Índice 
Textos aprobados
Jueves 16 de diciembre de 2010 - Estrasburgo
Sello de Patrimonio Europeo ***I
 Participación de Suiza en el Programa «La juventud en acción» y en el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente ***
 Control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión ***I
 Derechos humanos en el mundo (2009) y política de la Unión Europea al respecto
 Una nueva estrategia en Afganistán
 Establecimiento de un mecanismo de crisis permanente para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro
 Situación en Costa de Marfil
 Bienestar de las gallinas ponedoras
 Malasia: la práctica del azote con vara
 Uganda: la Ley Bahati y la discriminación contra el colectivo LGBT
 Refugiados eritreos retenidos como rehenes en el Sinaí
 Apoyo al endurecimiento de la prohibición del cercenamiento de aletas de tiburón en la UE
 Mayor apoyo de la UE a los deportes de base
 Estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar

Sello de Patrimonio Europeo ***I
PDF 257kWORD 103k
Resolución
Texto consolidado
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión Europea relativa al Sello de Patrimonio Europeo (COM(2010)0076 – C7-0071/2010 – 2010/0044(COD))
P7_TA(2010)0486A7-0311/2010

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0076),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0071/2010),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado en el marco del Protocolo (No. 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad por el Senado francés, afirmando que el proyecto de acto no es conforme con el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 9 de junio de 2010(1),

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0311/2010),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de diciembre de 2010 con vistas a la adopción de la Decisión n° .../2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión Europea relativa al Sello de Patrimonio Europeo

P7_TC1-COD(2010)0044


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 167,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(2),

Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE) aspira a conseguir una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, y el artículo 167 del Tratado FUE, en especial, otorga a la Unión Europea la tarea de contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, respetando su diversidad nacional y regional y poniendo de relieve, al mismo tiempo, el patrimonio cultural común. Por otra parte, el artículo 167, apartado 2, de dicho Tratado, estipula que, conforme al principio de proporcionalidad, la Unión contribuirá a la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos.

(2)  Una mejor comprensión y apreciación, especialmente entre los jóvenes, de su patrimonio compartido a la vez que diverso, ayudaría a consolidar el sentimiento de pertenencia a la Unión Europea y reforzaría el diálogo intercultural. Es, por lo tanto, importante promover un mayor acceso al patrimonio cultural y aumentar su dimensión europea.

(3)  El TFUE establece la ciudadanía de la Unión, que complementa la ciudadanía nacional de los Estados miembros y constituye un elemento importante para el refuerzo y la salvaguardia del proceso de integración europea. Para que los ciudadanos den su pleno apoyo a la integración europea, debería hacerse mayor hincapié en su historia, su cultura y sus valores comunes como elementos fundamentales de su pertenencia a una sociedad basada en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos, diversidad cultural y lingüística, tolerancia y solidaridad.

(4)  En abril de 2006, varios Estados miembros y Suiza pusieron en marcha en Granada un plan intergubernamental de Sello de Patrimonio Europeo.

(5)  El Consejo de la Unión Europea adoptó unas conclusiones el 20 de noviembre de 2008(4) con las que pretendía transformar el Sello de Patrimonio Europeo intergubernamental en una acción de la Unión Europea, invitando a la Comisión a presentar una propuesta adecuada para la creación de un Sello de Patrimonio Europeo de la Unión Europea y a especificar los procedimientos prácticos para la ejecución del proyecto.

(6)  La consulta pública y la evaluación de impacto llevadas a cabo por la Comisión confirmaron que el Sello de Patrimonio Europeo intergubernamental era una iniciativa valiosa, si bien era necesario desarrollarla más para que alcanzase su máxima capacidad, y también confirmaron que la implicación de la Unión Europea podía ofrecer un claro valor añadido al Sello de Patrimonio Europeo y facilitar que la iniciativa dé un paso adelante cualitativo.

(7)  El Sello de Patrimonio Europeo debe aprovechar la experiencia reunida hasta la fecha por la iniciativa intergubernamental.

(8)  El Sello de Patrimonio Europeo debería aspirar a complementar y no a duplicar otras iniciativas como la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco y los Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa. El valor añadido del nuevo Sello de Patrimonio Europeo debería basarse en la contribución de los parajes seleccionados a la historia y la cultura europeas,así como a la realización de la Unión, en una dimensión educativa clara que llegue a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, y en el establecimiento de redes entre los parajes para compartir experiencias y buenas prácticas. La iniciativa debería centrarse principalmente en la promoción y el acceso a los parajes, contribuyendo de esta forma a un patrimonio histórico y cultural compartido en el seno de la Unión, y en la calidad de las explicaciones ofrecidas y de las actividades propuestas, más que en la conservación de los mismos, que deberían ser garantizados por los regímenes de conservación ya existentes.

(9)  Además de consolidar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos de la UE a la Unión y de estimular el diálogo intercultural, una acción de la Unión relativa al Sello de Patrimonio Europeo también podría contribuir a aumentar el valor y el perfil del patrimonio cultural, aumentar el papel del patrimonio en el desarrollo económico y sostenible de las regiones, en especial a través del turismo cultural, fomentar las sinergias entre el patrimonio cultural y la creación y la creatividad contemporáneas, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en toda Europa y, de manera más general, a promover los valores democráticos y los derechos humanos que cimentan la integración europea.

(10)  Tales objetivos coinciden completamente con los objetivos de la Agenda Europea para la Cultura, que incluyen el fomento de la diversidad cultural y el diálogo intercultural y la promoción de la cultura como catalizadora de la creatividad(5).

(11)  Resulta crucial que el nuevo Sello de Patrimonio Europeo se conceda con arreglo a criterios y procedimientos comunes, claros y transparentes.

(12)  Los Estados miembros deberían poder preseleccionar parajes que ya han obtenido el Sello de Patrimonio Europeo en el marco del plan intergubernamental de Sello de Patrimonio Europeo. Estos parajes deben evaluarse sobre la base de los nuevos criterios y procedimientos.

(13)  En las futuras evaluaciones del Sello de Patrimonio Europeo se podría examinar la posibilidad de ampliar la iniciativa a terceros países que participan en el programa Cultura.

(14)  Las disposiciones administrativas para el Sello de Patrimonio Europeo deben ser ligeras y flexibles de acuerdo con el principio de subsidiariedad.

(15)  Dado que los objetivos de la presente Decisión no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por lo tanto, en virtud de la necesidad, en especial, de unos criterios y procedimientos nuevos, comunes, claros y transparentes relativos al Sello de Patrimonio Europeo, así como de una coordinación más estrecha entre los Estados miembros, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Unión puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Objeto

Mediante la presente Decisión se establece una acción de la Unión Europea denominada «Sello de Patrimonio Europeo».

Artículo 2

Definición

A efectos de la presente Decisión, se entenderán por «parajes» los monumentos, parajes naturales, subacuáticos, arqueológicos, industriales o sitios urbanos, paisajes culturales y lugares de memoria, así como los bienes culturales y el patrimonio inmaterial cuando esté vinculado a un lugar, incluido el patrimonio contemporáneo.

Artículo 3

Objetivos

1.  Los objetivos generales de la acción serán contribuir a:

   reforzar el sentimiento de pertenencia a la UE de sus ciudadanos, en particular de los jóvenes, sobre la base de valores y elementos compartidos de historia y de patrimonio europeos;
   reforzar el diálogo intercultural e interterritorial, así como una valoración de la diversidad.

2.  Con este fin, la acción tendrá como objetivos intermedios:

–  hacer hincapié en el valor simbólico y destacar el perfil de los parajes que han desempeñado un papel significativo en la historia y la cultura de Europa y/o en la construcción de la Unión Europea;

   aumentar la comprensión de los ciudadanos de la UE de la historia de Europa y de la construcción de la Unión, así como de su patrimonio cultural común aunque diverso, tangible e intangible, especialmente en relación con los valores democráticos y los derechos humanos que constituyen la base del proceso de integración europea.

3.  Los propios parajes tendrán como objetivos específicos:

   desarrollar el significado europeo de los parajes;
   sensibilizar a los jóvenes en particular y a la ciudadanía de la UE en general sobre su patrimonio cultural común y reforzar su sentido de la identidad europea;
   facilitar el intercambio de experiencias y de buenas prácticas en toda Europa;
   aumentar y/o mejorar el acceso, especialmente de los jóvenes, a los parajes del patrimonio;
   aumentar el diálogo intercultural, especialmente entre los jóvenes, a través de la educación artística, cultural, histórica e interactiva en línea;
   fomentar las sinergias entre el patrimonio cultural y la creación contemporánea y apoyar la creatividad;
   fomentar las sinergias entre el patrimonio cultural y las actividades económicas que se generen a su amparo, con absoluto respeto por el mismo, y que contribuyan a su sostenibilidad y a la de su entorno;
   contribuir a la promoción, al atractivo, la influencia cultural, al desarrollo turístico y al desarrollo sostenible de las regiones;
   fomentar la creación de redes europeas que pongan en valor el patrimonio común europeo.

Artículo 4

Participación en la acción

La acción estará abierta a la participación de los Estados miembros de la Unión. Dicha participación será voluntaria.

Artículo 5

Complementariedad con otras iniciativas

La Comisión y los Estados miembros garantizarán que el Sello de Patrimonio Europeo complementa pero no duplica otras iniciativas en el ámbito del patrimonio cultural, como la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco y los Itinerarios Culturales Europeos del Consejo de Europa.

Artículo 6

Acceso a la acción

Los parajes definidos en el artículo 2 serán elegibles para la atribución del Sello de Patrimonio Europeo.

Artículo 7

Criterios

La atribución del Sello de Patrimonio Europeo se basará en los siguientes criterios:

1)  Los candidatos al Sello de Patrimonio Europeo deberán tener un valor simbólico europeo y haber desempeñado un papel importante en la historia y la cultura de Europa y/o la construcción de la Unión Europea. Los candidatos justificarán, por lo tanto:

   su naturaleza transfronteriza o paneuropea: la influencia y atracción de un paraje candidato, tanto pasadas como presentes, deberán rebasar las fronteras nacionales de un Estado miembro; y/o
   el lugar y papel de un paraje en la historia e integración europeas, y sus vínculos con acontecimientos o personalidades europeos destacados, así como con movimientos culturales, artísticos, religiosos, políticos, sociales, científicos, tecnológicos, medioambientales o industriales; y/o
   el lugar y papel de un paraje en el desarrollo y promoción de los valores comunes que constituyen la base de la integración europea, como: libertad, democracia, respeto de los derechos humanos, diversidad cultural, tolerancia y solidaridad.

2)  Los candidatos al Sello de Patrimonio Europeo presentarán un proyecto, cuya realización deberá iniciarse a más tardar a finales del año de designación y que incluirá todos los elementos siguientes:

   sensibilización del significado europeo del paraje, en especial a través de actividades de información, señalización y formación del personal apropiadas;
   organización de actividades educativas, especialmente para los jóvenes, que aumenten la comprensión de la historia común de Europa y de su patrimonio compartido a la vez que diverso y refuercen el sentimiento de pertenencia a un espacio común;
   promoción del multilingüismo y la diversidad regional mediante la utilización de varias lenguas de la Unión como clave para el diálogo intercultural;
   cooperación con los parajes a los que se haya concedido ya el Sello de Patrimonio Europeo ▌;
   aumento del perfil y el atractivo del paraje a escala europea mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, entre otras;
   garantía del acceso al paraje, con pleno respeto a la protección del mismo, de los ciudadanos de la Unión.

Siempre que la especificidad del paraje lo permita, será bien acogida la organización de actividades artísticas y culturales (por ejemplo, actos, festivales, programas residenciales, etc.) que estimulen la movilidad de agentes culturales, artistas y colecciones europeos, así como el diálogo intercultural, y fomenten los vínculos entre el patrimonio y la creación y creatividad contemporáneas.

3)  Los candidatos al Sello presentarán un plan de gestión que los comprometa con todos los elementos siguientes:

   garantizar la buena gestión del paraje;
   garantizar la protección del paraje y su transmisión a futuras generaciones de acuerdo con los regímenes de protección pertinentes;
   garantizar la calidad de los servicios de recepción, como la presentación histórica, la información a los visitantes, la señalización, etc.;
   garantizar el acceso al público más amplio posible, por ejemplo mediante adaptaciones del paraje o formación del personal, y mediante el uso de internet, teniendo en cuenta a las personas de edad avanzada y a las personas con discapacidad;
   conceder una atención especial a los jóvenes, en especial permitiéndoles acceso prioritario al paraje;
   promover los parajes como destinos turísticos al mismo tiempo que se limitan los impactos negativos que afectan a los parajes o a su medio ambiente;
   desarrollar una estrategia de comunicación coherente y completa que resalte la significación europea del paraje;
   garantizar que el plan de gestión sea tan respetuoso con el medio ambiente como sea posible.

Artículo 8

Comité europeo de expertos independientes

1.  Se creará un Comité europeo de expertos independientes (mencionado en lo sucesivo como el «Comité europeo») para llevar a cabo los procedimientos de selección y supervisión a escala europea, que garantizará que los criterios se apliquen uniformemente en los Estados miembros participantes.

2.  El Comité europeo constará de trece miembros. Cuatro de ellos serán nombrados por el Parlamento Europeo, cuatro por el Consejo, cuatro por la Comisión y uno por el Comité de las Regiones, con arreglo a sus respectivos procedimientos. El Comité europeo designará a su Presidente.

3.  Los miembros del Comité europeo serán expertos independientes. Estos deberán tener una experiencia y unos conocimientos importantes en los ámbitos pertinentes para los objetivos del Sello de Patrimonio Europeo. Las instituciones que nombren a los expertos procurarán garantizar en la medida posible la complementariedad de sus ámbitos de competencia respectivos, así como una representación geográfica equilibrada.

4.  Los miembros del Comité europeo de expertos serán nombrados por tres años. Excepcionalmente, en el primer año de vigencia de la presente Decisión, la Comisión nombrará a cuatro expertos por un año, el Parlamento Europeo a cuatro y el Comité de las Regiones a uno por dos años y el Consejo a otros cuatro por tres años.

5.  Los miembros del Comité declararán cualquier conflicto de intereses o conflicto potencial de intereses respecto a un paraje específico. En el caso de efectuarse dicha declaración o si surgiera tal conflicto de intereses, el miembro no participará en la evaluación de dicho paraje o de otros parajes del mismo Estado miembro.

6.  Todos los informes, recomendaciones y notificaciones del Comité europeo se harán públicos.

Artículo 9

Formulario de solicitud

La Comisión elaborará un formulario de solicitud común, basado en los criterios de selección establecidos en el artículo 7, que será utilizado por todos los candidatos. Solo podrán seleccionarse las solicitudes presentadas en el formulario oficial.

Artículo 10

Preselección a escala nacional

1.  La preselección de los parajes para la atribución del Sello de Patrimonio Europeo será responsabilidad de los Estados miembros, en estrecha colaboración con las autoridades locales y regionales.

2.  Cada Estado miembro tendrá la posibilidad de preseleccionar hasta un máximo de dos parajes cada dos años de conformidad con el calendario que figura en el anexo.

3.  Cada Estado miembro establecerá sus propios procedimientos y su propio calendario para la preselección de los parajes de conformidad con el principio de subsidiariedad, asegurándose de que los protocolos administrativos sigan siendo tan sencillos y flexibles como sea posible. Notificará, no obstante, a la Comisión los resultados de la preselección a más tardar el 1 de marzo del año del procedimiento de preselección.

4.  La preselección se efectuará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7 y utilizará el formulario de solicitud mencionado en el artículo 9.

5.  La Comisión publicará la lista completa de los parajes preseleccionados e informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones.

Artículo 11

Selección final a escala de la Unión

1.  La selección final de los parajes para la concesión del Sello de Patrimonio Europeo será responsabilidad de la Comisión y la llevará a cabo el Comité europeo.

2.  El Comité europeo evaluará las solicitudes de los parajes preseleccionados y seleccionará como máximo un paraje por Estado miembro. Si fuera necesario, podrá solicitarse más información y organizar visitas a los parajes.

3.  La selección final se efectuará con arreglo a los criterios establecidos en el artículo 7 y utilizará el formulario de solicitud mencionado en el artículo 9.

4.  El Comité europeo expedirá un informe sobre los parajes preseleccionados a más tardar el 15 de diciembre del año del procedimiento de preselección. Este informe incluirá una recomendación para la concesión del Sello de Patrimonio Europeo y una justificación para los parajes que no aparezcan en la lista definitiva.

5.  Los candidatos que no aparezcan en la lista definitiva podrán presentar una nueva solicitud para la preselección a escala nacional en los años siguientes.

Artículo 12

Parajes transnacionales

1.  A efectos de la presente Decisión, se considerarán como «parajes transnacionales» los siguientes:

   varios parajes situados en diferentes Estados miembros reunidos en torno a una temática específica común, y que presenten una solicitud unitaria;
   un paraje específico que esté situado geográficamente en el territorio de al menos dos Estados miembros distintos.

2.  Las solicitudes de parajes transnacionales seguirán el mismo procedimiento que las solicitudes de otros parajes. Serán preseleccionadas por todos los Estados miembros de que se trate dentro de su límite máximo de dos parajes tal como se establece en el artículo 10. En los parajes transnacionales se designará uno de los parajes participantes como su coordinador, y será el punto de contacto único para la Comisión. El coordinador facilitará información sobre la candidatura transnacional a su debido tiempo en todos los Estados miembros, de forma que se garantice la participación de los parajes correspondientes en toda la Unión.Todos los parajes que participen en un paraje transnacional deberán cumplir los criterios establecidos en el artículo 7 y cumplimentarán el formulario de solicitud mencionado en el artículo 9.

Se prestará particular atención a los parajes transnacionales que impulsen el carácter transfronterizo del patrimonio europeo a través de su representación de símbolos materiales e inmateriales.

3.  Si un paraje transnacional cumple todos los criterios establecidos en el artículo 7, se dará prioridad a dicho paraje durante la selección definitiva.

4.  Si uno de los parajes incluido en un paraje transnacional dejase de cumplir los criterios establecidos en el artículo 7 o los compromisos contraídos en la solicitud, se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 15.

Artículo 13

Designación

1.  La Comisión designará oficialmente los parajes a los que deba concederse el Sello de Patrimonio Europeo durante el año siguiente al procedimiento de selección, teniendo debidamente en cuenta la recomendación del Comité europeo. La Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones de las decisiones adoptadas.

2.  El Sello de Patrimonio europeo se concederá a los parajes de forma permanente en las condiciones establecidas en los artículos 14 y 15, supeditándolo a la continuación de la acción.

3.  La concesión del Sello de Patrimonio Europeo no implicará ninguna obligación de carácter urbanístico, jurídico, paisajístico, de movilidad o arquitectónico. La única legislación aplicable en estos ámbitos será la legislación local.

Artículo 14

Supervisión

1.  Cada paraje al que se conceda el Sello de Patrimonio europeo será supervisado regularmente con el fin de garantizar que sigue cumpliendo los criterios establecidos en el artículo 7 y que respeta todos los compromisos adquiridos al solicitarlo.

2.  La supervisión de todos los parajes situados en el territorio de un Estado miembro será responsabilidad del Estado miembro en cuestión. El Estado miembro recogerá toda la información necesaria y elaborará un informe detallado cada cuatro años, de conformidad con el calendario que figura en el anexo.

3.  El informe se enviará a la Comisión y se presentará al Comité europeo para su examen a más tardar el 1 de marzo del año del procedimiento de supervisión.

4.  El Comité europeo emitirá un informe sobre el estado de los parajes que hayan recibido el Sello en el Estado miembro en cuestión a más tardar el 15 de diciembre del año del procedimiento de supervisión, incluyendo si es necesario recomendaciones que deben tenerse en cuenta durante el siguiente periodo de supervisión.

5.  La Comisión, tras consultar al Comité europeo, establecerá indicadores comunes para que los Estados miembros aseguren un planteamiento coherente para el procedimiento de supervisión.

Artículo 15

Retirada del Sello

1.  Si el Comité europeo advierte que un paraje específico ha dejado de cumplir los criterios establecidos en el artículo 7 o que ha dejado de cumplir con todos los compromisos asumidos en su solicitud, iniciará un diálogo con el Estado miembro en cuestión a través de la Comisión, con objeto de ayudar a que se realicen los ajustes necesarios en el paraje.

2.  Si transcurrido un periodo de dieciocho meses tras el inicio del diálogo no se realizaran los ajustes necesarios en el paraje, el Comité europeo se lo notificará a la Comisión. La notificación deberá ir acompañada de una justificación, así como de recomendaciones sobre cómo mejorar la situación.

3.  Si transcurrido un nuevo periodo de dieciocho meses no se hubieran aplicado las recomendaciones, el Comité europeo expedirá una recomendación de retirada del Sello de Patrimonio Europeo del paraje pertinente.

4.  La Comisión adoptará la Decisión definitiva de retirada del Sello de Patrimonio Europeo teniendo debidamente en cuenta la recomendación del Comité europeo. La Comisión informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones.

5.  Las notificaciones y recomendaciones del Comité europeo se harán públicas.

6.  Los parajes podrán optar en cualquier momento por renunciar al Sello de Patrimonio Europeo. En ese caso, informarán al Estado miembro pertinente que, a su vez, informará a la Comisión. La Comisión adoptará una decisión de retirada del Sello e informará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones al respecto.

Artículo 16

Disposiciones prácticas

1.  La Comisión ejecutará la acción de la Unión relativa al Sello de Patrimonio Europeo. En particular:

   garantizará la coherencia y calidad generales de la acción;
   garantizará la coordinación entre los Estados miembros y el Comité europeo;
   a la vista de los objetivos establecidos en el artículo 3 y de acuerdo con los criterios enumerados en el artículo 7, elaborará directrices para ayudar en los procedimientos de selección y supervisión, así como el formulario de inscripción;
   ofrecerá apoyo al Comité europeo.

2.  La Comisión será responsable de la comunicación y visibilidad del Sello de Patrimonio Europeo a escala comunitaria, en especial a través de la creación y mantenimiento de un sitio internet específico y de un nuevo logotipo, aumentando el perfil y el atractivo del paraje a escala europea mediante, por ejemplo, la utilización de las posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías y los medios digitales e interactivos y mediante la búsqueda de sinergias con otras iniciativas europeas. Todas las notificaciones y recomendaciones del Comité europeo a las que se refieren el artículo 8, apartado 6, el artículo 10, apartado 5, y el artículo 15, apartado 5, se publicarán en dicho sitio.

3.  La Comisión estimulará las actividades de establecimiento de redes entre parajes a los que se haya otorgado el Sello.

4.  Las acciones de los apartados 2 y 3, así como los costes del Comité europeo, se financiarán mediante la dotación financiera prevista en el artículo 18.

Artículo 17

Evaluación

1.  La Comisión velará por que se lleve a cabo la evaluación exterior e independiente de la acción del Sello de Patrimonio Europeo. Dicha evaluación tendrá lugar cada seis años de conformidad con el calendario establecido en el anexo e incluirá un examen de todos los datos, incluida la eficiencia de los procesos relacionados con el funcionamiento de la acción, el número de parajes, el alcance geográfico y el impacto de la misma, cómo podría mejorarse, así como si debe seguir otorgándose el Sello.

2.  La Comisión presentará un informe sobre estas evaluaciones al Parlamento Europeo y al Consejo en el plazo de seis meses desde su finalización, acompañado, si procede, de las propuestas pertinentes.

Artículo 18

Disposiciones financieras

1.  La dotación financiera para la realización de la acción durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2013 se establece en 1 350 000 EUR.

2.  La Autoridad Presupuestaria autorizará los créditos anuales dentro de los límites del marco financiero plurianual.

Artículo 20

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

CALENDARIO

Calendario para el Sello de Patrimonio Europeo

[Año n]

Adopción de la Decisión

Trabajos preparatorios

[Año n+1]

Trabajos preparatorios

[Año n+2]

Preselección por los Estados miembros

[Año n+3]

Designación final de los parajes

[Año n+4]

Preselección por los Estados miembros

[Año n+5]

Designación final de los parajes y supervisión

[Año n+6]

Preselección por los Estados miembros

[Año n+7]

Designación final de los parajes y evaluación del Sello de Patrimonio Europeo

[Año n+8]

Preselección por los Estados miembros

[Año n+9]

Designación final de los parajes y supervisión

[Año n+10]

Preselección por los Estados miembros

[Año n+11]

Designación final de los parajes

[Año n+12]

Preselección por los Estados miembros

[Año n+13]

Designación final de los parajes

Evaluación del Sello de Patrimonio Europeo

(1) DO C 267 de 1.10.2010, p. 52.
(2) DO C 267 de 1.10.2010, p. 52.
(3) Position of the European Parliament of 16 December 2010.
(4) DO C 319 de 13.12.2008, p. 11.
(5) COM(2007)0242.


Participación de Suiza en el Programa «La juventud en acción» y en el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente ***
PDF 194kWORD 30k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza, por el que se establecen las condiciones para la participación de la Confederación Suiza en el Programa «La juventud en acción» y en el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (2007-2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))
P7_TA(2010)0487A7-0334/2010

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12818/2010),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza, por el que se establecen las condiciones para la participación de la Confederación Suiza en el Programa «La juventud en acción» y en el Programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (2007-2013) (13104/2009),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 165, apartado 4, el artículo 166, apartado 4, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0277/2010),

–  Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0334/2010),

1.  Concede su aprobación a la celebración del acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la Confederación Suiza.


Control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión ***I
PDF 401kWORD 382k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))
P7_TA(2010)0488A7-0355/2010

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0083),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 291, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0073/2010),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 1 de diciembre de 2010, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Comisión de Pesca, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0355/2010),

1.  Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

4.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamento nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de diciembre de 2010 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° .../2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión

P7_TC1-COD(2010)0051


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 182/2011.)

ANEXO

DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN

El artículo 5.2 del presente Reglamento estipula que la Comisión adoptará un proyecto de acto de ejecución una vez que el Comité haya dictaminado positivamente. Esta disposición no excluye que la Comisión pueda, como es práctica actualmente en casos muy excepcionales, tener en cuenta nuevas consideraciones que hayan surgido tras la votación y decidir no adoptar el proyecto de acto de ejecución, después de facilitar la debida información al Comité y al legislador.

DECLARACIONES DE LA COMISIÓN

La Comisión procederá a un examen de todos los actos legislativos vigentes que no se habían adaptado al procedimiento de reglamentación con control antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, con objeto de evaluar si es necesario que dichos instrumentos sean adaptados al régimen de actos delegados introducido por el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Comisión presentará las propuestas pertinentes tan pronto como sea posible y, a más tardar, en las fechas mencionadas en el calendario indicativo adjunto a la presente declaración.

Mientras que esté en marcha este ejercicio de adaptación, la Comisión mantendrá periódicamente informado al Parlamento Europeo sobre los proyectos de medidas de ejecución relacionadas con estos instrumentos que se convertirán en el futuro en actos delegados.

Con respecto a los actos legislativos en vigor que actualmente contienen referencias al procedimiento de reglamentación con control, la Comisión analizará las disposiciones vinculadas a este procedimiento, en cada instrumento que tenga intención de modificar, con objeto de adaptarlas en su momento de conformidad con los criterios establecidos en el Tratado. Además, el Parlamento Europeo y el Consejo estarán autorizados para señalar actos básicos que consideren que es importante adaptar prioritariamente.

La Comisión evaluará los resultados de este proceso a finales de 2012 con el fin de calcular cuántos actos legislativos que contienen referencias al procedimiento de reglamentación con control siguen en vigor, tras lo cual preparará las iniciativas legislativas pertinentes para completar la adaptación. El objetivo general de la Comisión es que, para finales de la séptima legislatura del Parlamento, se hayan eliminado todas las disposiciones referentes al procedimiento de reglamentación con control de todos los instrumentos legislativos.

La Comisión señala que ha lanzado recientemente un estudio que proporcionará una revisión completa y objetiva de todos los aspectos de la política y la práctica de defensa comercial de la UE, incluidas una evaluación del funcionamiento, métodos, utilización y eficacia del actual régimen de instrumentos de defensa comercial para lograr sus objetivos en materia de política comercial, una evaluación de la eficacia de las decisiones existentes y potenciales de la Unión Europea (por ejemplo, la prueba del interés comunitario, la regla del derecho inferior, el régimen de recaudación de derechos) en comparación con las decisiones tomadas por determinados socios comerciales y un examen de la reglamentación de base antidumping y antisubvenciones teniendo en cuenta la práctica administrativa de las Instituciones de la UE, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las recomendaciones y resoluciones del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

En vista de los resultados del estudio y la evolución de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo, la Comisión tiene intención de analizar si debe actualizar y modernizar, y cómo hacerlo, los instrumentos de defensa comercial de la UE.

La Comisión recuerda, asimismo, las recientes iniciativas que ha tomado para mejorar la transparencia del funcionamiento de los instrumentos de defensa comercial (tales como el nombramiento de un Consejero Auditor) y sus trabajos con los Estados miembros para aclarar elementos clave de las prácticas de defensa comercial. La Comisión concede una importancia fundamental a esta labor e intentará identificar, en consultas con los Estados miembros, otras iniciativas que podrían tomarse en este sentido.

En virtud de las normas sobre comitología basadas en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, cuando un Comité de Gestión de la Política Agrícola Común (PAC) haya emitido un dictamen desfavorable, la Comisión ha de presentar el proyecto de medida en cuestión al Consejo, el cual puede tomar una decisión distinta en un plazo de un mes. No obstante, no queda excluido que la Comisión actúe, ya que tiene la posibilidad de aplicar la medida o retrasar su aplicación. Así, la Comisión puede tomar la medida si considera, tras sopesarla, que la suspensión de su aplicación generaría, por ejemplo, perjuicios irreversibles al mercado. Si, posteriormente, el Consejo decide en otro sentido, la medida puesta en marcha por la Comisión, por supuesto, se convierte en redundante. Así, las reglas actuales dotan a la Comisión de un instrumento que permite proteger el interés común de toda la Unión mediante la adopción de una medida al menos de manera provisional.

El artículo 7 de ese Reglamento persigue el objetivo de mantener este enfoque dentro de las nuevas modalidades de comitología, pero limitado a situaciones excepcionales y a partir de criterios claramente definidos y restrictivos. Permitirá a la Comisión adoptar un proyecto de medida pese al dictamen desfavorable del comité de examen, siempre que «su no adopción en el plazo imperativo pudiera causar una perturbación importante en los mercados (…) o para los intereses financieros de la Unión.». La disposición hace referencia a situaciones en las que no se puede esperar hasta que el comité vote de nuevo sobre el mismo u otro proyecto de medida porque, mientras tanto, el mercado se vería gravemente afectado por, por ejemplo, el comportamiento especulativo de los operadores. Para velar por la capacidad de actuación de la Unión, la disposición daría a los Estados miembros y a la Comisión la oportunidad de mantener otro debate documentado sobre el proyecto de medida sin dejar los temas sin decidir y abiertos a especulación, lo que tendría repercusiones negativas para los mercados y el presupuesto.

Tales situaciones se pueden plantear, concretamente, en el contexto de la gestión diaria de la PAC (por ejemplo, en la fijación de las restituciones por exportación, la gestión de las licencias o la cláusula especial de salvaguardia), en la que, con frecuencia, es necesario tomar decisiones rápidamente, las cuales pueden tener consecuencias económicas significativas en los mercados y, por tanto, en los agricultores y operadores, aunque también en el presupuesto de la Unión.

En los casos en los que el Parlamento Europeo o el Consejo indiquen a la Comisión que consideran que un proyecto de acto de ejecución excede las competencias de ejecución establecidas en el acto de base, la Comisión revisará inmediatamente el proyecto de acto de ejecución teniendo en cuenta las posiciones expresadas por el Parlamento Europeo o el Consejo.

La Comisión actuará de manera que tenga debidamente en cuenta la urgencia del asunto.

Antes de decidir si el proyecto de acto de ejecución ha de adoptarse, modificarse o retirarse, la Comisión informará al Parlamento Europeo o al Consejo de la actuación que tiene intención de seguir y de las razones para ello.

Apéndice

ANEXO a la declaración I de la Comisión

Cuadro indicativo de los actos de base que no estaban sujetos al procedimiento de codecisión antes del Tratado de Lisboa

y que han de adaptarse para tener en cuenta el artículo 290 del TFUE

Ámbito político

Actos que deben revisarse

Calendario indicativo

Solamente adaptación

Incluidos en una propuesta más amplia

ESTAT

1.

Reglamento (CE) n° 1365/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas del transporte de mercancías por vías navegables interiores y por el que se deroga la Directiva 80/1119/CEE del Consejo*(1)

4° trimestre de 2011

X

SANCO

2.

Directiva 64/432/CEE del Consejo relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina*(2)

Marzo de 2012

X

3.

Directiva 90/426/CEE del Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de países terceros*2

Marzo de 2012

X

4.

Directiva 91/68/CEE del Consejo relativa a las normas de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios de animales de las especies ovina y caprina*2

Marzo de 2012

X

5.

Directiva 2004/68/CE del Consejo por la que se establecen normas zoosanitarias para la importación y tránsito en la Comunidad de determinados ungulados vivos, se modifican las Directivas 90/426/CEE y 92/65/CEE y se deroga la Directiva 72/462/CEE*2

Marzo de 2012

X

6.

Directiva 2009/158/CE del Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los intercambios intracomunitarios y las importaciones de aves de corral y de huevos para incubar procedentes de terceros países*2

Marzo de 2012

X

7.

Directiva 92/65/CEE del Consejo por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios y las importaciones en la Comunidad de animales, esperma, óvulos y embriones no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere la sección I del Anexo A de la Directiva 90/425/CEE*2

Marzo de 2012

X

8.

Directiva 88/407/CEE por la que se fijan las exigencias de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma congelado de animales de la especie bovina*2

Marzo de 2012

X

9.

Directiva 89/556/CEE del Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones procedentes de terceros países de embriones de animales domésticos de la especie bovina*2

Marzo de 2012

X

10.

Directiva 90/429/CEE del Consejo por la que se fijan las normas de policía sanitaria aplicables a los intercambios intracomunitarios y a las importaciones de esperma de animales de la especie porcina*2

Marzo de 2012

X

11.

Directiva 2002/99/CE del Consejo por la que se establecen las normas zoosanitarias aplicables a la producción, transformación, distribución e introducción de los productos de origen animal destinados al consumo humano (únicamente importaciones)*2

Marzo de 2012

X

12.

Directiva 92/118/CEE del Consejo por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria y sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias específicas a que se refiere el capítulo I del Anexo A de la Directiva 89/662/CEE y, por lo que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE*2

Marzo de 2012

X

13.

Directiva 2006/88/CE relativa a los requisitos zoosanitarios de los animales y de los productos de la acuicultura, y a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos*2

Marzo de 2012

X

14.

Directiva 92/35/CEE del Consejo por la que se establecen las normas de control y las medidas de lucha contra la peste equina*2

Marzo de 2012

X

15.

Directiva 77/391/CEE del Consejo por la que se establece una acción de la Comunidad para la erradicación de la brucelosis, de la tuberculosis y de la leucosis de los bovinos*2

Marzo de 2012

X

16.

Directiva 82/400/CEE del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/391/CEE y se establece una acción complementaria de la Comunidad para la erradicación de la brucelosis, de la tuberculosis y de la leucosis de los bovinos*2

Marzo de 2012

X

17.

