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Procedimiento : 2009/2231(INI)
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Ciclo relativo al documento : A7-0280/2010

Textos presentados :

A7-0280/2010

Debates :

PV 13/12/2010 - 20
CRE 13/12/2010 - 20

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PV 14/12/2010 - 9.16
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P7_TA(2010)0468

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Martes 14 de diciembre de 2010 - Estrasburgo
Buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE
P7_TA(2010)0468A7-0280/2010

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE: procedimientos de ayuda y control por parte de la Comisión Europea (2009/2231(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, los artículos 174 a 178 del mismo,

–  Vista la propuesta de la Comisión relativa a la revisión del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea, de 28 de mayo de 2010 (COM(2010)0260),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión(1),

–  Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la transparencia de la política regional y de su financiación(3),

–  Visto el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel, de 17-18 de junio de 2009, y el informe de consulta,

–  Vistas las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar los días 16 y 17 de marzo de 2010 en Málaga,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de septiembre de 2004, titulada «Responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión en la gestión compartida de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión - Situación actual y perspectivas para el nuevo período de programación después de 2006» (COM(2004)0580),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de mayo de 2008, titulada «Los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del período de programación 2007-2013» (COM(2008)0301),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2006 y 2008,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2008, titulada «Plan de Acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» (COM(2008)0097),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2009, titulada «Informe sobre la aplicación del Plan de Acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» (COM(2009)0042),

–  Vista la Comunicación, de 28 de octubre de 2009, dirigida por los Comisarios Samecki y Špidla a la Comisión, en la que se presentaba un informe provisional sobre el seguimiento del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales (SEC(2009)1463),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de febrero de 2010, sobre el impacto del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales (COM(2010)0052),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0280/2010),

A.  Considerando que la aplicación de la política de cohesión está en gran medida descentralizada y se basa en la responsabilidad de las autoridades subnacionales,

B.  Considerando que la política de cohesión desempeña un cometido precursor en la aplicación de la gobernanza multinivel, como un instrumento para mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones mediante la participación activa de las autoridades de nivel subnacional desde la fase prelegislativa de los debates,

C.  Considerando que la gobernanza multinivel se entiende como la acción coordinada de la Unión, de los Estados miembros y de las entidades regionales y locales, así como de los actores socioeconómicos y de las ONG, basada en los principios de asociación y cofinanciación, y que su finalidad es elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea, y que esta definición presupone la responsabilidad compartida de los diversos niveles administrativos,

D.  Considerando que el informe del Tribunal de Cuentas de 2006 demostró que los sistemas de control establecidos para la política de cohesión no eran suficientemente eficaces, con un índice de error del 12 % en el reembolso de gastos, y que el informe de 2008 confirmó estos datos con un reembolso indebido de los fondos del orden del 11 %,

E.  Considerando que es necesario que la Comisión refuerce su función supervisora con objeto de reducir los índices de error, mejorar el sistema de control y reforzar la asistencia a las autoridades subnacionales y a los beneficiarios, todo lo cual ha de conducir a largo plazo a la aplicación de una política orientada en mayor medida en los resultados y más accesible para los interesados,

F.  Considerando que unos procedimientos de solicitud de financiación demasiado complejos y unos controles redundantes podrían desanimar a los potenciales beneficiarios de la política de cohesión,

G.  Considerando que las soluciones prácticas que esperan los ciudadanos en materia de servicios públicos (como transporte público, agua potable, sanidad pública, viviendas sociales y educación pública) sólo pueden lograrse con una buena gobernanza que incluya dos sistemas complementarios, a saber, por una parte, el sistema institucional, que prevé el reparto de competencias y recursos presupuestarios entre el Estado y las entidades regionales y locales, y, por otra, el sistema asociativo, que agrupa a diferentes actores públicos y privados interesados por la misma temática en un territorio determinado,

H.  Considerando que la asociación debe tener en cuenta a todas las comunidades y grupos relevantes, puede aportar beneficios y un valor añadido a la ejecución de la política de cohesión por medio de una mayor legitimidad, una transparencia garantizada y una mejor absorción de los fondos, y que también debe evaluarse con arreglo al valor social y cívico que representa,

I.  Considerando que un enfoque integrado debe prestar atención a las características especiales de los territorios (desventajas geográficas y naturales, despoblación, situación ultraperiférica, etc.), para poder responder a los retos locales y regionales,

