Índice 
Textos aprobados
Jueves 2 de febrero de 2012 - Bruselas
Política exterior de la UE respecto de los países BRIC y otras potencias emergentes
 Política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas
 Traslado transfronterizo del domicilio social de sociedades
 Control presupuestario de la ayuda humanitaria de la UE
 Hacia un enfoque europeo coherente del recurso colectivo
 Lista de declaraciones nutricionales
 Conclusiones de la reunión informal del Consejo Europeo del 30 de enero de 2012
 Irán y su programa nuclear
 La dimensión europea en el deporte
 Aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos
 Programa Daphne
 Situación de la mujer en las guerras
 Cooperación al desarrollo de la UE en apoyo del objetivo de acceso universal a la energía para 2030
 Informe anual sobre la fiscalidad
 Política de competencia de la UE

Política exterior de la UE respecto de los países BRIC y otras potencias emergentes
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la política exterior de la UE frente a los países BRICS y otras potencias emergentes: objetivos y estrategias (2011/2111(INI))
P7_TA(2012)0017A7-0010/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, en particular su apartado h), que dispone que la Unión definirá y ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales con el fin de promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial,

–  Vista la Decisión 2010/427/UE del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior(1),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre el Informe Anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) en 2008, presentado al Parlamento Europeo en aplicación de la parte II, sección G, artículo 43 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 16 de septiembre de 2010, en lo relativo a las relaciones de la UE con sus socios estratégicos,

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre flujos migratorios provocados por la inestabilidad: ámbito de aplicación y papel de la política exterior de la UE(3),

–  Vista su Recomendación, de 8 de junio de 2011, destinada al Consejo sobre el 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas(4),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas(5),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización(6),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un presupuesto para Europa 2020» (COM(2011)0500),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0010/2012),

A.  Considerando que la creciente importancia política y económica de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica (los países BRICS) trae consigo un aumento de la importancia de estos países en términos de política exterior;

B.  Considerando que los países BRICS y otras economías emergentes podrían ser cada vez más importantes en términos de política exterior en la escena mundial si se sigue consolidando su crecimiento económico;

C.  Considerando que se estima que siete países emergentes (Brasil, Rusia, la India, China, Indonesia, México y Turquía) dispondrán de unas economías más grandes que el conjunto de los países del G-7 (EE.UU., Japón, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia) en 2050; que se estima que China se convertirá en la mayor economía del mundo en términos de producto interior bruto antes de 2020; que la India podría convertirse en la economía de más rápido crecimiento del mundo antes de 2050; que, en 2050, China, los EE.UU. y la India podrían representar colectivamente el 50 % de la economía mundial; que la UE podría adquirir una dimensión comparable en términos generales a cualquiera de estos países si actuase como una entidad política única y fuerte; que esa dimensión comparable es clave para mantener su influencia política y para poder seguir fomentando valores universales en el nuevo sistema multipolar de gobernanza mundial que se está configurando; que esto debería hacerse en el marco de una política exterior dirigida a fomentar la asociación, la cooperación y la gobernanza compartida basada en valores comunes;

D.  Considerando que el proceso de consolidación de unas grandes potencias en los ámbitos de la economía y la política exterior, como los BRICS, ha contribuido a que surgiera un sistema multipolar, donde el liderazgo a escala mundial se comparte cada vez más entre varios países y bloques regionales de países; que ese sistema multipolar conlleva un desplazamiento progresivo del poder económico global hacia los BRICS y otras economías emergentes, y puede suponer también un desplazamiento del liderazgo y del impulso positivo, en términos de política exterior, desde las potencias establecidas hacia las potencias emergentes; que la crisis económica actual ha acelerado la transición hacia un sistema multipolar; que la aparición de nuevos actores globales puede convertirse en una valiosa oportunidad para una asociación constructiva entre las potencias emergidas y las emergentes y para la acción concertada ante los problemas y retos globales;

E.  Considerando que los retos transnacionales ‐como el cambio climático, las cuestiones reglamentarias globales, el acceso a materias primas y tierras raras, el terrorismo, la lucha contra los movimientos radicales ajenos a los Estados, el desarrollo sostenible, y la estabilidad y la seguridad políticas mundiales‐ harán necesario un enfoque incluyente, regido por normas y basado en la asociación, unos valores comunes, el consenso, la estrecha consulta y la cooperación con las nuevas potencias emergentes, si realmente se quieren encontrar soluciones comunes y eficaces a los retos transnacionales; considerando que la UE podría y debería tomar la iniciativa en este sentido;

F.  Considerando que, sin un nuevo sistema de gobernanza mundial basado en consultas estrechas y en la cooperación con los BRICS y otras economías emergentes, pocos incentivos habrá para la cooperación internacional y la acción concertada sobre importantes temas mundiales, con el riesgo potencial de: i) fragmentación política y económica y emergencia de agendas mundiales en competencia y de áreas regionales separadas, ii) desintegración de estructuras económicas y flujos de inversiones a escala mundial, y iii) creación de bloques regionales de influencia con una coordinación internacional muy limitada y sin posibilidad de solución concertada para los retos transnacionales;

G.  Considerando que las grandes dimensiones demográficas de los BRICS y otras potencias emergentes, frente a la decreciente demografía del Occidente, otorgarán mayor autoridad a estos países en los foros internacionales, dado que los BRICS y otras potencias emergentes podrán reivindicar una mayor representatividad de la gran mayoría de la población mundial; considerando que ello implica la necesidad de reformar el sistema de gobernanza mundial y la estructura de gobernanza de los organismos internacionales, para que puedan ser más representativos del nuevo paisaje económico y político y seguir manteniendo un papel fundamental en los procesos globales de creación de consensos y toma de decisiones;

H.  Considerando que, ante la crisis económica actual y las limitaciones presupuestarias de la UE y de los EE.UU., es urgentemente necesario aunar recursos con otras potencias emergentes para asegurar una arquitectura global coherente y eficiente de la seguridad y la estabilidad, así como una intervención eficaz en ámbitos sensibles con arreglo a objetivos comunes y estrategias y esfuerzos coordinados;

I.  Considerando que el éxito de la transición hacia una economía de ingresos medios puede, en determinadas condiciones, impulsar una política exterior más moderada y orientada a la estabilidad; considerando, no obstante, que en algunos de los países BRICS y otros países emergentes la consolidación de su poder económico y político no siempre ha conllevado esa transición;

J.  Considerando que, a pesar del reciente y espectacular crecimiento económico de la mayoría de los países BRICS, estos mismos países son también los que poseen la mayor concentración individual de pobreza del mundo; que esta situación demuestra que, en la gran mayoría de los casos, el rápido crecimiento económico puede conllevar un aumento de las desigualdades si no se acompaña de un crecimiento favorable a los pobres y de la creación de redes de seguridad;

K.  Considerando que los países BRICS y las actuales economías emergentes no constituyen o integran una agrupación formal de países destinada a desempeñar un papel concreto en los asuntos internacionales y que, por consiguiente, la Unión Europea debería desarrollar relaciones con cada uno de estos países, teniendo en cuenta su singularidad y sus objetivos y fines específicos en política exterior; que la UE debería invertir en asociaciones estratégicas con cada uno de los países BRICS y otras economías emergentes, ya que su papel en la escena internacional es cada vez más importante, en particular en los organismos internacionales, como las Naciones Unidas, como forma de avanzar en el cumplimiento de objetivos comunes, concretamente la paz y la seguridad mundial, el Estado de Derecho en el ámbito nacional o internacional, el fomento de los derechos humanos, la democracia, el desarrollo sostenible y la regulación financiera global;

L.  Considerando que los países BRICS y otras economías emergentes necesitan un marco estable en materia de política exterior y un entorno regulador y de orden público estable que permitan mantener el interés y la inversión en sus economías y sociedades; que los países BRICS y otras economías emergentes deben invertir y ser apoyadas en la consolidación de su estabilidad democrática, política, económica y social;

M.  Considerando que la UE debe desempeñar un papel importante en la transición del poder global como promotor de iniciativas de asociación y de una gobernanza incluyente, pero ha de actuar con rapidez si desea mantener su influencia (o podría verse marginada en términos estratégicos); que para ello será necesario efectuar cambios estratégicos tanto dentro de la UE como en relación con su política exterior, y entre ellos la introducción de una mayor coherencia política;

N.  Considerando que, el 14 de abril de 2011, los líderes de los BRICS emitieron al final de su tercera reunión una declaración conjunta en la que pedían más cooperación internacional y un refuerzo de la gobernanza mundial, y en la que expresaban su apoyo a una diplomacia multilateral con las Naciones Unidas y el G-20; considerando que los cinco países BRICS han estado presentes simultáneamente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a lo largo de 2011; que los países BRICS han pedido que se modifiquen las estructuras de gobernanza de las instituciones financieras internacionales y de las Naciones Unidas, de manera que reflejen los cambios que ha experimentado la economía mundial y permitan abordar mejor los retos globales actuales;

O.  Considerando que los países BRICS presentan considerables divergencias en sus sistemas políticos y económicos, tendencias demográficas y sociales, y perspectivas de política exterior;

P.  Considerando que las Conclusiones del Consejo Europeo de 16 de septiembre de 2010 destacan que, con arreglo al Tratado de Lisboa, y en consonancia con la Estrategia Europea de Seguridad, la UE y sus Estados miembros actuarán de forma más estratégica para lograr que el verdadero peso de Europa se haga sentir a escala internacional, y que las asociaciones estratégicas de la UE con actores clave a escala mundial constituyen un instrumento de gran utilidad para alcanzar los objetivos e intereses europeos;

Q.  Considerando que los acuerdos comerciales actuales entre la UE y los países BRICS no solo son mutuamente beneficiosos en términos económicos, sino también políticamente beneficiosos para ambas partes;

R.  Considerando que la UE debe desempeñar un papel proactivo en la construcción de un sistema de las Naciones Unidas incluyente y representativo, basado en la asociación, que pueda contribuir efectivamente a la gobernanza mundial y a la búsqueda de soluciones globales, a la paz y la seguridad, a la democracia, a los derechos humanos y a un orden internacional basado en el Estado de Derecho; considerando que, de conformidad con el artículo 21 del Tratado UE, la UE se ha comprometido formalmente a promover un multilateralismo eficaz con unas Naciones Unidas fuertes en su centro;

S.  Considerando que, a lo largo de los años, la UE ha desarrollado asociaciones estratégicas bilaterales con los países BRICS basadas en valores e intereses compartidos con el fin de mejorar las relaciones y potenciar la cooperación a todos los niveles; que en muchos casos estas asociaciones estratégicas han resultado inadecuadas, en particular para promover la democracia, fortalecer el Estado de Derecho y definir un enfoque común para la resolución de conflictos;

T.  Considerando que es necesario buscar urgentemente la manera de reforzar la cooperación dentro del sistema de las Naciones Unidas y en el seno de los Grandes Grupos (G-7 o G-20), así como de mejorar la coordinación de sus trabajos;

U.  Considerando que el Grupo de los Veinte (G-20), cuyos Estados miembros representan el 80 % del PIB mundial y el 65 % de la población del planeta, se ha convertido en un foro importante de cooperación global, pero que es importante resolver el problema de su representatividad y decidir su lugar exacto en una arquitectura multilateral;

1.  Destaca que la crisis económica actual ha demostrado la interdependencia existente entre las potencias emergentes y los BRICS y otros países emergentes; resalta los vínculos profundos y recíprocos que existen entre el crecimiento económico estable de las economías desarrolladas y el crecimiento económico estable de las economías emergentes; subraya la naturaleza positiva de esta interdependencia, así como el carácter mutuamente beneficioso de los lazos políticos y económicos entre las economías desarrolladas y las economías emergentes; cree, por lo tanto, que la UE y sus Estados miembros han de procurar profundizar el diálogo político y la comprensión con los BRICS y otros países emergentes, también a escala individual, con un espíritu de asociación y con el objetivo general de instaurar un nuevo sistema de gobernanza que sea incluyente; considera, por otra parte, que la celebración de reuniones regulares de alto nivel entre la UE y los distintos BRICS supondría una valiosa oportunidad para construir relaciones de confianza, acercar posiciones y alentar a los países BRICS a que asuman más responsabilidades en un nuevo sistema de gobernanza mundial, sobre la base de una responsabilidad compartida, enfoques comunes y acciones coordinadas más estrechamente; opina que el instrumento de las asociaciones estratégicas podría aportar sinergias útiles para el logro de esos objetivos;

2.  Considera que las relaciones entre las potencias establecidas, por un lado, y los BRICS y otras potencias emergentes, por otro, tienen una dimensión económica importante, pero son esencialmente políticas y deberían organizarse por tanto dentro de un marco político, ya que todos los países afectados comparten el interés de garantizar un sistema efectivo de gobernanza mundial y de hacer frente juntos, con un espíritu de cooperación y consulta y con la convergencia de las posiciones políticas, a los riesgos para la estabilidad y la seguridad globales que puedan suponer una amenaza para el crecimiento económico sostenible a escala mundial y para su potencial en el futuro; solicita, por consiguiente, que se potencie la cooperación entre la UE y los BRICS, también mediante asociaciones con distintos países BRICS a título individual, en todos los asuntos de interés internacional;

3.  Destaca que, si bien los BRICS pueden adoptar posiciones similares en cuestiones de política exterior, les separan importantes diferencias en los ámbitos político, económico y social; señala, en particular, que sus sistemas políticos van desde fuertes regímenes autoritarios hasta democracias creíbles y estables; pide a la UE, en este sentido, que intensifique sus relaciones y desarrolle sinergias, en particular con aquellos BRICS que verdaderamente comparten y respetan los valores democráticos y se esfuerzan por establecer una economía social de mercado;

4.  Cree que la influencia de la UE no disminuirá con la emergencia de nuevas potencias económicas y de política exterior, pero considera que la UE debe desempeñar un papel importante a la hora de promover la comprensión recíproca de las opciones políticas y debe dar muestras de liderazgo en las respuestas a los retos globales; considera que la UE y sus socios transatlánticos deberían centrarse en el logro de las economías de escala necesarias y desarrollar esfuerzos concertados que les permitan interactuar con las potencias emergentes de manera constructiva y eficaz, a escala tanto bilateral como multilateral, y en un espíritu de verdadera asociación y cooperación eficaz; señala la necesidad de desarrollar un sistema incluyente de gobernanza mundial basado en la cooperación y coordinación con los BRICS y otros países emergentes, según el caso, en beneficio de todos; señala también el papel fundamental de la UE y de sus socios transatlánticos en la promoción de un sistema incluyente de gobernanza mundial; subraya que la UE debería actuar de forma más estratégica para que el verdadero peso de Europa se haga sentir a escala internacional, en particular gestionando las implicaciones de la interdependencia, impulsando reformas de la gobernanza mundial y poniendo en marcha iniciativas colectivas en ámbitos como el Estado de Derecho, un medio ambiente sostenible y la seguridad regional, a través de una interacción constructiva con los BRICS y otras potencias emergentes;

5.  Acoge con satisfacción el concepto de asociaciones estratégicas bilaterales, e insta al Consejo y al SEAE a que lo lleven a la práctica; considera que las asociaciones estratégicas constituyen una herramienta prometedora y potencialmente transformadora para organizar y promover las relaciones de la UE con actores clave de la escena mundial, incluidos los BRICS y otras potencias emergentes; recomienda que la UE utilice este instrumento para aplicar programas tanto bilaterales como multilaterales y para desarrollar vínculos significativos entre ambos; subraya que la coherencia interna es fundamental para que la UE actúe y sea percibida como un auténtico interlocutor estratégico con los BRICS y otras potencias emergentes;

6.  Observa que, en el pasado, los BRICS han coordinado sus posiciones en materia de política exterior en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en determinados casos, especialmente al principio de las crisis libia y siria y, además, al aplazar la votación sobre la función de la UE en la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como adoptando posiciones coincidentes sobre Costa de Marfil y Sudán; señala, a este respecto, que puede parecer que los BRICS desafían el actual sistema de gobernanza internacional, pero que el diálogo democrático, el compromiso político, inclusive a título individual, y una verdadera asociación pueden introducir en los foros sinergias positivas y facilitar un nuevo sistema incluyente de gobernanza mundial; cree que la UE debería tener debidamente en cuenta el nuevo peso, en términos políticos y económicos, de los BRICS y otras potencias emergentes, ya que ello puede contribuir a una reforma ordenada de la gobernanza mundial, basada en una plataforma convergente y sin efectos desestabilizadores;

7.  Observa que los BRICS han demostrado capacidad de integración regional y, por tanto, la capacidad de participar en sistemas de gobernanza multipolares; cree que ello es una prueba más del interés que pueden tener los BRICS en contribuir a la gobernanza mundial; considera, por consiguiente, que los BRICS y otros países emergentes están en una fase de definición de su orientación estratégica en términos de política exterior para convertirse así en socios de las potencias emergidas y defensores de un sistema de gobernanza mundial basado en valores universales, en la asociación y en la integración;

8.  Cree que, en vista de los intereses políticos y económicos y de la magnitud, el papel regional y las aspiraciones de los BRICS, estos podrían intentar actuar como grupo en cuestiones de política exterior, pero reconoce que las dimensiones individuales también son importantes; considera, en este contexto, que además de considerar a los BRICS como un grupo de Estados potencialmente cohesivo en materia de política exterior, la UE también debería dar un enfoque individual a sus relaciones con estos países, aunque manteniendo un enfoque sistémico y coordinado; considera, en este sentido, que un enfoque de este tipo permitirá a la UE generar economías de escala a través de asociaciones con los distintos países BRICS, obtener los mejores resultados para sus intereses y su papel en las distintas regiones y contribuir a la consolidación de un orden multipolar con un equilibrio político y económico entre las economías emergidas y emergentes sobre la base de un sistema incluyente fundamentado en el diálogo, la colaboración y las asociaciones bilaterales o multilaterales;

9.  Considera, por otra parte, que las considerables divergencias que presentan los BRICS en lo relativo a sus sistemas políticos y económicos, tendencias demográficas y sociales, y perspectivas de política exterior, deberían ser la base de una política matizada de la UE hacia estos países y reflejarse en dicha política, orientada a crear sinergias con los distintos BRICS y otros países emergentes y a desalentar la creación o la consolidación de grupos alternativos potencialmente cohesivos de Estados en materia de política exterior; insta a la UE y a sus Estados miembros, en este contexto, a que desalienten el atrincheramiento y la competencia estratégica entre bloques de potencias emergidas y emergentes, respectivamente; sostiene que, con el fin de promover una acción colectiva internacional y la reforma de la gobernanza mundial, la UE debe utilizar su influencia en una variada gama de interacciones bilaterales, multilaterales y entre agentes que no sean los propios Estados, y crear coaliciones sobre cuestiones concretas que traspasen la división mundial entre potencias emergidas y emergentes;

10.  Considera que la UE debe formular su posición respecto a una relación más estrecha con los países BRICS, aun teniendo en cuenta que la visión de la UE y la de estos países en relación con los compromisos vinculantes y los regímenes institucionalizados podrían no ser siembre iguales; cree asimismo que podría obtenerse el apoyo de los países BRICS a un multilateralismo eficaz a cambio de una mayor representación en las instituciones internacionales pertinentes; insiste en que los desafíos que plantea el ascenso de los países BRICS deben considerarse como una oportunidad y no como un problema;

11.  Considera que las relaciones con los países BRICS deben basarse en diálogos bilaterales orientados a fomentar una mayor democratización y la consolidación del Estado de Derecho, una buena gobernanza, la convergencia reglamentaria, la coordinación de posiciones comunes en los foros internacionales y la intensificación de las relaciones con la UE;

12.  Subraya la importancia de Brasil como potencia líder del proceso de integración regional Mercosur; acoge con satisfacción el renovado Plan de acción conjunto para la asociación estratégica entre la UE y Brasil de 2012-2014, así como los compromisos mutuos adquiridos en los ámbitos del fomento de la democracia y de las reformas del sistema multilateral de gobernanza; insta a ambas partes a que cumplan sus compromisos y contribuyan a la reforma de la arquitectura financiera mundial; recuerda la oferta de la Presidenta Rousseff en relación con el apoyo a la UE para que supere su crisis de la deuda soberana, y reconoce la interrelación entre ambos; aboga por una conclusión justa y equilibrada del Programa de Doha para el Desarrollo y del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, que será el acuerdo de asociación más importante jamás firmado por la UE, ya que aglutinará a una población de 750 millones de habitantes con una cifra de comercio de 125 000 millones de dólares anuales; toma nota de la solicitud de Brasil de que se liberalicen por completo los visados, y pide a la Comisión que presente una propuesta en ese sentido;

13.  Destaca el papel indispensable que desempeña la asociación estratégica UE-Rusia para mantener la paz y la seguridad en Europa, potenciar el comercio y el desarrollo económico, preservar la seguridad energética y hacer frente a los retos transnacionales; considera que, a largo plazo, el ascenso de las potencias asiáticas puede facilitar un mayor alineamiento de intereses y una cooperación estratégica más estrecha entre la UE y Rusia; cree que dicha cooperación es vital para avanzar en cuestiones de importancia global, como la proliferación nuclear, el terrorismo, el cambio climático o la migración ilegal;

14.  Resalta la importancia y el potencial de la asociación estratégica UE-India; considera que, en el contexto de la crisis económica mundial actual, algunas cuestiones, como la crisis social, el cambio climático, los flujos migratorios y la seguridad mundial, deberían abordarse en el marco de una asociación más profunda entre la India y la UE; observa, por otra parte, que las negociaciones en curso sobre un acuerdo de libre comercio están reforzando las relaciones UE-India; considera, no obstante, que esta relación no debería limitarse a los asuntos comerciales; es partidario de que se reconstituya una agrupación homóloga a la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la India, tras la experiencia del Grupo por la Amistad India-Europa existente en el Parlamento de la India antes de las elecciones de 2009;

15.  Subraya la importancia de China como gran potencia económica y destaca el papel esencial que desempeña en la recuperación económica global; recuerda, en este sentido, la necesidad de que, diez años después de su adhesión, China cumpla con las obligaciones que contrajo en el seno de la OMC; pide, por otra parte, a la Unión Europea y a sus Estados miembros y a China que aborden los retos y amenazas comunes para la paz y la seguridad internacionales, también mediante una mayor cooperación para encontrar una solución diplomática a la crisis nuclear de Irán; insta a ambas partes a que fomenten un comercio más equilibrado entre ellas, en particular intensificando sus esfuerzos para concluir las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación y cooperación, con el fin de que este marco haga realidad el potencial de la asociación estratégica UE-China;

16.  Subraya la naturaleza estratégica de las relaciones UE-Sudáfrica; acoge con satisfacción el resultado positivo de la IV Cumbre UE-África de septiembre de 2011, en particular la convergencia de puntos de vista sobre la situación en Libia; insta a la UE y a Sudáfrica a que concluyan lo antes posible las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación económica; sostiene que Sudáfrica, habida cuenta del éxito de su transición pacífica a la democracia y de su papel como potencia regional, puede ser una fuerza importante para promover la democracia y la buena gobernanza, fomentar la integración económica regional y apoyar la reconciliación nacional en toda África, así como un interlocutor clave para la UE en estos esfuerzos; resalta la importancia que reviste una estrecha cooperación entre la UE y Sudáfrica sobre el cambio climático, el desarrollo sostenible y la reforma de las instituciones internacionales;

17.  Considera que, ante la creciente importancia de los BRICS y otras potencias emergentes y del sistema multipolar de gobernanza que se está configurando, el G-20 podría ser un foro útil y especialmente apropiado para el logro de consenso y para un proceso de toma de decisiones que sea incluyente, esté basado en la asociación y sea capaz de fomentar la convergencia, incluida la convergencia reglamentaria; considera que, a pesar de la creciente importancia del G-20, el G-7 podría desempeñar un papel clave como foro consultivo, de coordinación y de logro de consenso para las potencias establecidas, con miras al diálogo con los BRICS y otras potencias emergentes, antes de las reuniones del G-20; considera que la existencia del G-8 también debe aprovecharse para intentar acercar posiciones con Rusia con el fin de afrontar los retos comunes de manera coordinada y eficaz; respalda la dimensión parlamentaria del G-20, y considera necesario consolidarla aún más e involucrarla en mayor medida en los procesos de toma de decisiones con objeto de garantizar el refuerzo del diálogo y el control democráticos; apoya además la creación de un foro consultivo paralelo al G-20 que reúna a organizaciones no gubernamentales y a los principales representantes de la sociedad civil y de las empresas de los Estados del G-20;

18.  Considera que la crisis actual de la deuda soberana supondrá una prueba importante para que el G-20 demuestre que es un foro eficaz para el diálogo político estratégico y capaz de promover un verdadero sistema mundial de gobernanza económica y financiera que refleje la interdependencia entre las economías desarrolladas y las economías emergentes, establezca los fundamentos para la eliminación de los desequilibrios sistémicos, que pueden ser especialmente perjudiciales para las economías en desarrollo y, a largo plazo, para las emergentes, y promueva la solidaridad en foros internacionales como el Fondo Monetario Internacional;

19.  Pide a la UE que intensifique el diálogo político y la cooperación con los países BRICS para impulsar aún más la reforma de las instituciones de gobernanza económica y financiera mundial, es decir, las instituciones de Bretton Woods, con el objetivo de asegurar una amplia representación de todos los países miembros que refleje los cambios en materia de peso económico;

20.  Considera que las potencias emergidas deberían apoyar a los organismos regionales en los que participan los BRICS y otros países emergentes, como ASEAN o Mercosur, incluidos sus procesos de construcción institucional y creación de capacidades, y asegurar una presencia diplomática de alto nivel en las reuniones de estos organismos;

21.  Toma nota de la posibilidad de que, dada la creciente importancia global y regional de China, la India y otros países emergentes en Asia, tanto los Estados Unidos de América como la UE desplacen progresivamente su atención, su inversión política y sus recursos principales hacia el Pacífico y perciban la dimensión del Atlántico Norte y la cooperación mutua como menos estratégicas; señala, además, que Asia tendrá que desempeñar un papel cada vez más importante en la agenda exterior de la UE y de sus Estados miembros; pide que se coordinen mejor las políticas de los EE.UU. y de la UE de cara a China, la India y otros países emergentes de Asia con el fin de evitar una disociación de esas políticas; cree firmemente que, mediante la coordinación de sus esfuerzos, los EE.UU. y la UE lograrán las sinergias políticas necesarias para participar en un verdadero diálogo positivo y constructivo con los BRICS y otros países emergentes; considera que, sin perjuicio del G-7, unas cumbres regulares UE-EE.UU. brindarían la oportunidad de definir objetivos comunes y coordinar las estrategias en cuestiones de importancia mundial, incluida la gobernanza económica, con el fin de adoptar una orientación común hacia las potencias emergentes; recuerda que las relaciones transatlánticas revisten una importancia fundamental, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, y destaca la sólida relación económica que existe entre los Estados Unidos de América y la UE; considera que el Consejo Económico Transatlántico y el Diálogo de Transatlántico de Legisladores también podrían ofrecer una oportunidad para el diálogo y para hacer un balance de la situación y deberían incluir, por tanto, una reflexión sobre las relaciones estratégicas de la UE y de los EE.UU. con los BRICS y otros países emergentes importantes y sobre la forma de fomentar una convergencia reglamentaria con esos países; recuerda la necesidad de establecer un Consejo Político Transatlántico como órgano ad hoc de consulta y coordinación sistemática de alto nivel en materia de política exterior y de seguridad entre la UE y los EE.UU.;

22.  Destaca que, en cuestiones de alcance global o relacionadas con la gobernanza mundial, la UE ‐y no sus Estados miembros‐ debería ser la interlocutora de las potencias emergidas, de los BRICS y de otros países emergentes; cree que, con vistas a conseguir una postura política coherente hacia los BRICS y otras potencias emergentes, es fundamental que los Estados miembros desarrollen sus relaciones bilaterales con la máxima transparencia y teniendo en cuenta cómo pueden repercutir dichas relaciones en las políticas y posiciones de la UE; cree que la UE debería esforzarse por conseguir una mayor cohesión política y económica con el fin de mantener su influencia política y un papel esencial en el sistema multipolar que se está configurando y de ser percibida por los BRICS y por los nuevos países emergentes como un actor necesario y valioso;

23.  Destaca que la coordinación general de la política exterior de la UE hacia los BRICS y otras potencias emergentes debe ser garantizada por la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de conformidad con los artículos 18, apartado 4, y 21, apartado 3, del Tratado UE; considera que la UE debe esforzarse por lograr, bajo la coordinación de la Alta Representante, una mejor articulación de la política exterior y de seguridad con las políticas sectoriales de la UE, tales como el desarrollo, la seguridad energética, el comercio, el acceso a las materias primas y tierras raras, el cambio climático y la migración, con objeto de aprovechar las sinergias y garantizar un enfoque de la política exterior coherente y sistémico orientado a lograr el respeto universal del Estado de Derecho, los derechos humanos y la gobernanza democrática; considera que el concepto de «socios estratégicos» de la UE debería ser perfeccionado y definirse mejor, de manera que refleje esos objetivos fundamentales; recuerda las conclusiones de la COP 17 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y resalta la necesidad permanente de impulsar un esfuerzo coherente y coordinado con los BRICS para alcanzar un acuerdo progresivo;

24.  Considera que un enfoque coherente de la política exterior a escala de la UE implica también una mejor coordinación entre el Presidente del Consejo Europeo, la Alta Representante, el Consejo, el Parlamento y la Comisión sobre cuestiones relacionadas con los programas de los G-7, G-8 y G-20;

25.  Toma nota de que la UE debería tener la capacidad de ajustar y reformar sus estructuras de gobernanza interna con el fin de garantizar un proceso de toma de decisiones capaz de reflejar su pluralidad y de lograr consenso; subraya la importancia de que el funcionamiento del SEAE refleje un enfoque coherente de la política exterior a escala de la UE hacia los BRICS y otros países emergentes; considera que el SEAE debe revisar y reforzar, en estrecha consulta con el Parlamento, las asociaciones estratégicas con los distintos países BRICS, aprovechando sus características específicas y su potencial para crear sinergias y cooperar con la UE; insta al SEAE a que diseñe mecanismos de coordinación horizontal y vertical que permitan que la política exterior de la UE se beneficie de las sinergias institucionales de la UE y de la densidad y profundidad de los vínculos bilaterales de los Estados miembros con socios estratégicos, como los BRICS y otras potencias emergentes; opina que, con respecto a los BRICS, además de su organización según orientaciones geográficas y temáticas, el SEAE debería establecer un mecanismo de coordinación ad hoc para garantizar que todas las políticas individuales hacia los BRICS sean compatibles desde un punto de vista sistémico, y que las líneas políticas adoptadas se reflejen en el diálogo de la UE con potencias emergidas como los EE.UU., Canadá y Japón; cree que las delegaciones de la UE en los países BRICS y otros países emergentes pertinentes deben establecer vínculos más estrechos entre sí para garantizar un control y un análisis continuos de las relaciones entre los BRICS y las sensibilidades transversales respectivas, lo que permitiría un enfoque más sistémico; considera, a este respecto, que las delegaciones de la UE en los países BRICS deben analizar las posiciones de los BRICS sobre la gobernanza y los retos globales y sobre sus relaciones con los otros países BRICS; considera que la UE debe dedicar nuevos esfuerzos y recursos a liderar el proceso de reforma de un sistema mundial de gobernanza y de los organismos internacionales con el fin de asegurar un proceso de logro de consenso y de toma de decisiones más incluyente a nivel mundial, en particular la reforma del Consejo de Seguridad de las NN.UU. y del multilateralismo financiero global;

26.  Considera que un «multilateralismo eficaz» y una mayor coordinación en los foros multilaterales para tratar las cuestiones de gobernanza mundial deberían seguir constituyendo el centro de una asociación reforzada con los países BRICS; recomienda en particular a la UE que prosiga sus esfuerzos tendentes a comprometer a estos países en esta senda;

27.  Cree que el Parlamento debería participar en las cumbres bilaterales entre la UE y sus socios estratégicos;

28.  Considera que el personal de las delegaciones de la UE en los países BRICS debería incluir a funcionarios de enlace del PE con el fin de fomentar una mayor comprensión de la dimensión parlamentaria nacional en cada uno de esos países, de promover una cooperación más estrecha y un diálogo más intenso entre el PE y los Parlamentos nacionales sobre una base bilateral, y de promover una mayor responsabilidad democrática de los procesos de toma de decisiones en foros internacionales como el G-8 y el G-20; cree que, además de sus delegaciones existentes para las relaciones con Rusia, la India, China y Sudáfrica, respectivamente, se podría considerar también la posibilidad de crear una delegación para las relaciones con Brasil;

29.  Considera que, con miras a garantizar el control democrático efectivo de la elaboración de políticas de la UE hacia los BRICS y otros países emergentes, y con el fin de facilitar un mejor diálogo interparlamentario con esos países, el personal pertinente del PE debe desarrollar competencias especializadas y disponer así de herramientas analíticas apropiadas y de capacidad de control para poder ayudar a los diputados en la promoción de un diálogo efectivo; cree, además, que debería crearse un sistema de intercambio de personal entre el Parlamento y el SEAE con el fin de maximizar las sinergias, el diálogo interinstitucional y la cooperación y promover el intercambio de conocimientos especializados;

30.  Destaca que la profundización de las relaciones y el fortalecimiento de la cooperación política con los BRICS a nivel gubernativo deberían ir acompañados de un diálogo continuado entre las organizaciones de la sociedad civil; pide, en este sentido, al SEAE y a las delegaciones de la UE que creen un marco que facilite e intensifique los contactos interpersonales e intercambios culturales y académicos basados en programas ya existentes y creados ad hoc con vistas a mejorar el entendimiento mutuo y desarrollar acciones e iniciativas comunes;

31.  Insiste en la necesidad de mejorar el diálogo político con los países BRICS por lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y de las normas sociales y ambientales; recuerda, a este respecto, que para alcanzar los Objetivos del Milenio es fundamental observar las normas fundamentales del trabajo y la agenda del trabajo digno de la OIT, ya que la garantía de la estabilidad sociopolítica y el aumento del nivel de cualificación de la mano de obra de un país tienen un impacto positivo en su economía;

32.  Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Un presupuesto para Europa 2020», antes mencionada, en la que se elabora una propuesta para el diseño de instrumentos y programas financieros en el próximo Marco Financiero Plurianual 2014-2020; subraya que el nuevo instrumento de asociación destinado a apoyar los intereses políticos y económicos de la UE en el resto del mundo y a incluir actividades que no se pueden tomar en consideración para la AOD debe ser un instrumento de política exterior; considera que ese instrumento de asociación podría ayudar a consolidar unos vínculos políticos más fuertes y, al mismo tiempo, unos vínculos económicos más fuertes con determinados países, y aplaude el fomento de la convergencia reglamentaria como uno de sus objetivos; considera asimismo que el Instrumento de Asociación debe comprender líneas de financiación de la diplomacia pública con miras a consolidar las relaciones de los países a título individual con la UE y fomentar la influencia, la asociación y la lealtad; considera, no obstante, que también deberían preverse recursos adicionales para apoyar la democratización, la consolidación del Estado de Derecho, la mejora de la educación y la reducción de las desigualdades sociales; cree que el nuevo diseño de los instrumentos y programas financieros debe dar especial importancia a las líneas de financiación ad hoc que ayudan a las potencias emergentes y a las potencias potencialmente emergentes en la consolidación de sus estructuras democráticas y en el desarrollo de la buena gobernanza y el Estado de Derecho, de organizaciones de la sociedad civil, de buenos sistemas educativos y de la inclusión social progresiva; acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de incluir el principio de condicionalidad en todos los programas e instrumentos de la UE, y considera que este aspecto es clave para lograr más influencia en la promoción de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernanza como valores universales;

33.  Pide a los países BRICS que asuman un papel en la política internacional de desarrollo que refleje mejor su cuota en el PIB global;

34.  Insta a la UE y a los Estados miembros a que apoyen las iniciativas de cooperación Sur-Sur y a que participen en proyectos de cooperación triangular en los que participen los países BRICS;

35.  Considera de gran importancia fomentar una mayor cooperación de la UE con los BRICS y otras economías emergentes en el sistema de gobernanza mundial y en los organismos internacionales; cree que la UE y los EE.UU. deberían entablar un diálogo estratégico con los BRICS sobre las opciones de reforma de los organismos internacionales; considera que debería impulsarse una reflexión a escala de la UE sobre la forma de que la UE tenga la máxima importancia, voz y derechos de voto en los foros internacionales y de alcanzar una coordinación más racionalizada entre los Estados miembros de la UE en dichos foros y, por tanto, una posición más cohesiva con miras a un diálogo positivo, la asociación y la cooperación con los BRICS;

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente de la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, al Consejo, a la Presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, a la Comisión y al Departamento de Estado de los EE.UU.

(1) DO L 201 de 3.8.2010, p. 30.
(2) DO C 349 E de 22.12.2010, p. 51.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0121.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0255.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0364.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0334.