Decisión 90/242/CEE del Consejo por la que se establece una acción financiera comunitaria para la erradicación de la brucelosis en los ovinos y caprinos*2

Marzo de 2012

X

18.

Directiva 90/423/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, por la que se modifican la Directiva 85/511/CEE por la que se establecen medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa, la Directiva 64/432/CEE relativa a problemas de policía sanitaria en materia de intercambios intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina y la Directiva 72/462/CEE relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina y porcina, de carnes frescas o de productos a base de carne procedentes de terceros países*2

Marzo de 2012

X

19.

Directiva 2003/85/CE del Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la fiebre aftosa por la que se derogan la Directiva 85/511/CEE y las Decisiones 89/531/CEE y 91/665/CEE y se modifica la Directiva 92/46/CEE*2

Marzo de 2012

X

20.

Directiva 2005/94/CE del Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la influenza aviar y por la que se deroga la Directiva 92/40/CEE*2

Marzo de 2012

X

21.

Directiva 92/66/CEE del Consejo por la que se establecen medidas comunitarias para la lucha contra la enfermedad de Newcastle*2

Marzo de 2012

X

22.

Directiva 80/1095/CEE del Consejo por la que se fijan las condiciones para que el territorio de la Comunidad se haga y mantenga indemne de la peste porcina clásica*2

Marzo de 2012

X

23.

Decisión 80/1096/CEE del Consejo por la que se establece una acción financiera de la Comunidad con el fin de erradicar la peste porcina clásica*2

Marzo de 2012

X

24.

Directiva 92/119/CEE del Consejo por la que se establecen medidas comunitarias generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la enfermedad vesicular porcina*2

Marzo de 2012

X

25.

Directiva 2001/89/CE del Consejo relativa a medidas comunitarias de lucha contra la peste porcina clásica*2

Marzo de 2012

X

26.

Decisión 79/511/CEE del Consejo relativa a una contribución financiera de la Comunidad en favor de la lucha contra la fiebre aftosa en el sureste de Europa*2

2011/2012

X

27.

Decisión 89/455/CEE del Consejo por la que se crea una acción comunitaria para el establecimiento de proyectos piloto destinados a luchar contra la rabia con vistas a su erradicación o su prevención*2

Marzo de 2012

X

28.

Decisión 2009/470/CE del Consejo relativa a determinados gastos en el sector veterinario

2° semestre de 2012

X

29.

Directiva 82/894/CEE del Consejo relativa a la notificación de las enfermedades de los animales en la Comunidad*2

Marzo de 2012

X

30.

Directiva 89/662/CEE del Consejo relativa a los controles veterinarios aplicables en los intercambios intracomunitarios con vistas a la realización del mercado interior*2

Marzo de 2012

X

31.

Directiva 90/425/CEE del Consejo relativa a los controles veterinarios y zootécnicos aplicables en los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos con vistas a la realización del mercado interior*2

Marzo de 2012

X

32.

Decisión 92/438/CEE del Consejo sobre la informatización de los procedimientos veterinarios aplicables a la importación (proyecto SHIFT) y por la que se modifican las Directivas 90/675/CEE, 91/496/CEE y 91/628/CEE así como la Decisión 90/424/CEE y se deroga la Decisión 88/192/CEE*2

Marzo de 2012

X

33.

Directiva 96/93/CE del Consejo relativa a la certificación de animales y productos animales*2

Marzo de 2012

X

34.

Directiva 2008/71/CE del Consejo relativa a la identificación y al registro de cerdos*2

Marzo de 2012

X

35.

Reglamento (CE) nº 1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo que establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 820/97 del Consejo(3)

1er trimestre de 2011

X

36.

Reglamento (CE) n° 21/2004 del Consejo por el que se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina*2

Marzo de 2012

X

37.

Directiva 2009/157/CE del Consejo referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción

1er trimestre de 2011

X

38.

Directiva 88/661/CEE del Consejo relativa a las normas zootécnicas aplicables a los animales reproductores de la especie porcina

1er trimestre de 2011

X

39.

Directiva 89/361/CEE del Consejo sobre los animales reproductores de raza pura de las especies ovina y caprina

1er trimestre de 2011

X

40.

Directiva 90/427/CEE del Consejo relativa a las condiciones zootécnicas y genealógicas que regulan los intercambios intracomunitarios de équidos

1er trimestre de 2011

X

41.

Directiva 90/428/CEE del Consejo relativa a los intercambios de équidos destinados a concurso y por la que se fijan las condiciones de participación en dichos concursos

1er trimestre de 2011

X

42.

Directiva 91/174/CEE del Consejo relativa a las normas zootécnicas y genealógicas que regulan la comercialización de animales de raza

1er trimestre de 2011

X

43.

Directiva 94/28/CE del Consejo por la que se establecen los principios relativos a las condiciones zootécnicas y genealógicas aplicables a la importación de animales, esperma, óvulos y embriones procedentes de terceros países y por la que se modifica la Directiva 77/504/CEE referente a animales de la especie bovina de raza selecta para reproducción

1er trimestre de 2011

X

44.

Directiva 97/78/CE del Consejo por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros*2

Marzo de 2012

X

45.

Directiva 91/496/CEE del Consejo por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE*2

Marzo de 2012

X

46.

Directiva 98/58/CE del Consejo relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas*(4)

2013-2014

X

47.

Directiva 2008/119/CE del Consejo relativa a las normas mínimas para la protección de terneros (Versión codificada)*4

2013-2014

X

48.

Directiva 2008/120/CE del Consejo relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos (Versión codificada)*4

2013-2014

X

49.

Directiva 1999/74/CE del Consejo por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras*4

2013-2014

X

50.

Directiva 2007/43/CE del Consejo por la que se establecen las disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de carne*4

2013-2014

X

51.

Reglamento (CE) n° 1099/2009 del Consejo relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza*4

2013-2014

X

52.

Reglamento (CE) n° 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas y por el que se modifican las Directivas 64/432/CEE y 93/119/CE y el Reglamento (CE) n° 1255/97*4

2013-2014

X

53.

Directiva 2000/29/CE del Consejo relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad*(5)

2° semestre de 2012

X

54.

Directiva 2007/33/CE del Consejo relativa al control de los nematodos del quiste de la patata y por la que se deroga la Directiva 69/465/CEE*5

2° semestre de 2012

X

55.

Directiva 93/85/CEE del Consejo relativa a la lucha contra la necrosis bacteriana de la patata*5

2° semestre de 2012

X

56.

Directiva 98/57/CE del Consejo sobre el control de Ralstonia solanacearum (Smith) yabuuchi et al*5

2° semestre de 2012

X

57.

Directiva 66/401/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras

2° semestre de 2011

X

58.

Directiva 69/464/CEE del Consejo relativa a la lucha contra la sarna verrugosa

2° semestre de 2013

X

59.

Directiva 66/402/CEE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de cereales

2° semestre de 2011

X

60.

Directiva 68/193/CEE del Consejo referente a la comercialización de los materiales de multiplicación vegetativa de la vid

2° semestre de 2011

X

61.

Directiva 98/56/CE del Consejo relativa a la comercialización de los materiales de reproducción de las plantas ornamentales

2° semestre de 2011

X

62.

Directiva 1999/105/CE del Consejo sobre la comercialización de materiales forestales de reproducción

2° semestre de 2011

X

63.

Directiva 2002/53/CE del Consejo referente al catálogo común de las variedades de las especies de plantas agrícolas

2° semestre de 2011

X

64.

Directiva 2002/54/CE del Consejo relativa a la comercialización de las semillas de remolacha

2° semestre de 2011

X

65.

Directiva 2002/55/CE del Consejo referente a la comercialización de semillas de plantas hortícolas

2° semestre de 2011

X

66.

Directiva 2002/56/CE del Consejo relativa a la comercialización de patatas de siembra

2° semestre de 2011

X

67.

Directiva 2002/57/CE del Consejo relativa a la comercialización de semillas de plantas oleaginosas y textiles

2° semestre de 2011

X

68.

Directiva 2008/72/CE del Consejo relativa a la comercialización de plantones de hortalizas y de materiales de multiplicación de hortalizas, distintos de las semillas

2° semestre de 2011

X

69.

Directiva 2008/90/CE del Consejo relativa a la comercialización de materiales de multiplicación de frutales y de plantones de frutal destinados a la producción frutícola

2° semestre de 2011

X

70.

Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales*(6)

2012-2013

Véase la observación (nota a pie de página en la página anterior)

71.

Directiva 87/357/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos de apariencia engañosa que ponen en peligro la salud o la seguridad de los consumidores

2° semestre de 2011

X

MARKT

72.

Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria

2011(7)

X

TRADE

73.

Reglamento (CEE) nº 3030/93 del Consejo relativo al régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles originarios de países terceros

Finales de 2010 / principios de 2011

X

74.

Reglamento (CE) nº 517/94 del Consejo relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos textiles de determinados países terceros que no estén cubiertos por Acuerdos bilaterales, Protocolos, otros Acuerdos o por otros regímenes específicos comunitarios de importación

Finales de 2010 / principios de 2011

X

75.

Reglamento (CE) nº 2248/2001 del Consejo relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra, y del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea y la República de Croacia, modificado

Finales de 2010 / principios de 2011

X

76.

Reglamento (CE) n° 953/2003 del Consejo destinado a evitar el desvío comercial hacia la Unión Europea de determinados medicamentos esenciales

Finales de 2010 / principios de 2011

X

[Reglamento (CE) n° 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea - suprimido](8)

77.

Reglamento (CE) n° 673/2005 del Consejo por el que se establecen derechos de aduana adicionales sobre las importaciones de determinados productos originarios de los Estados Unidos de América

Finales de 2010 / principios de 2011

X

78.

Reglamento (CE) nº 1616/2006 del Consejo sobre ciertos procedimientos para aplicar el Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra, y para aplicar el Acuerdo interino entre la Comunidad Europea y la República de Albania

Finales de 2010 / principios de 2011

X

79.

Reglamento (CE) n° 1528/2007 del Consejo por el que se aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su establecimiento

Finales de 2010 / principios de 2011

X

80.

Reglamento (CE) n° 55/2008 del Consejo por el que se introducen preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova y se modifican el Reglamento (CE) n° 980/2005 y la Decisión 2005/924/CE de la Comisión

Finales de 2010 / principios de 2011

X

81.

Reglamento (CE) n° 140/2008 del Consejo, de 19 de noviembre de 2007, sobre determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, y de aplicación del Acuerdo interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Montenegro, por otra

Finales de 2010 / principios de 2011

X

82.

Reglamento (CE) n° 594/2008 del Consejo relativo a determinados procedimientos de aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, y de aplicación del Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales entre la Comunidad Europea, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra

Finales de 2010 / principios de 2011

X

83.

Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2011

Finales de 2010 / principios de 2011

X

84.

Reglamento (CE) n° 1215/2009 del Consejo por el que se introducen medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes o vinculados al Proceso de estabilización y asociación de la Unión Europea

Finales de 2010 / principios de 2011

X

85.

Reglamento (CE) n° 1342/2007 del Consejo sobre la gestión de determinadas restricciones aplicables a las importaciones de determinados productos siderúrgicos de la Federación de Rusia

Principios de 2011

X

86.

Reglamento (CE) nº 1340/2008 del Consejo sobre el comercio de determinados productos siderúrgicos entre la Comunidad Europea y la República de Kazajstán

Principios de 2011

X

MARE

87.

Reglamento (CE) nº 1198/2006 del Consejo relativo al Fondo Europeo de Pesca

Noviembre de 2011

X

88.

Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura

Mayo de 2011

X

89.

Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos

Noviembre de 2011

X

90.

Reglamento (CE) nº 2187/2005 relativo a la conservación, mediante medidas técnicas, de los recursos pesqueros en aguas del Mar Báltico, los Belts y el Sund

Noviembre de 2011

X

91.

Reglamento (CE) n° 1100/2007 del Consejo por el que se establecen medidas para la recuperación de la población de anguila europea

Noviembre de 2011

X

92.

Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común

Noviembre de 2011

X

93.

Reglamento (CE) nº 1005/2008 del Consejo por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada

Noviembre de 2011

X

94.

Reglamento (CE) nº 1006/2008 del Consejo relativo a la autorización de las actividades pesqueras de los buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas comunitarias y al acceso de los buques de terceros países a las aguas comunitarias

Noviembre de 2011

X

95.

Reglamento (CE) n° 812/2004 del Consejo por el que se establecen medidas relativas a las capturas accidentales de cetáceos

Noviembre de 2011

X

96.

Reglamento (CE) nº 1966/2006 del Consejo sobre el registro y la transmisión electrónicos(9)

Véase la observación

97.

Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo

Noviembre de 2011

X

ENV

98.

Directiva 87/217/CEE del Consejo sobre la prevención y la reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto

1er semestre de 2011

X

99.

Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea

2° semestre de 2011

X

ENER

100.

Reglamento (CE) n° 733/2008 del Consejo relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil (Versión codificada)

Reglamento (CE) n° 1048/2009 del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 733/2008 relativo a las condiciones de importación de productos agrícolas originarios de terceros países como consecuencia del accidente ocurrido en la central nuclear de Chernóbil(10)

No hay ninguna fecha prevista para antes de 2013(11)

X

CLIMA

101.

Decisión 2002/358/CE del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo

-(12)

X

102.

Proyecto de Decisión de la Comisión por la que se modifica la Decisión 2006/944/CE de la Comisión («Decisión relativa a las cantidades asignadas»)

Finales de 2010

X

ENTR

103.

Reglamento (CE) nº 1216/2009 del Consejo por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas (versión codificada del Reglamento 3448/93)

4° trimestre de 2010

X

AGRI

104.

Reglamento (CE) nº 247/2006 del Consejo por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión

23.9.2010

X

105.

Reglamento (CE) n° 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

30.9.2010

X

106.

Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos [...]

30.9.2010

X

107.

Reglamento (CEE) nº 1601/91 del Consejo por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados de productos vitivinícolas

1er trimestre de 2011

X

108.

Reglamento (CE) n° 1290/2005 del Consejo sobre la financiación de la política agrícola común

4º trimestre de 2010

X

109.

Reglamento (CE) nº 378/2007 del Consejo que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de los pagos directos prevista en el Reglamento (CE) nº 1782/2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y que modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005

4º trimestre de 2010

X

110.

Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 2092/91

4º trimestre de 2010

X

111.

Reglamento (CE) nº 165/94 del Consejo relativo a la cofinanciación por la Comunidad de los controles por teledetección y que modifica el Reglamento (CEE) nº 3508/92 por el que se establece un sistema integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayuda comunitarios

Será derogado por la adaptación del Reglamento 1290/2005

X

112.

Reglamento (CE) nº 509/2006 del Consejo sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios

4º trimestre de 2010

X

113.

Reglamento (CE) nº 510/2006 del Consejo sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

4º trimestre de 2010

X

114.

Reglamento (CE) nº 1405/2006 del Consejo por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en favor de las islas menores del mar Egeo y se modifica el Reglamento (CE) nº 1782/2003

4º trimestre de 2010

X

115.

Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)

4º trimestre de 2010

X

116.

Reglamento (CE) n° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n° 1576/89 del Consejo

4º trimestre de 2011 (anteriormente procedimiento de reglamentación con control)

X

117.

Reglamento (CE) nº 485/2008 del Consejo relativo a los controles, por los Estados miembros, de las operaciones comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Versión codificada)

4º trimestre de 2010

X

118.

Reglamento (CEE) nº 922/72 del Consejo por el que se fijan las normas generales para la concesión de ayudas para la campaña de cría 1972/1973 de gusanos de seda

Será derogado por la nueva OCM única

X

119.

Reglamento (CEE) nº 352/78 del Consejo relativo a la adjudicación de las fianzas, cauciones o garantías prestadas en el marco de la política agrícola común y que se hayan perdido

Mediados de 2011 - PAC después de 2013

X

120.

Reglamento (CE) nº 814/2000 del Consejo sobre las medidas de información en el ámbito de la política agrícola común

Mediados de 2011

X

121.

Reglamento (CE) nº 320/2006 del Consejo por el que se establece un régimen temporal para la reestructuración del sector del azúcar en la Comunidad y se modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005 sobre la financiación de la política agrícola común

Mediados de 2011 - PAC después de 2013

X

122.

Reglamento (CE) nº 1667/2006 del Consejo relativo a la glucosa y la lactosa (Versión codificada)

Mediados de 2011

X

123.

Reglamento (CE) n° 3/2008 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007, sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países

Mediados de 2011

X

124.

Reglamento (CE) n° 637/2008 de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1782/2003 y se establecen programas nacionales de reestructuración para el sector del algodón

Mediados de 2011 - PAC después de 2013

X

125.

Reglamento (CE) nº 614/2009 del Consejo relativo al régimen de intercambios para la ovoalbúmina y la lactoalbúmina (Versión codificada)

Mediados de 2011

X

126.

Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana

Septiembre de 2010

X

127.

Reglamento (CE) n° 78/2008 del Consejo relativo a las acciones que debe emprender la Comisión en el período comprendido entre 2008 y 2013 mediante las aplicaciones de teledetección creadas en el marco de la política agrícola común

Será derogado por la adaptación del Reglamento 1290/2005

X

128.

Reglamento (CE) nº 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Comunidad Europea

4º trimestre de 2011

X

129.

Reglamento (CEE) nº 706/73 del Consejo relativo a la regulación comunitaria aplicable a las Islas Anglonormandas y a la Isla de Man en lo que se refiere a los intercambios de productos agrícolas

4º trimestre de 2011

X

130.

Reglamento (CE) nº 2799/98 del Consejo por el que se establece el régimen agromonetario del euro

4° trimestre de 2011 - PAC después de 2013

X

131.

Directiva 1999/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los extractos de café y los extractos de achicoria

4° trimestre de 2011 (anteriormente procedimiento de reglamentación con control)

X

132.

Directiva 2000/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentación humana

4° trimestre de 2011 (anteriormente procedimiento de reglamentación con control)

X

133.

Directiva 2001/110/CE del Consejo relativa a la miel

4º trimestre de 2011

X

134.

Directiva 2001/113/CE del Consejo relativa a las confituras, jaleas y «marmalades» de frutas, así como a la crema de castañas edulcorada, destinadas a la alimentación humana

4º trimestre de 2011

X

135.

Directiva 2001/114/CE del Consejo relativa a determinados tipos de leche conservada parcial o totalmente deshidratada destinados a la alimentación humana

4º trimestre de 2011

X

136.

Directiva 2001/111/CE del Consejo relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación humana

4º trimestre de 2011

X

137.

Reglamento (CEE) nº 451/89 del Consejo relativo a los procedimientos que deberán aplicarse a diversos productos agrícolas originarios de determinados países terceros mediterráneos

4º trimestre de 2011

X

138.

Reglamento (CEE) nº 3491/90 del Consejo relativo a las importaciones de arroz originario de Bangladesh

4º trimestre de 2011

X

139.

Reglamento (CEE) nº 478/92 del Consejo relativo a la apertura de sendos contingentes arancelarios comunitarios anuales para los alimentos para perros o gatos, acondicionados para la venta al por menor del código NC 2309 10 11 y para alimentos para peces del código NC ex 2309 90 41, originarios y procedentes de las islas Feroe

4° trimestre de 2011 – puede estar obsoleto - pendiente de confirmación

X

140.

Reglamento (CEE) nº 3125/92 del Consejo relativo al régimen aplicable a la importación en la Comunidad de productos del sector de las carnes de ovino y caprino originarios de Bosnia- Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Serbia y de la antigua República Yugoslava de Macedonia

4° trimestre de 2011 – puede estar obsoleto - pendiente de confirmación

X

141.

Reglamento (CEE) nº 1108/93 del Consejo relativo a determinadas normas de desarrollo de los acuerdos bilaterales en materia agrícola celebrados entre la Comunidad, por una parte, y Austria, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, por otra

4º trimestre de 2011

X

142.

Reglamento (CE) nº 774/94 del Consejo relativo a la apertura y modo de gestión de determinados contingentes arancelarios comunitarios de carne de vacuno de calidad superior, carne de porcino, carne de aves de corral, trigo, tranquillón, salvado, moyuelos y otros residuos

4º trimestre de 2011

X

143.

Reglamento (CE) nº 2184/96 del Consejo relativo a las importaciones en la Comunidad de arroz originario y procedente de Egipto

4° trimestre de 2011 – puede estar obsoleto - pendiente de confirmación

X

144.

Reglamento (CE) nº 2398/96 del Consejo por el que se abre un contingente arancelario de carne de pavo originaria y procedente de Israel establecido en el Acuerdo de asociación y en el Acuerdo interino entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel

4° trimestre de 2011 – puede estar obsoleto - pendiente de confirmación

X

145.

Reglamento (CE) n° 2005/97 del Consejo por el que se establecen determinadas normas de aplicación del régimen especial de importación de aceite de oliva originario de Argelia

4º trimestre de 2011

X

146.

Reglamento (CE) n° 2007/97 del Consejo por el que se establecen determinadas normas de aplicación del régimen especial de importación de aceite de oliva originario de Líbano

4º trimestre de 2011

X

147.

Reglamento (CE) nº 779/98 del Consejo relativo a la importación en la Comunidad de productos agrícolas originarios de Turquía, por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 4115/86 y se modifica el Reglamento (CE) nº 3010/95

4º trimestre de 2011

X

148.

Reglamento (CE) nº 1506/98 del Consejo por el que se establece una concesión en favor de Turquía en forma de contingente arancelario comunitario de avellanas para 1998 y se suspenden determinadas concesiones

4° trimestre de 2011 – puede estar obsoleto - pendiente de confirmación

X

149.

Reglamento (CE) n° 1722/1999 del Consejo sobre la importación de salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, la molturación o demás tratamientos de los granos de determinados cereales, originarios de Argelia, Marruecos y Egipto, y la importación de trigo duro originario de Marruecos

4° trimestre de 2011 – puede estar obsoleto - pendiente de confirmación

X

150.

Reglamento (CE) n° 1149/2002 del Consejo relativo a la apertura de un contingente arancelario autónomo para la importación de carne de vacuno de calidad superior

4º trimestre de 2011

X

151.

Reglamento (CE) nº 1532/2006 del Consejo sobre condiciones de determinados contingentes de importación de carne de vacuno de calidad superior

4º trimestre de 2011

X

152.

Reglamento (CE) nº 617/2009 del Consejo por el que se abre un contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior

4º trimestre de 2011

X

HOME

153.

Directiva 2003/110/CE del Consejo sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea

2° semestre de 2012

X

(1) El alcance de las modificaciones depende del resultado de la reunión con los Estados miembros prevista para diciembre de 2010. Cabe señalar que este Reglamento se adoptó con arreglo al procedimiento de codecisión.
(2) Forma parte de un paquete que contiene, entre otras, una propuesta de legislación de la UE sobre salud animal y una propuesta de revisión del Reglamento (CE) n° 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los controles oficiales.
(3) Este acto es competencia conjunta de la DG SANCO y la DG AGRI.
(4) Revisión de la legislación de la UE sobre bienestar animal (todavía no se ha establecido un calendario preciso) – En relación con la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre la evaluación del Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 (2009/2202(INI)) en la que se pedía a la Comisión que reagrupara todos estos actos en un instrumento general horizontal.
(5) Forma parte de la revisión en curso de la legislación fitosanitaria de la UE.
(6) En relación con la revisión en curso de la legislación fitosanitaria de la UE - aún no se ha decidido si la revisión se limitará únicamente a una adaptación.
(7) Dada la complejidad política de este asunto, no puede darse una fecha más precisa.
(8) Este Reglamento figuraba por error en la lista original puesto que ya se había adoptado por codecisión antes del Tratado de Lisboa y formaba parte de la adaptación correspondiente al procedimiento de reglamentación con control.
(9)* Será derogado por el Reglamento (CE) n° 1224/2009; no es necesaria ninguna modificación concreta.
(10) Se está llevando a cabo el examen jurídico necesario para determinar si estos Reglamentos se enmarcan en el artículo 290 o en el 291 del TFUE.
(11) Se está llevando a cabo el examen necesario para determinar si se cumplen las condiciones del artículo 290 del TFUE.
(12) Decisión del Consejo por la que se aprueba el Protocolo de Kyoto en nombre de la Comunidad Europea; no necesita ser revisada o modificada de otro modo. Solamente requiere la adopción de una medida de ejecución, a saber, la Decisión 2006/944/CE mencionada en la siguiente línea.


Derechos humanos en el mundo (2009) y política de la Unión Europea al respecto
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto (2010/2202(INI))
P7_TA(2010)0489A7-0339/2010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el XI Informe de la Unión Europea sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, que cubre el período de julio de 2008 a diciembre de 2009,

–  Vistos los artículos 6 y 21 del Tratado de Lisboa,

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales relevantes en la materia,

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vistas todas las convenciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y los protocolos facultativos correspondientes a las mismas(1),

–  Vistos los instrumentos regionales en materia de derechos humanos, en particular la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, el Protocolo Facultativo sobre los Derechos de la Mujer en África, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Árabe de los Derechos Humanos y la Comisión Intergubernamental sobre Derechos Humanos de la ASEAN,

–  Vistas la entrada en vigor el 1 de julio de 2002 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y las Resoluciones del Parlamento sobre la CPI(2),

–  Vistos la Posición Común 2003/444/PESC del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativa a la CPI y el Plan de acción del Consejo de seguimiento de dicha Posición Común, así como el papel esencial de la CPI en la prevención de delitos graves bajo su jurisdicción,

–  Visto el compromiso asumido por la Unión Europea de respaldar el funcionamiento efectivo de la CPI,

–  Visto que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de delitos internacionales,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las actuales negociaciones sobre la adhesión de la UE a dicho convenio,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo de asociación ACP-UE y la revisión del mismo(3),

–  Visto el Reglamento (CE) n° 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH))(4),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los derechos humanos en el mundo,

–  Vistas sus Resoluciones, de 14 de enero de 2009(5), sobre el Desarrollo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el papel de la UE, y de 25 de febrero de 2010(6), sobre el 13º periodo extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistas sus Resoluciones, de 1 de febrero de 2007(7) y de 26 de abril de 2007(8), sobre la iniciativa en favor de una moratoria universal de la pena de muerte, y la Resolución 62/149, de 18 de diciembre de 2007, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria de la pena de muerte, así como su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte,

–  Visto el Protocolo nº 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), relativo a la abolición de la pena de muerte en toda circunstancia,

–  Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, las actividades de los Representantes Especiales del Secretario General de las Naciones Unidas en relación con la situación de los defensores de los derechos humanos, las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos y la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de junio de 2010, sobre los defensores de los derechos humanos(9),

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario(10), sobre la pena de muerte, sobre la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como sobre los defensores de los derechos humanos, sobre los diálogos relativos a los derechos humanos con países no pertenecientes a la UE, sobre el fomento y la protección de los derechos del niño, sobre la violencia contra las mujeres y las niñas y sobre la lucha contra todas las formas de discriminación de que son víctimas,

–  Visto el Manual del Consejo de la Unión Europea para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero(11),

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2009, sobre la consolidación de la democracia en las relaciones exteriores(12),

–  Vistas todas sus Resoluciones de urgencia en caso de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho,

–  Vista su Resolución, de 21 de enero de 2010, sobre las violaciones de los derechos humanos en China, especialmente el caso de Liu Xiaobao(13),

–  Vistos el artículo 48 y el artículo 119, apartado 2, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0339/2010),

A.  Considerando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos continúa siendo el documento de referencia mundial, en la medida en que sitúa a todos los seres humanos en el corazón mismo de toda actuación,

B.  Considerando que el 11º Informe anual de la Unión Europea sobre los derechos humanos en el mundo (2008/2009) ofrece una descripción general de la acción de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democracia en el mundo,

C.  Considerando que esta resolución se propone examinar, evaluar y, en casos concretos, criticar de forma constructiva las actividades de la UE en el ámbito de los derechos humanos y la democracia,

D.  Considerando que la trayectoria de la UE en materia de derechos humanos en su interior tiene repercusiones directas en su credibilidad y en su capacidad para aplicar de forma eficaz su política exterior en el ámbito de los derechos humanos,

E.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos la libertad religiosa y de conciencia y los derechos de las personas pertenecientes a minorías,

F.  Considerando que la justicia, la democracia y el Estado de Derecho son los pilares de una paz duradera al garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos, y que no puede alcanzarse una paz duradera protegiendo a los responsables de abusos sistemáticos contra los derechos humanos y violaciones del Derecho penal internacional,

G.  Considerando que el Tratado de Lisboa refuerza las competencias de la UE en la política exterior de tal forma que consolidará sus valores y sus objetivos; considerando, asimismo, que las innovaciones principales relacionadas con la acción exterior de la UE, como las relativas al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidente de la Comisión (AR/VP) y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), deberían consolidar la acción exterior de la UE en el ámbito de los derechos humanos y brindar mejores oportunidades en lo que se refiere a la integración de los derechos humanos en todos los sectores políticos pertinentes,

H.  Considerando que el Tratado confiere a la UE una personalidad jurídica única, lo que le permitirá acceder al Convenio Europeo de Derechos Humanos y permitirá, a su vez, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo pueda verificar que los actos jurídicos de la UE cumplen las disposiciones de dicho Convenio,

I.  Considerando que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ha adquirido un carácter jurídicamente vinculante, lo cual ha consolidado la protección de los derechos humanos en Europa,

J.  Considerando que la UE apoya enérgicamente a la CPI, fomenta la universalidad del Estatuto de Roma y defiende la integridad del mismo, con el objetivo de proteger y reforzar la independencia de la Corte,

K.  Considerando que la Posición Común del Consejo de 16 de junio de 2003 y el Plan de acción de 2004 requieren una actualización a la luz de la evolución de la legislación penal desde 2004, y que la UE ha de intensificar y mejorar la asistencia y cooperación efectivas, dado el número creciente de órdenes de detención y procesos en la CPI,

L.  Considerando que los esfuerzos dirigidos a combatir el terrorismo en el mundo han incrementado la necesidad de conciliar la seguridad con el respeto de los derechos humanos,

M.  Considerando que la crisis económica y financiera mundial ha tenido un impacto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales; que los derechos de los más pobres han sido los más afectados; que, a causa del aumento y la volatilidad de los precios y de las especulaciones con productos básicos, millones de personas afrontan graves dificultades para cubrir las necesidades básicas en varios países africanos, asiáticos y latinoamericanos; que millones de personas viven en condiciones inseguras e indignas, y que en algunos países las protestas se han resuelto con intervenciones represivas y violentas,

N.  Considerando que los derechos económicos, sociales y culturales merecen la misma atención y deben tratarse al mismo nivel de importancia que los derechos civiles y políticos, y que deben respetarse y aplicarse las cláusulas relativas a los derechos humanos incluidas en los acuerdos firmados por la UE y los países que no pertenecen a la Unión,

O.  Considerando que el cambio climático tiene un impacto permanente y a largo plazo en los derechos humanos, y que las consecuencias negativas de dicho cambio se hacen especialmente evidentes en el caso de los grupos vulnerables, como los pueblos indígenas, tanto en el mundo en desarrollo como en el extremo norte, si bien podrían adquirir también ramificaciones mucho más amplias,

P.  Considerando que la lucha contra la impunidad es de crucial importancia, dado que su objetivo es la prevención y el castigo de los delitos más graves y de sus autores; considerando, asimismo, que la impunidad tiene un carácter transversal y afecta a una amplia gama de cuestiones relativas a los derechos humanos, como la tortura, la pena de muerte, la violencia contra las mujeres, la persecución de los defensores de los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo,

Q.  Considerando que, de acuerdo con las Naciones Unidas, todavía no se ha resuelto el antiguo problema de los derechos humanos en el contexto de la descolonización en todas las regiones vecinas de la UE, en particular en el caso del Sahara Occidental,

R.  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la situación en el Sáhara Occidental(14)

S.  Considerando la suma importancia que revisten para la vida de las instituciones europeas la puesta en práctica y el respeto de los principios fundadores codificados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos,

T.  Considerando que el mundo está sufriendo nuevas formas de abusos de los derechos humanos, especialmente en el sector de las nuevas tecnologías de la información, como la censura de Internet y la violación del derecho a la privacidad mediante la explotación de los datos personales,

U.  Considerando que la libertad religiosa y de conciencia está cada vez más amenazada, particularmente por gobiernos autoritarios que atacan a las minorías religiosas o por gobiernos que no consiguen impedir que se ataque, acose o perjudique a determinadas personas o grupos religiosos,

V.  Considerando que se vulneran los derechos humanos en países que han reconocido las jurisdicciones derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos y en otros que hacen caso omiso de estos mismos derechos adquiridos a lo largo de la historia,

1.  Reitera su firme determinación y recuerda su permanente compromiso en favor de los derechos humanos y la democracia en el mundo mediante el desarrollo de una política de la UE fuerte y efectiva en el ámbito de los derechos humanos que garantice una mayor coherencia y consistencia en todas las políticas, así como mediante el establecimiento de relaciones bilaterales con países no pertenecientes a la UE, la participación activa en foros internacionales y la asistencia a organizaciones internacionales y locales de la sociedad civil;

2.  Considera que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa es una oportunidad histórica para colmar las lagunas que siguen existiendo en la política de la UE en materia de derechos humanos y democracia; pide, en este sentido, que el SEAE se ajuste plenamente al fin y al espíritu del Tratado de Lisboa, cuyo objetivo es garantizar que el respeto y el fomento de los derechos humanos constituyan el núcleo de los diferentes ámbitos de la política exterior de la Unión, tal como se contempla en los artículos 2, 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea;

3.  Recuerda que, de conformidad con el título V, capítulo 1, del Tratado de la UE, la acción en la escena internacional debe basarse en los principios de la democracia y el Estado de Derecho, así como de la universalidad, inalienabilidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; destaca que estos principios constituyen una base fundamental común para sus relaciones con los países no pertenecientes a la UE;

4.  Estima, por tanto, que es de suma importancia decidir el lugar que ocuparán los derechos humanos en la estructura del SEAE; pide, en consecuencia, que se cree una Dirección de Derechos Humanos y Democracia encargada de desarrollar una sólida estrategia de la UE en dichos ámbitos y de establecer una coordinación global en todos los foros multilaterales; está firmemente convencido de que la adopción de este enfoque impedirá que el ámbito de los derechos humanos quede aislado y de que es la única forma de garantizar el pleno respeto del Tratado de Lisboa, al tiempo que insiste en la necesidad de considerar que los conocimientos específicos en el ámbito de los derechos humanos y la democracia sean una responsabilidad clave de cada uno de los responsables geográficos o políticos del SEAE;

5.  Reconoce el compromiso de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) en el sentido de consolidar el papel activo de la UE en el mundo, con miras a mejorar la situación global de los derechos humanos y la democracia; insta, en este mismo contexto, a la AR/VP a que adopte la medidas necesarias para crear un COHOM basado en Bruselas, con el fin de integrar y garantizar su oportuna contribución a otros ámbitos de las instituciones y la política de la UE; pide, en este sentido, a la AR/VP que considere la importancia de introducir una formación en derechos humanos obligatoria para el personal de la UE, incluidos los jefes de delegación y los directores del SEAE;