Aplicación de la gobernanza multinivel

1.  Acoge favorablemente el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel, así como el reconocimiento en el Tratado de Lisboa de la subsidiariedad a nivel subnacional; destaca que el enfoque de varios niveles no sólo debería aplicarse verticalmente, sino también horizontalmente, entre los agentes del mismo nivel, en todas las políticas de la Unión de competencias compartidas, incluida la política de cohesión;

2.  Acoge con satisfacción las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar en Málaga en marzo de 2010, y considera que la gobernanza multinivel constituye una condición previa para alcanzar la cohesión territorial en Europa; pide que este principio sea obligatorio para los Estados miembros en aquellos ámbitos políticos con un fuerte impacto territorial, a fin de garantizar un desarrollo territorial equilibrado en consonancia con el principio de subsidiariedad; señala que esta medida en ningún caso debería redundar en un aumento de los procedimientos burocráticos;

3.  Considera que una gobernanza multinivel satisfactoria debe sustentarse en un enfoque ascendente que tenga en cuenta la variedad de mecanismos administrativos existentes en el otro Estado miembro; insta a los Estados miembros a que identifiquen las vías más eficientes de aplicar la gobernanza a los diferentes niveles y a que mejoren su cooperación tanto con las entidades regionales y locales como con la administración de la Comunidad, por ejemplo invitando a los funcionarios de todos los niveles administrativos a las reuniones periódicas organizadas con la Comisión o estableciendo Pactos Territoriales Europeos que vinculen de forma voluntaria a los diferentes niveles de administrativos implicados;

4.  Recomienda que se sistematice el análisis del impacto territorial mediante la implicación, desde la fase inicial de la decisión política, de los distintos agentes interesados, de forma que englobe las repercusiones económicas, sociales y ambientales de las propuestas legislativas y no legislativas comunitarias relativas a los diferentes territorios;

5.  Destaca que la gobernanza multinivel permite aprovechar mejor el potencial de la cooperación territorial gracias a las relaciones que se establecen a través de fronteras entre las entidades públicas y privadas; insta a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que adopten cuanto antes las disposiciones necesarias para crear agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT); recomienda que la Comisión promueva el intercambio de información entre las AECT ya creadas y aquéllas que se encuentran en proceso de creación en el marco de los actuales programas; felicita al Comité de las Regiones por la calidad de su trabajo sobre las AECT y pide que sus instrumentos disponibles, en particular la Plataforma de Seguimiento de Lisboa y su Red de Control de la Subsidiariedad, se utilicen para estimular el intercambio de mejores prácticas entre las regiones y los Estados miembros con vistas a la identificación y fijación común de objetivos, las actividades subsiguientes de planificación y, finalmente, la evaluación comparada de los resultados de la política de cohesión;

6.  Pide a las entidades nacionales, regionales y locales que durante el actual período de programación intensifiquen la utilización del enfoque integrado; propone que este enfoque sea obligatorio en el contexto de la futura política de cohesión; considera que un enfoque integrado y flexible no sólo debe tener en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo del territorio, sino permitir asimismo la articulación de los intereses de las diferentes partes interesadas en la perspectiva de las especificidades territoriales, con miras a afrontar los desafíos locales y regionales;

7.  Insta a la Comisión a que elabore una guía para los agentes públicos y privados sobre la forma de aplicar en la práctica los principios de gobernanza multinivel y el enfoque integrado; recomienda que las acciones destinadas a promover estos dos enfoques se financien con cargo a la asistencia técnica del FEDER;

8.  Recomienda que el Comité de las Regiones aproveche las jornadas de puertas abiertas Open Days 2011 y, en la medida en sea todavía posible, las jornadas de puertas abiertas Open Days 2010 como una ocasión para promover y profundizar en el debate sobre la identificación de las vías más adecuadas para impulsar la gobernanza multinivel; propone que se ponga en marcha la iniciativa de crear a partir de 2011 un sello europeo de la gobernanza multinivel en todas las regiones de la UE;

