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Textos aprobados
Martes 14 de diciembre de 2010 - Estrasburgo
Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: inundaciones en Portugal y tormenta Xynthia en Francia
 Proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010: Fondo de Solidaridad de la UE (inundaciones en Portugal y tormenta Xynthia en Francia) - Recuperación económica: red europea de energía eólica marina
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: SI/Mura (Eslovenia)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Heidelberger Druckmaschinen AG (Alemania)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Wielkopolskie - Industria del automóvil (Polonia)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Aragón - Comercio minorista (España)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Comunidad Valenciana - Textiles (España)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Comunidad Valenciana - Piedra natural (España)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Lear (España)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización : H. Cegielski-Poznań (Polonia)
 Extensión del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE a los beneficiarios de protección internacional ***I
 Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados ***
 Creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE
 Regulación de la negociación de instrumentos financieros – dark pools y otros instrumentos
 Refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea - Plan de Acción QBRN de la UE
 Buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE
 Creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración ***I
 Orden europea de protección ***I
 Trata de seres humanos ***I
 Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de residentes ilegales ***
 Cohesión económica, social y territorial

Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE: inundaciones en Portugal y tormenta Xynthia en Francia
PDF 208kWORD 36k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (COM(2010)0578 – C7-0323/2010 – 2010/2237(BUD))
P7_TA(2010)0453A7-0335/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0578 – C7-0323/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su punto 26,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(2),

–  Vista la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, aprobada durante la reunión de concertación del 17 de julio de 2008, sobre el Fondo de Solidaridad,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0335/2010),

1.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

2.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de conformidad con el apartado 26 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3), y, en particular, su punto 26,

Visto el Reglamento (CE) nº 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(4),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo de Solidaridad de la UE (el «Fondo») fue creado con el objetivo de mostrar la solidaridad de la Unión Europea con la población de regiones asoladas por catástrofes.

(2)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite movilizar el Fondo por una cantidad máxima anual de 1 000 millones EUR.

(3)  El Reglamento (CE) nº 2012/2002 contiene las disposiciones en virtud de las cuales puede movilizarse el Fondo.

(4)  Portugal presentó una solicitud de movilización del Fondo en relación con una catástrofe causada por los corrimientos de tierras y las inundaciones en la isla de Madeira.

(5)  Francia presentó una solicitud para movilizar el Fondo como consecuencia de una catástrofe causada por la tormenta Xynthia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará una suma de 66 891 540 EUR en créditos de compromiso y de pago con cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en ,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.


Proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010: Fondo de Solidaridad de la UE (inundaciones en Portugal y tormenta Xynthia en Francia) - Recuperación económica: red europea de energía eólica marina
PDF 202kWORD 33k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010 de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión Europea (17633/2010 – C7-0409/2010 – 2010/2238(BUD))
P7_TA(2010)0454A7-0341/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular su artículo 314, y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, en particular su artículo 106 bis,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(1), en particular sus artículos 37 y 38,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, aprobado definitivamente el 17 de diciembre de 2009(2),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010 de la Unión Europea para el ejercicio 2010, presentado por la Comisión el 13 de octubre de 2010 (COM(2010)0577),

–  Vista la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010, establecida por el Consejo el 10 de diciembre de 2010 (17633/2010 – C7-0409/2010),

–  Vistos los artículos 75 ter y 75 sexies de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0341/2010),

A.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n° 9/2010 al presupuesto general para el ejercicio 2010 cubre los puntos siguientes:

   la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE por un importe de 66,9 millones de euros en créditos de compromiso y de pago en relación con los efectos de los desprendimientos de tierras y de las graves inundaciones en la isla de Madeira (Portugal) y con los efectos de la tormenta Xynthia en Francia,
   la correspondiente reducción de los créditos de pago por un importe de 66,9 millones de euros en la línea 06 04 14 03 ‐ Proyectos en el ámbito de la energía para la recuperación económica ‐ Red europea de energía eólica marina,

B.  Considerando que el objetivo del proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010 es introducir formalmente este ajuste presupuestario en el presupuesto para el ejercicio 2010,

1.  Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n° 9/2010;

2.  Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 9/2010 sin modificaciones y encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo nº 8/2010 ha sido definitivamente aprobado y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
(2) DO L 64 de 12.3.2010.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: SI/Mura (Eslovenia)
PDF 215kWORD 44k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/014 SI/Mura (Eslovenia)) (COM(2010)0582 – C7-0334/2010 – 2010/2243(BUD))
P7_TA(2010)0455A7-0336/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0582 – C7-0334/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0336/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

D.  Considerando que Eslovenia ha solicitado asistencia en relación con los casos relativos a 2 554 despidos en la empresa Mura, European Fashion Design, que desarrolla su actividad en el sector de las prendas de vestir,

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales, incluida una evaluación de los efectos que estos servicios temporales y personalizados tienen en la reincorporación a largo plazo en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6.Observa, no obstante que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas marco sobre competitividad e innovación, especialmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/014 SI/Mura de Eslovenia)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3), y, en particular, su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y en particular su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  Eslovenia presentó el 28 de abril de 2010 una solicitud para la movilización del FEAG en relación con una serie de despidos que tivieron lugar en la empresa Mura y la complementó mediante información adicional hasta el 24 de junio de 2010. La solicitud cumple los requisitos para la fijación de las contribuciones financieras según lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone movilizar un importe de 2 247 940 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por Eslovenia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 2 247 940 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Heidelberger Druckmaschinen AG (Alemania)
PDF 220kWORD 45k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG (Alemania)) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))
P7_TA(2010)0456A7-0337/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0568 − C7-0332/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0337/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

D.  Considerando que Alemania ha solicitado ayuda para casos que afectan a 1 181 despidos distribuidos entre los cuatro centros de producción de la empresa Heidelberger Druckmaschinen en Baden-Wurtemberg, que trabaja en el sector de la fabricación de maquinaria de artes gráficas,

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales, incluida una evaluación de los efectos que estos servicios temporales y personalizados tienen en la reincorporación a largo plazo al mercado laboral de los trabajadores despedidos;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6 Observa, no obstante, que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas sobre competitividad e innovación, especialmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Alemania)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3) y, en particular, su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y en particular su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  El 27 de mayo de 2010 Alemania presentó una solicitud para la movilización del FEAG en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en la empresa Heidelberger Druckmaschinen, y hasta el 1 de julio de 2010 la completó con información adicional. La solicitud cumple los requisitos para la fijación de las contribuciones financieras según lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone movilizar un importe de 8 308 555 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por Alemania.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 8 308 555 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Wielkopolskie - Industria del automóvil (Polonia)
PDF 217kWORD 44k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/004 PL/Wielkopolskie - Industria del automóvil (Polonia)) (COM(2010)0616 – C7-0347/2010 – 2010/2253(BUD))
P7_TA(2010)0457A7-0359/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0616 – C7-0347/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0359/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

D.  Considerando que Polonia ha solicitado ayuda en relación con el caso de 590 despidos que se han producido en dos empresas cuya actividad corresponde a la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia,

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6 Observa, no obstante, que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas de competitividad e innovación, particularmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, Polonia)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3) y, en particular, su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  El 5 de febrero de 2010, Polonia presentó una solicitud de movilización del FEAG en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en dos empresas cuya actividad se desarrollaba en el marco de la división 29 («Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Gran Polonia (PL41), y la complementó con información adicional hasta el 6 de julio de 2010. La solicitud cumple los requisitos para la fijación del importe de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por tanto, la Comisión propone movilizar un importe de 633 077 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por Polonia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 633 077 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Aragón - Comercio minorista (España)
PDF 216kWORD 44k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/016 ES/Comercio minorista (España)) (COM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))
P7_TA(2010)0458A7-0358/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0615 – C7-0346/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0358/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG,

D.  Considerando que España ha solicitado ayuda en relación con el caso de 1 154 despidos que se han producido en 593 empresas cuya actividad corresponde a la división 47 («Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 de Aragón,

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6.  Observa, no obstante, que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas sobre competitividad e innovación, particularmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/016 ES/Aragón Comercio minorista, España)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3) y, en particular, su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  El 6 de mayo de 2010, España presentó una solicitud de movilización del FEAG en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en 593 empresas cuya actividad corresponde a la división 47 («Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas») de la NACE, revisión 2 en la región NUTS 2 de Aragón (ES24), y hasta el 1 de julio de 2010 la completó con información adicional. La solicitud cumple los requisitos para la fijación de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone movilizar un importe de 1 560 000 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por España.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 1 560 000 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Comunidad Valenciana - Textiles (España)
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Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/009 ES/Comunidad Valenciana - Textiles (España)) (COM(2010)0613 – C7-0345/2010 – 2010/2251(BUD))
P7_TA(2010)0459A7-0357/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0613 – C7-0345/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0357/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

D.  Considerando que España ha solicitado ayuda en relación con el caso de 350 despidos que se han producido en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 (Comunidad Valenciana),

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6.  Observa, no obstante, que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas sobre competitividad e innovación, particularmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana Textile, España)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3) y, en particular, su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  El 22 de marzo de 2010, España presentó una solicitud de movilización del FEAG en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en 143 empresas cuya actividad corresponde a la división 13 («Industria textil») de la NACE, revisión 2, en una sola región NUTS 2, la Comunidad Valenciana (ES52), y la complementó con información adicional hasta el 17 de junio de 2010. La solicitud cumple los requisitos para la fijación de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone movilizar un importe de 2 059 466 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por España.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 2 059 466 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Comunidad Valenciana - Piedra natural (España)
PDF 217kWORD 44k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/005 ES/Comunidad Valenciana - Piedra natural (España)) (COM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))
P7_TA(2010)0460A7-0356/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0617 – C7-0344/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0356/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

D.  Considerando que España ha solicitado ayuda en relación con el caso de 300 despidos que se han producido en 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos») de la NACE, revisión 2, en una sola región NUTS 2, la Comunidad Valenciana,

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6.  Observa, no obstante, que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas sobre competitividad e innovación, particularmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana Natural Stone, España)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3), y, en particular, su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  El 9 de marzo de 2010, España presentó una solicitud de movilización el FEAG en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en 66 empresas cuya actividad corresponde a la división 23 («Fabricación de otros productos minerales no metálicos») de la NACE revisión 2, en una sola región NUTS 2, la Comunidad Valenciana (ES52), y la complementó con información adicional hasta el 25 de mayo de 2010. La solicitud cumple los requisitos para la fijación de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone movilizar un importe de 1 422 850 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por España.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 1 422 850 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: Lear (España)
PDF 215kWORD 44k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/023 ES/Lear (España)) (COM(2010)0625 – C7-0360/2010 – 2010/2265(BUD))
P7_TA(2010)0461A7-0351/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0625 – C7-0360/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y, en particular, su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0351/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

D.  Considerando que España ha solicitado ayuda en relación con el caso de 508 despidos que se han producido en la empresa Lear Automotive (EEDS) España, S.L. Sociedad Unipersonal, que opera en el sector del automóvil,

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales, incluida una evaluación de los efectos que estos servicios temporales y personalizados tienen en la reincorporación a largo plazo en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6.  Observa, no obstante, que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas de competitividad e innovación, especialmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/023 ES/Lear, España)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3) y, en particular, su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  El 23 de julio de 2010, España presentó una solicitud para la movilización del FEAG en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en la empresa Lear y la complementó mediante información adicional hasta el 10 de agosto de 2010. Dicha solicitud cumple los requisitos para la fijación de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone movilizar un importe de 382 200 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por España.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 382 200 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización : H. Cegielski-Poznań (Polonia)
PDF 290kWORD 47k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud FEAG/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań (Polonia)) (COM(2010)0631 – C7-0361/2010 – 2010/2266(BUD))
P7_TA(2010)0462A7-0352/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0631 – C7-0361/2010),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1), y en particular su apartado 28,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0352/2010),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido los instrumentos legislativos y presupuestarios necesarios para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.  Considerando que el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se amplió para incluir las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial,

C.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada durante la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 por lo que respecta a la adopción de las decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización,

D.  Considerando que Polonia ha solicitado ayuda en relación con el caso de 189 despidos que se han producido en la empresa H. Cegielski-Poznań y en cuatro de sus proveedores, que operan en el sector de los motores diésel marinos,

E.  Considerando que la solicitud cumple los criterios de admisibilidad establecidos por el Reglamento FEAG,

1.  Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del FEAG;

2.  Recuerda el compromiso de las instituciones de garantizar un procedimiento rápido y sin complicaciones para la adopción de las decisiones sobre la movilización del FEAG, prestando asistencia individual temporal y extraordinaria en favor de los trabajadores despedidos como consecuencia de la mundialización y la crisis financiera y económica; hace hincapié en el papel que puede desempeñar el FEAG en la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

3.  Destaca que, de acuerdo con el artículo 6 del Reglamento FEAG, debe garantizarse que el Fondo apoye la reintegración en el mercado laboral de los trabajadores despedidos; reitera que la asistencia del FEAG no debe sustituir a acciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni a las medidas de reestructuración de empresas o sectores;

4.  Observa que la información facilitada sobre el paquete coordinado de servicios personalizados que se financiará con cargo al FEAG incluye información pormenorizada sobre su complementariedad con las acciones financiadas por los Fondos Estructurales; reitera su llamamiento para que se presente una evaluación comparativa de estos datos también en sus informes anuales, incluida una evaluación de los efectos que estos servicios temporales y personalizados tienen en la reincorporación a largo plazo en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

5.  Celebra el hecho de que, en el contexto de la movilización del FEAG, la Comisión haya propuesto una fuente de créditos de pago alternativa a los créditos de pago del Fondo Social Europeo no utilizados, a raíz de los frecuentes recordatorios emitidos por el Parlamento Europeo de que el FEAG se creó como instrumento específico independiente con sus propios objetivos y plazos, y de que, por esta razón, deben señalarse las líneas presupuestarias adecuadas para las transferencias;

6.  Observa, no obstante, que, a fin de movilizar el FEAG para este caso, los créditos de pago se transferirán de una línea presupuestaria destinada al apoyo de las PYME y de la innovación; lamenta los graves fallos de la Comisión en la aplicación de los programas de competitividad e innovación, especialmente durante una crisis económica, en la que debería aumentar significativamente la necesidad de tal apoyo;

7.  Recuerda que el funcionamiento y el valor añadido del FEAG deben ser valorados en el contexto de la evaluación general de los programas y otros instrumentos creados por el Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 durante el proceso de revisión intermedia del marco financiero plurianual 2007-2013;

8.  Se congratula del nuevo formato de la propuesta de la Comisión, que, en su exposición de motivos, ofrece información clara y pormenorizada sobre la solicitud, analiza los criterios de admisibilidad y explica las razones que han conducido a su aprobación, lo cual es acorde a lo solicitado por el Parlamento;

9.  Aprueba la Decisión aneja a la presente Resolución;

10.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de xxx

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/006 PL/H.Cegielski-Poznań, Polonia)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 28,

Visto el Reglamento (CE) nº 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Considerando lo siguiente:

(1)  El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores despedidos que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los modelos del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

(2)  El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de aportar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

(3)  El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

(4)  El 8 de marzo de 2010, Polonia presentó una solicitud de intervención del FEAG, en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en la empresa H. Cegielski-Poznań Poland S.A., y la complementó con información adicional hasta el 10 de agosto de 2010. La solicitud cumple los requisitos para la fijación de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) nº 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone movilizar un importe de 114 250 EUR.

(5)  Por consiguiente, debe movilizarse el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por Polonia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2010, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para proporcionar un importe de 114 250 EUR en créditos de compromiso y de pago.

Artículo 2

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(4) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


Extensión del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE a los beneficiarios de protección internacional ***I
PDF 197kWORD 67k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional (COM(2007)0298 – C6-0196/2007 – 2007/0112(COD))
P7_TA(2010)0463A7-0347/2010

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0298),

–  Visto el artículo 63, apartados 3 y 4 del Tratado CE, conforme al cual el Parlamento Europeo ha sido consultado por el Consejo (C6-0196/2007),

–  Vista su posición de 23 de abril de 2008(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

–  Vistos los artículos 294, apartado 3, y 79, apartado 2, letras a) y b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 18 de noviembre de 2010, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0347/2010),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de diciembre de 2010 con vistas a la adopción de la Directiva 2011/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE del Consejo con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional

P7_TC1-COD(2007)0112


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, Directiva 2011/51/UE).

(1) DO C 259 E de 29.10.2009, p. 126.


Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados ***
PDF 193kWORD 29k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados (11324/2010 – C7-0391/2010 – 2010/0106(NLE))
P7_TA(2010)0464A7-0345/2010

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11324/2010),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre la facilitación de la expedición de visados (10304/2010),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 77, apartado 2, letra a), y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0391/2010),

–  Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0345/2010),

1.  Aprueba la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Georgia.


Creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE
PDF 135kWORD 52k
Recomendación del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, destinada al Consejo sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE (2010/2096(INI))
P7_TA(2010)0465A7-0332/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 196 del Tratado de Lisboa, en el que se dispone que «la Unión fomentará la cooperación entre los Estados miembros con el fin de mejorar la eficacia de los sistemas de prevención de las catástrofes naturales o de origen humano y de protección frente a ellas» y que «la acción de la Unión tendrá por objetivo [...] favorecer la coherencia de las acciones emprendidas a escala internacional en materia de protección civil»,

–  Visto el artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que las acciones de la Unión en el ámbito de la ayuda humanitaria han de tener por objeto prestar «asistencia y socorro a las poblaciones de los terceros países víctimas de catástrofes naturales o de origen humano» y que dichas acciones «se llevarán a cabo conforme a los principios del Derecho internacional y a los principios de imparcialidad, neutralidad y no discriminación»,

–  Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, firmado conjuntamente en diciembre de 2007 por los Presidentes del Consejo de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, y el Plan de Acción presentado por la Comisión en mayo de 2008 para la aplicación del Consenso,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de diciembre de 2007, en las que se invitaba a la Comisión a hacer el mejor uso posible del mecanismo comunitario de protección civil y a seguir reforzando la cooperación entre los Estados miembros,

–  Vistas las directrices sobre la utilización de recursos militares y de la defensa civil para las operaciones de socorro en caso de catástrofe (directrices de Oslo), revisadas el 27 de noviembre de 2006,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 23 de febrero de 2009 titulada «Estrategia de la UE en apoyo de la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo»,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de marzo de 2008 titulada «Refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes» (COM(2008)0130), y la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2008 sobre el refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes(1),

–  Visto el informe de Michel Barnier de 9 de mayo de 2006 titulado «Por una fuerza europea de protección civil: Europe Aid»,

–  Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2010, sobre el reciente terremoto en Haití(2),

–  Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la prevención de catástrofes naturales y de origen humano,

–  Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo, de 23 de marzo de 2010, sobre la creación de una capacidad de respuesta rápida de la UE, presentada de conformidad con el artículo 121, apartado 1, del Reglamento por Anneli Jäätteenmäki, Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez y Frédérique Ries en nombre del Grupo ALDE (B7-0228/2010),

–  Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0332/2010),

A.  Considerando que cada vez son más frecuentes en todo el mundo las catástrofes que causan considerables daños humanos, económicos y ambientales y que dichas crisis se sucederán con mayor intensidad y frecuencia y se extenderán a otras partes del mundo, principalmente por el impacto del cambio climático; y que la Unión Europea está realizando importantes esfuerzos para responder a estas crisis,

B.  Considerando que la multiplicación y la mayor frecuencia de las intervenciones, tanto en el interior como en el exterior de la Unión Europea, junto con la situación económica mundial y las restricciones presupuestarias, ponen de manifiesto la necesidad de que las operaciones obtengan los máximos resultados con el menor coste,

C.  Considerando que la puesta en común de recursos entre los 31 Estados miembros que participan en el mecanismo comunitario de protección civil (UE-27, Noruega, Liechtenstein, Croacia, Islandia) o en el marco de una cooperación reforzada entre los Estados miembros, puede ser muy valiosa tanto en el plano operativo como financiero,

D.  Considerando que en los últimos cinco años el presupuesto de la Comisión destinado a catástrofes humanitarias, y en concreto el de la DG ECHO, no sólo se ha mantenido congelado sino que ha disminuido ligeramente en términos reales,

E.  Considerando que en los últimos años se ha avanzado hacia una respuesta más coherente de la UE a las catástrofes gracias, en especial, al paulatino reforzamiento del mecanismo de protección civil, a la mejor interacción y coordinación entre la protección civil y la ayuda humanitaria y al reconocimiento de que un enfoque integrado de la gestión de catástrofes no sólo requiere acciones de respuesta, sino también de prevención y preparación,

F.  Considerando que la respuesta de la Unión Europea al terremoto de Haití no sólo puso en marcha una intervención de ayuda humanitaria que fue rápida, significativa y a gran escala, sino que también activó el mecanismo de protección civil, que, por primera vez, desplegó inmediatamente dos módulos (una unidad de purificación de agua y una unidad médica avanzada) financiados por una acción preparatoria de 2008 relativa a una capacidad de respuesta rápida de la UE,

G.  Considerando que las experiencias de las últimas crisis siguen demostrando la necesidad de mejorar la respuesta de la UE a las catástrofes por lo que se refiere a la eficacia, la coordinación y la visibilidad, y que estas catástrofes han puesto en evidencia una vez más la necesidad imperativa de crear una capacidad europea de reacción rápida (fuerza europea de protección civil),

H.  Considerando que la capacidad de la UE para proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos es crucial para su credibilidad,

