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Procedimiento : 2011/2157(INI)
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Ciclo relativo al documento : A7-0400/2011

Textos presentados :

A7-0400/2011

Debates :

PV 13/12/2011 - 14
CRE 13/12/2011 - 14

Votaciones :

PV 14/12/2011 - 9.1
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Miércoles 14 de diciembre de 2011 - Estrasburgo
Política Europea de Vecindad
P7_TA(2011)0576A7-0400/2011

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad (2011/2157(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de mayo y de 8 de marzo de 2011, tituladas respectivamente «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303) y «Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011)0200),

–  Vistas las Comunicaciones de la Comisión, de 11 de marzo de 2003, «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» (COM(2003)0104); de 12 de mayo de 2004, «Política europea de vecindad – Documento de estrategia» (COM(2004)0373); de 4 de diciembre de 2006, relativa a la consolidación de la Política Europea de Vecindad (COM(2006)0726); de 5 de diciembre de 2007, «Una Sólida Política Europea de Vecindad» (COM(2007)0774); de 3 de diciembre de 2008, «Asociación Oriental» (COM(2008)0823); de 20 de mayo de 2008, «El Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo» (COM(2008)0319); de 12 de mayo de 2010, «Balance de la Política Europea de Vecindad» (COM(2010)0207), y de 24 de mayo de 2011, «Un diálogo para la migración, la movilidad y la seguridad con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0292),

–  Vista la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 y, en particular, los informes de la Comisión sobre los avances en su aplicación,

–  Vistos los Planes de Acción adoptados conjuntamente con Egipto, Israel, Jordania, el Líbano, Marruecos, la Autoridad Palestina y Túnez, y con Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Moldavia, así como el Programa de Asociación con Ucrania,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 26 de julio de 2010 y 20 de junio de 2011, sobre la PEV y las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores/Comercio de 26 de septiembre de 2011,

–  Vistas las conclusiones de la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación Oriental, de 13 de diciembre de 2010,

–  Vista las Declaraciones Conjuntas de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009 y de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia los días 29 y 30 de septiembre de 2011,

–  Vista la Declaración de Barcelona por la que se establece una Asociación Euromediterránea, adoptada en la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada los días 27 y 28 de noviembre de 1995,

–  Vista la aprobación del Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo (UpM) por el Consejo Europeo de Bruselas los días 13 y 14 de marzo de 2008,

–  Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de París para el Mediterráneo, celebrada en París el 13 de julio de 2008,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Marruecos de 13 de octubre de 2008, que concedían a Marruecos el «estatuto avanzado»,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asociación UE-Jordania de 26 de octubre de 2010, que concedían a Jordania el «estatuto avanzado»,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación(1),

–  Vista su Declaración, de 27 de septiembre de 2011, sobre la creación de programas «Erasmus» y «Leonardo da Vinci» euromediterráneos(2);

–  Visto el Informe Especial nº 13/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «¿Se ha iniciado con éxito el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación en el Cáucaso Sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) y está obteniendo resultados?»,

–  Vista la Decisión 2011/424/PESC del Consejo, de 18 de julio de 2011, por la que se nombra un Representante Especial de la Unión Europea para la región del Mediterráneo Meridional(3) y la Decisión 2011/518/PESC del Consejo, de 25 de agosto de 2011, por la que se nombra al Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia(4),

–  Vistas sus Resoluciones, de 7 de abril de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad – Dimensión oriental(5) y sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad – Dimensión meridional(6),

–  Vistas sus Resoluciones, de 19 de enero de 2006, sobre la política europea de vecindad(7); de 15 de noviembre de 2007, sobre la consolidación de la Política Europea de Vecindad(8); de 6 de julio de 2006, sobre la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación(9); de 5 de junio de 2008, sobre el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) 2006(10); de 19 de febrero de 2009, sobre la revisión del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación(11); de 19 de febrero de 2009, sobre el Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo(12); de 17 de enero de 2008, sobre un planteamiento de política regional para el Mar Negro(13); de 20 de enero de 2011, sobre una estrategia de la UE para la región del Mar Negro(14); de 20 de mayo de 2010, sobre la Unión para el Mediterráneo(15); de 20 de mayo de 2010, sobre la necesidad de una estrategia de la UE para el Cáucaso Meridional(16); de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación del río Jordán, especialmente en la región baja del río(17); de 3 de febrero de 2011, sobre la situación en Túnez(18); de 17 de febrero de 2011, sobre la situación en Egipto(19); de 10 de marzo de 2011, sobre los países vecinos meridionales, y Libia en particular(20); de 7 de julio de 2011, sobre Siria, Yemen y Bahréin en el contexto de la situación que se registra en el mundo árabe y el África septentrional; de 15 de septiembre de 2011 y de 20 de enero de 2011 sobre la situación en Belarús y todas sus resoluciones anteriores sobre Belarús, y de 15 de septiembre de 2011 sobre la situación en Libia(21) y sobre la situación en Siria(22),

–  Vistas las recomendaciones de las comisiones de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo (AP-UpM) adoptadas en su séptima sesión plenaria, celebrada en Roma los días 3 y 4 marzo de 2011,

–  Visto el Acto Constitutivo de la Asamblea Parlamentaria UE-Países vecinos del Este (Euronest) de 3 de mayo de 2011,

–  vistas las conclusiones de la sesión inaugural de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (Arlem), celebrada en Barcelona el 21 de enero de 2010,

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las acciones exteriores de la UE(23),

–  Vista la Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización (COM(2007)0242),

–  Vistos los artículos 8 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0400/2011),

A.  Considerando que el respeto y la promoción de la democracia y los derechos humanos ‐en particular los derechos de la mujer, de los niños y de las minorías‐, la justicia y el Estado de Derecho, las libertades fundamentales ‐incluidas las libertades de expresión, de conciencia, de religión o creencia, de orientación sexual, de asociación y de prensa, incluido el acceso sin restricciones a la información, la comunicación e Internet‐, el fortalecimiento de la sociedad civil, la seguridad ‐incluidas la resolución pacífica de conflictos y las relaciones de buena vecindad‐, la estabilidad democrática, la prosperidad, una distribución equitativa de la renta, la riqueza y las oportunidades, la cohesión social, la lucha contra la corrupción y la promoción de la buena gobernanza y el desarrollo sostenible son principios y objetivos fundamentales de la Unión Europea, que deben constituir valores comunes del eje central de la revisión de la PEV;

B.  Considerando que es de sumo interés para la Unión Europea mostrarse ambiciosa en la cooperación económica y adoptar una estrategia responsable y flexible, mutuamente provechosa y basada en el apoyo a las transiciones democráticas y la defensa de los derechos humanos, aprendiendo de los fracasos y errores de las políticas de la UE y los Estados miembros en relación, en particular, con el complaciente enfoque adoptado ante los regímenes autoritarios de nuestros vecinos meridionales, de los que se ha extraído la lección de que la PEV de la UE en su conjunto debe basarse en valores;

C.  Considerando que, en este nuevo escenario, la relación con dichos países debe entrar en una nueva dinámica centrada en una cooperación que priorice la democracia y la prosperidad en ambas orillas del Mediterráneo, y no sólo la seguridad y el control migratorio;

D.  Considerando que la UpM nació con el objetivo ambicioso de servir como instrumento permanente para reforzar las relaciones con los países de la vecindad meridional, sustituyendo al antiguo Proceso de Barcelona con el propósito de reforzarlo y hacerlo más visible;

E.  Considerando que la cooperación en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euronest pretende generar efectos positivos al servir de plataforma para intercambiar puntos de vista, encontrar posiciones comunes sobre los retos mundiales de nuestra época en relación con la democracia, la política, la economía, la seguridad energética y los asuntos sociales, así como reforzar los lazos entre los países de la región y con la UE;

F.  Considerando que en el artículo 49 del Tratado UE se señala que cualquier Estado europeo que respete los valores en los que se basa la UE, es decir, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que se comprometa a promoverlos, podrá solicitar el ingreso como miembro en la Unión,

G.  Considerando que unas relaciones reforzadas requieren un compromiso claro e incuestionable con el proceso de reformas en aras de un progreso visible en el cumplimiento de indicadores de referencia previamente definidos;

H.  Considerando que la Unión debe dotarse de instrumentos flexibles y debidamente financiados que estén a la altura de sus ambiciones y de los acontecimientos en las regiones, dando prioridad a la utilización óptima de los instrumentos financieros existentes;

