Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2010/2102(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0027/2011

Textos presentados :

A7-0027/2011

Debates :

PV 07/03/2011 - 25
CRE 07/03/2011 - 25

Votaciones :

PV 08/03/2011 - 9.8
Explicaciones de voto
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2011)0082

Textos aprobados
PDF 330kWORD 88k
Martes 8 de marzo de 2011 - Estrasburgo
Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales
P7_TA(2011)0082A7-0027/2011

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales (2010/2102(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el fomento de la buena gobernanza en el ámbito fiscal(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre Fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales (COM(2010)0163),

  Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2010, sobre los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en desarrollo y en la cooperación al desarrollo(2), y vistas la Declaración de Monterrey (2002), la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo de Doha (2008), la Declaración de París (2005) y el Programa de Acción de Accra (2008), en las que las fugas de capitales y los flujos financieros ilícitos fueron definidos de forma explícita como uno de los principales obstáculos para la movilización de los ingresos nacionales en favor del desarrollo,

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre el progreso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: revisión intermedia en preparación de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas de septiembre de 2010(3),

–  Vistas la Cumbre del G20 celebrada en Seúl los días 11 y 12 de noviembre de 2010, y la iniciativa tendente a reforzar la cooperación internacional con los países en desarrollo para luchar contra la evasión y el fraude fiscales lanzada por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, conocida como «Pacto Fiscal Internacional»,

–  Vistas las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Fiscalidad celebrada en Pretoria el 29 de agosto de 2008,

–  Vistas las conclusiones de la Cumbre del G20 celebrada en Londres los días 2 y 3 de abril de 2009,

–  Vista la declaración de los dirigentes a raíz de la Cumbre del G20 celebrada en Pittsburg los días 24 y 25 de septiembre de 2009 así como su Resolución al respecto, de 8 de octubre de 2009(4),

–  Vista su Resolución, de 24 de abril de 2009, sobre la Cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009(5),

–  Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2007, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (CE) nº 1725/2003 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 8 relativa a la declaración de segmentos operativos(6),

–  Visto el informe de la Comisión del Gobierno noruego «Paraísos fiscales y Desarrollo», de junio de 2009,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0027/2011),

A.  Considerando que el refuerzo del sistema fiscal es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los países en desarrollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

B.  Considerando que los impuestos pueden ser una fuente fiable y sostenible de financiación del desarrollo si existe un régimen fiscal progresivo, una administración fiscal eficiente y eficaz que fomente el cumplimiento de las obligaciones fiscales y una utilización transparente y responsable de los recursos públicos,

C.  Considerando que los países en desarrollo se enfrentan a desafíos importantes en materia de recaudación tributaria debido a la insuficiencia de los recursos humanos y financieros disponibles para recaudar impuestos, la escasa capacidad administrativa, la corrupción, la falta de legitimidad del sistema político, una desigual distribución de las rentas y una mala gobernanza fiscal,

D.  Considerando que entre las formas más importantes de flujos financieros ilícitos y de fuga de capitales figuran, en particular, los precios de transferencia erróneos entre países para atraer inversión extranjera directa, los «fondos de ida y vuelta» (round-tripping), la acumulación de beneficios (double-dipping), los movimientos de grandes cantidades de dinero en efectivo, los protocolos de inversión opacos y desfavorables y el contrabando,

E.  Considerando que los centros financieros off-shore y los paraísos fiscales generan una fuga ilícita anual de capitales que asciende a un billón de dólares estadounidenses; considerando que el importe de esos flujos monetarios ilícitos es aproximadamente diez veces superior al de la ayuda destinada a los países en desarrollo para mitigar la pobreza y el desarrollo económico,

F.  Considerando que los paraísos fiscales que ofrecen normas de confidencialidad y direcciones ficticias combinadas con regímenes de fiscales con un tipo impositivo cero para atraer capital e ingresos que deberían haber sido gravados en otros países generan una competencia fiscal perniciosa,

G.  Considerando que la competencia fiscal ha provocado un desplazamiento de la carga fiscal a los trabajadores y a los hogares de bajos ingresos y ha obligado a efectuar recortes perjudiciales en los servicios públicos en los países pobres,

H.  Considerando que, en los países en desarrollo, el fraude fiscal conlleva una pérdida anual de ingresos fiscales diez veces superior al importe de la ayuda al desarrollo inyectada por los países desarrollados,

I.  Considerando que la posibilidad de aumentar la movilización nacional de los recursos se ve afectada en mayor medida en el contexto global de liberalización de los mercados internacionales, lo que implica la sustitución de los ingresos aduaneros por otros recursos nacionales; considerando que, de conformidad con los estudios realizados por el FMI, si bien los países ricos han conseguido compensar el descenso de los impuestos comerciales como principal fuente de ingresos con otras fuentes de ingresos, en particular el IVA, los países más pobres, en el mejor de los casos, han conseguido sustituir aproximadamente el 30 % de las pérdidas registradas en relación con los impuestos comerciales(7),

J.  Considerando que el estudio sobre localización geográfica liderado por el «Pacto Fiscal Internacional» demuestra que es necesaria una mayor coordinación de los donantes en el ámbito de la fiscalidad y del desarrollo,

K.  Considerando que la existencia de un sector informal importante en la economía impide la movilización de recursos nacionales,

