Índice 
Textos aprobados
Miércoles 9 de marzo de 2011 - Estrasburgo
Orientaciones para el procedimiento presupuestario 2012 - Secciones I, II y de IV a X
 Estrategia de la UE para la región atlántica
 Informe de 2010 sobre los progresos realizados por Turquía
 Proceso de integración europea de Montenegro
 Estrategia de la UE para la integración de la población romaní
 Política industrial para la era de la mundialización

Orientaciones para el procedimiento presupuestario 2012 - Secciones I, II y de IV a X
PDF 283kWORD 57k
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2012, Sección I – Parlamento Europeo, Sección II – Consejo, Sección IV – Tribunal de Justicia, Sección V – Tribunal de Cuentas, Sección VI – Comité Económico y Social Europeo, Sección VII – Comité de las Regiones, Sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo, Sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos, Sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (2011/2017(BUD))
P7_TA(2011)0088A7-0049/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(1),

–  Vista la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas(2),

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(3),

–  Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2009, acompañado de las respuestas de las instituciones(4),

–  Vistos el artículo 23, apartado 7, y el artículo 79 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0049/2011),

A.  Considerando que la situación financiera, económica y social en que se encuentra actualmente la UE obliga a las instituciones a responder con la calidad y eficacia necesarias y a utilizar procedimientos de gestión estrictos con el fin de poder obtener ahorros,

B.  Considerando que las instituciones deberían disponer de recursos suficientes, si bien en el contexto económico actual estos recursos deben gestionarse con rigor y eficacia,

C.  Considerando que, en esta fase del procedimiento anual, el Parlamento está a la espera de los estados de previsiones de las otras instituciones y de las propuestas de su propia Mesa para el presupuesto 2012,

D.  Considerando que es especialmente conveniente que la Comisión de Presupuestos y la Mesa mantengan, por cuarto año, la cooperación reforzada entre ambos órganos durante todo el procedimiento presupuestario 2012,

E.  Considerando que, según el artículo 23 del Reglamento del Parlamento, la Mesa es responsable de resolver los asuntos económicos, de organización y administrativos que afecten a la organización interna del Parlamento, y que la Comisión de Presupuestos es responsable de establecer el proyecto de estado de previsiones del Parlamento en el contexto del procedimiento anual,

F.  Considerando que los efectos de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre la rúbrica 5 deberían estabilizarse en 2012, a pesar de que el SEAE, por ejemplo, tendrá repercusiones que resultan difíciles de cuantificar por el momento,

G.  Considerando que, con la adhesión de Croacia prevista para 2013, la ampliación repercutirá en el presupuesto de 2012, en especial en lo que se refiere a los recursos para los nuevos diputados y a la contratación de personal,

H.  Considerando que, en años anteriores, la Autoridad Presupuestaria ha aceptado adoptar una actitud prudente en cuanto al gasto administrativo, con lo que quedaron márgenes significativos por debajo del límite máximo de la rúbrica 5,

I.  Considerando que el límite máximo de la rúbrica 5 en el Marco Financiero Plurianual (MFP) para el presupuesto de la UE en 2012 es de 8 754 millones de euros (lo que representa un aumento de 340 millones de euros, es decir, del 4 % en comparación con 2011, incluido un 2 % de inflación),

J.  Considerando que, en su calidad de colegislador, el Parlamento ha decidido encontrar un equilibrio razonable entre sus recursos humanos y sus nuevas competencias a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (19,67 % del total de la rúbrica 5 en 2009, 19,99 % en 2010 y 20,03 % en 2011),

K.  Considerando que es fundamental supervisar los movimientos de los gastos de la rúbrica 5 a lo largo de 2011, con objeto de elaborar una predicción de los futuros presupuestos,

L.  Considerando que, mediante su decisión de 24 de marzo de 2010, la Mesa adoptó la estrategia inmobiliaria del Parlamento a medio plazo, que define algunos parámetros clave para su política en este ámbito para el futuro; que, como parte de esta estrategia, el Parlamento ha decidido continuar dando prioridad a la adquisición de edificios (siempre que sea razonable), centrándose en la concentración geográfica en sus lugares de trabajo; que el pago anticipado, con miras a la reducción de costes de financiación, sigue siendo una de las prioridades clave para el futuro,

Marco general y prioridades para el presupuesto 2012

1.  Destaca la difícil situación en que se encuentra el límite máximo de los gastos de la rúbrica 5 para 2012, y es plenamente consciente de que las instituciones podrán tener dificultades para satisfacer la financiación de todas sus necesidades y, al mismo tiempo, mantener la disciplina presupuestaria y la autocontención con el fin de ajustarse al Marco Financiero Plurianual;

2.  Establece como prioridad el principio de excelencia legislativa a fin de garantizar una respuesta adecuada a los actuales retos políticos, que requiere la consolidación de los recursos necesarios para abordar el nuevo marco institucional que resulta de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; opina que el presupuesto del Parlamento y del resto de instituciones para 2012 debe ser un presupuesto de consolidación, entre otros motivos porque puede servir como referencia para el próximo Marco Financiero Plurianual;

3.  Hace hincapié en que este esfuerzo de consolidación no debe impedir inversiones (por ejemplo, en tecnología) que, en el futuro, puedan suponer ahorros a largo plazo;

4.  Considera también como prioritarios los principios de buena gestión (artículo 27 del Reglamento financiero), especialmente los principios de economía, efectividad y eficiencia; opina que estos principios deben reflejarse claramente, de acuerdo con el principio de rendición de cuentas, en los presupuestos del Parlamento y de las demás instituciones, así como en sus culturas de organización; considera, en consecuencia, que en la aplicación de varias políticas deben tenerse en cuenta los resultados conseguidos y que los gastos variables deben, siempre que sea posible y si su magnitud lo requiere, someterse a evaluaciones regulares de costes y beneficios;

5.  Considera que, como resultado de la aplicación de estos principios, las instituciones deben presentar planes de reducción de los costes; está convencido de que, en este contexto, deben evaluarse las ventajas de la centralización, con objeto de generar economías de escala (por ejemplo, contratación centralizada, servicios compartidos entre las instituciones), además de qué debe permanecer descentralizado o pasar a estarlo;

6.  Estima que la precisión, la simplicidad, la claridad y la transparencia deben ser el resultado de la aplicación de los principios de buena gestión; solicita, en este sentido, la presentación de un organigrama de cada institución, junto con los costes de cada una de las unidades que lo componen; exige asimismo que cada gasto se especifique claramente y se justifique, con una clara distinción entre los gastos fijos y variables, con el fin de satisfacer el principio de un presupuesto de base cero;

7.  Considera que, a más tardar al iniciarse el próximo Marco Financiero Plurianual, el presupuesto del Parlamento y el de las demás instituciones deben ser el resultado de una planificación plurianual que cubra la duración de dicho marco;

8.  Destaca que es indispensable realizar los preparativos necesarios a escala interinstitucional para la recepción de personal croata con vistas a la posible ampliación de la Unión Europea;

9.  Opina que el Parlamento y las demás instituciones deben enviar informes semestrales sobre la aplicación de sus propios presupuestos, con detalles sobre la aplicación de cada línea presupuestaria;

10.  Considera que la política en materia de medio ambiente y EMAS(5) deben formar parte de la cultura del Parlamento y del resto de instituciones y que, a este fin, deben presentarse medidas para la reducción de las emisiones y del consumo de papel, energía y agua;

11.  Reitera que la cooperación interinstitucional, siempre que sea posible y adecuada, es fundamental para el intercambio de buenas prácticas, que favorece la eficacia y permite ahorros; considera que debe mejorarse la cooperación interinstitucional en los ámbitos de la traducción, la interpretación, la contratación de personal (EPSO) y EMAS, y que debe ampliarse a otros ámbitos; pide que se lleve a cabo un análisis pormenorizado de la traducción «freelance» y del papel que desempeña el Centro de Traducción;

12.  Recuerda la necesidad de un sistema de gestión del conocimiento completamente integrado; acoge con satisfacción la información facilitada por la administración por lo que se refiere al Sistema de gestión del conocimiento; pide un informe de progresos sobre la multiplicidad de fuentes/sistemas de información a disposición de los diputados; solicita que se establezca un calendario claro para la concepción de un prototipo; hace hincapié en la necesidad de agilizar la aplicación de una política de clasificación e indexación; solicita información sobre la manera en que puede hacerse fácilmente accesible este sistema a los ciudadanos europeos;

13.  Subraya la importancia para el Parlamento Europeo y las demás instituciones de adoptar una estrategia digital ambiciosa y de amplio alcance en cuanto a las herramientas de la Web 2.0 y, en particular, las redes sociales, con objeto de fortalecer el vínculo entre Europa y los ciudadanos; considera asimismo que el Parlamento y las demás instituciones deberían concebir una estrategia sobre la gobernanza electrónica; pide que se recurra al teletrabajo cuando sea oportuno; pide a la Mesa que contemple el establecimiento de un sistema de computación en nube que permitiría reducir los costes de funcionamiento del sistema informático, mejorar las prestaciones del equipamiento y garantizar una mayor movilidad en el marco de los trabajos del Parlamento Europeo;

14.  Hace hincapié en que los estados financieros y los análisis de costes del mismo tipo son de la máxima importancia para las decisiones adoptadas por la Institución; insiste en que estos análisis deben ser sistemáticos e indicar los costes recurrentes y los de una sola vez (es decir, costes fijos y variables) directamente derivados de cada medida concreta;

15.  Pide que se recurra a la redistribución del personal y al reciclaje profesional con el fin de mejorar la movilidad; recomienda que solo se contrate nuevo personal cuando fracasen los procedimientos internos de redistribución y de formación y no resulte adecuada la opción de adquirir servicios externos;

16.  Considera que debe acordarse una estrategia conjunta y coordinada para la aplicación del presupuesto entre todas las instituciones a las que les afecte la adhesión de Croacia; solicita que se efectúe una estimación de las consecuencias para la rúbrica 5;

17.  Considera que todas las instituciones deben contar con políticas activas de no discriminación y adaptar sus edificios y la política en materia de recursos humanos para garantizar un mejor acceso a las personas con discapacidad;

18.  Hace hincapié en que, en un contexto de crisis económica, de fuerte endeudamiento público y de restricciones en una época en la que se están llevando a cabo esfuerzos de consolidación presupuestaria a nivel nacional, el Parlamento Europeo, al igual que las demás instituciones europeas, debe dar muestras de responsabilidad presupuestaria y autocontención;

Parlamento

19.  Opina que el objetivo del Parlamento debe ser desarrollar la excelencia legislativa y que todos los recursos necesarios deben estar disponibles para este fin, respetando al mismo tiempo las limitaciones presupuestarias;

20.  Opina que el Parlamento debe dar muestras de responsabilidad presupuestaria y autocontención y mantenerse en torno a la tasa de inflación; de acuerdo con la orientación interinstitucional, las necesidades relacionadas con la ampliación se han de incluir bien en una nota rectificativa, bien en un presupuesto rectificativo; las necesidades de los 18 nuevos diputados derivados del Tratado de Lisboa también se incluirán en una nota rectificativa o un presupuesto rectificativo;

21.  Considera que el personal adicional asignado a la administración del Parlamento para hacer frente a los nuevos desafíos derivados del Tratado de Lisboa debe entrar ahora en una fase de consolidación; insiste en que las estructuras organizativas deben ser capaces de impulsar la creación de sinergias basándose en las competencias respectivas de las unidades especializadas existentes;

22.  Señala que el presupuesto del Parlamento para 2011 asciende a 1 685 millones de euros, lo que representa el 20,03 % de la rúbrica 5;

23.  Espera que la Mesa incluya solicitudes realistas al presentar las estimaciones; está dispuesto a examinar sus propuestas con un enfoque prudente y basado en las necesidades a fin de garantizar un funcionamiento correcto y eficiente de la Institución; subraya que la finalidad de la nota rectificativa que presentó la Mesa a la Comisión de Presupuestos en septiembre es tener en cuenta necesidades no previstas en el momento de elaborar el estado de previsiones, y hace hincapié en que no debe considerarse como una oportunidad para renovar previsiones ya acordadas; de acuerdo con la orientación interinstitucional, las necesidades relacionadas con la ampliación se incluirán bien en una nota rectificativa, bien en un presupuesto rectificativo; las necesidades de los 18 nuevos diputados derivados del Tratado de Lisboa también se incluirán en una nota rectificativa o un presupuesto rectificativo;

24.  Pide una visión de conjunto detallada y clara de las líneas presupuestarias que se infraejecutaron en 2010, y espera con interés el análisis de las razones que condujeron a esa situación; también desea recibir una explicación de todas las prórrogas de créditos y su utilización en 2010, así como una actualización de los ingresos afectados definitivos en comparación con los importes que se habían consignado en el presupuesto;

25.  Considera que los diputados deben tener acceso a servicios de calidad para poder llevar a cabo sus obligaciones en igualdad de condiciones; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia de que a los diputados de cualquier nacionalidad y lengua se les dispense el mismo trato en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo los cometidos y actividades políticas que les competen en su propia lengua cuando así lo deseen; considera, por ejemplo, que la falta de interpretación en las reuniones de comisiones es inaceptable; opina que el principio de buena gestión financiera también debe aplicarse a la traducción y a la interpretación;

26.  Considera también que deben buscarse todos los medios posibles para aumentar la flexibilidad de la interpretación como un paso crucial para garantizar buenas prácticas laborales, y observa que, en muchos casos, los problemas y el despilfarro financiero podrían evitarse si hubiera alguna posibilidad de cambiar de lengua en un breve plazo dependiendo de la asistencia efectiva a las reuniones más que de la asistencia prevista;

27.  Insta a que se proceda a una revisión pormenorizada sobre si el derecho al libre acceso de los ciudadanos europeos para reunirse con sus representantes puede equilibrarse de manera más eficiente con la necesidad urgente de proporcionar seguridad a las personas que trabajan en las instituciones; pide al Secretario General que presente un informe al respecto antes del 30 de junio de 2011;

28.  Estima que, tal como se ha decidido, debe instalarse un servicio WiFi competo que permita cumplir el objetivo de reducir el uso de papel; considera que debe fomentarse el uso de la videoconferencia para las reuniones, igual que el uso de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente; pide un análisis de los costes y los beneficios de dichas medidas;

29.  Señala, en lo que respecta a la política inmobiliaria, que el Parlamento se esfuerza por racionalizar la asignación del espacio existente y conseguir reducciones de costes y economías de escala; destaca que el proyecto de ampliación del KAD actualmente en ejecución, cuyo coste se ha estimado en unos 549,6 millones de euros (a precios de 2016), permitirá la concentración geográfica de la administración del Parlamento en Luxemburgo, y que otros edificios actualmente en alquiler en dicho país serán desalojados gradualmente, lo que permitirá conseguir ahorros sustanciales una vez completado el proyecto; llama la atención sobre el hecho de que la financiación de este proyecto de construcción podría requerir la configuración de estructuras jurídicas especializadas (una entidad de propósito especial), puesto que el Reglamento financiero prohíbe los préstamos directos, y que se podrían reducir los costes si el proyecto se financiara directamente con cargo al presupuesto o mediante un préstamo directo, lo que demuestra claramente la necesidad de practicar ajustes en el Reglamento financiero a fin de garantizar una aplicación más transparente y directa de los futuros proyectos inmobiliarios;

30.  Acoge con satisfacción las decisiones aprobadas por la Mesa el 24 de marzo de 2010; reitera su solicitud de que se desarrolle una estrategia a medio y largo plazo para la política inmobiliaria; opina que el objetivo de esta estrategia debería ser encontrar la mejor solución, teniendo en cuenta los principios de buena gestión y la necesidad de evaluar diferentes opciones y posibilidades de financiación alternativa; señala la propuesta incluida en la decisión antes mencionada de utilizar los ingresos afectados del Gobierno belga para invertir en infraestructura para nuevo espacio de oficinas para los asistentes de los diputados; solicita información complementaria sobre el uso de estos ingresos afectados para este fin, así como información pormenorizada sobre las posibles opciones alternativas antes de que se tome cualquier posible decisión;

31.  Subraya la necesidad de más información sobre la Casa de la Historia Europea; solicita especialmente la presentación de un plan económico detallado a la Comisión de Presupuestos; reitera la necesidad de recibir información sobre el coste global de este proyecto, así como sobre las futuras implicaciones financieras y jurídicas para el Parlamento Europeo, y pide más información sobre el concurso para el plan arquitectónico en marcha desde 2009; subraya que todas las decisiones relativas al proyecto están supeditadas al procedimiento parlamentario normal;

32.  Considera que, como es el caso de todas las grandes organizaciones, un punto de vista externo independiente sobre cómo se utilizan los recursos y cómo se organiza el trabajo es a veces necesario y sólo puede ser beneficioso si se maneja correctamente; aún subrayando que una institución política europea como el Parlamento tiene un carácter único, opina que, a largo plazo, se debería considerar la posibilidad de realizar un análisis externo de su organización y gestión como éste; considera que en 2012 se podría determinar y examinar de esta forma algún sector o sectores específicos;

33.  Recuerda que la política de información y comunicación del Parlamento es importante y debe llegar a todos los ciudadanos europeos, así como es importante mejorar la posibilidad de que los ciudadanos europeos interaccionen directamente con el Parlamento, y, por tanto, pide que se evalúen los resultados conseguidos con esta política;

34.  Apoya todos los esfuerzos por modernizar los sistemas informáticos financieros del Parlamento;

35.  Apoya plenamente todos los esfuerzos por seguir una política de personal más eficaz y profesional, que incluya la redistribución del personal dentro de las direcciones generales o entre ellas;

36.  Considera que las acciones de seguimiento son importantes para una serie de políticas con repercusiones financieras, por ejemplo EMAS, los contratos públicos o las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones de aprobación de la gestión presupuestaria; insiste en la necesidad general de garantizar de forma permanente un seguimiento y análisis de la ejecución del presupuesto del Parlamento;

37.  Expresa su preocupación por la propuesta de crear una Unidad de Evaluación de la plusvalía europea para evaluar el coste de la no Europa; pregunta si esta oficina es necesaria y pide información más detallada sobre su la creación;

Otras instituciones

38.  Pide que el resto de las instituciones presenten solicitudes presupuestarias realistas y basadas en los costes, que tengan debidamente en cuenta la necesidad de administrar lo mejor posible unos recursos limitados; celebra la creación de una nueva sección X en el presupuesto de la UE para el Servicio Europeo de Acción Exterior, con una dotación de 464 millones de euros; está dispuesto a examinar las necesidades del SEAE en cuanto a edificios y a personal, y está decidido a supervisar las repercusiones para la rúbrica 5, puesto que la introducción de este servicio estaba concebida como neutra desde el punto de vista presupuestario; no está dispuesto a poner en peligro las necesidades de las instituciones existentes;

39.  Considera que la creación de una nueva Sección X en el presupuesto de la UE para el Servicio Europeo de Acción Exterior responde a la necesidad de dotar a la UE de un marco institucional que, junto con las nuevas disposiciones de la PESC/PESD, pueda apoyar las ambiciones de la UE en política exterior;

o
o   o

40.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al SEAE.

(1) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
(2) DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
(3) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
(4) DO C 303 de 9.11.2010, p. 1.
(5) Reglamento (CE) nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (DO L 114 de 24.4.2001, p. 1).


Estrategia de la UE para la región atlántica
PDF 117kWORD 38k
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia europea para la región atlántica
P7_TA(2011)0089B7-0165/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 14 de junio de 2010, en las que se pedía a la Comisión que elaborara, antes de junio de 2011, una estrategia europea para la región atlántica,

–  Vista la consulta pública iniciada por la Comisión, con miras a publicar una comunicación sobre una estrategia europea para la región atlántica,

–  Vistas la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico y la Estrategia de la UE para la región del Danubio,

–  Vistas las conclusiones del quinto informe sobre la cohesión,

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y el Título XVIII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establecen que la cohesión territorial es un objetivo de la Unión Europea,

B.  Considerando que cinco Estados miembros de la UE tienen costa atlántica: Francia, Irlanda, Portugal, España y el Reino Unido,

C.  Considerando que la región atlántica tiene sus propias características específicas, que son las siguientes:

   un dinámico espacio marino (gracias al transporte marítimo, la pesca, la energía marina, etc.),
   un espacio cuyo frágil medio ambiente debe preservarse y está sujeto a las consecuencias del cambio climático (erosión costera y fenómenos climáticos extremos),
   un espacio periférico dentro de la Unión Europea con problemas de accesibilidad y conectividad y con un reducido número de importantes centros urbanos,

D.  Considerando que estas características específicas se derivan de principios que trascienden las fronteras nacionales para los que deben hallarse respuestas políticas a nivel europeo,

E.  Considerando que en junio de 2010 el Consejo pidió a la Comisión que elaborase una estrategia para la región atlántica antes de junio de 2011, y que la publicación de una comunicación de la Comisión está prevista para 2011,

1.  Pide a la Comisión que dé forma cuanto antes a la Estrategia de la UE para la región atlántica, como una estrategia integrada que aborde cuestiones marítimas y territoriales;

2.  Considera que esta estrategia debe realizarse en el marco del objetivo de la política de cohesión relativo a la cooperación territorial (Objetivo 3) y basarse en un enfoque integrado, transversal y territorial aplicado para mejorar la coordinación de las políticas entre los diversos niveles de gobernanza en un territorio determinado, centrándose en las cuestiones pertinentes; está convencido de que la cooperación territorial europea puede contribuir ampliamente a intensificar el proceso de integración dentro de la región atlántica, mediante una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones y la aplicación de acciones concretas;

3.  Subraya que el principal valor añadido de la estrategias macrorregionales de la UE radica en la cooperación, la coordinación y la mejora de las inversiones estratégicas de los fondos disponibles a diferentes niveles, y no en la asignación adicional de recursos; subraya las conclusiones de la Presidencia sueca, según las cuales no son necesarias nuevas instituciones, ni nuevas medidas legislativas, ni nuevos presupuestos;

4.  Pide que esta estrategia se abra a todas las regiones de la UE situadas a lo largo de la costa atlántica, incluidas las regiones ultraperiféricas de la Macaronesia;

5.  Considera que la dimensión exterior de esta estrategia puede verse reforzada por la posición geoestratégica de las regiones atlánticas, en particular en los ámbitos de la seguridad y la vigilancia marítimas y en la esfera de las relaciones comerciales internacionales; considera que también deben abordarse la cooperación internacional e iniciativas de cooperación triangulares;

6.  Considera que esta estrategia debe poner en práctica una mejor coordinación de objetivos y medios, con fuertes vínculos con la Estrategia UE 2020 y las políticas de la UE para el período posterior a 2013; recuerda, a este respecto, que esta estrategia tiene por objeto mejorar el gasto de los fondos de la UE, y no aumentarlo;

7.  Pide que esta estrategia esté bien conectada con la política regional y la política marítima integrada de la UE y considera que también debe facilitar las sinergias con otras políticas de la UE, como las relativas a las redes transeuropeas de transporte, la Política Pesquera Común, las medidas en materia de cambio climático y medio ambiente, el Programa Marco de Investigación y Desarrollo, la política energética, etc.;

8.  Considera que la dimensión territorial de esta estrategia es fundamental y contribuirá a la cohesión territorial de la UE; que esta dimensión territorial tendrá que abordar en particular la apertura, la interconexión de las redes de transporte y energía y el desarrollo de la energía marina, el desarrollo de las zonas urbanas y las rurales y la intensificación de los vínculos entre tierra y mar y entre mar y aguas interiores;

9.  Reitera la importancia de mejorar la accesibilidad en las regiones marítimas del Atlántico, y de aumentar la circulación de personas, bienes y servicios en estas regiones, con el fin de alcanzar los objetivos del mercado interior y el objetivo de la política de cohesión, especialmente por medio del desarrollo del transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar;

10.  Recuerda que la dimensión marítima es una prioridad de esta estrategia, en particular a través de un enfoque de cuencas marítimas;

11.  Recomienda vivamente la promoción y el apoyo de la Comisión Europea respecto de la planificación y creación de vías marítimas en la región atlántica, como la vía marítima Gijón-Nantes, como una forma innovadora de mejorar y diversificar las redes transeuropeas de transporte, influir en las relaciones comerciales internacionales, estimular la actividad económica de los puertos y fortalecer el turismo, y contribuir a la reducción de emisiones de CO2;

12.  Considera que en esta estrategia se abordarán las siguientes cuestiones de interés común: la energía marina, el medio ambiente y el cambio climático, incluida la prevención y la lucha contra la contaminación marina por los buques, el transporte y la accesibilidad, la seguridad y la vigilancia, la investigación, la innovación, las industrias creativas, la cultura, el ocio y el turismo, la formación y los servicios marinos, y la pesca y el sector de los alimentos del mar;

13.  Considera que esta estrategia debe desarrollar sinergias entre las políticas pertinentes de la UE, nacionales, regionales y locales y que, por lo tanto, se requiere una renovada gobernanza multinivel basada en una participación más estrecha de las autoridades de la UE, nacionales, regionales y locales;

14.  Expresa su deseo de que esta estrategia funcione según un planteamiento ascendente, partiendo de las autoridades locales y con la participación de todas las partes interesadas; insiste en la necesidad de asociar a las autoridades públicas regionales y locales, los Estados miembros, la Unión Europea, las partes interesadas del sector privado y las organizaciones de la sociedad civil (incluidas las organizaciones y redes interregionales interesadas) en el diseño y la aplicación de esta estrategia;

15.  Insiste en que la cooperación en el marco de esta estrategia debe basarse, ante todo, en las necesidades de las partes interesadas y, por lo tanto, considera que las prioridades políticas abordadas deben ser objeto de decisiones consensuadas;

16.  Considera que la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT) puede ser una herramienta interesante para facilitar la cooperación en el marco de una estrategia de la UE para la región atlántica;

17.  Considera que esta estrategia debe aplicarse a partir de 2014 y coordinarse con el próximo marco financiero plurianual, y que debe ir unida a un plan de acción definido a nivel europeo que incluya una lista de proyectos estructurales;

18.  Considera que en las dimensiones interna y externa de esta estrategia se tendrá que llevar a cabo una asignación para el Atlántico de los fondos comunitarios existentes, sobre la base de prioridades compartidas;

19.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan normas simplificadas para facilitar la aplicación de esta estrategia y reducir la carga administrativa inherente;

20.  Pide a la Comisión que trabaje estrechamente con el Parlamento Europeo en la definición de las prioridades para el desarrollo de la Estrategia de la UE para la región atlántica, y que le consulte e informe regularmente sobre la situación en la aplicación de esta estrategia;

21.  Expresará sus opiniones sobre la futura comunicación de la Comisión por medio de un informe de propia iniciativa;

22.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y a las demás instituciones pertinentes.


