El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 (COM(2011)0815),

–  Visto el paquete legislativo sobre gobernanza económica aprobado el 16 de noviembre de 2011 y en particular el Reglamento (UE) n° 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos(1),

–  Visto su Resolución, de 15 de diciembre de 2011, sobre el cuadro de indicadores para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos: diseño inicial previsto(2),

–  Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas(3),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado el 9 de diciembre de 2011,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0018/2012),

A.  Considerando que las últimas pruebas estadísticas ponen de manifiesto un aumento de las desigualdades y del desempleo en la Unión Europea;

B.  Considerando que la mayoría de los Estados miembros han perdido de vista los principales objetivos de Europa 2020,

Desafíos económicos y principales políticas macroeconómicas

1.  Acoge con satisfacción el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 presentado por la Comisión como una buena base para el semestre europeo de este año; destaca que las soluciones destinadas específicamente a la actual crisis financiera y de la deuda soberana, en las que trabajan sin respiro todas las Instituciones, deben ir acompañadas de un énfasis mayor en las medidas para potenciar el crecimiento a medio y largo plazo, así como de una revisión del marco económico general, con el fin de mejorar la sostenibilidad y la competitividad de la economía europea, y de garantizar su éxito perdurable;

2.  Considera, no obstante, que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento se queda corto a la hora de establecer las medidas necesarias para restaurar la confianza en los hogares y las empresas europeas, así como en los mercados financieros, dado que obvia la necesidad de tomar medidas urgentes para apoyar la actividad a corto plazo y el empleo, invirtiendo en los objetivos de Europa 2020;

3.  Recuerda que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011 y otras iniciativas que deben ponerse en práctica a través de la legislación nacional y europea, ya incluían la mayoría de los elementos necesarios para recuperar la confianza, aumentar la competitividad y lograr el crecimiento inteligente y sostenible y la creación de empleo;

4.  Reitera las solicitudes que dirigió al Consejo y a la Comisión en su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas, y exige una respuesta pública a los elementos contenidos en la misma;

5.  Lamenta la falta de aplicación, o la aplicación irregular, en los Estados miembros de las orientaciones acordadas a escala de la UE, teniendo en cuenta el margen de discreción necesario del que gozan los Estados miembros para seguir sus propias políticas, lo que impide que las orientaciones acordadas alcancen todo su potencial para lograr los objetivos de la Europa 2020; celebra que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de este año haga hincapié en la necesidad de aplicación y en las actuaciones para potenciar el crecimiento; destaca que deben aumentarse sustancialmente la legitimidad democrática y el sentimiento de propiedad nacional de los cambios decididos en relación con la gobernanza económica futura;

6.  Coincide en que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y las posiciones oficiales adoptadas por el Parlamento Europeo y las demás Instituciones europeas a este respecto establecen las prioridades de actuación a nivel nacional y de la UE para los doce meses siguientes, inclusive para lograr los objetivos de Europa 2020, que deberán trasladarse a las decisiones económicas y presupuestarias nacionales, en consonancia con las recomendaciones de la UE destinadas a cada país en concreto;

7.  Coincide con la Comisión en que los esfuerzos a nivel nacional y de la UE deben concentrarse en las siguientes cinco prioridades:

8.  Acoge con satisfacción la evaluación de los progresos realizados en las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, pero subraya que la lucha contra la exclusión social y la pobreza debe seguir siendo la máxima prioridad de toda política;

9.  Opina que el acceso a los servicios bancarios básicos sigue siendo un factor clave de inclusión social y anima por tanto a la Comisión a tomar medidas más enérgicas para garantizar dicho acceso;

Por una consolidación presupuestaria diferenciada favorable al desarrollo, unida a una garantía de recuperación económica y de creación de empleo;

10.  Es consciente de la interdependencia y, por ende, de los efectos indirectos, entre las economías de los Estados miembros y las políticas presupuestarias; destaca que las perspectivas de crecimiento de todos los Estados miembros, tanto si están en el euro como si no, dependen en gran medida de la determinación con que se aborde la crisis de la deuda y de cómo las políticas presupuestarias coordinadas garanticen efectivamente una mayor atención a la inversión en el crecimiento sostenible y la creación de empleo; insta a los Estados miembros a adoptar los pasos apropiados para corregir sus déficits excesivos en los plazos establecidos por el Consejo y reducir sus deudas soberanas a un nivel sostenible;