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

   a) Reconoce que la inclusión de la protección civil y la ayuda humanitaria en la cartera de un único comisario responsable de la ayuda humanitaria y la respuesta a las situaciones de crisis genera mejores sinergias dentro de la Comisión y contribuye a reforzar la coherencia de la respuesta global de la UE a las catástrofes;
   b) Pide que se refuerce en la DG ECHO la integración entre las metodologías de trabajo relativas a la protección civil y a la ayuda humanitaria, al tiempo que se preservan las respectivas características específicas, manteniendo una distinción y demarcación claras entre ellas, con el fin de maximizar las sinergias y la complementariedad; solicita también que el personal militar y civil y los agentes humanitarios que intervengan en catástrofes u operaciones humanitarias actúen bajo los principios de neutralidad, independencia e imparcialidad;
   c) Reitera que el uso de recursos de protección civil, cuando se despliegan en una crisis humanitaria, debe basarse en las necesidades existentes y debe ser complementario y coherente en relación con la ayuda humanitaria, de acuerdo con el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y de conformidad con las directrices de las Naciones Unidas (directrices de Oslo), especialmente con el fin de garantizar el respeto de los principios humanitarios de neutralidad, humanidad, imparcialidad e independencia;
   d) Insiste en que la asistencia de la UE en caso de catástrofes naturales o provocadas por el hombre se dirija, en la medida de lo posible, a prestar ayuda a la economía local, por ejemplo adquiriendo alimentos producidos a nivel local o regional y facilitando a los agricultores los materiales necesarios para relanzar la economía rural;
   e) Pide al Consejo y a la Comisión que precisen los dispositivos de cooperación y coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión para la gestión de respuestas a gran escala a catástrofes sucedidas fuera del territorio de la Unión Europea;
   f) Propone que se desplieguen esfuerzos localizados de coordinación, en cooperación con el gobierno nacional del Estado afectado y por medio de los representantes de la UE y de los Estados miembros sobre el terreno, con el fin de garantizar una respuesta específica y competente en favor de las localidades afectadas;
   g) Insta al Consejo a que atribuya una elevada prioridad al fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la UE a las catástrofes, en especial a la vista de los debates sobre la creación de una fuerza de protección civil de la UE, y a que dé curso a las peticiones reiteradas del Parlamento Europeo de aplicar las propuestas formuladas en el informe Barnier, publicado en 2006;
   h) Pide que se cree con carácter inmediato una fuerza de protección civil de la UE suficientemente equipada con los recursos técnicos y tecnológicos necesarios;
   i) Pide también, en el contexto de las operaciones posteriores a las catástrofes naturales, una mejor coordinación entre las agencias humanitarias y los mecanismos de protección civil de los Estados miembros y la DG ECHO, y la posible fuerza europea de protección civil;
   j) Insta a la Comisión a que desarrolle con los gobiernos nacionales, las entidades locales y los organizaciones de la sociedad civil en los países beneficiarios programas dirigidos a organizar las capacidades de las comunidades locales de prevención y de gestión de la respuesta a las catástrofes;
   k) Alienta al Consejo a adoptar, a propuesta de la Comisión y de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, medidas dirigidas a aumentar la previsibilidad y la capacidad de planificación anticipada del actual mecanismo de protección civil de la UE, que en la actualidad se basa en contribuciones voluntarias ad hoc de los Estados miembros; propone que entre estas medidas estén dispositivos que han sido probados en la acción preparatoria de la UE, como los recursos a nivel de la UE, la puesta en común voluntaria de recursos, la cartografía de las capacidades, la identificación de hipótesis y el desarrollo de nuevas actividades de formación;
   l) Solicita asimismo que se elaboren presupuestos realistas en los que se consignen cantidades destinadas a las catástrofes naturales o la acción humanitaria, basados en la experiencia reiterada de gasto de años anteriores;
   m) Considera que la fuerza de protección civil de la UE debe aprovechar la experiencia del mecanismo europeo de protección civil, optimizando los instrumentos disponibles para reforzar su eficacia y visibilidad y poniendo en común de modo voluntario los recursos logísticos y humanos, ya sea en términos de formación para la respuesta en caso de catástrofe o en términos de gestión de catástrofes mediante el desarrollo de iniciativas entabladas en el marco de acciones preparatorias, de modo que pueda garantizar la prestación de asistencia de emergencia en un plazo de 24 horas desde que se produce la catástrofe;
  n) Recomienda que la fuerza de protección civil de la UE se base en los siguientes principios:
   fundamentarse en una evaluación de las necesidades con la participación de todos los operadores humanitarios
   ser de carácter civil
   operar bajo bandera de la UE
   respetar el derecho humanitario internacional
   respetar el carácter voluntario de la participación de los Estados miembros en el dispositivo previsto
   basarse en el principio de reparto de la carga
   estar abierto a las contribuciones de terceros países
   reconocer la función global de las Naciones Unidas en la coordinación internacional de la ayuda fuera del territorio de la Unión Europea
   organizarse de forma preventiva en función de hipótesis;
   o) Considera, especialmente en lo relativo a las operaciones de ayuda humanitaria y tomando como base la experiencia adquirida en las intervenciones en Haití y Pakistán, que la UE debe actuar siempre que sea posible bajo el paraguas coordinador de las Naciones Unidas, centrándose en aquellas áreas de intervención en las que puede aportar mayor valor añadido;
   p) Considera que la fuerza europea de protección civil podría consistir en el compromiso por parte de algunos Estados miembros de facilitar módulos de protección civil, definidos de antemano y listos para intervenir de inmediato en operaciones de la UE coordinadas por el MIC; que la mayoría de estos módulos, que están ya disponibles a nivel nacional y por tanto no ocasionarían costes adicionales importantes, se mantendrían bajo su control, y que el despliegue de dichos módulos en situación de reserva («standby») constituiría el núcleo del sistema de protección civil de la UE para responder a las catástrofes en el interior y en el exterior de la Unión;
   q) Considera que la UE podría financiar módulos complementarios de protección civil para cubrir determinadas necesidades específicas en las que se han identificado deficiencias y respecto a las cuales el nivel europeo podría aportar valor añadido, al tiempo que destaca la importancia que revisten el aumento de la financiación del transporte y el desarrollo de módulos de transporte en situación de reserva («standby»);
   r) Destaca la necesidad de desarrollar un enfoque global y proactivo para responder a las catástrofes, de forma que se coordinen los diferentes instrumentos de acción de que disponen la UE y sus Estados miembros, como los dispositivos (civiles y militares) de gestión de las crisis, la ayuda financiera y el desarrollo de políticas sociales y ambientales; considera, en este mismo contexto, que debe gestionarse más eficientemente la transición entre la respuesta a las catástrofes y las consiguientes operaciones de reconstrucción; recuerda la propuesta de crear un Cuerpo Europeo de Voluntarios para la Ayuda Humanitaria, de conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa (artículo 214, apartado 5) y, al hilo de la celebración del Año Europeo del Voluntariado 2011, insta a la Comisión Europea y al Consejo a colaborar con el Parlamento Europeo en la elaboración de las normas y procedimientos para regular el funcionamiento de dicho Cuerpo tan pronto como sea posible, especialmente a la luz de iniciativas análogas emprendidas por algunos Estados miembros;
   s) Recuerda al Consejo que el uso de medios y capacidades militares en la respuesta a las catástrofes, especialmente en lo que se refiere a la asistencia en las áreas de la logística, el transporte y las infraestructuras para el apoyo de las operaciones humanitarias, debe tener carácter excepcional y que debe emplearse como «último recurso» y siempre de conformidad con los acuerdos vigentes, como el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y las directrices de Oslo sobre la utilización de los medios militares y de defensa civil en el socorro internacional en casos de catástrofe;
   t) Reconoce que los recursos de defensa militares y civiles deberían utilizarse en última instancia para hacer frente a las catástrofes, de conformidad con el Consenso Europeo sobre Ayuda Humanitaria y las directrices de Oslo; recuerda que los medios militares representan a menudo una importante contribución a la respuesta a las catástrofes, junto con la protección civil y la ayuda humanitaria, y señala que los recursos militares pueden ser necesarios para colmar lagunas críticas en las capacidades (en particular en lo que se refiere al transporte estratégico, los recursos especializados, la ingeniería pesada y el transporte en general); destaca, por tanto, la necesidad de desarrollar una estrategia global y de mejorar las sinergias entre las capacidades civiles y militares y de determinar aquellas áreas en las que los Estados miembros podrían aunar sus esfuerzos y capacidades a nivel de la UE con el fin de contribuir a la respuesta de la UE ante las catástrofes, un factor que revestiría una importancia particular en momentos económicamente difíciles;
   u) Destaca la necesidad de desarrollar las capacidades civiles de la UE de forma que tengan una disponibilidad permanente y sean operativas con independencia de las estructuras militares, así como de definir aquellas áreas en las que, con este fin, los Estados miembros podrían aunar sus esfuerzos y capacidades en el plano de la UE;
   v) Insta al Consejo y a la Comisión a cooperar en la aplicación de un plan de acción en materia de visibilidad que incluya medidas concretas para aumentar la visibilidad de la respuesta de la UE en caso de catástrofe;
   w) Alienta la utilización del sistema del Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) para hacer un seguimiento de las áreas potenciales de crisis, de forma que permita mejorar la preparación de las tareas de ayuda humanitaria, al tiempo que destaca la importancia fundamental que reviste la creación de un mecanismo de seguimiento de los esfuerzos desplegados por la UE y de evaluación de la ayuda prestada;
   x) Alienta la elaboración de presupuestos de investigación y de capacidades industriales (por ejemplo, en lo que se refiere a la disponibilidad de imágenes por satélite en el marco de la iniciativa GMES) con el fin de mejorar las fases de gestión de catástrofes;
   y) Invita al Consejo a que considere las anteriores recomendaciones cuando estudie la próxima comunicación de la Comisión sobre el refuerzo de la capacidad de reacción de la Unión Europea en caso de catástrofes, anunciada por la Comisión Europea, y cuando extraiga de ella las conclusiones que corresponda;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.

(1) DO C 286 de 27.11. 2009, p. 15.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0015.


Regulación de la negociación de instrumentos financieros – dark pools y otros instrumentos
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Resolución del Parlamento Europeo , de 14 de diciembre de 2010, sobre la regulación de la negociación de instrumentos financieros – dark pools y otros instrumentos (2010/2075(INI))
P7_TA(2010)0466A7-0326/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros (en lo sucesivo, la MiFID)(1),

–  Vista la Directiva 2003/6/CE sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado)(2),

–  Vistas las declaraciones realizadas por el G-20 el 2 de abril de 2009 en Londres, el 25 de septiembre de 2009 en Pittsburg y los días 26 y 27 de junio de 2010 en Toronto,

–  Visto el dictamen técnico del Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (CERV) destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID - Mercados de valores (ref. CESR/10-394),

–  Visto el dictamen técnico del CERV destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID - Información acerca de las operaciones (ref. CESR/10-292),

–  Visto el dictamen técnico del CERV destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID - Intermediarios y protección de inversores (ref. CESR/10-417),

–  Vista la consulta pública del CERV sobre cuestiones microestructurales de los mercados de acciones europeos (ref. CESR/10-142),

–  Visto el informe remitido a la Ministra francesa de Economía, Industria y Empleo sobre la revisión de la MiFID, de febrero de 2010,

–  Visto el informe de consulta de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) sobre las políticas en materia de acceso electrónico directo, de febrero de 2009,

–  Vistas las recomendaciones del Comité sobre los sistemas de pago y de liquidación (CSPL) y de la OICV a favor de las contrapartes centrales, de noviembre de 2004,

–  Visto el cuestionario (concept release) de la Securities and Exchanges Commission de los Estados Unidos, sobre la estructura del mercado de valores (nº 34-61358; informe nº S7-02-10),

–  Vistos el dictamen técnico del CERV destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID y las respuestas otorgadas a la solicitud de información suplementaria formulada por la Comisión Europea (ref. CESR/10-802, ref. CESR/10-799, ref. CESR/10-808, ref. CESR/10-859, ref. CESR/10-860),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0326/2010),

A.  Considerando que el G-20 estableció que ninguna entidad financiera, ningún producto financiero y ningún territorio deben quedar fuera del alcance de una regulación inteligente y una supervisión eficaz y acordó que todos los contratos normalizados de derivados de los mercados paralelos no regulados se negocien en mercados organizados o, en su caso, en plataformas de negociación electrónica,

B.  Considerando que la falta de transparencia y la subsiguiente opacidad de los modelos de riesgo en el sistema financiero fueron un factor agravante de la crisis financiera al facilitar la expansión de la desconfianza general y contribuir así a un espectacular descenso de la liquidez,

C.  Considerando que, cuando la MiFID entró en vigor, los objetivos clave eran la protección de los consumidores, la transparencia -en particular en lo que al proceso de formación de precios se refiere-, unos mercados eficientes y con liquidez, y la competencia en igualdad de condiciones, objetivos que aún no se han alcanzado y deben por tanto seguir siendo prioritarios; que, tras la crisis financiera, la limitación del riesgo sistémico también debe considerarse un objetivo prioritario en la revisión de la MiFID,

D.  Considerando que en la revisión de la MiFID conviene tener muy presente su importancia para la regulación de los flujos de capital hacia la economía real y, por consiguiente, su impacto potencial en el empleo, las inversiones y las pensiones,

E.  Considerando que hasta un 40 % del volumen de operaciones se realiza en mercados paralelos no regulados; que conviene animar a los participantes en el mercado a que efectúen más operaciones en centros de negociación organizados,

F.  Considerando que la inclusión en la MiFID de exenciones a los requisitos de transparencia prenegociación y el establecimiento de sistemas multilaterales de negociación (SMN) y plataformas de negociación anónima (dark pools) tenían por objeto facilitar la transición hacia unos centros de negociación más regulados y transparentes,

G.  Considerando que en la MiFID se definen las operaciones del mercado paralelo por su carácter ad hoc e irregular y por el hecho de que se realizan con contrapartes al por mayor, y que son parte de una relación comercial que se caracteriza por transacciones que exceden del volumen habitual del mercado y en la que las transacciones se realizan fuera de los sistemas que normalmente utiliza la empresa de que se trate para sus actividades como internalizador sistemático,

H.  Considerando que, a pesar de la existencia de exenciones en la MiFID para permitir la negociación anónima en los mercados regulados, del establecimiento de SMN e internalizadores sistemáticos y de la definición de los mercados paralelos no regulados como irregulares y ad hoc, las operaciones de estos mercados paralelos no regulados sin intervención de internalizadores sistemáticos siguen representando una gran proporción de las operaciones con acciones, pues suponen el 38 % de todas las operaciones notificadas de conformidad con el CESR/10-394, y que esa proporción no ha descendido desde la aplicación de la MiFID; considerando que conviene velar por una aplicación más estricta y efectiva de las normas y exenciones de la MiFID,

I.  Considerando que la fragmentación de los mercados de negociación de acciones ha tenido un impacto no deseado en la liquidez y la eficiencia de los mismos, debido a la disminución de la transparencia derivada del incremento de las plataformas anónimas y las redes de cruce de valores, y ha dado lugar a un número creciente de centros de negociación tanto bursátiles como extrabursátiles y a una progresión constante de la negociación tecnológica, así como a una disminución significativa del valor medio de las transacciones, que ha pasado de 22 266 euros en 2006 a 9 923 euros en 2009, aumentando así el coste total de las operaciones para algunos usuarios,

J.  Considerando que la disminución del tamaño de las transacciones ha reducido la capacidad de los participantes en el mercado para ejecutar de forma inmediata órdenes de gran magnitud en un mercado determinado y que el deseo de prevenir el impacto en el mercado de las órdenes de gran volumen ha fomentado la expansión de las operaciones en plataformas de negociación anónimas; que sólo se recurre a las exenciones de los requisitos de transparencia prenegociación previstas en la MiFID para menos del 10 % del total de las acciones negociadas en los mercados organizados del EEE (CESR/10-394), y que esas exenciones de los requisitos de transparencia permiten que la negociación en plataformas anónimas se realice de manera más transparente y mejor regulada que cuando esta negociación anónima se da en un mercado paralelo no regulado, pero considerando asimismo que la falta de una regulación suficiente de las operaciones realizadas en mercados paralelos no regulados, incluyendo las redes de cruce de valores entre operadores (broker crossing networks o BCN), otorga una ventaja competitiva a los mercados no regulados y fomenta el aumento de las operaciones opacas, socavando la transparencia del mercado en su conjunto; que, en total, cerca de la mitad de las operaciones no están sujetas actualmente a los requisitos de transparencia prenegociación, pero que la mitad de las transacciones de los mercados paralelos no regulados se encuentran por debajo del volumen normal del mercado y no exigen por tanto protección contra su impacto en el mismo,

K.  Considerando que, para garantizar una igualdad de condiciones, los modelos comerciales de las BCN deberían someterse a un análisis exhaustivo, con objeto de asegurar que, cuando estas ofrezcan servicios, es decir, cuando funcionen esencialmente como mercados regulados, SMN o internalizadores sistemáticos, estén reguladas como tales,

L.  Considerando que las ventajas de la competencia, en términos de unas infraestructuras de negociación más competitivas e innovadoras, no han quedado demostradas, pues no se han reducido los costes totales de las operaciones y ha aumentado la opacidad, al tiempo que resulta evidente que no se garantizan adecuadamente unas normas de calidad e integridad para todos los participantes en un mercado cada vez más fragmentado,

M.  Considerando que, dado que la negociación de alta frecuencia afirma proporcionar liquidez a los mercados, convendría elucidar si hay riesgos asociados a los sistemas electrónicos de órdenes y al importante volumen de operaciones atribuible a las estrategias de negociación de alta frecuencia, estimado en un 70 % en los Estados Unidos, en particular con vistas a las conclusiones de la Securities and Exchange Commission sobre el «colapso relámpago» acontecido el 6 de mayo de 2010, cuando los proveedores de liquidez que actúan conforme a estrategias de negociación de alta frecuencia se retiraron del mercado,

N.  Considerando que las estrategias de negociación de alta frecuencia son un fenómeno relativamente nuevo en Europa y que se calcula que actualmente representan el 35 % del volumen del mercado,

O.  Considerando que convendría prever una mayor transparencia mediante la información prenegociación y postnegociación de las operaciones para todas las clases de activos a fin de mejorar el sistema de alerta precoz para detectar posibles problemas y evaluar su magnitud, y de mejorar asimismo la eficiencia del proceso de formación de precios y fomentar la confianza entre los actores del mercado,

P.  Considerando que en las conclusiones del G-20 de los días 24 y 25 de septiembre de 2009 en Pittsburg se indicó que «todos los contratos de derivados normalizados de los mercados paralelos no regulados deben negociarse en mercados organizados o, en su caso, en plataformas de negociación electrónica»,

Q.  Considerando que las divergencias de transposición entre los Estados miembros han conducido a una aplicación incorrecta del marco de la MiFID,

Centros de negociación de la MiFID

1.  Reconoce que las infraestructuras del mercado se han mostrado sólidas durante la crisis y pide a la Comisión, no obstante, que refuerce las infraestructuras del mercado en todos los centros de negociación y sistemas de compensación para permitirles superar los riesgos futuros gracias a una mayor transparencia, a una solidez reforzada y a la supervisión reguladora de todas las operaciones agregadas;

2.  Se congratula de la propuesta de regulación de la Comisión para los derivados de los mercados paralelos no regulados, las contrapartes centrales y los registros de operaciones como condición previa para incrementar la transparencia y la seguridad en los mercados de instrumentos financieros y considera que se trata del primer paso para trasladar una importante porción de las operaciones de los mercados paralelos no regulados a los centros de negociación sujetos a las disposiciones de la MiFID;

3.  Propone que, en aras de un tratamiento equitativo, los SMN estén sujetos al mismo nivel de supervisión que la competencia entre dichos sistemas, y se hallen, por tanto, regulados de modo comparable, y considera que los mercados regulados deberían operar en igualdad de condiciones, al tiempo que destaca el importante cometido de los SMN para el acceso al mercado;

4.  Pide que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEMV) analice el funcionamiento y propósito del régimen de internalizadores sistemáticos, así como posibles mejoras a la regulación de esta categoría de plataformas con el fin de garantizar que se recurra a este régimen para la ejecución de órdenes de carácter bilateral con la contraparte financiera;

5.  Pide que las empresas de inversión que ofrezcan servicios de gestión de carteras y operen en el ámbito de la gestión de carteras cuenten con unas condiciones de ejecución óptimas por parte de las empresas de inversión en las que colocan órdenes, y ello incluso cuando el gestor de carteras entre dentro de la categoría de contraparte elegible de acuerdo con la MiFID;

6.  Pide a la AEMV que revise si la ejecución óptima sobre la base de orden por orden debe regularse mejor por lo que se refiere a la disponibilidad de los datos, tanto en los aspectos relativos a la prenegociación como a la calidad de la ejecución, así como por lo que se refiere a la tecnología de funcionamiento de los mercados, como los direccionadores de órdenes y las conexiones entre los centros;

7.  Aboga por la plena aplicación de las disposiciones de la MiFID para velar por que las BCN que lleven a cabo actividades equivalentes a las de un mercado regulado, un SMN o un internalizador sistemático estén reguladas como tales, e insiste en que, para facilitar tal aplicación, debería exigirse a todas las BCN que faciliten toda la información necesaria a las autoridades competentes, incluida información sobre:

   la naturaleza del sistema, del accionariado y de los clientes,
   las modalidades concretas de acceso al sistema,
   las órdenes aparejadas en el sistema,
   las metodologías de negociación y el margen de discreción del intermediario,
   las modalidades de comunicación inmediata de la información postnegociación;

8.  Pide que se analicen las operaciones con acciones de los mercados paralelos no regulados y reclama mejoras en la regulación de las operaciones extrabursátiles para velar por el incremento del recurso a los mercados regulados y a los SMN en la ejecución de órdenes de carácter multilateral, así como a los internalizadores sistemáticos en la ejecución de órdenes de carácter bilateral, y por un importante descenso de la proporción de las operaciones con acciones de los mercados paralelos no regulados;

9.  Pide que la Comisión estudie los efectos del establecimiento de un volumen mínimo de orden para todas las operaciones «oscuras», así como la posible aplicación rigurosa de esta regla, para mantener un flujo adecuado de operaciones a través de centros que operen de manera transparente en aras de la determinación de los precios;

Exenciones de los requisitos de transparencia prenegociación

10.  Pide a la Comisión que revise las exenciones de los requisitos de transparencia prenegociación que prevé actualmente la MiFID, para:

   examinar si podría introducirse un umbral mínimo adecuado para la exención relativa a los precios de referencia, a fin de fomentar el recurso a los centros que operan de forma transparente,
   examinar la posible ampliación de la exención relativa a los precios de referencia para incluir aquellas operaciones que se sitúen dentro de la horquilla observada en el mercado de referencia,
   introducir un volumen máximo de transacciones que podrían beneficiarse de las exenciones de los requisitos de transparencia prenegociación para garantizar una determinación eficiente de los precios,
   ofrecer a la AEMV la posibilidad de adaptar y restringir, en su caso, las exenciones de los requisitos prenegociación, teniendo presente el impacto de las plataformas anónimas en la eficiencia de los mercados;

11.  Aboga por una aplicación uniforme en todos los Estados miembros de las exenciones de los requisitos de prenegociación para limitar las diferencias de aplicación que pueden dar lugar a situaciones de inseguridad, a un arbitraje regulatorio y a unas condiciones de competencia desiguales; considera que una forma adecuada de lograr dicha aplicación uniforme sería a través de normas técnicas definidas por la AEMV, acogiéndose a la teoría de un código normativo único para los servicios financieros;

Información consolidada sobre cotizaciones

12.  Se congratula del reciente anuncio de los participantes en el mercado de ofrecer por separado su información prenegociación y post-negociación y aboga por redoblar los esfuerzos por lograr normas comunes de información y una mejor disponibilidad de ésta;

13.  Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo para superar las dificultades que impiden la consolidación de la información de mercado en Europa y, en particular, la mala calidad de la información facilitada para todas las operaciones;

14.  Pide a la AEMV que elabore normas y formatos comunes de notificación para la comunicación de todos los datos posnegociación, tanto de los centros de negociación organizados como de los mercados paralelos no regulados, con objeto de contribuir a obtener datos consolidados;

15.  Pide que se exija a todos los centros de notificación de operaciones que ofrezcan los datos prenegociación y posnegociación de forma desglosada para que puedan ponerse a disposición de todos los participantes en el mercado a un coste comercialmente razonable y comparable; pide, además, a la Comisión que estudie la posible introducción de formas de publicación aprobadas con vistas a establecer normas de calidad para la publicación de las operaciones y reducir el número de centros a los que estas puedan notificarse así como el uso de páginas web, que son un obstáculo a la consolidación;

16.  Aboga por la reducción del plazo previsto para la publicación aplazada de los datos, de modo que las operaciones se comuniquen a las autoridades de regulación en las veinticuatro horas siguientes a su realización; opina que, en lo que respecta a la publicación de las operaciones y en circunstancias normales, todo plazo superior a un minuto debería considerarse inaceptable;

17.  Considera esencial analizar la estructura y los modelos comerciales de las operaciones de los mercados paralelos no regulados y reclama, por consiguiente, la introducción de distintivos específicos en la transparencia prenegociación y posnegociación de las operaciones de los mercados paralelos no regulados para comprender mejor las características de tales operaciones y elucidar qué tipos de transacciones pueden realizarse legítimamente en centros paralelos no regulados en función de sus características especiales;

Cuestiones microestructurales

18.  Insiste en que, después del «colapso relámpago» en los Estados Unidos, todas las plataformas de negociación deben poder demostrar a las autoridades nacionales de supervisión que su tecnología y sistemas de control pueden superar el tipo de aluvión de órdenes sucedido el 6 de mayo de 2010 para garantizar que pueden llevar a cabo adecuadamente la actividad asociada con la negociación de alta frecuencia y la negociación algorítmica en circunstancias extremas, y demostrar que pueden recomponer sus registros de órdenes al final de la jornada, de manera que puedan señalarse las causas de una actividad inusual de los mercados e identificarse todo presunto abuso de mercado;

19.  Pide a la AEMV que examine los costes y beneficios de la negociación algorítmica y de alta frecuencia en los mercados y su repercusión en otros usuarios de los mercados, en particular los inversores institucionales, para determinar si el importante flujo de negociación que se genera automáticamente ofrece una auténtica liquidez al mercado y de qué manera afecta esto a la determinación global de los precios, así como los riesgos de abusos por manipulación del mercado que den lugar a una desigualdad de condiciones para los participantes en el mismo, y su impacto en la estabilidad general de los mercados;

20.  Reclama que se definan explícitamente como abuso de mercado la superposición (layering) y el envío de órdenes masivas de unos equipos a otros equipos (quote stuffing);

21.  Pide que se examine la posible regulación de las empresas que llevan a cabo estrategias de negociación de alta frecuencia para garantizar que disponen de sistemas y controles sólidos con revisiones periódicas de los algoritmos que utilizan y de una capacidad de supervisión intradiaria, y que pueden conocer en tiempo real las órdenes pendientes y el apalancamiento, y para que se pueda demostrar que cuentan con procedimientos de gestión firmes para hacer frente a acontecimientos excepcionales;

22.  Reclama que se examinen los desafíos que plantea la negociación de alta frecuencia en materia de supervisión del mercado; reconoce la necesidad de que los organismos de regulación dispongan de los medios adecuados para detectar y supervisar eventuales conductas abusivas; pide, en este contexto, que se informe a las autoridades competentes de todas las órdenes recibidas por lo mercados regulados y los SMN, así como sobre las operaciones ejecutadas en esas plataformas;

23.  Aboga por que todos los centros de negociación que permitan la ubicación compartida de servidores informáticos, ya sea directamente o a través de terceros proveedores de datos, garanticen la igualdad de acceso a todos los clientes afectados por la misma ubicación compartida y, en la medida de lo posible, con las mismas condiciones de tiempo de latencia de las infraestructuras, a fin de respetar las prácticas no discriminatorias en las que hace hincapié la MiFID;

24.  Pide a los organismos reguladores que regulen el acceso patrocinado y, a la Comisión, que estudie medidas adicionales, incluidas las siguientes:

   la prohibición expresa del acceso patrocinado sin filtros a las empresas, independientemente de que pertenezcan o no al mismo grupo empresarial que el patrocinador,
   la exigencia a los operadores por cuenta ajena/propia y a las sociedades de inversión de que establezcan, documenten y mantengan un sistema de control de la gestión de riesgos, tanto prenegociación como posnegociación, así como procedimientos de supervisión para gestionar los riesgos financieros, reglamentarios y de otro tipo relacionados con el acceso al mercado;

25.  Insta a la AEMV a que, sin perjuicio de la necesaria aplicación de salvaguardias, investigue más a fondo si el acceso patrocinado rebasa los límites del acceso no discriminatorio;

26.  Pide a la Comisión que adopte los principios que está desarrollando el Comité Técnico de la OICV sobre el acceso electrónico directo, incluido el acceso patrocinado, y en los que se abordarán los criterios para la selección de los clientes con derecho de acceso patrocinado y la relación contractual entre la plataforma, el miembro y el cliente, concretando sus respectivas responsabilidades de uso y estableciendo unos controles y filtros adecuados;

