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Textos aprobados
Miércoles 8 de septiembre de 2010 - Estrasburgo
Protección de los animales utilizados con fines científicos ***II
 Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros *
 Situación de los derechos humanos en Irán, en particular los casos de Sakineh Mohammadi Ashtiani y Zahra Bahrami

Protección de los animales utilizados con fines científicos ***II
PDF 195kWORD 32k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2010, sobre la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD))
P7_TA(2010)0308A7-0230/2010

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (06106/1/2010 – C7-0147/2010),

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0543),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95, apartado 1, del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0391/2008),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

–  Vistos el artículo 294, apartado 7, y el artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista su posición en primera lectura(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 13 de mayo de 2009(2),

–  Vistos los artículos 70 y 72 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0230/2010),

1.  Aprueba la Posición del Consejo;

2.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

3.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 170.
(2) DO C 277 de 17.11.2009, p. 51.


Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros *
PDF 461kWORD 244k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros: Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020 (COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE))
P7_TA(2010)0309A7-0235/2010

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2010)0193),

–  Visto el artículo 148, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0111/2010),

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0235/2010),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

3.  Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Pide una vez más a la Comisión y al Consejo que velen por que se conceda al Parlamento Europeo el tiempo necesario (en cualquier caso, no menos de cinco meses) para desempeñar su función consultiva, de conformidad con el artículo 148, apartado 2, del TFUE, en relación con la revisión de las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  El artículo 157, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que el Parlamento Europeo y el Consejo adoptarán medidas para garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 2
(2)  El Tratado de la Unión Europea declara en su artículo 3, apartado 3, que la Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección social, y prevé que la Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros. El artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la garantía de una protección social adecuada y con la lucha contra la exclusión social.
(2)  El Tratado de la Unión Europea declara en su artículo 3, apartado 3, que la Unión tendrá como objetivo el pleno empleo y el progreso social, combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección social, y prevé que la Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros. El artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un elevado nivel de educación y formación profesional.
Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)  El artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad. El artículo 10 añade que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea declara que la sociedad europea se caracteriza «por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres».
Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Considerando 4
(4)  La Estrategia de Lisboa, puesta en marcha en 2000, se basaba en el reconocimiento de que es necesario aumentar la productividad y la competitividad de la UE, mejorando a la vez la cohesión social, frente a la competencia mundial, el cambio tecnológico y el envejecimiento de la población. La Estrategia de Lisboa se relanzó en 2005, tras una evaluación intermedia que la centró más aún en el crecimiento y en la búsqueda de más empleos y de mejor calidad.
(4)  La Estrategia de Lisboa, puesta en marcha en 2000, se basaba en el reconocimiento de que es necesario aumentar la productividad y la competitividad de la UE mediante el conocimiento y recrear las condiciones para el pleno empleo, mejorando a la vez la cohesión social y regional, frente a la competencia mundial, el cambio tecnológico y el envejecimiento de la población. La Estrategia de Lisboa se relanzó en 2005, tras una evaluación intermedia que la centró más aún en el crecimiento y en la búsqueda de más empleos y de mejor calidad.
Enmienda 5
Propuesta de Decisión
Considerando 5
(5)  La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo ayudó a forjar un consenso en torno a la orientación general de las políticas económicas y de empleo de la UE. En virtud de esta Estrategia, el Consejo aprobó en 2005, y revisó en 2008, tanto directrices generales para las políticas económicas como directrices para las políticas de empleo. Las 24 directrices pusieron las bases de los programas nacionales de reforma, esbozando las principales prioridades de reforma macroeconómica, microeconómica y del mercado laboral para el conjunto de la Unión. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto que las directrices no fijaron unas prioridades suficientemente claras y que los vínculos entre ellas podrían haber sido más fuertes. Ello limitó sus efectos sobre la elaboración de estrategias nacionales.
(5)  La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo debería haber ayudado a establecer la orientación general de las políticas económicas y de empleo de la UE. En virtud de esta Estrategia, el Consejo aprobó en 2005, y revisó en 2008, tanto directrices generales para las políticas económicas como directrices para las políticas de empleo. Las 24 directrices pusieron las bases de los programas nacionales de reforma, esbozando las principales prioridades de reforma macroeconómica, microeconómica y del mercado laboral para el conjunto de la Unión. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto que las directrices no fijaron objetivos suficientemente vinculantes para la participación social, política y cultural de todos los residentes en la Unión Europea ni para una economía sostenible, y que las prioridades deberían haberse vinculado más estrechamente entre sí. Finalmente, los objetivos básicos de la estrategia no se pudieron conseguir ya que los Estados miembros tampoco asumieron esas directrices.
Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  Aparte de las nuevas iniciativas legislativas de la UE con un enfoque social, la Unión Europea necesita mejorar de una manera significativa sus actuales políticas y la aplicación de las mismas.
Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Considerando 6
(6)  La crisis económica y financiera que comenzó en 2008 ha tenido como consecuencia importantes pérdidas de empleo y producción potencial y ha provocado un deterioro espectacular de las finanzas públicas. No obstante, el Plan Europeo de Recuperación Económica ha ayudado a los Estados miembros a afrontar la crisis, en parte gracias a unas medidas coordinadas de estímulo fiscal, en las que el euro ha desempeñado un papel de sostén de la estabilidad macroeconómica. Así pues, la crisis hizo patente que el refuerzo y la eficacia de la coordinación de las políticas de la Unión puede dar lugar a resultados significativos. La crisis ha puesto también de relieve la estrecha interdependencia de las economías y de los mercados de trabajo de los Estados miembros.
(6)  La crisis económica y financiera que comenzó en 2008 ha tenido como consecuencia importantes pérdidas de empleo y producción potencial y ha provocado un deterioro espectacular de las finanzas públicas. No obstante, el Plan Europeo de Recuperación Económica ha ayudado a los Estados miembros a afrontar la crisis, en parte gracias a unas medidas coordinadas de estímulo fiscal. Así pues, la crisis, que está aún evolucionando, puso de manifiesto la falta de medios efectivos para reaccionar con prontitud a sus señales, e hizo patente que el refuerzo y la eficacia de la coordinación de las políticas de la Unión puede dar lugar a resultados significativos, al mismo tiempo que se respeta el principio de subsidiariedad. La crisis vino a subrayar también la estrecha interdependencia de las economías y de los mercados de trabajo de los Estados miembros; de ello cabe deducir que la plena explotación del potencial del mercado interior viene a ser una de las vías más básicas para incrementar la competitividad europea y hace necesario llevar a cabo una importante revisión de los mecanismos para los cuales el empleo y los objetivos sociales seguirán siendo objetivos garantizados.
Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Considerando 7
(7)  La Comisión propuso establecer una nueva estrategia para la próxima década, la Estrategia Europa 2020, que permita a la Unión emerger más fuerte de la crisis y orientar su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Cinco metas principales, expuestas en el anexo bajo las directrices correspondientes, constituyen los objetivos compartidos que orientan la actuación de los Estados miembros y de la Unión. Los Estados miembros deben realizar todos los esfuerzos posibles para cumplir sus objetivos nacionales y eliminar los obstáculos al crecimiento.
(7)  La Comisión propuso establecer una nueva estrategia para la próxima década, la Estrategia Europa 2020, que permita a la Unión emerger más fuerte de la crisis y responder más eficazmente a futuras convulsiones y crisis, y orientar su economía hacia un crecimiento viable y sostenible e inclusivo desde el punto de vista ecológico y económico, que vaya acompañado de niveles elevados de empleo, productividad y cohesión social. Las metas principales, expuestas en el anexo bajo las directrices correspondientes, constituyen los objetivos compartidos que orientan la actuación de los Estados miembros y de la Unión. Los Estados miembros deben comprometerse a cumplir sus objetivos nacionales. Deben centrarse en aumentar el empleo y eliminar los obstáculos al crecimiento derivados de la legislación, la burocracia y la mala asignación de los recursos nacionales.
Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Considerando 8
(8)  Como parte de las estrategias generales de superación de la crisis económica, los Estados miembros deben aplicar reformas ambiciosas para garantizar la estabilidad macroeconómica y la viabilidad de las finanzas públicas, mejorar la competitividad, reducir los desequilibrios macroeconómicos y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. La retirada de los incentivos fiscales se llevará a cabo y se coordinará en el marco del Plan de Estabilidad y Crecimiento.
(8)  Como parte de las estrategias generales de superación de la crisis económica y de creación de las condiciones para el crecimiento, los Estados miembros deben aplicar y mantener reformas estructurales ambiciosas destinadas a garantizar la estabilidad macroeconómica, el fomento de puestos de trabajo más numerosos y de mejor calidad, así como la viabilidad de las finanzas públicas, a mejorar la competitividad y la productividad, reducir los desequilibrios macroeconómicos, reforzar la cohesión social, luchar contra la pobreza y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. La retirada gradual de los incentivos fiscales, que ha de comenzar tan pronto como sea segura la recuperación sostenible de la economía, se llevará a cabo y se coordinará, entre otras cosas, en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sin embargo, para alcanzar en la práctica los objetivos de una cohesión económica y social sostenible, deben superarse los principales desequilibrios macroeconómicos y las disparidades entre Estados miembros.