I.  Considerando que los efectos de la crisis económica y financiera se han venido a sumar a los retos políticos y sociales existentes en los países socios, en particular los relacionados con el problema del desempleo; considerando que corresponde al interés común de estos países y de la UE reducir las tasas de desempleo en la región y ofrecer a sus habitantes, en particular las mujeres, los jóvenes y la población rural, una esperanza para el futuro;

J.  Considerando el respaldo otorgado por el Parlamento Europeo a la creación de programas «Erasmus» y «Leonardo da Vinci» euromediterráneos mediante su Declaración de 27 de septiembre de 2011;

1.  Acoge con satisfacción las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad tituladas «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» y «Asociación para la Democracia y la Prosperidad Compartida con los países del Mediterráneo meridional», así como el enfoque que se presenta en las mismas, en particular por lo que se refiere a los principios de responsabilidad mutua y compromiso compartido respecto a los valores universales que son los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, así como la condicionalidad y la adaptación a las necesidades de los países socios, la promoción de la cooperación multilateral y subregional, y el principio de hacer que las sociedades participen aún más en la PEV;

2.  Reconoce las aspiraciones europeas y la opción europea de algunos socios y su compromiso para edificar una democracia sólida y sostenible, y subraya la necesidad de establecer relaciones nuevas y distintas entre la UE y los países de la Asociación Oriental, que apoyen sus esfuerzos por consolidar una democracia sostenible y la economía de mercado;

3.  Insiste, no obstante, en que deben ofrecerse incentivos tangibles y creíbles a los países vecinos que persiguen el objetivo común de construir una democracia sólida, así como en que la diferenciación basada en las realidades políticas, económicas y sociales de cada país, en los resultados y en los logros debe apoyarse en criterios claramente definidos y en indicadores verificables y sometidos a un seguimiento regular para cada país socio; pide a este respecto a la Comisión y al SEAE que consideren los indicadores establecidos en la Comunicación conjunta como objetivos por alcanzar y que tengan en cuenta que, para evaluar los avances realizados, estos objetivos requieren indicadores temporales más específicos, mesurables y alcanzables, cuyo punto de partida para los vecinos orientales y meridionales sea distinto; estima que una política basada en resultados necesita una metodología de indicadores más clara e insiste, en este contexto, en la importancia de crear mecanismos de seguimiento adecuados para evaluar los avances de los países de la PEV; destaca que este enfoque debe reflejarse en la estructura de los planes de acción de la PEV y en los informes anuales correspondientes;

4.  Considera que la revisión de la PEV brinda a la UE una oportunidad para cumplir efectivamente sus objetivos y respetar sus valores establecidos en los artículos 2, 3, 6, 8 y 21 del Tratado UE;

5.  Subraya que, si bien la política de la Unión en el ámbito de la cooperación para el desarrollo se lleva a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión y, por tanto, en este caso, en el marco de la PEV, la Unión tiene sin embargo la obligación constitucional, consagrada en el artículo 208, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo; insta por tanto a la Comisión y al SEAE a no perder de vista en ningún momento estos objetivos, que consisten en la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza, cuando apliquen la PEV, tanto en los países socios de la vecindad oriental como en los de la vecindad meridional;

6.  Apoya la consolidación, en la PEV, de los aspectos anteriormente separados de la política exterior y de ayuda; espera que se establezca una red reforzada de acuerdos institucionales que sea estable y económica y esté resueltamente dedicada al desarrollo de una mayor integración económica y una asociación política entre todas las partes implicadas, incluyendo el alineamiento de valores en todos los foros internacionales ‐en particular las Naciones Unidas‐ con los valores de la Unión Europea;

Democracia sólida y asociación con la sociedad

7.  Subraya que, pese a que la UE no busca imponer un modelo o fórmula predefinida a las reformas políticas, la PEV se basa en valores comunes, en la responsabilidad conjunta, en la rendición de cuentas recíproca y en el respeto y compromiso con la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción, la economía de mercado y la buena gobernanza;

8.  Subraya la importancia que revisten, para la democracia, las organizaciones activas e independientes de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales; destaca la importancia del diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y de una financiación adecuada del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) para dichas organizaciones, y subraya que es necesario reforzar la asociación entre la UE y los países de la PEV y sus respectivas sociedades a fin de ayudarles a construir una democracia que funcione y promover las reformas y un crecimiento económico sostenible; hace hincapié en que estas asociaciones con la sociedad civil deben ser integradoras, e incluir en particular a representantes de las organizaciones de mujeres y grupos minoritarios; pide al SEAE y a la Comisión que apoyen a los parlamentos, las autoridades locales y regionales y la sociedad civil en sus esfuerzos por desempeñar el papel que les corresponde a la hora de definir las estrategias de la PEV, pedir cuentas a los gobiernos, y seguir y evaluar el rendimiento anterior y los resultados alcanzados;

9.  Subraya la importancia de construir una asociación con la sociedad civil como medio para promover el cambio y la democratización; en ese contexto, toma nota de la asignación de 22 millones de euros al Mecanismo de la Sociedad Civil para el período 2011-2013, y espera que este mecanismo reciba más fondos en el próximo marco financiero plurianual (MFP); pide al SEAE y a la Comisión que expliquen mejor el alcance y los objetivos de un posible Mecanismo de la Sociedad Civil y pide que se defina con mayor claridad la complementariedad de este mecanismo con el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) y el IEVA; observa que también deben identificarse instrumentos para apoyar concretamente a las minorías religiosas y étnicas en las regiones incluidas en esta iniciativa; recomienda que este mecanismo se utilice para mejorar la labor del Foro de la Sociedad Civil dentro de la Asociación Oriental y se estudie la posibilidad de constituir un foro como este para los socios meridionales;

10.  Aplaude la propuesta de una Dotación Europea para la Democracia, que constituye una respuesta oportuna al clamor en pro de la democracia de los pueblos de nuestros países vecinos; insiste en que dicha dotación debe ser un mecanismo flexible, rápido y selectivo de apoyo y debe complementar los instrumentos que la Unión ya posee, así como la labor ejemplar que desde hace años desarrollan fundaciones europeas políticas y no políticas y organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que un objetivo de esta iniciativa debería ser obtener resultados tangibles; insiste en que dicha dotación no debe obstaculizar ni solaparse con las acciones ya iniciadas por estas fundaciones o en el marco de programas europeos existentes, como el IEDDH; subraya que su ámbito de aplicación y organización deben estar claramente definidos y que sus estructuras y procedimientos han de ser ágiles y simples; pide al SEAE, a la Comisión y a la Presidencia (polaca) que presenten una demarcación clara de las competencias de una futura Dotación Europea para la Democracia en relación con estos instrumentos y estructuras; hace hincapié en el derecho de control que el Parlamento Europeo debería tener en la estructura de gobernanza de este mecanismo y en su participación en dicha estructura, a fin de ayudar a determinar en grandes líneas los objetivos anuales, las prioridades, los resultados previstos y las asignaciones financieras, y a tomar parte en el seguimiento de actividades; expresa cierta preocupación por que este futuro fondo sea financiado, total o parcialmente, al margen del presupuesto de la UE y reafirma el derecho de la Autoridad presupuestaria de supervisar y controlar su aplicación; solicita, por tanto, a la Comisión y al Consejo aclaraciones sobre esta cuestión;

11.  Pide al SEAE y a la Comisión que, en el marco de su nuevo enfoque «más por más» basado en los resultados, sigan alentando cualquier reforma política, teniendo en cuenta las necesidades y el nivel de desarrollo económico y social de cada país socio; les pide asimismo que definan una metodología clara y adecuada y unos criterios de referencia detallados para evaluar la trayectoria de los países de la PEV en lo referente al respeto y promoción de la democracia y los derechos humanos (incluida en particular la libertad de expresión, de conciencia, de religión, de asociación y de prensa) y que presenten regularmente informes suficientemente precisos, en los que deberá fundamentarse el reparto de fondos con arreglo al nuevo enfoque «más por más» basado en los resultados; pide que estas evaluaciones se incluyan en los informes anuales sobre la PEV y se presenten anualmente a su Comisión de Asuntos Exteriores; insiste en la necesidad de asociar sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil a todas las fases del proceso de revisión; considera que este enfoque basado en el rendimiento significa igualmente «menos por menos» y vuelve a pedir una aplicación eficaz de la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la UE con terceros países;