L.  Considerando que son numerosos los países en desarrollo que no se están beneficiando del auge de los productos básicos, ya que no están recibiendo un porcentaje adecuado de cánones sobre los minerales que está justificado,

M.  Considerando que en numerosos países en desarrollo ni siquiera se alcanza el nivel mínimo de imposición que resultaría necesario para financiar unos servicios públicos y cumplir compromisos internacionales como la reducción de la pobreza,

N.  Considerando que los impuestos representan una fuente de ingresos que puede ser más estable y sostenible que los flujos de ayuda y fomenta de manera más adecuada la propiedad por parte de los distintos países,

O.  Considerando que la información sobre una base consolidada dificulta frecuentemente la identificación de las empresas que deben pagar impuestos y la definición del nivel adecuado de imposición, debido a la complejidad de sus estructuras empresariales y a la distribución de la actividad económica entre ellas,

P.  Considerando que los llamados «fondos oportunistas», establecidos frecuentemente en paraísos fiscales, adquieren cada vez con mayor frecuencia la deuda de los países en desarrollo con grandes descuentos y después exigen el importe original de la deuda por vía judicial (frecuentemente con intereses y sanciones pecuniarias) y que, al actuar de este modo, restringen de modo sustancial el margen de maniobra del que gozan los países en desarrollo sobre la base de sus ingresos fiscales adicionales,

Q.  Considerando que no hay ninguna ley que limite el importe de los beneficios que un «fondo oportunista» puede obtener a base de litigar contra países en desarrollo para cobrar la deuda impagada, y que no hay ninguna estructura reguladora que facilite la identidad de esos «fondos oportunistas» ni los importes que abonaron por una deuda a la que anteriormente no se había concedido ningún valor,

R.  Considerando que numerosos países en desarrollo cuentan con múltiples tipos impositivos en relación con el impuesto de sociedades calculados no sólo sobre la base de los ingresos y los dividendos sino, también, teniendo en cuenta los sectores empresariales, de modo que la asignación sectorial de los recursos se distorsiona mediante diferentes tipos impositivos,

S.  Considerando que el cumplimiento de las obligaciones fiscales debería definirse como la voluntad de pagar en el lugar correcto y en el momento correcto, teniendo en cuenta que «correcto» quiere decir que el contenido económico de las transacciones realizadas coincide con el lugar y la forma señalada a efectos fiscales,

La importancia de los impuestos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

1.  Coincide con la Comisión en que la existencia de unos sistemas fiscales eficientes y equitativos es esencial para la reducción de la pobreza, la buena gobernanza y el desarrollo del Estado;

2.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de reforzar las capacidades de buena gobernanza en el ámbito fiscal en favor del desarrollo, y constata la necesidad de un marco normativo para apoyar la cooperación tributaria internacional, la transparencia, el desarrollo de los sectores público y privado y el crecimiento económico;

3.  Subraya que en los países en desarrollo el porcentaje de los impuestos en relación con el PIB oscila entre el 10 y el 20 %, mientras que en los países desarrollados se sitúa entre el 25 y el 40 %; lamenta que hasta ahora los donantes hayan dado un apoyo escaso a las ayudas relacionadas con el ámbito fiscal; acoge con satisfacción, en este contexto, la propuesta de la Comisión de aumentar las ayudas destinadas a los países en desarrollo para llevar a cabo reformas fiscales y reforzar las administraciones fiscales en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo para los Estados ACP, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), así como el apoyo a los organismos nacionales de supervisión, a los parlamentos y a los agentes no estatales;

4.  Toma nota de que debería prestarse más atención a los esfuerzos desplegados en el contexto del desarrollo de capacidades en los países en desarrollo para ayudarlos a utilizar de modo efectivo el intercambio de información y luchar eficazmente contra la evasión fiscal con su propia legislación interna;

Dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo en materia de recaudación tributaria

5.  Observa con preocupación que el sistema fiscal en numerosos países pobres sigue caracterizándose por unas bases impositivas muy reducidas, exenciones fiscales a las élites, exoneraciones fiscales a las empresas que suponen un incentivo importante a la evasión fiscal, ya que las empresas que deben pagar impuestos pueden establecer relaciones económicas con las que están exentas para desplazar sus beneficios, desaparición de ingresos importantes procedentes de los recursos naturales y grandes flujos de capitales ilícitos ligados a evasiones fiscales masivas;

6.  Subraya que los ingresos fiscales no deben considerarse una alternativa a la ayuda exterior, sino un elemento constitutivo de los ingresos públicos que permiten el desarrollo de esos países;

7.  Señala que poseer un sistema tributario eficaz, progresivo y equitativo es crucial para el desarrollo, al contribuir a la financiación de la prestación de bienes públicos, a la construcción del Estado y a la buena gobernanza; que el objetivo de los países pobres debe ser la sustitución de la dependencia de la ayuda extranjera por la autosuficiencia fiscal, y que la evasión y el fraude fiscales están, con todo, obstaculizando la consecución de estos objetivos de desarrollo;

8.  Lamenta que los paraísos fiscales debiliten la gobernanza democrática, hagan más rentable la delincuencia económica, fomenten la captación de rentas y aumenten la distribución desigual de ingresos fiscales; insta a la UE a que convierta la lucha contra los paraísos fiscales y la corrupción en una de sus principales prioridades de la acción de las instituciones financieras y de desarrollo internacionales;

