El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Belarús, y en particular las de 12 de mayo de 2011(1), 10 de marzo de 2011(2), 20 de enero de 2011(3) y 17 de diciembre de 2009(4),

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre Belarús, adoptadas en la reunión 3101ª del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada el 20 de junio de 2011,

–  Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos de diciembre de 1988,

–  Vista la Resolución sobre la libertad de asociación en la República de Belarús, adoptada el 22 de junio de 2011 por la Conferencia de ONG internacionales del Consejo de Europa,

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 17 de junio de 2011, que condena las violaciones de los derechos humanos antes, durante y después de las elecciones presidenciales en Belarús y pide al Gobierno belaruso que ponga fin a la «persecución» de los líderes de la oposición,

–  Vista la declaración sobre la detención de Ales Bialiatski en Belarús efectuada por la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, el 5 de agosto de 2011,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que la República de Belarús está obligada por compromisos internacionales a respetar los principios del Derecho internacional y los valores fundamentales como la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

B.  Considerando que el defensor de derechos humanos Ales Bialiatski, Presidente del Centro de Derechos Humanos «Viasna» y vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), después de haber sido retenido en el centro de detención del Ministerio del Interior bielorruso, fue detenido en Minsk el 4 de agosto de 2011 acusado formalmente de evasión fiscal a gran escala («ocultamiento de beneficios a una escala particularmente grande») e imputado el 12 de agosto de 2011 en aplicación de la parte II del artículo 243 del Código Penal de la República de Belarús, y que se enfrenta a una pena de «restricción de libertad» de hasta cinco años o de privación de libertad de tres a siete años y de confiscación de sus bienes, incluidos los locales donde opera el centro «Viasna»;

C.  Considerando que las propiedades privadas de Ales Bialiatski en Minsk, su casa en Rakov y las oficinas de «Viasna» en Minsk fueron allanadas por agentes del Comité de Seguridad del Estado (KGB) y del Departamento de Investigaciones Financieras de la Comisión de Control del Estado, y que su ordenador y otros materiales fueron incautados;

D.  Considerando que, el 16 de agosto de 2011, un juez de distrito en Minsk rechazó una solicitud de libertad, bajo su propia fianza, del defensor de los derechos humanos Ales Bialiatski, interpuesta por su abogado, y que a principios de esta semana se ha ampliado a dos meses la detención preventiva de Ales Bialiatski;

E.  Considerando que la detención está relacionada con la divulgación de datos de las cuentas bancarias de Ales Bialatski a las autoridades belarusas por algunos Estados miembros de la UE; que, para recabar esta información, las autoridades belarusas se valieron de la cooperación internacional en el marco de un acuerdo bilateral de asistencia judicial, por medio del sistema de procedimientos y acuerdos internacionales sobre transferencias financieras (cuya finalidad es buscar a terroristas y delincuentes), con el fin de controlar totalmente a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil y a la oposición democrática belarusa y desacreditar la ayuda de la UE a la sociedad civil de la República de Belarús;

F.  Considerando que las autoridades fiscales belarusas interpretaron los depósitos en las cuentas de Ales Bialatski como ingresos personales y lo acusaron de ocultarlos;

G.  Considerando que las autoridades belarusas se han negado sistemáticamente a inscribir en sus registros nacionales, a prácticamente todas las organizaciones de derechos humanos del país (a «Viasna» se le ha denegado el registro en tres ocasiones en los últimos años); considerando que, como resultado de esta situación y debido a que la ayuda exterior a las organizaciones no gubernamentales de Belarús (en el caso «Viasna», los fondos destinados a prestar ayuda a las víctimas de la represión masiva ejercida por el régimen de Belarús tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2010) debe ser autorizado por las autoridades belarusas, los defensores de los derechos humanos se ven obligados a abrir cuentas en los países vecinos con el fin de prestar una ayuda eficaz a los representantes de la sociedad civil independiente;

H.  Considerando que el acoso de los defensores y activistas de los derechos humanos es sistemático y generalizado, y que recientemente se han divulgado informes sobre la persecución de los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas que se han movilizado para conseguir la puesta en libertad de Ales Bialiatski, persecución que se ha traducido en arrestos, detenciones, interrogatorios, la imposición de multas o la incautación de material impreso; considerando que una de las personas afectadas, Viktar Sazonau, se encuentra actualmente en espera de juicio;

I.  Considerando que el caso Ales Bialiatski forma parte de una estrategia más amplia, que viene aplicándose desde hace tiempo y sigue vigente en la actualidad, tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, que consiste en acosar a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos, lo que ha dado lugar a un dramático deterioro de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas en Belarús;