Informe de 2010 sobre los progresos realizados por Turquía
PDF 159kWORD 76k
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre el Informe de 2010 relativo a los progresos realizados por Turquía
P7_TA(2011)0090B7-0156/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe de 2010 sobre los progresos realizados por Turquía elaborado por la Comisión (SEC(2010)1327),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, de 27 de septiembre de 2006, sobre el progreso de Turquía hacia la adhesión(1), de 24 de octubre de 2007, sobre las relaciones UE-Turquía(2), de 21 de mayo de 2008, sobre el Informe de 2007 sobre los progresos de Turquía(3), de 12 de marzo de 2009, sobre el Informe de 2008 sobre los progresos realizados por Turquía(4), y de 10 de febrero de 2010, sobre el Informe anual 2009 relativo a los progresos realizados por Turquía(5),

–  Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre las relaciones económicas y comerciales con Turquía(6),

–  Visto el marco de negociación con Turquía, de 3 de octubre de 2005,

–  Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía(7) («Asociación para la adhesión») y las decisiones previas del Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 14 de diciembre de 2010,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que las negociaciones con Turquía se iniciaron el 3 de octubre de 2005, tras la adopción por el Consejo del marco de negociación, y que la apertura de dichas negociaciones representa el punto de partida de un largo proceso cuyo final se desconoce,

B.  Considerando que Turquía se ha comprometido a efectuar reformas, mantener relaciones de buena vecindad y alinearse progresivamente con la UE, y considerando que estos esfuerzos deben verse como una oportunidad que se le presenta a la propia Turquía para modernizarse,

C.  Considerando que el pleno respeto de todos los criterios de Copenhague y la capacidad de integración en la Unión Europea, de conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2006, siguen siendo la base de la adhesión de un Estado europeo a la Unión Europea, que es una comunidad basada en valores compartidos,

D.  Considerando que la Comisión concluyó que Turquía había continuado su proceso de reforma política en 2010 pero que la falta de diálogo y de espíritu de compromiso entre los principales partidos políticos tiene un impacto negativo en las relaciones entre las principales instituciones políticas y ralentiza el trabajo sobre las reformas políticas,

E.  Considerando que Turquía continúa sin aplicar, por quinto año consecutivo, las disposiciones derivadas del Acuerdo de asociación CE-Turquía y de su Protocolo adicional,

1.  Agradece a los ciudadanos y a la sociedad civil de Turquía su apoyo a una mayor democratización del país y su compromiso en favor de una sociedad abierta y plural, y pide a las instituciones y a los Estados miembros de la UE que utilicen plenamente en este sentido todos los instrumentos en materia de política de ampliación de que dispone la UE para los países candidatos;

2.  Toma nota de la lentitud de los avances turcos en materia de reformas, y recuerda que el Gobierno turco se ha comprometido a acometer unas reformas de gran alcance con miras a cumplir los criterios de Copenhague, pero también por mor de su propia modernización; pide al Gobierno que intensifique sus esfuerzos al respecto;

3.  Expresa su preocupación por los constantes enfrentamientos entre los partidos políticos y la falta de disposición del Gobierno y de la oposición para trabajar en favor de un consenso sobre las reformas básicas; insta a todos los interlocutores políticos, al Gobierno y a la oposición a que colaboren entre sí con miras a mejorar la pluralidad política en las instituciones del Estado y a fomentar la modernización y la democratización del Estado y de la sociedad; invita a todas las fuerzas de la oposición a participar de manera constructiva en el proceso de reforma;

4.  Señala la importancia fundamental del sistema de frenos y contrapesos para la gobernanza de un Estado democrático moderno, que se ha de basar en la separación y el equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y la libertad de prensa, y en una cultura política participativa que refleje verazmente la pluralidad de una sociedad democrática;

5.  Destaca el papel de la Gran Asamblea Nacional Turca como la institución que debe contribuir de manera crucial al fortalecimiento de un sistema de frenos y contrapesos, y apoyar, activa y constructivamente, las reformas de modernización sobre la base de un compromiso entre los diferentes partidos, garantizando al mismo tiempo el control democrático de las políticas gubernamentales;

6.  Acoge positivamente la adopción de reformas constitucionales, que representa un avance en la dirección adecuada, y pide que se apliquen correctamente, en el pleno respeto de las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; señala al mismo tiempo, sin embargo, la urgente necesidad de una reforma constitucional global que convierta a Turquía en una democracia pluralista plena, centrada en la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; agradece la buena disposición mostrada tanto por el Gobierno como por la oposición para llevar a cabo esta reforma, y pide al Gobierno que garantice que todos los partidos políticos y la sociedad civil participan activamente en todo el proceso constitucional; pide que se aplique el paquete de reformas constitucionales; recomienda que también se invite a participar a la Comisión de Venecia;

7.  Acoge con satisfacción varios de los gestos simbólicos y de buena voluntad del Gobierno, así como una serie de medidas concretas en el ámbito de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la protección de las minorías y los derechos culturales; insiste, no obstante, en que se necesitan mejoras sistemáticas para que se reconozcan plenamente los derechos de las minorías; insta en particular al Gobierno a que dé un nuevo impulso al proceso de apertura democrática, y pide a la oposición su apoyo constructivo y su compromiso con este proceso;

Cumplimiento de los criterios de Copenhague

8.  Manifiesta su preocupación por el deterioro de la libertad de prensa, algunas medidas de censura y la creciente autocensura de los medios de comunicación turcos, también en Internet; pide al Gobierno de Turquía que confirme los principios de la libertad de prensa; destaca que la existencia de una prensa independiente es esencial en una sociedad democrática, y recuerda en este sentido la decisiva función que desempeña la judicatura en la protección y el aumento de la libertad de prensa, garantizando de este modo un espacio público abierto al debate en libertad y contribuyendo a un funcionamiento adecuado del sistema de frenos y contrapesos; destaca la necesidad de adoptar una nueva ley sobre medios de comunicación que abarque, entre otras cuestiones, las relativas a la independencia, la propiedad y el control administrativo; decide seguir de cerca los casos de Nedim Şener, Ahmet Şık y otros periodistas que se enfrentan al acoso policial o judicial;

9.  Aplaude las nuevas leyes sobre radio y televisión que posibilitan varios cambios positivos tales como el incremento de la cuota de participación que pueden detentar legalmente las entidades extranjeras en las empresas turcas del sector de los medios de comunicación (que pasa de un 25 % a un 50 %), pero expresa su preocupación por la posibilidad de que se puedan suspender las emisiones por razones de seguridad nacional sin una orden o una resolución judicial previa; observa con preocupación la práctica de perseguir penalmente, especialmente en virtud del artículo 285 del Código Penal sobre «Violación de la confidencialidad de una investigación penal» y del artículo 288 sobre «Intento de influir en la judicatura», a los periodistas que, en interés público, informan sobre pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y otras cuestiones; considera que la tipificación penal de las opiniones constituye un obstáculo clave para la protección de los derechos humanos en Turquía, y lamenta los recortes desproporcionados de las libertades de expresión, asociación y reunión; insta a las autoridades turcas a que cumplan estrictamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos modificando su legislación correspondiente e impartiendo la oportuna formación a las fuerzas policiales y a la judicatura;

10.  Lamenta que diferentes disposiciones legales, como los artículos 301, 318 y 220(6), junto con el artículo 314(2) del Código Penal, el artículo 7(2) de la Ley antiterrorista y la Ley 5816 de 25 de julio de 1951, así como las declaraciones del Gobierno y las acciones por parte del Gobierno y de la Fiscalía, sigan limitando la libertad de expresión; reitera su llamamiento al Gobierno para que ultime la revisión del marco legal sobre la libertad de expresión y lo ajuste sin demora al CEDH y a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH); reafirma en este contexto la necesidad de que el Gobierno turco emita instrucciones claras a la Fiscalía con respecto a las leyes que frecuentemente se aplican para limitar la libertad de expresión; lamenta el recurso, desproporcionado y repetido, al cierre de sitios web, y pide al Gobierno que reforme la Ley de Internet (n5651) para asegurarse de que esta ya no limita la libertad de expresión ni restringe el derecho de los ciudadanos a acceder a la información;

11.  Insta al Gobierno a que confirme los derechos de libertad de reunión y libertad de asociación, consagrados en los artículos 33 y 34 de la Constitución turca; lamenta y condena, en este contexto, la violenta represión ejercida por la policía contra las manifestaciones estudiantiles en la Universidad de Ankara en diciembre de 2010;

12.  Reconoce que la cuestión de los derechos de la población romaní en Turquía es ahora objeto de una gran atención y de un compromiso político por parte tanto del Gobierno como de los partidos de la oposición; recomienda que se supervise y revise con sumo cuidado el plan de viviendas gubernamental para la población romaní, en particular por lo que respecta a la sostenibilidad y metodología del propio plan; alienta al Gobierno turco a que, en el contexto de cualquier proceso de inclusión relacionado con las comunidades romaníes en el país, proceda a una inclusión activa y a una consulta creíble de estas comunidades;

13.  Toma nota de los avances realizados en las reformas del poder judicial y reitera su posición de que la independencia judicial y la imparcialidad son una de las claves para el funcionamiento de una sociedad democrática plural; manifiesta su preocupación porque aún no se han mejorado suficientemente las condiciones del sistema judicial turco con objeto de asegurar el derecho a un juicio justo y oportuno; pide al Gobierno que aplique las reformas constitucionales adoptadas en este ámbito respetando plenamente la separación de los poderes ejecutivo y judicial y la independencia y la imparcialidad del poder judicial, y en consonancia con los estándares europeos;

14.  Manifiesta, no obstante, su preocupación por la interpretación por el Tribunal Supremo de Turquía de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según la cual el periodo de prisión preventiva se prolonga a diez años, lo que constituye una clara violación de las normas europeas en esta materia; insta a la Gran Asamblea Nacional Turca a que reforme la mencionada legislación de conformidad con la jurisprudencia del TEDH; recuerda al mismo tiempo que Turquía tiene la obligación de cumplir estrictamente su compromiso, en virtud del artículo 6 del CEDH, de celebrar juicios justos en plazos razonables, en particular mediante la creación, en su sistema jurídico, de tribunales de apelación, al tiempo que refuerza la capacidad de sus tribunales supremos;

15.  Acoge con satisfacción la sentencia, de 14 de septiembre de 2010, del TEDH en el caso Dink contra Turquía; insta, por consiguiente, a las autoridades turcas a apoyar plenamente las consecuencias de la sentencia aplicando las medidas adecuadas para la protección del ejercicio de la libertad de expresión; manifiesta su preocupación por los obstáculos artificiales que ha levantado la administración pública turca para impedir el desenmascaramiento de los instigadores reales del asesinato del periodista armenio Hrant Dink;

16.  Se felicita de que las reformas constitucionales adoptadas sirvan finalmente de base para la creación de la institución del Defensor del Pueblo, y apremia al Gobierno para que prepare, y al Parlamento para que adopte, la legislación correspondiente que permita nombrar para este nuevo puesto, con arreglo a un procedimiento democrático, a una personalidad que goce de un amplio respeto; acoge con satisfacción la propuesta creación de una Institución nacional de Derechos Humanos, y pide a la Gran Asamblea Nacional Turca que consulte a la sociedad civil y ofrezca suficientes garantías de la independencia del nuevo organismo, de conformidad con los «Principios de París»;

17.  Elogia los progresos realizados en las relaciones cívico-militares, especialmente el incremento del control civil mediante la limitación de la jurisdicción de los tribunales militares, la posibilidad de someter las decisiones del Consejo Militar Supremo a revisión judicial y los acuerdos alcanzados para que los funcionarios de alto rango sean juzgados por tribunales civiles; observa que se han de seguir realizando progresos para garantizar el pleno control civil, y pide al Parlamento turco que empiece a ejercer su función de supervisión de las fuerzas de seguridad, incluida la supervisión total del presupuesto de defensa;

18.  Señala que la investigación de casos de supuestas tramas de golpe de Estado, tales como los casos Ergenekon y Sledgehammer, deben demostrar la fortaleza y el funcionamiento adecuado, independiente y transparente de las instituciones democráticas y el poder judicial de Turquía; manifiesta su preocupación por los periodos de prisión preventiva excesivamente largos, y destaca la necesidad de garantías judiciales efectivas para todos los sospechosos; manifiesta su preocupación por que no haya progresos en dicha investigación y observa que la reciente detención de reconocidos periodistas, como Nedim Şener, Ahmet Şık, podría dar lugar a una pérdida de credibilidad de tales juicios, los cuales, por el contrario, deberían reforzar la democracia;

19.  Considera lamentable que las enmiendas a la disolución de los partidos políticos, propuestas como parte de la reciente reforma de la Constitución, no lograran la mayoría en la Gran Asamblea Nacional Turca, e insta a todos los partidos políticos a que adecuen la legislación pertinente al correspondiente dictamen de la Comisión de Venecia;

20.  Reitera las peticiones formuladas en resoluciones anteriores con respecto a la reforma del sistema electoral mediante la reducción del umbral del 10%, reforzando de este modo el pluralismo de partidos y reflejando mejor la pluralidad de la sociedad turca; lamenta, en particular, que no se haya emprendido ninguna reforma en este ámbito en 2010; pide que se lleve a cabo una reforma en profundidad de las normas que rigen la financiación de los partidos políticos y los gastos electorales, con objeto de promover un sistema político más abierto y democrático; anima a los partidos políticos a reforzar su democracia interna y a fortalecer la responsabilidad de sus miembros electos para con su electorado;

21.  Lamenta que no haya habido avances en la limitación de la inmunidad de los diputados, en particular en lo que respecta a los delitos relacionados con la corrupción, y expresa asimismo su preocupación acerca de la protección adecuada de la expresión de opiniones no violentas en el Parlamento; pide, por tanto, al Gobierno y al Parlamento que lleguen a un acuerdo sobre la reforma adecuada del sistema de inmunidades parlamentarias;

22.  Toma nota de que Turquía ocupa actualmente la presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa, y anima a dicho país a expresar su compromiso con los valores del Consejo de Europa mediante la firma y la ratificación del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y mediante la ratificación de todos los protocolos adicionales del CEDH;

23.  Acoge con satisfacción la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas por la Gran Asamblea Nacional Turca, y pide a Turquía que aplique sus disposiciones sin demora y en estrecha cooperación con el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

24.  Apoya el diálogo en curso entre el Gobierno y las comunidades religiosas, incluidos los alevitas, los griegos, los armenios, los arameos y otros cristianos; manifiesta, no obstante, su decepción por el hecho de que solo se haya avanzado de modo limitado en el marco legal de funcionamiento de estas comunidades, especialmente en lo concerniente a su capacidad para obtener personalidad jurídica, abrir y mantener centros de culto, formar clérigos y resolver problemas de propiedad no abordados por la Ley de fundaciones; pide, al tiempo que alude a los persistentes retrasos y problemas procedimentales, que se realice un esfuerzo real y continuado en la aplicación de la Ley de fundaciones, que debe permitir que estas comunidades religiosas funcionen sin restricciones indebidas, de conformidad con el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; insta al Gobierno a que continúe aumentando su apoyo a la libertad de conciencia y a la pluralidad religiosa en la sociedad turca;

25.  Pide por ello al Gobierno que se ocupe sistemáticamente de estos asuntos reformando al efecto la legislación y asegurando su aplicación adecuada en todos los niveles de gobierno, incluidos los municipios; recuerda asimismo en este contexto las recomendaciones adoptadas por la Comisión de Venecia en la primavera de 2010 respecto a la personalidad jurídica de las comunidades religiosas y al título eclesiástico de «ecuménico» del patriarcado ortodoxo; celebra la reciente decisión de la «Asamblea de Fundaciones» de traspasar el orfanato griego para chicos de Büyükada al Patriarcado Ecuménico, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y de conceder la ciudadanía turca a varios clérigos ortodoxos griegos para facilitar el Patriarcado y el Santo Sínodo; se felicita de la ceremonia religiosa celebrada en el monasterio-museo de Sümela, en Trabzon, así como de la ceremonia celebrada en la iglesia de la isla de Akdamar, en la provincia de Van; lamenta la decisión del Tribunal Supremo turco contra el monasterio de Mor Gabriel en relación con un conflicto territorial con los pueblos y el Ministerio turco de Hacienda; reitera su expectativa de que, tras los anuncios del Gobierno en relación con la reapertura del seminario ortodoxo griego de Heybeliada (Halki), se adopten pronto medidas concretas y se adopten disposiciones para la formación sin impedimentos del clero de las comunidades cristianas; insta al Gobierno a que preste una atención particular al material educativo empleado en las escuelas, que debe reflejar la pluralidad religiosa de la sociedad turca, así como a la necesidad de un material didáctico libre de prejuicios;

26.  Condena enérgicamente la continua violencia terrorista practicada por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE, y otros grupos terroristas en suelo turco; anima a Turquía, la UE y sus Estados miembros a intensificar su cooperación en la lucha contra el terrorismo, en estrecha colaboración con el coordinador de la lucha contra el terrorismo y Europol, y cumpliendo estrictamente la legislación internacional en materia de derechos humanos;

27.  Pide al Gobierno que dé un nuevo impulso a sus esfuerzos en el marco de la apertura democrática para abordar la cuestión kurda de un modo global con vistas a una solución pacífica de esta cuestión, en particular garantizando una interpretación coherente de la legislación que permita el uso del idioma kurdo en la vida política y pública, así como en la enseñanza, reformando la legislación antiterrorista para impedir una interpretación abusiva o amplia de la misma, garantizando los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, y abordando eficazmente los problemas de las personas desplazadas de sus regiones de origen como consecuencia, entre otras causas, del prolongado conflicto, así como mediante la mejora de la situación socio-económica en el sureste del país; expresa, en este contexto, su preocupación por los juicios en curso de 151 activistas políticos kurdos, incluidos ocho alcaldes electos en ejercicio, en Diyarbakir, que constituye una injerencia en las actividades políticas legales;

28.  Acoge con beneplácito el fortalecimiento del marco legal por el que se garantizan los derechos de la mujer y la igualdad de género por medio de medidas constitucionales; expresa su preocupación ante la disminución de las tasas de participación en el mercado laboral, incluso entre mujeres con un nivel de estudios elevado; insta al Gobierno, al mundo empresarial y a la sociedad civil a que adopten medidas globales para poner remedio a la pobreza de las mujeres incrementando su inclusión social y su participación en el mercado laboral, por ejemplo luchando contra el analfabetismo femenino, apoyando activamente el acceso de las niñas a la educación secundaria o creando servicios de atención a la infancia; propugna además la introducción de un sistema de cuotas reservadas para asegurar una presencia significativa de mujeres a todos los niveles en el mundo empresarial, el sector público y la política; pide especialmente a los partidos políticos que aprovechen la oportunidad que brindan las próximas elecciones para fortalecer la participación activa de las mujeres en la vida política;

29.  Lamenta profundamente los niveles persistentemente altos de violencia doméstica, incluidos los denominados crímenes de honor, y el fenómeno de los matrimonios forzosos; se felicita, en este sentido, de las iniciativas de los movimientos de mujeres que dan visibilidad a estos problemas, e insta al Gobierno a reforzar sus medidas preventivas a todos los niveles, en especial aplicando la Ley 4320 sobre la protección de la familia y controlando su aplicación por parte de la policía y el poder judicial, obligando a los municipios de más de 50 000 habitantes a poner a disposición suficientes centros de acogida para las mujeres y menores en peligro, controlando efectivamente el pleno cumplimiento de esta obligación y estableciendo un sistema de seguimiento para las mujeres y los menores que abandonan los centros de acogida, con objeto de proporcionarles un apoyo psicológico adecuado, asistencia judicial atención sanitaria y la reinserción en la sociedad; pide al Gobierno que establezca una supervisión adecuada y eficaz del cumplimiento de esta obligación por parte de los municipios; insta a los miembros del poder judicial a que garanticen que la violencia contra las mujeres y los menores, así como los denominados crímenes de honor, se sancionen de manera consecuente y adecuada;

30.  Insta al Gobierno a que vele por que la igualdad con independencia del sexo, el género, el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual sea garantizada por la ley y se aplique de forma efectiva; lamenta las recientes acciones legales contra asociaciones LGTB, pero celebra que los tribunales hayan desestimado estos procedimientos; señala, no obstante, la necesidad de continuar actuando contra la homofobia y la discriminación por razones de orientación sexual, con arreglo a lo previsto en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género; pide al Gobierno turco que encargue a las fuerzas armadas turcas que dejen de clasificar la homosexualidad como enfermedad «psicosexual»; pide la alineación del proyecto de ley sobre la lucha contra la discriminación y el comité de igualdad con las normas de la UE, también en lo referente al sexo y la orientación sexual; insta a las autoridades nacionales y locales a que pongan fin a los asesinatos de transexuales que están teniendo lugar, incluidos los de profesionales del sexo transexuales;

31.  Opina que Turquía debería aprobar la legislación necesaria para introducir el servicio civil o social como una alternativa al servicio militar cuya duración no sea punitiva y esté basada en la libre elección, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional; pide al Gobierno que asegure la plena conformidad con el fallo del TEDH en el asunto Ülke contra Turquía, modificando la legislación con el fin de evitar la persecución continuada de los objetores de conciencia por negarse a cumplir el servicio militar; pide al Gobierno que investigue las denuncias de malos tratos de objetores de conciencia en custodia militar y que tome medidas para evitar que abusos de ese tipo ocurran en el futuro;

32.  Subraya la importancia de que se facilite una protección eficaz a los defensores de los derechos humanos; manifiesta su preocupación por las acciones y los procesos judiciales continuos contra defensores de los derechos humanos, y hace especial hincapié en el juicio contra Pinar Selek, que ha durado doce años a pesar de tres sentencias absolutorias; invita a la Comisión a seguir de cerca su caso, así como todos los casos similares, y a asistir de forma sistemática a juicios de este tipo;

33.  Insta a los principales partidos políticos a encontrar una solución por lo que respecta a la prohibición del velo en las universidades, a fin de contrarrestar los efectos polarizantes de la cuestión en la sociedad turca; pide que esta solución se base en el respeto de la libertad de elección de las mujeres;

34.  Reitera enérgicamente, habida cuenta de que no se han producido progresos desde la Resolución 1625 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, su llamamiento al Gobierno turco para que lleve a cabo políticas que preserven el carácter bicultural de las islas turcas de Gokceada (Imvros) y Bozcaada (Tenedos), y, en particular, que aborde los problemas a los que han de hacer frente los miembros de la minoría griega a la hora de ejercer su derecho a la educación y sus derechos de propiedad;

Aumento de la cohesión social y la prosperidad

35.  Se congratula de la capacidad de recuperación de la economía turca frente a la crisis económica global; señala que esta reactivación económica es una oportunidad única para aumentar la tasa de participación en el mercado laboral y la tasa de empleo, que todavía son muy bajas y apenas alcanzan el 50 %, y para iniciar un proceso de integración social progresiva; recuerda la responsabilidad compartida del Gobierno y los interlocutores sociales y les anima a intensificar la cooperación para afianzar las bases de una economía social de mercado;

36.  Insta al Gobierno turco y a los Gobiernos de los Estados miembros de la UE a que consideren y presenten la integración de los ciudadanos de la UE de origen turco en las sociedades de sus nuevos países no como una amenaza, sino como una oportunidad para el futuro de nuestras sociedades;

37.  Observa la dependencia mutua de la economía turca y la economía de la UE, y recuerda su potencial para incrementar la prosperidad tanto en la UE como en Turquía a medida que avanza la integración de Turquía en el mercado de la UE;

38.  Acoge favorablemente las mejoras introducidas por las reformas constitucionales en el ámbito del diálogo social y los derechos sindicales; insiste, no obstante, en que, además de ello, el marco legal, incluida la legislación sindical pendiente, debe ajustarse a las normas de la UE y la OIT; anima a todas las partes del Consejo Económico y Social a reafirmar su compromiso y cooperación para avanzar en este sentido;

39.  Reitera la necesidad de reforzar la cohesión entre las diversas regiones de Turquía y entre las áreas rurales y urbanas; destaca en este sentido la labor específica de la educación y la necesidad de abordar las grandes divergencias regionales que todavía existen en cuanto a la calidad de la educación y los índices de escolarización;

40.  Pide al Gobierno turco que considere en profundidad la sostenibilidad y las consecuencias medioambientales de los planes de creación de nuevas infraestructuras de abastecimiento de agua y energía en el marco del Proyecto de Anatolia Sudoriental (GAP), que amenazan con destruir el entorno medioambiental y el paisaje singular de muchas regiones, y, en particular, las repercusiones de dicho proyecto en el vecino Iraq; destaca, en particular, la necesidad de asegurar que el proyecto de ley sobre la protección de la naturaleza y la biodiversidad se modifica a fin de preservar el patrimonio cultural y arqueológico de plena conformidad con las normas europeas y de manera que la responsabilidad de la protección de la naturaleza recaiga en el poder ejecutivo; invita al Gobierno turco a adoptar un marco político más ambicioso respaldado por planes de acción concretos para luchar contra el aumento de las emisiones de carbono;

Establecimiento de relaciones de buena vecindad

41.  Pide al Gobierno turco y a todas las partes interesadas que apoyen activamente las negociaciones en curso sobre Chipre y contribuyan con medidas concretas a alcanzar una solución global para la cuestión chipriota, y pide al Gobierno que facilite un clima adecuado para las negociaciones, empezando por la retirada inmediata de sus fuerzas militares de Chipre; insta encarecidamente a las dos comunidades presentes en Chipre a que, tal como propone el Secretario General de las Naciones Unidas, trabajen intensamente para aprovechar los progresos que ya se han producido en las negociaciones a fin de alcanzar una solución sostenible, de conformidad con las Resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y promover, en particular, la Resolución 550 (1984), y con los principios que sirven de base a la UE, en beneficio de los ciudadanos chipriotas, de la UE y de Turquía;

42.  Anima a Turquía a intensificar su apoyo al Comité sobre personas desaparecidas en Chipre, especialmente facilitando el acceso del mismo a las zonas militares y a los archivos, así como a tomar las demás medidas oportunas por lo que respecta al problema humanitario de las personas desaparecidas, con arreglo a las conclusiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

43.  Pide a Turquía y a las autoridades turco-chipriotas que se abstengan de propiciar nuevos asentamientos de ciudadanos turcos en la isla, ya que con ello seguiría modificándose el equilibrio demográfico y reduciéndose la lealtad de sus ciudadanos a un futuro Estado común en base a su pasado común; pide a Turquía que aborde la cuestión del asentamiento de ciudadanos turcos en la isla de conformidad con la Convención de Ginebra y con los principios del Derecho internacional;

44.  Insta a ambas partes, Turquía y Armenia, a que ratifiquen sin condiciones los protocolos y abran la frontera, y pide a Turquía que se sirva de su importancia regional para fomentar las medidas de refuerzo de la confianza;

45.  Toma nota de la intensificación de los esfuerzos de Turquía y Grecia para mejorar sus relaciones bilaterales; lamenta, no obstante, que no se haya retirado aún la amenaza de casus belli declarada a Grecia por la Gran Asamblea Nacional Turca; espera que el Gobierno turco ponga fin a las continuas violaciones del espacio aéreo griego y a los vuelos militares turcos sobre las islas griegas;

46.  Subraya que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), firmada por los 27 Estados miembros, por la UE y por todos los demás países candidatos a la adhesión, forma parte del acervo comunitario; pide, por consiguiente, al Gobierno turco que firme y ratifique esta Convención sin demora;