9.  Señala que la evasión fiscal en los paraísos fiscales representa una pérdida financiera considerable, sobre todo para los países en desarrollo, y que la lucha contra los paraísos fiscales constituye una de las prioridades de la UE para facilitar a los países en desarrollo una ayuda eficaz para disponer de sus ingresos fiscales; recuerda la necesidad de adoptar medidas adecuadas en este ámbito a nivel europeo e internacional, de acuerdo con los compromisos contraídos, en especial, por el G20;

10.  Recuerda que, si bien los efectos positivos de los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) solo se hacen sentir a medio y largo plazo, las pérdidas de ingresos son una consecuencia inmediata de la reducción de los aranceles aduaneros;

11.  Hace hincapié en que debe prestarse más atención a las dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo en lo que se refiere al aumento de los ingresos nacionales en un contexto globalizado, dado que se están concediendo a las empresas nacionales y extranjeras de gran tamaño exenciones múltiples para atraer inversiones; invita a la UE a que ayude a los países en desarrollo a desarrollar sistemas fiscales que les permitan beneficiarse del proceso de mundialización;

12.  Hace hincapié en que los países más pobres están teniendo dificultades para compensar el descenso de los impuestos comerciales resultante del actual contexto global de liberalización del comercio con otros tipos de recursos internos, ya que, en el mejor de los casos, han remplazado cerca del 30 % de los ingresos fiscales derivados del comercio que han perdido;

13.  Hace hincapié en que los paraísos fiscales, al incrementar la competencia en relación con el capital móvil, se inmiscuyen en el derecho soberano de los países en desarrollo a gravar con impuestos las rentas del capital como medio para ampliar su base impositiva, toda vez que la suya es menor que la de los países ricos;

14.  Recuerda que la asimetría de la información, resultado de las normas en materia de confidencialidad de los paraísos fiscales, reduce la eficacia de los mercados financieros internacionales, ya que ha generado unas primas de riesgo más elevadas, lo que ha provocado un aumento de los costes de la toma de préstamos tanto en lo que se refiere a los países ricos como a los pobres;

15.  Es consciente de que la mejora cualitativa y cuantitativa del empleo de los recursos financieros nacionales de los países en desarrollo dará sus frutos a largo plazo; pide a la UE que mantenga su oferta de ayuda, en todas sus formas, mientras los países en desarrollo lo consideren necesario para la financiación de su propio desarrollo;

Fomento de sistemas fiscales eficaces, funcionales, equitativos y sostenibles

16.  Reitera que la buena gobernanza y la calidad de las instituciones son el elemento más importante que impulsa la prosperidad económica; insta en consecuencia a la Comisión a que preste asistencia a las autoridades fiscales, al poder judicial y a los órganos encargados de la lucha contra la corrupción en los países en desarrollo en sus esfuerzos por establecer un sistema fiscal progresivo y sostenible que pueda eventualmente generar «dividendos en materia de gobernanza» mediante una mayor legitimidad y responsabilización, a que integre de manera eficaz los principios de buena gobernanza en relación con las cuestiones fiscales en la programación, aplicación y control de los documentos de estrategia nacionales y regionales; insta a los Estados miembros a que cumplan sus compromisos en relación con su ayuda en el ámbito fiscal y a que luchen contra los sobornos cometidos por las empresas domiciliadas en sus jurisdicciones pero que operan en los países en desarrollo; recomienda que la Comisión incluya a los Parlamentos nacionales de los países en desarrollo en el procedimiento presupuestario, fomentando así una relación armoniosa y promoviendo una mayor transparencia en este proceso;

17.  Recuerda que una buena gobernanza en el ámbito fiscal no puede exportarse o imponerse desde el exterior, y que corresponde a cada uno de los Estados decidir sobre su política fiscal; en este sentido, pide a la Comisión y a los Gobiernos nacionales que, lejos de oponerse, colaboren con los países que aprueben un aumento coherente y equitativo de la fiscalidad relativa a las empresas extranjeras presentes en su territorio, especialmente en el ámbito de la extracción de recursos primarios, que constituye una importante fuente de riqueza para los países en desarrollo;

18.  Pide a la Comisión que incluya una cláusula en materia de gobernanza fiscal, que incluya el control de su aplicación, en los acuerdos relevantes celebrados por la UE con terceros países;

19.  Recuerda que la disminución de los ingresos aduaneros, provocada especialmente por los Acuerdos de Asociación Económica con la UE, influye negativamente en los recursos financieros de que disponen inmediatamente los países en desarrollo; en este sentido, y para compensar estas pérdidas, pide a la Comisión que anime a los países en desarrollo, en el marco de una posible ayuda para la mejora de los regímenes fiscales nacionales, a que den prioridad a unos impuestos directos progresivos frente a los impuestos indirectos, en particular los que gravan el consumo que, por su naturaleza, repercuten de un modo más severo en los grupos de población con menores ingresos;

20.  Pide que, en el marco de los AAE, se apliquen sistemáticamente medidas de apoyo a las reformas fiscales, especialmente en forma de ayuda material (sistemas informáticos) y organizativa (formación jurídica y sobre fiscalidad del personal de la administración fiscal), si la solicita algún país en desarrollo; hace hincapié en la necesidad de realizar un esfuerzo especial con los países africanos que aún no se benefician de ayuda a largo plazo en materia fiscal;