12.  Invita al SEAE y a la Comisión a que suministren más información acerca del modo en que ha de aplicarse el principio de responsabilidad mutua;

13.  Considera que la situación de los derechos humanos ‐en particular de los derechos de los niños, las mujeres y las minorías‐ debe ser objeto de una supervisión permanente, que debe entablarse un diálogo sobre derechos humanos con todos los países socios y que en el anexo del informe anual sobre los progresos realizados por cada país socio debe incluirse una evaluación anual de dicha situación, así como de los resultados de estos diálogos, junto con un mecanismo claro que permita reconsiderar y limitar progresivamente la cooperación bilateral si se confirman casos de violaciones de los derechos humanos; subraya que el enfoque adoptado respecto a la situación de los derechos humanos en los distintos países socios debe ser creíble;

14.  Pide a la UE y a los Estados miembros que concentren su cooperación en el marco de la PEV en el hermanamiento de actores democráticos de la UE, como sindicatos, ONG, organizaciones pertinentes de empresarios, agricultores, mujeres, partes implicadas en el diálogo religioso, consumidores, jóvenes, periodistas, profesores, organismos de gobierno local, universidades, estudiantes o actores del cambio climático, con los homólogos correspondientes que surjan en los países de la PEV;

15.  Subraya que la libertad de expresión y el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación son las piedras angulares de una democracia sólida y sostenible, así como de los valores comunes; destaca la importancia de unos medios de comunicación públicos, independientes, sostenibles y responsables para ofrecer contenido de calidad, pluralista y diverso, y recuerda que los medios de comunicación libres e independientes siempre desempeñan un papel crucial a la hora de consolidar la democracia, potenciar al máximo la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y capacitar a los ciudadanos en el camino hacia la democracia;

16.  Apoya enérgicamente y solicita la libre circulación de información, la garantía de unas condiciones que permitan a los periodistas trabajar eficaz y libremente sin presiones políticas, económicas o de otra índole, y la construcción de infraestructuras que favorezcan el desarrollo de tecnologías electrónicas modernas; acoge con satisfacción la declaración de las Naciones Unidas de 6 de junio de 2011 que consagra el acceso a Internet como derecho humano; insta, en este sentido, al SEAE y a la Comisión a que creen herramientas especiales para asistir a las organizaciones de la sociedad civil y a los particulares de los países de la PEV a tener acceso sin restricciones a Internet y otras formas de tecnologías electrónicas de comunicaciones;

17.  Subraya que la participación de las mujeres, los jóvenes y la sociedad civil, y el funcionamiento de unos medios de comunicación libres e independientes serán cruciales en los procesos de transición democrática en curso en los países de la «Primavera árabe», e insta a la UE a que aumente su ayuda para formar y organizar a estos actores, incluso invitándolos a observar elecciones y el funcionamiento de las instituciones democráticas dentro de la UE;

18.  Apoya que el pleno y efectivo respeto del derecho a la libertad religiosa (en su dimensión individual, colectiva, pública e institucional) sea identificado como una prioridad, en particular para todas las minorías religiosas presentes en la región, con la consiguiente necesidad de prestar una ayuda concreta a dichos grupos;

19.  Recalca en particular la importancia de promover los derechos de los niños y de garantizar su protección, como se contempla en el Tratado de Lisboa;

20.  Insta a que se apoye el desarrollo de partidos políticos democráticos en aquellos países vecinos que aún luchan por la democracia, así como a que se creen ONG y organizaciones de la sociedad civil;

21.  Subraya la importancia de que las mujeres cuenten con una representación adecuada en el parlamento, los ministerios y los principales puestos del gobierno, así como en puestos de responsabilidad en la administración pública y local, y en la gestión de empresas públicas; invita a los países socios de la PEV a adoptar e integrar políticas favorables a la igualdad de género y a adoptar planes de acción para alcanzar esta igualdad;

22.  Acoge con beneplácito la labor del Grupo Consultivo de Alto Nivel de la UE en la República de Armenia y la creación de un grupo similar en Moldavia; recomienda a la VP/AR y a la Comisión que ofrezcan dicha asistencia a todos los países de la Asociación Oriental y se aseguren, al igual que en el caso de Armenia, de que incluya la dimensión parlamentaria; pide que se actualice este instrumento de la UE y recomienda que el SEAE se encargue directamente de la contratación y gestión de los asesores a fin de garantizar la transferencia más adecuada de conocimientos de la UE a los países de la Asociación Oriental;

23.  Pide a la Comisión que aumente la visibilidad de los proyectos de la Asociación Oriental y de la UpM en los países socios y que haga que resulten más comprensibles para sus ciudadanos al demostrar el valor añadido de la cooperación con la UE;

24.  Recuerda que el compromiso de la UE para con sus vecinos debe supeditarse a sus avances democráticos y al respeto de los derechos humanos; pide por ello a la comunidad internacional que congele su asistencia financiera, así como la asistencia prestada por las instituciones financieras internacionales a las que pertenecen sus miembros, en favor del régimen belaruso, y ello hasta que todos los dirigentes de la oposición, periodistas, candidatos presidenciales y partidarios de estos que hayan sido detenidos sean liberados, se retiren los cargos contra ellos y sean rehabilitados;

25.  Apoya el actual planteamiento oficial de la UE consistente en sancionar a las autoridades belarusas, a la vez que se intentan reforzar los lazos con la sociedad civil y el pueblo de Belarús; insta a este respecto a la Unión Europea a que se reoriente hacia la sociedad y aumente su asistencia a Belarús a fin de satisfacer las necesidades de la población, reforzar la ayuda financiera y técnica a la oposición democrática, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, incluso las no registradas, así como a los estudiantes y los medios de comunicación libres;

Desarrollo económico y social sostenible

26.  Subraya que una democracia sostenible, unas instituciones eficaces y sin burocracia, el Estado de Derecho y la educación de calidad no solo redundan en beneficio de la estabilidad política, el bienestar social y la cohesión, sino que también estimulan el crecimiento económico al mejorar el entorno empresarial y atraer las inversiones, lo que permite crear nuevas PYME y favorece el comercio, la economía ecológica y el turismo, generando así nuevos empleos y oportunidades; recuerda la necesidad de crear un marco propicio para las inversiones en el que ocupen un lugar fundamental la estabilidad y la seguridad jurídica, así como la lucha contra la corrupción; insta en este sentido a la Unión Europea a impulsar, en el marco de su acompañamiento de las transiciones democráticas, la aplicación de reformas estructurales en los ámbitos económico, social y jurídico, constatando expresamente la estrecha interrelación existente entre desarrollo democrático y socioeconómico; se congratula de las iniciativas emblemáticas de la Comisión sobre las PYME, los mercados regionales de energía y la eficiencia energética; considera que estos esfuerzos deberían reflejarse en el MFP;

27.  Insiste en que, para aliviar la situación de los países que atraviesan en la actualidad graves crisis socioeconómicas, es necesario adoptar medidas inmediatas, como la cofinanciación de proyectos emblemáticos o piloto ya definidos o de otros proyectos económicos concretos de importancia estratégica, que puedan ponerse rápidamente en marcha en la práctica y ofrecer resultados tangibles incuestionables, en particular en los países socios en los que la transición democrática agrave las dificultades económicas; subraya que tales medidas financiadas por la UE solamente podrán adoptarse con la condición de que todas las partes afectadas se comprometan en cada caso concreto a cumplir de modo verificable las normas sociales, medioambientales y laborales vigentes a escala internacional y en la UE, y que dichas medidas sirvan para la mejora inmediata de la situación social de los ciudadanos en los países de la PEV;

28.  Apoya enérgicamente el fomento de la cooperación subregional y de proyectos transfronterizos, y subraya la importancia de entablar una cooperación económica multilateral y bilateral complementaria entre los socios, lo que aportará beneficios manifiestos para los ciudadanos y mejorará el clima político en la región; subraya que dicha cooperación económica subregional debe inscribirse en un proyecto de integración más amplio a favor de la puesta en marcha de proyectos subregionales relativos a la movilidad, la protección social y medioambiental, la cultura y la educación; insiste especialmente en la importancia de impulsar el desarrollo de una integración económica y comercial «Sur-Sur» y «Este-Este» entre los países afectados; considera que la mejora de dicha cooperación entre los socios indicaría un compromiso con los valores europeos de buenas relaciones de vecindad y asociaciones en beneficio mutuo;