47.  Valora positivamente la intensificación de las relaciones entre Turquía e Iraq, incluido su Gobierno regional kurdo, y recuerda en especial la contribución de Turquía a la estabilización de Iraq; insta a Turquía a que articule con el Gobierno iraquí y otros países vecinos medidas para contrarrestar el impacto negativo del proyecto hidrográfico anunciado por el Gobierno turco;

Avance en la cooperación UE-Turquía

48.  Lamenta el hecho de que Turquía no haya aplicado aún el Protocolo adicional al Acuerdo de Asociación CE-Turquía, lo que continúa afectando al proceso de negociación; pide al Gobierno que lo aplique plenamente;

49.  Toma nota del progreso conseguido por Turquía en el ámbito energético, e insta de nuevo al Consejo a iniciar las negociaciones sobre este asunto sin más demora; pide al Gobierno turco que incremente sus esfuerzos en relación con las negociaciones sobre la adhesión al Tratado de la Comunidad de la Energía; acoge con beneplácito la ratificación del Acuerdo Intergubernamental Nabucco y la firma del memorando de entendimiento sobre el gaseoducto de gas natural del interconector Turquía, Grecia, Italia (ITGI), ya que ambos constituyen importantes proyectos para la seguridad energética de la UE;

50.  Celebra las actuales negociaciones sobre el capítulo relativo a la seguridad alimentaria y la política veterinaria y fitosanitaria, iniciadas el 30 de junio de 2010; alienta a Turquía a que dé los pasos necesarios que faltan para cerrar algunos capítulos como la política empresarial e industrial o las redes transeuropeas;

51.  Acoge positivamente la conclusión de las negociaciones sobre el acuerdo de readmisión entre la UE y Turquía, y pide al Gobierno turco que asegure que, hasta que este acuerdo entre en vigor, se aplican plenamente los acuerdos bilaterales existentes; subraya la importancia de la intensificación de la cooperación entre la UE y Turquía respecto de la gestión de la migración y los controles fronterizos, en especial debido al elevando porcentaje de inmigrantes ilegales que entran en el territorio de la UE a través de Turquía; celebra las consultas con la sociedad civil sobre tres proyectos de ley en el ámbito del asilo, e insta al Gobierno a que presente de inmediato estas leyes al Parlamento; considera que, tras la entrada en vigor del acuerdo de readmisión, el Consejo debe dar mandato a la Comisión para iniciar un diálogo relativo a los visados, prestando especial atención a los requisitos de entrada a la UE de empresarios y estudiantes, que constituye una medida necesaria para la movilidad de las personas;

52.  Toma nota de la creciente actividad de la política exterior turca, destinada a fortalecer su posición a nivel regional; insta a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a tener plenamente en cuenta este aspecto y a comprometerse con Turquía en la coordinación de objetivos y la valorización adecuada de los intereses de la UE; pide al Gobierno turco que refuerce la coordinación de la política exterior con la UE; celebra, en principio, la política recientemente anunciada por Turquía de solucionar todos los problemas con sus vecinos, pero señala la necesidad de que Turquía mantenga un compromiso claro con nuestros valores e intereses comunes europeos; pide a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que intensifique el actual diálogo con Turquía sobre cuestiones de política exterior de interés común; anima encarecidamente a la búsqueda de esfuerzos concertados en favor de la democratización y el desarrollo en Oriente Próximo y el norte de África, habida cuenta de que Turquía es una fuente de inspiración para muchos en el mundo árabe, como democracia secular con una población musulmana mayoritaria;

53.  Subraya la importancia estratégica de la región del Mar Negro para la UE; considera que Turquía es un importante socio de la UE en dicha región, y pide a Turquía que apoye y contribuya activamente a la aplicación de las políticas y acciones de la UE en la región, incluida una posible estrategia de la UE para el Mar Negro;

54.  Insta al Gobierno turco a apoyar ampliamente los esfuerzos de la comunidad internacional para impedir que Irán adquiera armamento nuclear, y lamenta que Turquía haya votado en contra de la correspondiente resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; considera que Turquía puede contribuir a la democratización y al fortalecimiento de los derechos humanos en Irán, coordinando sus esfuerzos con los de la UE;

55.  Cree que Turquía tiene un papel importante en el fomento del diálogo en el marco del proceso de paz en Oriente Próximo y en la estabilización del Líbano, y pide a Turquía que reanude sus estrechos vínculos con Israel, continúe su mediación constructiva y contribuya en particular al fortalecimiento de la Autoridad Palestina;

56.  Valora positivamente el compromiso activo de Turquía de apoyar los esfuerzos de los socios transatlánticos en Afganistán y en los Balcanes; lamenta, sin embargo, que Turquía bloquee con sus objeciones toda cooperación estratégica OTAN-UE que vaya más allá de los dispositivos «Berlín Plus»;

57.  Pide al Gobierno turco que firme y someta a ratificación el Estatuto de la Corte Penal Internacional, acrecentando así la contribución y la participación de Turquía en el sistema multilateral mundial;

58.  Toma nota de las conclusiones y de las mejoras propuestas por la Comisión en su Informe anual 2009 sobre la aplicación del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) con objeto de establecer prioridades entre los objetivos y, por tanto, los proyectos de acuerdo con los criterios de adhesión, como propone el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo no 16/2009, subraya la importancia de controlar exhaustivamente la aplicación del IPA debido a la ejecución de nuevos proyectos.

o
o   o

59.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Secretario General del Consejo de Europa, al Presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía.

(1) DO C 306 E de 15.12.2006, p. 284.
(2) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 452.
(3) DO C 279 E de 19.11.2009, p. 57.
(4) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 139.
(5) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 59.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0324.
(7) DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.


Proceso de integración europea de Montenegro
PDF 141kWORD 59k
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre el proceso de integración europea de Montenegro
P7_TA(2011)0091B7-0157/2011

El Parlamento Europeo,

–  Vista la decisión del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2010, de conceder a Montenegro la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de Montenegro de adhesión a la Unión Europea» (COM(2010)0670),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Estrategia de ampliación y principales retos 2010-2011» (COM(2010)0660),

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra, de 29 de marzo de 2010(1),

–  Vistos el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre readmisión de residentes ilegales, de 8 de noviembre de 2007(2), y el Reglamento (CE) nº 1244/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, aprobado el 1 de diciembre de 2009, que modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación(3),

–  Vistas las recomendaciones de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, de los días 27 y 28 de septiembre de 2010,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 reafirmó que el futuro de los Balcanes Occidentales está en la Unión Europea, y que aquella declaración fue reiterada por el Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y16 de junio de 2006, así como en cumbres sucesivas,

1.  Acoge con satisfacción el consenso general y la prioridad especial concedida a la integración europea por el Gobierno y los partidos de la oposición de Montenegro, que ha dado lugar a grandes avances en el proceso de reforma del país desde su independencia; se felicita por la nueva dirección política en Podgorica y alienta al nuevo Gobierno a continuar el proceso de integración europea de Montenegro y acelerar el ritmo de las reformas dirigidas a cumplir los criterios de Copenhague;

2.  Acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo, de 17 de diciembre de 2010, de conceder a Montenegro la condición de país candidato a la adhesión a la Unión Europea; lamenta, sin embargo, que la condición de candidato a la adhesión no vaya asociada al derecho a entablar negociaciones, al tiempo que destaca que no debe aplazarse de forma indebida o no justificada la decisión de iniciarlas; espera que comiencen las negociaciones a más tardar después de la publicación del Informe de situación de la Comisión de 2011, a condición de que Montenegro realice importantes avances en el cumplimiento de los criterios de referencia establecidos por la Comisión;

3.  Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de conceder a los ciudadanos montenegrinos la posibilidad de viajar sin visado (plena liberalización de visados) a la zona Schengen de la UE a partir del 19 de diciembre de 2009; destaca la importancia que reviste esta medida para el desarrollo de los contactos entre los pueblos, sobre todo en el ámbito de la educación, la investigación y el turismo, así como para los contactos entre empresas y la cooperación internacional entre sindicatos; insta a los países de la UE no pertenecientes al espacio Schengen a que también contemplen la adopción de una liberalización del régimen de visados similar para los ciudadanos montenegrinos, sobre todo habida cuenta de la aplicación armoniosa del régimen de liberalización de visados con los países de la UE pertenecientes al espacio Schengen;

4.  Acoge con satisfacción que esté prácticamente concluido el proceso de establecimiento del marco jurídico y constitucional del país; señala, sin embargo, que el plazo para llevar a cabo la armonización del sistema jurídico vigente con la nueva Constitución se ha prorrogado por cuarta vez, e insta a las autoridades a que adopten rápidamente la legislación pendiente, en particular las modificaciones del marco jurídico en materia de elecciones; pide a todos los partidos políticos que lleguen sin más dilación a un consenso sobre el proyecto legislativo en consonancia con las recomendaciones de la OSCE-OIDDH y la Comisión de Venecia, y que mejoren el mecanismo de verificación de las reclamaciones relativas a las elecciones ante la comisión electoral o los tribunales; pide al Parlamento montenegrino que refuerce con carácter urgente y de forma significativa sus capacidades en relación con el cometido de evaluar si las leyes propuestas por el Gobierno son conformes al acervo, al tiempo que insta a la Comisión a que facilite la ayuda técnica necesaria a este respecto en el marco del Instrumento de Preadhesión (IPA); insta al Gobierno a que mejore la transparencia y la accesibilidad pública del proceso legislativo;

5.  Observa con satisfacción que la ayuda del IPA está dando sus frutos en Montenegro; alienta tanto al Gobierno montenegrino como a la Comisión a que simplifiquen el procedimiento administrativo para la financiación con cargo al IPA, con objeto de facilitar su accesibilidad para las organizaciones civiles más pequeñas y no centralizadas, los sindicatos y otros beneficiarios;

6.  Reitera la extraordinaria importancia que reviste el Estado de Derecho para el desarrollo del país y la credibilidad de las instituciones del Estado a los ojos de los ciudadanos; y acoge con satisfacción, en este sentido, la intensa actividad del Gobierno y el Parlamento en la elaboración y aprobación de la legislación requerida; destaca, sin embargo, la importancia de la participación pública en el desarrollo de nueva legislación y su aplicación efectiva para que el progreso sea visible para los ciudadanos;

7.  Acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento montenegrino de profesionalizar la función del Presidente de la Comisión Electoral Estatal, si bien pide la profesionalización de los restantes miembros de dicho órgano y la revalorización de sus capacidades, a fin de asegurar una gestión transparente, democrática y efectiva de los procesos electorales;

8.  Observa los satisfactorios progresos realizados en la aprobación de disposiciones legislativas importantes en materia de lucha contra la corrupción, y aplaude la adopción de una nueva estrategia y de un plan de acción, así como la creación de la Comisión Nacional encargada de su aplicación; destaca, no obstante, que la corrupción sigue siendo frecuente en muchos sectores, especialmente en la construcción, la privatización y la contratación pública, y que constituye un grave problema; señala, por otra parte, que el balance de investigaciones, enjuiciamientos y condenas firmes en casos de corrupción sigue siendo reducido; destaca la importancia de establecer un marco global específico para luchar contra la corrupción, mejorando la aplicación de la ley de libre acceso a la información y la coordinación de las fuerzas de orden público, así como estableciendo una autoridad única de supervisión y control de la aplicación de las obligaciones de los organismos gubernamentales y garantizando el seguimiento de las quejas de los ciudadanos (Defensor del Pueblo); señala la necesidad de aplicar eficazmente la legislación aprobada en este ámbito, con el fin de dotar a las fuerzas del orden de nuevos instrumentos para luchar contra la corrupción; insiste en la necesidad de un cambio en el marco legislativo aplicable a la financiación de los partidos políticos y las campañas electorales, a fin de garantizar el control independiente y la transparencia de los mecanismos financieros;

9.  Pide que se adopten medidas enérgicas para suprimir los casos de conflictos de intereses en la administración pública reforzando la Comisión de conflictos de intereses y otorgándole competencias para verificar las declaraciones de patrimonio de los mandatarios públicos y sancionar las irregularidades; pide, asimismo, que se modifique la Ley de prevención de conflictos de intereses en el ejercicio de funciones públicas, que permite que los diputados al Parlamento y otros representantes elegidos puedan desempeñar funciones como miembros de órganos de gestión o supervisión: en determinados casos, estos conflictos de intereses pueden resolverse aplicando una transparencia total y mediante una declaración de intereses por parte de los representantes elegidos;

10.  Destaca que la Ley sobre la libertad de información se está aplicando con dificultades, especialmente en lo que se refiere a la presentación de documentos que podrían revelar casos de corrupción en el ámbito de la privatización y la contratación pública; insta al Gobierno a que facilite el acceso a los datos pertinentes; insta a las autoridades públicas a que se abstengan de presionar a las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro y a los representantes de la sociedad civil en general que investigan los casos de corrupción y de delincuencia organizada y que ejercen una función de vigilancia;

11.  Observa los progresos realizados en la reforma del poder judicial, como demuestra la aprobación de importantes modificaciones en los procedimientos penales y demás legislación sustantiva, que han aumentado los recursos humanos disponibles y han reducido el número de casos pendientes ante los tribunales; destaca, sin embargo, la necesidad de garantizar la responsabilidad y la eficacia del poder judicial y del ministerio fiscal, así como su independencia de injerencias políticas; destaca la necesidad de que se aplique plenamente el Código de Ética; insta con urgencia a que se introduzcan cambios en el sistema de nombramiento de jueces y fiscales y se ponga fin a la práctica de nombrar a los fiscales y a los miembros de los consejos de la judicatura y de la fiscalía únicamente a través del Parlamento por mayoría simple y del Gobierno; manifiesta, por otra parte, su preocupación ante la posibilidad de una acumulación excesiva de poder en las personas del Presidente del Tribunal Supremo y del Fiscal General; pide la aprobación de la ley que regula el acceso a asistencia letrada gratuita; pide que se unifique la jurisprudencia para garantizar un sistema judicial predecible y obtener la confianza pública; destaca la importancia de fomentar la cooperación internacional, especialmente con los países vecinos;

12.  Pide a Montenegro que siga mejorando los criterios comunes para la formación judicial, que vele por su aplicación por el Centro de Formación Judicial y que asigne los recursos financieros necesarios para alcanzar este objetivo;

13.  Pide a la Comisión que, en su próximo informe de seguimiento, incluya una evaluación del impacto y de los resultados conseguidos, como resultado de la asignación de fondos de la UE, en la reforma del sistema judicial y en la lucha contra la corrupción;

14.  Destaca que la delincuencia organizada y, en particular, el blanqueo de dinero y el contrabando continúan siendo un problema, a pesar de las mejoras introducidas en el marco jurídico y en su aplicación; solicita a las autoridades que tomen medidas dirigidas a aumentar los medios represivos, especialmente en lo que se refiere a la capacidad de investigación proactiva, y que mejoren la coordinación entre los diferentes organismos y agencias, así como la cooperación con las autoridades de países vecinos e internacionales pertinentes, a fin de obtener resultados sólidos en la lucha contra la delincuencia organizada; acoge con satisfacción la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal e insta a que se aplique rápida y adecuadamente;

15.  Acoge con satisfacción las mejoras en la labor del Parlamento, si bien recomienda que se lleven a cabo mayores esfuerzos para garantizar una alta calidad de la legislación aprobada y su conformidad con el acervo; solicita que se incrementen la asignación interna de recursos humanos y presupuestarios y la ayuda de la UE para el Parlamento montenegrino, por ejemplo hermanándolo con los parlamentos de otros Estados miembros o con el Parlamento Europeo, a fin de reforzar la capacidad de los diputados y de la secretaría parlamentaria para supervisar y controlar la acción del Gobierno, tal como señala el dictamen de la Comisión;

16.  Pide la continuación de las reformas en la administración pública, que sigue careciendo de recursos suficientes y estando claramente politizada, y, en particular, que se proceda a revisar la Ley de la función pública y de los empleados del Estado, con el fin de establecer un sistema global de empleo, basado en los méritos, que incluya normas transparentes para la contratación y por el que se fijen procedimientos que regulen el desarrollo de la carrera profesional; destaca, asimismo, la necesidad de reforzar los recursos humanos de la administración local y de asignar recursos financieros suficientes para su funcionamiento, con objeto de garantizar su eficacia y transparencia, ya que representan factores especialmente importantes para el actual proceso de descentralización; señala la necesidad de respetar las decisiones jurídicamente vinculantes de la Autoridad de Gestión de Recursos Humanos; destaca la necesidad de mejorar el marco jurídico e institucional, a fin de reforzar la responsabilización y el respeto del Estado de Derecho en el seno de la administración pública, especialmente en ámbitos como la administración tributaria, la contratación pública, el urbanismo y la concesión de licencias en la administración local y los servicios aduaneros; acoge con satisfacción la apertura de la Escuela Regional de Administración Pública en Danilovgrado;

17.  Acoge con satisfacción la aprobación de la Ley general relativa a la prohibición de la discriminación en el empleo y en la prestación de servicios públicos, por la que se prohíbe la discriminación por cualquier motivo que no sea el mérito y que representa un paso importante en el camino hacia el establecimiento de un marco jurídico favorable a la lucha contra la discriminación; observa, sin embargo, que dicha ley presenta todavía posibles deficiencias e insta a su rectificación; destaca que se sigue discriminando a grupos vulnerables como la comunidad romaní, los ashkalíes, los egipcios y las personas con discapacidad, y que continúa estando muy extendida la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, también por parte de las autoridades públicas; insta a las autoridades montenegrinas a que refuercen los mecanismos de aplicación para la prevención, el control, la sanción y la persecución de los casos de discriminación; manifiesta su preocupación por el hecho de que no se respeten plenamente los derechos laborales de las personas con discapacidad, al tiempo que aplaude, en este mismo contexto, el Memorando sobre la situación en el mercado laboral de las personas con discapacidad firmado por la Confederación de Sindicatos de Montenegro y por organizaciones no gubernamentales;

18.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres sigan estando infrarrepresentadas en el proceso de toma de decisiones y en los puestos directivos tanto de las administración pública, como el Parlamento, los ministerios y los altos cargos gubernamentales, como en las esferas de gestión de las empresas públicas; pide que se adopten medidas dirigidas a la rápida integración transversal de la política de igualdad mediante la aplicación del plan de acción, así como a la introducción del principio de igualdad de retribución;

19.  Acoge con satisfacción la aprobación de la Ley de protección contra la violencia doméstica y pide al Gobierno que proceda a su rápida aplicación y facilite apoyo económico a las organizaciones que prestan servicios a las víctimas; pide a las autoridades que promuevan una campaña de sensibilización dirigida a informar a las mujeres acerca de sus derechos y a promover una política de tolerancia cero con la violencia doméstica;

20.  Insta a las autoridades montenegrinas a que velen por la aplicación generalizada de las disposiciones legales pertinentes, incluida la Ley sobre los derechos y las libertades de las minorías; recuerda que todas las minorías deben gozar de protección en virtud de la aplicación estricta de la Ley relativa a la prohibición de la discriminación; alienta a las autoridades montenegrinas a que prosigan sus esfuerzos de sensibilización frente a cualquier tipo de discriminación; alienta a las autoridades a que sigan respaldando plenamente la aplicación de su Plan de Acción para resolver la situación de las personas desplazadas;

21.  Acoge con satisfacción las generalmente buenas relaciones entre los diversos grupos étnicos y la buena protección general de los derechos de las minorías en el país, y reitera que esta situación constituye una base positiva para iniciar el proceso de consolidación de la paz en una región que hace un tiempo se caracterizaba por la violencia interétnica y los desplazamientos masivos de población; insta, no obstante, a las autoridades y a las estructuras administrativas a que tengan más en cuenta la opinión de las minorías, con objeto de promover la reconciliación en esta región; señala, en este sentido, la necesidad de aclarar la disposición constitucional sobre la representación adecuada de las minorías, y acoge con satisfacción las medidas adoptadas para elaborar estadísticas precisas en este ámbito; pide que la Ley de ciudadanía y la Ley de extranjería se aproximen a las normas europeas; alienta a los líderes políticos y religiosos de ambos lados de la frontera serbomontenegrina a que contribuyan a fomentar un clima interétnico e interreligioso positivo buscando soluciones de compromiso en asuntos controvertidos como los emplazamientos religiosos impugnados;

22.  Destaca que las comunidades romaní, ashkalí y egipcia siguen viéndose confrontadas con frecuentes problemas de discriminación; pide a las autoridades que mejoren las condiciones de vida de estas comunidades y su acceso a la seguridad social, los servicios sanitarios, la educación y los servicios de empleo, y que les faciliten documentos de identidad, lo cual constituye una condición previa para el acceso a todos los servicios públicos; destaca la necesidad urgente de mejorar las condiciones de vida en el campamento de Konik y de adoptar y aplicar una estrategia sostenible dirigida a mejorar las condiciones de vida en su interior y a clausurar finalmente dicho campamento;

23.  Reitera la importancia que reviste para la democracia la existencia de organizaciones de la sociedad civil independientes y activas; acoge con satisfacción la mejora de la cooperación del Gobierno con las ONG, especialmente en materia de lucha contra la corrupción; pide que se consoliden estas relaciones y se proceda a una consulta más amplia de las ONG en los procesos de toma de decisiones políticas, incluida la formulación de políticas y la legislación, así como en el control de las actividades de los poderes públicos; destaca el papel fundamental que desempeñan los agentes de la sociedad civil para contribuir a mejorar la cooperación regional en los aspectos sociales y políticos; acoge con satisfacción la labor del Consejo Nacional para la Integración Europea en su cometido de promover la participación de la sociedad civil, el Gobierno, el poder judicial y la oposición, si bien solicita que se refuerce la misión de dicho Consejo con miras a la integración en la UE;

24.  Alienta al Gobierno montenegrino a que inicie una estrecha colaboración y un diálogo regular con las ONG, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil; celebra, a este respecto, la designación del Consejo de Cooperación entre el Gobierno montenegrino y las ONG, al tiempo que destaca la importancia de reforzar el marco institucional de cooperación entre el Gobierno, las ONG, los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil;

25.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación del proceso de Bolonia y pide que se lleven a cabo mayores esfuerzos para mejorar la calidad de la educación, tanto general como profesional, de modo que los jóvenes puedan adquirir las competencias necesarias que les permitan competir con éxito en el mercado laboral; insiste en una aplicación más efectiva de la estrategia en favor de una educación integradora, en especial para los niños de los grupos vulnerables;

26.  Valora positivamente las medidas adoptadas por el Gobierno montenegrino para asegurar la libertad de expresión en los medios de comunicación mediante la aprobación de la Ley de medios electrónicos y las modificaciones del Código Penal, si bien solicita que se tomen medidas adicionales para garantizar la independencia y la profesionalidad de los medios y reforzar la capacidad y la independencia del organismo público de radiodifusión; pide a las autoridades montenegrinas que se comprometan a garantizar que el sector de los medios de comunicación evolucione sin interferencias políticas y a amparar la independencia de los órganos reguladores; advierte de las multas desproporcionadas por difamación, que siguen obstaculizando la libertad y la independencia de la labor de los periodistas, e insta a que la legislación y las prácticas en materia de difamación se ajusten plenamente a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; destaca que los presuntos casos de intimidación y violencia física contra periodistas y activistas de la sociedad civil deben ser plenamente investigados y dar lugar a procesos judiciales cuando corresponda; destaca la importancia de que los periodistas apliquen normas profesionales estrictas y cumplan un código deontológico;

27.  Acoge con satisfacción el balance positivo del país en la aplicación de las reformas económicas, si bien destaca que la crisis financiera ha revelado posibles deficiencias en su modelo económico y ha puesto de manifiesto la urgencia de seguir avanzando en los cambios estructurales; pide, en particular, que se adopten nuevas medidas dirigidas a mejorar la supervisión y la ejecución de los contratos de privatización, a garantizar la transparencia en la concesión de ayudas públicas y a adoptar una normativa mejorada y más sencilla que regule el entorno empresarial y facilite, en particular, el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas;

28.  Constata las mejoras en el funcionamiento del mercado laboral, si bien expresa su preocupación por el alto nivel de empleo informal; considera que la economía informal constituye un problema muy arraigado, cuya solución exige una estrategia minuciosa que incluya todos los aspectos de la sociedad; señala que el mercado laboral sigue caracterizándose por un desempleo de tipo estructural, al tiempo que siguen sin cubrirse vacantes en puestos altamente cualificados, lo cual refleja un desajuste entre la oferta y la demanda de competencias laborales; acoge con satisfacción la adopción del Marco Nacional de Cualificación, que cumple los requisitos jurídicos previos para remediar este desajuste, al tiempo que alienta al Gobierno montenegrino a aplicarlo con diligencia;

29.  Destaca la importancia que revisten para el desarrollo de Montenegro la mejora de las infraestructuras de transporte y la conectividad del sistema con los países vecinos; insta a que se desarrollen los diferentes sistemas ferroviarios al tiempo que se moderniza el existente, ya que dichos sistemas constituyen una alternativa viable y ecológica a la infraestructura de carreteras y podrían absorber una parte considerable del transporte de mercancías y pasajeros;

30.  Destaca que Montenegro ha ratificado los ocho convenios principales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Carta Social Europea revisada; señala que, si bien el Código laboral establece una serie de derechos laborales y sindicales fundamentales, se observa todavía la existencia de restricciones; alienta a las autoridades montenegrinas a que sigan consolidando los derechos laborales y sindicales; destaca el importante papel del diálogo social y alienta al Gobierno montenegrino a que se muestre más ambicioso y refuerce el cometido del Consejo Social; destaca la importancia de mejorar la transparencia y la eficacia del Consejo Social;

31.  Acoge con satisfacción que la Constitución defina Montenegro como un Estado ecológico; señala el importante papel que desempeña el turismo en la economía, así como su potencial para contribuir al desarrollo del país; observa, sin embargo, los riesgos para el medio ambiente derivados del turismo, y pide por tanto al Gobierno que adopte medidas adicionales para proteger la naturaleza, como la rápida aplicación de la legislación ambiental y de los decretos pendientes, y redoble sus esfuerzos dirigidos a prevenir los riesgos de deterioro grave del litoral adriático; señala, en particular, la necesidad de gestionar eficazmente los residuos, especialmente en el plano local, con el fin de garantizar que se eliminen de forma segura; acoge con satisfacción las medidas dirigidas a fomentar una economía con menores emisiones de carbono mediante el desarrollo del enorme potencial del país en materia hidroeléctrica y la promoción de otras energías renovables, todo lo cual contribuirá a cubrir las necesidades nacionales y supondrá incluso un importante recurso de exportación, así como una fuente de divisas extranjeras para el país, una vez completada la interconexión con Italia; advierte, no obstante, de que las grandes presas se caracterizan a menudo por un fuerte impacto negativo en el medio ambiente, al tiempo que pide que se lleven a cabo evaluaciones medioambientales adecuadas y transparentes, que incluyan «mejores opciones» desde el punto de vista del medio ambiente, y en las que participen el público y la sociedad civil, antes de su aprobación o autorización, de conformidad con el acervo de la UE;

32.  Insta a las autoridades montenegrinas, y en particular al Ministerio de Economía, a que publiquen en su sitio web todos los anexos y documentos relacionados con el reciente acuerdo sobre la instalación de un cable submarino entre Montenegro e Italia para el suministro de energía; pide que se hagan públicas todas las repercusiones del acuerdo, incluidas las de carácter ambiental;

33.  Observa con satisfacción que Montenegro está firmemente comprometido con la cooperación regional y es un socio regional constructivo; felicita a Montenegro por sus buenas relaciones con los países vecinos y por el hecho de que, en general, desempeñe un papel estabilizador en la región general; señala que el país es miembro activo de la mayoría de las organizaciones regionales y que ha celebrado varios acuerdos judiciales y policiales con los países vecinos; acoge con satisfacción la reciente ratificación de los acuerdos de readmisión con Croacia y Serbia, así como el acuerdo de extradición celebrado recientemente con Serbia y Croacia, al tiempo que insta a Montenegro a que resuelva rápidamente su problema fronterizo con Croacia a través del Tribunal Internacional de Justicia;

34.  Destaca que el Parlamento de Montenegro ha sido el primero de la región en aprobar la resolución sobre el genocidio de Srebrenica, y celebra esta iniciativa como una importante contribución a la reconciliación regional;

35.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y el Parlamento de Montenegro.