Política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas
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Recomendación del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, con una Recomendación del Parlamento Europeo destinada al Consejo sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defienden sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE (2011/2187(INI))
P7_TA(2012)0018A7-0007/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Recomendación destinada al Consejo, presentada por Graham Watson en nombre del Grupo ALDE, sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes autoritarios contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defiendan sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE (B7-0235/2011),

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas, en particular los artículos 1 y 25 y, en el capítulo VII, los artículos 39 y 41,

–  Vistas todas las convenciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos y los protocolos facultativos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los dos Protocolos Facultativos,

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (el Convenio Europeo de Derechos Humanos),

–  Vista la Resolución 1674 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de abril de 2006, que confirma las disposiciones del Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Estrategia Europea de Seguridad (EES) titulada «Una Europa segura en un mundo mejor», aprobada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

–  Vistas las Resoluciones 1267 (1999) sobre la situación en Afganistán y 1371 (2001) sobre la situación en la antigua República Yugoslava de Macedonia, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU),

–  Vistos el artículo 21, apartado 2, el artículo 22 y el artículo 36 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Decisión marco 2003/577/JAI del Consejo, de 22 de julio de 2003 relativa a la ejecución en la Unión Europea de las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas(1),

–  Visto el documento del Consejo titulado «Establecimiento de una formación »Sanciones' del Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores (RELEX/Sanciones)«, de 22 de enero de 2004 (5603/2004),

–  Visto el documento del Consejo titulado «Principios Básicos sobre la Aplicación de Medidas Restrictivas (Sanciones)», de 7 de junio de 2004 (10198/1/2004),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto Yusuf y Al Barakaat International Foundation / Consejo y Comisión (Rec. 11-3533 (2005)),

–  Vista la Decisión marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso(2),

–  Visto el documento titulado «Prácticas recomendadas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», de 9 de julio de 2007 (11679/2007),

–  Visto el documento del Consejo titulado «Aplicación de la Posición Común 2001/931/PESC», de 21 de julio de 2007 (10826/1/2007),

–  Visto el documento del Consejo titulado «Actualización de las prácticas recomendadas de la UE para la aplicación eficaz de medidas restrictivas», de 24 de abril de 2008 (08666/1/2008),

–  Vista la Posición Común 2009/67/PESC del Consejo, de 26 de enero de 2009, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2008/586/PESC(3),

–  Visto el documento titulado «Orientaciones sobre la aplicación y evaluación de las medidas restrictivas (sanciones) en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE», modificadas en último lugar el 15 de diciembre de 2009 (17464/2009),

–  Vista su Resolución, de 4 de septiembre de 2008, sobre la evaluación de las sanciones comunitarias previstas en el marco de las acciones y políticas de la UE en el ámbito de los derechos humanos(4),

–  Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo(5),

–  Vistos los recursos de la política exterior de los Estados miembros,

–  Visto el artículo 121, apartado 3, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0007/2012),

Observaciones generales sobre el enfoque de la UE con respecto a los líderes autoritarios

A.  Considerando que el nuevo artículo 21 del TUE, introducido por el artículo 1, apartado 24 del Tratado de Lisboa, reconoce que la acción de la Unión se regirá por «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»;

B.  Considerando que se prevé la aplicación de sanciones en el cumplimiento de los objetivos de la PESC enumerados en el artículo 21 del TEU, entre ellos el fomento de la paz y la seguridad a escala internacional, el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la consolidación de la democracia y el buen gobierno;

C.  Considerando que, en el marco de la PESC, las sanciones o medidas restrictivas se consideran medidas coercitivas sin recurso a la fuerza, como los embargos de armas, las sanciones comerciales, financieras o económicas, la congelación de activos, la prohibición de vuelos, las restricciones de acceso, las sanciones diplomáticas, el boicoteo de espectáculos deportivos y culturales y la suspensión de la cooperación con el país tercero de que se trate;

D.  Considerando que la aplicación de sanciones o medidas restrictivas es eficaz en la medida en que se inscribe en una estrategia coherente y global de la Unión Europea y sus Estados miembros en materia de derechos humanos;

E.  Considerando que hay «sanciones selectivas» en forma de sanciones personales, medidas económicas selectivas y medidas diplomáticas, como la prohibición de visados, la congelación de activos, los embargos a la exportación o la importación de productos determinados, la prohibición de vuelos, la prohibición de inversiones o la limitación de los contactos oficiales;

F.  Considerando que los desacuerdos entre los Estados miembros a menudo dan lugar a una aplicación incoherente de las medidas restrictivas, lo cual perjudica la credibilidad de la UE e incide negativamente en la eficacia de dichas medidas;

G.  Considerando que la UE ha aplicado a menudo su política de sanciones de una manera incoherente, tratando de forma diferente a terceros países que registraban un balance similar en cuanto al respeto de los derechos humanos y la democracia, lo que le ha valido la crítica de aplicar una política de «doble rasero»;

H.  Considerando que los adelantos de la tecnología de la información hacen cada vez más irrelevantes las fronteras nacionales y que, en un mundo globalizado, con esto se reducen las posibilidades de aislar a un país o a su élite;

I.  Considerando que la mayoría de los países objeto de sanciones son aquellos que se han mantenido más aislados del orden internacional y cuyas sociedades se beneficiarían más de una intensificación de los contactos internacionales en aras del cambio; y que en algunos casos las medidas restrictivas, en particular las dirigidas contra ciertos individuos, pueden tener no obstante efectos disuasorios y psicológicos;

J.  Considerando que las decisiones sobre sanciones de la UE solamente deben tomarse partiendo de una evaluación exhaustiva del modo más eficiente de lograr el cambio democrático en el país; considerando que toda decisión debe ir acompañada de la correspondiente justificación;

K.  Considerando que la Unión Europea representa para numerosos líderes autoritarios y para las personas allegadas a los mismos un polo de atracción para la inversión, las propiedades y las operaciones bancarias, así como para la atención sanitaria, y una zona en la que disfrutan de la libre circulación y de libertad para gastar su riqueza, acumulada frecuentemente de manera cuestionable;

L.  Considerando que la posibilidad que tienen los líderes autoritarios de convertir su poder en riquezas personales, a menudo mediante la apropiación indebida o el control personal de activos del Estado, entre otros medios, supone un incentivo para la usurpación y la permanencia en el poder y refuerza su capacidad de conseguir estos fines; considerando que es preciso estudiar otros medios de minimizar cualquier relación entre la ayuda exterior para el desarrollo o para otros fines y el enriquecimiento de líderes autoritarios y sus círculos más íntimos;

M.  Considerando que, sin una acción concertada, resulta difícil recabar informaciones exactas sobre los activos que poseen los líderes autoritarios en la UE, y que la UE debe perseverar en su búsqueda de información;

N.  Considerando que los líderes objeto de sanciones se verán afectados en la medida en que sufran personalmente presiones en forma de restricciones a sus posibilidades de desplazar dinero, invertir sus activos financieros y acceder a los mismos, restricciones a sus posibilidades de desplazamiento, así como restricciones al acceso a bienes y servicios concretos o a la representación diplomática;

O.  Considerando que la multiplicidad de agentes internacionales y regionales hace preciso un diálogo y mecanismos formales e informales de consulta entre ellos;

P.  Considerando que un aspecto esencial de una política eficaz con respecto a los regímenes autoritarios debe consistir en mantener el equilibrio entre una diplomacia coercitiva, incluidas medidas restrictivas caracterizadas por la claridad en la comunicación, y opciones constructivas sin uso de la fuerza, y haciendo prevalecer un diálogo crítico y progresivo en la aplicación de los recursos de política exterior de que disponen la UE y los Estados miembros, por encima del aislamiento;

Q.  Considerando que el procedimiento de revisión, mediante el cual es posible ampliar, relajar o levantar las sanciones como respuesta a cambios en la conducta de los líderes sancionados, es crucial para que sean eficaces las medidas restrictivas y debe llevarse a cabo con rigor y sentido estratégico;

R.  Considerando que todas las medidas restrictivas deben respetar los derechos humanos, el Derecho humanitario internacional, las garantías procesales, la proporcionalidad y el derecho a unas vías de recurso eficaces y no debe penalizar en modo alguno a los grupos de población más vulnerables de los países objeto de las medidas;

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

o
o   o

  

Elaboración de unas definiciones más claras

   a) que se elaboren unos criterios claros para establecer las condiciones de aplicación de las medidas restrictivas, los objetivos de las mismas, la forma que revestirán las sanciones, unas directrices para su evaluación periódica y el procedimiento de revisión aplicable, en consulta con el Parlamento Europeo; que se establezcan los criterios de manera que refuercen la coherencia y la credibilidad de las sanciones de la UE y permitan una flexibilidad suficiente en el plano operativo, de modo que la UE pueda emplear el instrumento como un instrumento efectivo en su actuación exterior;
   b) que se defina clara y expresamente contra quién se dirigirán las sanciones, cuando se trate de Estados en descomposición o de agentes no estatales, habida cuenta de que las estructuras son a menudo oscuras;
   c) que las sanciones se inscriban en un contexto político global, estableciendo unos objetivos específicos a corto y a largo plazo con miras a un proceso de democratización sostenible;
   d) que se reconozca que las sanciones no son un fin en sí, y que su aplicación esté acompañada por unos criterios de referencia claros y viables para el levantamiento de las sanciones;
   e) que se apoye sistemáticamente la labor de la Corte Penal Internacional velando por que se tengan debidamente en cuenta los procedimientos y las sentencias de la Corte en la política de sanciones de la UE;
   f) que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que apliquen el principio de jurisdicción universal para la lucha contra la impunidad y los crímenes cometidos contra la humanidad con el objetivo de mejorar el sistema de justicia penal internacional;
  

Establecimiento de una política de sanciones eficaz

   g) que se exhorte a maximizar la colaboración y la sinergia entre los 27 Estados miembros de la UE instándoles a que se expresen de forma unificada y coherente a la hora de condenar los regímenes autoritarios a través de un enfoque integrado único de la UE;
   h) que se reconozca que las sanciones no coordinadas a escala internacional pueden resultar ineficaces y contraproducentes con sus objetivos, pueden mermar la transparencia, la credibilidad y la coherencia de la política europea de sanciones y pueden reforzar el régimen autoritario al que van dirigidas o reducir el margen de negociación relativo y la credibilidad de la UE y sus Estados miembros con el Estado en cuestión; que se garantice una mejor coordinación y un mejor intercambio de información entre los Estados miembros mediante unos procedimientos claros;
   i) que se apliquen los regímenes de sanciones con rigor y coherencia, intentando evitar la aplicación de dobles raseros e incluyendo en su ámbito de aplicación los casos de violación de las libertades fundamentales y especialmente la libertad religiosa y la libertad de expresión; que se garantice que los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo y los países candidatos a la adhesión a la Unión Europea apliquen también las medidas restrictivas e intercambien con la Unión información pertinente;
   j) que se apliquen sanciones o medidas restrictivas que sean específicas y guarden proporción con el objetivo previsto, con objeto de incidir únicamente en las élites responsables de los regímenes represivos o criminales y los agentes no estatales de los Estados en descomposición, minimizando, en la medida de lo posible, el impacto negativo en la población civil, en particular la más vulnerable;
   k) que se vele por que la ayuda exterior para el desarrollo o para otros fines no se convierta en un incentivo para el enriquecimiento de líderes autoritarios y sus círculos más íntimos;
   l) que se vele por que, siempre que ello sea posible, la política de sanciones vaya asociada a un apoyo a la sociedad civil en el país de que se trate; y que se mejore la calidad y la transparencia de la etapa de presentación de informes, de manera que pueda cuantificarse con precisión la asistencia prestada y su contribución real a la cobertura de las necesidades de la sociedad civil evaluadas con exactitud;
   m) que se vele por que no haya dobles raseros a hora de decidir medidas restrictivas o sanciones y por que éstas se apliquen independientemente de intereses políticos, económicos y de seguridad;
   n) que se vele por que las medidas restrictivas que limitan las actividades comerciales de empresas europeas en países objeto de sanciones no beneficien a competidores de terceros países;
   o) que se procure asociar estrechamente a los Estados miembros, así como a los jefes de las misiones y delegaciones de la UE al proceso de elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas restrictivas y de sus consecuencias sobre el terreno aportando elementos para la evaluación de impacto, que hace que la presencia de la UE sobre el terreno sea fundamental; y que se vele por que la información pertinente se transmita rápidamente al Parlamento Europeo;
   p) que se vele por que, en los países objeto de medidas restrictivas, los principales agentes que militan por la democracia y los derechos humanos participen estrechamente en la concepción, la aplicación y la evaluación de las medidas restrictivas;
   q) que se exhorte a las estructuras existentes en el SEAE y la Comisión a que lleven a cabo un análisis exhaustivo de la situación de la estructura económica y societal del país de que se trate antes y después de la adopción de sanciones, examinando de este modo los efectos directos e indirectos de todas las medidas concretas en los ámbitos políticos y socioeconómicos de la sociedad de que se trate, así como teniendo en cuenta el impacto de las mismas en las élites empresariales, los grupos de la sociedad civil, la oposición política e incluso los elementos de orientación reformista del gobierno;
   r) que se exhorte a la formación RELEX/Sanciones a que cumpla con su mandato de investigación sobre la adopción de sanciones, evaluación de las sanciones existentes y desarrollo de mejores prácticas en materia de aplicación y ejecución de medidas restrictivas, y a que informe regularmente al Consejo y al Parlamento Europeo acerca de sus conclusiones;
   s) que se exhorte a los servicios jurídicos de la UE y otros servicios pertinentes a que asesoren al Consejo acerca de las precauciones que han de tomarse para evitar que las personas objeto de sanciones consigan eludirlas;
   t) que se exhorte al SEAE y a la Comisión a que adopten un enfoque más integrado en el que se compartan las competencias y los conocimientos técnicos en la elaboración, aplicación y revisión de las sanciones;
   u) que se exhorte al Consejo y a la Comisión a que destinen tiempo y recursos suficientes, y a que recurran a expertos de los países y a personal especializado en derechos humanos para los análisis previos a la concepción de las sanciones y para la evaluación de su eficacia;
   v) que se exhorte a la Comisión y a los Estados miembros a que coordinen la aplicación de embargos de armas que son competencia de los Estados miembros;
   w) que se exhorte a la Comisión y a los Estados miembros a informar cada año sobre el esfuerzo sancionador hecho y sobre su eficacia;
   x) que se pida a Francia y al Reino Unido, así como a cualquier miembro europeo no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que velen por una aplicación rigurosa y concienzuda de las resoluciones del Consejo de Seguridad;
   y) que se considere, cuando proceda, la posibilidad de activar las cláusulas sobre los «elementos esenciales» de los acuerdos internacionales que permiten que la UE imponga sanciones por violación de los derechos humanos y los principios democráticos y que se aplique una política exterior europea coherente con el fin de apoyar medidas dirigidas contra regímenes autoritarios;
  

Adhesión a una política coherente dentro de las fronteras de la UE

   z) que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que, en caso de que personas objeto de sanciones posean activos materiales y financieros en su territorio, lo revelen, así como el valor aproximado de los activos y su ubicación; que se pida a los Estados miembros que colaboren intercambiando información pertinente, por ejemplo a través de los ya existentes Organismos de Recuperación de Activos y también por medio de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de CAMDEN en Europa (CARIN); que intensifiquen la cooperación entre Estados miembros de la UE con miras a la identificación y confiscación de estos activos;
  aa) que se exhorte a todos los Estados miembros de la UE a velar por una aplicación rigurosa de las sanciones financieras específicas o medidas restrictivas, por ejemplo:
   ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/60/CE relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo para hacer obligatoria su aplicación en todos los casos de intento de apertura de cuentas o depósito de fondos por dictadores sancionados o personas físicas y jurídicas o entidades vinculadas a ellos, pues estos fondos proceden del crimen, el, robo y la malversación; y examinando opciones para otros mecanismos preventivos destinados a reducir la afluencia a las entidades financieras de la UE de fondos públicos o activos obtenidos por apropiación indebida;
   la denegación de préstamos, el refuerzo de las medidas orientadas al reembolso de préstamos y el bloqueo de activos, a fin de garantizar que, en la práctica, con dichas medidas se impida a las personas y entidades objeto de las mismas cualquier acceso a todos los servicios financieros que estén dentro de la jurisdicción de la UE;
   ab) que se garantice que las medidas restrictivas económicas y financieras, incluidas las sanciones financieras selectivas, sean aplicadas por todas las personas y entidades que operan en la Unión, incluidos los nacionales de terceros países, así como por los ciudadanos o entidades de la Unión que operan fuera de las fronteras de la Unión pero están registradas o establecidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro de la Unión;
   ac) que se vele por que se prohíba a los líderes objeto de sanciones, así como a las personas físicas y jurídicas y las entidades claramente allegadas a los mismos, que tengan activos y propiedades dentro de la UE;
   ad) que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que prohíban que escuelas, universidades, laboratorios de ideas y otras instituciones académicas acepten financiación, subvenciones o donativos de líderes objeto de sanciones y de sus socios físicos y jurídicos y que establezcan la transparencia respecto de su financiación privada;
   ae) que se exhorte a los Estados miembros de la UE a que prohíban que las asociaciones deportivas (incluidos los clubes de fútbol) y las organizaciones de solidaridad acepten financiación, subvenciones o donativos de líderes objeto de sanciones y de sus socios físicos y jurídicos;
   af) que se exhorte a la UE y a sus Estados miembros a que apliquen escrupulosamente las prohibiciones de viaje decretadas contra las personas objeto de sanciones, a fin de impedir que se desplacen dentro de la UE con fines distintos de los humanitarios;
   ag) que se exhorte a los Estados miembros a investigar activamente y, si procede, a procesar a personas o entidades jurídicas europeas que hayan prestado asistencia a líderes objeto de sanciones y a las personas allegadas a los mismos para evitar o eludir sanciones impuestas legalmente;
  

Proyección

   ah) que se exhorte a la UE a recabar el apoyo internacional y a formar coaliciones para sus políticas, especialmente cerca de los agentes influyentes en la zona en cuestión y de las organizaciones internacionales, y que se asocie plenamente al Parlamento Europeo a este proceso;
   ai) que se exhorte a la UE a que refuerce la legitimidad y recabe un amplio respaldo público y político para sus políticas, incluidas las medidas restrictivas y las sanciones, a escala de la UE e internacional, en especial en los países cuyos regímenes son objeto de sanciones, y que se asocie plenamente al Parlamento Europeo a este proceso;
   aj) que se exhorte a la UE a que, en ausencia de sanciones o medidas restrictivas del Consejo de Seguridad de la ONU, coopere con los demás Estados que apliquen sanciones, comparta información y coordine sus acciones con el fin de garantizar el mayor efecto posible a escala internacional y maximizar la eficacia de la aplicación de las sanciones comunitarias;
   ak) que se exhorte a la AR/VP, a los jefes de misión y al SEAE a que comuniquen expresamente a los líderes objeto de sanciones qué se espera de ellos, y a que establezcan unos objetivos precisos y realizables con el fin de incentivar el cambio positivo y a que ofrezcan una asistencia técnica adecuada;
   al) que se exhorte a los Estados miembros a que compartan las informaciones sobre personas objeto de sanciones, hasta donde lo permita la ley, con otros Estados, con los organismos competentes de la UE y con las organizaciones internacionales;
   am) que se exhorte a los Estados miembros a que garanticen un grado razonable de acceso público a las informaciones sobre las medidas nacionales en materia de medidas restrictivas aplicadas;
   an) que se exhorte al Consejo a consultar plenamente al Parlamento Europeo en el marco del proceso de revisión de las sanciones y a solicitar su aportación en materia de orientaciones políticas y estructuración de una política más amplia de la UE en materia de sanciones;
   ao) que se recuerde que la diplomacia coercitiva debe ir de la mano de medidas positivas como la ayuda al desarrollo, la cooperación económica sostenible y el apoyo a la sociedad civil;
   ap) que las sanciones y su evaluación estén acompañadas por medidas basadas en la cooperación y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos de los países objeto de las sanciones, con el objetivo de desarrollar o consolidar la cultura del respeto de la democracia y de los derechos humanos en el país en cuestión;
   aq) que se hagan esfuerzos por movilizar los activos bloqueados y confiscados a fin de restituirlos lo antes posible a sus países de origen en beneficio de la población;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión y al SEAE.

(1) DO L 196 de 2.8.2003, p. 45.
(2) DO L 328 de 24.11.2006, p. 59.
(3) DO L 23 de 27.1.2009, p. 37.
(4) DO C 295 E de 4.12.2009, p. 49.
(5) DO L 309 de 25.11.2005, p.15


Traslado transfronterizo del domicilio social de sociedades
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Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades referente al traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas (2011/2046(INI))
P7_TA(2012)0019A7-0008/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 50 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de mayo de 2003, titulada «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea – Un plan para avanzar» (COM(2003)0284),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de octubre de 2010, titulada «Hacia un Acta del Mercado Único – Por una economía social de mercado altamente competitiva – Cincuenta propuestas para trabajar, emprender y comerciar mejor todos juntos» (COM (2010)0608),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único – Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza – Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2011)0206),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)(1),

–  Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores(2),

–  Vista la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital,(3)

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Daily Mail(4), Centros(5), Überseering(6), Inspire Art(7), SEVIC Systems(8), Cadbury Schweppes(9) y Cartesio(10),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2006, sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de sociedades(11),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2007, sobre la Sociedad Privada Europea y la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades sobre la transferencia de la sede social de una sociedad(12),

–  Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la aplicación de la Directiva 2002/14/CE por la que se establece un marco general relativo a la información y la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(13),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el traslado transfronterizo de la sede social de una empresa(14),

–  Vista la Resolución, de 23 de noviembre de 2010, sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo(15),

–  Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0008/2012),

A.  Considerando que los artículos 49 y 54 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea garantizan la libertad de establecimiento para todas las sociedades y empresas; que la migración transfronteriza de empresas es un elemento crucial de la realización del mercado interior; y que cabe señalar la falta de uniformidad de la legislación en materia de traslado y modalidades de traslado del domicilio, social o real, de una sociedad o empresa de Derecho nacional existente, de un Estado miembro a otro, dentro del mercado único, y el riesgo que de ello se deriva en términos de empleo, así como las dificultades administrativas, los costes generados, las repercusiones sociales y la falta de seguridad jurídica;

B.  Considerando que la mayoría de los participantes en la consulta pública que se cerró el 15 de abril de 2004 estaban a favor de la adopción de una directiva sobre el Derecho de sociedades referente al traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas;

C.  Considerando que, dadas las disparidades entre las exigencias impuestas por los Estados miembros para la migración de las empresas, la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Cartesio confirma la necesidad de un régimen armonizado que rija el traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas;

D.  Considerando que, en su sentencia en el asunto Cartesio, el Tribunal de Justicia no aportó las aclaraciones necesarias en relación con el traslado del domicilio social de una empresa, contrariamente a las expectativas de la Comisión plasmadas en su evaluación de impacto de 2007(16);

E.  Considerando que compete al legislador, y no al Tribunal de Justicia, establecer, sobre la base del Tratado, las medidas necesarias para que la libertad de una empresa para trasladar su domicilio social sea una realidad;

F.  Considerando que, como consecuencia de la declaración realizada por la Comisión en su evaluación de impacto de 2007, según la cual la opción de no actuar parecía más proporcional, ya que no requería que la UE tomara nuevas medidas(17), la movilidad de las sociedades sigue topándose con una gran carga administrativa, así como con costes sociales y fiscales;

G.  Considerando que la evaluación de impacto de la Comisión de 2007 no abarca las consecuencias sobre las políticas sociales y de empleo, con la excepción de la participación de los trabajadores;

H.  Considerando que se ha de evitar el uso indebido de las oficinas buzón y las sociedades ficticias destinado a eludir las condiciones jurídicas, sociales y fiscales;

I.  Considerando que el traslado transfronterizo del domicilio social de una empresa debe revestir un carácter fiscalmente neutro;

J.  Considerando que en el traslado de domicilio social debe mantenerse la continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad o empresa afectada con vistas a garantizar el buen funcionamiento de esta;

K.  Considerando que el traslado no debe afectar a los derechos de las partes interesadas (accionistas minoritarios, trabajadores y acreedores) existentes antes de este;

L.  Considerando que el procedimiento de traslado debe regirse por normas estrictas en materia de transparencia e información a los interesados antes de que se lleve a cabo el traslado;

M.  Considerando que los derechos de participación de los trabajadores revisten una gran importancia a la hora de trasladar el domicilio social de una empresa;

N.  Considerando que se ha de garantizar la coherencia de los procedimientos de participación de los trabajadores entre las diversas disposiciones legislativas que figuran en las directivas sobre Derecho de sociedades;

1.  Pide a la Comisión que presente rápidamente, sobre la base del artículo 50, apartado 1 y apartado 2, letra g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de Directiva relativa al traslado transfronterizo del domicilio social de las empresas, según las recomendaciones detalladas que figuran en el anexo a la presente Resolución;

2.  Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3.  Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

ANEXO

RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Recomendación 1 (sobre el ámbito de aplicación de la Directiva que se ha de adoptar)

La Directiva ha de ser aplicable a las sociedades de responsabilidad limitada en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva 2005/56/CE.

Su ámbito de aplicación debe prever una solución apropiada a la cuestión de la separación del domicilio registral y la sede administrativa de una sociedad.

Recomendación 2 (sobre las repercusiones del traslado transfronterizo)

La Directiva debe permitir a las sociedades ejercer su derecho de establecimiento mediante la migración a un Estado miembro de acogida sin perder su personalidad jurídica, sino mediante su conversión en una sociedad regida por la legislación del Estado miembro de acogida sin que tenga que ser disuelta.

El traslado no debe eludir las condiciones jurídicas, sociales y fiscales.

El traslado ha de surtir efectos en la fecha de registro en el Estado miembro de acogida. A partir de la fecha de registro en el Estado miembro de acogida, la sociedad ha de regirse por la legislación de dicho Estado.

El traslado no debe afectar a las relaciones jurídicas de la sociedad con terceros.

El traslado debe revestir un carácter fiscalmente neutro conforme a lo dispuesto en la Directiva 90/434/CEE(18).

Recomendación 3 (sobre la transparencia y las normas de información previa a la decisión de traslado)

La dirección o el consejo de administración de una sociedad que tenga previsto trasladarse deberían estar obligados a elaborar un informe y un plan de traslado. Antes de que la dirección decida sobre el informe y el plan de traslado, los representantes de los trabajadores o, a falta de éstos, los propios trabajadores, deben ser informados y consultados sobre la propuesta de traslado en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2002/14/CE(19).

El informe se ha de presentar a los accionistas y a los representantes de los trabajadores o, a falta de éstos, a los propios trabajadores.

El informe debe describir y justificar los aspectos económicos, legales y sociales del traslado y explicar sus consecuencias para los accionistas, los acreedores y los trabajadores, que podrán examinar dicho informe durante un periodo determinado que no puede ser inferior a un mes ni superior a tres meses antes de la fecha prevista para la aprobación del traslado por la junta de accionistas.

El plan de traslado debe incluir:

   a) la forma jurídica, el nombre y la sede social de la empresa en el Estado miembro de origen;
   b) la forma jurídica, el nombre y la sede social de la empresa en el Estado miembro de acogida;
   c) los estatutos sociales previstos para la empresa en el Estado miembro de acogida;
   d) el calendario previsto para el traslado;
   e) la fecha a partir de la cual, desde el punto de vista contable, las operaciones de la empresa que tenga previsto trasladar su sede social se considerarán realizadas en el Estado miembro de acogida;
   f) información detallada sobre el traslado de la administración central o del principal lugar de actividad;
   g) los derechos garantizados a los accionistas de la sociedad, los trabajadores y los acreedores o las medidas pertinentes propuestas y la dirección donde se pueda obtener toda la información al respecto, de forma gratuita;
   h) si la empresa está gestionada sobre la base de la participación de los trabajadores y si con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de acogida dicho régimen no es obligatorio, información sobre los procedimientos con los que se determinarán las modalidades de participación de los trabajadores.

El informe y el plan de traslado se han de presentar a los accionistas y a los representantes del personal de la empresa para su examen con antelación suficiente con respecto a la fecha fijada para la junta de accionistas de la empresa.

El plan de traslado se debe publicar conforme a lo dispuesto en la Directiva 2009/101/CE(20).

Recomendación 4 (sobre la decisión de la junta de accionistas)

La junta de accionistas debe aprobar la propuesta de traslado conforme a las modalidades establecidas y por la mayoría necesaria para modificar los estatutos sociales con arreglo a la legislación aplicable a la sociedad en el Estado miembro de origen.

En caso de que la empresa esté gestionada sobre la base de la participación de los trabajadores, la junta de accionistas puede condicionar el traslado a su aprobación expresa de las disposiciones sobre participación de los trabajadores.

Los Estados miembros deben poder adoptar disposiciones destinadas a garantizar una protección adecuada para los accionistas minoritarios que se oponen al traslado, como por ejemplo, el derecho de salirse de la sociedad, de conformidad con la legislación aplicable en el Estado miembro de acogida de dicha sociedad.

Recomendación 5 (sobre la verificación de la legalidad del traslado)

El Estado miembro de origen debe verificar la legalidad del procedimiento de traslado de conformidad con su legislación.

La autoridad competente designada por el Estado miembro de origen debe expedir un certificado en el que se declare de manera concluyente que se han cumplido antes del traslado todas las gestiones y todos los trámites administrativos exigidos.

Dicho certificado, junto con una copia de los estatutos sociales previstos para la empresa en el Estado miembro de acogida y una copia de la propuesta de traslado, se deben presentar en un plazo apropiado al organismo responsable del registro en el Estado miembro de acogida. Dichos documentos deben bastar para que la empresa quede registrada en el Estado miembro de acogida. La autoridad competente del registro en el Estado miembro de acogida debe verificar que se cumplen las condiciones sustantivas y formales para el traslado, incluidos los requisitos establecidos en el Estado miembro de acogida para la constitución de tal empresa.

La autoridad competente del Estado miembro de acogida debe notificar de inmediato el registro a las autoridades correspondientes del Estado miembro de origen. A continuación, las autoridades del Estado miembro de origen deben suprimir la empresa de su registro.

Con el fin de proteger a terceros, el registro en el Estado miembro de acogida y la supresión del registro en el Estado miembro de origen deben publicarse adecuadamente.

Recomendación 6 (sobre medidas de protección)

No se debe autorizar que sociedades contra las que se hayan iniciado procedimientos de disolución, liquidación, insolvencia o suspensión de pagos, o procedimientos similares, procedan al traslado transfronterizo de su sede social.

Por lo que respecta a los procedimientos judiciales o administrativos pendientes iniciados antes del traslado de la sede social, se debe considerar que la sede social de la empresa está ubicada en el Estado miembro de origen. Los acreedores existentes deben tener derecho a un depósito de seguridad.

Recomendación 7 (sobre los derechos de los trabajadores)

Los derechos de participación de los trabajadores se deben preservar a lo largo del traslado. En principio, la participación de los trabajadores se ha de regir por la legislación del Estado miembro de acogida.

No obstante, la legislación del Estado miembro de acogida no ha de ser aplicable:

   a) si no prevé al menos el mismo nivel de participación que el aplicable en el Estado miembro de origen, o
   b) si no confiere a los trabajadores de los establecimientos de la empresa situados en otros Estados miembros el mismo derecho a ejercer los derechos de participación que los que les asistían antes del traslado.

Asimismo, las disposiciones legislativas en materia de derechos de los trabajadores deben estar en consonancia con el acervo.

(1) DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.
(2) DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
(3) DO L 310 de 25.11.2005, p. 1.
(4) Asunto 81/87, Rec. 1988, p. 5483.
(5) Asunto C-212/97, Rec. 1999, p. I-1459.
(6) Asunto C-208/00, Rec. 2002, p. I-9919.
(7) Asunto C-167/01, Rec. 2003, p. I-10155.
(8) Asunto C-411/03, Rec. 2005, p. I-10805.
(9) Asunto C-196/04, Rec. 2006, p. I-7995.
(10) Asunto C-210/06, Rec. 2008, p. I-9641.
(11) DO C 303 E de 13.12.2006, p. 114.
(12) DO C 263 E de 16.10.2008, p. 671.
(13) DO C 76 E de 25.3.2010, p. 11.
(14) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 5.
(15) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0426.
(16) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la evaluación de impacto de la Directiva sobre el traslado transfronterizo del domicilio social, SEC(2007)1707, punto 3.5.2, pp. 24-25.
(17) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Evaluación de impacto de la Directiva sobre el traslado transfronterizo del domicilio social, SEC(2007)1707, punto 6.2.4, p. 39.
(18) Directiva 90/434/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros (DO L 225 de 20.8.1990, p. 1).
(19) Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (DO L 80 de 23.3.2002, p. 29).
(20) Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el artículo 48, párrafo segundo, del Tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (DO L 258 de 1.10.2009, p. 11).


Control presupuestario de la ayuda humanitaria de la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el control presupuestario de la ayuda humanitaria de la UE administrada por ECHO (2011/2073(INI))
P7_TA(2012)0020A7-0444/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que trata de la ayuda humanitaria,

–  Vistos el Reglamento financiero(1) y sus normas de desarrollo(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n° 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria(3),

–  Vistas sus anteriores resoluciones de 27 de septiembre de 2011 sobre «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanitaria»(4), de 19 de enero de 2011 sobre la situación en Haití un año después del terremoto: ayuda humanitaria y reconstrucción(5), de 10 de febrero de 2010 sobre el terremoto de Haití(6), de 29 de noviembre de 2007 sobre la proclamación de un Consenso Europeo en materia de Ayuda Humanitaria, y de 18 de enero de 2011 sobre la aplicación del Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria: balance intermedio de su plan de acción y perspectivas de futuro(7),

–  Vistas sus resoluciones de 5 de mayo de 2010, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008(8), y de 10 de mayo de 2011, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2009(9),

–  Vistos los Informes anuales del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativos al ejercicio 2008(10) y al ejercicio 2009(11), acompañados de las respuestas de las instituciones,

–  Vistos los Informes Especiales del Tribunal de Cuentas nº 3/2006 sobre la respuesta de ayuda humanitaria de la Comisión Europea al tsunami, nº 6/2008 sobre la ayuda a la rehabilitación aportada por la Comisión Europea a raíz del tsunami y del huracán Mitch, nº 15/2009 sobre la ayuda comunitaria suministrada a través de organizaciones de Naciones Unidas: toma de decisiones y seguimiento, y nº 3/2011 sobre la eficiencia y la eficacia de las contribuciones de la UE canalizadas a través de las organizaciones de las Naciones Unidas en países afectados por conflictos,

–  Vistos los informes anuales y los informes anuales de actividades para los ejercicios 2009 y 2010 de la Dirección General de Ayuda Humanitaria y de Protección Civil (DG ECHO), y sus anexos,

–  Vistos el Informe anual sobre la Política de Ayuda Humanitaria y su aplicación en 2009 (COM(2010)0138) y el documento de trabajo de la Comisión que lo acompaña (SEC(2011)0398),

–  Vistos el Informe anual sobre las políticas de protección civil y ayuda humanitaria de la Unión Europea y su ejecución en 2010 (COM(2011)0343) y el documento de trabajo de la Comisión que lo acompaña (SEC(2011)0709),

–  Visto el Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (FAFA) celebrado entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas,

–  Visto el Convenio marco de asociación celebrado entre la Comisión y las organizaciones humanitarias,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0444/2011),

A.  Considerando que el número, la frecuencia, las dimensiones y la gravedad de las catástrofes humanitarias han aumentado de forma dramática y afectan a más partes del mundo;

B.  Considerando que el papel de liderazgo de la UE a nivel mundial como agente humanitario y el aumento del número y la frecuencia de las intervenciones dentro y fuera de la UE, en conjunción con las actuales restricciones presupuestarias, ponen de manifiesto la importancia de una buena gestión financiera basada en los principios de economía, eficiencia y eficacia;

C.  Considerando que las enormes catástrofes de Haití y Pakistán han demostrado una vez más que es necesario mejorar en términos de eficacia, celeridad y coordinación los instrumentos de que dispone la UE para responder a las catástrofes;

Eficiencia y eficacia del sistema de control, seguimiento y supervisión de ECHO

1.  Toma nota de la determinación de la DG ECHO y de las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia y la eficacia de la ayuda humanitaria de la UE;

2.  Recuerda la opinión manifestada en los informes anuales del Tribunal de Cuentas Europeo, que valoran como eficaces en términos generales los controles previos generales, los sistemas de control y supervisión, la actividad de auditoría ex post y las funciones internas de auditoría de la DG ECHO; subraya, sin embargo, que en todos estos aspectos es posible mejorar;

Socios del Convenio marco de asociación (CMA): ONG

3.  Toma nota de que las relaciones entre ECHO y las ONG asociadas se rigen por el CMA, mientras que el método de ejecución presupuestaria que se aplica es la gestión directa centralizada;

4.  Acoge favorablemente las mejoras en la flexibilidad y la eficiencia que aporta el CMA 2008 en relación con el CMA 2005, como, por ejemplo, un enfoque más orientado hacia los resultados, la introducción de los mecanismos de control A- y P-, o la mayor simplificación y la menor ambigüedad que se consiguen gracias a la introducción de directrices; pide a la Comisión que continúe refinando las medidas para mejorar la eficacia de la cooperación con los socios del CMA en el periodo posterior al CMA 2012; subraya que la mejora de la eficacia de la cooperación y la reducción del exceso de cargas administrativas de los socios del CMA son importantes, y al mismo tiempo asegurarían un alto nivel de responsabilidad y transparencia;

5.  Pide a la Comisión que mejore los métodos y las prácticas de evaluación para determinar si un posible socio reúne o no los requisitos para el CMA; recuerda que la experiencia anterior a la firma del CMA 2008 indica que la evaluación inicial a favor de los socios sujetos al mecanismo de control P-, basada en la fiabilidad de sus sistemas internos de control y su solidez financiera, resultó ser demasiado optimista; observa que, una vez que los socios sujetos al mecanismo de control P- han obtenido este estatuto sobre la base de una evaluación inicial, sus sistemas internos de control son objeto de auditorías menos frecuentes, se les permite utilizar sus propios procedimientos de contratación pública y no se aplican a sus actividades limitaciones contractuales de financiación; recuerda que como consecuencia de la evaluación para el CMA 2008, hubo que rebajar la calificación de muchos de ellos a socios A-, es decir, sujetos al mecanismo de control A-;

6.  Pide a la Comisión que garantice que los socios resuelven oportunamente las deficiencias detectadas en las auditorías periódicas, y que en caso contrario tome las medidas necesarias; recuerda que los auditores externos deben continuar trabajando para mejorar la calidad de sus recomendaciones a los socios, teniendo en cuenta sus estructuras específicas, para asegurar la aceptación y la viabilidad de estas recomendaciones; subraya la necesidad de seguir mejorando la documentación relativa a la evaluación de las propuestas de acciones de ayuda humanitaria con miras a su simplificación y normalización y para permitir una comparación global;

7.  Opina que, gracias a los mecanismos existentes de auditoría y control existe una mayor capacidad de rendir cuentas en la evaluación de la eficiencia y la eficacia de los socios del CMA que en el caso de los socios de las Naciones Unidas; señala, no obstante, que no se puede comparar una organización internacional como las Naciones Unidas con los socios del CMA;

Organizaciones internacionales, Naciones Unidas

8.  Señala que las relaciones entre ECHO y los socios de las Naciones Unidas se rigen por el Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (FAFA), mientras que las relaciones con la familia de la Cruz Roja y la Organización Internacional para las Migraciones se rigen por el CMA para las organizaciones internacionales; recuerda que en ambos casos, el método de ejecución presupuestaria aplicado ha sido la gestión conjunta;

9.  Señala que los términos y la ejecución del control y el seguimiento de los fondos de la UE en régimen de gestión conjunta han dado prueba de graves deficiencias; insta a la Comisión a que acuerde, en particular con las agencias de las Naciones Unidas, las medidas necesarias para poder confiar en el trabajo de auditoría realizado por los órganos de las Naciones Unidas y reforzar y mejorar la seguridad que aportan las actuales comprobaciones, incluidas las verificaciones;

10.  Recuerda que la actual revisión del Reglamento financiero propone que los fondos de la UE que se canalicen a través de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales se gestionen de acuerdo con las normas de la gestión indirecta;

11.  Subraya que los requisitos de control para la gestión indirecta de los fondos de la UE deben ser tan rigurosos como los de la gestión compartida; insiste en que se establezca el mismo nivel de rendición de cuentas para la gestión indirecta de fondos de la UE por parte de socios de ECHO que el contemplado en el artículo 57, apartado 5, de la propuesta de la Comisión para el Reglamento financiero; destaca que el acceso a los informes de auditoría de los socios de ECHO es esencial para verificar la buena gestión financiera de las acciones financiadas a partir del presupuesto de la UE;

12.  Insiste en que la autoridad de aprobación de la gestión disponga oportunamente de los resultados de las auditorías, sin perjuicio de los poderes y competencias del Tribunal de Cuentas y de OLAF;

13.  Lamenta el carácter general de los informes de las Naciones Unidas, que no contienen suficiente información sobre los resultados; señala, no obstante, que, debido al principio de auditoría única de las Naciones Unidas y a que el alcance de la competencia de control de la Comisión se limita a las verificaciones y la supervisión, los informes de las Naciones Unidas son una fuente esencial de información con vistas a asegurar la responsabilidad y la transparencia;

14.  Pide a la Comisión que se cerciore de que los informes de las Naciones Unidas contengan suficiente información sobre los resultados, es decir, el rendimiento y los resultados de los proyectos en el periodo sobre el que se informa; subraya que unos indicadores cuantificables de rendimiento y de impacto deben formar parte integrante de los criterios de presentación de informes; lamenta que más del 70 % de las respuestas de ECHO a los cuestionarios del Tribunal de Cuentas para su Informe Especial 15/2009 revelen que los informes de las Naciones Unidas se presentaron con retraso, y pide a la Comisión que le informe de la situación actual a este respecto;

15.  Señala que existen diferencias entre la Comisión y los firmantes del Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (FAFA) en cuanto a la interpretación de la cláusula de verificación del Acuerdo, en particular sobre la cuestión de la realización de controles; celebra la adopción en julio de 2009 de términos de referencia normalizados para las verificaciones, como un medio para facilitar más orientación y clarificación sobre el funcionamiento de la cláusula de verificación; recuerda que, de acuerdo con los más recientes resultados del Sector de Auditoría Externa de ECHO y del Tribunal de Cuentas Europeo en el marco del ejercicio anual de la DAS, podría aportarse mayor claridad en los términos de referencia y la cláusula de verificación acordados;

16.  Observa que el Servicio de Auditoría Externa apenas se ha beneficiado del aumento de personal en la sede de la DG ECHO en 2010 (que pasó de 247 a 289 personas);

17.  Lamenta las dificultades que ha encontrado el Tribunal de Cuentas Europeo para tener acceso a la información sobre las acciones realizadas por socios de las Naciones Unidas; recuerda que la cláusula de verificación del Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (FAFA) prevé que la UE (y por tanto, el Tribunal de Cuentas Europeo) puedan realizar controles financieros sobre el terreno, y que las Naciones Unidas deben facilitar toda la información financiera relevante; subraya que las Naciones Unidas deben facilitar al Tribunal de Cuentas Europeo el acceso a la información necesario, en cumplimiento de la cláusula de verificación del Acuerdo Marco Financiero y Administrativo (FAFA);

18.  Celebra los resultados positivos de las conversaciones con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), como consecuencia de las cuales el PMA y UNICEF cambiaron sus normas para que la DG ECHO pudiera tener acceso a sus informes internos de auditoría; pide a la DG ECHO que emprenda sin más dilación negociaciones similares con las demás agencias de las Naciones Unidas, con el fin de asegurar un acceso fácil y sin burocracia a sus informes internos de auditoría; pide a la Comisión que informe cada seis meses a las comisiones competentes del Parlamento sobe los avances en las negociaciones; subraya que la Comisión debe tener acceso a todos los informes internos de auditoría por medios electrónicos, y no solo en los locales de las agencias relevantes de las Naciones Unidas;

19.  Recuerda que en 2010 se iniciaron conversaciones con el PMA para acordar una metodología común, de acuerdo con la cual el PMA realizaría auditorías de los proyectos financiados por la UE; pide a la Comisión que complete este objetivo, y que emprenda negociaciones similares con los demás socios de las Naciones Unidas;