11.  Toma nota de las nuevas propuestas legislativas en materia de gobernanza económica; considera que tales propuestas deben ofrecer la oportunidad de reforzar el papel del Parlamento Europeo respecto de la definición y la ejecución de los procedimientos de supervisión de la política económica en el marco del semestre europeo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 136 del Tratado;

12.  Recuerda que, en el contexto actual en el que varios Estados miembros se enfrentan a decisiones difíciles y exigentes en términos de asignación de los recursos públicos, es urgente garantizar la coherencia de los distintos instrumentos de política económica y, en particular, de las políticas conducentes al respeto de los fines de Europa 2020 y de sus objetivos principales en un pie de igualdad;

13.  Reitera, dentro de esta perspectiva, la necesidad de identificar de forma explícita, evaluar y abordar los efectos indirectos de las políticas económicas de los Estados miembros, así como la de llevar a cabo evaluaciones del impacto social de los instrumentos de política económica incluidos en el marco del semestre europeo;

14.  Pone de relieve que los Estados miembros deben seguir estrategias diferenciadas dependiendo de su situación presupuestaria e insiste en que los Estados miembros deben mantener el crecimiento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo, siempre que el aumento del gasto no vaya acompañado de nuevas medidas discrecionales relativas a los ingresos; invita a los Estados miembros a dar prioridad, en las partes de gasto e ingresos del presupuesto, a las políticas que favorecen el crecimiento, como las de educación, investigación, innovación, infraestructura y energía, y a garantizar la eficacia de este tipo de gastos e ingresos; pide una reforma eficaz, socialmente justa y sostenible:

Garantía de una financiación a largo plazo de la economía real

15.  Celebra que esté un curso una importante revisión de la regulación y la supervisión del sector financiero; opina que se requieren medidas más diligentes y ambiciosas para mejorar la capacidad de recuperación del sistema financiero de la UE; subraya que esto reforzaría la competitividad de la Unión Europea; subraya que esta debe llevarse a cabo de modo que se desincentive el arbitraje regulatorio y que no se fomente la fuga de capitales o la reubicación de la actividad financiera de la UE;

16.  Destaca que para recuperar la confianza de los inversores será necesario reforzar las posiciones de capital de los bancos y aplicar medidas para apoyar su acceso a la financiación, en la medida de lo posible restringiendo los sistemas de remuneración a corto plazo y los modelos empresariales inadecuados; opina que será necesaria otra reforma de la regulación y la supervisión del sector financiero con el fin de reflejar el aumento del riesgo en los mercado de la deuda soberana y privada, que incluye un fortalecimiento de las posiciones de capital de los bancos con problemas sistémicos, pese a que esto no debe menoscabar la posición competitiva de las instituciones no sistémicas; recalca que, una vez correctamente capitalizados, los bancos no deben restringir de modo indebido el crédito a la economía real y que, por tanto, las medidas reguladoras deben sentar las bases para aumentar su capacidad de préstamo; pide a la Comisión que se asegure de que el sistema europeo de supervisión financiera mantiene el crédito bancario, en particular por aquellas entidades que se han beneficiado de las ayudas públicas relacionadas con la crisis y del apoyo de las líneas de liquidez del BCE; espera que la Comisión presente propuestas sobre la gestión bancaria de la crisis antes del verano de 2012; lamenta la socialización de las pérdidas privadas mediante inyecciones de liquidez en el sector bancario y todo comportamiento especulativo por parte de las agencias de calificación y de los centros financieros internacionales;

17.  Respalda la creación de obligaciones vinculadas a proyectos, diseñadas para contribuir a la financiación de proyectos de infraestructura claves a fin de promover el crecimiento sostenible y el empleo;

18.  Subraya el papel clave del grupo del BEI en el apoyo a la economía real y, en particular a las PYME, y a la hora de garantizar las inversiones en proyectos de infraestructura a largo plazo, en línea con la Estrategia Europa 2020; opina que la UE debe utilizar los recursos existentes y crear instrumentos de financiación innovadores para aquellos Estados miembros con un margen de estímulo presupuestario limitado;