Enmienda 10
Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)  Europa 2020 debe ser una estrategia para situar en un primer plano a las personas y la protección del medio ambiente, y para salir de la crisis económica, evitar un nuevo colapso económico y social, estar estrechamente coordinada con la política estructural y de cohesión, para estimular nuestras economías a medio y largo plazo, así como para hacer frente a los retos para el mercado laboral que surjan de un envejecimiento de la sociedad.
Enmienda 11
Propuesta de Decisión
Considerando 9
(9)  Dentro de la Estrategia Europa 2020 los Estados miembros deben aplicar reformas dirigidas al «crecimiento inteligente», es decir, el crecimiento impulsado por el conocimiento y la innovación. El objetivo de las reformas será mejorar la calidad de la educación, y garantizar el acceso universal a la misma, así como consolidar los resultados de la investigación y la actividad empresarial a fin de promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la Unión. Deberán promover el espíritu emprendedor y ayudar a convertir las ideas creativas en productos, servicios y procesos que puedan generar crecimiento, empleos de calidad y cohesión territorial, económica y social y que permitan afrontar de manera más eficiente los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo. En este contexto es fundamental aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación.
(9)  Dentro de la Estrategia Europa 2020 los Estados miembros deben aplicar reformas dirigidas al «crecimiento inteligente», es decir, el crecimiento impulsado por el conocimiento y la innovación. El objetivo de las reformas será mejorar la calidad de la educación, garantizar el acceso universal a la misma, reducir el abandono en el ámbito escolar y de la formación, afirmar el derecho individual al aprendizaje permanente con el fin de permitir el desarrollo de competencias, su reconocimiento y certificación, así como consolidar los resultados de la investigación y la actividad empresarial a fin de promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la Unión Europea, de forma que se contribuya a eliminar los desequilibrios regionales y evitar la «fuga de cerebros». Deben promover el espíritu emprendedor, el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y ayudar a convertir las ideas creativas en productos innovadores y en servicios y procesos innovadores y valiosos socialmente, que puedan generar crecimiento, empleos sostenibles de calidad y cohesión territorial, económica y social y que permitan afrontar de manera más eficiente los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo. En este contexto es fundamental aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación.
Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  Al objeto de potenciar el crecimiento económico, los Estados miembros deben combatir las medidas que lo frenen, por ejemplo, la carga burocrática, una regulación y normativa excesivas, impuestos elevados y las tendencias proteccionistas.
Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Considerando 9 ter (nuevo)
(9 ter)  La realización de un mercado único profundo y eficiente constituye un elemento clave para garantizar el rendimiento macroeconómico general de la UE; es particularmente importante para la solidez de la Unión Económica y Monetaria producir beneficios económicos, restablecer el crecimiento y crear nuevas oportunidades de empleo.
Enmienda 60
Propuesta de Decisión
Considerando 9 quater (nuevo)
(9 quater)  A la hora de diseñar y ejecutar sus programas nacionales de reforma teniendo en cuenta las directrices que figuran en el anexo, los Estados miembros deben garantizar una gobernanza eficaz de las políticas sociales y de empleo. Debe asociarse estrechamente a las partes interesadas, incluidas las de los ámbitos regional y local, así como las afectadas por los diversos aspectos de la Estrategia Europa 2020, los órganos parlamentarios y los interlocutores sociales, al diseño, ejecución, control y evaluación de esos programas, incluida la definición de objetivos e indicadores. Los Estados miembros deben hacer un atento seguimiento de los efectos sociales y en materia de empleo de las reformas aplicadas en el marco de sus respectivos programas nacionales de reforma.
Enmienda 14
Propuesta de Decisión
Considerando 10
(10)  Asimismo los Estados miembros, a través de sus programas de reforma, deberán aspirar al «crecimiento sostenible». El crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos con eficacia y que sea viable y competitiva, que distribuya de manera justa los costes y los beneficios y que aproveche el liderazgo europeo en la carrera para desarrollar nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías verdes. Los Estados miembros deberán llevar a cabo las reformas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar los recursos eficientemente. Deberán mejorar también sus entornos empresariales, estimular la creación de empleo «verde» y modernizar sus bases industriales.
(10)  Asimismo los Estados miembros, a través de sus programas de reforma y sobre la base de unos puestos de trabajo dignos, deben aspirar al «crecimiento sostenible». El crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos con eficacia y que sea viable y competitiva, que distribuya de manera justa los costes y los beneficios, con una financiación suficiente para hacer frente a la restructuración, y que aproveche el liderazgo europeo en la carrera para desarrollar nuevos procesos y tecnologías, incluidas, en particular, las tecnologías verdes, que creen más empleo. En la medida de lo posible, debe facilitarse el acceso a esas tecnologías a todas las empresas, incluidas las microempresas y las PYME. Los Estados miembros deberán llevar a cabo las reformas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar los recursos eficientemente. Deben mejorar también sus entornos empresariales, estimular la creación de empleo sostenible en la economía antigua y en la nueva, incluido el hecho de impartir formación y competencias necesarias para estos puestos de trabajo, y modernizar sus bases industriales, especialmente en el ámbito de la conversión.
Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Considerando 11
(11)  Los programas de reforma de los Estados miembros deberán aspirar también al «crecimiento inclusivo». El crecimiento inclusivo significa construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para prever y gestionar el cambio, participando así activamente en la sociedad y la economía. Consecuentemente, las reformas aplicadas por los Estados miembros deberán garantizar a todos los ciudadanos acceso y oportunidades a lo largo de toda su vida, reduciendo así la pobreza y la exclusión social mediante la eliminación de los obstáculos a la participación en el mercado laboral, especialmente para las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, los discapacitados y los emigrantes en situación regular. Deberán velar también por que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos y regiones. Los programas de reforma de los Estados miembros deben pues tener como elementos fundamentales garantizar el buen funcionamiento de los mercados laborales invirtiendo para que las transiciones tengan éxito, desarrollar capacitaciones adecuadas, y mejorar la calidad del trabajo y la lucha contra la segmentación, el desempleo estructural y la inactividad, garantizando a la vez una protección social adecuada y sostenible y la inclusión activa a fin de reducir la pobreza.
(11)  Los programas de reforma de los Estados miembros deberán aspirar también al «crecimiento inclusivo». El crecimiento inclusivo significa construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para prever y gestionar el cambio, en particular el producido por las nuevas tecnologías, la automatización y la revolución informática, participando así activamente en la sociedad y la economía. Consecuentemente, las reformas aplicadas por los Estados miembros deberán garantizar a todos los ciudadanos acceso y oportunidades a lo largo de toda su vida, reduciendo así la pobreza y la exclusión social mediante la eliminación de los obstáculos a la participación en el mercado laboral, especialmente para las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, las personas dedicadas a la atención, las personas con discapacidad, los trabajadores no cualificados, las minorías, en particular la comunidad romaní, los emigrantes en situación regular y aquellos que no pueden participar en el mercado laboral. Los Estados miembros deben velar también por que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos y regiones, implantando para ello los instrumentos adecuados. Los programas de reforma de los Estados miembros deben pues tener como elementos fundamentales garantizar el buen funcionamiento de los mercados laborales invirtiendo para que las transiciones tengan éxito, los sistemas de formación y el desarrollo de capacitaciones adecuadas a las necesidades del mercado de trabajo, mejorar la calidad del trabajo y la igualdad de género y luchar contra la segmentación, aportando seguridad a los trabajadores en todo tipo de empleo, la discriminación, el desempleo estructural, en particular el desempleo de los jóvenes, y la inactividad, garantizando a la vez una protección social adecuada y sostenible y la inclusión activa a fin de reducir la pobreza.
Enmienda 16
Propuesta de Decisión
Considerando 11 bis (nuevo)
(11 bis)  En el contexto del objetivo de «crecimiento inclusivo», los Estados miembros deben crear, a iniciativa de la Comisión, un marco legislativo apropiado para las nuevas formas de trabajo. Con este marco se ha de prestar atención a garantizar modalidades de empleo flexibles, evitando al mismo tiempo la segmentación del mercado laboral y garantizando una amplia protección de los derechos individuales y colectivos, incluida la compatibilidad de la vida laboral y privada, así como una seguridad social adecuada para los trabajadores.
Enmienda 61
Propuesta de Decisión
Considerando 11 ter (nuevo)
(11 ter)  Los programas de reforma de los Estados miembros deben perseguir el fomento de un crecimiento que favorezca el empleo basado en el trabajo digno, como propugna la OIT, y el «trabajo de calidad», como principios rectores tanto de la creación de empleo como de la integración en el mercado laboral. En este sentido, deben salvaguardarse y fortalecerse la igualdad de trato y de retribución para un mismo trabajo en el mismo lugar de empleo, como establecen los artículos 18 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Asimismo, debe prestarse especial atención a la reducción de la pobreza entre el creciente número de trabajadores pobres y a la lucha contra la pobreza infantil.
Enmienda 17
Propuesta de Decisión
Considerando 12
(12)  Las reformas estructurales llevadas a cabo por la UE y los Estados miembros podrán contribuir efectivamente al crecimiento y el empleo si consiguen que la UE sea más competitiva en la economía mundial, abren nuevas oportunidades para los exportadores europeos y facilitan un acceso competitivo a las importaciones esenciales. Por tanto, deben tenerse en cuenta las implicaciones de las reformas en materia de competitividad exterior a fin de fomentar el crecimiento y la participación de Europa en mercados abiertos y justos en todo el mundo.
