democrático de origen popular, encabezado por una sociedad civil dinámica y activa,

C.  Considerando que las fuerzas de seguridad de Irán ‐la Guardia Revolucionaria, la milicia Basij y la policía‐ han reaccionado adoptando medidas sumamente severas, deteniendo arbitrariamente a miles de manifestantes y disidentes pacíficos, incluidos estudiantes y profesores universitarios, defensores de los derechos de las mujeres, sindicalistas, abogados, periodistas, blogueros, clérigos y prominentes defensores de los derechos humanos, en un claro intento de intimidar a los críticos y reprimir a los disidentes,

D.  Considerando que muchos de los detenidos han denunciado haber sido golpeados y torturados y, en algunos casos, agredidos sexualmente en cárceles y centros de detención secretos; que una investigación a instancias del Parlamento de la República Islámica de Irán determinó a principios de 2010 que el Fiscal General Saeed Mortazavi era directamente responsable de las muertes de un mínimo de tres detenidos fruto de las torturas y el abandono en la cárcel de Kahrizak, centro que los Tribunales habían ordenado cerrar tres años antes,

E.  Considerando que, según fuentes gubernamentales, al menos treinta manifestantes han fallecido desde junio de 2009 durante las protestas o en centros de detención y al menos siete más murieron en los choques con la policía que se produjeron el 27 de diciembre de 2009 con ocasión de la festividad religiosa del Ashura, y que cabe suponer que el número real de muertes causadas por la violencia promovida por el Gobierno es mucho mayor,

F.  Considerando que, por otra parte, las fuerzas de seguridad han redoblado el acoso sistemático contra los miembros de las minorías religiosas, como los bahaíes (cuya antigua dirección de siete miembros ha sido detenida en tu totalidad y está siendo juzgada en estos momentos), los sunitas y los cristianos (en concreto ocho sacerdotes), y han emprendido una campaña de detenciones y ejecuciones arbitrarias de kurdos, azeríes, baluches, miembros de la sociedad civil árabe y activistas políticos; considerando, en particular, que 21 ciudadanos kurdos se encuentran en estos momentos en el corredor de la muerte,

G.  Considerando asimismo que, el 9 de septiembre de 2008, el Parlamento iraní aprobó una Ley sobre la apostasía que castiga con la pena de muerte la conversión a partir de la religión islámica,

H.  Considerando que, desde agosto de 2009, los Tribunales han organizado simulacros de juicios a cientos de destacados reformistas y activistas supuestamente relacionados con los causantes de los disturbios, que estaban tratando de promover una "revolución violeta"; que, durante dichos juicios, muchos disidentes ofrecieron confesiones ante las cámaras de televisión que aparentaban ser producto de coacciones,

I.  Considerando que el Gobierno sigue acusando a los países europeos de interferir en los acontecimientos políticos iraníes; que tales acusaciones han llevado a la expulsión de dos diplomáticos británicos, a la detención de varios funcionarios iraníes que trabajaban en la embajada británica y a la breve detención de un miembro del personal de la embajada sueca y de dos miembros del personal de la embajada alemana por su presunta participación en las protestas posteriores a las elecciones,

J.  Considerando que el 28 de enero de 2010 fueron ejecutados Mohammad Reza Ali-Zamani y Arash Rahmanipour, siendo las suyas las primeras sentencias de muerte cumplidas que han sido vinculadas por fuentes oficiales al movimiento de protesta, pese a que al menos uno de los ejecutados, si no ambos, ya se encontraba en prisión en el momento de las elecciones; considerando asimismo que, según las informaciones, nueve personas al menos han sido condenadas a muerte por su presunta vinculación con el "Movimiento Verde",

K.  Considerando que el 27 de diciembre de 2009, último día de los ritos de la Ashura, Ali Mousavi, de 35 años, sobrino de Mir Hossein Mousavi, principal candidato de la oposición en las elecciones de junio, fue muerto a tiros y deliberadamente atropellado por un automóvil en lo que presentaba todas las características de un asesinato selectivo destinado a servir de seria advertencia a su tío,

L.  Considerando que el 8 de enero de 2010 se llevó a cabo un intento de asesinato contra Mehdi Karroubi, segundo candidato más destacado de la oposición en las elecciones presidenciales, en el que se dispararon dos balas contra su automóvil, que era blindado, mientras miembros de la milicia Basij y de la Guardia Revolucionaria se reunían para protestar por la presencia del Sr. Karroubi en Qazvin,

M.  Considerando que siguen aumentando las restricciones a la libertad de prensa y de expresión, y que las autoridades iraníes han empezado a practicar, a gran escala y con gran frecuencia, la interferencia intencionada de señales de radio y televisión internacionales y a bloquear numerosos sitios web internacionales, incluidos Facebook y Twitter, así como sitios web de la oposición local y servicios telefónicos en Teherán, lo cual está causando también problemas de transmisión en las redes de otros países del Oriente Próximo e incluso de Europa,

N.  Considerando que determinadas empresas europeas y rusas han suministrado a Irán los dispositivos de interferencia y filtrado necesarios, algunos de los cuales incluso podrían suponer un riesgo para la salud de las personas que viven cerca de las instalaciones,

O.  Considerando que la Guardia Revolucionaria, su servicio secreto y la milicia Basij desempeñan un papel cada vez más activo en la sociedad iraní, en la represión de la población civil y en la detención de defensores de los derechos humanos, y que aparentemente están controlando la justicia,

La cuestión nuclear

P.  Considerando que Irán es parte del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), que ha renunciado a dotarse de armas nucleares al ratificar dicho Tratado, y que está jurídicamente obligado a declarar y situar todas sus actividades nucleares, incluido el material nuclear, bajo las garantías del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),

Q.  Considerando que en el artículo IV del TNP se destaca el derecho inalienable de todas las Partes en el Tratado de desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines civiles pacíficos sin discriminación y de conformidad con los artículos I y II del Tratado,

R.  Considerando que, incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del TNP, Irán ha construido clandestinamente una planta de enriquecimiento en Qom y no ha notificado al OIEA su existencia hasta mucho después de iniciada su construcción; considerando, asimismo, que esta infracción de las normas suscita la sospecha de que pueda haber otras instalaciones nucleares secretas y socava todavía más la confianza depositada en las garantías dadas por Irán sobre el carácter puramente civil de su programa nuclear,

S.  Considerando que el Director General saliente del OIEA, Dr. El Baradei, destacó en el informe arriba mencionado de 16 de noviembre de 2009 que, salvo que Irán aplique el Protocolo Adicional y aclare los aspectos pendientes, dando así satisfacción al OIEA, este organismo no estará en situación de ofrecer garantías fiables en cuanto a la ausencia de actividades y materiales nucleares no declarados en Irán, al tiempo que señalaba que seguirán abiertas una serie de cuestiones que suscitan preocupación acerca de una posible dimensión militar del programa nuclear iraní,

T.  Considerando que, en aras de una solución diplomática de la cuestión del programa nuclear iraní, la UE, los Estados Unidos, China y Rusia propusieron un acuerdo bajo los auspicios del OIEA para transportar el uranio poco enriquecido desde Irán a Rusia y Francia para su transformación en barras de combustible, con el fin de mantener en funcionamiento el reactor del centro de investigación médica de Teherán, y que Irán rechazó dicha propuesta, de forma que continúan los debates en el Consejo de Seguridad para endurecer las sanciones contra este país,

U.  Considerando que Irán sigue desarrollando la tecnología de misiles balísticos y su capacidad de desplegar misiles balísticos intercontinentales capaces de transportar cargas explosivas nucleares,

V.  Considerando que el Gobierno iraní ha efectuado declaraciones contradictorias sobre su programa nuclear y ha ordenado la continuación de las actividades de enriquecimiento a partir del 7 de febrero de 2010,

Democracia y derechos humanos

1.  Expresa serias dudas acerca de la exactitud de los resultados electorales que llevaron a la confirmación del Presidente Ahmedinejad para un segundo mandato, a pesar de los claros signos de fraude electoral a gran escala, y considera que la legitimidad del Presidente iraní está gravemente dañada;

2.  Rinde homenaje al valor de todos los ciudadanos iraníes que reclaman mayores libertades y más derechos democráticos, al tiempo que expresan su deseo de vivir en una sociedad libre de represión e intimidación; rinde un homenaje especial a las mujeres iraníes que desempeñaron un papel crucial en las manifestaciones posteriores a las elecciones de junio de 2009;

3.  Apoya plenamente las aspiraciones democráticas del pueblo iraní y lamenta profundamente que el Gobierno y el Parlamento iraníes sean aparentemente incapaces de responder a las demandas justificadas de sus ciudadanos, especialmente de la joven generación, que ha visto sus esperanzas de desarrollo económico y social reprimidas durante demasiado tiempo;

4.  Pide que el Gobierno iraní respete plenamente el derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión, también con respecto a las manifestaciones anunciadas para el 11 de febrero de 2010; condena con firmeza el uso de la violencia por parte de las autoridades iraníes contra los manifestantes que tratan de ejercer la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica;

5.  Reclama la liberación inmediata de todas las personas detenidas únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, o por motivo de sus creencias religiosas o su orientación sexual, al tiempo que insta a las autoridades a que investiguen y lleven a los tribunales a los funcionarios gubernamentales y a los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de la muerte, la violencia y la tortura de que han sido víctimas los disidentes o sus familiares, los manifestantes y los detenidos;

6.  Condena enérgicamente las penas de muerte y las ejecuciones en Irán, particularmente en el caso de Mohammed Reza Alizamani y Arash Rahmanipour, al tiempo que reclama la abolición de la pena capital; insta a las autoridades iraníes a que suspendan la acusación de "Moharabeh" (declaración de guerra contra Dios), delito castigado con la pena de muerte, contra los manifestantes que reclaman pacíficamente mayores derechos democráticos; insta a Irán a que aplique inmediatamente la moratoria de las Naciones Unidas sobre la pena de muerte, como solicitan las Resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

7.  Expresa su hondo pesar por los intentos del Gobierno y/o de las fuerzas de seguridad de asesinar a los candidatos a la presidencia o a miembros de sus familias, al tiempo que insta al Líder Supremo Jamenei a que garantice la seguridad de los líderes de la oposición iraní;

8.  Condena los esfuerzos desplegados por las autoridades iraníes por censurar los medios de comunicación impresos y crear interferencias en servicios de radio, televisión e Internet, como la BBC, e insta a la UE y a sus Estados miembros a que aborden las consecuencias internacionales de estos métodos en el marco de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT);

9.  Condena la decisión de las autoridades iraníes de prohibir a sus ciudadanos los contactos con las ONG extranjeras, y en especial con aquéllas cuyo objetivo es la defensa de los derechos y las libertades civiles, al tiempo que insta a dichas autoridades a que levanten de inmediato dicha prohibición;

10.  Pide a las autoridades iraníes que pongan fin de inmediato a los simulacros de juicios televisados, e insta al Parlamento iraní a que modifique la legislación que permite al Gobierno negar los derechos procesales debidos, como el derecho de los acusados a asistencia letrada adecuada;

11.  Critica severamente a las empresas internacionales, y especialmente a Nokia/Siemens, por facilitar a las autoridades iraníes la tecnología necesaria para la censura y la vigilancia, desempeñado así un papel clave en la persecución y la detención de disidentes iraníes;

12.  Lamenta las acusaciones de injerencia en los asuntos internos iraníes contra miembros del personal de las embajadas europeas, al tiempo que insta, en este mismo contexto, a las autoridades iraníes a que respeten el Convenio de Viena y las normas diplomáticas en vigor;

13.Manifiesta su preocupación por la naturaleza de las manifestaciones celebradas el 9 de febrero de 2010 ante embajadas de Estados Miembros de la UE en Teherán, dirigidas por la milicia Basij, e insta a las autoridades iraníes a garantizar la seguridad de las misiones diplomáticas;
La cuestión nuclear

14.  Reitera, a pesar del derecho de Irán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos en el marco de las normas del régimen de no proliferación, que los riesgos de proliferación en relación con el programa nuclear iraní siguen constituyendo una fuente de grave preocupación para la Unión Europea y la comunidad internacional, tal como indican muy claramente las Resoluciones 1737, 1747, 1803 y 1835 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

15.  Critica que no se hayan logrado progresos significativos en cuestiones clave que son fuente de gran inquietud, e insta de nuevo a Irán a que restablezca la transparencia de su programa nuclear dando respuestas claras, completas y verosímiles al OIEA, a que responda al conjunto de las cuestiones y preocupaciones pendientes sobre este programa, incluidas aquellas cuestiones que podrían tener una dimensión militar, a que aplique íntegramente las disposiciones del Acuerdo de Salvaguardias Amplias y sus acuerdos subsidiarios y a que ratifique y aplique su Protocolo Adicional;

16.  Respalda el enfoque de doble vía del Consejo Europeo y todos los esfuerzos por encontrar una solución negociada a largo plazo para la cuestión nuclear iraní; reitera que cualquier eventual sanción adicional en el contexto de la amenaza nuclear debe excluir medidas que pudieran tener consecuencias negativas para la población iraní en su conjunto;

17.  Lamenta que el Gobierno iraní haya rechazado de nuevo todos los intentos de compromiso sobre la cuestión nuclear y que, aparentemente, el régimen iraní intente usar dicha cuestión para desviar la atención de la crisis interna que vive el país y como una táctica para ganar tiempo y evitar el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el endurecimiento de las sanciones, al tiempo que considera que los últimos anuncios del Presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, forman parte de esta misma táctica;

Relaciones UE-Irán

18.  Destaca la importancia de continuar el diálogo con Irán a todos los niveles, y en particular con la sociedad civil; lamenta que la parte iraní haya anulado la visita de la delegación del Parlamento Europeo, al tiempo que expresa la esperanza de que el Gobierno y el Parlamento iraníes reconsideren su posición sobre los contactos directos;

19.  Pide al Consejo que mantenga su compromiso con Irán con miras a alcanzar una solución negociada del problema nuclear, así como en lo que respecta a asuntos de seguridad regional, teniendo en cuenta lo que deberían ser los intereses y las preocupaciones legítimos de Irán, incluidas las perspectivas a largo plazo de un Oriente Próximo libre de armas nucleares;

20.  Considera que debería entablarse un debate serio a nivel de la UE sobre la posibilidad de introducir nuevas sanciones selectivas que no perjudiquen a la población de Irán en su conjunto; pide que se amplíe la actual lista de personas y organizaciones sobre las que pesa la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos para incluir a los responsables de la represión y la limitación de las libertades en el país, así como a los responsables de la violación de los compromisos internacionales de Irán en el ámbito nuclear;

21.  Acoge con satisfacción las recientes declaraciones de la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión Europea, así como de otros líderes de la UE, en el sentido de que el próximo paso es llevar el debate al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y pide a la Presidencia francesa del Consejo de Seguridad que inscriba la cuestión nuclear iraní en el orden del día del Consejo de Seguridad en febrero de 2010; pide a las autoridades chinas que apoyen los esfuerzos de la comunidad internacional para poner coto al programa iraní de enriquecimiento de uranio;

22.  Recuerda a las autoridades iraníes que, con el fin de desarrollar relaciones fructíferas entre la UE e Irán, éste debe garantizar los derechos humanos fundamentales y el respeto de los principios de democracia, libertad de expresión y Estado de Derecho, puesto que se trata de un requisito previo que debe cumplir todo país que desee mantener relaciones políticas y económicas con la UE; destaca que la posible celebración de un acuerdo de cooperación y comercio entre Irán y la UE depende del respeto de estos valores, de que Irán cumpla plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del OIEA, de la aportación de garantías comprobables sobre la naturaleza pacífica del programa nuclear iraní y del fin del apoyo de Irán al terrorismo;

23.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen activamente las iniciativas destinadas a mejorar el pluralismo de los medios de comunicación, al tiempo que celebra los avances realizados en el proyecto, que se encuentra ya en marcha, de emitir noticias europeas en lengua farsi;

24.  Pide a la Comisión y al Consejo que tomen medidas inmediatas para prohibir a las empresas europeas la exportación de tecnología de vigilancia a gobiernos y países ‐como es el caso de Irán‐ en los que dicha tecnología pudiera desempeñar un papel clave en la violación de la libertad de expresión;

25.  Pide a la Comisión que establezca una delegación de la Unión Europea en Teherán;

26.  Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren medidas complementarias en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y de la política europea de inmigración con el fin de proteger activamente a los defensores de los derechos humanos en Irán;

o
o   o

27.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Irán.


Situación en Yemen
PDF 129kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la situación en Yemen
P7_TA(2010)0017RC-B7-0021/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la declaración del Presidente en la reunión de alto nivel sobre Yemen del 27 de enero de 2010,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Yemen, de 25 de enero de 2010 y 27 de octubre de 2009,

–  Vista la declaración de la Presidencia en nombre de la Unión Europea, de 27 octubre de 2009, sobre el deterioro de la situación de la seguridad en Yemen,

–  Visto el Documento de estrategia de la Comunidad Europea para Yemen para el período 2007-2013,

–  Vistos los resultados de la visita a Yemen de su Delegación para las Relaciones con los Estados del Golfo, incluido Yemen, realizada los días 22 a 25 de febrero de 2009,

–  Visto el informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea, de 26 de septiembre de 2006,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en su conjunto, la situación política, de la seguridad y socioeconómica en Yemen ha venido sufriendo un prolongado deterioro, lo que suscita una gran preocupación en la comunidad internacional,

B.  Considerando que una organización vinculada a Al Qaeda ha reivindicado el atentado fallido del terrorista nigeriano Umar Farouk Abdulmuttab, que intentó hacer estallar un avión sobre Detroit en diciembre de 2009 y que declaró haber sido entrenado y equipado en un campo yemení de Al Qaeda; considerando que un mayor deterioro de la situación de la seguridad en Yemen podría proporcionar a los grupos terroristas e insurgentes de la región, y en particular a Al Qaeda, un refugio seguro desde el cual planear, organizar y respaldar las operaciones terroristas subsiguientes,

C.  Considerando que la situación de la seguridad se ve agravada aún más por la guerra civil contra la rebelión revivalista de la comunidad chiita zaidí en Saada, al norte de Yemen, y por el estallido de la violencia a cargo del movimiento secesionista del sur,

D.  Considerando que el terrorismo ya era moneda corriente en Yemen muchos años antes del 11 de septiembre, como lo demuestra el ataque contra el buque USS Cole perpetrado por Al Qaeda el 12 de octubre de 2000, y que, desde 2007, el terrorismo en Yemen se ha intensificado, habiéndose registrado numerosos ataques a oleoductos, instalaciones petroleras, edificios gubernamentales, embajadas (incluidas las de Italia y los Estados Unidos), barcos y turistas en el país,

E.  Considerando que las contiendas locales en la región de Saada adquirieron una dimensión regional cuando las fuerzas militares saudíes entraron en combate contra los rebeldes tras una incursión en la frontera entre Yemen y Arabia Saudí, y lanzaron ataques sobre las posiciones de los rebeldes; considerando que, según las acusaciones del Gobierno yemení, elementos chiitas externos han venido prestando apoyo a los movimientos rebeldes del norte del país,

F.  Considerando que los combates entre el ejército yemení y los rebeldes chiitas en la provincia de Saada, al norte del país, que comenzaron en 2004, han dejado más de 175 000 desplazados internos y provocado una crisis humanitaria en la región,

G.  Considerando que Yemen es uno de los países más pobres del mundo; considerando que la crisis alimentaria de 2008 ha tenido una gran repercusión en las capas más pobres de la población yemení, mientras que la crisis financiera mundial, y en particular la caída de los ingresos procedentes del petróleo, ha contribuido a ejercer una presión insostenible sobre las finanzas públicas, situación que se ha visto aún más agravada por la limitada aplicación de reformas económicas y fiscales necesarias desde hace tiempo,

H.  Considerando que las reservas de petróleo de Yemen, que representan más del 75 % de sus ingresos, están prácticamente agotadas, y que el país dispone de pocas opciones viables para una economía post-petrolera sostenible,

I.  Considerando que otro problema importante al que se enfrenta Yemen es la grave escasez de agua, causada por distintos factores, incluidos un consumo doméstico en aumento, una mala gestión del agua, la corrupción, la falta de gestión de los recursos y unas técnicas de irrigación que desperdician mucha agua; considerando que, según estimaciones del Gobierno, el 99 % de la extracción total de agua se lleva a cabo sin licencia,

J.  Considerando que la situación provocada por la falta de agua y de alimentos en Yemen se agrava aún más por la dependencia de la población respecto al qat, un cultivo que ofrece un rendimiento rápido pero que requiere una irrigación abundante para desarrollarse, y que se cultiva tan extensivamente que alrededor del 40 % de los recursos hídricos yemeníes se emplea para este fin; considerando que el país se ha convertido en un importador neto de alimentos,

K.  Considerando que el aumento de la piratería en el Golfo de Adén y la presión migratoria permanente desde el Cuerno de África son otros factores que repercuten en la estabilidad del país,

L.  Considerando que el estrecho de Bab el Mandeb entre Yemen y Yibuti, de 18 millas de anchura, reviste una importancia estratégica fundamental, ya que por él pasan cada día 3,3 millones de barriles de petróleo (el 4 % de la producción diaria mundial),

M.  Considerando que, desde 2004, la UE ha donado a Yemen una ayuda que asciende a más de 144 millones de euros, la mayor parte de los cuales se ha destinado al desarrollo, y que ha desplegado programas para apoyar a la policía y a los guardacostas yemeníes,

N.  Considerando que, a raíz del intento fallido de hacer explotar un avión sobre Detroit, los Gobiernos británico y estadounidense han anunciado que van a incrementar considerablemente su ayuda militar y al desarrollo a Yemen y van a proceder asimismo a financiar conjuntamente una unidad antiterrorista especial de la policía yemení y a apoyar a los guardacostas yemeníes,

O.  Considerando que las elecciones legislativas que debían celebrarse en abril de 2009 se han retrasado hasta 2011 para permitir que las autoridades ejecuten las reformas esenciales del sistema electoral; considerando que, hasta ahora, no se ha tomado ninguna medida concreta a tal fin,

P.  Considerando que persisten serias preocupaciones en cuanto a la evolución de Yemen en lo relativo a la democracia, los derechos humanos y la independencia del poder judicial; que ha habido casos de persecución de periodistas y defensores de los derechos humanos; que la situación de las mujeres es particularmente difícil, con un acceso en deterioro a la educación y una falta de participación política activa,

Q.  Considerando que seis ciudadanos europeos (cinco alemanes y un británico) siguen retenidos como rehenes desde su secuestro, en junio de 2009, y que otras tres personas del mismo grupo fueron halladas muertas inmediatamente después de su captura,

1.  Manifiesta su profunda preocupación por el agravamiento y la persistencia de los problemas de seguridad, políticos y socioeconómicos en Yemen; pide a la comunidad internacional que realice esfuerzos considerables para evitar la escalada de la actual crisis y progresar hacia el objetivo de un Yemen unificado, estable y democrático;

2.  Acoge con satisfacción el resultado de la reunión internacional sobre Yemen, celebrada el 27 de enero de 2010 en Londres, incluido el hecho de que el Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo anunciara que organizará una reunión de socios de Yemen, de dentro y fuera del Golfo, que se celebrará en Riad del 22 al 23 de febrero de 2010, así como el compromiso del Gobierno yemení de continuar con su agenda de reforma y entablar conversaciones sobre un programa del FMI; celebra también el compromiso de la comunidad internacional de apoyar al Gobierno yemení en la lucha contra Al Qaeda y otras formas de terrorismo, reafirmando al mismo tiempo su apoyo a un Yemen unificado y su respeto de la soberanía e independencia del país;

3.  Se muestra convencido de que sólo podrá lograrse la seguridad y la estabilidad de Yemen mediante reformas políticas y socioeconómicas; pide por tanto al Gobierno yemení que respete los compromisos asumidos ante la comunidad internacional e impulse el proceso nacional de reformas políticas y económicas, con el fin de afianzar la democracia y mejorar las condiciones de vida de la población;