21.  Reitera la necesidad de un mayor grado de coherencia entre la política de desarrollo y la política comercial de la Unión Europea; recuerda que, aunque la crisis puede haber acentuado la volatilidad de los precios de las materias primas y causado una disminución de los flujos de capital a los países en desarrollo, la Unión Europea en su conjunto, incluidos sus Estados miembros, sigue manteniendo el liderazgo entre los donantes de ayuda al desarrollo, con un 56 % del total mundial, por un valor de 49 000 millones de euros en 2009; subraya que, en este contexto, debe constituir una prioridad para los países en desarrollo el establecimiento de un sistema impositivo eficaz para reducir su dependencia con respecto a la ayuda extranjera y otros flujos financieros externos impredecibles;

22.  Pide que se vigile la coherencia entre la ayuda financiera de la UE y la apertura de los mercados de la UE a determinados países, así como el nivel de cooperación de estos con respecto a los principios de buena gobernanza en el ámbito fiscal;

23.  Acoge con satisfacción la iniciativa regional sobre cooperación fiscal para que los países en desarrollo puedan debatir el papel que desempeña la fiscalidad en la consolidación del Estado y en el desarrollo de las capacidades, y puedan compartir las mejores prácticas en materia de administración tributaria;

24.  Recuerda que el principal desafío para los países pobres es la ampliación de su base impositiva; señala que, entre otros factores, el descenso de los impuestos comerciales ha conllevado la introducción de impuestos sobre el consumo (IVA e impuestos sobre la energía); considera que, si bien el IVA puede permitir la ampliación de la base impositiva de las economías que cuentan con sectores informales amplios, la naturaleza no discriminatoria del IVA hace que los más afectados por este impuesto sean los pobres; considera que la ayuda de la UE al desarrollo debe centrarse en las iniciativas de mejora de la eficacia y de la transparencia de los sistemas fiscales, por ejemplo, analizando el modo en que los países en desarrollo pueden ampliar su base impositiva o sus ingresos fiscales a través de la fiscalidad directa y la indirecta;

25.  Recuerda que la ampliación de los intercambios comerciales con los países en desarrollo debe tener como objetivo promover el crecimiento económico sostenible y el desarrollo de estos países; constata que la supresión de los derechos de aduana trae aparejada una pérdida importante de ingresos aduaneros, por lo que debe ser objeto de un control más estricto, ser más progresiva y aplicarse de forma paralela a reformas fiscales que permitan aprovechar ingresos de compensación (IVA, impuesto sobre bienes inmuebles, impuesto sobre la renta);

26.  Toma nota con preocupación de que miles de millones de dólares abandonaron cada año el continente africano entre 1991 y 2004; hace hincapié, en particular, en que estos flujos de capitales salientes representan aproximadamente el 7,6 % del PIB anual de la región, lo que convierte a los países africanos en acreedores netos de los países donantes; considera que la ayuda oficial al desarrollo y la condonación de la deuda decidida por los países desarrollados solamente resultará efectiva si el G20, la OCDE y la UE adoptan medidas concretas para velar por que la evasión fiscal no erosione la base impositiva potencial de los países en desarrollo; anima, en este contexto, a las Naciones Unidas y a la UE a que, en estrecha cooperación con el Foro Africano de Administración Tributaria, sigan sus trabajos en este ámbito;

27.  Insiste en que las formas adecuadas para proponer fuentes alternativas de recaudación de ingresos deberían apoyar, y no obstaculizar, la innovación, la iniciativa empresarial ni la creación de PYME, así como reforzar la propiedad y el desarrollo a nivel local;

28.  Hace hincapié en que los costes administrativos, en particular en lo que se refiere a un sistema de IVA con distintos tipos, pueden resultar demasiado elevados para los países en desarrollo, cuyas autoridades fiscales no están dotadas de los recursos financieros y humanos necesarios, por lo que deben examinarse con cuidado; considera que, en estos casos, los impuestos especiales deben ser muy selectivos y centrarse en un número reducido de mercancías, teniendo en cuenta, en particular, que su consumo conlleva elementos externos negativos para la sociedad y que generalmente tienen un carácter rígido en lo que a su demanda se refiere (tabaco, alcohol, etc.); pide, asimismo, en caso de limitaciones, que se identifiquen y graven aquellas empresas que puedan tenerse en cuenta para incrementar los ingresos fiscales (por ejemplo, las que se dedican a la extracción de materias primas);

29.  Subraya que un requisito importante para aumentar la imposición directa debe ser la integración del sector informal en la economía formal y la mejora del entorno empresarial;

30.  Hace hincapié en que, en el contexto global de competencia fiscal, los países en desarrollo derivan una parte más importante de sus ingresos fiscales del capital y tienen pocas posibilidades de recaudar impuestos alternativos; toma nota de que el descenso registrado en los ingresos fiscales como consecuencia de dicha competencia debe abordarse ampliando la base impositiva o absteniéndose de dicha competencia en términos absolutos si ello resulta conveniente y si otros factores, como la buena gobernanza, la seguridad jurídica y la prevención de la nacionalización, corren peligro en el proceso de competencia para atraer las inversiones extranjeras directas; señala que los países de renta baja necesitan la capacidad de negociar eficazmente con las empresas multinacionales para garantizar una proporción equitativa de los ingresos de dichas empresas, y recuerda que deberían disponer de un margen político adecuado para imponer controles a los capitales, ya que el derecho a recaudar y a redistribuir ingresos fiscales constituye un criterio básico de la soberanía y de la legitimidad de los Estados y, en consecuencia, un prerrequisito para la buena gobernanza;