29.  Insta a la Comisión a que apoye el desarrollo de las capacidades administrativas en lo que se refiere al empleo y a los asuntos sociales, prestando particular atención al refuerzo de las capacidades de los servicios jurídicos, lo que garantizará una mejor preparación para llevar a cabo las reformas;

30.  Hace hincapié en la importancia que revisten los sindicatos y el diálogo social como parte del desarrollo democrático de los países de la PEV; anima a estos a reforzar los derechos laborales y sindicales; señala el importante papel que puede desempeñar el diálogo social para hacer frente a los retos socioeconómicos de las regiones;

31.  Recuerda la necesidad de velar por que el salario mínimo fijado de acuerdo con las prácticas nacionales garantice un nivel de vida adecuado a los trabajadores y a sus familias y que las deducciones salariales no deberían privar a los trabajadores ni a las personas que de ellos dependen de sus propios medios de subsistencia;

32.  Toma nota de que conviene prever plazos adecuados para la comunicación del despido, teniendo en cuenta la antigüedad del trabajador en el empleo;

33.  Señala que la Unión debe otorgar especial importancia a la cooperación descentralizada, a nivel local, consistente en pequeños proyectos que mejoren de forma inmediata y tangible la calidad de vida de los ciudadanos de los países vecinos, facilitando asimismo la consolidación de los avances democráticos en todo el territorio de dichos países;

34.  Pide a la Comisión que convierta sus Estrategias de Reducción de la Pobreza en el marco político rector del crecimiento económico a medio plazo en favor de los pobres y de una distribución equitativa de la riqueza con arreglo a las necesidades del país en cuestión;

Acuerdos de asociación

35.  Destaca la oportunidad que ofrecen las negociaciones de los acuerdos de asociación para impulsar el proceso de reformas; subraya que todos los componentes deben estar conectados entre sí para que la Unión pueda profundizar sus relaciones de manera exhaustiva y coherente; considera que, a tal fin, estos acuerdos han de incluir condiciones, calendarios e indicadores de resultados concretos sujetos a una supervisión regular; recalca la necesidad de incluir en estos acuerdos incentivos reales y tangibles destinados a hacer más atractivo el camino hacia las reformas para los países socios;

36.  Señala que el principio de diferenciación debe aplicarse al comercio de bienes y servicios, invita a los países socios de la PEV a avanzar para crear las condiciones necesarias para el establecimiento de zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) y pide a la Unión que les ayude en sus esfuerzos de reforma y abra su mercado interior en consecuencia, a condición de que se apliquen los estándares exigidos en materia de seguridad y calidad de acuerdo con la normas europeas, y que efectúe junto a ellos un proceso de apertura gradual y equilibrada de sus mercados que redunde en beneficio mutuo; subraya que la Unión también debe evaluar las circunstancias políticas, sociales y medioambientales de cada país con vistas a su participación en la futura ZLCAP y definir, en su caso, pasos graduales para su aplicación, velando por el seguimiento de las convenciones internacionales sobre Derecho laboral y trabajo infantil; destaca que los lazos comerciales, en particular las ZLCAP, deben considerarse, por sus requisitos, como un medio para mejorar el compromiso con los valores democráticos de los países de la PEV, como parte del principio de condicionalidad; apoya paralelamente la pertenencia plena a la OMC de todos los Estados de la Asociación Oriental;

37.  Señala que la perspectiva europea, incluido el artículo 8 del Tratado de la Unión Europea y las perspectivas de ingreso en la Unión de los países de la Asociación Oriental conforme al artículo 49 de dicho Tratado, constituye la fuerza motriz para impulsar las reformas en estos países y reforzar aún más su compromiso con los valores y principios comunes, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la buena gobernanza; considera que la celebración de acuerdos de asociación puede constituir un paso importante hacia un futuro compromiso político y una relación más sólida con Europa, a través del intercambio de buenas prácticas y de un diálogo político y económico consolidado;

38.  Reafirma que el objetivo de la asociación con la vecindad meridional es acercar las dos orillas del Mediterráneo para construir un espacio de paz, democracia, seguridad y prosperidad para sus 800 millones de habitantes, y ofrecer un marco bilateral y multilateral eficaz a la UE y a sus socios para superar los desafíos democráticos, sociales y económicos, fomentar la integración regional, sobre todo comercial, y garantizar su codesarrollo en beneficio de todos, así como ayudar a los socios a construir Estados democráticos, pluralistas y laicos, en particular mediante programas de desarrollo de capacidades institucionales, y desarrollar acuerdos comerciales de bienes y servicios, ambiciosos, equilibrados y mutuamente beneficiosos, precedidos de los correspondientes estudios de impacto, que puedan conducir a ZLCAP, lo que representarían sin duda un primer paso hacia un gran «Espacio Económico Euromediterráneo» y contribuiría a su vez a mitigar los problemas económicos de nuestros países vecinos meridionales, facilitando la integración «Sur-Sur»; pide a la Comisión y al Consejo que faciliten la aplicación de los seis paquetes de medidas presentados en el documento de la Comisión sobre el seguimiento de las iniciativas en materia de comercio e inversión a favor de los socios del Sur del Mediterráneo, de 30 de marzo de 2011;

39.  Desea que se definan unos criterios objetivos y vinculantes que permitan la concesión del régimen de «estatuto avanzado»; subraya la necesidad de aclarar los derechos y las obligaciones que se derivan de ese compromiso bilateral tanto para los países socios como para la Unión Europea;

40.  Hace hincapié en que las relaciones contractuales con todos los países de la PEV incluyan disposiciones sobre un foro regular para abordar las cuestiones de derechos humanos, que adopte la forma de un subcomité de derechos humanos; solicita al SEAE que aproveche al máximo estas disposiciones y que haga partícipes a los subcomités existentes en cualquier negociación;

Cooperación sectorial

41.  Subraya que la Unión debe fomentar las sinergias entre las políticas europeas internas y externas, en particular a través de la aproximación de las legislaciones que tienen por objeto la creación de empleo, la reducción de la pobreza, la modernización de las políticas de empleo, la seguridad y la eficiencia energética, el desarrollo de fuentes renovables y la sostenibilidad medioambiental, la mejora de la protección social, la creación de riqueza, la justicia y la simplificación de los intercambios comerciales sobre la base del principio de diversificación;

42.  Considera que el hecho de compartir un espacio común implica un reparto equitativo de las responsabilidades y solicita una cooperación más satisfactoria, especialmente para todas las políticas y problemáticas que tienen una dimensión transfronteriza; insta en ese sentido a reforzar las dimensiones regionales y transfronterizas de la cooperación sectorial;

43.  Acoge con beneplácito el aumento de la interacción de los países socios en las agencias de la UE en varios ámbitos; pide a la Comisión que presente una lista clara y exhaustiva de las agencias y programas pertinentes en que podrían participar los países vecinos, acompañada de una descripción de la forma, la contribución financiera y el método que podría adoptar esta participación diferenciada;

44.  Es partidario de que se refuerce la cooperación en sectores como la industria, las PYME, la investigación, el desarrollo y la innovación, las TIC, incluida la seguridad de los sistemas informáticos, el espacio y el turismo, y destaca los beneficios de las iniciativas de programación conjunta en materia de investigación entre la UE y sus países vecinos; acoge favorablemente las propuestas de la Comisión relativas al desarrollo de un espacio común de conocimientos e innovación y de una economía digital basada en las TIC, y hace un llamamiento a los Estados miembros y a los países vecinos para que reafirmen su compromiso con la realización de avances en este contexto; reitera la importancia que reviste disponer de mecanismos eficaces que faciliten el comercio y las inversiones entre la UE y sus países vecinos para reforzar las asociaciones comerciales y permitir que los operadores económicos, en particular las PYME, puedan acceder a información adecuada y fiable sobre el comercio y las condiciones de inversión en los países socios;

45.  Acoge favorablemente el refuerzo de la dimensión de cooperación energética de la PEV; subraya la importancia de compartir las experiencias adquiridas por la UE en el ámbito de las reformas en el sector energético con los países vecinos; considera necesario intensificar la eficiencia energética y la promoción de las energías renovables; aboga por la seguridad del abastecimiento de energía gracias a la diversificación de las fuentes y la gestión de la demanda, un mayor compromiso con los principales proveedores y los países de tránsito, y la coordinación en materia de seguridad nuclear, en particular en las regiones en las que tienda a registrarse un grado elevado de actividad sísmica, junto con una mayor transparencia, con objeto de garantizar que la plena aplicación de los acuerdos medioambientales y de los acuerdos internacionales sobre seguridad nuclear siga siendo una prioridad de la política energética de la UE, y que la política exterior coordinada de la UE en materia de energía siga centrándose en los vecinos orientales y meridionales; pide que se adopten medidas eficaces para garantizar la aplicación del principio de solidaridad en el ámbito de la energía;