(12)  Las reformas estructurales llevadas a cabo por la UE y los Estados miembros podrán contribuir efectivamente al crecimiento cualitativo y al empleo sostenible y de calidad si reaccionan de manera adecuada a la persistente crisis económica y financiera y consiguen así que la UE sea más competitiva en la economía mundial, abren nuevas oportunidades para los exportadores europeos y facilitan un acceso competitivo a las importaciones esenciales. Por tanto, deben tenerse en cuenta las implicaciones de las reformas en materia de competitividad exterior, a fin de fomentar el crecimiento en la Unión Europea y la participación en mercados abiertos y justos en todo el mundo, en cuyo contexto la UE debe propugnar una sólida supervisión mundial de los operadores que influyen significativamente sobre el empleo, la movilidad laboral y los productos financieros de carácter social, como las pensiones.
Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Considerando 13
(13)  La Estrategia Europa 2020 debe sustentarse en un conjunto integrado de políticas que los Estados miembros habrán de aplicar plenamente y a un mismo ritmo, a fin de aprovechar los efectos positivos de unas reformas estructurales coordinadas.
(13)  La Estrategia Europa 2020 debe sustentarse en un conjunto integrado de políticas que los Estados miembros habrán de aplicar de forma efectiva, teniendo debidamente en cuenta su propia situación nacional y sus dificultades particulares, a fin de aprovechar los efectos positivos de unas reformas estructurales coordinadas. Debe velarse por la coherencia entre las acciones adoptadas por los Estados miembros en materia de empleo y en los ámbitos económico y social.
Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)  En aras de la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres y del adecuado abastecimiento de los mercados laborales y con el fin de combatir los estereotipos que aún prevalecen en algunos sectores, es fundamental crear condiciones que permitan a las mujeres y las jóvenes el acceso a sectores en los que estén muy poco representadas. Todas las políticas y medidas adoptadas en el marco de la Estrategia Europa 2020, por tanto, deben promover decididamente la igualdad de oportunidades y la igualdad de género e incorporar la dimensión de género. Ello incluye iniciativas destinadas a reforzar los derechos de las mujeres y a combatir la discriminación contra la mujer. Se han de revisar los sistemas de protección social con vistas a suprimir los elementos que originen desigualdades de género. Se debe hacer hincapié en las condiciones de trabajo en sectores en los que las mujeres tienen una representación excesiva. Ha de tratarse el asunto del empleo involuntario a tiempo parcial. Debe reforzarse la igualdad de género en la formación y educación. Para 2020, la brecha salarial por razones de género debe reducirse a una horquilla del 0-5 % . Una mayor prestación de servicios de atención accesibles, asequibles, flexibles y de alta calidad para todos, en particular el acceso a los servicios de cuidado de niños, es una manera importante de facilitar y promover el proceso hacia la igualdad de género.
Enmienda 20
Propuesta de Decisión
Considerando 13 ter (nuevo)
(13 ter)  Los Estados miembros deben tener en cuenta la Estrategia Europa 2020 y, en particular, sus vertientes en materia de empleo y social a la hora de programar y ejecutar la financiación de la UE, incluida la procedente del Fondo Social Europeo, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión. Se ha de subrayar la importancia de la necesidad de intensificar la utilización de sinergias y complementariedades de los diferentes instrumentos financieros disponibles para lograr los objetivos complejos de la Estrategia Europa 2020, con vistas a un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible y a apoyar con mayor eficacia a las microrregiones más desfavorecidas y a los grupos más vulnerables que se enfrentan a complejas desventajas multidimensionales. El recurso a la financiación de la UE debe reducir las trabas burocráticas y facilitar las medidas a largo plazo.
Enmienda 62
Propuesta de Decisión
Considerando 13 quater (nuevo)
(13 quater)  Basándose en la importancia de la política de cohesión a la hora de promover el empleo y la inclusión social y ayudar a las regiones a superar sus dificultades socioeconómicas y reducir las disparidades, así como para dar cabida a las especificidades regionales, los Estados miembros deben colaborar estrechamente con el fin de organizar, completar, coordinar y adaptar sus objetivos nacionales dentro de cada uno de ellos y entre sí, de forma que se reduzcan los desequilibrios en el desarrollo económico de las diferentes regiones.
Enmienda 21
Propuesta de Decisión
Considerando 14
(14)  Aunque las presentes directrices se dirigen a los Estados miembros, la Estrategia Europa 2020 deberá aplicarse en conjunción con todas las autoridades nacionales, regionales y locales y en estrecha asociación con los parlamentos, así como los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil, que deberán colaborar en la elaboración y la aplicación de los programas nacionales de reforma y en la comunicación general sobre la Estrategia.
(14)  Aunque las presentes directrices se dirigen a los Estados miembros, la Estrategia Europa 2020 deberá aplicarse en conjunción con todas las autoridades nacionales, regionales y locales y en estrecha asociación con los parlamentos, así como los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil, que deberán colaborar en la elaboración y la aplicación de los programas nacionales de reforma y en la comunicación general sobre la Estrategia ya que las políticas sociales deben responder a las circunstancias y preferencias locales.
Enmienda 22
Propuesta de Decisión
Considerando 14 bis (nuevo)
(14 bis)  A fin de asegurar que las orientaciones de la política de empleo se apliquen en los Estados miembros de forma adecuada, debe optimizarse el método de coordinación abierto, cuyo impacto en los Estados miembros es demasiado escaso.
Enmienda 23
Propuesta de Decisión
Considerando 15
(15)  La Estrategia Europa 2020 se apoya en un conjunto más reducido de directrices que sustituyen a las 24 directrices anteriores y tratan de manera coherente los temas relacionados con el empleo y con la política económica general. Las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros que figuran en anexo a la presente Decisión están íntimamente ligadas a las directrices para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión que figuran en anexo a la Recomendación […] del Consejo de […]. Juntas constituyen las «Directrices Integradas Europa 2020».
(15)  La Estrategia Europa 2020 se apoya en un conjunto de directrices que sustituyen a las 24 directrices anteriores y tratan de manera coherente los temas relacionados con el empleo, con el refuerzo de la cohesión social y con la política económica general. Las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros que figuran en anexo a la presente Decisión están íntimamente ligadas a las directrices para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión que figuran en anexo a la Recomendación […] del Consejo de […]. Juntas constituyen las «Directrices Integradas Europa 2020».
Enmienda 24
Propuesta de Decisión
Considerando 16
(16)  Estas nuevas directrices integradas reflejan las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las directrices constituirán la base de cualquier recomendación específica que pueda presentar el Consejo a un Estado miembro. Constituirán también la base para elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión al Consejo Europeo.
(16)  Estas nuevas directrices integradas reflejan las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las directrices constituirán la base de cualquier recomendación específica que pueda presentar el Consejo a un Estado miembro, teniendo en cuenta los distintos puntos de partida de los Estados miembros. Constituirán también la base para elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión al Consejo Europeo.
Enmienda 63
Propuesta de Decisión
Considerando 16 bis (nuevo)
(16 bis)  Las metas principales expuestas bajo las directrices correspondientes deben servir de guía a los Estados miembros en la definición de sus propias metas y submetas nacionales, con especial atención al crecimiento del empleo y la reducción de los niveles de paro entre los grupos más vulnerables, incluidos los jóvenes, aumentando los niveles de educación, reduciendo el índice de abandono escolar y sacando a las personas de la pobreza. El progreso en la consecución de las metas y submetas debe ser objeto de un atento seguimiento y ha de evaluarse usando como referencia los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y, en caso necesario, durante la revisión de las orientaciones para las políticas de empleo, deben establecerse metas y submetas revisadas o complementarias.
Enmienda 25
Propuesta de Decisión
Considerando 17
(17)   Aunque deberán elaborarse cada año, estas directrices deberían mantenerse lo más estables posible hasta 2014 para poder concentrar los esfuerzos en su aplicación.
(17)  Estas directrices deberían mantenerse lo más estables posible hasta 2020, para poder comprobar adecuadamente que se han logrado los objetivos fijados. Ha de realizarse una evaluación de los objetivos logrados cada tres años.
Enmienda 26
Propuesta de Decisión
Considerando 17 bis (nuevo)
(17 bis)  Entretanto, deben analizarse científicamente las medidas adoptadas y sus resultados y revisarse de forma crítica.
Enmienda 27
Propuesta de Decisión
Artículo 2
En sus políticas de empleo, los Estados miembros tendrán en cuenta las directrices que figuran en el anexo, sobre las que se informará en los programas nacionales de reforma. Los Estados miembros diseñarán programas nacionales de reforma coherentes con los objetivos expuestos en las «Directrices Integradas Europa 2020».
En sus políticas de empleo, los Estados miembros aplicarán las directrices que figuran en el anexo y los programas nacionales de reforma. El impacto social y en el empleo de los programas nacionales de reforma, que deben ser coherentes con los objetivos expuestos en estas directrices, ha de ser objeto de un atento seguimiento.
Enmienda 28
Propuesta de Decisión
Artículo 2 bis (nuevo)
Artículo 2 bis
A la hora de diseñar y ejecutar sus programas nacionales de reforma teniendo en cuenta las directrices que figuran en el anexo, los Estados miembros garantizarán una gobernanza eficaz de las políticas sociales y de empleo. Se asociará estrechamente a las partes interesadas, incluidas las de los ámbitos regional y local, así como las afectadas por los diversos aspectos de la Estrategia Europa 2020, los órganos parlamentarios y los interlocutores sociales, al diseño y la ejecución, al control y la evaluación de esos programas, incluida la definición de objetivos e indicadores.
Las metas principales de la UE, recogidas en el anexo, irán acompañadas de las metas específicas y de los indicadores apropiados, incluidos indicadores de rendimiento y de resultados, así como de objetivos, indicadores y marcadores nacionales. Los Estados miembros tendrán en cuenta esos objetivos e indicadores junto con las directrices y las recomendaciones específicas para cada país que les dirija el Consejo.
Los Estados miembros harán un seguimiento detallado de los efectos en materia de empleo y social de las reformas aplicadas en sus respectivos programas nacionales de reforma.
Cuando informen sobre la aplicación de las directrices que figuran en el anexo, los Estados miembros seguirán la estructura que se decida a nivel de la Unión e incluirán los mismos elementos a fin de garantizar la claridad, la transparencia y la comparabilidad entre Estados miembros.
