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Procedimiento : 2009/2151(INI)
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Ciclo relativo al documento : A7-0227/2010

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A7-0227/2010

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PV 20/09/2010 - 23
CRE 20/09/2010 - 23

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PV 21/09/2010 - 5.8
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Martes 21 de septiembre de 2010 - Estrasburgo
Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano
P7_TA(2010)0326A7-0227/2010

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de septiembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano (2009/2151(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2009, titulada «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»(1) y la correspondiente evaluación de impacto(2); y visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de diciembre de 2007, sobre el refuerzo de los sistemas de alerta rápida en Europa(3),

–  Vistas las Resoluciones, de 16 de septiembre de 2009 sobre los incendios forestales del verano de 2009(4); de 4 de septiembre de 2007 sobre catástrofes naturales(5); de 7 de septiembre de 2006 sobre incendios forestales e inundaciones(6); de 5 de septiembre de 2002 sobre inundaciones en Europa(7); de 14 de abril de 2005 sobre la sequía en Portugal(8); de 12 de mayo de 2005 sobre la sequía en España(9); de 8 de septiembre de 2005 sobre catástrofes naturales (incendios e inundaciones) en Europa(10); sus Resoluciones de 18 de mayo de 2006 sobre catástrofes naturales (incendios forestales, sequías e inundaciones) ‐aspectos agrícolas(11), aspectos del desarrollo regional(12) y aspectos del medio ambiente(13)‐, de 11 de marzo de 2010 sobre las graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y los efectos del temporal «Xynthia» en Europa(14); y vista su Posición de 18 de mayo de 2006 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(15),

–  Vistas las conclusiones del Consejo del 16 de junio de 2008 sobre el refuerzo de las capacidades de respuesta a desastres en la Unión Europea(16); y vistos los puntos 12 a 15 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y 16 de junio de 2006 sobre la capacidad de respuesta de la Unión Europea frente a emergencias, crisis y desastres(17),

–  Vista la Decisión 2007/162/CE, Euratom, de 5 de marzo de 2007, por la que establece un Instrumento Financiero de Protección Civil(18),

–  Vista la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas(19) (Directiva Seveso II),

–  Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación(20) (Directiva sobre inundaciones),

–  Vista la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente(21) (Directiva de EIA),

–  Visto el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, aprobado el 22 de enero de 2005 en Kobe(22),

–  Visto el Convenio sobre la diversidad biológica, aprobado el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro,

–  Visto el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0227/2010),

A.  Considerando que la prevención deberá representar una parte cada vez más importante en el ciclo de gestión de catástrofes, adquiriendo una creciente relevancia social,

B.  Considerando que las catástrofes naturales ponen en peligro los ecosistemas y la diversidad, afectan al desarrollo sostenible y comprometen la cohesión social,

C.  Considerando que los Estados miembros, y en particular las regiones de convergencia, son más vulnerables a las catástrofes, ya sean naturales o de origen humano, debido a factores como el uso intensivo del suelo, el crecimiento industrial y urbano desordenado, el éxodo rural, la desertización y el incremento de los fenómenos climáticos extremos,

D.  Considerando que los cambios climáticos están en el origen de la frecuencia cada vez mayor de catástrofes naturales (inundaciones, sequías extremas e incendios), ocasionando pérdidas de vidas humanas, así como graves daños ambientales, económicos y sociales,

E.  Considerando que las catástrofes suelen producirse por distintas causas, no siempre atribuibles exclusivamente a los fenómenos naturales extremos, y que suelen venir potenciadas por la relación desequilibrada entre el ser humano y el medio físico que le rodea,

F.  Considerando que las catástrofes pueden ser causadas por accidentes tecnológicos e industriales que pueden conllevar la liberación de agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares peligrosos (CBRN), con efectos importantes para la salud, los cultivos, las infraestructuras o el ganado,