4.  Acoge con satisfacción y apoya la cooperación activa entre la Comisión, el Consejo y el Gobierno yemení, especialmente en materia de desarrollo, sistema policial, justicia, control fronterizo, lucha contra la trata de seres humanos, seguridad marítima, lucha antiterrorista y desarrollo institucional; pide al Consejo y a la Comisión que refuercen aún más sus relaciones bilaterales con Yemen y examinen los modos más efectivos en que la UE puede contribuir a mejorar la seguridad y la situación política del país;

5.  Reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato en la región de Saada y al cese de la violencia en el sur del país, y considera que sólo una solución política global puede llevar a la paz duradera; manifiesta su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en el norte de Yemen; pide a todas las partes que cumplan sus obligaciones y responsabilidades de conformidad con el Derecho humanitario internacional para proteger a la población civil de la región y permitir que la ayuda humanitaria llegue a los territorios afectados;

6.  Pide al Gobierno yemení que se abstenga de discriminar a los grupos étnicos o religiosos del país, y que tenga en cuenta en sus políticas el interés común de todos sus ciudadanos; subraya que no se puede abusar de las acciones y medidas antiterroristas con fines políticos, en particular contra los oponentes políticos, los periodistas y los defensores de los derechos humanos;

7.  Manifiesta su preocupación por la prolongada y creciente presencia de Al Qaeda en Yemen y destaca que la falta de acciones concretas podría provocar una erosión mayor de la autoridad del Gobierno central y la desestabilización de Yemen, y de su vecindad, hasta los extremos detectados en Somalia, lo que, a su vez, ofrecería oportunidades para que los extremistas dirigidos o inspirados por Al Qaeda puedan reagruparse, organizarse, entrenarse y lanzar operaciones terroristas dentro o fuera del territorio yemení;

8.  Pide a las autoridades yemeníes que ejecuten las reformas necesarias para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, en particular garantizando la libertad de los medios de comunicación, el derecho a un juicio justo y la igualdad de trato entre hombres y mujeres;

9.  Subraya la importancia de un poder judicial independiente que cuente con los recursos y las competencias para abordar la cuestión de la rendición de cuentas con respecto a las violaciones de los derechos humanos, incluidas las detenciones ilegales y la tortura; insta al Gobierno yemení a que garantice el acceso de organizaciones humanitarias imparciales a todos los lugares de detención de Yemen y ponga fin a la utilización de centros de detención privados o no autorizados;

10.  Anima a todas las fuerzas políticas de Yemen a superar el actual estancamiento de las negociaciones sobre las reformas políticas fundamentales; insiste en la importancia de celebrar elecciones en 2011 y anima a todos los partidos políticos a aplicar los acuerdos suscritos por los que se definen las medidas necesarias para mejorar el sistema electoral y consolidar la democracia, en particular teniendo en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea tras las elecciones democráticas, presidenciales y locales, celebradas en 2006; pide a la Comisión y al Consejo que supervisen, en estrecha cooperación con el Parlamento, el proceso de reforma de la Constitución y de la ley electoral que ha provocado el aplazamiento de las elecciones legislativas;

11.  Pide al Consejo y a la Comisión, así como al Servicio Europeo de Acción Exterior, una vez establecido, que apliquen rápidamente un enfoque coordinado y global de la UE frente a Yemen, para evitar la duplicación y el solapamiento de la asistencia y la ayuda al desarrollo de los Estados miembros; destaca que la coordinación de la UE es esencial para la coordinación general de los donantes en Yemen, que se echa gravemente en falta;

12.  Pide al Consejo y a la Comisión que, en cooperación con otros actores internacionales, incrementen la ayuda al desarrollo destinada a Yemen con el fin de estabilizar la situación política y mejorar la situación económica y las condiciones de vida de la población del país; pide, en particular, que se estudie la aplicación de medidas excepcionales de ayuda en el contexto del Instrumento de Estabilidad y un programa específico de mejora de la educación en el marco del Instrumento de Cooperación al Desarrollo; acoge con satisfacción que el Consejo de Cooperación del Golfo esté dispuesto a profundizar sus relaciones con Yemen; pide al Gobierno yemení que garantice, en estrecha cooperación con los donantes, una mayor efectividad de la ayuda mediante mecanismos adecuados de coordinación, distribución y ejecución;

13.  Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que la ayuda proporcionada por la comunidad internacional y, en particular, la procedente del presupuesto de la Unión Europea, se utilice para apoyar proyectos que beneficien directamente al mayor número posible de personas y cuya eficacia pueda evaluarse sobre el terreno; se congratula, en este sentido, del establecimiento en Sanaa de una delegación de la UE en toda regla;

14.  Pide a la Comisión y al Consejo que apliquen un programa especial de ayuda para Yemen que incluya formación para funcionarios yemeníes sobre la base de la experiencia de EUJUST LEX y el envío de formadores a la administración central y local de Yemen, de manera que se refuercen o complementen otros esfuerzos internacionales;

15.  Pide al Consejo y a la Comisión que ayuden a los Estados Unidos y a Yemen en la repatriación o reinserción de los yemeníes retenidos sin cargos en Guantánamo, incluidos los 40 yemeníes a cuya liberación ya ha dado el visto bueno la Administración estadounidense;

16.  Pide a las autoridades yemeníes que redoblen sus esfuerzos para garantizar la liberación de los seis rehenes europeos retenidos en su territorio;

17.  Solicita al Consejo y a la Comisión que le faciliten, en todas las fases del procedimiento, una información plena e inmediata acerca de todos los acontecimientos y negociaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General del Consejo de Cooperación del Golfo y al Gobierno y al Parlamento de la República de Yemen.


Trata de seres humanos
PDF 145kWORD 62k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la prevención de la trata de seres humanos;
P7_TA(2010)0018B7-0029/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 1, 3, 4, 5 y 6,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, especialmente sus artículos 4 y 5, en los que se afirma que ha de prohibirse la trata de esclavos en todas sus formas,

–  Visto el Convenio de las Naciones Unidas, de 1949, para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, y en particular sus artículos 1, 7, 32, 34 y 35, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 2000, y en particular su artículo 3,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, y en particular sus artículos 5 y 6,

–  Visto el Protocolo de Palermo de las Naciones Unidas, de 2002, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada,

–  Vistos el Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo relativo al trabajo forzoso u obligatorio (1930) y el Convenio 182, adoptado por la Conferencia General en su 87ª sesión (1999), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación,

–  Vistas la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de acción adoptadas en Pekín y los subsiguientes documentos sustantivos adoptados en las sesiones especiales de las Naciones Unidas Pekín +5 y Pekín +10 sobre otras acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración de Pekín y la Plataforma de acción adoptadas, respectivamente, el 9 de junio de 2000 y el 11 de marzo de 2005,

–  Vistos el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina, de 1997, así como el artículo 22 del Protocolo adicional relativo al trasplante de órganos y de tejidos de origen humano, de 2002,

–  Vistas las Directrices de UNICEF para la protección de los derechos de los niños víctimas de la trata (2006) y la Guía de referencia sobre la protección de los derechos de los niños víctimas de la trata (2006),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa para la Acción contra la trata de seres humanos, de 2005,

–  Visto el Informe de 2005 del Consejo de Europa sobre la Situación de la Delincuencia Organizada,

–  Vista la Recomendación 1611 (2003) del Consejo de Europa sobre el tráfico de órganos en Europa,

–  Vista la Declaración de Bruselas sobre la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, aprobada el 20 de septiembre de 2002,

–  Vista la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos,

–  Vista la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes(1),

–  Visto el Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo basado en el artículo 10 de la Decisión marco del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos (COM(2006)0187),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de octubre de 2005, titulada "Lucha contra la trata de seres humanos - enfoque integrado y propuestas para un plan de acción" (COM(2005)0514),

–  Visto el Documento de trabajo de la Comisión titulado "Evaluación y seguimiento de la aplicación del Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla" (COM(2008)0657),

–  Vista la propuesta de la Comisión de una Decisión marco del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y a la protección de las víctimas, por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI (COM(2009)0136),

–  Visto el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (COM(2006)0092), en particular la acción prioritaria para erradicar la violencia de género y la trata de seres humanos,

–  Visto el Programa de Estocolmo sobre el ámbito de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos,

–  Vista la Declaración de Bruselas sobre la trata de seres humanos, de octubre de 2009,

–  Vistos los informes de Europol sobre la trata de seres humanos, de 2009,

–  Visto el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de julio de 2009, sobre la trata de niños en la Unión Europea,

–  Visto el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), de febrero de 2009,

–  Visto el informe del relator especial de Naciones Unidas, de 6 de febrero de 2009, sobre los aspectos de derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, en particular las mujeres y los niños, y las recomendaciones al respecto,

–  Visto el informe del Departamento de Estado de los EE.UU., de junio de 2009, sobre la trata de personas,

–  Vistas sus resoluciones sobre esta cuestión(2),

–  Vistas las preguntas con solicitud de respuesta oral a la Comisión sobre la prevención de la trata de seres humanos y la protección de las víctimas (O-0148/2009 – B7-0341/2009, O-0149/09 – B7-0342/2009),

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud, un delito grave y una violación severa de los derechos humanos fundamentales y que reduce a las personas a un estado de dependencia por medio de amenazas, violencias y humillaciones,

B.  Considerando que la trata de seres humanos es un negocio extremadamente lucrativo para la delincuencia organizada, que ofrece posibilidades de alta rentabilidad a bajo riesgo,

C.  Considerando que la trata de seres humanos presenta muchas formas, relacionadas, por ejemplo, con la explotación sexual, el trabajo forzoso, el comercio ilegal de órganos humanos, la mendicidad, las adopciones ilegales y el trabajo doméstico,

D.  Considerando que según la estimación de Europol para 2009, la trata de mujeres para su explotación sexual no ha disminuido y la trata para trabajos forzosos va en aumento,

E.  Considerando que el Informe Mundial de la ONUDD sobre la Trata de Personas registra la explotación sexual como la forma más comúnmente identificada de trata de personas, seguida por el trabajo forzoso; que la ONUDD también señala que el 79 % de las víctimas identificadas de la trata de personas son mujeres y niñas,

F.  Considerando que las "novias por correo" pueden quedar atrapadas en un entorno de esclavitud, convirtiéndose en víctimas de explotación sexual, trabajo forzoso, trabajo doméstico y otras formas de la trata de seres humanos,

G.  Considerando que los niños son especialmente vulnerables y corren, por lo tanto, un mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata de seres humanos,

H.  Considerando que la crisis financiera y económica puede dar lugar a que se intensifique la trata de seres humanos, mediante la explotación de la necesidad de las posibles víctimas a encontrar un trabajo digno y escapar de la pobreza,

I.  Considerando que la amplitud y la gravedad de este problema son alarmantes:

   El informe de Europol, de 2009, sobre la trata de seres humanos en la UE pone de relieve que dicha actividad genera un negocio multimillonario en euros/dólares al año;
   Partiendo de las cifras disponibles, es razonable calcular que la trata afecta cada año a cientos de miles de personas que son objeto de trata hacia la UE o dentro de ésta;
   En 2008, Eurojust abrió 83 casos sobre la trata de seres humanos, lo que supone un incremento de más del 10 % con respecto a 2007 (71 casos);

J.  Considerando que el marco jurídico de la UE sobre la trata de seres humanos se basa principalmente en:

   la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos, que tiene como objetivo garantizar un grado mínimo de armonización de las legislaciones nacionales;
   la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes,

K.  Considerando que la experiencia demuestra que este marco jurídico no es suficientemente eficaz y el nivel de ejecución es insuficiente y que la UE tiene que tomar, por tanto, medidas más enérgicas,

L.  Considerando que en marzo de 2009 la Comisión presentó una propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos, y a la protección de las víctimas, por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI (COM(2009)0136), destinada a reforzar la decisión marco actual mediante sanciones más duras, mejor protección de las víctimas y medidas activas de prevención,

M.  Considerando que, a pesar de los esfuerzos de la Presidencia sueca, el texto no fue aprobado y que probablemente se presente en un futuro próximo una propuesta para un nuevo instrumento jurídico en virtud del nuevo marco jurídico del Tratado de Lisboa,

N.  Considerando que el Tratado de Lisboa reforzará la acción de la UE en el ámbito de la cooperación judicial y policial en materia penal, incluida la lucha contra el tráfico de seres humanos, y que Parlamento Europeo, en cuanto colegislador, tendrá un papel importante que desempeñar en este ámbito,

O.  Considerando que la acción contra la trata de seres humanos no puede limitarse a un instrumento legislativo, sino que debe estar también complementada por medidas no legislativas, en particular mediante la evaluación de la aplicación de las medidas adoptadas, la recopilación y el intercambio de información, el establecimiento de ámbitos de cooperación y asociación y el intercambio de mejores prácticas,

P.  Considerando que es fundamental que la sociedad civil, activa en este ámbito, participe en todo el proceso: desde la identificación hasta la prestación de asistencia a las víctimas, incluida su participación en el proceso legislativo,

Q.  Considerando que actualmente no hay datos precisos sobre este fenómeno y que las cifras disponibles parecen subestimar la magnitud real del mismo, ya que se trata de una forma de delito que tiene lugar en la clandestinidad y a menudo no se detecta o se interpreta mal; que debe investigarse más para comprender cómo se lleva a cabo la trata de seres humanos, quién comete este delito, en qué modo la demanda condiciona la prestación de servicios por parte de las víctimas y quién se convierte en víctima y por qué, así como la forma en que puede ponerse freno a la demanda; considerando que debe reforzarse la cooperación y el intercambio de información entre los Estados miembros y terceros países,

R.  Considerando que toda acción futura debe partir de un enfoque integrado que reúna la prevención y la represión así como la protección, el apoyo y la asistencia a las víctimas, incluida una cooperación reforzada entre todas las partes interesadas,

S.  Considerando que, si se reduce la demanda de los compradores potenciales de servicios y productos de las víctimas de la trata de seres humanos y, en consecuencia, se reduce también el beneficio obtenido mediante dicha trata, disminuirá a su vez la oferta de servicios y bienes procedentes de las víctimas,

T.  Considerando que la integración social de las víctimas potenciales tiene un efecto indirecto de prevención y ayuda a evitar que vuelvan a ser víctimas o incluso a que se conviertan en posibles traficantes,

U.  Considerando que la cooperación y la asociación entre la Unión Europea, el Consejo de Europa, las Naciones Unidas y terceros países –en particular con los países de origen de personas objeto de trata y los Estados Unidos, como país de destino comúnmente reconocido– es crucial para la protección de los derechos fundamentales y la lucha eficaz contra la trata de seres humanos,

V.  Considerando que en la elaboración y posterior aplicación de las políticas y medidas relativas a la trata de seres humanos se debe prestar atención a que se garanticen resultados sin discriminación alguna por motivos de nacionalidad, raza, color, sexo, religión, opiniones políticas o de otra índole, procedencia social o cualquier otra condición,

Observaciones generales

1.  Pide al Consejo y a la Comisión:

   que desarrollen su acción contra la trata de seres humanos sobre la base de un planteamiento global que se centre en los derechos humanos y se focalice en la lucha contra la trata de seres humanos, en la prevención y en la protección de las víctimas;
   que adopten un enfoque centrado en las víctimas, lo que entraña la identificación, inclusión y protección de todos los tipos posibles de víctimas, prestando especial atención a los niños y otros grupos de riesgo;
   que establezcan, bajo la supervisión del Comisario responsable de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, un coordinador de la UE contra la trata de seres humanos que coordine la acción de la UE y las políticas en este ámbito –incluidas las actividades de la red de ponentes nacionales– e informe tanto al Parlamento Europeo como al Comité permanente de la cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI);
   que aseguren que, en tiempos de crisis económica y financiera, la lucha contra la trata de seres humanos tenga prioridad en su agenda, por ejemplo, a la hora de establecer planes de recuperación;
   que garanticen que las políticas relativas a la trata de seres humanos cubren aspectos relacionados con los asuntos sociales y la inclusión social e insistan en los programas adecuados y métodos eficaces para garantizar la rehabilitación social de las víctimas, incluyendo medidas en el mercado laboral y en los sistemas de seguridad social;
   que presten la debida atención a la dimensión de las relaciones exteriores de la trata de seres humanos y a los aspectos relacionados con la inmigración, el asilo y las políticas de reinserción;
   que proporcionen información y organicen campañas de sensibilización a través del sistema educativo y escolar en los países de origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos;
   que conviertan el interés del niño en la consideración primordial de todas las acciones sobre la trata de seres humanos, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas de 1989 sobre los Derechos del Niño;
   que aborden todas las políticas, estrategias y medidas contra la trata de seres humanos desde una perspectiva de género;
   que refuercen la coordinación y la cooperación con la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Instituto para la Igualdad de Género de la Unión Europea;
   que establezcan e intensifiquen una cooperación continua con las ONG que trabajan en este ámbito;
   que establezcan una plataforma permanente a escala de la UE que agrupe los esfuerzos de las instituciones europeas, los organismos e institutos, la policía, los servicios de aduanas, las oficinas de contratación y los cuerpos de seguridad a nivel regional y nacional en los Estados miembros, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales;

2.  Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen el Convenio del Consejo de Europa de 2005 sobre la lucha contra la trata de seres humanos

Recogida de información

3.  Pide al Consejo y a la Comisión que, con el fin de obtener cuanta información sea posible, tomen medidas con vistas:

   a la publicación anual por parte de Eurojust, Europol y Frontex de un informe conjunto que habrá de presentarse al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales, así como al Consejo y a la Comisión; este informe conjunto, que debe ir seguido de una audiencia pública con las ONG y la sociedad civil a fin de que estas aporten su experiencia, debe fomentar el trabajo hacia una mejor comprensión de:
   las causas profundas,
   los factores en los países de origen y en los países de destino que facilitan la trata de seres humanos;
   las tendencias actuales en lo que respecta a las víctimas, los traficantes, los usuarios y las redes delictivas y sus modus operandi,
   las rutas de viaje, las circunstancias locales de los países de destino que favorecen la utilización de los servicios de personas objeto de trata de seres humanos y diferentes formas de explotación (explotación sexual, explotación laboral, tráfico de órganos, trata de niños, incluso con fines de explotación por parte de delincuentes sexuales que viajan, producción de imágenes de abuso sexual infantil, y otras formas de explotación cercanas a la explotación de seres humanos, pero no explícitamente incluidas en la definición de la misma, como la mendicidad y la delincuencia a pequeña escala);
   al desarrollo de un modelo común de la UE para la recopilación y sistematización de datos sobre todos los aspectos de la trata de seres humanos, incluyendo la edad y el género, para ser utilizado tanto en los Estados miembros como en terceros países, respetando la legislación pertinente sobre protección de datos y los derechos del interesado en ese ámbito;
   al establecimiento, de conformidad con el artículo 70 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de un objetivo anual y de un sistema de evaluación imparcial, con especial referencia a la aplicación de las políticas de la UE en materia de trata de seres humanos, manteniendo plenamente informados al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales;
   a la evaluación de la información y de las campañas de sensibilización que se lleven a cabo y se desarrollen tanto en los Estados miembros como en terceros países;

Prevención

4.  Acoge con satisfacción la disposición propuesta en materia de prevención en la propuesta de la Comisión y pide que se adopten ulteriores medidas;

5.  Subraya que los Estados miembros deben adoptar y reforzar medidas legislativas y no legislativas adicionales, incluyendo las medidas educativas, sociales, culturales y administrativas, así como campañas de sensibilización dirigidas al público en general, con el fin de reducir la demanda de los servicios prestados por personas objeto de trata de seres humanos;

6.  Pide que se lleven a cabo campañas masivas de información y de sensibilización tanto en los Estados miembros como en terceros países que hayan demostrado ser puntos de partida o de escala para la trata de seres humanos, que tengan como destinatarios tanto las posibles víctimas de la trata como los posibles compradores de servicios de las personas objeto de trata;

7.  Pide a los Estados miembros que elaboren programas educativos de sensibilización concebidos para dirigir la atención de los menores hacia las trampas que pueden conducir fácilmente a la trata de seres humanos;

Diligencias

8.  Pide que se adopte lo antes posible un marco jurídico exhaustivo y global que incluya políticas contra la delincuencia informática vinculada a las actividades de trata de seres humanos;

9.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta los elementos siguientes a la hora de elaborar futuras propuestas de instrumentos legislativos en este ámbito:

   a. la severidad de las penas y sanciones aplicables a aquellos que se beneficien de la trata de seres humanos, incluidas las personas jurídicas, debe reflejar la gravedad del delito y tener un efecto disuasivo, sin olvidar que la trata de menores debe castigarse con penas más severas;
   b. la adopción de nuevas medidas debería centrarse en la protección de las víctimas –teniendo debidamente en cuenta la situación de los niños y las mujeres– asegurando, entre otras cosas, que la asistencia a las víctimas sea incondicional y que el consentimiento de la víctima a la explotación siempre es irrelevante y que la asistencia a la víctima se aplicará independientemente de la voluntad de esta a cooperar en los procedimientos penales;
   c. una ulterior prevención y acción también puede centrarse en el usuario de los servicios de las personas objeto de trata de seres humanos;
   d. debe prestarse la atención debida a la necesidad de establecer una jurisdicción extraterritorial para los delitos relacionados con la trata de seres humanos respecto de los nacionales y residentes en la UE;
   e. cualquier disposición relativa a la jurisdicción debe coordinarse con el proyecto de Decisión marco sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en procesos penales;

10.  Pide a los Estados miembros y a los Parlamentos nacionales que, sin perder de vista el hecho de que la legislación es inefectiva si no se aplica correctamente, lleven plenamente a la práctica a escala nacional las políticas de la UE relativas a la trata de seres humanos y que ratifiquen y apliquen lo antes posible otros instrumentos jurídicos en este ámbito;

11.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas con vistas a una mejor coordinación en el nivel operativo entre órganos de la UE tales como Eurojust y Europol;

12.  Llama la atención sobre los resultados positivos logrados a través de equipos conjuntos de investigación, y pide a los Estados miembros que utilicen en mayor medida esta herramienta;

13.  Subraya la importancia de prestar asistencia y apoyo a las víctimas de la trata de seres humanos y, además, pide a Frontex y a los organismos nacionales de control de fronteras que, en el curso de sus actividades, definan prácticas comunes a fin de sensibilizar a su personal sobre la cuestión de la trata de seres humanos, identificar a las víctimas de la misma y garantizar su protección;

14.  Aboga, dado que la represión no puede quedar limitada dentro de las fronteras de la UE, por la celebración de acuerdos globales –que incluyan disposiciones sobre el respeto de los derechos fundamentales– con terceros países y el establecimiento de una cooperación con ellos, que obedezca a normas estrictas;

Protección, apoyo y asistencia a las víctimas

15.  Pide que la protección y el apoyo de las víctimas constituyan una prioridad de la acción de la UE en este ámbito y que las víctimas reciban toda la ayuda posible desde el momento en que se las identifique como tales, incluyendo:

   el acceso a, como mínimo, un permiso temporal de residencia, independientemente de su voluntad a cooperar en los procedimientos penales, y la simplificación del acceso al mercado de trabajo, incluidas medidas de formación profesional y otras formas de perfeccionamiento de capacidades, como mínimo, sobre la base de la Directiva 2004/81/CE;
   el acceso a un alojamiento adecuado y seguro y a servicios especializados de apoyo, incluida la atribución de un subsidio alimentario/de subsistencia, el acceso a tratamiento médico de emergencia, el acceso a servicios de asesoramiento, traducción e interpretación, si procede, ayuda para comunicarse con familiares y amigos y el acceso a la educación para los hijos;
   una política simplificada en materia de reunificación familiar para las víctimas, especialmente cuando su protección así lo exija;

16.  Llama la atención sobre las víctimas especialmente vulnerables, como los niños y las mujeres, y solicita programas específicos de asistencia y protección para ellas;

17.  Subraya que las víctimas de la trata de seres humanos deben recibir la protección, apoyo y ayuda en la mayor medida posible, incluso en caso de que hayan sido objeto de trata fuera de la UE y no dentro o con destino a la UE;

18.  Pide que se ofrezca ayuda profesional a las víctimas, incluida la asistencia jurídica gratuita (que es esencial para que puedan escapar a la situación de coerción en la que se encuentran), teniendo en cuenta que éstas carecen de recursos económicos y por lo tanto no pueden pagar dicha asistencia;

o
o   o

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales de los Estados miembros y al Consejo de Europa.