27.  Opina que, para cumplir el principio de igualdad de trato de todos los inversores, debe descartarse expresamente la práctica de las órdenes relámpago;

28.  Aboga por que la AEMV investigue las estructuras de las comisiones para garantizar que las comisiones por ejecución de operaciones, las comisiones por servicios accesorios y otros incentivos conexos sean transparentes, no discriminatorios y coherentes con un proceso fiable de formación de precios, y que su diseño y aplicación sea tal que no fomente la negociación con fines inadecuados, y por que evalúe si los usuarios que emiten órdenes deberían abonar una comisión mínima, independientemente de que esas órdenes se ejecuten o no, ya que la infraestructura del mercado debe en todo caso tramitarlas;

29.  Propone a la AEMV que realice un estudio sobre un modelo de comisiones maker/taker (proveedor de liquidez/comprador de liquidez) para determinar si los beneficiarios de una estructura de comisiones más favorable como la del modelo maker deberían también estar sometidos a las obligaciones formales y a la supervisión impuestas a los creadores de mercado;

30.  Solicita que la AEMV supervise y defina medidas de desarrollo que permitan aplicar un sistema sólido de interrupción y cortocircuito de las operaciones para frenar la volatilidad, que actúe de forma simultánea en toda la UE, con objeto de evitar un «colapso relámpago» similar al que se produjo en los Estados Unidos;

Ámbito de aplicación

31.  Solicita que ningún participante de un mercado no regulado pueda tener acceso directo o patrocinado sin filtros a los centros de negociación oficiales, y que se exija a los participantes del mercado importantes que negocien por cuenta propia que se registren ante el organismo regulador y acepten que su actividad negociadora se someta a un nivel adecuado de supervisión y control con fines de estabilidad;

32.  Solicita que las actividades de negociación por cuenta propia llevadas a cabo por medio de estrategias de negociación algorítmica por entidades no reguladas puedan realizarse únicamente a través de una contraparte financiera regulada;

33.  Aboga por la extensión del ámbito de aplicación del régimen de transparencia de la MiFID a todos los instrumentos asimilables a las acciones, incluidos los certificados de depósito, los fondos cotizados (exchange traded funds), las materias primas cotizadas (exchange traded commodities) y los certificados;

34.  Pide a la Comisión y a la AEMC que estudien la introducción, para todos los instrumentos financieros distintos de las acciones, incluidos los mercados de obligaciones estatales y empresariales y los instrumentos derivados que puedan compensarse a través de contrapartes centrales, de un requisito de transparencia prenegociación y post-negociación que deberá aplicarse de manera diferenciada a cada tipo de activo, en su caso, y que se combinará al mismo tiempo con medidas destinadas a asegurar una mayor normalización de los productos derivados negociados en mercados no regulados, con objeto de permitir la aplicación de una mayor transparencia;

35.  Considera, a la luz de las experiencias adquiridas con la calidad de los datos y la consolidación de los datos posnegociación de las acciones europeas, que la Comisión debería velar por que los datos relativos a los productos distintos de las acciones se ofrezcan en un formato ya consolidado;

36.  Respalda la intención de la Comisión de aplicar a los instrumentos derivados una amplia gama de las disposiciones de la MiFID, ya que la negociación de dichos productos se realiza cada vez más en centros de negociación organizados y está sometida a una normalización creciente y a unas obligaciones de compensación central;

37.  Reclama una propuesta de la Comisión para velar por que todos los contratos de derivados de los mercados paralelos no regulados que puedan normalizarse se negocien en plataformas bursátiles o electrónicas, en su caso, para garantizar que el precio de esos contratos se forme transparente, equitativa y eficientemente, sin que se produzcan conflictos de intereses;

38.  Solicita la revisión de la normativa de la OICV para las cámaras de compensación, los sistemas de liquidación de valores y los sistemas de pago de importancia sistémica, con objeto de incrementar la transparencia del mercado;

39.  Considera necesario que los organismos de regulación tengan acceso en todos los diferentes mercados físicos y financieros de materias primas a la misma información para percibir las tendencias e interrelaciones, y pide a la Comisión que coordine los esfuerzos al respecto tanto en el seno de la UE como a escala mundial;

o
o   o

40.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Banco Central Europeo.

(1) DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
(2) DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.


Refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea - Plan de Acción QBRN de la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea - Plan de Acción QBRN de la UE (2010/2114(INI))
P7_TA(2010)0467A7-0349/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 2, apartado 5, 67, 74, 196 y 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Programa del Consejo y de la Comisión, de 20 de diciembre de 2002, de mejora de la cooperación en la Unión Europea para prevenir y limitar las consecuencias de amenazas terroristas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares (Programa QBRN 2002)(1),

–  Vista la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo(2), modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo(3),

–  Vista la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores,

–  Vista la Estrategia Europea de Seguridad 2003 «Una Europa segura en un mundo mejor», aprobada por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 12 de diciembre de 2003, así como la Estrategia de Seguridad Interior de la UE(4) para 2010 y la Comunicación de la Comisión sobre la misma (COM(2010)0673),

–  Visto el Programa de solidaridad de la UE, de 2004, sobre las consecuencias de las amenazas y ataques terroristas(5),

–  Vistos la Estrategia de la Unión Europea en la Lucha contra el Terrorismo 2005, aprobada por el Consejo Europeo de Bruselas el 1 de diciembre de 2005(6), y el Plan de Acción para su aplicación(7),

–  Visto el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015(8), tal como se aprobó en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada del 18 al 22 de enero de 2005 en Japón,

–  Visto el Séptimo Programa Marco para acciones de investigación y desarrollo tecnológico(9), en especial la financiación del proyecto QBRN Emap(10),

–  Vista la Decisión 2007/162/CE, Euratom, del Consejo, de 5 de marzo de 2007, por la que se establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil(11),

–  Vista la Decisión 2007/779/CE, Euratom del Consejo, de 8 de noviembre de 2007, por la que se establece un Mecanismo Comunitario de Protección Civil (refundición)(12),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso(13),

–  Vista la Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección(14), específicamente en el caso de acciones con repercusiones transfronterizas, en la que, entre otras cosas, se establecen orientaciones para un enfoque integrado al aumento de capacidades para la protección de infraestructuras críticas a escala de la UE, incluida la necesidad de una Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas (CIWIN), y se asigna a la Comisión la función de presentar propuestas y garantizar la coordinación en relación con la mejora de la protección de dichas infraestructuras críticas,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea – un Plan de Acción QBRN comunitario (COM(2009)0273),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN) en la Unión Europea - Plan de Acción QBRN de la UE(15),

–  Visto el Programa de Estocolmo ‐ Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano(16),

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros (COM(2010)0386),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos – Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo» (COM(2010)0171),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre cuestiones de QBRN y sobre prevención y respuesta ante catástrofes, y, en este sentido, su reciente Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el terremoto de Haití(17), que pide la creación de una fuerza de Protección Civil de la UE,

–  Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión: «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»(18),

–  Vista la propuesta revisada de la Presidencia del Consejo, de 25 de octubre de 2010, sobre el proyecto de conclusiones del Consejo sobre la preparación y la respuesta en caso de que se produzca un ataque de tipo QBRN, elaborado sobre la base de los objetivos definidos en la acción H.29 del Plan de Acción QBRN de la UE(19), tal como fue aprobada por el Consejo el 8 de noviembre de 2010,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanitaria» COM(2010)0600),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0349/2010),

A.  Considerando que la UE cuenta en su haber una larga participación en los programas QBRN, después de las conclusiones del Consejo Europeo de Gante de 19 de octubre de 2001 y del Consejo Europeo de Laeken de 13-14 de diciembre de 2001; que en 2002 se adoptó un programa QBRN, que fue sustituido en 2004 por el Programa de Solidaridad de la UE, y que el Consejo aprobó el 12 de noviembre de 2009 un nuevo Plan de Acción QBRN de la UE,

B.  Considerando que una catástrofe QBRN, sea accidental o provocada por un atentado terrorista, supondría una grave amenaza para la seguridad y la salud de las personas que viven en la UE y afectaría a sus vidas, el medio ambiente y sus bienes, incluido el patrimonio cultural, y en el funcionamiento de la sociedad en uno o varios Estados miembros de la Unión, debido a las perturbaciones que ocasionaría en las infraestructuras críticas y en las capacidades de gobierno fundamentales,

C.  Considerando que tanto el Consejo como la Comisión están de acuerdo en que el número de incidentes relacionados con material QBRN, incluidas las acciones terroristas, es relativamente bajo hasta hoy, y que la mayoría de catástrofes relacionadas con sustancias QBRN se deben a accidentes industriales o al aumento y a la difusión mundial de patógenos peligrosos,

D.  Considerando que el riesgo existente y continuado de catástrofes de tipo QBRN en territorio de la Unión Europea, sea accidental o intencionado, pone gravemente en peligro el pleno disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales, y contradice la promesa de establecer y desarrollar un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia,

E.  Considerando que uno de los mayores riesgos QBRN deriva de la proliferación de material QBRN por parte de organizaciones terroristas, y que, por consiguiente, una medida importante se refiere al fortalecimiento del régimen de no proliferación y desarme mediante la aplicación universal y completa de todos los tratados y acuerdos internacionales pertinentes ‐esto es, el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y la Convención sobre Armas Biológicas (CAB)‐, así como a la conclusión de un acuerdo sobre un tratado que prohíba la producción de materiales fisibles destinados a la fabricación de armas nucleares (Tratado de cesación de la producción de materiales fisibles),

F.  Considerando que la fabricación, la posesión, la adquisición, el transporte, el suministro y la utilización de armas y explosivos o de armas nucleares, biológicas o químicas, así como la investigación y el desarrollo de armas biológicas o químicas y la formación en la fabricación o la utilización de explosivos, armas de fuego u otras armas para fines ilegales forma parte de la definición por parte de la UE de los conceptos de terrorismo y adiestramiento de terroristas a que se refieren las Decisiones marco del Consejo 2002/475/JAI y 2008/919/JAI,

G.  Considerando que las medidas relativas a las sustancias QBRN constituyen una de las piedras angulares de la estrategia de la UE contra el terrorismo, y que, por consiguiente, el 30 de noviembre de 2009 el Consejo aprobó un Plan de Acción QBRN de la UE,

H.  considerando que el problema de la mala utilización de determinados productos químicos, disponibles en el mercado para el público en general, como precursores de explosivos caseros, puede dar lugar a una serie de ataques terroristas y otros incidentes delictivos en la UE; considerando que ello requiere una supervisión y un control fuertes de la aplicación de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (COM(2010)0473),

I.  Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa requiere un nuevo equilibrio de responsabilidades entre las diferentes instituciones de la UE, por un lado, y la UE y sus Estados miembros, incluidos los conocimientos en el ámbito de la defensa, por otra, y que la construcción de este nuevo marco es un proceso continuo que presupone una noción de valores y objetivos comunes,

J.  Considerando que, en principio, los Estados miembros son responsables de la política QBRN) pero que, no obstante, son necesarias una cooperación y una coordinación estrechas en el ámbito de la UE,

K.  Considerando que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ofrece oportunidades para mejorar la respuesta global de la UE a las crisis mediante acciones efectuadas con arreglo al Instrumento de Estabilidad,

L.  Considerando que la finalidad del Plan de Acción QBRN de la UE es garantizar una interacción eficaz entre las iniciativas nacionales y la UE para afrontar los riesgos QBRN y preparar las respuestas necesarias, de forma que se haga hincapié tanto en la coordinación «horizontal» entre la Comisión y los Estados miembros como en la coordinación «vertical» entre los instrumentos de la UE y los de los Estados miembros, con el fin de aumentar la eficacia y la rapidez en lo que se refiere al intercambio de información y de mejores prácticas, la elaboración de informes de evaluación en todas las fases, la planificación conjunta, el desarrollo de procedimientos y ejercicios operativos y la puesta en común eficiente de los recursos existentes,

M.  Considerando que varios organismos coercitivos en el ámbito penal de la UE participan en las medidas QBRN ‐por ejemplo, Europol‐ por medio de la creación de una base de datos sobre explosivos y del sistema de alerta rápida para explosivos y sustancias QBRN, y que esta situación reclama el establecimiento de procedimientos adecuados para el ejercicio del control que incumbe al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales, tal como contempla por ejemplo el artículo 88 del TFUE,

N.  Considerando que los riesgos para la salud y la prevalencia de agentes patógenos peligrosos son cada vez mayores en la UE y a nivel mundial, como quedó demostrado con el reciente brote de gripe A (H1N1),

O.  Considerando que los problemas de contaminación del medio ambiente, incluidos los de carácter transfronterizo, pueden deberse a incidentes QBRN, lo que hace necesario incluir estrategias de recuperación y descontaminación en la política QBRN de la UE,

P.  Considerando que el objetivo general de la nueva política QBRN de la UE es «reducir la amenaza y el daño de los incidentes QBRN a los ciudadanos de la Unión Europea» y que esto debe lograrse «minimizando la probabilidad de que se produzcan incidentes QBRN y limitando sus consecuencias en caso de que se materialicen»,

Q.  Considerando que la Comisión, en su Comunicación sobre el papel de la UE en la salud mundial(20), reconoce la necesidad de coordinar medidas en el ámbito de la UE y a nivel mundial para responder rápidamente a las amenazas a la salud y se compromete a mejorar la preparación y los mecanismos de respuesta a las epidemias o los brotes de enfermedades, incluidos actos deliberados como los de bioterrorismo,

R.  Considerando que, en comparación con la tecnología nuclear y sus precursores, los materiales biológicos como el carbunco (o ántrax) son más baratos y mucho más fáciles de adquirir y de difundir, lo que ofrece la posibilidad de ataques terroristas no convencionales que constituyan amenazas graves a largo plazo para la salud y el medio ambiente, incluyendo el suministro de alimentos y la agricultura,

S.  Considerando que el personal de primera intervención, incluida la policía y los servicios de bomberos y ambulancias, no pueden atender a las víctimas en el lugar donde se ha producido un incidente QBRN sin poner en riesgo su seguridad personal a menos que hayan recibido una protección previa a la exposición en forma de contramedidas médicas y formación adecuada,

T.  Considerando que las reservas regionales de contramedidas médicas ofrecen una protección adecuada para los ciudadanos al ofrecer un equilibrio entre la protección de la salud pública y las cuestiones económicas, y aseguran al mismo tiempo la responsabilidad y solidaridad del Estado miembro,

U.  Considerando que la Organización Mundial de la Salud, con su programa Alerta y Respuesta Mundiales(21), trata de reforzar la seguridad biológica y la preparación para hacer frente a brotes de agentes patógenos peligrosos y emergentes,

V.  Considerando que la UE participa activamente, a través de sus Estados miembros y de la Comisión Europea, en los debates de la Iniciativa Global para la Seguridad Sanitaria, que tiene por objeto lograr una acción mundial concertada para reforzar la preparación en materia de salud pública y dar respuesta a la amenaza del terrorismo internacional biológico, químico y radionuclear,

W.  Considerando que la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear no sólo se ve amenazada por ataques terroristas o por negligencia sino, también, por las zonas que están contaminadas en la actualidad por armas químicas que datan de la Segunda Guerra Mundial y que fueron depositadas en los fondos marinos o en depósitos de residuos nucleares de la UE,

X.  Considerando que el nivel adecuado de seguridad química, biológica, radiológica y nuclear de la UE depende, asimismo, del nivel de seguridad aplicado en los terceros países,

Y.  Considerando que la utilización de nuevas tecnologías en la planificación de nuevos actos terroristas puede dar lugar a nuevas amenazas para la seguridad, mientras que las normas de seguridad no se adaptan al progreso tecnológico con la suficiente rapidez,

Z.  Considerando que es necesario un examen minucioso de algunas normas aplicables en la actualidad para establecer requisitos de seguridad necesarios y suficientes,

AA.  Considerando que el Plan de Acción QBRN de la UE se divide en tres partes principales ‐esto es, prevención, detección y preparación y respuesta‐ y que incluye un cuarto capítulo dedicado a las acciones aplicables a la prevención, la detección y la respuesta QBRN, y que el reconocimiento de la importancia de cada una de las fases es un elemento crucial para garantizar la correcta aplicación de los estudios de evaluación de riesgos, las respuestas y las medidas de reacción, adoptando un enfoque transversal y transfronterizo en lo que se refiere a las sustancias QBRN, esto es, mediante una asignación adecuada de objetivos y acciones cuantificables en cada fase,

AB.  Considerando que las modificaciones introducidas por el Consejo en el actual Plan de Acción QBRN de la UE propuesto por la Comisión debilitan dicho plan, en la medida en que confieren un carácter no vinculante al compromiso de los Estados miembros y atenúan las medidas previstas, muchas de las cuales se mantienen a nivel nacional en lugar de adquirir una dimensión europea, al tiempo que socavan el cometido de supervisión y control de su aplicación por la Comisión, que en algunos casos ni siquiera ve reconocida su condición de parte interesada junto con los Estados miembros,

Orientaciones generales

1.  Señala que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Plan de Acción QBRN de la UE reclama una nueva distribución de competencias entre los Estados miembros y la UE, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del TFUE en relación con los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad, y que el Plan de Acción QBRN de la UE abarca el ámbito de competencias internas compartidas (artículo 4 del TFUE) en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia, las consideraciones de seguridad común y el transporte, así como las medidas relativas a la protección civil (artículo 196 del TFUE) y las acciones exteriores de la Unión (artículos 21 y 22 del TFUE);

2.  Señala, no obstante, que la aplicación del sistema común de seguridad QBRN no debería reducir las competencias de los Estados miembros en este ámbito;

3.  Considera que el Plan de Acción será una herramienta esencial para garantizar la buena coordinación de las iniciativas nacionales y europeas en la lucha contra las amenazas QBRN;

4.  Reconoce que es fundamental aprovechar los conocimientos pertinentes y evitar la duplicación, la fragmentación y la falta de coherencia en los esfuerzos desplegados por las instituciones de la UE y/o los Estados miembros en las zonas de seguridad y de defensa en las que el derecho fundamental a la vida corre riesgos, y en las que la negligencia y el laxismo pueden tener consecuencias incalculables;

5.  Destaca que la UE debería reforzar su enfoque común en materia de prevención, detección y respuesta en el ámbito de las sustancias QBRN por medio de la creación de mecanismos específicos (instrumentos normativos, legislativos o no legislativos) que confieran un carácter obligatorio a la cooperación y la puesta a disposición de medios de asistencia en caso de una catástrofe QBRN causada por un accidente o por un ataque terrorista; recuerda que el objetivo principal de las instituciones de la UE debería consistir en garantizar la eficacia de una respuesta nacional o transnacional a un accidente o un ataque terrorista QBRN sobre la base de la solidaridad de la UE, de forma coordinada bajo los auspicios de la Comisión y con una dimensión paneuropea;

6.  Recuerda que el Plan de Acción QBRN de la UE ofrece una oportunidad para que la UE y sus Estados miembros encuentren los medios legislativos para aplicar efectivamente la cláusula de solidaridad a que se refiere el artículo 222 del TFUE, y que los Estados miembros deben estar informados de sus planes y mejores prácticas respectivos para hacer frente a las catástrofes QBRN, sean accidentales o provocadas, de tal manera que puedan prestarse asistencia mutua de forma coordinada y eficaz;

7.  Destaca que es esencial fortalecer el alcance de la intervención normativa y reguladora de la Comisión, a la que se concede en la versión actual del Plan de Acción QBRN de la UE un cometido excesivamente ambiguo con respecto a muchos de los objetivos y acciones previstos; insiste, por tanto, en que se invite a la Comisión a presentar propuestas legislativas, en la medida de lo posible, en todos los ámbitos cubiertos por el Plan de Acción, al tiempo que reitera que sólo será posible colmar las lagunas en los esfuerzos desplegados por cada uno de los Estados miembros si se confía a la Comisión un cometido regulador importante;

8.  Reitera que el compromiso de los Estados miembros en el ámbito del control de las sustancias QBRN debe rebasar el simple intercambio de información y de mejores prácticas, y que también deberían compartirse/ponerse en común las tecnologías y las infraestructuras, con el fin de impedir los solapamientos y la malversación de de recursos, creando sinergias valiosas y rentables en el plano de la UE; pide a los Estados miembros que se pongan de acuerdo sobre los métodos de detección y prevención de catástrofes QBRN, sobre el transporte de sustancias QBRN en el seno de la UE y sobre las medidas de respuesta, incluidos el intercambio de información del ámbito QBRN y la asistencia transfronteriza;

9.  Invita, por tanto, a los Estados miembros más avanzados en el ámbito de la seguridad interior, a pesar de que sea una cuestión delicada y eminentemente nacional, a compartir sus datos, tecnologías e infraestructuras y a poner en marcha proyectos estratégicos conjuntos, como se ha indicado más arriba; pide a la Comisión y el Consejo que creen y pongan al día regularmente una base de datos de las contramedidas médicas disponibles en los Estados miembros para responder a los incidentes QBRN, favorecer el reparto de las capacidades existentes y coordinar una política de compra rentable de dichas contramedidas;

10.  Pide que se elaboren normas europeas de calidad y seguridad y que se desarrollen un sistema y una red de laboratorios europeos para la certificación de equipos y tecnologías de seguridad QBRN; destaca que es necesario aplicar procedimientos de contratación y normas de seguridad estrictos al personal que trabaja en las instalaciones con acceso a agentes nocivos; solicita que se intercambien y se utilicen los conocimientos y la experiencia tanto en el ámbito civil como en el militar; destaca que, también bajo la dirección de la Comisión, debe preverse la financiación indispensable de la investigación y el desarrollo, con el fin de garantizar que se lleven a cabo programas de investigación aplicada y demostración con una dimensión europea; hace hincapié, asimismo, habida cuenta de la fragmentación de este mercado, en la necesidad de desarrollar una política industrial de la UE en el ámbito de la seguridad civil, de forma que se aliente la cooperación empresarial en la UE y se apoye específicamente a las pequeñas y medianas empresas y a las pequeñas y medianas industrias (PYME/PYMI), que crean una importante cuota de innovación bajo el programa PM7/Seguridad, y de llevar a cabo esfuerzos para estimular la cooperación (en especial la transfronteriza) entre las empresas europeas; espera que se cree una capacidad global de gestión de proyectos para gestionar todos los aspectos de los proyectos de seguridad QBRN, que cubra todo el ciclo de vida de la amenaza QBRN: prevención, detección y reacción; pide a la Comisión que proponga una estrategia para desarrollar la industria de la biodefensa en Europa;

11.  Celebra que se aborde la protección QBRN como una cuestión del Marco Europeo de Cooperación para la investigación en materia de seguridad y defensa entre la Comisión, la Agencia espacial Europea (AEE) y la Agencia Europea de Defensa (AED); Destaca que la complementariedad, la coordinación y la sinergia entre la inversión en investigación y tecnología de defensa y la inversión en investigación en el ámbito de la seguridad civil de la Comisión, en el marco del Séptimo Programa Marco, requieren una mejora efectiva de las condiciones jurídicas pertinentes que establecen el intercambio de información dentro del Marco Europeo de Cooperación y entre las actividades a escala nacional y de la UE, tal como se prevé en la Decisión del Consejo 2006/971/CE, de 19 de diciembre de 2006, relativa al programa específico Cooperación por el que se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013)(22); invita a llevar a cabo una investigación aplicada a nivel europeo en materia de seguridad de las instalaciones, con el fin de preservar las poblaciones y el medio ambiente, y a impulsar grandes programas de demostración; alienta la creación de centros que reúnan los conocimientos especializados en las amenazas QBRN y la movilidad de los investigadores;

12.  Insiste en que se apliquen garantías y medidas de seguridad apropiadas en el marco del tratamiento de las bases de datos comunes de los Estados miembros y de los datos de investigación sensibles, ya que un enfoque orientado hacia la seguridad de los datos favorecerá el refuerzo de la cooperación y la puesta en común de la información entre las autoridades y los órganos de los Estados miembros;

13.  Destaca la importancia de una mejor preparación, y pide que se complete regularmente un inventario de las capacidades y activos nacionales, además de ejercicios conjuntos entre los Estados miembros;

14.  Pide la creación urgente de un mecanismo europeo de respuesta a las crisis basado en los servicios de la Comisión y encargado de coordinar los medios civiles y militares, con el fin de garantizar que la UE disponga de una capacidad de respuesta rápida que le permita afrontar una catástrofe QBRN, al tiempo que reitera su llamamiento en favor de la creación de una fuerza europea de protección civil, basada en el actual mecanismo de protección civil de la UE, que permita a la Unión reunir los recursos necesarios para prestar ayuda de emergencia, incluida ayuda humanitaria, en el plazo de 24 horas después del desencadenamiento de una catástrofe QBRN dentro o fuera del territorio de la UE; Destaca que también deberían tenderse puentes y anudarse relaciones de asociación adecuadas entre organismos como Europol, Interpol y las autoridades coercitivas de los Estados miembros, con el fin de crear una red apropiada, eficaz y proactiva de anticipación/seguimiento en tiempo real de las situaciones de emergencia y adoptar las medidas de intervención y coordinación operativa oportunas para hacer frente a las catástrofes QBRN; subraya la necesidad de informar a la Comisión; recuerda el informe Barnier titulado «Por una fuerza de protección civil europea: Europe Aid»(23), que el Parlamento apoyó decididamente y, en este contexto, acoge favorablemente la buena disposición de la Comisión para crear una Capacidad Europea de Reacción Urgente, tal como se menciona en la Comunicación de la Comisión titulada «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanitaria» (COM(2010)0600);;