6.  Pide que se cree la figura de Representante Especial para los Derechos Humanos; destaca que la designación de representantes especiales de la UE para los derechos humanos, especialmente en los que se refiere a los defensores de los derechos humanos, el Derecho humanitario internacional y la justicia internacional, así como los derechos de las mujeres y los niños, podría conferir mayor coherencia y visibilidad a la acción exterior de la UE en este ámbito; destaca, asimismo, que los representantes especiales de la UE deberían ser expertos de alto nivel con una experiencia demostrada en el ámbito de los derechos humanos;

7.  Considera especialmente necesario establecer un marco más coherente para que el apoyo de la UE a la consolidación de la democracia en el mundo resulte más eficaz; estima que una política exterior de la UE coherente debe conceder una prioridad absoluta al fomento de la democracia y los derechos humanos, dado que la democratización de las sociedades, el Estado de Derecho y la garantía de las libertades fundamentales constituyen la base del respeto de los derechos humanos y deben incluirse en todos los acuerdos de cooperación y asociaciones estratégicas entre la UE y los países no pertenecientes a la Unión; considera, asimismo, que la nueva estructura institucional de la UE, especialmente en lo que se refiere al SEAE, brinda la oportunidad de consolidar la coherencia y la eficacia de la Unión en este ámbito;

8.  Insta a la AR/VP a que mantenga su compromiso de integrar los aspectos relativos a los derechos humanos en la acción exterior de la UE, de modo que se reflejen en la estructura del SEAE y en los recursos destinados a dicho Servicio, de manera que este pueda garantizar que las cuestiones relativas a los derechos humanos se reflejen en todos los ámbitos de la acción exterior, incluidos la PESD, el desarrollo y el comercio;

9.  Opina que, en lugar de suprimirse gradualmente, las figuras de los representantes especiales de la UE deberían seguir desarrollándose, especialmente para cubrir aquellos países y regiones en los que la UE no cuenta con una misión diplomática; dada la importancia que revisten las cuestiones relativas a los derechos humanos en las situaciones de conflicto y postconflicto, considera imprescindible que en el mandato de los representantes especiales de la Unión Europea se incluyan los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres y los niños, el Derecho internacional humanitario y la justicia internacional, y que se mencionen de forma explícita los objetivos de fomentar y garantizar el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; destaca que los representantes especiales de la UE constituyen referentes fundamentales para la orientación interna, los conocimientos específicos y la defensa de los intereses de la Unión, además de su condición de interlocutores lógicos de los terceros países y otros agentes exteriores a la UE; celebra la designación de al menos un miembro del personal en cada una de las delegaciones de la UE como persona de contacto encargada de la coordinación, la integración y el seguimiento de la política de derechos humanos;

10.  Acoge con satisfacción la buena disposición de la AR/VP para emprender un estudio en profundidad de la eficacia de todos los instrumentos de la UE en este ámbito, que incluya, entre otros elementos, los diálogos y las directrices de la UE en materia de derechos humanos, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y la ayuda bilateral y las acciones de la UE en los foros multilaterales, así como para iniciar un proceso de consultas relativo al desarrollo de estrategias nacionales sobre los derechos humanos que incluya todos los derechos humanos codificados en los pactos internacionales y las convenciones de las Naciones Unidas, así como los derechos económicos, sociales y culturales; destaca la determinación del Parlamento Europeo de participar plenamente en dichas consultas y la importancia de su participación; señala la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil participen en las consultas;

11.  Comparte la opinión de que las estrategias nacionales sobre los derechos humanos, que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones, pueden incrementar considerablemente la coherencia y efectividad de la acción exterior de la UE si se convierten en documentos de referencia en los que se establezcan las prioridades y los objetivos específicos de cada país que deben integrarse en todos los instrumentos y políticas exteriores pertinentes de la UE;

12.  Insiste particularmente, en el contexto de la revisión, en la importancia que reviste la realización de una evaluación exhaustiva de los aspectos relativos a los derechos humanos de la Política Europea de Vecindad (PEV), refiriéndose especialmente a los mecanismos existentes, como los planes de acción, los informes de situación, los diálogos sobre derechos humanos y el proceso de toma de decisiones sobre la mejora de las relaciones con países no pertenecientes a la UE;

13.  Considera que el Acuerdo marco revisado sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión representa un gran avance para el Parlamento en su relación de cooperación con la Comisión, si bien lamenta que el Consejo no participe en dicho acuerdo; insiste en la necesidad de aumentar la transparencia y garantizar el acceso sin restricciones a los documentos entre todas las Instituciones de la UE, con el fin de desarrollar una cooperación interinstitucional más efectiva y coherente;

14.  Recuerda que el desarrollo de una política exterior de la UE coherente es esencial para que la Unión desempeñe un papel significativo y constructivo en el fomento de los derechos humanos en el mundo; pide a los Estados miembros que demuestren un compromiso y una voluntad política sin fisuras para alcanzar este objetivo;

15.  Destaca que debe concederse una mayor prioridad a la mejora de la capacidad de la Unión para responder con rapidez a la vulneración de los derechos humanos por parte de países que no pertenecen a la misma, en particular cuando se trate de apoyar a los defensores de los derechos humanos que se encuentren en peligro, así como a las violaciones de los derechos humanos en países no pertenecientes a la Unión por parte de empresas basadas en la UE, mediante la elaboración de programas de acción estratégicos;

16.  Reconoce que las organizaciones no gubernamentales son esenciales para el desarrollo y el éxito de las sociedades democráticas, el fomento de la comprensión y la tolerancia mutuas y el lanzamiento y apoyo a prioridades políticas viables y a soluciones compartidas para los retos del desarrollo democrático;

Informe anual de UE sobre los derechos humanos en el mundo

17.  Destaca la importancia que reviste el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos por lo que se refiere al análisis y la evaluación de la política de la Unión en el ámbito de los derechos humanos, concretamente con miras a aumentar la visibilidad de los asuntos relativos a esta cuestión en general; destaca el derecho del Parlamento Europeo a controlar la labor desarrollada por la Comisión y el Consejo en el ámbito de los derechos humanos; pide que el Parlamento participe plenamente en la elaboración de las secciones de los informes anuales futuros en relación con sus propias actividades en el ámbito de los derechos humanos, de forma que se reflejen las prácticas desarrolladas por algunas de las anteriores presidencias;

18.  Acoge con satisfacción la presentación al Parlamento por la AR/VP del Informe anual de la UE, así como el nuevo período de información basado en un año civil, que ofrece al Parlamento la oportunidad de dedicar la sesión plenaria de diciembre a los derechos humanos, con ocasión de la entrega anual de su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia y del debate del Informe anual del Parlamento sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión en este ámbito;

19.  Insta al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a que redoblen los esfuerzos dirigidos a difundir los informes anuales de la UE sobre los derechos humanos y la democracia, y a que garanticen que dichos informes alcancen al mayor número posible de lectores, especialmente aquellos interesados en el fomento de los derechos humanos y la democracia en todo el mundo; pide, asimismo, la realización de campañas informativas públicas que permitan hacer más visible el papel de la Unión Europea en este ámbito; reconoce que la actual edición del Informe ha mejorado en el aspecto de la claridad de la presentación;

20.  Pide una vez más que el Consejo, la Comisión y las delegaciones y embajadas de la UE sobre el terreno faciliten mayor información y de más calidad para la evaluación de las políticas y que se definan y propongan directrices específicas dirigidas a mejorar el planteamiento general, minimizar las posibles contradicciones y adaptar las prioridades políticas a los diferentes países, con miras a adoptar estrategias nacionales sobre los derechos humanos tal como se definen en el programa del SEAE; considera que la cuestión de la transparencia debe situarse en el primer plano de las acciones de la UE, facilitándose un mayor acceso a las agendas y documentos en cuyo marco se debate específicamente sobre los derechos humanos con países no pertenecientes a la Unión;

21.  Reitera su llamamiento en favor de una evaluación regular de la aplicación y los resultados de las políticas, los instrumentos, las iniciativas y los diálogos de la Unión en el ámbito de los derechos humanos en países no pertenecientes a la UE, al tiempo que pide que dichos resultados se compartan íntegramente con el Parlamento Europeo; pide al Consejo y a la Comisión que elaboren índices y parámetros de referencia específicos y cuantificables que permitan verificar la efectividad de las políticas mencionadas;

Actividades de la UE en materia de derechos humanos en los foros internacionales

22.  Hace hincapié en la futura adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos como una oportunidad para ratificar su compromiso en la defensa de los derechos humanos dentro y fuera de sus fronteras; insta a los Estados miembros de la UE a que apoyen este compromiso y comprometan a los ciudadanos de la Unión con esta tarea;

23.  Insta a la Comisión y al Consejo a que promuevan ampliamente, dentro y fuera de la Unión, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ente otros con el objetivo de informar al público de la existencia de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que se puede recurrir para tratar y reparar las violaciones de los derechos de que hayan sido víctimas un Estado miembro del Consejo de Europa o sus ciudadanos;

24.  Insta a la Alta Representante a que garantice que el SEAE está integrado y se coordina con otros organismos regionales y organizaciones internacionales y sus acciones de fomento de los derechos humanos; pide a la Alta Representante que garantice, asimismo, que las recomendaciones, inquietudes y prioridades expuestas en el seno y por el sistema de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE y otras instituciones internacionales se integren plena y sistemáticamente en todas las políticas de la UE y, en particular, en el ámbito de los derechos humanos;

25.  Toma nota con pesar de que el lento proceso de examen de los asuntos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha alargado hasta alcanzar una duración de siete años; observa, asimismo, que están pendientes ante el Tribunal aproximadamente 100 000 asuntos; señala que el Tribunal debe ser una institución ejemplar para la protección del derecho a la justicia y a un juicio justo; insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros de la misma a que hagan todo lo posible para ayudar al Tribunal; celebra que Rusia, el último país de los 47 Estados participantes en el Consejo de Europa en negarse a ratificar el Protocolo 14, haya ratificado dicho Protocolo del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la eficiencia del Tribunal, que aporta una simplificación de los procedimientos del Tribunal, tiene la finalidad de abordar el problema de la acumulación de asuntos pendientes y cuya entrada en vigor exige la ratificación por todos los miembros del Consejo de Europa;

26.  Pide que se refuerce la cooperación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea en el ámbito del fomento de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos y sociales y los derechos de la personas que pertenecen a minorías, fomentando los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y de los defensores de sus derechos y garantizando que las víctimas de discriminación conocen las vías de recurso efectivas y tienen acceso a las mismas ante una autoridad nacional para luchar contra la discriminación, así como protegiendo los derechos de las lenguas regionales y minoritarias, haciendo uso de los instrumentos jurídicos de lucha contra la discriminación para defender la causa de la diversidad y la tolerancia;

27.  Insta a los Estados miembros de la UE a que suscriban y ratifiquen todos los convenios fundamentales de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa relativos a los derechos humanos, así como sus respectivos protocolos facultativos, en particular la Convención internacional de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, de 13 de septiembre de 2007, la Declaración de la OIT de 1998 sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; insiste en que el protocolo facultativo del convenio se considere una parte integrante del mismo, y pide la adhesión simultánea al convenio y al protocolo(15);

28.  Destaca que las definiciones de los derechos humanos adoptadas por la comunidad internacional desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial han demostrado ser lo suficientemente flexibles para incluir los cambios en el progreso humano, pero destaca la necesidad de codificar nuevos derechos para responder a las nuevas amenazas a la libertad, como las relativas a la libertad de la ciencia, de conciencia y conocimiento, de identidad de género o de orientación sexual, y todos los derechos relativos al ámbito digital, empezando por el acceso universal a Internet;

29.  Destaca la importancia de intensificar la racionalización y, si es posible, la coordinación entre los organismos internacionales con jurisdicción en materia de derechos humanos y de sus procedimientos, con el objetivo de garantizar cada vez mejor el fomento y la defensa efectivos de los derechos fundamentales que figuran en los instrumentos internacionales al respecto;

30.  Destaca la necesidad de prestar mayor atención a los diferentes mecanismos de seguimiento del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, y de establecer una cooperación más estrecha con los diferentes órganos del Tratado para canalizar mejor sus conclusiones y utilizar su experiencia en la materia;

31.  Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la UE en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales en un gran número de resoluciones, en particular en lo que se refiere al llamamiento en favor de una moratoria de la pena de muerte, que contó con el apoyo de un mayor número de países, a los derechos del niño, a la intolerancia religiosa y a la situación de los derechos humanos en Birmania/Myanmar y en la República Popular Democrática de Corea;

32.  Celebra la apertura de la primera Oficina europea regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bruselas, en octubre de 2009; propone que se establezca una cooperación eficiente con el Alto Comisionado para fomentar y llevar un mejor seguimiento de la formulación y el respeto de las normas y políticas en materia de derechos humanos en la UE y en el resto de Europa;

33.  Insta al Consejo y a la Comisión a que definan una estrategia respecto de los países que se niegan a cooperar plenamente con los mecanismos de las Naciones Unidas y a permitir el acceso a los expertos independientes y relatores especiales de las Naciones Unidas, de forma que les permitan el pleno acceso a su territorio y se abstengan de restringir su labor;

34.  Lamenta el debilitamiento de la política y la postura de la UE respecto de la Junta birmana, al tiempo que destaca que la actual actitud de la Unión no contribuye a la lucha contra la trágica situación política, social y humana en la que la población birmana se ve obligada a vivir desde el comienzo del gobierno militar, y que dicha actitud podría interpretarse como una política de apaciguamiento frente a la dictadura;

35.  Celebra el apoyo de la Unión Europea a las iniciativas dirigidas a despenalizar la homosexualidad en el marco de las Naciones Unidas y de otros foros internacionales; pide que la UE siga apoyando las iniciativas de condena de las violaciones de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género en todos los foros internacionales, en coordinación con los Estados que defienden la misma posición; destaca que la política de la mayoría de los países del mundo, incluida la Unión, con respecto a las lesbianas, los homosexuales, los bisexuales y los transexuales y transgéneros es discriminatoria y contraria a los derechos humanos; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Unión que solucionen esta situación y garanticen un acceso en igualdad de condiciones a la salud y a la atención sanitaria, incluida la cirugía, a estas personas: pide a la Unión y a los Estados miembros que presten una atención muy especial, en particular mediante una política de acogida, a los nacionales de terceros países que son víctimas de discriminación por razones de orientación sexual y sexo;

36.  Pide a la Comisión y al Consejo que promuevan la legitimización oficial y jurídica de la expresión «refugiado climático» (entendida como referida a las personas obligadas a huir de sus hogares y buscar refugio en el extranjero como consecuencia del cambio climático), que todavía no está reconocida en el Derecho internacional ni en ningún acuerdo internacional jurídicamente vinculante;

37.  Pide que se intensifique la cooperación entre las Naciones Unidas, su Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y la Unión Europea, en el ámbito de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, habida cuenta de que dichos pueblos pertenecen a uno de los grupos más vulnerables del mundo;

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU)

38.  Hace hincapié en la función del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) y destaca su papel decisivo en el contexto de la arquitectura general de las Naciones Unidas y su capacidad de desarrollar un valioso marco para las acciones multilaterales de la UE en el ámbito de los derechos humanos; señala que este nuevo organismo debe seguir esforzándose por funcionar con arreglo a las normas más elevadas y con la mayor eficacia posible para granjearse una mayor credibilidad;

39.  Destaca que la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil es esencial para la eficiencia del CDHNU;

40.  Acoge con gran satisfacción que el actual Gobierno de los Estados Unidos abogue por una mayor implicación con las Naciones Unidas y que haya asumido una representación en el CDHNU para el período 2009-2012; señala que la representación de los EE.UU. en el CDHNU refuerza la credibilidad y la capacidad de este organismo; aboga por que la UE consolide la cooperación con los EE.UU., especialmente en lo que se refiere al intercambio de experiencias en los diálogos sobre los derechos humanos;

41.  Recuerda que en 2011 el CDHNU llevará a cabo una revisión importante de sus procedimientos, y pide, por tanto, a la UE que prepare y participe activamente en dicha revisión;

42.  Destaca el importante papel que desempeñan las revisiones periódicas universales e insta al Consejo, a la Comisión y, en particular, al nuevo SEAE que sigan y supervisen de cerca los procedimientos relativos a dichas revisiones y, en el contexto del proceso de revisión del CDHNU, le confieran mayor efectividad y refuercen los peritajes independientes;

43.  Apoya decididamente los esfuerzos de la UE para prevenir cualquier parcialidad y manipulación de las revisiones periódicas universales; lamenta profundamente, en este mismo contexto, el resultado de la sesión de febrero de 2009, que sufrió en gran medida las obstrucciones y los esfuerzos dirigidos a manipular el proceso de revisión;

44.  Insta a la AR/VP a que visite regularmente el CDHNU y se asegure personalmente de que se establecen las relaciones más estrechas posibles entre el CDHNU y el SEAE a todos los niveles; alienta al futuro sector de los derechos humanos del SEAE a que anude una estrecha relación de trabajo con el CDHNU; pide que se establezca un diálogo coordinado con países no pertenecientes a la UE acerca de las posiciones adoptadas en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no solo en Ginebra y en el marco de los diálogos sobre derechos humanos específicos, sino como parte integrante de todos los debates bilaterales de la UE con dichos países en los ámbitos político, comercial y de la cooperación para el desarrollo;

45.  Señala que los Estados miembros de la UE se encuentran en una posición minoritaria en el seno del CDHNU; pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que emprendan una acción concertada dirigida a establecer las alianzas oportunas con aquellos Estados y agentes no estatales que siguen defendiendo la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos;

46.  Pide a la Alta Representante y a los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE que adopten las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores antes de cada una de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que en ellas expongan las prioridades y estrategias de la UE;

47.  Pide al Consejo, a la Comisión y al SEAE que reafirmen su compromiso de colaboración con los gobiernos democráticos o que se encuentren en un proceso de democratización de otros grupos regionales en el seno del CDHNU, con miras a mejorar las probabilidades de éxito de las iniciativas dirigidas a aplicar los principios contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; pide, a tal fin, a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen sus acciones de forma más efectiva, al tiempo que pide a la Comisión que presente un informe anual sobre los patrones de voto en las Naciones Unidas en los asuntos relacionados con los derechos humanos, en el que analice de qué forma dichos patrones se han visto afectados por las políticas de la UE y de sus Estados miembros y por las de otros bloques; reitera que la Delegación de la UE y los Estados miembros en Ginebra deberían dar más prioridad a la relación con los países no pertenecientes a la UE en una fase temprana de los debates y evitar hacer un hincapié excesivo en los debates internos dirigidos a alcanzar una posición unitaria de la UE con el riesgo de asumir un enfoque basado en el «mínimo común denominador»;

48.  Reafirma la vital importancia de los procedimientos especiales y de los mandatos por países en el seno del CDHNU; acoge con satisfacción el mandato temático impartido recientemente en el ámbito de los derechos culturales, y se congratula por la ampliación de los mandatos temáticos relativos al derecho a la alimentación, la libertad religiosa y de conciencia y los desplazados internos; acoge con satisfacción, asimismo, la ampliación de los mandatos por países a Burundi, Haití, Camboya, Somalia, la República Popular Democrática de Corea, Birmania/Myanmar y Sudán; lamenta que no se ampliaran los mandatos relativos a Liberia y la República Democrática del Congo;

49.  Acoge positivamente la decisión adoptada en 2008 por el CDHNU de ampliar el mandato del Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, así como las Conclusiones del Consejo adoptadas en diciembre de 2009 bajo la Presidencia sueca, en las que se alaba la labor del Representante Especial; pide a los Estados miembros de la UE que sigan trabajando en favor de la aplicación de las recomendaciones finales del mandato y del marco «Proteger, Respetar y Remediar» que está previsto que se someta al CDHNU en 2011;

50.  Acoge con satisfacción los períodos extraordinarios de sesiones del CDHNU dedicados a la situación de los derechos humanos en la región oriental de la República Democrática del Congo, al impacto de las crisis económicas y financieras mundiales en la realización universal y el disfrute efectivo de los derechos humanos, a la situación de los derechos humanos en Sri Lanka y a la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados y en Jerusalén oriental; lamenta que, durante la duodécima sesión del CDHNU, celebrada el 16 de octubre de 2009, los Estados miembros de la UE no adoptaran una posición común respecto de la votación del Informe Goldstone, y que, como resultado de ello, cuatro Estados miembros votaran en contra, dos se abstuvieran y otros dos no asistieran a la votación; pide a los Estados miembros y a todas las instituciones de la UE competentes que establezcan una coordinación política más estrecha en el seno del CDHNU y de otros órganos de las Naciones Unidas; destaca que el respeto del Derecho internacional en materia de derechos humanos y del Derecho internacional humanitario por todas las partes y en cualquier circunstancia es una condición previa fundamental para alcanzar una paz justa y duradera en Oriente Próximo; insta, por tanto, a todas las partes a que apliquen las resoluciones de la Asamblea General adoptadas el 5 de noviembre de 2009 y el 26 de febrero de 2010 y lleven a cabo investigaciones que respeten las normas internacionales; pide a la AR/VP que garantice que todos aquellos que hayan violado el Derecho internacional sean considerados responsables de conformidad con la obligación de la UE en virtud del Convenio de Ginebra y la prioridad de la UE de luchar contra la impunidad;

51.  Apoya la independencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH); lamenta que durante el 10º período ordinario de sesiones de marzo de 2009 se adoptara, a pesar de la oposición de la UE, una resolución dirigida a limitar la independencia de la OACDH; pide a las instituciones de la UE que concedan un apoyo financiero adicional a todo el sistema de procedimientos especiales de la OACDH, de forma que los titulares de los mandatos de los procedimientos dispongan de los recursos suficientes para desempeñar adecuadamente sus funciones;

Cooperación de la UE con la Corte Penal Internacional (CPI)

52.  Reitera su enérgico apoyo a la CPI y su objetivo principal de lucha contra la impunidad de los genocidios, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; acoge favorablemente la ratificación del Estatuto de Roma por Bangladesh, Seychelles, Santa Lucía y Moldova en marzo, agosto y octubre de 2010, lo que eleva a 114 el número total de Estados Partes del Estatuto; hace hincapié en que el Estatuto de Roma de la CPI fue ratificado por todos los Estados miembros de la UE como un componente esencial de los principios y valores democráticos de la Unión, por lo que insta a los Estados miembros a que cumplan plenamente el Estatuto como parte del acervo comunitario; destaca la importancia que reviste el principio de universalidad y pide al SEAE, a los Estados miembros de la UE y a la Comisión que prosigan sus decididos esfuerzos dirigidos a promover la ratificación universal del Estatuto de Roma, el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI y la adopción de la correspondiente legislación nacional para su aplicación, y que revisen la Posición Común del Consejo 2003/444/PESC, de 16 de junio de 2003, relativa a la CPI y el Plan de acción de 2004 para hacer un seguimiento de la Posición Común; solicita que dichos esfuerzos incluyan también el Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la CPI, que constituye un importante instrumento para el funcionamiento de la Corte; pide, asimismo, a los Estados miembros de la UE que revisen y actualicen la Posición Común y el Plan de acción sobre la CPI con el fin de reforzar la asistencia efectiva a la Corte por parte de la UE a la luz de la situación, los desafíos y las necesidades actuales de la CPI, dado el número creciente de órdenes de detención y procesos que debe asumir, y que inicien conversaciones sobre la posible adopción de directrices de la UE sobre la justicia internacional y la CPI;

53.  Alienta de forma decidida al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros de la UE a apoyar la aplicación de las decisiones de la CPI y la cooperación con la Corte durante las negociaciones de adhesión y los procesos de adhesión, así como en todas las cumbres y diálogos de la UE con los países que no pertenecen a ésta, incluidos los Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Africana e Israel; insta en particular al Consejo y a la Comisión a que garanticen que la justicia forme parte integrante de todas las negociaciones de paz; pide al SEAE que abogue sistemáticamente por la inclusión de una cláusula de la CPI en los acuerdos afines con países no pertenecientes a la UE; pide a la Alta Representante que garantice la integración de la CPI en las prioridades de política exterior de la UE y su inclusión como corresponda en el mandato de los Representantes Especiales de la UE, y que se asegure asimismo de que el personal del SEAE recibe con regularidad formación sobre la CPI, tanto en la sede del SEAE como en las delegaciones de la UE; pide a la Alta Representante que designe a un enviado especial para la justicia internacional cuyo mandato sea fomentar, integrar y representar el compromiso de la UE en favor de la lucha contra la impunidad y la CPI en la política exterior de la UE;

54.  Celebra la ejecución por Bélgica de la orden de detención dictada por la Sala III de Cuestiones Preliminares de la CPI contra Jean Pierre Bemba, el 3 de julio de 2008; toma nota con gran preocupación, no obstante, de que todavía no se han ejecutado ocho órdenes de detención dictadas por la CPI, entre las que figuran las dictadas contra cuatro dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor en Uganda, Bosco Ntaganda en la República Democrática del Congo, Ahmad Harun, Ali Kushayb y el presidente sudanés Omar Hassan Ahmad al Bashir, en Sudán; lamenta que Sudán siga negándose a detener y transferir a los sospechosos a la CPI, desoyendo persistentemente sus obligaciones en virtud de la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; toma nota de que el 26 de mayo de 2010 la Sala I de Cuestiones Preliminares de la CPI informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acerca de la falta de cooperación de la República de Sudán en el asunto contra Harun y Kushayb; expresa su gran preocupación por el hecho de que dos Estados Partes de la CPI, a saber, Chad y Kenia, hayan invitado y acogido recientemente en sus territorios respectivos al presidente Omar al Bashir, pese a estar obligados, en virtud del Estatuto de Roma, a detenerlo, no habiendo ejecutado la correspondiente orden de detención; solicita la búsqueda permanente de acusados destacados y destaca el papel que podrían desempeñar la UE y la CPI para garantizar que se investigan los posibles crímenes de guerra en Sri Lanka y la República Democrática del Congo;

55.  Celebra que los EE.UU. participen y hayan renovado su compromiso con la CPI, como lo demuestra claramente su participación como observadores en la octava sesión de la Asamblea de los Estados Partes celebrada en La Haya, en noviembre de 2009, así como en la primera Conferencia de revisión del Estatuto de Roma, celebrada en Roma en 2010; observa con satisfacción las primeras declaraciones prometedoras sobre la CPI del Gobierno de los EE.UU. y el compromiso de cooperación con la Corte que asumió durante la Conferencia de revisión; pide a los EE.UU. que renueven su firma e intensifiquen su compromiso con la CPI, especialmente cooperando plenamente en las situaciones objeto de investigación o análisis preliminar por parte de la CPI y ultimando una política global respecto de la misma;

56.  Alienta a la próxima Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE a debatir acerca de la lucha contra la impunidad en la cooperación internacional para el desarrollo y el correspondiente diálogo político, tal como se decidió en diferentes resoluciones y figura en el artículo 11, apartado 6, de la versión revisada del Acuerdo de Cotonú, con miras a incluir la lucha contra la impunidad y la consolidación del Estado de Derecho en los actuales programas y acciones de cooperación para el desarrollo; pide a la UE y a sus Estados miembros que sigan dialogando con la Unión Africana sobre estas cuestiones y que apoyen a los Estados africanos Partes de la CPI para que sigan cumpliendo sus obligaciones en virtud del Estatuto de Roma; expresa su apoyo a la solicitud de la Corte para que se abra una oficina de enlace con la Unión Africana en Addis Abeba;

57.  Observa que la cooperación entre los Estados Partes, los Estados signatarios y la Corte, de conformidad con el artículo 86 del Estatuto de Roma, sigue siendo esencial para la eficacia y el éxito del sistema internacional de justicia penal, en particular en lo que se refiere a la capacidad de aplicar la legislación, así como para que la Corte desarrolle sus actividades judiciales de forma efectiva e independiente; reconoce, por otra parte, el Acuerdo de cooperación y asistencia entre la CPI y la UE y, en este sentido, pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que faciliten a la Corte toda la asistencia necesaria, incluido apoyo sobre el terreno para los casos en curso y, en particular, para la ejecución de las órdenes de detención pendientes; insta a todos los Estados miembros de la UE a que promulguen normativas nacionales sobre cooperación, de conformidad con la Parte IX del Estatuto de Roma, si todavía no lo han hecho, y a que celebren acuerdos ad hoc con la Corte con vistas a la ejecución de sus sentencias y la protección y reinstalación de víctimas y testigos; pide a los Estados miembros de la UE que incluyan la cooperación como un elemento permanente de la agenda de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, con el fin de garantizar que se comparten las mejores prácticas, que se debaten los casos de no cooperación y que la Asamblea de los Estados Partes adopta las medidas apropiadas;

58.  Destaca la necesidad de reforzar el sistema penal internacional en general, y observa, a este respecto, con preocupación que Ratko Mladić y Goran Hadžić siguen libres y no han comparecido ante el TPIY; pide, en este mismo contexto, a las autoridades serbias que aseguren la plena cooperación con el TPIY, que debería conducir a la detención y entrega de todos los demás acusados, para hacer posible la ratificación de un Acuerdo de Estabilización y Cooperación; señala que es necesario seguir apoyando, incluso mediante la prestación de asistencia financiera, al Tribunal Especial para Sierra Leona, con el fin de que finalice los juicios en curso, incluidos los eventuales procesos de recurso; constata asimismo los progresos realizados en la cooperación multilateral para facilitar conocimientos técnicos y asistencia en los casos en que la identificación, la recopilación y la conservación de la información contribuye a una amplia gama de opciones de justicia transitoria e internacional, en particular mediante el instrumento de reacción rápida de la justicia, en el que participan más de la mitad de los Estados miembros de la UE, respalda el apoyo actual a dicho instrumento y desea que se apoye en mayor medida;

Directrices de la UE sobre los derechos humanos
Pena de muerte

59.  Recuerda la Resolución 63/168, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2008, que pide una moratoria general de la pena de muerte; destaca que esta Resolución cuenta ahora con 106 países a su favor, lo cual confirma una consolidación gradual de la opinión mundial contra la pena de muerte;

60.  Acoge con satisfacción las decisiones de abolir la pena de muerte adoptadas en 2009 por Burundi y Togo y por el Estado de Nuevo México en los EE.UU.; insta a los Estados Unidos a que procesan a la abolición de la pena de muerte, al tiempo que lamenta que se siga aplicando en 35 de los 50 estados;

61.  Insta al Consejo y a la Comisión a que alienten a los países que todavía no hayan suscrito, ratificado o aplicado el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, u otro instrumento regional análogo, a que lo hagan cuanto antes;

62.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que la producción y venta de tiopental sódico por parte de empresas con sede en la Unión Europea sólo se permita con fines médicos y por que a las licencias para la producción de este medicamento se les impongan requisitos de etiquetado, de modo que en el envase se indique que no puede utilizarse para administrar inyecciones letales, de conformidad con las leyes nacionales y europeas que prohíben la pena capital, la tortura o cualquier otro trato o castigo cruel e inhumano o degradante;

63.  Reitera que la UE se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias, incluidas las ejecuciones extrajudiciales; recuerda que la UE es el donante principal de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la luchan contra la pena de muerte; pide a la Comisión que continúe ofreciendo prioridad a la lucha contra este castigo cruel e inhumano y que mantenga dicha lucha como una prioridad temática de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y de los instrumentos geográficos; estima que la perpetuidad geográfica no es una alternativa aceptable a la pena de muerte;

64.  Insta a los países que aún emplean la pena de muerte por lapidación a que supriman ese procedimiento inhumano de su acervo legislativo; insta a los líderes iraníes a que promulguen una ley que prohíba sin ambages la lapidación como una medida penal, al ser la forma de pena de muerte más bárbara; condena que numerosos países sigan sentenciando a muerte y ejecutando a delincuentes juveniles; condena la aplicación de la pena de muerte por el régimen iraní, que sitúa a Irán en segunda posición, inmediatamente después de China, en la clasificación de los países con el mayor número de ejecuciones; condena enérgicamente el aumento del número de ejecuciones tras las manifestaciones pacíficas que tuvieron lugar a raíz de las elecciones presidenciales iraníes de junio de 2009; expresa su preocupación por el hecho de que China siga siendo el país en el que se lleva a cabo el mayor número de ejecuciones en el mundo, y pide a China que haga públicas las cifras correspondientes a las ejecuciones a nivel nacional, de manera que se pueda analizar y debatir con transparencia acerca de la pena de muerte; acoge con satisfacción la acción positiva de las autoridades bielorrusas, que han creado un grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas dirigidas a imponer una moratoria de la pena de muerte; reitera su preocupación por el hecho de que se sigan llevando a cabo ejecuciones en Belarús, el único país europeo que continúa aplicando la pena de muerte y en el que las familias de los ejecutados no son informadas de la fecha de la ejecución ni del lugar en el que han sido enterrados los cuerpos;

65.  Constata que 32 jurisdicciones en el mundo disponen de un sistema legal que contempla la aplicación de la pena de muerte por delitos relacionados con los estupefacientes; señala que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), la Comisión Europea y algunos gobiernos europeos a título individual participan activamente en la financiación y/o la prestación de asistencia técnica, apoyo legislativo y ayuda financiera con el fin de reforzar las actividades de lucha contra la droga en países que mantienen la pena de muerte por delitos relacionados con los estupefacientes; expresa su preocupación por el hecho de que dicha ayuda podría provocar un aumento de las condenas a muerte y las ejecuciones; insta a la Comisión a que desarrolle directrices que regulen la financiación internacional de las actividades nacionales y regionales de lucha contra la droga con el fin de garantizar que los programas mencionados no den lugar a violaciones de los derechos humanos, incluida la aplicación de la pena de muerte; destaca que la abolición de la pena de muerte por delitos relacionados con los estupefacientes deberían constituir una condición previa para la prestación de ayuda financiera, asistencia técnica, ayuda para el desarrollo de las capacidades y otros tipos de asistencia en la lucha contra la droga;

66.  Expresa su preocupación por el hecho de que se sigan llevando a cabo ejecuciones en Belarús, el único país europeo que continúa aplicando la pena de muerte; apoya a las autoridades bielorrusas en la creación de un grupo de trabajo encargado de elaborar propuestas dirigidas a imponer una moratoria de la pena de muerte;

67.  Manifiesta su profunda preocupación por la Ley contra la homosexualidad de 2009, que el Parlamento de Uganda está examinando y en la que se castiga el apoyo a las personas lesbianas, homosexuales o bisexuales con multas y penas de cárcel, así como los actos homosexuales consentidos con multas, penas de cárcel y la pena de muerte; pide al Parlamento ugandés que rechace este acto legislativo y otros similares; condena la penalización de la homosexualidad en todo el mundo;

Derechos de las personas LGBT

68.  Celebra, a la luz de las numerosas violaciones de los derechos humanos que sufrieron las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero en todo el mundo en 2009, la adopción, por parte del Grupo de trabajo sobre derechos humanos del Consejo de la Unión Europea, del Manual para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT); pide a las delegaciones de la UE y al Servicio Europeo de Acción Exterior que apliquen íntegramente las directrices incluidas en dicho Manual;

Violencia contra las mujeres

69.  Señala que el programa del Trío Presidencial formado por Francia, la República Checa y Suecia (julio de 2008-diciembre de 2009) concedió prioridad a la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y exigió coherencia en los principios y en las políticas desarrolladas tanto fuera como en el seno de la UE, incluido el respecto del apoyo a la prohibición de la mutilación genital femenina como una violación de los derechos humanos; toma nota de la reciente adopción de un nuevo grupo de directrices en este ámbito y espera que la Comisión presente los resultados de su aplicación al Parlamento;