Enmienda 29
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – título
Directriz nº 7: Aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural
Directriz nº 7: Crear puestos de trabajo más numerosos y de mejor calidad, reducir el desempleo e incrementar la participación en el mercado laboral en un 75 % de la población activa
Enmienda 30
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo –1 (nuevo)
Los Estados miembros fijarán sus objetivos nacionales para el aumento de la tasa de ocupación de mujeres y hombres hasta alcanzar el 75 % en 2020, con el fin de lograr el pleno empleo, en particular incrementando la participación de los jóvenes, los trabajadores de mayor edad, los trabajadores menos cualificados, las personas con discapacidad, las minorías, en particular la comunidad romaní, e integrando mejor a los inmigrantes en situación regular. Además, los Estados miembros fijarán sus objetivos nacionales de tal forma que el porcentaje de mujeres y hombres entre 15 y 24 años de edad en la educación, la formación o el empleo alcance el 90 %.
Los Estados miembros aumentarán la tasa de empleo en un 10 %, para 2014, prestando particular atención a los siguientes grupos:
- jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 25 años;
- trabajadores mayores, con edades comprendidas entre los 50 y los 64 años;
- mujeres;
- trabajadores no cualificados;
- personas con discapacidad;
- personas procedentes de la inmigración;
El índice de personas desempleadas a largo plazo deberá reducirse en un 10 %.
Enmienda 31
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 1
Los Estados miembros deberán integrar en sus políticas de mercado laboral los principios de flexibilidad y seguridad laboral («flexiguridad») refrendados por el Consejo Europeo y aplicarlos aprovechando plenamente el apoyo del Fondo Social Europeo, con vistas a aumentar la participación en el mercado laboral y a luchar contra la segmentación, la inactividad y las diferencias entre sexos, reduciendo a la vez el desempleo estructural. Las medidas para mejorar la flexibilidad y la seguridad deberán ser equilibradas y reforzarse mutuamente. En consecuencia, los Estados miembros deberán introducir una combinación de contratos de trabajo flexibles y fiables, políticas activas del mercado laboral y políticas eficaces de aprendizaje permanente, así como promover la movilidad laboral y unos sistemas adecuados de seguridad social que garanticen la transición profesional, acompañados de una definición clara de los derechos y responsabilidades para que los desempleados busquen trabajo activamente.
Para alcanzar este objetivo los Estados miembros se comprometerán a favorecer el crecimiento y con ello la creación de nuevos puestos de trabajo dignos, así como a elevar el potencial de innovación de la economía, en particular de las PYME, y a eliminar las barreras administrativas y no arancelarias que afectan al sector industrial. Con este fin, los Estados miembros elaborarán asimismo instrumentos reguladores y de apoyo que tengan en cuenta la diversidad de actividades comerciales y los derechos de los trabajadores, con el fin de que todas las formas de empresa tengan condiciones equivalentes en lo que respecta a la competencia y la promoción. Para facilitar el acceso de las mujeres y de los jóvenes al mercado de trabajo, teniendo en cuenta los retos demográficos, deberán crearse las condiciones para que se disponga de suficientes estructuras de atención infantil, a fin de facilitar a cualquier niño en edad preescolar un lugar de acogida extrafamiliar y de ofrecer, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales, a cualquier joven, una vez concluida su escolaridad, en el plazo de cuatro meses, un puesto de trabajo o una formación profesional o de perfeccionamiento. Los desempleados de larga duración deberán recibir ofertas para participar en acciones de fomento del empleo para las que se deben fijar objetivos cuantitativos con el fin de consolidar las políticas preventivas del mercado laboral. Por consiguiente, el 25 % como mínimo de todos los desempleados de larga duración deberán participar en una medida activa del mercado laboral en forma de formación avanzada, educación o reorientación profesional.
Enmienda 32
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 2
Los Estados miembros deberán redoblar el diálogo social y abordar la segmentación del mercado laboral con medidas para buscar soluciones al empleo temporal y precario, el desempleo y el trabajo no declarado. La movilidad profesional deberá compensarse. Para conseguir trabajos y condiciones de empleo de calidad, habrá que luchar contra los salarios bajos y garantizar también una cobertura adecuada de la seguridad social a los trabajadores autónomos y a los que tienen contratos de duración determinada. Habrá que reforzar los servicios de empleo y abrirlos a todos, incluidos los jóvenes y las personas amenazadas por el desempleo, así como ofrecer servicios personalizados a las personas más alejadas del mercado laboral.
Los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, deberán incrementar la tasa de empleo a través de medidas de activación, en particular para jóvenes, personas poco cualificadas y aquellas que necesitan una protección o apoyo especiales, mediante servicios de asesoramiento, educación y formación profesional adaptados a las necesidades del mercado laboral. Los Estados miembros deberán salvaguardar y fortalecer la igualdad de trato y de remuneración para igual trabajo en el mismo lugar de empleo, como establecen los artículos 18 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se deberá tratar asimismo la calidad de los puestos de trabajo reduciendo el número de las personas pobres con empleo. Además, los Estados miembros deben aumentar la inserción laboral de los inmigrantes en situación regular mediante los programas apropiados. También se requieren esfuerzos continuos y programas innovadores para la reinserción en el mercado laboral de las personas con discapacidad, incluyendo puestos de trabajo subvencionados. Los Estados miembros deberán eliminar los obstáculos que dificultan la incorporación al mercado de trabajo de las personas que buscan su primer empleo, respaldar la creación de puestos de trabajo, promover la innovación social y mejorar la calidad y eficacia de los servicios de empleo, incluidos los servicios de empleo públicos. Las agencias de empleo deberán proponer programas de formación y tutoría especialmente en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación, así como el acceso a Internet de alta velocidad a los que buscan empleo, en especial a las personas más mayores, los inmigrantes en situación regular, las minorías étnicas y las personas con discapacidad, con el fin de facilitar de manera óptima su búsqueda. En este contexto, se deberán apoyar las fórmulas de empleo autónomo, individual y colectivo mediante formas de empresa de economía social. Se habrán de adoptar medidas para combatir el predominio de las mujeres en puestos de trabajo mal remunerados y para fomentar más eficazmente el empleo de las mujeres en puestos directivos, con el fin de evitar la segmentación del mercado laboral en función del género. En particular, deberán ajustarse las disposiciones relativas al tiempo de trabajo para posibilitar la existencia de un proceso de trabajo adaptado a los requisitos de conciliación de la vida familiar y laboral, y para permitir una salida más flexible de la vida profesional hacia la jubilación. Los Estados miembros deberán adoptar medidas para fomentar la participación de los padres en el cuidado de los hijos y revisar sus sistemas fiscales para que sean compatibles con el empleo. Las estrategias externas e internas de flexiguridad para poder aumentar la flexibilidad y reaccionar de manera más eficaz a los ciclos de producción, deberán aplicarse mejor mediante unas políticas de empleo activas y una cobertura adecuada de los sistemas de seguridad social, disponible para los trabajadores en todas las formas de empleo, a fin de que el cambio de puesto de trabajo no conlleve cargas financieras excesivas. Cabe subrayar que la flexibilidad sin seguridad social no constituye un método sostenible de aumentar el empleo. Estas medidas deberán complementarse con un compromiso inequívoco de apoyo activo a la búsqueda de empleo. Las nuevas formas de organización del trabajo, como el trabajo temporal atípico, el trabajo a tiempo parcial y el teletrabajo, o la movilidad de los trabajadores no deberán conducir a una reducción de los derechos laborales individuales y colectivos de las personas afectadas. Deberá garantizarse que no se creen nuevas formas de empleo en perjuicio de los contratos regulares (a tiempo completo, indefinidos). Asimismo, se deberán realizar esfuerzos para combatir el empleo no declarado mediante medidas eficaces destinadas a verificar y aplicar los derechos laborales. Tanto la creación de puestos de trabajo como la integración en el mercado laboral habrán de regirse por los principios del trabajo digno, como propugna la OIT y el «trabajo de calidad». Al mejorar el funcionamiento y los resultados del mercado laboral, los Estados miembros deberán patrocinar la cooperación social y promover una participación activa de los interlocutores sociales en la elaboración de la política nacional y respetar plenamente su derecho, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales, a celebrar y aplicar convenios colectivos.
Enmienda 33
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 2 bis (nuevo)
Es sumamente importante crear puestos de trabajo de alta calidad que se necesiten también a largo plazo y que posean un elevado valor añadido. Para ello es esencial que las políticas educativas y de empleo sean idóneas para una transformación de las estructuras económicas. Generalmente, los puestos de trabajo que se pierden en el transcurso de una crisis económica no se vuelven a generar después en la misma medida y en los mismos sectores. El sistema educativo deberá responder con flexibilidad a los requisitos del mercado laboral que acompañan a una nueva estructura económica. La política de empleo deberá procurar que los trabajadores puedan pasar con relativa facilidad de un sector económico a otro y de una situación laboral a otra. Por tanto es más necesario que nunca partir de objetivos a largo plazo y conceder mayor importancia a la aplicación de medidas coordinadas en las empresas, en materia tanto de aprendizaje como de empleo.
Enmienda 34
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3
De conformidad con la directriz nº 2 para las políticas económicas, los Estados miembros deberán revisar sus sistemas impositivos y de prestaciones, así como la capacidad de sus servicios públicos para ofrecer el apoyo necesario a fin de aumentar la competitividad y los niveles de participación, especialmente para los trabajadores menos cualificados. Los Estados miembros deberán buscar una mayor participación de la población activa a través de políticas destinadas a promover el envejecimiento activo, la igualdad entre sexos y la igualdad de salarios, así como la integración en el mercado laboral de los jóvenes, las personas discapacitadas, los inmigrantes en situación regular y otros grupos vulnerables. Las medidas de conciliación de la vida personal y la vida laboral deberán conjugarse con la oferta de servicios sociales asequibles y con innovaciones en la organización del trabajo a fin de aumentar los índices de empleo, especialmente entre los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y las mujeres, procurando, en particular, que las mujeres altamente cualificadas en los ámbitos técnico y científico no abandonen sus empleos. Asimismo los Estados miembros deberán eliminar los obstáculos para la incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral, apoyar el trabajo autónomo y la creación de empleo en ámbitos como los servicios sociales y el empleo «verde», y promover la innovación social.