Promoción del crecimiento sostenible gracias a una mayor competitividad y mayores inversiones

19.  Muestra su preocupación por los desequilibrios macroeconómicos dentro de la UE y por el hecho de que muchos Estados miembros, en especial los que sienten la presión de los mercados, estén quedándose atrás en términos de productividad; insiste en el papel de una coordinación reforzada de forma adecuada de las políticas económicas así como de las reformas estructurales para hacer frente a esos problemas tanto en los países con déficit como en los que tienen superávit; expresa su inquietud por la previsión de que, en los próximos años, la mayor parte del crecimiento mundial proceda de fuera de la UE, lo que requiere reforzar la capacidad exportadora de los Estados miembros y crear un marco estable para la inversión extranjera directa de creación de valor destinada a la economía real de la UE;

Respuesta al desempleo y a las consecuencias sociales de la crisis (competencia de la Comisión EMPL)

20.  Considera que el desfase estructural entre la oferta y la demanda de trabajo será un obstáculo a la recuperación y al crecimiento a largo plazo, y pide por consiguiente reformas estructurales en el mercado de trabajo, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y asegurando la cohesión social; pone de relieve la función y la responsabilidad de los interlocutores sociales en la concepción y aplicación de las reformas estructurales;

Modernización de la administración pública y de los servicios de interés general de la UE

21.  Recuerda que la calidad de la administración pública a nivel local, regional, nacional y de la UE es un elemento determinante de la competitividad y un importante factor de productividad; observa que, para restaurar la competitividad, se imponen las reformas del sector público; considera que la alta calidad de la administración pública exige unas reformas y unos recursos presupuestarios adecuados dentro del respeto del principio de subsidiariedad establecido en el Protocolo nº 26 sobre los servicios de interés general;

22.  Toma nota del marco de calidad relativo a los servicios de interés general para mejorar la claridad y la seguridad jurídica en materia de aplicación de las normas de la UE a los servicios de interés general, garantizar el acceso a los servicios básicos y promover la calidad;

23.  Deplora la lentitud de ciertos Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la UE y les insta a conseguir los resultados acordados en materia de calidad de las estadísticas; está firmemente convencido de que disponer de datos fiables, precisos y actualizados constituye un elemento clave del proceso de toma de decisiones políticas; celebra los esfuerzos de la Comisión de mejorar la fiabilidad de los datos que proporcionan los Estados miembros para la Comisión (Eurostat); pide a los Estados miembros que apliquen lo antes posible la Directiva del Consejo sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, adoptada recientemente;

24.  Pide más eficiencia en la prestación de servicios públicos, así como un aumento de la transparencia y la calidad de la administración pública y el poder judicial, y promueve, además, la reducción de las cargas administrativas innecesarias y la burocracia; subraya la importancia de controlar y evaluar el rendimiento del servicio civil de conformidad con el principio de subsidiariedad;

25.  Anima a la Comisión, teniendo en cuenta que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento no se circunscribe a meros elementos económicos, a desarrollar programas para sectores políticos específicos, como la defensa, en los que la gestión conjunta o la tenencia en común entre varios Estados miembros traerían consigo economías de escala, que supondrían un valor añadido y un ahorro financiero para los Estados miembros en cuestión;

26.  Subraya, en el contexto económico actual, el papel todavía más crucial si cabe que desempeñan los programas financiados por la Unión y anima a la Comisión a presentar una propuesta para financiar las acciones estratégicas de Europa 2020 mediante la transferencia de créditos de pago no utilizados;

Cuestiones de procedimiento

27.  Lamenta que la intervención del Parlamento Europeo en la elaboración de las OGPE (orientaciones generales de las políticas económicas) y el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento no esté prevista formalmente en el Tratado, mientras que la contribución del Parlamento en cuestiones de empleo tenga lugar con arreglo al procedimiento de consulta (artículo 148, apartado 2, del TFUE); recuerda que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería estar sujeto a un procedimiento de codecisión que debe ser introducido en la próxima modificación del Tratado; expresa su deseo de que se intensifique el diálogo entre las instituciones nacionales y de la UE, en particular las parlamentarias, allí donde proceda y dentro del respeto y del consentimiento mutuos;