G.  Considerando que a menudo se podría haber prevenido gran parte de los daños causados por las catástrofes naturales y de origen humano; considerando, además, que las políticas de la UE deben ofrecer incentivos sólidos para que las autoridades nacionales, regionales y locales desarrollen, financien y apliquen medidas de prevención y conservación más eficientes,

H.  Considerando que un planteamiento completo, activo, inteligente y consecuente respecto a la prevención de catástrofes deberá incluir distintos niveles de cooperación entre las autoridades locales, regionales y nacionales,

I.  Considerando que las medidas de prevención de catástrofes en vigor han demostrado ser insuficientes, y que las propuestas anteriores del Parlamento Europeo todavía no se han aplicado plenamente, lo que dificulta la aplicación de una estrategia consolidada de prevención de las catástrofes naturales y de origen humano a escala de la UE,

J.  Considerando que la sequía y los incendios persistentes están acelerando además el proceso de desertización, en especial en el Sur de Europa, afectando sobre todo a las estructuras forestales mediterráneas y a zonas con grandes masas forestales monoespecíficas, no autóctonas y altamente pirófitas, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y la calidad de vida de las poblaciones afectadas,

K.  Considerando que la ocupación/utilización equilibrada de la tierra, el desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza, el respeto de los recursos energéticos y naturales y el medio ambiente, la cohesión reforzada en toda la UE, la lucha contra la despoblación rural, la desertización y la erosión del suelo, y el mantenimiento de una actividad agrícola sostenible desde el punto de vista medioambiental son algunos de los elementos fundamentales de la prevención de catástrofes,

L.  Considerando el papel fundamental que desempeñan los bosques para la conservación del medio ambiente, a través de los equilibrios generados tanto en el ciclo del carbono como en el ciclo hidrológico,

1.  Señala que las catástrofes naturales y de origen humano pueden tener consecuencias muy graves para el desarrollo económico y social de las regiones y los Estados miembros; destaca que el objetivo principal de la prevención de catástrofes consiste en proteger la vida humana, la seguridad y la integridad física de las personas, los derechos humanos fundamentales, el medio ambiente, las infraestructuras económicas y sociales, incluidos los servicios públicos básicos, la vivienda, las comunicaciones, el transporte y el patrimonio cultural;

2.  Destaca que un enfoque proactivo es más eficaz y menos costoso que un enfoque meramente basado en la reacción ante las catástrofes; considera que el conocimiento del contexto local, geográfico, económico y social es fundamental para la prevención de catástrofes de origen natural y humano;

3.  Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Comisión de garantizar que las cuestiones relacionadas con la prevención de catástrofes se tendrán en cuenta de forma más coherente en las políticas y programas comunitarios, y subraya la necesidad de un enfoque holístico para la prevención de catástrofes; recuerda que deben tenerse en cuenta todos los tipos de catástrofes naturales y de origen humano, y que ello incluye, entre otros riesgos(23), las inundaciones, tormentas, sequías, tsunamis, terremotos, incendios forestales, temperaturas extremas, erupciones volcánicas, avalanchas, deslizamientos de tierra, accidentes tecnológicos e industriales, erosión del suelo, contaminación del subsuelo y las aguas subterráneas y contaminación de los mares, lagos y ríos;

4.  Invita a la Comisión a que fomente el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros con relación a la prevención de las catástrofes de origen humano e insta a los Estados miembros a que se aseguren de la formación en materia de gestión de catástrofes de las autoridades regionales;

5.  Considera que, debido a la dimensión y/o naturaleza transfronteriza que las catástrofes pueden presentar, resulta pertinente y necesario reforzar la cooperación, tanto a nivel regional como comunitario, basándose en una complementariedad de las acciones, en la difusión de buenas prácticas y en el principio de solidaridad entre Estados miembros;