(1) DO L 108 de 29.04.10, p. 1.
(2) DO L 334 de 19.12.2007, p. 25.
(3) DO L 336 de 18.12.2009, p. 1.


Estrategia de la UE para la integración de la población romaní
PDF 205kWORD 130k
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (2010/2276(INI))
P7_TA(2011)0092A7-0043/2011

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 y 45,

–  Vista la legislación internacional sobre los derechos humanos, en particular la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Declaración de las Naciones Unidas de 1992 sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vistos los convenios europeos que protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la jurisprudencia correspondiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y las recomendaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales en este ámbito, y el Convenio marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales,

–  Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, que establecen los derechos y principios fundamentales en que se basa la Unión Europea, entre ellos los principios de no discriminación y libre circulación,

–  Visto el artículo 5, apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, que constituye un fundamento jurídico para la intervención de la Unión si los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, pero pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión,

–  Visto el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, que trata de los derechos fundamentales en la Unión,

–  Visto el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que prevé sanciones y la suspensión de derechos en caso de violaciones graves del Derecho de la Unión,

–  Vistos los artículos 9 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que obligan a la Unión a tener en cuenta ‐como requisito horizontal‐ la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social, un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana, así como la lucha contra la discriminación por razón de raza u origen étnico,

–  Visto el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que atribuye al Consejo la competencia para adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de origen racial o étnico,

–  Visto el artículo 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que define el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo y una protección social adecuada como objetivos de la Unión y de los Estados miembros,

–  Visto el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que define los ámbitos en los que la Unión apoyará y completará la acción de los Estados miembros, y en particular su apartado 1, letra h) sobre la integración de las personas excluidas del mercado laboral y su apartado 1, letra j) sobre la lucha contra la exclusión social,

–  Visto el título XVIII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que trata de la cohesión económica, social y territorial,

–  Visto el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («cláusula de flexibilidad»), que prevé la adopción de medidas apropiadas para lograr uno de los objetivos que establecen los Tratados,

–  Vistos los artículos 3, 8, 16, 18, 20, 21 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación 1355 (1998) del Consejo de Europa sobre la lucha contra la exclusión social y el refuerzo de la cohesión social en Europa,

–  Vista la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, en la que se reconocen las lenguas regionales o minoritarias como parte integrante del patrimonio cultural europeo, y el Convenio marco para la Protección de las Minorías Nacionales,

–  Vista su Resolución de 28 de abril de 2005 sobre la situación de la población romaní en la Unión Europea(1),

–  Vista su Resolución de 1 de junio de 2006 sobre la situación de las mujeres romaníes en la Unión Europea(2),

–  Vista su Resolución de 15 de noviembre de 2007 sobre la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(3),

–  Vista su Resolución de 31 de enero de 2008 sobre una estrategia europea relativa a la población romaní(4),

–  Vista su Resolución, de 10 de julio de 2008, sobre el censo de la población romaní en Italia sobre la base del origen étnico(5),

–  Vista su resolución de 11 de marzo de 2009 la situación social de los romaníes y su mejor acceso al mercado de trabajo en la UE(6),

–  Vista su Resolución de 25 de marzo de 2010 sobre la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana(7),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación de la población gitana y sobre la libre circulación en la Unión Europea(8),

–  Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(9),

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(10),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(11),

–  Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros(12),

–  Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(13),

–  Visto el Reglamento (UE) n° 437/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, que modifica el Reglamento (CE) n° 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las intervenciones en materia de vivienda en favor de las comunidades marginadas(14),

–  Vistas las conclusiones de los Consejos Europeos de diciembre de 2007 y junio de 2008, así como las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de diciembre de 2008,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores sobre la integración de la población romaní, adoptadas en Luxemburgo el 8 de junio de 2009, con especial atención a los Diez Principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos, anexos a las conclusiones,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «La integración social y económica del pueblo romaní» (COM(2010)0133), la creación de un grupo de trabajo(15) el 7 de septiembre de 2010, los primeros resultados de este grupo de trabajo(16) y los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «El pueblo romaní en Europa: Aplicación de los instrumentos y las políticas de la Unión Europea para la integración del pueblo romaní - Informe de situación 2008-2010» (SEC(2010)0400),

–  Vistas la I Cumbre Europea sobre la Población Gitana, celebrada en Bruselas el 16 de septiembre de 2008, y la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, celebrada en Córdoba el 8 de abril de 2010,

–  Vistos los informes sobre la población romaní, el racismo y la xenofobia en los Estados miembros de la UE en 2009, publicados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(17), y los informes del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg,

–  Vistas las recomendaciones, opiniones y declaraciones del Consejo de Europa sobre este tema, como por ejemplo, las conclusiones de la reunión de alto nivel del Consejo de Europa sobre la población romaní (Estrasburgo, 20 de octubre de 2010)(18),

–  Vistos la proclamación en 2005 del Decenio de la Inclusión Romaní y el establecimiento del Fondo para la educación de la población romaní por varios Estados miembros de la UE, varios países candidatos y otros países que cuentan con una importante presencia de las instituciones de la Unión,

–  Vistas las Recomendaciones adoptadas por el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial en su sesión n° 77 (2-27 de agosto de 2010),

–  Visto el informe del Consejo de Europa titulado «Cuarto informe de la CERI sobre Francia», publicado el 15 de junio de 2010,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Cultura y Educación (A7-0043/2011),

A.  Considerando que un elevado porcentaje de los 10 a 12 millones de ciudadanos de etnia romaní que viven en Europa ‐ciudadanos de la UE en su mayor parte‐ ha sido víctima de una discriminación sistemática y, por este motivo, se enfrenta a un grado intolerable de exclusión social, cultural y económica, así como a violaciones de sus derechos humanos, y sufre una grave estigmatización y discriminación en la vida pública y privada,

B.  Considerando que persisten las disparidades económicas y sociales entre las distintas regiones de la Unión Europea y que una proporción significativa de la comunidad romaní vive en regiones que se encuentran entre las menos avanzadas de la UE desde el punto de vista económico y social,

C.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en los Tratados de la UE, que incluyen los principios de no discriminación, los derechos específicos intrínsecos a la ciudadanía de la UE y el derecho a la libertad de circulación y a la igualdad,

D.  Considerando que el Trío de la UE, en su declaración conjunta relativa a la II Cumbre Europea sobre la Población Gitana, celebrada en Córdoba los días 8 y 9 de abril de 2010, se comprometió a impulsar la integración transversal de las cuestiones relativas a la población romaní en las políticas europeas y nacionales sobre los derechos fundamentales, así como la protección frente al racismo, la pobreza y la exclusión social, mejorar el diseño de la hoja de ruta de la Plataforma integrada sobre la inclusión de la población romaní y dar prioridad a objetivos y resultados esenciales, y garantizar que los actuales instrumentos financieros de la Unión Europea, en particular los Fondos Estructurales, se pongan a disposición de la población romaní,

E.  Considerando que la exclusión de los niños de etnia romaní del sistema educativo repercute negativamente en los otros derechos de la comunidad romaní, en particular en el derecho al trabajo, con lo que se exacerba su marginación,

F.  Considerando que las comunidades que desean mantener su estilo tradicional de vida nómada en Europa son las más afectadas por el analfabetismo y que existen, por consiguiente, barreras culturales a la escolarización de sus hijos,

G.  Considerando que conviene ofrecer las condiciones materiales necesarias para la escolarización de los niños de etnia romaní y que entre ellas se encuentra la designación de mediadores escolares,

H.  Considerando que la UE ha desarrollado un conjunto de instrumentos, mecanismos y fondos útiles para fomentar la integración de la población romaní, pero que están diseminados en diversos ámbitos políticos y no han sido objeto de un correcto seguimiento, por lo que sus efectos y beneficios siguen siendo limitados y difíciles de calcular; y que, por tal motivo, pese a la existencia de numerosas instituciones y mecanismos de cooperación, aún no se han abordado con eficacia los problemas y retos relativos a la integración de la población romaní, por lo que la opción de no cambiar nada resulta insostenible,

I.  Considerando que en 2005 se lanzo un «Decenio de la inclusión romaní» para luchar contra la discriminación y mejorar la situación económica y social del pueblo romaní, y que los países firmantes de la Declaración del Decenio -Bulgaria, Croacia, Hungría, Montenegro, la República Checa, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia- se comprometieron a trabajar para eliminar la discriminación y colmar las inaceptables brechas existentes entre la población romaní y el resto de la sociedad;

J.  Considerando que una auténtica integración de la población romaní solo será posible a través del reconocimiento recíproco de los derechos y obligaciones de las comunidades afectadas,

K.  Considerando que en diversos Estados miembros se han producido repatriaciones y retornos de miembros de la población romaní, acompañados frecuentemente de la estigmatización de la población romaní y de la hostilidad generalizada hacia ella en el discurso político,

L.  Considerando que la no discriminación, si bien es indispensable, sigue siendo una respuesta inadecuada a una historia de discriminación estructural que afecta al pueblo romaní, y que, por lo tanto, es necesario complementar y reforzar la legislación y las políticas en materia de igualdad abordando las necesidades específicas de la población romaní en lo que respecta al pleno respeto, la protección y la promoción de los derechos fundamentales, la igualdad y la no discriminación, la aplicación plena y no discriminatoria de la legislación, las políticas y los mecanismos para controlar y sancionar las violaciones de los derechos de la población romaní, así como el ejercicio y el acceso igualitario a sus derechos humanos específicos a empleo, vivienda, cultura, sanidad, participación en la vida pública, formación, educación y libre circulación mediante una estrategia a escala de la UE,

M.  Considerando que el enfoque político del método abierto de coordinación, que se basa en la participación voluntaria de los Estados miembros y no incluye ningún incentivo que pueda inducir a una actuación efectiva, ha demostrado no ser suficiente para promover la integración de la población romaní; que es posible superar en parte esta deficiencia vinculando de forma más estricta los mecanismos de financiación de la UE a procesos de revisión entre iguales,

N.  Considerando que las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, especialmente la romaní, sufren una discriminación múltiple mucho más intensa que los hombres del mismo grupo étnico o que las mujeres en general, que la tasa de empleo de las mujeres romaníes es aún más baja que la de los hombres de esta etnia, y que, por otra parte, a la vista de su papel en la familia, las mujeres pueden constituirse en la piedra angular de la integración de las comunidades marginadas,

O.  Considerando que es necesario prestar especial atención a los menores y los niños en el marco de la elaboración de una estrategia europea para la integración de la población romaní,

P.  Considerando que la estrategia de la UE para la integración de la población romaní debe abordar todas las formas de violación de los derechos fundamentales de este colectivo ‐incluyendo la discriminación, la segregación, la expresión que fomente el odio y los perfiles étnicos y la toma ilegal de impresiones dactilares, así como los desahucios y expulsiones ilegales‐ asegurando la plena transposición y la aplicación reforzada de todas las directivas asociadas y el Derecho de la UE,

Q.  Considerando que la creciente estigmatización de la población romaní y la hostilidad contra esta etnia en el discurso político y entre la población en general son causa de preocupación; que las cuestionables repatriaciones y retornos de ciudadanos de etnia romaní que se han producido en diversos Estados miembros han generado miedo e inquietud entre la población romaní, así como niveles preocupantes de racismo y discriminación,

R.  Considerando que las posibilidades para la población romaní de acceder a iguales derechos y obligaciones en su calidad de ciudadanos de un Estado miembro dependen en gran medida de que se les proporcione la documentación que acredite su nacionalidad,

S.  Considerando que el acceso de la población romaní a una educación y formación profesional de gran calidad, la difusión y comprensión de su cultura, sus valores y patrimonio cultural, su participación en asociaciones y la mejor representación de su comunidad son aspectos fundamentales de un enfoque holístico en la aplicación de las estrategias nacionales y europeas para su inclusión y participación en la sociedad,

T.  Considerando que la educación y la formación de calidad influyen en el futuro de cada persona, tanto en el aspecto personal como profesional, así como en su participación en la vida social, y que, por tanto, es esencial velar por que las condiciones de acceso a la educación y a la formación sean las mismas para todos y todas sin discriminación de ningún tipo; considerando que la integración de la diversidad cultural y de la lucha contra los estereotipos en los programas escolares desde la más temprana edad es un medio importante para la integración de la población romaní y la comprensión mutua,

U.  Considerando que el 19 de octubre de 2010, la Comisión anunció la presentación en abril de 2011 de un marco de la UE para las estrategias nacionales sobre la población romaní(19),

1.  Pide a la Comisión que proponga, y al Consejo, que adopte, una Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (en lo sucesivo, «la estrategia»), como un plan de acción indicativo, integrador y multinivel a escala de la UE, elaborado y puesto en práctica en todos los niveles políticos y administrativos y que pueda evolucionar según las necesidades, que parta de los valores fundamentales de la igualdad, el acceso a los derechos, la no discriminación y la igualdad de género y esté basado en las tareas, los objetivos, los principios y los instrumentos definidos por los Tratados y por la Carta de los Derechos Fundamentales, como se menciona más arriba, así como en la legislación relevante de la UE, y se base también en las competencias compartidas y las acciones de apoyo, de coordinación y complementarias de la Unión;

2.  Reconoce que las comunidades romaníes siguen enfrentándose a la discriminación y a prejuicios persistentes en varios Estados miembros, y que la actual crisis económica y financiera y la consiguiente pérdida de empleos agudizan este fenómeno; destaca que la integración de la población romaní es responsabilidad tanto de todos los Estados miembros como de las instituciones de la Unión Europea; pide a los Estados miembros que colaboren sin reservas con la UE y los representantes de la población romaní en la puesta en práctica de políticas integradas, haciendo uso de todos los recursos financieros disponibles en el marco de los fondos de la UE, en particular del FEDER, del FSE y del FEADER, para fomentar la inclusión de la población romaní en las esferas nacional, regional y local; insta a la Comisión a que preste especial atención a las solicitudes de asistencia técnica con miras a mejorar la eficacia de todos los instrumentos disponibles para la integración de las comunidades romaníes;

3.  Recuerda que existen programas y financiación europeos y que pueden utilizarse para la integración social y económica de la población romaní, pero que debe mejorarse la comunicación en todos los niveles dentro de las autoridades locales, la sociedad civil y los posibles grupos destinatarios de estos programas, de forma que la población romaní esté mejor informada acerca de aquellos recursos; además, anima a hacer uso de los fondos de la UE para construir nuevas viviendas o renovar las existentes y mejorar las infraestructuras de ingeniería civil, los servicios públicos locales, los sistemas de comunicación, la educación, el acceso al mercado de trabajo, etc.;

4.  Pide a la Comisión que:

  a) adopte ámbitos prioritarios para la estrategia, especialmente:
   derechos fundamentales, en particular la no discriminación, la igualdad y la libre circulación,
   educación, formación profesional y formación permanente,
   cultura
   empleo,
   la vivienda, incluido un entorno saludable e infraestructuras adecuadas,
   asistencia sanitaria, incluida la mejora de la salud de la población romaní, y
   participación política y civil de la sociedad civil romaní, incluida la juventud,
   b) presente, en el marco de la estrategia, una hoja de ruta que establezca niveles mínimos obligatorios a escala de la UE en los ámbitos prioritarios de educación, empleo, vivienda y atención sanitaria;
  c) en relación con los ámbitos prioritarios, defina los objetivos de la estrategia, especialmente:
   adoptar y reforzar una legislación antidiscriminatoria eficaz, medidas de protección contra la discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluida la discriminación múltiple, que garanticen, protejan y promuevan los derechos fundamentales, la igualdad y la no discriminación y el derecho a la libre circulación, incluidas las acciones de sensibilización dirigidas tanto a la población romaní como a los demás, con el fin de erradicar los obstáculos discriminatorios,
   luchar contra la hostilidad hacia la etnia romaní, los prejuicios, los estereotipos, el racismo y la xenofobia, la estigmatización y la expresión que fomente el odio contra este colectivo, en particular garantizando la plena aplicación de la legislación pertinente e imponiendo las penas adecuadas para los delitos de motivación racial,
   garantizar que los medios de comunicación no transmitan prejuicios contra la comunidad romaní y promuevan una imagen positiva de la diversidad, así como permitir una participación más proporcionada de esta comunidad en los medios de comunicación,
   prevenir las violaciones de los derechos humanos y proteger a las víctimas, garantizando que se les facilite asistencia jurídica y vías de recurso, con especial atención a la situación de los niños y mujeres romaníes, víctimas con frecuencia de una discriminación múltiple,
   introducir medidas preventivas contra la trata de seres humanos, cuyas víctimas tienen una proporción superior a la media entre la población romaní,
   formar al personal en todos los niveles de los servicios de la administración, la justicia y la policía sobre actuaciones no discriminatorias,
   establecer el diálogo entre las autoridades locales, los órganos judiciales, la policía y la comunidad romaní, con vistas a poner fin a la discriminación en el ámbito judicial, reforzar la confianza y luchar contra los perfiles étnicos,
   garantizar la igualdad de acceso a una educación de calidad para todos,
   facilitar la igualdad de acceso a la formación profesional para adultos y al aprendizaje permanente,
   garantizar la igualdad de acceso a los servicios sociales y a la infraestructura básica de asistencia, como la atención a niños y personas mayores,
   suprimir la segregación en los centros escolares o las aulas, también mediante la creación de un clima escolar integrador y empleando a mediadores escolares de etnia romaní,
   ofrecer igualdad de acceso a una preparación adecuada para competir en el mercado de trabajo,
   establecer la igualdad de acceso a la educación en la primera infancia,
   garantizar la educación de las niñas,
   ofrecer educación intercultural,
   facilitar el diálogo entre familias y escuelas, en particular a través de mediadores,
   aumentar el número de profesores de etnia romaní y garantizar la protección de la lengua y la identidad de los niños de esta comunidad mediante el acceso a la educación en su propia lengua,
   introducción de medidas de prevención del abandono temprano de la escuela y del fracaso escolar,
   introducir medidas destinadas a reescolarizar a los niños que han abandonado la escuela, por ejemplo, programas de segunda oportunidad,
   garantizar la igualdad de acceso a la educación secundaria y superior de calidad y a programas de becas,
   luchar contra la representación excesiva de la población romaní en las escuelas especiales,
   combatir la pobreza infantil, reducir la separación de los niños de sus familias y prevenir su encuadramiento en casas de acogida y educación especial como resultado de la pobreza,
   garantizar un acceso efectivo al mercado de trabajo y desarrollar y ofrecer microcréditos para fomentar el espíritu de empresa y la actividad por cuenta propia,
   garantizar la igualdad de acceso a una vivienda asequible y saludable, y eliminar la segregación territorial,
   garantizar el derecho a un domicilio registrado, incluida la posibilidad de registrarse a través de una organización de la sociedad civil, garantizar un registro completo y actualizado de nacimientos, matrimonios y defunciones para todos los ciudadanos de etnia romaní y luchar contra la discriminación en la expedición de documentos administrativos,
   luchar contra las desigualdades en el ámbito de la salud a través de la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria de calidad y el fomento de la salud, con el fin de reducir de forma considerable las desigualdades en este ámbito, con especial atención a la protección de los grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad,
   velar por la responsabilización de la sociedad civil romaní, también a través del desarrollo de las habilidades y el fortalecimiento de las capacidades administrativas a escala nacional, regional y local, así como el impulso de la participación civil y política de esta comunidad,
   reforzar la ciudadanía activa, con la participación de la comunidad romaní en todas las esferas de la vida pública y política, y aumentando su representación en las instituciones y órganos electos en el ámbito local, nacional y de la UE,
   introducir una dimensión de ampliación y vecindad de la estrategia, por la que se requiera la mejora de la situación de la población romaní en los países adherentes y candidatos, así como en los candidatos potenciales y los países que participan en la Política Europea de Vecindad, dar asimismo prioridad a la evaluación de los avances en este ámbito en los informes anuales sobre los progresos realizados, así como en las revisiones relativas a los países vecinos de la UE,
   garantizar el respeto y la conservación de la cultura,
   garantizar la incorporación de la igualdad de género en el resto de políticas respondiendo a las necesidades específicas de las mujeres romaníes, haciéndoles participar en el desarrollo de las políticas; poner fin a la práctica de los matrimonios infantiles,
   detener la devolución de ciudadanos de etnia romaní a países en los que puedan sufrir tortura o tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes;

5.  Subraya que resultan cruciales programas complejos y programas adaptados a las necesidades específicas de las comunidades romaníes que viven en circunstancias diferentes y que, en este contexto, es necesario proporcionar a la comunidad romaní acceso a servicios personalizados sobre el terreno;

6.  Recuerda que una ayuda adecuada a la renta, mercados de trabajo inclusivos y acceso a servicios de calidad constituyen los pilares básicos de la estrategia de inclusión activa presentada en la Recomendación 2008/867/CE;

7.  Subraya que la asistencia social, una vivienda y una indumentaria decentes, unos programas accesibles de alta calidad de desarrollo temprano y una educación no segregada de elevada calidad con un ambiente inclusivo y con una voluntad de implicar a los padres son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades, la posibilidad de una plena participación en la sociedad y la ausencia de discriminaciones futuras; subraya la necesidad de luchar contra el absentismo y el abandono escolar prematuro y de proporcionar ayudas y apoyo financiero; subraya que la educación, las oportunidades de formación y la asistencia profesional ofrecidas a los adultos son esenciales para apoyar la contratación y el mantenimiento en el empleo de los ciudadanos de etnia romaní a fin de evitar que se reproduzca la exclusión social;

8.  Hace hincapié en que la prevención de la marginación debe comenzar en la primera infancia, inscribiendo en el registro a los recién nacidos para que se les reconozca la nacionalidad y puedan acceder a todos los servicios sociales; considera, en particular, que se debe garantizar a los niños de etnia romaní servicios de educación temprana de calidad y que es necesario adoptar medidas especiales para apoyar su escolarización;

9.  Recuerda los desafíos a que se enfrenta la comunidad romaní, especialmente las mujeres y las niñas, en términos de pobreza extrema, discriminación y exclusión, con el resultado de que no pueden acceder a niveles de educación elevados, al empleo y a los servicios sociales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden las necesidades particulares de las mujeres y niñas romaníes, aplicando una perspectiva de género en todas las políticas en materia de integración de esta etnia, y prevean protección para los subgrupos especialmente vulnerables;

10.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas concretas para informar a sus ciudadanos sobre la situación histórica y actual del pueblo romaní, utilizando, en particular, los informes de la ADF como fuente de material a tal efecto;

11.  Subraya que la estrategia de la UE para la integración de la población romaní debería incluir también medidas para garantizar el control de la situación de esta comunidad en relación con el respeto y la promoción de sus derechos sociales fundamentales, la igualdad, la no discriminación y la libre circulación en la UE;

12.  Destaca que el acceso de la población romaní a una educación y formación profesional de gran calidad, la difusión y comprensión de su cultura, sus valores y su patrimonio cultural, su participación en asociaciones y la mejor representación de su comunidad son aspectos fundamentales de un enfoque holístico en la aplicación de las estrategias nacionales y europeas para su inclusión y participación en la sociedad;

13.  Hace hincapié en la influencia de una educación y formación de calidad en la futura vida personal y profesional de cada ser humano y subraya, por lo tanto, que es esencial velar por que todos disfruten del mismo acceso a sistemas eficaces de educación y formación, sin discriminación de ningún tipo;

14.  Subraya la importancia de aprobar la estrategia y supervisar su aplicación de forma transparente, y que la principal responsabilidad deberán asumirla ministros del Consejo democráticamente responsables, e insiste en que la estrategia no debe dividir a la UE en ningún caso, creando diferencias entre los Estados miembros, sino que, al contrario, debe contribuir al refuerzo de la integración comunitaria;

15.  Subraya la importancia de hacer un uso adecuado de los fondos asignados a cada Estado miembro en los sectores prioritarios previstos por la estrategia;

16.  Subraya la necesidad de que los objetivos de la estrategia sean objeto de controles y medidas en relación con el grado en que hayan sido completados, con el fin de introducir criterios para premiar a los Estados miembros que cumplan y prever sanciones en caso de incumplimiento;

17.  Pide a la Comisión que:

   asuma el papel director en la coordinación estratégica en relación con el progreso en los ámbitos prioritarios y el cumplimiento de los objetivos relativos a la estrategia, en asociación con los Estados miembros y de acuerdo con el principio de subsidiariedad,
   cree un grupo de trabajo permanente que asuma la responsabilidad de la supervisión, la coordinación, el control, la notificación, la evaluación, la facilitación de la puesta en práctica, la integración transversal y el seguimiento, cubriendo así la necesidad de un órgano independiente y multisectorial que sirva de «facilitador externo» y pueda evaluar y equilibrar los diferentes intereses nacionales y sectoriales de un modo aceptable para todos,
   revise y actualice la estrategia si fuera necesario sobre una base periódica, y busque el respaldo del Consejo y del Parlamento Europeo para los cambios realizados,
   tenga en cuenta los ámbitos prioritarios y los objetivos de la estrategia en todas sus iniciativas políticas pertinentes y en la programación a escala de la UE,
   informe de la aplicación y los progresos de la estrategia y la evaluación de los resultados de los planes de acción nacionales, incluyendo puntos de referencia e indicadores, y mantenga informados al Consejo y al Parlamento anualmente, señalando que la eficacia de la política y la evaluación a posteriori deben ser criterios para decidir sobre la continuación de las ayudas,
   garantice la recogida y difusión de los datos estadísticos necesarios y vele por la consolidación y potenciación de las mejores prácticas desarrolladas a escala local,
   valide la conformidad de los planes nacionales con la estrategia de la UE,
   modifique el marco regulador de la financiación cruzada, reduzca las cargas burocráticas, simplifique y acelere los procedimientos para los fondos de la UE, y exija también a los Estados miembros que introduzcan unos procedimientos de financiación simples y normativos y utilicen subvenciones globales,
   introduzca gradualmente garantías institucionales obligatorias para incorporar en todas las políticas medidas contra la discriminación y la segregación teniendo en cuenta las Directivas 2000/43/CE y 2004/113/CE, y también para controlar dichas medidas y luchar contra la estigmatización,
   garantice la participación de las partes interesadas y de las comunidades romaníes de todos los niveles a través de la Plataforma Europea para la Inclusión de los Gitanos, y que trabaje en asociación con las otras instituciones, los Estados miembros, las autoridades locales y regionales, las entidades financieras internacionales, los organismos de programación transnacionales y las organizaciones intergubernamentales, señalando que es necesario mejorar la coordinación y la colaboración entre los actores políticos interesados y las redes políticas, con el fin de evitar duplicaciones y aumentar los efectos de refuerzo mutuo de las acciones políticas en este ámbito, así como para eliminar el riesgo de que las políticas se solapen o entren en conflicto debido a la proliferación de redes de partes interesadas;

