El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución, de 17 de diciembre de 2009, sobre Belarús(1) y sus demás resoluciones sobre el mismo asunto, en particular las de 15 de septiembre de 2011(2), 12 de mayo de 2011(3), 10 de marzo de 2011(4) y 20 de enero de 2011(5);

–  Vista la Resolución, de 7 de octubre de 2011, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte(6) y sus anteriores resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte, en particular la de 26 de abril de 2007 sobre la iniciativa en favor de una moratoria universal sobre la pena de muerte(7),

–  Vista la Resolución 65/206 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 2010, en favor de una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, así como sus anteriores resoluciones de 2007 y 2008 sobre la pena de muerte,

–  Vista la Resolución sobre la pena de muerte aprobada por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en su sesión del 6 al 10 de julio de 2010,

–  Vista la Resolución 1857 (2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 25 de enero de 2012, sobre la situación en Belarús,

–  Vista la declaración realizada el 1 de diciembre de 2011 por la Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, sobre la pena de muerte en Belarús,

–  Vista la declaración de Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, de 24 de enero de 2012, por la que condena las penas de muerte impuestas a Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou,

–  Vista la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 23 de enero de 2011, concerniente a medidas restrictivas contra Belarús,

–  Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Declaración de la Cumbre de la Asociación Oriental adoptada en Praga del 7 al 9 de mayo de 2009 y la Declaración sobre la situación en Belarús adoptada con ocasión de la Cumbre de la Asociación Oriental en Varsovia el 30 de septiembre de 2011,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que Belarús sigue siendo el único país de Europa que aplica la pena de muerte y sigue llevando a cabo ejecuciones;

B.  Considerando que en julio de 2011 Aleh Hryshkautsou y Andrei Burdyka fueron ejecutados cuando sus casos estaban aún pendientes de examen ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que, según los defensores de los derechos humanos, alrededor de 400 personas han sido ejecutadas en Belarús desde 1991;

C.  Considerando que las condenas a muerte más recientes fueron pronunciadas por el Tribunal Supremo de la República de Belarús el 30 de noviembre de 2011 contra Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou como presuntos autores de atentados terroristas en Vitebsk en 2005, en Minsk en 2008, y en el metro de Minsk en abril de 2011;

D.  Considerando que, según informes de fuentes fidedignas (FIDH, Human Rights Watch), hay elementos que muestran que los fiscales y el Tribunal Supremo de Belarús celebraron un juicio injusto y que la investigación estuvo marcada por graves abusos de los derechos humanos y la exclusión deliberada de importantes pruebas que revelaban la inocencia de los dos hombres, y que, según algunos observadores del juicio, se constataron graves violaciones procedimentales durante la investigación preliminar y el examen judicial del caso;

E.  Considerando que a Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou se les negó el acceso a los abogados, que informes fiables señalan el recurso a la tortura para obtener confesiones durante los interrogatorios, que no existen pruebas forenses que permitan relacionar a ninguno de estos hombres con la explosión y que no se encontraron trazas de material explosivo en las ropas ni los cuerpos de los dos hombres;

F.  Considerando que las pruebas importantes mencionadas por la acusación durante el juicio fueron destruidas después de que el Tribunal Supremo anunciase su decisión;

G.  Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la República de Belarús, «toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial»;

H.  Considerando que los padres de Dzmitry Kanavalau han sido objeto de intimidación y puestos bajo vigilancia de agentes de los servicios secretos, y que agentes de paisano han montado guardia permanentemente cerca de su casa, de manera que la familia se ha visto privada durante meses de comunicación con el mundo exterior;

I.  Considerando que la pena de muerte sigue siendo un «secreto de Estado» en Belarús y que, conforme al Código penal ejecutivo de Belarús, las fechas de las ejecuciones no las conocen ni los detenidos condenados a la pena de muerte, ni sus familias ni el público; considerando que la pena de muerte se ejecuta en privado por fusilamiento y que a los familiares de la persona ejecutada no se les entrega el cuerpo para que puedan enterrarlo ni se les comunica el lugar en el que yace;

J.  Considerando que las ejecuciones de Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou podrían tener lugar muy pronto;