46.  Acoge con satisfacción la propuesta de creación de una Comunidad Europea de la Energía y considera que podría desempeñar un importante papel en relación con la cooperación con los países vecinos; subraya la importancia del papel que los países vecinos meridionales desempeñan en el aprovisionamiento energético de varios Estados Miembros; señala la necesidad de fomentar las interconexiones euromediterráneas en los sectores del gas y la electricidad; insiste en la importancia estratégica del proyecto Nabucco y su rápida ejecución, así como del transporte de gas natural licuado (GNL) en el marco del proyecto AGRI; pide a la Comisión que fomente, mediante inversiones, la construcción, la modernización y el desarrollo de redes de energía inteligentes e interconexiones de infraestructuras con los países vecinos de la UE;

47.  Señala asimismo el papel de apoyo que podría desempeñar la UE para hacer frente a los problemas medioambientales en nuestros países vecinos, en especial en la recogida de grandes reservas de «pesticidas obsoletos», que pueden provocar contaminación química a gran escala;

48.  Apoya una mayor cooperación en el sector del transporte, incluida una unión más estrecha entre la red de infraestructuras de la UE y la de los países socios a fin de facilitar los intercambios de personas y mercancías, lo que puede lograrse mediante una integración más estrecha de los mercados y la mejora de los enlaces entre infraestructuras;

49.  Considera fundamental una cooperación cultural internacional, regional e interregional basada en un auténtico diálogo entre las culturas y en la que participen todos los actores sociales (autoridades, instituciones, organizaciones y asociaciones culturales); pide al SEAE y a la Comisión que coordinen el despliegue estratégico de los aspectos culturales de la política exterior, buscando la complementariedad con las políticas culturales exteriores de los Estados miembros;

50.  Confirma rotundamente el vínculo existente entre los intercambios y la cooperación en los ámbitos de la cultura, la educación y el deporte entre la Unión Europea y los países de la PEV, por un lado, y la creación y consolidación de una sociedad civil abierta, de la democracia y del Estado de Derecho, y la difusión de las libertades y de los derechos fundamentales de la persona, por otro; destaca que la cooperación en estos ámbitos constituye un valor añadido tanto para la Unión Europea como para los países de la PEV;

51.  Considera que fomentar la participación en los programas culturales de la UE puede favorecer el desarrollo material y no material en los países de la PEV, y destaca, por consiguiente, la importancia de programas como Media Mundus y los proyectos auspiciados por la UpM y el Programa Cultural de la Asociación Oriental; señala asimismo que los programas culturales y de fomento de la movilidad deberían centrarse también en la movilidad de los artistas y las personas que llevan a cabo estudios artísticos; propugna la creación de un visado cultural para los artistas y otros profesionales de la cultura de los países de la PEV; pide asimismo a la Comisión que proponga una iniciativa en materia de visados a corto plazo, con el fin de eliminar los obstáculos a la movilidad en el sector cultural;

52.  Destaca la importancia de reforzar, en el marco de la PEV, la cooperación para el desarrollo del deporte en los países interesados, dado el valor educativo de las actividades deportivas; pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que actúen en favor de la libre circulación de los atletas en el mundo, empezando por los de los países de la PEV;

53.  Insta a que se proceda a una evaluación de los programas existentes para garantizar una utilización eficiente de los recursos, con vistas a alcanzar los objetivos de la UE; apoya una racionalización de las actividades internas de la Comisión en el ámbito de los distintos programas y proyectos existentes relacionados con la cultura y la educación;

54.  Subraya el valor añadido que aporta el programa Tempus IV a la promoción de la cooperación y a los esfuerzos de modernización de los sistemas educativos de los países vecinos de la UE y pide a la Comisión que refuerce el programa en cuestión, con vistas al próximo MFP;

55.  Espera que los países socios participen más intensamente en los trabajos de la Fundación Europea de Formación y de la Agencia ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural;

56.  Señala que el refuerzo de la dimensión juvenil de la Asociación Oriental y de la UpM representa una importante inversión para el futuro de las relaciones entre la UE y los países de la PEV, que reviste un gran potencial para los años venideros, así como para la democratización de esos países y la armonización de su legislación con la normativa europea; reitera que los fondos adicionales asignados a los programas Erasmus Mundus y La juventud en acción para 2012, en el marco del presupuesto de la UE para ese ejercicio, deberían fomentar la cooperación entre los establecimientos de enseñanza superior, mejorar los intercambios de personal académico y estudiantes, y desarrollar redes que mejoren la capacidad de las ONG en el ámbito de la juventud en Europa y los países de la PEV;

57.  Considera que la Universidad Euromediterránea (EMUNI) brinda una plataforma y una oportunidad únicas para reforzar la cooperación en el ámbito de la educación superior y la movilidad estudiantil con nuestros vecinos meridionales, en un momento en que es de suma importancia intensificar las relaciones con los socios meridionales, especialmente con las generaciones más jóvenes; subraya a este respecto que es necesario desarrollar plenamente el potencial de la EMUNI;

58.  Pide a la Comisión que haga suya la propuesta del Parlamento Europeo, elaborada tras la Primavera árabe, consistente en crear un programa Erasmus euromediterráneo, iniciativa que, en caso de tener éxito, podría muy bien ampliarse al conjunto de la vecindad; lamenta en esta fase la debilidad de las propuestas de la Comisión, que, a pesar de lo declarado el 27 de septiembre de 2011, solo prevén en realidad un incremento muy modesto del número de becas Erasmus Mundus;

59.  Pide a la Comisión que haga suya la propuesta del Parlamento Europeo, elaborada a raíz de la Primavera árabe, consistente en crear un programa Leonardo da Vinci euromediterráneo con vistas a favorecer la movilidad de los jóvenes aprendices que deseen adquirir una formación profesional en el extranjero, a fin de contribuir a la lucha contra el desempleo juvenil endémico que se da en el sur del Mediterráneo;

60.  Reitera su firme apoyo al proyecto de becas PEV financiadas por la UE para graduados universitarios de los países de la PEV y la UE en el Colegio de Europa; considera que este proyecto permitirá preparar, de cara a tareas relacionadas con la UE y la PEV, a futuros interlocutores europeos y de los países vecinos que estén totalmente familiarizados, desde el punto de vista profesional, con el contenido y el espíritu de las políticas, la legislación y las instituciones de la UE; pide a los países socios cuyos ciudadanos hayan recibido una de esas becas que empleen sus conocimientos y experiencia contratándoles para trabajar en la administración nacional y ofreciéndoles unas condiciones de trabajo adecuadas;

61.  Destaca el importante papel desempeñado por las autoridades locales en la evolución democrática de nuestros países socios; pide, por ello, a la Comisión que refuerce y amplíe los programas TAIEX (Instrumento de Asistencia Técnica e Intercambio de Información) y de hermanamiento con las autoridades locales en la UE y en los países socios;

Movilidad

62.  Recuerda que la Unión debe mejorar la gestión y maximizar los beneficios mutuos de las migraciones para el desarrollo, ofreciendo por ejemplo mejores condiciones para el establecimiento en la UE de los migrantes legales y haciendo frente a las causas fundamentales de la inmigración ilegal en los países socios; considera que la Unión ha de favorecer la migración laboral legal a través de la creación de asociaciones para la movilidad teniendo en cuenta los equilibrios demográficos, sociológicos y profesionales de ambas partes y fomentando el intercambio de especialistas entre la UE y terceros países; pide a los Estados miembros que consideren el debate sobre la movilidad como un elemento importante de la política de vecindad que no debe basarse primordialmente en consideraciones de seguridad; subraya la importancia de luchar contra la inmigración ilegal y de perseguir a las organizaciones responsables del tráfico de emigrantes ilegales;