En este contexto, los recursos procedentes del Fondo Social Europeo deberán utilizarse en su totalidad para aumentar la capacidad de empleo y la calidad de los puestos de trabajo a través de medidas destinadas a desarrollar las competencias personales y cumplir los requisitos de cualificación en las profesiones del futuro. Para fomentar la movilidad laboral es necesario que los Estados miembros mejoren la disposición de las personas a la movilidad en la Unión Europea ofreciendo incentivos para ello. Para ello será necesario reexaminar y, en la medida de lo posible, simplificar las normas de acceso a las ayudas del Fondo Social Europeo. Con el fin de preparar la mano de obra a una economía sostenible, se requiere una coordinación y programación adecuadas de los presupuestos nacionales y del presupuesto de la UE, incluido el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. Para ello, los Estados miembros deberán adoptar medidas de publicidad que permitan informar sobre el objetivo de estos fondos y sus condiciones de utilización.
Enmienda 35
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 bis (nuevo)
Los Estados miembros promoverán el instrumento de microfinanciación de la UE como ejemplo de la forma de combinar medidas económicas y sociales para fomentar el crecimiento de la economía y el empleo.
Los instrumentos de microfinanciación nacionales y de la UE se acompañarán de programas específicos de formación y tutoría, así como de sistemas de prestaciones sociales que garanticen unos ingresos mínimos durante el primer año de apertura del negocio de manera que el espíritu emprendedor sea una opción real.
Enmienda 36
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 3 ter (nuevo)
Los Estados miembros también promoverán los servicios sociales de interés general e invertirán en ellos, incluidos los servicios de empleo, salud y vivienda, que deberán contar con una financiación suficiente.
Enmienda 37
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 7 – párrafo 4
La meta principal de la UE, en la que se basarán los Estados miembros para fijar sus objetivos nacionales, es procurar llegar para 2020 a un índice de ocupación del 75 % de los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años, incrementando la participación de los jóvenes, los trabajadores de mayor edad y los trabajadores con bajas cualificaciones e integrando mejor a los inmigrantes en situación regular.
suprimido
Enmienda 38
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – título
Directriz nº 8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral, promover la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente
Directriz nº 8: Promover la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente, reforzando el trabajo digno y logrando una población activa cualificada
Enmienda 39
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo –1 (nuevo)
Los Estados miembros fijarán entre sus objetivos nacionales la reducción del índice de abandono escolar por debajo del 10 %, aumentando a la vez al menos a un 40 % el porcentaje de personas entre los 30 y 34 años que finalicen la enseñanza superior o equivalente de aquí a 2020.
Enmienda 40
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 1
Los Estados miembros deben promover la productividad y la capacidad de inserción profesional facilitando conocimientos y competencias adecuadas para responder a la demanda actual y futura en el mercado laboral. La calidad de la educación básica y una formación profesional atractiva se complementarán con incentivos eficaces para el aprendizaje permanente, posibilidades de una «segunda oportunidad», la garantía de que todos los adultos puedan conseguir un nivel superior de cualificación y políticas de inmigración e integración adaptadas. Los Estados miembros deberán desarrollar sistemas que reconozcan las competencias adquiridas, eliminar los obstáculos a la movilidad profesional y geográfica de los trabajadores, favorecer la adquisición de competencias transversales y creativas y centrar especialmente sus esfuerzos en apoyar a las personas menos cualificadas y en aumentar las posibilidades de inserción profesional de los trabajadores de mayor edad, mejorando a la vez la formación, cualificación y experiencia de los trabajadores altamente cualificados, como los investigadores, por ejemplo.
La oferta de una educación básica de calidad elevada y una formación profesional atractiva que ayude a los trabajadores a ajustar sus competencias a las necesidades del mercado laboral revisten la mayor prioridad para los Estados miembros. Estos elementos deberán completarse con posibilidades de una «segunda oportunidad» para los jóvenes, especialmente entre los 25 y 35 años, que incluyan una oferta obligatoria de enseñanza y formación profesional e incentivos eficaces para el aprendizaje permanente, para lo cual se pide a los interlocutores sociales que proporcionen tiempo y apoyo financiero para la formación profesional. Los Estados miembros se comprometerán, en particular, a reducir el índice de abandono escolar por debajo del 10 % y a completar su política de inmigración e integración mediante ofertas de aprendizaje de lenguas y educación social. Asimismo, los Estados miembros deberán desarrollar sistemas que reconozcan las cualificaciones y competencias adquiridas.
Enmienda 41
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2
En cooperación con los interlocutores sociales y las empresas, los Estados miembros mejorarán el acceso a la formación y reforzarán la educación y la orientación profesional combinándolas con la información sistemática sobre nuevas vacantes y oportunidades de empleo, el fomento del espíritu emprendedor y mejores previsiones sobre las cualificaciones necesarias en el futuro. Debe promoverse la inversión en el desarrollo de recursos humanos, la mejora de las competencias y la participación en programas de formación permanente mediante contribuciones financieras conjuntas de los gobiernos, los ciudadanos y los empresarios. A fin de ayudar a los jóvenes, especialmente a los que no tienen trabajo y no siguen ningún tipo de formación, los Estados miembros, en cooperación con los interlocutores sociales, deberán establecer sistemas para que las personas que finalicen sus estudios puedan encontrar un primer trabajo o tengan posibilidades de continuar su educación y su formación a través de puestos de formación en prácticas, entre otras cosas, e intervenir rápidamente ante la aparición del desempleo juvenil. Un seguimiento regular de las políticas de previsión y ampliación de las cualificaciones ayudará a detectar las posibilidades de mejora y permitirá a los sistemas de educación y formación responder mejor a las necesidades del mercado de trabajo. Los Estados miembros deberán sacar plenamente partido de los fondos de la UE para apoyar estos objetivos.
En cooperación con los interlocutores sociales y las empresas, los Estados miembros mejorarán el acceso a la formación, incluido el perfeccionamiento profesional, reforzarán la educación y la orientación profesional combinándolas con la información sistemática sobre nuevas vacantes y oportunidades de empleo, así como con medidas adecuadas para fomentar las mismas, promoverán el espíritu emprendedor, el desarrollo de las PYME y optimizarán las previsiones en materia de requisitos de calidad. El desarrollo de recursos humanos, de altas cualificaciones y de formación deberá financiarse mediante contribuciones financieras conjuntas de los empresarios y los gobiernos. El acceso a una enseñanza y una formación profesional de alta calidad y la reintegración en el sistema educativo de quienes abandonaron prematuramente la escuela deberán ser posibilidades abiertas a todos en cualquier momento. Los Estados miembros adaptarán sus inversiones en el sistema educativo con el fin de lograr el objetivo de elevar el nivel de competencias de la población activa, teniendo en cuenta el aprendizaje en contextos informales y no formales. Para ello, las reformas en materia de capacidad de empleo deberán estar enfocadas, en particular, a garantizar, mediante la formación complementaria o cualificaciones en tecnologías de la información y la comunicación, la adquisición de las competencias fundamentales que necesita toda persona para tener éxito en una economía basada en el conocimiento. Deberán adoptarse medidas para garantizar que la movilidad de estudiantes y profesores se convierta en la norma. Los Estados miembros deberán conseguir que sus sistemas de enseñanza y formación profesional y no profesional para todas las edades sean más abiertos y adaptados, en particular aplicando marcos de cualificación nacionales con itinerarios flexibles de aprendizaje y el establecimiento de regímenes de colaboración entre el mundo laboral y el mundo de la enseñanza y la formación profesional, incluidos los períodos de formación remunerados, a fin de elevar de manera sustancial la proporción de personas que poseen titulaciones superiores de universidades o titulaciones de formación profesional.
Enmienda 42
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 – párrafo 2 bis (nuevo)
El seguimiento regular de las políticas de previsión y de ampliación de cualificaciones ayudará a detectar las posibilidades de mejora y contribuirá a que los sistemas de enseñanza y formación respondan en mayor medida a las necesidades del mercado de trabajo. Los Estados miembros deberán sacar partido plenamente de los fondos de la UE para apoyar estos objetivos.
Enmienda 43
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 8 bis (nueva)
Directriz nº 8 bis: Reformar y mejorar la política de cohesión en apoyo del empleo
Los Estados miembros se comprometerán a organizar, completar, coordinar y adaptar sus objetivos nacionales en su propio territorio y entre ellos de forma que se reduzcan los desequilibrios de desarrollo económico entre las regiones.
Los Estados miembros son conscientes de que la política de cohesión constituye un instrumento efectivo y de acompañamiento, aunque no subordinado, a las directrices al dar cabida a las especificidades regionales, ayudar a las regiones a superar sus dificultades socioeconómicas y reducir las disparidades.
Un enfoque integrado, la gobernanza a varios niveles y los principios de asociación deben constituir el núcleo de gobernanza y el fundamento de la estrategia, en tanto que los niveles regionales y locales, en particular, deben desempeñar un papel fundamental como vectores para llegar a los innumerables agentes económicos y sociales que viven y producen en la Unión, sobre todo las PYME, especialmente las que forman parte de la economía social.
Así pues, la política de cohesión no es solo una fuente de dotaciones financieras estables, sino también un poderoso instrumento para el desarrollo económico y, por lo tanto, un instrumento para el empleo en todas las regiones de la Unión.
Los Estados miembros deberán realizar mayores inversiones en transporte, energía, telecomunicaciones e infraestructura de TI y hacer plenamente uso de los Fondos Estructurales europeos.
Deberá fomentarse la participación de los posibles beneficiarios de los programas cofinanciados por la Unión, simplificando los sistemas de ejecución.