20.  Celebra los esfuerzos que está realizando en la actualidad el Grupo de Trabajo sobre responsabilidad y auditoría de la ayuda vinculada a las catástrofes, creado en el marco de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y dirigido por un miembro del Tribunal de Cuentas Europeo; recuerda que sus dos objetivos principales son: i) establecer orientaciones y buenas prácticas con vistas a obtener en último término un sistema integrado único de presentación de informes y ii) establecer orientaciones y buenas prácticas en el ámbito de la auditoría de la ayuda vinculada a las catástrofes;

21.  Opina que es un paso importante para hacer frente a los retos de la transparencia y la rendición de cuentas en la cooperación con las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales; alienta al Grupo de Trabajo a que cumpla su mandato en el plazo previsto;

22.  Señala que, desde que se revelaron los fraudes realizados por parte del Gobierno de Corea del Norte con fondos destinados a la ayuda humanitaria y al desarrollo a finales de 2006, se han multiplicado las críticas sobre la falta de transparencia, responsabilidad, eficiencia y eficacia de la gestión de los fondos por parte de las Naciones Unidas; lamenta que la reforma de las Naciones Unidas en materia de transparencia y responsabilidad siga sin avanzar de forma significativa; subraya que los Estados miembros de la UE deben dar pruebas de más voluntad política, determinación y coherencia para avanzar en la reforma y asegurar una mayor responsabilidad; pide a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que dé prioridad a esta cuestión y actúe para facilitar los progresos;

Eficiencia y eficacia de la ejecución de la ayuda humanitaria de la UE gestionada por la DG ECHO

23.  Reconoce las ventajas de la búsqueda de nuevas modalidades de obtención de financiación por la DG ECHO y sus asociados; hace un llamamiento en favor del respeto de la diversidad de los agentes en el marco de la financiación y aplicación de los programas humanitarios europeos -Naciones Unidas, Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, ONG-, teniendo en cuenta que las catástrofes suelen tener un carácter transnacional y requieren reacciones multilaterales y coordinadas; alienta los trabajos que se realizan para reforzar las capacidades de los agentes locales e incrementar la capacidad de evaluación y reacción rápidas sobre el terreno a través de las oficinas de la DG ECHO y de los expertos presentes en el terreno;

24.  Señala que es necesaria una evaluación de las necesidades precisa y coherente, como condición previa esencial para una ejecución eficaz de la ayuda humanitaria; reconoce que, gracias a la evaluación de necesidades a escala mundial (GNA) y a la evaluación de las crisis olvidadas (FCA), la ayuda humanitaria gestionada por ECHO responde al criterio fundamental de basarse estrictamente en las necesidades; insiste en la necesidad de que la Comisión mantenga sus esfuerzos para iniciar un debate sobre el establecimiento de una evaluación de las necesidades mejor coordinada y más coherente; acoge favorablemente el diálogo entre la Comisión y las Naciones Unidas al respecto;

Socios del CMA

25.  Señala el trabajo de calidad de los socios de la DG ECHO gracias a un método de selección eficaz, en particular el Contrato Marco de Asociación, y a la elaboración de normas y prácticas aplicables al sector humanitario; señala asimismo que el control efectivo del uso de los fondos en el marco de auditorías efectuadas sobre los socios por gabinetes privados es esencial y contribuye a la legitimación del sector humanitario; constata, no obstante, que, si se quiere mantener la diversidad de los socios y garantizar el acceso de las pequeñas y medianas ONG a los fondos, hay que resolver la complejidad de los procedimientos administrativos de acceso, las cargas administrativas, muy elevadas para las ONG, y las dificultades ante las auditorías por falta de recursos humanos; aboga por una adaptación de las herramientas utilizadas a las necesidades del sector humanitario y a las necesidades locales, para que la ayuda humanitaria se oriente adecuadamente y se inicie en una etapa temprana la coordinación de las diversas organizaciones de ayuda presentes en el terreno;

26.  Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la DG ECHO con el fin de promover la utilización de enfoques innovadores como el «cash-based approach», en particular las transferencias incondicionales destinadas a los grupos más vulnerables; constata que estos enfoques, al utilizar los mercados locales, pueden ser más eficientes y no implican necesariamente un riesgo fiduciario más elevado que las ayudas en especie; alienta a la DG ECHO a que siga desarrollando los «cash-based approaches» y a que incite a sus interlocutores a que los utilicen;

27.  Recuerda las conclusiones de los tres ciclos de auditorías de las sedes realizadas por el Sector de Auditoría Externa de la DG ECHO sobre la naturaleza y la solidez de las relaciones financieras entre la DG ECHO y sus socios, de acuerdo con las cuales, los fondos aportados por la Comisión se habían utilizado, en general, con una prudencia razonable y de acuerdo con las normas y reglamentaciones en vigor;

28.  Recuerda que la mayoría de las recomendaciones resultantes de las auditorías de las sedes realizadas por el Sector de Auditoría Externa sobre los socios del CMA se refieren a las normas de contratación de los socios; señala que una de las principales conclusiones de las auditorías de las sedes es que no todos los socios del CMA (sujetos tanto al mecanismo de control A- como P-) cuentan con procedimientos que cumplan plenamente los principios del anexo IV del CMA de 2008; constata que existen problemas para facilitar expedientes completos sobre la contratación y para establecer procedimientos de contratación mejor documentados y más sólidos;

29.  Señala que los socios del CMA deben abordar las siguientes cuestiones: creación de mecanismos internos de control adecuados, mejora de los sistemas de asignación de costes financieros y de su transparencia, mejora de las deficiencias en sus sistemas de contabilidad y del compromiso de su administración con las normas de calidad, creación de un sistema de gestión de riesgos para el conjunto de la organización y mejora de la sensibilización sobre los peligros de fraude y corrupción;

30.  Señala que los socios de ECHO pueden subcontratar a otros socios la ejecución de actividades de apoyo a las acciones humanitarias; lamenta la falta de procedimientos adecuados y de supervisión y gestión adecuada por parte de los socios del CMA sobe sus subcontratistas de ejecución; pide, por tanto, a la Comisión que aborde esta cuestión, teniendo en cuenta los riesgos que puede plantear en los casos de fraude la falta de acceso a los documentos justificativos, y el hecho de que ECHO no cuenta con mecanismos para identificar a los socios subcontratados para misiones de ejecución;

31.  Opina que la implicación efectiva y continua de los beneficiarios en la planificación y la gestión de la ayuda es una de las condiciones previas esenciales para la calidad y la celeridad de la reacción humanitaria, particularmente en el caso de las crisis de larga duración; señala que en muchos casos no existen mecanismos oficiales para que los beneficiarios presenten quejas o aportaciones al socio de que se trate ni normas claras en lo relativo a la protección de los denunciantes de irregularidades; subraya que se trata de una medida importante para mejorar la eficacia y la responsabilidad, así como para prevenir los posibles abusos de los materiales de ayuda; pide a la DG ECHO que establezca sin más dilación este tipo de mecanismos;

32.  Recuerda la recomendación del Sector de Auditoría Externa, de acuerdo con la cual es necesaria una mejora en el control de la distribución y de la fase posterior a la distribución por parte de personal no implicado en el proceso, con el fin de determinar si la evaluación de necesidades ha identificado todos los requisitos, y si estos requisitos se han cumplido; pide a la Comisión que ponga en práctica las lecciones aprendidas de estas actividades de control;

Socios de las Naciones Unidas

33.  Recuerda la opinión expuesta por el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial 15/2009, en la que indica que los requisitos estratégicos y legales para seleccionar los socios de forma objetiva y transparente no se habían transpuesto de forma suficiente para aplicar criterios prácticos para apoyar la toma de decisiones en el caso de socios de las Naciones Unidas; pide a la Comisión que realice y documente de forma sistemática evaluaciones oficiales en las que compare los mecanismos de entrega de la ayuda de las Naciones Unidas y de otros socios;

34.  Señala que, además de su contribución a los costes indirectos (hasta el 70 % del presupuesto de una actividad), es decir, los costes no directamente relacionados con la ejecución de un proyecto determinado, la Comisión financia una serie de costes directamente relacionados con los proyectos (costes directos) como los costes de apoyo a las oficinas locales, el personal y el transporte directamente vinculados a las actividades; señala que el nivel de apoyo a los costes, como el transporte, el almacenamiento y la manipulación (por ejemplo, en la ayuda alimentaria) varía mucho; reconoce que ello puede deberse a características propias de cada país, dependiendo de las condiciones, pero también señala que puede deberse a la necesidad de racionalizar las operaciones para hacerlas más eficaces en materia de costes; propone que la Comisión evalúe el nivel de los costes de apoyo con referencia a una amplitud normal de parámetros comparativos para cada tipo de proyecto de que se trate, con el fin de determinar si este nivel es razonable;

Otras cuestiones

35.  Subraya que además de los criterios esenciales, como la experiencia y los conocimientos especializados, las actuaciones del pasado, la coordinación, el diálogo y la celeridad, la relación coste-eficacia también debe ser un criterio importante para la selección de socios; celebra que ECHO trabaje actualmente en el desarrollo de un sistema de información sobre costes comparativos («Cost Observed for Results»), basado en unidades de coste comparables; subraya la importancia de utilizar la información obtenida gracias a esta herramienta para analizar la relación coste-eficacia de las propuestas de proyectos;

36.  Destaca que el presupuesto de la DG ECHO se complementa con frecuencia, bien recurriendo a la reserva para ayudas de emergencia, bien mediante transferencias de otras líneas presupuestarias del capítulo de ayuda exterior del FED; opina que estos complementos presupuestarios son un problema estructural; destaca la necesidad de elaborar un presupuesto realista en el que se consignen dotaciones para las catástrofes naturales o las acciones humanitarias sobre la base de la experiencia confirmada en materia de gasto en los ejercicios anteriores;

37.  Subraya que la Unión Europea debe reforzar su capacidad de reacción ante la multiplicación de catástrofes naturales graves; en este sentido, recuerda que el Parlamento Europeo aboga desde hace muchos años por un presupuesto humanitario más realista con el fin de evitar la crónica sub-financiación de las líneas presupuestarias correspondientes y poder garantizar algún margen de maniobra financiera durante la totalidad del ejercicio, así como mantener un equilibrio coherente entre la financiación de acciones destinadas a prevenir desastres humanitarios y acciones para responder rápidamente a las catástrofes, ya sean naturales o provocadas por el hombre;

38.  Se congratula por la reciente comunicación de la Comisión sobre el marco financiero plurianual 2014-2020 que establece un aumento del presupuesto del instrumento de ayuda humanitaria, esto es, 6 400 millones de euros para este período (es decir, una media anual de 915 millones de euros en lugar de los 813 millones de euros para 2007-2013); constata también con satisfacción el aumento de la reserva de ayuda urgente para este mismo período hasta 2 500 millones de euros, así como la propuesta de prorrogar los fondos no utilizados de la reserva al ejercicio siguiente, y pide a la Comisión que estos fondos sigan destinados a las necesidades humanitarias urgentes;

39.  Pide que el presupuesto de la UE apoye acciones destinadas a anticipar las catástrofes, a prepararse con anterioridad, a prevenirlas y a reaccionar más rápidamente, así como medidas para asegurar una mayor flexibilidad al emprender acciones de desarrollo como un medio para salir de las situaciones de crisis; lamenta los escasos progresos concretos en el ámbito de los vínculos entre la ayuda de urgencia, la rehabilitación y el desarrollo, a pesar de la multiplicación de compromisos políticos en los últimos años;

40.  Pide, por tanto, que se pongan a disposición más medios y mejor gestionados para garantizar la continuidad de la ayuda en las fases de transición entre la urgencia y el desarrollo, y que la reflexión se centre en una mayor flexibilidad y complementariedad de los dispositivos financieros existentes, en particular en el marco de los documentos estratégicos por país y por región del FED y del ICD; exhorta a apoyar especialmente a los niños, las mujeres embarazadas y las madres de niños pequeños, proporcionándoles alimentos, ropa, medios de evacuación y transporte y asistencia médica, con el fin de prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, acciones prioritarias para los mecanismos financieros existentes;

41.  Recomienda que la primera prioridad en esta fase transitoria orientada a la rehabilitación entre la ayuda de emergencia y el desarrollo sea la creación de capacidades de las instituciones locales y un alto nivel de participación de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones locales en las fases de planificación y ejecución, con el fin de facilitar y fundamentar sólidamente unos programas de desarrollo humano de alta calidad y eficacia;

42.  Considera satisfactoria la visibilidad de las acciones financiadas por ECHO; reconoce la importancia de las medidas para asegurar la visibilidad en términos de responsabilidad y para contribuir a reducir el riesgo de doble financiación; subraya que ello no debe convertirse en una forma de «promoción de marca» para las agencias humanitarias ni resultar en que compitan por alcanzar visibilidad a expensas de responder a las necesidades reales de los beneficiarios;

43.  Considera que el papel cada vez más importante que se concede a los consorcios tiene un efecto potencialmente positivo en términos de aumento de la respuesta humanitaria y de mejora de la coordinación; pide a la Comisión que facilite orientaciones más claras para garantizar la transparencia y asegurar que los consorcios no afecten de forma negativa a la diversidad de la comunidad de ONG, en particular la de las pequeñas y medianas organizaciones;

Necesidad de sostenibilidad, coherencia y complementariedad

44.  Señala la importancia de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (VARD) para reforzar la relación entre la ayuda de emergencia, la recuperación y el desarrollo y asegurar una transición fluida desde la ayuda humanitaria a la ayuda al desarrollo; destaca que aún queda mucho por hacer para mejorar la coordinación, la eficiencia, la eficacia y la coherencia de la VARD;

45.  Celebra que la DG ECHO promueva la reducción del riesgo de catástrofe (RRC) a través del programa DIPECHO y como parte integrante de las acciones humanitarias;

46.  Pide a la DG ECHO que se concentre más en la sostenibilidad de las acciones humanitarias; insta a la DG ECHO y a otros servicios competentes de la Comisión a que den mayor relieve a la RRC y a la preparación ante las catástrofes, a reforzar la resistencia de la población en posible peligro a través de la construcción de capacidades, la formación y las medidas de sensibilización del público, y a que establezca sistemas de alerta temprana en los países con mayor riesgo y más afectados por las catástrofes, con el fin de capacitarse para que reaccionen de forma adecuada;

47.  Opina que la sensibilidad y el conocimiento de la cultura es un factor clave en la prestación eficaz de ayuda humanitaria; subraya, por ejemplo, que los productos que se entregan en las acciones humanitarias deben ser adecuados y aceptables para la población local;

48.  Pide a la DG ECHO que examine cuidadosamente los posibles efectos negativos de la ayuda humanitaria; señala, por ejemplo, que un exceso de ayuda alimentaria puede desalentar la producción local de alimentos y tener un efecto negativo en los mercados locales, poniendo así en peligro la seguridad alimentaria a largo plazo;

49.  Insta a la Comisión a que asegure mayores coherencia y complementariedad entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, tanto a nivel político como en la práctica;

50.  Considera que la actual grave crisis alimentaria en el Cuerno de África es también la trágica consecuencia de la falta de coherencia y complementariedad entre la ayuda internacional humanitaria y para el desarrollo; señala que, a diferencia de las catástrofes naturales, se trata de una crisis que se ha ido incubando gradualmente hasta alcanzar las proporciones de catástrofe humanitaria; recuerda que, por desgracia, las sequías y la escasez de alimentos han adquirido un carácter crónico en el Cuerno de África; lamenta que, a pesar del peso de la realidad y de la gran envergadura de la ayuda al desarrollo que se ha destinado a la región en las últimas décadas, no haya resultados visibles en términos de refuerzo de la autosuficiencia de los agricultores locales, un factor de garantía de la sostenibilidad;

Haití y Pakistán

51.  Lamenta que 2010 vaya a quedar en el recuerdo como el año de dos grandes catástrofes: el devastador terremoto de Haití, seguido por la epidemia de cólera, y las inundaciones sin precedentes en Pakistán;

52.  Señala que en 2010 ECHO destinó 122 millones de euros a Haití y 150 millones de euros a Pakistán, y que la ayuda humanitaria que ECHO destinó a Pakistán ha sido la mayor intervención realizada en un año;

53.  Reconoce que las dimensiones de las catástrofes y las dificultades inherentes, como las dificultades de acceso físico y las consideraciones de seguridad, han contribuido a la extrema complejidad de las circunstancias; señala que ambas catástrofes han puesto de manifiesto problemas similares;

54.  Señala que la eficacia de la coordinación internacional es una condición necesaria para la eficiencia y a eficacia de la ayuda humanitaria; reconoce el valor añadido y la necesidad de funcionar bajo el paraguas de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas durante las operaciones de ayuda humanitaria;

55.  Señala que la Comisión facilita a la OCAH un apoyo importante; lamenta que las experiencias de Haití y Pakistán hayan puesto de manifiesto la actual insuficiencia en la capacidad de coordinación de la OCAH; destaca que la capacidad de la OCAH para desempeñar su papel de coordinación se ha visto entorpecida por la falta de recursos, la inadecuada evaluación de las necesidades y el mal funcionamiento de los instrumentos electrónicos para procesar la información;

56.  Destaca el importante apoyo de la Comisión a las Naciones Unidas en su esfuerzo para desarrollar y establecer el sistema de agrupación («cluster system»); subraya que estas dos catástrofes han revelado que aún queda mucho por hacer para mejorar la eficiencia, la eficacia y la coordinación y para reforzar el empoderamiento y la responsabilidad;

57.  Señala que la Comisión no ha facilitado al ponente del Parlamento los informes finales (descriptivos y financieros) de los socios de ECHO sobre la realización de acciones humanitarias tras las catástrofes de Haití y Pakistán en 2010, con al argumento de que contenían información sensible sobre los socios de ECHO; insiste en que el Parlamento debe tener acceso a esos informes, o al menos a los datos principales sobre la eficiencia y la eficacia en la realización de las acciones, para poder formarse una opinión sobre su buena gestión financiera;

58.  Señala que la Comisión de Control Presupuestario enviará una delegación a Haití habida cuenta de los problemas notificados en relación con la ayuda asignada a Haití;

59.  Pide a la Comisión que plantee las cuestiones relacionadas con las Naciones Unidas a los organismos relevantes de esta organización;

o
o   o

60.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.
(2) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.
(3) DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0404.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0018.
(6) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 5.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0005.
(8) DO L 252 de 25.9.2010, p. 1.
(9) DO L 250 de 27.9.2011, p. 1.
(10) DO C 269 de 10.11.2009, p. 1.
(11) DO C 303 de 9.11.2010, p. 1.


Hacia un enfoque europeo coherente del recurso colectivo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre «Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo» (2011/2089(INI))
P7_TA(2012)0021A7-0012/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 4 de febrero de 2011, «Consulta Pública: »Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo'' (SEC(2011)0173),

–  Visto el proyecto de documento de orientación «Cuantificación del perjuicio en los recursos de indemnización por infracción de los artículos 101 y 102 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea», publicado por la Comisión en junio de 2011,

–  Vista la Directiva 2009/22/CE relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores(1),

–  Visto el documento de consulta para debatir el seguimiento del Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores, publicado por la Comisión en 2009,

–  Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre el Libro Blanco sobre las acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia(2),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 27 de noviembre de 2008, sobre recurso colectivo de los consumidores (COM(2008)0794),

–  Vista su resolución, de 20 de enero de 2011, sobre el Informe sobre la política de competencia 2009(3),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 2 de abril de 2008, sobre «Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia» (COM(2008)0165),

–  Visto el informe Monti, de 9 de mayo de 2010, sobre una nueva estrategia para el mercado único,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2007, titulada «Estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007–2013: Capacitar a los consumidores, mejorar su bienestar y protegerlos de manera eficaz» (COM(2007)0099),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del Derecho civil, mercantil y de familia(4),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los Estados miembros, su impacto en la mediación y su aceptación por los Tribunales(5),

–  Visto el Artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos, y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0012/2012),

A.  Considerando que en el espacio europeo de justicia, los ciudadanos y las sociedades no solo deben tener derechos, sino que también deben tener la posibilidad de obtener una tutela efectiva y eficaz de sus derechos;

B.  Considerando que varias normas de la UE recientemente adoptadas tienen por finalidad permitir a las partes en litigios transfronterizos obtener una tutela efectiva de sus derechos(6) o buscar un acuerdo extrajudicial mediante la mediación(7);

C.  Considerando que los beneficios de las modalidades alternativas de resolución de conflictos son indiscutibles, y que el acceso equitativo a la justicia debe seguir estando a disposición de todos los ciudadanos de la UE;

D.  Considerando que, de acuerdo con el Flash Eurobarómetro sobre la «Actitud de los consumidores frente al comercio transfronterizo y la protección del consumidor» publicado en marzo de 2011, el 79 % de los consumidores europeos indican que estarían más dispuesto a defender sus derechos ante los tribunales si pudieran sumarse a otros consumidores con la misma reclamación;

E.  Considerando que los consumidores afectados por un incumplimiento de la ley que deseen iniciar un procedimiento judicial para obtener una compensación de forma individual se enfrentan a menudo a importantes obstáculos en términos de accesibilidad, eficacia y coste a causa de las costas en ocasiones elevadas, los posibles costes psicológicos, los procedimientos complejos y prolongados, y la falta de información sobre las vías de recurso disponibles;

F.  Considerando que, cuando un número de ciudadanos son víctimas de una misma infracción, las acciones individuales pueden no constituir un medio eficaz para poner fin a las prácticas ilegales de que se trate u obtener una indemnización, especialmente cuando la pérdida individual es pequeña en comparación con los costes del litigio;

G.  Considerando que el funcionamiento general de los instrumentos existentes de indemnización y tutela para el consumidor concebidos a escala de la UE no se considera satisfactorio, o que tales mecanismos no son suficientemente conocidos, lo que conlleva que sean poco utilizados;

H.  Considerando que la integración de los mercados europeos y el consiguiente incremento de las actividades transfronterizas ponen de manifiesto la necesidad de un planteamiento coherente en el ámbito de toda la UE para abordar los casos en que los consumidores se encuentran con las manos vacías porque los procedimientos de reclamación colectiva de indemnizaciones establecidos en una serie de Estados miembros no prevén soluciones transfronterizas;

I.  Considerando que las autoridades nacionales y europeas son cruciales para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE y que las actuaciones privadas para exigir este cumplimiento no deberían sustituir, sino solo complementar la actuación pública;

J.  Considerando que la aplicación de la ley por las autoridades públicas poniendo fin a las infracciones e imponiendo sanciones no permite por sí sola compensar a los consumidores por los daños sufridos;

K.  Considerando que la agrupación de las demandas en un único procedimiento de recurso colectivo, o la posibilidad de que la demanda sea presentada por un órgano o entidad representativa que actúe en nombre del interés público, podría simplificar el proceso y reducir los costes para las partes afectadas;

L.  Considerando que la protección jurídica individual puede ser completada adecuadamente, aunque no sustituida, por un sistema de reclamación colectiva;

M.  Considerando que la Comisión debe respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad al formular propuestas en materias que no sean competencia exclusiva de la Unión;

1.  Acoge con satisfacción la consulta horizontal mencionada y destaca que las víctimas de actos ilícitos, ya sean ciudadanos o sociedades, deben poder reclamar una indemnización por los daños o pérdidas que hayan sufrido, especialmente en el caso de perjuicios dispersos, en el que el riesgo de incurrir en gastos puede ser desproporcionado en relación con los daños sufridos;

2.  Pone de relieve los esfuerzos del Tribunal Supremo de Estados Unidos por poner coto al recurso excesivo a los tribunales y al abuso del sistema de demandas colectivas (class actions)(8) y destaca que Europa no debe establecer un sistema de demandas colectivas del estilo del estadounidense u otro sistema que no respete las tradiciones jurídicas europeas;

3.  Celebra los esfuerzos de los Estados miembros por reforzar los derechos de las víctimas de comportamientos ilícitos mediante la adopción de normas destinadas a facilitar la reparación del perjuicio pero evitando una cultura de recurso abusivo a los tribunales, pero reconoce asimismo que los mecanismos de recurso colectivo nacionales son muy diferentes, en especial en su alcance y articulación procesal, lo que puede impedir a los ciudadanos el disfrute de sus derechos;

4.  Aplaude del trabajo de la Comisión en favor de una solución europea coherente para los recursos colectivos y pide a la Comisión que demuestre en su evaluación de impacto que, con arreglo al principio de subsidiariedad, resulta necesario actuar a escala de la UE para mejorar el vigente marco normativo en la UE, de modo que se permita a las víctimas de infracciones del Derecho de la UE recibir una indemnización por los daños que sufran y, de este modo, contribuir a aumentar la confianza de los consumidores y facilitar el funcionamiento del mercado interior;

5.  Señala los posibles beneficios de las demandas judiciales colectivas en términos de menores costes y mayor seguridad jurídica para los demandantes, los demandados y el sistema judicial, al evitar litigios paralelos con reclamaciones similares;

6.  Considera que, en lo que respecta al sector de la competencia, la actuación pública es esencial para hacer que se cumplan las disposiciones de los Tratados, para alcanzar plenamente los objetivos de la UE y para garantizar que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia hagan cumplir el Derecho de la competencia de la UE;

7.  Recuerda que, en la actualidad, los Estados miembros son los únicos que elaboran las normas nacionales por las que se determina el importe de la indemnización que puede concederse; observa, por otra parte, que el cumplimiento de la legislación nacional no debe impedir la aplicación uniforme de la legislación de la UE;

8.  Pide a la Comisión que examine minuciosamente el fundamento jurídico adecuado para las medidas que se puedan tomar en materia de recursos colectivos;

9.  Observa que la información disponible hasta ahora, en especial un estudio llevado a cabo para la DG SANCO en 2008, titulada «Evaluación de la eficacia y eficiencia de los mecanismos de recurso colectivo en la UE», indica que ninguno de los mecanismos de recurso colectivo disponibles en la UE ha tenido consecuencias económicas desproporcionadas;

Legislación vigente de la UE y órdenes conminatorias judiciales

10.  Señala que ya existen mecanismos de tutela a escala de la UE para litigios individuales, como la Directiva 2008/52/CE, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, y el Reglamento (CE) nº 805/2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, y considera que, en particular, el Reglamento (CE) nº 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, permite un acceso a la justicia mediante la simplificación de los litigios transfronterizos y la reducción de costes de las reclamaciones de cuantía inferior a 2 000 euros, pero pone de relieve que esta legislación no fue concebida para permitir un acceso a la justicia efectivo cuando un gran número de víctimas sufren un perjuicio similar;

11.  Estima que las órdenes conminatorias judiciales también podrían cumplir una función importante en la tutela de los derechos que la legislación de la UE confiere a los ciudadanos y a las sociedades y opina que los mecanismos establecidos mediante el Reglamento (CE) nº 2006/2004, sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores(9), y la Directiva 2009/22/CE, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, pueden mejorarse considerablemente para fomentar la cooperación y las órdenes conminatorias judiciales en situaciones transfronterizas;

12.  Considera que la necesidad de mejorar la reparación mediante órdenes judiciales conminatorias es particularmente acuciante en el sector medioambiental; pide a la Comisión que estudie la manera de que ese tipo de reparación se amplíe a ese sector;

13.  Considera que las órdenes conminatorias judiciales deben centrarse en la protección tanto del interés privado y como del interés público, y pide que se actúe con cautela a la hora de ampliar la legitimación a organizaciones, ya que el acceso de las organizaciones a la justicia no debe ser más fácil que para los particulares;

14.  Pide, por consiguiente, a la Comisión que refuerce e incremente la eficacia de los instrumentos en vigor, tales como la Directiva 98/27/CE, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, y el Reglamento (CE) nº 2006/2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, a fin de garantizar la aplicación de los derechos de los consumidores en la UE; pone de relieve, no obstante, que ni la Directiva 98/27/CE ni el Reglamento (CE) nº 2006/2004 permiten que se indemnice a los consumidores por los daños sufridos;

Marco horizontal jurídicamente vinculante y salvaguardias

15.  Considera que el acceso a la justicia mediante recursos colectivos está comprendido en el ámbito del Derecho procesal, y muestra su preocupación por la posibilidad de que la falta de coordinación de las iniciativas de la UE en materia de recursos colectivos conlleve una fragmentación del Derecho procesal y sobre daños de los Estados miembros que debilite, en vez de reforzar, el acceso a la justicia en la UE; pide, en caso de que tras un examen detenido se considere necesario y preferible un régimen de la Unión en materia de recursos colectivos, que toda propuesta en esta materia consista en un instrumento jurídico horizontal que incluya un conjunto común de principios, ofrezca un acceso uniforme a la justicia en la UE mediante los recursos colectivos y contemple específicamente, aunque no exclusivamente, las vulneraciones de los derechos de los consumidores;

16.  Destaca la necesidad de tomar debidamente en cuenta las tradiciones jurídicas y los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro y mejorar la coordinación de las buenas prácticas entre Estados miembros, y considera que el trabajo en un régimen de la UE para promover una reparación efectiva para los consumidores y las PYME no debe retrasar la adopción del marco horizontal;

17.  Pone de relieve que el marco horizontal tiene que cubrir los aspectos fundamentales de la obtención de una indemnización a escala colectiva; pone de relieve asimismo que, en particular, las cuestiones procesales y de Derecho internacional privado deben aplicarse a los recursos colectivos en general, con independencia del sector de que se trate, mientras que un número limitado de normas sectoriales en materia de protección de los consumidores y Derecho de la competencia, relativas a aspectos como el potencial efecto vinculante de las resoluciones adoptadas por las autoridades nacionales de defensa de la competencia, podrían establecerse, por ejemplo, en artículos o capítulos aparte del propio instrumento horizontal o en instrumentos jurídicos separados paralelos o posteriores a la adopción del instrumento horizontal;

18.  Considera que el daño o la pérdida individual es fundamental a la hora de decidir ejercitar una acción, puesto que estos se comparan inevitablemente con los potenciales costes de formular una demanda; recuerda, por tanto, a la Comisión la necesidad de que el marco horizontal sobre recursos colectivos sea un instrumento eficaz y eficiente en cuanto a los costes para todas las partes y opina que las normas procesales nacionales de los Estados miembros podrían tomar el Reglamento (CE) n° 861/2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, como referencia para los recursos colectivos cuando la cuantía de la reclamación individual no sea superior a la contemplada en el mismo;

19.  Estima que los recursos colectivos al amparo de un marco horizontal darían mejores resultados cuando el demandado y las víctimas representadas no tengan su domicilio en el mismo Estado miembro (dimensión transfronteriza) y los derechos supuestamente vulnerados hayan sido conferidos por la legislación de la UE (infracción del Derecho de la UE); pide que se siga examinando la forma de mejorar la reparación en los casos en que las infracciones de la legislación nacional tengan grandes implicaciones transfronterizas;

20.  Reitera que se deben establecer salvaguardias en el instrumento horizontal para evitar reclamaciones sin fundamento y el abuso de los recursos colectivos, de modo que se garantice un proceso justo, y destaca que estas salvaguardias deben cubrir, entre otros, los siguientes aspectos:

  

Legitimación

   para que sea admisible una demanda representativa debe existir un grupo definido con claridad, y la identificación de los miembros del grupo debe tener lugar antes de que se presente la demanda;
   el enfoque europeo del recurso colectivo debe basarse en el principio de adhesión («opt-in»), en el que las víctimas son identificadas claramente y toman parte en el procedimiento solo si indican expresamente su deseo de hacerlo, a fin de evitar posibles abusos; destaca la necesidad de respetar los sistemas nacionales en vigor, de conformidad con el principio de subsidiariedad; pide a la Comisión que tome en consideración un sistema que ofrezca la información pertinente a todas las posibles víctimas implicadas, aumente la representatividad de las acciones colectivas, permita al mayor número posible de víctimas obtener una indemnización y garantice un acceso a la justicia simple, asequible y eficaz para todos los ciudadanos de la UE, con lo que se evitaría un recurso excesivo a los tribunales y ulteriores demandas innecesarias, individuales o colectivas, por la misma infracción; pide a los Estados miembros que pongan en marcha mecanismos eficaces para garantizar que se informe al máximo número de víctimas posible y que estas conozcan sus derechos y obligaciones, especialmente cuando estén domiciliadas en diversos Estados miembros, evitando al mismo tiempo perjudicar de forma indebida la reputación de la parte acusada, a fin de respetar de forma rigurosa la presunción de inocencia;
   hay que descartar un sistema de demandas colectivas en el que las víctimas no estén identificadas antes del pronunciamiento de la sentencia por ser contrario al ordenamiento jurídico de muchos Estados miembros y violar los derechos de las víctimas que pudieran participar en el proceso sin saberlo y para los que, a pesar de ello, sería obligatoria la resolución judicial;
   los Estados miembros deben garantizar que un juez u órgano similar siga teniendo facultades discrecionales consistentes en un control previo de admisibilidad de las posibles acciones colectivas, con objeto de confirmar que se satisfacen los criterios de admisibilidad y que la acción puede ejercitarse;
   los Estados miembros deben designar organizaciones legitimadas para ejercitar acciones representativas, y sería útil disponer de criterios europeos para definir con claridad estas entidades legitimadas; estos criterios pueden basarse en el artículo 3 de la Directiva 2009/22/CE, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, pero habrán de precisarse aún más para evitar el recurso abusivo a los tribunales y para permitir el acceso a la justicia; estos criterios deben referirse, entre otros aspectos, a los recursos financieros y humanos de las organizaciones legitimadas;
   en todo caso, las víctimas deben gozar de libertad para buscar una alternativa de reparación individual ante un tribunal competente;
  

Indemnización total por daños reales

   el marco horizontal solo debe incluir las indemnizaciones por daños reales y deben prohibirse las indemnizaciones punitivas; al amparo del concepto de compensación, la indemnización que se conceda deberá repartirse entre las víctimas proporcionalmente al perjuicio que cada una haya sufrido; por lo general, en Europa no contemplan los honorarios condicionados al resultado del litigio (contingency fees) y no deben formar parte del marco vinculante;
  

Acceso a las pruebas

   no debe colocarse a los demandantes colectivos en mejor posición que los demandantes individuales con respecto al acceso a las pruebas del demandado, y cada uno de los demandantes deberá probar su derecho; la obligación de transmitir documentos a los demandantes apenas se reconoce en Europa y no debe formar parte del marco vinculante;
  

Principio de «quien pierde, paga»

   no puede ejercitarse una acción sin que haya un riesgo económico y los Estados miembros deberán elaborar sus propias normas sobre imposición de costas, de modo que la parte que pierda el proceso cargue con las costas de la otra parte, a fin de evitar la proliferación de reclamaciones sin fundamento en el mecanismo de recurso colectivo a escala de toda la UE;
  

Prohibición de financiación por terceras partes

   la Comisión no debe establecer condiciones ni orientaciones sobre la financiación de las reclamaciones de indemnización, ya que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros no se reconoce la financiación por un tercero, por ejemplo a cambio de una parte de la indemnización que se obtenga; esto no impide a los Estados miembros establecer condiciones u orientaciones sobre la financiación de las reclamaciones de indemnización;

21.  Propone que, en caso de que la Comisión presente una propuesta sobre un marco horizontal en materia de recurso colectivo, se adopte, cuando proceda, el principio de las acciones de seguimiento, de modo que el ejercicio privado de los derechos a través del recurso colectivo pueda darse cuando la Comisión o las autoridades nacionales de competencia hayan dictaminado previamente la existencia de una infracción; observa que el establecimiento del principio de acciones de seguimiento no excluye la posibilidad de prever tanto acciones independientes como acciones de seguimiento;

22.  Pide a la Comisión que estudie la forma de aumentar el conocimiento de los consumidores sobre la disponibilidad de mecanismos de recurso colectivo y de facilitar la cooperación entre las entidades legitimadas para presentar demandas colectivas; insiste en el decisivo papel que pueden desempeñar las organizaciones de consumidores y la red de centros europeos de consumidores (Red CEC) para transmitir la información al mayor número posible de víctimas de infracciones del Derecho de la UE;

23.  Destaca que muchas de las infracciones del Derecho de la Unión detectadas por la Comisión en el ámbito de las medidas de protección de los consumidores de la UE requieren un fortalecimiento de las órdenes conminatorias judiciales(10), al mismo tiempo que reconoce que estas no son suficientes cuando las víctimas han sufrido un daño y tienen derecho a una indemnización; pide a la Comisión que determine cuáles son las normas del Derecho de la UE respecto de las cuales resulta difícil obtener una indemnización;

24.  Considera que se debe proceder de este modo con el fin de señalar los ámbitos en los que el instrumento horizontal podría ofrecer indemnizaciones colectivas por incumplimiento de las normas correspondientes, así como por infracción del Derecho de la competencia de la UE; pide que estas normas del Derecho de la UE se enumeren en un anexo del instrumento horizontal;

Modalidades alternativas de solución de conflictos (ADR)

25.  Señala que los mecanismos ADR con frecuencia dependen de la voluntad de cooperación del comerciante, y considera que la disponibilidad de un sistema de reparación judicial efectivo actuaría como un sólido incentivo para que las partes acuerden una solución extrajudicial, que probablemente evitaría un considerable número de litigios; alienta el establecimiento de sistemas ADR a escala europea de modo que la resolución rápida y barata de conflictos sea más atractiva que un proceso judicial, y propone que el juez que realice el control previo de admisibilidad de una demanda colectiva goce también de la facultad de ordenar a las partes intentar de alcanzar una solución consensuada de la controversia colectiva antes de presentar una demanda colectiva; considera que los criterios elaborados por el Tribunal de Justicia(11) deben constituir el punto de partida para el establecimiento de esta facultad; subraya, no obstante, que esos mecanismos deben seguir siendo, como su propio nombre indica, una alternativa a las vías de recurso jurisdiccionales, y no una condición previa;

Competencia judicial y legislación aplicable:

26.  Pone de relieve que un marco horizontal debe incluir normas para evitar recurrir precipitadamente a los tribunales (forum shopping) sin poner en peligro el acceso a la justicia, y que debe tomarse Bruselas I como punto de partida para determinar los tribunales competentes;

27.  Pide un nuevo examen sobre cómo modificar las normas de conflicto de leyes; considera que la solución podría consistir en aplicar la ley del lugar en el que tengan su domicilio la mayoría de las víctimas, teniendo en cuenta que estas pueden decidir no adherirse a un recurso colectivo opt-in y reclamar la indemnización a título individual de conformidad con las normas generales del Derecho internacional privado establecidas en los Reglamentos Bruselas I, Roma I y Roma II;

28.  Destaca que, de conformidad con la sentencia Pfleiderer del Tribunal de Justicia (C-360/09), la Comisión debe garantizar que los recursos colectivos no pongan en peligro la eficacia del sistema de clemencia y el procedimiento de arreglo del Derecho de la competencia;

Procedimiento legislativo ordinario

29.  Insiste en que el Parlamento Europeo debe participar, en el marco de un procedimiento legislativo ordinario, en toda iniciativa legislativa en el ámbito de los recursos colectivos y que las propuestas deben basarse en una evaluación pormenorizada del impacto;

o
o   o

30.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y a los interlocutores sociales a escala de la UE.

(1) DO L 110 de 1.5.2009, p. 30.
(2) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 161.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0023.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0449.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0361.
(6) Reglamento (CE) n° 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1); Reglamento (CE) nº 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1); Reglamento (CE) n° 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143 de 30.4.2004, p. 15).
(7) Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (DO L 136 de 24.5.2008, p. 3).
(8) Wal-Mart Stores Inc. v. Dukes et al. 564 U. S. xxx (2011).
(9) DO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
(10) Study regarding the problems faced by consumers in obtaining redress for infringements of consumer protection legislation, and the economic consequences of such problems, Part I, Main report, 26 de agosto de 2008, p. 21 y siguientes.
(11) Sentencia de 18 de marzo de 2010, Alassini y otros (C-317/08, C-318/08, C-319/08 y C-320/08, aún no publicada en la Recopilación).