63.  Cree que la Unión debe proseguir su labor en relación con los acuerdos de facilitación de la expedición de visados así como, paralelamente a ello, con los acuerdos de readmisión, con la mayor transparencia posible, con vistas a la adopción gradual y caso por caso, una vez que se reúnan todas las condiciones, de un régimen exento de visados; solicita también el establecimiento de unas condiciones materiales de concesión y de renovación de los visados más respetuosas con los derechos humanos; destaca a este respecto que la movilidad de los jóvenes y estudiantes debería considerarse prioritaria; destaca asimismo que los países de la Asociación Oriental deben beneficiarse de una oferta privilegiada de la UE sobre liberalización de visados en lo que a un calendario y al contenido se refiere; subraya que las disposiciones relativas al asilo deben respetar plenamente las obligaciones y compromisos internacionales, así como las normas de la UE, especialmente en materia de derechos humanos;

64.  Recuerda, en este sentido, que los Estados miembros tienen que respetar el principio de no devolución y poner todos los medios para permitir la construcción de un sistema de asilo europeo accesible, equilibrado y protector;

65.  Pide a los Estados miembros y a la UE que ratifiquen el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; considera que la revisión de la PEV debe facilitar la adopción de medidas específicas en estos ámbitos; está de acuerdo con las observaciones de la Comisión sobre la situación de la migración por motivos familiares y celebra su propósito de presentar un Libro Verde al respecto;

66.  Subraya la importancia de prestar especial atención a los jóvenes y hace hincapié en la necesidad de mejorar las sinergias entre Juventud en Movimiento y la PEV; destaca que la Unión debe incrementar la cooperación en materia de formación académica y profesional, ampliando sin demora los programas de becas y aumentando su número, así como fomentando la movilidad de los estudiantes, graduados, profesores y personal académico a través de la promoción de intercambios entre centros de enseñanza superior y de formación, sin olvidar las asociaciones público-privadas en el ámbito de la investigación y las empresas; considera indispensable la definición de procedimientos más flexibles y acelerados para la concesión de visados a los beneficiarios de dichos programas; insiste en que es necesario avanzar en el reconocimiento mutuo de las cualificaciones y sistemas educativos con los países socios de la PEV, en particular en la aproximación de los títulos y normas de enseñanza superior a los del Espacio Europeo de la Enseñanza Superior; recalca que resulta indispensable adoptar una política de información estructurada destinada a los ciudadanos de los países socios de la PEV acerca de la posibilidad de participar en los programas de la UE;

67.  Pide al Consejo y a la Comisión que entablen un diálogo estructurado con las autoridades de terceros países con miras a desarrollar un enfoque de la movilidad beneficioso para todas las partes, que flexibilicen las formalidades de concesión de visados, y que aprovechen más las posibilidades que ofrece el código de visados de la Unión, a la vez que mejoran y armonizan su aplicación a fin de garantizar unas condiciones equitativas y justas para los solicitantes en todos los Estados miembros, centrándose en particular en la interdependencia entre la ayuda al desarrollo, la seguridad, la migración legal y la migración irregular, con arreglo a la definición del Enfoque Global de la Migración; pide que se vele en especial por que los países socios no sufran una «fuga de cerebros»;

68.  Pide a la UE que aumente la accesibilidad y la canalización de fondos de la UE a proyectos orientados a informar a los migrantes de sus derechos y responsabilidades y a proteger sus derechos, sobre todo los de los menores no acompañados, las mujeres y otros grupos vulnerables; pide, por consiguiente, a la Comisión que le presente un informe exhaustivo sobre el uso de los fondos de la UE destinados a los países vecinos, incluidos los del programa temático de la Comisión de cooperación con terceros países en los ámbitos de migración y asilo;

Dimensión regional

69.  Reitera su firme convicción de que la PEV no será plenamente eficiente a menos que se establezca una sinergia entre sus dimensiones bilateral y multilateral; considera, por tanto, indispensable reforzar la vertiente multilateral en el seno de la PEV y consagrarle una parte más sustancial de fondos del IEVA;

70.  Acoge con beneplácito la propuesta de utilizar el marco multilateral de forma más estratégica a fin de hacer avanzar las relaciones bilaterales entre los socios y espera que se adopten medidas concretas destinadas a poner en práctica esta propuesta; queda a la espera a este respecto, con gran interés, de la hoja de ruta con los objetivos, instrumentos y acciones que anunciaron la VP/AR y la Comisión para antes de finales de año;

71.  Considera que debe seguir fortaleciéndose y desarrollándose la dimensión multilateral de la Asociación Oriental, incluido el Foro de la Sociedad Civil; señala la importancia de entablar un diálogo constructivo con Turquía y Rusia sobre temas regionales de interés común y en particular sobre cuestiones de seguridad;

72.  Señala que el cometido de las regiones es crucial para asegurar el éxito de las reformas económicas y sociales a largo plazo y garantizar un desarrollo sostenible; subraya que la PEV debe considerarse en su conjunto, a fin de estimular el desarrollo económico de las zonas fronterizas; considera que los principios de cooperación territorial son asimismo aplicables a las fronteras exteriores y constituyen un instrumento clave para mejorar el desarrollo económico de la UE y alcanzar los objetivos políticos generales de la PEV de la UE; opina que el nuevo enfoque de la PEV debe permitir estrategias macrorregionales y que debe aprovecharse plenamente el potencial de las macrorregiones de la UE que incluyen a países vecinos de la UE con el fin de lograr una mejor coordinación de las prioridades y los proyectos de interés común para la UE y los países de la PEV, con vistas a obtener resultados positivos mutuos y optimizar los recursos invertidos;

73.  Destaca el preeminente cometido que desempeñan las eurorregiones para la consecución de los objetivos de la política de cohesión y encarece a la Comisión que promueva y sustente su desarrollo, en particular en las regiones fronterizas, para impulsar el cometido de las eurorregiones en el seno de la PEV;

74.  Hace hincapié en el gran potencial de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial (AECT) que incluyen regiones situadas fuera de las fronteras exteriores; alienta la celebración de acuerdos específicos con terceros países vecinos con respecto a la promulgación de leyes nacionales que permitan la existencia de estructuras AECT con arreglo a la legislación nacional y acuerdos interestatales que posibiliten la participación de las autoridades locales y regionales de terceros países en las AECT;

75.  Considera que la futura PEV debe tener en cuenta el cometido de las regiones ultraperiféricas en la política de relaciones exteriores de la UE; toma nota de que representan una oportunidad real de influir en la política exterior de la UE, pues, por una parte, permiten a la UE mantener relaciones más estrechas con un gran numero de terceros países y abordar, por otra, cuestiones complejas como la migración irregular; pide a la Comisión que flexibilice las posibilidades de financiación innovadora para los proyectos seleccionados en el marco de la política de cohesión a fin de posibilitar su establecimiento y de que beneficien a la vez a las regiones europeas y de terceros países;

76.  Insiste en la importancia de adoptar un enfoque geográfico y estratégico más amplio para abordar el futuro de la PEV, y recuerda que, tras la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2006 sobre la PEV, la UE adoptó en noviembre de 2007 políticas específicas para los Estados insulares del Atlántico vecinos de las regiones ultraperiféricas de la UE cercanas al continente europeo, en las que se consideraron pertinentes cuestiones especiales de proximidad geográfica, afinidad cultural e histórica y seguridad mutua; acoge con satisfacción los excelentes resultados obtenidos y el dinamismo de las políticas específicas ya aplicadas, en concreto, la Asociación especial UE-Cabo Verde; pide a la UE que refuerce aún más su diálogo y convergencia de políticas con estos países y que apoye sus esfuerzos para consolidar sus reformas políticas, sociales y económicas;

77.  Es consciente de que la DG de Política Regional de la Comisión posee una vasta experiencia en la gestión del FEDER y expresa su convicción de que para alcanzar los objetivos del IEVA convendría recurrir a la asesoría de la DG de Política Regional en la gestión de fondos; considera, por consiguiente, que la gestión de esos instrumentos financieros en el marco de los programas de cooperación transfronteriza debería devolverse a la DG de Política Regional, que ya fue responsable de ellos en el pasado;

78.  Acoge con satisfacción la Declaración Conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia el 30 de septiembre de 2011, así como la Declaración sobre la situación en Belarús, en particular en lo referente a los principios de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, el compromiso de entablar un diálogo bilateral más intenso, tanto económico como político, incluida la voluntad de avanzar en la negociación de los acuerdos de asociación, así como la facilitación de la movilidad y el compromiso para intensificar su realización, que ofrece beneficios evidentes a las sociedades de los países socios;