70.  Toma nota de la nueva estrategia de la Comisión Europea sobre la igualdad de género referente específicamente a la cuestión de la mutilación genital femenina; reitera la necesidad de coherencia de las políticas internas y externas de la UE en lo que respecta a esta cuestión en particular; insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE a que trate la cuestión de la mutilación genital femenina en el marco de los diálogos políticos con los países socios y las partes interesadas en esta cuestión sensible en el contexto nacional, adoptando al efecto un enfoque participativo e implicando a las comunidades afectadas; pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que activen todos los medios políticos e institucionales para apoyar las iniciativas en favor de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adopte cuanto antes una resolución sobre una moratoria mundial de la mutilación genital femenina;

71.  Considera que la violencia contra las mujeres también se manifiesta psicológicamente; observa que en el ámbito laboral las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres y son más numerosas en los empleos precarios o parciales; destaca, por tanto, que el papel de la Comisión y de los Estados miembros en este ámbito, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, no puede limitarse a la violencia estrictamente física, sino que debe abarcar todas las formas de violencia infligida a la mujer ‐esto es, la violencia física, psicológica, social y económica‐ y que debe darse prioridad a la educación no sexista de los niños y las niñas a partir de una edad muy temprana, así como a la lucha contra los estereotipos de género;

72.  Destaca la importancia que reviste la aplicación exhaustiva de las Resoluciones 1325, 1820, 888 y 1889 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pide que las mujeres participen en todas las fases y a todos los niveles de la resolución de conflictos y aboga por la protección de las mujeres y las niñas frente a la violencia sexual y la discriminación; pide a los Estados miembros que carezcan aún de un plan nacional de acción para la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopten uno con la mayor urgencia; condena enérgicamente la violación utilizada como instrumento de guerra y las recurrentes violaciones masivas registradas en la República Democrática del Congo; solicita que se haga toda la luz sobre la incapacidad de la fuerza de pacificación de la MONUSCO para poner fin a las violaciones masivas; insta a la AR/VP de la UE a que, por medio del EUSEC y del EUPOL en la República Democrática del Congo, realice una investigación e informe al Parlamento Europeo sobre todas las empresas o entidades congoleñas e internacionales implicadas en las industrias extractivas en dicho país que paguen a grupos armados y personal de seguridad que hayan participado en las violaciones masivas y otros crímenes sistemáticos contra la población civil;

73.  Pide a la AR/VP que incremente el número de personas activas en aspectos relacionados con las cuestiones de género en la acción exterior y cree estructuras especializadas en dichas cuestiones; reconoce los progresos alcanzados en la PESD, tanto en lo que se refiere a las misiones como a la formación del personal;

74.  Expresa su profunda preocupación por la arraigada discriminación por razones de género y la violencia doméstica que se registra en varios países, y señala que las mujeres que viven en zonas rurales son un grupo particularmente vulnerable; manifiesta, asimismo, su gran inquietud por los casos de violencia sexual y los elevados índices de violaciones de mujeres y niñas en Sudáfrica, por el hecho de que las investigaciones sean a menudo inadecuadas y se bloqueen por sesgos sexistas, por los numerosos obstáculos que han de afrontar las víctimas para acceder a los cuidados sanitarios y por los retrasos en la prestación de tratamiento médico; condena enérgicamente la violencia contra las mujeres y las niñas como un problema crónico en Guatemala y México;

75.  Expresa su profunda preocupación por la situación de las mujeres y las niñas en Irán, la República Democrática del Congo y Afganistán; condena las violaciones brutales de los derechos de las mujeres en la República Democrática del Congo; insta a la comunidad internacional a incrementar significativamente los fondos destinados a proteger a las mujeres de la violación, y afirma que debe prestarse una atención particular y urgente, a escala internacional, a la situación de las mujeres y las niñas en la República Democrática del Congo; condena la Ley del Estatuto Personal Chiíta, aprobada en marzo de 2009, que viola gravemente los derechos de las mujeres afganas y vulnera la Constitución afgana y las normas internacionales en materia de derechos humanos; acoge con satisfacción las enmiendas introducidas en la Ley sobre Asuntos Personales de los Seguidores de la Jurisprudencia Chií, si bien mantiene su profunda preocupación por el tenor de determinados artículos de la ley, que contravienen las obligaciones suscritas por Afganistán en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño; insta a las autoridades afganas a que adopten sin demora las medidas oportunas encaminadas a mejorar la situación de los derechos de las mujeres en el país;

76.  Insiste en que, en todos los diálogos sobre derechos humanos, se aborden de forma explícita los derechos de la mujer, en particular la lucha y la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos principalmente los abortos selectivos de género, todas las formas de prácticas tradicionales o consuetudinarias perjudiciales, como la mutilación genital, el matrimonio precoz o forzoso, todas las formas de trata de seres humanos, la violencia doméstica y el femicidio, la explotación laboral y la explotación económica, al tiempo que reitera que debe rechazarse la invocación por los Estados de toda costumbre, tradición o consideración religiosa de cualquier tipo con el fin de eludir su deber de suprimir estas formas de brutalidad; destaca que deben intensificarse los esfuerzos dirigidos a suprimir todas las formas de mutilación genital femenina, tanto sobre el terreno como en el proceso de elaboración de las políticas, con el fin de poner en evidencia que este tipo de mutilación constituye al mismo tiempo una discriminación por razón de género y una violación del derecho humano a la integridad física; destaca la situación de las mujeres jóvenes migrantes que, a causa de los principios de determinadas comunidades, la religión o el honor familiar, son víctimas de malos tratos, asesinatos por honor o la mutilación genital o son privadas de su libertad;

77.  Recuerda los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y destaca que el acceso a la educación y a la sanidad son derechos humanos básicos; opina que los programas sanitarios, incluidos la salud sexual y reproductiva, la promoción de la igualdad de género, la capacitación de las mujeres y los derechos de los niños, deben ocupar un lugar destacado en las políticas de desarrollo y de defensa de los derechos humanos de la UE, en particular en aquellos casos en los que prevalezca la violencia por razones de género y las mujeres y los niños estén expuestos al contagio del VIH/sida, o cuando se deniegue el acceso a la información, a la prevención y al tratamiento; pide a la Comisión que incorpore los derechos laborales y el programa para un trabajo digno en su política de desarrollo, en particular en los programas de asistencia relacionados con el comercio;

78.  Se felicita de la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 16 de junio de 2009, sobre la mortalidad y morbilidad maternas prevenibles y los derechos humanos, en la que se pide una acción urgente con arreglo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio para evitar que las mujeres mueran innecesariamente durante el embarazo y el parto; observa que esta Resolución gozó del apoyo de los Estados miembros de la UE, y pide a estos últimos que promuevan efectivamente la protección de los derechos humanos de las mujeres y de las jóvenes, en particular su derecho a la vida, a la igualdad en cuanto a la dignidad, a la educación, a la libertad para buscar, recibir y difundir información, a beneficiarse del progreso científico, a no sufrir ningún tipo de discriminación y a disfrutar de los niveles más elevados posible de salud física y mental, incluida la salud sexual y reproductiva;

79.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan, en particular, la ratificación y aplicación por parte de los Estados miembros de la Unión Africana del Protocolo de la Unión Africana sobre los Derechos de la Mujer en África;

Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes

80.  Aboga por que se reconozcan los abusos sanitarios contra los pacientes y otras personas, especialmente cuando se trata de seres humanos incapaces de defenderse por sí mismos, como los casos de trato cruel, inhumano y degradante, al tiempo que reconoce la dificultad de probar determinados actos, por lo que pide que se les preste la máxima atención;

81.  Pide que se reconozca que las minorías, al igual que los grupos indígenas y las personas discriminadas por su casta, son desproporcionadamente vulnerables y pueden ser víctimas de actos de tortura;

82.  Insta a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho a que se adhieran a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como a su Protocolo Facultativo (OPCAT); insta, asimismo, a los Estados a que levanten todas las eventuales reservas que hayan formulado con respecto a estos instrumentos; alienta a los Estados que hayan firmado el OPCAT a que apliquen mejor y con mayor diligencia el Mecanismo Nacional de Prevención;

83.  Alienta a los países de todo el mundo a que adopten y apliquen efectivamente el Manual sobre Investigación y Documentación Efectivas de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, denominado Protocolo de Estambul; considera que el Protocolo de Estambul es un instrumento vital para recoger pruebas e impedir la impunidad; expresa su convencimiento de que la impunidad de los torturadores es un importante obstáculo para la prevención efectiva de la tortura, ya que alienta implícitamente a los autores a seguir con sus prácticas repugnantes;

84.  Destaca la importancia que reviste la aplicación efectiva de las Directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; insta al Consejo y a la Comisión a que presenten los resultados de la aplicación de dichas Directrices y a que presten una atención especial a los resultados, en términos de rehabilitación de las víctimas de la tortura, del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

85.  Insta a los Estados miembros a que den curso a las peticiones formuladas en su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(16); insta a la Comisión a que presente cuanto antes una revisión de varias disposiciones del Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005;

86.  Manifiesta su especial preocupación por la gran oleada de corrupción, delincuencia, persecución política, impunidad y tortura y encarcelamiento de miembros de la oposición en Venezuela, como consecuencia de la politización de las fuerzas policiales, la falta de políticas y la incapacidad del Gobierno para atajar estas serias amenazas a los derechos humanos;

87.  Expresa su profunda preocupación por el aumento del número de violaciones de los derechos humanos a causa de la orientación sexual, y condena todo acto de violencia contra las personas afectadas; observa un aumento del número de asesinatos de personas transgénero en el mundo; lamenta sumamente que la homosexualidad siga estando considerada en muchos países como un delito que se puede castigar con penas de cárcel y, en algunos casos, incluso con la pena de muerte; celebra a este respecto la decisión adoptada por el Alto Tribunal de Delhi, el 2 de julio de 2009, de despenalizar la homosexualidad en la India, y pide a otros países que sigan este ejemplo;

Derechos del niño

88.  Lamenta profundamente que, según los cálculos de que se dispone, aproximadamente 215 millones de niños sean víctimas del trabajo infantil, y que tres cuartas partes de estos niños estén sujetos a las peores formas de este tipo de trabajo (cifras de la OIT, 2009); celebra las Conclusiones del Consejo de la UE, de 14 de junio de 2010, sobre el trabajo infantil, y del estudio conexo de la Comisión (SEC(2010)0037), en los que se solicita la adopción de un enfoque político global por parte de la UE, centrado en el desarrollo y la erradicación de la pobreza; pide a la Comisión que garantice un seguimiento efectivo de los progresos en este ámbito y fomente, junto con los Estados miembros de la UE, su aplicación en el marco de los diálogos con países no pertenecientes a la Unión;

89.  Recuerda el XI Foro UE-ONG sobre los derechos humanos, que se celebró con éxito en Estocolmo en julio de 2009 y centró su interés en la lucha contra la violencia ejercida sobre los niños, así como el llamamiento de la Presidencia sueca a proseguir los esfuerzos encaminados a prohibir todas las formas de castigo corporal en todas las circunstancias, incluido el entorno del hogar, a determinar las mejores prácticas y aprovechar la experiencia adquirida en la lucha contra la violencia ejercida sobre los niños en las situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos, y a reforzar la coherencia entre la acción exterior de la UE y las políticas internas de la Unión y sus Estados miembros en el ámbito de los derechos de los niños;

90.  Expresa su gran preocupación por el hecho de que millones de niños sigan siendo víctimas de violación, violencia doméstica y abusos físicos, emocionales y sexuales, incluida la explotación sexual y económica; destaca que todos los derechos reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y sus Protocolos facultativos son de igual importancia, y pide la ratificación y el cumplimiento plenos de las obligaciones derivadas de estos instrumentos, así como que se preste particular importancia a las nuevas formas de explotación sexual comercial de niños;

91.  Está sumamente preocupado por el hecho de que en Europa Oriental y en Asia Central se siga registrando un rápido aumento de los casos de infección por VIH entre hombres, mujeres y niños; observa con preocupación que el acceso al tratamiento antirretroviral sigue siendo uno de los más bajos del mundo; toma nota con preocupación de que la estigmatización y la discriminación que violan los derechos básicos y la dignidad de los niños contagiados de VIH están obstaculizando aún más los progresos en materia de prevención, cuidados y ayuda; pide a la Comisión que examine la introducción de reformas políticas, la reorientación de programas y la reasignación de los recursos con objeto de proteger los derechos y la dignidad de los niños y de los jóvenes que son vulnerables, se encuentran en una situación de riesgo, son portadores del virus o están infectados por el VIH;

92.  Insta con urgencia a la UE a que adopte medidas suplementarias contra el trabajo infantil y aplique con mayor eficacia los instrumentos de que dispone, incorporándolos en los diálogos y las consultas en el ámbito de los derechos humanos; pide a la UE que aplique efectivamente las Directrices de la UE sobre los derechos del niño y estudie la posibilidad de adoptar directrices sobre la lucha contra el trabajo infantil; recuerda que la política comercial de la UE puede desempeñar también un papel útil en la lucha contra el trabajo infantil, especialmente mediante el uso de incentivos SPG +; espera que, en el futuro, se evalúe mejor este instrumento y se le someta a una revisión anual que debe presentarse al Parlamento Europeo con ocasión del debate anual sobre los derechos humanos;

93.  Señala que en 2009 se cumplió el vigésimo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño; constata con satisfacción que la adhesión a esta Convención es casi universal, al tiempo que insta a aquellos países que todavía no lo hayan hecho a que se adhieran a ella sin más demora; expresa su profundo pesar por el hecho de que se sigan vulnerando muchos de los derechos consagrados en la Convención; pide que se preste más atención a las necesidades de los niños en materia de salvaguardias y cuidados especiales, incluida la adecuada protección jurídica, tanto antes como después del nacimiento, tal como se prevé en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño; acoge con satisfacción el nombramiento del Representante Especial del Secretario General para la violencia contra los niños y destaca la importancia de su mandato;

94.  Expresa su profunda preocupación por los niños implicados en conflictos armados, que son de alguna forma víctimas de dichos conflictos o, incluso, que se ven obligados a participar activamente en los mismos; insta a la Comisión y al Consejo a que refuercen la aplicación de las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados; acoge con satisfacción la nueva Resolución 1882 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que consolida la protección de los niños que se ven implicados en conflictos armados o son víctimas de los mismos;

95.  Manifiesta su profunda preocupación por la utilización de los niños como soldados; pide que la UE y las Naciones Unidas adopten inmediatamente medidas para proceder al desarme, la rehabilitación y la reintegración de los mismos;

Defensores de los derechos humanos

96.  Acoge con satisfacción las acciones emprendidas con miras a la revisión y la mejora de las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos en su versión revisada en 2008; toma nota de la elaboración de más de 60 estrategias locales de aplicación y del nombramiento de los correspondientes funcionarios de enlace; declara, no obstante, que la falta de aplicación de las Directrices sigue siendo un motivo de especial preocupación; pide al SEAE que desarrolle un plan de aplicación con indicadores y plazos claros, con el fin de seguir avanzando hacia la aplicación efectiva de dichas Directrices, al tiempo que solicita la presentación de la lista de estrategias locales disponibles; pide, asimismo, al SEAE, al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias en favor de una mayor divulgación de las Directrices entre los defensores de los derechos humanos y los diplomáticos de la UE que desarrollen su labor en países no pertenecientes a la Unión; solicita a las misiones de la UE que mantenga contactos regulares con los defensores de los derechos humanos antes de emprender acciones en su nombre y que les informen a posteriori; insiste en que, durante el proceso de elaboración de estrategias locales de aplicación, debería consultarse a un amplio espectro de defensores de los derechos humanos que desarrollen su labor en el entorno tanto urbano como rural sobre los derechos económicos, sociales y culturales, así como sobre los derechos cívicos y políticos; observa que las estrategias locales de aplicación deben incluir un programa concreto de las medidas que deben adoptarse para mejorar la protección de los defensores de los derechos humanos, y que el impacto de las mismas debe evaluarse una vez transcurrido un periodo de tiempo razonable; pide, a este respecto, que se evalúe la puesta en práctica de la asistencia y las medidas emprendidas por las organizaciones de la sociedad civil para respaldar a los defensores de los derechos humanos en el marco de la IEDDH;

97.  Pide a la AR/VP que conceda prioridad a una aplicación más eficaz de las herramientas y los mecanismos existentes para lograr un protección coherente y sistemática de los defensores de los derechos humanos en la UE; insta a la AR/VP y a todos los comisarios con competencias en el ámbito de las relaciones exteriores a que institucionalicen una política de reuniones sistemáticas con los defensores de los derechos humanos cuando viajen oficialmente a países no pertenecientes a la UE, al tiempo que destaca que el apoyo a los defensores de los derechos humanos debe incluirse también obligatoriamente en el mandato de los representantes especiales de la UE; destaca que tanto la AR/VP como los representantes especiales deberán rendir cuentas al Parlamento Europeo por su actuación a este respecto;

98.  Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen las medidas propuestas por el Parlamento en su Resolución sobre las políticas de la UE en favor de los defensores de los derechos humanos, aprobada en junio de 2010, poniendo énfasis en las medidas destinadas a facilitar a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo una asistencia rápida en forma de, por ejemplo, visados de emergencia y refugio, así como en las medidas que implican un apoyo público y el reconocimiento visible de la labor de los defensores de los derechos humanos, introduciendo una perspectiva de género en la aplicación de las directrices en favor de los defensores de los derechos humanos de las mujeres y otros grupos particularmente vulnerables, como los defensores que trabajan para promover los derechos económicos, sociales y culturales y los que trabajan para la defensa de los derechos de las minorías y los pueblos indígenas; pide a la AR/VP que reclame la ejecución del programa de ciudades refugio, que acoge a los defensores de los derechos humanos en ciudades europeas;

99.  Solicita que, en el contexto de la aplicación del Tratado de Lisboa y la creación del SEAE, las instituciones de la UE establezcan un mecanismo de cooperación interinstitucional sobre los defensores de los derechos humanos, y entiende que el establecimiento de este mecanismo podría facilitarse mediante el establecimiento de centros de coordinación y la elaboración de directrices explícitas para los defensores de los derechos humanos en todas las instituciones de la UE, así como fomentando una colaboración más estrecha con los centros de coordinación por parte de los defensores de los derechos humanos y del personal responsable de las áreas de los derechos humanos y la democracia en las misiones y delegaciones de la Unión; pide al SEAE que cree una base de datos estadísticos sobre los casos en que las delegaciones de la UE hayan prestado asistencia a defensores de los derechos humanos, con el fin de evaluar la eficacia de las directrices, y que informe al Parlamento Europeo sobre el resultado de dicha evaluación;

100.  Toma nota de las conclusiones a que llegan muchos informes sobre los derechos humanos en el sentido de que algunos defensores de estos derechos aportan una contribución incalculable a la protección y al fomento de los derechos humanos, poniendo en riesgo su propia seguridad personal, y de que vienen sufriendo ataques cada vez más graves en formas diversas, por ejemplo ataques a la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de expresión o la libertad de asociación, agresiones físicas y asesinatos de personas comprometidas, detenciones arbitrarias, procesos injustos y clausuras de locales de las organizaciones de la sociedad civil; pide a las delegaciones de la UE que presten una ayuda más activa para prevenir estos ataques en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil de los países afectados, teniendo cuidado de no poner en peligro al personal y a los militantes de estas organizaciones;

101.  Se mantiene vigilante con respecto a los gobiernos de países no pertenecientes a la UE que promulgan leyes polémicas de regulación de las ONG como un medio para silenciar el movimiento en favor de los derechos humanos, como la denominada «Ley de Proclamación de Organizaciones y Sociedades Benéficas», aprobada por el Parlamento etíope en enero de 2009 y por la que se prohíben virtualmente todas las actividades en materia de derechos humanos;

102.  Condena que, en varios países, los ataques y las amenazas anónimas contra los defensores de los derechos humanos sean algo habitual, y que los periodistas, particularmente los que cubren las cuestiones de corrupción y el tráfico de drogas, deban afrontar amenazas y ataques por la labor que realizan;

103.  Lamenta profundamente los asesinatos de, entre otros, Stanislav Markelov, Anastasia Baburova y Natalya Estemirova en Rusia, y de André Rwisereka y Jean Leonard Rugambage in Ruanda, la detención arbitraria de Roxana Saberi y Abdolfattah Soltani en Irán, así como el continuado arresto y la falta de acceso adecuado a asistencia médica a que Hu Jia, galardonado con el Premio Sájarov 2008, ha sido sometido en China, todo lo cual tuvo lugar durante el período de información; insta a las autoridades chinas a que aclaren sin demora la situación del destacado abogado especializado en derechos humanos Gao Zhisheng, que desapareció el 4 de febrero de 2009, y a que inicien una investigación totalmente independiente y transparente sobre su desaparición;

104.  Condena la detención ilegal de defensores saharauis de los derechos humanos y el acoso a los mismos en el territorio del Sahara Occidental, controlado por Marruecos, e insta a las Naciones Unidas a que incluyan el seguimiento de la situación de los derechos humanos en el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental (MINURSO);

105.  Toma nota de la liberación de defensores locales de los derechos humanos en Cuba; manifiesta su profundo pesar por el hecho de que el Gobierno cubano se niegue a reconocer el seguimiento de los derechos humanos como una actividad legítima, denegando de este modo un estatuto legal a los grupos locales de derechos humanos; observa con inquietud que la detención de defensores de los derechos humanos en el país constituye también una grave vulneración de dichos derechos; pide al Gobierno de Cuba que no opte por el exilio de los presos políticos y que les dé libertad para abandonar el país y volver a Cuba sin ser detenidos;

106.  Celebra la decisión del Comité del Premio Nobel de la Paz de conceder el Premio Nobel de la Paz de 2010 a Liu Xiaobo por su lucha larga y no violenta en favor de los derechos humanos y las libertades fundamentales en China; insta al Gobierno de Pekín a que ponga en libertad inmediatamente y sin condiciones a Liu Xiaobo y a que levante las restricciones impuestas a su esposa Liu Xia;

107.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que en 2008 y 2009 Irán siguiera eliminando a defensores independientes de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil y por que persistieran e incluso se intensificaran las graves violaciones de los derechos humanos; condena que se detenga arbitrariamente, torture y encarcele a defensores de los derechos humanos por la actividad que desarrollan, bajo la acusación de «actividades contrarias a la seguridad nacional»; lamenta la actual política del gobierno contra los maestros y los universitarios, que impide el acceso de los alumnos a la educación superior, y condena la persecución y el encarcelamiento de activistas estudiantiles; manifiesta su pesar por la agitación registrada tras las elecciones presidenciales del 12 de junio de 2009 y por la violencia ejercida por las autoridades iraníes, que se tradujo en la detención arbitraria de al menos 400 personas, la muerte de al menos cuarenta personas según las informaciones, los juicios masivos de personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional, los casos de malos tratos y tortura registrados, así como por las sentencias de muerte dictadas;

Cláusulas sobre los derechos humanos

108.  Hace hincapié en la importancia y el carácter indispensable de las cláusulas relativas a los derechos humanos y la democracia y de mecanismos eficaces de resolución de conflictos en los acuerdos comerciales, incluidos los acuerdos pesqueros, entre la UE y los países no pertenecientes a la Unión; pide una vez más, no obstante, que estas cláusulas vayan acompañadas de un mecanismo de ejecución que garantice su aplicación práctica; destaca la importancia que reviste controlar estrechamente la situación de los derechos humanos en los países no pertenecientes a la Unión cuando inician relaciones comerciales con ella; destaca que el seguimiento y la evaluación deben incluir consultas formales con la sociedad civil sobre el impacto de dichos acuerdos; pide que, en el marco de cada uno de los acuerdos comerciales, se establezca un conjunto claro de indicadores en materia de derechos humanos, con el fin de garantizar unos requisitos claros y el acuerdo de las partes sobre las situaciones y acciones que pueden desencadenar la aplicación de las cláusulas de derechos humanos;

109.  Reafirma el principio de la indivisibilidad de los derechos humanos, y condena las tentativas de considerar alguno de ellos o alguno de los motivos de discriminación menos importantes que otros; pide a la Comisión y al Consejo que respeten el principio de indivisibilidad cuando negocien las cláusulas relativas a los derechos humanos con países no pertenecientes a la Unión;

110.  Destaca que, con objeto de respetar sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, la UE, teniendo en cuenta la naturaleza de los acuerdos y la situación propia de cada país socio, debería incluir cláusulas sistemáticas relativas a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, así como a las normas sociales y ambientales, y considera que estas cláusulas deberían permitir que la Comisión pueda suspender, al menos temporalmente, las ventajas comerciales, incluidas aquellas que sean el resultado de los acuerdos de libre comercio, cuando existan pruebas suficientes de la violación de los derechos humanos o los derechos laborales, bien por propia iniciativa, bien porque un Estado miembro o el Parlamento Europeo lo soliciten; estima que, en cualquier caso, la UE debe indicar claramente las sanciones adecuadas que se podrán imponer a los países no pertenecientes a la Unión que cometan graves violaciones de los derechos humanos, y aplicarlas; reitera una vez más su petición a la Comisión y al Consejo y, en particular a la AR/VP, de que den cumplimiento a la cláusula sobre los derechos humanos en los acuerdos internacionales y establezcan en consecuencia un mecanismo para la aplicación efectiva de dicha cláusula de acuerdo con el espíritu de los artículos 8, 9 y 96 del Acuerdo de Cotonú;

111.  Celebra que se utilicen estudios de impacto en el desarrollo sostenible, si bien considera que deberían realizarse también una vez celebrado el acuerdo, y no solo ex ante, con el fin de garantizar una evaluación continua;

112.  Toma nota del funcionamiento del régimen SPG+ (sistema de preferencias generalizadas); considera, no obstante, que este sistema, que recompensa a los países con considerables beneficios comerciales por su respeto de los derechos humanos internacionales y de los convenios y normas sobre derechos laborales, debe ser objeto de una supervisión más estrecha y transparente, también recurriendo a evaluaciones de impacto exhaustivas sobre los derechos humanos, a un sistema de referencia coherente y equitativo y a consultas abiertas cuando se concede una preferencia, y que las preferencias comerciales deben concederse únicamente a aquellos países que hayan ratificado y aplicado efectivamente los convenios internacionales más importantes relativos al desarrollo sostenible, los derechos humanos ‐especialmente en lo que se refiere al trabajo infantil‐ y la buena gobernanza; pide una mayor supervisión de la aplicación con la sociedad civil, los sindicatos y las comunidades, teniendo en cuenta tanto los logros como los reveses que experimenta el desarrollo de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales; destaca la importancia que reviste una estrecha supervisión de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Pakistán, país al que se ha propuesto que participe en el régimen SPG+;

113.  Insta a la Comisión a que presente una propuesta de reglamento que prohíba las importaciones a la UE de productos fabricados recurriendo al trabajo forzoso y en particular al trabajo infantil, con el consiguiente incumplimiento de las normas básicas en materia de derechos humanos; hace hincapié en que dicho reglamento debería permitir que la UE investigara quejas específicas;

114.  Acoge con satisfacción la inclusión de una cláusula sobre los derechos humanos en el Acuerdo de asociación celebrado por la UE con Indonesia y en el Acuerdo de estabilización y asociación con Albania, que entraron en vigor durante el período de información, con lo cual son ya más de 120 los países que aceptan la inclusión de esta cláusula en sus acuerdos con la UE;

115.  Expresa su pesar por el limitado seguimiento de las cláusulas sobre derechos humanos incluidas en el Acuerdo de Cotonú, e insta a la AR/VP, a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros a que se sirvan plenamente de dichas cláusulas para debatir extensamente sobre los problemas relativos a los derechos humanos y al fomento de dichos derechos con ocasión de los diálogos bilaterales y regionales con los países ACP socios;

Fomento de la democracia y del Estado de Derecho en las relaciones exteriores

116.  Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo sobre el Apoyo a la democracia en las relaciones exteriores de la UE(17), así como la adopción de la Agenda de la Unión relativa a la Acción para el apoyo a la democracia en las relaciones exteriores de la UE como un instrumento para mejorar la coherencia y la eficacia del apoyo a la democracia por parte de la Unión;

117.  Insta a la Comisión a que dé por fin inmediato seguimiento, mediante las iniciativas y los compromisos financieros necesarios, al Informe sobre derechos humanos de 2007, en el que el Parlamento afirma que «la No Violencia es la forma más adecuada para garantizar el ejercicio, la afirmación, la promoción y el respeto plenos de los derechos humanos fundamentales», y opina que su fomento debe convertirse «en un objetivo prioritario de la política de promoción de los derechos humanos y de la democracia por parte de la Unión Europea»;

118.  Insta a la Comisión a que integre más ampliamente la Agenda de la Unión relativa a la Acción para el apoyo a la democracia en los programas anuales de acción de sus instrumentos exteriores, en particular en el del IEDDH, así como en los documentos estratégicos por regiones y por países, teniendo así siempre en cuenta la situación específica de los diferentes países y la estrategia regional de la UE;

119.  Toma nota del Informe de 2010 de Amnistía Internacional en el que se destaca el segundo juicio en curso contra Mijail Jodorkovski, antiguo dirigente de la empresa petrolífera Yukos, y su socio Platon Lebedev, como un ejemplo representativo de los procesos injustos en Rusia; pide a la Federación de Rusia que garantice el cumplimiento de las normas fundamentales de respeto de las garantías procesales y los derechos humanos en el enjuiciamiento de Jodorkovski y Lebedev y de todos los defensores del sistema judicial del país;

120.  Insta a las autoridades judiciales rusas a que impulsen las investigaciones sobre la muerte del abogado ruso Serguéi Magnitski el 16 de noviembre de 2009; deplora que este caso sea todavía un destacado ejemplo de las graves deficiencias existentes en el sistema judicial del país; lamenta que, mientras que los defensores de los derechos humanos son a menudo objeto de un duro tratamiento y de juicios que ignoran la Ley de enjuiciamiento penal de la Federación de Rusia (por ejemplo, su artículo 72 en el caso contra Oleg Orlov, de la organización Memorial, por difamación), los culpables de haber agredido e, incluso, asesinado a defensores de los derechos humanos, periodistas independientes y abogados siguen gozando de impunidad con demasiada frecuencia; pide al Consejo que, en caso de que las autoridades rusas no den muestras de su voluntad de cooperar e investigar el caso de Serguéi Magnitsky, insista ante dichas autoridades para que se enjuicie a los responsables, así como que considere la posibilidad de vetar la entrada en la UE a los funcionarios rusos implicados en este asunto, y alienta a los organismos encargados de hacer cumplir la ley de la UE a que cooperen para congelar las cuentas bancarias y demás activos de estas personas en todos los Estados miembros de la UE;

121.  Insta a la AR/VP a que se asegure de que los derechos humanos y la consolidación de la democracia se conviertan efectivamente en el hilo conductor que guíe todos los ámbitos de la política exterior; observa, al mismo tiempo, con preocupación que el Consejo no ha tomado nota formalmente de ningún informe de seguimiento relacionado con las conclusiones del Consejo de noviembre de 2009 sobre el apoyo a la democracia en las relaciones exteriores de la UE y Agenda de la Unión relativa a la Acción para el apoyo a la democracia, en contra de lo establecido en las mencionadas conclusiones;

Derecho internacional humanitario

122.  Acoge con satisfacción las conclusiones adoptadas por el Consejo en diciembre de 2009 sobre la promoción de la observancia del Derecho internacional humanitario, en el mismo año en que se celebraba el 60º aniversario de los Convenios de Ginebra;

123.  Toma nota de la adopción en 2009 de las Directrices para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario; insta al Consejo a que integre de forma más eficaz la aplicación de estas directrices en el contexto de las demás directrices de la UE relativas a los derechos humanos, y a que mejore la integración de los principios del Derecho internacional humanitario en la acción exterior de la Unión;

124.  Acoge positivamente el Informe de la Misión internacional de investigación del conflicto en Georgia (el denominado «Informe Tagliavini»), publicado el 30 de septiembre de 2009, y respalda sus principales observaciones y conclusiones de conformidad con el Derecho humanitario internacional y la jurisprudencia sobre derechos humanos, en particular la necesidad de garantizar la responsabilidad y compensación de todas las violaciones cometidas en agosto de 2008, y confía en que la amplia información de base recogida en dicho Informe pueda utilizarse en acciones judiciales a nivel nacional e internacional, con el fin de garantizar finalmente la asunción de responsabilidades por los crímenes cometidos durante el conflicto entre Rusia y Georgia en agosto de 2008;

125.  Expresa su pesar por el hecho de que, durante el conflicto entre Rusia y Georgia por Osetia del Sur y Abjasia, en agosto de 2008, las violaciones del Derecho humanitario internacional provocaran cientos de víctimas y decenas de miles de desplazados; recuerda que, hasta el momento, Rusia solo ha cumplido el primer punto del Acuerdo de cese el fuego de seis puntos con Georgia, deplora la deliberada destrucción, durante y después del conflicto, de los pueblos de Osetia del Sur y Abjasia habitados por personas de etnia georgiana; destaca que persiste hasta hoy la impunidad por estas violaciones del Derecho humanitario internacional;

Libertad religiosa y de conciencia

126.  Destaca que, entre todos los derechos humanos, la libertad religiosa y de conciencia constituye un derecho esencial y básico cuyo respeto debe garantizarse, y que es necesario aplicar de forma más estricta y eficaz las condicionalidades relativas al respeto de los derechos humanos integradas en los acuerdos bilaterales con países no pertenecientes a la UE;

127.  Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo sobre la libertad religiosa y de conciencia adoptadas en noviembre de 2009; reconoce la importancia de la libertad religiosa y de conciencia para la identidad de las personas tanto religiosas como no religiosas, dado que las convicciones, sea cual sea la forma que adopten, son un componente vital de la pertenencia individual y social; insta al Consejo y a la Comisión a que adopten y apliquen medidas prácticas para luchar contra la intolerancia religiosa y la discriminación, y para promover la libertad religiosa y de conciencia en todo el mundo, tal como se expone en las conclusiones arriba mencionadas; pide al Consejo y a la Comisión que impliquen en este proceso al Parlamento Europeo, a las organizaciones de la sociedad civil y a otros agentes relevantes;

128.  Pide a la AR/VP que integre la libertad religiosa y de conciencia en la política de la UE sobre los derechos humanos y que incluya una evaluación exhaustiva de la situación de la libertad religiosa y de conciencia en el Informe anual sobre los derechos humanos;

129.  Pide a la AR/VP que asigne más personal a las cuestiones relativas al respeto de la libertad religiosa y de conciencia en el marco de la acción exterior, y que cree estructuras específicas, especialmente en el contexto del establecimiento del SEAE; apoya la identificación de la cuestión relativa al respeto de la libertad religiosa y de conciencia en el mundo como una de las prioridades del SEAE, a la vista de las graves violaciones de la misma en el mundo y de la evidente necesidad de prestar asistencia a las minorías religiosas perseguidas en numerosas regiones del planeta;

130.  Pide al Consejo y a la Comisión que tengan en cuenta la religión y el diálogo con las autoridades y los organismos religiosos que participan en el diálogo interconfesional sobre prevención y resolución de conflictos y reconciliación;