6.  Toma nota de la propuesta de creación de una red compuesta por representantes de los distintos servicios nacionales competentes de todos los Estados miembros; subraya que dicha red deberá funcionar en el ámbito de la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales con responsabilidades en el ciclo de gestión de catástrofes, en el ordenamiento del territorio y en la cartografía de riesgos y la gestión de los mismos; destaca el papel de esta red para el intercambio de experiencias y medidas de prevención, así como para el establecimiento de una metodología común y de requisitos mínimos para la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo a escala de la UE; pide que se incluya en esta red a representantes de la agricultura y que se considere la posibilidad de tener en cuenta la experiencia del PNUMA, de las organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan en este ámbito y de otros actores vinculados y con conocimiento de la tierra;

7.  Considera esencial cooperar tanto en la difusión de información, experiencias, aplicaciones técnicas y científicas, como en la coordinación de las estrategias de desarrollo de las capacidades de intervención;

8.  Pide a las regiones que consoliden las redes de coordinación territorial y transfronteriza ya existentes con objeto de desarrollar una cooperación centrada más específicamente en la prevención de catástrofes; considera que las estructuras de cooperación transfronteriza, como las macrorregiones, con su cooperación de orientación funcional, pueden convertirse en plataformas eficaces para la cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes; aboga por la utilización de la valiosa experiencia adquirida en este campo a través de proyectos ejecutados en el pasado en el marco de la Iniciativa INTERREG;

9.  Considera que las acciones y estrategias coordinadas entre los Estados miembros, los diferentes sectores y los distintos actores involucrados en el ciclo de gestión de las catástrofes pueden conducir a avances reales en materia de prevención de catástrofes; destaca el papel que puede desempeñar el voluntariado en estas estrategias y pide a los Estados miembros que alienten la cooperación con este fin a escala nacional, regional y local; sugiere que, en el contexto del Año Europeo del Voluntariado 2011, se analice la posibilidad de organizar una cooperación en el ámbito del voluntariado a escala de los Estados miembros con miras a la prevención de catástrofes;

10.  Pide la colaboración de los Estados miembros, los países vecinos de la UE y los países en desarrollo en proyectos transfronterizos de difusión de buenas prácticas y conocimientos prácticos por medio de los programas de la política de vecindad de la UE y los programas de desarrollo;

11.  Hace hincapié en que el principio de no discriminación debe incluirse en la prestación de ayuda; señala que la ayuda debe prestarse en función de las necesidades, sin discriminación por razón de raza, color de la piel, sexo, lengua, religión, ideología política u otro tipo de ideología, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición de los beneficiarios;

12.  Señala que los problemas medioambientales causados o exacerbados por el cambio climático producen en la actualidad un aumento de la emigración forzosa; desea, por tanto, destacar la creciente relación ente los solicitantes de asilo y las zonas con problemas producidos por el clima; pide una mayor protección y el reasentamiento para los «refugiados climáticos»;

13.  Subraya que las regiones y las comunidades locales son las que viven y padecen en primera línea las catástrofes naturales y, que, en general, ni sus medios materiales y humanos, ni sus conocimientos y recursos financieros son suficientes para afrontarlas desde un planteamiento meramente nacional y/o regional, sino que requieren una respuesta eficaz y solidaria a escala europea;

14.  Destaca la importancia de reducir las desigualdades entre las regiones y los Estados miembros respecto a la capacidad de protección de sus poblaciones y sus bienes, incluido el patrimonio cultural, mediante la mejora de la prevención en las regiones y Estados miembros que presentan una elevada exposición al riesgo de catástrofes; insta a que se preste especial atención a las regiones más aisladas, más escasamente pobladas, montañosas y fronterizas de Europa, y a las regiones europeas económicamente más desfavorecidas;

15.  Subraya que deberán reconocerse y tenerse en cuenta las características y limitaciones naturales de las regiones aisladas, las regiones montañosas, las regiones con baja densidad de población y las afectadas por la despoblación, las regiones periféricas y ultraperiféricas, las islas, las regiones menos favorecidas, así como las regiones que tienen una combinación de riesgos; señala a la atención las dificultades añadidas con las que se encuentran esas regiones para hacer frente a las catástrofes; pide que se preste especial atención a estas regiones a través de los diversos instrumentos financieros disponibles, y pide la flexibilización de las condiciones para la movilización del Fondo de Solidaridad para dichas regiones;