79.  Considera que el fortalecimiento de la Asociación Oriental será esencial para el desarrollo de las regiones fronterizas de la UE; hace hincapié en que la Asociación Oriental y el desarrollo regional deben trabajar codo con codo y fomentar la cooperación bilateral y multilateral, por ejemplo mediante acuerdos de libre comercio y proyectos conjuntos financiados de forma adecuada, como intercambios culturales y entre la sociedad civil;

80.  Destaca la importancia de seguir promoviendo la cooperación regional en el espacio del Mar Negro y de seguir desarrollando la Estrategia de la UE para el Mar Negro; destaca la complementariedad de las políticas de la UE para el Mar Negro y la Asociación Oriental; pide a la Comisión y al SEAE que hagan un uso positivo de los distintos enfoques de estas dos iniciativas y que aclaren, a todos los niveles, la forma en que puede aprovecharse este importante grado de complementariedad;

81.  Subraya la importancia de la UpM como foro permanente de diálogo y cooperación e instrumento de promoción democrática; insta a la (próxima) copresidencia de la UpM a que mantenga su compromiso con los ambiciosos objetivos para los que fue inicialmente creada y contribuya al desarrollo eficaz de la PEV en su vertiente mediterránea; opina que la UpM debe fomentar un desarrollo económico, social y democrático saludable y crear una base común sólida para una cooperación regional estrecha entre la UE y sus vecinos del Sur; aplaude la oportunidad que ofrece la UpM de reforzar la complementariedad entre las políticas bilaterales y regionales, con miras a alcanzar con mayor eficacia los objetivos de la cooperación euromediterránea, basados en el reconocimiento mutuo de valores comunes y la creación de un espacio de paz, seguridad y prosperidad; celebra en particular el compromiso del nuevo Secretario General de la Unión de trabajar y presentar proyectos para la UpM en los ámbitos de la democracia y la sociedad civil; aplaude, por lo que respecta a la situación actual, el incremento del presupuesto global del Instrumento de Inversión de la Política de Vecindad;

82.  Recuerda la importancia de que la PEV, en su vertiente multilateral, respalde la puesta en marcha efectiva y rápida de proyectos concretos de la UpM destinados a permitir un proceso compartido de desarrollo e integración, sobre todo a través de la cofinanciación de estudios de viabilidad y del apoyo al aumento de los créditos concesionales;

83.  Pide a la Comisión y al SEAE que estudien las oportunidades de establecer un vínculo interinstitucional entre la PEV y las políticas de vecindad de los principales actores regionales, ante todo Turquía; recuerda la ambición de Ankara de inspirar y ayudar a la transición democrática y las reformas socioeconómicos en los países vecinos meridionales; señala que la participación de las instituciones y organizaciones no gubernamentales turcas en los instrumentos de la PEV generaría sinergias únicas, en particular en ámbitos tales como la construcción de instituciones y el desarrollo de la sociedad civil; considera que la cooperación práctica debe complementarse con un diálogo estructurado entre la UE y Turquía con el fin de coordinar sus respectivas políticas de vecindad; recomienda en principio que, en el marco de la PEV, se extienda una oferta de cooperación similar a Rusia y otras partes interesadas destacadas;

La UE y la resolución de conflictos

84.  Recuerda que la resolución pacífica de conflictos militares regionales, incluidos los denominados «conflictos latentes», es una condición esencial para la consolidación de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la prosperidad y el crecimiento económico, por lo que debe revestir el mayor interés para la UE;

85.  Reitera que la Unión debe participar más y de forma más activa, coherente y constructiva en la resolución de conflictos regionales, entre otros a través del SEAE, mediante la adopción de medidas de consolidación de la confianza, la reconciliación y la mediación, la valoración de nuevos enfoques pragmáticos e innovadores, incluido el lanzamiento de estrategias de comunicación pública, la promoción de un cuerpo de paz civil europeo y acciones de mediación a nivel local, el apoyo a la cultura cívica ‐en particular la formación, educación y participación de los niños y los jóvenes‐ y el diálogo intra e intercomunitario, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil, el desarrollo de proyectos transfronterizos y el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad; recuerda la importancia estratégica de reforzar las cooperaciones políticas en materia de seguridad y de lucha contra el terrorismo y los extremismos;

86.  Considera que el diálogo entre las culturas y las religiones es crucial para mejorar el entendimiento mutuo, el respeto, la solidaridad y la tolerancia con los países vecinos y entre ellos; pide que los nuevos instrumentos propuestos para la PEV presten especial atención a la promoción de dicho diálogo;

87.  Destaca la importancia de prestar apoyo a la justicia transitoria e insta a todos los países socios a cooperar con la justicia internacional, y en concreto con la CPI, en el contexto posterior a las revoluciones del Norte de África;

88.  Insiste en la necesidad de mantener un enfoque regional y se congratula de la decisión de nombrar tanto un representante especial de la UE para el Cáucaso meridional, como para el Mediterráneo meridional, así como de establecer un grupo especial para el Mediterráneo meridional; opina que se debería estudiar la posibilidad de crear un grupo de trabajo similar para el Cáucaso meridional; recalca la necesidad de que el activo papel que desempeña la UE en las conversaciones 5+2 sobre la región del Transdniéster cuente con fondos suficientes, en particular en vista de la finalización del mandato del Representante Especial de la UE;

89.  Destaca que los conflictos regionales no pueden abordarse sin tener en cuenta su contexto cultural; pide la aplicación de una estrategia coherente, siguiendo el ejemplo de la instaurada por el Escudo Azul, que concede a la cultura un papel en la prevención de conflictos y el restablecimiento de la paz;

90.  Aplaude la labor que las organizaciones internacionales, en especial la OSCE y las agencias de las Naciones Unidas, llevan a cabo sobre el terreno durante los conflictos y con posterioridad a los mismos, así como a la hora de promover un desarrollo sostenible en los países vecinos, particularmente el dilatado compromiso del OOPS con los refugiados palestinos;

91.  Apoya la acción humanitaria y a favor del desarrollo y la paz que la Unión lleva a cabo en los países socios de la vecindad oriental y, en particular, la importante contribución de la Unión al OOPS; lamenta sin embargo que esta acción no vaya aparejada de un mayor protagonismo de la Unión como actor político de primer orden en Oriente Próximo; insta al SEAE y a la Comisión a que hagan todo lo que esté en su mano para dar a la presencia y acción de la Unión en la región un peso político que esté a la altura de su compromiso decisivo en los ámbitos de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo;

Dimensión parlamentaria

92.  Subraya que, a través de sus delegaciones parlamentarias y sus delegaciones en asambleas parlamentarias, el Parlamento Europeo desempeña un importante papel a la hora de reforzar el diálogo político y promover libertades plenas, reformas democráticas y el Estado de Derecho en los países socios vecinos, y hace hincapié en que estos contactos también podrían servir para evaluar el cumplimiento de los criterios que se fijen y adaptar las cooperaciones bilaterales y multilaterales a la luz de los acontecimientos y de los avances realizados;

93.  Reafirma que las asambleas parlamentarias multilaterales, como Euronest y la AP-UpM, constituyen vectores fundamentales para la construcción de confianza y coherencia entre la UE y sus países socios, y entre los propios países socios, y por ello contribuyen notablemente al logro de los objetivos de la Asociación Oriental y de la UpM; pide al SEAE y a la Comisión que asocien a los miembros de Euronest a las estructuras y plataformas multilaterales de la Asociación Oriental en la mayor medida posible; insiste en la necesidad de reconocer la AP-UpM como el órgano parlamentario legítimo de la UpM; recalca que una secretaría de pleno derecho aportaría mayor coherencia a la labor de Euronest y la AP-UpM, también respecto de los programas de la PEV previstos para la dimensión regional oriental y meridional;

94.  Pide a la Comisión que preste una mayor asistencia financiera, técnica y pericial a las administraciones de los parlamentos nacionales de los países de la Asociación Oriental en el marco del programa de desarrollo institucional global con el fin de reforzar su eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, lo que resulta crucial para que los parlamentos desempeñen el papel que les corresponde en los procesos decisorios democráticos;

95.  Confirma su disposición a acoger a representantes del Parlamento belaruso en Euronest tan pronto como la comunidad internacional, incluida la OSCE, considere que las elecciones parlamentarias son democráticas;