15.  Aboga por servirse de la dualidad civil-militar de las tecnologías como fuente de sinergias; aconseja, en el marco de unos ejes de colaboración estratégica bien definidos, la cooperación con la (AED), con países de la OTAN, como los Estados Unidos y Canadá, y países terceros pioneros en el ámbito de la seguridad QBRN, mediante los intercambios de buenas prácticas, los diálogos estructurados entre expertos y el desarrollo común de capacidades; subraya que es importante que los Estados miembros de la Unión Europea realicen ejercicios comunes de prevención y lucha contra los incidentes vinculados a la seguridad QBRN, ejercicios en los que deberán participar las fuerzas armadas, las fuerzas de protección civil de los Estados miembros y el mecanismo de protección civil de la UE;

16.  Constata que el actual mecanismo de protección civil de la UE, tal como se define en la Decisión del Consejo 2007/779/CE, es actualmente el dispositivo adecuado para hacer frente a las catástrofes QBRN, y destaca que dicha estructura debería ser el foro en el que deberían tomarse las decisiones de emergencia relativas a los preparativos y las respuestas relacionados con las catástrofes QBRN; señala sin embargo que, con el fin de alcanzar este objetivo y garantizar de forma adecuada la prevención y la detección, debe establecerse una relación de cooperación con los organismos de protección civil, los servicios de información y las autoridades coercitivas, así como con los servicios de seguridad, los centros militares de información y respuesta en cada uno de los Estados miembros y en el plano de la UE, por ejemplo la infraestructura de planificación y gestión civil (CPCC) del Comité Político y de Seguridad (PSC) y el centro común de crisis SitCen; recuerda asimismo la función del comité permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI), que está encargado de facilitar, promover y reforzar la cooperación operativa entre las autoridades nacionales pertinentes de los Estados miembros de la UE en el ámbito de la seguridad interna;

17.  Recuerda que el Centro de Situación Común (SitCen) ha sido encuadrado en el nuevo Servicio de Acción Exterior y que su personal procede principalmente de los servicios de inteligencia y de policía de los Estados miembros; subraya que su función es sumamente importante para facilitar apoyo a los centros nacionales de gestión de crisis;

18.  Pide a los Estados miembros que coordinen sus esfuerzos, bajo la supervisión de la Comisión, con el fin de mejorar la interoperabilidad de los equipos, las capacidades y las tecnologías en el ámbito de la protección civil de manera que pueda ponerse en práctica eficazmente la nueva cláusula de solidaridad en caso de una catástrofe de tipo QRBN;

19.  Destaca que el fortalecimiento de las capacidades de la UE en materia de protección civil debe incluir, además, la exploración de las tecnologías, las capacidades y las infraestructuras de doble uso, así como la cooperación estratégica con la Agencia Europea de Defensa (AED) en las condiciones mencionadas más arriba, la Agencia Espacial Europea (AEE), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y los demás centros o programas internacionales de excelencia en el ámbito de las sustancias QBRN;

20.  Insta a los Estados miembros a designar o crear una autoridad nacional que, en caso de un ataque o catástrofe QBRN, asumiría la responsabilidad de actuar como coordinador principal de todos los organismos nacionales y locales implicados, y de todas las contramedidas adoptadas para responder en tal situación;

21.  Comparte la apreciación de que los ataques con materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) son una grave amenaza para la seguridad de las personas que viven en UE, y apoya en consecuencia todas las medidas que ofrecen una mayor protección contra tales ataques;

22.  Subraya que las actividades de lucha contra el terrorismo deben llevarse a cabo dentro del pleno respeto del Derecho internacional de los derechos humanos y de los principios y valores en materia de los derechos fundamentales europeos, incluido el principio del Estado de Derecho; pone de relieve la necesidad de respetar los principios de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente;

23.  Recuerda que impedir el acceso de los terroristas a las sustancias QBRN constituye una prioridad fundamental de la Estrategia de la Unión Europea en la Lucha contra el Terrorismo, del año 2005, de la futura estrategia en este ámbito y de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores, del año 2003; pide, por consiguiente, que el coordinador de la lucha antiterrorista de la UE informe regularmente al Parlamento, a través de los expertos y de las agencias de la UE adecuados y pertinentes, sobre el nivel de riesgo y amenazas potenciales relacionados con sustancias QBRN en el interior de la Unión o que afecten a los ciudadanos o a los intereses de la UE en cualquier otro lugar del mundo; reitera que es necesario aclarar en mayor medida los cometidos apropiados de los diferentes organismos de la UE y nacionales que participan en la lucha contra el terrorismo; reconoce, en este mismo contexto, la función de coordinación del COSI y del SitCen; pide que el Parlamento, como único órgano de la UE elegido por sufragio directo y en el marco de sus prerrogativas, ejerza el control democrático de estos dos organismos, para lo cual debe ser informado puntual y completamente sobe sus actividades en una forma que permita mantener la seguridad de su funcionamiento;

24.  Insta a las instituciones de la UE a que mantengan el control democrático y la transparencia en lo relativo al desarrollo y la aplicación de todas las partes del Plan de Acción QBRN de la UE, respetando el derecho de acceso público a toda la información y a la documentación relevante que tenga relación con la seguridad pública y con los riesgos diarios asociados con las catástrofes de carácter QBRN;

25.  Pide que se integren las medidas previstas en el Plan de Acción QBRN en todos los instrumentos de relaciones exteriores de la Unión en el ámbito de la cooperación económica y el diálogo político con terceros países (incluidas las cláusulas de no proliferación de la UE); insta a la Comisión y al Consejo a que se sirvan, en su diálogo político y económico con terceros países, de todos los medios disponibles (incluidos la política exterior y de seguridad común y los instrumentos de relaciones exteriores) para promover normas de detección, prevención, incluido el intercambio de información, y respuesta con respecto a los incidentes QBRN que tengan lugar en terceros países, tal como se indica en el Plan de Acción;

26.  Insiste en el estrecho vínculo y en el efecto espejo entre la seguridad en el interior y la seguridad en el exterior de la Unión Europea; acoge las acciones llevadas a cabo por los centros regionales de excelencia QBRN en las zonas de tensión fuera de la Unión Europea con vistas a favorecer un trabajo de peritaje en red, a mejorar las capacidades de control de las exportaciones y de prevención de los tráficos ilícitos de sustancias QBRN, y a reforzar el arsenal reglamentario de esos Estados y la cooperación regional en ese ámbito; aboga por formar en Europa a expertos internacionales de los países en riesgo, respetando las reglas de seguridad y de confidencialidad pertinentes;

27.  Insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que no cedan a las presiones que cabe esperar del sector empresarial y de otras partes interesadas con el fin de eludir las obligaciones que comporta una mayor regulación (como se desprende claramente de la comparación entre las versiones de la Comisión y del Consejo del Plan de Acción QBRN de la UE); considera que deberían tenerse debidamente en cuenta las preocupaciones del sector empresarial sobre la calidad y el impacto de las medidas reguladoras propuestas, sin perder de vista lo que está realmente en juego, que no es otra cosa que el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de toda la población y las sociedades de Europa; hace hincapié en la prioridad de garantizar el control y la protección de las sustancias QBRN en toda la UE, así como la eficacia de la respuesta de la UE a una eventual catástrofe, sea accidental o provocada, y en la importancia de esforzarse por la eliminación de estas amenazas;

28.  Pide a los Estados miembros que participen plenamente en las fases de ejecución del Plan de Acción QBRN de la UE y que cooperen a este respecto con los organismos de la Unión que transponen actualmente los objetivos y acciones del Plan de Acción en medidas concretas, de forma que la seguridad QBRN esté garantizada en todos los Estados miembros de la UE;

Prevención

29.  Pide a la Comisión que asuma la función de facilitador y supervisor principal en la elaboración y la actualización periódica de las listas de la UE relativas a los agentes QBRN, por lo que debería incumbir a la Comisión la fijación de un calendario razonable; insiste en que las listas mencionadas incluyan también posibles medidas de prevención y respuesta para cada agente QBRN, en función del nivel de peligrosidad, el potencial de utilización para fines nocivos y la vulnerabilidad;

30.  Considera que el Plan de Acción QBRN de la UE debe establecer normas más rigurosas basadas en el riesgo en lo que se refiere a los criterios de evaluación de la seguridad de las infraestructuras QBRN de alto riesgo, y hace hincapié en la función y la responsabilidad de las autoridades nacionales a la hora de efectuar controles regulares de dichas infraestructuras, dado que el desarrollo de los «criterios» tal como se indica en el actual Plan de Acción modificado y aprobado por el Consejo no es en sí mismo suficiente y establece una serie de normas sorprendentemente poco rigurosas, a lo que se añaden los bajos niveles de responsabilidad asignados a las organizaciones que tratan con sustancias QBRN, las autoridades pertinentes de los Estados miembros y los órganos de la UE; señala también que todas las medidas adoptadas deben ser proporcionadas a los riesgos probables;

31.  Destaca que los dispositivos y requisitos de seguridad en las instalaciones QBRN de alto riesgo en toda la Unión deben ser objeto de disposiciones reglamentarias de la UE en lugar de limitarse a simples «documentos de buenas prácticas», lo cual requiere un proceso de consultas bien establecido entre los organismos de la UE, las autoridades de los Estados miembros y las organizaciones que se ocupan de los agentes QBRN de alto riesgo; pide con carácter de urgencia que, con carácter sustitutivo, se refuercen las competencias de la Comisión en materia de control e inspección a la espera de que se adopten las disposiciones reglamentarias mencionadas;

32.  Acoge favorablemente las iniciativas del Centro Común de Investigación (CCI) que sirven de apoyo a los programas del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a las inspecciones nucleares; recomienda que se actúe hacia la puesta en común de sus bases de datos y los resultados de sus investigaciones con los datos obtenidos por los Estados miembros;

33.  Apoya la elaboración de estrategias para sensibilizar a las empresas, a la comunidad científica y universitaria y a los establecimientos financieros sobre los riesgos vinculados con la proliferación y el tráfico de materias QBRN en el marco de sus trabajos y actividades; considera, en términos más generales, que la confidencialidad es un componente esencial de la eficacia de algunas medidas de seguridad del plan de acción y que conviene prevenir todo riesgo de divulgación que pudiera hacerlas ineficaces;

34.  Considera que la Comisión y las autoridades de los Estados miembros deben supervisar las actividades realizadas por las organizaciones que tratan con sustancias QBRN de alto riesgo y velar por que dichas organizaciones cumplan con normas de seguridad basadas en el riesgo y de seguridad pública, lo que implica la necesidad de efectuar regularmente inspecciones adecuadas de los emplazamientos de alto riesgo;

35.  Considera que el capítulo relativo a la «Prevención» en el Plan de Acción QBRN de la UE debe modificarse, para asegurar que la industria química sustituya la utilización de productos químicos de alto riesgo por productos alternativos apropiados de bajo riesgo, cuando tal sustitución sea posible en términos científicos, tecnológicos y medioambientales y se produzca una clara mejora en la seguridad; reconoce el coste económico que puede derivarse de esta sustitución y su impacto sobre las industrias en cuestión, pero insta a la UE, los Estados miembros y el sector privado a que antepongan la seguridad de los ciudadanos de la UE a todo lo demás; recomienda, a este respecto, que se establezca una relación específica con el vigente Reglamento REACH(24), cosa que la versión del Plan de Acción propuesto por la Comisión intentaba hacer, justificadamente; pide a la Comisión que elabore un estudio sobre la aplicación del programa REACH en este ámbito;

36.  Destaca que los mayores riesgos relacionados con materiales QBRN resultan de la proliferación de dichos material por la acción de los terroristas; subraya, por tanto, la importancia de hacer más eficaces los regímenes internacionales de control y de mejorar los controles en las fronteras y la vigilancia de las exportaciones;

37.  Pide al Consejo y a la Comisión que insten a todos los Estados miembros a firmar la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y la Convención sobre Armas Biológicas (CAB) y a cumplir los compromisos que les incumben en el marco de las mismas, así como a hacer todo cuanto puedan para promover el protocolo de verificación adicional a la CAB, que incluye listas de agentes biológicos y patógenos peligrosos y disposiciones relativas a las declaraciones de transparencia y las inspecciones de control; insta asimismo a los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y a la comunidad internacional a que elaboren, como parte del anexo relativo al control de la CAQ, una lista de todas las sustancias químicas potencialmente peligrosas, incluido el fósforo blanco;

38.  Pide. asimismo, a la Comisión y al Consejo que sigan intensificando las actividades en apoyo del sistema de tratados, en especial las convenciones sobre armas químicas y sobre armas biológicas, por lo que pide a los Estados miembros que impongan una estricta prohibición a la producción y uso de armas biológicas y químicas y que procedan al desarme de sus arsenales;

39.  Alienta a la UE, consciente de que la proliferación incrementa la amenaza de un uso indebido por parte de grupos terroristas, a proseguir sus esfuerzos para universalizar el marco jurídico de lucha contra el terrorismo nuclear y a asegurar el cumplimiento de la normativa en vigor; apoya los proyectos de cooperación con terceros países, en la cuenca mediterránea, por ejemplo, para luchar contra el tráfico de materias nucleares y radiológicas; pide a la UE que universalice la CAQ y la CAB con vistas a la Conferencia de examen de la Convención sobre la prohibición de las armas biológicas y tóxicas (CPAB) en 2011;

40.  Pide a la Comisión que presente datos comparativos y una evaluación global de la situación del sector empresarial en Europa cuando se trate de asegurar y reforzar el control sobre las sustancias QBRN de alto riesgo, incluyendo un análisis general de todas las disposiciones legislativas nacionales relativas a la aplicación de la CAQ, la CAB y otros instrumentos internacionales relacionados con las sustancias QBRN; dicho análisis debería incluir información sobre el grado de cumplimiento por los Estados miembros y las empresas de las obligaciones internacionales que les incumben; reconoce, no obstante, que la aplicación de medidas como la CAB y la CAQ podría resultar insuficiente para hacer frente a los riesgos derivados del uso de QBRN por parte de actores no estatales, en especial, de redes terroristas;

41.  Pide al Consejo y a la Comisión que promuevan el proyecto existente de Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el uso de armas de uranio y sobre su destrucción, y que presenten este convenio a los países miembros de las Naciones Unidas para que sea firmado y ratificado; pide a todos los Estados miembros de la UE y de las Naciones Unidas que impongan una moratoria sobre el uso de armas de uranio empobrecido hasta que se acuerde una prohibición mundial de dichas armas;

42.  Alienta el establecimiento de medidas de lucha contra la financiación de la proliferación inspirándose en los mecanismos establecidos en materia de lucha contra la financiación del terrorismo;

43.  Acoge con satisfacción las actividades de la Comisión a título del Instrumento de Estabilidad para abordar las actividades previstas en materia de QBRN; considera que estas actividades son complementarias al Plan de Acción y pide a la Comisión que extienda los proyectos a regiones que no formaban parte de la antigua Unión Soviética (SEDE); pide a la Comisión que, sobre la base de las experiencias en el marco del Instrumento de Estabilidad, lance una convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a reforzar la seguridad y el nivel de protección de los laboratorios civiles con el fin de evitar la proliferación en el futuro;

44.  Considera que el Plan de Acción QBRN de la UE debería prever de forma inequívoca la elaboración de directrices de la UE relativas a la formación en materia de seguridad, así como de disposiciones normativas destinadas a la aplicación de las mismas en los 27 Estados miembros, y velar por que se organicen programas de formación específicos dirigidos al personal de seguridad que manipule sustancias QBRN de alto riesgo, incluido el personal de las empresas y los centros de investigación en los que se encuentren este tipo de sustancias, y por que se establezca la normativa correspondiente dirigida al personal responsable de las mismas (funciones, competencias y formación); hace hincapié en que debe proporcionarse seguridad y sensibilización al personal de primera intervención;

45.  Destaca que una futura revisión a corto plazo del Plan de Acción QBRN de la UE no debería limitarse a promover la autorregulación entre las empresas afectadas, alentándolas a adoptar códigos de conducta, sino que debería instar efectivamente a la Comisión a que elabore directrices y disposiciones normativas paneuropeas aplicables a todos los sectores relacionados con los agentes QBRN de alto riesgo;

46.  Considera que es extremadamente importante asegurar un estrecho seguimiento de todas las operaciones relacionadas con sustancias QBRN de alto riesgo en la UE, y que, en lugar de simplemente «insistir» en que las empresas notifiquen las operaciones, la Comisión y los Estados miembros deberían esforzarse por elaborar un marco jurídico adecuado que permita regular y supervisar las operaciones, mejorando así el nivel de seguridad, de modo que se notifiquen con rapidez y de forma adecuada todas las transacciones sospechosas, así como la desaparición o la sustracción de sustancias QBRN; destaca que estas disposiciones deberían sentar una base adecuada para la total transparencia en todos los sectores que manipulen agentes QBRN, de tal manera que las empresas asuman la responsabilidad de las operaciones; considera que debe tenerse en cuenta la capacidad del sector privado para aplicar la legislación y normas relevantes en relación con el control de sus obligaciones de información a fin de supervisarlas correctamente;

47.  Destaca que garantizar la seguridad del transporte y el almacenamiento de los materiales QBRN es una parte innegable e inevitable del proceso para hacer lo más difícil posible el acceso a tales materiales, haciendo frente por lo tanto a los problemas de seguridad relacionados con los mismos;

48.  Subraya que los riesgos vinculados al comercio de sustancias químicas a través de Internet requieren más investigaciones y actuaciones específicas;

49.  Reclama que se aclaren los aspectos relacionados con el refuerzo del régimen de importación/exportación con respecto a las funciones de los Estados miembros y de la Comisión, al tiempo que pide a los Estados miembros que apliquen y garanticen el respeto de las normas internacionales en vigor, y a la Comisión que asuma su cometido de control, evaluación e información en lo que se refiere al cumplimiento de dichas normas; señala que es importante, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, proceder al examen y la revisión de las disposiciones jurídicas y normativas relativas a la adquisición, importación, venta, almacenamiento seguro y transporte de materiales QBRN;

50.  Destaca la necesidad de reforzar, cuando existan, y de crear, cuando no, mecanismos de control y de seguridad en todas las administraciones de correos que se encargan del transporte de correspondencia, habida cuenta de las acciones terroristas que han tenido lugar en países europeos mediante la colocación de sustancias explosivas en paquetes postales;

Detección

51.  Pide a la Comisión que emprenda, en cooperación con las autoridades de los Estados miembros, un estudio dirigido a evaluar la situación sobre el terreno en lo que respecta a la detección de sustancias QBRN y sobre la seguridad de las centrales nucleares situadas en la UE y en su vecindad, en caso de accidente o de ataque terrorista; alienta a la Comisión a que se base en los resultados de dicha evaluación para elaborar una serie de directrices comunes de la UE sobre la forma de afrontar los accidentes o los atentados, en particular en lo que se refiere a la determinación de los medios necesarios para garantizar que los Estados miembros asignan los recursos humanos y materiales suficientes para lograr este objetivo;

52.  Reclama el refuerzo de la función del Centro de Control e Información (CCI) que ya se ha creado con arreglo al Mecanismo de Protección Civil de la UE con el fin de garantizar el intercambio adecuado de información y de buenas prácticas entre los Estados miembros y desemboque en la elaboración de normas paneuropeas para la detección de actividades QBRN;

53.  Pide a la Comisión que controle, evalúe e informe al Parlamento anualmente sobre el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones que les incumben, y a las autoridades nacionales que velen por que las empresas y las organizaciones que manipulan sustancias QBRN de alto riesgo apliquen y respeten las normas y directrices correspondientes;

54.  Considera esencial llevar a cabo estudios adecuados dirigidos a lograr la participación con carácter obligatorio de todos los organismos nacionales y de la UE pertinentes, así como de todas las partes interesadas, en particular en lo que se refiere a la determinación de los medios adecuados para facilitar y agilizar los intercambios y la cooperación, con el fin de aumentar la eficacia de la respuesta a una eventual amenaza para la seguridad pública;

Preparación y respuesta

55.  Pide al Consejo que confíe a la Comisión un cometido de coordinación en lo que se refiere a la planificación en caso de emergencia, de forma que pueda desempeñar una función de control, garantizando así la existencia de planes de emergencia locales y nacionales; destaca que la Comisión debería asumir la función de depositaria de dichos planes, lo que le permitiría detectar las eventuales lagunas y adoptar las medidas oportunas con mayor rapidez que las autoridades competentes;

56.  Acoge con satisfacción la intención de fortalecer la capacidad de protección civil de la UE, observa sin embargo que en muchos Estados miembros los departamentos de defensa militares han adquirido una notable competencia a través de la experiencia práctica en la gestión de desastres QBRN; pide, a este respecto, a los Estados miembros y a la Comisión que compartan las mejores prácticas y que inviertan más en la coordinación exhaustiva entre las competencias técnicas civiles y militares;

57.  Insta a la Comisión a que siga identificando las necesidades a las que hay que hacer frente a fin de mejorar las capacidades de protección civil, con miras a proyectos de adquisición comunes; pide, a este respecto, que se preste especial atención a la definición de las necesidades de la UE en términos de preparación y de capacidad de respuesta en materia de QBRN, incluyendo contramedidas de carácter médico, de modo que la disponibilidad de estas contramedidas en caso de un incidente QBRN se evalúa tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros;

58.  Pide que se organicen ejercicios conjuntos entre los Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países, para prevenir situaciones de peligro en lo que concierne ala seguridad química, biológica, radiológica y nuclear;

59.  Acoge con satisfacción la planificación en la UE de ejercicios de simulación de incidentes o atentados con sustancias QBRN, al tiempo que destaca que un Plan de Acción QBRN de la UE debería prever que los resultados y la evaluación de dichos ejercicios alimenten un debate permanente sobre la elaboración de normas paneuropeas;

60.  Señala que la Comisión debería liderar el establecimiento de normas basadas en las necesidades relativas a las capacidades de reacción; destaca que ésta es la única forma de lograr el más alto nivel posible de seguridad en todo el territorio de la UE, dado que representa la única forma posible de garantizar que todos los Estados miembros sigan las mismas directrices y apliquen los mismos principios en la creación de capacidades y en la preparación de los recursos humanos y materiales adecuados para responder a una catástrofe, sea accidental o provocada;

61.  Destaca la necesidad de crear reservas a escala regional y de la UE de medios de respuesta, cuya magnitud debe, en la medida de lo posible, reflejar el nivel vigente de amenaza, tanto si se trata de equipamientos médicos como de otros equipamientos pertinentes, bajo la coordinación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, financiado por la UE y de acuerdo con directrices conjuntamente acordadas a nivel de la UE; hace hincapié en la importancia de mantener reservas bien gestionadas para garantizar que los recursos de respuesta, los equipos médicos o de otro tipo pertinente, sean perfectamente operativos, actuales y al día; pide con urgencia que, en tanto la puesta en común de los recursos no haya entrado en vigor, el Plan de Acción QBRN de la UE determine de qué forma los Estados miembros podrían compartir los recursos y las medidas de reacción en caso de accidente o ataque terrorista QBRN, con el fin de aplicar la nueva cláusula de solidaridad; subraya que todo acto de asistencia a un Estado miembro concreto de la UE debe ser consecuencia de la petición de las autoridades correspondientes de los países afectados, y que no debe interferir con la capacidad del Estado miembro de que se trate de proteger a sus propios ciudadanos;

62.  Pide la revisión del Fondo Europeo de Solidaridad para hacerlo más accesible tras las catástrofes naturales y más disponible ante catástrofes industriales o de origen humano, y pide a los Estados miembros que utilicen los recursos disponibles en los Fondos Estructurales para mejorar la prevención y la preparación;

63.  Pide a la Comisión que, con el fin de prepararse a la desafortunada eventualidad de un accidente o una utilización deliberada para fines nocivos de sustancias QBRN, establezca mecanismos de información que aseguren el enlace entre las tareas del Mecanismo de Protección Civil de la UE y otros sistemas de alerta temprana de la UE en las áreas pertinentes de la sanidad, el medio ambiente, la producción alimentaria y el bienestar animal; pide, asimismo, a la Comisión que establezca mecanismos de intercambio de información y de análisis con organismos internacionales como la OMS, la OMM y la FAO;

64.  Pide la creación de equipos especializados de respuesta europeos y regionales que incluyan personal médico, personal policial y personal militar, y señala que, si se crea este tipo de equipos, será necesario programar con regularidad actividades de formación y ejercicios operativos especializados;

65.  Pide a la Comisión que proporcione la financiación suficiente a fin de desarrollar mejores equipos para la detección e identificación de agentes biológicos en caso de ataque o accidente; lamenta que los equipos de detección existentes presenten limitaciones de capacidad y de velocidad que provocan la pérdida de un tiempo valioso en caso de emergencia; subraya que el personal de emergencia debe estar debidamente equipado y protegido médicamente con antelación a fin de trabajar con la máxima seguridad personal en una zona de desastre en la que podrían encontrarse patógenos dañinos; hace hincapié en que también son necesarios equipos mejores para la identificación de agentes y el diagnóstico en los hospitales y otras instalaciones que acogen a las víctimas de un incidente;

