El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones de 8 de julio de 2010 sobre el futuro de la PAC después de 2013(1), de 18 de enero de 2011 sobre el reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria(2), de 23 de junio de 2011 sobre la PAC en el horizonte de 2020: responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario(3), y de 5 de julio de 2011 sobre un mercado minorista más eficaz y más justo(4),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591) y los diversos documentos de trabajo anejos a la misma, así como sus Resoluciones, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa(5), y de 19 de enero de 2012, sobre la cadena de suministro de los insumos agrícolas(6),

–  Vista la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales(7),

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 2010, por la que se instituye el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria(8),

–  Vistas las Recomendaciones finales del Grupo de Alto Nivel sobre la Competitividad de la Industria Agroalimentaria, de 17 de marzo de 2009, y las Conclusiones del Consejo, de 29 de marzo de 2010, sobre el mejor funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa,

–  Vistos los datos de Eurostat en relación con los índices de precios de los medios de producción agrícola (costes de los insumos) y los índices de precios de los productos agrícolas (precios de producción)(9),

–  Vistas su Declaración, de 19 de febrero de 2008, sobre la necesidad de investigar sobre los posibles abusos de poder de los grandes supermercados establecidos en la Unión Europea y de poner remedio a esta situación(10), y su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre los precios de los productos alimenticios en Europa(11),

–  Visto el informe de 2008 del CCI sobre los sistemas de cultivo de bajos insumos: una oportunidad para desarrollar la agricultura sostenible(12),

–  Visto el informe sobre la industria agroalimentaria y el derecho a la alimentación del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación,

–  Visto el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591) ha identificado importantes desequilibrios en cuanto al poder de negociación, que se traducen en prácticas comerciales desleales, como retrasos en los pagos, modificaciones contractuales unilaterales, cláusulas contractuales abusivas, acceso restringido al mercado, falta de información sobre la formación de precios, distribución desigual de los márgenes de beneficio en el conjunto de la cadena de distribución de alimentos, abuso del poder de mercado por parte de los proveedores o compradores, como los cárteles, y mantenimiento del precio de reventa mediante la compra de alianzas, entre otras cosas;

B.  Considerando que el nivel de concentración de los minoristas de gran tamaño en la Unión Europea afecta negativamente a los productores y otros proveedores, ya que provoca crecientes desequilibrios de poder entre las partes contratantes; que los productores y transformadores agrícolas están perdiendo progresivamente poder de negociación a la hora de determinar el nivel de precios a lo largo de la cadena de valor, desde la producción primaria hasta el consumidor final, pasando por la transformación; y que una concentración excesiva conduce a la pérdida de diversidad de los productos, del patrimonio cultural, del pequeño comercio, así como de empleos y de medios de vida;

C.  Considerando que los ingresos que perciben los agricultores siguen deteriorándose y que el precio que desembolsan los consumidores por los productos no se refleja en el precio pagado a los agricultores por su producción, lo que está socavando la capacidad de los agricultores para invertir e innovar y podría llevar a muchos de ellos a abandonar las tierras;

D.  Considerando que la pérdida de poder de negociación, el aumento de los costes de producción y la imposibilidad de recuperar dichos costes a lo largo de la cadena alimentaria son susceptibles de poner en peligro la supervivencia de las explotaciones agrícolas, pudiendo debilitar el potencial productivo a largo plazo de los Estados miembros y exacerbando su dependencia de los mercados exteriores;

E.  Considerando que unas relaciones comerciales equilibradas no solo mejorarían el funcionamiento de la cadena alimentaria, sino que también beneficiarían a los agricultores gracias a un aumento de la competitividad y, en última instancia, también a los consumidores;

F.  Considerando que la reciente volatilidad de los precios de los alimentos y las materias primas ha suscitado gran preocupación en relación con el funcionamiento de las cadenas alimentarias europea y mundial y ha aumentado la inseguridad con respecto a la renta agrícola y a las inversiones a largo plazo de los agricultores;

G.  Considerando que ni siquiera los consumidores se están beneficiando de los bajos precios a la producción debidos a la pérdida progresiva de poder de negociación de los agricultores en la cadena alimentaria, en particular porque los requisitos de calidad y las normas en materia de derechos laborales, medio ambiente y bienestar de los animales –que los agricultores europeos deben respetar– no siempre se aplican de la misma manera a los productos agrícolas importados;

H.  Considerando que las autoridades de competencia en varios Estados miembros han establecido cuatro ámbitos clave en los que los desequilibrios en la cadena alimentaria son especialmente problemáticos: la imposición unilateral de cláusulas contractuales, las prácticas de descuento, las penalizaciones y las condiciones de pago;