(1) DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
(2) Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2006, sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual, Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la lucha contra la trata de seres humanos – un enfoque integrado y propuestas para un plan de acción (2006/2078(INI)).


Resultados de la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático
PDF 131kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre los resultados de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático (COP 15)
P7_TA(2010)0019RC-B7-0064/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto,

–  Visto el Plan de Acción de Bali (Decisión 1/COP 13),

–  Vistos la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP 15) en la CMNUCC y la quinta Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 5), que tuvieron lugar en Copenhague (Dinamarca) del 7 al 18 de diciembre de 2009, así como el Acuerdo de Copenhague,

–  Visto el Paquete de la Unión Europea sobre el cambio climático, adoptado el 17 de diciembre de 2008,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el cambio climático, y en particular la de 25 de noviembre de 2009 sobre la estrategia de la UE para la Conferencia sobre el Cambio Climático de Copenhague (COP 15),

–  Vista la próxima Conferencia de las Partes (COP 16), que se celebrará en México,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que las negociaciones relativas a un acuerdo internacional global sobre el cambio climático para el período posterior a 2012, que debían darse por finalizadas en Copenhague en diciembre de 2009, concluyeron con un acuerdo decepcionante del que la Conferencia de las Partes en la CMNUCC meramente tomó nota,

B.  Considerando que el Acuerdo no es jurídicamente vinculante y no incluye objetivo alguno en materia de reducción de las emisiones ni, de hecho, ningún compromiso específico para celebrar un acuerdo jurídicamente vinculante en 2010,

C.  Considerando que el Acuerdo reconoce la necesidad de limitar el aumento de la temperatura a escala mundial a 2°C como máximo y que hace referencia a la exploración de vías alternativas para mantener el aumento de la temperatura a escala mundial por debajo de 1,5°C,

D.  Considerando que la Unión Europea fue incapaz de asumir un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y que ni siquiera participó en las negociaciones finales con los Estados Unidos, China, la India, Brasil y Sudáfrica sobre el borrador final del Acuerdo,

E.  Considerando que el Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), al igual que un conjunto cada vez mayor de pruebas científicas, reconoce que es necesario reducir de forma drástica las emisiones para mantener el aumento de la temperatura a escala mundial por debajo de los 2°C,

F.  Considerando que varios países desarrollados y en desarrollo no respaldaron la formulación y puesta en práctica de un nuevo marco internacional de protección del clima,

G.  Considerando que la Unión Europea no debe permitir que flaquee su propio compromiso con la actuación contra el cambio climático, aun cuando algunos de nuestros principales socios en las negociaciones parecen no poder o no querer frenar la trayectoria de sus emisiones,

H.  Observando que sólo 28 Estados que no son miembros de la UE han comunicado objetivos de emisión de gases de efecto invernadero a la Organización de las Naciones Unidas en el plazo fijado de 31.01.2010 y que algunos sólo han comunicado objetivos de eficiencia, que no implicarán reducción alguna,

1.  Lamenta la debilidad del Acuerdo logrado en la COP 15, que no nos acerca a un pacto mundial exhaustivo para el período posterior a 2012 y no establece objetivos de reducción mundiales a medio o largo plazo ni precisa la fecha en la que las emisiones mundiales deberían alcanzar su nivel máximo; toma nota, asimismo, de la decepción de los ciudadanos por la imposibilidad de lograr un acuerdo significativo en Copenhague;

2.  Considera que la demora en alcanzar un acuerdo internacional no justifica que se posponga aún más la adopción de políticas comunitarias para cumplir el compromiso de reducir nuestras emisiones en un 20 % antes de 2020, que ya es jurídicamente vinculante; reitera nuestro deseo de llegar a una reducción del 30 %; señala también que las iniciativas emprendidas en la Unión Europea para promover y alentar la "economía verde", la seguridad energética y la reducción de la dependencia energética facilitarán cada vez más el logro del compromiso de reducción del 30 %;

3.  Reconoce que el coste estimado para que la UE logre reducir las emisiones en un 30 % de aquí a 2020 con respecto a los niveles de 1990 es ahora menor que el coste estimado para lograr una reducción del 20 % en el momento en que esto fue acordado, y pide a la Comisión, por tanto, que presente una propuesta para que la UE persiga metas más ambiciosas y, de forma unilateral, fije para 2020 un objetivo de reducción superior al 20  %;

4.  Pide a la UE que alcance sus propios objetivos mediante el ahorro de energía y las fuentes de energía renovables y que se acuerde un objetivo de ahorro de energía ambicioso y vinculante lo antes posible;

5.  Expresa su decepción ante la falta de unidad de los Estados miembros; insta por tanto a la Unión Europea a expresarse con voz unánime en las negociaciones internacionales sobre el clima, a fin de recobrar su liderazgo en las negociaciones sobre un acuerdo general vinculante para después de 2012, en consonancia con los últimos avances de la ciencia y con el objetivo de los 2°C en la COP 16;

6.  Lamenta igualmente que la Unión Europea no fuera capaz, mediante compromisos específicos previos en materia de financiación pública internacional para las acciones de lucha contra el cambio climático en los países en desarrollo, de generar un clima de confianza en las negociaciones para lograr mayores avances en el seno de los grupos de trabajo ad hoc; pide, por otra parte, a la UE que aclare su posición sobre la supeditación de un segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto a la asunción por los EE.UU. de compromisos jurídicamente vinculantes en virtud de otro instrumento jurídico, y que garantice que las cuotas asignadas adicionales (AAU) y las normas sobre el uso de la tierra, el cambio en el uso de la tierra y la silvicultura (LULUCF) no pongan en peligro su integridad medioambiental;

7.  Subraya que es necesario crear una nueva "diplomacia del clima"; invita por tanto a la Alta Representante de la Unión Europea y a la Comisaria de Acción por el Clima a que lideren esta estrategia, especialmente con los países en desarrollo y emergentes más progresivos; insta a la Unión Europea a acordar una "hoja de ruta para México" que incluya el debate de políticas climáticas en cada asociación estratégica y en todos los acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación, con el fin de crear una estrategia exterior de protección del clima más coherente; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que forjen una "alianza de responsabilidad" abierta a todos los países que consideren que el cambio climático constituye una grave amenaza para la Humanidad y estén dispuestos a actuar a fin de detener el calentamiento global;

8.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que apliquen el principio de "justicia climática" a largo plazo, de 2050 en adelante; defiende, por lo tanto, una cláusula de equidad en las futuras negociaciones internacionales sobre el clima;

9.  Pide a foros como el G20 o el Foro de las Principales Economías, que representan a los productores de carbono más importantes, que asuman una mayor responsabilidad a la hora de contribuir a crear un consenso en las negociaciones oficiales;

10.  Toma nota del compromiso de un fondo de 100 000 millones de dólares anuales de los países desarrollados antes de 2020 y del importe de 30 000 millones de dólares para los países en desarrollo durante los próximos tres años (2010-2012) para ayudar a luchar contra el cambio climático, así como del establecimiento de un fondo ecológico para el clima, destinado a apoyar proyectos en los países en desarrollo en relación con la deforestación y la degradación forestal; lamenta, no obstante, que el compromiso se sitúe por debajo de las estimaciones de la Comisión, que había previsto la recaudación de 100 000 millones de euros de aquí a 2020;

11.  Subraya la responsabilidad histórica que tienen los países desarrollados por lo que respecta al cambio climático irreversible, así como su responsabilidad a la hora de proporcionar a los países en desarrollo un apoyo financiero y técnico suficiente, sostenible y predecible para que puedan comprometerse a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a las consecuencias del cambio climático y reducir las emisiones resultantes de la deforestación y la degradación de los bosques, así como a potenciar la creación de capacidades para cumplir con las obligaciones resultantes del futuro acuerdo internacional sobre el cambio climático;

12.  Insiste en que dichos compromisos de ofrecer la necesaria ayuda financiera predecible para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo en el contexto de la CMNUCC deben ser nuevos y añadirse a la AOD, además de ser independientes de los procedimientos presupuestarios anuales en los Estados miembros; recuerda los compromisos existentes, con los que se pretende alcanzar un nivel de AOD del 0,7 % del PIB en 2015;

13.  Considera que la UE debería entablar , de inmediato negociaciones con nuestros homólogos de Estados Unidos para que el emergente mercado de carbono en Estados Unidos sea compatible con el nuestro, creando así un mercado transatlántico de carbono como precursor de uno mundial;

14.  Destaca la necesidad de que la financiación inmediata de 7 200 millones de euros para los países en desarrollo prometida por los Estados miembros de la Unión Europea sea nueva y se sume a los presupuestos AOD, se coordine a nivel comunitario y se ponga a disposición cuanto antes y, en cualquier caso, antes de la reunión de junio de 2010 en Bonn; considera que este es un factor clave para generar confianza en el éxito de la reunión de México; pide también a la Comisión que informe sobre la utilización de la financiación inmediata prometida y sobre su carácter adicional con respecto a la AOD existente antes de la citada reunión en Bonn;

15.  Recuerda que la contribución colectiva de la UE a los esfuerzos de mitigación y a la cobertura de las necesidades de adaptación de los países en desarrollo habrá de ser como mínimo de 30 000 millones de euros anuales para 2020, y que esta cifra podría aumentar en función de los nuevos conocimientos sobre la gravedad del cambio climático y la magnitud de sus costes;

16.  Destaca que uno de los objetivos de la próxima revisión del presupuesto de la Unión Europea ha de ser proporcionar recursos suficientes para las medidas de protección contra el cambio climático y de adaptación al mismo, tanto en la Unión Europea como en los países en desarrollo; señala asimismo que la revisión debería estudiar la posibilidad de introducir unos mecanismos financieros nuevos e innovadores a fin de respaldar las medidas internacionales en el ámbito del clima;

17.  Saluda los ambiciosos compromisos que algunos países en desarrollo han adquirido antes, durante y después de las negociaciones de Copenhague; señala que el Acuerdo ha logrado un consenso respecto de la evaluación, información y verificación de las acciones de mitigación de los países en desarrollo mediante comunicaciones nacionales, que serán objeto de consultas y análisis internacionales con arreglo a directrices claramente definidas que aún están por fijar y que deberán garantizar el respeto de la soberanía y el uso correcto de los fondos;

18.  Se muestra de acuerdo con la creación de un mecanismo para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestal y aumentar la absorción de las emisiones de gases de efecto invernadero por los bosques, así como con el establecimiento de un mecanismo tecnológico para acelerar el desarrollo y la transferencia de tecnología, y acoge con satisfacción la referencia al papel de los mercados en la mejora de la relación coste-eficacia de las acciones de mitigación; señala asimismo que, para aplicar eficazmente tales mecanismos, es necesario lograr un acuerdo en el marco de la CMNUCC;

19.  Hace hincapié en que cualquier futuro plan de reducción de las emisiones resultantes de las actividades de deforestación y de la degradación de los bosques (REDD) debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, en particular su derecho a la propiedad colectiva y a territorios indígenas autónomos, y establecer su participación plena y efectiva, también en el desarrollo y la aplicación de los planes nacionales REDD y en la asignación o distribución de la financiación;

20.  Pide que la eficacia medioambiental del anexo I sobre objetivos de reducción de las emisiones sea el principio rector del planteamiento de la Unión Europea respecto a las normas internacionales de contabilidad en materia de gestión de los bosques y de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF), a los mecanismos flexibles y a la toma en consideración de cualquier logro que supere las previsiones durante el primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto en relación con los objetivos para después de 2012;

21.  Lamenta que no se haya progresado en lo que respecta a las emisiones globales de los sectores aéreo y marítimo; pide que la Unión Europea vele por que se tenga en cuenta el impacto total de la aviación sobre el clima y que el futuro acuerdo establezca los mismos objetivos de reducción para los sectores aéreo y marítimo que para los demás sectores industriales;

22.  Lamenta que los Estados Unidos y China no estuviesen dispuestos a aceptar un acuerdo más ambicioso por razones de política interna; se muestra convencido de que la Unión Europea, los Estados Unidos y China son esenciales para garantizar un acuerdo internacional vinculante; insta por tanto a los Estados Unidos y a China, así como a otros socios internacionales, a que presenten nuevos compromisos con un sistema internacional de protección del clima, a fin de reanudar los debates y lograr un acuerdo internacional ambicioso y jurídicamente vinculante, en línea con los más recientes progresos científicos y coherente con el objetivo de los 2°C;

23.  Lamenta que algunos países, concretamente Sudán y los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA), adoptasen una actitud de bloqueo en las negociaciones internacionales con el fin de evitar compromisos estrictos y vinculantes, a pesar del gran impulso político reinante en Copenhague;

24.  Destaca que la opinión pública es cada vez más consciente de las repercusiones del cambio climático en los países en desarrollo, pero también en las economías rápidamente emergentes; pide un diálogo más profundo, en particular con los países menos desarrollados, la Alianza de los Pequeños Estados Insulares (AOSIS) y África, sobre la senda para alcanzar un acuerdo internacional vinculante sobre el cambio climático, con el fin de reducir el impacto y las consecuencias previsibles del cambio climático sobre la demografía, la salud pública, la migración y la economía de esas regiones;

25.  Insiste en la urgente necesidad de que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático revise todas sus conclusiones, a fin de confirmar que han sido revisadas por iguales de conformidad con los mejores principios de la ciencia, sugiere que se adelante la preparación de un informe provisional para la actualización de las conclusiones y considera que, en el futuro, los informes deben hacer referencia expresa a las afirmaciones de aquellos que no están de acuerdo con la opinión mayoritaria y que también éstas deben someterse a una revisión por iguales;

26.  Considera que es esencial para la competitividad de la industria comunitaria que otros países industrializados fuera de la Unión Europea acepten esfuerzos comparables, y que las economías emergentes y en desarrollo asuman unos compromisos razonables en materia de reducción; recuerda que los objetivos en materia de reducción deben ser cuantificables, comunicables y verificables, y acoge con satisfacción, a este respecto, el compromiso por parte de algunos países en desarrollo de presentar informes nacionales sobre las medidas que han adoptado para reducir sus emisiones;

27.  Considera que las reuniones bilaterales entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales pueden contribuir sustancialmente al debate y facilitar el entendimiento entre las partes; prevé, por tanto, celebrar estas reuniones antes del comienzo de las negociaciones oficiales con el fin de contribuir de una manera más significativa a lograr el mejor resultado posible de las negociaciones;

28.  Insiste en que los retos de la política climática en el futuro no solo radican en la reducción de las emisiones de CO2, sino también en un uso más eficiente y sostenible de los recursos naturales;

29.  Reafirma su respaldo al proceso de reforma en las Naciones Unidas, y observa que el resultado de la Conferencia de Copenhague sobre el Cambio Climático es un ejemplo más que confirma la urgente necesidad de reconsiderar los métodos de trabajo en las Naciones Unidas; sigue comprometido, además, con las negociaciones sobre el clima en el marco de las Naciones Unidas, que es el único organismo legitimado para abordar una cuestión de tan crucial importancia para toda la comunidad mundial; considera, no obstante, que se necesita con urgencia una reflexión profunda sobre la forma de reforzar la eficacia del proceso;

30.  Aboga por una mayor transparencia que permita una mejor participación de la sociedad civil y las partes interesadas en la COP 16 que tendrá lugar en México;

31.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con la petición de que se remita a todas las Partes contratantes no pertenecientes a la UE.


Fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal
PDF 156kWORD 59k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal (2009/2174(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de abril de 2009, titulada "Fomento de la Buena Gobernanza en el Ámbito Fiscal" (COM(2009)0201),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (COM(2006)0254),

–  Vista su Resolución, de 2 de septiembre de 2008, sobre una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2005, sobre la contribución de las políticas fiscal y aduanera a la estrategia de Lisboa (COM(2005)0532),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-255/02 de 21 de febrero de 2006 (Halifax y otros contra Commissioners of Customs and Excise), en el que el Tribunal afirmaba que la Sexta Directiva relativa al Impuesto sobre el Valor Añadido (Directiva 77/388/CEE) se opone a que un sujeto pasivo deduzca el impuesto sobre el valor añadido soportado cuando las operaciones en que se basa este derecho son constitutivas de una práctica abusiva,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-524/04 de 13 de marzo de 2007 (Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation contra Commissioners of Inland Revenue), en la que el Tribunal estableció que el artículo 43 del Tratado CE no se opone a que un Estado miembro promulgue una normativa que restrinja el derecho al libre establecimiento en el caso de un montaje empresarial puramente artificial con fines exclusivamente fiscales,

–  Vistas las recomendaciones formuladas en las Conclusiones del Consejo del 14 de mayo de 2008 sobre los problemas fiscales en el contexto de los acuerdos que celebren la Comunidad y sus Estados miembros con terceros países,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 13 de noviembre de 2008, de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (COM(2008)0727),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 2 de febrero de 2009, de Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (COM(2009)0029),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 2 de febrero de 2009, de Directiva del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (COM(2009)0028),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 30 de abril de 2009, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2004/39/CE y 2009/…/CE (COM(2009)0207),

–  Vista la recomendación de la Comisión al Consejo de que le autorice a iniciar negociaciones sobre Acuerdos entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Andorra, el Principado de Mónaco y la República de San Marino, por otra, relativos a la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que lesionen sus intereses financieros y destinados a asegurar la cooperación administrativa mediante el intercambio de información sobre cuestiones fiscales, así como de que le autorice a entablar negociaciones para la celebración de un Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, relativo a la lucha contra el fraude fiscal directo y la evasión fiscal directa y destinado a asegurar la cooperación administrativa mediante el intercambio de información sobre cuestiones fiscales (SEC(2009)0899),

–  Vista la declaración realizada por el G-20 tras la Cumbre sobre los Mercados Financieros y la Economía Mundial que celebró en Washington el 15 de noviembre de 2008,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia tras la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 marzo 2009,

–  Vista la declaración realizada por el G-20 tras la Cumbre sobre el Plan Global para la Recuperación y la Reforma que celebró en Londres el 2 de abril de 2009,

–  Vistas las conclusiones del Consejo tras sus reuniones de los días 9 de junio y 20 de octubre de 2009,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia tras la reunión del Consejo Europeo de los días 18 y 19 junio 2009,

–  Vista la declaración realizada por los Ministros de Finanzas del G-8 en Lecce (Italia) el 13 de julio de 2009,

–  Vista la declaración realizada por los líderes de la Cumbre del G-20 en Pittsburgh de los días 24 y 25 de septiembre de 2009,

–  Visto el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Informe de la Oficina General de Contabilidad del Gobierno de los EE.UU. (2007), el Informe de la Oficina Nacional de Auditoría británica (2008) y el Informe del Conseil des Prélèvements Obligatoires (2009), en los que se indica que aproximadamente un tercio de las setecientas mayores empresas del Reino Unido no pagaron impuesto alguno en 2005 y 2006, que el 25 % de las compañías estadounidenses con activos superiores a 250 millones de dólares estadounidenses o ingresos superiores a 50 millones de dólares estadounidenses al año, tampoco pagaron impuesto alguno entre 1998 y 2005, y que las mayores empresas francesas están pagando actualmente un índice del 8 % sobre los beneficios medios reales mientras que el índice impositivo oficial es del 33 %,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0007/2010),

A.  Considerando que existe un consenso general a nivel de la UE e internacional en el sentido de que una buena gobernanza en el ámbito de la fiscalidad significa transparencia, intercambio de información y competencia fiscal justa,

B.  Considerando que la inexistencia de una buena gobernanza en asuntos fiscales fomenta el fraude y la evasión fiscales y tiene graves consecuencias para los presupuestos nacionales y para el sistema de recursos propios de la Unión Europea, con un coste en la UE estimado en el 2,5 % del PIB anual; considerando que las empresas honradas se encuentran en desventaja competitiva debido al fraude fiscal; considerando que la buena gobernanza en el ámbito fiscal debe tener como resultado un aumento de los recursos disponibles para los Estados miembros de la UE y los países en desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

C.  Considerando que la globalización ha dificultado en mayor medida la lucha contra el fraude fiscal a nivel internacional y que los veintisiete Estados miembros de la UE se ven particularmente afectados debido a las grandes diferencias existentes entre ellos; considerando que dichos factores exigen mejorar la cooperación internacional dentro de la UE y a nivel internacional para que ésta sea eficaz,

D.  Considerando que la elusión y evasión fiscales a escala internacional constituyen un grave obstáculo al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

E.  Considerando que una gran parte de las empresas multinacionales están estructuradas de manera que puedan sacar provecho de la elusión fiscal en las diferentes jurisdicciones en las que operan; que el diferente trato fiscal en las distintas jurisdicciones favorece a las empresas grandes, internacionales o bien establecidas por encima de las empresas pequeñas, domésticas o nuevas (en fase inicial),

F.  Considerando que la habilidad de las empresas multinacionales para hacer un uso extensivo de los paraísos fiscales y centros financieros extraterritoriales como parte de sus estrategias de elusión fiscal choca con el principio de la competencia leal y la responsabilidad empresarial,

G.  Considerando que los paraísos fiscales chocan con el principio de solidaridad, justicia y redistribución; que, en una economía globalizada, una gran parte de las empresas multinacionales utilizan su poder para presionar a los gobiernos, en particular los de los países en desarrollo, para que se bajen los tipos tributarios y se ofrezcan incentivos fiscales para atraer inversiones; considerando que en la práctica esto ha desplazado la carga fiscal a los trabajadores y los hogares de bajos ingresos y ha obligado a recortes perjudiciales en los servicios públicos,

H.  Considerando que el Consejo está tratando actualmente una serie de importantes propuestas legislativas sobre la fiscalidad del ahorro, la cooperación administrativa y la asistencia mutua para el cobro de impuestos; considerando que reforzar la buena gobernanza fiscal en la UE facilitará una base política y moral a partir de la cual se podrá pedir una buena gobernanza fiscal a terceros países,

I.  Considerando que la adopción de los principios generales para combatir la elusión otorga a las autoridades fiscales el poder de considerar si el objetivo principal de una determinada operación es la elusión o la reducción de la responsabilidad fiscal y, en tal caso, cobrar un impuesto suplementario para contrarrestar esta elusión o reducción,

J.  Considerando que, con frecuencia, los países en desarrollo no tienen legitimidad ni autoridad para imponer impuestos a sus propios ciudadanos debido precisamente a su mala gobernanza fiscal; considerando que, al formular su política en materia de gobernanza fiscal, la UE debe tener en cuenta los problemas específicos que han de afrontar los países en desarrollo y prestarles apoyo para que los superen,

K.  Considerando que los esfuerzos combinados del G-20 y de las Naciones Unidas, junto con los realizados como parte de iniciativas dirigidas por la OCDE, han producido algunos resultados prometedores en el ámbito de la gobernanza fiscal; considerando que dichos resultados siguen siendo insuficientes para hacer frente a los retos que plantean los paraísos fiscales y los centros financieros extraterritoriales y deben ir seguidos de acciones decisivas, eficaces y coherentes,

L.  Considerando que actualmente la OCDE calcula que el capital privado acumulado en paraísos fiscales asciende a casi 1 000 000 000 000 de dólares estadounidenses (un billón), cantidad cinco veces superior a la de hace dos décadas; considerando que más de un millón de empresas, sobre todo de los Estados Unidos y de los Estados miembros de la Unión Europea, tienen su sede social en los países en los que se encuentran esos paraísos fiscales,