131.  Sigue hondamente preocupado por que en todas las regiones del mundo se cometan todavía actos de discriminación por motivos religiosos o de conciencia, y por que en muchos países, como Corea del Norte, Irán, Arabia Saudí, Somalia, Maldivas, Afganistán, Yemen, Mauritania, Laos, Uzbekistán, Eritrea, Iraq, Pakistán y Egipto, continúen negándose los derechos humanos a personas que pertenecen a determinadas comunidades religiosas, incluidos los credos minoritarios; condena a las autoridades chinas por la persecución de personas que practican su religión fuera de los canales sancionados oficialmente, entre las que se cuentan cristianos, musulmanes, budistas y miembros del Falung Gong; insta a China a que ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tal como prometió; insta a las autoridades chinas a que se abstengan de su política represiva en Tíbet, que podría provocar la aniquilación definitiva de la religión y la cultura tibetanas; expresa su condena de las autoridades iraníes por perseguir a miembros de minorías religiosas, entre ellos cristianos, bahai y musulmanes que han abandonado su religión para convertirse a otra o para no profesar ninguna; insta a las autoridades iraníes a que protejan a las minorías religiosas de conformidad con sus obligaciones en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; insta a las autoridades de la Federación de Rusia a que impongan una moratoria a la aplicación de la Ley de lucha contra las actividades extremistas de 2002, de la que con mucha frecuencia se hace un uso indebido para perseguir a grupos religiosos minoritarios pacíficos; manifiesta su inquietud por la situación de la minoría de los cristianos montañeses que viven en región de las tierras altas centrales de Vietnam; recuerda a las autoridades vietnamitas que los derechos de las minorías incluyen la libertad de practicar su religión sin restricciones, la libertad de asociación y expresión, el derecho de reunión pacífica, la igualdad de derechos a poseer y utilizar la tierra, y el derecho a participar plena y efectivamente en la toma de decisiones sobre asuntos que las afectan, incluidos los proyectos de desarrollo económico y las cuestiones relativas al reasentamiento;

132.  Pide a la UE que elabore en su política exterior un conjunto de instrumentos sobre los progresos realizados en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa y de conciencia; que considere la libertad religiosa y de conciencia como un aspecto fundamental; que introduzca una lista de control sobre las libertades necesarias en el ámbito del derecho a la libertad religiosa y de conciencia, con el fin de comprobar si se respetan; que incluya mecanismos para detectar las violaciones de la libertad religiosa y de conciencia en las tareas de los funcionarios públicos, especialmente en el seno del SEAE, y, por último, que implique a las organizaciones de la sociedad civil en la elaboración de este conjunto de instrumentos;

133.  Celebra que la UE haya adoptado permanentemente una posición de principio sobre las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del CDHNU para luchar contra la difamación de las religiones; acoge favorablemente la Resolución sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación basadas en la religión o las creencias, presentada por la UE; alienta a la UE a seguir trabajando en favor de un enfoque equilibrado entre la libertad de expresión y la prohibición de la incitación al odio religioso; alienta, asimismo, a la UE a entablar un diálogo constructivo con la Organización de la Conferencia Islámica y otros partidarios del principio relativo a la difamación de las religiones;

134.  Destaca que el Derecho internacional sobre derechos humanos reconoce la libertad religiosa y de conciencia independientemente de que se esté registrado o no, por lo que el registro no debe ser una condición previa obligatoria para la práctica individual de la religión; expresa, por otra parte, su preocupación por el hecho de que en Azerbaiyán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam los grupos religiosos tengan que inscribirse en los registros gubernamentales y desarrollar su labor bajo la dirección de juntas gestoras controladas por el gobierno, lo que interfiere en su autonomía religiosa y restringe su actividad;

135.  Pide a Rusia que establezca una moratoria para la aplicación de la Ley de lucha contra las actividades extremistas de 2002, ya que se utiliza indebidamente para restringir la libertad religiosa y reprimir e intentar prohibir los grupos religiosos no violentos; constata con gran preocupación que 265 organizaciones religiosas o basadas en un credo religioso figuran en una lista negra de organizaciones denominadas extremistas;

136.  Insta, además, a los siguientes países a suprimir las restricciones a la libertad de asociación y reunión de los grupos religiosos y a respetar la libertad religiosa y de conciencia: Arabia Saudí, Egipto, Eritrea, Irán, Somalia, Yemen, Belarús, Corea del Norte y Laos;

137.  Destaca los obstáculos que siguen existiendo en zonas del mundo como Arabia Saudí, Indonesia, Pakistán, Iraq, Somalia y Sudán para profesar sin trabas un credo religioso, tanto en el plano individual como colectivo, así como el creciente nivel de intolerancia respecto de las minorías religiosas en países con tradiciones democráticas bien asentadas, como la India, al tiempo que pide a la Comisión Europea que insista en estas cuestiones en el contexto de los diálogos políticos pertinentes;

138.  Expresa su firme condena de toda tipificación como delito o castigo de la apostasía en los casos de conversión de una religión a otra, o de una denominación religiosa (subgrupo) a otra, prácticas que persisten en la mayoría de los países de Oriente Próximo y África Septentrional; pide a las instituciones de la UE que presionen a dichos países para que rechacen esas prácticas, en particular cuando se imponga la pena capital; manifiesta su profunda inquietud por las prácticas de conversiones forzosas que persisten en países como Arabia Saudí y Egipto, y pide a las instituciones de la UE que asuman un compromiso claro en favor de la lucha contra estas violaciones de los derechos humanos;

139.  Recuerda que, en una serie de países del mundo, la prohibición, confiscación y destrucción tanto de lugares de culto como de publicaciones religiosas, así como la prohibición de formar al clero, siguen siendo una práctica habitual; insta a las instituciones de la UE a que, en los contactos que mantengan con los gobiernos competentes, condenen dichas violaciones y alienten a aquellos países en los que se utilicen las leyes contra la blasfemia como instrumentos para perseguir a los miembros de minorías religiosas a modificar o abolir dichos actos legislativos;

140.  Destaca que la libertad de conciencia constituye un valor fundamental de la UE que integra tanto la libertad de creer o no creer como la de practicar la religión que cada uno elija libremente;

Libertad de expresión

141.  Expresa su preocupación por los ataques a la libertad de expresión utilizando una serie de nuevos instrumentos, especialmente mediante el recurso a tecnologías modernas como Internet; reitera que la libertad de expresión incluye el derecho a buscar, recibir y comunicar información e ideas utilizando cualquier medio;

142.  Reconoce que las nuevas tecnologías brindan oportunidades sin precedentes para participar en la vida pública, expresar opiniones, acceder a información relativa a los derechos humanos y dar a conocer a todo el mundo las violaciones de estos derechos; expresa su preocupación por el hecho de que los Estados se sirvan de tecnologías cada vez más sofisticadas, como las tecnologías de doble uso, para censurar la información y controlar el uso de Internet, y por que en varios países se acose, persiga e incluso se detenga y prive de libertad a las personas por el uso de Internet para ejercer su derecho a la libertad de opinión y expresión;

143.  Alienta a la AR/VP a que lidere y desarrolle políticas concretas para que la UE actúe como un agente global en relación con la libertad en Internet, de forma que trate no solo las formas de contrarrestar las amenazas para los derechos humanos que puede representar el uso de nuevas tecnologías, sino también la utilización de las mismas para mejorar las posibilidades de protección y apoyo a los derechos humanos;

144.  Insta a aquellos países que limitan el acceso a Internet que levanten las restricciones a la libre difusión de la información; señala que, de acuerdo con Reporteros sin fronteras, la «Lista de Enemigos de Internet» incluye los siguientes Estados que se dedican a una persistente censura de la Red: Belarús, China, Cuba, Egipto, Irán, Birmania/Myanmar, Corea del Norte, Arabia Saudí, Siria, Túnez, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam;

145.  Pide encarecidamente a la Comisión que elabore una lista de personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos, como tortura, censura, violaciones y ejecuciones extrajudiciales, en Irán, en particular tras las elecciones de 2009, y que se considere la aplicación de sanciones como la congelación de sus activos o la prohibición de viajar;

146.  Apoya la libertad de expresión y de reunión pacífica en Rusia, tal como se garantiza formalmente, aunque no en la práctica, en el artículo 31 de la Constitución rusa; manifiesta su solidaridad con los organizadores y los participantes en la Estrategia 31, la serie de protestas cívicas en apoyo de este derecho, que empezaron el 31 de julio de 2009 y tienen lugar en la plaza Triumfalnaya de Moscú el día 31 de todos los meses de 31 días; lamenta que las autoridades hayan negado hasta ahora, excepto la última, el 31 de octubre de 2010, el permiso a todas las manifestaciones de la Estrategia 31, aduciendo que a la misma hora se habían programado otras actividades en la plaza Triumfalnaya; expresa su profunda preocupación por el hecho de que el 31 de diciembre de 2009 la policía rusa detuviera, entre docenas de otros manifestantes pacíficos, al presidente del Grupo Moscú Helsinki, Lyudmila Alexeyeva, a quien el Parlamento Europeo había concedido el premio Sájarov pocas semanas antes de su detención; apoya la petición del Comisario ruso de derechos humanos, Vladímir Lukin, de que se emprenda una investigación sobre las duras actuaciones policiales en relación con las protestas del 31 de mayo de 2010;

147.  Manifiesta su profunda inquietud por la falta de libertad de expresión en Venezuela y Cuba, el control de los medios de información, el uso restringido y controlado de Internet y las tentativas de reprimir la disidencia;

Derechos humanos y lucha contra el terrorismo

148.  Expresa su condena del terrorismo en todas sus formas; recuerda que el terrorismo ha provocado miles de muertes de civiles inocentes en el mundo y ha destrozado la vida de numerosas familias; opina que, en el caso de los ataques terroristas, es imperativo hablar en primer lugar y ante todo de los derechos de las víctimas y no de los autores de los ataques; destaca la necesidad de garantizar que se enjuicia a los terroristas;

149.  Constata que las medidas adoptadas para luchar contra el terrorismo han dado lugar en varios países en todo el mundo a violaciones de derechos humanos fundamentales que se manifiestan en medidas de vigilancia desproporcionadas, detenciones ilegales y el recurso a la tortura como un medio para obtener información de personas sospechosas de terrorismo; expresa su preocupación por que algunos países estén utilizando la lucha contra el terrorismo como un pretexto para adoptar medidas severas contra las minorías étnicas y los defensores locales de los derechos humanos, y pide que no se abuse de la lucha contra el terrorismo como un argumento para limitar o prohibir las acciones legales y legítimas de los defensores de los derechos humanos; condena estas violaciones de los derechos humanos, destaca la posición de la UE según la cual la lucha contra el terrorismo debe desarrollarse dentro del pleno respecto de los derechos fundamentales y del Estado de Derecho, y expresa su convicción de que la lucha contra el terrorismo no debe comprometer las libertades civiles;

150.  Pide a la Comisión y al Consejo que aprovechen los diálogos bilaterales sobre asuntos políticos y derechos humanos con países no pertenecientes a la UE para recordar la necesidad de respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y que no puede instrumentalizarse bajo ninguna circunstancia la política antiterrorista para dirigirla contra los defensores de los derechos humanos o los opositores políticos; pide, en particular, a la AR/VP que denuncie públicamente las violaciones de los derechos humanos en las políticas y operaciones antiterroristas;

151.  Pide, en este mismo contexto, que se establezca una mayor coordinación entre el COTER y el COHOM, con el fin de condenar los casos de abuso de la política antiterrorista contra los defensores de los derechos humanos, emprendiendo a tal fin las gestiones necesarias en virtud de las Directrices de la UE relativas a los defensores de los derechos humanos, y que se adopte el mismo enfoque en los casos de tortura y malos tratos relacionados con la lucha antiterrorista con arreglo a las Directrices de la UE sobre la tortura;

152.  Recuerda la decisión del presidente de los Estados Unidos Barack Obama de clausurar el campo de internamiento de la bahía de Guantánamo en enero de 2009; lamenta que aquella decisión todavía no se haya aplicado en su totalidad; recuerda su Resolución, de 13 de junio de 2006, sobre la situación de los detenidos en Guantánamo, en la que insiste en que el trato que debe darse a todos los presos ha de ser conforme al Derecho humanitario internacional y que, en caso de que sean inculpados, deben ser juzgados sin demora en una vista justa y pública; recuerda la Declaración conjunta UE-EE.UU., de 15 de junio de 2009, sobre la clausura del campo de internamiento de Guantánamo y la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo en el futuro, en la que se acoge positivamente la voluntad de los EE.UU. de suprimir los campos de internamiento secretos; pide al Gobierno de los EE.UU. que cumpla plenamente sus compromisos en este sentido; pide a los Estados miembros de la UE que acuerden un plan de acción coordinado para ayudar a los EE.UU. a cerrar el campo de internamiento de Guantánamo concediendo a tal fin el estatuto de refugiado a los antiguos detenidos que no hayan sido inculpados por ningún delito y no puedan ser repatriados o reasentados en los EE.UU.; acoge con satisfacción el compromiso constructivo asumido por varios Estados miembros de la UE en sus esfuerzos por contribuir a la acogida de algunos de los detenidos de Guantánamo y a la búsqueda de alojamiento para algunas personas procedentes de dicho campo consideradas aptas para su puesta en libertad; observa, no obstante, que hasta la fecha únicamente han aceptado acoger a presos los siguientes Estados miembros de la UE: Alemania, Irlanda, Eslovaquia, Dinamarca, Reino Unido, España, Portugal, Bélgica, Francia, Hungría e Italia; expresa su preocupación por la actual detención sin juicio de personas detenidas por los EE.UU., por ejemplo en la base aérea de Bagram, en Afganistán;

153.  Toma nota de la convocatoria, bajo Presidencia francesa, el 16 de septiembre de 2008, de la Cumbre inaugural sobre población gitana, y de la segunda Cumbre celebrada bajo Presidencia española los días 9 y 10 de abril de 2010; observa con suma preocupación las expulsiones de comunidades romaníes en Europa y el aumento del uso de un lenguaje xenófobo y de odio respecto de comunidades de grupos minoritarios y de migrantes; reitera el llamamiento del Parlamento Europeo a los Estados miembros para que cumplan íntegramente sus obligaciones derivadas del Derecho de la UE, al tiempo que insta a la Comisión Europea a que actúe formal y contundentemente incoando procedimientos por incumplimiento cuando los Estados miembros no cumplan dichas obligaciones;

154.  Observa que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el procedimiento de codecisión se aplica a las directivas y otros actos jurídicos relativos a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, mientras que los acuerdos internacionales relacionados con estos ámbitos deben recibir el dictamen conforme del Parlamento; señala que estos cambios brindan al Parlamento una oportunidad adicional para conseguir un equilibrio adecuado entre las exigencias de seguridad y el respeto de los derechos humanos; se compromete, por tanto, a actuar de la misma forma, en virtud de sus nuevas prerrogativas, a favor del respeto y el fomento de los derechos humanos, las libertades civiles y la democracia política, en la globalidad de las relaciones de la UE con países no pertenecientes a la Unión y organizaciones regionales;

155.  Reitera que cada uno de los Estados miembros tiene la firme obligación de proteger a posibles víctimas identificables que corran un riesgo real e inmediato de ataque terrorista, y señala que todos los Estados miembros deben adoptar todas las medidas razonables posibles para establecer procedimientos que impidan las actividades terroristas y minimizar el impacto colateral de las medidas antiterroristas;

156.  Recuerda los siguientes aspectos de la Decisión marco del Consejo de la UE, de marzo de 2001, sobre las víctimas del terrorismo: ayuda de emergencia, asistencia permanente, investigación y enjuiciamiento, acceso efectivo a la ley y la justicia, administración de justicia, compensación, protección de la vida privada y familiar de las víctimas, protección de la dignidad y seguridad de las víctimas, información para las víctimas y formación específica de los encargados de asistir a las víctimas;

Diálogos sobre los derechos humanos y consultas con países no pertenecientes a la UE

157.  Expresa su decepción por la falta de progreso en diferentes diálogos y consultas sobre los derechos humanos; observa que no se garantiza sistemáticamente la participación de la sociedad civil en estos diálogos y consultas y que dicha participación está a veces sujeta a restricciones impuestas por las partes no pertenecientes a la UE; manifiesta su preocupación por el hecho de que, incluso cuando se plantean casos en ese ámbito, los gobiernos no respetan sus compromisos de informar posteriormente a la Unión acerca de las cuestiones individuales y estructurales planteadas en el marco de los diálogos;

158.  Aboga por una participación efectiva del Parlamento Europeo en las actuales evaluaciones de los diálogos y las consultas sobre los derechos humanos; reclama el pleno acceso a los documentos de resultados y otras fuentes pertinentes; espera que, como consecuencia de estas evaluaciones, se elaboren indicadores claros que permitan medir el impacto de los diálogos, así como sugerencias claramente definidas, basadas en un enfoque país por país, para mejorar los resultados y evitar nuevos fracasos de las consultas de la UE sobre derechos humanos;

159.  Pide a las instituciones europeas que garanticen la transparencia y la coherencia entre sí en lo que se refiere a los objetivos, los valores y las actitudes en este ámbito;

160.  Señala la necesidad de integrar las conclusiones de los diálogos y las consultas sobre los derechos humanos en las cumbres de la UE con sus socios;

161.  Considera que, en términos generales, los diálogos y las consultas sobre los derechos humanos deben planearse y llevarse a cabo de forma transparente, y que los objetivos fijados antes del diálogo deben evaluarse en este contexto; insta al Consejo y a la Comisión a que presionen a las autoridades de los países no pertenecientes a la UE para que participen en los diálogos y las consultas a un nivel ministerial amplio y elevado;

162.  Pide a los países candidatos a la adhesión a la UE que aumenten el nivel de protección de los derechos humanos en sus respectivos territorios, teniendo en cuenta la protección prevista en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;

163.  Pide a la Comisión y al Consejo que, en sus consultas y diálogos sobre derechos humanos con países no pertenecientes a la UE, presten especial atención a la situación de las minorías étnicas y religiosas y a las frecuentes violaciones de sus derechos;

164.  Celebra la mayor coordinación y colaboración entre los Estados Unidos y la UE en el ámbito de los derechos humanos;

165.  Acoge con satisfacción el establecimiento de diálogos sobre los derechos humanos con cada uno de los Estados asiáticos centrales, esto es, Tayikistán, Kazajstán, Kirguizistán, Turkmenistán y Uzbekistán, así como la realización de un segundo diálogo con cada uno de estos países antes de noviembre de 2009; se congratula, asimismo, por la celebración en octubre de 2008 del primer seminario sobre el diálogo relativo a los derechos humanos con la participación de la UE y la sociedad civil uzbeka; lamenta que, de forma reiterada, los diálogos sobre los derechos humanos entre la UE y China no hayan experimentado ninguna mejora por lo que se refiere a las violaciones concretas de estos derechos en China; señala que, pese a que las autoridades chinas han avanzado en la dirección correcta (reforma laboral, revisión por el Tribunal Popular Supremo de varias sentencias de muerte), la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose y se caracteriza por un creciente malestar social y una intensificación del control y la represión de que son objeto los defensores de los derechos humanos, los abogados, los blogueros y los activistas sociales, así como por unas políticas específicas para marginar a los tibetanos y su identidad cultural; manifiesta su profunda preocupación por la falta de progresos en el diálogo chino-tibetano; expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos de la población uigur en China, condena la prolongada opresión de dicha población en el este del Turkestán y lamenta que las autoridades chinas no hayan asumido las salvaguardias de las libertades, incluidas la libertad de expresión, manifestación y reunión, así como la libertad religiosa e individual, contempladas en la Constitución de la República Popular China; lamenta asimismo las políticas de traslado de poblaciones de la República Popular China, con las que se pretende diluir la cultura de la población uigur y fragmentar su unidad; expresa su decepción por el hecho de que las consultas sobre los derechos humanos entre la UE y Rusia no hayan dado resultados sustanciales; acoge con satisfacción que en 2009 se emprendiera una serie de diálogos sobre los derechos humanos con Indonesia, así como la celebración de las primeras reuniones sobre dichos diálogos con Georgia y Armenia; considera que, si bien estos diálogos sobre derechos humanos dirigen debidamente la atención hacia las cuestiones relativas a los derechos humanos en el marco de las relaciones exteriores de la UE, no se puede permitir que se conviertan en un fin en sí mismos y deben centrarse en garantizar que se lleva a cabo un seguimiento de las cuestiones que se plantean y debaten en dichos diálogos; expresa su pesar por la falta de resultados en el diálogo sobre derechos humanos con la India, y manifiesta su decepción por el hecho de que, durante el último diálogo sobre derechos humanos, no se haya debatido la cuestión relativa a la discriminación basada en las castas;

166.  Pide que se establezca una mayor coordinación entre los Estados miembros de la UE, la Comisión Europea y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión con respecto a cada uno de los diálogos sobre derechos humanos que la UE emprenda con países no pertenecientes a la Unión; señala que es necesario que la UE esté en condiciones de atajar las violaciones de los derechos humanos dentro de la propia Unión si se pretende que sea considerada como un referente mundial en este ámbito;

167.  Se felicita por la celebración en junio de 2009 del primer diálogo sobre los derechos humanos entre la UE y Belarús, al tiempo que lamenta que la situación de los derechos humanos en este país siga siendo alarmante, con continuadas restricciones de la libertad de asociación, reunión y expresión, así como actos de represión contra defensores de los derechos humanos y periodistas;

168.  Celebra los esfuerzos desplegados por el Gobierno de México en la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, así como la presentación al Congreso del proyecto de Ley sobre la reforma del Código de Justicia Militar; destaca que la Asociación estratégica UE-México debería considerarse una oportunidad para afianzar los derechos humanos y la democracia;

169.  Toma nota de que, en abril de 2009, el Parlamento de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) revisó la constitución del país para introducir, entre otros elementos, una disposición que declara que Corea del Norte «respeta y protege los derechos humanos»; insta a las autoridades de Corea del Norte a que emprendan acciones concretas y tangibles dirigidas a mejorar las condiciones relativas a los derechos humanos, y pide, a este respecto, a las autoridades que permitan que expertos internacionales independientes inspeccionen los centros de detención del tipo que sean, y que los Reporteros Especiales de las Naciones Unidas visiten el país; destaca que, en la evaluación de la situación de los derechos humanos en el país, deben tenerse en cuenta no sólo las disposiciones constitucionales, sino ante todo la aplicación de medidas concretas; pide a las autoridades de Corea del Norte que supriman las restricciones aplicadas a la capacidad del personal internacional para supervisar la distribución de la ayuda y garantizar que la ayuda internacional llega a las personas necesitadas; insta a la cúpula dirigente de Corea del Norte a que participe de forma constructiva en los diálogos sobre los derechos humanos;

170.  Reitera su preocupación por la interrupción del diálogo sobre derechos humanos con Irán desde 2004 debido a la falta de cooperación de este país, y considera que ha llegado el momento de que la comunidad internacional intervenga en apoyo de la sociedad civil iraní en esta coyuntura crucial en la historia del movimiento democrático del país; hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que reanuden este diálogo con el fin de prestar su apoyo a todos los protagonistas de la sociedad civil comprometidos con la democracia y que refuercen por métodos pacíficos y no violentos los actuales procesos que puedan fomentar las reformas democráticas, institucionales y constitucionales, garantizar el carácter duradero de dichas reformas y consolidar la participación de todos los defensores iraníes de los derechos humanos y de todos los representantes de la sociedad civil en los procesos políticos, reforzando la función que desempeñan en el discurso político general; pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y refuercen estos procesos; expresa su profunda preocupación por el hecho de que en 2008 y 2009 la situación de los derechos humanos en Irán haya empeorado y se hayan mantenido las restricciones de la libertad de expresión y de reunión; expresa su seria inquietud, en este contexto, por la supresión de los derechos de los periodistas, escritores, estudiosos y defensores de los derechos de la mujer y los derechos humanos; sigue preocupado por la represión de las minorías étnicas y religiosas en Irán;

171.  Toma nota de la preocupante tendencia que se observa en Camboya, favorecida por una prolongada situación de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos y la reducción del espacio político y la libertad de expresión de los miembros de los partidos políticos de la oposición y otros activistas políticos; pide a la Comisión que haga lo necesario para reactivar el Acuerdo de París sobre Camboya de 1991;

Derechos económicos, sociales y culturales

172.  Reconoce que debería concederse a los derechos económicos, sociales y culturales la misma importancia que a los derechos civiles y políticos, teniendo en cuenta la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación de todos los derechos humanos, como confirmó la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993; insta a los países en todo el mundo a que suscriban el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que quedó abierto a la firma el 24 de septiembre de 2009;

173.  Destaca que los derechos humanos incluyen, entre otros, el derecho a la alimentación, el agua y el saneamiento, la educación, una vivienda adecuada, la tierra, un trabajo digno y la seguridad social; estima que estos derechos deberían concederse también a las generaciones futuras en el marco de un acceso justo a los recursos naturales sobre una base sostenible; reconoce que la pobreza y la falta de buena gobernanza constituyen factores importantes en muchas de las situaciones de incumplimiento de estos derechos; insta a la UE a que despliegue mayores esfuerzos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), dada la evidencia de que el mundo está muy lejos de cumplir los objetivos que se fijaron para el año 2015; reitera, en este contexto, la importancia que reviste la aplicación de políticas basadas en los derechos humanos para la realización de los ODM;

174.  Reconoce la importancia que reviste el sistema de supervisión de la Organización Internacional del Trabajo en la defensa de los derechos en los ámbitos del comercio y el empleo, los sistemas estadísticos, la protección social, las políticas de empleo y la seguridad y la salud laborales;

175.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las empresas sujetas a sus respectivos Derechos nacionales o al Derecho europeo no eludan el respeto de los derechos humanos y de las normas sanitarias y ambientales a que están obligadas cuando se instalan o ejercen su actividad en un país no perteneciente a la UE, en particular en los países en desarrollo;

176.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cumplan los compromisos relativos a la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) que asumieron respecto de los países en desarrollo, para luchar contra la crisis económica y financiera mundial y con el fin de reducir las consecuencias negativas de la crisis en la situación de los derechos humanos en el mundo; se felicita por los resultados del 10º período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre los efectos de las crisis económicas y financieras mundiales en la realización universal y el goce efectivo de los derechos humanos, celebrado el 20 de febrero de 2009; pide a los Estados miembros de la UE que mantengan, frente a la crisis, su cooperación con los países no pertenecientes a la Unión en el ámbito de los derechos humanos, e insiste en que nunca puede utilizarse la falta de recursos para justificar la violación de los derechos humanos;

Los programas de ayuda exterior de la Comisión y la IEDDH

177.  Observa con satisfacción que en los documentos de programación de la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) para 2008 y 2009 se han tenido en cuenta las prioridades del Parlamento;

178.  Respalda las contribuciones de la IEDDH, especialmente por medio de proyectos de las organizaciones locales e internacionales de la sociedad civil, que representan el 90 % de las contribuciones, así como por medio de organizaciones regionales e internacionales en este ámbito, como el Consejo de Europa, la OSCE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que representan el 10 % de las contribuciones;

179.  Constata con satisfacción que, en 2008 y 2009, los recursos destinados a los derechos humanos y la democracia ascendieron a más de 235 millones de euros, lo cual permitió financiar 900 proyectos en unos 100 países; toma nota, asimismo, de que un número particularmente elevado de proyectos se financió en países cubiertos por la Política Europea de Vecindad, mientras que los países ACP recibieron el importe global más elevado; observa con preocupación la existencia de un desequilibrio que va en perjuicio de los proyectos de ayuda a la democracia distintos de la observación electoral; considera que debe incrementarse significativamente la financiación de la IEDDH de forma que incluya la financiación apropiada para una Dotación Europea para la Democracia que contribuya a la creación de capacidades en materia de derechos humanos y al fomento de la democracia en las sociedades más necesitadas;

180.  Destaca como un aspecto positivo clave de la IEDDH el hecho de que no dependa del consentimiento del gobierno de acogida y que, por consiguiente, tenga la posibilidad de centrarse en cuestiones políticas sensibles, elaborar estrategias innovadoras y cooperar directamente con las organizaciones locales de la sociedad civil, que necesitan mantener su independencia con respecto a los poderes públicos;

181.  Destaca la importancia que reviste la posibilidad de recurrir a la IEDDH como un dispositivo para reaccionar frente a las amenazas a los derechos humanos y facilitar un apoyo cada vez más importante a sus defensores y a las víctimas de su vulneración; presta su apoyo a una red de once organizaciones financiadas por la IEDDH y especializadas en la protección de los defensores de los derechos humanos y en la respuesta rápida a las situaciones de emergencia; respalda el desarrollo de estrategias específicas para responder a las necesidades de las diferentes categorías de defensores de los derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y los que colaboran en las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario;

182.  Insta a la Comisión a que garantice la coherencia entre las prioridades políticas de la Unión, sus acuerdos de asociación y cooperación y los proyectos y programas que apoya, en particular en el marco de su programación bilateral con países no pertenecientes a la UE;

183.  Es consciente de que la situación todavía preocupante de los derechos humanos en el continente africano, y está convencido de que los Estados africanos han avanzado considerablemente en el fomento del Estado de derecho a escala continental, con la adopción de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (también conocida como «Carta de Banjul»), por lo que está considerando la posibilidad de crear una partida presupuestaria ad hoc para apoyar la labor de la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos,

184.  Pide al personal de la Comisión que mantenga contactos regulares en Bruselas con representantes de la sociedad civil con miras a fomentar el diálogo con aquellos socios que se encargan de la ejecución efectiva de proyectos sobre el terreno;

185.  Acoge con satisfacción la ampliación de los fondos destinados a la defensa de los derechos humanos por medio de programas geográficos, de forma que la aplicación de la política a nivel nacional y regional se financia por medio del Fondo Europeo de Desarrollo (en los países de África, del Caribe y del Pacífico), del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (en América Latina, Asia y Sudáfrica) y del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (en las regiones vecinas), así como mediante instrumentos temáticos como la IEDDH, el Instrumento de Estabilidad (IfS), el Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (DCI) e ICI Plus;

Asistencia y observación electoral

186.  Constata con satisfacción que la UE recurre de forma creciente a la asistencia y a la observación electorales para favorecer la democratización en países no pertenecientes a la Unión, afianzando con ello el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, y que la calidad y la independencia de sus misiones son objeto de amplio reconocimiento;

187.  Pide a la AR/VP que supervise la ejecución de las recomendaciones formuladas en los informes finales de las Misiones de observación electoral de la UE; que garantice, en su caso, la prestación de asistencia para el seguimiento, y que informe regularmente al Parlamento Europeo al respecto;

188.  Pide una vez más que el proceso electoral, que incluye la fase preelectoral y la fase postelectoral, se integre en los distintos niveles del diálogo político con los países no pertenecientes a la UE interesados, que deberá acompañarse en su caso de negociaciones concretas, con miras a garantizar la coherencia de las políticas de la Unión y reafirmar el papel crucial que corresponde a la defensa de los derechos humanos y la democracia;

189.  Pide una mayor vigilancia respecto de los criterios utilizados para la selección de los países en los que debe llevarse a cabo la asistencia o la observación de las elecciones, así como para el respeto de la metodología y de las normas establecidas a nivel internacional, en particular en lo que se refiere a la independencia y eficacia de la misión;

190.  Acoge con satisfacción el volumen de financiación, que totalizó otros 50 millones de euros en el período de 18 meses que cubre el informe;

Recurso a las acciones del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos

191.  Insta al Consejo y a la Comisión a que recurran ampliamente a las resoluciones y otras comunicaciones del Parlamento y a que respondan efectivamente a las preocupaciones y los deseos que se formulan en ellas, especialmente en las resoluciones urgentes;

192.  Insiste en la necesidad de dar mayor visibilidad al Premio Sájarov a la libertad de conciencia que otorga todos los años el Parlamento Europeo; manifiesta su pesar por el hecho de que no se esté llevando a cabo un seguimiento adecuado del bienestar de los candidatos y galardonados, ni de la situación en sus países respectivos; pide al Consejo y a la Comisión que den más visibilidad a este premio, por ejemplo incluyéndolo en el Informe anual sobre los derechos humanos; pide, por otra parte, al Consejo y a la Comisión que mantengan el contacto con los candidatos y galardonados del Premio Sájarov, con el fin de garantizar un diálogo y un seguimiento continuados de la situación de los derechos humanos en sus respectivos países y ofrecer protección a los que sean objeto de una persecución intensa;

193.  Recuerda a las delegaciones del Parlamento la oportunidad de incluir de forma sistemática los debates sobre los derechos humanos en las agendas de las reuniones interparlamentarias y de visitar durante los viajes de las delegaciones proyectos e instalaciones destinados a reforzar el respeto de los derechos humanos, así como de reunirse con los defensores de estos derechos, brindándoles, cuando proceda, visibilidad y protección internacionales;

194.  Acoge con satisfacción la creación de la Red de Galardonados con el Premio Sájarov; pide con urgencia que se busquen sin demora los recursos necesarios para conseguir los objetivos de la Red y agilizar la comunicación entre los galardonados y el Parlamento Europeo, de forma que se les conceda un estatus especial que les facilite el acceso a los locales de la Institución simplificando los procedimientos de entrada;

o
o   o

195.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a los Gobiernos de los países y los territorios que se mencionan en la presente Resolución.

(1) Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura; Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño; Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres; Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
(2) DO C 379 de 7.12.1998, p. 265; DO C 262 de 18.9.2001, p. 262; DO C 293 E de 28.11.2002, p. 88; DO C 271 E de 12.11.2003, p. 576; DO C 279 E de 19.11.2009, p. 109; DO C 15 E de 21.1.2010, p. 33; DO C 15 E de 21.1.2010, p. 86; DO C 87 E de 1.4.2010, p. 183; DO C 117 E de 6.5.2010, p. 198; DO C 212 E de 5.8.2010, p. 60; DO C 265 E de 30.9.2010, p. 15; DO C 286 E de 22.10.2010, p. 25.
(3) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3; DO C 303 de 14.12.2007, p. 1; DO L 209 de 11.8.2005, p. 27.
(4) DO L 386 de 29.12.2006, p. 1.
(5) DO C 46 E de 24.2.2010, p. 71.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0036.
(7) DO C 250 E de 25.10.2007, p. 91.
(8) DO C 74 E de 20.3.2008, p. 775.
(9) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0226.
(10) DO C 327 de 23.12.2005, p. 4.
(11) Documento del Consejo 11179/10.
(12) DO C 265 E de 30.9.2010, p. 3.
(13) DO C 305 E de 11.11.2010, p. 9.
(14) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0443.
(15) En diciembre de 2009, Austria, Bélgica, Alemania, Hungría, Italia, Portugal, Eslovenia, España, Suecia y Reino Unido habían ratificado tanto el convenio como el protocolo facultativo; todos los Estados miembros habían firmado el convenio, pero 15 Estados miembros todavía no lo habían ratificado (Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Rumanía y Eslovaquia); 19 Estados miembros también habían firmado el protocolo, pero 10 todavía no lo habían ratificado (Bulgaria, Chipre, República Checa, Finlandia, Francia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Rumanía y Eslovaquia).
(16) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0236.
(17) CAGRE de 17 de noviembre de 2009.