66.  Pide a los distintos organismos nacionales y de la UE implicados en la recogida de información que revisen sus estructuras organizativas y que, donde falten, nombren a las personas adecuadas con la experiencia y la comprensión a la hora de identificar y evaluar las amenazas y los riesgos de carácter QBRN;

67.  Pide a la Comisión que informe regularmente al Parlamento Europeo sobre las evaluaciones de los riesgos y amenazas QBRN;

68.  Invita a iniciar programas de formación y sensibilización a escala europea, considerando las posibilidades que ofrece Internet como recursos clave para informar a los ciudadanos sobre las cuestiones QBRN; subraya la importancia que se atribuye a la coordinación de los mecanismos de alerta e información rápidas de los ciudadanos de la UE por lo que se refiere a los incidentes QBRN; observa con interés el estudio de viabilidad de un centro europeo de formación en materia de seguridad nuclear en el seno del CCI;

Repercusiones medioambientales y sanitarias

69.  Toma nota de la sobreinversión descoordinada en vacunas durante la pandemia de gripe A (H1N1); acoge con satisfacción el proyecto de Conclusiones del Consejo titulado «Enseñanzas extraídas de la pandemia de gripe A (H1N1) - La seguridad sanitaria en la Unión Europea» (12665/2010), que prevé el desarrollo de un mecanismo de adquisición conjunta de vacunas y medicación antiviral cuya aplicación en los Estados miembros se hará con carácter voluntario, y anima a los Estados miembros a que desarrollen conjuntamente soluciones de respuesta regional, incluido el uso compartido de la capacidad existente y la coordinación de una adquisición racional de contramedidas médicas, al tiempo que se aseguran unos niveles elevados de preparación en materia QBRN en toda la UE;

70.  Señala que la legislación de la UE (Decisión del Consejo 90/424/CEE modificada por la Decisión del Consejo 2006/965/CE) ofrece un enfoque en el ámbito de la UE para la erradicación, el control y la vigilancia de las enfermedades de los animales y las zoonosis, incluida la adquisición y el almacenamiento de contramedidas médicas veterinarias para proteger a los animales contra las infecciones; lamenta que no exista un enfoque similar en el ámbito de la UE para coordinar la adquisición y el almacenamiento de contramedidas médicas destinadas a proteger a la población humana de la UE contra las infecciones por agentes patógenos biológicos peligrosos;

71.  Señala que un incidente o ataque con agentes patógenos biológicos –por ejemplo, pero no solo, carbunco (o ántrax)– contaminará el área afectada durante décadas, dañando gravemente la vida y la salud vegetal, animal y humana, con costes económicos a largo plazo; pide a la Comisión que incluya estrategias de recuperación y descontaminación en la política en materia QBRN;

72.  Subraya que un incidente con la presencia de materiales QBRN y que afecte al estado del suelo y/o al suministro de agua potable puede tener efectos devastadores y de gran alcance para la salud y el bienestar de toda la población de la zona afectada; pide a la Comisión que tenga esto en cuenta cuando elabore el Plan de Acción QBRN de la UE;

73.  Subraya la importancia de garantizar que se lleve a cabo un control efectivo de los incidentes de contaminación del agua que conlleven contaminación del medio ambiente, contaminación del suelo, vertidos de residuos y/o liberación de sustancias radiactivas;

74.  Lamenta la insuficiente atención que se presta a la preparación y la respuesta en la Comunicación de la Comisión y en las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción QBRN de la UE, centradas fundamentalmente en la detección y la prevención; pide a la Comisión y al Consejo que otorguen mayor importancia al desarrollo de los mecanismos de preparación y respuesta necesarios para proteger la salud pública y el medio ambiente en caso de que se produzca realmente un incidente QBRN en el territorio de la UE;

75.  Lamenta que el Plan de Acción QBRN carezca de medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones y materiales radiológicos y nucleares, y para mejorar los planes de respuesta relativos a los distintos tipos de emergencias radiológicas y sus consecuencias para la población y el medio ambiente;

76.  Pone de manifiesto su preocupación por los casos en que tanto particulares como activistas han conseguido adquirir residuos nucleares procedentes de distintas plantas de reprocesamiento en Europa y solicita la adopción urgente de una acción concertada para fortalecer la seguridad de los materiales e instalaciones radiactivos y nucleares;

77.  Lamenta la escasa consideración que se otorga, en la Comunicación de la Comisión y en las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción QBRN de la UE, a la adecuada protección de las redes de transporte público y a la salud de sus usuarios, habida cuenta de los numerosos ataques terroristas llevados a cabo en años recientes y del riesgo mayor, en términos generales, de incidentes QBRN durante el transporte de materiales QBRN; pide a los Estados miembros que garanticen una protección previa a la exposición del personal de primera intervención en incidentes QBRN y un tratamiento posterior a la exposición de las víctimas, en particular, contra agentes patógenos biológicos;

78.  Señala que un incidente QBRN podría tener efectos duraderos en el crecimiento de cultivos destinados a la alimentación y, por lo tanto, el potencial de afectar adversamente a la seguridad alimentaria y a la seguridad del suministro de alimentos de la UE; pide a la Comisión que tenga esto en cuenta cuando elabore el Plan de Acción QBRN de la UE;

79.  Alienta la cooperación y el intercambio de mejores prácticas con países que hayan desarrollado conocimientos especializados en el ámbito de la evaluación de riesgos, la prevención, la detención, la comunicación y la respuesta en materia QBRN, como los Estados Unidos, Australia y la India;

80.  Alienta la puesta en común de políticas para la recuperación de los suelos afectados por la contaminación química, biológica, radiológica o nuclear a fin de restablecer lo antes posible el uso del suelo y de los terrenos reduciendo de este modo los riesgos para la salud y para el medio ambiente;

81.  Pide a la Comisión y al Consejo que consideren el desarrollo de modelos de reacción que ofrezcan una solución ideal en caso de incidentes QBRN, y en los que se preste especial atención a los centros de formación, centros sanitarios e instituciones geriátricas;

82.  Pide a los Estados miembros que, cuando elaboren planes de evacuación en caso de un incidente QBRN, presten especial atención a las necesidades de las personas mayores, los niños, las personas bajo atención médica, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables;

83.  Pide a los Estados miembros que concedan especial atención a la construcción, tanto dentro de centros públicos y administrativos como a escala local y regional, de refugios de protección civil en los que puedan refugiarse los ciudadanos de la Unión en caso de desastre;

84.  Insta a la Comisión a que busque un acuerdo sobre normas mínimas comunes en materia de seguridad con los terceros países limítrofes en cuyo territorio se encuentran objetos que puedan suponer una amenaza importante para la seguridad humana y el medio ambiente en la Unión Europea y, en caso de un incidente;

85.  Pide a la Comisión que incluya en su Plan de Acción una adaptación más flexible de las medidas de seguridad al desarrollo tecnológico;

86.  Insta a la Comisión a que evalúe de manera exhaustiva el impacto de las medidas de seguridad existentes en el medio ambiente y la salud, y a que garantice la introducción de nuevas medidas basadas únicamente en los resultados de dicha evaluación, que debería llevarse a cabo periódicamente;

o
o   o

87.  Pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta QBRN de la UE para el periodo que va desde ahora hasta 2013, cuando se revisará el Plan de Acción QBRN de la UE, en la que se fijen los retos y las respuestas a nivel político y sobre la que la Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo por lo que a la evolución en curso y a los progresos logrados hasta la fecha se refiere;

88.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que revisen y apliquen con rapidez el Plan de Acción QBRN de la UE de conformidad con sus recomendaciones; insta asimismo a la Comisión y al Consejo a que remitan el siguiente Plan de Acción QBRN de la UE al Parlamento al menos un año antes de entrar en la fase de aplicación para que el Parlamento pueda emitir su opinión oportunamente;

89.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

(1) 14627/2002.
(2) DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.
(3) DO L 330 de 9.12.2008, p. 21.
(4) 5842/2/2010.
(5) 15480/2004.
(6) 14469/4/2005.
(7) 5771/1/2006.
(8) http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm.
(9) Decisión nº 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) (DO L 412 de 30.12.2006, p. 1).
(10) https://www.cbrnemap.org.
(11) DO L 71 de 10.3.2007, p. 9.
(12) DO L 314 de 1.12.2007, p. 9.
(13) DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
(14) DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.
(15) Doc. 15505/1/2009 REV 1.
(16) DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
(17) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0015.
(18) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0326.
(19) 15465/2010.
(20) Documento de trabajo de la Comisión sobre la Salud Mundial: responder a los retos de la mundialización (SEC(2010)0380), documento que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones titulada «El papel de la UE en la salud mundial» (COM(2010)0128).
(21) http://www.who.int/csr/es/
(22) DO L 400 de 30.12.2006, p. 86.
(23) http://ec.europa.eu/archives/commission_2004-2009/president/pdf/rapport_barnier_en.pdf
(24) Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (DO L396 de 30.12.2006, p. 1.).


Buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE: procedimientos de ayuda y control por parte de la Comisión Europea (2009/2231(INI))
P7_TA(2010)0468A7-0280/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, los artículos 174 a 178 del mismo,

–  Vista la propuesta de la Comisión relativa a la revisión del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea, de 28 de mayo de 2010 (COM(2010)0260),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión(1),

–  Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la transparencia de la política regional y de su financiación(3),

–  Visto el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel, de 17-18 de junio de 2009, y el informe de consulta,

–  Vistas las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar los días 16 y 17 de marzo de 2010 en Málaga,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de septiembre de 2004, titulada «Responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión en la gestión compartida de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión - Situación actual y perspectivas para el nuevo período de programación después de 2006» (COM(2004)0580),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de mayo de 2008, titulada «Los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del período de programación 2007-2013» (COM(2008)0301),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2006 y 2008,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2008, titulada «Plan de Acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» (COM(2008)0097),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2009, titulada «Informe sobre la aplicación del Plan de Acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» (COM(2009)0042),

–  Vista la Comunicación, de 28 de octubre de 2009, dirigida por los Comisarios Samecki y Špidla a la Comisión, en la que se presentaba un informe provisional sobre el seguimiento del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales (SEC(2009)1463),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de febrero de 2010, sobre el impacto del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales (COM(2010)0052),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0280/2010),

A.  Considerando que la aplicación de la política de cohesión está en gran medida descentralizada y se basa en la responsabilidad de las autoridades subnacionales,

B.  Considerando que la política de cohesión desempeña un cometido precursor en la aplicación de la gobernanza multinivel, como un instrumento para mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones mediante la participación activa de las autoridades de nivel subnacional desde la fase prelegislativa de los debates,

C.  Considerando que la gobernanza multinivel se entiende como la acción coordinada de la Unión, de los Estados miembros y de las entidades regionales y locales, así como de los actores socioeconómicos y de las ONG, basada en los principios de asociación y cofinanciación, y que su finalidad es elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea, y que esta definición presupone la responsabilidad compartida de los diversos niveles administrativos,

D.  Considerando que el informe del Tribunal de Cuentas de 2006 demostró que los sistemas de control establecidos para la política de cohesión no eran suficientemente eficaces, con un índice de error del 12 % en el reembolso de gastos, y que el informe de 2008 confirmó estos datos con un reembolso indebido de los fondos del orden del 11 %,

E.  Considerando que es necesario que la Comisión refuerce su función supervisora con objeto de reducir los índices de error, mejorar el sistema de control y reforzar la asistencia a las autoridades subnacionales y a los beneficiarios, todo lo cual ha de conducir a largo plazo a la aplicación de una política orientada en mayor medida en los resultados y más accesible para los interesados,

F.  Considerando que unos procedimientos de solicitud de financiación demasiado complejos y unos controles redundantes podrían desanimar a los potenciales beneficiarios de la política de cohesión,

G.  Considerando que las soluciones prácticas que esperan los ciudadanos en materia de servicios públicos (como transporte público, agua potable, sanidad pública, viviendas sociales y educación pública) sólo pueden lograrse con una buena gobernanza que incluya dos sistemas complementarios, a saber, por una parte, el sistema institucional, que prevé el reparto de competencias y recursos presupuestarios entre el Estado y las entidades regionales y locales, y, por otra, el sistema asociativo, que agrupa a diferentes actores públicos y privados interesados por la misma temática en un territorio determinado,

H.  Considerando que la asociación debe tener en cuenta a todas las comunidades y grupos relevantes, puede aportar beneficios y un valor añadido a la ejecución de la política de cohesión por medio de una mayor legitimidad, una transparencia garantizada y una mejor absorción de los fondos, y que también debe evaluarse con arreglo al valor social y cívico que representa,

I.  Considerando que un enfoque integrado debe prestar atención a las características especiales de los territorios (desventajas geográficas y naturales, despoblación, situación ultraperiférica, etc.), para poder responder a los retos locales y regionales,

Aplicación de la gobernanza multinivel

1.  Acoge favorablemente el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel, así como el reconocimiento en el Tratado de Lisboa de la subsidiariedad a nivel subnacional; destaca que el enfoque de varios niveles no sólo debería aplicarse verticalmente, sino también horizontalmente, entre los agentes del mismo nivel, en todas las políticas de la Unión de competencias compartidas, incluida la política de cohesión;

2.  Acoge con satisfacción las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar en Málaga en marzo de 2010, y considera que la gobernanza multinivel constituye una condición previa para alcanzar la cohesión territorial en Europa; pide que este principio sea obligatorio para los Estados miembros en aquellos ámbitos políticos con un fuerte impacto territorial, a fin de garantizar un desarrollo territorial equilibrado en consonancia con el principio de subsidiariedad; señala que esta medida en ningún caso debería redundar en un aumento de los procedimientos burocráticos;

3.  Considera que una gobernanza multinivel satisfactoria debe sustentarse en un enfoque ascendente que tenga en cuenta la variedad de mecanismos administrativos existentes en el otro Estado miembro; insta a los Estados miembros a que identifiquen las vías más eficientes de aplicar la gobernanza a los diferentes niveles y a que mejoren su cooperación tanto con las entidades regionales y locales como con la administración de la Comunidad, por ejemplo invitando a los funcionarios de todos los niveles administrativos a las reuniones periódicas organizadas con la Comisión o estableciendo Pactos Territoriales Europeos que vinculen de forma voluntaria a los diferentes niveles de administrativos implicados;

4.  Recomienda que se sistematice el análisis del impacto territorial mediante la implicación, desde la fase inicial de la decisión política, de los distintos agentes interesados, de forma que englobe las repercusiones económicas, sociales y ambientales de las propuestas legislativas y no legislativas comunitarias relativas a los diferentes territorios;

5.  Destaca que la gobernanza multinivel permite aprovechar mejor el potencial de la cooperación territorial gracias a las relaciones que se establecen a través de fronteras entre las entidades públicas y privadas; insta a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que adopten cuanto antes las disposiciones necesarias para crear agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT); recomienda que la Comisión promueva el intercambio de información entre las AECT ya creadas y aquéllas que se encuentran en proceso de creación en el marco de los actuales programas; felicita al Comité de las Regiones por la calidad de su trabajo sobre las AECT y pide que sus instrumentos disponibles, en particular la Plataforma de Seguimiento de Lisboa y su Red de Control de la Subsidiariedad, se utilicen para estimular el intercambio de mejores prácticas entre las regiones y los Estados miembros con vistas a la identificación y fijación común de objetivos, las actividades subsiguientes de planificación y, finalmente, la evaluación comparada de los resultados de la política de cohesión;

6.  Pide a las entidades nacionales, regionales y locales que durante el actual período de programación intensifiquen la utilización del enfoque integrado; propone que este enfoque sea obligatorio en el contexto de la futura política de cohesión; considera que un enfoque integrado y flexible no sólo debe tener en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo del territorio, sino permitir asimismo la articulación de los intereses de las diferentes partes interesadas en la perspectiva de las especificidades territoriales, con miras a afrontar los desafíos locales y regionales;

7.  Insta a la Comisión a que elabore una guía para los agentes públicos y privados sobre la forma de aplicar en la práctica los principios de gobernanza multinivel y el enfoque integrado; recomienda que las acciones destinadas a promover estos dos enfoques se financien con cargo a la asistencia técnica del FEDER;

8.  Recomienda que el Comité de las Regiones aproveche las jornadas de puertas abiertas Open Days 2011 y, en la medida en sea todavía posible, las jornadas de puertas abiertas Open Days 2010 como una ocasión para promover y profundizar en el debate sobre la identificación de las vías más adecuadas para impulsar la gobernanza multinivel; propone que se ponga en marcha la iniciativa de crear a partir de 2011 un sello europeo de la gobernanza multinivel en todas las regiones de la UE;

9.  Señala que los mecanismos descentralizados constituyen un elemento clave de la gobernanza multinivel; pide a los Estados miembros y a las regiones que, cuando proceda y teniendo en cuenta la necesidad de simplificación, deleguen la ejecución de una parte de los programas operativos, al tiempo que les insta, en particular, a utilizar mejor, en su caso, las subvenciones globales; pide asimismo a los Estados miembros y las regiones que adopten las medidas de descentralización necesarias, tanto a nivel legislativo como presupuestario, de manera que el sistema de gobernanza multinivel pueda funcionar efectivamente y conformarse a los principios de asociación y subsidiariedad; destaca que las entidades regionales y locales, en particular las que poseen competencias legislativas, deberían estar más íntimamente involucradas, pues son quienes mejor conocen el potencial y las necesidades de sus respectivas regiones y pueden contribuir, por ello, a una mejor aplicación de la política de cohesión;

10.  Insta a los Estados miembros a que inviten a las entidades regionales y locales pertinentes y a los actores de la sociedad civil a participar ya desde las primeras fases en las negociaciones sobre la legislación de la UE y los programas que se benefician de los Fondos Estructurales, a fin de facilitar el diálogo a su debido tiempo entre los diferentes niveles de la administración; pide que dichas entidades participen en los órganos responsables de la toma de decisiones en pie de igualdad con los representantes nacionales;

11.  Destaca que la absorción eficaz de los fondos y la garantía del máximo impacto posible requieren capacidades administrativas suficientes tanto a nivel de la UE como a nivel regional y local; pide, por consiguiente, a la Comisión que mejore su capacidad administrativa, con vistas a incrementar el valor añadido de la política de cohesión y asegurar la sostenibilidad de las acciones, y a los Estados miembros que velen por unas estructuras administrativas y unos recursos humanos adecuados en materia de contratación, remuneración, formación, recursos, procedimientos, transparencia y accesibilidad;

12.  Insta asimismo a los Estados miembros a que, en su caso, refuercen el cometido de las entidades regionales y locales en la preparación, gestión y ejecución de los programas y potencien los medios a su disposición ; recomienda la adopción en la política de cohesión de la metodología de desarrollo local basada en asociaciones locales, en particular para los proyectos relacionados con cuestiones urbanas, rurales y transfronterizas; pide a la Comisión que fomente la asociación entre las regiones con un potencial similar de desarrollo específico y que vele por la existencia de una marco adecuado a escala de la UE para la coordinación de la cooperación macrorregional;

13.  Considera que los principios de asociación y cofinanciación promueven la asunción de responsabilidad por parte de las autoridades subnacionales en la aplicación de la política de cohesión; reafirma su adhesión a estos principios de buena gestión, y pide que se respeten a pesar de la reducción del gasto público como consecuencia de la crisis económica;

14.  Recomienda que se mejore la práctica de la asociación e insta a la Comisión a que elabore una definición concertada del principio de asociación como una condición previa para la creación de verdaderas asociaciones con las entidades locales y regionales y los actores de la sociedad civil; pide a la Comisión que compruebe rigurosamente la aplicación de este principio mediante el desarrollo de instrumentos específicos de evaluación y difunda las mejores prácticas en este ámbito sirviéndose de herramientas propias de las TIC; destaca que la asociación puede contribuir a la eficacia, la eficiencia, la legitimidad y la transparencia en todas las fases de programación y ejecución de los Fondos Estructurales e incrementar el compromiso con los resultados de los programas y la identificación con éstos; destaca el importante papel desempeñado por el voluntariado en el proceso de asociación;

15.  Recuerda la obligación de consulta pública a los ciudadanos mediante las organizaciones representativas de la sociedad civil y las ONG para tener en cuenta sus propuestas, y destaca que la participación de la sociedad civil contribuye a legitimar el proceso de toma de decisiones; constata que los esfuerzos por asegurar la participación pública en la fase preparatoria de los programas operativos 2007-2013 no tuvieron el éxito esperado; pide a la Comisión que identifique las buenas prácticas y facilite su aplicación, a fin de mejorar la participación ciudadana en el próximo período de programación;

16.  Pide que el principio de gobernanza multinivel se integre en todas las fases de elaboración y aplicación de la Estrategia UE 2020, con el fin de garantizar la asunción real de sus resultados por parte de las entidades regionales y locales, que son quienes tienen que hacerla efectiva; recuerda, en este mismo contexto, la propuesta relativa a un pacto territorial de las entidades locales y regionales acerca de la estrategia Europa 2020, con miras a alentar a las regiones y municipios a que contribuyan a la consecución de los objetivos de dicha estrategia;

17.  Recomienda que la Comisión reanalice las posibilidades de ejecutar el proyecto piloto iniciado por el Parlamento Europeo titulado «Erasmus para representantes electos locales y regionales» y pide a la Comisión, con vistas a mejorar el nivel de los proyectos propuestos y cumplir el objetivo de eficiencia, que ejecute, en el marco de la línea presupuestaria de asistencia técnica operativa del FEDER, un sistema de formación y movilidad destinado a los agentes locales y regionales que participan en la gestión de los programas relativos a la política de cohesión, así como a los socios especializados en la aplicación de los conceptos de enfoque integrado y gobernanza multinivel; insta a la Comisión, por consiguiente, a que asigne efectivamente financiación a esas iniciativas y a que refuerce las redes con las entidades regionales y locales, sirviéndose asimismo del Comité de las Regiones;

18.  Opina que las redes europeas de las regiones deberían ampliar sus acciones en materia de buenas prácticas en la gobernanza y la asociación, hacer mayor hincapié en las enseñanzas políticas y estratégicas adquiridas en anteriores ciclos de programación y garantizar el acceso de los ciudadanos a la información clave sobre las mejores prácticas en todas las lenguas de la Unión Europea, contribuyendo así a velar por que se apliquen efectivamente buenas prácticas;

Refuerzo del cometido de la Comisión en apoyo de las entidades regionales y locales

19.  Opina que el refuerzo del papel de las entidades a nivel regional y local debe corresponderse con un fortalecimiento del cometido de supervisión de la Comisión, que, más que en los proyectos individuales, debe centrarse en el control de los sistemas de auditoría; reclama, en este contexto, un sistema europeo de certificación de los servicios nacionales; insta a la Comisión a que complete la aprobación de los informes de evaluación del cumplimiento, con objeto de evitar retrasos en los pagos y la pérdida de fondos como consecuencia de la liberación automática de compromisos, y a que antes de 2012 presente una propuesta sobre el riesgo de error aceptable;

20.  Acoge con satisfacción las conclusiones del informe de la Comisión sobre el Plan de Acción de febrero 2010 y las medidas correctivas y preventivas adoptadas hasta la fecha; pide a la DG REGIO que prosiga este ejercicio durante todo el período de aplicación con el fin de mantener el impulso generado por el Plan de Acción;

21.  Destaca que deben coordinarse mejor las iniciativas europeas en materia de política de cohesión y de política estructural, con el fin de no poner en tela de juicio la coherencia de la política regional; reclama, por consiguiente, una mayor coordinación en el seno de la Comisión entre la DG REGIO, competente para la política estructural y de cohesión, y las DG competentes para las iniciativas sectoriales específicas pertinentes; solicita, teniendo en cuenta la consolidación de los derechos de las entidades regionales y locales en el Tratado de Lisboa, que estas últimas participen de forma más activa en la elaboración de las políticas correspondientes en el seno de la Comisión, con objeto de aumentar las responsabilidades a nivel de los responsables de los proyectos: reclama asimismo un control más estricto de los resultados por parte de la Comisión sobre el terreno, a fin de evaluar mejor la eficacia de las estructuras de los proyectos, así como de las acciones con respecto a los objetivos;

22.  Pide a la Comisión que refuerce la iniciativa de «formación de formadores» dirigida a las autoridades de certificación; destaca que debería llevarse a cabo una supervisión permanente que garantizara la transferencia efectiva y equilibrada de los contenidos de formación a los niveles inferiores, sin descuidar a los agentes locales;

23.  Insta a la Comisión a que ponga en marcha rápidamente el nuevo portal en la base de datos SFC 2007, de forma que todos los agentes que participan en la gestión de los Fondos Estructurales tengan acceso directo a la información pertinente; recomienda que los Estados miembros promuevan y difundan la información relativa a este instrumento entre las entidades regionales y locales y los beneficiarios finales;

24.  Pide a la Comisión que establezca mecanismos adicionales de asistencia técnica para promover el conocimiento a nivel regional y local de los problemas relativos a la aplicación, especialmente en aquellos Estados miembros en los que, a juzgar por la evaluación «ex post» de los programas de la política de cohesión 2000-2006 por parte de la Comisión Europea, se perciben problemas persistentes con las capacidades administrativas en lo que respecta a la aplicación de dichos programas;