Lista de declaraciones nutricionales
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 en lo que se refiere a la lista de declaraciones nutricionales
P7_TA(2012)0022B7-0045/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos(1),

–  Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 en lo que se refiere a la lista de declaraciones nutricionales,

–  Visto el dictamen emitido el 13 de octubre de 2011 por el comité mencionado en el artículo 25 del Reglamento (CE) nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,

–  Vistas las directrices de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos aprobadas por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal el 14 de diciembre de 2007(2),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor(3),

–  Visto el artículo 5 bis, apartado 3, letra b), de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(4),

–  Visto el artículo 88, apartado 2 y apartado 4, letra b), de su Reglamento,

A.  Considerando que, tal y como se establece en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 1924/2006, la utilización de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables no deberá ser falsa, ambigua o engañosa;

B.  Considerando que, tal y como se establece asimismo en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1924/2006, solamente se autorizará el uso de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables si cabe esperar que el consumidor medio comprenda los efectos benéficos tal como se expresan en la declaración;

C.  Considerando que, tal y como se destaca en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1924/2006, las declaraciones nutricionales comparativas deberán comparar la composición del alimento en cuestión con una serie de alimentos de la misma categoría, incluidos los productos alimenticios de otras marcas;

D.  Considerando que, tal y como se establece en el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 1169/2011, la información alimentaria no inducirá al consumidor a error sobre la naturaleza, las propiedades y las características del alimento;

E.  Considerando que, habida cuenta de los principios subyacentes que rigen la selección de las mencionadas declaraciones nutricionales sobre los alimentos autorizadas, la nueva declaración nutricional propuesta por la Comisión «contiene ahora X % menos de [nutriente]», que se incluirá en el anexo del Reglamento (CE) nº 1924/2006, es contraria al objetivo y al contenido del acto jurídico de base por ser ambigua y confusa para el consumidor medio e inducirle a error;

F.  Considerando que la declaración introducida recientemente «contiene ahora X % menos de [nutriente]» viola el principio relativo a las declaraciones comparativas establecido en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1924/2006; que esta declaración permite la comparación de los valores nutricionales de un producto consigo mismo, independientemente del nivel inicial de dicho nutriente, que podría ser excesivamente elevado en comparación con otros productos comercializados; que no podrá figurar una declaración nutricional en productos no reformulados pero cuyo contenido de un determinado nutriente sea, no obstante, menor que el del producto reformulado de una marca diferente, lo que inevitablemente inducirá a error a los consumidores;

G.  Considerando que la declaración «contiene ahora X % menos de [nutriente]» podría suponer una competencia desleal para declaraciones ya existentes como «[nutriente] reducido» y «Light/lite (ligero)»; que para esta última es precisa una reducción de, como mínimo, el 10 % de los micronutrientes, el 25 % del sodio o el 30 % de los azúcares o las grasas en comparación con otros productos similares; que los consumidores podrían suponer que la declaración cuantificada «contiene ahora X % menos de [nutriente]» significa una reducción mayor que la reflejada por la declaración «reducido» o «light», a pesar de que para esta declaración los requisitos son mucho más estrictos que los aplicados a la declaración «contiene ahora X % menos de [nutriente]», que exige una reducción mínima de solo un 15 %;

H.  Considerando que la declaración «contiene ahora X % menos de [nutriente]» podría desincentivar a los productores a la hora de reformular sus productos en mayor medida para cumplir los requisitos de las declaraciones «reducido» o «light», ya que resulta más fácil reducir un nutriente en un 15 % que en un 30 %;

I.  Considerando que, en el considerando 4 del proyecto de Reglamento, la Comisión reconoce claramente que, cuando se reducen los azúcares, los consumidores esperan que se reduzca la energía; que, en lo que se refiere a la modificación propuesta de la declaración «grasas/azúcares reducidos», establecida en el punto 2 del anexo del proyecto de Reglamento, la Comisión también permite que esta declaración figure aunque la energía del producto en el que figura la declaración siga siendo igual a la energía contenida en un producto similar;

1.  Se opone a la adopción del proyecto de Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 en lo que se refiere a la lista de declaraciones nutricionales;

2.  Considera que el proyecto de Reglamento de la Comisión no es compatible con el objetivo y el contenido del instrumento de base;

3.  Pide a la Comisión que presente a la comisión un proyecto de Reglamento modificado;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 404 de 30.12.2006, p. 9.
(2) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/guidance_claim_14-12-07.pdf
(3) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
(4) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.


Conclusiones de la reunión informal del Consejo Europeo del 30 de enero de 2012
PDF 115kWORD 36k
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el Consejo Europeo del 30 de enero de 2012
P7_TA(2012)0023B7-0044/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo del 30 de enero de 2012,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 9 y 10 de diciembre de 2011,

–  Vista la Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro de 9 de diciembre de 2011,

–  Vista la posición del Gobierno del Reino Unido,

–  Vistos el paquete de seis medidas legislativas (el llamado «Six-Pack») y las dos propuestas de la Comisión sobre el refuerzo de la disciplina fiscal(1),

–  Vista la declaración del Presidente de la Comisión en su reunión del 18 de enero de 2012,

–  Vistos los resultados de las negociaciones celebradas en el Grupo de trabajo ad hoc sobre el euro y en el Eurogrupo,

–  Vista la necesidad de mantener la unidad entre las partes contratantes de la zona del euro y de la zona excluida del euro,

–  Visto el texto presentado en nombre del Parlamento por sus representantes en el Grupo de trabajo ad hoc,

–  Vista su Resolución, de 18 de enero de 2012, sobre las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo (8-9 de diciembre de 2011) sobre el proyecto de Tratado internacional para una unión de estabilidad presupuestaria(2),

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

1.  Reafirma su Resolución de 18 de enero de 2012, tomando nota al mismo tiempo del texto definitivo del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria y reiterando su opinión de que habría sido mejor alcanzar un acuerdo con arreglo a la legislación de la UE; lamenta que no fuera posible alcanzar un acuerdo entre todos los Estados miembros, dada la objeción del Primer Ministro del Reino Unido;

2.  Señala, no obstante, que prácticamente todos los elementos que contiene el nuevo Tratado pueden realizarse, e incluso ya se han realizado en gran medida, dentro del actual marco jurídico de la UE y a través del Derecho derivado, excepto en lo que se refiere a la «regla de oro», la norma de la mayoría cualificada inversa y la participación del TJUE;

3.  Considera que el texto definitivo mejora en varios aspectos el texto original y que se han incorporado varias modificaciones propuestas por el Parlamento, en particular:

   el compromiso de que el método comunitario se aplicará plenamente;
   la aplicación de la estabilidad, la coordinación y la gobernanza por medio del Derecho derivado y con la participación plena del Parlamento;
   la mayor, aunque incompleta, coherencia entre el paquete de seis medidas legislativas y el nuevo Tratado;
   el reconocimiento de los derechos de las partes contratantes cuya moneda no es el euro a participar en las cumbres sobre el euro que versen sobre la competitividad, la arquitectura general de la zona del euro y las normas fundamentales que se aplicarán en el futuro;
   la previsión de cooperación entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales sobre la base de un común acuerdo y de conformidad con el Tratado;
   el añadido de una referencia a los objetivos de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y cohesión social;
   el compromiso de incorporar el contenido del acuerdo al marco jurídico de la UE en un plazo de cinco años;

4.  Reconoce que la estabilidad presupuestaria es un componente importante de la solución de la crisis actual; insiste, no obstante, en que la recuperación económica exige medidas que refuercen la solidaridad y estimulen el crecimiento sostenible y el empleo; acoge con satisfacción que el Consejo Europeo reconozca esto ahora, pero insiste en la necesidad de medidas concretas y de gran alcance;

5.  Reitera su petición de que se cree rápidamente un fondo de amortización basado en la propuesta del Consejo de expertos económicos alemán; pide que se incorpore la legislación necesaria en ese sentido para la creación de un fondo de amortización, preferentemente en el marco del procedimiento legislativo en curso relativo al paquete de dos medidas legislativas; lamenta que todavía no se haya puesto en marcha; pide a la Comisión que proponga medidas enérgicas para fomentar el crecimiento y el empleo;

6.  Pide ahora, además de los grupos de medidas destinadas a garantizar la estabilidad presupuestaria, que se creen bonos de proyectos, una hoja de ruta sobre bonos de estabilidad y la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea del que la Comisión ya ha presentado una propuesta;

7.  Señala también que en el nuevo acuerdo faltan elementos importantes:

   que se evite la duplicidad de normas entre las disposiciones del acuerdo y las del Tratado de Lisboa que forman parte del acervo comunitario;
   que todas las partes contratantes del acuerdo, miembros actuales y futuros de la zona del euro, gocen del mismo derecho a participar plenamente en todas las cumbres sobre el euro;

8.  Lamenta que el texto definitivo no refleje la petición del Parlamento de que su Presidente participe sin reservas en las reuniones informales de las cumbres sobre el euro; insiste en que el presidente electo de las cumbres sobre el euro debe enviar una invitación permanente para una plena participación;

9.  Insiste en que las partes contratantes deben respetar plenamente su compromiso de incorporar, en un plazo máximo de cinco años, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en los tratados de la UE, y pide que en esta ocasión se aborden las deficiencias existentes en el Tratado de Lisboa;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, al Presidente del Consejo Europeo, al Presidente del Eurogrupo, a los Parlamentos nacionales, a la Comisión y al Banco Central Europeo.

(1) Reglamento sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros (COM(2011)0819) y Reglamento sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios (COM(2011)0821).
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0002.


Irán y su programa nuclear
PDF 123kWORD 43k
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre Irán y su programa nuclear
P7_TA(2012)0024RC-B7-0017/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Irán,

–  Vista la declaración de 22 de enero de 2011 de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en nombre del Grupo E3+3 a raíz de las conversaciones mantenidas con Irán en Estambul los días 21 y 22 de enero de 2011,

–  Vista la carta de la Alta Representante de la Unión al Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de la República Islámica de Irán, Saeed Jalili, de 21 de octubre de 2011,

–  Visto el informe del Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), de 8 de noviembre de 2011, sobre la aplicación del acuerdo de salvaguardias en relación con el TNP y de las disposiciones pertinentes de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irán,

–  Vista la resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA de 18 de noviembre de 2011,

–  Vista la declaración de 18 de noviembre de 2011 de la Alta Representante de la Unión sobre la resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA,

–  Vista la declaración de 29 de noviembre de 2011 de la Alta Representante de la Unión sobre el asalto y pillaje de la Embajada del Reino Unido en Teherán,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre Irán de 14 de noviembre de 2011, 1 diciembre de 2011 y 23 de enero de 2012,

–  Vistos la adhesión de Irán al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), la obligación de los Estados Parte en dicho Tratado de cumplir plenamente todas sus obligaciones y el derecho de los Estados Parte, de conformidad con los artículos I y II del Tratado, a desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación alguna,

–  Vista la Recomendación de su Comisión de Asuntos Exteriores destinada al Consejo sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando defienden sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Irán, al ratificar el TNP, ha renunciado a dotarse de armas nucleares y está obligado jurídicamente a declarar y situar todas sus actividades nucleares, incluido el material nuclear, bajo las garantías del OIEA;

B.  Considerando que Irán aún debe cumplir sus obligaciones con arreglo a todas las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, siendo la Resolución 1929 (2010) la más reciente, y que debe responder a todos los requisitos establecidos por la Junta de Gobernadores del OIEA, que reclaman el acceso pleno e incondicional del Organismo a todos los lugares, equipos, personas y documentos, lo que le permitiría controlar adecuadamente el programa nuclear de Irán y cumplir su función de vigilancia nuclear;

C.  Considerando que, en su informe de noviembre de 2011, el OIEA expresa su grave preocupación por las posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán, ya que podrían seguir en curso algunas actividades relacionadas con el desarrollo de un dispositivo nuclear explosivo;

D.  Considerando que el 27 de diciembre de 2011 el Vicepresidente iraní, Reza Rahimi, amenazó con recurrir a la fuerza militar para cerrar el estrecho de Ormuz en caso de que se impusieran sanciones sobre las exportaciones de petróleo de Irán; que se ha producido un nuevo despliegue de fuerzas navales de Europa y los Estados Unidos para contrarrestar esta amenaza y que el nivel de alerta militar ha pasado a ser «elevado» en toda la región;

E.  Considerando que, incumpliendo las obligaciones que le incumben en virtud del TNP, Irán ha construido clandestinamente una planta de enriquecimiento en Fordo, cerca de Qom, y no ha notificado al OIEA su existencia hasta mucho después de iniciada su construcción; que ese secretismo socava aún más la confianza en las garantías de Irán sobre el carácter meramente civil de su programa nuclear;

F.  Considerando que el 5 de enero de 2012 el Ministro turco de Asuntos Exteriores, Ahmet Davutoğlu, transmitió una invitación de la Alta Representante de la Unión para que Irán reanudase las conversaciones en materia nuclear con el Grupo E3+3; que, durante la visita del Ministro de Asuntos Exteriores turco, el Ministro de Asuntos Exteriores iraní, Ali Akbar Salehi, declaró que Irán está dispuesto a reanudar las conversaciones;

G.  Considerando que los Ministros de Asuntos Exteriores de la UE han acordado nuevas medidas restrictivas contra Irán en el sector de la energía, incluido un embargo gradual a las importaciones de petróleo crudo iraní a la UE, en el sector financiero, incluidas medidas contra el Banco Central de Irán, y en el sector de los transportes; considerando que también han acordado nuevas restricciones a la exportación, en particular de oro y de mercancías y tecnologías sensibles de doble uso, y han ampliado la lista de personas y entidades objeto de las medidas, incluidas algunas que están bajo el control del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica;

H.  Considerando que el Consejo ha reafirmado una vez más el compromiso de trabajar en favor de una solución diplomática a la cuestión nuclear iraní, de conformidad con el enfoque de doble vía;

I.  Considerando que el Consejo ha reafirmado que el objetivo de la UE sigue siendo lograr una solución global y duradera que instaure la confianza internacional en la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear iraní, respetando a la vez el legítimo derecho de Irán a hacer un uso pacífico de la energía nuclear de conformidad con el TNP;

1.  Reitera que los riesgos de proliferación derivados del programa nuclear iraní siguen siendo fuente de gran inquietud en la UE, y expresa su profunda preocupación por la declaración del informe del OIEA de que existe información fiable según la cual Irán ha llevado a cabo actividades relacionadas con el desarrollo de un dispositivo explosivo nuclear;

2.  Lamenta profundamente la aceleración de las actividades de enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que vulnera así seis resoluciones del CSNU y once resoluciones de la Junta del OIEA, como lo demuestra el reciente inicio de las operaciones de enriquecimiento de uranio hasta un nivel superior al 20 % en la planta subterránea de Fordo, cerca de Qom;

3.  Reitera su llamamiento para que Irán ponga fin inmediatamente al desarrollo de tecnología de enriquecimiento, que va mucho más allá de lo necesario para garantizar el suministro de energía para fines civiles, y que no tiene en cuenta la inquietud internacional sobre las intenciones militares clandestinas;

4.  Apoya las nuevas medidas restrictivas adoptadas por el Consejo contra Irán en los sectores de la energía y las finanzas, así como las sanciones adicionales contra personas y entidades, incluidas algunas controladas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica; reconoce que las sanciones y las medidas diplomáticas podrían contribuir a que el Gobierno iraní aceptase y respetase las resoluciones de las Naciones Unidas, evitando así una nueva escalada de tensiones; observa que las sanciones no constituyen un fin en sí mismas y que, hasta la fecha, las sanciones de la UE contra Irán no han conseguido los objetivos declarados;

5.  Reitera la posición defendida desde hace tiempo por la UE, consistente en que los problemas pendientes con Irán en relación con su programa nuclear se deben resolver pacíficamente, y en que no existe una solución militar para el conflicto;

6.  Señala que el embargo sobre las exportaciones de crudo iraní a la UE será gradual, y que los contratos ya concluidos podrán seguir ejecutándose hasta el 1 de julio de 2012; pide al Consejo que adopte las medidas necesarias para compensar a los distintos Estados miembros de la UE por las consecuencias del embargo;

7.  Pide que se apliquen sanciones o medidas restrictivas que sean específicas y guarden proporción con el objetivo previsto y cuyo objeto sea influir principalmente en las élites responsables de los regímenes represivos o criminales y los agentes no estatales de los Estados desestructurados y minimizar, en la medida de lo posible, las repercusiones negativas en la población civil, en particular en los grupos más vulnerables;

8.  Apoya el compromiso del Consejo de trabajar en favor de una solución diplomática de la cuestión nuclear iraní, de conformidad con el enfoque de doble vía y con el objetivo de la UE de conseguir un acuerdo global y duradero; pide a las autoridades iraníes que respondan positivamente a la oferta de negociaciones sustanciales presentada por la Alta Representante de la Unión en su carta de 21 de octubre de 2011, demostrando así claramente que están dispuestas a tomar medidas para fomentar la confianza y a participar, sin condiciones, en conversaciones significativas para abordar de forma seria las inquietudes existentes sobre la cuestión nuclear;

9.  Reitera su llamamiento a las autoridades iraníes para que cumplan las obligaciones de Irán en virtud del TNP; insta al Parlamento y al Gobierno iraníes a que ratifiquen y apliquen el Protocolo Adicional y a que apliquen plenamente las disposiciones del Acuerdo de Salvaguardias Amplias;

10.  Celebra que Irán aceptara recibir a una delegación de alto nivel del OIEA encargada de llevar a cabo inspecciones y dirigida por su Director General Adjunto, Herman Nackaerts, del 29 al 31 de enero de 2012;

11.  Conmina a Irán a que coopere plenamente con el OIEA en todas las cuestiones pendientes, principalmente en las que suscitan preocupación por la posible dimensión militar del programa nuclear iraní, en particular, facilitando al OIEA sin más dilación el acceso a todos los lugares, equipos, personas y documentos que solicite, y a que no se oponga al nombramiento de inspectores; destaca la importancia de garantizar que el OIEA disponga de todos los recursos y de la autoridad necesarios para llevar a cabo su trabajo en Irán;

12.  Apoya los esfuerzos del OIEA encaminados a supervisar el desarrollo del programa nuclear iraní con el fin de ofrecer a la comunidad internacional una visión precisa y completa de la situación;

13.  Reconoce que el diálogo y la cooperación con Turquía pueden desempeñar un papel importante para alcanzar un acuerdo;

14.  Condena enérgicamente la amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz; insta a las autoridades iraníes a que no bloqueen dicho estrecho; considera que un acto de este tipo podría provocar un conflicto regional y desencadenar represalias por parte de la comunidad internacional;

15.  Lamenta que China y Rusia sigan negándose a apoyar las sanciones contra Irán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide a Rusia que deje de proporcionar ayuda destinada al desarrollo nuclear de Irán hasta que este país cumpla plenamente las obligaciones que le incumben en virtud de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas;

16.  Condena enérgicamente el ataque a la Embajada del Reino Unido en Teherán producido el 29 de noviembre de 2011; pide al Gobierno iraní que respete sus obligaciones internacionales, incluida la Convención de Viena, en lo que se refiere a la protección de los diplomáticos y las embajadas;

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la UE, al Gobierno y al Parlamento de Turquía, al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Director General del OIEA, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Oficina del Líder Supremo y al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Irán.


La dimensión europea en el deporte
PDF 177kWORD 93k
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la dimensión europea en el deporte (2011/2087(INI))
P7_TA(2012)0025A7-0385/2011

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de enero de 2011 titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte» (COM(2011)0012),

–  Visto el Libro Blanco sobre el Deporte de la Comisión (COM (2007)0391),

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la «Lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2011)0308),

–  Vistos los dos Convenios del Consejo de Europa sobre Violencia de los Espectadores y Conducta Incorrecta de los Acontecimientos Deportivos de 19 de agosto de 1985 y sobre medidas contra el dopaje de 19 de agosto de 1990,

–  Vista su Resolución, de 5 de junio de 2003, sobre las mujeres y el deporte(1),

–  Vista su Resolución, de 22 de abril de 2004, sobre el respeto de las normas laborales fundamentales en la producción de artículos deportivos para los Juegos Olímpicos(2),

–  Vista su Resolución, de 14 de abril de 2005, sobre la lucha contra el dopaje en el deporte(3),

–  Vista su Declaración del 14 de marzo de 2006 sobre la lucha contra el racismo en el fútbol(4),

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos internacionales(5),

–  Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro del fútbol profesional en Europa(6),

–  Vista su Resolución, de 13 de noviembre de 2007, sobre la función del deporte en la educación(7),

–  Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2008, titulada «Libro Blanco sobre el Deporte»(8),

–  Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social(9),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la integridad de los juegos de azar en línea(10),

–  Vista su Resolución de 5 de julio de 2011 sobre el V Informe de cohesión de la Comisión Europea y la estrategia para la política de cohesión después de 2013(11),

–  Vista su Declaración de 16 de diciembre de 2010 sobre un mayor apoyo de la UE a los deportes de base(12),

–  Vista la Decisión del Consejo 2010/37/CE, de 27 de noviembre 2009, sobre el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que fomenten una Ciudadanía Activa (2011),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 2010, sobre el papel del deporte como fuente y vector de una integración social activa(13),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 17 de junio de 2010, sobre la nueva estrategia para la creación de empleo y el crecimiento,

–  Vista la Resolución del Consejo, de 1 de junio de 2011, relativa a un Plan de Trabajo Europeo para el Deporte para 2011-2014(14),

–  Vista la Declaración de Punta del Este de diciembre de 1999 y la mesa redonda de la UNESCO sobre deportes y juegos tradicionales (DJT)(15), que tratan del reconocimiento de los deportes y juegos tradicionales como parte del legado intangible y símbolo de la diversidad cultural,

–  Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal de primera instancia, así como las decisiones de la Comisión de Deporte,

–  Vista la Carta Europea de los Derechos de la Mujer en el Deporte (Jump in Olympia. Strong(er) Women through Sport),

–  Vista la Carta de medidas para la erradicación de la discriminación del colectivo LGBT en el deporte,

–  Vistos los artículos 6, 19 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vista la opinión del Comité de las Regiones(16) de los días 11 y 12 de octubre de 2011 y la opinión del Comité Económico y Social Europeo de los días 26 y 27 de octubre de 2011, titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte»(17),

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la Comisión de Asuntos Jurídicos, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7–0385/2011),

A.  Considerando que el deporte contribuye a la consecución de objetivos estratégicos de la Unión, que pone de relieve valores pedagógicos y culturales fundamentales y es un vector de integración, en la medida en que se dirige a todos los ciudadanos, independientemente de su sexo, origen étnico, religión, edad, nacionalidad, condición social u orientación sexual;

B.  Considerando que la naturaleza específica del deporte debería prevalecer en las decisiones del TJE y de la Comisión sobre el deporte;

C.  Considerando que todas las partes interesadas, incluidos los responsables políticos, han de tener en cuenta la naturaleza específica del deporte, sus estructuras basadas en el voluntariado y sus funciones sociales y pedagógicas;

D.  Considerando que la especificidad del deporte se entiende como el conjunto de aspectos singulares y esenciales del deporte que lo distinguen de cualquier otro sector de actividad incluyendo la económica, que debe someterse sin embargo, cuando proceda y sea oportuno, a la legislación de la Unión Europea, con arreglo a un criterio individualizador;

E.  Considerando que la acción de la UE en el ámbito del deporte siempre ha de tener en cuenta la especificidad del deporte, respetando sus aspectos sociales, pedagógicos y culturales;

F.  Considerando que el deporte es una competencia de la UE en virtud del Tratado de Lisboa, con el fin de promover la equidad y la apertura en las competiciones deportivas y la cooperación entre los organismos responsables del deporte, y de proteger la integridad física y moral de los deportistas, y fomentando la salud, los beneficios sociales, culturales y económicos del deporte, y que requiere un apoyo político y financiero adecuado;

G.  Considerando que el deporte puede significar una contribución considerable a valores positivos como la deportividad, el respeto y la inclusión social;

H.  Considerando que miles de millones de personas en todo el mundo practican deportes inventados, reglamentados y difundidos en Europa y observando, además, que el movimiento olímpico moderno fue creado en Francia por el barón Pierre de Coubertin;

I.  Considerando que la política deportiva de la UE ha de desarrollarse para abordar y respaldar los fines y objetivos del deporte tanto profesional como aficionado;

J.  Considerando que el apoyo y fomento del deporte para las personas con discapacidad psíquica o física ha de ser una prioridad en la UE, dada su importante función para la inclusión social, la salud pública y el voluntariado a través las fronteras;

K.  Considerando que el voluntariado es la piedra angular de la mayor parte del deporte aficionado en Europa;

L.  Considerando que 35 millones de voluntarios permiten el desarrollo del deporte de masas y la difusión de los ideales deportivos, mano a mano con los clubes y las asociaciones deportivas sin ánimo de lucro;

M.  Considerando que el deporte es determinante para la salud en la sociedad moderna y que, a través de su función pedagógica oficial y extraoficial, es un elemento esencial de una educación de calidad y contribuye a la realización personal de los ciudadanos de la tercera edad;

N.  Considerando que el fomento de la actividad física y del deporte permite unos ahorros considerables en términos de gasto público en materia de sanidad;

O.  Considerando que uno de los factores de motivación clave para la participación ciudadana en el deporte y la actividad física es la mejora de la salud y bienestar individuales;

P.  Considerando que las prácticas asociadas al dopaje transgreden los valores deportivos y exponen a los deportistas a graves peligros, causando unos daños graves y permanentes a la salud;

Q.  Considerando que el deporte de alto nivel exalta algunos de sus valores más fundamentales y los transmite a la sociedad, en la que fomenta la práctica del deporte;

R.  Considerando la situación precaria en la que se encuentran numerosos atletas de alto nivel al término de sus carreras deportivas;

S.  Considerando que es fundamental preparar a los atletas de cara a su reconversión profesional permitiéndoles acceder a una enseñanza general o una formación profesional simultáneas a su formación deportiva;

T.  Considerando que se han de salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de los deportistas,

U.  Considerando que las competiciones deportivas pueden dar lugar a actos de violencia verbal y física y manifestaciones discriminatorias,

V.  Considerando que no se valora suficientemente la práctica del deporte entre las mujeres y que éstas se encuentran infrarrepresentadas en el seno de los órganos de decisión de las organizaciones deportivas;

W.  Considerando que las actividades deportivas requieren instalaciones, equipos y dispositivos específicos y apropiados, y que también las escuelas han de disponer de instalaciones adecuadas para fomentar la educación física;

X.  Considerando que el deporte ocupa un lugar importante en la economía europea en la medida en que representa directa o indirectamente unos 15 millones de puestos de trabajo (5,4 % de la población activa) y un valor añadido anual de aproximadamente 407 000 millones de euros (3,65 % del PIB europeo); que el florecimiento económico del deporte contribuye así a la realización de los objetivos de la estrategia Europa 2020;

Y.  Considerando que la violación de los derechos de propiedad intelectual de las organizaciones deportivas y el incremento de la piratería digital, concretamente la retransmisión no autorizada de acontecimientos deportivos en directo, ponen en peligro la economía del conjunto del sector deportivo;

Z.  Considerando que el deporte no funciona como un típico sector de la economía por la interdependencia entre los adversarios y el equilibrio competitivo que se necesita para preservar la incertidumbre de los resultados;

AA.  Considerando que el deporte no funciona como una actividad económica típica, debido a sus propias características y a sus estructuras organizativas, sustentadas en federaciones, que no funcionan como empresas comerciales, y que debe establecerse una distinción entre los intereses deportivos y los comerciales;

AB.  Considerando que el diálogo social europeo puede desempeñar una función importante, por lo que es un deber fomentarlo;

AC.  Considerando que el deporte desempeña un papel importante y sirve de disfrute a muchos ciudadanos tanto si son participantes, como seguidores o espectadores;

AD.  Considerando que los grandes eventos y la práctica deportiva brindan extraordinarias oportunidades de explotación del potencial de desarrollo del turismo en Europa, que puede ser difusor de los valores y principios vinculados al deporte;

AE.  Considerando que el modelo deportivo europeo se sustenta en una federación por cada disciplina deportiva y se caracteriza por una organización autónoma, democrática, territorial y piramidal de los mecanismos de solidaridad deportiva y financiera, como el principio de promoción y relegación, competiciones abiertas donde coexisten clubes y equipos nacionales;

AF.  Considerando que la transparencia y la responsabilidad democrática en los clubes deportivos pueden mejorarse mediante la participación de los seguidores en la propiedad y estructura de gobierno de sus clubes;

AG.  Considerando que las organizaciones deportivas tradicionales y de base desempeñan una función clave en el refuerzo de la cultura, el fomento de la inclusión social y el realce de las comunidades;

AH.  Considerando que los equipos nacionales desempeñan una función esencial, que las competiciones internacionales siguen siendo una referencia, y que conviene actuar contra las naturalizaciones de conveniencia;

AI.  Considerando que la misma naturaleza de las competiciones entre equipos nacionales implica que las federaciones y los clubes deportivos puedan valorar la formación de los deportistas nacionales;

AJ.  Considerando que el deporte, tanto en su forma profesional como de base, es vulnerable y se ve gravemente afectado por la inestabilidad financiera y que es responsabilidad de las federaciones afectadas incitar a los clubes a que adopten una cultura de planificación e inversión razonable,

AK.  Considerando que los fichajes internacionales pueden ser peligrosos para los jóvenes atletas, dado que el fracaso deportivo, la disrupción familiar y la marginación social figuran entre las posibles consecuencias cuando los jóvenes atletas abandonan su hogar a una edad demasiado temprana;

AL.  Considerando que las federaciones deportivas no disponen de medios estructurales y jurídicos para actuar de manera eficaz contra el amaño de partidos;

AM.  Considerando que los servicios de juegos de azar, debido a su especificidad, están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva sobre servicios (2006/123/CE) y de la nueva Directiva sobre derechos de los consumidores (2011/83/UE);

AN.  Considerando que la financiación del deporte de base sólo está garantizada si los titulares de licencias de juegos de azar nacionales, que pagan impuestos y financian otros proyectos de interés general en los Estados miembros, se ven obligados por ley a abonar tasas de «interés público» y están protegidos de forma eficaz contra la competencia ilegal;

AO.  Considerando que la regulación de la actividad de los agentes de los jugadores requiere una concertación entre los órganos rectores del deporte y las autoridades públicas, de modo que se puedan imponer sanciones efectivas a los agentes o intermediarios que incumplan las normas;

AP.  Considerando que el deporte puede desempeñar una función en diversos ámbitos de las relaciones exteriores de la Unión, entre otros a través de la diplomacia;

Función social del deporte

1.  Insta a la Comisión a que, vistos los beneficios de salud pública, sociales, culturales y económicos del deporte, proponga un presupuesto específico y ambicioso para la política deportiva en el futuro marco financiero plurianual (MFP);

2.  Insta a los Estados miembros a garantizar que el deporte se convierta en un tema de los planes de estudio de escuelas de todo tipo y subraya la importancia de fomentar la participación en deportes en todos los niveles educativos, ya desde los primeros años, incluyendo escuelas, universidades y comunidades locales, a las que se debe alentar a disponer de instalaciones deportivas con equipamiento adecuado;

3.  Insta a los Estados miembros a que establezcan unas directrices claras para integrar el deporte y la actividad física en todos los niveles de la enseñanza en el conjunto de los Estados miembros;

4.  Destaca la importancia de la educación a través del deporte y el potencial del deporte para ayudar a los jóvenes socialmente vulnerables a volver al buen camino, y pide a los Estados miembros, a las asociaciones nacionales, a las ligas y a los clubes que desarrollen y respalden iniciativas a este respecto;

5.  Pide a los Estados miembros que fomenten y respalden la cooperación de las escuelas y de los clubes deportivos; opina que, en este contexto, la Comisión ha de hacer uso de su función coordinadora en el deporte para recabar ejemplos de buenas prácticas de los Estados miembros y ponerlos a disposición de todas las partes interesadas en el conjunto de Europa en una base de datos central;

6.  Recomienda a la Comisión que fomente la práctica deportiva entre las personas de edad avanzada, porque permite fomentar la interacción social y facilita un nivel elevado de buena salud;

7.  Subraya que el deporte a todas las edades es un área importante de gran potencial para aumentar el nivel general de salud de los europeos y pide, por tanto, a la UE y a los Estados miembros que faciliten la participación en el deporte y promuevan un estilo de vida saludable, aprovechando plenamente las oportunidades del deporte, reduciendo así el gasto en salud;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten más apoyo a los profesionales de la salud para que promuevan la participación en el deporte y examinen la forma en que los seguros de enfermedad pueden ofrecer incentivos para estimular a los ciudadanos para la práctica de actividades deportivas;

9.  Subraya la importancia de que el deporte esté al alcance de todos los ciudadanos en cualquier contexto, en la escuela, en el trabajo, como actividad recreativa o en clubes y asociaciones;

10.  Reconoce el trabajo realizado por las entidades que se dedican a organizar actividades deportivas para las personas con discapacidad intelectual o física en el conjunto de la UE; pide a la Comisión, a los Estados miembros y las entidades deportivas que promuevan y desarrollen, con la financiación adecuada, actividades deportivas y competiciones para personas con discapacidad, en particular facilitándoles un acceso equitativo al deporte y a instalaciones deportivas de uso gratuito adaptadas a sus necesidades;

11.  Destaca el gran poder de integración social del deporte en muchas áreas, entre las que figuran el compromiso cívico y la noción de democracia, el fomento de una buena salud, el desarrollo urbano, la integración social, el mercado laboral, el empleo, la formación y la enseñanza;

12.  Alienta a los Estados Miembros así como a las instituciones comunitarias a que refuercen las ayudas que ofrecen a las organizaciones que luchan por la integración de personas en riesgo de exclusión social a través del deporte y aquellas que promueven la práctica deportiva entre personas con discapacidad física o intelectual;

13.  Alienta a los Estados miembros a que incluyan permanentemente el deporte en los programas y servicios para la integración real de todos los grupos con riesgo de discriminación y pide a las organizaciones deportivas que adopten unos programas de entrenamiento apropiados para profesionales y voluntarios;

14.  Destaca la función ejemplar del deporte para la sociedad, e insta a los órganos rectores del deporte a que lideren la lucha contra la discriminación institucional;

15.  Recuerda que la discriminación de género no se ha de tolerar en el deporte, y pide que la aplicación de la Carta Olímpica se extienda a todos los acontecimientos deportivos, especialmente los europeos;

16.  Insta al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y a los órganos de gobierno deportivos nacionales que se comprometan a hacer frente a la homofobia y a la transfobia y que apliquen adecuadamente la legislación y las políticas de lucha contra la discriminación, en particular por lo que respecta al colectivo de deportistas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales;

17.  Pide a los Estados miembros que pongan mayor énfasis en la importancia de una educación física de calidad para ambos sexos, y sugiere que desarrollen las estrategias necesarias para abordar este asunto;

18.  Destaca que la composición de los órganos de decisión de las organizaciones deportivas ha de reflejar la composición de sus asambleas generales, así como el equilibrio de sexos entre titulares de licencias, facilitando la igualdad de acceso de hombres y mujeres a las instancias rectoras incluso a escala internacional;

19.  Incita a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan la importancia del deporte como medio de promoción de la paz, del crecimiento económico, del diálogo intercultural, de la salud pública, de la integración y de la emancipación de la mujer;

20.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que insten al Comité Olímpico Internacional a que imponga su propia norma en la Carta Olímpica que prohíbe toda demostración o propaganda política, religiosa o racista en los acontecimientos deportivos y, al mismo tiempo, que aseguren que no se ejerza presión política sobre las mujeres para violar esa norma y que no la eludan mujeres que sus países no han enviado para participar en la competición;

21.  Pide a las organizaciones deportivas que alienten la participación de la mujer en el deporte y en los órganos de Gobierno de las organizaciones deportivas, garantizando la igualdad de acceso a las actividades deportivas, en particular para las niñas y las mujeres de orígenes desfavorecidos, promoviendo la participación femenina en el deporte y confiriendo a los deportes masculinos y femeninos igual protagonismo y visibilidad; exhorta a los Estados miembros a que desarrollen medidas que permitan a las deportistas conciliar su vida familiar y su vida profesional deportiva, y promuevan la igualdad de género en las políticas deportivas gubernamentales; pide a la Comisión que fomente el intercambio de informaciones y buenas prácticas respecto de la igualdad de oportunidades para las personas de ambos sexos en el deporte;

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden las organizaciones europeas en el fomento y la realización de las recomendaciones de la Carta Europea de los Derechos de la Mujer en el Deporte;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la dimensión de género en todas sus actividades relacionadas con el deporte, con especial énfasis en: el acceso de las mujeres inmigrantes y las mujeres de minorías étnicas al deporte, el acceso de la mujer a posiciones de toma de decisiones en el deporte y la cobertura mediática de la mujer en el deporte, y que aseguren que las políticas y legislaciones deportivas se basen en la igualdad entre los sexos;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden y fomenten la investigación europea sobre el carácter específico de las actividades deportivas femeninas, las razones por las que las mujeres y chicas renuncian al deporte y la persistencia de desigualdades en el acceso de la mujer al deporte;

25.  Anima a la creación de redes de mujeres en el sector del deporte a fin de promover el intercambio de buenas prácticas y de información;

26.  Subraya que no se puede tolerar ni excusar por razones culturales o religiosas que los padres prohíban a las niñas inmigrantes practicar deportes, entre ellos la natación, en la escuela;

27.  Señala que aunque son muchas las niñas practican deporte en sus años más jóvenes, también son muchas las que lo abandonan durante la adolescencia; menciona, en este contexto, los estudios que muestran que las niñas se enfrentan a presiones abiertas o sutiles por parte de sus iguales y familias para «feminizarse» o asumir responsabilidades que les impiden practicar deporte de manera continua; anima a los Estados miembros y a las instancias deportivas nacionales a que desarrollen estrategias para que los programas y los entrenadores ayuden, en particular a las niñas que se interesan por el deporte, a desarrollar su identidad como deportistas;

28.  Insiste en la necesidad de mantener la lucha contra el dopaje, respetando las libertades individuales de los atletas, especialmente entre los más jóvenes, mediante la prevención y la información; exhorta a los Estados miembros a que luchen contra el tráfico de sustancias dopantes en el mundo del deporte de la misma manera que lo hacen contra el tráfico de drogas ilegales, y que aprueben legislaciones nacionales en este sentido, buscando, a su vez, una mayor coordinación europea en la materia; pide a la Agencia Mundial Antidopaje que cree un sistema de gestión de la localización sencillo y conforme a la legislación de la UE y hace hincapié en la necesidad de estadísticas sobre el uso de pruebas de dopaje y perdidas para establecer un enfoque a medida para luchar contra el dopaje;

29.  Cree que la adhesión de la UE al Convenio Contra el Dopaje del Consejo de Europa es un paso necesario para coordinar una aplicación más uniforme del código de la AMA en los Estados miembros;

30.  Es partidario de una mayor armonización de la normativa para lograr una cooperación efectiva entre instancias policiales y judiciales en la lucha contra el dopaje y otros tipos de manipulación de las pruebas deportivas;

31.  Pide a los Estados miembros que aborden la cuestión de la adicción a las apuestas y de la protección de los menores contra los peligros de apostar;

32.  Es partidario de formular unas normas claras sobre la protección de menores en el deporte competitivo y desarrollar otras medidas vitales de protección en concertación con las federaciones;

33.  Destaca la crucial importancia de una formación dual, deportiva y de carrera, para los jóvenes deportistas; pide por ello a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con todos los agentes interesados, elaboren unas directrices para asegurarse de que los jóvenes deportistas puedan cursar unos estudios escolares o profesionales normales, además de su formación deportiva, teniendo en cuenta las mejores prácticas de cada uno de los Estados miembros; alienta a los Estados miembros a que tengan en cuenta, a este respecto, la experiencia pertinente de antiguos deportistas profesionales para acceder a la profesión de entrenador, a que creen itinerarios concretos diseñados para los atletas de alto nivel que decidan seguir estudios superiores y a aprovechar su experiencia en beneficio del deporte en general;

34.  Insta a los Estados miembros a que desarrollen unos programas educativos diseñados para facilitar la combinación de aprendizaje y entrenamiento en el caso de los atletas profesionales;

35.  Propone que se establezca un marco de formación y cualificación para entrenadores y la formación de entrenadores y que se incorpore al marco europeo de cualificaciones y a los programas de aprendizaje a lo largo de la vida para fomentar una sociedad basada en los conocimientos y el desarrollo de la excelencia en el ámbito de los entrenadores, tanto a nivel aficionado como a nivel profesional;

36.  Destaca la función de los entrenadores en el desarrollo y en la educación de los jóvenes, no sólo para el deporte sino también para la vida; observa que los entrenadores pueden ofrecer orientaciones a los jóvenes para que desarrollen un estilo de vida sano;

37.  Pide a los Estados miembros que, en permanente consulta a las federaciones competentes, prohíban el acceso a los estadios de aficionados que exhiban comportamientos violentos o discriminatorios, y que adopten un enfoque coordinado a la hora de establecer y aplicar sanciones contra ellos, que cooperen estrechamente a fin de asegurarse de que se mantienen vigentes dichas prohibiciones para los encuentros internacionales que tengan lugar en Estados miembros distintos de aquellos en que se han impuesto y que, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades individuales, se cree un registro europeo que permita compartir información y mejorar la cooperación mediante un sistema mejorado de alerta en partidos de alto riesgo;

38.  Es partidario de que los Estados miembros desarrollen unas normas mínimas para la seguridad de los estadios, en concertación con las federaciones deportivas europeas, y adopten todas las medidas adecuadas a fin de garantizar el mejor nivel posible de seguridad para deportistas y seguidores;

39.  Señala que, cuando el deporte se practique en un entorno natural, se garantice el equilibrio entre sus ventajas sociales y el respeto del entorno en el que se practique;