Para conseguirlo, los Estados miembros deberán crear sinergias entre sus políticas de cohesión y otras políticas sectoriales existentes, de acuerdo con un enfoque integrado, ya que la cohesión no es un coste, sino que confiere fuerza, aprovecha el potencial sin explotar, reduce las diferencias estructurales entre países y regiones, expande el crecimiento, mejora la competitividad de las regiones de la Unión en un mundo globalizado, contrarresta los efectos de la crisis económica mundial y genera un capital social europeo.
Enmienda 44
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – título y párrafo 1
Directriz nº 9: Mejorar los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior
suprimido
Para garantizar el acceso universal a una educación y una formación de calidad y mejorar los resultados educativos, los Estados miembros deberán efectuar inversiones eficientes en los sistemas de educación y formación, especialmente a fin de mejorar el nivel de cualificación de la población activa de la UE para responder a las necesidades de los mercados laborales modernos, que cambian a gran velocidad. Habrá que intervenir en todos los sectores (desde la enseñanza maternal y las escuelas hasta la enseñanza superior y la formación profesional, así como la formación dirigida a los adultos), teniendo también en cuenta el aprendizaje en contextos no formales o informales. El objetivo de las reformas debe ser garantizar la adquisición de las competencias fundamentales que necesitan todos los ciudadanos para triunfar en una economía basada en el conocimiento, especialmente en términos de capacidad de inserción laboral, formación complementaria o cualificaciones en tecnologías de información y comunicación. Se tomarán medidas para que la movilidad de estudiantes y profesores se convierta en norma. Los Estados miembros deben conseguir sistemas de educación y formación más abiertos y pertinentes, especialmente mediante la aplicación de marcos de cualificaciones nacionales que permitan itinerarios flexibles de aprendizaje y el establecimiento de asociaciones entre el mundo laboral y el mundo de la educación y la formación. Debe hacerse más atractiva la docencia, Debe hacerse más atractiva la docencia, abrir más la enseñanza superior o equivalente a estudiantes no tradicionales y aumentar la participación en la educación superior. A fin de reducir el número de jóvenes desempleados y que no siguen educación o formación alguna, los Estados miembros deberán tomar todas las medidas necesarias para prevenir el abandono escolar.
Enmienda 45
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 9 – párrafo 2
La meta principal de la UE, en la que se basarán los Estados miembros para fijar sus objetivos nacionales, es reducir el índice de abandono escolar a un 10 %, aumentando a la vez al menos a un 40 % el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años que finalicen la enseñanza superior o equivalente de aquí a 2020.
suprimido
Enmienda 46
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – título
Directriz nº 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza
Directriz nº 10: Luchar contra la pobreza y fomentar la inclusión y protección sociales
Enmienda 47
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo –1 (nuevo)
Los Estados miembros fijarán objetivos nacionales para reducir en un 25 % el número de ciudadanos europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, lo que supondrá sacar de la pobreza a más de 20 millones de personas, mediante la aplicación, en particular, de medidas en los ámbitos del empleo y de la enseñanza.
Enmienda 48
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1
Los esfuerzos de los Estados miembros para luchar contra la pobreza deberán promover la plena participación en la sociedad y la economía y ampliar las posibilidades de empleo, aprovechando al máximo el Fondo Social Europeo. Asimismo deberán concentrarse en garantizar la igualdad de oportunidades, entre otras cosas mediante el acceso a servicios y servicios públicos asequibles, viables y de gran calidad (incluidos los servicios en línea, de conformidad con la directriz nº 4), y especialmente la atención sanitaria. Los Estados miembros deberán establecer medidas efectivas contra la discriminación. De la misma manera, para luchar contra la exclusión social, potenciar la autonomía de las personas y promover la participación en el mercado laboral, deben reforzarse los sistemas de protección social, el aprendizaje permanente y las políticas de inclusión, a fin de crear posibilidades en distintas etapas de las vidas de las personas y protegerlas contra los riesgos de exclusión. Es necesario modernizar los sistemas de seguridad social y de pensiones a fin de poderlos desplegar plenamente para garantizar un apoyo adecuado a las rentas y el acceso a la atención sanitaria ‐ ofreciendo así cohesión social ‐ a la vez que siguen siendo viables desde el punto de vista financiero. Los sistemas de prestaciones deberán centrarse en garantizar ingresos durante los periodos de transición y en reducir la pobreza, especialmente entre los grupos en riesgo de exclusión social, como las familias monoparentales, las minorías, los discapacitados, los niños y los jóvenes, los ancianos, los inmigrantes en situación regular y las personas sin hogar. Asimismo, los Estados miembros promoverán activamente la economía y la innovación sociales en apoyo de las personas más vulnerables.
La lucha contra la pobreza y la exclusión sigue siendo un desafío fundamental. Para perseguir este objetivo es preciso crear oportunidades de participación o reintegración en el mercado laboral para todos los grupos sociales, independientemente de su lugar de residencia o nivel de formación. Hay que hallar un equilibrio entre ofrecer a las personas un cierto sentido de seguridad y la necesidad de mantener su motivación para trabajar y obtener ingresos. Para lograr este objetivo, los Estados miembros deberán realizar esfuerzos para luchar contra la pobreza, incluida la pobreza en situación de empleo, y promover la plena participación, según decisión individual, en la política, la sociedad, las artes y la economía y ampliar las posibilidades de empleo, para lo cual debe recurrirse al Fondo Social Europeo. Los Estados miembros deberán prestar aquí particular atención al grupo creciente de trabajadores pobres («working poor»). Para poder formular objetivos concretos en la lucha contra la pobreza es preciso saber cómo se debe medir el grado de pobreza. Deberá adaptarse la definición estándar de pobreza como el 60 % de la renta media. La pobreza no puede ser medida con arreglo a un indicador parcial de esta naturaleza. Se deberá garantizar la igualdad de oportunidades y preservar el acceso a servicios y servicios públicos asequibles, viables y de gran calidad (incluidos los servicios en línea, de conformidad con la directriz nº 4), y especialmente en los sectores social, del empleo, de la atención sanitaria y la vivienda, garantizando que estarán disponibles asimismo para los grupos de población vulnerables y más débiles. Los Estados miembros también deberán asegurar que la información oral o por escrito facilitada por los servicios públicos sea clara y completa y que, en caso de negativa a conceder un derecho, esta deberá ir acompañada de una justificación mencionando las posibilidades de recurso para la persona interesada. El principio de que no puede haber discriminación entre hombres y mujeres con la misma formación y en el mismo tipo de empleo deberá ser jurídicamente vinculante en los Estados miembros para todo tipo de relación laboral. Para luchar contra la exclusión social, potenciar la autonomía de las personas para que desempeñen un papel activo en la sociedad y promover la participación en el mercado laboral, deben reforzarse aún más los sistemas de protección social y las políticas de inclusión, a fin de crear posibilidades y perspectivas de empleo, teniendo en cuenta las diversas necesidades y responsabilidades, en distintas etapas de las vidas de las personas, protegerlas contra los riesgos de exclusión y facilitar apoyo, en particular a aquellos más alejados del mercado de trabajo, para que puedan acceder a empleos de calidad. Por este motivo habrán de elaborarse enfoques eficaces con arreglo a una política laboral activa respecto de la formación y la creación de empleo para las personas excluidas del mercado laboral por falta de formación. Al mismo tiempo, es necesario modernizar los sistemas de seguridad social y de pensiones a fin de poderlos desplegar plenamente para garantizar unos ingresos por encima del umbral de pobreza, permitir la participación en la vida social y el acceso a la atención sanitaria, sin que se comprometa la viabilidad económica de estos sistemas. Los sistemas de prestaciones deberán garantizar ingresos durante los periodos de transición y reducir la pobreza, especialmente entre los grupos en riesgo de exclusión social, como las familias monoparentales, las minorías, los discapacitados, los niños y los jóvenes, los ancianos, los inmigrantes en situación regular y las personas sin hogar. En particular, los Estados miembros se comprometerán a abordar la pobreza infantil mediante medidas adecuadas a fin de que los niños no se vean limitados en su desarrollo personal y no estén en inferioridad de condiciones cuando accedan a la vida profesional debido a las dificultades que, por culpa de la pobreza, hayan tenido para su libre desarrollo. Es especialmente importante que se garantice un acceso en pie de igualdad a la enseñanza e iguales oportunidades a los hijos de familias en situación desfavorecida, con miras a evitar su exclusión social como adultos. Con el fin de reforzar la seguridad de los ingresos en las diferentes etapas de la vida, los Estados miembros deberán garantizar unos ingresos mínimos adecuados cuyo nivel sea por lo menos superior al del umbral de la pobreza, de conformidad con las diferentes prácticas, los convenios colectivos y la legislación de los Estados miembros. Asimismo, los Estados miembros promoverán activamente la economía y la innovación sociales diseñadas para abordar los diferentes riesgos sociales que surgen a lo largo de la vida, en particular para las personas más vulnerables, y aplicarán eficazmente las medidas adoptadas contra la discriminación. En el contexto de la mejora de la sostenibilidad de la hacienda pública, los Estados miembros habrán de tener en cuenta el favorable efecto de las mejoras en materia de cohesión social sobre los presupuestos nacionales. Una menor pobreza y un mayor grado de participación se traducen en una reducción del gasto social y un incremento de los ingresos fiscales. Los Estados miembros garantizarán elevados estándares mínimos para la calidad del empleo, con miras a combatir la pobreza en situación de empleo.
Enmienda 49
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 1 bis (nuevo)
Al mismo tiempo se deberán reforzar y modernizar los sistemas de protección social, incluidos los sistemas de pensiones y de atención sanitaria, a fin de garantizar su adecuación social, la sostenibilidad de su financiación, y su capacidad de responder a necesidades cambiantes, sin por ello dejar de ofrecer a todos los ciudadanos de la Unión Europea la debida protección contra las situaciones de inseguridad, como los problemas de salud, el desempleo o la pobreza.
Los Estados miembros deberán reforzar la protección social de los contratos a corto plazo que afectan particularmente a las mujeres, en especial, de las mujeres embarazadas.
Enmienda 50
Propuesta de Decisión
Anexo – directriz 10 – párrafo 2
La meta principal de la UE, en la que se basarán los Estados miembros para fijar sus objetivos nacionales, es reducir en un 25 % el número de ciudadanos europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza, lo que supone librar de la pobreza a más de 20 millones de personas.
suprimido