18.  Recuerda que la Comisión tiene una responsabilidad especial en lo que respecta a la promoción de una estrategia de la UE para la integración de la población romaní, pero que dicha estrategia debe ponerse en práctica a escala local;

19.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que movilicen las estrategias y los instrumentos existentes en la UE con vistas a garantizar la integración socioeconómica de la población romaní y que desarrollen y apliquen todas las políticas pertinentes teniendo en cuenta, en caso necesario, los Principios Básicos Comunes para la Integración de los Gitanos;

20.  Considera que una mayor colaboración entre los dirigentes de la comunidad romaní, las autoridades locales y los organismos de la UE es fundamental para establecer los principales desafíos y soluciones a que se enfrentan tanto la UE como los Estados miembros en lo que respecta a la integración socioeconómica del pueblo romaní;

21.  Pide a los Estados miembros que confieran a los órganos de decisión las competencias necesarias para garantizar una financiación de la UE compleja y orientada al desarrollo en apoyo de las buenas iniciativas y ajustada a las distintas necesidades locales del pueblo romaní; subraya la importancia de identificar e intercambiar buenas prácticas en materia de integración de la comunidad romaní y de aumentar la visibilidad de los casos de éxito; pide también el desarrollo de la capacidad institucional para proporcionar la asistencia necesaria (en los ámbitos administrativo y de gestión de proyectos) a escala local;

22.  Considera que las organizaciones romaníes o no romaníes, las autoridades locales, regionales y nacionales y los organismos de la UE deben asumir una acción y una responsabilidad concertadas durante todo el proceso, basándose en las mejores prácticas, en la amplia base de conocimientos existente compilada por los Estados miembros y en la experiencia del primer período del Decenio de la Inclusión Romaní; subraya la importancia de organizar campañas de sensibilización, particularmente en las regiones donde las comunidades romaníes son numerosas;

23.  Considera que la inclusión social romaní no es posible sin la creación y el fortalecimiento de su representación de intereses, también en la toma de decisiones políticas, y de sus actividades civiles a través de ONG a escala nacional y europea;

24.  Aconseja firmemente a los órganos de la UE que aseguren una mayor implicación del ámbito nacional en las consultas y en el mecanismo de toma de decisiones con el fin de lograr una futura estrategia que pueda beneficiar a todas las partes implicadas; señala también a la atención de la Comisión y de los Estados miembros que es necesario diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar las políticas de inclusión de la población romaní en cooperación con las autoridades regionales y locales, con los grupos de población romaníes y no romaníes, con representantes y organizaciones de la sociedad civil, y con el Comité de las Regiones y las organizaciones internacionales con el fin de mejorar la aceptación y la eficacia de las políticas;

25.  Pide a la Comisión que recoja y difunda información sobre las experiencias adquiridas y las medidas adoptadas en los diferentes Estados miembros, en particular en los ámbitos educativo y cultural;

26.  Pide que se mejore la asistencia ofrecida a los organizadores de proyectos que pueden acogerse a la financiación europea para la integración de la población romaní, mediante la creación de plataformas de información, de análisis y de intercambio de buenas prácticas;

27.  Considera que parte de la solución reside en el compromiso pleno de los Estados miembros de prestar apoyo efectivo a los organizadores de proyectos, y que los Estados miembros, junto con la Comisión Europea, tienen que alentar a las autoridades locales a seleccionar proyectos de integración de la población romaní;

28.  Pide a los Estados miembros que elaboren estrategias de reducción de la pobreza multisectoriales que tomen en cuenta la cuestión, a menudo delicada, de la coexistencia de la comunidad romaní con la comunidad mayoritaria, afectadas ambas por la falta de empleo, la pobreza y la marginación; destaca la importancia de los incentivos que, mediante beneficios visibles, alientan a los pobres a incorporarse al mercado de trabajo en lugar de vivir de las ayudas sociales o tal vez trabajar en la economía sumergida; hace hincapié en que los programas que promueven el entendimiento y la tolerancia recíprocos son de la máxima importancia;

29.  Pide a la Comisión que incorpore la dimensión de ampliación en la estrategia a través de proyectos piloto en los países candidatos y candidatos potenciales que garanticen el desarrollo de planes de acción nacionales acordes con la estrategia de la UE;

30.  Pide a los Estados miembros que designen a un representante del gobierno de alto nivel o un órgano administrativo que actúe como «punto de contacto nacional» en aras de la transparencia y eficacia de la aplicación de la estrategia, que cuente con competencias ejecutivas y sea responsable de la aplicación, la coordinación, el control, la integración transversal y el cumplimiento de la estrategia a escala nacional, regional y local, garantizando una burocracia mínima y una gestión y un control eficientes de los fondos, así como la transparencia de la información;

31.  Insta a los ministerios nacionales de Educación y a la Comisión a que ofrezcan becas innovadoras y flexibles para fomentar el talento, y a que redoblen su apoyo a las becas y programas existentes;

32.  Pide a la Comisión y al Consejo que adopten los componentes reforzados y detallados de los indicadores de Laeken para calcular la exclusión social y territorial y para evaluar los progresos; subraya que las divisiones horizontales de los indicadores de Laeken deben ampliarse también a las unidades estadísticas y administrativas más pequeñas (UAL 1 y UAL 2); señala, además, que los indicadores de Laeken podrían añadirse a los futuros indicadores de la política de cohesión, en particular en lo que se refiere a la dimensión social;

33.  Pide a la Comisión que complete los indicadores con un sistema de objetivos y referencias comparativas que reflejen un compromiso político real con los avances; subraya además la urgente necesidad de progreso en la recogida de datos desagregados para poder medir los avances en relación con los objetivos/las referencias comparativas/los indicadores y desarrollar políticas basadas en los hechos, reforzar la eficacia y la evaluación;

34.  Pide el desarrollo urgente ‐con ayuda de las mejores prácticas‐ de criterios de referencia, indicadores, mecanismos de supervisión y evaluación del impacto independientes para apoyar y evaluar la eficacia y los resultados tangibles de los programas en vez de comprobar meramente que los proyectos beneficiarios de las subvenciones se han ajustado a las formalidades en materia de procedimiento, y pide un control efectivo del uso de los fondos para que los recursos financieros se utilicen realmente en la mejora de las condiciones de vida, la asistencia sanitaria, la educación y el empleo de la población romaní;

35.  Considera que la cooperación estructurada de los Estados miembros en los actuales métodos abiertos de coordinación en los ámbitos del empleo y la inclusión social tiene una importancia fundamental para avanzar hacia la plena integración de la población romaní, y pide a la Comisión que organice intercambios de buenas prácticas y experiencias entre los Estados miembros y todas las partes implicadas en cuestiones relacionadas con dicho colectivo;

36.  Pide -con vistas a garantizar que los fondos, con objetivos establecidos y especificados en detalle, lleguen efectivamente a la población romaní necesitada y que la misma avance de manera duradera en sus vidas- un compromiso real por parte de la Comisión y los Estados miembros para poner en marcha unos programas más orientados a los objetivos y al desarrollo, más complejos, más flexibles y más sostenibles con una cobertura temporal a más largo plazo y más relevancia territorial, que estén centrados en las microrregiones más desfavorecidas en su contexto geográfico, socioeconómico y cultural y aborden al mismo tiempo el problema de la pobreza suburbana y rural y el de los barrios segregados para la población romaní, y hagan especial énfasis en la mejora de las infraviviendas (ausencia, por ejemplo, de agua potable, calefacción, electricidad y saneamiento) y presten más asistencia a las familias para que puedan mantener su situación, una vez haya mejorado, en materia de vivienda; pide también a la Comisión que efectúe un seguimiento de los resultados de los proyectos cuando haya finalizado su financiación;

37.  Pide a los Estados miembros que mejoren las oportunidades económicas de la población romaní, sin olvidar la promoción del instrumento de microcréditos entre los empresarios; pide a los Estados miembros que aprovechen la experiencia de proyectos con éxito, por ejemplo los casos en que empresas no declaradas se han transformado en actividades económicas legales con ayuda de expertos;

38.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten políticas claras para la integración de la población romaní en el mercado de trabajo y que estudien y adopten medidas para luchar contra los efectos adversos de la dependencia prolongada del sistema de seguridad social;

39.  Pide a los Estados miembros, reconociendo que la mayor parte de la población romaní trabaja en empleos no declarados y dada la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, que en cooperación con los interlocutores sociales luchen eficazmente contra este fenómeno;

40.  Pide a los Estados miembros que se comprometan a implicar a los agentes públicos, como las PYME y las microempresas, en la aplicación de medidas de inclusión para la población romaní en relación con el empleo;

41.  Subraya el importante papel que las PYME y las microempresas pueden tener en la integración de la población romaní, y aboga por la aplicación de medidas que premien a quienes contribuyen a dicho objetivo;

42.  Considera que pueden lograrse mejores perspectivas para la población romaní, en particular con miras a su acceso al mercado de trabajo, mediante el incremento de las inversiones de los Estados miembros en educación y formación, con especial atención hacia las nuevas tecnologías e Internet, incorporando medidas respaldadas por la comunidad científica internacional y por las fundaciones y ONG activas en el ámbito de la educación y la inclusión social a escala regional y local;

43.  Pide a la Comisión que elabore un mapa europeo de crisis con el que se detecte, calcule y analice en qué microrregiones de la UE los habitantes están más golpeados por la pobreza, la exclusión social y la discriminación, sobre la base, al menos, de los siguientes factores:

   accesibilidad de los lugares de trabajo,
   distancia de los núcleos urbanos, o concentraciones excesivas y problemáticas cerca del centro de las ciudades,
   elevada tasa de desempleo,
   infraestructura de transporte deficiente,
   condiciones climáticas inapropiadas,
   falta de empresas en las cercanías,
   falta de infraestructura adecuada,
   ingresos bajos,
   bajo nivel de educación,
   bajo nivel de recursos humanos,
   infraestructura de transporte deficiente o cara,
   tensiones sociales,
   capacidad de la administración pública local para la gestión de la pobreza,
   situaciones graves de violación de los derechos humanos, discriminación, desahucios, expulsiones, racismo u hostigamiento a la población romaní por parte de las autoridades regionales o locales o de terceros;

44.  Pide la implicación de los Estados miembros para facilitar datos acerca de la situación socioeconómica (sobre todo en materia de educación, salud, vivienda y empleo) de la población romaní, e insta a las organizaciones internacionales (por ejemplo, la OIT y la OCDE) a que desarrollen estos temas como parte de sus estudios generales para contribuir a establecer objetivos específicos relativos, por ejemplo, al porcentaje de ciudadanos de etnia romaní que completan la educación secundaria y superior, que son contratados en la administración pública y que están representados en diferentes sectores de la vida social y política, y pide a la Comisión Europea que ayude a definir una estrategia de la UE clara y viable para la inclusión de la población romaní a partir de estos datos;

45.  Pide, por lo tanto, a la Comisión que preste apoyo específico, incluida la ayuda financiera, a estas microrregiones y que desarrolle directamente proyectos piloto que incluyan la participación de mediadores, de acuerdo con el programa del Consejo de Europa, así como un seguimiento específico de la evolución de la aplicación de la estrategia;

46.  Pide a la Comisión que, en el marco de la estrategia, aliente a los Estados miembros, a las instituciones internacionales y europeas relevantes, a las ONG, a las comunidades romaníes, a otras partes interesadas y al público en general a utilizar los términos «romaní»/«romaní y sinti» en todas las referencias a esta minoría;

47.  Pide a la Comisión y al Consejo que asignen una financiación dedicada en el marco de la política de cohesión en el próximo Marco Financiero Plurianual con el fin de apoyar de forma explícita la estrategia creando una reserva de eficacia general para la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní;

48.  Considera que los índices actuales de absorción de los fondos de la UE son demasiado bajos; pide, por consiguiente, a la Comisión que analice las razones de dicho fenómeno y elabore un enfoque más eficaz para el seguimiento de la absorción de los fondos de la UE, en particular, de los fondos destinados especialmente a los grupos marginados; hace sobre todo un llamamiento urgente para la recogida de datos -teniendo debidamente en cuenta las directivas relativas a la protección de los datos- sobre la eficacia de los fondos de la UE con el fin de desarrollar políticas basadas en hechos probados;

49.  Pone de relieve que la exclusión social de la población romaní tiene una importante dimensión territorial de pobreza y marginación concentrada en microrregiones subdesarrolladas que carecen gravemente de los recursos financieros necesarios para aportar su propia contribución a la financiación de la UE a la que podrían aspirar y que no disponen, en general, de la capacidad administrativa y los recursos humanos necesarios para hacer buen uso de la financiación; subraya la necesidad de concentrar esfuerzos específicos en estas microrregiones, que con frecuencia son zonas intrarregionales periféricas, y de simplificar sustancialmente las formalidades burocráticas para que se pueda maximizar en lo posible la asignación de los recursos disponibles en el marco de la política de cohesión;

50.  Considera que se necesitan también nuevas reglamentaciones sobre la asignación de los fondos estructurales para establecer una condicionalidad en lo relativo a la eliminación de la segregación y a la garantía de la igualdad de acceso de la población romaní a los servicios públicos; opina que también a escala local se deben elaborar planes de lucha contra la segregación basados en indicadores conmensurables y en acciones concretas;

51.  Insta a la Comisión a que facilite los instrumentos adecuados para orientar a los Estados miembros en cuanto a garantizar la complementariedad entre el FSE, el FEDER y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y pide a los Estados miembros que utilicen otros programas, como los programas PROGRESS, Aprendizaje Permanente, Cultura (2007-2013) y Salud (2008-2013) en interés de la inclusión de la población romaní;

52.  Pide la delegación respecto de órganos de apoyo al desarrollo de la UE supervisados y controlados por el grupo de trabajo sobre la población romaní, con objeto de:

   garantizar una financiación de la UE orientada al desarrollo en apoyo de las buenas iniciativas locales,
   detectar y notificar oportunamente el uso indebido de los fondos,
   realizar controles periódicos para verificar la coherencia y eficacia de la utilización de la financiación en relación con los resultados esperados, incluidos los fines para los cuales se asigna financiación en el marco de la estrategia,
   desempeñar una función de asesoramiento, aprovechando los complejos conocimientos a escala de la UE y dando explicaciones detalladas sobre los indicadores, las evaluaciones de impacto, etc., y
   prestar apoyo específico a las iniciativas locales, proyectos y programas complejos que mejor cumplan los objetivos de la estrategia y generen soluciones eficaces a los problemas concretos de las comunidades romaníes;

53.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen métodos de supervisión y control participativos que impliquen a las comunidades romaníes y les ayuden a desarrollar las capacidades de las partes interesadas, por una parte, y utilicen conocimientos especializados externos, por otra, con el fin de obtener una visión realista y objetiva del éxito o el fracaso en términos generales de los distintos instrumentos y medidas; pide también a la Comisión que facilite al Parlamento una lista de los proyectos financiados por la Comisión en favor de la población romaní desde 2000, con indicación de los resultados obtenidos;

54.  Pide a los Estados miembros que apliquen la prioridad horizontal «Comunidades marginadas» en el marco de los Fondos Estructurales de la UE y que participen en la red EURoma, con el fin de conseguir una buena ejecución de los Fondos Estructurales destinados a la integración social de la población romaní; subraya que deben mejorarse considerablemente las medidas y los mecanismos de supervisión y evaluación existentes; subraya, por otra parte, que las agencias y organizaciones que realizan proyectos cofinanciados por los Fondos Estructurales y que se dirijan directamente a la población romaní o la beneficien de forma indirecta deben responder de su actuación y llevarla a cabo de forma transparente; pide también un análisis continuo sobre la rentabilidad de la proporción de los fondos dedicados y gastados en realidad en los programas, y de los gastos corrientes;

55.  Pide a la Comisión y al Consejo que amplíen el ámbito de aplicación de la financiación de la UE de forma que pueda optar a la misma, además del desarrollo, el suministro de servicios públicos de calidad; subraya además que la cofinanciación debe revisarse, y, posiblemente, diferenciarse, con el fin de reflejar mejor la diversidad de acciones y beneficiarios, y que, de esta forma, podría ser necesario que los proyectos dirigidos a la población romaní contaran con una menor cofinanciación del país y una mayor cofinanciación de la UE;

56.  Subraya que es necesario mejorar de forma significativa la coordinación entre políticas relacionadas de la UE, con el fin de fomentar las sinergias y aspectos complementarios; que deben simplificarse de forma importante las normas de ejecución, y que deben eliminarse todos los obstáculos entre los diversos fondos, de forma que se pueda conseguir la máxima asignación posible de recursos de todos los instrumentos;

57.  Subraya la necesidad de que los Fondos Estructurales combinen los enfoques nacionales y locales, actuando a través de programas que respondan a una estrategia nacional y a la vez ofrezcan una respuesta local a necesidades específicas; destaca, además, la necesidad de establecer sinergias entre la ejecución de los Fondos Estructurales y las estrategias gubernamentales hacia la población romaní, así como entre las autoridades de gestión del Fondo Social Europeo y las unidades especializadas en este colectivo o las estructuras de coordinación que traten con temas relacionados con la población romaní;

58.  Pide a la Comisión y al Consejo que mejoren el acceso a los fondos de la UE de las administraciones locales y las ONG que trabajan en pos de la integración de la población romaní, simplificando los procedimientos de solicitud y las normas;

59.  Pide a la Comisión que introduzca en la estrategia un mecanismo para promover la contratación de personal romaní en la administración pública, tanto a escala de la UE como nacional, en particular en las instituciones que participen en la planificación y aplicación de programas financiados por la UE y, a escala nacional, para la integración de la población romaní;

60.  Subraya la importancia de que los Estados miembros firmen y ratifiquen el Convenio Europeo de la Nacionalidad, qua declara claramente que no debe existir discriminación en el Derecho interno de un Estado en materia de nacionalidad por causa de sexo, religión, u origen nacional o étnico;

61.  Subraya, en este contexto, la necesidad de seguir adelante con los programas de la UE como el Programa PROGRESS para luchar contra la discriminación y JASMINE para fomentar la inversión en la creación de capacidades, y pide que sigan desarrollándose después de 2013;

62.  Saluda la oportunidad que brinda el Reglamento (UE) n° 437/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, al prever un máximo del 3 % de la contribución del FEDER para programas específicos o bien el 2 % de la contribución total para la renovación de viviendas en favor de las comunidades marginadas; lamenta que hasta la fecha no se haya modificado ningún programa operativo para dar prioridad a las necesidades de vivienda de la población romaní; pide a los Estados miembros que utilicen rápida y plenamente esta nueva oportunidad en el marco de los Fondos Estructurales, con el fin de afianzar las perspectivas de integración social eficaz; pide a la Comisión que presente un plan de acción específico relativo a este Reglamento con vistas a acelerar el uso de los fondos y le recomienda que prepare un informe sobre la utilización de los mismos; pide a los Estados miembros que hagan un uso efectivo del potencial de interacción entre el FEDER, el FSE y el FEADER cuando elaboren programas de integración de la población romaní;

63.  Reconoce que las comunidades romaníes son grupos sumamente heterogéneos, por lo que no puede existir una estrategia única; recomienda a las autoridades locales y regionales de los Estados miembros, por consiguiente, que propongan políticas eficaces de integración diferenciadas con arreglo a las situaciones geográficas, económicas, sociales y culturales específicas de dichos grupos; recomienda que la Comisión aproveche la experiencia adquirida por las autoridades que han contribuido activamente a la integración de las comunidades romaníes y fomente el uso de las mejores prácticas y fórmulas de éxito con el fin de alcanzar su inclusión social;

64.  Recuerda que el principal prerrequisito para el éxito de la integración es el esfuerzo conjunto de la sociedad mayoritaria y la comunidad romaní; insta a los Estados miembros, por consiguiente, a que ayuden a mejorar la situación de vivienda y empleo de la población romaní, y recomienda a los Estados miembros y las autoridades regionales y locales que integren, de conformidad con el Reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la concesión de nuevas viviendas a las comunidades marginadas en un marco político más amplio y complejo de compromiso social recíproco y bidireccional, como el de desarrollo de comunidades, que prevea la participación de la población romaní en el proceso de edificación de las nuevas instalaciones y esfuerzos conjuntos por mejorar la asistencia de los menores a la escuela y reducir sustancialmente el desempleo; señala que de esta manera los Estados miembros pueden contribuir en gran manera a dar una solución concreta a las necesidades de vivienda de los grupos marginados instalados en condiciones muy deficientes; insta igualmente a los Estados miembros a que se sirvan de la red EURoma para fomentar el intercambio de mejores prácticas;

65.  Pide a la Comisión y al Consejo que hagan uso máximo de los programas en el marco de la cooperación territorial europea, como los programas de cooperación transfronteriza, los programas de cooperación transnacional y los programas de cooperación interregional, y que aprovechen al máximo las posibilidades previstas por la Agrupación europea de cooperación territorial;

66.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen y eliminen los obstáculos para entrar o regresar al mercado de trabajo y acceder al empleo por cuenta propia de las mujeres romaníes, y que den la importancia que se merece al papel de la mujer en la capacitación económica de las comunidades romaníes marginadas y en el lanzamiento de empresas; pide también a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la participación de las mujeres romaníes en la preparación, aplicación, supervisión y evaluación de la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní;

67.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan como un objetivo horizontal la creación de capacidades y la emancipación de las mujeres romaníes en todos los ámbitos prioritarios de la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní;

68.  Pide a la Comisión y al Consejo que incluyan la promoción de la igualdad de género entre los objetivos de la estrategia, así como la lucha contra la discriminación múltiple e interseccional;

69.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen, analicen y publiquen datos estadísticos fiables desglosados por género con el fin de poder evaluar y actualizar adecuadamente la estrategia, así como medir el impacto de los proyectos e intervenciones de la estrategia en las mujeres romaníes;

70.  Pide que se incluya en la estrategia un mecanismo de cooperación, intercambio de información y supervisión, a escala de la UE y nacional, junto con la Agencia de los Derechos Fundamentales, el Consejo de Europa y otras instituciones relevantes europeas e internacionales, ONG, comunidades romaníes y otras partes interesadas, con el fin de abordar los problemas y encontrar soluciones, así como garantizar la correcta y completa ejecución de la estrategia a escala nacional y de la UE por los responsables de la misma, contribuyendo así al éxito de la estrategia;

71.  Pide a la Comisión que ofrezca el apoyo técnico necesario para mejorar las capacidades administrativas de los órganos implicados en la administración de los fondos estructurales, y pide a los Estados miembros que faciliten asesoramiento y asistencia administrativa, por ejemplo, organizando formaciones y ayudando en las solicitudes de ayudas y con explicaciones, para hacer más fácil a la población romaní la obtención de información relativa a los programas de financiación europeos y nacionales destinados a apoyar el espíritu de empresa y el empleo y la presentación de las solicitudes pertinentes;

72.  Pide a los Estados miembros que establezcan objetivos concretos y específicos y metas detalladas y mensurables en cuanto a la inclusión social de la población romaní cuando transpongan los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de lucha contra la pobreza y de inclusión social en los programas nacionales, y pide urgentemente medidas para conseguir el logro de los objetivos específicos;

73.  Considera que se puede conseguir un futuro mejor para la población romaní a través de la educación y que, por lo tanto, es esencial invertir en la educación de los niños y los jóvenes de este grupo; destaca que la escolarización no solo es un derecho, sino también un deber, y expresa su apoyo a las actividades de mejora de la participación de los alumnos de etnia romaní en las escuelas, también mediante la participación activa de sus familias;

74.  Considera que la promoción del conocimiento de la cultura romaní en toda Europa facilita la comprensión recíproca entre la población romaní y la no romaní en Europa, al tiempo que estimula el diálogo intercultural europeo;

75.  Considera que la futura estrategia para la minoría romaní debería centrarse en la educación, pues es un instrumento esencial para promover la inclusión social;

76.  Considera que convendría instituir para los jóvenes de etnia romaní mecanismos de apoyo como las becas y los sistemas de tutoría, para animarlos no solo a conseguir titulaciones, sino a matricularse en la enseñanza superior y mejorar sus cualificaciones;

77.  Considera que convendría desarrollar un nuevo tipo de programa de becas para ofrecer una educación de excelente calidad a los estudiantes de etnia romaní con vistas a formar una nueva generación de dirigentes de estas comunidades;

78.  Considera que convendría premiar a las instituciones educativas cuyos estudiantes desfavorecidos obtengan plazas en instituciones de alto nivel o cuyo porcentaje de graduación sea superior a la media y pide a la Comisión que desarrolle proyectos a tal respecto;

79.  Considera fundamental que los Estados miembros promuevan la integración de la población romaní en la vida cultural y colectiva de los lugares y países donde viven y que velen por lograr su participación y representación duraderas en las mismas, aplicando medidas de fomento de la formación académica profesional (FAP) y desarrollando programas de aprendizaje permanente en favor de la comunidad romaní, teniendo presentes el patrimonio cultural y las formas de vida de los diferentes grupos de población romaní en Europa; señala, por ejemplo, que podría procurarse ofrecer formación especializada para educadores escolares, fomentar la contratación de maestros de etnia romaní, estimular la cooperación con familias y organizaciones romaníes y ofrecer ayudas y becas post-escolares; considera que este proceso debería implicar activamente a las autoridades locales de los Estados miembros y que debería indicar asimismo al sector sin ánimo de lucro la necesidad de incluir en sus actividades programas ideados para integrar a la población romaní en la sociedad;

80.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que combatan toda forma de exclusión social y educativa de los romaníes y que alienten todos los programas que inviertan en educación para la población romaní;

81.  Considera que las autoridades locales deben asumir la responsabilidad de integrar a los alumnos que abandonan el sistema escolar antes de alcanzar la edad a la que concluye la enseñanza obligatoria; indica que, a tal efecto, las instituciones educativas deben informar a las autoridades locales acerca de los escolares que abandonan la escuela;

82.  Pide a la Comisión que respalde iniciativas adicionales destinadas a proporcionar oportunidades de educación a la primera infancia y atención a los niños y jóvenes de etnia romaní;

83.  Considera que conviene abrir guarderías infantiles u otras formas alternativas de atención y educación preescolar en las comunidades donde éstas no existan y ampliarse allí donde su capacidad sea insuficiente;