25.  Solicita una aplicación armonizada del modelo de información única y del modelo de auditoría única (SISA) en todos los niveles de fiscalización, a fin de evitar la duplicación de auditorías y un control excesivo; insta a la Comisión a que elabore un manual de auditoría única que incluya todas las notas de orientación elaboradas hasta la fecha;

26.  Pide a los Estados miembros que aprovechen mejor los instrumentos de ingeniería financiera para aumentar la calidad de los proyectos y la participación de los agentes privados, especialmente las PYME, en los proyectos europeos; insta a la Comisión a que simplifique las normas de funcionamiento de estos instrumentos, pues la complejidad actual limita su uso;

27.  Expresa su convencimiento de que no pueden cumplirse los procedimientos a expensas de la calidad de las intervenciones; pide a la Comisión que aplique en el futuro una política orientada en mayor medida en los resultados y más centrada en las prestaciones de calidad y el desarrollo de proyectos estratégicos, que en los controles; insta, a tal fin, a la Comisión a que desarrolle indicadores objetivos y mensurables que puedan compararse a escala de la Unión, a fin de disponer de mejores mecanismos de control y evaluación y a que prosiga la reflexión sobre la necesidad de flexibilizar las normas en caso de crisis económicas;

28.  Destaca que la aplicación de procedimientos claros y transparentes forma parte de la buena gobernanza; se congratula, por consiguiente, de la simplificación en curso del Reglamento Financiero y de los Fondos Estructurales y pide a los Estados miembros que respeten plenamente los requisitos del Reglamento Financiero revisado y den a conocer los beneficiarios finales de los Fondos Estructurales; insta a la Comisión a que proponga normas comprensibles que no requieran frecuentes modificaciones; reclama que se prevea una arquitectura más sencilla para los Fondos después de 2013, lo que no debe entenderse como consecuencia de la crisis económica sino como principio general de la futura política de cohesión, a fin de facilitar la absorción de los fondos, y recomienda una mayor transparencia y flexibilidad en la utilización de los Fondos de la UE para evitar el surgimiento de cargas administrativas adicionales que pudieran disuadir a eventuales socios de participar en los proyectos;

29.  Acoge con satisfacción el informe estratégico de la Comisión sobre la ejecución de los programas de política de cohesión, que constituye una importante fuente de información para el proceso de formulación de las políticas; considera que las conclusiones de este informe deberían tenerse en cuenta también en el proceso de elaboración de propuestas dirigidas a mejorar la ejecución de los programas de la política de cohesión;

30.  Reitera su compromiso con una política de cohesión fuerte y convenientemente financiada que garantice el desarrollo armónico de todas las regiones de la Unión Europea; pide que se mantengan los recursos destinados a la financiación de esta política más allá del año 2013, y que se rechace cualquier tentativa de renacionalización;

31.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta los principios de diferenciación y proporcionalidad en la futura normativa, y que adapte los requisitos al tamaño de los programas y a la naturaleza de los socios, especialmente cuando participen administraciones públicas de pequeño tamaño; pide que se recurra en mayor medida a las cantidades globales y las tarifas planas para todos los fondos, especialmente en lo que se refiere a los gastos generales y la asistencia técnica; propone que se contemplen criterios de evaluación más flexibles para los proyectos innovadores, con el fin de estimularlos, así como requisitos de control menos estrictos para los proyectos piloto; alienta a la Comisión a que desarrolle el principio del «contrato de confianza» con los Estados miembros que se comprometan a garantizar con éxito la correcta utilización de los Fondos;

32.  Pide, con miras a establecer una política más accesible en el futuro, que se armonicen e integren en mayor medida las normas que regulan los Fondos Estructurales, de forma que se evite el desglose de un proyecto determinado en diferentes partes para solicitar la asistencia de fondos distintos; recomienda que no se ponga el acento exclusivamente en la regularidad de los gastos, pues también conviene tener presente la calidad de las intervenciones, así como que los recursos se centren en la potenciación de la asistencia en la vertiente de la gestión;

33.  Pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas relativas a las disposiciones que regularán el próximo período de programación, adopte el reglamento de aplicación, elabore las directrices correspondientes y ofrezca formación sobre ellas y que agilice la negociación y aprobación de los programas operativos, a fin de evitar todo retraso en la aplicación de la política de cohesión y en la absorción de los fondos después de 2013;

o
o   o

34.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) DO L 210 de 31.7.2006, p.25.
(2) DO C 15 E de 21.1.2010, p. 10.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0201.


Creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración ***I
PDF 196kWORD 67k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 377/2004 del Consejo, sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración (COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))
P7_TA(2010)0469A7-0342/2010

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2009)0322),

–  Vistos el artículo 251, apartado 2, el artículo 63, apartado 3, letra b), y el artículo 66 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0055/2009),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

–  Vistos el artículo 294, apartado 3, y los artículos 74 y 79, apartado 2, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 1 de diciembre de 2010, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0342/2010),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de diciembre de 2010 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° .../2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 377/2004 del Consejo, sobre la creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración

P7_TC1-COD(2009)0098


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 493/2011).


Orden europea de protección ***I
PDF 436kWORD 156k
Resolución
Texto consolidado
Anexo
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre el proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Orden Europea de Protección (00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))
P7_TA(2010)0470A7-0354/2010

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la iniciativa de un grupo de Estados miembros (00002/2010),

–  Vistos el artículo 76, letra b), el artículo 82, apartado 1, párrafo segundo, letra d), y el artículo 289, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales el Consejo le ha presentado el proyecto de acto legislativo (C7-0006/2010),

–  Visto el artículo 294, apartados 3 y 15, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Visto el dictamen motivado presentado, en el marco del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por un Parlamento nacional afirmando que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Vistas las contribuciones presentadas por los Parlamentos nacionales sobre el proyecto de acto legislativo,

–  Vistos los artículos 37, 44 y 55 de su Reglamento,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebradas de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (A7-0354/2010),

1.  Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de diciembre de 2010 con vistas a la adopción de la Directiva 2011/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Orden Europea de Protección

P7_TC1-COD(2010)0802


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 82, apartado 1, letras a) y d),

Vista la iniciativa del Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República de Estonia, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Hungría, la República de Polonia, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Finlandia y el Reino de Suecia,

Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(1),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Unión Europea se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia.

(2)  El artículo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que la cooperación judicial en materia penal en la Unión se basará en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales.

(3)  Con arreglo al Programa de Estocolmo adoptado por el Consejo Europeo en su sesión de los días 10 y 11 de diciembre de 2009, el reconocimiento mutuo podría ampliarse a todos los tipos de sentencias y decisiones de carácter judicial, que pueden ser, según el ordenamiento jurídico, penales o administrativas. Asimismo insta a la Comisión y a los Estados miembros a examinar los modos de mejorar la legislación y las medidas prácticas de apoyo para la protección de las víctimas. El Programa prevé asimismo la posibilidad de ofrecer a las víctimas del delito medidas especiales de protección que deben ser efectivas en toda la Unión. La presente Directiva forma parte de un conjunto de medidas coherente y general sobre los derechos de las víctimas.

(4)  En la Resolución del Parlamento Europeo de 26 de noviembre de 2009 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, se pide a los Estados miembros que mejoren su legislación y políticas nacionales destinadas a combatir todas las formas de violencia contra la mujer y que emprendan acciones destinadas a combatir las causas de la violencia contra las mujeres, en particular mediante acciones de prevención, y a la Unión que garantice el derecho a la ayuda y la asistencia para todas las víctimas de violencia. En la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2009, se apoya la propuesta de establecer la orden de protección europea de las víctimas.

(5)  En un espacio común de justicia sin fronteras interiores es menester garantizar que la protección ofrecida a una persona física en un Estado miembro se mantenga y continúe en cualquier otro Estado miembro al que la persona vaya a trasladarse o se haya trasladado. Debe garantizarse asimismo que el ejercicio legítimo por parte de los ciudadanos de la Unión de su derecho a circular y a residir libremente en el territorio de los Estados miembros en virtud del artículo 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del artículo 21 del TFUE, no vaya en menoscabo de su protección.

(6)  Para la realización de estos objetivos la presente Directiva debe establecer normas conforme a las cuales la protección derivada de determinadas medidas de protección dictadas con arreglo al Derecho de un Estado miembro («el Estado de emisión») pueda ampliarse a otro Estado miembro en el que la persona objeto de la protección haya decidido residir o permanecer («el Estado de ejecución») ▌.

(7)  En la presente Directiva se toman en consideración las diversas tradiciones jurídicas de los Estados miembros, así como el hecho de que se puede garantizar una protección eficaz mediante órdenes de protección dictadas por una autoridad distinta de un órgano jurisdiccional penal. La presente Directiva no establece la obligación de modificar los sistemas nacionales para adoptar medidas de protección.

(8)  La presente Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas a proteger a una persona contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual ‐por ejemplo impidiendo cualquier forma de acoso‐ así como su dignidad o libertad personal, por ejemplo impidiendo el secuestro, el acecho y cualquier otra forma de coerción indirecta, así como a evitar nuevos actos delictivos o reducir las consecuencias de los cometidos anteriormente. Estos derechos personales de la persona protegida corresponden a valores fundamentales reconocidos y defendidos en todos los Estados miembros. Es importante subrayar que la presente Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas a defender a todas las víctimas y no sólo a las víctimas de la violencia de género, temiendo en cuenta las características propias de cada tipo de delito de que se trate.

(9)  La presente Directiva se aplica a medidas de protección con independencia de la naturaleza ‐penal, civil o administrativa‐ de la autoridad judicial o autoridad equivalente que dicte la resolución, ya sea mediante procesos penales o cualquier otro tipo de procedimiento, relativas a un acto que haya sido o pudiera haber sido objeto de un proceso ante un tribunal competente en materia penal.

(10)  La presente Directiva está destinada a aplicarse a las medidas de protección dictadas en favor de las víctimas o posibles víctimas de delitos; no deberá aplicarse a las medidas dictadas con fines de protección de testigos.

(11)  Si se dicta una medida de protección en el sentido de la presente Directiva para proteger a un familiar de la persona principal, también podrá solicitarse una orden de protección europea para dicho familiar, dentro del respeto de las condiciones establecidas en la presente Directiva.

(12)  Toda solicitud de expedición de una orden de protección europea debe tratarse con la diligencia adecuada, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y, en la medida de lo posible, el nivel de riesgo de la persona protegida.

(13)  En caso de que se facilite información en virtud de la presente Directiva a la persona causante del peligro o a la persona protegida, también debe facilitarse esta información al tutor o representante de la persona afectada, en caso de que existan. También debe prestarse la debida atención a que la persona protegida, la persona causante del peligro, o sus representantes en el procedimiento, reciban la información prevista en la presente Directiva en un idioma que comprendan.

(14)  En los procedimientos de expedición y reconocimiento de una orden de protección europea, las autoridades competentes deben prestar la debida atención a las necesidades de las víctimas, incluidas las personas especialmente vulnerables, como, por ejemplo, los menores o personas con discapacidad.

(15)  A los efectos de la aplicación de la presente Directiva, las medidas de protección podrán haberse dictado a raíz de una sentencia según la definición del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas sustitutivas(2), o bien a raíz de una resolución sobre medidas de vigilancia según la definición del artículo 4 de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, de 23 de octubre de 2009, relativa a la aplicación, entre Estados miembros de la Unión Europea, del principio de reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitución de la prisión provisional(3).

(16)  De conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y con el artículo 47, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se debe brindar a la persona que causa el peligro la posibilidad de ser oída y de impugnar la medida de protección durante el procedimiento que conduce a la adopción de la medida de protección o antes de que se dicte una orden de protección europea.

(17)  A fin de impedir que se cometa en el Estado de ejecución un delito o un nuevo delito contra la víctima, debe proporcionarse a dicho Estado una base jurídica para el reconocimiento de la resolución adoptada anteriormente en el Estado de emisión a favor de la víctima, dispensando a ésta de la necesidad de incoar nuevos procedimientos o de presentar las pruebas nuevamente en el Estado de ejecución como si el Estado de emisión no hubiese adoptado la resolución. El reconocimiento de la orden de protección europea por el Estado de ejecución supone, entre otras cosas, que la autoridad competente de ese Estado, a reserva de las limitaciones previstas en la presente Directiva, acepta la existencia y la validez de la medida de protección adoptada en el Estado de emisión, reconoce los hechos expuestos en la orden de protección europea y conviene en que debe facilitarse y mantenerse esa protección de conformidad con su Derecho nacional.

(18)   La presente Directiva contiene un número limitado de obligaciones o de prohibiciones que, una vez impuestas en el Estado de emisión e incluidas en la orden de protección europea, deben reconocerse y cumplirse en el Estado de ejecución, sin perjuicio de las limitaciones previstas en la presente Directiva. También podrán existir otras medidas de protección a nivel nacional, como, por ejemplo, si la legislación nacional prevé la obligación de la persona causante del peligro de permanecer en un lugar determinado. Estas medidas podrán imponerse en el Estado de emisión en el marco del procedimiento de adopción de una de las medidas de protección que, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, pueda ser la base de una orden de protección europea.

(19)  Dado que en los Estados miembros distintos tipos de autoridades (civiles, penales o administrativas) tienen competencia para dictar y para hacer cumplir medidas de protección, se considera oportuno aplicar un grado importante de flexibilidad en el mecanismo de cooperación entre los Estados miembros que se instaure en el marco de la presente Directiva. Por ello, la autoridad competente del Estado de ejecución no estará obligada a aplicar en todos los casos la misma medida de protección adoptada en el Estado de emisión, sino que tendrá un margen discrecional para adoptar cualquier medida que estime oportuna y adecuada con arreglo a su Derecho nacional en un asunto similar para mantener la protección de la persona protegida a tenor de la medida de protección adoptada en el Estado de emisión y descrita en la orden de protección europea.

(20)  Las obligaciones o prohibiciones a las que se aplica la presente Directiva incluyen, entre otras, medidas destinadas a limitar los contactos personales o a distancia entre la persona protegida y la persona causante del peligro, por ejemplo mediante la imposición de determinadas condiciones por las que se regirán tales contactos o la imposición de restricciones al contenido de las comunicaciones.

(21)  La autoridad competente del Estado de ejecución deberá informar a la persona causante del peligro, a la autoridad competente del Estado de emisión y a la persona protegida de las medidas que haya adoptado atendiendo a la orden de protección europea. Al efectuar la notificación a la persona causante del peligro deberá tenerse debidamente en cuenta el interés de la persona protegida en que no se revele su domicilio ni otros datos de contacto. Deberán excluirse esos datos de la notificación, salvo en caso de que el domicilio u otro dato de contacto esté incluido en la obligación o en la prohibición impuestas a la persona causante del peligro en calidad de medidas de ejecución.

(22)  En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión retire la orden de protección europea, la autoridad competente del Estado de ejecución pondrá fin a las medidas que haya adoptado para dar cumplimiento a la orden de protección europea, si bien la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adoptar, de manera autónoma, con arreglo a su Derecho nacional, cualquier medida de protección conforme a su Derecho nacional con el fin de proteger a la persona de que se trate.

(23)  Dado que la presente Directiva trata de situaciones en las que la persona protegida se traslada a otro Estado miembro, la ejecución de sus disposiciones no implica transferencia alguna al Estado de ejecución de competencias en cuanto a las penas principales, en suspenso, sustitutivas, condicionales o accesorias, o en cuanto a las medidas de seguridad impuestas a la persona causante del peligro, siempre que esta persona siga residiendo en el Estado que haya dictado la medida de protección.

(24)   Si procede, debe ser posible recurrir a medios electrónicos para llevar a la práctica las medidas adoptadas en aplicación de la presente Directiva, con arreglo a la legislación y procedimientos nacionales.

(25)  En el marco de la cooperación entre las autoridades encargadas de asegurar la salvaguarda de la persona protegida, la autoridad competente del Estado de ejecución deberá comunicar a la autoridad competente del Estado de emisión cualquier incumplimiento de las medidas adoptadas en el Estado de ejecución para ejecutar la orden de protección europea. Esta comunicación deberá permitir a la autoridad competente del Estado de emisión decidir con rapidez las acciones oportunas en relación con la medida de protección impuesta por ese Estado a la persona causante del peligro. Si procede, esas acciones podrán incluir la aplicación de una medida privativa de libertad en sustitución de la medida no privativa de libertad adoptada inicialmente, por ejemplo como alternativa a la prisión preventiva o como consecuencia de la suspensión condicional de una condena. Se entiende que tal resolución, al no consistir en la imposición ex novo de una sanción penal correspondiente a una nueva infracción penal, no afecta a la facultad del Estado de ejecución de imponer, si procede, sanciones penales o no penales en caso de incumplimiento de las medidas adoptadas para ejecutar la orden de protección europea.

(26)  Teniendo en cuenta las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros, cuando en el Estado de ejecución no se disponga de medidas de protección para un caso similar ante la situación concreta descrita en la orden de protección europea, la autoridad competente del Estado de ejecución notificará cualquier incumplimiento de la medida de protección descrita en la orden de protección europea que llegue a su conocimiento a la autoridad competente del Estado de emisión.

(27)  Para lograr una aplicación armoniosa de la presente Directiva en cada caso particular, las autoridades competentes de los Estados de emisión y ejecución deben ejercer sus competencias conforme a lo dispuesto en la presente Directiva, teniendo en cuenta el principio ne bis in idem.

(28)  No se exigirá a la persona protegida que pague los costes del reconocimiento de la orden de protección europea si estos son desproporcionados en relación con los casos nacionales similares. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que, tras y como consecuencia directa del reconocimiento de la orden de protección europea, no se exija a la persona protegida iniciar nuevos procedimientos nacionales para obtener de la autoridad de ejecución, como consecuencia directa de la orden de protección europea, la adopción de una resolución por la que se apliquen las medidas que serían aplicables con arreglo a su Derecho nacional en un caso análogo, a fin de garantizar la seguridad de la persona protegida.

(29)  Teniendo presente el principio de reconocimiento mutuo sobre el que se funda la presente Directiva, los Estados miembros deben promover en la medida de lo posible que las autoridades competentes en la aplicación de este instrumento mantengan contactos directos.

(30)  Sin perjuicio de la independencia judicial y de las diferencias en la organización de los sistemas judiciales en la Unión Europea, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de pedir a los responsables de la formación de jueces, fiscales, policía y personal judicial implicado en los procedimientos dirigidos a la emisión o reconocimiento de una orden de protección europea, que faciliten una formación apropiada en relación con los objetivos de la presente Directiva.

(31)  Con el fin de facilitar la evaluación de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión datos pertinentes sobre la aplicación de los procedimientos nacionales relativos a la orden de protección europea, y, al menos, los datos sobre el número de órdenes europeas de protección solicitadas, dictadas o reconocidas. A este respecto, también serían útiles otros tipos de datos, como, por ejemplo, los datos sobre los tipos de delitos de que se trata.

(32)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber proteger a las personas en situación de peligro, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, habida cuenta del carácter transfronterizo de las situaciones contempladas, y, en cambio, debido a su dimensión y a sus efectos potenciales, puede alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5, del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(33)  La presente Directiva debe contribuir a la protección de las personas que se encuentren en peligro, por lo que completa pero no afecta a los instrumentos ya existentes en este ámbito, como la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo y la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo.

(34)  Cuando una resolución relativa a una medida de protección corresponda al ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil(4), del Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental(5), o del Convenio de La Haya de 1996(6) relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, el reconocimiento y la ejecución de esa resolución deben llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en el instrumento jurídico de que se trate.

(35)  Los Estados miembros y la Comisión deben incluir información sobre la orden de protección europea, cuando proceda, en las campañas de información y sensibilización que realicen en relación con la protección de las víctimas de delitos.

(36)  Los datos de carácter personal tratados en el contexto de la aplicación de la presente Directiva deben estar protegidos conforme a la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(7), y con arreglo a los principios del Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado por todos los Estados miembros.

(37)  La presente Directiva debe respetar los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y por el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

(38)  En la aplicación de la presente Directiva, se insta a los Estados miembros a tener en cuenta los derechos y los principios consagrados en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objetivo

La presente Directiva establece normas que permiten que una autoridad judicial o autoridad equivalente de un Estado miembro en el que se haya dictado una medida de protección destinada a proteger a una persona contra actos delictivos de otra que puedan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica o su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual, dicte una orden de protección europea que faculte a una autoridad competente de otro Estado miembro para mantener la protección de la persona afectada en el territorio de ese otro Estado miembro, tras la comisión en el Estado de emisión de un acto que haya sido o pudiera haber sido objeto de procedimientos ante un tribunal competente en materia penal.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

   1) «Orden de protección europea», una resolución adoptada por una autoridad judicial o autoridad equivalente de un Estado miembro en relación con una medida de protección, en virtud de la cual una autoridad judicial o autoridad equivalente de otro Estado miembro adopta las medidas oportunas ▌ con arreglo a su propio Derecho nacional a fin de mantener la protección de la persona protegida.
   2) «Medida de protección», una resolución, adoptada en el Estado de emisión con arreglo a su legislación y procedimientos nacionales, por la cual se impone a una persona causante de peligro, en beneficio de una persona protegida, una o más de las obligaciones o prohibiciones previstas en el artículo 5, a fin de proteger a esta última persona de actos delictivos que puedan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica, su dignidad, su libertad individual o su integridad sexual.
   3) «Persona protegida», la persona física objeto de la protección derivada de una medida de protección dictada por el Estado de emisión.
   4) «Persona causante del peligro», la persona física a la que se haya impuesto una o más de las obligaciones o prohibiciones contempladas en el artículo 5.

5)  «Estado de emisión», el Estado miembro en el que se haya dictado ▌ una medida de protección que constituya la base para la emisión de una orden de protección europea.

6)  «Estado de ejecución», el Estado miembro al que se haya transmitido una orden de protección europea con vistas a su reconocimiento.

7)  «Estado de supervisión», el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia, tal como se define en el artículo 2 de la Decisión marco 2008/947/JAI del Consejo, o una resolución sobre medidas de vigilancia, tal como se define en el artículo 4 de la Decisión marco 2009/829/JAI.

Artículo 3

Designación de las autoridades competentes

1.  Cada Estado miembro comunicará a la Comisión la autoridad o autoridades judiciales, o autoridades equivalentes, que son competentes, con arreglo a su Derecho nacional, para dictar una orden de protección europea y para reconocerla, de conformidad con la presente Directiva, cuando dicho Estado miembro sea el Estado de emisión o el Estado de ejecución, respectivamente.

2.  La Comisión pondrá la información recibida a disposición de todos los Estados miembros. Los Estados miembros informarán a la Comisión de cualquier modificación posterior de la información a que se refiere el apartado 1.

Artículo 4

Intervención de una autoridad central

1.  Cada Estado miembro podrá designar una autoridad central o, si así lo prevé su ordenamiento jurídico, más de una, para asistir a sus autoridades competentes.

2.  Un Estado miembro podrá decidir, si es necesario debido a la organización de su ordenamiento jurídico interno, confiar a su autoridad o sus autoridades centrales la transmisión y recepción administrativas de las órdenes europeas de protección, así como de toda correspondencia oficial relacionada con ellas. Por consiguiente, toda comunicación, consulta, intercambio de información, indagaciones y notificaciones entre autoridades competentes podrá realizarse, si procede, con la ayuda de la autoridad o autoridades centrales designadas del Estado miembro interesado.

3.  El Estado miembro que desee hacer uso de las posibilidades contempladas en el presente artículo comunicará a la Comisión la información relativa a la autoridad o autoridades centrales designadas. Estas indicaciones serán vinculantes para todas las autoridades del Estado miembro de emisión.

Artículo 5

Requisito de existencia de una medida de protección con arreglo al ordenamiento nacional

Sólo se podrá dictar una orden de protección europea cuando previamente se haya adoptado en el Estado de emisión una medida de protección que imponga a la persona causante del peligro una o más de las siguientes obligaciones o prohibiciones:

   a) prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o frecuenta;
   b) prohibición o regulación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, con inclusión de los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio; o
   c) prohibición o reglamentación del acercamiento a la persona protegida dentro de una distancia indicada en la medida.

Artículo 6

Emisión de una orden de protección europea

1.  Se podrá dictar una orden de protección europea cuando la persona protegida decida residir o resida ya en otro Estado miembro, o cuando decida permanecer o permanezca ya en otro Estado miembro. A la hora de dictar una orden de protección europea, la autoridad competente del Estado de emisión tendrá en cuenta, entre otros criterios, la duración del período o de los períodos durante los cuales la persona protegida prevea permanecer en el Estado de ejecución, así como la importancia de la necesidad de protección.

2.  Una autoridad competente del Estado de emisión sólo podrá dictar una orden de protección europea a instancia de la persona protegida y previa comprobación de que la medida de protección cumple todos los requisitos previstos en el artículo 5.

3.  La persona protegida ▌ podrá presentar su solicitud para que se emita una orden de protección europea bien a la autoridad competente del Estado de emisión, bien a la autoridad competente del Estado de ejecución. En caso de que la solicitud se presente en el Estado de ejecución, su autoridad competente la transmitirá lo antes posible a la autoridad competente del Estado de emisión ▌.

4.  Antes de emitir la orden de protección europea, se dará a la persona causante del peligro el derecho a ser oída y a impugnar la medida de protección, cuando no se le hubieran concedido esos derechos en el curso del procedimiento que haya llevado a la adopción de la medida de protección.