Financiación

96.  Acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo Instrumento Europeo de Vecindad, así como el aumento de la financiación destinada a la PEV, tal como solicitó en anteriores resoluciones; considera que la distribución de los fondos ha de ser flexible y apropiada para ambas regiones, a la vez que se mantiene el equilibrio regional, con un enfoque orientado a los resultados y basado en los compromisos y los avances en materia de reformas de los países socios, pero también en sus necesidades y capacidades; señala que una mayor flexibilidad y simplificación ha de respetar el derecho al control democrático y acompañarse de una supervisión reforzada de los gastos;

97.  Considera que conviene mantener un equilibrio razonable entre los componentes oriental y meridional, máxime si se tiene en cuenta que los países vecinos del Este están en pleno proceso de ejecución de programas y reformas vinculados a la Asociación Oriental y tienen la perspectiva de adherirse a la UE; estima, sin embargo, que no cabe considerar que este equilibrio esté fijado con carácter permanente; apoya totalmente el principio de que la asistencia financiera ha de ser flexible y diferenciada y estar orientada a los resultados, basándose en las necesidades reales, la capacidad de absorción y los objetivos alcanzados;

98.  Considera que la revisión del IEVA debe realizarse en el marco de la actual evaluación del MFP 2007-2013 y de las negociaciones para el período a partir de 2013 y ser coherente con ellas, para que no resulte necesario volver a entablar negociaciones sobre la financiación de la Política de Vecindad en 2012 y 2013;

99.  Solicita un aumento considerable del límite de la rúbrica 4 del presupuesto de la UE para el IEVA, dado que en los últimos años, a pesar de los avances logrados en la promoción de una mejor cooperación y de una progresiva integración económica entre la Unión Europea y los países socios, han surgido nuevas necesidades como consecuencia de nuevos retos y ámbitos de cooperación;

100.  Destaca que la reasignación de créditos que se necesita para aumentar la financiación para la PEV debe basarse en prioridades claras y, por consiguiente, no debe ir en detrimento de la única herramienta de la Unión para responder a las crisis y consolidar la paz, a saber, el Instrumento de Estabilidad, como propone la Comisión; recalca que la financiación de la PEV no debe verse afectada por la actual crisis de las deudas soberanas;

101.  Lamenta que un alto porcentaje de los fondos disponibles para la PEV se dediquen a consultoría en lugar de destinarse a proyectos y programas, y pide a este respecto que se reequilibre sin demora el uso de estos fondos en el nuevo instrumento;

102.  Destaca la importancia de velar, en los casos en los que la Unión ha movilizado recursos en concepto de ayuda humanitaria, por una adecuada transición entre la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo para paliar algunas de las consecuencias destructivas de las revoluciones;

103.  Considera que el Mecanismo de la Sociedad Civil podría entenderse como parte integral del IEVA; sugiere que se valore la posibilidad de transferir la gestión de los fondos del IEVA al Mecanismo de la Sociedad Civil en caso de que los Estados no logren satisfacer las condiciones de financiación como consecuencia de unos resultados insuficientes;

104.  Pone de relieve el papel crucial del IEVA a la hora de apoyar las estrategias macrorregionales de la UE, como la Estrategia de la UE para la región del mar Báltico y la Estrategia de la UE para la región del Danubio, al facilitar fondos para la dimensión externa de estas estrategias, sobre todo para actividades en las que participan países vecinos;

105.  Destaca que la distribución de los recursos ha de basarse en un número limitado de prioridades claramente definidas y objetivos mensurables, de común acuerdo con los países socios, teniendo en cuenta las necesidades de estos últimos y con arreglo a una clara condicionalidad y a los progresos ya realizados; subraya que el apoyo presupuestario solo debe usarse cuando esté garantizada una gestión presupuestaria adecuada y que ha de utilizarse toda la gama de instrumentos disponibles para reflejar mejor las prioridades; señala en este contexto la necesidad de mejorar la legislación en materia de contratación pública y la gestión de las finanzas públicas en los países de la PEV;

106.  Insiste en la necesidad de desarrollar un enfoque coherente respecto de la ayuda suministrada a los países socios por parte de cada Estado miembro de la UE y de la UE en su conjunto en el marco de la PEV; se muestra favorable a todo mecanismo que contribuya a coordinar y simplificar la acción de los diferentes donantes europeos en los países de la PEV, sin que se añadan trámites burocráticos innecesarios;

107.  Señala que, si bien la ayuda puede actuar como acicate para los países de la PEV, resulta insuficiente para garantizar el desarrollo sostenible y duradero; pide por ello a los países de la PEV que refuercen y movilicen sus recursos internos, establezcan sistemas fiscales transparentes, hagan participar efectivamente al sector privado, los gobiernos locales y la sociedad civil en el programa de la PEV y se responsabilicen en mayor medida de los proyectos de esta política;

108.  Celebra la decisión de los países miembros del G-8 de incrementar las facilidades de crédito en beneficio de los países de la asociación meridional que hayan iniciado una transición democrática; considera que los compromisos contraídos en el marco de la «Asociación de Deauville» el 27 de mayo de 2011 pueden impulsar la movilización financiera a favor de la democracia y del desarrollo en los países socios de la Unión Europea;

109.  Pide, teniendo presente la Primavera árabe así como el retroceso de la democracia en algunos de los países socios orientales, una evaluación autocrítica del funcionamiento de los instrumentos financieros que se empleaban anteriormente en el IEVA en los ámbitos de la democracia, los derechos humanos, la gobernanza, la lucha contra la corrupción, la consolidación institucional y el apoyo a la sociedad civil; considera que la UE debe asumir un planteamiento renovado poniendo el énfasis en la cooperación para la prevención de conflictos;

110.  Tiene la firme convicción de que la asistencia financiera a la Autoridad Palestina y al OOPS también debe examinarse en el contexto de esta revisión y que debe ser objeto de una programación a largo plazo, como parte integrante de la Política de Vecindad; no le parece válido el argumento de que la inestabilidad política de la región y las características propias del proceso de paz no permiten más que una programación provisional con refuerzos caso por caso;

111.  Propugna, en vista de las imperiosas necesidades actuales, especialmente por lo que respecta a los países vecinos del Sur, un rápido acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la propuesta de reforzar el Instrumento de Vecindad en el período 2012-2013; pide asimismo a los Estados miembros que cumplan sin dilación sus compromisos bilaterales con el Mediterráneo meridional y la Asociación Oriental;

112.  Insiste en que el Consejo ha de adoptar sin más demora la propuesta legislativa de modificación del artículo 23 del Reglamento IEVA presentada por la Comisión en mayo de 2008 y aprobada por el Parlamento el 8 de julio de 2008, que permitiría reinvertir los fondos recuperados de operaciones anteriores; recuerda que esta medida ya se considera una realidad y se refleja en la propuesta de financiación de la revisión de la PEV en el presupuesto 2011-2013; pide a la Comisión que examine otras formas de facilitar de inmediato fondos de capital de riesgo a través del BEI, tanto para la dimensión meridional como para la oriental;

113.  Aplaude la labor realizada por el Banco Europeo de Inversiones, especialmente a través del Mecanismo Euromediterráneo de Inversión y Cooperación, y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), y destaca la importancia y la necesidad de establecer más sinergias con otras instituciones financieras nacionales e internacionales que también operen en estos países; apoya la modificación de los estatutos del BERD para que los países vecinos meridionales también puedan optar a sus ayudas velando por que se establezca entre el BEI y el BERD, ambos de capital mayoritariamente europeo, una relación fructífera de cooperación, y no de competición;

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114.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países de la PEV, y al Secretario General de la Unión para el Mediterráneo.

(1) DO L 310 de 9.11.2006, p. 1.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0413.
(3) DO L 188 de 19.7.2011, p. 24.
(4) DO L 221 de 27.8.2011, p. 5.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0153.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0154.
(7) DO C 287 E de 24.11.2006, p. 312.
(8) DO C 282 E de 6.11.2008, p. 443.
(9) DO C 303 E de 13.12.2006, p. 760.
(10) DO C 285 E de 26.11.2009, p. 11.
(11) DO C 76 E de 25.3.2010, p. 83.
(12) DO C 76 E de 25.3.2010, p. 76.
(13) DO C 41 E de 19.2.2009, p. 64.
(14) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0025.
(15) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 126.
(16) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 136.
(17) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 81.
(18) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0038.
(19) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0064.
(20) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0095.
(21) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0386.
(22) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0387.
(23) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0239.

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