84.  Pide a la Comisión que apoye las iniciativas que hayan probado su eficacia en la prevención de cualquier forma de segregación y que otorgue prioridad a los proyectos de inclusión que fomenten el éxito educativo y propicien la participación de las familias romaníes;

85.  Expresa su preocupación por la alta tasa de analfabetismo entre la población romaní y considera fundamental que se diseñen y desarrollen programas que garanticen una educación primaria, secundaria y superior de calidad para las niñas y mujeres romaníes, con estrategias que faciliten su paso de la enseñanza primaria a la secundaria y promuevan al mismo tiempo, a lo largo de todo el proceso, una mejor comprensión del patrimonio cultural, la historia y los valores de la comunidad romaní tanto dentro de esta como entre el resto de la población;

86.  Hace hincapié en que los bajos índices de asistencia, el elevado absentismo y el bajo rendimiento escolar pueden indicar que los alumnos y los progenitores no siempre son conscientes de la importancia de la educación; señala que otros factores relevantes pueden ser la insuficiencia de recursos, problemas de salud, falta de calidad educativa en el centro escolar o de transporte accesible hasta el mismo, falta de condiciones de habitabilidad de las viviendas o carencia del vestido indispensable para ir a la escuela, un clima escolar no inclusivo y escuelas segregadas que no preparan adecuadamente para la competencia que reinará en el mercado de trabajo; subraya, por consiguiente, la importancia de las medidas encaminadas a fomentar la participación de los alumnos de etnia romaní en la vida escolar y a promover un diálogo permanente y regular sobre asuntos educativos con las familias de dichos alumnos, la comunidad romaní y todas las partes interesadas;

87.  Destaca el cometido esencial que puede desempeñar el deporte de base y de alta competición en el proceso de garantizar la inclusión de la población romaní;

88.  Respalda el fomento de programas de formación docente con objeto de mejorar la capacidad de los docentes para relacionarse con los niños y jóvenes de origen romaní, así como con sus padres y con las personas empleadas como mediadores con la población romaní, en particular en la escuelas primarias, a fin de promover la asistencia escolar regular de la población romaní;

89.  Aconseja que se adapten distintos planteamientos de integración educativa a los niños de familias romaníes que deseen establecerse en un lugar determinado –vigilando la asistencia regular de los niños a la escuela, por ejemplo– y a los de familias que deseen mantener su forma de vida nómada –con medidas que hagan más fácil su asistencia a escuelas situadas fuera de los asentamientos, por ejemplo;

90.  Destaca la importancia de la movilidad., el aprendizaje permanente, la formación profesional y los programas de formación continua para garantizar la inclusión de los jóvenes y los adultos de etnia romaní y aumentar sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo;

91.  Considera que se debe ampliar el sistema de formación en el lugar de trabajo para dar cabida en él, a gran escala, a la adquisición de las habilidades y calificaciones necesarias;

92.  Considera necesario armonizar la oferta de formación con las necesidades del mercado laboral y reclama, por consiguiente, previsiones nacionales y regionales a medio plazo sobre la demanda de personal prevista;

93.  Pide a la Comisión que, para los programas y proyectos ejecutados en los Estados miembros, desarrolle y aplique sistemas de seguimiento comunes en los que participen las instituciones de la UE, los Estados miembros y los líderes de las comunidades romaníes;

94.  Contempla la cultura romaní como parte integral del mosaico cultural europeo; señala que una forma clave de comprender a la población romaní y su forma de vida es aumentar el conocimiento de los demás europeos sobre su patrimonio, sus tradiciones y su lengua, así como sobre la cultura romaní contemporánea; apoya resueltamente el fomento y la protección de sus actividades creativas como componente esencial del diálogo intercultural;

95.  Considera que la población romaní debería hacer un esfuerzo educativo para conocer las costumbres y la cultura de los pueblos con los que vive, lo que facilitaría su mejor integración en los lugares donde vive;

96.  Cree que la promoción de las actividades de voluntariado y deportivas en las que participen personas de etnia romaní y de otras etnias es importante como factor de mayor inclusión social;

97.  Insta a la Comisión a que promueva las mejores prácticas y los modelos y experiencias positivas adquiridas con la puesta en práctica de los programas y las iniciativas de la propia comunidad romaní para mejorar la percepción y la imagen de este colectivo en el seno de las comunidades no romaníes e impulsar la participación activa y la colaboración creativa de las comunidades romaníes con los programas de la UE, de los Estados miembros y de las entidades locales;

98.  Reclama una mejor identificación y utilización, a todos los niveles de gobierno, de los actuales fondos de la UE disponibles para promover el empleo, la educación y la cultura de la población romaní;

99.  Recomienda que las futuras políticas de la UE para la minoría romaní se basen en un enfoque diferenciado, ajustado a las peculiaridades de los diferentes Estados miembros y a las particulares naturalezas de sus respectivas comunidades;

100.  Señala la importancia de llevar a cabo controles más estrictos del uso de la financiación de la UE para la inclusión de la población romaní;

101.  Considera que resultarían útiles los intercambios de experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros que han obtenido buenos resultados en el ámbito de la inclusión de la población romaní y aquellos que aún se encuentran inmersos en tal tarea;

102.  Reconoce que la complejidad de los trámites burocráticos puede suponer un obstáculo para los organizadores de proyectos; insiste en la necesidad de intensificar el trabajo de simplificación de los procedimientos de subvención; destaca la infrautilización de la financiación europea en este ámbito;

103.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 45 E de 23.2.2006, p. 129.
(2) DO C 298 E de 8.12.2006, p. 283.
(3) DO C 282 E de 6.11.2008, p. 428.
(4) DO C 68 E de 21.3.2009, p. 31.
(5) DO C 294 E de 3.12.2009, p. 54.
(6) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 60.
(7) DO C 4 E de 7.1.2011, p. 7.
(8) Textos aprobados, P7_TA(2010)0312.
(9) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(10) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(11) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(12) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(13) DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
(14) DO L 132 de 29.5.2010, p. 1.
(15) IP/10/1097.
(16) MEMO/10/701 de 21.12.2010.
(17) Informe sobre el racismo y la xenofobia en los Estados miembros de la UE en 2009; European Union Minorities and Discrimination Survey, Data in Focus Report: The Roma in 2009; La situación de los ciudadanos comunitarios de etnia romaní que residen en otros Estados Miembros, e Informe comparativo sobre las condiciones de alojamiento de las comunidades de etnia romaní y nómadas en los Estados miembros de la UE.
(18) CM(2010)133.
(19) MEMO/10/502.


Política industrial para la era de la mundialización
PDF 227kWORD 151k
Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre una política industrial para la era de la mundialización (2010/2095(INI))
P7_TA(2011)0093A7-0022/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 173 del título XVII del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 157 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea) sobre política industrial de la UE, en el que también se hace referencia, entre otros aspectos, a la competitividad de la industria de la Unión,

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 28 de octubre de 2010, titulada «Una política industrial integrada para la era de la globalización: poner la competitividad y la sostenibilidad en el punto de mira» (COM (2010)0614),

–  Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020(1),

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la política comunitaria de innovación en un mundo cambiante(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de septiembre de 2009, titulada «Preparar nuestro futuro: desarrollo de una estrategia común en la UE para las tecnologías facilitadoras esenciales» (COM(2009)0512),

–  Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2008, sobre la revisión intermedia de la política industrial ‐ Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE(3),

–  Vista la reunión informal del Consejo de Competencia de los días 14 y 15 de julio de 2010,

–  Vistas las conclusiones de la 2999ª reunión del Consejo de Competencia celebrada los días 1 y 2 de marzo de 2010,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de noviembre de 2008, titulada «La iniciativa de las materias primas: cubrir las necesidades fundamentales en Europa para generar crecimiento y empleo» (COM(2008)0699),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integradora» (COM(2010)2020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 - Unión por la innovación» (COM(2010)0546),

–  Visto el documento de trabajo de la DG Empresa e Industria de la Comisión, de 26 de abril de 2010, titulado «La industria manufacturera de la UE: desafíos y oportunidades en los próximos años»,

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Informe sobre la aplicación de la Ley de la Pequeña Empresa» (COM(2009)0680),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2008, titulada «Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una Política Industrial Sostenible» (COM(2008)0397),

–  Visto el informe titulado «Promoción de modelos empresariales innovadores con beneficios medioambientales», de noviembre de 2008, realizado en nombre de la Comisión,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de julio de 2007, titulada «Revisión intermedia de la política industrial – Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2007)0374),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0022/2011),

A.  Considerando que la crisis económica mundial ha afectado a la industria europea, haciendo más difícil su adaptación a los desafíos de la globalización, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, el cambio demográfico y el paso a una industria basada en el conocimiento y la eficiencia, que tienen repercusiones importantes sobre el desarrollo industrial, el mercado de trabajo y las perspectivas de futuro,

B.  Considerando que, para poder superar el efecto de la crisis y afrontar estos desafíos, la UE necesita un enfoque sobre política industrial que combine la competitividad, la sostenibilidad y el trabajo digno y que pueda, al mismo tiempo, estimular la economía, impulsar el empleo, reducir la degradación del medio ambiente y mejorar la calidad de vida,

C.  Considerando que la política industrial en Europa sólo puede prosperar si está firmemente anclada tanto en una nueva arquitectura del sector financiero que promueva la inversión y evite la especulación y en una política macroeconómica que oriente las políticas fiscales, económicas y presupuestarias en la UE hacia el crecimiento sostenible y el empleo,

D.  Considerando que varios sectores industriales europeos sufren una crisis permanente debido a prácticas de competencia desleal por parte de terceros países, especialmente en los ámbitos de las relaciones laborales, el medio ambiente y la protección de la propiedad intelectual e industrial,

E.  Considerando que la industria europea se enfrenta a una creciente competencia mundial procedente de países industrializados y de países emergentes, como China, India y Brasil, en términos de acceso a los recursos, innovación tecnológica y mano de obra cualificada, así como políticas industriales y de innovación específicas y ambiciosas,

F.  Considerando que una estrategia de la UE de promoción de:

es la única forma de aumentar la sostenibilidad y la competitividad de la industria europea y mantener su liderazgo mundial,

   recursos humanos sólidos y capital humano con un importante potencial de creatividad y la participación activa en la innovación y el desarrollo,
   nuevas tecnologías, procesos y soluciones innovadores y creadores de valor añadido,
   actividades de I + D orientadas a las necesidades de desarrollo sostenible,
   una cadena de abastecimiento eficiente para la producción de bienes y servicios de calidad,
   sistemas de producción y gestión organizados de forma más eficaz,
   mayor eficiencia de los recursos que permitan reducir la huella de carbono,
   modos de transporte rentables y sostenibles,
   una logística inteligente y eficiente y unas infraestructuras de calidad
   un mercado interior único consolidado y en pleno funcionamiento,
   igualdad de condiciones en las relaciones comerciales con terceros países,

G.  Considerando que la posición de liderazgo de la industria europea a nivel mundial se ve cada vez más cuestionada por la base industrial en expansión en los países emergentes y que los principales competidores, como los EE.UU., Japón y China, persiguen una política industrial sólida y activa respaldada por amplias inversiones en productos y servicios avanzados, y que, por tanto, es extremadamente importante preservar y desarrollar la competitividad de la industria europea, a fin de preservar su función como motor del crecimiento sostenible y el empleo en Europa,

H.  Considerando que es posible realizar progresos a nivel industrial a través de una combinación de las condiciones marco adecuadas, así como una reglamentación y una estimulación del mercado inteligentes, con visión de futuro y específicas, basadas en expectativas precisas para la evolución del mercado y el apoyo a las tendencias a nivel mundial hacia formas limpias, innovadoras y sostenibles de producción y distribución y consumo,

I.  Considerando que la prioridad macroeconómica de la UE debe ser una política general en favor de la inversión en la industria y los servicios, en particular en los actuales tiempos de crisis, en los que la inversión (particularmente en la capacidad, más que en la productividad) es el primer tipo de gasto en experimentar recortes; considerando que los Estados miembros, la UE y las autoridades regionales y locales deben marcarse objetivos en materia de inversión pública (es decir, con respecto a la parte del gasto en inversión en el gasto público total), también en el marco de planes de austeridad,

J.  Considerando que una política industrial ambiciosa de la UE debe basarse en un mercado interior sólido, tanto dentro de las fronteras de la UE como en su dimensión externa; que, en este sentido, es esencial responder a las oportunidades y desafíos de la globalización mediante la combinación de todos los instrumentos de política industrial (como la política de I + D, la política regional, la política de competencia, la convergencia reguladora o la política comercial),

K.  Considerando que la desindustrialización es un hecho confirmado en Europa que pone en peligro nuestra posición tecnológica y económica, habida cuenta de la creciente globalización y la intensa competencia de países que se desarrollan con rapidez,

L.  Considerando la necesidad de reducir drásticamente las cargas burocráticas que pesan sobre las empresas y de garantizar la simplificación de su entorno legislativo y reglamentario, respetando los principios de «Legislar mejor»,

M.  Considerando que la demanda mundial de materias primas y recursos ha venido aumentando constantemente, lo que ha generado preocupación sobre posibles perturbaciones del abastecimiento,

N.  Considerando que, según la oficina estadística alemana, el coste de los materiales representa hasta el 45 % de los costes de una unidad de producto, y que, por tanto, el uso inteligente de las materias primas y la utilización eficiente de la energía revisten una importancia esencial para la industria europea,

O.  Considerando que, a pesar del rendimiento de algunos Estados miembros, la UE ha perdido cuota de mercado; que el lugar que ocupa la UE en el sector de la alta tecnología no es el que debería ocupar, particularmente con respecto a las NTIC (el 13 % del valor añadido en los Estados Unidos frente al 5 % en la UE); que la productividad en la industria manufacturera de la UE está experimentando una desaceleración,

P.  Considerando que la industria manufacturera es la principal fuente de aumentos de productividad, tanto dentro de la propia industria como en los demás sectores económicos, y que la innovación industrial es uno de los principales catalizadores de la creación de nuevos servicios y, con ello, del crecimiento a largo plazo, habida cuenta, en particular, de las perspectivas demográficas de la UE,

Q.  Considerando que la industria es un componente esencial de la economía de la UE, dado que representa el 37 % del PIB de la UE (si se tienen en cuenta los servicios asociados), el 80 % del gasto en I + D y el 75 % de las exportaciones europeas,

R.  Considerando la importancia de las industrias tradicionales de la UE, que la experiencia con la que cuentan es esencial para la economía y que es necesario aprovecharla,

S.  Considerando que nuestros competidores a nivel mundial, como los Estados Unidos y los países asiáticos, han adoptado políticas industriales proactivas basadas en la inversión a gran escala en I + D en sectores clave,

Nuevo enfoque en materia de política industrial sostenible

1.  Acoge con satisfacción el hecho de que, con la Estrategia Europa 2020 y la Comunicación sobre una política industrial integrada de la UE, la Comisión reconozca, por fin, la importancia que reviste una industria manufacturera próspera para el crecimiento sostenible y para el empleo en Europa y se comprometa con una política industrial integrada basada en el principio de la economía social de mercado;

2.  Reconoce la propuesta de la Comisión sobre una política industrial integrada y toma nota de que se centra en restablecer la competitividad de la industria de la UE; subraya a este respecto que, habida cuenta de los retos globales, resulta esencial que la eficiencia energética y de los recursos constituya la base de la renovación industrial europea, si la industria europea ha de mantener su competitividad en el futuro;

3.  Destaca el hecho de que las diversas medidas presentadas por la Comisión deben seguir siendo asequibles para los consumidores, sobre todo en un momento en el que la economía europea, particularmente en los nuevos Estados miembros, se está recuperando aún de su peor crisis en décadas;

4.  Destaca el hecho de que el desarrollo sostenible, definido en la Conferencia de Johannesburgo de 2002, ha de basarse en tres pilares: Económico, social y medioambiental y considera que, a fin de contar con una economía más competitiva, la política industrial debe sostenerse mediante una combinación equilibrada de estos factores;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una estrategia industrial de la UE ambiciosa, eficiente en el plano ecológico y verde, a fin de recrear la capacidad productiva en todo el territorio de la UE y generar puestos de trabajo de alta cualificación y bien remunerados dentro de la UE;

6.  Hace hincapié en la necesidad de una regulación previsible y estable, esencial para la industria a la hora de planificar la inversión; por lo tanto pide a la Comisión que, conjuntamente con el Parlamento Europeo y el Consejo, desarrolle una visión integral para la industria europea en 2020, que tenga en cuenta la competitividad y la sostenibilidad de la industria, con miras a ampliar el crecimiento, el empleo y, de esta forma, la prosperidad en Europa; lamenta, a este respecto, la falta de propuestas concretas en la Comunicación de la Comisión sobre una política industrial integrada;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que, en el marco de las modificaciones de los Tratados de la UE estudiadas actualmente, el empleo se sitúe al mismo nivel que la lucha contra la inflación, entre los objetivos del Banco Central Europeo;

8.  Hace hincapié en que no puede haber desarrollo sin una base industrial sólida y firme; reconoce que el desarrollo puede contribuir a incrementar la creación de empleo y el mantenimiento del nivel de vida de los ciudadanos;

9.  Pide que las administraciones públicas reduzcan las cargas administrativas, eviten la duplicidad de trámites y aumenten la transparencia en relación con los plazos de resolución de expedientes;

10.  Subraya que esto sólo será posible con una industria basada en el conocimiento que cuente con una sólida base industrial;

11.  Subraya que el éxito de una nueva política industrial sostenible exige un nuevo enfoque integrado intersectorial basado en iniciativas horizontales y sectoriales y centrado en cuestiones de interés común con importantes repercusiones para un conjunto de sectores y con resultados tangibles para las empresas y los consumidores a escala europea, nacional, regional y local;

12.  Llama la atención sobre la importancia que tienen determinados sectores, como la energía y el transporte, en la estructura de costes de la industria europea; considera necesario seguir mejorando la competitividad de estos sectores mediante su liberalización; en este sentido, está convencido de que es necesario limitar la presencia de capital público en empresas que funcionen en mercados liberalizados e introducir medidas para la libre prestación de servicios en todos los modos de transporte;

13.  Considera que deben establecerse las condiciones macroeconómicas marco en las que la industria europea pueda prosperar, teniendo debidamente en cuenta la realidad de la escasez y el agotamiento de los recursos; en este contexto, considera que Europa debe aspirar a promover no sólo la competitividad actual, sino también, y ante todo, a garantizar la competitividad futura;

14.  Considera que la estrategia industrial de la UE debe determinar un conjunto de ámbitos estratégicos en los que invertir y pide a la Comisión y a los Estados miembros que estas prioridades se reflejen en las futuras perspectivas financieras, los presupuestos anuales y las políticas de la UE;

15.  Considera importante adoptar una política industrial integrada con la que las iniciativas europeas en todos los ámbitos sean complementarias y no contrarias al objetivo común del desarrollo;

16.  Insta a la Comisión a que imprima velocidad a la realización del mercado único, que es un requisito para una industria competitiva e innovadora;

17.  Destaca que la competencia leal y los mercados abiertos son esenciales para la emergencia de industrias nuevas y dinámicas;

18.  Está convencido de que, además del sector público, también el sector privado desempeñará un papel esencial a la hora de invertir en la restructuración y el desarrollo de nuevos sectores industriales, garantizando tanto la creación de empleo como la transición a una economía eficiente con respecto a los recursos y con bajas emisiones de carbono; considera esencial, por tanto, la creación del marco adecuado para estimular dicha inversión privada;

19.  Destaca que el nuevo enfoque integrado requiere una excelente cooperación en el seno de la Comisión y que sus diferentes políticas sean coherentes entre sí; para ello, pide a la Comisión la creación de un grupo de trabajo permanente sobre la política industrial que se encargará de coordinar y adaptar la dirección y las medidas previstas en la nueva e integrada estrategia europea de política industrial y de controlar su aplicación;

20.  Pide a la Comisión que se centre más en los aspectos ligados a la competitividad en el proceso de evaluación de impacto («Competitiveness Proofing»),y en las evaluaciones a priori y a posteriori («Fitness Checks») y que aplique cuanto antes esta parte esencial de la regulación inteligente tan rápido como sea posible en todos los servicios de la Comisión; hace hincapié en el hecho de que la sostenibilidad es esencial para una competitividad permanente y para una economía eficiente por lo que respecta a los recursos y con bajas emisiones de carbono;

21.  Insiste en que la Unión Europea puede crear la industria más competitiva del mundo, entre otros, por medio de lo siguiente:

   nuevas normas de calidad y eficacia,
   acortar el plazo de comercialización de los nuevos productos con la ayuda de herramientas, métodos y procesos TIC avanzados de análisis, configuración, fabricación y mantenimiento,
   facilitar el desarrollo de PYME y el sector de los equipos en la cadena de abastecimiento,
   realizar esfuerzos más decididos para combinar las sinergias entre la investigación civil y la militar;

22.  Respalda la iniciativa de la Comisión, que figura en el punto 3 de su Comunicación, de analizar con coherencia las repercusiones de la legislación futura en la política industrial y evaluar la aplicación de dicha legislación, y destaca que debe garantizarse la inclusión de los interlocutores sociales y la máxima transparencia posible;

23.  Señala que una nueva política industrial sostenible sólo puede tener éxito si se coordina estrechamente con las políticas de los Estados miembros y pide, en este contexto, a la Comisión que en 2011 adopte las iniciativas que permite el artículo 173, apartado 2, del Tratado de Lisboa para establecer orientaciones, indicadores, intercambios y difusión de las mejores tecnologías y prácticas disponibles;

24.  Pide a la Comisión que desarrolle, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, un nuevo marco que capacite y aliente a empresas de distintos Estados miembros para que colaboren con mayor eficacia en el establecimiento y la consecución de sus prioridades industriales; considera que esto fortalecerá la competitividad de los productos fabricados en Europa y mejorará las respuestas a las cambiantes condiciones del mercado mundial;

25.  Expresa su convencimiento de que el éxito de una nueva política industrial sostenible depende de la participación de todas las partes interesadas, en particular los interlocutores sociales y los representantes de las PYME y la sociedad civil; pide a la Comisión que defina un principio claro de asociación en todos los ámbitos y medidas, lo que implica una evaluación y anticipación comunes y permanentes de las tendencias previstas y, por consiguiente, un control de las estrategias/medidas/programas;

26.  Considera que una política industrial de la UE para la era de la mundialización solo puede lograr sus objetivos en la medida en que las políticas comunitarias se adapten a los retos futuros a los que las regiones europeas y sus industrias locales se enfrentan y se enfrentarán en los próximos años, y siempre y cuando las políticas europeas respectivas conduzcan a un aumento de la eficacia y de la competitividad de las PYME, que son los actores principales de la industria europea; subraya, en este sentido, que debe analizarse en mayor medida el impacto de los cambios económicos, demográficos, climáticos y energéticos con respecto a su dimensión regional, tomando en consideración las posibles disparidades regionales que generarán tales retos, lo que repercutirá en el crecimiento homogéneo de las industrias de la UE; destaca el papel de primer orden que desempeñan las regiones para impulsar la conversión ecológica de la industria y el desarrollo de las energías renovables;

27.  Observa de que la política industrial depende en gran medida de la protección de la industria de la UE frente a la competencia desleal de terceros países;

28.  Insta a la Comisión a que, en el plazo más breve posible, elabore un calendario específico para vigilar la aplicación de esta estrategia y a que presente un informe anual sobre los avances realizados; considera, además, que la Comisión debe volver a evaluar cada año la eficacia de estas orientaciones e iniciativas, a fin de detectar los problemas que hayan surgido durante su aplicación y fijar objetivos adicionales con miras a garantizar que la política industrial de la UE esté siempre a la vanguardia;

29.  Recuerda que la internacionalización es un factor clave en la competitividad de las empresas por lo que pide a la Comisión que profundice en el los esfuerzos por rentabilizar al máximo el conocimiento acumulado en el conjunto de redes de apoyo a la empresa a fin de que pueda estar a disposición de aquellas empresas en fase de internacionalización;

30.  Subraya que las estructuras e infraestructuras paneuropeas que aspiran a aunar fuentes y recursos pueden poner en marcha un modelo industrial paneuropeo capaz de competir en el mercado mundial;

Financiación

31.  Pide una financiación ambiciosa para la política industrial y las infraestructuras ‐en particular las infraestructuras de investigación y energía, telecomunicaciones y transporte (RTE)‐, es decir, el conjunto de «servicios públicos» que conforman el entorno empresarial; considera esencial, a tal efecto, la emisión de bonos de la UE (eurobonos o bonos para la financiación de proyectos), con miras a permitir a la Unión financiar la innovación, las infraestructuras y la reindustrialización;

Innovación

32.  Subraya que la innovación es la principal fuerza motriz de la política industrial y el crecimiento y que todas las iniciativas en favor de la innovación

   deben basarse en una definición exhaustiva de «innovación» que, entre otros aspectos, englobe los productos y sistemas de producción, los servicios, la formación, los procesos, la organización, la calidad, la gestión, la difusión y la protección,
   deben tener en cuenta las políticas aplicadas en los países terceros y adaptar algunas de nuestras políticas internas, como las que rigen las ayudas estatales a la investigación, al desarrollo y a la innovación,
   deben incluir, en particular, el diseño, la producción y la composición de productos y servicios a lo largo de toda la cadena de procesos y de valor añadido, mediante las ayudas a la innovación hasta las fases de precomercialización del producto,
   deben ser neutrales en cuanto a las tecnologías;
   deben estar orientadas, en primer lugar, a ofrecer un entorno favorable para que las empresas inviertan en I + D e innovación, mediante sistemas de financiación eficaces y una mayor cooperación entre actores dentro de las distintas industrias y entre ellas, y dentro de las cadenas de valores, los institutos de investigación y las universidades;
   deben centrarse en la función que desempeña la producción en la fase de innovación, teniendo en cuenta que si toda la producción industrial se traslada a otras partes del mundo, la producción de conocimiento perderá su fundamento en Europa y también se trasladará, debido a la imposibilidad de poner a prueba inmediatamente en la práctica las ideas producidas en la fase de proyecto;
   deben promover la creatividad y la innovación impulsada por los trabajadores dentro de organizaciones públicas y privadas;

33.  Subraya la necesidad de distinguir más claramente entre investigación e innovación, como actividades que, aunque estrechamente vinculadas, tienen diferentes objetivos, medios, instrumentos de intervención y métodos de trabajo: la investigación, llevada a cabo por empresas para su propio crecimiento, debe crear nuevos conocimientos y, por su naturaleza, debe ser exploratoria e independiente y asumir riesgos; la innovación, por el contrario, tiene por objeto crear nuevos productos, nuevos servicios y nuevos procesos con un impacto directo en el mercado, la sociedad y la vida de las empresas como tales;

34.  Considera que, en particular, ha quedado demostrado que el establecimiento de parámetros y normas impulsa fuertemente la promoción de la innovación y la competitividad sostenible en diversos sectores industriales; pide un refuerzo del sistema europeo de normalización a través de medidas que promuevan la simplificación, la transparencia, la reducción de costes y la participación de las partes interesadas;

35.  Subraya la necesidad de una mejor coordinación entre Estados miembros y una mejor colaboración entre empresas, por medio de agrupaciones empresariales, redes y centros de excelencia;