1.  Destaca que el problema de los desequilibrios en la cadena alimentaria tiene una clara dimensión europea que exige una solución específica europea, dada la importancia estratégica de la cadena agroalimentaria para la Unión Europea; señala que la cadena alimentaria, la agricultura, la industria agroalimentaria y la distribución representan el 7 % del empleo total en la UE y su valor anual asciende a 1,4 billones EUR, una cifra mayor que en cualquier otro sector industrial en la UE, y que la proporción del valor añadido agrícola en la cadena alimentaria se ha reducido desde el 31 % en 1995 hasta el 24 % en 2005 en la UE-25;

2.  Destaca la labor que realiza el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, y en particular su plataforma de negocio a negocio; pide que se informe formal y regularmente al Parlamento Europeo sobre el avance de los trabajos y las decisiones adoptadas;

3.  Apoya la buena labor que realiza la Plataforma de Expertos sobre prácticas contractuales entre empresas (B2B) del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, en particular en lo que se refiere a la definición, el listado y la evaluación de lo que constituyen prácticas comerciales manifiestamente desleales, sobre la base de datos y ejemplos concretos; pide que se apoyen sin reparos las iniciativas destinadas a promover el diálogo entre las partes a este respecto; se felicita de que las partes hayan llegado a un acuerdo sobre los principios que deben regir las buenas prácticas, presentados en el Foro de Alto Nivel el 29 de noviembre de 2011, y les pide que adopten medidas de ejecución;

4.  Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas comunitarias sólidas, cuando ello sea necesario y que no distorsionen el correcto funcionamiento de los mercados, con miras a establecer vínculos equitativos y transparentes entre los productores, los proveedores y los distribuidores de productos alimenticios, y que aplique correctamente la normativa vigente teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que los últimos datos de Eurostat sobre las rentas agrícolas muestran que éstas han caído desde el año 2009 en un 11,6 % a nivel de la UE; mientras que los costes totales de los insumos para los agricultores de la UE aumentaron por término medio casi el 40 % entre 2000 y 2010;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan abordando urgentemente el problema de la injusta distribución de beneficios a lo largo de la cadena alimentaria, en particular en lo que se refiere a un nivel adecuado de ingresos para los agricultores; reconoce que si se pretende fomentar sistemas de producción sostenibles se habrá de compensar a los agricultores por sus inversiones y compromisos en estos ámbitos; hace hincapié en que las luchas de poder deben dejar paso a relaciones de colaboración;

6 Recuerda que la política agrícola debe permitir a los pequeños y medianos agricultores, incluidas las explotaciones agrícolas de carácter familiar, obtener unos ingresos decentes, producir alimentos que sean suficientes en cantidad y calidad, a precios asequibles, crear empleos, promover el desarrollo rural y asegurar la protección y sostenibilidad del medio ambiente;

7.  Insiste en que los Estados miembros desempeñen un papel activo en la creación de foros de consulta, y en el apoyo a los ya existentes, que cuenten con una representación adecuada de los operadores a lo largo de la cadena alimentaria, con el fin de promover el diálogo y elaborar directrices que faciliten el establecimiento de relaciones más equitativas y equilibradas; recuerda que este tipo de consultas oficiales contribuye a proteger a los productores y los proveedores y evita las medidas de represalia en el sector de la distribución;

8.  Pide a las autoridades de competencia nacionales y europeas y a las demás autoridades de reglamentación en los ámbitos de la producción y el comercio que tomen medidas contra las prácticas de compra abusivas por parte de los mayoristas y minoristas dominantes, que colocan de forma sistemática a los agricultores en una posición negociadora sumamente desfavorable;

9.  Pide encarecidamente una definición clara, rigurosa y objetiva de la noción de prácticas abusivas y desleales, incluyendo definiciones más estrictas y delimitaciones más claras de los conceptos, de acuerdo con el mandato otorgado a la Comisión mediante su Resolución sobre un mercado minorista más eficaz y más justo, de modo que estas prácticas puedan someterse a una regulación específica y supervisarse y sancionarse objetivamente;

10.  Propone la siguiente lista como un elenco no exhaustivo de prácticas sobre las que los productores han expresado su preocupación con respecto al funcionamiento de la cadena alimentaria:

11.  Pide el establecimiento de un marco que permita controlar efectivamente estas prácticas, en primer lugar mediante la realización de una investigación que abarque a todo el sector, con medios administrativos y judiciales, así como la posterior introducción de un sistema de evaluación y seguimiento operado por los Estados miembros y coordinado por la Comisión Europea que contemple la imposición efectiva y oportuna de sanciones con carácter disuasorio;