28.  Recuerda que el Semestre Europeo ya forma parte del Derecho derivado de la UE (véase el artículo 2 bis del Reglamento (UE) nº 1175/2011)(6);

29.  Recuerda que el marco jurídico de la gobernanza económica (el «paquete de seis») proporciona la herramienta necesaria al diálogo económico: «Con objeto de mejorar el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá invitar al presidente del Consejo, al presidente de la Comisión y, cuando proceda, al presidente del Consejo Europeo o al presidente del Eurogrupo a comparecer ante la comisión para debatir las decisiones adoptadas [...]. La comisión competente del Parlamento podrá ofrecer al Estado miembro afectado por las decisiones mencionadas la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista»; aboga por que esta herramienta, que permite la cooperación económica y el entendimiento mutuo, se emplee siempre que sea posible;

30.  Señala que la edición 2012 del semestre europeo es la primera que se desarrollará en el marco jurídico de la gobernanza económica mejorada («six pack»), que contiene normas reforzadas para el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento y las normas fiscales nacionales, así como nuevos procedimiento para supervisar y corregir los desequilibrios macroeconómicos;

31.  Pide a la Comisión que presente los próximos estudios prospectivos con el título de «Directrices anuales para el crecimiento sostenible»;

32.  Insta a la Comisión a presentar una evaluación pormenorizada de la aplicación por parte de los Estados miembros de las recomendaciones específicas por país, evaluación que hará pública antes del Consejo Europeo de junio de 2012;

33.  Pide a la Comisión que trabaje en estrecha cooperación con el Consejo para desarrollar una verdadera nomenclatura presupuestaria y contable común;

34.  Recuerda que el Consejo debería explicar su posición públicamente como parte del diálogo económico ante el Parlamento cuando esta difiera sustancialmente de las recomendaciones y propuestas de la Comisión;

35.  Subraya a este respecto que las recomendaciones y propuestas de la Comisión deben respetar y preservar el margen político que necesitan los Estados miembros para proceder a su aplicación, de conformidad con el principio de subsidiariedad y con lo estipulado en el artículo 126 del TFUE, dado que los objetivos y fines recomendados pueden alcanzarse por distintas vías;

36.  Insta a la Comisión a explicar exhaustivamente la razón por la que evaluó negativamente el programa nacional de reformas o el programa de estabilidad y convergencia y cualesquiera otros documentos presentados por los Estados miembros dentro del marco de la gobernanza económica; confía en que, al proceder a esta explicación, la Comisión facilite al Estado miembro afectado su metodología detallada y la hipótesis de trabajo subyacente a su evaluación;

37.  Recuerda que el nuevo marco jurídico prevé que el Parlamento Europeo participe en el Semestre Europeo para aumentar la transparencia y el control de las decisiones adoptadas, en especial mediante el diálogo económico previsto en el Derecho derivado aplicable;

38.  Felicita a la Comisión por haber publicado su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento antes de acabar el mes de noviembre y confía en que este calendario se mantendrá en el futuro, de modo que el Parlamento tenga tiempo para expresar su opinión antes de que en el Consejo Europeo de primavera se decidan las orientaciones anuales;

39.  Pone de relieve que los Presidentes del Consejo y de la Comisión, con arreglo al artículo 121 del TFUE y, en su caso, el Presidente del Eurogrupo, deben informar cada año de los resultados de la vigilancia multilateral al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo;

40.  Insta a la Comisión, al Consejo y al Consejo Europeo a que acuerden con el Parlamento un calendario sensato para el Semestre Europeo con el fin de maximizar la eficacia, transparencia y legitimidad de este;

41.  Otorga mandato a su Presidente para que defienda esta posición en el Consejo Europeo de primavera (1 y 2 de marzo de 2012);

o
o   o

42.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Consejo Europeo.

(1) DO L 306 de 23.11.2011, p. 25. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0583. (3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0542. (4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0331. (5) Véase, por ejemplo, la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (DO L 306 de 23.11.2011, p. 41). (6) Véase el Reglamento (UE) nº 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 306 de 23.11.2011, p. 12).