Una nueva estrategia en Afganistán
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre una nueva estrategia en Afganistán (2009/2217(INI))
P7_TA(2010)0490A7-0333/2010

El Parlamento Europeo,

–  Recordando sus anteriores resoluciones sobre Afganistán, en particular, su Resolución, de 8 de julio de 2008, sobre la estabilización de Afganistán: retos para la UE y para la comunidad internacional(1), de 15 de enero de 2009, sobre el control presupuestario de los fondos de la UE en Afganistán(2), y de 24 de abril de 2009, sobre los derechos de las mujeres en Afganistán(3),

–  Vista la Declaración política conjunta Unión Europea-Afganistán, firmada el 16 de noviembre de 2005, basada en prioridades compartidas para Afganistán, tales como el establecimiento de instituciones fuertes y responsables, la reforma del sector de la justicia y seguridad, la lucha contra los estupefacientes, el desarrollo y la reconstrucción,

–  Visto el Pacto por Afganistán de 2006, que estableció los tres principales ámbitos de actividad del Gobierno afgano para los próximos cinco años: la seguridad, la gobernanza, el Estado de Derecho, los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y el compromiso con la eliminación de la industria de los estupefacientes,

–  Vista la Conferencia de Londres sobre Afganistán celebrada en enero de 2010, en la que la comunidad internacional renovó su compromiso con Afganistán, que sentó las bases para un consenso internacional sobre una estrategia basada en una solución «no militar» a la crisis afgana y que determinó que la transferencia de responsabilidades en materia de seguridad en beneficio de las fuerzas afganas se iniciaría en 2011 y se completaría en gran medida en 2014,

–  Vista la Resolución 1890 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prorroga por doce meses a partir del 13 de octubre de 2009 la autorización de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) en Afganistán en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tal y como se define en las Resoluciones 1386 (2001) y 1510 (2003), y en la que se pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que participan en la ISAF «que adopten todas las medidas necesarias para cumplir su mandato»,

–  Vista la propuesta de «Fondo Fiduciario para la paz y la reintegración» en la que se comprometieron los participantes en la Conferencia de Londres con una suma inicial de 140 millones de dólares con el fin de integrar a los talibanes y a otros insurgentes,

–  Vista la Asamblea Consultiva Nacional por la paz de Afganistán reunida en Kabul a principios de junio de 2010, cuyo objetivo era lograr un consenso nacional sobre el tema de la reconciliación con los enemigos,

–  Vista la Conferencia de Kabul, celebrada el 20 de julio de 2010, que evaluó los progresos realizados en la aplicación de las decisiones adoptadas en la Conferencia de Londres y brindó la oportunidad para que el Gobierno afgano diera muestras de liderazgo y de que toma en sus propias manos el proceso, con la cooperación de la comunidad internacional, reforzando la seguridad y las capacidades de las fuerzas de seguridad afganas, fortaleciendo la buena gobernanza y el Estado de Derecho, y para que trazara el camino a seguir, especialmente en el ámbito de la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, y de la lucha contra la corrupción, de la paz y la seguridad, del desarrollo económico y social, de los derechos humanos y de la igualdad de género; vistas las conclusiones de la Conferencia de Kabul, en la que se establece que el control de las operaciones militares en todas las provincias se transferirá a las fuerzas afganas antes del final de 2014,

–  Visto el Decreto Presidencial de 17 de agosto de 2010, que fija un plazo de cuatro meses para que las empresas privadas de seguridad presentes en Afganistán se disuelvan, con la excepción de las empresas privadas de seguridad que actúen en el interior de complejos utilizados por embajadas, empresas y ONG extranjeras,

–  Vistos las elecciones presidenciales en Afganistán en agosto de 2009, el crítico informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre las elecciones publicado en diciembre de 2009 y las elecciones legislativas celebradas el 18 de septiembre de 2010,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre este tema, en particular, las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) de 27 de octubre de 2009 y el plan de acción del Consejo por una acción reforzada de la UE en Afganistán y Pakistán, y las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores del 22 de marzo de 2010,

–  Vistas la creación, a partir del 1 de abril de 2010, de un puesto con «doble mandato» de Representante Especial de la UE y Jefe de la Delegación de la UE en Afganistán, y la Decisión del Consejo de 11 de agosto de 2010, por la que se prorroga el mandato del Representante Especial Vygaudas Usackas hasta el 31 de agosto de 2011,

–  Vista la Declaración del Consejo del 18 de mayo de 2010 por la que se prorroga el mandato de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL Afganistán) por tres años, del 31 de mayo de 2010 al 31 de mayo de 2013,

–  Visto el documento de estrategia por país sobre Afganistán para el período comprendido entre 2007 y 2013, que establece el compromiso de la Comisión con Afganistán hasta 2013,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010,

–  Visto el informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano para 2009, que sitúa a Afganistán en el puesto 181 de un total de 182 países,

–  Visto el informe de evaluación nacional del riesgo y la vulnerabilidad 2007-2008 elaborado por las autoridades afganas, en el que se estima el coste de eliminar la pobreza en Afganistán, sacando de esta situación a todos aquellos que viven por debajo del umbral de pobreza, en unos 570 millones de dólares,

–  Visto el informe 2008 de la Agencia de Coordinación de la Ayuda en Afganistán (ACBAR) «Falling Short - Eficacia de la Ayuda en Afganistán», que pone de relieve las enormes cantidades de ayuda que terminan convirtiéndose en beneficios para los contratistas (hasta el 50 % por contrato), la falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y el alto coste de las dietas para los trabajadores expatriados,

–  Visto el informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) de agosto de 2010 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados,

–  Vistas las recomendaciones de Peace Dividend Trust, que aboga por una política que dé prioridad a los afganos, favoreciendo la adquisición de bienes y servicios en el mercado local de Afganistán en lugar de importarlos, con el objetivo de beneficiar ante todo a los afganos,

–  Vista la nueva estrategia de contrainsurgencia de la OTAN/ISAF para Afganistán y su ejecución bajo el mando del general David Petraeus, así como la revisión de la estrategia anunciada por el Presidente Obama para diciembre de 2010,

–  Visto el informe elaborado por el Congreso de los Estados Unidos titulado «Señores de la Guerra SA: Extorsión y corrupción en la cadena de suministro de los Estados Unidos en Afganistán» (Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, junio de 2010),

–  Vistos la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y, en particular, su Informe de 2009 sobre «Adicción, delincuencia e insurgencia - la amenaza transnacional del opio afgano», así como su Informe Mundial sobre las Drogas 2010,

–  Visto el artículo 48 del Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0333/2010),

A.  Considerando que la comunidad internacional ha reafirmado reiteradamente su apoyo a las Resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a favor de la seguridad, la prosperidad y los derechos humanos de todos los ciudadanos afganos; considerando, no obstante, que la comunidad internacional ha reconocido implícitamente que nueve años de guerra y de compromiso internacional no han logrado poner fin a la insurgencia talibán ni alcanzar la paz y la estabilidad en el país; y considerando que a partir de 2009 se aplica una nueva política de contrainsurgencia, por lo que se han enviado unos 45 000 efectivos de refuerzo,

B.  Considerando que no se vislumbra un final evidente en Afganistán, con una coalición de fuerzas internacionales incapaz de derrotar a la insurgencia talibán y a los demás insurgentes, y un movimiento insurgente y de los talibanes incapaz de imponerse a las fuerzas militares,

C.  Considerando que en 2009 el general Stanley McChrystal declaró que no encontraba indicios de una importante presencia de Al Qaeda en Afganistán, y que otros altos responsables de los Estados Unidos confirman que Al Qaeda apenas está presente en Afganistán en la actualidad,

D.  Considerando que las condiciones de seguridad se han deteriorado, al mismo tiempo que ha quedado erosionado el consenso popular que suscitó en su día la presencia de la coalición y que la población la percibe cada vez más como una fuerza de ocupación; que es necesaria una nueva y más amplia participación del pueblo de Afganistán, para incluir a los grupos no representados y a la sociedad civil en los esfuerzos a favor de la paz y la reconciliación,

E.  Considerando que la UE es uno de los principales donantes de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria a Afganistán; considerando que es un socio comprometido en los esfuerzos de reconstrucción y estabilización,

F.  Considerando que, de acuerdo con el Pacto por Afganistán de 2006, así como en la Conferencia de Kabul, los donantes aceptaron orientar una proporción cada vez mayor de su ayuda, que puede alcanzar hasta el 50 %, a través del presupuesto ordinario del Gobierno afgano, bien directamente o a través de fondos fiduciarios, siempre que sea posible, pero que en estos momentos tan sólo el 20 % de la ayuda al desarrollo se canaliza a través del presupuesto del Gobierno,

G.  Considerando que la insuficiente coordinación está reduciendo la eficacia de las contribuciones de la ayuda de la Unión Europea a Afganistán,

H.  Considerando que, entre 2002 y 2009, se envió a Afganistán un total de más de 40 mil millones de dólares de ayuda internacional; considerando que en este periodo ha aumentado el número de niños escolarizados, pero que, según estimaciones de Unicef, el 59 % de los niños afganos menores de cinco años aún pasa hambre y cinco millones de niños no pueden ir a la escuela,

I.  Considerando que la situación de las mujeres en el país sigue siendo objeto de gran preocupación; que, de acuerdo con los informes de las Naciones Unidas, la tasa de mortalidad maternal es la segunda del mundo, con unas 25 000 muertes anuales, que sólo el 12,6 % de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir, y que el 57 % de las niñas se casan antes de llegar a la edad legal de 16 años; considerando que la violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno generalizado; considerando que sigue en vigor la discriminatoria Ley del Estatuto Personal Chiíta, que, entre otras cosas, considera delito que las mujeres se nieguen a mantener relaciones sexuales con sus maridos, o prohíbe que las mujeres salgan de casa sin el permiso de sus maridos,

J.  Considerando que Afganistán es parte de diversas convenciones internacionales de protección de los derechos de las mujeres y los niños, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989; que la Constitución afgana, y en particular su articulo 22, establece que los ciudadanos de Afganistán, hombres y mujeres, tienen iguales derechos y deberes ante la Ley; considerando que en la actualidad el Código de Familia afgano es objeto de revisión para armonizarlo con la Constitución,

K.  Considerando que, en julio de 2010, el Congreso de los Estados Unidos ha solicitado una auditoría sobre los miles de millones de dólares gastados hasta ahora para financiar la ayuda a Afganistán y ha votado un recorte provisional de casi 4 mil millones de dólares de la ayuda concedida al Gobierno afgano,

L.  Considerando que Omar Zakhilwal, Ministro de Hacienda de Afganistán, ha criticado, por una parte, las prácticas de contratación de la OTAN/ISAF por no beneficiar a la economía local afgana y, por otra, la interpretación unilateral por parte de la ISAF de las disposiciones sobre exención de impuestos del acuerdo entre la ISAF y el Gobierno afgano; que este Ministro ha acusado a los contratistas extranjeros de hacerse con la mayor parte de los contratos financiados por la ISAF, hasta un importe de cuatro mil millones de dólares, lo que, según la información disponible, ha producido un flujo constante de salida de dinero del país; considerando que el Gobierno afgano pide que se realice una investigación internacional,

M.  Considerando que ya es evidente que no es posible una solución militar en Afganistán; que los Estados Unidos han declarado que comenzarían a retirar sus tropas de Afganistán en el verano de 2011, que otros países ya se han retirado o prevén hacerlo, mientras que otros aún no han indicado su intención de retirarse; considerando, no obstante, que la retirada de los militares debe ser un proceso gradual y coordinado en el contexto de un proyecto político que garantice un traspaso ordenado de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad afganas,

N.  Considerando que en la Conferencia de Kabul se estableció que el ejército nacional afgano debería alcanzar la cifra de 171 600 efectivos, y la policía nacional afgana la de 134 000 agentes para octubre de 2011, con el necesario apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional,

O.  Considerando que el principal objetivo de la misión EUPOL Afganistán es contribuir a la creación de una policía afgana con arreglo a las normas internacionales,

P.  Considerando que Afganistán no solo es la principal fuente de producción de opio del mundo y el principal proveedor para los mercados de la heroína de la Unión Europea y de la Federación de Rusia, sino también uno de los principales productores de cannabis, según un reciente informe de la UNODC, que, no obstante, en los dos últimos años, la producción de opio en Afganistán se ha reducido un 23 %, y que ahora es de un tercio del máximo alcanzado en 2007; considerando que la ONUDD ha demostrado que existe una relación directa entre el cultivo de opio y los territorios controlados por la insurgencia; que en las zonas de Afganistán donde el Gobierno tiene mayor capacidad de hacer cumplir la ley, casi dos tercios de los agricultores declaran que no cultivan opio porque está prohibido; considerando que en el sudeste del país, donde las autoridades son más débiles, algo menos del 40 % de los agricultores se refiere a la prohibición como un motivo para no cultivar la adormidera,

Q.  Considerando que, según un reciente informe de la UNODC, el número de ciudadanos afganos adictos a las drogas ha aumentado de forma espectacular en los últimos años, tendencia que tendrá graves repercusiones sociales para el futuro del país,

R.  Considerando que la UE ha desempeñado un papel activo en el apoyo a los esfuerzos contra la droga desde el principio del proceso de reconstrucción, pero sin haber obtenido resultados significativos en poner coto a la influencia generalizada del sector de la droga sobre la economía, el sistema político, las instituciones del Estado y la sociedad,

S.  Considerando que se han llevado a cabo campañas de erradicación de la adormidera en Afganistán mediante el uso de pesticidas químicos, lo que ha perjudicado gravemente a la población y al medio ambiente debido a la contaminación del suelo y el agua; considerando, no obstante, que ya existe consenso sobre la necesidad de concentrar las medidas represivas en el tráfico de drogas y los laboratorios productores de heroína, no en los agricultores; considerando que en la actualidad el grueso de los esfuerzos se centra en ofrecer medios de vida alternativos a los agricultores,

T.  Considerando que Afganistán tiene importantes recursos naturales, como las grandes reservas minerales de gas y petróleo, por un valor estimado de tres billones de dólares; que el Gobierno afgano confía en que estos recursos impulsen el desarrollo económico una vez se hayan establecido la paz y la seguridad en el país,

Una nueva estrategia de la UE

1.  Es consciente del conjunto de factores que obstaculiza el progreso en Afganistán, pero ha optado en este informe por centrarse en cuatro elementos principales para los que está convencido de que un mayor esfuerzo podría plasmarse en importantes avances: la ayuda internacional y la coordinación, las implicaciones del proceso de paz, el impacto de la formación de la policía, la eliminación del cultivo de la adormidera mediante el desarrollo de otras alternativas;

2.  Apoya el nuevo planteamiento de una estrategia de contrainsurgencia, cuyos objetivos son proteger a la población local y la reconstrucción de las zonas en las que se ha garantizado la seguridad, así como el Plan de Acción de la UE para Afganistán y Pakistán;

3.  Considera, por lo tanto, que la estrategia de la UE para Afganistán deberá basarse en dos supuestos: el reconocimiento del continuo deterioro de los indicadores de seguridad y socioeconómicos en Afganistán a pesar de diez años de compromiso e inversión internacionales, y la necesidad de seguir promoviendo el cambio de mentalidad de la comunidad internacional, que, con demasiada frecuencia en el pasado, y en particular antes de la estrategia contrainsurgencia, ha elaborado planes y adoptado decisiones que en muy pocos casos han tenido en cuenta la participación de los afganos de forma que, en el futuro, los planes y decisiones se lleven a cabo en estrecha cooperación con los afganos; señala que las Conferencias de Londres y de Kabul han representado un paso importante en este sentido;

4.  Celebra y apoya las Conclusiones del Consejo de octubre de 2009 «Plan de refuerzo de la acción de la Unión Europea en Afganistán y Pakistán», que definen un enfoque de la UE más coherente y coordinado hacia la región e insisten en la importancia de la cooperación regional y de una política hacia Afganistán que se base más en la sociedad civil;

5.  Subraya que cualquier solución a largo plazo a la crisis afgana debe tener como punto de partida el interés de los ciudadanos afganos en su seguridad interior, la protección civil y el desarrollo económico y social, y debe basarse en la adopción de medidas concretas para la erradicación de la pobreza, el subdesarrollo y la discriminación contra las mujeres, así como para reforzar el respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de los mecanismos de reconciliación, y para poner fin a la producción de opio, mediante una acción enérgica para el refuerzo del Estado, la plena integración de Afganistán en la comunidad internacional, así como la eliminación de Al Qaeda en el país;

6.  Acoge favorablemente las conclusiones sobre Afganistán de la Conferencia Internacional de Kabul; subraya que es necesario respetar los compromisos del Gobierno afgano de mejorar la seguridad, la gobernanza y las oportunidades económicas para los ciudadanos afganos, así como los compromisos de la comunidad internacional para apoyar el proceso de transición y los objetivos compartidos;

7.  Reitera que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían apoyar a Afganistán en la construcción de su propio Estado, con unas instituciones democráticas más fuertes y capaces de garantizar la soberanía nacional, la seguridad basada en un ejército y una policía sujetos al control democrático, un poder judicial competente e independiente, la unidad del Estado, la integridad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de los medios de comunicación, una atención especial a los sectores de la educación y la sanidad, el desarrollo económico sostenible y la prosperidad de los afganos, así como el respeto de las tradiciones históricas, religiosas, espirituales y culturales de todas las comunidades étnicas y religiosas en territorio afgano; pide un mayor apoyo a los proyectos de desarrollo de las autoridades locales en las provincias que dan muestras de buena gobernanza;

8.  Observa que el 80 % de la población está asentada en zonas rurales, y que la superficie per cápita de tierras arables ha disminuido de 0,55 ha en 1980 a 0,25 ha en 2007; destaca el hecho de que Afganistán sigue siendo extremadamente vulnerable a condiciones climáticas adversas o a incrementos de los precios de los alimentos en el mercado mundial, mientras que el uso generalizado e indiscriminado de minas terrestres representa un grave riesgo para el éxito del desarrollo rural; considera, en este contexto, que es de importancia primordial mantener y aumentar la financiación dirigida al desarrollo rural y la producción local de alimentos con el fin de alcanzar la seguridad alimentaria;

9.  Toma nota del compromiso del Gobierno afgano de aplicar, a lo largo de los próximos doce meses, de una forma progresiva y sostenible físicamente, una política de gobernanza subnacional, fortaleciendo a las autoridades locales y reforzando sus capacidades institucionales, y desarrollando marcos reguladores, de financiación y presupuestarios a escala subnacional;

10.  Señala que las deficiencias en la administración y la función pública pueden ser un obstáculo para una mayor participación afgana en el proceso de reconstrucción; está convencido, por tanto, de que es necesario prestar mayor atención a estos importantes aspectos; acoge favorablemente la idea de que la Comisión y los Estados miembros establezcan un programa emblemático específico y a largo plazo para hacer frente al problema del refuerzo de la administración pública, a través de la elaboración de programas de formación, ayuda para construir locales o utilizar los ya existentes, creación de vínculos con la red de institutos de administración pública de la UE, así como el asesoramiento y apoyo a los institutos de administración pública en diversas grandes ciudades de Afganistán, como Kabul, Herat y Mazar i Sharif;

11.  Recuerda que los esfuerzos de desarrollo deben concentrarse en mejorar la capacidad de las estructuras gubernamentales afganas y que los afganos deben implicarse en gran medida en el establecimiento de prioridades y en las fases de ejecución con objeto de fortalecer el proceso de apropiación y la asunción de responsabilidades a escala nacional y comunitaria; señala a la atención, por consiguiente, el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la participación de los ciudadanos de Afganistán en el proceso de democratización y reconstrucción y para contener el riesgo de corrupción;

12.  Manifiesta su gran preocupación, a pesar de algunas mejoras en la vida de las mujeres desde el fin del régimen talibán en 2001, por la situación general de los derechos humanos en Afganistán y, especialmente, por el deterioro de los derechos políticos, cívicos y sociales fundamentales de las mujeres en Afganistán en los últimos años, y su inquietud por una evolución desfavorable en determinados aspectos, como el hecho de que la mayoría de los reclusos en las cárceles de Afganistán sean mujeres que han escapado a la opresión de su entorno familiar, así como por los recientes cambios introducidos en la legislación electoral que reducen la cuota de escaños reservados a las mujeres en el Parlamento;

13.  Tiene el convencimiento de que los derechos de las mujeres son parte de la solución a los problemas relacionados con la seguridad y de que es imposible lograr la estabilidad en Afganistán sin que la mujer disfrute de todos sus derechos políticos, económicos y sociales; hace un llamamiento, por tanto, a las autoridades afganas y a los representantes de la comunidad internacional para que incluyan a las mujeres en todas las fases de las conversaciones de paz y de los esfuerzos de reconciliación y reintegración, de conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide una protección específica para las mujeres que participan activamente en la vida pública o política, encontrándose por ello en peligro de sufrir ataques de los fundamentalistas; manifiesta que el avance en las conversaciones de paz no puede en ningún caso suponer una pérdida de los derechos de las mujeres adquiridos durante estos últimos años; pide al Gobierno afgano una mayor protección de los derechos de la mujer modificando la legislación vigente, como el Código Penal, para evitar prácticas discriminatorias;

14.  Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros de la UE que sigan planteando las cuestiones de la discriminación de las mujeres y las niñas, así como las relativas a los derechos humanos en general, en las relaciones bilaterales con Afganistán, de acuerdo con los compromisos a largo plazo de la Unión en materia de ayuda a los esfuerzos de paz y reconstrucción en Afganistán;

15.  Hace un llamamiento a la UE y a la comunidad internacional para que eleven el nivel de financiación y de ayuda política y técnica para las políticas destinadas a mejorar la situación de las mujeres afganas y las organizaciones no gubernamentales de mujeres, incluidas las que defienden los derechos de las mujeres;

16.  Constata que la libertad de expresión y de prensa, pese a mejorar después de la caída del régimen talibán, han empeorado en los últimos años; toma nota de ataques y amenazas por parte de actores armados y talibanes a periodistas para evitar que informen sobre las áreas bajo su control; pide que se tomen medidas en este campo que permitan a los periodistas llevar a cabo su profesión con garantías de seguridad;

17.  Constata con preocupación que las elecciones parlamentarias celebradas en Afganistán el 18 de septiembre de 2010, con una tasa de participación cercana al 40 % a pesar de las condiciones de seguridad en el país, se vieron una vez más desvirtuadas por el fraude y la violencia, debido a la cual, de acuerdo con datos de la OTAN, murieron 25 personas; lamenta que muchos afganos no hayan podido ejercer su derecho al voto;

18.  Toma nota de las irregularidades que se producen en los procesos judiciales del país, que no cumplen con los estándares internacionales de justicia; lamenta la ejecución en 2008 de 16 personas condenadas a muerte; hace un llamamiento a la UE para que fomente la aprobación de una moratoria de la pena de muerte, de conformidad con la Resolución 62/149 de 2007 de las Naciones Unidas, con vistas a su posterior abolición;

Ayuda internacional - uso y abuso

19.  Recuerda que el presupuesto combinado de la Unión Europea (Comunidad Europea y Estados miembros) destinado a la ayuda a Afganistán durante el período 2002-2010 ascendió a aproximadamente 8 000 millones de euros;

20.  Destaca la importancia de reforzar la libertad de los medios de comunicación y la sociedad civil en Afganistán, con el fin de fortalecer la democratización del país; también recomienda que se tengan en cuenta las conclusiones de la misión de observación electoral de la UE de 2009;

21.  Constata que, a pesar de las masivas inyecciones de ayuda extranjera, la situación en Afganistán sigue siendo desoladora, se impide que la ayuda médica y humanitaria llegue a los grupos más vulnerables de la población, mueren más afganos como consecuencia de la pobreza que como consecuencia directa del conflicto armado; que, sorprendentemente, desde 2002 ha aumentado la mortalidad infantil; mientras que han disminuido significativamente la esperanza de vida al nacer y los niveles de alfabetización, y desde 2004 el número de personas que vive por debajo del umbral de pobreza ha aumentado en un 130 %;

22.  Insiste en la importancia de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lamenta que, pese a los avances registrados en algunos ámbitos, Afganistán ha descendido del puesto 173 que ocupaba en 2003 al puesto 181 (de un total de 182 países) en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, mientras que la tasa de mortalidad entre los menores de 5 años y las tasas de mortalidad materna siguen siendo las más altas del mundo; considera que no deben descuidarse estos objetivos específicos en estos ámbitos ni tampoco el acceso a la salud y la educación, especialmente para las mujeres, pero insiste en que se preste especial atención a mejorar la generación de ingresos y a establecer un sistema judicial que funcione;

23.  Destaca la revelación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su estudio de enero de 2010 de que la corrupción es la principal preocupación de la población y que los ingresos generados por la corrupción ascienden a prácticamente una cuarta parte (el 23 %) del PIB de Afganistán;

24.  Pide a la Comisión que garantice la transparencia y la posibilidad de rendir cuentas con respecto a la ayuda financiera que se proporciona al Gobierno afgano, a las organizaciones internacionales y a las ONG locales, con el fin de asegurar la coherencia de la ayuda y el éxito de la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán;

25.  Pide que el reparto de la ayuda humanitaria sea más homogéneo desde el punto de vista geográfico, sobre la base de un análisis de necesidades y con un objetivo de emergencia;

26.  Constata, no obstante, los tímidos progresos realizados en infraestructuras, telecomunicaciones y educación básica, mencionados por lo general como ámbitos de éxito por el Gobierno afgano y los donantes;

27.  Señala a la atención el enorme coste de la guerra en Afganistán entre 2001 y 2009, estimado en más de 300 000 millones de dólares y equivalente a más de 20 veces el PIB de Afganistán, y el hecho de que, por el fortalecimiento anunciado de la presencia militar, se elevará a más de 50 mil millones de dólares anuales;

28.  Reconoce que existe la percepción generalizada de que la corrupción del Gobierno afgano es la única responsable de los fallos en los servicios esenciales prestados a los ciudadanos, pero también señala que la mayor parte de los recursos para el desarrollo socioeconómico se ha canalizado a través de organizaciones internacionales, bancos de desarrollo regional, organizaciones no gubernamentales, contratistas internacionales, consultores, etc., y no a través del Gobierno central; insta al Gobierno afgano y a la comunidad internacional a que refuercen el control con el fin de eliminar la corrupción y garantizar que la ayuda llega a sus destinatarios;

29.  Opina que la lucha contra la corrupción debe tener un carácter central en el proceso de establecimiento de la paz en Afganistán, pues la corrupción provoca una mala asignación de recursos, opone obstáculos al acceso a servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación, y representa un enorme impedimento para el desarrollo socioeconómico del país; insiste asimismo en que la corrupción mina la confianza en el sector público y en el Gobierno, por lo que constituye una gravísima amenaza para la estabilidad nacional; insta, por consiguiente, a la UE a que dedique una atención especial a la lucha contra la corrupción al prestar asistencia al país;

30.  Observa que, de acuerdo con el Ministro de Hacienda afgano -información confirmada también por otras fuentes independientes-, de los 40 000 millones de dólares de ayuda sólo 6 000 millones de dólares (un 15 %) llegaron realmente al Gobierno afgano entre 2002 y 2009, y que, de los restantes 34 000 millones, canalizados a través de organizaciones internacionales, bancos de desarrollo regionales, ONG, contratistas internacionales, etc., entre el 70 y el 80 % nunca llegaron a los supuestos beneficiarios, el pueblo de Afganistán; constata la decisión de la Conferencia de Kabul que prevé que el 50 % de la ayuda internacional se tramite a través del presupuesto nacional afgano antes del final de 2012, de acuerdo con lo solicitado por Afganistán;

31.  Manifiesta la imperiosa necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los países donantes internacionales y prever evaluaciones pormenorizadas de la ayuda europea e internacional para luchar contra la falta de transparencia y los escasos mecanismos para exigir responsabilidad a los donantes;

32.  Lamenta el hecho de que se pierda una proporción importante de la ayuda europea e internacional a lo largo de la cadena de distribución, algo que ha quedado al descubierto de forma espectacular en el reciente escándalo en relación con el Banco de Kabul, y señala a la atención las cuatro maneras en que esto ocurre: derroche, costes intermedios y de seguridad demasiado elevados, sobrefacturación y corrupción;

33.  Indica, sin embargo, que las pérdidas de la Unión Europea se ven mitigadas por el hecho de que el 50 % de la ayuda de la Unión (frente al 10 % de la ayuda de los Estados Unidos) se asigna a través de fondos fiduciarios multilaterales, cuya eficacia es muy alta (aproximadamente un 80 %);

34.  Insta a la UE a que establezca una base de datos centralizada sobre el análisis de costes y el impacto de todas las ayudas de la UE en Afganistán porque la falta de datos completos, actualizados y transparentes reduce la eficacia de la ayuda;

35.  Insta asimismo a los principales organismos humanitarios y de desarrollo que actúan en Afganistán (desde la Unión Europea y sus Estados miembros a los Estados Unidos, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA), las agencias de las Naciones Unidas, las principales ONG y el Banco Mundial) a que reduzcan drásticamente sus costes operativos mediante la asignación de fondos a proyectos concretos que se lleven a cabo dentro de una asociación auténtica y equilibrada con las instituciones afganas y velen por que la ayuda llegue realmente a su destino; hace hincapié, a este respecto, en que las instituciones afganas deben poder decidir sobre la utilización de los fondos garantizando al mismo tiempo la transparencia y la responsabilidad legítimas;

36.  Subraya la importancia de coordinar los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo a nivel regional para promover un desarrollo transfronterizo en una región en la que los vínculos étnicos y tribales rebasan a menudo las fronteras nacionales;

37.  Señala que debería fomentarse una asociación más estrecha de los gobiernos locales y regionales e indica que, a este nivel, son necesarios los principios de lealtad, del Estado de Derecho y de democracia con miras al correcto uso de los fondos; señala que para la asignación de fondos a nivel local y regional, debe exigirse la aprobación del Gobierno central, con el fin de reforzar las funciones y responsabilidad de este último;

38.  Pide a la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión que creen un equipo conjunto de investigadores con el fin de evaluar todas las acciones y misiones de la UE y los Estados miembros en Afganistán una vez al año, aplicando indicadores explícitos cualitativos y cuantitativos, en particular en lo referente al desarrollo (incluidas la salud pública y la agricultura), la buena gobernanza (incluidos el sector judicial y el respeto de los derechos humanos) y la seguridad (en particular, la formación de la policía afgana): pide asimismo, en este contexto, que también se realice una evaluación del impacto relativo de las acciones de la UE en la situación general del país, y del nivel de coordinación y cooperación entre los organismos de la UE y otras misiones y acciones internacionales, y que se publiquen los resultados y recomendaciones de dicha evaluación;

39.  Subraya que la situación en materia de seguridad y la distribución geográfica de la ayuda son interdependientes; pide, por tanto, que la ayuda a Afganistán se haga llegar directamente a la población afectada;

40.  Hace hincapié en que la lucha contra la corrupción en Afganistán debe ser prioritaria; reconoce que existe la corrupción, pero cree que se verá más que compensada por el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones del Estado afgano, lo que se conseguirá responsabilizándoles de la aprobación del reparto de la financiación y garantizando la eficacia de la ayuda;

41.  Aboga por una política de aumento de la demanda dentro del propio Afganistán en lugar de importar bienes y servicios;

42.  Opina que deben ser organismos humanitarios imparciales quienes se encarguen de la distribución de la ayuda en el país, y que los militares solo deberían participar en casos totalmente excepcionales, con objeto de respetar la neutralidad, la imparcialidad y la independencia de los organismos humanitarios, cumpliendo plenamente las normas internacionales pertinentes codificadas en las Directrices sobre la utilización de recursos militares y de protección civil en el marco de operaciones de ayuda humanitaria realizadas por las Naciones Unidas en situaciones de emergencia complejas (Directrices MCDA) y que propugna el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria;

43.  Considera que todo menoscabo de los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia que se imponen los organismos humanitarios los hace más vulnerables sobre el terreno, especialmente, porque seguirán estando presentes durante mucho tiempo después de que se hayan retirado las tropas;

44.  Observa que, como se comenta ampliamente en la prensa y en el informe de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos «Señores de la Guerra, SA», el ejército de los EE.UU. en Afganistán ha recurrido a proveedores externos privados para la mayor parte de su logística, que a su vez subcontratan la protección de los convoyes militares a agencias de seguridad afganas, lo que trae aparejadas consecuencias desastrosas;

45.  Constata que la decisión de poner la cadena de suministro del ejército de los EE.UU. en manos del sector privado sin ningún criterio fiable para garantizar la responsabilidad, la transparencia o la legalidad, alimenta la corrupción y la extorsión, porque los señores de la guerra, las figuras de la mafia local y, al final de la cadena, los comandantes talibanes acaban aprovechándose de una buena parte de los 2,2 a 3 mil millones de dólares que representa el área de la logística militar en Afganistán;

46.  Manifiesta su consternación por el hecho de que el chantaje y la extorsión a todos los niveles de la cadena de abastecimiento del ejército sea la fuente más importante de financiación de la insurgencia, como reconoció en diciembre de 2009 Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, en su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado;

47.  Manifiesta asimismo su consternación por el hecho de que, ya que la logística de las fuerzas de los EE.UU. y de las fuerzas de la OTAN siguen reglas similares, puede que tampoco se garantice la completa trazabilidad de la contribución financiera de la UE en todos los casos;

48.  Celebra las nuevas directrices de septiembre de 2010 del mando militar de la OTAN en Afganistán sobre contratación (cuyo volumen se estima en alrededor de 14 000 millones de dólares anuales), que tienen el objetivo de limitar la corrupción y reducir los fondos que acaban por vías indirectas en manos de la insurgencia y los talibanes; espera que esta nueva orientación en la política de contratos se aplique rápidamente;

49.  Acoge favorablemente, en este contexto, el reciente decreto del Presidente Karzai en el que se fija un plazo de cuatro meses para que pongan fin a sus actividades todas las empresas privadas de seguridad presentes en Afganistán, tanto locales como extranjeras;

El proceso de paz

50.  Subraya que la buena gobernanza, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos constituyen los cimientos de un Afganistán próspero y estable; subraya, por tanto, que un procedimiento judicial creíble es un aspecto fundamental del proceso de paz, y que el respeto de los derechos humanos y la prevención de la impunidad generalizada deben ser aspectos no negociables en todas las fases del proceso de paz; pide, a este respecto, al Gobierno afgano que ponga en marcha con carácter prioritario una estrategia de reforma del poder judicial;

51.  Considera que una gran parte de responsabilidad con respecto al actual callejón sin salida en Afganistán se debe a los errores de apreciación cometidos inicialmente, antes de la nueva estrategia de contrainsurgencia, por las fuerzas de coalición, que preveían una rápida victoria militar sobre los talibanes y una fácil transición hacia un país estable gobernado por un gobierno legítimo, fuertemente apoyado por los países occidentales;

52.  Considera, por lo tanto, que se ha infravalorado la presencia de las fuerzas talibanes, que se ha sobreestimado la capacidad del Gobierno de Karzai para asegurar la gobernabilidad del país y que, como consecuencia de ello, la labor de reconstrucción y desarrollo del país ha quedado relegada a un segundo plano;

53.  Expresa el temor de que estos errores han alimentado el resurgimiento de los talibanes en más de la mitad del país, lo que ha exacerbado el deterioro de la seguridad en toda la región y, con respecto a los derechos humanos, en particular de los de las mujeres;