31.  Señala que el Gobierno francés ha encargado que se investigue el tema de los incentivos políticos a la imposición fiscal, pero que son necesarias otras medidas; pide, por consiguiente, a la Comisión que examine si distintas opciones de transferencia de ayuda como, por ejemplo, subvenciones frente a préstamos, podrían contribuir a limitar o compensar los posibles efectos negativos de la ayuda sobre la recaudación de fondos, así como si el apoyo presupuestario y las mejoras conexas en materia de transparencia y eficacia de la gestión del gasto público contribuyen a largo plazo a aumentar la disposición de los ciudadanos a pagar impuestos;

32.  Señala que se ha prestado demasiada poca atención al modo en que los gobiernos pueden valerse de las políticas fiscales para reducir las desigualdades en términos de renta y bienestar mediante la reducción de las diferencias de género existentes en relación con las obligaciones fiscales;

33.  Hace un llamamiento para centrarse en los principios de neutralidad, igualdad y simplicidad con respecto a los sistemas fiscales en los países en desarrollo, lo que debería lograrse mediante:.

   a) un impuesto que no absorba una proporción mayor de las rentas de las personas pobres sino una proporción mayor de la renta o de la riqueza del contribuyente a medida que éstas aumentan;
   b) un impuesto que no discrimine en términos de género, orientación sexual, tipo de hogar, ciudadanía o estado civil;
   c) un sistema fiscal claro, simple y transparente que excluya distintos tipos de interpretación no deseables de la legislación fiscal con vistas a obtener reducciones de impuestos importantes a expensas de los gastos sociales;
   d) un trato idéntico, a efectos fiscales, de las verdaderas ganancias y de las verdaderas pérdidas en relación con cualquier tipo de fuente de ingresos, de modo que las ganancias sean gravadas y las pérdidas puedan ser objeto de deducciones;
   e) un nivel de imposición íntimamente ligado a las distintas etapas de desarrollo económico;
   f) la unificación de los múltiples tipos impositivos del impuesto de sociedades a través del cálculo de los tipos impositivos sobre la base del volumen de negocios y no del sector empresarial;

34.  Apoya la necesidad de que la OCDE elabore nuevas directrices sobre los precios de las transferencias, medio imprescindible para impedir que determinadas multinacionales transfieran sus beneficios a países con una fiscalidad más favorable, para asegurarse de que pagan sus impuestos en los países en los que han obtenido realmente sus beneficios, incluidos los países en desarrollo;

35.  Considera que es fundamental un sistema impositivo de tipos bajos, para las rentas bajas y medias, con una base imponible ampliada y sin ningún tipo de exenciones y preferencias fiscales discrecionales, incluidas las industrias extractoras; hace hincapié en la necesidad de inversión pública en proyectos con un impacto local positivo desde el punto de vista económico, social y ambiental, teniendo cuidado de no permitir el establecimiento de una forma de dumping fiscal;

Trabajar en pro de un entorno fiscal internacional transparente, cooperativo y equitativo
Manipulación de los precios comerciales

36.  Subraya que la manipulación de los precios comerciales es una de las razones más importantes de los flujos financieros ilícitos salientes; solicita a la Comisión que contribuya a reforzar los conocimientos de la opinión pública sobre estos temas en los países en desarrollo y que elabore propuestas concretas para velar por que el G20, la OCDE, las Naciones Unidas y la OMC estudien una gama más amplia de indicadores y métodos para abordar la manipulación de los precios comerciales, entre las que se pueden citar los métodos aplicados en los Estados Unidos relativos a los «beneficios comparables», que han demostrado ventajas al determinar los precios incorrectos de las transacciones;

37.  Pide que se tomen medidas contra la manipulación de los precios de transferencia y que se revisen las normas en materia de imposición a nivel global que van más allá del método relativo a los beneficios comparables en caso de que haya otras alternativas más prometedoras que aborden de modo más efectivo el problema de la fijación errónea de precios; subraya que la UE, el G20, la UE y la OMC, en general, deberían concentrar sus esfuerzos en enfoques basados en el denominado «principio del trato entre compañías independientes» en el sentido de que las transacciones relevantes a efectos fiscales deben realizarse en las mismas condiciones en las que las realizarían empresas independientes;

38.  Insta a la UE a que, en el marco del G20 y de la OCDE, defienda el principio de intercambio automático de información sobre asuntos fiscales de acuerdo con las directrices de la Directiva de la UE relativa a la fiscalidad del ahorro, como instrumento de lucha contra los flujos financieros ilícitos en jurisdicciones que aplican el secreto fiscal;

39.  Pide la implantación de una tasa sobre las transacciones financieras, cuyo rendimiento mejoraría el funcionamiento del mercado al reducir la especulación y contribuir a la financiación de bienes públicos globales tales como el desarrollo y la lucha contra el cambio climático, así como a reducir los déficit públicos; pide a la Comisión que elabore rápidamente un estudio de viabilidad que tenga en cuenta la igualdad de condiciones a escala global y, en su caso, presente propuestas legislativas concretas;