40.  Subraya la importancia de los acontecimientos deportivos para el turismo a nivel local y nacional, y pide a los Estados miembros que fomenten el desarrollo de este sector de actividad económica y comercial;

Dimensión económica del deporte

41.  Es partidario de que se reconozca el carácter específico del deporte en los ámbitos del mercado interior y de la legislación sobre competencia, por lo que pide a la Comisión que adopte directrices sobre la aplicación de la normativa de la UE al deporte a fin de resolver las muchas incertidumbres jurídicas;

42.  Observa que el patrocinio supone un salvavidas financiero vital que ofrece muchas posibilidades en el deporte, dentro del respeto de los principios de juego limpio financiero;

43.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que otorguen un estatus elevado a las actividades voluntarias en el ámbito deportivo; Reitera la importancia de los voluntarios en el deporte y subraya la necesidad de establecer un marco de reconocimiento social y de proporcionar a los voluntarios una formación adecuada; está a favor de un intercambio de información y de comunicación de mejores prácticas entre los Estados miembros a fin de promover el voluntariado en el deporte y de explorar la viabilidad de un marco legal y fiscal adecuado para las actividades de las asociaciones deportivas;

44.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen un sistema para el reconocimiento de las cualificaciones adquiridas por los voluntarios, así como de las cualificaciones necesarias para ejercer las profesiones reguladas relacionadas con el deporte;

45.  Subraya que el reconocimiento recíproco de los cursos y la formación de especialistas en un marco europeo unificado tiene especial importancia para los profesionales especializados en el deporte (árbitros, entrenadores), pues constituye una contribución a largo plazo para el aumento de la competitividad, que a su vez permitirá evitar pérdidas importantes de ingresos;

46.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una enseñanza superior a los deportistas y un reconocimiento armonizado de sus cualificaciones deportivas y pedagógicas a fin de incrementar la movilidad profesional;

47.  Incita, además, a los Estados miembros a que mejoren las estructuras para los antiguos deportistas que vuelven al mercado laboral y su integración en una carrera después del deporte profesional;

48.  Pide a los Estados miembros que busquen maneras de aliviar la carga financiera que soportan los deportistas con menores niveles de ingresos, que tienen carreras más breves e inseguras; reitera que los deportistas profesionales clasificados como atletas, la mayoría de cuyos ingresos provienen del deporte, deben gozar de los mismos derechos de seguridad social que los trabajadores;

49.  Opina que el diálogo social en el deporte es un modo adecuado de encontrar un equilibrio entre los derechos fundamentales y laborales de los deportistas y la naturaleza específica del deporte;

50.  Cree que, dada la dimensión económica del sector deportivo en constante evolución, se requieren mejoras inmediatas en asuntos relativos al deporte, en ámbitos cruciales como la libertad de circulación de trabajadores y servicios, la libertad de establecimiento, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, los derechos de propiedad intelectual y las normas sobre ayudas estatales, con el fin de garantizar que la industria del deporte se beneficia plenamente del mercado interior;

51.  Subraya que resulta fundamental la explotación comercial de los derechos de retransmisión de las competiciones deportivas sobre una base centralizada, exclusiva y territorial, a fin de asegurarse de que los ingresos se distribuyen equitativamente entre el deporte de élite y el deporte de masas;

52.  Cree que los acontecimientos deportivos considerados de gran importancia para la sociedad deben ser accesibles para el público más amplio posible; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que tomen medidas para asegurarse de que los organismos de radiodifusión televisiva sujetos a su jurisdicción no retransmitan tales acontecimientos basándose en criterios de exclusividad;

53.  Reconoce el derecho de los periodistas a acceder a los acontecimientos deportivos organizados de interés público y a informar sobre ellos con el fin de salvaguardar el derecho del público a obtener y recibir noticias e información independientes sobre los acontecimientos deportivos;

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan los derechos de propiedad intelectual sobre los contenidos deportivos dentro del respeto del derecho del público a ser informado;

55.  Considera que las apuestas deportivas constituyen un tipo de explotación comercial de las competiciones y pide a la Comisión y a los Estados miembros que protejan dichas competiciones contra todo uso no autorizado, contra los operadores sin licencia y contra las sospechas de amaño de partidos, en particular mediante el reconocimiento del derecho de propiedad intelectual de los organizadores sobre sus competiciones; que garanticen la contribución significativa de los operadores de apuestas a la financiación del deporte de base y de masas y que protejan la integridad de las competiciones, insistiendo en la educación de los atletas; opina, no obstante, que tales derechos de propiedad intelectual no han de perjudicar el derecho a emitir noticias breves, como dispone la Directiva 2007/65/CE (Directiva sobre el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva);

56.  Reitera su solicitud para que la Comisión elabore directrices sobre las ayudas estatales, indicando qué tipo de ayuda pública es legítimo para la realización de las misiones sociales, culturales y educativas del deporte;

57.  Pide a los Estados miembros que luchen con eficacia contra la corrupción y velen por la ética en el deporte; considera por ello indispensable que se establezcan en cada país unas normas estrictas de control financiero de los clubes;

58.  Incita a las asociaciones deportivas a que cooperen con los órganos encargados del cumplimiento de la ley, por ejemplo mediante el intercambio de información, en aras de un enfoque adecuado y eficaz de la lucha contra el amaño de partidos y otros tipos de fraude en el deporte;

59.  Pide a la Comisión que proponga medidas concretas destinadas a garantizar la financiación del deporte procedente de las loterías;

60.  Señala la oportunidad de la introducción por parte de la Comisión de la contabilidad satélite en el sector deportivo, ya que permite evaluar a nivel nacional las actividades relacionadas con el deporte de acuerdo con normas uniformes, lo que permite detectar las anomalías y aporta un valor añadido a la economía europea y al mercado único;

61.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que favorezcan concretamente el intercambio de buenas prácticas y una cooperación estrecha en materia técnica y de investigación en el ámbito del deporte;

62.  Considera que el papel de las autoridades locales y regionales en el desarrollo de la dimensión europea del deporte es fundamental, ya que sus tareas institucionales incluyen la prestación de servicios al público en el ámbito del deporte y la asignación de fondos para las actividades deportivas y las instalaciones necesarias;

63.  Insiste en que el deporte de base debe beneficiarse del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, facilitando la inversión en infraestructura deportiva, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a dotar a la Unión de un programa presupuestario específico en el ámbito del deporte, tal como lo permite ahora el artículo 165 TFUE;

Organización del deporte

64.  Señala que en Europa las estructuras deportivas se sustentan en los principios de nacionalidad y territorialidad;

65.  Reitera su apego al modelo deportivo europeo, en el que las federaciones desempeñan una función esencial, con una base compuesta por diversos interlocutores, entre ellos los aficionados, los jugadores, los clubes, las ligas, las asociaciones y los voluntarios, que desempeñan una función fundamental de apoyo para el conjunto de la infraestructura deportiva;

66.  Pide que se reduzcan los obstáculos al voluntariado en el deporte en toda la UE;

67.  Hace hincapié en el importante papel de las entidades locales en la promoción social del deporte para todos e invita a que dichas entidades participen activamente en los foros de debate y diálogos europeos dirigidos al mundo del deporte;

68.  Recuerda que la buena gobernanza en el deporte es una condición para la autonomía y la autorregulación de las organizaciones deportivas, de conformidad con los principios de transparencia, responsabilidad y democracia, y destaca la necesidad de una política de tolerancia cero frente a la corrupción en el deporte; subraya la necesidad de que estén debidamente representadas todas las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones;

69.  Pide a los Estados miembros y a los órganos rectores del deporte que fomenten activamente la función social y democrática de los seguidores que defienden los principios del juego limpio promoviendo su participación en las estructuras de propiedad y gestión de sus clubes deportivos y como partes importantes de los órganos de gobierno;

70.  Afirma que los clubes deportivos deben brindar la disponibilidad de sus jugadores cuando son seleccionados para los equipos nacionales, reconociendo al mismo tiempo su contribución al éxito de los grandes torneos de equipos nacionales, con la consiguiente previsión de mecanismos de aseguramiento, y subraya que no se puede aplicar un enfoque de talla única a todos los deportes;

71.  Subraya que la formación de los jugadores a escala local y unas inversiones en educación deportiva son necesarias para el desarrollo sostenible del movimiento deportivo en Europeo y la difusión de sus influencias positivas en los individuos y la sociedad; considera necesario, por tanto, asegurarse de que el deporte de alto nivel no afecte el desarrollo de jóvenes deportistas, deportistas aficionados ni al papel esencial de las organizaciones deportivas de base; destaca la necesidad de equivalencia y reconocimiento de los diplomas y las cualificaciones en el deporte;

72.  Reafirma su compromiso con la norma de los jugadores de la cantera y considera que puede ser un modelo para otras ligas profesionales en Europa; apoya la idea de avanzar en los esfuerzos de los órganos rectores del deporte para estimular la formación local de jugadores dentro de los límites de la legislación europea, reforzando así el equilibrio competitivo dentro de las competiciones y el desarrollo adecuado del modelo deportivo europeo;

73.  Considera que el desarrollo de nuevos talentos es una de las actividades primordiales de los clubes deportivos, y que una dependencia excesiva del traspaso de jugadores puede socavar los valores deportivos;

74.  Subraya la importancia de las compensaciones por formación en la medida en que constituyen un mecanismo de protección eficaz de los centros de formación y una rentabilidad equitativa de la inversión;

75.  Considera que la profesión de agente deportivo debería ser una actividad profesional regulada, sometida a la obtención de una cualificación oficial adecuada y que la residencia fiscal de los agentes deportivos debe estar en el territorio de la Unión en aras de la transparencia; pide a la Comisión que elabore y aplique, en colaboración con las federaciones deportivas, los sindicatos de jugadores y las asociaciones de agentes, un sistema de licencias y registro europeo acompañado de un código de conducta y un mecanismo sancionador;

76.  Propone que las federaciones deportivas creen un registro europeo no público de agentes de deportes, en el que dichos agentes relacionen los jugadores a quienes representan, a fin de proteger a los atletas, en particular los menores de 18, de forma que se limite el riesgo de conflictos de intereses; considera que el pago de honorarios de los agentes por razón de las transferencias se debe efectuar en varios tramos a lo largo de la duración del contrato, del que el deportista es parte contratante en virtud de la transferencia, dependiendo el pago completo del cumplimiento de dicho contrato;

77.  Pide a los Estados miembros que complementen las disposiciones reguladoras existentes sobre agentes e intermediarios de los jugadores con sanciones disuasorias, y que apliquen rigurosamente dichas sanciones;

78.  Pide a los órganos rectores del deporte que aumenten la transparencia en relación con las actividades de los agentes de los jugadores y que cooperen con las autoridades de los Estados miembros para erradicar la corrupción;

79.  Se congratula del estudio encargado por la Comisión sobre el impacto económico y jurídico de los traspasos de jugadores; opina, además, que las iniciativas de las federaciones deportivas tendentes a aumentar la transparencia en los traspasos internacionales merecen apoyo;

80.  Opina que los sistemas creados por los órganos rectores del deporte para aumentar la transparencia de los fichajes internacionales de jugadores son un paso en la buena dirección, ya que obedecen al principio de gobernanza y buena gestión y pretenden garantizar la integridad en las competiciones deportivas;

81.  Suscribe claramente su apoyo a los sistemas de licencias y a la equidad financiera, en la medida en que alientan a los clubes a competir según su capacidad financiera real;

82.  Considera que estas medidas contribuyen a mejorar la gobernanza, a restablecer la estabilidad y sostenibilidad financiera a largo plazo de los clubes y que contribuyen a la equidad financiera en las competiciones europeas, por lo que pide a la Comisión que reconozca la compatibilidad de dichas medidas con la normativa de la UE;

83.  Acoge positivamente los esfuerzos de las federaciones deportivas para prohibir que varios clubes deportivos pertenecientes a un mismo propietario participen en la misma competición; cree que se ha de prohibir que un operador de apuestas controle al organizador de una competición o a un participante en la misma, e igualmente que se ha de prohibir que el organizador de una competición o un participante en la misma controlen a un operador que proponga apuestas sobre los acontecimientos que aquellos organicen o en que participen;

84.  Exhorta a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar todas las actividades ilegales que afecten a la integridad del deporte, tipificándolas como delito, especialmente cuando estén relacionadas con las apuestas, en el sentido de que supongan una manipulación intencionada y fraudulenta del resultado de una competición o de una de sus fases de juego con el fin de obtener un beneficio no resultante de la mera práctica normal del deporte o de su natural incertidumbre;

85.  Insta a las federaciones deportivas a que cooperen estrechamente con los Estados miembros para proteger la integridad del deporte;

86.  Pide a la Comisión Europea que aborde la opacidad de los fichajes y el amaño de partidos como anuncia en su estrategia de la UE de lucha contra la corrupción, estableciendo unas normas mínimas sobre la definición de los delitos en este ámbito;

87.  Expresa su honda inquietud ante los graves actos ilegales que se cometen en el deporte, como el blanqueo de capitales, y pide a los Estados miembros que intensifiquen su cooperación par abordar estas cuestiones y asegurar una mayor transparencia en las transacciones financieras realizadas como parte de las operaciones de fichaje de jugadores y de las actividades de los agentes;

88.  Opina que se han de crear instrumentos para fomentar la cooperación entre autoridades públicas, autoridades deportivas y operadores de juegos de azar en el contexto del fraude en el deporte, y que se puede considerar una colaboración con Europol y Eurojust;

89.  Reconoce la legitimidad de las jurisdicciones deportivas para la resolución de litigios en el ámbito del deporte, en la medida en que estas respeten el derecho fundamental de los ciudadanos a un proceso justo; Hace un llamamiento en favor de que el Tribunal Arbitral del Deporte (TAD) tenga en cuenta la legislación europea cuando se trate de resolver los litigios deportivos que hayan surgido y se desarrollen dentro de la Unión;

90.  Pide a la Comisión que presente para 2012 una propuesta destinada a entender mejor las necesidades específicas del sector del deporte y a adoptar medidas prácticas para satisfacerlas, teniendo plenamente en cuenta lo dispuesto en el artículo 165 TFUE;

Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales

91.  Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que cooperen con terceros países sobre cuestiones como los traspasos de jugadores internacionales, la explotación de jugadores menores de edad, la piratería dedicada al amaño de partidos y las apuestas ilegales; también destaca la necesidad de incrementar la cooperación internacional en cuanto a la promoción del deporte en los países en desarrollo;

92.  Espera con interés los resultados de los sistemas establecidos para supervisar la transparencia, la equidad financiera y la lucha contra la corrupción y la trata de seres humanos; subraya la necesidad de que el sistema sea conforme con la legislación de la UE y con las normas en materia de protección de datos; pide a los órganos rectores del deporte que pongan en relación los datos procedentes del TMS con otros sistemas anticorrupción para establecer un control más eficaz destinado a luchar contra el amaño de resultados;

93.  Subraya la necesidad de ocuparse de los operadores de juegos de azar no autorizados, tanto de la UE como de fuera de la misma, ya que tienen la capacidad de eludir los sistemas de control del fraude en el deporte;

94.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promocionen el respeto global de los principios y cánones olímpicos en la cooperación con terceros países;

95.  Pide a los clubes que velen por que se respete la legislación en materia de inmigración a la hora de fichar a jóvenes procedentes de terceros países, y que se aseguren de que se regulen todos los términos de su contrato con conformidad a la ley vigente; pide que los jóvenes atletas puedan regresar en buenas condiciones a sus países de origen si así lo desean, especialmente si su carrera no prospera; destaca a este respecto que es esencial aplicar efectivamente la legislación;

96.  Insiste en la necesidad de reforzar la protección de los menores en los traspasos internacionales; considera, en efecto, que tales fichajes son potencialmente peligrosos para los jóvenes atletas que, al haberse vistos separados de su familia y al haber salido de su país a una edad temprana, son particularmente vulnerables, por lo que deberían recibir una atención constante por parte de las organizaciones deportivas;

97.  Exhorta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que promuevan la libertad absoluta de hombres y mujeres de practicar cualquier deporte, a pesar de las normas u obligaciones impuestas a las mujeres y relacionadas con factores culturales, tradicionales, históricos o religiosos de la sociedad;

Identidad europea a través del deporte

98.  Pide a la Comisión que amplíe los programas actuales que fomentan el deporte como instrumento de su política de desarrollo y que desarrolle nuevas iniciativas en este ámbito;

99.  Invita a la Comisión a que :

   organice anualmente un Día europeo del deporte que fomente la función social y cultural del deporte aficionado y profesional y los beneficios del deporte en términos de salud pública;
   apoye la designación anual de una «capital europea del deporte», bajo los auspicios de la ACES (Asociación de Capitales Europeas del Deporte), mediante ayuda financiera y el control necesario;
   respalde los deportes locales, tradicionales, autóctonos que forman parte de la rica diversidad cultural e histórica de la UE, simbolizando el lema «Unidad en la diversidad», aumentando la conciencia sobre estos juegos, por ejemplo mediante la promoción de un mapa europeo y de festivales europeos;
   ayude a facilitar un programa de movilidad y medidas específicas para jóvenes atletas y entrenadores aficionados, que les permitan aprender nuevos métodos de entrenamiento, establecer las mejores practicas y desarrollar a través del deporte valores europeos como el juego limpio, el respeto y la inclusión social y a que favorezca el diálogo intercultural;
   contribuya a facilitar un programa de movilidad para el intercambio de entrenadores;
   coopere con los Estados miembros y las organizaciones deportivas para proteger la integridad fundamental del deporte de base;
   respalde el trabajo de los Estados miembros sobre recogida de datos e investigación a fin de intercambiar las mejores prácticas;

100.  Entiende que la bandera europea debería ondear junto con las banderas nacionales en los grandes eventos deportivos internacionales organizados en el territorio de la Unión y sugiere a las federaciones deportivas europeas que consideren la idea de que figure en el equipamiento de los atletas de los países miembros; destaca que ha de ser absolutamente voluntario y que ha de incumbir a los Estados miembros y a las organizaciones deportivas decidir si desean hacer uso de esta opción;

o
o   o

101.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros, y a las federaciones deportivas europeas, internacionales y nacionales.

(1) DO C 68 E de 18.3.2004, p. 605.
(2) DO C 104 E de 30.4.2004, p. 1067.
(3) DO C 33 E de 9.2.2006, p. 590.
(4) DO C 291 E de 30.11.2006, p. 143.
(5) DO C 291 E de 30.11.2006, p. 292.
(6) DO C 27 E de 31.1.2008, p. 232.
(7) DO C 282 E de 6.11.2008, p. 131.
(8) DO C 271 E de 12.11.2009, p. 51.
(9) DO C 76 E de 25.3.2010, p. 16.
(10) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 30.
(11) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0316.
(12) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0498.
(13) DO C 326 de 3.12.2010, p. 5.
(14) DO C 162 de 1.6.2011, p. 1.
(15) Almaty, Kazajstán, 5 y 6 de noviembre de 2006.
(16) CdR 66/2011 fin.
(17) CESE 1594/2011 – SOC /413.


Aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre las cuestiones planteadas por los peticionarios con respecto a la aplicación de la Directiva sobre gestión de residuos y directivas afines en los Estados miembros de la Unión Europea (2011/2038(INI))
P7_TA(2012)0026A7-0335/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el derecho de petición consagrado en el artículo 227 del TFUE,

–  Vistas las peticiones recibidas e incorporadas al anexo del informe de la Comisión de Peticiones (A7-0335/2011),

–  Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas(1),

–  Vista la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal(2),

–  Vista la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos(3),

–  Vista la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos(4),

–  Vista la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente(5) (EIA),

–  Vista la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo(6),

–  Vista la Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo(7) (EIA),

–  Visto el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Aarhus, Dinamarca, 25 de junio de 1998),

–  Visto el estudio especializado «La gestión de los residuos en Europa: principales problemas y buenas prácticas», de julio de 2011,

–  Visto el artículo 202, apartado 2, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A7-0335/2011),

A.  Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido y admitido a trámite 114 peticiones a lo largo del periodo 2004-2010 sobre presuntos incumplimientos de este marco regulador por parte de los siguientes Estados miembros: Italia, Grecia, Francia, España, Irlanda (más de 10 peticiones cada uno), Bulgaria, el Reino Unido, Polonia, Rumanía, Alemania (3-10 peticiones cada uno), Austria, Hungría, Lituania, Malta, Portugal y Eslovaquia (1 petición cada uno);

B.  Considerando que la Comisión de Peticiones ha preparado cinco informes sobre visitas de investigación realizadas a Irlanda(8), Fos-sur-Mer (Francia)(9), el vertedero de Path Head (Reino Unido)(10), la Campania (Italia)(11) y Huelva (España)(12), relacionadas con peticiones relativas a residuos;

C.  Considerando que las peticiones relativas a cuestiones ambientales constituyen el principal grupo de peticiones recibidas y las relativas a residuos representan un subgrupo importante, y que el problema de los residuos afecta muy directamente a los ciudadanos de toda la UE, particularmente en lo que respecta al procedimiento de autorización de nuevos centros de gestión de residuos o a la explotación de los existentes, seguido de la preocupación por la gestión de los residuos con carácter general;

D.  Considerando que una gran mayoría de las peticiones relativas a residuos se refieren a los centros de gestión de residuos, de modo que un 40 % de ellas se refieren al procedimiento de autorización de los nuevos centros previstos y otro 40 % se refieren a la explotación de los existentes, y de estas el 75 % se refieren a vertederos y el 25 % a incineradores, mientras que el resto de peticiones plantean problemas de gestión de los residuos con carácter general;

E.  Considerando que las cifras más recientes de Eurostat (2009) demuestran que los ciudadanos de la UE generan 513 kg de residuos anuales por término medio, que muchos de los nuevos Estados miembros quedan muy lejos de la media y que los países más industrializados se sitúan en cabeza;

F.  Considerando que los países que generan mayor cantidad de residuos registran los índices más altos de reciclado, compostación e incineración de residuos para producir energía, y se acercan o llegan a cero vertidos, mientras que, por el contrario, los Estados miembros que producen menos residuos se sitúan en los primeros puestos de vertidos y registran índices mucho menores de reciclado e incluso de incineración;

G.  Considerando que algunos incineradores carecen de una infraestructura adecuada para la separación y el tratamiento de los residuos; que no parece haber unos límites claros respecto al tipo de residuos incinerados y que subsisten las dudas sobre el destino de las cenizas tóxicas resultantes de la incineración;

H.  Considerando que la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Directiva marco sobre residuos (DMR)) establece medidas destinadas a proteger el medio ambiente y la salud humana mediante la prevención o la reducción de los impactos adversos de la generación y gestión de los residuos, la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de la eficacia de dicho uso, medidas que reportan beneficios a los ciudadanos de la UE en términos de salud y bienestar al tiempo que establecen un método ambientalmente sostenible de eliminación de los residuos;

I.  Considerando que la Directiva 2008/99/CE relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal define un número mínimo de delitos graves relacionados con el medio ambiente y exige a los Estados miembros que este tipo de delitos se castigue con sanciones penales más disuasorias cuando se cometan dolosamente o por imprudencia grave;

J.  Considerando que una estrategia de gestión de residuos conforme a la DMR debe garantizar que todos los residuos sean recogidos y dirigidos a una red de instalaciones de tratamiento para su valorización y eliminación última e incluir medidas para reducir la generación de residuos en origen;

K.  Considerando que en algunas regiones, como Fos-sur-Mer (Francia – 2008), Path Head (Reino Unido – 2009), Huelva (España – 2009) y Campania (Italia – 2011), los progresos realizados en materia de reducción de residuos y de reciclado de los residuos domésticos han sido mínimos, y que los residuos domésticos y de otro tipo se han seguido depositando indiscriminadamente en vertederos, en algunos casos aparentemente mezclados con diferentes tipos de residuos industriales;

L.  Considerando que el plazo de transposición de la DMR finalizaba en diciembre de 2010, pero solo seis Estados miembros lo han cumplido y la Comisión va a adoptar medidas activas para asegurarse de que el resto complete la transposición y comience su aplicación con urgencia;

M.  Considerando que los residuos domésticos deben gestionarse con arreglo a la jerarquía de residuos, que se basa en la prevención, la reducción, la reutilización, el reciclado, la valorización (por ejemplo, energética) y la eliminación, con arreglo al artículo 4 de la DMR;

N.  Considerando que uno de los objetivos emblemáticos de la Estrategia Europa 2020 es conseguir que Europa utilice eficazmente los recursos y que la DMR introduce un objetivo de reciclado del 50 % de los residuos urbanos, que deberán cumplir todos los Estados miembros en 2020; reconociendo que la evolución de la UE hacia una economía circular y ecológica que utilice residuos como recurso es un elemento importante del objetivo de utilización eficiente de los recursos;

O.  Considerando que son varias las razones por las que no existen planes de gestión de residuos conformes a la DMR; que entre ellas figuran la falta de aplicación y cumplimiento, de personal adecuadamente formado a escala local y regional y de coordinación a nivel nacional, la insuficiencia de controles a escala de la UE, la no asignación de recursos adecuados y la falta de un sistema de sanciones, descuidando así las oportunidades de una buena gestión de los residuos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros efectos medioambientales y para reducir la dependencia de Europa de las materias primas importadas;

P.  Considerando que un factor importante, que a menudo se pasa por alto, es que la industria del reciclado ofrece un potencial de empleo de hasta medio millón de puestos de trabajo, ya que algunos tipos de residuos constituyen un recurso productivo que puede contribuir a mejorar la sostenibilidad ambiental y a avanzar hacia una economía ecológica;

Q.  Considerando que la gestión de los residuos biológicos en la UE sigue estando relativamente en pañales y que es necesario que los instrumentos legislativos actuales se desarrollen y las técnicas sean más eficientes;

R.  Considerando que el cumplimiento de los objetivos de recogida, reciclado y reducción de vertidos de la UE debe seguir siendo prioritario;

S.  Considerando que los Estados miembros son los principales responsables ‐a escala nacional, regional y local‐ de aplicar la legislación de la UE y que la UE es responsable ante los ciudadanos de velar por que se aplique la política en materia de residuos, pero no dispone de medios adecuados para hacer cumplir la legislación;

T.  Considerando que, con arreglo al Convenio de Aarhus, los ciudadanos tienen derecho a ser informados de la situación en su propio territorio y las autoridades están obligadas a proporcionar información a los ciudadanos y a motivarlos para que adopten una actitud y un comportamiento responsables; que, de conformidad con la Directiva 2003/35/CE, los Estados miembros deben garantizar que el público tenga posibilidades reales de participar desde el principio en la preparación y en la modificación o revisión de los planes o de los programas que sea necesario elaborar;

U.  Considerando que, a través del proceso de petición, los ciudadanos expresan su sensación de que las autoridades públicas no controlan la situación y a veces no están dispuestas a hacer los esfuerzos necesarios para contribuir a las soluciones, que la relación de confianza está dañada y existe una tendencia hacia la confrontación abierta, lo que paraliza la acción;

V.  Considerando que un reciente estudio(13) realizado por encargo de la Comisión con el fin de estudiar si es viable crear una agencia europea de gestión de residuos pone de relieve el hecho de que muchos Estados miembros carecen de la capacidad necesaria para preparar planes de gestión de residuos, así como para realizar inspecciones, controles y otras actuaciones destinadas a aplicar debidamente la legislación en materia de residuos;

W.  Considerando que dicho estudio ha detectado además la existencia de un alto grado de incumplimiento, vertido y traslado ilegal de residuos, numerosas reclamaciones de los ciudadanos y procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia de la UE y, por tanto, la evidencia de un fracaso en la protección de la salud pública y el medio ambiente, que es un objetivo fundamental de la legislación de la UE en materia de residuos;

X.  Considerando que el vertido ilegal de residuos forma también parte de las actividades de la delincuencia organizada, lo que plantea cuestiones sobre el papel de las autoridades responsables y, en relación con los residuos industriales, sobre la connivencia de la industria;

Y.  Considerando que los procedimientos de vigilancia y control establecidos para velar por que los residuos domésticos no se contaminen con residuos tóxicos son a veces deficientes o inexistentes, produciéndose la contaminación de los vertederos y de los incineradores; que es preciso destacar que está absolutamente prohibido eliminar residuos tóxicos por incineración en instalaciones concebidas para quemar residuos domésticos;

Z.  Considerando que el análisis en profundidad de las peticiones confirma que la legislación necesaria para establecer un sistema de gestión de residuos funcional y ambientalmente racional ya existe en gran medida y que los principales problemas son de aplicación y control de aplicación, estando un 95 % de las peticiones relacionadas con incumplimientos en los niveles locales o regionales de gobierno;

AA.  Considerando que uno de los factores cruciales que explican esta situación es la falta de información y concienciación, de capacidad administrativa y de recursos económicos y de otra índole en el nivel local;

AB.  Considerando que la Comisión ha intensificado su apoyo ‐con 4 100 millones de euros en 2005-2006‐ para mejorar la aplicación y el control de la aplicación a nivel nacional del acervo de la UE relativo a los residuos; que, no obstante, a finales de 2009, los casos de infracciones relacionadas con los residuos constituyeron el 20 % de todas las infracciones medioambientales;

AC.  Considerando que una mala gestión de los residuos tiene un coste elevado y que un sistema regional capaz de completar todo el ciclo produciría ahorros importantes;

AD.  Considerando que, aunque la aplicación de la legislación en materia de residuos en la UE es responsabilidad de las autoridades públicas, las empresas privadas y multinacionales gestionan el 60 % de los residuos domésticos y el 75 % de los residuos generados por las empresas, con una facturación anual de 75 000 millones de euros(14);

AE.  Considerando que la creación de nuevos vertederos e incineradores se rige por el anexo I, apartado 9, de la Directiva de evaluación del impacto ambiental (EIA)(15), y que requieren una EIA en virtud del artículo 4, apartado 1, o cuando menos pasar por un filtro con arreglo al artículo 4, apartado 2, si el vertedero se rige por el anexo II, apartado 11, letra b);

AF.  Considerando que las autorizaciones de vertederos se rigen por el anexo II de la Directiva EIA en el caso de que «puedan tener repercusiones importantes sobre el medio ambiente» y están sujetas a criterios de umbrales establecidos por los Estados miembros;

AG.  Considerando que el artículo 6, apartado 4, de la Directiva de EIA establece que «el público interesado tendrá la posibilidad real de participar desde una fase temprana en los procedimientos de toma de decisiones medioambientales contemplados en el apartado 2 del artículo 2 y, a tal efecto, tendrá derecho a expresar observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las opciones, a la autoridad o a las autoridades competentes antes de que se adopte una decisión sobre la solicitud de autorización del proyecto»;

AH.  Considerando que las Directivas de la UE y el Convenio de Aarhus se refieren específicamente al acceso a la información y a la participación del público en la toma de decisiones en asuntos ambientales;

AI.  Considerando que muchas peticiones señalan que el procedimiento de autorización de las instalaciones de gestión de residuos no se ajusta plenamente a la legislación de la UE, especialmente en lo que respecta a la EIA y a la consulta pública;

AJ.  Considerando que, siempre y cuando las autorizaciones respeten los parámetros establecidos en la Directiva y se haya realizado una EIA, la Comisión no tiene potestad para interferir en las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales; que, no obstante, algunos Estados miembros no han realizado una EIA minuciosa antes de otorgar su autorización para la apertura o ampliación de un vertedero o para la construcción de un incinerador;

AK.  Considerando que solo pueden emprenderse acciones judiciales una vez que un proyecto ha sido aprobado por los Estados miembros; que a los ciudadanos les cuesta entender que la UE no puede intervenir de manera efectiva hasta que haya concluido todo el procedimiento y el proyecto haya sido aprobado por los Estados miembros;

AL.  Considerando que las cuestiones planteadas por los ciudadanos durante el proceso de consulta pública y la evaluación de impacto ambiental sobre los emplazamientos previstos para la creación de nuevos vertederos se refieren con frecuencia a presuntas violaciones de zonas protegidas, como en el caso del vertedero del parque nacional del Vesubio, o a temores por el impacto negativo sobre la salud y el bienestar;

AM.  Considerando que algunas de las ubicaciones previstas para nuevos vertederos son objeto de polémica porque los peticionarios consideran que ocupan zonas protegidas por razones ambientales o culturales, como lo demuestran las peticiones relativas a un plan para abrir un nuevo vertedero en el Parque Nacional del Vesuvio, y que la ubicación de vertederos en áreas que forman parte de la red Natura 2000 debe considerarse incompatible con la legislación de la UE en materia de medio ambiente;

AN.  Considerando que la Directiva sobre vertederos establece los parámetros para la concesión de autorizaciones de explotación y para los procedimientos comunes de vigilancia durante las fases de explotación y mantenimiento posterior y que los vertederos cerrados con anterioridad a la transposición de la Directiva no están sujetos a estas disposiciones; que los criterios enumerados en la Directiva se refieren a la ubicación, el control de aguas y la gestión de lixiviados, la protección del suelo y de las aguas, el control de gases, las molestias y riegos, la estabilidad y el vallado;

AO.  Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido varias peticiones ‐en particular la que dio lugar a la misión de investigación en Path Head (Reino Unido)‐ relativas a vertederos situados muy próximos a las casas más cercanas, donde la población sufre olores nocivos, un aumento de la contaminación del aire y la propagación de plagas cerca de sus casas; que, no obstante, dado que en la legislación de la UE no se han establecido criterios más precisos sobre la proximidad de los vertederos a casas, colegios y hospitales, la definición de los requisitos precisos que han de proteger la salud humana y el medio ambiente están sujetos al principio de subsidiariedad consagrado en los Tratados;

AP.  Considerando que las peticiones relativas a vertederos expresan frecuentemente inquietud por la posible contaminación de las aguas subterráneas, debido a que es posible que los vertederos antiguos no dispongan de un revestimiento que impida la filtración a los acuíferos o a que los revestimientos parecen estropeados y generan la sospecha de filtración o a que se encuentran en terrenos geológicamente inestables y demasiado próximos a las reservas de agua subterránea y potable;

AQ.  Considerando que la Comisión informa de que desde 2001 se han incoado 177 procedimientos por infracción de la Directiva sobre vertederos y que en un inventario reciente se han detectado un mínimo de 619 vertederos ilegales en territorio de la UE;

AR.  Considerando que las peticiones y denuncias a la Comisión atestiguan la presencia de un gran número de vertederos ilegales que operan sin autorización, aunque no se conoce el número exacto por falta de una vigilancia adecuada;

AS.  Considerando que se recuerda que el vertido debe ser una solución de último recurso; que las autoridades públicas de algunos Estados miembros que se han quedado rezagados en materia de prevención, reciclado y reutilización de los residuos pueden verse presionadas para ampliar los vertederos ya existentes ‐aunque no sean conformes‐ o abrir vertederos nuevos a corto plazo como forma de eliminar basuras;

AT.  Considerando que el uso de incineradores, que ocupa un nivel bajo en la jerarquía de residuos, está muy consolidado y aceptado por los ciudadanos de algunos países que se considera que han alcanzado un alto nivel de cumplimiento de la DMR y que recuperan energía en el proceso, y considerando que los países que hasta la fecha no han utilizado la incineración podrían optar por hacerlo con el fin de recuperar los retrasos acumulados;

AU.  Considerando que esto solo puede hacerse a condición de que se mantenga un riguroso control y respeto de la legislación pertinente de la UE y teniendo en cuenta que esta clase de medidas puede provocar reticencias comprensibles entre la población más inmediatamente afectada en sus proximidades, preocupada por los efectos para su salud;

AV.  Considerando que debe reconocerse que la tecnología más reciente ha reducido las emisiones de los incineradores de forma considerable; que en algunos Estados miembros ‐en particular en los que registran altos niveles de incineración de residuos‐, la población local parece demostrar un mayor nivel de aceptación, quizás en reconocimiento a la generación de calor o energía en los incineradores, y también debido a la transparencia y accesibilidad de la información relativa a su funcionamiento;

AW.  Considerando que las autorizaciones para el establecimiento de incineradores topan con reticencias similares, con especial énfasis en los temores acerca de la contaminación del aire y los efectos negativos sobre la salud pública y las zonas de protección ambiental;

AX.  Considerando que para el establecimiento de los incineradores las autoridades públicas suelen elegir zonas que ya sufren una fuerte contaminación del aire; que no deben pasarse por alto los efectos acumulativos para la salud de los habitantes de la zona y que a menudo se deja de lado la exploración de vías alternativas para la eliminación de residuos y la producción de energía a través de la metanización;

AY.  Considerando que centrar la atención en la incineración para la producción de energía como primera opción representa, no obstante, un método de gestión de los residuos más costosa que la prevención, el reciclado y la reutilización, por lo que se debería conceder prioridad a los últimos, de conformidad con la jerarquía de residuos de la DMR;

AZ.  Considerando que lo que se requiere para cumplir los objetivos de reciclaje y prevención legalmente establecidos es la participación activa de la sociedad civil, la mejora de la participación de las partes interesadas y el aumento de la concienciación pública, mediante campañas mediáticas de sensibilización del público;

BA.  Considerando que todos los informes relativos a las misiones de investigación de la Comisión de Peticiones sobre los problemas de residuos mencionan la comunicación escasa o inexistente entre los ciudadanos y las autoridades, lo que en algunos casos puede conducir a situaciones de tensión, así como a manifestaciones de los ciudadanos, de las que se hace eco la prensa a menudo;

BB.  Considerando que la población mundial está aumentando y, por consiguiente, se espera que el consumo total aumente de modo significativo, lo que acentúa la presión sobre la gestión de residuos; que la solución a este problema requeriría, entre otras cosas, una mayor sensibilización, así como la aplicación del principio de la jerarquía de residuos;

BC.  Considerando que la Comisión de Peticiones no tiene competencias preventivas o judiciales, pero sí puede defender los intereses de los ciudadanos, en particular cuando surgen problemas en la aplicación de la legislación de la UE, colaborando con las autoridades competentes para encontrar soluciones o explicaciones a las cuestiones planteadas en las peticiones;

1.  Pide a los Estados miembros que transpongan la DMR sin más demora y garanticen el pleno cumplimiento de todos sus requisitos, en particular mediante el establecimiento y aplicación de exhaustivos planes de gestión de residuos, incluida la conversión oportuna de todos los objetivos fijados en el marco de la legislación europea;

2.  Pide a la Comisión que supervise cuidadosamente la transposición por los Estados miembros de la Directiva sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, para garantizar que se lleva a cabo con prontitud y eficacia; pide a la Comisión que preste atención al papel que desempeñan todas las formas de delincuencia organizada en relación con los delitos contra el medio ambiente;

3.  Insta a los Estados miembros a que agilicen la introducción de una estrategia avanzada de gestión de residuos conforme a la DMR, a la vista de que los residuos y la contaminación constituyen una grave amenaza para la salud humana y la integridad del medio ambiente;

4.  Pide a las autoridades públicas que reconozcan que hacen falta grandes inversiones para establecer estrategias, infraestructuras e instalaciones correctas de gestión de residuos en la mayoría de los Estados miembros, y cree que deberían plantearse destinar una parte adecuada de los recursos de los Fondos de Cohesión para este fin o solicitar financiación directa al Banco Europeo de Inversiones;

5.  Considera que es necesario reforzar la capacidad de inspección y control in situ del cumplimiento a escala de los Estados miembros y de la UE con el fin de garantizar un mayor cumplimiento de la legislación en materia de residuos e insta, por tanto, a los Estados miembros a que refuercen su capacidad de inspección, vigilancia y otras actuaciones en todas las fases de la cadena de gestión de residuos para controlar mejor el cumplimiento de la legislación en materia de residuos, y pide a la Comisión que prevea procedimientos específicos para la aplicación plena y efectiva del principio de subsidiariedad en caso de incumplimiento grave por parte de los Estados miembros;

6.  Pide a la Comisión que se proporcionen más orientaciones específicas a las autoridades competentes con el fin de facilitarles la correcta aplicación del acervo en materia de residuos, pero señala que los recursos disponibles a escala europea son actualmente inadecuados; considera por tanto que deberían adoptarse medidas financieras y administrativas complementarias con el fin de ofrecer mejores orientaciones e instalaciones de formación a los funcionarios que trabajan en el sector de los residuos;

7.  Pide a la Comisión que detecte y se concentre en las deficiencias más sistémicas de los Estados miembros en la aplicación de las Directivas relativas a los residuos, como las redes inadecuadas de instalaciones de gestión de residuos, la excesiva dependencia de los vertidos, la creciente producción per cápita de residuos o los reducidos índices de reciclado;

8.  Cree que no es aconsejable crear una nueva agencia de la UE encargada de la gestión de residuos y considera que la actual estructura institucional de la UE ‐que cuenta con la DG Medio Ambiente de la Comisión y con la Agencia Europea de Medio Ambiente como centro de excelencia y conocimiento‐ es más eficaz en cuanto al coste, aunque estas entidades deben reforzarse para que lleven a cabo una mayor actividad de supervisión y control de cumplimiento;