9.  Señala que los mecanismos descentralizados constituyen un elemento clave de la gobernanza multinivel; pide a los Estados miembros y a las regiones que, cuando proceda y teniendo en cuenta la necesidad de simplificación, deleguen la ejecución de una parte de los programas operativos, al tiempo que les insta, en particular, a utilizar mejor, en su caso, las subvenciones globales; pide asimismo a los Estados miembros y las regiones que adopten las medidas de descentralización necesarias, tanto a nivel legislativo como presupuestario, de manera que el sistema de gobernanza multinivel pueda funcionar efectivamente y conformarse a los principios de asociación y subsidiariedad; destaca que las entidades regionales y locales, en particular las que poseen competencias legislativas, deberían estar más íntimamente involucradas, pues son quienes mejor conocen el potencial y las necesidades de sus respectivas regiones y pueden contribuir, por ello, a una mejor aplicación de la política de cohesión;

10.  Insta a los Estados miembros a que inviten a las entidades regionales y locales pertinentes y a los actores de la sociedad civil a participar ya desde las primeras fases en las negociaciones sobre la legislación de la UE y los programas que se benefician de los Fondos Estructurales, a fin de facilitar el diálogo a su debido tiempo entre los diferentes niveles de la administración; pide que dichas entidades participen en los órganos responsables de la toma de decisiones en pie de igualdad con los representantes nacionales;

11.  Destaca que la absorción eficaz de los fondos y la garantía del máximo impacto posible requieren capacidades administrativas suficientes tanto a nivel de la UE como a nivel regional y local; pide, por consiguiente, a la Comisión que mejore su capacidad administrativa, con vistas a incrementar el valor añadido de la política de cohesión y asegurar la sostenibilidad de las acciones, y a los Estados miembros que velen por unas estructuras administrativas y unos recursos humanos adecuados en materia de contratación, remuneración, formación, recursos, procedimientos, transparencia y accesibilidad;

12.  Insta asimismo a los Estados miembros a que, en su caso, refuercen el cometido de las entidades regionales y locales en la preparación, gestión y ejecución de los programas y potencien los medios a su disposición ; recomienda la adopción en la política de cohesión de la metodología de desarrollo local basada en asociaciones locales, en particular para los proyectos relacionados con cuestiones urbanas, rurales y transfronterizas; pide a la Comisión que fomente la asociación entre las regiones con un potencial similar de desarrollo específico y que vele por la existencia de una marco adecuado a escala de la UE para la coordinación de la cooperación macrorregional;

13.  Considera que los principios de asociación y cofinanciación promueven la asunción de responsabilidad por parte de las autoridades subnacionales en la aplicación de la política de cohesión; reafirma su adhesión a estos principios de buena gestión, y pide que se respeten a pesar de la reducción del gasto público como consecuencia de la crisis económica;

14.  Recomienda que se mejore la práctica de la asociación e insta a la Comisión a que elabore una definición concertada del principio de asociación como una condición previa para la creación de verdaderas asociaciones con las entidades locales y regionales y los actores de la sociedad civil; pide a la Comisión que compruebe rigurosamente la aplicación de este principio mediante el desarrollo de instrumentos específicos de evaluación y difunda las mejores prácticas en este ámbito sirviéndose de herramientas propias de las TIC; destaca que la asociación puede contribuir a la eficacia, la eficiencia, la legitimidad y la transparencia en todas las fases de programación y ejecución de los Fondos Estructurales e incrementar el compromiso con los resultados de los programas y la identificación con éstos; destaca el importante papel desempeñado por el voluntariado en el proceso de asociación;

15.  Recuerda la obligación de consulta pública a los ciudadanos mediante las organizaciones representativas de la sociedad civil y las ONG para tener en cuenta sus propuestas, y destaca que la participación de la sociedad civil contribuye a legitimar el proceso de toma de decisiones; constata que los esfuerzos por asegurar la participación pública en la fase preparatoria de los programas operativos 2007-2013 no tuvieron el éxito esperado; pide a la Comisión que identifique las buenas prácticas y facilite su aplicación, a fin de mejorar la participación ciudadana en el próximo período de programación;

16.  Pide que el principio de gobernanza multinivel se integre en todas las fases de elaboración y aplicación de la Estrategia UE 2020, con el fin de garantizar la asunción real de sus resultados por parte de las entidades regionales y locales, que son quienes tienen que hacerla efectiva; recuerda, en este mismo contexto, la propuesta relativa a un pacto territorial de las entidades locales y regionales acerca de la estrategia Europa 2020, con miras a alentar a las regiones y municipios a que contribuyan a la consecución de los objetivos de dicha estrategia;