40.  Propone la inclusión de una disposición relativa a la buena gobernanza fiscal en la revisión del Acuerdo de Cotonou;

41.  Pide a los Estados miembros de la UE que adopten medidas similares en sus programas bilaterales de asistencia;

Industrias extractoras

42.  Hace un llamamiento en favor de la elaboración de iniciativas para promover una mayor transparencia en materia de rentas procedentes de los recursos naturales mediante, entre otros, el Convenio de la OCDE contra el soborno y la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractoras; acoge con satisfacción la adopción de las enmiendas relativas a los minerales de guerra en el Congo y a la transparencia presentadas al proyecto de Ley de reforma de la reglamentación financiera, y pide a la Comisión que proponga una iniciativa legislativa en este sentido sin disminuir la responsabilidad de los gobiernos del mundo en desarrollo y sin crear una carga burocrática innecesaria a las empresas, como ya han criticado las partes interesadas en el mundo en desarrollo, lo que podría resultar contraproducente;

43.  Subraya que deberá continuar la explotación de los recursos naturales para ayudar a un país a alcanzar sus objetivos en los ámbitos social y económico en el plano más general, lo que, para los gobiernos de los países en desarrollo, implica definir un objetivo, si procede, conjuntamente con las partes interesadas y los expertos internacionales, sobre el modo en que el sector de los recursos se inscribe en el futuro económico del país; considera que, para algunos países, el mejor uso que pueden darle a su dotación de recursos puede ser dejarlos en donde se encuentran para que se utilicen en el futuro, mientras que, para otros, podría consistir en su extracción rápida, como fuente intermedia de ingresos nacionales, a fin de generar recursos para sostener las inversiones necesarias para el crecimiento y satisfacer las necesidades humanas urgentes;

44.  Señala que los países en desarrollo deberían ser interlocutores en igualdad de condiciones en los debates y en la adopción de nuevas iniciativas en el sector de la extracción de los recursos; subraya que las nuevas disposiciones en este ámbito deberían adoptar la forma de normas internacionales de carácter general para evitar la creación de otro conjunto de normas, lo que resultaría contraproducente desde el punto de vista de los gobiernos, la administración fiscal y las empresas internacionales;

45.  Hace hincapié en que las propuestas de la Comisión y las iniciativas no gubernamentales en materia de transparencia en relación con el sector de las industrias extractoras como, por ejemplo, la Carta de Recursos Naturales, los Principios de Ecuador, así como las orientaciones para los inversores y empresas elaboradas por Critical Resource son, realmente, favorables a las empresas; señala que generan seguridad jurídica, asociaciones sostenibles a largo plazo y actúan como garantías contra la renacionalización, la reapertura de las negociaciones o la expulsión; indica que también hay problemas que deben abordarse como, por ejemplo, el que las empresas puedan tener que revelar información sensible desde el punto de vista comercial que las ponga en una situación de desventaja desde el punto de vista de la competencia, o que algunos acuerdos con gobiernos se basen en información que se mantiene secreta;

46.  Toma nota de que las rentas procedentes de los recursos deberían considerarse siempre como medios para incrementar los ingresos nacionales; señala que los éxitos relacionados con la imposición tributaria de los recursos suponen habitualmente progresos en relación con los impuestos directos, como el impuesto de sociedades, e ingresos que no son de naturaleza fiscal, como los pagos de derechos;

47.  Señala que un número importante de «Estados rentistas», es decir, aquellos que se benefician de rentas abundantes procedentes de los recursos, en particular del petróleo y de los minerales, tienen pocos incentivos para ser responsables, rápidos o eficaces; reitera que unos mecanismos fuertes de control institucional y democrático resultan fundamentales para luchar contra la delincuencia económica; solicita, en particular, a la Comisión que aumente su ayuda al desarrollo en relación con la celebración de contratos entre empresas multinacionales y países en desarrollo sobre cuestiones relacionadas con la explotación de recursos;

48.  Pide a la Comisión y al Consejo que se comprometan en mayor medida con la Iniciativa en favor de la Transparencia del Sector de las Industrias Extractoras mediante la puesta a disposición de recursos financieros y la participación en su órgano de dirección;

49.  Recuerda que la calidad de la información en materia financiera reviste una importancia fundamental para luchar eficazmente contra la evasión fiscal; considera que ofrecer información desglosada por países reviste una importancia fundamental para las industrias extractoras, pero recuerda que esta obligación también resultaría beneficiosa para los inversores en todos los sectores, y que contribuiría a una buena gobernanza a nivel global; pide por tanto a la Comisión que promueva la inclusión en la Norma Internacional de Información Financiera del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) de la condición de que las empresas multinacionales informen sobre sus ingresos y sobre los impuestos pagados haciendo un desglose por países; recuerda que esta solicitud coincide con la necesidad de mejorar la responsabilidad social de las empresas multinacionales; solicita a la Comisión que integre la información desglosada por países en su reforma de las directivas contables;