M.  Considerando que hay indicios de que la crisis financiera ha sido impulsada en parte por nuevos tipos de instrumentos y derivados financieros complejos colocados, en su gran mayoría, en fondos domiciliados en jurisdicciones que aplican el secreto fiscal; considerando que los paraísos fiscales cuentan, por ejemplo, con complejos productos financieros que provocan inestabilidad financiera, y que numerosas instituciones financieras tienen pasivos no incluidos en balance en paraísos fiscales; considerando que, en general, la crisis financiera ha arrojado nueva luz sobre las consecuencias de la falta de buena gobernanza fiscal, poniendo de manifiesto los riesgos asociados a las jurisdicciones opacas,

N.  Considerando que en la Unión Europea solo se recupera el 5 % de los créditos fiscales transfronterizos,

Una oportunidad que ha de aprovecharse

1.  Condena firmemente el papel desempeñado por los paraísos fiscales fomentando y beneficiándose de la elusión fiscal, la evasión fiscal y la fuga de capitales; insta, por consiguiente, a los Estados miembros a que hagan de la lucha contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales una prioridad; pide a la UE que intensifique su acción y adopte medidas concretas inmediatas, como por ejemplo sanciones, contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y la fuga ilegal de capitales;

2.  Considera que la buena gobernanza en el ámbito fiscal, entendida como transparencia, intercambio de información a todos los niveles, cooperación transfronteriza eficaz y competencia fiscal leal, es un elemento clave de la reconstrucción de la economía mundial después del colapso financiero de 2008;

3.  Recuerda, en este contexto, que es de primordial importancia poner fin a la utilización de personas jurídicas artificiales como medio para evitar la fiscalidad; subraya asimismo que, en lugar del secreto bancario, debe procederse a un intercambio automático de información en todas las circunstancias, inclusive en todos los Estados miembros y territorios dependientes; celebra a este respecto la propuesta de la Comisión sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, puesto que, entre otras cosas, amplía la cooperación entre los Estados miembros de modo que cubre los impuestos de todo tipo, suprime el secreto bancario y establece el intercambio automático de información como regla general;

A nivel de la UE

4.  Recuerda que el Parlamento ha emitido un dictamen destinado al Consejo sobre las enmiendas a la Directiva 2003/48/CE y le ha pedido, entre otras cosas, que ponga fin a la excepción temporal que permite que Austria, Bélgica y Luxemburgo eludan intercambiar información mediante la aplicación de la retención a cuenta; insta al Consejo a que adopte la directiva por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE de conformidad con la posición del Parlamento;

5.  Acoge con satisfacción, en relación con la fiscalidad de la UE en materia de ahorro, como un primer paso, la retirada por parte de Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza de sus reservas con respecto al artículo 26 de la Convención modelo sobre el ingreso y el capital de la OCDE, así como la aprobación por Andorra, Mónaco, Liechtenstein y San Marino de las normas de la OCDE; acoge con satisfacción la decisión de Bélgica de pasar, a partir del 1 de enero de 2010, de un sistema de retención a cuenta a un sistema de intercambio automático de información;

6.  Subraya la petición formulada por el Parlamento en su posición de 24 de abril de 2009 de ampliar considerablemente el ámbito de la Directiva 2003/48/CE, en particular de modo que cubra entidades jurídicas (en especial, las empresas privadas y trusts) y diversas formas de rendimiento de las inversiones; recuerda que las disposiciones de la Directiva 2003/48/CE deberían ampliarse a Singapur, Hong Kong, Macao u otras jurisdicciones como Dubai, Nueva Zelanda, Ghana, y determinados Estados de los Estados Unidos, que no están cubiertos por la Directiva 2003/48/CE y que, por consiguiente, constituyen lugares favoritos para los evasores de impuestos;

7.  Considera que la comercialización en la UE de fondos alternativos domiciliados en terceros países debe estar sometida a la condición de que dichos países respeten las normas relativas a la buena gobernanza fiscal, incluida la aplicación efectiva, sobre la base de normas jurídicamente vinculantes, del principio de intercambio automático de información; destaca, en particular, que los progresos realizados en materia de normas de gobernanza fiscal en los foros internacionales como la OCDE y el G-20 no deben impedir a la Unión Europea aplicar unas normas más estrictas;

8.  Insiste en que una aplicación más eficiente de la legislación fiscal existente en la UE y a escala nacional facilitaría la mejora del cobro de impuestos; subraya, no obstante, que es necesario emprender sin demora más esfuerzos y medidas para mejorar la buena gobernanza en el ámbito fiscal;

9.  Observa que el fraude fiscal relacionado con el IVA es un problema especialmente preocupante para el funcionamiento del mercado interior, en la medida en que tiene un impacto directo transfronterizo, implica pérdidas considerables de ingresos y afecta directamente al presupuesto de la UE; insta al Consejo a que adopte la nueva directiva sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y a que combata el fraude relacionado con el IVA, teniendo debidamente en consideración la posición del Parlamento;

En el ámbito internacional

10.  Insta a todas las partes interesadas a que aceleren la celebración del acuerdo sobre lucha contra el fraude con Liechtenstein; insta al Consejo a que acuerde un mandato para que la Comisión negocie acuerdos similares con Andorra, Mónaco, San Marino y Suiza; pide a ese respecto a los Estados miembros que revisen sus acuerdos fiscales bilaterales con terceros países;

11.  Pide un refuerzo de la cooperación, como el intercambio automático de información entre los países, con el fin de facilitar la recuperación de capitales desplazados al extranjero mediante actividades ilegales, en detrimento del mercado interior;

12.  Pide a la Comisión que informe rápidamente sobre la recomendación formulada por el Consejo el 14 de mayo de 2008 de que en los acuerdos pertinentes que celebre la Unión Europea y sus Estados miembros con terceros países se incluya una cláusula relativa a la buena gobernanza en el ámbito fiscal; hace hincapié, en particular, en la necesidad de negociar disposiciones en materia de buena gobernanza en el contexto de acuerdos generales o específicos con terceros países y en la necesidad de asegurar un proceso de control eficaz de su aplicación;

13.  Recuerda, por lo que respecta al trabajo sobre competencia fiscal perjudicial con arreglo al Código de conducta sobre fiscalidad de las empresas, la necesidad de asegurar que, en sus relaciones con terceros países, los Estados miembros aplican el Código de manera coherente con sus esfuerzos para promover la transparencia y el intercambio de información en el ámbito fiscal;

14.  Acoge con satisfacción, como primer paso, los progresos realizados en el ámbito de la buena gobernanza fiscal como resultado de las iniciativas adoptadas en otros foros internacionales como el G-20, el G-8, las Naciones Unidas y, en particular, la OCDE; considera, no obstante, que los compromisos contraídos por el G-20 hasta la fecha no son suficientes para hacer frente a los retos que plantean la evasión fiscal, los paraísos fiscales y los centros financieros extraterritoriales;

15.  Recuerda que los esfuerzos en la lucha contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal sólo tendrán éxito si se aplican las mismas normas a todos, con el fin de impedir la creación de nuevas lagunas jurídicas que permitan abusos; opina, en este contexto, que la Directiva 2003/48/CE, que establece el principio de intercambio automático de información entre países, constituye un paso positivo hacia el establecimiento de un marco global para el intercambio automático de información; celebra, por consiguiente, la propuesta de la Comisión de promover la cooperación con terceros países en el marco de la Directiva 2003/48/CE;

16.  Pide a la OCDE y a sus Estados miembros que asocien plenamente a la Comisión en el ejercicio de revisión inter pares del Foro Global, en particular con vistas a la identificación de jurisdicciones no cooperadoras, el desarrollo de un proceso de evaluación del cumplimiento y la aplicación de contramedidas disuasorias para promover la adhesión a las normas; considera, además, que el marco de la OCDE para la lucha contra los paraísos fiscales es insatisfactorio; subraya la necesidad de mejorar el indicador por el que se determina el estatuto de jurisdicción cooperadora dándole, por ejemplo, un valor cualitativo; critica el hecho de que dicho indicador requiera la celebración de doce acuerdos de intercambio de información fiscal simplemente; lamenta, en este contexto, que el intercambio de información solo se realice previa petición en lugar de ser un requisito obligatorio y vinculante, y que, además, la OCDE permita a los gobiernos salir de su lista negra si simplemente prometen que van a cumplir los principios de intercambio de información, sin garantizar la auténtica puesta en práctica de los mismos;

Hacia una auténtica política comunitaria de buena gobernanza fiscal

17.  Considera que se necesita coherencia y una auténtica política comunitaria de buena gobernanza fiscal; opina que la credibilidad de la Unión Europea depende, entre otras cosas, de su voluntad de tomar medidas contundentes contra los paraísos fiscales en su propio territorio en primer lugar, como ejemplo de buena gobernanza; pide a la Comisión que supervise atentamente, en este contexto, la rápida y exhaustiva aplicación de las acciones expuestas en su Comunicación sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal;

18.  Considera, sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros, que se debe pedir a la Comisión que elabore y formule dicho enfoque comunitario y que se le deben proporcionar los recursos necesarios;

19.  Recomienda que se establezca un sistema apropiado de incentivos para la recuperación de créditos fiscales transfronterizos con el fin de aumentar el bajo nivel actual de recuperación del 5 %, distribuyéndose una proporción justa del cobro de los ingresos fiscales no pagados entre la administración encargada del cobro de los créditos fiscales en nombre del Estado miembro solicitante, por una parte, y la administración del Estado miembro solicitante, por otra;

20.  Pide a la Comisión que, en lo que respecta a la asistencia mutua en materia de cobro de créditos fiscales, impuestos y otras medidas, evalúe el número de créditos fiscales transfronterizos que los Estados miembros deberán recuperar en el territorio de la Unión Europea y que establezca indicadores cuantificables para medir los progresos en el cobro transfronterizo a lo largo del tiempo;

21.  Considera que la UE debe promover activamente la mejora de las normas de la OCDE, con objeto de conseguir que el intercambio de información multilateral y automático se convierta en norma mundial; insta, además, a la UE a que adopte medidas que impidan que se abuse del "principio de residencia" a través de regímenes de propiedad y residencia ficticios por los cuales sociedades holding que no ejercen ninguna actividad o empresas ficticias permiten que los propietarios no paguen impuestos en los países en los que tienen su domicilio; insta también a la UE a que adopte un enfoque común para la aplicación de medidas contra los abusos que sea eficaz, equitativo y en línea con la noción de montajes puramente artificiales definida por el Tribunal de Justicia;

22.  Insta a la UE a que aplique un enfoque coherente con respecto a la buena gobernanza fiscal en el contexto de la Política Europea de Vecindad, la política de ampliación y la política de cooperación al desarrollo; subraya que la política de gobernanza fiscal debería contribuir activamente a la creación de sistemas fiscales sostenibles y transparentes en los países en desarrollo, en particular con el propósito de erradicar el fraude fiscal, que ocasiona una pérdida anual de ingresos fiscales diez veces superior al importe de la ayuda al desarrollo procedente de los países desarrollados; considera que debe asignarse un nivel adecuado de recursos para alcanzar este objetivo; recuerda que la gobernanza fiscal acabará por atraer inversiones en la medida en que contribuye a la seguridad jurídica, la transparencia y la estabilidad en materia fiscal;

23.  Subraya la necesidad de revisar las actuales normativas internacionales en materia de contabilidad con el fin de aumentar la transparencia; pide, a este respecto, que se exija la divulgación, en las cuentas anuales de las empresas y por países, de la información contable relativa a los paraísos fiscales, y propone que se lleve un registro público de la UE con los nombres de las personas y empresas que hayan creado empresas y cuentas en paraísos fiscales, con vistas a revelar los verdaderos beneficiarios encubiertos por las sociedades extraterritoriales;

24.  Hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros coordinen sus políticas con objeto de reforzar la aplicación de normas destinadas a evitar la evasión fiscal;

25.  Recuerda que la introducción de una base común consolidada para el impuesto de sociedades contribuiría a luchar, dentro de la UE, contra la doble imposición y el problema del precio de transferencia en los grupos consolidados; confía, a este respecto, en recibir la evaluación de impacto de la Comisión antes de finales del presente año a más tardar;

26.  Propone, con objeto de identificar mejor las operaciones no valoradas en su justa medida y las técnicas de evasión fiscal más frecuentes, que la Comisión dé prioridad a una aplicación más amplia de los métodos de beneficios comparables, pasando así a efectuar la inspección de los precios de transferencia a nivel de las empresas en lugar de sobre las transacciones; señala que el método de beneficios comparables se centra en comparar las ganancias entre empresas para cada sector industrial y que un descenso duradero de los beneficios de una filial de una multinacional muy por debajo de la media sectorial puede ser un indicio de recurso masivo a precios de transferencia;

27.  Insta a la UE a que examine una serie de opciones de sanciones e incentivos destinados a promover la buena gobernanza fiscal, como un impuesto especial sobre las operaciones hacia y desde jurisdicciones no cooperadoras, el no reconocimiento, dentro de la UE, del estatuto jurídico de empresas creadas en jurisdicciones no cooperadoras y la prohibición de que las entidades financieras de la UE establezcan o mantengan filiales y sucursales en jurisdicciones no cooperadoras;

28.  Considera que la UE debe asegurar asimismo la coherencia en la aplicación a nivel de la UE y a nivel internacional de normas en los ámbitos de la supervisión prudencial, la fiscalidad, el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo;

29.  Pide a la Comisión que, a partir de octubre de 2010, informe anualmente al Parlamento sobre la aplicación de la política de gobernanza fiscal de la UE;

o
o   o

30.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 295 E de 4.12.2009, p. 13.


Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009
PDF 237kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009 (2009/2101(INI))
P7_TA(2010)0021A7-0004/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, segundo párrafo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Informe de la Comisión, de 27 de febrero de 2009, sobre la igualdad entre mujeres y hombres – 2009 (COM(2009)0077),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2000, titulada "Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)" (COM(2000)0335) y los informes anuales de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 (respectivamente, COM(2001)0179, COM(2002)0258, COM(2003)0098, COM(2004)0115, COM(2005)0044, COM(2006)0071, COM(2007)0049 y COM(2008)0010),

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)(1),

–  Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, titulada "Un mejor equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y familiar" (COM(2008)0635),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE (COM(2008) 0636), presentada por la Comisión el 3 de octubre de 2008,

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (COM(2008)0637), presentada por la Comisión el 3 de octubre de 2008,

–  Visto el Informe de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, titulado "Consecución de los objetivos de Barcelona sobre las estructuras de cuidado de los niños en edad preescolar" (COM(2008)0638),

–  Visto el estado de las ratificaciones del Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos (STCE n° 197),

–  Visto el Marco de acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres aprobado por los interlocutores sociales europeos el 22 de marzo de 2005,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género adoptado por el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2006,

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(3),

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2006, sobre la inmigración femenina: papel y situación de las mujeres inmigrantes en la Unión Europea(4),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos – Programa de Estocolmo(5),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010(6),

–  Vistos el Comité consultivo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y su dictamen sobre la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, aprobado el 22 de marzo de 2007,

–  Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre la igualdad entre mujeres y hombres - 2008(7),

–  Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión relativas a la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres(8),

–  Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, del Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0004/2010),

A.  Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la UE, reconocido en el Tratado de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y considerando asimismo que, pese a los significativos progresos realizados en este ámbito, persisten numerosas desigualdades entre mujeres y hombres,

B.  Considerando que la Unión Europea atraviesa actualmente una amplia crisis económica, financiera y social, con repercusiones específicas para la situación de las mujeres en el mercado laboral,

C.  Considerando que la maternidad y la paternidad deben considerarse derechos fundamentales, esenciales para la estabilidad social, y que, aunque la Unión Europea dispone de una directiva sobre el permiso de maternidad(9) y de una directiva sobre el permiso parental(10), aún no se ha elaborado ninguna legislación en materia de permiso de paternidad,

D.  Considerando que, debido a la segregación profesional y sectorial y según los datos disponibles, los hombres se han visto en general más afectados que las mujeres al comienzo de la crisis, aunque la situación es diferente en algunos países y en determinados sectores, especialmente en las industrias tradicionales, con mucha mano de obra femenina, en las que se producen muchos cierres de empresas y deslocalizaciones de multinacionales; que el 31,1 % de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, frente a un 7,9 % de los hombres; que las mujeres predominan en determinados servicios públicos y que, según los Estados miembros, constituyen hasta dos tercios del personal en los sectores de la educación, la salud y la asistencia social; que, por tanto, la crisis podría afectar sobre todo a las mujeres en caso de recortes presupuestarios en dichos sectores,

E.  Considerando que, tradicionalmente, las mujeres están más amenazadas por la pobreza y por una jubilación limitada, especialmente las madres solteras y las mujeres mayores de 65 años; considerando que estas últimas reciben, a menudo, pensiones que apenas cubren un mínimo de subsistencia debido a diferentes causas tales como el cese o la interrupción de la actividad profesional para dedicarse a la familia o por haber trabajado en la empresa del cónyuge, a menudo en los sectores del comercio y la agricultura, sin salario y sin afiliación a la seguridad social, y considerando que la mayoría de las políticas persiguen ayudar a las familias con hijos, pese a que el 35% de los hogares están compuestos por una sola persona, que en la mayor parte de los casos es una mujer,

F.  Considerando que la tasa media de empleo femenino es del 59,1 %, con notables divergencias que van desde el 37,4 % hasta el 74,3 %, y que su aumento constante desde 2000 no se ha traducido en mejores condiciones de empleo para las mujeres, que siguen siendo víctimas de segregación profesional y sectorial,

G.  Considerando que las empresas de economía social constituyen un ejemplo acertado de empleabilidad de la mujer, mejoran su condición social, promueven su independencia económica y contribuyen a conciliar la vida laboral y familiar, especialmente a través de sus servicios de guardería para niños, personas de edad y personas con discapacidad,

H.  Considerando que la diferencia salarial media entre mujeres y hombres se mantiene en un nivel alto (entre un 14 % y un 17,4 %) desde 2000, a pesar de las numerosas medidas aplicadas por la Comisión y los compromisos de los Estados miembros,

I.  Considerando que el artículo 157 del TFUE dispone que "cada Estado miembro garantizará el principio de igualdad de remuneración para los trabajadores masculinos y femeninos para un mismo trabajo o trabajo de igual valor" y que este principio ha sido confirmado por la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

J.  Considerando que, en su Resolución de 18 noviembre de 2008 antes mencionada, el Parlamento pidió a la Comisión que le presentara, antes del 31 de diciembre de 2009, una propuesta legislativa sobre la revisión de la legislación vigente relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres,

K.  Considerando que los hombres, aunque de modo más atenuado, también son víctimas de la segregación profesional y sectorial y los estereotipos de género,

L.  Considerando que el reparto de las responsabilidades domésticas y familiares entre mujeres y hombres, incluido el aumento de la licencia parental y de paternidad, es una condición necesaria para promover y alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y lamentado no obstante que el Acuerdo Marco de los Agentes Sociales en materia de licencia parental (julio de 2009) no trate la cuestión del permiso pagado, que tendría una incidencia decisiva en el índice de adhesión de los hombres a la citada licencia y en el reparto equitativo de las responsabilidades profesionales y familiares entre hombres y mujeres,

M.  Considerando que el acceso a los servicios de atención infantil y de asistencia a las personas mayores y a otras personas dependientes es esencial para lograr una participación equivalente de las mujeres y los hombres en el mercado laboral, la educación y la formación,

N.  Considerando que en el Consejo Europeo de Barcelona de los días 15 y 16 de marzo de 2002, se pidió a los Estados miembros que intentaran crear antes de 2010 estructuras de acogida para al menos el 90 % de los niños entre tres años y la edad de la escolarización obligatoria y al menos el 33 % de los niños menores de tres años, pero que más de la mitad de ellos está todavía lejos de alcanzar estos objetivos,

O.  Considerando que, en 2008, las mujeres obtuvieron el 58, 9% de los títulos universitarios de la Unión, que predominan en los estudios comerciales, de administración y de derecho, pero siguen siendo una minoría en los puestos de responsabilidad empresarial y en los órganos políticos; considerando el escaso número de mujeres que se gradúan en informática, ingeniería y física, lo que se traduce en una infrarrepresentación de las mujeres en el sector privado, clave para la recuperación económica, considerando que las diferencias salariales ente hombres y mujeres en el sector de las tecnologías de la información han tendido a aumentar, más que a disminuir, a lo largo de los años,

P.  Considerando que la proporción de mujeres diputadas al Parlamento aumentó del 32,1 % en la legislatura 2004-2009 a 35 % tras las elecciones europeas del 7 de junio de 2009, que la proporción de presidentes de comisión pasó del 25 % al 41 % y que la proporción de Vicepresidentas del Parlamento aumentó del 28,5 % al 42,8 %, pero que el número de cuestoras pasó de tres a dos,

Q.  Considerando el deterioro de las condiciones en que viven determinados grupos de mujeres, que con frecuencia hacen frente a una combinación de dificultades y riesgos, así como a la doble discriminación, en particular, las mujeres discapacitadas, las mujeres con personas dependientes a su cargo, las mujeres de edad avanzada, las mujeres pertenecientes a minorías y las inmigrantes,

R.  Considerando que las mujeres migrantes sufren una doble discriminación en el mercado laboral por razón de sexo y por su condición de migrantes; considerando que solo una de cada cinco migrantes altamente cualificadas ocupa un puesto de trabajo poco cualificado y considerando la especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes que trabajan en los sectores domésticos, de restauración y hostelería y en la agricultura,

S.  Considerando que, tanto por lo que respecta a los hombres como a las mujeres, las tasas de empleo son más bajas en las zonas rurales y, además, una gran cantidad de mujeres nunca trabaja en el mercado laboral oficial y, por lo tanto, no están registradas como desempleadas ni son incluidas en las estadísticas sobre desempleo, lo que ocasiona problemas financieros y jurídicos específicos en relación con el derecho a la maternidad y las bajas por enfermedad, la adquisición de derechos de pensión y el acceso a la seguridad social, así como problemas en caso de divorcio; considerando que las zonas rurales resultan perjudicadas por la falta de oportunidades de empleo de alta calidad,

T.  Considerando que las mujeres pertenecientes a minorías, especialmente las roma, sufren con regularidad múltiples formas de discriminación por razón de sexo y raza; considerando que los organismos nacionales competentes en materia de igualdad deberían abordar adecuadamente los fenómenos de discriminación múltiple o combinada

U.  Considerando que el tráfico de seres humanos es una forma moderna de esclavitud, y que la mayoría de las víctimas de esta esclavitud siguen siendo las mujeres y las niñas,

V.  Considerando que en la Resolución citada, de 3 de septiembre de 2008, se pedía a los Estados miembros que ratificaran cuanto antes el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, que es el instrumento jurídico más poderoso para combatir este tráfico, que constituye un crimen y una violación de los derechos humanos y atenta contra la dignidad y la integridad de la persona; considerando que, hasta la fecha, sólo 16 Estados miembros de la Unión han ratificado dicho Convenio,

W.  Considerando que la violencia contra la mujer en todas sus formas constituye un gran obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres y constituye una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, sin distinción de barreras geográficas, económicas, culturales ni sociales; considerando que sigue siendo una cuestión crítica en la Unión, ya que aproximadamente entre el 20 % y el 25 % de las mujeres sufren violencia física durante la edad adulta y más del 10 % son víctimas de violencia sexual; considerando que la futura Presidencia española del Consejo considera prioritaria la lucha contra la violencia de género,

X.  Considerando que por salud sexual y reproductiva se entiende el bienestar general del ser humano, tanto físico como mental y social, en todo lo relacionado con el aparato genital, sus funciones y su funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades, y que el reconocimiento de la plena autonomía física y sexual de las mujeres es condición previa de toda política eficaz en materia de derechos de salud sexual y reproductiva, así como de toda política de lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres,