J.  Considerando que muchos activistas de la oposición, incluidos antiguos candidatos presidenciales, periodistas y defensores de los derechos humanos, fueron detenidos por su participación en la manifestación pacífica que tuvo lugar en Minsk después de las elecciones de 19 de diciembre de 2010, acusados de «organizar desórdenes masivos», y que han sido condenados a penas injustificadamente duras de hasta siete años en un penal de alta o media seguridad; considerando que algunos de ellos han sido sometidos presuntamente a torturas físicas y psicológicas, que no se les ha brindado asistencia letrada ni atención médica adecuadas o han sido devueltos a la cárcel después de intervenciones quirúrgicas importantes sin rehabilitación médica apropiada;

1.  Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos en Belarús; condena enérgicamente la reciente detención y las acusaciones formuladas contra Ales Bialiatski, presidente del Centro de Derechos Humanos «Viasna», así como el fracaso de las autoridades bielorrusas a la hora de respetar los derechos fundamentales inherentes a las libertades de reunión y de expresión;

2.  Lamenta que las autoridades belarusas se nieguen sistemáticamente a reconocer un estatuto legal a las organizaciones independientes de derechos humanos en el país ‐lo que les impide seguir funcionando‐ mediante la introducción de leyes represivas dirigidas a silenciar las actividades de la sociedad civil y blandiendo la amenaza de sanciones penales para intimidar a los defensores de los derechos humanos;

3.  Considera, en este mismo contexto, y teniendo en cuenta la represión sin precedentes de la sociedad civil en Belarús tras las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, que la causa penal contra Ales Bialiatski tiene motivaciones políticas y su finalidad es obstruir su actividad legítima como defensor de los derechos humanos;

4.  Pide que Ales Bialiatski sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional y que se retiren la investigación y todos los cargos;

5.  Condena las diligencias adoptadas contra el Centro de Derechos Humanos «Viasna», al tiempo que insta a las autoridades belarusas a que pongan fin a todas las formas de acoso contra Ales Bialiatski, el centro «Viasna» y su personal, así como contra todos los demás defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el país, y a que respeten el Estado de Derecho;

6.  Pide a las autoridades belarusas que deroguen el artículo 193-1 del Código Penal de Belarús, que prohíbe la organización de actividades de asociaciones públicas no registradas y la participación en las mismas, ya que esta disposición contradice las normas internacionales sobre libertad sindical y representa un incumplimiento por parte de Belarús de sus obligaciones en el marco de la OSCE y de las Naciones Unidas;

7.  Destaca que la asistencia jurídica entre los Estados miembros y Belarús no debe convertirse en un instrumento de persecución y represión política;

8.  Lamenta que las autoridades de Belarús hayan vulnerado y explotado intencionalmente la legislación belarusa y los instrumentos bilaterales e internacionales;

9.  Pide a las autoridades belarusas que cumplan todas las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y velen por el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las circunstancias, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales sobre derechos humanos ratificados por la República de Belarús;

10.  Insta a las autoridades belarusas a que revisen la legislación de Belarús, en particular en lo que se refiere a las libertades de asociación y de expresión, con el fin de adaptarla a las normas internacionales, y que se abstengan entretanto de toda vulneración de la ley;

11.  Pide al Consejo, a la Comisión y a la Alta Representante que intensifiquen la presión sobre las autoridades belarusas y amplíen la prohibición de visados y la lista de activos bloqueados para incluir a los implicados en la detención y el enjuiciamiento de Ales Bialiatski;

12.  Hace hincapié en que, teniendo en cuenta la represión continua y sin precedentes de la oposición y la sociedad civil en Belarús, la UE tiene la obligación de respaldar el proceso de consolidación de la democracia en el país y de encontrar nuevas formas de ayudar a la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes belarusos para sensibilizar al público;

13.  Pide a la Cumbre de la Asociación Oriental que se celebrará en Varsovia los días 28 y 29 de septiembre de 2011 que aumente la ayuda y colabore eficazmente con la oposición democrática y las organizaciones de la sociedad civil belarusas con el fin de alentar y reforzar sus esfuerzos dirigidos a consolidar la democracia;

14.  Pide a las autoridades belarusas que garanticen asistencia letrada y médica adecuada a todos los presos políticos y que los pongan en libertad de forma inmediata e incondicional, retirando todos los cargos y restableciendo la totalidad de sus derechos civiles;

15.  Destaca que el posible compromiso de la UE con Belarús debería estar sujeto a una estricta condicionalidad y depender del compromiso de Belarús de respetar las normas democráticas, los derechos humanos y el Estado de Derecho, tal como se afirma en la Declaración Conjunta de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009, que fue confirmada por el Gobierno belaruso;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa y al Gobierno y el Parlamento de la República de Belarús.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0244. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0099. (3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0022. (4) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 16.