17.  Recomienda que la Comisión reanalice las posibilidades de ejecutar el proyecto piloto iniciado por el Parlamento Europeo titulado «Erasmus para representantes electos locales y regionales» y pide a la Comisión, con vistas a mejorar el nivel de los proyectos propuestos y cumplir el objetivo de eficiencia, que ejecute, en el marco de la línea presupuestaria de asistencia técnica operativa del FEDER, un sistema de formación y movilidad destinado a los agentes locales y regionales que participan en la gestión de los programas relativos a la política de cohesión, así como a los socios especializados en la aplicación de los conceptos de enfoque integrado y gobernanza multinivel; insta a la Comisión, por consiguiente, a que asigne efectivamente financiación a esas iniciativas y a que refuerce las redes con las entidades regionales y locales, sirviéndose asimismo del Comité de las Regiones;

18.  Opina que las redes europeas de las regiones deberían ampliar sus acciones en materia de buenas prácticas en la gobernanza y la asociación, hacer mayor hincapié en las enseñanzas políticas y estratégicas adquiridas en anteriores ciclos de programación y garantizar el acceso de los ciudadanos a la información clave sobre las mejores prácticas en todas las lenguas de la Unión Europea, contribuyendo así a velar por que se apliquen efectivamente buenas prácticas;

Refuerzo del cometido de la Comisión en apoyo de las entidades regionales y locales

19.  Opina que el refuerzo del papel de las entidades a nivel regional y local debe corresponderse con un fortalecimiento del cometido de supervisión de la Comisión, que, más que en los proyectos individuales, debe centrarse en el control de los sistemas de auditoría; reclama, en este contexto, un sistema europeo de certificación de los servicios nacionales; insta a la Comisión a que complete la aprobación de los informes de evaluación del cumplimiento, con objeto de evitar retrasos en los pagos y la pérdida de fondos como consecuencia de la liberación automática de compromisos, y a que antes de 2012 presente una propuesta sobre el riesgo de error aceptable;

20.  Acoge con satisfacción las conclusiones del informe de la Comisión sobre el Plan de Acción de febrero 2010 y las medidas correctivas y preventivas adoptadas hasta la fecha; pide a la DG REGIO que prosiga este ejercicio durante todo el período de aplicación con el fin de mantener el impulso generado por el Plan de Acción;

21.  Destaca que deben coordinarse mejor las iniciativas europeas en materia de política de cohesión y de política estructural, con el fin de no poner en tela de juicio la coherencia de la política regional; reclama, por consiguiente, una mayor coordinación en el seno de la Comisión entre la DG REGIO, competente para la política estructural y de cohesión, y las DG competentes para las iniciativas sectoriales específicas pertinentes; solicita, teniendo en cuenta la consolidación de los derechos de las entidades regionales y locales en el Tratado de Lisboa, que estas últimas participen de forma más activa en la elaboración de las políticas correspondientes en el seno de la Comisión, con objeto de aumentar las responsabilidades a nivel de los responsables de los proyectos: reclama asimismo un control más estricto de los resultados por parte de la Comisión sobre el terreno, a fin de evaluar mejor la eficacia de las estructuras de los proyectos, así como de las acciones con respecto a los objetivos;

22.  Pide a la Comisión que refuerce la iniciativa de «formación de formadores» dirigida a las autoridades de certificación; destaca que debería llevarse a cabo una supervisión permanente que garantizara la transferencia efectiva y equilibrada de los contenidos de formación a los niveles inferiores, sin descuidar a los agentes locales;

23.  Insta a la Comisión a que ponga en marcha rápidamente el nuevo portal en la base de datos SFC 2007, de forma que todos los agentes que participan en la gestión de los Fondos Estructurales tengan acceso directo a la información pertinente; recomienda que los Estados miembros promuevan y difundan la información relativa a este instrumento entre las entidades regionales y locales y los beneficiarios finales;

24.  Pide a la Comisión que establezca mecanismos adicionales de asistencia técnica para promover el conocimiento a nivel regional y local de los problemas relativos a la aplicación, especialmente en aquellos Estados miembros en los que, a juzgar por la evaluación «ex post» de los programas de la política de cohesión 2000-2006 por parte de la Comisión Europea, se perciben problemas persistentes con las capacidades administrativas en lo que respecta a la aplicación de dichos programas;