Y.  Considerando que el Instituto Europeo para la igualdad de género se creó formalmente en 2006 y debía comenzar sus actividades a más tardar el 19 de enero de 2008, pero hoy por hoy sigue sin estar plenamente operativo,

Z.  Considerando que la Estrategia de Lisboa pretende integrar en el mercado laboral al 60% de las mujeres en condiciones de trabajar, mientras que los esfuerzos en el terreno demográfico buscan fomentar la mejora de la tasa de natalidad para afrontar los retos del futuro; considerando que la igualdad entre hombres y mujeres y el equilibrio entre vida profesional y vida privada permanecen en el centro del debate sobre los cambios demográficos,

1.  Celebra que la Comisión, en su informe provisional sobre la igualdad entre mujeres y hombres - 2009, haya puesto de relieve la importancia de reforzar las políticas de igualdad de género en un contexto económico cambiante, aunque subraya que se necesitan acciones más concretas y nuevas políticas;

2.  Critica el hecho de que los proyectos de recuperación económica se centren principalmente en los sectores laborales con presencia mayoritaria masculina; destaca que la preferencia del apoyo al futuro laboral del hombre frente al de la mujer contribuye a aumentar más que a reducir la desigualdad entre los sexos, e insiste en la necesidad de integrar las políticas de igualdad de género en los planes de recuperación europeos, nacionales e internacionales de lucha contra la crisis;

3.  Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que defiendan los derechos sociales y a que garanticen que la crisis económica y financiera no conlleve recorte alguno en las prestaciones y servicios sociales, en particular en el terreno de los cuidados infantiles y la asistencia a las personas de edad; señala que las políticas en materia de asistencia y la prestación de servicios de asistencia están intrínsecamente relacionadas con la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres;

4.  Señala que la crisis económica, social y financiera constituye una oportunidad para que la UE cuente con una economía más productiva e innovadora y una sociedad en la que se tenga más en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres, si se adoptan las políticas y medidas adecuadas;

5.  Pide a la Comisión que facilite estadísticas precisas sobre el impacto de la crisis para las mujeres y los hombres, teniendo en cuenta la tasa de desempleo, la evolución de los empleos a tiempo parcial y de los contratos de duración determinada e indefinida, así como las consecuencias de las políticas de lucha contra la crisis en los servicios públicos;

6.  Hace hincapié en la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros valoren, apoyen y fortalezcan el papel de la mujer en la economía social, habida cuenta de la alta tasa de empleo de la mujer en el sector y de la importancia de los servicios que ofrece para promover la conciliación entre la vida laboral y la vida privada;

7.  Pide a los Estados miembros que tengan que aplicar una política de consolidación presupuestaria que eviten que las mujeres se vean afectadas de manera desproporcionada, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen políticas de recuperación teniendo en cuenta las necesidades y situaciones específicas de las mujeres y los hombres, mediante la incorporación de la perspectiva de género en las políticas ("gender mainstreaming") y la inclusión de los aspectos de igualdad de género en el presupuesto ("gender budgeting");

8.  Lamenta que la integración de la dimensión de género esté prácticamente ausente en la actual Estrategia de Lisboa, y pide al Consejo y a la Comisión que incluyan un capítulo en este sentido en su futura estrategia post-Lisboa "UE-2020";

9.  Pide a los organismos nacionales competentes en materia de igualdad que introduzcan enfoques integrados para mejorar su respuesta frente a los casos de discriminación múltiple y la gestión de los mismos; insiste también para que los citados organismos ofrezcan a los jueces, los juristas y el personal en general una formación que les permita identificar, prevenir y gestionar las situaciones de discriminación múltiple;

10.  Manifiesta su satisfacción por la inminente consecución del objetivo establecido en el Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, de llegar a una tasa de empleo de 60 % de las mujeres en 2010, aunque hace hincapié en que, lamentablemente, una parte significativa de ese empleo es precario y está mal remunerado; lamenta, no obstante, las grandes diferencias entre los Estados miembros, ya que la tasa varía del 37,4 % al 74,3 %; pide, en consecuencia, a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para la aplicación eficaz de la Directiva 2006/54/CE;

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan presente la situación de las cónyuges que ayudan en la artesanía, el comercio, la agricultura, la pesca y las pequeñas empresas familiares desde la perspectiva de la igualdad de género y teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres se encuentran en una situación más vulnerable que los hombres; pide a los Estados miembros que desarrollen el concepto jurídico de propiedad compartida con el fin de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer en el sector agrícola, la adecuada protección en el ámbito de la seguridad social y el reconocimiento de su labor;

12.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan medidas y acciones positivas para integrar a las mujeres en los proyectos y programas en materia de transformación ecológica, por ejemplo en el sector de las energías renovables, así como en los empleos científicos y relacionados con la alta tecnología;

13.  Anima a los Estados miembros a fomentar el espíritu empresarial de las mujeres en el sector industrial y a facilitar apoyo financiero, estructuras de asesoramiento profesional y una formación adecuada a las mujeres que creen empresas;

14.  Indica que los ingresos y el empleo remunerado de las mujeres constituyen la clave de su autonomía económica y de una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad; destaca que en vista especialmente del envejecimiento de la sociedad, tanto los hombres como las mujeres son indispensables para prevenir la escasez de mano de obra;

15.  Toma nota de que las mujeres están más expuestas al riesgo de pobreza ya que la diferencia salarial entre mujeres y hombres sigue siendo elevada y que siguen habiendo muchas diferencias entre los Estados miembros; por ello, insta a los Estados miembros a que apliquen la Directiva 2006/54/CE y, en particular, que promuevan el principio "igual salario por igual trabajo" o del "trabajo de igual valor";

16.  Considera necesario trabajar también para reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el terreno de las jubilaciones, puesto que las mujeres siguen asumiendo hoy por hoy el grueso de las responsabilidades familiares, lo que se traduce en unas carreras profesionales discontinuas, y con carácter más general, en una inversión profesional inferior a la de los hombres;

17.  Lamenta que la Comisión no haya presentado todavía, tras la Resolución del Parlamento del 18 de noviembre de 2008 antes mencionada, una propuesta legislativa sobre la revisión de la legislación vigente relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres; pide a la Comisión que presente dicha propuesta legislativa cuanto antes;

18.  Apoya los procedimientos de infracción incoados por la Comisión relativos a la transposición de las directivas en vigor; considera que los Estados miembros que aún no lo hayan hecho deben incorporar cuanto antes a su legislación nacional las directivas relativas a la igualdad de género, y sobre todo velar por la correcta aplicación de las mismas;

19.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha campañas de sensibilización en escuelas, lugares de trabajo y medios de comunicación para promover la diversificación de las opciones profesionales, sobre todo las de las jóvenes, y para luchar contra los estereotipos de género persistentes y contra las imágenes degradantes, en particular, campañas en las que se haga hincapié en la función de los hombres para el reparto equitativo de las responsabilidades familiares y la conciliación del trabajo y la vida privada;

20.  Insta a los Estados miembros a que reconozcan a las empresas que adoptan medidas para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres y facilitan el equilibrio entre el trabajo y la vida privada, con objeto de fomentar la difusión de buenas prácticas en este ámbito;

21.  Subraya la importancia de los servicios de cuidado de niños en edad preescolar, de los de atención infantil y los de asistencia a las personas mayores y a otras personas dependientes, para una mejor conciliación de la vida profesional y privada; apoya el enfoque de la Comisión de desarrollar estadísticas comparables, disponibles en tiempo real y de calidad, y de proponer recomendaciones específicas para cada Estado miembro; pide a los Estados miembros que hagan todo lo posible para cumplir los objetivos del Consejo Europeo de Barcelona sobre los servicios de cuidado de niños en edad preescolar;

22.  Hace hincapié en la importancia de algunas acciones que ha emprendido la Comisión, incluida la propuesta de revisión de la Directiva 92/85/CEE relativa a la licencia de maternidad y de la Directiva 86/613/CEE relativa a los trabajadores autónomos y los cónyuges colaboradores en las empresas familiares; considera, sin embargo, que la propuesta de la Comisión de revisar la Directiva 92/85/CEE no es suficientemente ambiciosa por lo que respecta a la promoción de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar y privada para hombres y mujeres;

23.  Señala la necesidad de abordar la cuestión del permiso de paternidad y pide a la Comisión que apoye cualquier medida destinada a introducir el permiso de paternidad a escala europea; considera que el permiso de maternidad debería vincularse al permiso de paternidad con el fin de proteger mejor a las mujeres en el mercado de trabajo y así luchar contra los estereotipos en la sociedad en cuanto al disfrute de dicho permiso;

24.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces, en particular por vía legislativa, para favorecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad de las empresas, la administración y los órganos políticos, y pide por consiguiente que se fijen objetivos vinculantes para garantizar la representación equitativa de hombres y mujeres; señala, a este respecto, que la utilización de cuotas electorales tiene efectos positivos en la representación de las mujeres;

25.  Aplaude la decisión del Gobierno noruego de aumentar el número de mujeres en los consejos de administración de las empresas privadas y públicas hasta un 40 % como mínimo, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren esta iniciativa como un ejemplo positivo y que actúen en la misma dirección;

26.  Pide a los Estados miembros que pongan en marcha campañas destinadas a mujeres con titulaciones de enseñanza secundaria, alentándolas a escoger carreras de ingeniería con vistas a incrementar la presencia femenina en las profesiones técnicas tradicionalmente masculinas;

27.  Acoge con beneplácito el aumento del número de presidentas de comisiones parlamentarias y de vicepresidentas del Parlamento Europeo, así como el aumento, más contenido pero real, del número de diputadas al Parlamento Europeo tras las elecciones europeas de junio de 2009;

28.  Considera en este sentido que la proporción de comisarias (que es del 33 %) - lograda con grandes dificultades - supone el mínimo indispensables; estima que la composición de la Comisión debería reflejar mejor la diversidad de la población europea, sin excluir la dimensión de género; pide a los Estados miembros que en los futuros nombramientos propongan dos candidatos, uno de cada sexo, para favorecer la composición de una Comisión más representativa;

29.  Pide a los Estados miembros que examinen cuidadosamente sus políticas migratorias para aprovechar la experiencia de los migrantes altamente cualificados y proporcionar una mejor protección a las trabajadoras en los sectores doméstico y en aquellos otros sectores con deficiencias al respecto, con el fin de facilitar la integración de los migrantes, dándoles acceso a la educación, en particular, a la formación profesional y al aprendizaje de la lengua del país de acogida;

30.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad y tengan especialmente presente a los grupos más vulnerables de mujeres: las mujeres con discapacidad, las mujeres con personas dependientes a cargo, las mujeres de edad avanzada, las mujeres pertenecientes a minorías y las inmigrantes, así como las mujeres encarceladas, y que desarrollen medidas específicas para satisfacer sus necesidades;

31.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten y apliquen las medidas necesarias para ayudar a las mujeres con discapacidad, de modo que puedan progresar en los ámbitos de la vida social y del mundo tanto laboral como cultural y político, en los que siguen estando infrarrepresentadas;

32.  Insta a la República Checa, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, Italia, Lituania, Hungría, los Países Bajos, Finlandia y Suecia a que ratifiquen sin demora el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos;

33.  Recuerda que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema grave que debe ser erradicado por todos los medios a escala comunitaria y nacional, y pide de nuevo a la Comisión el establecimiento, en los próximos cinco años, de un año europeo contra la violencia hacia las mujeres; felicita a la Presidencia española del Consejo por considerar prioritaria la lucha contra la violencia de género, y pide a las presidencias siguientes que hagan lo mismo;

34.  Apoya las propuestas de la Presidencia española para el lanzamiento de la orden de protección europea de las víctimas y la creación de un número de teléfono de ayuda a las víctimas común para toda la Unión Europea;

35.  Insiste en que es importante combatir la violencia contra las mujeres para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; pide a la Comisión que inicie los trabajos para elaborar una propuesta de Directiva general relativa a la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la trata de mujeres

36.  Insiste en que las mujeres deben tener el control sobre sus derechos sexuales y reproductivos, en particular mediante el acceso fácil a la anticoncepción y el aborto; insiste en que las mujeres deben tener acceso gratuito a las consultas en materia de aborto; apoya, por tanto, como lo ha hecho en su Resolución de 3 de septiembre de 2008, las medidas y acciones encaminadas a mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva y a facilitarles una mejor información sobre sus derechos y los servicios disponibles; pide a los Estados miembros y a la Comisión que apliquen medidas y acciones destinadas a sensibilizar a los hombres acerca de sus responsabilidades en materia sexual y reproductiva;

37.  Señala que el proceso de creación del Instituto Europeo para la igualdad de género está aún en curso, y espera su pleno funcionamiento lo antes posible;

38.  Pide a la Comisión Europea que prosiga en su nueva estrategia "Más allá del PIB" y que la integre en sus trabajos de estrategias a fin de evaluar la aportación al PIB de los Estados miembros que suponen las actividades de las mujeres y los hombres en el terreno de la solidaridad intergeneracional;

39.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(2) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0062.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0098.
(4) DO C 313 E de 20.12.2006, p. 118.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0090.
(6) DO C 301 E de 13.12.2007, p. 56.
(7) DO C 295 E de 4.12.2009, p. 35.
(8) DO C 16 E de 22.12.2010, p. 21.
(9) Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (DO L 348 de 28.11.1992, p. 1).
(10) Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES (DO L 145 de 19.6.1996, p. 4).


Principales objetivos de cara a la Conferencia de las Partes de la Convención CITES
PDF 150kWORD 55k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre los objetivos estratégicos de la UE para la Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Doha (Qatar) del 13 al 25 de marzo de 2010
P7_TA(2010)0022B7-0069/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la próxima Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes (CoP 15) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Doha (Qatar) del 13 al 25 de marzo de 2010,

–  Vistas las preguntas de 2 de diciembre de 2009 al Consejo y a la Comisión sobre los principales objetivos de cara a la Conferencia de las Partes de CITES que se celebrará en Doha, del 13 al 25 de marzo de 2010 (O-0145/2009 – B7-0003/2010, O-0146/2009 – B7-0004/2010),

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la CITES es el más amplio acuerdo mundial vigente en materia de conservación de la vida silvestre, destinado a evitar la explotación excesiva por el comercio internacional de especies de fauna y flora silvestres, y que cuenta con 175 Partes, incluidos los 27 Estados miembros de la Unión Europea,

B.  Considerando que el consumo humano de recursos naturales, la destrucción de los hábitats, el cambio climático, la explotación excesiva de las especies silvestres y el comercio ilegal de la fauna y la flora silvestres son las causas principales del empobrecimiento de la biodiversidad de la Tierra,

C.  Considerando que los informes científicos predicen que el cambio climático exacerbará la pérdida de biodiversidad y la situación de las especies amenazadas,

D.  Considerando que la CITES debe basar sus decisiones en la ciencia, y que la labor realizada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y por TRAFFIC (Análisis de los Registros de Flora y Fauna en el Comercio) desempeña un papel importante a la hora de facilitar a las Partes de la CITES una evaluación detallada de las propuestas de modificación de los apéndices de la Convención,

E.  Considerando que la concienciación de la ciudadanía de los países consumidores ha sido y sigue siendo fundamental para el control de la caza furtiva y del comercio internacional ilegal de especies amenazadas de fauna y flora silvestres,

F.  Considerando que la tala ilegal puede entrañar comercio de especies de flora incluidas en la CITES y que la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados debe garantizar que se aborde de modo eficaz el problema de la tala ilegal,

G.  Considerando que el comercio ilegal socava gravemente la agenda mundial de sostenibilidad en materia de medio ambiente y desarrollo, así como la buena gobernanza, y facilita la propagación de enfermedades transmisibles,

H.  Considerando que las especies contempladas en la CITES están recogidas en los apéndices de esta Convención sobre la base de su estado de conservación y porque son o pueden ser afectadas por el comercio; que el Apéndice I de la CITES contiene especies amenazadas de extinción cuyo comercio internacional está prohibido; que el Apéndice II de la CITES incluye especies cuyo comercio debe ser controlado para evitar un uso incompatible con su supervivencia; y que el Apéndice III de la CITES recoge las especies que están protegidas en al menos un país, que ha solicitado a otras Partes de la CITES que le ayuden a controlar su comercio,

I.  Considerando que el Principado de Mónaco presentó una propuesta para incluir el atún rojo en el Apéndice I de la CITES con objeto de lograr una suspensión provisional del comercio internacional de esta especie,

J.  Considerando que, en la reunión celebrada los días 21 a 23 de octubre de 2009, el comité científico de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (CICAA) estimó que la biomasa reproductora actual del atún rojo es inferior al 15 % del nivel que alcanzaba antes de que empezara a pescarse, confirmando así que esta especie cumple los criterios para ser incluida en el Apéndice I de la CITES,

K.  Considerando que los marrajos sardineros y las mielgas son sumamente vulnerables a la explotación pesquera excesiva y se recuperan muy lentamente debido a sus características biológicas (crecimiento lento, maduración tardía, baja capacidad reproductora, longevidad y largo período de generación),

L.  Considerando que es necesario incluir estas especies en el Apéndice II de la CITES para garantizar que el futuro comercio internacional se abastezca de una pesca gestionada de forma sostenible y registrada con exactitud, que no vaya en detrimento de la situación de las poblaciones silvestres que explota,

M.  Considerando que la Resolución Conf. 9.24 de la CITES especifica que, para poder incluir una especie en el Apéndice I, debe tratarse, entre otras condiciones, de especies "que son o pueden ser afectadas por el comercio" o en las que se observe "una disminución acentuada del tamaño de la población en la naturaleza, que se haya [...] deducido o previsto, atendiendo a [...] una disminución de la superficie del hábitat, o una disminución de la calidad del hábitat",

N.  Considerando que los osos polares están gravemente amenazados por la destrucción de su hábitat a consecuencia del cambio climático, lo que conlleva una disminución de sus poblaciones en la mayor parte de su área de distribución, y que se ven perjudicados por el comercio en partes de su cuerpo, comercio que ha aumentado desde los años 90,

O.  Considerando que, durante su Decimocuarta reunión (CoP 14), las Partes de la CITES acordaron que no hubiese más propuestas para comerciar con marfil por un período mínimo de nueve años,

P.  Considerando que, en los debates de la CoP 14, se pidió en un primer momento un período de descanso de 20 años y que, desde entonces, se han confiscado grandes cantidades de marfil y se ha informado de un aumento y una extensión de la caza furtiva,

Q.  Considerando que las poblaciones de grandes felinos asiáticos siguen estando amenazadas a causa de la caza furtiva, la desaparición de su hábitat y la falta de presas, y que, a pesar de los continuos llamamientos, se observa una decepcionante falta de avances en muchos ámbitos a la hora de actuar con firmeza para frenar el declive de las poblaciones de tigres y otros grandes felinos,

R.  Considerando que en la Decisión 14.69, adoptada en la CoP 14, se pedía a las Partes con establecimientos intensivos de cría que garantizasen que la cría en cautividad de los grandes felinos asiáticos se limitara a un nivel apto para la conservación de la especie, y que en ella se afirmaba que no deberían criarse tigres para comercializar sus partes y derivados,

S.  Considerando que en las recientes Recomendaciones de Katmandú se subrayó la importancia de una mayor participación de los organismos internacionales de seguridad, como Interpol, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la CITES, para combatir los delitos contra las especies silvestres, y se pidió que se reforzaran a estos efectos las unidades de delitos contra el medio ambiente de dichos organismos,

T.  Considerando que las Decisiones 14.35 y 14.36 se adoptaron en la CoP 14 (celebrada en la Haya en 2007), y que el anonimato y el alcance mundial de Internet podría reducir drásticamente la capacidad de las Partes de la CITES para luchar contra el comercio ilegal de especies silvestres; que el rápido aumento del comercio electrónico de especímenes de especies incluidas en la CITES supone una grave amenaza para la supervivencia de muchas especies; que el carácter mundial de Internet hace más difícil para las Partes de la CITES aplicar la legislación nacional e internacional dentro de su jurisdicción; que el comercio electrónico en especies silvestres y sus productos debe considerarse siempre como comercio internacional en potencia,

1.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que el principio de precaución sea el principio rector en todas sus decisiones sobre los documentos de trabajo y las propuestas de listas, y que tengan igualmente presentes el principio de imposición de costes a los usuarios, el enfoque sobre los ecosistemas y los principios tradicionales de conservación;

2.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todas las decisiones relativas a una cooperación reforzada entre la CITES y otras convenciones en materia de biodiversidad no socaven el carácter de la CITES en su calidad de acuerdo mundial de conservación ni sus estrictas medidas conservacionistas;

3.  Expresa su firme oposición al recurso a votaciones secretas y manifiesta su decepción por que el Comité Permanente de la CITES no haya presentado propuestas para excluir la posibilidad del voto secreto en el proceso de toma de decisiones en la Convención;

Atún rojo

4.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen la inclusión del atún rojo (Thunnus thynnus) en el Apéndice I de la CITES, siempre que se cumplan las siguientes tres condiciones:

   - Garantía de que se modificará el Reglamento (CE) nº 865/2006 de la Comisión por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 338/97 del Consejo relativo a la protección de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, dando lugar a la creación de una exención general para el comercio nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la pesca artesanal costera;
   - Apoyo financiero de la Unión Europea para los marineros y armadores afectados por esta decisión;
   - Refuerzo de los controles y sanciones para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);

5.  Pide a la Comisión que otorgue una compensación financiera al sector pesquero que puede resultar afectado por la posible inclusión del atún rojo en el Apéndice I de la CITES, a fin de proteger la sostenibilidad económica del sector;

Tiburones

6.  Acoge con suma satisfacción la propuesta presentada por Suecia en nombre de los Estados miembros destinada a incluir dos especies de tiburones, a saber, el marrajo sardinero (Lamna nasus) y la mielga (Squalus acanthias), en el Apéndice II de la CITES; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen esta propuesta;

7.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen la inclusión en el Apéndice II de la CITES de cinco especies de tiburones, a saber, la cornuda común (Sphyrna lewini), el tiburón martillo gigante (Sphyrna mokarran), la cornuda cruz (Sphyrna zygaena), el tiburón trozo (Carcharhinus plumbeus) y el tiburón lamia (Carcharhinus obscurus), de acuerdo con la propuesta de los Estados Unidos de América;

8.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen la inclusión del tiburón oceánico (Carcharhinus longimanus) en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta de los Estados Unidos de América;

Oso polar

9.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen la transferencia, del Apéndice II de la CITES al Apéndice I, del oso polar (Ursus maritimus), de acuerdo con la propuesta de los Estados Unidos de América;

Elefantes y marfil

10.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que rechacen:

   la propuesta de Tanzania y Zambia de suprimir el elefante africano (Loxondonta africana) del Apéndice I de la CITES para incluirlo en el Apéndice II, de cara a su comercialización;
   todas las propuestas de supresión de los elefantes africanos de las listas de los apéndices, hasta que no pueda realizarse una verdadera evaluación del impacto de la venta excepcional que se produjo en noviembre de 2008 en Botsuana, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue, dado el incremento de las pruebas sobre el aumento del comercio ilegal organizado en África;

11.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que respalden la propuesta de Kenia, Ghana, Liberia, Malí, Sierra Leona, Togo, Congo y Ruanda de incluir una anotación sobre los elefantes africanos para evitar cualquier futura propuesta de comercio de marfil o de transferencia de las poblaciones de elefantes del Apéndice I de la CITES al Apéndice II, hasta que hayan transcurrido veinte años desde la fecha de la venta única de marfil que tuvo lugar en noviembre de 2008;

12.  Anima a las Partes de la CITES que se beneficiaron de la venta excepcional de las reservas gubernamentales de marfil a que presten ayuda financiera al Fondo para el Elefante Africano para mejorar las medidas coercitivas y las iniciativas de lucha contra la caza furtiva;

13.  Aboga por una consulta más amplia y exhaustiva de todos los Estados del área de distribución de los elefantes a la hora de examinar la posible supresión de los elefantes africanos de las listas de los apéndices y las ventas excepcionales posteriores;

