El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Belarús, en particular las de 10 de marzo de 2011(1), 20 de enero de 2011(2) y 17 de diciembre de 2009(3),

–  Vistas la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, el 18 de febrero de 2011, sobre la condena judicial contra un representante de la oposición belarusa, así como la declaración del portavoz de la citada autoridad el 10 de abril de 2011, sobre la represión de los medios de comunicación independientes en Belarús,

–  Vista la Decisión 2011/69/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas contra determinados funcionarios de Belarús,

–  Visto el informe definitivo sobre las elecciones presidenciales en Belarús publicado por la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (OIDDH) y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE el 22 de febrero de 2011,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que los candidatos presidenciales Ales Mijalévich, Uladzímir Niakliáeu, Vital Rymasheuski, Andréi Sánnikau, Mikalái Statkévich y Dimitri Uss y sus directores de campaña, en particular Pável Seviarynets, Vladímir Kóbets y Serguéi Martsélev, se enfrentan actualmente a juicios que pueden acarrearles condenas de hasta quince años de prisión,

B.  Considerando que diversos activistas de la oposición, entre ellos Anatol Liabedzka, líder de la formación opositora Partido Cívico Unido (AHP), los antiguos candidatos presidenciales Vital Rymasheuski y Ales Mijalévich, el editor jefe del portal de noticias online Andréi Dzmítrieu, el jefe de campaña del candidato presidencial opositor Uladzímir Niakliáeu, y el activista de la campaña ¡Decid la verdad! Siarguéi Vazniak, han sido excarcelados del centro de detención del KGB para presos preventivos y puestos bajo arresto domiciliario hasta la conclusión de la instrucción contra ellos; considerando que Ales Mijalévich y Natalia Radzina han huido del país para evitar su juicio, en tanto que Dzmitri Bandarenka, defensor de Andréi Sánnikau en una anterior campaña electoral presidencial, ha sido condenado a dos años de reclusión en una colonia penal de régimen general,

C.  Considerando que, en relación con las manifestaciones del 19 de diciembre de 2010, han sido condenados a penas de entre uno y cuatro años de prisión: Aliaksandr Atroshchankau, Aliaksandr Malchanau, Dzmitri Nóvik y Vasil Parfiankou, miembros de los equipos de campaña de los candidatos de la oposición democrática Uladzímir Niakliáeu y Andréi Sánnikau; Mikita Lijavid, miembro del movimiento Por la libertad; Ales Kirkévich, Zmítser Dashkévich y Eduard Lobau, activistas del Frente Joven ; Pával Vinagradau, activista de la campaña ¡Decid la verdad!; Andréi Pratasienia, activista no afiliado; Dzmitri Drozd, historiador; y Uladzímir Jamichenka y Dzmitri Bandarenka, participantes en las protestas,

D.  Considerando que hay pruebas de que la policía tortura a detenidos para obligarles a confesar sus presuntos delitos contra el Estado, como lo demuestran los casos de Olga Klasovska y Ales Mijalévich,

E.  Considerando que el 25 de abril de 2011 el Ministerio de Información belaruso presentó al Tribunal Económico Supremo sendas solicitudes de cierre de los rotativos independientes Naródnaya Volia y Nasha Niva,

F.  Considerando que Andrzej Poczobut, periodista del canal de televisión Belsat y del periódico Gazeta Wyborcza ha sido detenido y se enfrenta a una petición de dos años de prisión por «insultos al presidente» como consecuencia de sus recientes artículos; considerando que Poczobut ha sido reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia; considerando que la periodista Irina Jalip, esposa de Andréi Sánnikau, también ha sido detenida y se enfrenta a cargos relacionados con las protestas; considerando que Jalip se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario y que se le ha prohibido toda comunicación con su marido,

G.  Considerando que las medidas represivas contra miembros de la oposición democrática, medios independientes, activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos se han acentuado aún más si cabe, pese a los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para que se les ponga fin de inmediato; considerando que esta situación constituye una grave infracción de numerosos compromisos internacionales contraídos por Belarús,

1.  Condena categóricamente todas las condenas basadas en el cargo delictivo «participación en disturbios masivos», considerándolas arbitrarias y politizadas; destaca que según diversas informaciones las autoridades no han conseguido demostrar la culpabilidad de los acusados, que los juicios se celebraron a puerta cerrada, que a los detenidos se le negó la posibilidad de llamar a sus testigos y de reunirse regularmente y con discreción con sus representantes legales, que los abogados de los acusaron recibieron diversas advertencias del Ministerio de Justicia y que varios de ellos han sido expulsados de sus colegios; afirma, por consiguiente, que los juicios no se celebraron de manera imparcial;