Situación de los derechos humanos en Irán, en particular los casos de Sakineh Mohammadi Ashtiani y Zahra Bahrami
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de septiembre de 2010, sobre la situación de los derechos humanos en Irán, en particular los casos de Sakineh Mohammadi Ashtiani y Zahra Bahrami
P7_TA(2010)0310RC-B7-0494/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irán, especialmente las relativas a los derechos humanos, y en particular las de 22 de octubre de 2009(1) y 10 de febrero de 2010(2),

–  Vistas la declaración del Presidente del Parlamento Europeo con ocasión de la celebración, el 9 de octubre de 2009, del Día Europeo contra la Pena de Muerte, y la declaración de 11 de agosto de 2010 sobre la condena de siete dirigentes de la religión Bahá'í,

–  Vistas las declaraciones de 14 de junio y de 6 de julio de 2010 de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,

–  Vistos el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 23 de septiembre de 2009, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, y la declaración sobre Irán realizada el 4 de marzo de 2010 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vistas las resoluciones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular las Resoluciones 62/149 y 63/168 sobre una moratoria de las ejecuciones en espera de la abolición de la pena de muerte,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como la Convención sobre los Derechos del Niño, de todos los cuales es signataria la República Islámica de Irán,

–  Vistas la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 1961, y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Irán sigue ostentando el triste récord del ser el país que más delincuentes jóvenes ejecuta en el mundo, y que tan solo en 2010 se han dictado aproximadamente dos mil sentencias de muerte,

B.  Considerando que, según algunos informes, tan solo en las últimas semanas han sido ejecutados en la prisión de Vakil-Abad, en la ciudad de Mashad, más de cien presos acusados de delitos relacionados con las drogas, y que a otros cientos les aguarda una ejecución en los próximos días, considerando que estas ejecuciones masivas, que además fueron ordenadas en el mayor de los secretos, representan una violación flagrante del Derecho internacional,

C.  Considerando que, pese a las reclamaciones de los más altos responsables del poder judicial iraní, Irán sigue dictando la sentencia de lapidación para castigar el adulterio, como en el caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, tal como se mostró en sus «confesiones» televisadas el 11 de agosto de 2010,

D.  Considerando que, en 2006, Sakineh Mohammadi-Ashtiani, quien fue acusada de haber mantenido dos relaciones extramatrimoniales tras la muerte de su esposo, fue condenada en Irán a recibir 99 latigazos, sentencia que fue ejecutada el mismo año,

E.  Considerando que Sakineh Mohammadi-Ashtiani también fue acusada de complicidad en el asesinato de su marido, siendo absuelta posteriormente, antes de ser acusada de una relación adúltera durante su matrimonio y condenada a la lapidación,

F.  Considerando que la lapidación prevista para el 9 de julio de 2010 ha sido suspendida por las autoridades iraníes «por razones humanitarias», a raíz de las presiones internacionales,

G.  Considerando que la sentencia de lapidación vulnera de forma flagrante las obligaciones suscritas por Irán en el PIDCP, y que, en la reciente revisión periódica universal efectuada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Irán se ha comprometido a respetar al menos las «normas mínimas» y las disposiciones del PIDCP sobre la pena de muerte, durante el tiempo en que esté en vigor,