14.  Aboga por el desarrollo de unos métodos de control del comercio ilegal de marfil más sólidos, en los que se incluya un amplio abanico de participantes;

Tigres y grandes felinos asiáticos

15.  Se felicita por la propuesta de la UE de reforzar la Resolución Conf. 12.5 de la CITES sobre conservación y comercio de tigres y otras especies de grandes felinos asiáticos incluidos en el Apéndice I;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos realizados para combatir el comercio ilegal de partes y derivados de los grandes felinos asiáticos, haciendo hincapié en la mejora de las medidas coercitivas y el intercambio de información, por medio, en particular, del refuerzo de la capacidad de Interpol, la ONUDD, la OMA y la CITES para combatir los delitos contra la vida silvestre y ofrecer formación;

17.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos por reducir la demanda de partes y derivados de los grandes felinos asiáticos, en el seno de su propia población y en la de otros países;

Otras especies

18.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen las propuestas siguientes:

   la inclusión del Corallium spp. y del Paracorallium spp. en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta presentada por Suecia en nombre de los Estados miembros;
   la inclusión del palo santo (Bulnesia sarmientoi) en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta de Argentina;
   la transferencia del lagarto de las palmeras adornado (Uromastyx ornata) del Apéndice II de la CITES al Apéndice I, de acuerdo con la propuesta de Israel;
   la inclusión del tritón moteado de Kaiser (Neurergus kaiseri) en el Apéndice I de la CITES, de acuerdo con la propuesta de Irán;
   la inclusión en el Apéndice II de la CITES de las especies de iguana de cola espinuda (Ctenosaura bakeri, C. oedirhina y C. melanosterna), de acuerdo con la propuesta de Honduras;
   la inclusión en el Apéndice II de la CITES del género de ranas arborícolas Agalychnis spp., de acuerdo con la propuesta de Honduras y México;
   la inclusión en el Apéndice II de la CITES de la iguana garrobo orginaria de Guatemala (Ctenosaura palearis), de acuerdo con la propuesta de Guatemala;
   la inclusión del palo de rosa (Aniba rosaedora) en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta de Brasil;
   la inclusión de Dynastes satanas en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta de Madagascar;
   la inclusión de las semillas de Beccariophoenix madagascariensis en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta de Madagascar;
   la inclusión de las semillas de Dypsis decaryi en el Apéndice II de la CITES, de acuerdo con la propuesta de Madagascar;

19.  Acoge con satisfacción y respalda las propuestas de inclusión de especies de plantas y semillas de plantas presentadas por Madagascar;

20.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se opongan a las propuestas siguientes:

   la supresión del lince rojo (Lynx rufus) del Apéndice II de la CITES;
   la transferencia del cocodrilo de Morelet (Crocodylus moreletti) del Apéndice I al Apéndice II de la CITES (propuesta por Belice y México);
   la transferencia de la población egipcia del cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus) del Apéndice I al Apéndice II de la CITES (propuesta por Egipto);

21.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a rechazar la propuesta de los Estados Unidos y de México de suprimir la lechosa (Euphorbia misera) del Apéndice II de la CITES;

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación internacional para la aplicación de la CITES;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la inclusión del texto adicional de refuerzo propuesto por Alemania en el documento CoP 15 Doc. 32 (comercio electrónico de especímenes de especies incluidas en la CITES) y apoye la propuesta revisada;

24.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a secundar las propuestas de la Secretaría para participar en el desarrollo de objetivos de biodiversidad post 2010, la Alianza sobre Indicadores de Biodiversidad 2010 (BIP) y la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), también en relación con el cambio climático (CoP15 Doc. 10.1);

25.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar la propuesta CoP 15 Doc. 10.4 del Comité de Flora para profundizar la colaboración con la Estrategia Global para la Conservación de las Plantas del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB);

26.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen nuevas acciones para eliminar el comercio ilegal del antílope tibetano de acuerdo con la propuesta de la Secretaría CoP 15 Doc. 46;

27.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen la propuesta de la Secretaría CoP15 Doc. 47 con el fin de que los Estados del área de distribución del antílope saiga (Saiga tatarica tatarica) cumplan sus obligaciones y conseguir así la correcta aplicación del Plan de Acción para el antílope saiga y la observancia de las decisiones pertinentes; propone además que las Partes de la CITES alienten a las industrias que usen cuerno de saiga a que contribuyan a las actividades de conservación sobre el terreno destinadas a recuperar las poblaciones silvestres;

28.  Insta con firmeza a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen nuevas acciones para luchar contra el comercio ilegal de grandes simios de acuerdo con las propuestas de la Secretaría expuestas en el documento CoP 15 Doc. 42;

29.  Insta enérgicamente a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar los esfuerzos realizados en el marco de la CITES para abordar el tráfico ilícito y la pesca no regulada y no declarada de napoleón (Cheilinus undulates);

30.  Hace hincapié en el hecho de que la Unión Europea es uno de los mayores mercados del comercio ilegal de especies silvestres y que el grado de cumplimiento varía entre los Estados miembros, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la coordinación de sus esfuerzos por garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de comercio de especies silvestres;

o
o   o

31.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a las Partes de la CITES y a la Secretaría de la CITES.


Informe de 2009 sobre los progresos realizados por Croacia
PDF 138kWORD 58k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2009
P7_TA(2010)0023B7-0067/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2005, sobre la apertura de negociaciones de adhesión con Croacia,

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2009, sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2008(1),

–  Visto el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2009, publicado por la Comisión el 14 de octubre de 2009 (SEC(2009)1333),

–  Vistas las recomendaciones de la décima Comisión Parlamentaria Mixta UE-Croacia, aprobadas el 26 de noviembre de 2009 en Estrasburgo,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Parlamento Europeo recién elegido está comprometido con la promoción de la adhesión de Croacia a la Unión Europea,

B.  Considerando que la adhesión satisfactoria de Croacia daría un positivo impulso al proceso de integración europea del resto de la región de los Balcanes Occidentales y que, por lo tanto, las perspectivas de pertenencia a la UE son un poderoso incentivo para la realización de reformas políticas y económicas y el fortalecimiento de la paz y la estabilidad,

C.  Considerando que Croacia ha seguido progresando en la práctica totalidad de los ámbitos, pese a los nueve meses de estancamiento de las negociaciones de adhesión y a la crisis económica mundial,

D.  Considerando que las negociaciones de adhesión sufrieron un retraso debido a la disputa fronteriza con Eslovenia, y que no fue posible respetar la hoja de ruta indicativa de la Comisión para concluir las negociaciones técnicas para finales de 2009,

E.  Considerando que el acuerdo alcanzado el 11 de septiembre de 2009 entre los Primeros Ministros de Eslovenia y Croacia acerca de las modalidades para resolver su disputa transfronteriza bilateral supuso un impulso para abrir todos los capítulos restantes y avanzar con rapidez en las negociaciones de adhesión,

F.  Considerando que el acuerdo de arbitraje entre Eslovenia y Croacia, firmado en presencia de la Presidencia de la UE el 4 de noviembre de 2009, sentó las bases para resolver plenamente la disputa fronteriza entre ambos países en un clima de confianza mutua una vez haya concluido el proceso de ratificación,

G.  Considerando que las negociaciones con Croacia pueden concluirse en 2010, siempre y cuando Croacia garantice su compromiso de esfuerzo y, en particular, fortalezca la administración pública, prosiga la reforma del poder judicial de modo más decidido, combata enérgicamente la corrupción y la delincuencia organizada, garantice la sostenibilidad del retorno de los refugiados y coopere plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) para permitirle el acceso a los documentos solicitados con objeto de utilizarlos en los juicios por crímenes de guerra,

H.  Considerando que el 7 de julio de 2009 se nombró a un nuevo Primer Ministro que tiene la determinación de mantener el compromiso de Croacia con la adhesión a la UE y su agenda de reformas, incluida la reforma económica, así como la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción; considerando que el Viceprimer Ministro encargado de la política económica ha dimitido; que también se ha suspendido la inmunidad del antiguo Ministro de Defensa, como signo del compromiso político del Gobierno para afrontar todas las acusaciones de corrupción de forma transparente,

Observaciones generales

1.  Felicita a Croacia por los continuos avances en el cumplimiento de los criterios de adhesión a la UE, así como las obligaciones derivadas de la condición de miembro de la Unión; toma nota de los esfuerzos concertados de Croacia en la adopción de la legislación necesaria, la transposición del acervo comunitario y la realización de reformas;

2.  Acoge con satisfacción la reanudación de las negociaciones entre la UE y Croacia el 2 de octubre de 2009, tras más de nueve meses de bloqueo; considera que las negociaciones deben proseguir sin contratiempos, con miras a su conclusión en 2010, siempre y cuando Croacia alcance todos los valores de referencia de apertura y cierre;

3.  Confía en que Croacia afrontará y superará los importantes desafíos pendientes en relación con los valores de referencia establecidos en los capítulos de las negociaciones; señala que el país mantiene sus esfuerzos de reforma, particularmente en relación con el poder judicial y la administración pública, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la promoción de los derechos de las minorías, incluido el retorno de los refugiados, la celebración de juicios por crímenes de guerra y el acceso del TPIY a los documentos; considera que Croacia también debe realizar importantes esfuerzos adicionales para completar la restructuración de los astilleros;

4.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, a pesar del amplio respaldo a la adhesión a la UE por parte de los partidos políticos, el apoyo público a la pertenencia a la UE está disminuyendo; observa que los sondeos de opinión sugieren que el público croata manifiesta un escaso entusiasmo con respecto a la UE, indicando que sólo un tercio de la población considera beneficiosa la adhesión a la UE; anima a las autoridades croatas y a la sociedad civil a entablar más debates públicos sobre la pertenencia a la UE y las consecuencias de la adhesión a la Unión; invita al Gobierno y a la sociedad civil a aunar fuerzas para mejorar las reformas sociales y acelerar la aplicación de reformas en relación con el poder judicial, la administración pública, el medio ambiente y la política económica;

5.  Toma nota de la labor del Presidente saliente, Stjepan Mesić, y de la elección del nuevo Presidente, Ivo Josipović;

Criterios políticos

6.  Acoge con satisfacción los avances conseguidos en la aplicación del programa de reforma de la administración pública para el período 2008-2011 y en la realización de esfuerzos con un claro compromiso del Gobierno;

7.  Acoge con satisfacción la participación de Croacia en operaciones y misiones de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), así como su alineamiento con las declaraciones, posiciones comunes y comunicaciones de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) cada vez que es invitada a sumarse a las mismas;

8.  Subraya, sin embargo, que existen aún considerables carencias en los procedimientos administrativos, al igual que en las capacidades de gestión y administrativas de importantes instituciones; considera que debe prestarse una atención política más global al fortalecimiento de la función pública; observa que el proceso de despolitización de la administración pública se encuentra todavía poco avanzado y que el marco jurídico para establecer una función pública profesional y eficaz no se ha completado aún; destaca que se requiere un nuevo sistema salarial y que es necesario que los niveles de gestión deleguen más responsabilidades decisorias en los niveles de la función pública;

9.  Observa que, aunque existe voluntad política para luchar a todos los niveles contra la corrupción, y a pesar de que esté en vigor el marco jurídico para combatirla, la corrupción sigue estando extendida y las capacidades administrativas de los órganos estatales, incluidas la policía y las autoridades responsables de la aplicación de la ley, siguen siendo insuficientes; insta a las autoridades pertinentes a combatir los casos de corrupción, puesto que afectan a casi todos los segmentos sociales, económicos y gubernamentales, incluido un entramado de instituciones que operan principalmente en los ámbitos sanitario, judicial, administrativo local, el sector de la construcción y el urbanismo y el ámbito empresarial; manifiesta su particular preocupación por los casos de injerencia política indebida en el poder judicial; observa con agrado que los esfuerzos del Primer Ministro y del Gobierno se hayan intensificado para combatir la corrupción en empresas estatales, pero considera que debe hacerse más por promover una cultura de responsabilidad política en relación con los casos de corrupción en que estén involucrados políticos;

10.  Acoge con satisfacción la introducción de importantes cambios legislativos e institucionales para luchar contra la delincuencia organizada y se congratula de las nuevas medidas antimafia, que impulsan la cooperación entre las autoridades responsables de la seguridad; manifiesta su particular satisfacción por la excelente cooperación con las autoridades policiales bosnias y serbias;

11.  Acoge con satisfacción las medidas legislativas y de desarrollo institucional emprendidas en el esencial ámbito de la reforma judicial y observa con agrado el incremento de la eficacia y transparencia del poder judicial, así como la reducción del número de casos pendientes;

12.  Señala, no obstante, que pese a los avances realizados se necesitan medidas más enérgicas para reformar el poder judicial, cuya labor sigue lastrada, en particular, por un gran número de casos pendientes y la excesiva duración de los procedimientos judiciales; destaca que aún queda por realizar una importante labor en relación con el fortalecimiento de la independencia judicial, la creación de un procedimiento más transparente de selección de jueces y fiscales y una aplicación más eficaz de las sentencias judiciales; considera que se necesitan esfuerzos adicionales para afrontar estos retos, a fin de evitar también socavar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del poder judicial y el Estado de Derecho; apoya las iniciativas legislativas del Ministerio de Justicia, destinadas a mejorar el nombramiento, la selección y la promoción de los jueces en función de las cualificaciones y los méritos;

13.  Toma nota de la declaración efectuada por el Fiscal del TPIY ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 2009 y anima a Croacia a cooperar plenamente con el TPIY; subraya que, si bien el Fiscal reconoce en su declaración que Croacia sigue respondiendo adecuadamente a la mayor parte de las solicitudes de asistencia del TPIY, también reitera que queda un asunto por resolver, en particular los avances en la localización de los documentos militares clave no presentados que guardan relación con la Operación Storm de 1995, que habrán de utilizarse en los juicios de algunos generales; desea el mayor de los éxitos al recién creado grupo de trabajo interinstitucional, que está integrado por representantes de varias instituciones y agencias estatales y se dedicará a tales investigaciones; considera que una tercera parte, en caso necesario, puede impulsar en mayor medida las investigaciones; invita al Consejo a tomar cuanto antes una decisión sobre la apertura del capítulo 23 (Poder judicial y derechos fundamentales); anima a Croacia a abordar la cuestión de la impunidad de los autores de crímenes de guerra y a seguir avanzando en relación con la imparcialidad en el transcurso de los juicios nacionales por crímenes de guerra;

14.  Observa con satisfacción que Croacia sigue mejorando sus resultados en relación con la persecución imparcial y justa de los crímenes de guerra y que a lo largo del año tuvieron lugar varios procesamientos y juicios de croatas acusados de crímenes de guerra; acoge con satisfacción las instrucciones impartidas a todas las oficinas por el Fiscal General del Estado en relación con los crímenes de guerra, destinadas a garantizar la uniformidad de las prácticas con independencia de la procedencia nacional del sospechoso; toma nota, sin embargo, de que muchos de los acusados juzgados a lo largo del año por crímenes de guerra fueron juzgados en rebeldía y que sigue existiendo preocupación al respecto, también en relación con el desarrollo de los procedimientos en casos concretos; destaca un caso en el que un importante criminal de guerra convicto, también diputado al Parlamento croata, logró escapar y refugiarse en un país vecino;

15.  Observa que la restitución de la propiedad confiscada durante la Segunda Guerra Mundial y bajo el régimen comunista sigue siendo un problema, al tiempo que reconoce los avances realizados hacia la restitución de las propiedades privadas ocupadas a sus legítimos propietarios, particularmente en relación con las tierras agrícolas ocupadas;

16.  Manifiesta su satisfacción en cuanto a la situación de la libertad de prensa, si bien observa que se sigue ejerciendo cierta influencia política y comercial sobre los medios de comunicación; insta a las autoridades croatas a tomar medidas enérgicas contra las amenazas a periodistas que cubran casos de crímenes de guerra, corrupción y delincuencia organizada, dado que ha habido casos de intimidación a periodistas;

17.  Se congratula de que se hayan reducido la frecuencia y la gravedad de los incidentes violentos contra personas de etnia serbia, de que se hayan mejorado las investigaciones policiales y de que el proceso de reconciliación entre personas de etnia croata y de etnia serbia esté resultando un éxito; acoge con satisfacción la previsión de que las modificaciones propuestas de la Constitución reconozcan a todos los grupos minoritarios de Croacia, y que se hayan mejorado los derechos de las minorías en el ámbito de la educación; observa con especial agrado el progreso realizado en la educación inclusiva de la comunidad romaní; pide a las autoridades croatas, no obstante, que prosigan sus esfuerzos para combatir la discriminación contra la comunidad romaní y las personas de etnia serbia, principalmente en el sistema judicial, el acceso al empleo y la vivienda; anima a Croacia a continuar actuando con un espíritu de tolerancia y adoptando las medidas oportunas para proteger a aquellos que puedan seguir siendo objeto de amenazas o actos de intimidación;

18.  Anima a Croacia a proseguir sus esfuerzos por promover la diversidad cultural;

19.  Acoge con satisfacción el progreso general logrado en materia de retorno de los refugiados y destaca la enorme importancia del retorno y la reintegración de los refugiados, incluyendo la reconstrucción y la restitución de las viviendas, el desafío que representa la ejecución de programas de vivienda para antiguos titulares de derechos de propiedad y las medidas que han de adoptarse para resolver la cuestión de la validación de los derechos de pensión; toma nota de que la aplicación por parte de Croacia de su programa de vivienda para 2009 se encuentra aún en una fase poco avanzada, debido a los efectos de la crisis económica mundial y las restricciones presupuestarias, y que el programa deberá prolongarse, al menos, durante 2010, por lo que será necesario que las autoridades competentes mantengan sus compromisos; subraya que es primordial crear condiciones de sostenibilidad en las zonas de retorno; invita al Gobierno croata a alinear sus políticas de inmigración y asilo con las normas de la UE;

20.  Pide al Gobierno que ofrezca formación a los jueces sobre la aplicación de la ley sobre igualdad de género y la ley contra la discriminación; observa que, hasta la fecha, ninguna decisión judicial se ha basado en ninguna de estas dos leyes; pide una promoción más activa de la participación de la mujer en la política, al tiempo que acoge con satisfacción que una mujer haya sido nombrada Primera Ministra, observando que la proporción de mujeres ha disminuido en todos los órganos gubernamentales locales en las elecciones locales del presente año (el número de alcaldesas, por ejemplo, se redujo de tres a una); subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos para apoyar a las víctimas de la violencia doméstica; toma nota de los avances realizados por Croacia en el ámbito de la legislación sobre delitos provocados por el odio y anima al Gobierno a incrementar los esfuerzos para garantizar el establecimiento de un marco jurídico adecuado y a abordar la discriminación contra minorías sexuales, también con una investigación rigurosa de las amenazas y los crímenes provocados por el odio;

21.  Manifiesta su preocupación por el resentimiento contra la minoría de lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales (LGBT) en Croacia, que ha quedado de manifiesto recientemente en el caso de los ataques homófobos a participantes de la marcha del Orgullo Gay en Zagreb; insta a las autoridades croatas a que condenen y persigan la violencia y el odio contra cualquier minoría por motivos políticos; invita al Gobierno croata a aplicar y hacer cumplir la ley contra la discriminación;

22.  Llama la atención sobre la necesidad de hacer frente a las carencias en lo que a las personas con discapacidad se refiere, afrontando en particular los vacíos en la legislación, la elaboración de políticas y la prestación de servicios para las personas con discapacidad, especialmente aquellas con discapacidades psíquicas;

Criterios económicos

23.  Observa con agrado que Croacia se está recuperando de la crisis económica de forma gradual y que sus perspectivas económicas son relativamente positivas, pese al aumento del desempleo; observa que se ha preservado la estabilidad macroeconómica, que en la actualidad se prevé un menor déficit por cuenta corriente, que se han reducido los desequilibrios externos y que el sector bancario se ha mantenido en buenas condiciones; observa también que las perspectivas de adhesión a la UE han ayudado a los inversores a mantener la confianza en la economía croata y han servido de anclaje para las políticas económicas en el reciente período de turbulencias;

24.  Pide al Gobierno, sin embargo, que afronte las carencias estructurales existentes en la economía, que requieren reformas estructurales más profundas y rápidas como condición para un crecimiento económico sostenible; insta al Estado a reducir su importante función redistributiva y limitar aún más la intervención estatal en la economía, estimular el empleo con la revitalización del mercado laboral, que presenta cierta rigidez, eliminar las barreras administrativas a las empresas y suprimir los subsidios a las industrias deficitarias;

Asunción de las obligaciones derivadas de la condición de miembro de la UE

25.  Observa con agrado que Croacia ha mejorado su capacidad de asumir las obligaciones derivadas de la condición de miembro de la UE, con un grado satisfactorio de aproximación al acervo comunitario en la mayoría de los sectores; anima a las autoridades croatas, no obstante, a seguir reforzando las estructuras administrativas y las capacidades institucionales necesarias para la buena aplicación del acervo, con objeto de que el país pueda maximizar, tras la adhesión, los beneficios de pertenecer a la UE;

26.  Anima a Croacia a avanzar en materia de privatización, a completar el programa de privatización a pequeña escala, también en el sector del turismo, a proseguir la restructuración en sectores sensibles como la agricultura y a promover la participación del sector privado en la infraestructura a escala nacional, regional y local;

27.  Toma nota de los progresos realizados, particularmente con respecto a las licitaciones relativas a los astilleros en dificultades, al tiempo que pide a las autoridades croatas que mantengan los esfuerzos necesarios para completar la restructuración del sector de la construcción naval;

28.  Manifiesta su satisfacción por el establecimiento de la configuración institucional necesaria en el ámbito de la contratación pública, dotando de mayor coherencia y coordinación a la gestión de la política de contratación pública; insta a las autoridades croatas, no obstante, a seguir reforzando las capacidades de las entidades contratantes para aplicar con eficacia y transparencia la legislación en materia de contratación pública y a fin de reducir considerablemente el riesgo de irregularidades, incluido el fraude, dado que los procedimientos de contratación pública son aún una importante fuente de corrupción; pide a las autoridades croatas que tomen medidas para mejorar el control de la elaboración y ejecución real de los contratos;

29.  Observa con agrado los satisfactorios progresos generales logrados en el ámbito del control financiero, particularmente con respecto a la legislación en materia de control financiero interno, al tiempo que señala la necesidad de conseguir avances adicionales en el ámbito de la auditoría externa, particularmente por medio del fortalecimiento del marco jurídico para la independencia de la Oficina Estatal de Auditoría; señala que la transparencia de las finanzas públicas es de una importancia capital a la hora de combatir la corrupción y mejorar la eficacia de los servicios públicos, puesto que facilita el control de las autoridades públicas, lo que, a su vez, repercute de forma positiva en la responsabilidad de estas ante los ciudadanos;

30.  Acoge con satisfacción los avances realizados en la aplicación de los componentes del IAP (Instrumento de Ayuda Preadhesión), que preparan al país para la gestión de los Fondos Estructurales; pide a las autoridades croatas, no obstante, que incrementen considerablemente las capacidades administrativas en las estructuras del IAP existentes, a fin de cumplir los requisitos reguladores y operativos de la política de cohesión de la UE y garantizar su capacidad de absorción de los fondos, especialmente a través de la programación del Marco estratégico nacional de referencia y de los Programas operativos de los Fondos Estructurales;

31.  Pide a las autoridades croatas que desarrollen proyectos de cooperación transfronteriza diseñados para lograr la cohesión social, económica y territorial y mejorar el nivel de vida de las personas que residen en regiones fronterizas;

32.  Manifiesta su satisfacción por los logros y avances realizados en materia de medio ambiente, especialmente en lo relativo a la calidad del aire, el cambio climático, el control de la contaminación industrial y la gestión del riesgo; insta a Croacia a reforzar sus capacidades administrativas a escala nacional y local; pide que se lleve a cabo no sólo una mera transposición formal, sino también una correcta aplicación del acervo de la UE en lo que a la protección de la naturaleza y la gestión del agua se refiere;

33.  Señala la necesidad de promover la inversión en infraestructuras de energía, a fin de mejorar la seguridad y la diversidad del suministro energético y la eficacia energética; subraya el gran potencial del país en cuanto a las energías renovables, particularmente la energía solar, y, a este respecto, pide a las autoridades croatas que introduzcan legislación para facilitar el desarrollo del mercado de energías renovables;

Cooperación regional

34.  Anima a Croacia a proseguir los esfuerzos para lograr y mantener unas buenas relaciones de vecindad, para seguir siendo un promotor importante y proactivo de la cooperación regional a todos los niveles y desempeñar un papel positivo en la región; insta sin embargo al Gobierno croata y a los gobiernos de los países vecinos a intensificar su diálogo con miras a lograr soluciones definitivas a una serie de cuestiones bilaterales pendientes, particularmente en lo relativo a la demarcación de fronteras, las personas desaparecidas, la restitución de la propiedad y los refugiados, así como la extradición de ciudadanos en casos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad;

35.  Recuerda el acuerdo de arbitraje alcanzado entre los Primeros Ministros de Eslovenia y Croacia con objeto de resolver su disputa fronteriza; acoge con satisfacción la ratificación del acuerdo por el Parlamento croata y confía en que el Parlamento esloveno también lo ratifique en un futuro muy cercano; solicita a la Comisión, a este respecto, que elabore una lista de miembros del tribunal de arbitraje que incluya solamente a profesionales altamente cualificados con formación jurídica y, a ser posible, experiencia en materia de arbitraje;

36.  Pide al Gobierno croata y a todas las fuerzas políticas croatas que actúen de forma constructiva para fortalecer la soberanía bosnia y facilitar el proceso de reforma constitucional en curso;

37.  Invita al Gobierno croata a reconsiderar su política en materia de doble nacionalidad, especialmente con respecto a los ciudadanos croatas con residencia permanente en Bosnia y Herzegovina; invita al Gobierno croata a hallar una solución justa y duradera para estos ciudadanos;

38.  Subraya la necesidad de redoblar los esfuerzos para resolver todas las cuestiones fronterizas pendientes entre Croacia y sus países vecinos, en consonancia con una de las prioridades clave de la Asociación para la Adhesión; acoge con satisfacción, a este respecto, los avances realizados en las negociaciones con Montenegro y anima a los Gobiernos de Croacia, Serbia y Bosnia y Herzegovina a proseguir sus conversaciones bilaterales sobre demarcación de fronteras;

o
o   o

39.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Croacia.