16.  Defiende la necesidad de revisión del Reglamento del Fondo de Solidaridad, adaptando los criterios de elegibilidad a las características de cada región y catástrofe, incluidos los desastres de evolución lenta como la sequía, prestando especial atención a los sectores productivos, las áreas más vulnerables y las poblaciones afectadas, y procurando que la movilización sea más flexible y oportuna; considera que las operaciones subvencionables enumeradas en el artículo 4 del Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) son demasiado restrictivas; considera que, al establecer límites mínimos de elegibilidad, la consideración de la dimensión regional es vital, ya que de lo contrario las regiones enfrentadas a catástrofes muy graves pueden verse excluidas debido a que no se alcanza el umbral establecido para el conjunto de dicho Estado miembro;

17.  Subraya la necesidad de establecer un marco financiero apropiado para la prevención de catástrofes, con recursos financieros suficientes para prevenir y combatir las catástrofes, que refuerce y articule instrumentos existentes como la política de cohesión, la política de desarrollo rural, la política regional, el Fondo de Solidaridad, el Séptimo Programa Marco y los programas Life+; solicita que en las Perspectivas Financieras 2014-2020, se tenga en cuenta la prevención en este ámbito; pide a la Comisión Europea que evalúe la posibilidad de proponer una puesta en común más sistemática de los recursos disponibles a fin de reforzar la eficacia de los mecanismos de prevención en toda la UE;

18.  Insta a la Comisión a garantizar que las actuales presiones presupuestarias derivadas de la crisis no conlleven una merma de los recursos destinados a las políticas actuales de prevención de catástrofes y que, como parte de la revisión presupuestaria en curso, analice rigurosamente las lagunas existentes en el ámbito de la prevención y determine si los instrumentos disponibles cubren todos los tipos de catástrofe;

19.  Recuerda que la política de cohesión es un instrumento fundamental para la prevención del riesgo de catástrofes naturales; considera que los distintos fondos e instrumentos deben poder funcionar de forma flexible y coordinada, con el fin de mejorar la operatividad y la eficacia de esta política; insiste en que la prevención de riesgos debe coordinarse también con otras políticas relacionadas con el ámbito de la prevención, para evitar la fragmentación de las medidas y aumentar así su eficacia y valor añadido;

20.  Reafirma la necesidad de controlar que los fondos comunitarios se utilicen correctamente y de recuperar los que han sido mal utilizados;

21.  Hace hincapié en que la prevención de catástrofes es primordialmente competencia de los Estados miembros y que en este ámbito se debe seguir aplicando el principio de subsidiariedad;

22.  Pide a los Estados miembros responsables de la ordenación territorial que establezcan criterios y disposiciones legales para prevenir catástrofes en las zonas de riesgo de inundaciones y corrimientos de tierras y otros riesgos geológicos, teniendo en cuenta los problemas generados por la deforestación indiscriminada, y asimismo que impidan la construcción en dichas zonas;

23.  Pide a los Estados miembros que evalúen la posibilidad de mejorar la integración de la prevención de catástrofes en los programas operativos nacionales de financiación comunitaria, así como en los programas operativos a nivel nacional, regional y local; considera que todos los actores públicos implicados en la protección del medio ambiente deben comprometerse y participar efectivamente en este proceso; insta a la Comisión a financiar las necesidades de revisión de los programas operativos identificados por los Estados miembros en este ámbito; pide a la Comisión que, con el fin de intercambiar experiencias, solicite a los Estados miembros que faciliten detalles de sus programas operativos para hacer frente a las catástrofes naturales y de origen humano;