54.  Señala que con el enfoque militar del pasado no se han conseguido los resultados esperados, por lo que apoya firmemente un enfoque de carácter civil;

55.  Reconoce que la única salida a la actual situación de bloqueo sería una salida política mediante negociaciones, que deberían poder llevarse a cabo en el marco de un alto el fuego, con los talibanes, otros grupos combatientes y con el resto de actores políticos del país, dispuestos a participar en un Gobierno de unidad nacional capaz de poner fin a la guerra civil que asuela el país desde hace casi treinta años, así como garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos fundamentales; opina que, para conseguir la solución política, debe darse tiempo a que la nueva política contra la insurgencia obtenga resultados, de acuerdo con el calendario anunciado por el Presidente Obama;

56.  Cree firmemente que las tres condiciones previas de la Unión Europea para este proceso de paz y la participación de los grupos talibanes deben ser: un compromiso de todas las partes implicadas en las negociaciones de erradicar del país a Al Qaeda -y su promoción del terrorismo a escala internacional- y a cualquier otro grupo terrorista, la eliminación del cultivo de la adormidera y el deseo de establecer una política de fomento y respeto de los derechos humanos fundamentales y de la Constitución afgana;

57.  Considera asimismo que todas las demás cuestiones deben dejarse a la voluntad y capacidad del pueblo afgano;

58.  Reconoce que los talibanes no constituyen una entidad única y uniforme y que hay al menos 33 altos responsables, 820 responsables de nivel medio e inferior y entre 25 000 y 36 000 soldados de base distribuidos en 220 comunidades, combatientes unos con fines ideológicos, otros por dinero; cree, por tanto, que a partir de ahora, deben alentarse las negociaciones a nivel local entre los gobiernos locales elegidos democráticamente y los miembros de la oposición armada que renuncien a la violencia, no estén vinculados a organizaciones terroristas internacionales, respeten la Constitución y deseen unirse a la construcción de un Afganistán pacífico, en los términos de los puntos 13 y 14 del Comunicado de Kabul de 20 de julio de 2010;

59.  Celebra el programa de paz y reintegración del Gobierno afgano, que está abierto a todos los miembros afganos de la oposición armada y sus comunidades sobre la base de los puntos 13 y 14 del Comunicado de Kabul;

60.  Señala que toda estrategia de desarme y reintegración debe tener muy en cuenta el problema del retorno de excombatientes y refugiados a sus localidades de origen;

61.  Insiste en la importancia de aumentar la credibilidad, la responsabilidad y la competencia del Gobierno y la administración afganos, con el fin de mejorar su reputación ante sus propios ciudadanos;

62.  Pone de relieve el papel clave de Pakistán, habida cuenta de que nada empuja a los talibanes a entablar verdaderas negociaciones mientras siga abierta la frontera con Pakistán; recomienda una coordinación y compromiso internacionales más amplios en el proceso, incluyendo en este proceso también los de otros países vecinos y de los principales actores a nivel regional, en particular a Irán, Turquía, China, India y la Federación de Rusia;

63.  Pide a la Comisión que evalúe las repercusiones estratégicas y políticas para Afganistán y la región en general de las recientes y catastróficas inundaciones en Pakistán, y que tome todas las medidas necesarias para asistir a la población afectada y a los refugiados afganos cuyos campamentos se han visto afectados por las inundaciones;

64.  Subraya la importancia de una buena gestión del agua en Afganistán y en su entorno, así como los beneficios de la cooperación regional y transfronteriza en este ámbito, entre otros para la creación de un clima de confianza entre los países vecinos del suroeste asiático;

65.  Constata la implicación de los servicios de inteligencia paquistaníes (ISI) con la insurgencia, con el objetivo de asegurarse de que Pakistán también obtendrá resultados satisfactorios de la paz;

66.  Destaca, sin embargo, que, para que la paz pueda implantarse en Afganistán, serán necesarios acuerdos políticos entre las principales potencias de la región, incluidos la India, Pakistán, Irán y los Estados de Asia central, así como Rusia, China y Turquía, y una posición común de no interferencia y apoyo a un Afganistán independiente; pide asimismo que se normalicen las relaciones entre Afganistán y Pakistán, en particular a través de una solución final del contencioso sobre la frontera internacional entre ambos países;

67.  Insta a la UE a que continúe apoyando el proceso de paz y reconciliación en Afganistán, así como los esfuerzos por parte afgana para reintegrar a quienes renuncien a la violencia, otorgando al Gobierno de Karzai suficiente flexibilidad en la elección de sus interlocutores, pero insistiendo en que la Constitución afgana y el respeto de los derechos humanos fundamentales deben constituir el marco jurídico y político global del proceso de paz;

68.  Acoge favorablemente los programas prioritarios nacionales preparados por el Gobierno afgano, de acuerdo con la estrategia nacional de desarrollo de Afganistán, que cuentan con el apoyo de la Conferencia de Kabul, y pide su completa y eficaz ejecución;

69.  No puede sino insistir en la necesidad de un papel mucho más activo de la Unión Europea en la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán, habida cuenta de que no podrá alcanzarse una paz duradera en el país o en la región en su conjunto sin una reducción significativa de la pobreza y sin un desarrollo sostenible; reconoce que, al igual que no puede haber desarrollo sin seguridad, no puede haber seguridad sin desarrollo;

70.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que, junto a los EE.UU., canalicen mayores prestaciones de la ayuda internacional a través de las administraciones locales y el Gobierno de Kabul y que se aseguren de que el uso de aviones sin tripulación, fuerzas especiales y milicias locales contra los líderes talibán se lleve a cabo de acuerdo con las órdenes del general Petraeus de tolerancia cero con respecto a la pérdida de vidas civiles inocentes;

71.  Rinde tributo a todos los hombres y mujeres al servicio de las fuerzas aliadas que han perdido su vida en la defensa de la libertad y expresa sus condolencias a sus familias, así como a las familias de todas las víctimas inocentes afganas;

72.  Señala que la presencia militar de algunos Estados miembros de la Unión Europea y de sus aliados en Afganistán forma parte de la operación de la OTAN/ISAF y de sus objetivos de luchar contra la amenaza que supone el terrorismo internacional y contra el cultivo y tráfico de drogas;

73.  Hace hincapié en que esta presencia puede contribuir a crear las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo los proyectos recientes del Gobierno afgano de explotar las minas y reservas minerales del país, potencialmente prometedoras, con lo que podrían obtenerse los recursos propios que tanto necesita el presupuesto nacional;

74.  Subraya que los importantes recursos mineros y minerales que existen potencialmente en territorio afgano pertenecen exclusivamente al pueblo afgano y que su «protección» no puede de ninguna manera servir de excusa para una presencia permanente de tropas extranjeras en suelo afgano;

Policía y Estado de Derecho

75.  Señala que no puede haber estabilidad ni paz en Afganistán sin que, en primer lugar, el Estado garantice la seguridad de sus ciudadanos con plena autonomía;

76.  Celebra que el Presidente Karzai se haya fijado el objetivo de que, para el final de 2014, las fuerzas de seguridad afganas puedan dirigir y realizar por sí mismas operaciones en todas las provincias, así como el compromiso del Gobierno afgano de alcanzar gradualmente el pleno control de su propia seguridad;

77.  Hace hincapié en que Afganistán debe contar con una fuerza policial eficaz y un ejército autónomo capaces de garantizar la seguridad que pueda permitir la posterior retirada de la presencia militar extranjera en el país;

78.  Considera digna de interés la idea del general Petraeus de dotar a las autoridades locales elegidas democráticamente de una policía local con el fin de mantener la ley y el orden y proteger a la población local;

79.  Reconoce, no obstante, que el objetivo de contar con fuerzas de seguridad autónomas debe fijarse a largo plazo; señala, en particular, que es necesario un enfoque más coordinado e integrado en relación con la formación de la policía, así como, de forma separada, con la formación de los oficiales del ejército, y señala a la atención los fondos invertidos en formación de la policía, con poco éxito; pide una estrecha coordinación de todas las partes implicadas con el fin de evitar los solapamientos innecesarios y realizar tareas complementarias a nivel estratégico y operativo;

80.  Hace hincapié en la necesidad de una reforma completa del Ministerio del Interior, sin la cual los esfuerzos por reformar y crear una nueva fuerza policial podrían fracasar; señala, en este contexto, la importancia de la supervisión, el apoyo, la asesoría y la formación tanto a nivel del Ministerio del Interior como de las regiones y provincias, de acuerdo con un nuevo objetivo de EUPOL;

81.  Considera que la vaguedad evidente del mandato de la EUPOL y la incertidumbre sobre los resultados alcanzados hasta ahora le impiden ganar la legitimidad que merece; lamenta que, tres años después de su despliegue, la EUPOL siga sin alcanzar las tres cuartas partes de sus efectivos autorizados y reitera su petición al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea que cumplan en su totalidad los compromisos que han adquirido con respecto a esta misión;

82.  Celebra que la EUPOL en Afganistán haya creado una fiscalía anticorrupción con el fin de investigar las acusaciones de corrupción contra altos cargos de la administración y otros funcionarios;

83.  Expresa su preocupación por las cifras de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN (ISAF), que indican que de los 94 000 miembros de la Policía Nacional afgana, casi el 90 % son analfabetos, un 20 % son consumidores de drogas y más del 30 % desparecen después de un año, por no mencionar a los 1 000 oficiales muertos en servicio cada año;

84.  Considera que los principales factores responsables de la ineficacia general de la formación son la falta de coordinación entre los diversos aspectos de la formación policial y la práctica de transferir cada vez más tareas a empresas privadas militares y de seguridad;

85.  Observa que, el compromiso de la UE y sus Estados miembros con la creación de una fuerza de policía afgana profesional puede verse comprometido por prácticas como el enfoque ultrarrápido aplicado por algunas grandes empresas de seguridad de los EE.UU. (escasos controles de seguridad con respecto a los reclutas, seis semanas de entrenamiento sin material impreso a causa del analfabetismo de los participantes, mínimo entrenamiento sobre el terreno, tras lo cual se les da a los reclutas una placa, un uniforme y un arma y se les envía a patrullar); insiste en la necesidad de una formación policial más coherente y sostenible, que permita trabajar conjuntamente a las diversas fuerzas de policía afganas; subraya que las misiones de formación de la policía no se deben concentrar únicamente en los aspectos técnicos, sino que deben garantizar la alfabetización de los reclutas así como que adquieran conocimientos básicos de Derecho nacional e internacional;

86.  Expresa su indignación por los escasos controles financieros a que se somete a estas empresas privadas, y cita un informe conjunto de 2006 de los Departamentos de Defensa y de Estado de los EE.UU. que estableció hechos que siguen siendo válidos hoy en día y revela que la policía en Afganistán era incapaz de hacer que se aplicara habitualmente la ley así como que no existía ningún programa de formación eficaz sobre el terreno; celebra los esfuerzos del alto mando en el contexto de la política contra la insurgencia para imponer un determinado grado de control a las milicias privadas extranjeras que operan impunemente en el territorio afgano;

87.  Recomienda que la formación de la policía deje de estar en manos de contratistas privados lo antes posible;

88.  Pide que mejoren la cooperación y la coordinación internacionales para reforzar de forma significativa las capacidades para la formación de la policía y para aumentar la eficacia de los programas de formación; propone que se ponga en marcha un programa de formación de la policía a gran escala, conjuntamente por la EUPOL y la OTAN/ISAF, al que se incorporen las unidades de la Policía Nacional, tal y como se acordó con el Gobierno afgano, lo que permitiría eliminar los solapamientos, el despilfarro y la fragmentación;

89.  Insta a la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad y a los Estados miembros de la UE a que intensifiquen la formación de la policía en Afganistán y a que aumenten de forma significativa el número de personas a cargo de la formación sobre el terreno, de forma que el objetivo fijado en la Conferencia de Londres de lograr la cifra de 134 000 oficiales afganos de policía formados para el final de 2011 pase a ser una hipótesis realista; insta a la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad a que modifique la misión de la EUPOL en Afganistán, ampliando su mandato a la formación del personal de baja graduación en todas las provincias, aumentando el número de semanas que se dedican a la formación básica y garantizando que se realizan conjuntamente sobre el terreno patrullas y otras actividades policiales; insta a los Estados miembros de la UE, no sólo a que fusionen sus misiones bilaterales de formación de la policía con EUPOL, sino también a que se abstengan de imponer restricciones sobre la policía nacional desplegada en EUPOL;

90.  Recomienda un aumento de sueldo para la policía afgana y una revisión del proceso de contratación con el fin de dar preferencia a los reclutas que sepan leer y escribir, no consuman drogas y posean mejores cualidades psicológicas y físicas que el grupo actual;

91.  Subraya que no pueden obtenerse resultados de la formación de la policía sin que exista un poder judicial que funcione correctamente y pide, por tanto, que la comunidad internacional aporte más apoyo financiero y técnico para reforzar el sistema judicial, en especial, aumentando los sueldos de los jueces a todos los niveles; pide igualmente al Consejo que establezca, en coordinación con las Naciones Unidas, una misión especializada para la formación de jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia y del sistema penal en Afganistán;

92.  Celebra el compromiso del Gobierno afgano en la Conferencia de Kabul de mejorar, con la ayuda de los socios internacionales, el acceso a la justicia en todo el país, mediante la aplicación de medidas concretas en los próximos doce meses, la mejora de la capacidad de las instituciones judiciales, en especial mediante la elaboración y ejecución de una estrategia global de recursos humanos;

Estupefacientes

93.  Señala que Afganistán es la fuente del 90 % del opio ilícito mundial y que, sin embargo, cuando las fuerzas de la coalición entraron en Kabul en 2001, no se cultivaba la adormidera en Afganistán debido al éxito de las Naciones Unidas, que habían obtenido la prohibición de su cultivo;

94.  Afirma que una gran fuerza militar con recursos suficientes no tendría que haber tenido problemas para mantener esta situación sin opio a través de proyectos locales para el desarrollo agrícola bajo la protección de sus tropas contra los talibanes y los señores de la guerra locales;

95.  Constata, sin embargo, que la producción de opio sigue siendo un problema clave en términos sociales, económicos y de seguridad, y pide a la UE que lo considere como una prioridad estratégica en su política hacia Afganistán;

96.  Recuerda que más del 90 % de la heroína que se encuentra en Europa procede de Afganistán y que el coste para la sanidad pública en los países europeos asciende a miles de millones de dólares; hace hincapié en que los desafíos que plantea la economía de las drogas en Afganistán deben abordarse no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en todos los eslabones de la cadena de las drogas, para lo que es necesario lo siguiente: prestar asistencia a los agricultores para reducir la oferta; ofrecer prevención y tratamiento para reducir la demanda y aplicar la ley contra los intermediarios; en particular, sugiere, por lo tanto, que se lleven a cabo importantes inversiones en el desarrollo de una política agrícola y rural global que pueda ofrecer una alternativa creíble y sostenible a los productores de opio; insiste asimismo en la necesidad de integrar el medio ambiente en estrategia agrícola y rural pues el deterioro del medio ambiente causado, por ejemplo, por la deficiente gestión de los recursos hídricos o la destrucción de los bosques naturales, es una de las principales barreras al desarrollo de la economía agrícola;

97.  Señala que, debido a la impunidad concedida a los productores y traficantes, el cultivo ha alcanzado en dos años los niveles observados antes de 2001, mientras que un pequeño número de señores de la guerra gestionan un inmenso cártel;

98.  Expresa su profunda preocupación por el espectacular aumento del número de afganos adictos a las drogas que refleja el reciente informe de la UNODC; pide que se tomen de inmediato medidas destinadas a reducir el número de personas drogodependientes y a prestarles atención médica; en este sentido, subraya la necesidad de financiar programas para la creación de centros de deshabituación en el país, en particular en las zonas que no tienen acceso a tratamientos médicos;

99.  Señala que, pese a una caída de precios registrada anteriormente debido al exceso de producción, el tráfico de drogas alcanzó en 2009 un importe de 3 400 millones dólares, que el valor bruto potencial de las exportaciones de opio representaba el 26 % del PIB de Afganistán, y que 3,4 millones de afganos (el 12 % de la población) declararon su implicación en la industria ilegal de estupefacientes;

100.  Señala, sin embargo, a la atención las revelaciones de un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que indica que los talibanes captan únicamente el 4 % de los beneficios del comercio anual de estupefacientes, mientras que un 21 % va a los agricultores locales y el 75 % a funcionarios del Gobierno, policía, intermediarios locales y regionales y traficantes; constata, como resumen, que los aliados de la OTAN se hacen con la mayor parte de los beneficios del tráfico de drogas;

101.  Constata que los Estados Unidos y la comunidad internacional gastaron entre 2001 y 2009 1 610 millones de dólares para financiar medidas de lucha contra la droga, sin que se hayan conseguido resultados importantes en cuanto a la producción y el tráfico, y recuerda que Richard Holbrooke, Representante Especial de los Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, ha descrito los esfuerzos de lucha contra la droga llevados a cabo hasta ahora en Afganistán como el programa más ruinoso e ineficaz que ha tenido la oportunidad de conocer tanto dentro como fuera de un gobierno;

102.  Señala, que, sin poner fin de una vez por todas a la dependencia de las drogas de la economía de Afganistán, encontrando un modelo alternativo y viable de desarrollo económico, no podrán conseguirse los objetivos de restablecer la seguridad y la estabilidad en la región;

103.  Subraya la importancia de los esfuerzos para erradicar gradualmente el cultivo de la adormidera en Afganistán, que hasta ahora han obtenido escasos resultados, y pide, a este respecto, que se creen otras alternativas viables para obtener medios de vida a los 3,4 millones de afganos que viven del cultivo del opio y que se mejore la situación del resto de la población rural afgana;

104.  Señala los intentos infructuosos de eliminación del cultivo de la adormidera en Pakistán, Laos y Tailandia a través de su sustitución por otros cultivos; toma nota asimismo de la aparición de cultivos prometedores en Afganistán, como el azafrán, que puede generar ingresos mucho más elevados que la adormidera;

105.  Constata que podría preverse para Afganistán un proceso similar de eliminación gradual del cultivo de la adormidera por un coste de 100 millones de euros al año dedicando el 10 % de la ayuda anual que la UE concede a este país en un período de cinco años;

106.  Señala que el acuerdo comercial y de tránsito recientemente firmado entre Afganistán y Pakistán ofrecerá una salida a los productores de granadas, el cultivo legal más famoso de la zona, presentado por los trabajadores extranjeros de ayuda al desarrollo como la clave para ofrecer medios de vida dignos y alternativos a los productores de adormidera en el sur de Afganistán;

107.  Acoge con satisfacción la intensa actividad de la UNODC en su apoyo activo a la lucha contra las drogas ilícitas del Gobierno de Afganistán, y pide que se refuerce a la UNODC y su programa en Afganistán;

108.  Pide un plan nacional en cinco años para la erradicación de cultivos ilícitos de adormidera con plazos y criterios específicos puesto en marcha mediante una oficina especializada con presupuesto y personal propios;

109.  Subraya que este plan debería apoyarse mediante una cooperación entre la UE y la Federación de Rusia, ya que esta última es la principal víctima de la heroína afgana y el segundo mercado mundial de opiáceos tras la Unión Europea;

110.  Pide al Gobierno y al Parlamento de Afganistán que aprueben una legislación específica para prohibir todas las medidas de erradicación que impliquen el uso de medios no manuales y no mecánicos;

111.  Pide al Consejo y a la Comisión que incorporen totalmente esta propuesta de estrategia a sus estrategias actuales, e insta a los Estados miembros de la UE a que tengan plenamente en cuenta la propuesta en sus propios planes nacionales;

112.  Insta al Consejo y a la Comisión a que tengan plenamente en cuenta todas las repercusiones presupuestarias de las propuestas incluidas en el presente informe;

o
o   o

113.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la OTAN, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República Islámica de Afganistán.

(1) DO C 294 E de 3.12.2009, p. 11.
(2) DO C 46 E de 24.2.2010, p. 87.
(3) DO C 184 E de 8.7.2010, p. 57.


Establecimiento de un mecanismo de crisis permanente para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro
PDF 129kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre el establecimiento de un mecanismo permanente de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro
P7_TA(2010)0491B7-0733/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 121, 122, 126, 136 y 148 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tratado FUE»),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2010, con recomendaciones a la Comisión en materia de gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario(1) (en lo sucesivo, «Informe Ferreira»),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2010, sobre el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el mecanismo europeo de estabilización financiera y futuras acciones(2),

–  Vista la pregunta a la Comisión, de 24 de junio de 2010, sobre el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el mecanismo europeo de estabilización financiera y futuras acciones(3),

–  Visto su Posición, de 6 de julio de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 479/2009 en lo tocante a la calidad de los datos estadísticos en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo(4),

–  Vista su Posición, de 22 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Bancaria Europea(5) (en lo sucesivo, «Informe García-Margallo»),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la mejora del marco para la gobernanza económica y la estabilidad de la Unión, en especial en la zona del euro(6) (en lo sucesivo, «Informe Feio»),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe intermedio)(7) (en lo sucesivo, «Informe Berès»),

–  Vista la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro, de 25 de marzo de 2010,

–  Vistas las Conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Ecofin de los días 9 y 10 de mayo de 2010,

–  Visto el Reglamento (UE) nº 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de mayo de 2010, titulada «Reforzar la coordinación de las políticas económicas» (COM(2010)0250),

–  Visto el documento del Banco Central Europeo (en lo sucesivo, «BCE»), de 10 de junio de 2010, sobre el refuerzo de la gobernanza económica en la zona del euro,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Reforzar la coordinación de las políticas económicas para fomentar la estabilidad, el crecimiento y el empleo – Instrumentos para una mejor gobernanza económica de la UE» (COM(2010)0367),

–  Vistas las seis propuestas legislativas de la Comisión sobre la gobernanza económica de la UE de 29 de septiembre de 2010 (en lo sucesivo, «paquete legislativo sobre gobernanza económica») (COM(2010)0522, COM(2010)0523, COM(2010)0524, COM(2010)0525, COM(2010)0526 y COM(2010)0527),

–  Vista la Decisión 2010/624/UE del Banco Central Europeo, de 14 de octubre de 2010, relativa a la gestión de las operaciones de empréstito y préstamo concluidas por la Unión con arreglo al mecanismo europeo de estabilización financiera(9),

–  Visto el Informe del Grupo Especial sobre Gobernanza Económica destinado al Consejo Europeo, de 21 de octubre de 2010, sobre el refuerzo de la gobernanza económica en la UE,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de octubre de 2010,

–  Vista la Declaración del Eurogrupo, de 28 de noviembre de 2010,

–  Vista la pregunta B7-0199/2010 a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo permanente de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro,

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que se necesita una solución global e integrada para la crisis de la deuda en la zona del euro, dado que el enfoque fragmentario empleado no ha dado resultados hasta la fecha,

B.  Considerando que, en la reunión extraordinaria del Consejo Ecofin de los días 9 y 10 de mayo de 2010, el Consejo y los Estados miembros acordaron establecer un mecanismo temporal para mantener la estabilidad financiera por un valor total de 750 000 millones de euros, que incluye un fondo de estabilización de reacción rápida (el Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera, en lo sucesivo, «MEEF»), con un volumen total de 60 000 millones de euros, y un Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (en lo sucesivo, «FEEF»), con un volumen total de 440 000 millones de euros, y que se complementará con fondos del FMI por un valor total de 250 000 millones de euros,

C.  Considerando que el MEEF se fundamenta en el artículo 122, apartado 2, del Tratado FUE y en un acuerdo intergubernamental entre los Estados miembros; que su utilización está sometida a estrictas normas de condicionalidad, en el contexto de una ayuda conjunta UE/FMI, y a condiciones similares a las aplicadas por el FMI, adaptadas a las características sociales y económicas específicas de los países en los que se aplica, así como a sus programas de desarrollo,

D.  Considerando que el FEEF ha sido establecido como una entidad de propósito especial (SPV) garantizada de forma proporcional y coordinada por los Estados miembros participantes, con arreglo a su cuota en el capital desembolsado del BCE y de conformidad con lo que exigen sus constituciones nacionales, y expirará al cabo de tres años,

E.  Considerando que, en su Comunicación de 12 de mayo de 2010, la Comisión afirmó que la crisis ha demostrado que un marco sólido para la gestión de las crisis es un complemento necesario de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento reforzado, así como del nuevo mecanismo de supervisión macroeconómica destinado a evitar evoluciones adversas de la situación presupuestaria y la competitividad,

F.  Considerando que, en su documento de 10 de junio de 2010, el BCE incluyó propuestas sobre un marco para la gestión de las crisis de la deuda que aportaría ayuda financiera a los Estados miembros de la zona del euro que experimenten dificultades para acceder al crédito privado,

G.  Considerando que, en el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de octubre de 2010, los Jefes de Estado y de Gobierno convinieron en la necesidad de que los Estados miembros crearan un mecanismo para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto (el Mecanismo Europeo de Estabilidad, en lo sucesivo, «MEE»),

H.  Considerando que el MEE debe complementar el nuevo marco de gobernanza económica reforzada, orientado a lograr una supervisión y coordinación económica efectiva y rigurosa, que se centrará en la prevención y reducirá considerablemente la probabilidad de que se produzcan nuevas crisis en el futuro,

I.  Convencido de que se necesita un mecanismo permanente de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera del euro, y considerando que en el Informe Feio solicitó la creación de un Fondo Monetario Europeo (en lo sucesivo, «FME»),

J.  Considerando que también ha reconocido la necesidad de contar con un mecanismo de resolución de crisis para el sector bancario en los informes Ferreira y García-Margallo, como complemento necesario de las facultades de supervisión otorgadas a las nuevas autoridades (AES) para garantizar la supervisión del sistema financiero de la Unión,

K.  Considerando que, en la reunión del Eurogrupo del 6 de diciembre de 2010, su Presidente propuso la creación de bonos paneuropeos con objeto de ayudar a los países que se enfrentan a dificultades financieras, pero que esta propuesta no se debatió ya que algunos países se opusieron a la idea,

L.  Considerando que, desde que el 29 de septiembre de 2010 la Comisión presentara sus propuestas legislativas sobre la gobernanza económica al Parlamento y al Consejo, los mercados han atravesado varias crisis, entre ellas la crisis de la deuda irlandesa, que el Parlamento y el Consejo deben tomar en consideración,

M.  Considerando que es esencial racionalizar los procesos actuales de coordinación de las políticas económicas y suprimir los solapamientos, con objeto de garantizar que la estrategia de la UE es comprensible para los operadores del mercado y los ciudadanos, así como de avanzar hacia enfoques más integrados y provocar cambios en el proceso de toma de decisiones,

N.  Considerando que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (en lo sucesivo, «JERS») debe asumir la supervisión macroprudencial del sistema financiero a fin de contribuir a la prevención del riesgo sistémico para la estabilidad financiera de la UE, de modo que se eviten periodos de perturbaciones financieras generalizadas, se contribuya al buen funcionamiento del mercado interior y se garantice una contribución sostenible del sector financiero al crecimiento económico,

1.  Pide al Consejo Europeo que especifique cuanto antes cuáles son las modificaciones que han de introducirse en el Tratado para establecer un MEE permanente;

2.  Destaca que, desde un punto de vista racional, práctico y democrático, el examen del paquete legislativo sobre gobernanza económica no puede disociarse de la decisión del Consejo Europeo de crear un mecanismo permanente;

3.  Desea, en tanto que colegislador, destacar la necesidad de establecer un mecanismo permanente de crisis que sea creíble, sólido y duradero y esté asentado en las realidades técnicas esenciales, y que debe adoptarse mediante el procedimiento legislativo ordinario e inspirarse en el método comunitario, con objeto de reforzar la participación del Parlamento Europeo y mejorar así la responsabilidad democrática, por un lado, y poder apoyarse en los conocimientos técnicos, la independencia y la imparcialidad de la Comisión, por otro lado; insta al Consejo Europeo, por consiguiente, a que prevea un fundamento jurídico adecuado para este fin en el marco de la revisión del TFUE;

4.  Observa que, en cualquier caso, el MEE/FME debe basarse en la solidaridad, estar sometido a estrictas normas de condicionalidad y financiarse, entre otras fuentes, mediante instrumentos innovadores de financiación y/o mediante las multas aplicadas a los Estados miembros a raíz de procedimientos de déficit excesivo, deuda excesiva o desequilibrio excesivo, si se incluye la disposición correspondiente en el paquete legislativo sobre gobernanza económica que se encuentra en curso de negociación, y en la forma debida con arreglo a dicha disposición;

5.  Pide a la Comisión que presente una comunicación que reúna las orientaciones generales para las políticas económicas (artículo 121, apartado 2, del Tratado FUE) y las orientaciones para las políticas de empleo (artículo 148, apartado 2, del Tratado FUE) para examinarlas en el debate sobre el semestre europeo, con objeto de reducir los debates inútiles e interminables; insta a la Comisión a que garantice una mayor participación del Parlamento Europeo en cada etapa de este debate, con el fin de reforzar la responsabilidad democrática y aumentar su visibilidad pública;

6.  Considera que la respuesta política a las recomendaciones específicas dirigidas a los Estados miembros en el marco del semestre europeo debe tenerse en cuenta expresamente a la hora de llevar a la práctica las propuestas legislativas sobre gobernanza económica que actualmente se debaten en el Parlamento y el Consejo;

7.  Observa que la JERS debe cooperar estrechamente con la Comisión, el Consejo y el Parlamento para detectar el riesgo sistémico y garantizar el correcto funcionamiento del MEE, especialmente por lo que se refiere a la evaluación de la solvencia del país afectado;

8.  Pide a la Comisión que, previa consulta al BCE, presente una comunicación que contenga una descripción exhaustiva del MEE, aclare la posición de inversores, ahorradores y operadores del mercado, y afirme de forma explícita que el MEE será plenamente coherente con la política del FMI y las prácticas del FMI en materia de participación del sector privado con objeto de tranquilizar a los mercados;

9.  Observa que el mecanismo permanente de crisis debe aplicarse lo antes posible con objeto de garantizar la estabilidad de los mercados y de reforzar la certeza por lo que respecta a los bonos emitidos antes del establecimiento del mecanismo permanente de crisis;

10.  Reconoce que, si bien la creación de un mecanismo viable de crisis beneficiará a todos los Estados miembros, no todos los Estados miembros serán miembros de la zona del euro o candidatos a formar parte de ella en el momento en que se establezca ese mecanismo, y observa que deben aclararse sus situaciones específicas, especialmente las de los países que avanzan hacia la zona del euro y que tienen deuda soberana en euros; recuerda que los países que no pertenecen a la zona del euro se benefician del instrumento de apoyo a la balanza de pagos contemplado en el artículo 143 del Tratado FUE;

11.  Observa, por consiguiente, que debe involucrarse en la creación de este mecanismo a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, y que debe darse la posibilidad de participar en el mecanismo a aquellos Estados miembros que lo deseen;

12.  Pide al Consejo Europeo que dé la necesaria orientación política a la Comisión para que explore la creación de un futuro sistema de obligaciones europeas («eurobonos»), especificando claramente las premisas en las que tal sistema sería beneficioso para todos los Estados miembros participantes en el mismo y para la zona euro en su totalidad;

13.  Destaca que esta condicionalidad estricta y progresiva debe servir para restablecer un crecimiento sostenible y no ha de lograrse a expensas de los más vulnerables, por lo que no debe traducirse en la reducción de las rentas mínimas ni en el agravamiento de la pobreza y las desigualdades;

14.  Insta a la Comisión a que agilice la presentación de una propuesta legislativa por la que se defina una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS);

15.  Insiste en que deben adaptarse las normas para permitir la participación individualizada de acreedores del sector privado, garantizando la plena coherencia con las políticas del FMI;

16.  Destaca la necesidad de un alto grado de transparencia en la información sobre las cuentas nacionales, incluidas todas las operaciones fuera de balance; observa que esta transparencia debe respaldarse con auditorías externas, estadísticas y datos fiables y rendición de cuentas; acoge favorablemente el refuerzo de las competencias de Eurostat, y recuerda que ya ha solicitado en otras ocasiones que Eurostat pueda llevar a cabo inspecciones imprevistas de las cuentas de los Estados miembros con objeto de reforzar la supervisión fiscal;

17.  Pide a la Comisión que presente una comunicación que contenga una descripción exhaustiva de las cláusulas y condiciones adscritas al MEEF, así como a otros instrumentos y paquetes de asistencia financiera de la UE creados en respuesta a la crisis;

18.  Pide a la Comisión que le informe sobre el efecto previsto en la calificación crediticia de la UE de a) la creación de un mecanismo de estabilización financiera y b) la utilización íntegra de una línea de crédito;

19.  Pide a la Comisión que clasifique por orden de prioridad los gastos en el presupuesto de la UE para cada año en el que esté vigente el MEEF con el fin de determinar el orden en el que el presupuesto deberá recortarse en el caso de que se tuvieran que devolver hasta 60 000 millones de euros;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, al Consejo, al Presidente del Eurogrupo, a la Comisión, al BCE y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0276.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0277.
(3) Pregunta oral 0095/2010.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0253.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0337.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0377.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0376.
(8) DO L 118 de 12.5.2010, p. 1.
(9) DO L 275 de 20.10.2010, p. 10.