9.  Cree que la Agencia Europea de Medio Ambiente existente podría colaborar en este proceso y desempeñar un papel más constructivo para informar sobre las estrategias de gestión de residuos de los Estados miembros y detectar deficiencias valorando el grado de cumplimiento de la legislación de la UE por los planes de gestión de residuos establecidos por los Estados miembros;

10.  Considera que estrechando la cooperación entre las autoridades del ámbito local, regional y nacional se podrían obtener resultados positivos para identificar modelos de buenas prácticas; observa que el Comité de las Regiones, Europol, la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente, Municipal Waste Europe y la FEAD (la Federación europea que representa a la industria de gestión de residuos) podrían desempeñar un papel más útil para organizar este tipo de intercambios y ayudar así a generar confianza entre la población afectada por la aplicación de la política de residuos, de importancia esencial;

11.  Insta a los Estados miembros que afrontan crisis manifiestas en materia de residuos a que consideren el hecho de que una estrategia de gestión de residuos más eficiente ofrece oportunidades para la creación de empleo y el incremento de los ingresos, al tiempo que garantiza la sostenibilidad ambiental a través de la reutilización, el reciclado y la valorización energética de los residuos;

12.  Recuerda que la jerarquía del ciclo de los residuos es un elemento fundamental de la Directiva 2008/98/CE y que, conforme a esta Directiva, debería constituir la base para toda la gestión de residuos; observa también que los argumentos económicos abogan por seguir la jerarquía de residuos y concentrarse primero en la prevención y después en la reutilización y el reciclado antes de la incineración para producir energía, y que los vertederos antieconómicos e insostenibles deberían evitarse en la medida de lo posible;

13.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan, en este contexto, una mayor concienciación ambiental entre la población sobre las ventajas de una gestión eficiente de los residuos, en particular informándoles de las ventajas de la preselección de los residuos, de los costes reales de la recogida de residuos domésticos y de los beneficios económicos obtenidos de la valorización de dichos residuos domésticos;

14.  Cree que una cooperación más estrecha entre las autoridades de los Estados miembros y la Comisión de Peticiones cuando esta última trata los problemas directos de los ciudadanos a nivel local ofrecería una excelente oportunidad para facilitar el diálogo entre las autoridades competentes y las comunidades locales sobre las prioridades de la aplicación de las estrategias de residuos y, en algunos casos, puede constituir una solución eficaz a la hora de resolver conflictos locales;

15.  Propone que se acuerde una norma común de la UE que asigne colores a las categorías de residuos para su clasificación y reciclado, con el fin de facilitar y mejorar la participación de los ciudadanos en el proceso de gestión de los residuos, y considera que esta norma podría ayudar a los Estados miembros en sus esfuerzos por aumentar los índices de reciclado de forma rápida y significativa;

16.  Anima a establecer un diálogo temprano y eficaz entre las autoridades competentes locales y regionales y los ciudadanos del ámbito local en las fases de planificación previas a la toma de decisiones sobre la construcción de instalaciones de tratamiento de residuos, siendo a la vez conscientes de que la actitud NIMBY («no en mi patio trasero») supone un gran problema al respecto;

17.  Hace hincapié en la importancia fundamental de la plena y correcta aplicación de la Directiva de evaluación de impacto ambiental y en la adecuada coordinación de los procedimientos de autorización exigidos por la legislación en materia de medio ambiente;

18.  Pide a los Estados miembros que velen por que se realice una completa evaluación de impacto ambiental antes de tomar una decisión sobre el establecimiento o la construcción de una nueva instalación de gestión de residuos, en particular un incinerador o planta de metanización, o, como último recurso, un nuevo vertedero; cree que este tipo de evaluaciones deberían ser obligatorias;

19.  Entiende que, en algunos casos, hacen falta decisiones urgentes para gestionar crisis de residuos agudas, o para evitar que se desarrollen crisis, pero hace hincapié en que, incluso en estos casos, debe garantizarse el máximo respeto a la legislación vigente de la UE, especialmente cuando están en juego la salud y el bienestar a largo plazo de las comunidades locales;

20.  Tiene la convicción de que es obligado mejorar el diálogo entre las autoridades públicas, los operadores del sector privado y la población afectada, y de que los ciudadanos deben tener mejor acceso a información objetiva, con mecanismos más eficaces de revisión administrativa y judicial cuando sean necesarios;

21.  Insta a la Comisión a que apoye y refuerce la red de asociaciones público-privadas para proyectos de campañas de sensibilización; pide apoyo para la campaña «A limpiar el mundo», para la cual más de 400 diputados al PE han firmado una declaración por escrito de apoyo y para la que se espera el apoyo de millones de voluntarios el próximo año;

22.  Considera que debe animarse a los peticionarios a que utilicen plenamente estos mecanismos cuando existan, que pueden ser más eficaces y convenientes que las medidas a escala de la UE, particularmente cuando se trata de instalaciones de residuos específicas;

23.  Insta a la Comisión a que proponga criterios más claros y específicos para el emplazamiento de vertederos en relación con las casas, los colegios o los centros de salud locales, con el fin de que existan garantías más sólidas contra los riesgos potenciales para la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta que hay muchas variables y consideraciones locales que es preciso tomar en consideración con el máximo respeto al principio de subsidiariedad;

24.  Recomienda que las autoridades de los Estados miembros trabajen conjuntamente, en especial cuando se trate de planificar plantas de tratamiento de residuos en zonas fronterizas, y se aseguren de que se realicen evaluaciones de impacto transfronterizo que tengan en cuenta información de importancia para todos los ciudadanos y partes interesadas;

25.  Anima a la Comisión a que reconozca plenamente la relación entre una legislación ambiental eficaz que regule el patrimonio histórico y la conservación y promoción de la biodiversidad ‐como la Directiva marco sobre el agua y las Directivas sobre los hábitats y las aves silvestres‐ y las Directivas de EIA y de evaluación ambiental estratégica y la legislación relativa a la gestión de residuos;

26.  Anima a la Comisión a que garantice, cuando sea la autoridad competente, el cumplimiento de los requisitos procedimentales recogidos en el Derecho de la UE (evaluación de impacto ambiental, consulta pública), incluidos los requisitos establecidos en las Directivas para la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico;

27.  Considera que solo deberían utilizarse vertederos acreditados oficialmente, que sean compatibles con la Directiva de la UE sobre el vertido de residuos y que cuenten con las autorizaciones debidamente estipuladas, y que su localización debe estar claramente indicada y registrada, mientras que todos los demás vertederos y vertidos deben ser declarados ilegales, cerrados efectivamente, asegurados y rehabilitados, inspeccionando sus inmediaciones y alrededores para detectar posibles consecuencias negativas;

28.  Considera que es necesaria una definición pública y clara de los criterios de aceptación de los residuos, así como el establecimiento de un sistema eficaz de seguimiento de residuos ‐especialmente de los peligrosos‐ que asegure que solo se transportan y se eliminan residuos apropiados en vertederos o incineradores; cree que deberían realizarse procedimientos periódicos de muestreo y pruebas sin previo aviso en todos los Estados miembros;

29.  Considera que se debe conceder una mayor importancia a la valorización de los residuos orgánicos, especialmente en regiones esencialmente agrícolas, cuestión esta que parece haber recibido escasa atención hasta el momento;

30.  Insta a que se establezcan criterios comunes para la medición de los valores clave de emisión de los incineradores y que se puedan realizar mediciones en línea y en tiempo real para su consulta pública, con el fin de generar confianza en las comunidades locales y establecer además un sistema de alerta eficaz para el caso de que ocurran anomalías;

31.  Recuerda a los Estados miembros que, aunque los problemas surjan en el nivel de gobierno local o regional, tienen la responsabilidad de controlar y supervisar eficazmente el cumplimiento de todas las normas y autorizaciones de la UE y les anima a asegurarse de que cuentan con personal adecuado y competente para desempeñar esta función, que ha de incluir frecuentes inspecciones in situ;

32.  Observa que el vertido abierto e ilegal de residuos mezclados y sin identificar en zonas al aire libre requiere una urgente consideración, y pide que sea objeto de estrictos controles de gestión; recuerda a las autoridades competentes que, de conformidad con la Directiva PCIC (Directiva 2008/1/CE, revisada por la Directiva 2010/75/UE), deben aplicar controles estrictos al tratamiento de los distintos tipos específicos de residuos industriales, independientemente de su origen, y pide a la Comisión que haga cuanto sus competencias le permitan para controlar que las autoridades competentes efectivamente se aseguren de que los residuos se recogen, separan y tratan correctamente, por ejemplo mediante inspecciones sistemáticas, y que las autoridades regionales presenten un plan creíble;

33.  Insta a todos los Estados miembros a que adopten medidas para fomentar una mayor aceptación por parte de la población residente en las proximidades de las instalaciones de gestión de residuos existentes o proyectadas, demostrando que las autoridades competentes respetan las normas debidamente y con plena transparencia;

34.  Recomienda la imposición de sanciones y multas adecuadas y disuasorias a los vertidos ilegales de residuos, especialmente de residuos tóxicos y peligrosos, en parte para compensar los daños ambientales causados con arreglo al principio de que quien contamina, paga; considera que el vertido ilegal y voluntario en la naturaleza de residuos químicos o radiactivos altamente contaminados debe ser objeto de condenas muy severas proporcionales a los riesgos que corren las personas y el medio ambiente;

35.  Pide medidas eficaces para luchar contra toda infiltración de la delincuencia organizada en la gestión de residuos y contra las conexiones entre la delincuencia organizada y la industria o las autoridades públicas;

36.  Recomienda que, en caso de que se destinen fondos públicos a empresas privadas para la gestión del procesamiento de los residuos, las autoridades locales y/o nacionales lleven a cabo una supervisión financiera eficaz del uso de dichos fondos para garantizar el cumplimiento de las normas de la UE;

37.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
(2) DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
(3) DO L 182 de 16.7.1999, p. 1.
(4) DO L 332 de 28.12.2000, p. 91.
(5) DO L 197 de 21.7.2001, p. 30.
(6) DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
(7) DO L 156 de 25.6.2003, p. 17.
(8) DT 682330.
(9) DT 745784.
(10) DT 778722.
(11) DT 833560 + B7-0073/2011.
(12) DT 820406.
(13) Study on the feasibility of the establishment of a Waste Implementation Agency (Estudio de viabilidad sobre la creación de una agencia para el cumplimiento de la legislación en materia de residuos), informe final revisado, 7 de diciembre de 2009.
(14) «Declaración de Bruselas» de la FEAD, de 15 de febrero de 2011.
(15) Directiva 85/337/CEE.


Programa Daphne
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el programa Daphne: logros y perspectivas futuras (2011/2273(INI))
P7_TA(2012)0027A7-0006/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo EPSCO celebrado el 8 de marzo de 2010,

–  Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 presentada por la Comisión el 21 de septiembre de 2010 (COM (2010)0491),

–  Visto el plan de acción por el que se aplican las prioridades políticas fijadas en el programa de Estocolmo en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia para el periodo 2010-2014, presentado el 20 de abril de 2010 (COM(2010)0171),

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(1),

–  Vista la Decisión nº 779/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por la que se establece para el período 2007-2013 un programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (Programas Daphne III) integrado en el programa general «Derechos fundamentales y Justicia»(2),

–  Vista la Decisión n° 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II)(3),

–  Vista la Decisión nº 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de enero de 2000, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (programa Daphne) (2000-2003) sobre medidas preventivas destinadas a combatir la violencia ejercida sobre los niños, los adolescentes y las mujeres(4),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 11 de mayo de 2011, sobre la evaluación intermedia del «Programa Daphne III 2007-2013» (COM(2011)0254),

–  Vistas las Decisiones de la Comisión por las que se adoptan los programas anuales de trabajo para el Programa Daphne III,

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, para el periodo de 2014 a 2020, el programa «Derechos y ciudadanía» (COM (2011)0758),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0006/2012),

A.  Considerando que el Programa Daphne, desde su lanzamiento en 1997, ha sido un verdadero éxito, tanto en términos de popularidad entre las personas implicadas (beneficiarios, autoridades públicas y universitarias, ONG) como en términos de la eficacia de los proyectos que se han financiado en el marco de este programa;

B.  Considerando que Daphne es el único programa de este tipo con el objetivo de luchar contra la violencia en contra de las mujeres, los niños y los adolescentes a escala de la Unión Europea; considerando, por tanto, que la continuidad de la financiación del programa Daphne es fundamental para mantener las medidas en vigor y para introducir nuevas medidas que sean eficaces a la hora de luchar contra todo tipo de violencia contra los niños, los jóvenes y las mujeres;

C.  Considerando que la prevención y lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres, los niños y los jóvenes siguen siendo de actualidad, como lo eran en 1997, año en que se adoptó la iniciativa Daphne; que, desde su creación, el programa ha puesto de relieve nuevas formas de la violencia, entre ellas, la violencia en las guarderías, los malos tratos a los ancianos, y la violencia de carácter sexual entre adolescentes;

D.  Considerando que el Parlamento Europeo ha señalado en numerosas resoluciones que la financiación del programa Daphne ha sido insuficiente hasta la fecha y ha mostrado su intención de garantizarle una financiación adecuada para que pueda hacer frente a las necesidades reales que conlleva la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres, los niños y los jóvenes;

E.  Considerando que Daphne es un instrumento extremadamente importante para aumentar la visibilidad del problema de la violencia contra la mujer y que ofrece la posibilidad de que las organizaciones de mujeres y otros actores implicados desarrollen su trabajo y acciones concretas en este ámbito;

F.  Considerando que han surgido nuevas formas de violencia más recientemente con el creciente uso de las redes sociales en línea;

G.  Considerando que en las actuales circunstancias de crisis económica y rigor presupuestario las mujeres cuentan con menos recursos para protegerse, y para proteger a sus hijos, de la violencia y que es aún más importante evitar las consecuencias financieras directas de la violencia ejercida sobre las mujeres y los niños en el sistema judicial y los servicios sociales y de salud; considerando, asimismo, que es probable que se reduzca la financiación de los programas nacionales y de las ONG que se hacen cargo de las necesidades de las víctimas de la violencia;

H.  Considerando que, en la Estrategia para la igualdad de género 2010-2015, la Comisión subraya que la violencia de género es uno de los problemas clave que deben solucionarse para lograr alcanzar una verdadera igualdad de género;

I.  Considerando que es importante, para que el nivel de los derechos de las mujeres en los países candidatos se acerque más a las normas de la UE, incluirlos en el marco del programa Daphne III;

J.  Considerando que la violencia contra las mujeres tiene su origen en la persistencia de las desigualdades basadas en el género, y que se trata de un fenómeno estructural vinculado a la desigual distribución del poder entre mujeres y hombres en nuestra sociedad; que, no obstante, es posible reducir considerablemente su incidencia combinando las acciones focalizadas contra los estereotipos de género en los ámbitos de la educación y la igualdad de género, así como en los medios de comunicación, y luchar contra esta violencia mediante la sensibilización sobre este fenómeno en campo de la salud, así como en la policía y el sistema judicial;

K.  Considerando que la violencia contra las mujeres, los niños y los jóvenes abarca toda clase de violaciones de los derechos humanos, como el abuso sexual, la violación, la violencia doméstica, la agresión sexual y el acoso, la prostitución, la trata de seres humanos, la violación de los derechos sexuales y reproductivos, la violencia contra las mujeres y los jóvenes en el entorno laboral, la violencia contra mujeres, niños y jóvenes en situaciones de conflicto, violencia contra las mujeres, niños y jóvenes en las prisiones o instituciones de asistencia, y diversas prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital; considerando que cualquiera de estos abusos puede dejar profundas secuelas psicológicas, dañar la integridad física y mental de las mujeres, los niños y los jóvenes, llegando incluso, en algunos casos, a provocarles la muerte;

L.  Considerando que la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres no figura entre los objetivos de la propuesta de la Comisión para el nuevo programa «Derechos y ciudadanía» del periodo financiero 2014-2020, que fusiona el programa Daphne III, las secciones de igualdad de género y de no discriminación del programa Progress, y el programa de derechos fundamentales y ciudadanía; que esto puede socavar la visibilidad y consistencia del programa Daphne y poner en peligro su éxito; que el proyecto de presupuesto del nuevo programa es más pequeño que los de los programas actuales; que la propuesta no garantiza la previsibilidad de la financiación de sus objetivos;

M.  Considerando que no se recopilan periódicamente datos comparables sobre los distintos tipos de violencia contra la mujer en la Unión Europea, lo que dificulta la evaluación del alcance real de este problema y la búsqueda de soluciones adecuadas; que recopilar datos fiables es muy difícil, pues mujeres y hombres se muestran renuentes, por miedo o vergüenza, a relatar sus experiencias;

N.  Considerando que el coste de la violencia doméstica para nuestras sociedades es sumamente elevado; en el marco de un proyecto Daphne se ha calculado que los costes únicamente de la violencia conyugal se elevan a 16 000 millones de euros anuales, en los que se incluyen los costes médicos directos (urgencias, hospitalización, atención ambulatoria, medicamentos), el coste de las actividades policiales y judiciales, los costes sociales (refugios y ayudas diversas) y los costes económicos (pérdidas de producción)(5);

O.  Considerando que diversos estudios sobre la violencia de género estiman que en Europa entre una quinta y una cuarta parte de la población femenina ha sufrido actos de violencia física al menos una vez durante su vida adulta, y que más de una décima parte ha sufrido violencia sexual con uso de la fuerza; considerando que las investigaciones muestran también que el 26 % de los niños y jóvenes afirma haber sido víctima de violencia física en su niñez;

P.  Considerando que, debido a la exclusión y marginación social, las mujeres y los niños romaníes son extremadamente vulnerables frente a la violencia; que, a lo largo de los últimos años, el programa Daphne ha apoyado con éxito muchas iniciativas destinadas a exponer la conexión entre la exclusión social, la pobreza y la violencia;

Q.  Considerando que la violencia de género es un problema estructural extendido por toda Europa y por el mundo entero, y que es un fenómeno con víctimas y agresores de todas las edades, todos los niveles de educación, de ingresos y de posición social, y que guarda relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder entre mujeres y hombres en nuestra sociedad;

R.  Considerando que las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia masculina en toda la Unión Europea debido a las diferencias en las políticas y en la legislación de los Estados miembros;

S.  Considerando que el fundamento jurídico del Programa Daphne es el artículo 168 del TFUE, relativo a la salud pública, pero que la Unión Europea, con el Tratado de Lisboa, dispone de mayores competencias;

1.  Toma nota con gran interés de los éxitos, de la popularidad y de algunas dificultades del programa, tal y como se exponen en el Informe de evaluación intermedia del «Programa Daphne III 2007-2013» y en los estudios previos que han servido para su elaboración(6), así como en los informes de los beneficiarios de las subvenciones del programa Daphne;

2.  Aunque toma nota de la inclusión del programa Daphne en el programa «Derechos y ciudadanía» a partir de 2014, considera esencial que se mantengan los objetivos del programa, en particular la lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres, para el periodo 2014-2020 entre los objetivos del nuevo programa «Derechos y ciudadanía», y señala que su financiación debe mantenerse en un nivel comparable al del programa anterior, ya que debe mantenerse su visibilidad en el programa de nueva generación, a la vista de su éxito, su eficacia y su popularidad;

3.  Lamenta que la lucha contra la violencia de que son víctimas los niños, los adolescentes y las mujeres no se mencione explícitamente en el artículo 4 «Objetivos específicos» de la Comunicación de la Comisión COM(2011)0758 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, para el periodo de 2014 a 2020, el programa «Derechos y ciudadanía»;

4.  Se congratula de que el total de la dotación financiera para el programa «Derechos y ciudadanía» se haya conservado casi intacta; considera que un reparto anual equilibrado permitiría asegurar una continuidad de los objetivos y de las actividades proyectados;

5.  Pide también a los Estados miembros y a las partes interesadas que, trabajando conjuntamente con la Comisión, contribuyan a la difusión de información sobre los programas de la Unión Europea y las posibilidades de financiación que ofrecen, en particular entre las ONG, a nivel local y en los Estados miembros en los que hay escasa participación en el programa;

6.  Pide a la Comisión que aporte soluciones a los problemas detectados en el informe de evaluación intermedia citado más arriba, en particular en lo que respecta a:

   el solapamiento con otros programas comunitarios a fin de evitar el riesgo de que pierdan prioridad los temas relacionados con el programa Daphne,
   la mejora de la transparencia de los programas y de la difusión de sus resultados,
   el equilibrio en la distribución de los programas entre los Estados miembros;
   la reducción de la carga administrativa, la simplificación de los procedimientos de solicitud de subvenciones y la reducción del tiempo que transcurre entre la publicación de las convocatorias de proyectos y la celebración de los contratos, que ha impedido a muchas ONG de pequeñas dimensiones proponer proyectos Daphne;
   la mejora de la eficiencia de las subvenciones de funcionamiento a los organismos europeos capaces de consolidar asociaciones multidisciplinarias en toda Europa establecidas con fines de subvención; el fortalecimiento de la capacidad de las ONG para definir e influenciar las políticas nacionales y europeas, con especial referencia a las ONG más pequeñas en los países de la Europa central y oriental,

7.  Pide a la Comisión, con el fin de fortalecer el impacto del programa, que siga prestando una atención especial a los niños, a las mujeres y a los jóvenes que, debido a la exclusión social y a la marginación, están particularmente expuestos al riesgo de la violencia;

8.  Pide a la Comisión que incluya los países candidatos en el ámbito de la elegibilidad para los fondos en el marco del programa Daphne III;

9.  Pide también a los Estados miembros y a las partes interesadas que contribuyan al objetivo de lograr una mejor distribución de los programas entre los Estados miembros;

10.  Pide a la Comisión que destine más fondos a proyectos destinados a sensibilizar a los jóvenes en particular sobre las nuevas formas de violencia relacionadas con el creciente uso de las redes sociales en línea (amenazas, presiones psicológicas, acoso moral, pornografía infantil), que son más insidiosas que otras formas de violencia, pero igualmente peligrosas para la integridad física y psicológica;

11.  Pide a los Estados miembros que recopilen de forma periódica datos sobre la violencia contra las mujeres con el fin de aclarar el alcance del problema;

12.  Destaca el valor añadido del programa Daphne para la UE, ya que permite que las diferentes organizaciones de los Estados miembros cooperen para prevenir y reducir la violencia y se beneficien del intercambio de conocimientos y buenas prácticas; destaca igualmente que los proyectos financiados por Daphne III han creado asociaciones y estructuras estables que seguirán prestando apoyo a los grupos destinatarios a más largo plazo y han motivado cambios en las políticas a nivel nacional y de la UE;

13.  Destaca la necesidad de prestar especial atención a los proyectos destinados a erradicar los crímenes relacionados con el «honor» y la mutilación genital femenina;

14.  Pide a la Comisión que permita la financiación de proyectos nacionales en los que estén involucradas pequeñas organizaciones sin fines de lucro, y pide que en el futuro siga siendo posible que gran número de pequeñas ONG puedan seguir participando plenamente y contando con apoyo en el marco asociativo, pues su papel es fundamental para detectar problemas poco conocidos, tabúes, o nuevos problemas y encontrar formas innovadoras de hacerles frente, así como en la protección y ayuda a las víctimas;

15.  Reconoce la importancia de las acciones del programa Daphne III de prevención y lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres, pero reitera, no obstante, la necesidad de adoptar medidas legislativas a escala europea para erradicar la violencia de género;

16.  Pide a la Comisión que traduzca la página de Internet de la herramienta en línea Toolkit a todas las lenguas de la UE, y que la mantenga actualizada, destacando los resultados y recomendaciones derivados de los proyectos del programa Daphne, de forma que todas las partes interesadas puedan utilizarla como base de datos; pide a la Comisión que desarrolle en su sitio web páginas especiales de fácil uso, destinadas exclusivamente al programa Daphne, y, a partir de 2014, a los proyectos del programa «Derechos y ciudadanía» que tengan el objetivo de luchar contra la violencia en contra de las mujeres, los niños y los adolescentes;

17.  Recuerda el compromiso asumido por la Comisión en su Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo de presentar en 2011-2012 una «Comunicación sobre la estrategia para combatir la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica y la mutilación genital femenina, a la que deberá seguir un plan de acción de la UE»(7);

18.  Pide a la Comisión que, a la hora de promover el programa «Derechos y ciudadanía», haga posible seguir identificando los proyectos relacionados con los objetivos del programa Daphne, que es ampliamente conocido, a fin de conservar la mejor visibilidad posible del programa;

19.  Sugiere a la Comisión que amplíe las funciones del equipo Daphne de la DG Justicia más allá de sus funciones administrativas y de control financiero para que abarquen un papel más específico de comunicación;

20.  Sugiere a la Comisión que utilice el resultado de los proyectos con el fin de influir en las políticas europeas y nacionales de prevención y lucha contra la violencia de que son víctimas las mujeres, los niños y los jóvenes;

21.  Pide a la Comisión que preste especial atención a las solicitudes de proyectos destinados al fomento de la igualdad de género desde la edad más temprana, centrados en la prevención y educación para cambiar las mentalidades y luchar contra los estereotipos;

22.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0127.
(2) DO L 173 de 3.7.2007, p. 19.
(3) DO L 143 de 30.4.2004, p. 1.
(4) DO L 34 de 9.2.2000, p. 1.
(5) Proyecto Daphne 2006 «IPV EU Cost», JLS/DAP/06-1/073/WY «Estimation du coût des violences conjugales en Europe», Maïté Albagly, Sandrine Baffert, Claude Mugnier, Marc Nectoux, Bertrand Thellot.
(6) COM (2011)0254 Informe de evaluación intermedia del «Programa Daphne III 2007-2013».
(7) COM(2010)0171, Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos - Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo, p. 13.


Situación de la mujer en las guerras
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la situación de la mujer en las guerras (2011/2198(INI))
P7_TA(2012)0028A7-0429/2011

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948, y la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 25 de junio de 1993, en particular sus apartados I. 28-29 y II. 38, sobre violaciones sistemáticas, esclavitud sexual y embarazos forzados en situaciones de conflicto armado,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 20 de diciembre de 1993(1),

–  Vistas las Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, la Resolución 1888 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual contra las mujeres y los niños en situaciones de conflicto armado, la Resolución 1889(2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, destinada a reforzar la aplicación y supervisión de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y la Resolución 1960 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se creó un mecanismo para la recopilación de datos sobre la violencia sexual en los conflictos armados y la elaboración de una lista sobre sus autores,

–  Visto el nombramiento, en marzo de 2010, de una Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos,

–  Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Beijing+5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010),

–  Vista la Resolución 54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 7 de febrero de 2000, en la que se proclamó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo Europeo en marzo de 2011(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  Visto el Plan de Acción del Consejo de la UE para la igualdad de género en la cooperación al desarrollo (SEC(2010)0265), que debe asegurar que la igualdad de género se incluya en todo el trabajo de la UE con los países socios a todos los niveles,

–  Visto el informe de 2011 sobre los indicadores de la UE del Planteamiento global para la aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad(3),

–  Vistos los indicadores de 2010 del Planteamiento global para la aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad,

–  Vistos el Planteamiento global para la aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres y la paz y la seguridad(4) y el documento operativo sobre la «Aplicación de la RCSNU 1325, reforzada por la RCSNU 1820, en el contexto de la PESD», aprobados en diciembre de 2008,

–  Vistas las directrices de la UE sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 13 de noviembre de 2006 sobre el fomento de la igualdad entre los sexos y su integración en la gestión de crisis,

–  Vistas las normas generales de comportamiento del Consejo de 2005 para las operaciones de la PESD(5),

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998, en particular sus artículos 7 y 8, a cuyo efecto se entiende por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual,

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad(6),

–  Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y consolidación de los Estados(7),

–  Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la situación de las mujeres en los conflictos armados y su papel en la reconstrucción y el proceso democrático de los países en situaciones postconflicto(8),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0429/2011),

A.  Considerando los escasos progresos realizados en los últimos diez años desde la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; considerando que en algunos casos se han fijado cuotas para la participación de las mujeres en los gobiernos y que ha aumentado el número de mujeres en instituciones representativas; considerando que desde entonces se ha impuesto una mayor concienciación con respecto a las diferencias entre los sexos en los conflictos; considerando que, a pesar de los esfuerzos efectuados y salvo contadas excepciones, la participación de las mujeres en las negociaciones de paz sigue siendo inferior al 10 % de las personas que formalmente participan en las mismas(9);

B.  Considerando que se ha creado el cargo, actualmente ocupado por Margot Wallström, de Representante Especial de las Naciones sobre la Violencia Sexual en los Conflictos;

C.  Considerando que la violencia sexual en forma de violaciones en masa, trata de seres humanos y otras formas de abuso sexual de mujeres y niños se sigue utilizando, de modo inaceptable, como táctica de guerra en regiones en conflicto en todo el mundo; considerando que el vacío de poder que se produce en las zonas que han salido de un conflicto puede llevar al deterioro de los derechos de las mujeres y las niñas, como ha ocurrido en Libia y Egipto;

D.  Considerando que los efectos de los actos de violencia sexual cometidos durante las guerras, tanto físicos (riesgo de esterilidad, incontinencia y enfermedades de transmisión sexual) como sicológicos, son devastadores para las víctimas, dado que, con frecuencia, éstas son estigmatizadas, rechazadas y maltratadas y se considera que han sido deshonradas y en muchos casos son excluidas de sus comunidades y, a veces, incluso asesinadas;

E.  Considerando que las familias de las víctimas también resultan gravemente afectadas y sufren la violencia sexual como una humillación; considerando que los niños que son producto de una violación pueden ser objeto de rechazo; considerando que este rechazo puede ser brutal y consistir en el abandono del recién nacido o el infanticidio;

F.  Considerando que la Declaración de Viena, aprobada el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, afirma que «los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales»;

G.  Alarmado por el hecho de que, en la mayoría de los casos, los autores de actos de violencia sexual quedan impunes, como muestra el ejemplo de Colombia, donde, en una situación de conflicto armado, la violencia sexual contra las mujeres es una práctica sistemática y encubierta, que goza de total impunidad, y que esta forma de violencia debe ser considerada un crimen de guerra;

H.  Reconociendo el hecho de que las mujeres enroladas en el ejército o que trabajan en organizaciones civiles que participan en el mantenimiento de la paz desempeñan un importante papel como modelos de referencia y mediadores interculturales, que, a nivel local, incentivan la promoción de las mujeres y contribuyen a derribar estereotipos en el caso de los hombres y que también se comunican mejor con las mujeres locales;

I.  Considerando que en la mayor parte de los países no se atribuye una elevada prioridad a la actuación en materia de género, considerándose el género un problema subsidiario y poniéndose como excusa las prácticas culturales, religiosas y socioeconómicas para obstaculizar el progreso en el ámbito de la igualdad de género y de los derechos de la mujer;

J.  Considerando que desde el comienzo mismo de la planificación de misiones civiles y de seguridad ha de hacerse hincapié en la cuestión del género; considerando que las misiones de mantenimiento de la paz han demostrado ser cruciales para la introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención, la desmovilización y la reconstrucción tras un conflicto;

K.  Considerando que la historia ha demostrado que la guerra es una actividad fundamentalmente masculina y que, por lo tanto, cabe esperar que las aptitudes específicas de la mujer por lo que respecta al diálogo y la no violencia puedan contribuir muy positivamente a la prevención y gestión pacíficas de los conflictos;

L.  Considerando que la importancia de la participación de las mujeres y de la perspectiva de género se ve reforzada por el hecho de que, cuanto mayor es el número de mujeres que participa en los procesos de resolución de conflictos y de consolidación de la paz, así como en las negociaciones de paz, más son los ámbitos que se abordan para la reconstrucción y la consolidación de la paz: infraestructuras de mercado, carreteras rurales, clínicas, escuelas accesibles, guarderías, etc.;

M.  Considerando que en 2010 se aprobaron 17 indicadores para el planteamiento global(10) y que hasta la fecha se han realizado esfuerzos eficaces para presentar en 2011 el primer informe de supervisión basado en dichos indicadores(11); considerando que son necesarios informes de supervisión globales de la UE basados en una metodología clara y en indicadores adecuados;

N.  Considerando que los Planes de acción nacionales sobre la mujer, la paz y la seguridad son esenciales y deben basarse en normas mínimas europeas uniformes por lo que respecta a sus objetivos, aplicación y supervisión en toda la UE;

O.  Considerando que el 31 de agosto de 2011 la Comisión decidió aportar 300 millones de euros más para la paz y la seguridad en África; considerando que en 2011 al menos 12 países africanos, con una población total estimada de 386 600 000 habitantes, son calificados de regiones actualmente en conflicto;

P.  Considerando que en las situaciones posteriores a los conflictos en las que se están llevando a cabo acciones de reconstrucción y reintegración, los mecanismos y compromisos institucionales en favor de la igualdad de género constituyen primeras medidas eficaces de cara a la protección y la promoción de los derechos de las mujeres; considerando que la participación de todas las partes interesadas, como los gobiernos y los representantes políticos, la sociedad civil y los universitarios, así como la participación directa de las organizaciones, grupos y redes de mujeres ― que deberían recibir ayuda política, financiera y jurídica para la elaboración de programas que incluyan a los miembros más vulnerables de la población, como los migrantes, los desplazados internos y las mujeres refugiadas y repatriadas― , constituye una condición previa fundamental para la consolidación de la paz y para la consecución de un desarrollo sostenible y una sociedad democrática que respete los derechos de las mujeres y la igualdad de género;

Q.  Considerando que las causas subyacentes de la vulnerabilidad de las mujeres en las situaciones de conflicto residen a menudo en su limitado acceso a, entre otras cosas, la educación y el mercado laboral, y que, por consiguiente, su participación, en igualdad de condiciones, en la economía es una condición previa necesaria para combatir la violencia de género en los conflictos armados; considerando que la participación de las mujeres en la gobernanza, en las mesas de negociaciones y en papeles activos en las transiciones pacíficas, sigue siendo limitada, pero continúa siendo una prioridad máxima y un elemento decisivo para la consecución de la igualdad de género;

Mujeres en puestos de liderazgo en el ámbito de la paz y la seguridad

1.  Pide que la ayuda de la UE a los procesos de paz se condicione a la participación de las mujeres en los equipos internacionales que lideran las negociaciones de paz; pide que se realicen progresos a fin de lograr la inclusión permanente de mujeres dirigentes, organizaciones locales de derechos de la mujer y grupos de la sociedad civil en las negociaciones a lo largo de todo el proceso de paz;

2.  Destaca la importancia del diálogo político para la capacitación de las mujeres, e insta a las delegaciones de la UE a que, en su diálogo político y sobre derechos humanos con el gobierno de acogida, incluyan cuestiones relativas a las mujeres, la paz y la seguridad; exhorta a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros a que fomenten y apoyen activamente la capacitación de las mujeres para participar en sus relaciones con los países y organizaciones que no pertenecen a la Unión Europea;

3.  Acoge con satisfacción el Plan de acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en el desarrollo y pide a la Alta Representante de la UE que adopte todas las medidas necesarias para proporcionar formación adecuada y efectiva a los miembros de las delegaciones de la UE en cuanto a los enfoques sensibles al género relativos al mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la construcción de la paz; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una prestación de asistencia técnica y financiera adecuada en apoyo de programas que permitan a las mujeres participar plenamente en el desarrollo de las negociaciones de paz y que las capaciten en la sociedad civil en su conjunto;

4.  Insta a la UE y a los Estados miembros a que promuevan activamente el incremento del número de mujeres en el ejército y en operaciones civiles de mantenimiento de la paz, especialmente en puestos de liderazgo, y a este fin pide:

   la celebración de campañas nacionales destinadas a promover las fuerzas armadas y la policía como una opción viable tanto para las mujeres como para los hombres, a fin de derribar posibles estereotipos; y que estas campañas incluyan actos informativos y jornadas de puertas abiertas y ofrezcan información objetiva sobre opciones de formación y empleo en las fuerzas armadas,
   la revisión de la política de promociones en las fuerzas armadas, para examinar si las mujeres han resultado desfavorecidas en las promociones, a pesar de ser iguales a sus compañeros varones, independientemente de su género,
   la inclusión en las fuerzas armadas de políticas orientadas a la mujer, como la posibilidad de gozar de permiso de maternidad,
   la promoción de modelos de referencia ― mujeres que han sido valientes y que con su actuación han logrado cambios,
   la inclusión de más mujeres, especialmente en las operaciones civiles, en puestos de alto rango y en las relaciones con las comunidades locales,
   una formación profunda de los hombres y las mujeres que participan en acciones civiles en aspectos relacionados con la cuestión de género, la protección, necesidades específicas y derechos humanos de las mujeres y los niños en situaciones de conflicto y la cultura y las tradiciones de los países de acogida, con el fin de mejorar la protección de los que toman parte en ella e impedir que haya diferencias entre hombres y mujeres en dicha formación;

5.  Pide una financiación adecuada de la UE, inclusive con cargo al Instrumento de Estabilidad, destinada a apoyar la participación efectiva de las mujeres en instituciones representativas a nivel nacional y local y en todos los niveles del proceso de toma de decisiones en el contexto de la resolución de conflictos, las negociaciones de paz, la consolidación de la paz y la planificación posterior a los conflictos, así como su contribución a dichas instituciones;

6.  Señala la necesidad de elaborar un código de conducta para el personal de la UE destinado en misiones militares y civiles en el que se establezca claramente que la explotación sexual constituye una conducta injustificable y criminal, y pide que este código se aplique rigurosamente, mediante duras sanciones administrativas y penales, en casos de violencia sexual cometida por personal de agencias humanitarias, representantes de instituciones internacionales, fuerzas de mantenimiento de la paz y diplomáticos; pide tolerancia cero para la explotación sexual de niños y mujeres en los conflictos armados y en los campos de refugiados y, a este fin, acoge con satisfacción las recientes investigaciones de las Naciones Unidas sobre las denuncias de explotación sexual en que estaban involucrados miembros de sus fuerzas de mantenimiento de la paz en la operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil;

Efectos de los conflictos armados en las mujeres

7.  Condena firmemente el uso continuo de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra, equiparándolo a un crimen de guerra; reconoce las profundas heridas físicas y psicológicas que estos abusos causan a las víctimas, así como las dramáticas consecuencias para sus familias; hace hincapié en que este fenómeno debe ser abordado mediante programas de apoyo a las víctimas, e insta a la movilización de los líderes políticos con objeto de adoptar una serie de medidas coordinadas para impedir y reducir el uso de la violencia sexual; señala, a este respecto, la continua situación de horror en el Congo; recuerda que entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2010 se perpetraron violaciones colectivas en masa en el distrito minero del Congo oriental, que en 2009 se denunciaron al menos 8 300 violaciones en dicha zona del país y que en el primer trimestre de 2010 se han denunciado al menos 1 244 violaciones de mujeres, lo que supone una media de 14 violaciones al día; señala que esta situación no ha cambiado en 2011; insta a las dos misiones de la UE en la República Democrática del Congo ― EUPOL RD Congo y EUSEC RD Congo― a que den la máxima prioridad a la lucha contra la violencia sexual y a la participación de las mujeres en los trabajos de reforma del sector de la seguridad del país;

8.  Destaca que dado que la violencia sexual, que castiga sobre todo a las mujeres y los niños, se ve agravada, entre otros factores, por las diferencias entre géneros, la propagación de la violencia ― tanto en general como por la militarización de la sociedad en particular― y el desmoronamiento de la estructura social, se debe prestar especial atención a la prevención de estos crímenes de guerra y asignar recursos al efecto;

9.  Pide a los Estados miembros que promuevan la adopción de medidas destinadas a limitar los efectos negativos de los conflictos armados en la vida familiar;

10.  Pide una mayor cooperación con las organizaciones locales de mujeres con objeto de establecer un sistema de alerta temprana y, si es posible, capacitarlas para impedir los abusos o reducir su incidencia;

11.  Pide a la Comisión que apoye a las agrupaciones locales de la sociedad civil, en particular a las agrupaciones de mujeres y a las agrupaciones cuya actividad es sensible a las cuestiones de género, mediante una financiación accesible y la creación de capacidades, con el fin de que puedan desempeñar plenamente su función de vigilancia, especialmente en el contexto de los Estados fallidos;

12.  Muestra su consternación por que los autores de actos de violencia sexual siguen quedando impunes; pide encarecidamente que se ponga fin a dicha impunidad; insta a las autoridades nacionales a que velen por que se cumpla la legislación relativa a la impunidad y pide que se refuerce el sistema judicial formando a los jueces y fiscales en materia de investigación y sanción de los actos de violencia sexual; pide, por lo tanto, una gran visibilidad y publicidad de los juicios como medio de difundir la idea de que dichas prácticas son intolerables;