24.  Considera que la UE debe dar prioridad al apoyo a los Estados miembros para que apliquen, entre otras, las siguientes medidas de prevención:

   a) Elaboración y revisión de normativas de seguridad para la construcción y la utilización del suelo;
   b) Corrección de las situaciones que pueden producir riesgos: renaturalización de los lechos de los ríos; recuperación y protección de las cuencas hidrográficas, de las zonas húmedas y de los ecosistemas conexos; control de la erosión y de la sedimentación en los cursos hídricos; aumento de la capacidad de los puentes y pasos hidráulicos; limpieza y reordenamiento de las masas boscosas; reforestación; intervenciones de protección o defensa de la franja costera;
   c) Protección o remodelación de las áreas habitadas, sobre todo de las zonas urbanas y, en particular, de aquellas que sean vulnerables a determinado tipo de catástrofes, con la participación de sus habitantes;
   d) Mantenimiento y seguimiento de la seguridad de las grandes infraestructuras existentes, poniendo especial énfasis en presas, conductos de combustibles, puentes ferroviarios y puentes de carretera, instalaciones de suministro de energía y agua, saneamiento, comunicaciones y telecomunicaciones;
   e) Apoyo a la actividad agrícola en las zonas que pierden población y que corren el riesgo de sufrir catástrofes naturales, y contribución a la reintegración de actividades humanas mediante la construcción de infraestructuras destinadas a que las personas que viven en dichas zonas puedan permanecer en ellas;

25.  Exhorta a la Comisión a que apoye a los Estados miembros en la promoción de campañas de información sobre la prevención destinadas al público en general y en la adopción de las mejores prácticas, a través de canales de fácil acceso para todos los ciudadanos sobre los riesgos identificados, así como sobre los procedimientos que deben adoptarse para hacer frente a catástrofes naturales o de origen humano; insta a que, en los programas de formación destinados a la población, se preste especial atención a los jóvenes desde la edad escolar y a las comunidades rurales; en el contexto de la concienciación del público, destaca también el papel de la línea telefónica de urgencia «112» de la Unión Europea y la necesidad de que sea más conocida;

26.  Recuerda que el agua constituye a menudo uno de los agentes que provocan las catástrofes naturales, no sólo debido a las inundaciones ‐relacionadas muchas veces con una planificación insuficiente‐, las heladas, el granizo y la contaminación de las cuencas hídricas, sino también como consecuencia de su escasez, que puede causar importantes transformaciones, como la desertización de extensas regiones del sur y el sudeste de Europa;

27.  Destaca el hecho de que las sequías persistentes han favorecido en los últimos años la multiplicación de incendios forestales en Europa, agravando al mismo tiempo la desertización de un gran número de regiones;

28.  Teniendo en cuenta la interrelación entre los fenómenos de sequía, incendios forestales y desertización, solicita a la Comisión que presente una propuesta de directiva, semejante a la directiva sobre inundaciones, que favorezca la adopción de una política comunitaria en escasez de agua, sequía y adaptación al cambio climático;

29.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que aliente la entrada en funcionamiento del Observatorio Europeo de la Sequía y la Desertización, que se encargará de estudiar, mitigar y controlar los efectos de la sequía y la desertización, con objeto de mejorar la toma de decisiones estratégicas y la coordinación entre los Estados miembros; considera que deben tenerse en cuenta las interconexiones entre la sequía, los incendios forestales, la desertización y la adaptación al cambio climático y que deben establecerse unos objetivos serios y basados en la solidaridad, en el contexto de la prevención del riesgo de sequía y de la política de gestión;

30.  Considera que, dado que los bosques son importantes para la producción de madera, el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de las inundaciones, las avalanchas y la erosión, la gestión de los recursos hídricos subterráneos y la captura de carbono, el hecho de que estén amenazados por los incendios debe preocupar a todos los Estados miembros; por tal motivo, pide a la Comisión que presente y aplique, junto con los Estados miembros, propuestas legislativas e iniciativas en el ámbito de la protección forestal y la prevención de incendios; considera que debe apoyarse la forestación y reforestación, dando preferencia a las especies nativas y a los bosques mixtos, para fomentar la biodiversidad y una mayor resistencia al fuego, las tormentas y las enfermedades, así como la recogida y el uso sostenible de la biomasa forestal residual, que constituye una fuente de energía renovable; considera que, en el marco de una verdadera cooperación en este ámbito, es necesario llevar a cabo la recogida regular de datos, la elaboración de mapas de riesgos, la preparación de planes de control del riesgo de incendios, la identificación de los recursos necesarios y de los recursos disponibles en los 27 Estados miembros, así como la coordinación a distintos niveles;