5.  Cuando una autoridad competente dicte una medida de protección que contenga una o más de las obligaciones previstas en el artículo 5, informará de ello a la persona protegida por cualquier medio adecuado, conforme a los procedimientos previstos en su Derecho nacional, de la posibilidad de solicitar que se dicte una orden de protección europea en caso de que decida trasladarse a otro Estado miembro, así como de las condiciones básicas para presentar dicha solicitud. La autoridad aconsejará a la persona protegida que presente su solicitud antes de salir del territorio del Estado de emisión.

6.  En caso de que la persona protegida tenga un tutor o un representante, podrá ser éste quien presente la solicitud a que se refieren los apartados 2 y 3 en nombre de la persona protegida.

7.  Cuando se rechace la solicitud de emisión de una orden de protección europea, la autoridad competente del Estado de emisión informará a la persona protegida de todas las vías de recurso que sean de aplicación en el Derecho nacional para oponerse a dicha decisión.

Artículo 7

Forma y contenido de la orden de protección europea

La orden de protección europea se emitirá con arreglo al modelo que figura en el anexo I de la presente Directiva. Deberá contener, en particular, la siguiente información:

   a) identidad y nacionalidad de la persona protegida, y de su tutor o representante legal en caso de que la persona protegida sea menor o legalmente incapaz;
   b) la fecha a partir de la cual la persona protegida se propone residir o permanecer en el Estado de ejecución, así como el período o los períodos de permanencia, si se conocen;
   c) nombre, dirección, números de teléfono y fax y dirección de correo electrónico de la autoridad competente del Estado de emisión;
   d) identificación (por ejemplo, por medio de un número y de una fecha) del acto jurídico que contiene la medida de protección en la que se funda la orden de protección europea dictada;
   e) resumen de los hechos y circunstancias que dieron lugar a la imposición de la medida de protección en el Estado de emisión;
   f) obligaciones o prohibiciones impuestas en virtud de la medida de protección en la que se funda la orden de protección europea a la persona causante del peligro, su duración y la indicación de la pena o sanción que puede imponerse en caso de incumplimiento de la correspondiente obligación o prohibición;
   g) en su caso, utilización de un dispositivo técnico que se haya suministrado a la persona protegida o a la persona causante del peligro como medio para hacer cumplir la medida de protección;
   h) identidad y nacionalidad de la persona causante del peligro, así como sus datos de contacto;
   i) cuando la autoridad competente del Estado de emisión disponga de esta información sin necesidad de proceder a nuevas investigaciones, si se ha concedido a la persona protegida y/o a la persona causante del peligro asistencia jurídica gratuita en el Estado de emisión;
   j) si ha lugar, otras circunstancias que podrían influir en la valoración del peligro al que se expone la persona protegida;
   k) indicación expresa, en su caso, de que ya se ha transmitido al Estado de supervisión una sentencia, según se define en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, o una resolución sobre medidas de vigilancia, según se define en el artículo 4 de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, e indicación de la autoridad competente de ese Estado para la ejecución de dicha sentencia o resolución.

Artículo 8

Procedimiento de transmisión

1.  La autoridad competente del Estado de emisión transmitirá la orden de protección europea a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier medio que deje constancia escrita y en condiciones que permitan a la autoridad competente del Estado de ejecución determinar su autenticidad. Toda comunicación oficial se efectuará también de forma directa entre las autoridades competentes mencionadas.

2.  En caso de que la autoridad competente del Estado de ejecución o de emisión desconozca cuál es la autoridad competente del otro Estado, llevará a cabo todas las indagaciones necesarias, recurriendo entre otros medios a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea a que se refiere la Decisión 2008/976/JAI del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre la Red Judicial Europea(8), al miembro nacional de Eurojust o al sistema nacional de coordinación de Eurojust de su Estado, a fin de obtener la información necesaria.

3.  Cuando la autoridad del Estado de ejecución reciba una orden de protección europea y no sea competente para reconocerla, la transmitirá de oficio a la autoridad competente e informará de ello sin demora a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita.

Artículo 9

Medidas en el Estado de ejecución

1.  Cuando la autoridad competente del Estado de ejecución reciba una orden de protección europea transmitida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, reconocerá sin demora indebida la orden y adoptará una resolución por la que se apliquen las medidas que serían aplicables con arreglo a su Derecho nacional en un caso análogo, a fin de garantizar la protección de la persona protegida, salvo que decida invocar alguno de los motivos de denegación del reconocimiento contemplados en el artículo 10.

2.  La medida que adopte la autoridad competente del Estado de ejecución de conformidad con el apartado 1, así como cualquier otra medida que se adopte en virtud de una resolución posterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 11, corresponderá en la mayor medida posible a la medida de protección ordenada por el Estado de emisión.

3.  La autoridad competente del Estado de ejecución informará a la persona causante del peligro, a la autoridad competente del Estado de emisión y a la persona protegida de toda medida adoptada en aplicación del apartado 1, así como de las posibles consecuencias jurídicas del incumplimiento de estas medidas, tal y como estén previstas en el Derecho nacional y conforme a lo dispuesto en el articulo 11, apartado 2. No se darán a conocer a la persona causante del peligro la dirección ni otros detalles de contacto de la persona protegida, a menos que ello sea necesario para la ejecución de la medida adoptada en aplicación del apartado 1.

4.  En caso de que la autoridad competente del Estado de ejecución estime que la información transmitida con la orden de protección europea con arreglo al artículo 7 es incompleta, informará de ello sin demora a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita, fijando un plazo razonable para que la autoridad de emisión aporte la información que falta.

Artículo 10

Motivos de no reconocimiento de una orden de protección europea

1.  La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de una orden de protección europea cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

   a) cuando la orden de protección europea esté incompleta o no se haya completado en el plazo fijado por la autoridad competente del Estado de ejecución;
   b) cuando no se hayan cumplido los requisitos previstos en el artículo 5;
   c) cuando la medida de protección se refiera a un acto que no constituye infracción penal en el Derecho del Estado de ejecución;
     d) cuando la protección derive de la ejecución de una pena o medida que haya sido objeto de amnistía conforme al Derecho del Estado de ejecución y corresponda a un acto o comportamiento sobre el que tenga competencia con arreglo a dicho Derecho;
   e) cuando la persona causante del peligro goce de inmunidad conforme al Derecho del Estado de ejecución, y ello imposibilite la adopción de ▌ medidas fundadas en una orden de protección europea;
   f) cuando conforme al Derecho del Estado de ejecución exista prescripción de la actuación penal contra la persona causante del peligro respecto del hecho o comportamiento que haya dado lugar a la adopción de la medida de protección, cuando el acto o el comportamiento es de su competencia con arreglo a la legislación nacional;
   g) cuando el reconocimiento de la orden de protección europea vulnere el principio ne bis in idem;
   h) cuando, conforme al Derecho del Estado de ejecución, la persona causante del peligro no pueda considerarse penalmente responsable del acto o comportamiento que haya dado lugar a la adopción de la medida de protección, por razón de su edad;
   i) cuando la medida de protección se refiera a una infracción penal que, según el Derecho del Estado de ejecución, se considere cometida totalmente, en su mayor parte o fundamentalmente dentro del territorio de su jurisdicción.

2.   Cuando la autoridad competente del Estado de ejecución deniegue el reconocimiento de una orden de protección europea aplicando uno de los motivos mencionados anteriormente:

   a) informará sin dilación al Estado de emisión y a la persona protegida de la denegación y de los motivos de la misma;
   b) informará, cuando proceda, a la persona protegida de la posibilidad de solicitar la adopción de una medida de protección de conformidad con su Derecho nacional;
   c) informará, cuando proceda, a la persona protegida de todas las vías de recurso que sean de aplicación en el Derecho nacional para oponerse a dicha decisión.

Artículo 11

Derecho aplicable y competencia del Estado de ejecución

1.  El Estado de ejecución será competente para la adopción y la ejecución de medidas en ese Estado a raíz del reconocimiento de una orden de protección europea. Se aplicará el Derecho del Estado de ejecución a la adopción y ejecución de la resolución a que se refiere el artículo 9, apartado 1, con inclusión de las normas relativas a vías de recurso judicial contra las resoluciones adoptadas en el Estado de ejecución en relación con la orden de protección europea.

2.  En caso de que se incumpla alguna de las medidas adoptadas por el Estado de ejecución a raíz del reconocimiento de una orden de protección europea, la autoridad competente del Estado de ejecución será competente, en aplicación del apartado 1, para:

   a) imponer sanciones penales y adoptar cualquier otra medida como consecuencia del incumplimiento de esa medida, cuando tal incumplimiento constituya una infracción penal con arreglo al Derecho del Estado de ejecución;
   b) adoptar resoluciones de índole no penal relacionadas con el incumplimiento;
   c) adoptar las oportunas medidas provisionales urgentes para poner fin al incumplimiento, a la espera, en su caso, de una ulterior resolución del Estado de emisión.

3.  Cuando el Derecho nacional del Estado de ejecución no recoja medidas aplicables a casos análogos, la autoridad competente del Estado de ejecución notificará a la autoridad competente del Estado de emisión todo incumplimiento de la medida de protección descrita en la orden de protección europea que llegue a su conocimiento.

Artículo 12

Notificación en caso de incumplimiento

La autoridad competente del Estado de ejecución notificará a la autoridad competente del Estado de emisión o del Estado de supervisión cualquier incumplimiento de la medida o medidas adoptadas en virtud de la orden de protección europea. La notificación se conformará al modelo normalizado que figura en el anexo II.

Artículo 13

Competencia del Estado de emisión

1.  La autoridad competente del Estado de emisión tendrá competencia exclusiva para adoptar resoluciones relativas a:

   a) la prórroga, revisión, modificación, revocación y anulación de la medida de protección y, por consiguiente, de la orden de protección europea,
   b) la imposición de una medida privativa de libertad como consecuencia de la revocación de la medida de protección, siempre que la medida de protección se haya aplicado con motivo de una sentencia, según se define en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, o de una resolución sobre medidas de vigilancia, según se define en el artículo 4 de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo.

2.  Se aplicará la legislación del Estado de emisión a las resoluciones que se dicten de conformidad con el apartado 1.

3.  Cuando se haya transmitido ya a otro Estado miembro o se transmita tras la emisión de la orden de protección europea, una sentencia, conforme a la definición del artículo 2 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, o una resolución sobre medidas de vigilancia, conforme a la definición del artículo 4 de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, las resoluciones ulteriores se adoptarán de conformidad con las disposiciones pertinentes de dichas decisiones marco.

4.  La autoridad competente del Estado de emisión informará sin demora a la autoridad competente del Estado de ejecución de cualquier resolución adoptada de conformidad con el apartado 1.

5.  En caso de que la autoridad competente del Estado de emisión haya revocado o anulado la orden de protección europea conforme a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1, la autoridad competente del Estado de ejecución pondrá fin a las medidas adoptadas en virtud del artículo 9, apartado 1, tan pronto como haya recibido la correspondiente notificación de la autoridad competente del Estado de emisión.

6.  Cuando la autoridad competente del Estado de emisión modifique la orden de protección europea de conformidad con el apartado 1, letra a), la autoridad competente del Estado de ejecución, según proceda:

   a) modificará las medidas adoptadas al amparo de la orden de protección europea, ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 9; o
   b) se negará a hacer cumplir la obligación o prohibición modificadas, cuando no correspondan a los tipos de obligaciones o prohibiciones previstos en el artículo 5 o en caso de que la información transmitida con la orden de protección europea con arreglo al artículo 7 sea incompleta y no se haya completado dentro del plazo fijado por la autoridad competente del Estado de ejecución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4.

Artículo 14

Motivos para la suspensión de las medidas adoptadas en virtud de una orden de protección europea

1.  La autoridad competente del Estado de ejecución podrá suspender las medidas adoptadas en ejecución de una orden de protección europea en los siguientes casos:

   a) cuando existan claros indicios de que la persona protegida no reside ni permanece en el territorio del Estado de ejecución, o de que ha abandonado definitivamente dicho territorio;
   b) cuando haya expirado, con arreglo a su Derecho nacional, el plazo máximo de vigencia de las medidas adoptadas en ejecución de la orden de protección europea;
   c) en el caso previsto en el artículo 13, apartado 6, letra b);
   d) cuando una sentencia, tal como se define en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, o una resolución sobre medidas de vigilancia, tal como se define en el artículo 4 de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, se transmita al Estado de ejecución tras el reconocimiento de la orden de protección europea.

2.  La autoridad competente del Estado de ejecución informará inmediatamente de tal resolución a la autoridad competente del Estado de emisión y, cuando sea posible, a la persona protegida.

3.  Antes de suspender las medidas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, letra b), la autoridad competente del Estado de ejecución podrá invitar a la autoridad competente del Estado de emisión a que facilite información en cuanto a la necesidad de mantener la protección otorgada por la orden de protección europea en las circunstancias del caso concreto de que se trate. La autoridad competente del Estado de emisión responderá sin demora a tal invitación.

Articulo 15

Prioridad del reconocimiento de una orden de protección europea

La orden de protección europea se reconocerá con la misma prioridad que sería aplicable en un caso nacional similar, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y, en la medida de lo posible, el nivel de riesgo de la persona protegida.

Artículo 16

Consultas entre autoridades competentes

En su caso, las autoridades competentes del Estado de emisión y de ejecución podrán consultarse para facilitar la aplicación fluida y eficaz de la presente Directiva.

Artículo 17

Lenguas

1.  La orden de protección europea será traducida por la autoridad competente del Estado de emisión a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución.

2.  El modelo normalizado a que se refiere el artículo 12 será traducido por la autoridad competente del Estado de ejecución a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de emisión.

3.   Cualquier Estado miembro podrá, cuando se adopte la presente Directiva o en fecha posterior, hacer constar mediante declaración depositada ante la Comisión que aceptará una traducción a una o varias de las demás lenguas oficiales de la Unión.

Artículo 18

Gastos

Los gastos que resulten de la aplicación de la presente Directiva correrán a cargo del Estado de ejecución, de conformidad con su Derecho nacional, con excepción de aquellos ocasionados exclusivamente en el territorio del Estado de emisión.

Artículo 19

Relaciones con otros acuerdos y convenios

1.  Los Estados miembros podrán seguir aplicando los acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales que estén en vigor en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, en la medida en que permitan ir más allá de los objetivos de ésta y contribuyan a simplificar o a facilitar los procedimientos de adopción de medidas de protección.

2.  Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos o convenios bilaterales o multilaterales después de la entrada en vigor de la presente Directiva, en la medida en que permitan ir más allá de los objetivos de ésta y contribuyan a simplificar o facilitar los procedimientos de adopción de medidas de protección.

3.  Los Estados miembros notificarán ▌ a la Comisión, antes del …*(9), los convenios y acuerdos vigentes mencionados en el apartado 1 que deseen seguir aplicando. Los Estados miembros notificarán asimismo ▌ a la Comisión todos los nuevos acuerdos o convenios mencionados en el apartado 2, en los tres meses siguientes a su firma.

Artículo 20

Relación con otros instrumentos

1.  La presente Directiva no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, ni del Reglamento (CE) n° 2201/2003, ni tampoco del Convenio de La Haya de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, ni del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.

2.  La presente Directiva no afectará a la aplicación de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo ni de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo.

Artículo 21

Incorporación al Derecho interno

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a ▌ la presente Directiva a más tardar el…*(10). Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán la forma de la mencionada referencia.

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 22

Recogida de datos

Con el fin de facilitar la evaluación de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros comunicarán a la Comisión datos pertinentes sobre la aplicación de los procedimientos nacionales relativos a la orden de protección europea, y, al menos, los datos sobre el número de órdenes europeas de protección solicitadas, dictadas y/o reconocidas.

Artículo 23

Revisión

A más tardar el …*(11), la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva. El informe irá acompañado, en caso necesario, de propuestas legislativas.

Artículo 24

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

ORDEN DE PROTECCIÓN EUROPEA

mencionada en el artículo 7 de la

DIRECTIVA 2011/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE …, SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN(12)

La información contenida en este formulario debe tratarse con la debida confidencialidad

Estado de emisión:

Estado de ejecución:

a) Información relativa a la persona protegida:

Apellidos:

Nombre:

Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):

Sexo:

Nacionalidad:

Número de identificación o número de seguridad social (si lo tiene):

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Direcciones/domicilios:

– en el Estado de emisión:

– en el Estado de ejecución:

– en otro lugar:

Lenguas que entiende (si se conocen):

¿Se ha concedido a la persona protegida la asistencia jurídica gratuita en el Estado de emisión (si se dispone inmediatamente de esta información)?

? Sí

? No

? Se desconoce

Cuando la persona protegida sea menor o legalmente incapaz, información relativa al tutor o representante legal de la persona física:

Apellidos:

Nombre:

Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):

Sexo:

Nacionalidad:

Dirección profesional:

b) La persona protegida ha decidido residir o reside ya en el Estado miembro de ejecución, o ha decidido permanecer o permanece ya en el Estado miembro de ejecución.

Fecha a partir de la cual la persona protegida se propone residir o permanecer en el Estado de ejecución (si se conoce):

Periodos de permanencia (si se conocen):

c) Se ha entregado a la persona protegida o la persona causante del peligro algún dispositivo técnico para hacer cumplir la medida de protección:

? Sí; resuma brevemente los instrumentos utilizados:

? No.

d) Autoridad competente que emitió la orden de protección europea:

Denominación oficial:

Dirección completa:

Tfno.: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Fax: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Datos de la persona a la que hay que dirigirse

Apellidos:

Nombre:

Puesto (título o grado):

Tfno.: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Fax: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Correo electrónico (si lo tiene):

Lenguas en las que se puede comunicar:

e) Identificación de la medida de protección sobre cuya base se emitió la orden de protección europea:

La medida de protección se dictó el (fecha: DD-MM-AAAA):

La medida de protección es ejecutable desde el (fecha: DD-MM-AAAA):

Referencia del expediente de la medida de protección (si se dispone de ella):

Autoridad que adoptó la medida de protección:

f) Resumen de los hechos y descripción de las circunstancias, incluida, en su caso, la tipificación de la infracción, que dieron lugar a la imposición de la medida de protección mencionada en la anterior letra e):

g) Indicaciones relativas a la(s) obligación(es) o prohibición(es) impuesta(s) por la medida de protección a la persona causante del peligro:

Naturaleza de la(s) obligación(es): (puede marcar más de una casilla):

? prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o frecuenta;

– si marca esta casilla, indique con precisión las localidades, lugares o zonas definidas a las que tiene prohibida la entrada la persona causante del peligro:

? prohibición o regulación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, con inclusión de los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio;

– si marca esta casilla, indique cualquier detalle pertinente:

? prohibición o regulación de la posibilidad de aproximarse a la persona protegida dentro de una distancia indicada en la medida;

– si marca esta casilla, indique con precisión la distancia que debe observar la persona causante del peligro respecto de la persona protegida:

Indique el plazo durante el que se imponen la(s) obligación(es) antes mencionadas a la persona causante del peligro:

Indicación de la pena o sanción (si procede) en caso de incumplimiento de la prohibición:

h) Información relativa a la persona causante del peligro a la que se han impuesto la(s) obligación(es) mencionada(s) en la letra f):

Apellidos:

Nombre:

Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):

Alias, (en su caso)

Sexo:

Nacionalidad:

Número de identificación o número de seguridad social (si lo tiene):

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Direcciones/domicilios:

– en el Estado de emisión:

– en el Estado de ejecución:

– en otro lugar:

Lenguas que entiende (si se conocen):

Si se dispone de ella, facilite la siguiente información:

– Tipo y número del documento o documentos de identidad de la persona (documento de identidad, pasaporte):

¿Se ha concedido a la persona causante del peligro la asistencia jurídica gratuita en el Estado de emisión (si se dispone inmediatamente de esta información)?

? Sí

? No

? Se desconoce

i) Otras circunstancias que puedan influir en la evaluación del peligro que afecte a la persona protegida (información facultativa):

j) Otros datos útiles (por ejemplo, si se conoce y resulta necesario, información sobre otros Estados donde se hayan adoptado anteriormente medidas de protección respecto de la misma persona):

k) Marque la casilla correspondiente y rellene:

? una sentencia, según se define en el artículo 2 de la Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, ya transmitida a otro Estado miembro

– si marca esta casilla, indique los detalles de contacto de la autoridad competente a la que se envió la sentencia:

? una resolución sobre medidas de vigilancia, según se define en el artículo 4 de la Decisión Marco 2009/829/JAI del Consejo, ya transmitida a otro Estado miembro

– si marca esta casilla, indique los detalles de contacto de la autoridad competente a la que se envió la resolución sobre medidas de vigilancia:

Firma de la autoridad que emite la orden de protección europea o de su representante que confirme la conformidad del contenido de la orden:

Nombre:

Puesto (título o grado):

Fecha:

Referencia del expediente (si la hay):

(En su caso) Sello oficial:

ANEXO II

FORMULARIO

contemplado en el artículo 12 de la

DIRECTIVA 2011/…/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE …, SOBRE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN(13)

NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA ADOPTADA EN VIRTUD DE LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN

La información contenida en este modelo debe tratarse con la debida confidencialidad

a) Detalles de la identidad de la persona causante del peligro

Apellidos:

Nombre:

Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):

Alias, (en su caso)

Sexo:

Nacionalidad:

Número de identificación o número de seguridad social (si lo tiene):

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Dirección:

Lenguas que entiende (si se conocen):

b) Detalles de la identidad de la persona protegida:

Apellidos:

Nombre:

Apellido de soltera o apellido anterior (en su caso):

Sexo:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Dirección:

Lenguas que entiende (si se conocen):

c) Detalles de la orden de protección europea:

Orden emitida el:

Referencia del expediente (si la hay):

Autoridad que emitió la orden:

Denominación oficial:

Dirección:

d) Detalles de la autoridad encargada de la ejecución de la medida de protección, si la hubiere, dictada en el Estado de ejecución con arreglo a la orden de protección europea:

Denominación oficial de la autoridad:

Nombre de la persona a la que hay que dirigirse:

Puesto (título o grado):

Dirección:

Tfno.: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Fax: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Correo electrónico:

Lenguas en las que se puede comunicar:

e) Incumplimiento de la(s) obligación(es) impuestas por la autoridades competentes del Estado de ejecución a raíz del reconocimiento de la orden de protección europea y demás consideraciones que darían lugar a la adopción de cualquier decisión posterior:

El incumplimiento se refiere a la(s) siguiente(s) obligación(es) (puede marcar más de una casilla):

? prohibición de entrar en determinadas localidades, lugares o zonas definidas en las que la persona protegida reside o frecuenta;

? prohibición o regulación de cualquier tipo de contacto con la persona protegida, con inclusión de los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal, por fax o por cualquier otro medio;

? prohibición o regulación de la posibilidad de aproximarse a la persona protegida a dentro de una distancia indicada en la medida;

? cualquier otra medida, correspondiente a la medida de protección que subyace a la orden de protección europea, adoptada por las autoridades competentes del Estado de ejecución a raíz del reconocimiento de la orden de protección europea.

Descripción del incumplimiento o incumplimientos (lugar, fecha y circunstancias específicas):

De conformidad con el artículo 11, apartado 2:

– medidas adoptadas como consecuencia del incumplimiento:

– posibles consecuencias jurídicas del incumplimiento en el Estado de ejecución:

Otras consideraciones que puedan dar lugar a la adopción de resoluciones ulteriores

Descripción de las consideraciones:

f) Detalles de la persona a la que hay que dirigirse para recabar información adicional sobre el quebrantamiento:

Apellidos:

Nombre:

Dirección:

Tfno.: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Fax: (prefijo del país) (prefijo de zona o ciudad) (número)

Correo electrónico:

Lenguas en las que se puede comunicar:

Firma de la autoridad que emite la orden de protección europea o de su representante que confirme la conformidad del contenido del formulario:

Nombre:

Puesto (título o grado):

Fecha:

Sello oficial (en su caso):

(1) Posición del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2010.
(2) DO L 337 de 16.12.2008, p. 102.
(3) DO L 294 de 11.11.2009, p. 20.
(4) DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
(5) DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.
(6)DO L 151 de 11.6.2008, p. 39.
(7) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(8)DO L 348 de 24.12.2008, p. 130.
(9)* Tres meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(10)*Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(11)* Cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(12)* Número y la fecha de la presente Directiva.
(13)* Número y la fecha de la presente Directiva.


Trata de seres humanos ***I
PDF 196kWORD 68k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, por la que se deroga la Decisión marco 2002/629/JAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))
P7_TA(2010)0471A7-0348/2010

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0095),

–  Visto el artículo 294, apartado 2, el artículo 82, apartado 2, y el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta al Parlamento (C7-0087/2010),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las aportaciones de los Parlamentos nacionales al proyecto de acto legislativo,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 21 de octubre de 2010,

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 25 de noviembre de 2010, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, celebradas de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0348/2010),

1.  Adopta la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 14 de diciembre de 2010 con vistas a la adopción de la Directiva 2011/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo

P7_TC1-COD(2010)0065


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, la Directiva 2011/36/UE).


Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de residentes ilegales ***
PDF 190kWORD 29k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de residentes ilegales (15507/2010 – C7-0392/2010 – 2010/0108(NLE))
P7_TA(2010)0472A7-0346/2010

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15507/2010),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y Georgia sobre readmisión de residentes ilegales (14654/2010),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 79, apartado 3, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0392/2010),

–  Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0346/2010),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Georgia.