13.  Pide que la cuestión de la impunidad sea un factor primordial en las negociaciones de paz, dado que no debe haber paz sin justicia, y que los autores sean juzgados y se enfrenten a las consecuencias penales de sus actos; hace hincapié en que la impunidad no debe ser negociable; lamenta que los procedimientos judiciales contra los autores de actos de violencia sexual en tiempo de guerra suelan ser demasiado lentos, lo que ocasiona más sufrimiento a las víctimas, y, por tanto, pide que se administre una justicia fiable y equitativa dentro de plazos razonables que respete la dignidad de las mujeres víctimas de la guerra;

14.  Destaca que la educación desempeña una función crucial, no solo en la emancipación de las mujeres y las niñas, sino también en la lucha contra los estereotipos y la evolución de la mentalidad de las personas; pide que se lancen campañas de sensibilización o que se refuercen las existentes como parte de los programas educativos, poniendo en primer plano el respeto de la dignidad de las mujeres;

15.  Pide que las fuerzas armadas dispongan de clínicas para mujeres que traten la violencia sexual y psicológica en las zonas de guerra;

16.  Exige que las mujeres víctimas de malos tratos y violencia durante los conflictos puedan presentar denuncias ante tribunales internacionales, en condiciones compatibles con su dignidad y bajo la protección de estos tribunales contra las agresiones físicas y los traumas derivados de interrogatorios en los que no se tiene ninguna consideración por esos traumas; pide que, en esos casos, las mujeres afectadas obtengan reparación, tanto en el plano civil como penal, y que se apliquen programas de ayuda para que puedan lograr su reinserción económica, social y psicológica;

17.  Insta a la UE y a los Estados miembros a que apoyen eficazmente la aplicación de las directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas mediante medidas específicas como:

   el establecimiento de un sistema eficaz para la supervisión de todos los procedimientos jurídicos, así como de su seguimiento, relacionados con casos de la mencionada violencia;
   la adopción de medidas, estrategias y programas que no solo se centren en los aspectos de protección y enjuiciamiento, sino, sobre todo, en la prevención;
   programas para la prestación de asesoramiento sanitario y sicológico gratuito a las víctimas de la violencia en su lengua vernácula y de forma acorde con su cultura y costumbres y, cuando sea posible, por parte de médicas;
   programas que ofrezcan cursos sanitarios y literatura de fácil acceso, en particular sobre salud reproductiva y sexual, dirigidos a las mujeres y a los hombres, y campañas de sensibilización adaptadas a las culturas de la población a la que van dirigidas;
   medidas concretas para garantizar que las mujeres en situaciones de conflicto tienen un acceso justo a los sistemas de sanidad pública(12), en particular, a la asistencia sanitaria primaria, incluida la protección de la mujer y del hijo como establece la Organización Mundial de la Salud(13), y a la atención ginecológica y obstétrica;
   elaboración de programas de protección de los testigos, a fin de proteger a las víctimas y alentarlas a que, bajo garantía de protección, comparezcan y testifiquen contra sus agresores;

18.  Subraya la importancia crucial de velar por que las mujeres estén en situación de igualdad en los procesos de reforma de la justicia o en los procesos de justicia de carácter transnacional a fin de que puedan abogar de manera eficaz por la aplicación de la igualdad de derechos en los sistemas judiciales nacionales;

19.  Pide a la Comisión, al SEAE y a las delegaciones del Parlamento que busquen modos de promover la firma, ratificación y puesta en práctica del Estatuto de Roma de 1998 (por lo que respecta a la Corte Penal Internacional) por los países en desarrollo que aún no lo han hecho, como medida necesaria para la protección de los derechos sexuales de las mujeres en tiempos de guerra y para evitar la impunidad de los autores de los delitos;

20.  Condena la toma de rehenes y pide un castigo más severo para la utilización de escudos humanos durante los conflictos;

21.  Pide que las mujeres prisioneras sean alojadas separadas de los hombres, en particular para evitar abusos sexuales;

22.  Subraya la importancia del derecho a conocer el destino de los familiares desaparecidos, y pide a las partes de los conflictos armados que adopten todas las medidas posibles para dar cuenta de las personas dadas por desaparecidas;

23.  Pide disposiciones específicas que, como ámbitos prioritarios del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el periodo 2014-2020, proporcionen protección adicional a las mujeres contra las violaciones, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor, así como una asistencia especial a las mujeres embarazadas y a las madres de niños pequeños en lo que se refiere a la provisión de alimentos, vestimenta, evacuación, transporte y servicios médicos, a fin de evitar embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual;

24.  Pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear unidades de respuesta rápida compuestas por personal formado (como médicos, psicólogos, sociólogos, asesores jurídicos, etc.) destinadas a prestar asistencia inmediata e in situ a las víctimas de delitos de género;

25.  Acoge con satisfacción la aprobación de la Resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se pide información detallada sobre los presuntos autores de actos violencia sexual durante conflictos armados; insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para la aplicación de la Resolución 1960;

26.  Pide que se analice la posibilidad de indemnizar adecuadamente a las víctimas, teniendo en cuenta asimismo las repercusiones psicológicas para sus familias e hijos, de conformidad con el Derecho nacional e internacional aplicable;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que capaciten a las mujeres por lo que respecta a sus derechos y acceso a la tierra, a las sucesiones y al crédito y al ahorro en las situaciones posteriores a un conflicto, en particular en los países en los que los derechos de propiedad de las mujeres no son jurídicamente vinculantes o no están reconocidos socialmente;

28.  Subraya la necesidad de sustituir la imagen de las mujeres como víctimas vulnerables por una imagen de las mujeres como grupo altamente diferenciado de actores sociales que poseen recursos y capacidades valiosos y que tienen sus propias prioridades; señala que las mujeres influyen en el curso de los acontecimientos y que deben configurar el proceso de desarrollo; considera que las mujeres que han sido víctimas de la guerra deberían dejar de ser vistas solo como tales y ser consideradas agentes de estabilización y de resolución de conflictos; subraya que las mujeres en general solo podrán desempeñar ese papel cuando se encuentren representadas en condiciones de igualdad en el proceso decisorio a nivel político y económico;

29.  Señala que el grado de comprensión sobre el papel de las mujeres en las sociedades de posguerra y su contribución a la reconstrucción debe ir mas allá de la retórica universalista sobre la experiencia de las mujeres en tiempos de guerra, y que debe reconocerse la especificidad y la diversidad de las experiencias de las mujeres;

Recomendaciones

30.  Pide que en el seno del SEAE se cree el puesto de Representante especial de la UE para las mujeres, la paz y la seguridad, con objeto de incorporar transversalmente la perspectiva de género y establecer una mejor colaboración con su homólogo de las Naciones Unidas; pide que, a fin de asegurar coherencia y eficacia, todas las políticas, grupos de trabajo y unidades/puntos de contacto pertinentes de la UE que se ocupan de las cuestiones de seguridad y género sean coordinados por dicho Representante especial y estén vinculados a él, y que se apliquen de modo sistemático, coherente y exhaustivo las estrategias y acciones que se aprueben;

31.  Pide que se apoye y reconozca al Grupo de trabajo informal sobre mujeres, paz y seguridad;

32.  Pide que se preste especial atención a la integración de la perspectiva de género en el contexto de la investigación sobre la paz, la prevención y resolución de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz y la rehabilitación y reconstrucción postconflicto, así como que los documentos de estrategia nacionales incluyan la integración de la perspectiva de género;

33.  Alienta firmemente al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que incorporen las cuestiones de desarrollo – en particular el reconocimiento del derecho de las madres a recibir protección y apoyo y a cuidar y educar a sus hijos, así como la salud y la seguridad económica de las mujeres, prestando especial atención a los derechos de propiedad, en particular en relación con la propiedad y el cultivo de la tierra – en las acciones que afecten a las mujeres en zonas de conflicto;

34.  Acoge con satisfacción la decisión de la UE de adoptar una lista de 17 indicadores de aplicación para evaluar su propia actuación en materia de cuestiones de género en países frágiles, en situación de conflicto y de postconflicto; señala que es necesario mejorar esos indicadores, que deben incluir asimismo medidas cualitativas; pide a la Comisión y al SEAE que tengan en cuenta las conclusiones de este proceso de evaluación durante las fases de programación y puesta en práctica;

35.  Pide al SEAE, de conformidad con el artículo 9 de la Decisión 2010/427/UE del Consejo de 26 de julio de 2010, que asegure que la programación, aplicación y seguimiento de las iniciativas por país para promover la perspectiva de género en situaciones de preconflicto, conflicto y postconflicto se gestionan a nivel de delegación con el fin de abordar mejor las características de cada contexto y la posible existencia de una dimensión regional;

36.  Insta a los Estados miembros a que aprueben, apliquen y supervisen sus Planes de acción nacionales sobre las mujeres, la paz y la seguridad; reitera su llamamiento a la UE y a los Estados miembros para que, en sus planes y estrategias, elaboren una serie de normas mínimas que comprendan objetivos realistas con indicadores específicos, criterios de referencia, plazos, presupuesto asignado y un mecanismo de supervisión eficaz; destaca la importancia de la participación de las ONG en la elaboración, aplicación y supervisión de los planes de acción;

37.  Insta a la UE a que vele por una contratación equilibrada en las misiones y operaciones y a que promueva a más mujeres a puestos directivos, por ejemplo como jefas de delegación de la UE en terceros países y jefas de misión de la UE;

38.  Pone de relieve la petición de la Comisión de que la UE apoye a terceros países en el cumplimiento y la aplicación de obligaciones internacionales como las derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;

39.  Apoya firmemente la inclusión, en la misiones que se lleven a cabo en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y en las delegaciones de la UE, de asesores en materia de igualdad entres los sexos o de puntos de contacto en la misma materia, e insta a la Alta Representante/Vicepresidenta a que impida la duplicación de funciones y a que las dote de recursos y autoridad adecuados;

40.  Subraya la importancia de las campañas de sensibilización en la lucha contra los estereotipos, la discriminación (por motivos de género, de cultura o de religión) y la violencia doméstica, así como la importancia de la igualdad de género en general; observa que estas campañas deberían complementarse con la promoción de una imagen positiva a través de modelos de referencia femeninos en el contexto de los medios de comunicación, la publicidad, los materiales educativos e Internet;

41.  Pide que se instauren procedimientos públicos de denuncia adecuados en el contexto de las misiones de la PCSD, dado que ello favorecería especialmente la denuncia de actos de violencia sexual y de género; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que, en la evaluación semestral de las misiones de la PCSD, incluya un informe detallado sobre las mujeres, la paz y la seguridad; recuerda que las misiones de la PCSD son una de las herramientas más importantes de que dispone la UE para demostrar su compromiso con los objetivos de las Resoluciones 1820 y 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los países y las regiones afectados por crisis;

42.  Pide que se asigne un presupuesto específico para la evaluación y supervisión de los datos recabados sobre la base de los indicadores elaborados a nivel de la UE; pide que se prevean líneas presupuestarias específicas para expertos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como proyectos y actividades sobre las mujeres, la paz y la seguridad en las misiones de la PCSD;

43.  Pide a la Autoridad Presupuestaria de la UE que aumente los recursos financieros destinados a la promoción de la igualdad de género y los derechos de la mujer en los futuros instrumentos de financiación del desarrollo para el período 2014-2020;

44.  Pide a la Alta Representante de la UE y a la Comisión que adopten las medidas necesarias para mejorar la complementariedad y oportuna movilización de todos los instrumentos financieros de la acción exterior de la UE, a saber: el Fondo Europeo de Desarrollo, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Instrumento de Vecindad y Asociación Europea, el Instrumento de Asistencia a la Preadhesión, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y el Instrumento de Estabilidad, con el fin de evitar la fragmentación de la respuesta de la UE a la situación de las mujeres en las guerras;

45.  Pide un apoyo específico del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para la recopilación, procesamiento y difusión de prácticas eficaces en materia de integración de la dimensión de género en la aplicación de los indicadores de Beijing en el ámbito de las mujeres y los conflictos armados;

46.  Destaca la importancia de la Asociación entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas sobre la igualdad de género para el desarrollo y la paz, cuya finalidad es buscar soluciones para integrar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en nuevas modalidades de ayuda, prestar ayuda a los esfuerzos de los socios nacionales por dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales relativas a la igualdad de género y completar su compromiso con la igualdad de género con dotaciones económicas adecuadas en los programas y presupuestos de desarrollo nacionales; destaca que este proyecto se centra específicamente en el papel de las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, y en especial en la correcta aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

47.  Pide que, cuando ofrezca ayuda para la reconstrucción tras un conflicto, la Unión se centre en la creación de escuelas para mejorar la educación de los niños y las niñas;

48.  Acoge con satisfacción las diferentes iniciativas de creación de indicadores específicos de alerta rápida relacionados con el género y de vigilancia de conflictos, como las adoptadas por ONU Mujeres, el Consejo de Europa, la Fundación suiza para la Paz, International Alert y el Forum on Early Warning and Early Response;

49.  Hace hincapié en la importancia de poner a las mujeres en el centro de las políticas de abastecimiento de agua, salubridad e higiene en zonas que sufren o han sufrido un conflicto; destaca, por consiguiente, la importancia de aumentar el acceso al agua potable salubre, a unas condiciones de salubridad adecuadas y al agua para usos productivos;

o
o   o

50.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) A/RES/48/104.
(2) Anexo a las conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011.
(3) Documento 09990/2011 del Consejo de 11 de mayo de 2011.
(4) Documento 15671/1/2008 del Consejo de 1 de diciembre de 2008.
(5) Documento 08373/3/2005 del Consejo de 18 de mayo de 2005.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0439.
(7) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 32.
(8) DO C 298 E de 8.12.2006, p. 287.
(9)Ten-year Impact Study on Implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security in Peacekeeping, Informe definitivo para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, 2010.
(10) Documento 11948/2010 del Consejo de 14 de julio de 2010.
(11) Documento 09990/2011 del Consejo de 11 de mayo de 2011.
(12) Como se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta Social Europea (revisada) del Consejo de Europa, parte I, principio 11.
(13) 56ª Asamblea Mundial de la Salud A56/27, punto 14.18 del orden del día provisional, 24 de abril de 2003, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata: 25º aniversario, Informe de la Secretaría.


Cooperación al desarrollo de la UE en apoyo del objetivo de acceso universal a la energía para 2030
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la cooperación al desarrollo de la UE en apoyo al objetivo de acceso universal a la energía para 2030 (2011/2112(INI))
P7_TA(2012)0029A7-0442/2011

El Parlamento Europeo,

–  Vista la proclamación de 2012 como Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con lo que reconoce la importancia del acceso a la energía para el desarrollo económico sostenible y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)(1),

–  Vista la iniciativa sobre la energía sostenible para todos lanzada por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon(2),

–  Vista la creación por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de un Grupo Consultivo sobre Energía y Cambio Climático (AGECC), y sus recomendaciones de 28 de abril de 2010, en las que se identifican las prioridades de objetivo internacional del acceso universal a servicios de energía modernos para 2030, y la reducción de la intensidad energética mundial en el 40 % para 2030(3),

–  Vistas las «Perspectivas de la energía en el mundo 2011» de la Agencia Internacional de la Energía (IEA), en las que se destaca que unos 1 300 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a la electricidad y que unos 2 700 millones de personas carecen de instalaciones limpias para cocinar,

–  Vista la conferencia internacional de alto nivel sobre «Energía para todos - Financiar el acceso de los pobres», celebrada el Oslo (Noruega) los días 10 y 11 de octubre de 2011, y el inicio de la iniciativa Energía +, un proyecto de asociación Internacional para la cooperación en la energía y el cambio climático,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre el acceso a fuentes de energía sostenibles al nivel local en los países en desarrollo, de 19 de mayo de 2009, que recuerdan que «el acceso a fuentes de energía sostenibles y servicios energéticos modernos es un requisito previo para el crecimiento económico y el desarrollo social, así como para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)» y que «concentrando la atención en la energía sostenible se consolidará el progreso hacia los ODM y se contribuirá a hacer frente a la crisis mundial y a atenuar el cambio climático»,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, de 17 de julio de 2002, titulada «La cooperación en materia de energía con los países en vías de desarrollo» (COM(2002)0408),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2004, relativa al desarrollo futuro de la Iniciativa de la Unión Europea en el ámbito de la energía y a las modalidades de creación de un Fondo para la Energía en favor de los países ACP (COM(2004)0711),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13 de octubre de 2011, titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0442/2011),

A.  Considerando que unos 1 300 millones de personas en todo el mundo (84 % de las cuales viven en zonas rurales) no tienen acceso a la electricidad y que unos 2 700 millones de personas carecen de instalaciones limpias para cocinar(4), lo que produce humo en el interior de las viviendas que causa más 1 400 millones de muertes prematuras al año, con lo que, después del VIH/SIDA, es la causa más frecuente de muerte prematura el todo el mundo(5); que la actual falta de acceso a servicios energéticos modernos en muchos países pobres ha conducido a una desigualdad de género y, en particular, a desventajas para mujeres y niños;

B.  Considerando que el acceso a la energía es fundamental para la consecución de muchos de los derechos que figuran en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y en otros instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente;

C.  Considerando que no podrán conseguirse los ODM a menos que se realicen avances sustanciales en la mejora del acceso a la energía, lo que requerirá una inversión que se calcula en 48 000 millones de dólares anuales hasta 2030, lo que equivale a alrededor del 3 % de la inversión mundial en infraestructuras de energía, proyectada en el periodo hasta 2030, y que tendría como resultado un pequeño aumento en las emisiones de CO2 del 0,7 % para 2030(6);

D.  Considerando que las fuentes de energía renovables y en concreto las pequeñas soluciones descentralizadas, cuentan con un gran potencial para suministrar servicios energéticos fiables, sostenibles y asequibles para las poblaciones pobres, en particular en las zonas rurales de los países en desarrollo; que los países en desarrollo están situados en zonas con acceso a abundantes fuentes de energía renovables, especialmente eólica y solar; que quedan muchos retos pendientes para garantizar su expansión en los países en desarrollo, por ejemplo, en relación con la financiación, el desarrollo de las capacidades, la transferencia de tecnología y la reforma de la gobernanza;

E.  Considerando que el uso de tecnologías de energías renovables es fundamental para que los países en desarrollo reduzcan su dependencia de la importación de combustibles fósiles y de la volatilidad de precios que conlleva; que los proyectos de energías renovables a gran escala (como los hidroeléctricos o los cultivos energéticos) pueden tener también graves repercusiones sociales y medioambientales para la población local, por ejemplo, en lo que se refiere a la seguridad del suministro de agua o alimentos; que, por lo tanto, una evaluación minuciosa del impacto ambiental de las tecnologías de energías renovables constituye un requisito previo importante para las ayudas de los donantes;

F.  Considerando que el acceso para todos a servicios de energía modernos y sostenibles significa el acceso a toda la gama de servicios de energía (y no solo a la electricidad) que son necesarios y objeto de demanda, como, por ejemplo, la iluminación, la cocina y el agua caliente, la calefacción, la refrigeración, el acceso a la información y las comunicaciones y la energía para usos productivos y generación de ingresos;

G.  Considerando que tan solo el 8 % de los 409 000 millones de dólares concedidos en 2010 en subvenciones para combustibles fósiles en los países en desarrollo se destinó al 20 % de la población con menores ingresos(7);

H.  Considerando que los resultados del Índice de Desarrollo Energético se corresponden en gran medida con los del Índice de Desarrollo Humano en lo que se refiere a la esperanza de vida, la educación, PIB per cápita y otros indicadores del nivel de vida;

I.  Considerando que cerca del 70 % de los habitantes del África subsahariana no tienen acceso a la electricidad; que la población ha aumentado más rápidamente que la electrificación, por lo que el número de personas sin acceso a la electricidad ha aumentado;

J.  Considerando que, en particular en los PMD, solo una pequeña minoría de la población tiene acceso a la red; que el acceso a la red no llegará a toda la población en un futuro previsible, por lo que las soluciones descentralizadas, como la provisión de energía en pequeña escala, fuera de la red, y a través de mini-redes son la única forma viable de lograr el acceso universal a la energía en los próximos años;

K.  Considerando que el respeto del Estado de Derecho y una gobernanza fuerte son factores clave que deben promoverse para atraer la inversión privada necesaria para conseguir totalmente el acceso universal a la energía;

L.  Considerando que las últimas comunicaciones de la Comisión sobre la energía en la cooperación para el desarrollo se publicaron en 2002 y 2004;

1.  Subraya que, aunque no existe un Objetivo de Desarrollo del Milenio específicamente relacionado con la energía, el acceso para todos a servicios de energía modernos y sostenibles (en lo sucesivo «acceso universal a la energía») es una condición previa para conseguir los ODM; considera, por tanto, que la energía debe situarse en el centro del debate sobre la erradicación de la pobreza, garantizando al mismo tiempo que la extensión del acceso a servicios energéticos modernos sea coherente con el desarrollo sostenible; insta a la Comisión a que publique una Comunicación sobre la cooperación para el desarrollo en la que se apoye el acceso universal a la energía para el año 2012, que las Naciones Unidas han proclamado Año Internacional de la Energía;

2.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten y se comprometan a apoyar el objetivo internacional (establecido por las Naciones Unidas) del acceso universal a la energía para 2030, y a que adapten sus políticas y actividades de cooperación al desarrollo a este objetivo;

3.  Subraya que la optimización del uso de fuentes de energía renovables es la senda ideal que la comunidad internacional debe tomar para conseguir el acceso a servicios energéticos modernos, a la vez que se lucha contra el cambio climático; pide a la Comisión que elabore un plan de acción para integrar el objetivo del acceso universal a la energía en las políticas relevantes de la UE, así como en todos los sectores de la política de desarrollo, como la agricultura, la industria, el comercio, la salud y el agua, y que se asegure de la coherencia en todas las políticas y sectores con el objetivo del acceso universal a la energía;

4.  Acoge favorablemente que se mencione a la energía como uno de los puntos focales del «Programa para el Cambio», y espera que la Comisión actúe en consecuencia; pide a la Comisión que no subordine el acceso a la energía ni lo confunda con otros puntos centrales de la seguridad energética y el cambio climático que también se mencionan;

5.  Alienta que, en el marco de la cooperación al desarrollo de la UE, se cree un programa específico sobre «energía y desarrollo», centrado, en particular, en el acceso universal a la energía;

6.  Señala que la experiencia ha mostrado que los objetivos relacionados con la capacidad de generación de electricidad centralizada y la extensión de las redes han fallado a menudo a la hora de mejorar los servicios energéticos para las poblaciones pobres; insiste, por tanto, en la necesidad de respaldar las soluciones renovables y descentralizadas, como las soluciones en pequeña escala, fuera de la red y en mini-redes, para poder llegar a la totalidad de la población de los países en desarrollo, en particular a las poblaciones pobres y de zonas rurales; pide a la UE que concentre sus esfuerzos, en el plano técnico y financiero, en estas soluciones de pequeña escala para la pobreza energética en zonas remotas;

7.  Señala el enorme potencial de las energías renovables en muchos países en desarrollo a la hora de garantizar un suministro de energía sostenible y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, reduciendo de esa forma la vulnerabilidad a la fluctuación de los precios de la energía;

8.  Subraya que el Fondo para la Energía es, a nivel internacional, uno de los pocos mecanismos financieros que facilita financiación para soluciones energéticas renovables y de pequeña escala; pide a la Comisión que mantenga y amplíe la financiación para este tipo de proyectos en el próximo periodo de financiación a partir de 2014;

9.  Pide a la Comisión que evalúe el impacto de las inversiones que apoya el Fondo para la Energía en la mejora del acceso a servicios básicos de energía de quienes viven en la pobreza, y que mejore en consecuencia la eficiencia y la eficacia del sucesor del Fondo para la Energía en el nuevo periodo de financiación después de 2013;

10.  Subraya que el uso correcto de fuentes de energía renovables para proveer servicios energéticos puede ofrecer una solución económica en los países en desarrollo con beneficios para la salud, el medio ambiente y el desarrollo local; subraya, no obstante, la necesidad de tener en cuenta el impacto ambiental del uso de energías renovables para mejorar el acceso universal a la energía, en particular en el caso de la energía hidroeléctrica, la biomasa o los agrocombustibles;

11.  Pide a la UE que establezca orientaciones claras sobre los criterios de sostenibilidad ambiental para la financiación de proyectos de energías renovables; pide a la Comisión que establezca como condición prioritaria para el apoyo a nuevos proyectos energéticos el uso de energías renovables descentralizadas o de energía sostenible con bajas emisiones de carbono/elevada eficiencia energética;

12.  Subraya el papel que deben desempeñar las empresas privadas para permitir que los países en desarrollo alcancen los ODM, prestando especial atención al acceso universal a la energía; subraya además la importancia del apoyo al desarrollo de recursos financieros y competencias tecnológicas adaptados a los mercados de renta baja, en particular mediante una mayor participación de las empresas privadas en las asociaciones institucionales nacionales e internacionales;

13.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen, a través de la cooperación para el desarrollo y del Fondo para la Energía, la transferencia de tecnologías, incluidos los conocimientos técnicos, la información y las buenas prácticas, que sean adecuadas para facilitar servicios de energía modernos a los pobres, entre los países socios del Sur, y entre Europa y el Sur, destinados al desarrollo de capacidades, que incluyan el hermanamiento, el intercambio de personal y la formación práctica, para evaluar y absorber las opciones tecnológicas; alienta asimismo la transferencia de tecnologías de eficiencia energética en este sentido para permitir que la energía se utilice de la manera más productiva posible, y de esta forma optimizar los servicios energéticos que puede ofrecer una cantidad determinada de energía;

14.  Pide que se preste especial atención a los usos productivos de la energía en el desarrollo de proyectos/programas y en la financiación, como un mecanismo clave para la promoción socioeconómica y la generación de ingresos;

15.  Subraya que serán necesarias asociaciones entre el sector público, el sector privado, las comunidades y los gobiernos locales para extender el acceso a servicios energéticos sostenibles; pide a la Comisión que aplique, siempre que sea posible, un enfoque de mercado para las soluciones energéticas nuevas o innovadoras, por ejemplo, fomentando la producción local, facilitando su introducción en el mercado o dando información sobre el mercado, con el fin de asegurar la participación local y la sostenibilidad; pide, en particular, a la Comisión que promueva el desarrollo de las capacidades de gobernanza para hacer posible la reproducción de proyectos de servicios energéticos a pequeña escala a través de la promoción de las PYME;

16.  Considera que la inversión privada y su participación son fundamentales para conseguir totalmente el acceso universal a la energía; pide, por tanto, a la Comisión que promueva el Estado de Derecho en todas sus acciones de ayuda, en particular en los países menos desarrollados;

17.  Pide a las Delegaciones de la UE que faciliten información sobre los impuestos, los incentivos y los requisitos reglamentarios en los países en desarrollo a las empresas de la UE que deseen invertir en el sector de la energía;

18.  Pide a la Comisión Europea que facilite el intercambio de mejores prácticas en lo que se refiere a los incentivos más eficaces para facilitar la expansión de las infraestructuras de energía en los países en desarrollo;

19.  Alienta el apoyo al desarrollo y la promoción de sólidos marcos políticos y jurídicos y de normas técnicas que refuercen la capacidad local y generen confianza en los inversores del sector privado, incluida la movilización de las fuentes locales de inversión;

20.  Subraya el papel central de la financiación pública de los Gobiernos socios, las instituciones financieras internacionales y la AOD para potenciar la necesaria inversión privada; subraya asimismo que la ayuda de la UE para mejorar el acceso a la energía debe respaldar las economías locales, los puestos de trabajo ecológicos y la reducción de la pobreza, y no debe estar vinculada a la participación de empresas de la UE ni utilizarse para subvencionarlas;

21.  Reconoce que el sector público por sí solo no será capaz de satisfacer todas las necesidades financieras requeridas para extender el acceso a la energía; señala, en este sentido, la importancia de los inversores privados y de las reformas orientadas hacia el mercado en el sector de la energía; subraya, no obstante, que poner el acento en el recurso a asociaciones público-privadas y atraer fondos de fuentes de financiación privadas puede disminuir el atractivo de los proyectos locales de energías renovables, ya que tales proyectos son menos «financiables» que los grandes proyectos conectados a la red, que a menudo están al servicio de las grandes industrias; subraya, por lo tanto, que en último término la responsabilidad de garantizar el acceso a los servicios universales, en particular a una energía asequible para las poblaciones pobres y alejadas, le sigue correspondiendo al Estado;

22.  Destaca que hay muchas formas para que los gobiernos socios promuevan el acceso universal a la energía a través de la legislación, la regulación, los contratos o la concesión de licencias, imponiendo obligaciones de servicio universal adaptadas a las necesidades y posibilidades de cada país, como por ejemplo:

   objetivos de cobertura en los acuerdos de concesión o de licencias;
   trato diferenciado de los clientes en función de su capacidad económica;
   subvenciones o fondos dirigidos a categorías concretas de consumidores y a las zonas rurales alejadas;
   revisión de las subvenciones, impuestos y aranceles contraproducentes, es decir, un cambio desde la promoción de los combustibles fósiles a la de «energías descentralizadas y renovables», con el fin de mejorar el acceso a la energía y la eficiencia energética;
   liberalización de la entrada de operadores en zonas sin servicio;
   incentivos fiscales para facilitar la expansión de las infraestructuras;
   medidas para garantizar que la energía disponible se utiliza de la manera más eficiente posible;

23.  Pide a los países en desarrollo que se comprometan seriamente con el objetivo del acceso universal a la energía, y recomienda una mayor asistencia a los Ministerios de Energía de los países en desarrollo para capacitarles para que, en el nuevo periodo de financiación, puedan argumentar a favor de la ayuda destinada al acceso universal a la energía, incluyendo el desarrollo de estrategias sostenibles y a largo plazo y la mejora de la cooperación regional en materia de energía;

24.  Destaca la importancia de la participación transparente y democrática de la sociedad civil, las autoridades locales y los reguladores del sector de la energía, para que puedan supervisar el acceso universal a la energía, así como para garantizar la buena gobernanza y la competencia leal, y evitar la corrupción;

25.  Insta a los Parlamentos nacionales de los países en desarrollo y a las ONG a que desempeñen el papel que les corresponde para garantizar y supervisar la transparencia, los procesos democráticos y un entorno jurídico estable;

26.  Observa con preocupación que la Asociación UE-África para la energía y su subprograma de energías renovables parece centrarse principalmente en los grandes proyectos e interconexiones y poner menos énfasis en las soluciones energéticas locales; insta a la UE a que se abstenga de adoptar un enfoque desde arriba para el desarrollo de las infraestructuras energéticas, teniendo en cuenta que las infraestructuras a gran escala pueden no ser las adecuadas para la estructura económica y social de un país determinado, y no facilitar el acceso a la energía de las poblaciones pobres, para quienes suelen ser más apropiadas las fuentes de energía locales más pequeñas;

27.  Alienta el diálogo de la UE con los gobiernos socios y la sociedad civil de los países en desarrollo para asegurar que tanto las políticas energéticas nacionales como las estrategias de reducción de la pobreza tengan en cuenta el acceso universal a la energía;

28.  Pide que se establezca un diálogo con los países socios y los organismos regionales para examinar de forma específica los beneficios de incluir el desarrollo de servicios de energía para la cocina en los planes nacionales y regionales de desarrollo, y que se aliente a los países socios y a los organismos regionales a establecer un diálogo con las autoridades locales y los agentes no estatales implicados en el campo de la energía doméstica (cocina) con el fin de determinar la mejor forma de asegurar un aumento importante de la utilización de este tipo de servicios y reducir así las muertes debidas a enfermedades respiratorias; alienta el uso de dispositivos para cocinar más eficientes, ya que la combustión tradicional de grandes cantidades de biomasa en fuegos abiertos tiene repercusiones perjudiciales para la salud, en particular de mujeres y niños, así como un impacto negativo en términos de deforestación;

29.  Pide a la Comisión que presente informes anuales sobre los avances realizados para conseguir el objetivo de acceso universal a la energía, una vez haya establecido indicadores fiables, y sobre la contribución al mismo de la cooperación de la UE al desarrollo;

30.  Aboga por que el apoyo de la Comisión y los Estados miembros al desarrollo de los servicios de energía se base en una evaluación de los costes financieros relativos y el rendimiento de todas las opciones, teniendo en cuenta las contribuciones a los ODM y a los objetivos de desarrollo nacionales, así como de los costes y beneficios relativos de los sistemas centralizados y descentralizados de suministro de energía;

31.  Subraya la importancia de integrar los ODM, en particular los relacionados con la pobreza, ya que el acceso a servicios energéticos asequibles solo será posible si se reduce el número de personas que viven con 1 dólar diario para 2015, en las estrategias nacionales en materia de energía de los países en desarrollo;

32.  Pide a la Comisión que examine y utilice en consecuencia las posibles fuentes de financiación relacionadas con el cambio climático y el mercado de carbono, para la inversión en el acceso universal de los pobres a la energía sostenible con bajas emisiones de carbono;

33.  Pide a la Comisión que apoye nuevos enfoques basados en los resultados en el sector de la energía, como la financiación basada en los resultados, el pago a la entrega, o la ayuda basada en el rendimiento, enfoques que otros donantes también están sometiendo a prueba, lo que demuestra la importancia de una ayuda basada en la demanda («el socio lo pide») y no en la oferta («el donante dispone de un experto»);

34.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan que el consumo de energía de los pobres en los países en desarrollo no contribuye de forma significativa, ni lo hará en un futuro próximo, a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (1,3 % de las emisiones totales para 2030, de acuerdo con la IEA), y que para conseguir un nivel de vida mínimo que sea aceptable, el consumo per cápita de servicios de energía modernos debe aumentar, sin sufrir limitaciones debidas a medidas demasiado estrictas de mitigación del cambio climático;

35.  Observa con preocupación que el Banco Mundial y el BEI siguen concediendo especial atención a las grandes infraestructuras hidroeléctricas; recuerda que la experiencia ha mostrado que tales proyectos no aumentan necesariamente el acceso de las poblaciones pobres a la energía, sino que, para lograr este objetivo, son mejores las minicentrales o las microcentrales hidroeléctricas destinadas a la demanda local, evitando de esta forma las desventajas ambientales de los proyectos más grandes;

36.  Lamenta la falta de mentalización y de capacidad bancaria para los proyectos de energía a pequeña escala por parte del BEI y de las instituciones financieras europeas e internacionales; pide que sitúen el acceso universal a la energía en el centro de su compromiso en el sector energético, lo que implica su apoyo a proyectos de pequeña escala y fuera de la red, en particular en las zonas rurales, así como la integración de las obligaciones de servicio universal en sus proyectos y subvenciones en materia de energía con el fin de conseguir el acceso universal;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que no financien ni alienten de ninguna otra forma el uso de la energía nuclear en los países en desarrollo, teniendo en cuenta los graves problemas de seguridad y sostenibilidad;

38.  Considera valioso el trabajo de la Iniciativa sobre la Energía de la UE (UEEI), del Instrumento para el diálogo de asociación del UEEI y de la Asociación UE-África para la energía; acoge también favorablemente la iniciativa Energía+, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su participación y compromiso en estas iniciativas, para promover la coordinación de la ayuda internacional en el ámbito de la energía;

39.  Opina que la cumbre Río+20, que se celebrará en junio de 2012, ofrece la oportunidad de proponer objetivos concretos sobre los métodos para erradicar la pobreza energética y una hoja de ruta sobre cómo alcanzarlos como una estrategia mundial para lograr una economía más ecológica; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan el acceso universal a la energía en el proceso Río+20;

40.  Pide que el acceso universal a la energía se incluya en los ODM que habrán de formularse para después de 2015;

41.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al SEAE, y al Consejo de Ministros ACP-UE.

(1) Resolución 65/151, Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 65º periodo de sesiones, el 21 de enero de 2011.
(2) Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, «Mis prioridades como Secretario General»;
(3) Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, «Mis prioridades como Secretario General»;
(4) Energía para todos - Financiar el acceso de los pobres, extracto especial en primicia de de las «Perspectivas de la energía en el mundo 2011», presentado en la Conferencia sobre la energía para todos celebrada en Oslo, Noruega, en octubre de 2011; OCDE/IEA, Octubre de 2011 (http://www.iea.org/papers/2011/weo2011_energy_for_all.pdf), página 3.
(5) Ibid, pág.28.
(6) Ibid, pág. 27.
(7) Ibid, pág. 40.