36.  Afirma que la competitividad de la UE es muy dependiente de la capacidad de innovación, las facilidades de investigación y desarrollo y la vinculación entre la innovación y el proceso de fabricación;

37.  Pide que se aumente significativamente el gasto en investigación en el próximo período de programación que comenzará en 2013 (octavo período de programación) (objetivo de la UE: 3 % del PIB en investigación y desarrollo y 1 % del PIB en financiación pública), para que la industria europea siga estando a la vanguardia de la tecnología y siga siendo competitiva a nivel mundial y, de esta forma, se haga un uso eficaz de la inversión privada; considera que, junto a una considerable atención a la investigación en procesos de innovación, gestión, organización y participación de los trabajadores en la innovación, es necesaria la investigación en tecnologías genéricas básicas; señala, además, que se deben simplificar los procedimientos administrativos y los procedimientos para acceder a la financiación;

38.  Señala que la acentuación de las disparidades regionales en términos de potencial de investigación y desarrollo supone un reto que debe abordarse no solo en el contexto de la política de cohesión, sino también a través de la política de investigación y de innovación; pide, en este contexto, que, además de financiar la investigación, se lleve a cabo una reasignación de la financiación en el marco de los mismos programas operativos con vistas a apoyar la innovación y aumentar la utilización de los resultados de la investigación en soluciones comercializadas en beneficio de la sociedad;

39.  Toma nota de que un aumento significativo de la inversión en I + D, tanto de carácter privado como público, es esencial para que la industria de la UE siga ocupando una posición de liderazgo en el ámbito de la tecnología y preserve la competitividad a escala mundial en áreas como la energía renovable y la eficiencia del transporte; observa que para respaldar una mayor inversión privada en I + D se necesitan mercados que funcionen correctamente para productos innovadores y un entorno estable para la inversión; opina que se necesita una mayor financiación pública de las actividades de I + D para impulsar la inversión privada y fomentar la colaboración, y que la simplificación de los procedimientos de financiación pública, especialmente en los programas marco de la UE, es un requisito previo para una mayor participación de la industria;

40.  Reconoce, sin embargo, que para que Europa pueda alcanzar los niveles de inversión necesarios para que la innovación sea la fuerza impulsora del crecimiento económico, el sector privado debe aumentar su financiación de actividades de I + D; pide a la Comisión, por tanto, que analice los obstáculos que impiden que las empresas europeas inviertan a niveles similares a los de sus equivalentes internacionales, como en los EE.UU., y que adopte las medidas adecuadas, legislativas y no legislativas, cuando se considere necesario;

41.  Considera que las iniciativas tecnológicas conjuntas (como Clean Sky) son instrumentos extremadamente útiles para movilizar la financiación de los Estados, de la UE y del sector privado en favor de proyectos innovadores con un fuerte efecto impulsor; pide que se garantice la financiación de los proyectos existentes, para que puedan completarse, y considera esencial el desarrollo de nuevos proyectos en sectores prometedores (como la biotecnología, la nanotecnología, el espacio, la energía renovable, los nuevos modos de transporte, los nuevos materiales, etc.);

42.  Pide la utilización y el fortalecimiento coherentes de las competencias científicas y tecnológicas disponibles en los Estados miembros, particularmente en el ámbito de las tecnologías facilitadoras esenciales (TFE);

43.  Acoge con satisfacción la creación de un grupo de expertos de alto nivel para elaborar una estrategia común a largo plazo y un plan de acción sobre las TFE, a fin de que pueda aprovecharse plenamente su potencial;

44.  Destaca el éxito del Mecanismo de Financiación del Riesgo Compartido (MFRC) como importante forma de financiación de la investigación, el desarrollo y la innovación a través del BEI; exhorta decididamente a la Comisión a que ponga más recursos a disposición de dicho mecanismo, incluso a través de fondos de innovación renovables procedentes de los recursos del FEDER, y a que promueva la inversión privada directa y mecanismos de financiación innovadores de alto riesgo y proyectos que cuenten con la participación de las PYME adecuadas; insiste también en la importancia de lograr que los programas de innovación sean más accesibles para las PYME, mediante la reducción de las cargas administrativas;

45.  Expresa su inquietud con respecto a la infrautilización de los Fondos Estructurales por parte de las empresas para financiar sus proyectos innovadores; considera que las autoridades de gestión deberían esforzarse por que se conozcan mejor los programas operativos en las empresas y por aportarles toda la ayuda necesaria en la puesta en práctica de sus proyectos;

46.  Pide a la Comisión que elabore un inventario de las mejores prácticas en el marco de los mecanismos de financiación existentes y previstos, las medidas fiscales y los incentivos financieros para promover la innovación, y pide que se actualice y revise anualmente la eficacia de las medidas;

47.  Pide que se estudie la introducción de nuevos mecanismos alternativos que permitan remediar la escasez de financiación para las empresas de la UE, y en particular de las PYME; considera que tales mecanismos deben:

y deben incluir los siguientes instrumentos:

   estar basados en el reparto de riesgos entre inversores privados y públicos, a través de asociaciones público-privadas,
   garantizar que la inversión pública tenga el mayor efecto de palanca posible, generando así una importante inversión privada,
   tener en cuenta las necesidades específicas de las PYME innovadoras, que carecen de los fondos propios o los activos que les permitan financiarse con préstamos,
   favorecer la comercialización de los resultados en el ámbito de la investigación europea, así como las transferencias de tecnología a PYME, y
   respaldar las medidas del Banco Europeo de Inversiones;
   un Fondo Europeo de Financiación de la Innovación encargado de invertir en las fases de puesta en marcha y de desarrollo, mediante capital de riesgo,
   un Fondo Europeo de Patentes para facilitar la transferencia de tecnología entre centros de investigación y empresas, en particular PYME innovadoras,
   préstamos con condiciones más favorables que las que puedan obtenerse en el mercado;

48.  Reconoce el problema de la UE de contar con menos jóvenes innovadores líderes en sectores de alta intensidad de I + D, especialmente la biotecnología e Internet; subraya, por tanto, la necesidad de fomentar su desarrollo poniendo remedio a los obstáculos específicos a los que se enfrentan en los nuevos sectores y controlando de cerca los mercados innovadores emergentes, adaptando la combinación de instrumentos políticos a sus necesidades específicas;

49.  Pide a la Comisión que cree un ambiente favorable para las empresas de nueva creación y empresas derivadas, por medio de servicios específicos que permitan a los jóvenes emprendedores superar los obstáculos que existen tradicionalmente a la hora de emprender nuevas actividades productivas (obstáculos de infraestructuras, acceso a la información, coste de los servicios o gestión de la propiedad intelectual);

50.  Pide finalmente que la UE aporte respuestas a la fragmentación del mercado europeo de capital de riesgo, con la propuesta de un régimen de la UE que garantice la constitución de fondos paneuropeos;

51.  Subraya el hecho de que la inversión en I + D e innovación puede realizarse mediante incentivos fiscales nacionales y el acceso a recursos financieros especializados, como el capital de riesgo;

52.  Pide que continúen impulsándose las tecnologías relacionadas con el desarrollo sostenible, tal y como se comenzó a hacer con el plan de actuación ETAP mediante el establecimiento de interrelaciones entre las estrategias de investigación, medio ambiente y de política económica, pide que se elabore un plan de seguimiento ambicioso de dicho plan en el que sumen esfuerzos los sectores de la investigación, la educación, la formación y la industria y pide que se destinen recursos financieros adecuados para su aplicación; subraya la necesidad de incrementar la financiación para el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE);

53.  Pide que la industria participe en la eco-innovación para impulsar su potencial de creación de empleo; observa, a este respecto, que la información a los empresarios, mediante la demostración de nuevas oportunidades empresariales, es esencial para el éxito de la estrategia destinada a desarrollar economías eficientes en el uso de los recursos e industrias sostenibles;

54.  Sugiere reflexionar también sobre otras formas de financiación que respalden el desarrollo de tecnologías innovadoras mediante la asociación de distintos actores a diferentes niveles (europeo, nacional y local), considerando al mismo tiempo la posibilidad de recurrir a varias herramientas, incluyendo las asociaciones público-privadas o el capital de riesgo;

55.  Pide que se preste especial atención al apoyo a la innovación en el uso eficaz y sostenible de las materias primas;

56.  Recuerda que la contratación pública desempeña una importante función para el mercado único europeo y para estimular la innovación, ya que representa el 17 % del PIB de la UE; señala que competidores como China y los EE.UU. han fijado objetivos ambiciosos para adquirir productos innovadores y ecológicos; pide a los Estados miembros y a Comisión que simplifiquen y mejoren las normas nacionales y de la UE sobre contratación pública y se garantice el cumplimiento de los principios transparencia, imparcialidad y no discriminación; pide a la Comisión que informe de las posibilidades existentes de incluir criterios innovadores y sostenibles en las licitaciones públicas con arreglo a las normas de la UE vigentes en materia de contratación pública en línea con la Estrategia UE 2020, y que promueva dichas posibilidades; subraya que es esencial garantizar la reciprocidad del acceso a los mercados públicos exteriores, a fin de permitir a las empresas de la UE competir en condiciones justas en el plano internacional;

57.  Señala que la contratación pública precomercial puede dar un impulso inicial decisivo a los nuevos mercados en materia de tecnologías innovadoras y verdes, mejorando al mismo tiempo la calidad y la eficacia de los servicios públicos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que comuniquen mejor a las autoridades públicas las posibilidades existentes para la contratación precomercial;

58.  Considera que no debe subestimarse la importancia de la contratación pública precomercial para la promoción de una base industrial innovadora; pide, en este sentido, a los Estados miembros de la UE que aprovechen todo el potencial de la contratación precomercial como factor de innovación y como herramienta para mejorar la participación de las PYME en la contratación pública, lo que permitirá identificar y estimular eficazmente los mercados líderes para las empresas europeas;

59.  Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para evitar la transferencia de conocimiento de la UE al resto del mundo, particularmente a China, que a menudo no ofrece ninguna contrapartida;

Recursos

60.  Considera que el crecimiento económico puede y debe desligarse de un incremento del uso de recursos;

61.  Expresa su convencimiento de que el aumento evidente de la eficiencia en los recursos en lo que se refiere a las materias primas y auxiliares, los bienes fungibles y los materiales refuerza la competitividad de la industria europea a escala mundial y pide, por consiguiente, a la Comisión que, sobre la base de la Comunicación relativa a la Estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos naturales (COM(2005)0670, proponga una política ambiciosa en materia de utilización eficaz de los recursos con carácter prioritario mediante un plan de acción o, en su caso, una directiva sobre la eficacia de los recursos; considera que ello implica:

   la elaboración de una definición clara de los recursos en todas sus facetas;
   el desarrollo de indicadores claros basados en el concepto «de la cuna a la cuna» para el control de la productividad en relación con los recursos y, en su caso, el desarrollo de normas y directrices adecuadas y de modelos de nuevos enfoques;
   la definición de objetivos y de instrumentos que refuercen la productividad de los recursos en la UE, su durabilidad y reutilización, reciclado y reelaboración, así como el desarrollo de sistemas de producción industrial en un ciclo cerrado,
   el apoyo a la I+D con vistas a la mejora de las posibilidades de reciclaje de los productos y de su contenido material, y el apoyo a la I+D en el ámbito del desarrollo de procesos industriales cerrados con niveles mínimos de desperdicios y de flujos energéticos;
   el desarrollo de nuevos modelos tales como la contratación de recursos,
   la difusión de soluciones basadas en las mejores prácticas y el fomento de redes de utilización eficaz de los recursos, teniendo en cuenta, en particular, las redes de abastecimiento y las PYME y el apoyo a las agencias dedicadas a la eficiencia de los materiales,
   el desarrollo de un modelo de empresa sostenible favorable para las PYME que permita analizar la «mochila ecológica» y que, de este modo, se traduzca en ahorros y aumente la competitividad de las empresas y simplifique y fomente la utilización de sistemas voluntarios de gestión medioambiental como ISO 14001 o EMAS;
   la incorporación y el respeto de las iniciativas nacionales en el ámbito de las materias primas;

62.  Hace hincapié en que la disponibilidad de materias primas, en particular recursos estratégicos y tierras raras, reviste una gran importancia para las posibilidades de desarrollo de la industria europea, por lo que pide a la Comisión que presente en el primer semestre de 2011 una estrategia ambiciosa y de carácter global sobre materias primas que no se limite exclusivamente a las «materias primas fundamentales» tal y como las ha definido la Comisión Europea y en la que figuren los elementos siguientes:

   unas evaluaciones de impacto periódicas de la demanda prevista, así como de su carácter crítico y los riesgos con respecto al suministro, en lo que se refiere a las materias primas y las tierras raras (incluidas una posible escasez, incrementos de los precios, etc.) y las consecuencias para la economía de la UE en general y las empresas, en particular, con actualizaciones periódicas de la lista de materias primas y tierras raras incluidas;
   el control de las previsiones de producción de los terceros países y las condiciones de funcionamiento de los mercados mundiales de materias primas;
   la intensificación de la recuperación de materias primas mediante el establecimiento y la aplicación de normas de reciclaje, planes, normas e incentivos ambiciosos pero al mismo tiempo realistas, la aplicación estricta de la Directiva marco de residuos y de las normas sobre la recuperación y exportación de residuos que puedan ser fuente de materias primas y un apoyo adecuado de la investigación, solicitando a la Comisión que examine la posibilidad de incrementar la utilización del concepto de responsabilidad del productor en apoyo de dicho objetivo;
   la intensificación de la investigación sobre la sustitución de materias primas escasas, la toma en consideración de los recursos definidos como «materias primas escasas» y la aplicación de una estrategia de abastecimiento en relación con estos últimos,
   un uso óptimo de las materias primas disponibles en la UE y un mejor acceso a las mismas para lo que es necesario, entre otras cosas, que se cree rápidamente un sistema europeo de información geográfica y una base de datos común con una visión general con respecto a las materias primas, los minerales y los recursos naturales reciclables disponibles en la UE,
   la garantía de un acceso equitativo a las materias primas y las tierras raras a través de acuerdos comerciales justos y de asociaciones estratégicas y mediante la concertación de acuerdos de asociación económica con los terceros países con el fin de obtener un suministro adecuado, pero sólo cuando ello sea totalmente compatible con los objetivos de desarrollo del AAE;
   la intensificación de los intercambios con socios como Japón y los Estados Unidos de América con respecto al acceso a las materias primas mediante un diálogo bilateral así como con los países productores de materias primas, como China y Rusia,
   cuando esté justificado, esfuerzos para resolver las disputas relativas a las materias primas estratégicas para la industria europea en el marco de la OMC;
   un diálogo periódico y más proactivo con los países africanos sobre materias primas y tierras raras;
   la celebración de consultas con los terceros países cuyas políticas provocan distorsiones en los mercados internacionales de las materias primas para desanimar medidas políticas de carácter discriminatorio que perjudican a la economía de mercado;
   un mejor acceso a las materias primas renovables que sirven de material de base para la industria y la supresión de las discriminaciones en la legislación europea que impiden una utilización más amplia de estos materiales;
   medidas para luchar contra el fenómeno creciente de la dominación de los mercados por oligopolios y monopolios nacionales y por empresas multinacionales con respecto a la extracción de minerales y de materias primas energéticas y la manufacturación de bienes semielaborados, así como su comercio;
   la toma en consideración de la utilización de la biomasa no sólo como energía renovable sino, también, como materia prima para la industria, fomentando el criterio de sostenibilidad y evitando medidas que distorsionen el mercado;
   un plan de emergencia en caso de interrupción súbita de los suministros de materias primas vitales como consecuencia de distintas razones,
   ayudas a las PYME que utilizan material primas locales, incluidas las materia primas relacionadas con la agricultura y la silvicultura,

63.  Considera que una política industrial debe, en primer lugar, reorientar las acciones en el ámbito de la energía en favor de una política basada en la demanda, reforzando a los consumidores y disociando el crecimiento económico de la utilización de la energía; considera, en particular, que los sectores industriales del transporte y de la construcción, en particular, deben aplicar una política activa de ahorro energético y de diversificación hacia fuentes de energía sostenibles, no contaminantes y seguras y que una política industrial debe contribuir a la creación de unas condiciones de mercado que estimulen un mayor ahorro de energía y un aumento de las inversiones en eficacia energética, para explotar una amplia gama de energías renovales y de tecnologías de base en relación con la movilidad del almacenamiento energético (en particular, el transporte público);

64.  Expresa su convencimiento de que, con el fin de garantizar la seguridad de las inversiones, la industria necesita una política energética a largo plazo ambiciosa pero realista que garantice unos precios competitivos de la energía y la seguridad de suministro de la UE, reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, fomente la eficiencia y el ahorro en la producción y el consumo, permita una producción que genere el menor número posible de gases nocivos e impida la pobreza energética y las fugas de carbono; señala que la seguridad jurídica, unas condiciones marco estable, la inversión adecuada y una mayor armonización del mercado interior de la energía son claves para garantizar una transición hacia una fabricación y un aprovisionamiento con bajas emisiones de carbono, reduciendo los costos de la industria; subraya que la infraestructura de una red transeuropea de la energía, que incluya las redes de calor y que saque partido de las infraestructuras de las redes digitales y de transporte, debe renovarse y ampliarse en forma oportuna y rentable, y que se deben fomentar las redes inteligentes de medición, en particular con la ayuda de los fondos del Banco Europeo de Inversiones;

65.  Destaca la importancia del sector europeo del automóvil para asumir el liderazgo en relación con el desarrollo y la producción de vehículos eléctricos; solicita a la Comisión que vele por el establecimiento, antes de mediados de -2011, de unas condiciones marco para el desarrollo de vehículos eléctricos, en particular en relación con la normalización de las infraestructuras y las tecnologías de recarga que garantizarán la interoperabilidad y la seguridad de las infraestructuras; pide, además, a la Comisión que establezca unos requisitos armonizados para la aprobación de los vehículos eléctricos, teniendo en cuenta, en particular, la salud y la seguridad, tanto de los trabajadores como de los usuarios finales;

66.  Recuerda el importante potencial en términos de creación de puestos de trabajo y los beneficios en relación con la reducción de costes que se espera del aumento de la eficacia energética; considera que la adopción de medidas que incluyan objetivos, normas y mecanismos de evaluación que garanticen la mejora de la eficacia energética debe constituir la base de todas las iniciativas en todos los sectores industriales;

67.  Pide que se introduzcan innovaciones en la asistencia sanitaria y en el sector social de modo que las industrias no tengan que hacer frente a la falta de mano de obra y a mayores costes laborales en las próximas décadas;

68.  Hace referencia al potencial de ahorro de las tecnologías inteligentes;

69.  Considera que una política de mejora de la sostenibilidad de los sistemas de transporte y de las infraestructuras mediante medidas como unas tecnologías más eficaces, la interoperabilidad y, fórmulas de movilidad innovadoras, así como políticas de abastecimiento a nivel local, resulta necesaria para velar por que las redes de abastecimiento puedan funcionar con unos sistemas logísticos más sostenibles y con unos costes operativos inferiores;

70.  Considera que las tecnologías modernas en el ámbito de las TIC presentan importantes posibilidades en lo que a innovaciones en apoyo de la sostenibilidad y la eficiencia ecológica se refiere como, por ejemplo, la integración de las tecnologías a través del añadido de niveles tecnológicos adicionales a los niveles físicos para lograr una gestión más eficaz de los sistemas (como el abastecimiento del agua y los sistemas de transporte); subraya la necesidad de disponer de normas TIC abiertas para este tipo de soluciones; insta, en este contexto, a la Comisión, a que prevea normas abiertas y que pida a los interlocutores que orienten el desarrollo de normas abiertas adecuadas en apoyo de la eficacia de los recursos;

71.  Llama la atención sobre la necesidad de disponer de personal técnico y cualificado en número suficiente; considera, por lo tanto, que son necesarias más inversiones en los ámbitos de la educación y de la formación; insta a que se haga todo lo posible para superar las carencias en materia de cualificaciones a todos los niveles para fomentar la cualificación de la mano de obra y revalorizar la industria entre los jóvenes lo que implica, entre otros aspectos:

   un diálogo institucionalizado entre las autoridades competentes, representantes de las empresas y los interlocutores sociales para renovar los programas de enseñanza de modo que incluyan la cultura y el «espíritu empresarial» y la sensibilización con respecto a las empresas, y desarrollar formas viables para realizar la transición entre la educación y la profesión fomentando, en particular, la promoción de programas de movilidad individual como, por ejemplo, «Erasmus Jóvenes Empresarios»; y «Erasmus para aprendices»,
   subrayar la necesidad de un refuerzo del aprendizaje en el trabajo a nivel europeo para establecer un vínculo más adecuado entre los sistemas de formación profesional y el mercado laboral y reforzar el atractivo de la formación profesional en Europa mediante una permeabilidad hacia la formación superior de los titulados en formación profesional,
   garantía del derecho a la formación a lo largo de toda la vida a todos los ciudadanos, que deben tener la oportunidad de reciclarse profesionalmente durante su vida laboral, lo que reviste una importancia fundamental para la igualdad, la solidaridad y, también, para la competitividad en un período de dificultades económicas,
   formación innovadora de los jóvenes estudiantes que, en su calidad de futuros empleados, estén preparados para hacer frente a los avances tecnológicos previstos, así como una relaciones más estrechas entre las universidades, los institutos de investigación y la industria,
   fortalecimiento de la educación y la formación, así como el acceso a las mismas a todos los niveles, especialmente en los sectores de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM, según su siglas en inglés), a través de iniciativas concertadas, el intercambio de ejemplos de mejores prácticas en los ámbitos de la enseñanza y la formación y medidas innovadoras para conciliar la vida familiar y laboral y promover la igualdad de género y la justicia social;
   actividades coordinadas de mejora de la formación y de la sensibilización con respecto al papel económico de los sectores industriales europeos y la necesidad de que se transformen de modo innovador en el marco de una economía con una emisión de carbono baja y una utilización eficaz de los recursos,
   cualificaciones complementarias coordinadas y específicas que beneficien tanto a los trabajadores como a los empresarios, con una mayor utilización del Fondo Social Europeo,
   establecimiento a nivel europeo de una referencia para la evaluación comparativa de los puestos de trabajo y de los conocimientos especializados en los sectores profesionales, las empresas y en las regiones industriales más desarrolladas,
   creación de observatorios de las profesiones industriales a nivel regional, nacional y europeo para definir las profesiones y la demanda profesional en el futuro,
   apertura, modernización y refuerzo financiero de las universidades para que puedan garantizar la formación a lo largo de toda la vida así como la recualificación continua del personal cualificado (ingenieros, informáticos, técnicos) o una cooperación reforzada entre las universidades científicas y las universidades de ciencias aplicadas y las instituciones educativas que se orientan en mayor medida hacia la formación profesional;
   establecimiento, en cooperación con los organismos de formación y los interlocutores sociales, de una formación profesional «en alternancia» (es decir, alternando períodos en el centro de formación y períodos de trabajo en empresas)así como programas de aprendizaje y de reciclaje a lo largo de toda la vida dirigida tanto a los trabajadores como a los empresarios;
   una mayor movilidad y flexibilidad en materia de formación y educación profesionales tanto en lo que se refiere a los empresarios como a los empleados; teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, en particular de las PYME,
   el estudio de las nuevas necesidades creadas en términos de empleo y de cualificaciones como consecuencia del desarrollo de profesiones de la «economía ecológica» para darle respuesta mediante una formación adecuada,
   un impulso a las sinergias que fomenten universidades con más cultura empresarial y empresas más movidas por el conocimiento,
   iniciativas para animar a ingenieros e investigadores cualificados de terceros países a venir a la UE,
   el establecimiento de incentivos en relación con la educación superior para ajustar los programas de estudios en consecuencia,

72.  Subraya la necesidad de fomentar el acceso de los jóvenes al mercado laboral mediante pasantías correctamente remuneradas y el aprendizaje de calidad;

73.  Considera que es vital para el futuro económico, social y ecológico de la Unión, que los jóvenes sean conscientes del alto nivel de educación general y especializada necesario para su contratación posterior en la industria.