Cohesión económica, social y territorial
PDF 151kWORD 66k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010, sobre la consecución de una auténtica cohesión económica, social y territorial dentro de la UE: ¿una condición sine qua non para la competitividad global? (2009/2233(INI))
P7_TA(2010)0473A7-0309/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus títulos I y XVIII,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de marzo de 2010,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Europa global: competir en el mundo – Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2006)0567),

–  Visto el Informe anual de la OCDE de 2009,

–  Vista la publicación «Successful partnerships: a guide», del Foro OCDE-LEED sobre asociación y gobernanza local, 2006,

–  Visto el «Global Competitiveness Report 2009-2010» (Informe sobre la competitividad mundial 2009-2010) del Foro económico mundial, Ginebra (Suiza), 2009,

–  Visto el informe independiente «Una agenda para una política de cohesión reformada - Un enfoque de base local para superar los retos y las expectativas de la Unión Europea», de abril de 2009, preparado por Fabrizio Barca a petición de Danuta Hübner, Comisaria de Política Regional,

–  Visto el documento político del Consejo de Municipios y Regiones de Europa titulado «El futuro de la política de cohesión», Bruselas, diciembre de 2009,

–  Vista la Resolución de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) sobre la política regional después de 2013, aprobada por la Asamblea General de la ARE el 8 de noviembre de 2007 en Udine (Italia),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del periodo de programación 2007-2013 (COM(2008)0301),

–  Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la aplicación del Reglamento de los Fondos Estructurales para el periodo 2007-2013: resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión(1),

–  Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre las mejores prácticas en el ámbito de la política regional y los obstáculos a la utilización de los Fondos Estructurales(2),

–  Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional(3),

–  Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre la cohesión territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020(5),

–  Visto el Cuarto informe sobre la cohesión económica y social (COM(2007)0273),

–  Visto el Vigésimo Informe anual de la Comisión sobre la aplicación de los Fondos Estructurales (2008) (COM(2009)0617),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Movilizar las inversiones públicas y privadas con vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de la colaboración público-privada (CPP)» (COM(2009)0615),

–  Visto el apartado 37 de su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la reforma de las ayudas estatales 2005-2009(6),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0309/2010),

A.  Considerando que la promoción de la cohesión económica, social y territorial, así como de la solidaridad entre los Estados miembros, es uno de los objetivos de la Unión Europea, según se dispone en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

B.  Considerando que la Unión podrá ser competitiva a nivel global solamente en la medida en que sus políticas interiores apoyen su capacidad para responder a los desafíos mundiales, llevando a cabo una economía sostenible con un bajo nivel de emisiones de carbono y que proteja la biodiversidad, dado que los periodos de recesión han puesto de manifiesto que las regiones menos desarrolladas tienen una capacidad de recuperación menor,

C.  Considerando que competitividad y cohesión no son contradictorias ni incompatibles, sino que tienen elementos de complementariedad,

D.  Considerando que, a pesar de los importantes avances conseguidos en el ámbito de la convergencia dentro de la Unión, se observa una tendencia hacia la agudización de las disparidades territoriales entre las regiones de la UE, por ejemplo en materia de accesibilidad, en particular en las regiones estructuralmente desfavorecidas, así como a escala intrarregional y en el interior de los territorios de la UE, lo que podría degenerar en fenómenos de segregación espacial y profundizar las diferencias entre los niveles de prosperidad de las regiones de la UE y mermar la competitividad global de la UE,

E.  Considerando que, en su Informe anual de 2009, la OCDE formuló una recomendación relativa al crecimiento a largo plazo que se centraba en la importancia de la fiscalidad, la inversión en infraestructura, educación y fuerza de trabajo, y la regulación de los mercados de producción, destacando así su función,

F.  Considerando que el Foro Económico Mundial señaló en su Informe sobre la competitividad mundial 2009-2010, así como en otros informes, el papel decisivo que corresponde a la infraestructura como segundo pilar de los doce en los que se basa el análisis de la competitividad global, y precisó que una infraestructura de calidad es una condición esencial para acortar distancias, atraer inversión extranjera y garantizar las posibilidades de desarrollo económico,

G.  Considerando que, a largo plazo, la competitividad sólo puede lograrse con un crecimiento económico verdaderamente sostenible en toda la UE,

H.  Considerando que el informe del grupo de expertos independientes sobre I+D e innovación creado a raíz de la cumbre de Hampton Court y presidido por Esko Aho, que lleva por título «Crear una Europa innovadora», identifica los ámbitos clave, a saber, sanidad electrónica, productos farmacéuticos, transporte y logística, medio ambiente, contenido digital, energía y seguridad, en los que puede funcionar un mercado de la innovación y las políticas públicas pueden desempeñar un importante papel,

I.  Considerando que para alcanzar los objetivos de la UE 2020 es necesario aceptar que existen diferencias en el nivel de desarrollo y límites, así como fijar objetivos conformes con la situación real e identificar las necesidades existentes mediante consultas con todos los actores de los diferentes niveles de gobierno,

J.  Considerando que el Consejo Europeo de marzo de 2010 reconoció la importancia de promover la cohesión económica, social y territorial, también mediante el desarrollo de la infraestructura, para contribuir al éxito de la Estrategia UE 2020 en un contexto en el que esta nueva estrategia tendrá que hacer frente a situaciones de bloqueo del desarrollo económico,

K.  Considerando que la política de cohesión ha resultado ser un instrumento eficaz para responder de manera flexible a los desafíos socioeconómicos derivados de la crisis financiera,

L.  Considerando que, además de una buena infraestructura, los requisitos previos clave para la competitividad son el fomento en los ámbitos de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la correspondiente formación de calidad de las personas en las regiones,

M.  Considerando que las regiones tendrán un papel crucial para limitar el impacto de los efectos de la crisis sobre los ciudadanos y que deberían por tanto acogerse al principio de asociación y desarrollar instrumentos adecuados para la evaluación ex ante del impacto territorial de los diferentes tipos de políticas, con vistas a afrontar desafíos de envergadura, como la adaptación a la globalización, los cambios demográficos y la consiguiente despoblación de las regiones, el cambio climático, los problemas relacionados con la energía y la protección de la biodiversidad, así como los nuevos retos que se deriven de la crisis,

N.  Considerando que, como han demostrado los resultados de los debates sobre las estrategias y los programas de la política de cohesión para el periodo de programación 2007-2013, han aumentado la calidad de los programas y la implicación de las partes interesadas en todos los niveles de gobierno, lo que representa un paso adelante hacia la consecución de los objetivos de Lisboa en materia de competitividad económica y empleo,

O.  Considerando que la reforma de la política de cohesión debe conducir a su mejora mediante una mejor correlación y una mejor coordinación y sinergia de las políticas europeas, sin llegar a subordinar unas políticas a otras, de conformidad con las necesidades y los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión,

P.  Considerando que la implicación de los actores locales y regionales en la política de cohesión se refleja en sus estrategias regionales y locales de desarrollo económico e inclusión social,

Q.  Considerando que la competitividad económica de las regiones retrasadas se ve apoyada por el desarrollo de sus capacidades, incluido el desarrollo de todo tipo de infraestructuras, y hace posible el acceso a la educación, la investigación y la innovación,

R.  Considerando que, pese a que algunos aspectos estructurales de dichos instrumentos -como es tener la misma duración y armonización que la Agenda de Lisboa- favorecen las sinergias, siguen detectándose diferencias, como pueden ser los distintos fundamentos jurídicos, los intereses temáticos frente a los intereses territoriales y una gestión compartida frente a una gestión centralizada,

La política de cohesión como condición sine qua non de la competitividad económica global

1.  Hace hincapié en los logros de la política de cohesión de la Unión Europea y subraya que su aplicación resulta indispensable para que la Estrategia UE 2020 sea un éxito, utilizándola como medio para eliminar las diferencias entre las regiones, aumentar su competitividad, facilitar la puesta en marcha de reformas estructurales y aumentar la capacidad de adaptación de las regiones al entorno económico global;

2.  Valora que, para el período 2007-2013, todos los Estados miembros hayan dedicado un porcentaje considerable de la totalidad de las asignaciones financieras al ámbito de I+D, la innovación y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, generando 246 programas operativos nacionales o regionales con cerca de 86 000 millones de euros asignados a la investigación y la innovación, de los que ya se han asignado 50 000 millones de euros para actividades básicas de I+D e innovación; subraya que la investigación y la innovación son instrumentos esenciales para mejorar la competitividad de la UE ante los retos mundiales, por lo que es necesario que se mantenga una inversión regular en estos ámbitos y se realice una evaluación periódica de los avances logrados sobre la base de los resultados obtenidos; recomienda por tanto, con vistas al próximo período de programación, que los Estados miembros y la Comisión asignen recursos suficientes de los Fondos Estructurales para investigación e innovación, en particular para innovaciones sostenibles, y que refuercen las capacidades de investigación; subraya la necesidad de fomentar y aplicar los modelos satisfactorios relativos al triángulo del conocimiento para garantizar el desarrollo sostenible de la investigación regional y de los marcos estratégicos de innovación en colaboración con las empresas, los centros de investigación, las universidades y las autoridades públicas; destaca el potencial de las agrupaciones innovadoras regionales de conocimiento intensivo a la hora de movilizar la competitividad regional y aboga por una mejor coordinación entre los Fondos Estructurales y el Séptimo Programa Marco para acciones de investigación y desarrollo tecnológico;

3.  Subraya que la mejora de la concentración de los recursos de la política de cohesión puede garantizar una contribución significativa de esta política al fomento de la competitividad, la innovación y el empleo en la UE;

4.  Destaca el papel clave desempeñado tanto por el sector público en todos sus niveles de gobierno como por el sector privado en la aplicación de la política de cohesión y en el restablecimiento de la confianza y la solidaridad en tiempos de recesión y después de la recesión, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a las inversiones públicas, en especial en infraestructuras, nuevas tecnologías y capital humano, y el desarrollo sostenible;

5.  Subraya que la competitividad económica de las regiones de la UE está estrechamente vinculada a la existencia de unos niveles adecuados de empleo, mano de obra formada y capacitada, seguridad social y acceso a los servicios públicos; constata, en este sentido, que el apoyo de la política de cohesión a la cohesión social aumenta la importancia de esta política en términos de competitividad regional a escala mundial;

6.  Opina que, de acuerdo con el espíritu de los Tratados, una política de cohesión que vaya dirigida a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las regiones y las prepare para afrontar los desafíos a corto y medio plazo (como la globalización, el cambio demográfico, la despoblación de las zonas rurales, el cambio climático y la protección de la biodiversidad), teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles específicos, ha demostrado ser un elemento fundamental en el proceso de integración europea;

7.  Señala que, mediante un aumento de las sinergias creadas entre las políticas de investigación, desarrollo e innovación, y la política de cohesión, podría responderse mejor a los desafíos de la Estrategia UE 2020; subraya que la política de cohesión debe desempeñar un papel importante en la aplicación de Estrategia UE 2020, ya que esta política estimula el cambio estructural en toda Europa y apoya prioridades de inversiones clave en todos los niveles, local, regional, nacional y transfronterizo, garantizando la cohesión social, económica y territorial; señala, no obstante, que aunque las prioridades de la política de cohesión deben ajustarse a los objetivos de la UE 2020, esta debe seguir siendo una política independiente capaz de dar cabida a las peculiaridades regionales y de apoyar a las regiones más débiles y necesitadas para que superen sus deficiencias socioeconómicas y sus dificultades naturales, y reduzcan las desigualdades; considera que asegurar la continuidad de las directrices de la política de cohesión ya en funcionamiento salvaguardará la dimensión regional de la I+D+i y generará empleo en los sectores innovadores;

Cohesión territorial: reflejo del impacto local de las políticas de la UE

8.  Apoya los puntos de vista expuestos en el Libro Verde sobre la cohesión territorial relativos a la competitividad, que «depende asimismo de los vínculos que se establecen con otros territorios para garantizar la utilización de activos comunes de manera coordinada y sostenible» con el fin de liberar el potencial de la diversidad territorial de la Unión Europea; subraya, en este sentido, que un funcionamiento adecuado y coordinado de los transportes, un acceso suficiente a las telecomunicaciones y la puesta en común, si procede, de las infraestructuras de energía, asistencia sanitaria, investigación, educación y protección medioambiental son condiciones básicas para un mayor refuerzo de la competitividad; insta a la Comisión Europea a que presente propuestas concretas sobre la definición y la aplicación coherente de los objetivos de cohesión territorial;

9.  Opina que los Estados miembros deben impulsar un enfoque de base local para elaborar y aplicar la política de cohesión; reconoce que la función de las regiones difiere de un Estado miembro a otro en función de su estructura político-administrativa; pide que el principio de subsidiariedad, en el sentido reforzado y ampliado que le da el TFUE, se aplique debidamente y que se persiga la introducción de mejoras, en relación con el actual período de programación, mediante el fomento del principio de descentralización a nivel de las entidades locales, con vistas a mejorar la absorción de los fondos; considera contraproducente, en este sentido, que las regiones gestionen solamente una media del 30,5 % del presupuesto total asignado a la política de cohesión, quedando el resto en manos de los gobiernos centrales; opina por ello que el principio de asociación debe reforzarse considerablemente en el futuro;

10.  Opina que los territorios fronterizos en particular revelan las dificultades que la Unión Europea afronta en relación con los retos que plantean la apertura de las fronteras, la realización del mercado único y la mundialización; subraya que la competitividad de esos territorios puede verse minada por la necesidad de hacer frente a las competencias fiscales y sociales, a las complejidades administrativas y a los flujos migratorios interregionales e interestatales; insiste en la importancia de desarrollar las herramientas necesarias para la cooperación transfronteriza y la gobernanza multinivel y pide a la Comisión que fomente los intercambios de información y las mejores prácticas;

11.  Señala que la cohesión territorial tiene carácter horizontal y multisectorial, por lo que las políticas de la Unión deben contribuir a la consecución de sus objetivos; reitera que este concepto no se limita al impacto de la política regional, sino que supone también la coordinación con otras políticas de la Unión que persiguen un desarrollo sostenible y ofrecen resultados perceptibles a escala regional, con vistas a desarrollar y aprovechar plenamente las formas específicas del potencial regional e incrementar su impacto sobre el terreno, reforzar la competitividad y la capacidad de atracción de las regiones y alcanzar la cohesión territorial; opina que «concentración, cooperación y conexión» son las coordenadas fundamentales de la cohesión territorial para alcanzar un desarrollo territorial más equilibrado en la UE;

12.  Subraya que la gobernanza multinivel implica la delegación de responsabilidades para los programas, lo que permite un mejor aprovechamiento del potencial de la cooperación territorial y que, por consiguiente, para que la Unión esté en condiciones de perseguir objetivos comunes recurriendo a medidas coherentes y orientadas en función de los resultados, estableciendo al mismo tiempo prioridades regionales y locales específicas, deberían aplicarse los principios de la gobernanza multinivel;

13.  Celebra los resultados de las iniciativas URBAN y LEADER, y subraya la necesidad de hacer uso de la experiencia adquirida y de los ejemplos conexos de mejores prácticas para establecer un marco para un desarrollo rural-urbano integrado y equilibrado, conforme a las necesidades de cada región; pide a la Comisión que examine y proponga metodologías de trabajo para promover asociaciones urbano-rurales, luchar contra la despoblación de las zonas rurales y, al mismo tiempo, estimular un desarrollo urbano sostenible, dado que casi el 80 % de la población de la UE vive en zonas urbanas; señala que tanto las zonas urbanas como las rurales desempeñan un papel dinámico en el desarrollo económico regional y subraya la necesidad, con miras al próximo período de programación, de que se invierta en proyectos urbanos y suburbanos, y se mejore la coordinación con los programas de desarrollo rural;

Maximizar el impacto de la política de cohesión para aumentar la competitividad económica

14.  Considera que el principio de asociación es fundamental para dotar de contenido a la política de cohesión, potenciando la capacidad administrativa y la calidad de los procesos de programación a través de un enfoque ascendente (bottom-up); opina que todos los niveles de gobierno deben intervenir de manera coherente, complementaria y productiva para estimular la competitividad económica de la UE; pide a la Comisión que proporcione una definición más clara del principio de asociación para asegurar la creación de verdaderas asociaciones con las entidades regionales y locales y facilitar el intercambio de mejores prácticas entre las regiones;

15.  Recuerda que la cofinanciación es un principio fundamental de la buena gestión de la política de cohesión; pide su aplicación continuada a pesar de la limitación del gasto público debida a la crisis económica;

16.  Destaca la necesidad de promover el espíritu empresarial y de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), reconociendo su papel clave a la hora de estimular la competitividad económica y crear empleo; subraya la necesidad de revisar y consolidar el papel de los instrumentos de la UE que apoyan la competitividad europea con vistas a racionalizar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso a la financiación, en particular para las PYME, introducir mecanismos innovadores de incentivos basados en el logro de los objetivos vinculados a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y promover una cooperación más estrecha con el Banco Europeo de Inversiones y otras entidades financieras; aprecia, en este sentido, el valor añadido que ofrecen los instrumentos de ingeniería financiera y anima a que se utilicen, junto con los fondos rotatorios y las subvenciones globales, a una escala lo más amplia posible, para lograr sinergias positivas y optimizar los resultados; aboga, además, por un acceso simplificado al capital de riesgo y a la microfinanciación;

17.  Hace asimismo hincapié en que una aplicación eficiente de la política de cohesión depende enormemente de cómo esté concebida y en que resulta por tanto fundamental que las entidades locales y regionales se impliquen en una fase temprana a la hora de configurar y aplicar la futura política de cohesión; destaca, igualmente, la necesidad de desarrollar asociaciones horizontales y verticales entre las autoridades públicas a todos los niveles con vistas a lograr una gobernanza lo más eficaz posible en determinados niveles; reitera que la gobernanza multinivel es uno de los principios clave de la política de cohesión y que resulta fundamental a la hora de garantizar la calidad del proceso de toma de decisiones; subraya también, en este sentido, la importancia de la asociación entre las autoridades regionales y el Comité de las Regiones;

18.  Acoge con satisfacción la modificación del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo que simplifica los procedimientos para la utilización de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, e invita a la Comisión a seguir avanzando en la simplificación de tales procedimientos para asegurar su flexibilidad y reducir la carga administrativa de los beneficiarios de la financiación, de manera que las autoridades puedan atender a los desafíos principales puntualmente y con los recursos adecuados; opina que la colaboración público-privada puede aportar un apoyo efectivo complementario de los esfuerzos realizados a nivel local y regional, y pide a la Comisión que presente propuestas concretas para consolidar las asociaciones público-privadas en el marco de la política de cohesión;

19.  Destaca la importancia, con vistas a eliminar diferencias, de continuar apoyando principalmente los proyectos destinados a las regiones atrasadas, de modo que el impacto esperado en este periodo de programación sea sostenible y guarde relación con las estimaciones iniciales; observa que la mejora de la accesibilidad y de las facilidades infraestructurales contribuirá a mejorar la competitividad de las regiones retrasadas en el mercado interior y, de este modo, a fomentar la competitividad exterior de la UE en su conjunto; opina que retirar estas ayudas disminuiría el impacto de los resultados positivos iniciales;

20.  Subraya que, aunque la política de cohesión se centra tradicionalmente en las regiones menos prósperas, afecta a todas las regiones europeas, independientemente de su nivel de desarrollo; subraya, por consiguiente, la necesidad de fomentar el objetivo de la competitividad regional y el empleo; reitera que una política de cohesión sólida y bien financiada, dotada de un presupuesto equivalente como mínimo al actual tanto en términos absolutos como relativos, es una condición indispensable para cumplir los objetivos de la Estrategia UE 2020 a fin de lograr una economía inteligente, sostenible e integradora, haciendo que la UE sea competitiva a nivel mundial, y de asegurar el desarrollo de todas las regiones de forma armoniosa, alcanzando el objetivo de cohesión social, económica y territorial;

21.  Considera que el PIB debe seguir siendo el criterio principal para determinar la elegibilidad de las regiones respecto de las ayudas de la política de cohesión, si bien se pueden añadir otros indicadores mensurables, a condición de que se haya demostrado su pertinencia, permitiendo así que las autoridades nacionales apliquen, en el nivel adecuado del proceso de toma de decisiones, otros indicadores que tengan en cuenta las características específicas de las regiones y ciudades;

22.  Destaca la importancia de que en la asignación de los fondos se tengan en cuenta las características específicas de, por ejemplo, las regiones costeras, montañosas y ultraperiféricas, las regiones con baja densidad de población, o las regiones y ciudades fronterizas; anima a las regiones a presentar iniciativas para aprovechar sus características regionales especificas; pide a la Comisión que adecue los distintos instrumentos financieros para obtener valor añadido a corto y medio plazo, teniendo en cuenta también los efectos de la crisis económica y financiera;

23.  Anima a la Comisión a que estudie nuevas posibilidades en el ámbito de la ingeniería financiera para mejorar la eficacia y el impacto de la política de cohesión y para conseguir los mejores resultados posibles con los proyectos seleccionados;

24.  Destaca el efecto positivo que la igualdad entre hombres y mujeres tiene en el crecimiento económico y en la cohesión social de la UE y, por ende, en su competitividad;

La política de cohesión, política clave para el periodo posterior a 2013

25.  Insiste en el papel decisivo que desempeñan el desarrollo regional y la cohesión territorial a lo largo de toda Europa, en virtud de su valor añadido europeo, para el aumento de la competitividad económica de la UE y para alcanzar los objetivos de la UE 2020, siendo el enfoque de base local uno de los principales modos de lograr el equilibrio económico;

26.  Subraya la necesidad de un enfoque integrado para el uso de los Fondos Estructurales como un instrumento importante para ayudar a las regiones a lograr un crecimiento, un nivel de empleo y una prosperidad sostenibles;

27.  Destaca que es necesario seguir manteniendo regímenes transitorios para consolidar y aumentar el nivel de desarrollo alcanzado, que se podría ver afectado negativamente si la financiación se reduce de forma drástica al superar un objetivo determinado; señala que de esta forma se garantiza un trato idéntico a las regiones que se encuentren en una situación similar, lo que también permitirá una organización eficaz de los programas;

28.  Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que las expectativas de la población europea guardan relación con sus necesidades, en especial con sus deseos de acceder a unas infraestructuras adecuadas y unos servicios públicos de calidad, que deben prestarse con equidad y a precios asequibles para todos los ciudadanos europeos, con independencia de su lugar de residencia y trabajo; insiste en que se debe respetar el principio de igualdad de oportunidades y subraya la necesidad de que todas las infraestructuras y proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales sean accesibles a las personas con discapacidad;

29.  Señala que para consolidar el conocimiento y la innovación como impulsores del crecimiento económico futuro y de la competitividad europea es necesario mejorar la calidad de la educación, afianzar los resultados de la investigación, promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las tecnologías de información y comunicación, asegurarse de que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo, fomentar el espíritu emprendedor, conceder una atención prioritaria a las necesidades de los usuarios y a las oportunidades del mercado, y garantizar una financiación accesible y suficiente en la que los Fondos Estructurales desempeñarán un papel fundamental;

30.  Destaca que la cohesión económica, social y territorial ofrece una oportunidad para aprovechar todo el potencial de investigación y desarrollo e innovación y para garantizar que la población europea tenga un nivel de vida mejor y confíe en la UE; considera que la inversión selectiva y combinada en investigación y desarrollo e innovación debe tener en cuenta las capacidades y el potencial existentes en las regiones y las ciudades y contribuir a desarrollar ámbitos clave como sanidad electrónica, productos farmacéuticos, transporte y logística, medio ambiente, contenido digital, energía y seguridad, mediante programas de desarrollo institucional y de formación de capacidades;

31.  Opina que parte de la financiación asignada a la investigación, el desarrollo y la innovación dentro de la política de cohesión debe utilizarse para lograr y mantener el papel de líder mundial en sectores en los que Europa ya goza de una ventaja competitiva, así como en aquellos en los que tiene una nueva oportunidad para convertirse en un líder mundial;

32.  Considera que, para consolidar el mercado interior, se necesitan medidas específicas para estimular la competencia a escala europea, sin por ello crear un desequilibrio entre los Estados miembros; opina que de este modo se puede lograr un nivel confortable de estabilidad y prosperidad económica a nivel europeo;

33.  Recomienda que los Estados miembros y la Comisión presten una mayor atención al apoyo de proyectos importantes que cubran dos o más programas operativos con gran impacto a escala europea, que generarán valor añadido, crearán empleo de calidad y salvaguardarán el desarrollo sostenible de las regiones;

34.  Opina que la política de cohesión debe seguir promoviendo medidas que generen el mayor número posible de puestos de trabajo, lo que permitirá aprovechar los recursos humanos locales y garantizar su desarrollo continuado a fin de garantizar una alta productividad;

35.  Afirma que la consecución de una cohesión económica, social y territorial es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la competitividad económica a escala mundial, que requiere inversiones considerables en ámbitos clave como la energía, el medio ambiente, la infraestructura, la educación, la investigación y el desarrollo, las industrias y los servicios creativos, la logística y el transporte;

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36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 79.
(2) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 38.
(3) DO C 15 E de 21.1.2010, p. 10.
(4) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 65.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0223.
(6) DO C 290 E de 29.11.2006, p. 97.

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