(1) Textos aprobados de esa fecha, P6_TA(2009)0133.


Informe de 2009 sobre los progresos realizados por la Antigua República de Macedonia
PDF 137kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el Informe de progreso 2009 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia
P7_TA(2010)0024B7-0065/2009

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003, en que se prometió a todos los Estados de los Balcanes Occidentales que entrarían a formar parte de la Unión Europea,

–  Vistas la Decisión del Consejo Europeo de 16 de diciembre de 2005 de conceder a la Antigua República Yugoslava de Macedonia el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE y las Conclusiones de la Presidencia de los Consejos Europeos de los días 15 y 16 de junio de 2006 y 14 y 15 de diciembre de 2006,

–  Visto el Acuerdo provisional de 1995 entre la República Helénica y la Antigua República Yugoslava de Macedonia,

–  Vistos el Informe de progreso 2009, elaborado por la Comisión, relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la Comunicación de la Comisión titulada "Estrategia y retos principales de la ampliación (2009-2010)", de 14 de octubre de 2009(1),

–  Vistas las conclusiones de la sexta reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia, de 27 de julio de 2009,

–  Vistas las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia, de 31 de marzo de 2009,

–  Vistos el acuerdo de readmisión entre la UE y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de 18 de septiembre de 2007, y el Reglamento (CE) nº 1244/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009(2), adoptado el 1 de diciembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n° 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación,

–  Vista la Decisión del Consejo 2008/212/CE, de 18 de febrero de 2008, sobre los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación para la adhesión con la Antigua República Yugoslava de Macedonia(3),

–  Vistas las conclusiones de los Consejos de Asuntos Generales y de Asuntos Exteriores de los días 7 y 8 de diciembre de 2009,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el proceso de ampliación beneficia tanto a los países candidatos como a la Unión Europea en su conjunto;

B.  Considerando que la perspectiva de una adhesión a la UE sigue influyendo positivamente en las reformas que tienen lugar en la región de los Balcanes Occidentales, y contribuye a que esta región sea más estable, pacífica y próspera;

C.  Considerando que la lucha contra la corrupción en todos los países que desean adherirse a la UE constituye una importante prioridad en la agenda de adhesión,

D.  Considerando que la Antigua República Yugoslava de Macedonia mantiene el proceso de reformas y formará parte de la Unión Europea tan pronto como satisfaga todos los criterios de Copenhague;

1.  Felicita a la Antigua República Yugoslava de Macedonia por los avances realizados desde el último informe de progreso; constata con satisfacción que, sobre la base de estos avances, la Comisión ha recomendado la apertura de negociaciones de adhesión; pide al Consejo que confirme sin más demora la recomendación de la Comisión en la cumbre de marzo de 2010, en línea con las conclusiones de los Consejos de Asuntos Generales y Asuntos Exteriores de los días 7 y 8 de diciembre de 2009, y espera que las negociaciones comiencen en un futuro próximo;

2.  Destaca que una perspectiva clara, concreta y oportuna de adhesión a la UE sigue siendo el principal acicate del proceso de reformas en los países de la región y en particular en la Antigua República Yugoslava de Macedonia; recuerda, por otra parte, que un progreso sin obstáculos hacia la adhesión a la UE reviste una especial importancia para garantizar la estabilidad política, que constituye el objetivo común ampliamente compartido por las fuerzas políticas y los grupos étnicos del país;

Evolución política

3.  Acoge con satisfacción el amplio consenso que existe entre el Gobierno y los partidos de la oposición sobre la vocación europea del país; constata con satisfacción que este consenso y un mayor diálogo político han conducido a una aceleración de la labor legislativa dirigida a la integración en la UE; destaca, no obstante, la importancia de que la legislación aprobada se aplique efectivamente; se congratula de que la gran mayoría de la población apoye el proceso de adhesión a la UE y, por tanto, respalde las reformas necesarias;

4.  Se felicita por los notables avances realizados por este país en la lucha contra la corrupción y, en particular, por la aprobación de la ley relativa a la financiación de los partidos políticos; observa, sin embargo, que la corrupción, que es un problema común de los países de la región, sigue estando extendida y que deben realizarse esfuerzos más vigorosos para lograr su erradicación;

5.  Recuerda que un parlamento eficaz, que cumple su función legislativa y ejerce la supervisión de las actividades del gobierno, constituye uno de los pilares de la democracia; en este sentido, acoge con satisfacción la aprobación de la ley relativa al Parlamento de ese país, que mejora considerablemente su funcionamiento; observa que es preciso seguir mejorando el funcionamiento del Parlamento, y reforzar el papel que desempeña la oposición, mediante la reforma del reglamento del Parlamento en consonancia con las mejores prácticas europeas; lamenta la reciente decisión de un partido político de retirarse de la actividad parlamentaria, e insta a todos los partidos políticos a que busquen una solución ampliamente aceptada que conduzca a una normalización de dicha actividad parlamentaria;

6.  Felicita a las autoridades por el desarrollo de las elecciones presidenciales y locales, que han mostrado grandes progresos respecto a las elecciones parlamentarias celebradas en 2008; observa con satisfacción que las elecciones se han celebrado siguiendo la mayor parte de los criterios internacionales y pide al Gobierno que persevere en la aplicación del resto de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH, en particular mediante la actualización del censo electoral, garantizando la igualdad de acceso de los partidos y los candidatos a los medios de comunicación y aplicando plenamente las disposiciones sobre financiación electoral; llama la atención sobre una serie de denuncias por casos de votantes, en particular los funcionarios públicos, que han sufrido presiones e intimidación, denuncias que deben investigarse; se felicita por el procesamiento de algunos de los infractores y espera que se lleve a cabo una investigación sobre las demás irregularidades y se procese a los autores de las mismas;

7.  Recalca la crucial importancia de mejorar las relaciones interétnicas ‐lo que implica, entre otras cosas, garantizar los derechos de todos, con independencia de su origen étnico‐ manteniendo la aplicación del Acuerdo marco de Ohrid, que constituye la piedra angular de las relaciones interétnicas en el país; pide a todas las comunidades y a sus dirigentes que respeten las sensibilidades de los demás grupos y, en particular, que se abstengan de esgrimir un lenguaje incendiario y un simbolismo que menosprecie a otros grupos étnicos; subraya, además, la importancia de la educación en el proceso de integración y, en este sentido, pide a las autoridades que pongan fin la práctica de separar a los alumnos de las escuelas por grupos étnicos;

8.  Presta especial atención al actual proceso de descentralización, que constituye un paso importante para mejorar el funcionamiento del país así como las relaciones interétnicas; subraya que, para llevar a buen término este proceso, los municipios deben contar con fondos suficientes para cumplir sus nuevos cometidos y se ha de aumentar su capacidad para ejercer las competencias transferidas;

9.  Subraya que el acceso de los ciudadanos a la justicia es un elemento fundamental del Estado de Derecho; se felicita, en este sentido, por los avances logrados en el ámbito de la judicatura y por el compromiso del Gobierno de proseguir las reformas, como pone de manifiesto, entre otras cosas, el incremento de la financiación para los tribunales y la Fiscalía; subraya la importancia de aplicar las leyes y pide a las autoridades que sigan actuando para consolidar la independencia del poder judicial y asegurar la imparcialidad de los jueces; constata que se ha reducido el atasco judicial y anima a las autoridades a seguir mejorando la eficacia del sistema y fortaleciendo, al mismo tiempo, el respeto de los derechos humanos en el marco de los procedimientos judiciales y de investigación; pide, además, que la ley sobre asistencia jurídica sea aprobada sin demora;

10.  Toma nota de los progresos logrados en la reforma del funcionamiento de la Administración pública, en general, y la aprobación de la ley sobre los funcionarios públicos, en particular; pide a las autoridades que garanticen la observancia de las leyes poniendo fin a los ascensos ilegales y a la contratación temporal de personal al margen de lo dispuesto en las leyes;

11.  Acoge con satisfacción los progresos alcanzados en la reforma de la policía y la introducción de un nuevo sistema de carrera profesional, que contribuyen al proceso de despolitización del cuerpo; pide a las autoridades que prosigan el proceso de reformas, con el fin de introducir mecanismos eficaces y democráticos de supervisión de la policía y prevenir conductas policiales indebidas o abusivas;

12.  Pide a las autoridades que continúen fomentando el desarrollo de medios de comunicación independientes, plurales y libres de interferencias políticas; destaca la necesidad permanente de fortalecer la libertad de los medios de comunicación introduciendo normas europeas y reforzando la transparencia;

13.  Pide a las autoridades que desarrollen una estrategia de lucha contra la discriminación que garantice la igualdad de todas las personas con independencia del origen étnico, el sexo, la edad, la religión o la orientación sexual, y que adopten todas las disposiciones necesarias para ello; destaca la necesidad de tomar medidas enérgicas para mejorar la situación de las mujeres y los niños y protegerlos de la violencia doméstica;

14.  Lamenta que el proyecto de ley general antidiscriminatoria, por la que se protege a los ciudadanos de la discriminación en los ámbitos del empleo, el acceso a bienes y servicios, la educación, las instituciones públicas y la vida privada, que presentó el Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia el 28 de enero de 2010, no reconozca la orientación sexual como motivo de discriminación; pone de relieve que estas disposiciones ya se incluyeron en otros proyectos de actos jurídicos previos presentados a la Comisión y que se mencionaron en un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo y Política Social; insta al Gobierno de Skopie a poner este proyecto de ley en consonancia con la Directiva marco sobre el empleo (Directiva 2000/78/CE) y la propuesta de Directiva por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426);

15.  Pide al Gobierno que realice mayores esfuerzos para aumentar la todavía escasa participación de las mujeres en la vida política; saluda las medidas positivas que se han adoptado y que han logrado a una mayor proporción de mujeres en el Parlamento nacional; considera, no obstante, que deben desplegarse mayores esfuerzos para incrementar la participación de las mujeres en la vida política local;

16.  Acoge con satisfacción el establecimiento de un nuevo marco institucional de comisiones para la igualdad de oportunidades y espera que se dote a dichas comisiones de recursos suficientes y mandatos claros;

17.  Observa que, si bien se ha adoptado una política de lucha contra la violencia doméstica, este tipo de violencia sigue siendo, en opinión de la Comisión, un motivo de preocupación; acoge con satisfacción que se haya ampliado el tipo penal de violación, lo que redundará en una mayor protección de las mujeres;

18.  Pide, en este contexto, a todos los municipios que firmen el memorando de cooperación para la aplicación de las actividades de inclusión de la etnia romaní 2005-2015 y la estrategia sobre dicha etnia, con el fin de abordar las cuestiones relativas a esta minoría en el plano local en cooperación con las instituciones gubernamentales; insta a las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia a que incrementen la financiación destinada a aplicar los planes operativos en el marco del plan nacional de acción en favor de las mujeres de etnia romaní;

19.  Subraya el protagonismo de las organizaciones de las sociedad civil en la actual transformación del país, no sólo en el proceso de reforma y en la lucha contra la corrupción, sino también, y no menos importante, en las relaciones interétnicas y en la vigilancia de la situación de los derechos humanos; destaca que estas actividades deben recibir un apoyo adecuado del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP), tanto en Skopje como en el resto del país.

Situación económica y social

20.  Felicita al Gobierno por las políticas macroeconómicas adoptadas para contrarrestar los efectos negativos de la crisis financiera y económica mundial; expresa su temor de que el impacto de la crisis financiera en el país agrave el nivel de paro, que sigue siendo elevado, y obstaculice los esfuerzos para reducirlo; destaca que las autoridades deben hacer todo lo posible para proteger al máximo de los efectos de la crisis a los grupos vulnerables de la sociedad;

21.  Felicita al país por haber mejorado su posición en la clasificación del último informe del Banco Mundial "Doing Business 2009"; señala, sin embargo, que aún deben mejorarse los procedimientos para el registro de empresas y para la protección de los derechos de propiedad, y que el sistema educativo todavía no cuenta con medios suficientes para formar los recursos humanos que requiere el desarrollo de la economía;

22.  Toma nota de la reciente protesta organizada por los sindicatos contra la reforma de la legislación laboral propuesta por el Gobierno, que podría reducir los derechos y libertades de los trabajadores; manifiesta su grave preocupación por las condiciones de trabajo, especialmente las que afectan a las mujeres en el sector textil; señala que la igualdad de trato de las mujeres y la igualdad de oportunidades en el empleo constituyen un elemento fundamental de una economía próspera y competitiva;

23.  Considera que, aunque la reforma de la legislación sobre medio ambiente ha avanzado moderadamente, su aplicación a nivel local todavía ha de mejorarse considerablemente; pide de nuevo que se controle efectivamente la calidad y el nivel de las aguas de los lagos fronterizos de Ohrid, Prespa y Dojran, así como del río Vardar; pide una colaboración transfronteriza más estrecha en cuestiones medioambientales sobre la base de las normas de la UE y celebra, en este sentido, las iniciativas emprendidas a nivel regional, como la reciente reunión entre los primeros ministros de Grecia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania;

24.  Pide, consciente de la importancia de estos ecosistemas, medidas eficaces, basadas en el principio de desarrollo sostenible, para contrarrestar el impacto negativo en dichos ecosistemas de las actividades humanas y económicas, prestándose especial atención a las especies en peligro de extinción y a la salud general de los hábitats vulnerables; destaca, a este respecto, que los retrasos en la construcción de proyectos de gestión de aguas en las principales ciudades, pueblos e instalaciones industriales constituyen un motivo de preocupación;

25.  Insta a las autoridades a que comiencen a invertir en el mantenimiento y mejora de la red ferroviaria, que constituye, tanto ecológica como económicamente, una alternativa viable a la red de carreteras y representa un elemento fundamental para la restablecimiento de una sólida cooperación regional; alienta al país a mejorar la integración de su sistema de transporte con los de todos los países limítrofes en lo que se refiere, en particular, al sector público, al tiempo que insta a la Comisión a que preste la asistencia técnica y financiera necesaria en el marco del IAP;

26.  Felicita al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia por los progresos realizados en los preparativos para asumir la gestión de los fondos del IAP; toma nota con satisfacción de la acreditación de las autoridades nacionales para los componentes del IAP relativos al desarrollo regional, al desarrollo de los recursos humanos y al desarrollo rural; pide al Gobierno del país y a la Comisión que aceleren los trabajos necesarios para la transferencia de la gestión de los componentes del IAP relativos a la ayuda a la transición y al refuerzo de las instituciones, así como a la cooperación transfronteriza; destaca la importancia del IAP como un instrumento concebido para ayudar al país a prepararse para la futura adhesión a la UE;

Cuestiones regionales

27.  Felicita al país por haber satisfecho todos los criterios del régimen de liberalización de visados, lo que se ha traducido en la adopción por el Consejo del Reglamento (CE) nº 1244/2009, que contempla un régimen de exención de visados a partir del 19 de diciembre de 2009; celebra que el Gobierno haya dado muestras de responsabilidad regional al poner a disposición de las autoridades de Bosnia y Herzegovina la experiencia del principal negociador en las negociaciones relativas a los visados;

28.  Acoge con satisfacción la participación del país en las misiones civiles y militares de la UE, así como su alineamiento con la mayoría de las declaraciones y posiciones comunes de la UE; toma nota del reciente establecimiento de relaciones diplomáticas con Kosovo y de la celebración de un acuerdo sobre la demarcación física de la frontera como una contribución fundamental a la estabilidad en la región;

29.  Recuerda que, en consonancia con las conclusiones pertinentes del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2008 y las de los Consejos de Asuntos Generales y de Asuntos Exteriores de los días 7 y 8 de diciembre de 2008 y 8 de diciembre de 2009, el mantenimiento de buenas relaciones de vecindad, incluida una solución negociada y aceptable para ambas partes de la cuestión de la denominación del país, sigue siendo un elemento esencial del proceso de adhesión a la UE;

30.  Celebra, a este respecto, el nuevo clima de mayor entendimiento entre los Gobiernos de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y de Grecia tras las recientes elecciones en Grecia, y en particular las recientes reuniones entre los primeros ministros de estos países; alienta a ambos países a redoblar sus esfuerzos al más alto nivel, especialmente en el marco de unas negociaciones de las Naciones Unidas, con el fin de encontrar una solución aceptable para ambas partes de la cuestión de la denominación del país bajo los auspicios de las Naciones Unidas y destaca que la Unión Europea debe estar dispuesta a prestar su ayuda en el proceso negociador; observa con preocupación el uso de argumentos históricos en el debate actual, incluido el reciente fenómeno de la llamada "antiguación", que puede agudizar las tensiones con los vecinos y crear nuevas divisiones internas;

31.  Acoge con satisfacción la iniciativa del nuevo Gobierno griego de proponer el año 2014 como fecha simbólica y motivadora para la adhesión de los países de los Balcanes Occidentales a la UE; insta, en este mismo sentido, a los gobiernos de los países de esta región a que contribuyan sinceramente a la consecución de este noble objetivo;

32.  Subraya la importancia de la reconciliación y la comprensión mutua en la región, que son parte esencial de los valores y principios europeos, y alienta a la Antigua República Yugoslava de Macedonia a que contribuya activamente a desarrollar y aplicar medidas de fomento de la confianza en los ámbitos de la educación y la cooperación transfronteriza, así como a establecer una comprensión de la historia que todos puedan asumir; pide a las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a los países vecinos que eviten aquellas acciones y declaraciones que pudieran obstaculizar estos esfuerzos; señala que la conmemoración, conjuntamente con los Estados miembros vecinos, de acontecimientos históricos comunes contribuye a una mejor comprensión de la historia y al mantenimiento de buenas relaciones de vecindad;

33.  Pide a las autoridades de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que adopten las medidas necesarias para desalentar la "retórica del odio" dirigida contra los Estados miembros vecinos en los medios de comunicación, así como las declaraciones del mismo tenor en los textos escolares;

34.  Pide a la Antigua República Yugoslava de Macedonia y a los países vecinos que contribuyan a crear una cultura política basada en el respeto mutuo, la comprensión, la confianza y la tolerancia; subraya que la responsabilidad principal en este sentido recae sobre los políticos y los medios de comunicación;

35.  Destaca la responsabilidad determinante de los gobiernos de la región en lo que se refiere al mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad, así como el importante cometido que a tal fin desempeñan las instituciones de la UE, al tiempo que les insta a que consideren cuidadosamente las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones; observa con preocupación, en este mismo contexto, el aplazamiento por el Consejo de la decisión de proseguir el proceso de ampliación relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que puede agravar las tensiones políticas interétnicas en el país y puede tener consecuencias negativas para la estabilidad de la región;

o
o   o

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

(1) COM(2009)0533.
(2) DO L 336 de 18.12.2009, p. 1.
(3) DO L 80 de 19.3.2008, p. 32.