12.  Pide, en lo que respecta a las condiciones contractuales y las prácticas comerciales abusivas, un refuerzo de los medios para asegurar que se respeten los plazos de pago, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad, y el establecimiento de nuevos instrumentos para reducir al mínimo y armonizar a nivel europeo el plazo transcurrido entre la entrega y la recepción efectiva del pago por los proveedores; destaca, en este mismo contexto, la necesidad urgente de soluciones para resolver las dificultades específicas de los productores de bienes perecederos con plazos de conservación cortos, que deben hacer frente a importantes problemas de tesorería;

13.  Toma nota de las medidas incluidas en los proyectos de propuesta de la Comisión para la reforma de la PAC, dirigidas a fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria mediante el apoyo a las organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales y el fomento de las cadenas cortas entre productores y consumidores, por ejemplo los mercados de producción local; considera que el refuerzo de la posición de los agricultores mediante una mejora de la organización interna y un enfoque más profesional contribuirá a garantizar que reciban una parte más justa del valor añadido;

14.  Acoge con satisfacción la recomendación de la Comisión relativa a la cooperación entre Estados miembros en lo concerniente al intercambio de mejores prácticas en materia de notificación de las prácticas contractuales, así como la preparación de recopilaciones de contratos tipo;

15.  Pide a la Comisión que mejore el Instrumento Europeo de Control de Precios y desarrolle un interfaz de uso sencillo, transparente y multilingüe que permita a los consumidores y las partes interesadas comparar los precios de los productos alimenticios básicos dentro de un Estado miembro determinado y entre distintos Estados miembros en cada eslabón de la cadena alimentaria, y que también tenga en cuenta las diferencias en el coste de la vida entre Estados miembros;

16.  Pide a la Comisión que aclare la aplicación de las normas de competencia en la agricultura, con el objetivo de dotar a los agricultores y a sus organizaciones interprofesionales de herramientas que permitan mejorar su posición negociadora; pide que se evalúe y se modifique la legislación de la UE vigente en materia de competencia, de modo que se tengan más en cuenta los efectos nocivos de la concentración vertical en el conjunto de la cadena alimentaria, en lugar de que haya un enfoque limitado centrado en las posiciones relativas de distintas empresas en el mercado y de que las distorsiones de la competencia se consideren exclusivamente sobre la base de su efecto perjudicial para los consumidores;

17.  Pide a la Comisión que coordine mejor los trabajos de sus diferentes servicios, con el fin de que pueda desempeñar un papel más eficaz en el control de precios en toda la cadena alimentaria y en el seguimiento de la dinámica comercial minorista y de las correspondientes cuotas de mercado en toda la UE; reclama la creación de un mediador independiente en el ámbito comercial alimentario que actúe como contacto con las autoridades comerciales y de competencia competentes y con los mediadores nacionales en cada Estado miembro, con el fin de coordinar y compartir la información; considera, por otra parte, que el mediador europeo y los diferentes mediadores nacionales deberían asumir competencias para asegurar el cumplimiento de la legislación vigente y recomendar sanciones oportunas y apropiadas;

18.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio exhaustivo de las diferencias de enfoque entre las 27 políticas y autoridades nacionales de competencia, y que fomente soluciones que asocien a todos los operadores de la cadena alimentaria y eviten los abusos de posición dominante de una o unas cuantas partes de la cadena de insumos o productos, que a menudo se producen en perjuicio del productor agrícola;

19.  Considera que debería darse prioridad a una campaña a nivel de la UE dirigida a informar a los agricultores de sus derechos contractuales y de las prácticas contractuales y comerciales ilegales, desleales y abusivas más comunes, así como de los medios de que disponen para comunicar abusos;

20.  Considera que la solución para hacer frente a los desequilibrios en la cadena alimentaria incluye la autorregulación, pero también exige regulación y ajustes en el Derecho de competencia; insiste en que los Estados miembros fomenten el desarrollo de mejores prácticas y/o códigos de conducta en colaboración con todas las partes interesadas, de forma que participen los productores, la industria, los proveedores, los minoristas y representantes de los consumidores y se haga el mejor uso posible de las sinergias existentes;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 103. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0006. (3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0297. (4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0307. (5) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 22. (6) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0011. (7) DO L 48 de 23.2.2011, p. 1. (8) DO C 210 de 3.8.2010, p. 4. (9) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database. (10) DO C 184 E de 6.8.2009, p. 23. (11) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 180. (12) http://agrienv.jrc.ec.europa.eu/publications/pdfs/LIFS_final.pdf