2.  Considera todos los cargos contra los candidatos presidenciales Uladzímir Niakliáeu, Vital Rymasheuski, Andréi Sánnikau, Mikalái Statkévich y Dimitri Uss ilegales e inadmisibles; pide que se absuelva a los candidatos y se les libere de cualquier ulterior procesamiento; en este sentido, condena la falta de respeto de los derechos fundamentales de reunión y de expresión que demuestran las autoridades belarusas, y pide la liberación inmediata e incondicional de todos los manifestantes aún detenidos y la retirada de todos los cargos contra ellos;

3.  Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos en Belarús; condena tajantemente las recientes declaraciones difamatorias pronunciadas contra, por ejemplo, Ales Bialiatski, presidente del Centro de Derechos Humanos Viasna, por el presidente belaruso y diversos periodistas de los medios estatales, quienes en sus comentarios sobre el atentado del metro de Minsk que «en el país hay una quinta columna»;

4.  Condena el persistente clima de miedo e intimidación de los opositores políticos en Belarús y la continua persecución de líderes de la oposición desde las elecciones presidenciales de diciembre de 2010;

5.  Insta a las autoridades belarusas a que eliminen los obstáculos a la libertad de circulación de los ciudadanos ucranianos Marina Tsapok y Maxim Kitsiuk y del ciudadano ruso Andréi Yúrov, representantes del Comité de Control Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Belarús, a quienes se denegó la entrada en el territorio de Belarús, y a la de Alik Mnatsnakyan y Viktoria Gromova, defensores rusos de los derechos humanos que fueron detenidos el 4 de mayo de 2011 en la oficina del Centro de Derechos Humanos Viasna y seguidamente expulsados de Belarús con prohibición de regresar al país durante los próximos dos años; en este sentido, condena todas las acciones contra los defensores de los derechos humanos a cargo de las autoridades belarusas;

6.  Condena el acoso e intimidación sistemáticos y la cada vez mayor presión sobre los periodistas y medios independientes de Belarús; en este sentido, insta a las autoridades belarusas a que pongan fin al expediente de cierre de los semanarios Naródnaya Volia y Nasha Niva, que se abstengan de restringir el acceso a los portales de Internet independientes Karta «97 y Bielorusski Partizan, restricción que provocaría una grave limitación del pluralismo mediática en Belarús, y que liberen a Andrzej Poczobut y retiren todos los cargos contra él;

7.  Condena la ausencia de una investigación independiente respecto al uso de la brutalidad por parte de la policía y los servicios del KGB contra los manifestantes del día de las elecciones, dado especialmente que Belarús ha rechazado una petición de catorce Estados miembros de la UE de enviar una misión de derechos humanos bajo los auspicios de la OSCE para investigar la represión masiva contra la oposición tras las elecciones de diciembre de 2010; celebra el informe provisional del Dr. Neil Jarman, relator especial del Comité de Control Internacional de la Situación de los Derechos Humanos en Belarús, y se muestra consternado por las nuevas detenciones en Minsk de defensores de los derechos humanos procedentes de diversos países de la OSCE;

8.  Pide a la Comisión, al Consejo, a la Alta Representante y a otros países socios de la UE que amplíen las medidas restrictivas contra el régimen belaruso, incluyendo la imposición de sanciones económicas específicas, en particular contra las empresas estatales;

9.  Destaca que a la vista de la represión continuada y sin precedentes contra la oposición belarusa, la UE debe encontrar nuevas vías para ayudar a la sociedad civil del país a facilitar la sensibilización de la opinión pública, impidiendo la total fragmentación de la oposición política y apoyando una alternativa política al régimen de Lukashenka; pide la ayuda de la UE para que los partidos de la oposición democrática, las organizaciones de la sociedad civil y los medios independientes se mantengan y refuercen, por ejemplo a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

10.  Destaca que el posible compromiso de la UE con Belarús estará sujeto a una estricta condicionalidad y dependerá del compromiso de Belarús de respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho, tal como se afirma en la Declaración Conjunta de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009, cofirmada por el gobierno belaruso;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa y al Parlamento y al Gobierno de Belarús.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0099. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0022. (3) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 16.