Informe anual de 2009 sobre los progresos realizados por Turquía
PDF 149kWORD 63k
Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el Informe anual 2009 relativo a los progresos realizados por Turquía
P7_TA(2010)0025B7-0068/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe anual 2009 de la Comisión relativo a los progresos realizados por Turquía (SEC(2009)1334),

–  Vistas sus Resoluciones, de 27 de septiembre de 2006 sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión(1), de 24 de octubre de 2007 sobre las relaciones UE-Turquía(2), de 21 de mayo de 2008 sobre el Informe de 2007 relativo a los progresos realizados por Turquía(3), y de 12 de marzo de 2009 sobre el Informe de 2008 relativo a los progresos realizados por Turquía(4),

–  Visto el marco de negociación para Turquía, de 3 de octubre de 2005,

–  Vistas la Decisión del Consejo 2008/157/CE, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía(5) ("la Asociación para la adhesión"), y las anteriores Decisiones del Consejo sobre la Asociación para la adhesión, de 2001, 2003 y 2006,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que las negociaciones con Turquía se abrieron el 3 de octubre de 2005, tras la adopción por el Consejo del marco de negociación, y que la apertura de dichas negociaciones representa el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce,

B.  Considerando que Turquía se ha comprometido a emprender reformas, mantener buenas relaciones de vecindad y alinearse progresivamente con la UE, y que estos esfuerzos deberían entenderse como una oportunidad para la modernización de Turquía,

C.  Considerando que el pleno respeto de todos los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la UE, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, siguen siendo la base de la adhesión a la UE, que constituye una comunidad basada en valores compartidos,

D.  Considerando que la Comisión ha llegado a la conclusión de que, en 2009, los avances concretos en las reformas políticas fueron limitados,

E.  Considerando que, por cuarto año consecutivo, Turquía continúa sin aplicar las disposiciones derivadas del Acuerdo de asociación CE-Turquía y de su Protocolo adicional,

F.  Considerando que, en su Informe anual 2009 relativo a los progresos realizados por Turquía, la Comisión ha integrado y desarrollado algunas cuestiones destacadas por el Parlamento en su última resolución sobre dichos progresos,

1.  Acoge con satisfacción el amplio debate público sobre una serie de cuestiones tradicionalmente delicadas, como el papel del poder judicial, los derechos de los ciudadanos de origen kurdo, los derechos de la comunidad aleví, el papel de las fuerzas armadas y las relaciones de Turquía con sus vecinos; alaba al Gobierno turco por el papel que ha desempeñado al iniciar este debate y por el enfoque constructivo adoptado;

2.  Reitera su preocupación por la actual polarización de la sociedad turca y entre los partidos políticos, al tiempo que insta al Gobierno y a todos los partidos parlamentarios a que desarrollen un equilibrio adecuado entre la competencia política y una cooperación pragmática, a fin de facilitar la reconciliación en el seno la sociedad turca y permitir que se lleven a cabo reformas fundamentales, en particular, de la Constitución;

3.  Observa que, en lo que a reformas concretas se refiere, los progresos en 2009 han seguido siendo limitados, y anima al Gobierno a traducir sus iniciativas políticas en cambios legislativos concretos y a ponerlos en práctica;

4.  Lamenta que, cuando existe la legislación relativa a los criterios políticos de Copenhague, su aplicación sigue siendo insuficiente; insta al Gobierno, en particular, a que intensifique la aplicación de la legislación en los ámbitos de los derechos de la mujer, la no discriminación, la libertad de religión, pensamiento y convicciones, la libertad de expresión, la tolerancia cero frente a la tortura y la lucha contra la corrupción;

5.  Pide a Turquía que continué y redoble sus esfuerzos para cumplir plenamente los criterios de Copenhague y cohesionar a la sociedad turca con el fin de respaldar las reformas necesarias, uniéndola sobre la base de la igualdad entre todos los seres humanos, independientemente del sexo, el origen racial o étnico, la religión y las convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual;

Cumplir los criterios políticos de Copenhague
Democracia y Estado de Derecho

6.  Llama la atención una vez más sobre la importancia decisiva de una reforma completa y sustancial de la Constitución que sitúe la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el centro del Estado y la sociedad turcos; alienta al Gobierno turco a que reanude esta labor de reforma y hace un llamamiento para que cooperen todos los partidos políticos y participen la sociedad civil y todas las minorías;

7.  Reitera la petición formulada en anteriores resoluciones aprobadas en 2006 y 2007 para que se reforme el sistema electoral y se reduzca el umbral del 10 %, con el fin de garantizar el pluralismo de los partidos y permitir en especial el acceso de los partidos de nueva creación al proceso político, así como una más amplia representación de las fuerzas políticas y las minorías en la Gran Asamblea Nacional;

8.  Lamenta profundamente la decisión del Tribunal Constitucional de ilegalizar el Partido de la Turquía Democrática (DTP) y prohibir la actividad política de algunos de sus representantes democráticamente elegidos; lamenta, asimismo, las recientes detenciones de miembros del DTP; reitera su condena de la violencia y el terrorismo e insta a todas las fuerzas políticas a que busquen la reconciliación por medios pacíficos y unan a la sociedad turca sobre la base de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos; destaca que debe permitirse que los representantes políticos de la población participen plenamente en este proceso; llama la atención sobre el dictamen emitido por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa en marzo de 2009, en el que se concluía que la legislación turca que regula la ilegalización de partidos políticos no es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al tiempo que insta al Gobierno a que lleve a cabo las reformas necesarias y aplique criterios europeos;

9.  Opina que es fundamental proceder a una reforma completa y rápida del poder judicial para que el proceso de modernización de Turquía pueda realizarse con éxito; se congratula de la aprobación por el Gobierno de la estrategia de reforma del poder judicial y toma nota con satisfacción del amplio proceso de consulta en el que se basó; alienta al Gobierno a que aplique la estrategia sin dilación, haciendo especial hincapié en las medidas sistemáticas dirigidas a reforzar la imparcialidad y la profesionalidad del poder judicial, así como su conformidad con las normas del CEDH; en este mismo contexto, pide al Gobierno turco que facilite instrucciones a la fiscalía con respecto a las leyes que se invocan frecuentemente para limitar la libertad de expresión; alienta asimismo al Gobierno a que reestructure la composición del Consejo Superior de la Magistratura y la Fiscalía para garantizar su representatividad, objetividad, imparcialidad y transparencia;

10.  Lamenta profundamente la decisión del Tribunal Constitucional de anular la legislación que limita la jurisdicción de los tribunales militares como un grave retroceso en los esfuerzos de reforma desplegados por Turquía, al tiempo que pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que establezca un consenso en favor de la reforma constitucional; expresa su inquietud por la injerencia constante de las fuerzas armadas en la política turca nacional y exterior, y reitera que, en una sociedad democrática, el ejército debe estar totalmente sometido al control civil; pide, en particular, a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que refuerce su control sobre el presupuesto y el gasto de las fuerzas armadas, y que se comprometa en el desarrollo de las políticas de seguridad y defensa;

11.  Expresa su inquietud por la supuesta magnitud de la red criminal Ergenekon y del plan "Balyoz"; insta al Gobierno y al poder judicial a que garanticen que todos los procedimientos siguen plenamente los cauces jurídicos adecuados y que se respetan los derechos de todos los acusados; comparte la evaluación de la Comisión de que Turquía debe abordar este caso como una oportunidad para consolidar la confianza en el buen funcionamiento de sus instituciones democráticas y del Estado de Derecho; insta al Gobierno turco a que no permita que se usen los procesos judiciales como un pretexto para presionar indebidamente a los periodistas críticos, a los intelectuales o a los políticos de la oposición;

12.  Lamenta que no se haya avanzado en la creación de la oficina del Defensor del Pueblo; insta al Gobierno a que introduzca la legislación necesaria para establecer un mecanismo de reclamación eficaz e independiente, vinculado a un sistema que lleve a cabo investigaciones sobre las denuncias de violación de los derechos humanos, y a todos los partidos parlamentarios a que apoyen dicha legislación;

Derechos humanos y respeto y protección de las minorías

13.  Acoge con satisfacción las iniciativas del Gobierno de Turquía dirigidas a unir a todos los ciudadanos turcos y permitir que todo ciudadano, independientemente del sexo, el origen racial o étnico, la religión y las convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual, goce de los mismos derechos y pueda desempeñar un papel activo en la sociedad turca; es consciente de que éste es un debate histórico, pero insta con firmeza al Gobierno a que traduzca su iniciativa política en reformas concretas, al tiempo que pide a todos los partidos políticos y a todas las partes interesadas que respalden este proceso y traten por todos los medios de superar sus recelos mutuos; se congratula, en este sentido, del plan presentado por el Gobierno a la Gran Asamblea Nacional de Turquía el 13 de noviembre de 2009, y le alienta a su puesta en práctica a fin de garantizar que se respete la libertad de todos los ciudadanos;

14.  Se felicita por la legislación adoptada para suprimir todas las restricciones a la radiodifusión en lengua kurda en las cadenas públicas y privadas, tanto a escala local como nacional, así como por la legislación sobre el uso de la lengua kurda en las cárceles; insta al Gobierno a que siga adoptando medidas que garanticen la oportunidad real de aprender kurdo en los sistemas de enseñanza público y privado, y a que permita su uso en la vida política y en el acceso a los servicios públicos; pide al Gobierno que se asegure de que no se abusa de la legislación antiterrorista para restringir libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión, y que ponga fin al sistema de guardias locales en el sudeste de Turquía;

15.  Apoya la intención de la Gran Asamblea Nacional de Turquía de aprobar rápidamente enmiendas a la Ley antiterrorista, a fin de suprimir las disposiciones que permiten que niños de entre quince y dieciocho años de edad puedan ser juzgados como adultos;

16.  Insta al Gobierno turco a que intensifique sus esfuerzos dirigidos a superar las deficiencias sociales y económicas en el sudeste del país; reitera su llamamiento a la Comisión para que presente un estudio sobre las consecuencias del Proyecto de Anatolia del Sudeste (GAP); pide a las autoridades turcas que preserven el patrimonio cultural y ambiental afectado por este proyecto, especialmente en lo que se refiere a los yacimientos arqueológicos de Hasankeyf y Allianoi; expresa su preocupación por el desplazamiento de miles de personas como consecuencia de la construcción de las presas; insta al Gobierno a que suspenda las obras del proyecto de presa de Ilisu hasta que la Comisión haya presentado el estudio mencionado;

17.  Insta a la Gran Asamblea Nacional de Turquía a que se asegure de que todos los miembros del Parlamento, sin discriminación alguna, tengan garantizada la inmunidad parlamentaria frente a la expresión de opiniones políticas;

18.  Condena los actos de violencia permanentes perpetrados por el PKK y otros grupos terroristas en suelo turco, al tiempo que insta al PKK a que responda a la iniciativa política del Gobierno turco deponiendo las armas y poniendo fin a la violencia;

19.  Hace hincapié en la libertad religiosa como un valor fundamental universal y pide a Turquía que garantice esta libertad para todos; acoge con satisfacción el diálogo entablado por el Gobierno turco con representantes de las comunidades religiosas, incluida la comunidad aleví, y alienta a las autoridades a intensificar el diálogo interreligioso, a fin de establecer una comunicación constante y constructiva; no obstante, reitera de nuevo que los pasos y los gestos positivos deben desembocar en auténticas reformas del marco jurídico que permitan que estas comunidades religiosas puedan desarrollar sus actividades sin restricciones indebidas, de conformidad con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destaca en particular la necesidad de que todas las comunidades religiosas tengan reconocida su personalidad jurídica;

20.  Acoge con satisfacción la aplicación de la Ley de fundaciones; lamenta, no obstante, que las comunidades religiosas sigan afrontando problemas en materia de propiedad, que esta ley no aborda, en lo que se refiere a los bienes embargados y vendidos a terceros o a las propiedades de fundaciones fusionadas antes de la aprobación de la nueva legislación; insta al Gobierno turco a que trate este asunto sin dilación;

21.  Reitera su preocupación acerca de los obstáculos que debe afrontar el Patriarcado Ecuménico en relación con su estatuto jurídico, la formación del clero y la elección del Patriarca Ecuménico; reitera su petición de reapertura inmediata del seminario ortodoxo griego de Halki y en favor de medidas que permitan el uso público del título eclesiástico de Patriarca Ecuménico y, en términos más generales, que creen las condiciones para la formación sin obstáculos del clero de las comunidades cristianas de Turquía;

22.  Lamenta la incertidumbre que sigue reinando acerca del reconocimiento de las casas Cem como lugares de culto de la comunidad aleví y en lo que se refiere a la educación religiosa obligatoria en las escuelas; insta al Gobierno turco a que ponga remedio a esta situación de forma sistemática;

23.  Expresa su preocupación por las dificultades que afronta la comunidad siriaca en relación con sus derechos de propiedad; señala, en particular, su inquietud ante los procedimientos judiciales relativos a la expropiación del monasterio siriaco ortodoxo de Mor Gabriel;

24.  Lamenta que el Gobierno turco siga manifestando reservas en lo que respecta a los derechos de las minorías consagrados por el Derecho internacional, que no haya firmado todavía los convenios del Consejo de Europa en este ámbito y que todavía no haya entablado un diálogo con el Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE); insta al Gobierno a que ajuste plenamente su política a las normas internacionales y al CEDH, y pide a todos los partidos parlamentarios que le respalden en esta labor; señala, a este respecto, las dificultades administrativas que deben afrontar las escuelas minoritarias y el anacrónico sistema de doble presidencia; insta al Gobierno, por otra parte, a que fomente de forma activa un clima de pleno respeto de las minorías, y a que garantice que los casos de hostilidad y violencia sean llevados ante los tribunales;

25.  Lamenta que, desde el Informe anual 2008 relativo a los progresos realizados por Turquía, no se hayan producido avances alentadores en relación con la población griega de las islas de Gökçeada (Imvros) y Bozcaada (Tenedos), que sigue teniendo problemas con los derechos de propiedad y la educación; insta al Gobierno turco, por consiguiente, a que busque soluciones que preserven el carácter bicultural de dichas islas, de conformidad con la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), de 27 de junio de 2008, relativa a las islas;

26.  Señala con preocupación que el marco jurídico turco sigue sin ofrecer las garantías suficientes en materia de libertad de expresión y que se sigue recurriendo indebidamente a determinadas leyes para restringir dicha libertad; pide al Gobierno turco que proponga una reforma completa del marco jurídico que garantice su compatibilidad con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; observa que la revisión del artículo 301 del Código Penal turco se ha traducido en una reducción importante de los procedimientos en comparación con años anteriores; sigue opinando, no obstante, que deberían derogarse los artículo 301 y 318;

27.  Sigue preocupado por el hecho de que Turquía no conceda el derecho de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y no exista una alternativa civil; lamenta que siga sin ejecutarse la sentencia de 2006 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Ülke contra Turquía, que exige a Turquía que modifique la legislación que permite el enjuiciamiento y la condena sistemáticos de los objetores de conciencia, y pide al Gobierno que ejecute dicha sentencia sin dilación;

28.  Manifiesta su preocupación por las continuas restricciones de la libertad de prensa, en particular en lo que se refiere a la información sobre la instrucción del caso Ergenekon y en vista de la multa sin precedentes impuesta a un grupo de comunicación y de los frecuentes cierres de sitios web; destaca que el fomento de la libertad de prensa es un indicio importante de la cultura política en una sociedad pluralista; recomienda, en este contexto y en vista de los vínculos poco saludables entre los medios de comunicación, el mundo de los negocios y la política, que se adopte una nueva ley sobre los medios de comunicación;

29.  Pide al Gobierno turco que redoble sus esfuerzos en la aplicación de la política de tolerancia cero frente a la tortura y que, con objeto de destacar la credibilidad de dichos esfuerzos, autorice la publicación del informe del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa; insta una vez más a la Gran Asamblea Nacional de Turquía a que ratifique el Protocolo facultativo del Convenio de las Naciones Unidas contra la Tortura; insta asimismo al Gobierno a que se esfuerce al máximo por limitar la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, en particular la de las fuerzas y cuerpos de seguridad;

30.  Insta al Gobierno turco a que siga prestando atención a la erradicación de la corrupción, al aumento de la transparencia en relación con la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales y al fomento de la transparencia de la Administración en todos los niveles;

31.  Alienta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos por que la igualdad de género, garantizada por ley, sea una realidad en la práctica; considera, en particular, que debería elaborarse una estrategia para la educación y el empleo femeninos, reduciendo el empleo de mujeres en la economía sumergida; insta al Gobierno a que aproveche el potencial que brindan las organizaciones de la sociedad civil, en particular a la hora de concienciar en mayor medida a la sociedad acerca de los derechos de las mujeres, la prevención de la violencia y los llamados "crímenes de honor"; señala que el Gobierno y el poder judicial deben garantizar que todos los actos de violencia y discriminación contra las mujeres sean debidamente juzgados y sus autores sancionados, y que las mujeres y los niños susceptibles de ser víctimas de la violencia o los crímenes de honor cuenten con la protección y el respaldo de las autoridades; alienta al Gobierno turco a que emprenda una campaña de comunicación eficaz dirigida a concienciar en mayor medida a la sociedad acerca de los derechos de las mujeres en todo el país;

32.  Reconoce que existe un marco jurídico para luchar contra la violencia doméstica, los crímenes de honor y los matrimonios forzados a edades tempranas, pero observa que su aplicación resulta problemática; pide, por consiguiente, a las autoridades que protejan a las víctimas incrementando el número de refugios y otros establecimientos; señala que el nivel de empleo femenino en Turquía es el más bajo de todos los países de la OCDE, y que se debería aumentar este nivel para fomentar los derechos económicos y la independencia de las mujeres;

33.  Expresa su preocupación por la falta de garantías en materia de lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual; pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que apruebe una nueva ley que prohíba toda discriminación directa e indirecta por cualesquiera razones y en todas las regiones, al tiempo que insta al Gobierno turco a que redoble sus esfuerzos dirigidos a concienciar a la sociedad acerca de los derechos humanos individuales y la lucha contra la discriminación, a fin de garantizar que se supriman de la legislación todas las disposiciones discriminatorias y se sancionen debidamente el odio y la violencia basados en la homofobia;

34.  Lamenta la falta de progresos en lo que se refiere a los derechos de los sindicatos e insta una vez más al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales, presente una nueva propuesta a la Gran Asamblea Nacional de Turquía dirigida a promulgar sin más demora una nueva ley de sindicatos que sea conforme con las normas de la Organización Internacional del Trabajo, incluidas las garantías relativas al derecho de huelga y negociación de convenios colectivos; expresa su preocupación por la reciente detención (a mediados de noviembre de 2009) de unos 20 sindicalistas turcos, y pide que se respeten estrictamente sus derechos sociales;

Capacidad de cumplir las obligaciones de la condición de miembro de la UE

35.  Lamenta que, por cuarto año consecutivo, Turquía siga sin aplicar el Protocolo adicional al Acuerdo de asociación CE-Turquía; insta al Gobierno turco a que aplique inmediatamente dicho Protocolo adicional de forma íntegra y no discriminatoria, al tiempo que recuerda que la omisión de esta aplicación podría comprometer gravemente el proceso negociador;

Compromiso de mantener relaciones de buena vecindad

36.  Reitera la obligación inequívoca de Turquía de mantener buenas relaciones de vecindad, tal como prevé el marco de negociación; destaca su compromiso de respaldar, junto con todas las demás partes, los esfuerzos dirigidos a alcanzar una solución global de la cuestión chipriota y a resolver todos los litigios fronterizos pendientes con los países vecinos, de conformidad con el principio de resolución de diferencias por medios pacíficos establecido en la Carta de las Naciones Unidas;

37.  Pide al Gobierno turco y a todas las partes interesadas que apoyen activamente las negociaciones en curso y que contribuyan con medidas concretas a alcanzar una solución global de la cuestión chipriota basada en una federación bizonal y bicomunitaria, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con los principios en los que se fundamenta la UE; pide a Turquía que facilite un clima adecuado para las negociaciones, iniciando de forma inmediata la retirada de sus fuerzas de Chipre, abordando la cuestión del establecimiento de ciudadanos turcos en la isla y permitiendo la restitución de la zona cerrada de Famagusta a sus legítimos habitantes, en cumplimiento de la Resolución 550(1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

38.  Pide al Gobierno turco que deje de obstaculizar la actividad de buques civiles que realizan prospecciones de petróleo para la República de Chipre en el Mediterráneo Oriental;

39.  Insta a Turquía a que garantice el respeto de los derechos de todas las personas desplazadas en Chipre, incluidos los de las minorías religiosas, así como el libre ejercicio de sus derechos religiosos; destaca que, en el caso de la comunidad católica maronita, deberían acordarse estas mismas libertades a los cuatro pueblos maronitas;

40.  Acoge con satisfacción la reactivación del Comité de Personas Desaparecidas (CMP) y pide a Turquía que adopte las medidas oportunas en relación con esta cuestión humanitaria;

41.  Elogia los esfuerzos diplomáticos desplegados para normalizar las relaciones con Armenia, e insta al Gobierno turco a que abra la frontera con este país; pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía y al Parlamento de Armenia que ratifiquen los correspondientes protocolos sin demora y sin condiciones previas, lo cual redundará en una mayor seguridad y estabilidad en la región del Cáucaso Meridional;

42.  Toma nota del limitado progreso alcanzado en la mejora de las relaciones bilaterales entre Turquía y Grecia; pide a la Gran Asamblea Nacional de Turquía que retire su amenaza de casus belli y espera que el Gobierno turco ponga fin a las continuas violaciones del espacio aéreo griego;

43.  Se congratula de la mejora permanente de las relaciones con Iraq y con el Gobierno regional kurdo; reitera su llamamiento al Gobierno turco para que garantice que, al llevar a cabo cualquier operación antiterrorista, respete plenamente la integridad territorial de Iraq, los derechos humanos y el Derecho internacional y evite causar víctimas civiles;

Profundizar en la cooperación UE-Turquía

44.  Toma nota del inicio de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Comunidad de la Energía; celebra la firma por Turquía del Acuerdo Intergubernamental sobre el gasoducto "Nabucco", cuya ejecución sigue siendo una de las mayores prioridades de la UE en materia de seguridad energética, al tiempo que solicita la apertura del capítulo sobre energía en las negociaciones de adhesión; toma nota, asimismo, de la cooperación entre Turquía, Rusia y algunos Estados miembros de la UE en el proyecto "South Stream";

45.  Señala la importancia de Turquía como país de tránsito y destino de la inmigración irregular; pide al Gobierno turco que tome medidas urgentes que garanticen el respeto de los derechos internacionales de protección y acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo; toma nota de la reanudación de las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión UE-Turquía, e insta a Turquía a que, entretanto, aplique plenamente los acuerdos bilaterales vigentes en materia de readmisión con los Estados miembros; insta al Gobierno turco a que refuerce su cooperación con la UE en materia de gestión de la migración, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y la trata de seres humanos; señala, en este mismo contexto, los esfuerzos desplegados por Turquía con miras a concluir un acuerdo de trabajo con Frontex;

46.  Toma nota de la creciente actividad de la política exterior turca y aprecia sus esfuerzos por aportar soluciones a varias regiones en crisis; pide al Gobierno turco que refuerce la coordinación de la política exterior con la UE, en particular por lo que respecta a Irán; reconoce el papel de Turquía como socio importante de la UE para la consecución de los objetivos de la política exterior de la Unión en la región del Mar Negro, Asia central y el gran Oriente Próximo; insta al Consejo y a la Comisión a que exploten mejor el potencial de unas relaciones más estrechas entre la UE y Turquía en estas regiones;

47.  Aprecia la contribución sostenida de Turquía a la Política Europea de Seguridad y Defensa y a las operaciones de la OTAN; lamenta, no obstante, que Turquía siga bloqueando con sus objeciones toda cooperación estratégica OTAN-UE que trascienda los acuerdos "Berlín Plus", lo cual repercute negativamente en la protección del personal de la UE desplegado en la región, e insta a Turquía a que abandone cuanto antes dichas objeciones;

48.  Pide una vez más al Gobierno turco que firme y someta a ratificación el Estatuto de la Corte Penal Internacional, acrecentando así la contribución de Turquía al sistema multilateral mundial y su compromiso con el mismo;

49.  Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que analice las sinergias entre las políticas exteriores de la UE y de Turquía, y que haga un mayor uso de ellas con miras a contribuir a la seguridad y la estabilidad mundiales;

50.  Insta a Turquía a que actúe con pragmatismo y haga cuanto sea posible para garantizar el éxito de las negociaciones entre los dirigentes grecochipriotas y turcochipriotas, que entran ahora en una fase crítica; señala que ésta será posiblemente la última oportunidad de solucionar la prolongada división de la isla; acoge con satisfacción la valoración positiva, por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, de los esfuerzos decididos de los dirigentes de las dos comunidades chipriotas, el Sr. Christofias y el Sr. Talat, por alcanzar una solución global;

51.  Opina que la solución de la cuestión chipriota redundará en una mayor estabilidad, prosperidad y seguridad en la región del Mediterráneo oriental y permitirá una rápida mejora de las relaciones UE-OTAN, al tiempo que desbloqueará el propio proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea; propone, por tanto, que Turquía se asocie a las demás fuerzas garantes, Grecia y el Reino Unido, en el compromiso de respaldar todo acuerdo que puedan alcanzar Dimitris Christofias y Mehmet Ali Talat para la reunificación de Chipre que cuente con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

52.  Toma nota del Informe Especial nº 16/2009 del Tribunal de Cuentas, en el que se detectan una serie de insuficiencias en la gestión de la ayuda de preadhesión a Turquía; señala no obstante que, de acuerdo con la evaluación del Tribunal, los proyectos fiscalizados produjeron los resultados previstos y es probable que dichos resultados sean sostenibles; pide a la Comisión que aplique las recomendaciones del Informe del Tribunal de Cuentas en la prestación de asistencia en el marco del Instrumento de preadhesión (IPA), especialmente para dar prioridad a los objetivos y, por consiguiente, a los proyectos conformes con los criterios de adhesión; pide en concreto a la Comisión que emprenda una evaluación de todo el programa de ayuda de preadhesión y que informe al Parlamento Europeo sobre su aplicación;

o
o   o

53.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.

(1) DO C 306 E de 15.12.2006, p. 284.
(2) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 452.
(3) DO C 279 E de 19.11.2009, p. 57.
(4) Textos Aprobados, P6_TA(2009)0134.
(5) DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.

Aviso jurídico - Política de privacidad