74.  Destaca que la reticencia relativa en lo que se refiere a desarrollar actividades empresariales autónomas podría superarse mediante el establecimiento de un entorno más atractivo para la creación de empresas, como ENTRE:DI y programas concretos como, por ejemplo, «Erasmus Jóvenes Empresarios»;

75.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de examinar nuevas fuentes de financiación en relación con grandes proyectos europeos de infraestructura y apoya la creación de un bono de la UE emitido en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones;

Una competencia justa

76.  Expresa su convencimiento de la necesidad de poner los instrumentos del mercado interior al servicio de la política industrial europea para favorecer la creación de grandes «campeones europeos» que sirvan de referente a nivel mundial en sus sectores de actividad como Galileo o SESAR; pide que la UE no imponga a sus empresas barreras demasiado asimétricas con respecto a las que existen en los terceros países;

77.  Hace hincapié en la necesidad de que la UE garantice a sus empresas el acceso recíproco a los contratos públicos en el marco de la negociación de los acuerdos bilaterales y multilaterales con los terceros países, al mismo tiempo que se aumenta la eficacia del uso de los instrumentos de defensa comercial por parte de la PYME para luchar contra las prácticas de dumping monetario, social, ecológico, la piratería, las falsificaciones y las copias ilegales;

78.  Pide que, al igual que Canadá, los Estados Unidos de América, China o Japón, la UE establezca la obligación de indicar el país de origen en relación con determinados productos importados de terceros países para que se les apliquen las exigencias de calidad y de seguridad en materia de rastreabilidad al igual que ocurre con los fabricados en la UE;

79.  Considera que, a fin de reforzar la industria europea, en particular mejorando la competitividad de las empresas en el contexto de la economía mundial, es necesaria una disciplina europea en materia de marcas de origen («Made In»); considera que dichas marcas permiten que los ciudadanos y los consumidores elijan de forma consciente y, además, favorecen la producción en la Unión Europea, a menudo asociada a una reputación de calidad y a elevados niveles de producción;

80.  Considera que un acuerdo multilateral sobre el clima sería el mejor instrumento para reducir los impactos negativos de CO2 en el medio ambiente, si bien existe el riesgo de que dicho acuerdo no pueda concluirse en un futuro próximo; opina, por tanto, que la UE debe seguir estudiando la posibilidad de poner a disposición de aquellas industrias que hayan estado realmente expuestas a fugas de carbono los instrumentos medioambientales apropiados, además de la subasta de cuotas de CO2 con arreglo al régimen de la UE de comercio de emisiones, en particular, un «mecanismo de inclusión de carbono» que cumpla con las normas de la OMC, ya que dicho mecanismo permitiría luchar contra el riesgo de que las emisiones de CO2 se transfieran a terceros países;

81.  Hace hincapié en que la UE examine las prácticas económicas de los terceros países antes de elaborar sus propias políticas y solicita, en particular, a la Comisión Europea que evalúe, en tanto que criterio, la situación, en términos de competencia, de las empresas europeas en el plano internacional en el marco del control de las ayudas estatales;

Cultura industrial sostenible

82.  Hace hincapié en la importancia de establecer el marco adecuado para que la industria permanezca en Europa y para mejorar en mayor medida su competitividad a nivel mundial; considera, por consiguiente, que las políticas de la UE deben basarse en evaluaciones de impacto en profundidad que analicen todos los aspectos de los beneficios económicos, sociales y medioambientales de las políticas de la UE;

83.  Pide iniciativas de la UE que definan los elementos que potencian el crecimiento, la innovación y la competitividad en los distintos sectores y que se presenten respuestas e instrumentos políticos coordinados a escala de la UE, que sean tecnológicamente neutrales para los sectores que los habrán de utilizar plenamente; considera que, para ello, es necesario desarrollar de manera costo-eficiente la legislación específica relativa a los productos, como la Directiva relativa al etiquetado ecológico de los productos que consumen energía y poner en marcha iniciativas de fomento industrial, como la iniciativa «automóviles verdes»; insta, en este contexto, a que se organice una campaña a largo plazo en materia de consumo sostenible, en apoyo de una concienciación y de un cambio de comportamiento y, en consecuencia, de nuevos productos innovadores y conceptos;

84.  Cree en la necesidad de mantener y fortalecer Europa en el mapa industrial mundial, teniendo especialmente en cuenta que las nuevas oportunidades industriales generadas por los compromisos de inversión de la UE en los ámbitos, por ejemplo, del cambio climático y la energía, abrirán oportunidades de empleo en los sectores de alta cualificación;

85.  Pide a la Comisión que integre claramente esta política industrial en el desarrollo de la hoja de ruta hacia una economía de bajas emisiones de CO2 en el año 2050, el Programa SET de iniciativas industriales y la perspectiva 2050 en la hoja de ruta hacia una Europa que utiliza eficazmente sus recursos;

86.  Pide que se mantenga y prorrogue la financiación de la innovación próxima al mercado, como el Programa marco para la innovación y la competitividad existente en la actualidad;

87.  Subraya la necesidad de un control sistemático de calidad de toda medida legislativa sobre la base de los criterios siguientes:

   los dictámenes científicos: calidad de las pruebas e interpretación,
   consultas: preguntas a los «usuarios» sobre su experiencia con la normativa existente,
   comparación a nivel internacional: comparación de la legislación en países competidores clave,
   coherencia de la propuesta con legislación afín de la UE,
   simplificación lograda (incluidas alternativas voluntarias);

88.  Recuerda que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se ha convertido en una herramienta fundamental para ayudar a las comunidades a transformar industrias no competitivas en industrias sostenibles; subraya que dicho Fondo debe mantenerse y, si procede, aumentarse;

89.  Pide que se redoblen los esfuerzos para superar las dificultades actuales y lograr que se cree rápidamente una patente comunitaria única, que brinde una protección jurídica poco onerosa y que sea eficaz y de alta calidad, así como un sistema europeo armonizado para resolver litigios en materia de patentes con el fin de mejorar las condiciones marco en materia de protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, reforzar la seguridad jurídica y luchar contra la falsificación, manteniendo al mismo tiempo los costos burocráticos al mínimo, en particular para las PYME; acoge con satisfacción el amplio apoyo del Consejo a la decisión de la Comisión de iniciar en 2011 el procedimiento de cooperación reforzada para una patente única de la UE; pide, además, una reforma de los métodos de normalización, en particular en el sector de las TIC, en el que las normas deben ser abiertas, transparentes, basadas en el principio de interoperabilidad y deben garantizar la competitividad de la industria europea; considera que el fomento de la normalización internacional permitirá conservar el liderazgo tecnológico europeo;

90.  Hace hincapié en que la realización del mercado interior es esencial para la competitividad y el crecimiento de la industria europea; subraya que las industrias europeas necesitan un marco adecuado en el que crear y desarrollar las ofertas a escala europea y manifiesta su satisfacción por las propuestas incluidas en el Acta del Mercado Único («Single Market Act»); pide a la Comisión que identifique las posibilidades de potenciar la eficiencia mediante la armonización y la mejora de la gobernanza en el marco del Acta del Mercado Único, en particular, en materia de IVA, de derechos de propiedad intelectual y patentes, de normalización global, de etiquetado y de normas sectoriales específicas;

91.  Alienta a los Estados miembros a que asuman un papel más proactivo en la gestión del mercado único, mejorando la cooperación entre las autoridades nacionales y reforzando la transposición, la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único en el terreno; pide a los Estados miembros que reduzcan los costes de las transacciones a través de medidas adicionales, por ejemplo, una administración en línea más eficaz;

92.  Subraya la necesidad de que las autoridades públicas apoyen el desarrollo de tecnologías clave y hace hincapié en la necesidad de acelerar la elaboración de normas, indispensable para preservar la competitividad industrial de la UE y estimular el nuevo crecimiento, y que esto es aplicable en particular a la elaboración de normas que fomenten la innovación como medio de hacer frente a los retos emergentes en materia medioambiental y social;

93.  Destaca la necesidad de tener en cuenta las características específicas de las PYME y de las empresas artesanales en el sistema europeo de normalización, en particular en términos de reducción del coste de acceso a las normas, de divulgación de las normas (mediante la publicación de resúmenes) o de apoyo financiero; hace hincapié en el papel fundamental que deben desempeñar los organismos nacionales de normalización en la promoción y el fortalecimiento de la participación de las PYME y las empresas artesanales en el proceso de normalización de conformidad con el principio de «delegación nacional»;

94.  Destaca la importancia de tener en cuenta situaciones que en la actualidad no están cubiertas por la legislación europea en materia de patentes como, por ejemplo, los «secretos comerciales», de modo que la industria europea pueda beneficiarse de una protección intelectual real en relación con los productos y procedimientos, tal y como ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos de América y en Japón;

95.  Recuerda que, para aumentar la competitividad y el liderazgo tecnológico de la industria europea, conviene que:

   se apoye en el Sistema Europeo de Normalización (SEN), cuyas ventajas se han demostrado, y que se consolide, para que responda del modo más adecuado a las necesidades de las empresas innovadoras y, en particular, de las PYME;
   se refuerce la participación de las empresas y, en particular, de las PYME en el marco del procedimiento de normalización, y que se garantice un grado elevado de fomento de las normas;

96.  Hace hincapié en que la realización plena del mercado interior presenta grandes posibilidades para la industria europea y solicita a la Comisión y a los Estados miembros que reduzcan en el menor plazo posible los obstáculos y barreras que siguen existiendo en el mercado interior;

97.  Pide a los Estados miembros, al tiempo que toma nota de que la reestructuración compete, en primera instancia, a las empresas e interlocutores sociales, que establezcan grupos de trabajo sobre las operaciones de reestructuración responsables de supervisar los procesos de reestructuración y que garanticen una transición sin problemas económicos, por ejemplo, mediante la mejora de la movilidad en el mercado laboral, el reciclaje y otras medidas que podrían ofrecer alternativas innovadoras y sostenibles tanto para los empleados como para las empresas; pide que se refuerce el papel de los fondos estructurales europeos destinados a investigación y desarrollo en apoyo de los procesos de conversión;

98.  Pide nuevas inversiones en mano de obra industrial en Europa, con un fuerte énfasis en el diálogo social sectorial para gestionar los cambios estructurales provocados por la mundialización y la promoción de una economía eficiente en términos de recursos y energía; insta a los interlocutores sociales en los sectores en los que el empleo está disminuyendo a que enfrenten los retos desde una fase temprana y que apoyen tanto a los trabajadores individuales como al sector durante la fase de transición; subraya la importancia de la seguridad de la transición a través del funcionamiento de los sistemas de seguridad social, ya que puede ayudar a los trabajadores a orientarse hacia los sectores en los que se crea empleo;

99.  Pide a la Comisión que tome la iniciativa de proponer ayudas a la transición profesional, la reducción de las desigualdades sociales, la promoción del Programa de Trabajo Decente de la OIT y la utilización de las Directrices de Empleo de la UE para especificar los valores que se deben facilitar a través del ciclo de vida de cada tipo de transición profesional;

100.  Insta a la Comisión Europea a que desempeñe un papel más activo en la reestructuración de las empresas en el marco de un Comité de Empresa Europeo; considera que toda la información relevante debería ponerse a disposición de la Comisión Europea lo más rápidamente posible tras dicha reestructuración para que pueda desempeñar plenamente su papel de interlocutor europeo y de coordinador de los Estados miembros; considera que, de este modo, la Comisión estará en una posición mejor para controlar y evaluar el uso de las ayudas estatales en ayuda de la reestructuración;

101.  Pide que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización se evalúe y reforme en profundidad para que sea más rápidamente accesible, así como que se incremente su presupuesto en el marco de las próximas perspectivas financieras; sugiere, asimismo, la creación de un Fondo Europeo de Adaptación al Medio Ambiente;

102.  Pone de relieve que la crisis económica mundial está repercutiendo en los niveles de empleo en toda Europa, empeorando así las perspectivas socioeconómicas de la UE y aumentando las disparidades regionales; subraya, a este respecto, que la existencia de un sector industrial competitivo, diversificado, justo y sostenible que se apoye, en particular, en PYME dinámicas y competitivas, es esencial para el futuro de los trabajadores de toda Europa; recomienda aprovechar la experiencia y las competencias de las generaciones con experiencia para asegurar el relevo por parte de las jóvenes generaciones;

103.  Reconoce la existencia de diferencias regionales en términos de desarrollo industrial, en particular con respecto a los procesos de desindustrialización en los nuevos Estados miembros, y pide que se incorporen a la nueva política industrial sostenible y que se tengan en cuenta en el reparto de los Fondos Estructurales a fin de fortalecer la cohesión territorial;

104.  Subraya la importancia de las PYME en el paisaje industrial y, en particular, por lo que respecta a garantizar empleos a largo plazo a nivel regional, el dinamismo económico y creativo y el mantenimiento de un crecimiento elevado , y pide a la Comisión:

   que tenga más adecuadamente en cuenta las particularidades de las PYME y las dificultades específicas que enfrentan, acelerando la aplicación de la Small Business Act, abordando las deficiencias con respecto a la aplicación de las orientaciones adoptadas, así como aplicando medidas concretas adaptadas, tales como la reducción de los costes administrativos y de otros aspectos de la carga reglamentaria, por ejemplo, los costes de cumplimiento, y que aplique la «prueba PYME» de modo que, finalmente, se logren progresos suficientes para las PYME europeas,
   que apoye el acceso de las PYME a servicios y competencias en materia de investigación a través de consorcios de universidades y fundaciones, con estructuras que funcionen como interfaz entre la investigación y el mercado,
   que no desatienda la cuestión del Estatuto de la Sociedad Privada Europea, centro del debate europeo desde hace muchos años,
   que prosiga sus esfuerzos de cara a la mejora del acceso de las PYME a las oportunidades de financiación y, en particular, que desarrolle oportunidades viables de capital de riesgo y que fortalezca las posibilidades de financiación de las PYME a corto y largo plazo y de sus fuentes de financiación preferidas en el contexto de la nueva arquitectura del mercado financiero, que abra los mercados y cree condiciones previas justas para la competencia, de modo que más empresarios y pequeñas empresas crezcan y operen en toda Europa,
   que examine la definición de la UE de pequeña y mediana empresa con el fin de permitir una mayor flexibilidad en determinados sectores industriales en los que las PYME no cumplen los niveles de ventas y los umbrales de empleo especificados debido a las estructuras específicas del mercado, pero que siguen siendo empresas medianas, e insiste en que cualquier cambio en la definición de PYME no debe poner en peligro su eficacia,
   que desarrolle la prestación de asesoramiento a las PYME en materia de exportación, en particular por lo que respecta al acceso a los mercados de los países terceros, al mantenimiento a largo plazo en estos mercados y a la defensa y valorización financiera y tecnológica de la propiedad intelectual,
   que refuerce las medidas de internacionalización con objeto de que las PYME sean más competitivas y se orienten al mercado interno y global,
   que incremente la tasa de participación de las PYME en los programas marco de investigación y desarrollo simplificando los procedimientos y estableciendo un sistema de información y acompañamiento más eficaz a escala local,
   que ponga en marcha proyectos que permitan que las PYME y las grandes empresas trabajen en red a largo de toda la cadena de valores,
   que prevea instrumentos que fomenten el desarrollo y el crecimiento de PYME ecológicamente innovadoras, así como el desarrollo de parques industriales ecológicos,
   que examine si las empresas medianas y las empresas familiares que no cumplen los criterios de la actual definición de PYME son y serán capaces de utilizar las actuales y las futuras oportunidades de financiación en materia de investigación y desarrollo destinadas específicamente a las pequeñas y medianas empresas,
   que garantice una mayor convergencia entre la demanda y la oferta de patentes, en particular para las PYME, y que reduzca el coste de su acceso a las normas;

105.  Cree que, para que Europa se dote de los medios necesarios para oponerse a proyectos que podrían resultar nefastos, en términos industriales, económicos y sociales, para la cohesión social y la estabilidad del mercado interior, es necesario revisar la Directiva europea sobre las OPA; considera que la Unión debe poder oponerse a las OPA emitidas por empresas que no son socialmente responsables y/o que no respetan los criterios de buena gobernanza, así como a las OPA previstas en actividades que los Estados miembros consideran estratégicas, de conformidad con los compromisos internacionales contraídos por la Unión Europea;

106.  Pide mejoras en el desarrollo de las asociaciones público-privadas;

107.  Considera que, a fin de alcanzar los objetivos Europa 2020 y los objetivos climáticos y energéticos para 2020, la política de ayudas no debe ser considerada únicamente en el contexto del Derecho de competencia sino que, en aras de los intereses europeos, debe utilizarse de forma activa y transparente y de conformidad con unas normas claras para fortalecer la innovación, la introducción de nuevos productos en el mercado y, además, la reestructuración de la industria; se opone a los planes de ayudas estatales específicos que no se atienen a las reglas y, por tanto, crean condiciones desiguales de competencia;

108.  Considera que la política de competencia, al mismo tiempo que respeta las normas del mercado interior, debe responder a las necesidades de una política industrial ambiciosa;

109.  Subraya que los Estados miembros pueden alcanzar mejor un desarrollo sostenible y justo del sector industrial a través del principio de reciprocidad de las políticas comerciales; señala que las estructuras de redes regionales y las agrupaciones («clusters») competitivas no deben verse negativamente afectadas por unas normas y disposiciones comerciales desiguales que afectan especialmente a las PYME;

110.  Destaca, al igual que numerosos estudios recientes, que las ayudas sectoriales estimulan el crecimiento cuando son compatibles con el mantenimiento de la competencia en los sectores afectados y cuando su aplicación va acompañada de mecanismos que garantizan que los proyectos que son ineficaces no reciben ayudas ; pide encarecidamente que la concesión de dichas ayudas se condicione sistemáticamente al mantenimiento, durante al menos cinco años en territorio europeo, de las actividades que han recibido ayudas y durante al menos diez años en el caso de las actividades de I&D;

111.  Observa en este contexto que la ubicación de las empresas europeas, en particular en el ámbito de las tecnologías facilitadoras esenciales, debe ser competitiva a nivel internacional;

112.  Considera que el libre comercio sigue siendo un pilar fundamental para el crecimiento económico de Europa por lo que pide que los futuros acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales se elaboren de tal manera que formen parte de una estrategia industrial basada en la libre competencia mundial y en la reciprocidad por parte de los socios comerciales europeos; opina que, a fin de tener en cuenta el principio de desarrollo sostenible, las preocupaciones sociales y ambientales y las normas pertinentes deben incorporarse a los acuerdos de libre comercio; considera que deben adoptarse medidas para velar por que las industrias europeas no se vean amenazadas por prácticas desleales, como ocurre en la actualidad en el sector de la energía solar; recuerda que, a fin de impedir y eliminar las barreras comerciales, han de reforzarse los diálogos reglamentarios con los socios comerciales clave; pide a la Comisión que supervise estrictamente la legislación medioambiental, las políticas relativas a los tipos de cambio, las normas relativas a las ayudas públicas, así como otros programas de apoyo aprobados por terceros países que compiten con la UE; pide que se estudie una estrategia de la UE en materia de inversión extranjera directa en los mercados emergentes con objeto de facilitar un mejor acceso a nuevos mercados y fortalecer la producción local;

113.  Considera que, en el marco multilateral de la OMC y en un mercado transparente y eficazmente regulado, la política comercial de la UE necesita una base de producción eficiente, sostenida por políticas sectoriales adecuadas, cuyos objetivos sean el crecimiento y el desarrollo sostenible;

114.  Opina que la recuperación económica, alentada por las decisiones adoptadas por la UE en coordinación con los Estados miembros, favorecerá el surgimiento de nuevas oportunidades para las empresas europeas, que cada vez más deberán hacer frente a la competencia en los mercados mundiales abiertos y transparentes;

115.  Considera, además, que las directrices de la política industrial de la UE deben tener debidamente en cuenta unos controles aduaneros más homogéneos, como un medio importante de lucha contra la falsificación y de protección de los consumidores europeos; considera que la política industrial debe garantizar la armonización de los sistemas de recolección de derechos de aduana en las fronteras de los países de la UE para evitar las desigualdades y los daños causados a los intereses de los importadores, así como para impulsar el desarrollo del tejido industrial de la UE;

116.  Hace hincapié en la importancia esencial que reviste el mercado libre para el desarrollo de la industria europea;

117.  Pide a la Comisión que las directrices de la política industrial europea sirvan de base para la definición de instrumentos legislativos específicos destinados a la promoción del comercio de la UE.

118.  Insta a la Comisión a que, en sus propuestas legislativas, no sólo mejore el comportamiento medioambiental de la industria de la UE sino que, al mismo tiempo, asegure que a los productos que se importan al mercado único de la UE se les apliquen las mismas normas medioambientales que a los productos fabricados en la Unión Europea, haciendo hincapié no sólo en el establecimiento de estas normas sino también en su mantenimiento;

119.  Insta a la Comisión a que cumpla los objetivos fijados en su Comunicación sobre una Europa global y en su próxima Comunicación sobre política comercial, en particular mediante un nuevo y ambicioso acceso al mercado en la Ronda de Doha, incluidos acuerdos sectoriales, por ejemplo productos químicos y maquinaria;

120.  Pide el mantenimiento de instrumentos de defensa comercial eficaces, destinados a contrarrestar las prácticas comerciales desleales, como la práctica de la duplicidad de precios en el marco del aprovisionamiento de materias primas o la subvención de la industria nacional;

121.  Hace hincapié en la necesidad de utilizar las ideas y competencias de los trabajadores en la renovación de la industria y, en este contexto, hace un llamamiento en favor de la mayor consulta posible;

122.  Pide a la Comisión la creación de un marco jurídico para la negociación colectiva transfronteriza, con el fin de garantizar la aplicación de los acuerdos transfronterizos y hacer frente a los desafíos relativos a la organización del trabajo, las condiciones de empleo y la formación.

123.  Subraya la necesidad de que, a la hora de elaborar y aplicar la política industrial en la UE, se examinen las condiciones en las que se eliminan los residuos industriales, en particular, los residuos tóxicos, y el destino que se les da, con el fin de garantizar que los residuos industriales no se conviertan en una carga ambiental, económica o social para las comunidades, tanto dentro de la UE como en terceros países;

124.  Afirma que la vigilancia efectiva de los mercados en todo el mercado interior es fundamental para proteger a la industria europea de la competencia desleal; anima a la Comisión a presentar propuestas ambiciosas para reformar el actual sistema de vigilancia del mercado, reforzando el papel de la UE en la coordinación entre las autoridades nacionales responsables de la vigilancia del mercado y las autoridades aduaneras y garantizando la disponibilidad de los recursos adecuados en todos los Estados miembros;

125.  Pide a la Comisión que continúe la estrategia de «legislar mejor», y que mejore la gobernanza del mercado único, por ejemplo, mediante la creación de las «ventanillas únicas» y la promoción de soluciones administrativas transfronterizas en línea, teniendo en cuenta las necesidades particulares de las PYME;

126.  Señala que el incremento en épocas de crisis de la economía sumergida y las actividades no declaradas es un importante elemento de distorsión de la competencia; pide a las administraciones competentes de los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para luchar contra este fenómeno;

127.  Destaca la importancia de las contribuciones de los trabajadores para aumentar el crecimiento económico y el progreso;

Sectores

128.  Expresa su convencimiento de que, junto a un enfoque horizontal, deben ponerse en marcha iniciativas sectoriales específicas con el fin de seguir promoviendo la modernización, el aumento de la competitividad y la sostenibilidad de los distintos sectores industriales, sus cadenas de suministro y servicios asociados, compartiendo buenas prácticas, elaborando normas, estableciendo valores de referencia y utilizando instrumentos similares y flexibles, por lo que insta a que:

   la Comisión, con la colaboración de todas las partes interesadas, aplique las recomendaciones de los enfoques sectoriales existentes (grupos de trabajo, comités de alto nivel, plataformas de innovación y plataformas tecnológicas tales como CARS 21), de forma adaptada a las necesidades de los sectores específicos, y elabore nuevas iniciativas sectoriales en otros sectores apropiados,
   se asegure la verificación de la sostenibilidad de enfoques sectoriales específicos conforme a los objetivos de la UE en materia de política medioambiental y energética y de unos objetivos ambiciosos en materia de eficiencia de los recursos,
   se tenga en consideración toda la gama de posibles medidas políticas, incluidos valores de referencia y normas, además de esfuerzos sostenidos en materia de I&D y de innovación,
   se preste una atención especial a los sectores clave de la industria europea y a los que se enfrentan a cambios sociales importantes pero en los que hay asimismo potencial empresarial y de creación de empleo,
   se haga hincapié en la complementariedad entre los diferentes tipos de tecnologías intersectoriales, así como en la convergencia entre estos sectores, que ha sido posible por la transición hacia una economía digital;
   se fomente el desarrollo de nuevas actividades, como las energía renovables y las industrias creativas, sectores en los que Europa tiene ventajas y puede crear numerosos empleos;
   la Comisión presente informes periódicos sobre los avances realizados;

129.  Considera que la política industrial europea debe basarse también en proyectos concretos que aporten beneficios tangibles a las empresas y los ciudadanos europeos, como GMES, Galileo e ITER;

130.  Señala que la industria europea depende cada vez más de los servicios a las empresas y que, en este contexto, es necesario prestar especial atención a todas las principales etapas de la cadena de producción; a este respecto, acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de dar mayor importancia a esta interdependencia;

131.  Reafirma la necesidad de avanzar rápidamente en lo relativo a la interconexión del registro europeo de empresas, como medio de garantizar la transparencia y la fiabilidad de la información, tanto para los productores como para los consumidores;

132.  Subraya la importancia del sector turístico en la Unión Europea –primer destino turístico del mundo– y en algunas regiones en las que constituye el principal pilar de la actividad económica; apoya la estrategia de la Comisión Europea para mejorar la competitividad del sector turístico mediante medidas relativas a la calidad, la sostenibilidad y el refuerzo de la imagen de Europa como destino turístico;

133.  Pide a la Comisión que respete las orientaciones y conclusiones elaboradas en enfoques sectoriales específicos; considera que dichas orientaciones ofrecen a la industria seguridad en la planificación a largo plazo y constituyen un valioso instrumento para el mantenimiento de la competitividad;

Responsabilidad

134.  Considera que la industria europea y las partes interesadas deben intensificar sus inversiones y sus compromisos empresariales, sociales y medioambientales y cooperar estrechamente para desarrollar unas condiciones marco favorables; considera que la industria debe mantener la inversión y la producción en Europa, mantener sus esfuerzos de investigación propia, y realizar esfuerzos en pos del crecimiento sostenible, la innovación y el empleo justamente remunerado; opina que la industria tiene que desempeñar una función en el desarrollo de una nueva cultura en materia de cualificaciones, desarrollar productos y procesos innovadores más sostenibles y participar, siempre que sea posible, en asociaciones estratégicas en Europa;

135.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren nuevos conceptos de mediación para el seguimiento y la construcción de nuevas infraestructuras y que los apliquen para potenciar la participación de los ciudadanos, de modo que se pueda disponer rápidamente de las infraestructuras necesarias para la renovación sostenible de la base industrial (por ejemplo, redes «inteligentes», parques eólicos, nuevos tramos de vías férreas);

136.  Expresa su convencimiento de que la crisis económica mundial ha hecho evidente que las empresas deben actuar con la debida diligencia en el pleno respeto de los principios de RSC, tanto en lo que se refiere a la buena gobernanza corporativa como al respeto al medio ambiente y a la excelencia social;

Regiones

137.  Señala que las estructuras regionales son una contribución importante al fortalecimiento de la industria en Europa; considera que las agrupaciones de competitividad y las redes de innovación (empresas, universidades, centros de investigación, servicios tecnológicos, centros de formación, etc.), así como las redes entre empresas (cadenas de valor añadido, sinergias) desempeñan un papel fundamental en las decisiones de inversión; por ello, considera que:

   debe prestarse más apoyo a las agrupaciones de competitividad y a las redes de innovación, en particular las agrupaciones de competitividad europeas y las nuevas asociaciones para la innovación que serán lanzadas en 2011 como parte de la iniciativa «Unión por la innovación», particularmente en el ámbito de las tecnologías facilitadoras esenciales, para promover de forma coordinada la transferencia de conocimientos y tecnologías y la investigación, la mejora de las cualificaciones y de las infraestructuras, lo que debe ser una prioridad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
   las redes regionales y las áreas rurales deben beneficiarse de una ayuda de la UE teniendo en cuenta el refuerzo de la base industrial,
   las agrupaciones y las redes deberían integrarse en las plataformas europeas, a fin de reforzar las ayudas a las agrupaciones y las redes;
   se deben apoyar iniciativas como el Pacto entre Alcaldes y las Ciudades Inteligentes, dado que la industria y las PYME también se benefician de ellas;
   el Banco Europeo de Inversiones debe fortalecer la relación entre la política industrial y la cohesión territorial;

138.  Reconoce la contribución de la industria de la UE al ideal de la cohesión socioeconómica y territorial y considera que una industria próspera es una condición básica para el crecimiento económico y la estabilidad social en las regiones de la UE;

139.  Pide, por consiguiente, que se aprovechen y refuercen de manera coherente las competencias científicas y tecnológicas existentes en las regiones, en particular en el ámbito de las tecnologías clave, así como que se fomente en mayor medida la política de agrupaciones («clusters»);

140.  Señala que el desarrollo de unas infraestructuras digitales adecuadas y de tecnologías innovadoras es un elemento estratégico para aumentar la competitividad de las regiones e industrias de la UE; que el sector de las TIC desempeña un papel de primer orden en el aumento de la productividad de otros sectores industriales; que las infraestructuras modernas de comunicación con una alta capacidad de transmisión deberían instalarse en primer lugar en las regiones insuficientemente cubiertas; y que, de este modo, se podría generar un entorno favorable a la inversión pública y privada y se contribuiría al aumento de la calidad de los conocimientos en el ámbito digital de las empresas, lo que resulta importante;

o
o   o

141.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0223.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0209.
(3) DO C 279 E de 19.11.2009, p. 65.

Aviso jurídico - Política de privacidad