50.  Pide el establecimiento de la obligación, para las empresas transfronterizas, de facilitar información sobre su situación financiera, desglosada por países, también sobre los beneficios antes y después de impuestos, con el fin de aumentar la transparencia y el acceso a los datos pertinentes por parte de las administraciones tributarias; considera que, para garantizar que todos los sectores y todas las empresas sean tratadas de modo uniforme, la UE debe introducir este principio como parte de las próximas revisiones de la Directiva sobre transparencia y de las Directivas de la UE en materia de contabilidad, mientras que la Comisión, en el plano internacional, debe presionar al CNIC para que elabore rápidamente la norma global correspondiente; reitera su petición a la Comisión para que en los próximos seis meses informe al Parlamento sobre los resultados de su consulta pública y de sus conversaciones con el CNIC;

51.  Hace hincapié en la importancia de la información desglosada por países y solicita que se intensifiquen las negociaciones en este ámbito:

   a) los gobiernos y las agrupaciones internacionales (incluidos el G20 y las Naciones Unidas) deben apoyar el principio de la información desglosada por países y solicitar formalmente su aprobación al CNIC;
   b) la OCDE debe continuar con su estudio de viabilidad con respecto a la información desglosada por países e informar al respecto tanto al G20 como a las Naciones Unidas durante 2011;
   c) el CNIC debe adoptar una nueva norma que incluya la información desglosada por países;
   d) la sociedad civil y los medios de comunicación deben utilizar en el futuro la información desglosada por países para pedir cuentas a los gobiernos y empresas multinacionales;

Mejorar la coordinación de los donantes

52.  Toma nota del resultado del estudio sobre localización geográfica del «Pacto Fiscal Internacional» en el que se indica que es necesaria una mayor coordinación de los donantes en los ámbitos fiscal y del desarrollo; anima a la Comisión a que adopte iniciativas en este contexto y a que refuerce su ayuda en favor de iniciativas multilaterales y regionales, como el Foro Africano de Administración Tributaria y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias;

Mejora de la arquitectura internacional para luchar contra los paraísos fiscales

53.  Hace hincapié en que los préstamos convencionales de ayuda oficial al desarrollo no conseguirán erradicar la pobreza en el mundo si no se adoptan medidas ambiciosas en el marco del G20, de la OCDE y de la UE para emprender acciones contundentes contra los paraísos fiscales y las estructuras tributarias perniciosas;

54.  Toma nota de que, desde la Cumbre del G-20 celebrada el 2 de abril de 2009, los centros financieros off-shore se han comprometido a respetar las normas de la OCDE en materia de transparencia y de intercambio de información; señala, no obstante, que las estructuras perniciosas relacionadas con los paraísos fiscales siguen existiendo; pide que se adopten más medidas fuera del marco de la OCDE para luchar contra los paraísos fiscales teniendo en cuenta sus distintas deficiencias; manifiesta de nuevo su preocupación, a este respecto, por el hecho de que las normas internacionales de la OCDE prevén el intercambio de información a petición de alguno de los países, pero no un intercambio automático de información de conformidad con la Directiva relativa a la fiscalidad del ahorro; critica, además, el hecho de que la OCDE permita a los gobiernos escapar de su lista negra simplemente con la promesa de respetar los principios de intercambio de información, sin garantizar que esos principios se pongan efectivamente en práctica; considera, igualmente, que la obligación de celebrar doce acuerdos con otras tantas jurisdicciones nacionales a fin de ser retirados de la lista negra es arbitraria, puesto que no hace referencia a ningún indicador cualitativo que permita una evaluación objetiva de la conformidad con las prácticas de buena gobernanza;

55.  Subraya que, cada año, se transfieren unos 800 000 millones de euros desde los países en desarrollo a los paraísos fiscales, o se pierden en el marco de flujos financieros ilícitos; toma nota de que una mayor transparencia en el proceso financiero podría resultar decisiva para reducir la pobreza y crear una riqueza significativa;

56.  Considera que el intercambio automático de información debería darse en todas las situaciones; celebra, a este respecto, la propuesta de la Comisión sobre cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad para ampliar la cooperación entre los Estados miembros de modo que cubra los impuestos de todo tipo, suprima el secreto bancario y establezca el intercambio automático de información como regla general;

57.  Acoge con satisfacción el hecho de que algunos Estados miembros sean parte signataria del Convenio del Consejo de Europa y la OCDE sobre asistencia administrativa mutua en el ámbito de la fiscalidad e insta a los 17 Estados miembros que todavía no lo han hecho a que se adhieran a dicho Convenio;

58.  Pide a la UE que intensifique su acción y adopte medidas concretas como, por ejemplo, sanciones, contra la evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales; pide al Consejo que examine la posibilidad de establecer un mecanismo multilateral de intercambio automático de información en materia fiscal en estrecha colaboración con el Comité de Expertos sobre Cooperación Internacional en Cuestiones de Tributación de las Naciones Unidas;

59.  Pide a la Comisión que adopte criterios más rigurosos para la identificación de los paraísos fiscales y que trabaje con vistas a un acuerdo multilateral de intercambio automático de información fiscal vinculante internacionalmente que incluya fundaciones y fideicomisos y prevea contramedidas en caso de incumplimiento; pide a la Comisión que apoye a los países en desarrollo en su lucha contra la fuga de capitales y las transferencias salientes ilícitas, dado que constituyen un obstáculo considerable a la utilización de los recursos internos con miras al desarrollo; señala a la atención de la Comisión sobre su posición, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses(8), así como las medidas recomendadas para luchar contra los paraísos fiscales;