H.  Considerando que Ebrahim Hamidi, un joven de 18 años, fue condenado a muerte en agosto de 2010 tras haber sido acusado de actos de sodomía presuntamente cometidos cuando tenía solo 16 años de edad, y tras una confesión obtenida, según el acusado, bajo tortura,

I.  Considerando que el abogado defensor en ambos casos, Mohammad Mostafaei, que había intentado sensibilizar a la opinión pública sobre su situación, tuvo que huir del país por temor a ser arrestado, y que cada vez son más los abogados defensores de los derechos humanos, entre ellos Mohammed Ali Dadkah, Mohammad Oliyifard y Mohammad Seifzadeh, e incluso personalidades destacadas como Shirin Ebadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, que se ven confrontados a la persecución estatal, en forma de reclamaciones tributarias extraordinarias y amenazas contra su vida y la de su familia,

J.  Considerando que Nasrin Sotoudeh, un conocido abogado de derechos humanos muy respetado por sus esfuerzos en favor de los derechos de los menores condenados a la pena capital y por su defensa de los presos de conciencia, fue detenido el 4 de septiembre de 2010 acusado de «propaganda contra el Estado» y de «colusión y reunión con el fin de atentar contra la seguridad nacional»,

K.  Considerando que un año después de las elecciones presidenciales fraudulentas y de las protestas masivas que tuvieron lugar a continuación siguen en prisión centenares de manifestantes, periodistas y defensores de los derechos civiles, e incluso ciudadanos corrientes, como la ciudadana neerlandesa Zahra Bahrami, que niegan cualquier vínculo con las manifestaciones,

L.  Considerando que Zahra Bahrami, quien había viajado a Irán a visitar a su familia, fue detenida tras las protestas de la Ashura el 27 de diciembre de 2009 y obligada a realizar confesiones televisadas admitiendo los cargos que se le imputaban,

M.  Considerando que tanto a las organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como a las autoridades neerlandesas se les ha denegado el contacto con Zahra Bahrami,

N.  Considerando que las confesiones forzadas, la tortura y los malos tratos a los presos, la privación de sueño, el aislamiento, la detención clandestina, el trato cruel, inhumano y degradante, los abusos físicos, incluida la violencia sexual, y la impunidad de los agentes estatales siguen siendo fenómenos generalizados en Irán, lo que arroja serias dudas en cuanto a la imparcialidad y transparencia del procedimiento judicial en dicho país,

O.  Considerando que cada vez son más numerosos los defensores pacíficos de los derechos civiles acusados de «moharabeh» (enemistad contra Dios), que puede castigarse con la pena de muerte, como en el caso de Shiva Nazar Ahari, miembro del Comité de Periodistas de Derechos Humanos (CHRR), detenida desde el 20 de diciembre de 2009 y cuyo juicio es inminente,

P.  Considerando que la persecución de las minorías religiosas y étnicas en Irán continúa sin cesar; que los siete líderes de la fe Bahá'í, Fariba Kamalabadi, Jamaloddin Khanjani, Afif Naeimi, Saeid Rezaie, Mahvash Sabet, Behrouz Tavakkoli y Vahid Tizfahm, encarcelados desde 2008 únicamente por sus creencias religiosas, fueron sentenciados en agosto de 2010 a veinte años de prisión, acusados de actividades propagandísticas contra el Estado y de espionaje,

Q.  Considerando que prosigue el acoso contra Mir-Hosein Musavi y Mehdi Karrubi, personalidades políticas de la oposición, y contra otros cargos importantes de partidos políticos Considerando que, a principios de septiembre de 2010, la residencia del antiguo candidato presidencial Mehdi Karroubi fue atacada por docenas de hombres armados con indumentaria civil, y que este ataque se tradujo en pintadas, actos de vandalismo, rotura de cristales y tiroteos en el interior del domicilio de Mehdi Karroubi; que el dicho ataque tuvo lugar después de las declaraciones proferidas por el Comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Ali Jafari, en el sentido de que el pueblo de Irán juzgaría a los «cabecillas de la sedición», refiriéndose a los líderes de la oposición, y que la policía no intentó en ningún momento poner fin al ataque,

R.  Considerando que el sistema judicial iraní ha asociado a personas acusadas de cometer delitos con la oposición política iraní, y a miembros de la oposición política con la comisión de delitos con el fin de equiparar oposición política y conducta delictiva,

1.  Rinde homenaje al valor de todos los hombres y mujeres iraníes que luchan por defender sus libertades fundamentales, el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que protestan activamente contra la lapidación y otras formas de penas crueles y que expresan su deseo de vivir en una sociedad libre de represión e intimidación;

2.  Condena enérgicamente la condena a muerte por lapidación de Sakineh Mohammadi-Ashtiani; opina que, independientemente de los hechos que se le imputen, no cabe justificar ni aceptar una condena a muerte por lapidación;

3.  Insta a las autoridades iraníes a que revoquen las condenas dictadas contra Sakineh Mohammadi-Ashtiani y a que emprendan una revisión del caso en todos sus extremos;

4.  Encarece al Gobierno iraní que vuelva a examinar el caso de Zahra Bahrami, le permita el acceso inmediato a un abogado y a la asistencia consular, la ponga en libertad o le otorgue las debidas garantías procesales; pide a Catherine Ashton, Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que aborde la cuestión del arresto de Zahra Bahrami con las autoridades iraníes;

5.  Pide al Gobierno de Irán que detenga la ejecución de Ebrahim Hamidi, joven de 18 años acusado de sodomía, y pide a la República Islámica de Irán que deje de aplicar por fin la pena de muerte por delitos cometidos antes de la edad de dieciocho años y modifique su legislación para adaptarla a los convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Irán, incluidos la Convención sobre los Derechos del Niño y el PIDCP;

6.  Expresa su consternación por el hecho de que, junto con Afganistán, Somalia, Arabia Saudí, Sudán y Nigeria, Irán continúe perteneciendo al pequeño grupo de países que siguen aplicando la lapidación; pide al Parlamento iraní que adopte actos legislativos que prohíban la práctica cruel e inhumana de la lapidación;

7.  Reitera su oposición a la pena de muerte y hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que decreten una moratoria de las ejecuciones en espera de la abolición de la pena de muerte, de conformidad con las Resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General de Naciones Unidas;

8.  Pide que en la próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se presente una resolución en la que se solicite a todos los países en los que está vigente la pena de muerte que pongan a disposición del Secretario General de las Naciones Unidas y de la opinión pública toda la información sobre la pena capital y las ejecuciones, para superar el secreto de Estado sobre la pena de muerte, que es causa de un gran número de ejecuciones;

9.  Expresa su oposición a cualquier intento de criminalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos, e insta a las autoridades de Irán a que despenalicen el adulterio y la homosexualidad;

10.  Insta a las autoridades iraníes a que supriman, de hecho y de derecho, todas las formas de tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, hagan respetar la ley y pongan fin a la impunidad en caso de vulneración de los derechos humanos;

11.  Pide a la República Islámica de Irán que firme y ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

12.  Lamenta profundamente la falta de imparcialidad y transparencia del procedimiento judicial en Irán y pide a las autoridades iraníes que garanticen un procedimiento de apelación justo y abierto;

13.  Pide a las autoridades iraníes que autoricen el acceso de la Media Luna Roja a todos los presos y permitan a las organizaciones internacionales de derechos humanos hacer un seguimiento de la situación en el país;

14.  Pide a las autoridades iraníes que pongan inmediatamente en libertad a todas aquellas personas detenidas únicamente por su participación en protestas pacíficas y por su deseo de hacer uso de su derecho humano fundamental a la libertad de expresión, y reitera en particular su solicitud de que se absuelva a los siete líderes Bahá'ís;

15.  Recuerda que la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho fundamental que debe garantizarse en todas las circunstancias, de conformidad con el artículo 18 del PIDCP, firmado y ratificado por la República Islámica de Irán;

16.  Exige la inmediata puesta en libertad de todos los abogados defensores de los derechos humanos que han sido detenidos;

17.  Expresa su profunda preocupación por el abuso de los poderes judiciales por parte de las autoridades iraníes con el fin de actuar contra miembros de las organizaciones de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, como los miembros de la campaña «Un Millón de Firmas» y del Consejo Central de la organización estudiantil ADVAR, entre otros;

18.  Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren medidas complementarias en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos con el fin de proteger activamente a los defensores de los derechos humanos en Irán, y alienta a los Estados miembros a que apoyen el Programa europeo de ciudades refugio (European Shelter City Programme);

19.  Pide un nuevo mandato de las Naciones Unidas para que un Relator Especial investigue las violaciones de derechos humanos y aliente la rendición de cuentas por parte de quienes hayan vulnerado los derechos humanos en Irán;

20.  Pide que se amplíe la actual lista de personas y organizaciones sobre las que pesa la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos, para incluir a los responsables de violaciones de los derechos humanos, de actos de represión y de la limitación de las libertades en Irán;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Presidente del Tribunal Supremo iraní y al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Irán.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2009)0060.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0016.

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