K.  Considerando el carácter firme de la decisión del Tribunal Supremo sobre el asunto, sin posibilidad de recurso; considerando que, con arreglo al Derecho belaruso, cabe someter una petición de clemencia a la consideración del Presidente del país; Considerando que Uladzislau Kavalyou ha solicitado el perdón a Alexander Lukashenko negando todos los cargos que se le imputan y solicitando que se le exima de toda responsabilidad penal, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha

L.  Considerando que las autoridades belarusas han firmado la Declaración de Praga de la Cumbre sobre la Asociación Oriental, en la que se comprometieron con los principios del Derecho internacional y los valores fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

1.  Reitera que la Unión Europea y otras instituciones internacionales han instado en repetidas ocasiones a las autoridades belarusas a que procedan a la abolición de la pena de muerte;

2.  Subraya que esta pena irreversible, cruel, inhumana y degradante, que supone una violación del derecho a la vida, resulta inaceptable; deplora la ausencia prolongada, por parte de las autoridades belarusas, de pasos tangibles con miras a la abolición de la pena de muerte o a la introducción inmediata de una moratoria al respecto;

3.  Condena las sentencias de muerte dictadas contra Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou e insta a Alexander Lukashenko que perdone a ambos y establezca una moratoria sobre la aplicación de todas las sentencias de muerte y ejecuciones capitales con miras a eliminar la pena de muerte del sistema penal mediante la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con las normas internacionales;

4.  Pide a las autoridades competentes de Belarús que lleven a cabo una investigación exhaustiva, justa e imparcial acerca de las acusaciones formuladas en este contexto y que se haga realmente justicia a las víctimas de los actos infames de terrorismo en cuestión;

5.  Insta al Consejo y a la Comisión a que se sirvan de todos los instrumentos diplomáticos y de ayuda a la cooperación disponibles para trabajar por la abolición de la pena de muerte en Belarús;

6.  Pide a los países de la Asociación Oriental y a Rusia que insten a Belarús a que introduzca una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte;

7.  Anima vivamente a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales belarusas a que trabajen en pro de la abolición de la pena de muerte;

8.  Pide a las autoridades belarusas que se reanude el trabajo del grupo de trabajo parlamentario sobre la pena de muerte iniciado en 2010, que adecuen la legislación nacional a las obligaciones contraídas por el país en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que garanticen el respeto riguroso de las normas reconocidas internacionalmente para la realización de juicios equitativos;

9.  Alienta a las autoridades belarusas que promuevan el papel del poder judicial en Belarús y su actividad sin injerencias ni presiones del poder ejecutivo; que lleven a la práctica las recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, que garanticen la debida publicidad de los procesos judiciales, y que cumplan con los compromisos de la OSCE en el ámbito de la dimensión humana, sobre todo en lo tocante al Estado de Derecho;

10.  Condena la continua persecución que sufren los defensores de los derechos humanos y los miembros de la oposición democrática así como el acoso de que son objeto los activistas de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en Belarús, por razones políticas; exige la liberación inmediata de todas las personas condenadas por razones políticas que se encuentren encarceladas o que sufran otro tipo de castigos, entre ellas Ales Bialiatski, Presidente del Centro de Derechos Humanos «Viasna» y Vicepresidente de la FIDH;

11.  Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; aplaude la Decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 23 de enero de 2012, de ampliar los criterios de sanción que allanarán el camino para la futura inculpación de los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Belarús, y reitera que no puede avanzarse en modo alguno en el diálogo UE-Belarús si Belarús no avanza hacia la democracia, la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y en tanto no se libere a todos los presos políticos, incluidos los dos antiguos candidatos presidenciales Mikalai Statkevich y Andrei Sannikau, los jefes de las campañas presidenciales de los candidatos de la oposición democrática Pavel Seviarynets y Dzmitry Bandarenka, y Syarhey Kavalenka, un preso político detenido por supuesto incumplimiento de su arresto domiciliario, que ha iniciado una huelga de hambre prolongada que ha supuesto un deterioro crítico de su estado de salud, con el consiguiente peligro directo para su vida, y en tanto no se hayan restablecido plenamente los derechos civiles de los presos políticos;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la República de Belarús, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 16. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0392. (3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0244. (4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0099. (5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0022. (6) DO C 371 E de 20.12.2011, p. 5. (7) DO C 74 E de 20.3.2008, p. 775.