60.  Expresa su preocupación por las consecuencias negativas de los tratados en materia fiscal con respecto a la distribución de los ingresos fiscales; toma nota de que el método consistente en conceder el derecho de imposición sobre la base del principio del domicilio y no el del país de origen contribuye a aumentar la atracción de los paraísos fiscales; considera que debería examinarse la equidad de los tratados en material fiscal, lo que implica la posibilidad de conceder el derecho primario de imposición en el país de origen en el que se llevan a cabo realmente las actividades;

61.  Lamenta que el G20 aún no haya propuesto un calendario claro y un mecanismo de sanciones concreto para conferir eficacia a la lucha contra los paraísos fiscales; pide que se adopte un convenio internacional con vistas a la eliminación de las estructuras tributarias perniciosas que incluya sanciones tanto a las jurisdicciones que no cooperen como a las instituciones financieras que operen con paraísos fiscales; insta a la UE a que adopte medidas similares a la ley adoptada en los Estados Unidos destinada a poner fin a los abusos que realizan los paraísos fiscales y a que se plantee la posibilidad de retirar la licencia bancaria a las instituciones financieras que operen con paraísos fiscales;

62.  Considera que la UE debe asegurar, asimismo, la coherencia en la aplicación a nivel de la UE y a nivel internacional de las normas en los ámbitos de la supervisión prudencial, la fiscalidad y la lucha contra el terrorismo;

63.  Hace un llamamiento a favor de que se divulguen a nivel internacional las estructuras de los «fondos oportunistas» a fin de que sean identificados y se prohíban sus actividades;

64.  Aboga por la creación, en el marco de los AAE, de un mecanismo de supervisión independiente para evaluar el impacto fiscal neto de la supresión de los derechos de aduana así como los avances conseguidos en materia de reforma fiscal, desglosados por países; pide que se introduzca una cláusula que contemple, en un plazo de tres a cinco años, la revisión global obligatoria de cualquier AAE y que permita la modificación de las disposiciones del acuerdo para hacerlas más favorables a la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la integración regional; pide la revisión obligatoria de los progresos de cada país en relación con la aplicación de las reformas fiscales o con la recaudación de impuestos efectiva, en línea con las últimas versiones del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE sobre la Renta y el Capital;

65.  Subraya que las administraciones fiscales de los países en desarrollo deben cooperar, si no son parte de sus Ministerios de Finanzas respectivos, en particular en lo que se refiere a la política fiscal y presupuestaria, de maneras que no estimulen rivalidades ni celos sino que fomenten una buena relación y la buena gobernanza en cuestiones fiscales;

66.  Hace un llamamiento en favor de la creación o ‐en caso de que ya existan‐ de una mejora a nivel institucional de las llamadas «autoridades fiscales (semi) autónomas» mediante sistemas adecuados basados en el equilibrio de poderes para impedir que las autoridades fiscales sean objeto de abusos;

67.  Subraya, en este contexto, que el estatus elevado y la autonomía en términos de gestión de las «autoridades fiscales autónomas» debería compensarse mediante mecanismos de gobernanza plurales que aseguren:

   a) que las «autoridades fiscales autónomas» dispongan de un presupuesto garantizado que no podrá ser modificado por el poder gubernamental;
   b) que sus responsabilidades y competencias se recojan en la legislación y que puedan protegerse recurriendo a la policía y a los tribunales;
   c) que una gama amplia de agentes públicos (diferentes ministerios y asociaciones empresariales y de abogados) hagan los nombramientos relacionados con el consejo de administración (pendiente de creación);
   d) que los nombramientos al consejo de administración sean a largo plazo y por una duración determinada;
   e) que el personal administrativo y operativo solamente deba dar explicaciones al consejo de administración;

68.  Considera que el desarrollo de un sistema fiscal eficiente en los países en desarrollo debe constituir la columna vertebral de sus finanzas públicas; estima que la nueva política de inversiones de la UE en los países en desarrollo debe contribuir a establecer un clima más favorable a la inversión privada, tanto extranjera como nacional, y crear las condiciones para una ayuda internacional más eficaz; recuerda que, para favorecer el crecimiento, la política de inversiones de la UE debería centrarse en el desarrollo de las PYME, en particular a través del microcrédito, fomentar la innovación, la eficiencia de los servicios públicos, las asociaciones sector público-sector privado y la transferencia de conocimientos;

o
o   o

69.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 29.
(2) DO C 4 E de 7.1.2011, p. 34.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0210.
(4) DO C 230 e de 26.8.2010, p. 1.
(5) DO C 184 E de 8.7.2010, p. 94.
(6) DO C 282 E de 6.11.2008, p. 323.
(7) Por ejemplo, véase el estudio de Baunsgaard & Keen (2005), citado en el informe del FMI de 15 de febrero de 2005 titulado «Abordar las consecuencias en términos de ingresos de la reforma del comercio», en el que el FMI concluye que muchos países de renta baja y algunos países de renta media han tenido dificultades para sustituir los ingresos derivados de los impuestos comerciales.
(8) DO C 184 E de 8.7.2010, p. 488.

Aviso jurídico - Política de privacidad