31.  Dado el carácter de delito ecológico de los incendios provocados y el aumento de su frecuencia, pide a la Comisión que estudie y proponga al Consejo y al Parlamento Europeo fórmulas de aplicación de medidas coercitivas que desincentiven las negligencias e intencionalidades en el origen de los incendios;

32.  Destaca la importancia de abordar la prevención con una perspectiva transversal, que se ha de incorporar a las políticas sectoriales correspondientes, para la promoción de una ocupación equilibrada del territorio y un desarrollo económico y social cohesionado y en equilibrio con la naturaleza;

33.  Reconoce que algunas políticas sectoriales conllevan un aumento de la exposición al riesgo en determinadas regiones, la promoción del abandono rural y la concentración excesiva de población en las zonas urbanas;

34.  Considera que la producción agrícola y forestal es vulnerable a fenómenos climáticos como la sequía, las heladas, el hielo, el granizo, los incendios forestales, las inundaciones, las lluvias torrenciales y las tormentas; a riesgos para la salud como las infestaciones por plagas, las epizootias y las epidemias; a los daños producidos por animales salvajes; a las consecuencias de actividades humanas como el cambio climático, la contaminación, la lluvia ácida y la contaminación genética no intencionada o deliberada; a deslizamientos de tierras como consecuencia de problemas relacionados con la planificación urbana y territorial; a riesgos tecnológicos y relacionados con el transporte; a la desertización de zonas montañosas y a incendios forestales debidos fundamentalmente a la falta de mantenimiento de las masas forestales y a comportamientos delictivos, así como a la contaminación de los ríos ocasionada por vertidos químicos de las fábricas, la pérdida de sustancias fertilizantes y la negligencia por parte de los usuarios de los bosques;

35.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que han permitido en algunos Estados miembros reducir a la mitad las aportaciones de fertilizantes de nitrógeno sin reducir por ello los rendimientos agrícolas;

36.  Defiende, como un elemento esencial para la prevención efectiva de las catástrofes naturales, una política agrícola ambiental y socialmente equilibrada que tenga en cuenta la necesidad de apoyar y estimular la producción agrícola sostenible y el desarrollo rural en los distintos países y regiones; propugna un refuerzo real de los incentivos a las funciones agroambientales y agrorrurales, la promoción de la permanencia de la población en las zonas rurales como factor esencial para la conservación de los ecosistemas, a fin de luchar contra la tendencia actual de desertización y empobrecimiento de estas zonas y reducir la presión sobre las zonas urbanas; además, destaca el papel que desempeñan los agricultores como guardianes del campo y lamenta la insuficiencia de elementos clave relativos al sector agrario en la Comunicación de la Comisión;

37.  Aboga por la creación de un régimen público europeo de seguros agrarios; insta a la Comisión a que presente una propuesta para un sistema de seguro público europeo con el fin de abordar mejor el riesgo y la inestabilidad de los ingresos de los agricultores relacionados con las catástrofes naturales y de origen humano; hace hincapié en que dicho sistema debe ser más ambicioso que el actual modelo voluntario, con el fin de impedir la proliferación de diferentes sistemas de seguros en la UE, que ocasionan enormes desequilibrios en las rentas de los agricultores; considera urgente que todos los Estados miembros puedan acceder a un mismo sistema de compensaciones mínimas en caso de catástrofe natural o de origen humano;

38.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan en el cálculo de las primas agroambientales los costes adicionales soportados por los agricultores para la realización de actividades de prevención de incendios (como la limpieza de cortafuegos, la extracción de plantas arbóreas muertas, la labranza del terreno a lo largo del perímetro de las parcelas, etc.) y de eliminación de las aguas (limpieza de los canales generales y de recogida);