25.  Solicita una aplicación armonizada del modelo de información única y del modelo de auditoría única (SISA) en todos los niveles de fiscalización, a fin de evitar la duplicación de auditorías y un control excesivo; insta a la Comisión a que elabore un manual de auditoría única que incluya todas las notas de orientación elaboradas hasta la fecha;

26.  Pide a los Estados miembros que aprovechen mejor los instrumentos de ingeniería financiera para aumentar la calidad de los proyectos y la participación de los agentes privados, especialmente las PYME, en los proyectos europeos; insta a la Comisión a que simplifique las normas de funcionamiento de estos instrumentos, pues la complejidad actual limita su uso;

27.  Expresa su convencimiento de que no pueden cumplirse los procedimientos a expensas de la calidad de las intervenciones; pide a la Comisión que aplique en el futuro una política orientada en mayor medida en los resultados y más centrada en las prestaciones de calidad y el desarrollo de proyectos estratégicos, que en los controles; insta, a tal fin, a la Comisión a que desarrolle indicadores objetivos y mensurables que puedan compararse a escala de la Unión, a fin de disponer de mejores mecanismos de control y evaluación y a que prosiga la reflexión sobre la necesidad de flexibilizar las normas en caso de crisis económicas;

28.  Destaca que la aplicación de procedimientos claros y transparentes forma parte de la buena gobernanza; se congratula, por consiguiente, de la simplificación en curso del Reglamento Financiero y de los Fondos Estructurales y pide a los Estados miembros que respeten plenamente los requisitos del Reglamento Financiero revisado y den a conocer los beneficiarios finales de los Fondos Estructurales; insta a la Comisión a que proponga normas comprensibles que no requieran frecuentes modificaciones; reclama que se prevea una arquitectura más sencilla para los Fondos después de 2013, lo que no debe entenderse como consecuencia de la crisis económica sino como principio general de la futura política de cohesión, a fin de facilitar la absorción de los fondos, y recomienda una mayor transparencia y flexibilidad en la utilización de los Fondos de la UE para evitar el surgimiento de cargas administrativas adicionales que pudieran disuadir a eventuales socios de participar en los proyectos;

29.  Acoge con satisfacción el informe estratégico de la Comisión sobre la ejecución de los programas de política de cohesión, que constituye una importante fuente de información para el proceso de formulación de las políticas; considera que las conclusiones de este informe deberían tenerse en cuenta también en el proceso de elaboración de propuestas dirigidas a mejorar la ejecución de los programas de la política de cohesión;

30.  Reitera su compromiso con una política de cohesión fuerte y convenientemente financiada que garantice el desarrollo armónico de todas las regiones de la Unión Europea; pide que se mantengan los recursos destinados a la financiación de esta política más allá del año 2013, y que se rechace cualquier tentativa de renacionalización;

31.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta los principios de diferenciación y proporcionalidad en la futura normativa, y que adapte los requisitos al tamaño de los programas y a la naturaleza de los socios, especialmente cuando participen administraciones públicas de pequeño tamaño; pide que se recurra en mayor medida a las cantidades globales y las tarifas planas para todos los fondos, especialmente en lo que se refiere a los gastos generales y la asistencia técnica; propone que se contemplen criterios de evaluación más flexibles para los proyectos innovadores, con el fin de estimularlos, así como requisitos de control menos estrictos para los proyectos piloto; alienta a la Comisión a que desarrolle el principio del «contrato de confianza» con los Estados miembros que se comprometan a garantizar con éxito la correcta utilización de los Fondos;

32.  Pide, con miras a establecer una política más accesible en el futuro, que se armonicen e integren en mayor medida las normas que regulan los Fondos Estructurales, de forma que se evite el desglose de un proyecto determinado en diferentes partes para solicitar la asistencia de fondos distintos; recomienda que no se ponga el acento exclusivamente en la regularidad de los gastos, pues también conviene tener presente la calidad de las intervenciones, así como que los recursos se centren en la potenciación de la asistencia en la vertiente de la gestión;

33.  Pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas relativas a las disposiciones que regularán el próximo período de programación, adopte el reglamento de aplicación, elabore las directrices correspondientes y ofrezca formación sobre ellas y que agilice la negociación y aprobación de los programas operativos, a fin de evitar todo retraso en la aplicación de la política de cohesión y en la absorción de los fondos después de 2013;

o
o   o

34.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) DO L 210 de 31.7.2006, p.25.
(2) DO C 15 E de 21.1.2010, p. 10.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0201.

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