Situación en Costa de Marfil
PDF 124kWORD 40k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre la situación en Costa de Marfil
P7_TA(2010)0492RC-B7-0707/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Costa de Marfil,

–  Vistas las disposiciones del Código electoral de Costa de Marfil, en particular la Ley 2001-303 y el Decreto 2008-133, especialmente su artículo 64,

–  Visto el informe provisional de la misión de observación electoral de la Unión Europea,

–  Vistos el Comunicado del Presidente de la Unión Africana, la Declaración del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, y el Comunicado final, de 7 de diciembre de 2010, de la Sesión Extraordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comisión de la CEDEAO sobre Costa de Marfil, celebrada en Abuja (Nigeria),

–  Vista la Declaración de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE aprobada en Kinshasa el 3 de diciembre de 2010,

–  Vistas las declaraciones de la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, Catherine Ashton, y en particular las de 3 de diciembre de 2010 sobre los resultados de las elecciones en Costa de Marfil y 1 de diciembre de 2010 sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa de Marfil,

–  Vista la Declaración de 3 de diciembre de 2010 de Young Jin Choi, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Costa de Marfil, sobre la certificación de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el pasado 28 de noviembre de 2010,

–  Vista la Declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 8 de diciembre de 2010,

–  Vistas las Conclusiones sobre Costa de Marfil adoptadas por el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en su 3058ª reunión el 13 de diciembre de 2010,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando las elecciones presidenciales celebradas en Costa de Marfil y la grave crisis política e institucional en la que se ha sumido el país tras la segunda vuelta de las elecciones, celebrada el 28 de noviembre de 2010; considerando que la campaña electoral para la segunda vuelta de las elecciones se caracterizó por el clima de tensión y por actos violentos en los que hubo heridos y varios muertos,

B.  Considerando que, según informes de observadores independientes, en particular de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, las elecciones, cuya organización costó 400 millones de dólares, se desarrollaron en general de forma satisfactoria,

C.  Considerando que la Comisión Electoral Independiente de Costa de Marfil (CEI) anunció la victoria de Alassane Ouattara, mientras que el Consejo Constitucional del país invalidó el resultado por un supuesto fraude en algunas zonas, y declaró vencedor a Laurent Gbagbo,

D.  Considerando que el Consejo Constitucional tiene, para con el pueblo de Costa de Marfil, el deber de aplicar la ley con imparcialidad, y que la Constitución, la Ley 2001-303 y el artículo 64 del Decreto de 2008 le confieren solamente el poder de anular las elecciones presidenciales sin facultarle para proclamar resultados diferentes de los anunciados por la CEI,

E.  Considerando que dos resoluciones de las Naciones Unidas aprobadas tras el Acuerdo de paz de 2005 confían a las Naciones Unidas la responsabilidad de certificar los resultados, lo que se ha hecho por primera vez en África,

F.  Considerando que el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas certificó la calidad del proceso electoral de Costa de Marfil y que los resultados publicados por la CEI son representativos de la voluntad de los ciudadanos de Costa de Marfil, y proclamó a Alassane Ouattara vencedor de las elecciones,

G.  Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha celebrado el anuncio de los resultados provisionales por parte de la CEI y ha reiterado su disposición a adoptar las medidas oportunas contra todo aquel que obstaculice el proceso de paz, en particular el trabajo de la CEI, tal como establece el apartado 6 de la Resolución 1946 (2010),

H.  Considerando que la única fuente de legitimidad democrática es el sufragio universal, cuyos resultados han sido certificados por las Naciones Unidas,

I.  Recordando que, durante la cumbre extraordinaria del 7 de diciembre de 2010, la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) solicitó a Laurent Gbagbo «que entregara el poder de inmediato» y suspendió a Costa de Marfil «de toda actividad hasta nuevo aviso»,

J.  Considerando que el Presidente de la Unión Africana, Bingu Wa Mutharika, proclamó en su declaración oficial de 8 de diciembre de 2010 que «Laurent Gbagbo debe respetar la voluntad del pueblo expresada en las urnas y entregar de forma pacífica el poder para evitar otro baño de sangre en África, y que la Unión Africana apoya a la CEDEAO y a los observadores internacionales que han certificado la victoria de Alassane Ouattara»,

K.  Considerando la preocupación de los agentes económicos de que la situación actual pueda empobrecer al país y por ende a su población y al conjunto del África Occidental, pues Costa de Marfil representa el 40 % del PIB de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO),

L.  Considerando que el Presidente saliente tiene la responsabilidad de permitir una transición pacífica que garantice la paz civil indispensable para el futuro de Costa de Marfil, retirándose y evitando de este modo nuevos sufrimientos para su pueblo y la región,

1.  Considera que la única fuente de legitimidad democrática es el sufragio universal, cuyos resultados han sido certificados por las Naciones Unidas, y pide, por consiguiente, a Laurent Gbagbo que renuncie y entregue el poder a Alassane Ouattara;

2.  Insta a todas las fuerzas políticas y armadas de Costa de Marfil a que respeten la voluntad del pueblo reflejada en los resultados de las elecciones del 28 de noviembre de 2010 anunciados por la CEI y certificados por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas;

3.  Lamenta los violentos enfrentamientos que precedieron a la proclamación de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Costa de Marfil y expresa su más profunda solidaridad con las víctimas y sus familiares; lamenta asimismo la obstrucción política y los intentos de intimidación a miembros de la CEI, que en última instancia retrasaron el anuncio de los resultados provisionales, obstaculizando así el curso normal del proceso electoral democrático;

4.  Deplora profundamente la decisión del Consejo Constitucional de Costa de Marfil, cuyos miembros fueron todos designados por el Presidente saliente, de alterar los resultados anunciados por la Comisión Electoral, violando con ello la ley que tiene la responsabilidad de aplicar, y considera que esta decisión es contraria a la voluntad expresada por el pueblo de Costa de Marfil en las urnas;

5.  Subraya la importancia de la decisión de la Unión Africana de suspender a Costa de Marfil «de toda participación en las actividades de la organización hasta que el Presidente democráticamente elegido Alassane Ouattara asuma de forma efectiva sus funciones»;

6.  Toma nota de las declaraciones de diversos agentes de la comunidad internacional que manifiestan su apoyo al proceso electoral en Costa de Marfil y reconocen a Alassane Ouattara como vencedor legítimo de las elecciones;

7.  Apoya firmemente los esfuerzos de la Unión Africana y la CEDEAO para prevenir la violencia y asegurar el reconocimiento del Gobierno legítimo;

8.  Expresa su plena confianza en el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas responsable de la certificación de los resultados;

9.  Se manifiesta muy preocupado por el bloqueo político postelectoral en el que se encuentra actualmente el país, así como por los actos de violencia notificados que, en algunos casos, implican a las fuerzas de seguridad de Costa de Marfil; destaca la necesidad de observar atentamente la confusa situación política que reina en el país y los actos de violencia notificados;

10.  Deplora los actos violentos registrados y considera prioritaria la protección de la población civil; pide a todas las partes implicadas de Costa de Marfil que eviten el riesgo de escalada de la tensión e impidan las confrontaciones; pide, por consiguiente, que se actúe para restablecer el funcionamiento democrático de las instituciones en interés exclusivamente del pueblo de Costa de Marfil y de la preservación de la paz;

11.  Acoge con satisfacción todos los esfuerzos de mediación y pide a todas las fuerzas políticas de Costa de Marfil que apoyen activamente una transición pacífica evitando de este modo la división del país;

12.  Condena enérgicamente los actos de intimidación dirigidos contra los observadores de la Unión Europea en Costa de Marfil que obligaron a la misión a retirarse por motivos de seguridad;

13.  Deplora la suspensión de la actividad de los medios de comunicación no gubernamentales en Costa de Marfil; recuerda que es esencial que todo el pueblo de Costa de Marfil goce de pleno acceso a una información plural y diversa a través de los medios de comunicación, y pide a las autoridades de Costa de Marfil que restablezcan de inmediato un acceso equitativo a los medios de comunicación del Estado;

14.  Apoya la decisión de la Unión Europea de imponer sanciones contra Laurent Gbagbo y celebra la decisión del Consejo de la Unión Europea de adoptar medidas específicas contra quienes obstruyen el proceso de paz y reconciliación nacional, en particular contra quienes ponen en peligro los resultados de las elecciones; pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, que presente lo antes posible nuevas iniciativas para apoyar a las autoridades democráticamente elegidas de Costa de Marfil;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión, Catherine Ashton, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Misión de las Naciones Unidas en Costa de Marfil (ONUCI), a las instituciones de la Unión Africana, a la CEDEAO, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y a los Estados miembros de la Unión Europea.


Bienestar de las gallinas ponedoras
PDF 122kWORD 43k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre el sector industrial de las gallinas ponedoras en la UE: prohibición de utilizar jaulas en batería a partir de 2012
P7_TA(2010)0493RC-B7-0705/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 1999/74/CE del Consejo por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras(1), que entró en vigor el 3 de agosto de 1999 e introdujo la prohibición de utilizar jaulas en batería para la cría de las gallinas ponedoras, al tiempo que otorgaba un período transitorio de más de doce años a los productores para cambiar sus sistemas de cría,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 589/2008 de la Comisión por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las normas de comercialización de los huevos(2),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión COM(2007)0865, de 8 de enero de 2008, sobre los diferentes sistemas de cría de las gallinas ponedoras y más particularmente los cubiertos por la Directiva 1999/74/CE (SEC(2007)1750),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 798/2008 de la Comisión, modificado por los Reglamentos (CE) nº 1291/2008, (CE) nº 411/2009, (UE) nº 215/2010, (UE) nº 241/2010, (UE) nº 254/2010, (UE) nº 332/2010, (UE) nº 925/2010 y (UE) nº 955/2010, por el que se establece una lista de terceros países, territorios, zonas o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Comunidad o el tránsito por la misma de aves de corral y productos derivados, junto con los requisitos de certificación veterinaria (que sustituye a partir del 1 de enero de 2009 a la Decisión 2006/696/CE de la Comisión)(4),

–  Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre la crisis en el sector ganadero de la UE(5),

–  Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en las reuniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo de los días 30 de agosto y 29 de septiembre de 2010, la Comisión facilitó información sobre esta cuestión, pero fue incapaz de dar unas respuestas satisfactorias a los miembros de la comisión, entre otras razones, por no haberse formulado un plan de acción,

B.  Considerando que la Directiva 1999/74/CE sobre el bienestar de las gallinas ponedoras prohíbe, a partir del 1 de enero de 2012, la cría de gallinas ponedoras en jaulas no acondicionadas, que los Estados miembros y los productores de la UE-15 habrán dispuesto para entonces de más de doce años para garantizar el cumplimiento de los términos de la legislación, y que los productores de la UE-10 y la UE-2 habrán dispuesto para ello de ocho y cinco años desde la ampliación, respectivamente,

C.  Considerando que, en los últimos años, el sector se ha enfrentado a graves epizootias y a profundas crisis del mercado, debido en parte a unos elevados costes de producción, provocados por el incremento del precio de los piensos ‐que representan hasta el 50 % de los costes totales de los productores‐ de resultas de la especulación en el mercado de los cereales,

D.  Considerando que muchos productores de la Unión han empezado a cambiar sus sistemas de producción con el fin de cumplir lo dispuesto en la Directiva 1999/74/CE del Consejo, pero no habrán completado el proceso cuando venza el plazo el 1 de enero de 2012,

E.  Considerando que la Comisión adoptó en 2008 una Comunicación sobre los diferentes sistemas de cría de las gallinas ponedoras y más particularmente los cubiertos por la Directiva 1999/74/CE, que confirma que la decisión sobre la retirada progresiva de las jaulas en batería hasta el 1 de enero de 2012 estaba justificada y que no era necesaria modificación alguna de la Directiva; considerando asimismo que la Comisión reiteró esa posición en el Consejo de Agricultura celebrado el 22 de febrero de 2010,

F.  Considerando que los huevos que no se producen de conformidad con la Directiva 1999/74/CE no pueden comercializarse legalmente en la Unión Europea,

G.  Considerando que los Estados miembros tienen la responsabilidad de establecer unos regímenes de sanciones proporcionados, eficaces y disuasorios para garantizar la aplicación de la Directiva, mientras que la Comisión, como guardiana de los Tratados, tiene la obligación de supervisar el estado de aplicación en la UE y de tomar medidas, si procede,

H.  Considerando que los informes de la DG AGRI sobre la situación actual y las propias estimaciones del sector para los próximos años indican que se prevé que un número considerable de Estados miembros y el 30 % de la producción de huevos no sean conformes a la prohibición de las jaulas en batería antes del 1 de enero de 2012,

I.  Considerando que la Directiva 1999/74/CE no prevé un mecanismo específico que permita a un Estado miembro impedir la comercialización en su territorio de huevos u ovoproductos procedentes de otro Estado miembro que no esté adoptando las medidas necesarias para impedir la comercialización de huevos que no se ajusten a lo dispuesto en la Directiva 1999/74/CE,

J.  Considerando que el sector de las aves de corral y la producción de huevos no recibe subvenciones de la UE en el marco del primer pilar de la PAC y ha sufrido una profunda crisis de mercado en los últimos años, sin olvidar el aumento sustancial de precio experimentado recientemente por los piensos, y además tiene que cumplir las normas de la UE en materia de sanidad y bienestar animal, que se encuentran entre las más exigentes del mundo,

K.  Considerando que los costes de producción para los productores de huevos que utilicen jaulas acondicionadas superan entre un 8 % y un 13 % los de aquellos que utilizan jaulas convencionales, y que la correspondiente diferencia de ingresos oscila entre el 3 % y el 4 %,

1.  Pide a la Comisión que mantenga el requisito de una prohibición de las jaulas en batería antes del 1 de enero de 2012, como se establece en la Directiva 1999/74/CE sobre el bienestar de las gallinas ponedoras, y que se oponga firmemente a cualquier intento de los Estados miembros de obtener una prórroga de dicho plazo;

2.  Hace hincapié en que, por principio, el aplazamiento de la prohibición o las excepciones a la misma perjudicarían gravemente el bienestar de las gallinas ponedoras, distorsionarían el mercado y penalizarían a los productores que ya hayan invertido en sistemas sin jaulas o con jaulas acondicionadas; opina, no obstante, que debe buscarse una solución, con unas condiciones claramente definidas, para aquellos productores que hayan comenzado a sustituir sus sistemas de cría mediante la introducción de jaulas nuevas o métodos de cría alternativos, pero que no hayan completado este proceso para el 1 de enero de 2012;

3.  Expresa su profunda preocupación por el elevado número de Estados miembros y productores de huevos que llevan retraso en los preparativos para cumplir el plazo de 2012;

4.  Celebra el propósito de la Comisión de reunirse con las principales partes interesadas y las autoridades competentes en enero de 2011 para evaluar el estado de la aplicación de la Directiva, pero subraya que deberían haberse hecho estos esfuerzos hace ya tiempo;

5.  Pide a la Comisión que aclare urgentemente el estado de la cuestión en los Estados miembros y revele, a más tardar el 1 de marzo de 2011, las medidas que prevé tomar para garantizar el cumplimiento de la Directiva;

6.  Hace hincapié en que estas medidas deben, ante todo, mantener la igualdad de condiciones y proteger a los productores que sean conformes con la Directiva antes del 1 de enero de 2012 frente a la competencia desleal de aquellos productores de dentro y de fuera de la UE que sigan utilizando ilegalmente las jaulas en batería después de esa fecha;

7.  Pide a la Comisión que supervise con frecuencia los progresos y tome medidas urgentes dirigidas a los Estados miembros para que comprueben que sus productores de huevos cumplan la prohibición para el 1 de enero de 2012 y les inste a que desarrollen planes nacionales de actuación, con sanciones disuasorias, con el fin de garantizar que se pone fin al uso en su territorio de jaulas en batería antes del 1 de enero de 2012;

8.  Considera que los productores de huevos y los Estados miembros que se han esforzado por cumplir la Directiva 1999/74/CE no deben ser penalizados por una competencia desleal e ilegal, especialmente de huevos y ovoproductos importados de terceros países; subraya que los huevos que no se hayan producido de conformidad con la Directiva 1999/74/CE no pueden comercializarse legalmente o integrar el comercio interior en la Unión Europea, por lo que insta a la Comisión a que tome medidas para impedir las distorsiones comerciales y evitar que los productores no conformes exporten fuera de su territorio nacional;

9.  Insiste en que la Comisión no debería tomar medida alguna contra un Estado miembro que impida la comercialización e importación de huevos que no se hayan producido de conformidad con la legislación de la UE;

10.  Observa que algunos Estados miembros, pero no todos, han recurrido a la posibilidad de facilitar fondos a los productores con miras a apoyar la conversión hacia las jaulas acondicionadas; subraya, no obstante, que las presiones que sufren actualmente las finanzas de algunos Estados miembros y las dificultades que afrontan los agricultores de la UE para obtener préstamos bancarios para la financiación de inversiones en las explotaciones pueden dificultar aún más el proceso de conversión hacia las jaulas acondicionadas antes del 1 de enero de 2012;

11.  Insta a todos los Estados miembros a que incluyan medidas en sus programas de desarrollo rural para ayudar al sector avícola a cumplir con la Directiva;

12.  Subraya la necesidad de concienciar a los consumidores sobre este asunto y sobre los efectos que tiene el incumplimiento de las normas para el bienestar de las gallinas ponedoras y la competencia desleal entre productores;

13.  Señala que los huevos deberían considerarse un alimento básico y de primera necesidad, y destaca que el incumplimiento de la Directiva 1999/74/CE puede conllevar un riesgo de escasez de huevos y un aumento significativo del precio para los consumidores; subraya, además, que dicha escasez y dichos aumentos de los precios podrían provocar un incremento de las importaciones de huevos u ovoproductos procedentes de terceros países que no cumplan las normas de la UE en materia de bienestar animal;

14.  Pide a la Comisión que intensifique su seguimiento del cumplimiento de la Directiva aumentando la frecuencia de las inspecciones de la Oficina Alimentaria y Veterinaria;

15.  Pide a la Comisión que, a más tardar para el 31 de diciembre de 2011, presente una lista de productores, procesadores y minoristas de huevos y ovoproductos que no cumplan las disposiciones de la Directiva 1999/74/CE;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 203 de 3.8.1999, p. 53.
(2) DO L 163 de 24.06.2008, p. 6.
(3) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(4) DO L 226 de 23.08.2008, p. 1.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0402.


Malasia: la práctica del azote con vara
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre Malasia: la práctica del azote con vara
P7_TA(2010)0494RC-B7-0708/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vista la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibición que se aplica en todas las circunstancias y, como norma imperativa del Derecho internacional, a todos los Estados,

–  Vista la expresión práctica que se da a esta prohibición en diversos instrumentos y documentos en materia de derechos humanos internacionales y regionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Convención contra la tortura),

–  Vistas las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados,

–  Vistas la Carta de la ASEAN relativa al fomento y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2008, y la creación de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN el 23 de octubre de 2009,

–  Vista la Declaración de la ASEAN sobre la protección y promoción de los derechos de los trabajadores migrantes de 13 de enero de 2007,

–  Vistas las Directrices sobre la política de la UE hacia terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas por el Consejo en 2001 y revisadas en 2008,

–  Visto el Documento de estrategia UE-Malasia para el período 2007-2013,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Derecho internacional prohíbe el castigo corporal en todas sus formas y en toda circunstancia,

B.  Considerando que la legislación malasia prevé la pena de azote con vara para al menos 66 delitos y que, según estimaciones de Amnistía Internacional, unos 10 000 ciudadanos malasios y un número creciente de refugiados e inmigrantes son azotados cada año en las cárceles malasias,

C.  Considerando que, en los últimos años, las autoridades malasias han ampliado la lista de delitos castigados con la pena de azote, para incluir la entrada ilegal en el país o el abuso de estupefacientes,

D.  Considerando que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, del que Malasia es miembro, ha adoptado la Resolución 8/8, que afirma que el castigo corporal puede ser equivalente a la tortura, y que la práctica del azote con vara causa intensos dolores y sufrimiento y deja secuelas físicas y traumas psicológicos permanentes,

E.  Considerando que, si bien el azote ‐un vestigio del régimen colonial‐ se sigue practicando en un pequeño número de países, Malasia es el único país con un volumen de población considerable y un elevado nivel de desarrollo humano que mantiene esta forma de castigo,

F.  Considerando que, en muchos casos, a las víctimas de los azotes no se les informa de los cargos en su contra, se les niega el derecho a interpretación y el acceso a un abogado, lo que constituye una violación de su derecho a un juicio objetivo e imparcial,

G.  Considerando que los médicos involucrados en el proceso ‐cuyo cometido se limita a certificar que los presos son aptos para ser azotados y a reanimarlos en caso de perder el conocimiento‐ violan la ética médica,

H.  Considerando que el Colegio de Abogados malasio, que representa a 8 000 abogados, ha pedido la abolición de esta forma de castigo, declarando que es contraria a las normas internacionales en materia de derechos humanos y a las diversas convenciones contra la tortura,

1.  Condena con firmeza la práctica del azote con vara y todas las formas de castigo corporal así como los malos tratos a los presos; cree firmemente que Malasia no puede invocar su leyes nacionales para justificar una práctica que constituye tortura y es manifiestamente ilegal de acuerdo con el Derecho internacional;

2.  Insta a Malasia a adoptar una moratoria sobre la pena de azote con vara y todas las formas de castigo corporal en todos los casos, con vistas a su abolición tanto por ley como en la práctica;

3.  Pide a las autoridades malasias que pongan inmediatamente fin a la práctica actual consistente en ejercer presión sobre los funcionarios de prisiones y médicos para que sean cómplices de los malos tratos a los presos durante la aplicación del castigo de azote;

4.  Pide al Parlamento malasio que ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y su protocolo facultativo, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos, y que modifique la legislación malasia para que los delitos de inmigración sean tratados como infracciones administrativas y no como delitos punibles con penas de prisión o castigos corporales, y que los delitos relacionados con estupefacientes no se sigan castigando con penas de azote con vara;

5.  Pide a la Comisión nacional malasia de derechos humanos (SUHAKAM) y al Comité de Reforma Legislativa de Malasia que formulen las recomendaciones adecuadas al Gobierno relativas a la abolición del castigo corporal;

6.  Pide a las autoridades de Malasia que apliquen las normas internacionales relativas a la protección de los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, inclusive en los procedimientos penales contra ellos, con el fin de asegurar su protección eficaz contra la tortura y los malos tratos;

7.  Pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión y al Consejo que planteen sistemáticamente la cuestión de la situación de los derechos humanos en Malasia en sus contactos políticos con el país, en particular las acusaciones de diversos abusos y malos tratos a migrantes y solicitantes de asilo;

8.  Insta a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión a que eleven una protesta a todos los socios internacionales de la Unión Europea, instándoles a ratificar y aplicar los convenios internacionales que prohíben el uso de la tortura y los malos tratos; pide a la Unión Europea que considere la lucha contra la tortura y los malos tratos una prioridad máxima de su política en materia de derechos humanos, en particular a través de una aplicación reforzada de las directrices y los demás instrumentos de la Unión Europea, como la Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

9.  Considera que la creación de la Comisión Intergubernamental de la ASEAN sobre Derechos Humanos constituye un paso muy positivo en favor de un enfoque más global y una aplicación más eficaz de las normas en materia de derechos humanos en toda la región; considera que la cuestión de la pena de azote con vara en Malasia, que con frecuencia se inflige a los migrantes y a los solicitantes de asilo procedentes de otros Estados miembros de la ASEAN, podría abordarla este organismo;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Malasia, a los Gobiernos de los Estados miembros de la ASEAN, al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, y al Secretario General de las Naciones Unidas.


Uganda: la Ley Bahati y la discriminación contra el colectivo LGBT
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre Uganda: la llamada «Ley Bahati» y la discriminación del colectivo LGBT
P7_TA(2010)0495RC-B7-0709/2010

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los instrumentos y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como los que figuran en las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que garantizan los derechos humanos y las libertades fundamentales y prohíben la discriminación,

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Cotonú), así como las cláusulas sobre derechos humanos incluidas en el mismo, en particular su artículo 9,

–  Vistos los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por los que la Unión Europea y sus Estados miembros se comprometen a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y que prevén medios para combatir a escala de la Unión Europea la discriminación y las violaciones de los derechos humanos,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 21, que prohíbe toda discriminación por razón de orientación sexual,

–  Vistas las actividades de la Unión Europea de lucha contra la homofobia y la discriminación por razón de orientación sexual,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la homofobia, la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación,

–  Vista su anterior Resolución, de 17 de diciembre de 2009, sobre Uganda: proyecto de ley contra la homosexualidad(1),

–  Vista la declaración de la Alta Representante, Catherine Ashton, sobre el Día Internacional contra la Homofobia, el 17 de mayo de 2010,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 3 de diciembre de 2009, sobre integración social y cultural y participación de los jóvenes,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que, de acuerdo con el proyecto de ley contra la homosexualidad presentado por el diputado David Bahati el 25 de septiembre de 2009 ante el Parlamento ugandés, los actos homosexuales pueden castigarse con penas que van desde los siete años de prisión hasta la cadena perpetua, así como con la pena de muerte; que dicho proyecto de ley prevé una pena de hasta tres años de prisión para toda persona que no denuncie la homosexualidad de un paciente o un menor; que el proyecto todavía está en proceso de debate,

B.  Considerando que la comunidad internacional en general ha condenado enérgicamente la ley propuesta y que algunos Estados miembros han amenazado con retirar su ayuda al desarrollo para Uganda en caso de que se apruebe dicha ley,

C.  Considerando que el periódico local Rolling Stone publicó, los días 9 de octubre y 15 de noviembre de 2010, una lista con los nombres y datos personales de presuntos homosexuales, incitando a sus lectores a que los agredieran o ahorcaran; que el Tribunal Supremo de Uganda ordenó temporalmente al periódico el cese de la publicación,

D.  Considerando que en África la homosexualidad solo es legal en 13 países, mientras que en otros 38 se considera una actividad delictiva; que Mauritania, Sudán y el norte de Nigeria castigan la homosexualidad con la pena de muerte,

1.  Reitera que la orientación sexual es una cuestión que se enmarca en el ámbito del derecho individual a la intimidad garantizado por el Derecho internacional en materia de derechos humanos, según el cual deben protegerse la igualdad y la no discriminación y salvaguardarse asimismo la libertad de expresión;

2.  Recuerda a las autoridades ugandesas sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y del Acuerdo de Cotonú, que imponen el respeto de los derechos humanos universales;

3.  Reitera su compromiso con los derechos humanos universales y señala, a este respecto, que la defensa de los derechos fundamentales del colectivo LGBT no puede entenderse como la imposición de valores europeos, sino como la protección y promoción de los derechos humanos universales comunes, lo que constituye uno de los objetivos de la Unión Europea en toda su acción exterior;

4.  Denuncia todas las tentativas de incitación al odio y la apología de la violencia contra un grupo minoritario, también por razón de sexo u orientación sexual; condena, en este contexto, la presentación en el Parlamento ugandés del proyecto de ley contra la homosexualidad e insta a las autoridades ugandesas a que no lo aprueben y revisen la legislación vigente con objeto de despenalizar tanto la homosexualidad como a los grupos marginales, entre los que se incluyen los activistas LGBT; subraya que una ley contra la homosexualidad sería enormemente perjudicial para la lucha contra el VIH/sida;

5.  Rechaza enérgicamente una vez más cualquier iniciativa encaminada a introducir la pena de muerte cualesquiera que sean las circunstancias, así como los procedimientos de extradición de ciudadanos ugandeses que llevan a cabo actos homosexuales en el extranjero;

6.  Se congratula de que el Tribunal Supremo de Uganda ordenara al periódico Rolling Stone el cese de la publicación; se muestra preocupado, no obstante, por los ataques sufridos por numerosos ugandeses como consecuencia directa del artículo publicado, mientras otros muchos todavía temen ser objeto de ataques, y pide la protección de las autoridades para ellos;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Presidente de la República de Uganda, al Presidente del Parlamento ugandés, a la Asamblea Legislativa del África Oriental y a la Comisión de la Unión Africana y sus instituciones.

(1) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 25.


Refugiados eritreos retenidos como rehenes en el Sinaí
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre los refugiados eritreos retenidos como rehenes en el Sinaí
P7_TA(2010)0496B7-0728/2010

El Parlamento Europeo,

-  Vista la Declaración de Barcelona de noviembre de 1995,

–  Vista la primera Conferencia de la Red Euromediterránea de Derechos Humanos, celebrada en El Cairo los días 26 y 27 de enero de 2006,

A.  Considerando que las fuerzas de seguridad egipcias están buscando a cientos de refugiados eritreos que, según el ACNUR, se encuentran retenidos por beduinos contrabandistas en el Sinaí al no haber pagado los refugiados las sumas que les pedían los contrabandistas para ayudarles a entrar ilegalmente en Israel,

B.  Considerando que, el pasado martes 7 de diciembre de 2010, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados manifestó su preocupación por 250 migrantes eritreos presumiblemente retenidos como rehenes en el desierto del Sinaí,

C.  Considerando las noticias de que los traficantes están exigiendo pagos de hasta 8000 dólares estadounidenses por persona en concepto de rescate, que las personas se encuentran en contenedores y son víctimas de malos tratos,

D.  Considerando que, según un llamamiento conjunto emitido el 1 de diciembre de 2010 por organizaciones no gubernamentales, cientos de refugiados ilegales procedentes del Cuerno de África han permanecido retenidos durante meses en las afueras de una ciudad del Sinaí,

E.  Considerando que, según las ONG, los rehenes ya habían pagado 2 000 dólares estadounidenses por su pasaje a Israel y que, según las mismas fuentes, los contrabandistas estaban tratando a los refugiados de forma sumamente degradante e inhumana,

F.  Considerando que, según funcionarios locales del norte del Sinaí, las autoridades de seguridad han estado buscando activamente a los eritreos, que al parecer se encuentran retenidos en grupos dispersos,

1.  Insta a las autoridades egipcias a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la liberación de los eritreos retenidos como rehenes, eviten el recurso a armas letales contra los migrantes que cruzan las fronteras del país, protejan su dignidad, así como su integridad física y psicológica, y se aseguren de que los migrantes detenidos tengan la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR y den a esta organización acceso a todos los solicitantes de asilo y refugiados en custodia estatal;

2.  Aprecia los esfuerzos continuos llevados a cabo por las autoridades egipcias para comprobar las informaciones contenidas en los informes emitidos por el ACNUR en relación con un grupo de unos 250 eritreos retenidos como rehenes en el Sinaí por traficantes, en infracción de las leyes nacionales y los principios de derechos humanos;

3.  Subraya que la frontera del desierto del Sinaí se ha convertido en una ruta de tráfico de migrantes africanos en busca de trabajo; que miles de eritreos huyen todos los años de su país, muchos de los cuales se dirigen hacia Israel;

4.  Recuerda que, en agosto de 2010, resultaron muertas siete personas en enfrentamientos con contrabandistas cerca de la frontera con Israel, cuando unos migrantes africanos retenidos por traficantes se hicieron con las armas de sus captores en un intento de escapar;

5.  Observa que, en el mes de noviembre, Israel inició la construcción de una verja de 250 kilómetros a lo largo de la frontera, con objeto de poner fin a los flujos de migrantes ilegales;

6.  Aplaude los esfuerzos egipcios por luchar contra el tráfico de seres humanos, en particular la creación en 2007 del Comité Nacional de Coordinación para la Lucha y la Prevención del Tráfico de Personas, y hace un llamamiento a todos los países para que reanuden sus esfuerzos por hacer frente al reto que suponen los delitos de tráfico de seres humanos a escala mundial, y respeten las leyes nacionales pertinentes;

7.  Aprecia el compromiso continuado de Egipto en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los tratados internacionales, y en particular de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951;

8.  Reconoce que cualquier refugiado que participe en actos que supongan una amenaza directa o indirecta para la seguridad e independencia del país que lo acoge debe ser considerado una amenaza para la seguridad nacional de dicho país, de conformidad con las condiciones establecidas por el ACNUR;

9.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Egipto, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.


Apoyo al endurecimiento de la prohibición del cercenamiento de aletas de tiburón en la UE
PDF 66kWORD 30k
Declaración del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre el apoyo al endurecimiento de la prohibición del cercenamiento de aletas de tiburón en la UE
P7_TA(2010)0497P7_DCL(2010)0071

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A.  Considerando que la práctica del cercenamiento («finning»), que consiste en cercenar las aletas del tiburón y arrojar el resto del animal al mar, se realiza por la gran demanda de la selecta sopa de aleta de tiburón;

B.  Considerando que el cercenamiento contribuye a una reducción extrema de las poblaciones de tiburones, caracterizadas de por sí por un lento crecimiento;

C.  Considerando que un tercio de las especies de tiburón europeas están en peligro de extinción;

D.  Considerando que la prohibición de cercenamiento de la UE es la menos estricta del mundo, con exenciones que permiten el desembarco de las aletas y del cuerpo del animal por separado y una proporción demasiado elevada entre el peso de las aletas y el peso total de la captura;

E.  Considerando que la Comisión está evaluando diversas opciones para modificar la prohibición del cercenamiento establecida en el Reglamento (CE) nº 1185/2003;

F.  Considerando que el Parlamento Europeo pidió a la Comisión en 2006 que colmara las lagunas legales de la prohibición del cercenamiento;

G.  Considerando que la mayor parte de los científicos y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (IUCN) recomiendan que se desembarquen los tiburones con las aletas adheridas de manera natural a su cuerpo;

H.  Considerando que Costa Rica ha abogado ante las Naciones Unidas por el sistema de las aletas adheridas de manera natural, que se está aplicando en muchos países de América del Norte y América Central para la pesca,

1.  Insta a la Comisión a elaborar una propuesta de prohibición del cercenamiento de las aletas de tiburón a bordo de los buques antes de la celebración del segundo aniversario del Plan de acción para los tiburones (febrero de 2011);

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes(1), a la Comisión.

(1) La lista de los firmantes se publica en el Anexo 1 del Acta de 16 de diciembre de 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN1)).


Mayor apoyo de la UE a los deportes de base
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Declaración del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre un mayor apoyo de la UE a los deportes de base
P7_TA(2010)0498P7_DCL(2010)0062

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 165 del TFUE,

–  Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A.  Considerando que el deporte es una nueva competencia de la UE,

B.  Considerando que el deporte es un factor importante para la cohesión social y contribuye a numerosos objetivos políticos tales como la promoción de la salud, la educación, la integración social, la lucha contra la discriminación, la cultura y la reducción de la delincuencia o la lucha contra el consumo de drogas,

C.  Considerando que la mayor parte de los europeos que practican actividades deportivas o ejercicios recreativos lo hacen a un nivel deportivo de base,

D.  Considerando que la crisis económica y la presión sobre los gastos gubernamentales podrían tener graves consecuencias para la financiación de los deportes de base,

1.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el deporte para todos, reforzando su papel educativo e integrador, prestando especial atención a los grupos menos representados, tales como las mujeres, las personas de edad y las personas con discapacidad;

2.  Pide a los Estados miembros que garanticen que los deportes de base no sufrirán recortes presupuestarios importantes en estos tiempos de crisis;

3.  Pide a la Comisión que dedique la atención necesaria a los deportes de base en la próxima Comunicación sobre el deporte, y que asegure una financiación suficiente para el Programa de Deporte en la UE a partir de 2012;

4.  Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta los resultados del estudio sobre la financiación de los deportes de base en relación a una posible iniciativa de la UE en materia de apuestas;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes(1), a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) La lista de los firmantes se publica en el Anexo 2 del Acta de 16 de diciembre de 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN2)).


Estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar
PDF 65kWORD 31k
Declaración del Parlamento Europeo, de 16 de diciembre de 2010, sobre la estrategia de la UE en relación a las personas sin hogar
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Declaración, de 22 de abril de 2008, sobre el problema de las personas sin hogar instaladas en la vía pública(1),

–  Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A.  Considerando que en todos los Estados miembros de la UE se encuentran personas sin hogar, y que ello constituye una violación inaceptable de los derechos humanos fundamentales,

B.  Considerando que 2010 es el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social,

1.  Pide de nuevo al Consejo que se comprometa, antes de finales de 2010, a solucionar la situación de las personas sin hogar antes de 2015;

2.  Pide a la Comisión Europea que desarrolle una ambiciosa estrategia de la UE para abordar la situación de las personas sin hogar, y que ayude a los Estados miembros a desarrollar unas estrategias nacionales eficaces con arreglo a las orientaciones del Informe conjunto de Protección Social e Inclusión Social, aprobado en marzo de 2010 y como parte de la Estrategia UE 2020;

3.  Pide a EUROSTAT que recopile datos sobre las personas sin hogar en la UE;

4.  Apoya la consecución de las siguientes prioridades: ninguna persona que duerma en la calle; ninguna persona que viva en un alojamiento de emergencia más allá de la emergencia propiamente dicha; ninguna persona que viva en un alojamiento provisional más allá de lo necesario para lograr un alojamiento decente; ninguna persona que abandone un ente de acogida sin opciones de vivienda; ningún joven que se quede en la calle como resultado de la transición hacia una vida independiente;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes(2), al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 259 E de 29.10.2009, p. 19.
(2) La lista de los firmantes se publica en el Anexo 3 del Acta de 16 de diciembre de 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

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