39.  Destaca la importancia del estudio de medidas de adaptación ‐a nivel rural y urbano‐, frente al incremento de la frecuencia y magnitud de los fenómenos climáticos extremos en diversas zonas geográficas; considera que los previsibles efectos negativos del cambio climático representan una limitación adicional para la actividad agrícola y la seguridad y soberanía alimentarias, y subraya la necesidad de responder a éste y a otros desafíos en el contexto de la adaptación al cambio climático y la reducción de sus efectos negativos;

40.  Subraya la importancia de la investigación y el desarrollo (I+D) públicos en la prevención y la gestión de catástrofes, e insta al incremento de la coordinación y la cooperación entre las instituciones de I+D de los Estados miembros, en especial aquellos que tienen que hacer frente a este tipo de riesgos; insta a un refuerzo de los sistemas de alerta temprana en los Estados miembros y a la creación y el refuerzo de los vínculos existentes entre los distintos sistemas de alerta temprana; recomienda a la Comisión que tenga en cuenta estas necesidades y su financiación adecuada;

41.  Subraya la necesidad de preparar los sistemas sanitarios de los Estados miembros desde el punto de vista de la estructura de recursos humanos, buenas prácticas y conocimiento de los riesgos, de manera que sean capaces de hacer frente a situaciones catastróficas;

42.  Subraya la importancia de contar con un compendio exhaustivo de datos e información sobre los riesgos y costes de las catástrofes al que se pueda acceder en toda la UE y que permita, de este modo, el intercambio de información entre los Estados miembros en lo que se refiere a las capacidades civiles y los recursos médicos nacionales; subraya, igualmente, que debemos usar y desarrollar las estructuras ya existentes, como el Centro de Control e Información (CCI), en vez de crear nuevas estructuras;

43.  Lamenta que la Comisión no haya realizado aún un estudio sobre las prácticas de cartografía de peligros y riesgos en los Estados miembros de conformidad con lo previsto en su Comunicación de 23 de febrero de 2009 titulada «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»; exhorta a la Comisión a que concrete de manera efectiva este compromiso durante el primer semestre de 2010;

44.  Considera que es necesario establecer una metodología común y requisitos mínimos para cartografiar los peligros y riesgos a escala comunitaria;

45.  Subraya la importancia de la elaboración de criterios para analizar y calibrar el impacto socioeconómico de las catástrofes sobre las comunidades;

46.  Recomienda que se proceda a incluir de modo más completo una serie de cuestiones más detalladas relativas a la prevención de catástrofes en la revisión de la Directiva EIA, en particular en lo que se refiere a la evaluación y la comunicación de los riesgos;

47.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros.

(1) COM(2009)0082.
(2) SEC(2009)0202.
(3) SEC(2007)1721.
(4) DO C 224 E de 19.8.2010, p. 1.
(5) DO C 187 E de 24.7.2008, p. 55.
(6) DO C 305 E de 14.12.2006, p. 240.
(7) DO C 272 E, 13.11.2003, p. 471.
(8) DO C 33 E de 9.2.2006, p. 599.
(9) DO C 92 E de 20.4.2006, p. 414.
(10) DO C 193 E de 17.8.2006, p. 322.
(11) DO C 297 E de 7.12.2006, p. 363.
(12) DO C 297 E de 7.12.2006, p. 369.
(13) DO C 297 E de 7.12.2006, p. 375.
(14) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0065.
(15) DO C 297 E de 7.12.2006, p. 331.
(16) 10128/08.
(17) 10633/1/06.
(18) DO L 71 de 10.3.2007, p. 9.
(19) DO L 10 de 14.1.1997, p. 13.
(20) DO L 288 de 6.11.2007, p. 27.
(21) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
(22) A/CONF.206/6.
(23) Esta es una lista no exhaustiva de catástrofes naturales y de origen humano; por lo tanto en la lista se podrán incluir otros tipos de catástrofes naturales y de origen humano que no se recogen en este informe.

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