Informe anual sobre la fiscalidad
PDF 167kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el informe anual sobre la fiscalidad (2011/2271(INI))
P7_TA(2012)0030A7-0014/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión Europea «La doble imposición en el mercado único» (COM(2011)0712) y la propuesta (refundición) de Directiva del Consejo relativa a los pagos de intereses y cánones (COM(2011)0714),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Eliminar las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE» (COM(2010)0769),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña la Comunicación de la Comisión titulada «Eliminar las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE» (SEC(2010)1576),

–  Visto el documento de la Comisión sobre las respuestas recibidas en el curso de la consulta de la Comisión sobre los convenios relativos a la doble imposición y el mercado interior: ejemplo reales de casos de doble imposición(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión que concluye el primer Semestre Europeo de coordinación de las políticas económicas: Orientación de las políticas nacionales en 2011-2012 (COM(2011)0400),

–  Vista la carta conjunta, de 17 de agosto de 2011, dirigida por Nicolas Sarkozy, Presidente de la República Francesa, y Angela Merkel, Canciller de Alemania, a Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo,

–  Visto el documento de la OCDE titulado «Corporate Loss Utilisation through Aggressive Tax Planning», 2011(2),

–  Visto el informe «How effective and legitimate is the European Semester? Increasing the role of the European Parliament»(3),

–  Visto el documento de la Comisión titulado «Tendencias fiscales en la UE» (edición de 2011)(4),

–  Visto el documento «Consumption Tax Trends 2010» de la OCDE(5),

–  Visto el Informe Monti sobre una nueva estrategia para el mercado único (2010),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el impacto económico de la Recomendación de la Comisión sobre los procedimientos de reducción de la retención a cuenta y las propuestas del Grupo FISCO (SEC(2009)1371),

–  Vista la Recomendación de la Comisión 2009/784/CE sobre los procedimientos de reducción de la retención a cuenta,

–  Visto el informe de Alain Lamassoure «Le citoyen et l'application du droit communautaire» de 8 de junio de 2008(6),

–  Vista su Resolución, de 2 de septiembre de 2008, sobre una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de diciembre de 2007, titulada «Aplicación de medidas contra las prácticas abusivas en el ámbito de la fiscalidad directa –dentro de la UE y en relación con terceros países» (COM(2007)0785),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de mayo de 2006, relativa a la necesidad de elaborar una estrategia coordinada de mejora de la lucha contra el fraude fiscal (COM(2006)0254),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de diciembre de 2006, titulada «Imposición de salida y necesidad de coordinación de las políticas tributarias de los Estados miembros» (COM(2006)0825),

–  Visto el informe de los consultores de Eures Channel «Report on the obstacles to mobility of EU citizens in cross-border regions» (2002)(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de mayo de 2001, titulada «Política fiscal en la Unión Europea - Prioridades para los próximos años» (COM(2001)0260),

–  Vista la propuesta de resolución B7-0531/2011, presentada, conforme al artículo 120 del Reglamento, por Cristina Muscardini y otros diputados,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0014/2012),

A.  Considerando que el mercado interior de la UE, con su libre circulación de personas, servicios, bienes y capital, no está funcionado plenamente y siguen existiendo ámbitos que han de mejorar;

B.  Considerando que los ciudadanos de la UE y las empresas que trabajan y operan de forma transfronteriza se encuentran con obstáculos fiscales que están levantando importantes barreras al crecimiento y al empleo en el mercado interior de la UE, y que estas barreras deben suprimirse a fin de lograr una Europa más competitiva que cree crecimiento y empleo;

C.  Considerando que el coste administrativo de los sistemas fiscales para las medianas empresas es una carga innecesariamente pesada y elevada en algunos Estados miembros;

D.  Considerando que la actual crisis económica y financiera ha ocasionado un aumento significativo de la deuda pública en Europa; Considerando que el endeudamiento público excesivo en los Estados miembros ha desencadenado la actual crisis financiera; que, en este contexto, los estabilizadores automáticos del Estado del bienestar siguen siendo más importantes que nunca para garantizar el crecimiento y la cohesión social;

E.  Considerando que la imposición fiscal efectiva tiene una importancia fundamental para las autoridades públicas, especialmente en Europa, a fin de cumplir sus tareas y obligaciones y satisfacer las expectativas de los ciudadanos; que los Estados con elevados déficits se enfrentan actualmente a la necesidad de aplicar medidas para incrementar sus impuestos, y que estas medidas no deberían lastrar el crecimiento;

F.  Considerando que para asegurar la credibilidad fiscal, es necesaria una sólida consolidación fiscal, junto con un reparto más justo y específico de la carga fiscal, y que la reducción de la deuda requiere restricciones del gasto y subidas de impuestos, al tiempo que ha de darse prioridad a los cambios fiscales orientados a impulsar el crecimiento; que esto sentará las bases para un crecimiento a largo plazo;

Consideraciones generales
Impedir la doble no imposición, el fraude fiscal y los paraísos fiscales, e incrementar la transparencia fiscal

1.  Recuerda que los impuestos sirven sobre todo para financiar servicios públicos como la educación, la sanidad, el transporte público y las infraestructuras públicas, proteger los bienes públicos, incentivando por ejemplo la producción y el consumo de productos ecológicos, y reducir las desigualdades sociales, garantizando una distribución global más equitativa de los ingresos y la riqueza;

2.  Observa que la fiscalidad sigue siendo una cuestión de soberanía nacional, y en algunos casos local, y que, por lo tanto, han de respetarse las diferentes estructuras de los sistemas fiscales de los Estados miembros; observa que para transferir la toma de decisiones sobre las políticas fiscales del nivel nacional al nivel de la UE sería necesario modificar el Tratado; observa, por consiguiente, que un incremento del control de los procedimientos presupuestarios por la Comisión Europea debería comportar un mayor control democrático por parte del Parlamento Europeo;

3.  Observa que la mejora del mercado único y posiblemente una cierta armonización fiscal podrían ser factores clave para fomentar el crecimiento y la creación de empleo; observa que el objetivo de las políticas fiscales debe ser fomentar la competitividad europea y reducir los costes para las empresas europeas, en concreto para las pequeñas y medianas empresas (PYME);

4.  Observa una falta de coordinación de las políticas fiscales en la UE que puede imponer costes y cargas administrativas significativos a los ciudadanos y empresas de la UE que desarrollan actividades transfronterizas;

5.  Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque fiscal más favorable al crecimiento mejorando el régimen fiscal y opten por unos impuestos menos distorsionadores, salvaguardando al mismo tiempo el objetivo del mercado social;

6.  Recalca que todos pueden extraer lecciones fructíferas de los ejemplos de los Estados miembros con un sólido historial en imposición y recaudación de impuestos;

7.  Subraya la necesidad de simplificar los regímenes del IVA a fin de eliminar la doble imposición y la burocracia para las empresas;

8.  Subraya que un bajo nivel de imposición es esencial, no solo para el bienestar social de las familias y los hogares, sino también para la competitividad y los nuevos puestos de trabajo; recalca la necesidad de un gasto público controlado y eficaz y unas finanzas públicas estables;

9.  Hace hincapié en que las propuestas de la Comisión en relación con la imposición han de contribuir a la competitividad europea eliminando las distorsiones de la competencia que surgen debido a los diferentes sistemas fiscales en vigor; asimismo recalca que las propuestas de la Comisión no deben contribuir a incrementar la carga fiscal;

10.  Observa que los Estados miembros que arrojan déficits elevados o que han experimentado el peor descenso del crecimiento del PIB tendrán que explorar a fondo las raíces de sus déficits e incrementar sus ingresos fiscales mediante impuestos efectivos y equitativos, llevar a acabo unas reducciones eficaces del gasto, luchar contra el fraude fiscal e incrementar el ahorro público; destaca que las reformas fiscales han de priorizar el colmado de lagunas y la ampliación de la base impositiva, sin menoscabar la capacidad de los Estados miembros para recaudar ingresos;

11.  Cree que el federalismo fiscal puede ser una buena herramienta para lograr la responsabilidad en la gestión fiscal a escala regional y de este modo implica una mayor eficiencia económica;

12.  Toma nota de las recientes iniciativas de la Comisión en el ámbito de la imposición, como una base consolidada común para el impuesto de sociedades, un impuesto sobre las transacciones financieras, en el ámbito del futuro régimen de la UE para el IVA y en el ámbito de la energía;

13.  Aplaude la introducción del Semestre Europeo como un posible generador de ingresos para los Estados miembros mediante el intercambio de mejores prácticas para una senda presupuestaria más coordinada y sostenible;

14.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen más en sus respectivas políticas fiscales contra la doble imposición, el fraude fiscal y la evasión fiscal con objeto de aumentar la transparencia y reducir las lagunas legales y la inseguridad en beneficio de las empresas y los ciudadanos respecto de la recaudación de impuestos, especialmente en lo que respecta a sus respectivos procedimientos administrativos para la presentación de declaraciones de impuestos; opina por ello que la Comisión, junto con el Consejo, ha de desarrollar una enérgica iniciativa común sobre las jurisdicciones en materia de secreto, lo que sería una solución mucho mejor que los meros acuerdos bilaterales entre Estados miembros individuales y dichas jurisdicciones;

15.  Afirma que los Estados miembros deben intentar reducir los costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales para las PYME, en la medida de lo posible, agilizando los procedimientos y reduciendo los costes burocráticos; observa que los Estados miembros tienen diferentes bases del impuesto de sociedades, lo cual en la práctica puede ser una barrera comercial transfronteriza para el crecimiento y el empleo; apoya la propuesta de la Comisión de introducir en la UE una base común consolidada a escala de la UE para el impuesto de sociedades, BICCIS;

16.  Recalca que la BICCIS mejorará el crecimiento y generará más puestos de trabajo en Europa reduciendo los costes administrativos y reducirá la burocracia para las empresas, en particular para las pequeñas empresas que operan en varios países de la UE;

17.  Insta a los Estados miembros a que adopten resueltamente las actuales propuestas, y a la Comisión a que presente propuestas en línea con las del Parlamento Europeo sobre la imposición del ahorro, impuestos verdes y de consumo, la prevención de la evasión fiscal, buena gobernanza y la doble imposición;

18.  Constata que la actual crisis económica y financiera ha provocado un aumento importante de la deuda pública en Europa, y que la reducción de esta enorme deuda pública exige tanto moderación del gasto como aumentos de impuestos;

19.  Señala que los Estados miembros que han sufrido el peor descenso del crecimiento del PIB han sido los que tuvieron que incrementar más sus impuestos, mientras que, en general, los Estados miembros que pudieron reducir los impuestos fueron los que consiguieron limitar la contracción del PIB a menos del 4 %(9);

20.  Pide a los Estados miembros que adopten unos sistemas fiscales más favorables al crecimiento mejorando el régimen fiscal y optando por unos impuestos menos distorsionadores, salvaguardando al mismo tiempo el objetivo de equidad social; 5 quinquies.

21.  Llega a la conclusión de que la coordinación de las políticas fiscales debe constituir un componente importante de una estrategia de consolidación fiscal a escala de la UE y mejorar la eficacia de las nuevas políticas fiscales de los Estados miembros;

Eliminar las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE

22.  Observa que la eliminación de los obstáculos fiscales puede contribuir de forma importante a aumentar las posibilidades y la confianza de los ciudadanos por lo que respecta a trabajar, jubilarse, comprar y, junto con las empresas, invertir en la UE;

23.  Acoge con satisfacción el hecho de que en la Comunicación de la Comisión sobre la eliminación de las barreras fiscales transfronterizas en beneficio de los ciudadanos de la UE se enumeran las quejas más importantes de los ciudadanos de la UE sobre los obstáculos fiscales transfronterizos, y espera con interés la propuesta de la Comisión en este ámbito;

24.  Celebra que la Comisión quiera incrementar sus esfuerzos por garantizar que todos los ciudadanos de la UE tengan acceso a la información y al asesoramiento que necesitan sobre las normas fiscales dentro de la UE;

25.  Observa que los Estados miembros han acordado que habría que mejorar el acceso de los ciudadanos a la información fiscal;

26.  Subraya la importancia de garantizar que los ciudadanos no se encuentren con obstáculos fiscales a la hora de ejercer sus libertades en el Mercado Interior;

27.  Insta a la Comisión a que comparta las buenas prácticas existentes en los Estados miembros de la UE y en otros países de la OCDE sobre información fiscal a los ciudadanos y las empresas, a que elabore instrumentos eficientes para facilitar y fomentar el intercambio de tal información sobre mejores prácticas fiscales, incluida la creación de proyectos piloto, a fin de promover la competitividad europea a largo plazo; destaca también que la Comisión ha de asegurar que Eurostat recoja y verifique estadísticas sobre elusión y evasión fiscal en el conjunto de la UE;

28.  Reconoce que determinados Estados miembros han establecido procedimientos simplificados para las solicitudes de devolución de impuestos con arreglo a sus acuerdos sobre doble imposición, y que algunos Estados miembros han creado sitios Internet, que incluyen información e impresos en diversos idiomas, para los ciudadanos no residentes o los contribuyentes extranjeros;

29.  Pide a los Estados miembros que apoyen los planes de la Comisión para mejorar la coordinación y la cooperación con las administraciones fiscales de los Estados miembros, así como entre éstas, sobre soluciones adecuadas para impedir la doble imposición y otras barreras fiscales transfronterizas;

30.  Observa que la doble imposición representa una barrera para las actividades e inversiones transfronterizas y que se necesitan soluciones coordinadas para superar este problema;

31.  Exhorta a la Comisión a que proponga medios para simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en un contexto transfronterizo;

32.  Acoge con satisfacción la consulta pública de la Comisión relativa a los impuestos sobre los pagos transfronterizos de dividendos a los inversores de cartera y a los inversores particulares en la UE, en la que se aborda la eliminación de las barreras transfronterizas al impuesto de sucesiones, y espera que la Comisión presente en el futuro propuestas al respecto;

33.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que busquen maneras de eliminar cuanto antes las barreras fiscales al trabajo transfronterizo y la movilidad transnacional, para que los objetivos de la estrategia EU2020 - concretamente el crecimiento económico y la creación de empleo - puedan realizarse cuanto antes;

34.  Exhorta a la Comisión a que efectúe un seguimiento más activo de las quejas y a que garantice una mayor transparencia e información a los ciudadanos sobre el resultado y el seguimiento de las quejas relativas a las legislaciones fiscales de los Estados miembros y los casos de infracción en el ámbito fiscal;

35.  Insta a la Comisión a que continúe su trabajo en los servicios de asesoramiento a los ciudadanos «Europe Direct» y «Tu Europa - Asesoramiento» y a que siga desarrollando el portal Internet de «Europe Direct», de modo que los ciudadanos puedan encontrar información de las 27 autoridades fiscales de la UE; recalca la necesidad de ofrecer información en un formato manejable;

36.  Pide a la Comisión que refuerce la cooperación administrativa entre los Estados miembros en el ámbito de la doble imposición, dedicando también más proyectos y recursos del programa Fiscalis sobre la solución de problemas concretos de los contribuyentes;

Eliminar la discriminación y la doble imposición en beneficio de los ciudadanos y las empresas de la UE

37.  Hace hincapié en la importancia de resolver problemas como el de la doble imposición de empresas y particulares, las incompatibilidades entre los diferentes sistemas fiscales y la falta de acceso a información sobre las disposiciones fiscales nacionales;

38.  Destaca que el establecimiento de un entorno fiscal claro, transparente y estable dentro del mercado interior beneficia a las empresas y los ciudadanos, ya que la falta de transparencia en materia de normas fiscales constituye un obstáculo para las actividades e inversiones transfronterizas en la UE;

39.  Hace hincapié en que la doble imposición reduce la competitividad de las empresas afectadas al tiempo que obstaculiza el mercado único en su conjunto;

40.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre «la doble imposición en el mercado único» en aras de una estrategia y soluciones a nivel de la UE para los problemas relacionados con la doble imposición transfronteriza;

41.  Considera que el Tratado de la UE obliga a los Estados miembros a resolver el problema de la doble imposición, y que deberían hacerlo tal como disponen los artículos 4, apartado 3, y 26 del TFUE en relación con el Mercado Interior;

42.  Concluye que los tratados fiscales bilaterales entre los Estados miembros no solucionan todos los problemas de discriminación y doble imposición de los ciudadanos y las empresas;

43.  Aplaude la idea de la Comisión para constituir un grupo de trabajo sobre los problemas derivados de la doble imposición¸ que incluya a las autoridades fiscales de los Estados miembros y, en su caso, a las asociaciones de consumidores; insta a la Comisión a que refuerce el Grupo de trabajo de la UE sobre la fiscalidad de las empresas, el Foro conjunto de la Unión Europea sobre precios de transferencia en el ámbito de la fiscalidad de las empresas (FCPT), y se relacione con la comunidad empresarial y los defensores de los derechos de los consumidores;

44.  Pide a la Comisión que ponga en marcha un nuevo foro sobre el IVA, similar al Foro conjunto de la Unión Europea sobre precios de transferencia en el ámbito de la fiscalidad de las empresas (FCPT), en el que las empresas puedan plantear cuestiones y conflictos entre los Estados miembros relacionados con el IVA de las empresas;

45.  Pide a los Estados miembros que mejoren los procedimientos que permiten a las pequeñas y medianas empresas reclamar antes el IVA soportado, reduciendo así el periodo de reembolso;

46.  Exhorta a la Comisión a que proponga un mecanismo vinculante de resolución de conflictos, como sugiere el informe Monti, que incluya la doble imposición que padecen particulares y empresas;

47.  Observa que los obstáculos administrativos y la inseguridad jurídica dificultan que los ciudadanos de la UE puedan circular libremente con sus vehículos dentro del mercado interior; insta, por lo tanto, a los Estados miembros a que supriman la doble imposición sobre la matriculación de vehículos;

48.  Exhorta a los Estados miembros a modernizar y actualizar las normas sobre desgravación transfronteriza de las empresas, así como a simplificar y modernizar las disposiciones relativas a la facturación electrónica con miras a crear finalmente un único «modelo de factura electrónica europea»;

Impedir la doble no imposición y el fraude fiscal e incrementar la transparencia fiscal

49.  Observa que la falta de transparencia fiscal y la evasión fiscal constituyen una amenaza para los ingresos de los gobiernos y cuestan miles de millones de euros;

50.  Observa que es necesario hallar el justo equilibrio entre el interés público por combatir las prácticas abusivas, la supresión de restricciones exageradas de la actividad transfronteriza en la UE y una coordinación más eficaz en la aplicación de medidas destinadas a luchar contra las prácticas abusivas en relación con terceros países; lamenta que algunos Estados miembros hayan firmado acuerdos con terceros países que permiten la persistencia de la evasión fiscal y el secreto fiscal;

51.  Pide a los Estados miembros que:

   establezcan e implementen sistemas fiscales eficaces que impidan la erosión indebida de sus bases imponibles debido a la no imposición involuntaria o a prácticas abusivas;
   apliquen medidas para combatir los abusos a acuerdos artificiales destinados a eludir las legislaciones nacionales o las disposiciones comunitarias transpuestas a las legislaciones nacionales;
   sigan compartiendo información sobre sistemas agresivos de planificación fiscal para las pérdidas de las empresas, su detección y estrategias de respuesta, y que evalúen y publiquen la eficacia de las estrategias utilizadas;
   consideren la creación de programas de cumplimiento de las obligaciones de las empresas y la introducción o revisión de iniciativas de divulgación aplicadas a los sistemas agresivos de planificación fiscal;
   concluyan, finalmente, la reforma de la Directiva relativa a la fiscalidad del ahorro para poner en práctica el intercambio automático de información, que ha sido bloqueada durante algún tiempo en el Consejo, a fin de asegurar una imposición fiscal justa y adecuada sobre el ahorro en la UE; destaca que todas las jurisdicciones afectadas han de cooperar administrativamente sin violar los derechos procedimentales del contribuyente y su derecho a la intimidad, ofreciendo un intercambio automático de información ampliado a las empresas y grupos de empresas y no restringido a los individuos;
   notifiquen y hagan públicas las decisiones fiscales por parte de autoridades nacionales para las empresas que realizan operaciones transfronterizas;
   ofrezcan incentivos a las PYME, como exenciones y reducciones fiscales, para alentar el espíritu empresarial, la innovación y la creación de empleo;
   promuevan reformas para limitar las posibilidades de evasión fiscal estableciendo unos mecanismos recaudatorios eficaces que minimicen la relación entre el contribuyente y las autoridades fiscales y maximicen el uso de tecnología moderna y se centren en la gobernanza electrónica a la hora de registrar y supervisar la actividad económica;

52.  Pide a la Comisión que:

   determine los ámbitos en los que se pueden mejorar la legislación de la UE y la cooperación administrativa entre los Estados miembros para reducir el fraude fiscal;
   asigne más recursos presupuestarios y personal a la DG TAXUD para elaborar políticas y propuestas de la UE relativas a la doble no imposición y a la evasión y el fraude fiscales;
   aborde la competencia fiscal nociva y la doble no imposición de grandes empresas que reorientan artificialmente los beneficios para minimizar el tipo impositivo efectivo. notifiquen y hagan públicas las decisiones fiscales por parte de autoridades nacionales para las empresas que realizan operaciones transfronterizas;
   aborde de forma más estricta el fraude fiscal mediante el enjuiciamiento penal;

53.  Pide a los Estados miembros que den prioridad a la lucha contra el uso de los paraísos fiscales con fines ilícitos, y pide a la Comisión, en cooperación con el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta, como primer paso, la definición de la OCDE y la lista de paraísos fiscales y jurisdicciones con secreto bancario, que elabore una definición y lista de la UE; pide que se acuerde una definición europea única, a la espera de que se acuerde una definición a nivel mundial;

54.  Reconoce que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información a Efectos Fiscales de la OCDE es el principal foro para la lucha contra la evasión fiscal, y apoya firmemente su labor; observa sus deficiencias como foro de bajos comunes denominadores; reconoce también las iniciativas razonables a escala nacional, de la UE y mundial destinadas a una solución viable para este problema persistente;

55.  Pide a la Comisión que actúe con mayor diligencia contra la evasión y el fraude fiscales;

56.  Insta a los Estados miembros a celebrar acuerdos sobre lucha contra el fraude e intercambio de información fiscal con Andorra, Mónaco y San Marino, así como un nuevo acuerdo con Suiza, y después los actualicen con regularidad;

57.  Concluye que una falta de cooperación y coordinación entre los sistemas fiscales de los Estados miembros provoca la no imposición involuntaria y la evasión, el abuso y el fraude fiscal;

58.  Insta a la Comisión a que analice las repercusiones fiscales de la aplicación del Semestre Europeo y a que publique un informe en el curso de 2012;

59.  Pide que se concedan suficientes recursos presupuestarios y se dote de personal suficiente al Tribunal de Cuentas Europeo y a la OLAF para desarrollar eficientes mecanismos de control y supervisión de los procedimientos presupuestarios a escala de la UE;

60.  Pide a la Comisión que identifique y dé prioridad a las medidas políticas de los programas de estabilidad y convergencia que tienen implicaciones fiscales y de los programas de reforma nacionales de los Estados miembros;

o
o   o

61.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

(1)http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/consultations/tax/summary_report_consultation_double_tax_conventions_en.pdf
(2) http://www.oecd.org/document/61/0,3746,en_2649_33767_48570813_1_1_1_1,00.html
(3) http://www.bruegel.org/publications/publication-detail/publication/599-how-effective-and-legitimate-is-the-european-semester-increasing-the-role-of-the-european-parliament/
(4)http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
(5) http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-2010_ctt-2010-en
(6) http://www.alainlamassoure.eu/liens/817.pdf
(7) DO C 295 E de 4.12.2009, p. 13.
(8) http://www.eureschannel.org/en/dossiers/WEBrapport_obst_E.pdf
(9) Publicación de la Comisión «Tendencias fiscales en la UE» (Edición de 2011).


Política de competencia de la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE (2011/2094(INI))
P7_TA(2012)0031A7-0424/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2010 (COM(2011)0328), y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2011)0690) que lo acompaña,

–  Visto el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado(1),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones)(2),

–  Vistas las Directrices de la Comisión para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/20031(3) (Directrices sobre multas),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2008, titulada «La aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial»(4) (Comunicación bancaria),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, titulada «La recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la competencia»(5) (Comunicación sobre recapitalización),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2009, sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario(6) (Comunicación sobre los activos deteriorados),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2009, sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales(7) (Comunicación sobre reestructuración),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, titulada «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera»(8) (Marco temporal original),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de diciembre de 2010, titulada «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera»(9) (nuevo Marco temporal que sucede al que concluyó el 31 de diciembre de 2010),

–  Visto el estudio de junio de 2011, encargado por el Parlamento y titulado «State aid – Crisis rules for the financial sector and the real economy»(10),

–  Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 5 de octubre de 2011, titulado «Los efectos de las medidas temporales de ayuda estatal adoptadas en el contexto de la crisis financiera y económica» (SEC(2011)1126),

–  Visto el proyecto de Reglamento de la Comisión que modifica el Reglamento (CE) nº 794/2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE,

–  Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Consulta Pública: »Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo'' (SEC(2011)0173),

–  Visto el documento de la Dirección General de Competencia de la Comisión titulado «Best Practices on the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU»(11),

–  Visto el documento de la Dirección General de Competencia de la Comisión titulado «Guidance on procedures of the Hearing Officers in proceedings relating to Articles 101 and 102 TFEU»(12),

–  Visto el documento de la Dirección General de Competencia de la Comisión titulado «Best practices for the submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of Articles 101 and 102 TFEU and in merger cases»(13),

–  Visto el Acuerdo marco de 20 de octubre de 2010 sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea(14) («el Acuerdo marco») y, en particular, sus apartados 12(15) y 16(16),

–  Vistas sus resoluciones de 25 de abril de 2007 sobre el Libro Verde: Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia (17) y de 26 de marzo de 2009 sobre el Libro Blanco: Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia (18) , y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de 20 de octubre de 2011 sobre «Consulta Pública: »Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo'«,

–  Vistas sus resoluciones de 15 de noviembre de 2011 sobre «la reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general»(19),

–  Vistas sus Resoluciones de 22 de febrero de 2005, sobre el XXXIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia - 2003(20), de 4 de abril de 2006, sobre el informe de la Comisión sobre la política de competencia 2004(21), de 19 de junio de 2007, sobre la política de competencia 2005(22), de 10 de marzo de 2009, sobre los informes sobre la política de competencia 2006 y 2007(23), de 9 de marzo de 2010, sobre la política de competencia 2008(24), y de 20 de enero de 2011, sobre el Informe sobre la política de competencia 2009(25),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión sobre la política de competencia de 2010 (INT/594 - CESE 1461/2011),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0424/2011),

A.  Considerando que aún no se ha superado la crisis económica y financiera que se declaró en el otoño de 2008; considerando que las turbulencias financieras y los temores en cuanto a una recesión se han agudizado de nuevo en los últimos meses;

B.  Considerando que la Comisión reaccionó ante el estallido de la crisis con prontitud y de manera razonable mediante la adopción de normas especiales en materia de ayudas de Estado y empleando la política de competencia como instrumento de gestión de crisis; considerando que todo ello se entendía ‐y se sigue entendiendo‐ como un régimen temporal, aunque su duración ha superado las previsiones iniciales;

C.  Considerando que entre el 1 de octubre de 2008 y el 1 de octubre de 2010 la Comisión tomó más de 200 decisiones sobre las ayudas de Estado para el sector financiero; considerando que en 2009, el importe nominal de la ayuda de Estado al sector financiero utilizado por los Estados miembros ascendió a 1 107 000 euros (9,3 % del PIN de la UE); considerando que el volumen máximo de las medidas adoptadas por la Comisión desde el comienzo de la crisis hasta el 1 de octubre de 2010 (incluidos regímenes e intervenciones ad hoc) ascendió a 4 588 900 euros;

D.  Considerando que la Comisión introdujo el requisito, aplicable a partir del 1 de enero de 2011, de presentar un plan de reestructuración para cada beneficiario de una recapitalización o de una medida de rescate de los activos, independientemente de que se considerara que el banco estaba saneado o en dificultades;

E.  Considerando que la gran cantidad de ayuda de Estado concedida durante la crisis en forma de, por ejemplo, regímenes de garantía, regímenes de recapitalización y métodos complementarios de ayudas de tesorería o financiación bancaria ha contribuido a la creación de graves desequilibrios en las finanzas públicas: considerando que sigue sin conocerse el impacto que puedan tener en el futuro esta ayuda de Estado y, en particular, las garantías facilitadas a los bancos si llega a reclamarse efectivamente alguna de las garantías;

F.  Considerando que el proteccionismo y la no aplicación de las normas de competencia contribuirían a profundizar y prolongar la crisis; considerando que la política de competencia es un instrumento esencial para que la UE pueda contar con un mercado interior dinámico, eficiente e innovador y ser competitiva en la escena mundial;

G.  Considerando que, a pesar de todos los esfuerzos por hacer frente a la crisis económica, los carteles siguen siendo la amenaza más seria contra la competencia, el bienestar de los consumidores y el adecuado funcionamiento de los mercados, por lo que son inaceptables incluso en un contexto de crisis económica;

Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2010

1.  Acoge con satisfacción el Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2010; Destaca, con ocasión del 40º aniversario de este informe, que la política de competencia ha aportado numerosos beneficios en términos de bienestar del consumidor y ha sido un instrumento esencial para eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales; señala que la política de competencia sigue siendo un instrumento esencial para preservar el mercado único y proteger los intereses de los consumidores; destaca que es necesario actualizar algunas normas para hacer frente a nuevos desafíos;

2.  Observa que el efecto combinado de unos principios rígidos y unos procedimientos flexibles ha permitido que la política de competencia sea un factor constructivo y estabilizador en el sistema financiero de la UE y en la política real en general;

Recomendaciones de política de competencia

3.  Se muestra convencido de que la mejora de la transparencia de los precios es esencial para estimular la competencia en el mercado único y ofrecer auténticas alternativas a los consumidores;

4.  Acoge con satisfacción el intercambio existente entre la Comisión y las asociaciones de consumidores en el ámbito del derecho de competencia europeo y alienta a ambas partes a intensificar estos intercambios, incluyendo, si procede, a otros interlocutores;

Control de las ayudas de Estado

5.  Acoge con satisfacción el documento de trabajo de los servicios de la Comisión en el que se evalúan los efectos de las medidas temporales de ayuda estatal adoptadas en el contexto de la crisis financiera y económica; toma nota de la valoración hecha por la Comisión según la cual ayudas de Estado han sido globalmente eficaces para reducir la inestabilidad financiera, mejorar el funcionamiento de los mercados financieros y amortiguar los efectos de la crisis sobre la economía real; se pregunta, no obstante, si se puede respaldar un análisis tan optimista;

6.  Destaca que el régimen temporal aplicable a las ayudas de Estado ha sido positivo como reacción inicial ante la crisis, pero no es posible prolongarlo indebidamente, así como la necesidad de poner fin a las medidas temporales y a las excepciones lo antes posible;

7.  Observa que es necesario un nuevo régimen permanente de regulación para la aplicación de las normas sobre ayudas de Estado a fin de remediar las deficiencias constatadas en el ordenamiento jurídico previo a la crisis, en particular en lo que se refiere al sector financiero, así como para corregir las distorsiones que se han creado a raíz de la crisis financiera y económica;

8.  Toma nota del anuncio de unas orientaciones específicas sobre el rescate y la reestructuración del sector bancario; recomienda a la Comisión que tenga en cuenta el impacto, en lo que se refiere a la distorsión de la competencia, de las ayudas de tesorería concedidas por los bancos centrales durante la fase de rescate y que disponga la reestructuración ordenada de los bancos, con participación de los accionistas y obligacionistas, antes de la inyección de capital público;

9.  Insta a la Comisión a que vincule la extensión de la ayuda de Estado temporal al sector bancario después de 2011 a unas condiciones reforzadas y más estrictas relacionadas con la reducción de la composición y el tamaño del balance, incluidas una atención adecuada al crédito al por menor y restricciones más estrictas con respecto a las bonificaciones y el reparto de dividendos, así como a otros factores esenciales; opina que estas condiciones deben ser explícitas y categóricas y ser posteriormente objeto de una evaluación y un resumen a posteriori de la Comisión;

10.  Toma nota de las medidas adoptadas hasta la fecha por la Comisión para reducir el tamaño del balance de determinadas entidades «demasiado grandes o interconectadas para caer» que han recibido ayudas de Estado durante la crisis; opina que se necesitan más medidas a este fin;

11.  Destaca, no obstante, que la actual consolidación del sector bancario ha incrementado en realidad la cuota de mercado de varias grandes entidades financieras y, por consiguiente, insta a la Comisión a que mantenga una estrecha vigilancia del sector con el fin de fomentar la competencia en los mercados bancarios europeos, incluida la imposición de planes de reestructuración que impliquen la separación de las actividades bancarias cuando los depósitos al por menor permitan que estas entidades financien actividades de inversión bancaria con mayor riesgo;

12.  Constata que el BCE ha efectuado varias inyecciones de liquidez no regulares durante la crisis; Toma nota de la valoración de la Comisión según la cual este tipo de medidas no constituyen ayuda estatal en sentido estricto, como lo menciona la Comisión en su estudio; destaca, sin embargo, que la acción política a escala de la Unión Europea debe ser coordinada y que la Comisión debe tener en cuenta los efectos del apoyo del BCE o de otros bancos centrales y de otras intervenciones públicas al evaluar las ayudas estatales a los bancos, que son también los beneficiarios del apoyo del BCE o de otros bancos centrales;

13.  Advierte que los efectos del apoyo del BCE y otras intervenciones públicas recibidas por los bancos durante la crisis no han sido incluidos en la evaluación de compatibilidad de la Comisión; pide a la comisión que proceda a evaluar estas operaciones a posteriori;

14.  Pide a la Comisión que presente sin demora la propuesta legislativa prevista para abordar, en un genuino marco europeo, la resolución de la crisis de los bancos en dificultades, garantizando un marco reglamentario común, un conjunto de instrumentos y dispositivos de intervención comunes y limitando al mínimo la participación de los contribuyentes, en especial mediante la creación de fondos de resolución para el sector armonizados y autofinanciados (con un enfoque basado en el riesgo);

15.  Destaca que la ayuda de Estado se ha de conceder de tal manera que no distorsione la competencia o favorezca a empresas ya establecidas en detrimento de las emergentes;

16.  Opina que las ayudas estatales deben apoyar a los núcleos de innovación e investigación y prestar así apoyo al espíritu emprendedor;

17.  Pide a la Comisión que garantice que la simplificación prevista de las normas en materia de ayudas estatales para los servicios de interés económico general (SIEG) no lleve a un deterioro del control de las compensaciones excesivas;

18.  Toma nota de la intención de la Comisión de introducir una normativa «de minimis» para la ayuda de Estado destinada a los SIEG; subraya que se necesitan criterios claros e inequívocos para determinar los servicios que quedarían cubiertos por esta normativa;

19.  Insiste en que cualquier propuesta de eximir de notificación, por principio, otros ámbitos de los SIEG debe basarse en pruebas que demuestren que dicha exención está justificada y es necesaria y no falsea indebidamente la competencia;

20.  Destaca la importancia de fomentar la competencia en todos los sectores y no solo en el sector de los servicios, que representa el 70 % de la economía europea; hace hincapié, además, en el derecho a crear nuevas empresas y servicios;

Prevención de prácticas restrictivas de la competencia

21.  Propone que, en caso de que la Comisión presente una propuesta sobre un marco horizontal en materia de recurso colectivo, se adopte, cuando proceda, un principio por el que se rijan las acciones de seguimiento, de modo que el ejercicio privado de los derechos a través del recurso colectivo pueda darse cuando la Comisión o las autoridades nacionales de competencia hayan dictaminado previamente la existencia de una infracción; observa que el establecimiento del principio de acciones de seguimiento no excluye por lo general la posibilidad de prever tanto acciones independientes como acciones de seguimiento;

22.  Señala que los mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos (ADR) dependen con frecuencia de la voluntad de cooperación del comerciante, y considera que la existencia de un sistema de recurso judicial efectivo actuaría como un sólido incentivo para que las partes acuerden una solución extrajudicial, lo que probablemente evitaría un considerable número de casos y reduciría por ende el volumen de litigios; aboga por el establecimiento de sistemas ADR a escala europea, de modo que la resolución rápida y barata de conflictos sea más atractiva que un proceso judicial; subraya, no obstante, que esos mecanismos deben seguir siendo, como su propio nombre indica, una alternativa a las vías de recurso jurisdiccionales, y no una condición previa;

23.  Destaca que, de conformidad con las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos C-360/09, Pfleiderer, y 437/08, CDC Hydrogen Peroxide, la Comisión debe garantizar que los recursos colectivos no pongan en peligro la eficacia del sistema de clemencia y el procedimiento de conciliación del Derecho de la competencia;

24.  Considera que se deben tener en cuenta como es debido los aspectos específicos del ámbito de la competencia, y que los instrumentos aplicables al recurso colectivo deben tener plena y debidamente en cuenta las particularidades del sector antimonopolio;

25.  Reitera que, por lo que respecta al recurso colectivo en el ámbito de la política de competencia, se deben instaurar salvaguardias para evitar el desarrollo de un sistema de demandas colectivas que conlleve reclamaciones sin fundamento y un recurso excesivo a los tribunales, así como para garantizar la igualdad entre las partes en el proceso; destaca que estas salvaguardias deben cubrir, entre otros, los siguientes aspectos:

   el grupo de demandantes debe estar definido claramente antes de ejercitar una acción (procedimiento de inclusión voluntaria u «opt-in»);
   las autoridades públicas como los defensores del pueblo o los fiscales, así como los organismos representativos, deben poder ejercitar una acción en nombre de un grupo de demandantes definido con claridad;
   los criterios utilizados para definir los organismos representativos habilitados para entablar demandas en representación deben establecerse a escala de la UE;
   debe descartarse un sistema de demandas colectivas, ya que promovería un recurso excesivo a los tribunales, puede ser contrario a las constituciones de algunos Estados miembros y puede afectar a los derechos de las víctimas que pudieran participar en el proceso sin saberlo y para las que, a pesar de ello, sería obligatoria la resolución judicial;
  a) autorización de acciones individuales:
   los demandantes deben tener en todo caso la opción de reclamar una indemnización individual ante un tribunal competente;
   los demandantes colectivos no deben encontrarse en una posición mejor que la de los demandantes individuales;
  b) indemnización por perjuicios menores y difusos:
   los demandantes de una indemnización por perjuicios menores y difusos deben disponer de vías adecuadas para acceder a la justicia mediante recursos colectivos y deben obtener una indemnización justa;
  c) indemnización por daños reales únicamente:
   la indemnización solo debe poder concederse por los daños reales; deben prohibirse las indemnizaciones punitivas y el enriquecimiento indebido;
   cada demandante debe probar su derecho;
   la indemnización que se conceda deberá repartirse entre los demandantes proporcionalmente al perjuicio que cada uno haya sufrido;
   por lo general, los honorarios condicionados al resultado del litigio («contingency fees») no se contemplan en Europa y deben descartarse;
  d) principio de «quien pierde, paga»:
   no puede ejercitarse una acción en la que el demandante se encuentre indefenso por falta de recursos financieros; por otra parte, las costas de procedimiento y, por ende, el riesgo que conlleva la acción judicial, deben recaer en la parte que pierda el caso; compete a los Estados miembros establecer normas en materia de imposición de costas;
  e) prohibición de financiación por terceras partes:
   los procesos no deben ser prefinanciados por terceras partes, a cambio, por ejemplo, de un acuerdo entre los demandantes de ceder a terceros sus posibles derechos ulteriores a indemnización;

26.  Subraya que cualquier marco horizontal que se instaure debe garantizar el cumplimiento de dos premisas básicas:

   los Estados miembros no deben aplicar a los casos de recurso colectivo por incumplimiento de la legislación de la UE condiciones más restrictivas que las que aplican a los casos por incumplimiento de la legislación nacional;
   ninguno de los principios establecidos en el marco horizontal debe impedir la adopción de medidas adicionales para garantizar la plena eficacia de la legislación de la UE;

27.  Acoge con satisfacción el instrumento legislativo, anunciado por la Comisión en su programa de trabajo para 2012, relativo a las acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia; subraya que dicho instrumento debe tener presentes las resoluciones anteriores del Parlamento al respecto e insiste en que debe aprobarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

28.  opina que la política sancionadora es un instrumento importante para al acción pública coercitiva y disuasoria;

29.  Observa que los comportamientos se motivan no sólo mediante sanciones sino también fomentando el cumplimiento de normas; aboga por un enfoque que ejerza una disuasión eficaz al tiempo que fomente la observancia;

30.  Destaca que esa política de multas elevadas no es ni debe seguir usándose como mecanismo alternativo de financiación presupuestaria de la UE;

31.  Observa que el método para imponer multas es objeto de un acto no legislativo - Directrices para el cálculo de las multas de 2006 - y insta una vez más a la Comisión a incorporar una base detallada para el cálculo de multas, junto con nuevos principios sancionadores, en el Reglamento (CE) n ° 1/2003;

32.  Alienta a la Comisión a que revise sus directrices sobre imposición de multas y sugiere que evalúe en ellas entre otros los siguientes principios:

   tener en cuenta la aplicación de programas rigurosos para garantizar un comportamiento correcto no debe tener consecuencias negativas para el infractor que sean superiores a una satisfacción proporcional a la infracción;
   introducir una distinción en el nivel de las sanciones según las empresas hayan actuado intencionadamente o por negligencia;
   tener en cuenta la interacción entre las responsabilidades públicas y las privadas en el marco del Derecho de competencia de la UE; la Comisión ha de velar por que las multas tengan en cuenta las compensaciones ya pagadas a terceros; de modo que sea aplicable también a empresas que gocen de trato benevolente; debe alentarse además a los infractores a pagar indemnizaciones sobre la base de un acuerdo extrajudicial antes de tomar la decisión definitiva sobre la multa;
   especificar las condiciones según las cuales empresas matrices que ejercen influencia decisiva en una filial pero no están involucradas directamente en una infracción deben hacerse solidariamente responsables por las infracciones monopolistas por parte de sus filiales;
   exigir, por lo que se refiere a la reincidencia, que se establezca un vínculo claro entre la infracción objeto de investigación e infracciones anteriores, por un lado, y la empresa de que se trate, por otro lado; debe tomarse en consideración un plazo límite;

33.  Toma nota del incremento del número de solicitudes de reducción de las multas por insolvencia, en particular en el caso de empresas monoproducto y PYME; opina que una alternativa a la reducción de las multas podría ser un sistema de pago retardado o fraccionado con el fin de evitar la asfixia económica de las empresas;

34.  Espera una adaptación de las directrices sobre sanciones en relación con las empresas «mono-producto» y las PYMES, según anunció el Vicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia;

35.  Acoge con satisfacción la aplicación del procedimiento de transacción con miras a aumentar la eficiencia del proceso;

36.  Insta a la Comisión a que, a la hora de examinar eventuales abusos de posición dominante, tenga en mayor medida presentes los efectos de propagación sobre la economía en general, cuando descubra que no se ha producido ningún abuso de posición dominante;

Control de operaciones de concentración

37.  Opina que la crisis económica y financiera no puede justificar una relajación de las políticas de control de las concentraciones de la UE; pide a la Comisión que vele por que las concentraciones, y en particular las concentraciones concebidas para rescatar o reestructurar bancos en dificultades, no den lugar a entidades «demasiado grandes como para quebrar» y por lo general más sistémicas;

38.  Destaca que conviene evaluar la aplicación de las normas de competencia a las concentraciones desde la perspectiva del mercado interior en su conjunto;

Cooperación internacional

39.  Destaca la importancia de fomentar la convergencia global de la regulación de la competencia; alienta a la Comisión a que participe activamente en la Red Internacional de Competencia;

40.  Alienta a la Comisión a que celebre acuerdos bilaterales de cooperación sobre garantía del cumplimiento de las normas sobre competencia; celebra el anuncio de la negociación con Suiza de un acuerdo con este objetivo y anima a una mayor coordinación de las medidas políticas y las de garantía del cumplimiento;

Sectores específicos

41.  Toma nota de la iniciativa «Energía 2020» de la Comisión; insta a la Comisión a que persiga la plena aplicación del paquete sobre el mercado interior de la energía; alienta a la Comisión, en la medida en que aún no se ha realizado plenamente un mercado interior abierto y competitivo en el ámbito de la energía, a que observe atentamente la competencia en los mercados de la energía, en particular en aquellos casos en los que la privatización de un servicio público dé lugar a mercados monopolísticos u oligopolísticos;

42.  Recuerda la petición que dirigió a la Comisión durante las primeras etapas de aplicación del tercer paquete energético para que supervisara estrechamente el nivel de competencia, dado que, a pesar de la apertura gradual de los mercados a mediados de la década de 1990, los tres principales operadores siguen representando alrededor del 75 % (electricidad) y más del 60 % (gas) del mercado; insta a la Comisión a que adopte directrices dirigidas a mejorar el acceso de las energías renovables a la red energética;

43.  Recuerda la petición que dirigió a la Comisión para que examinara en su próximo informe anual en qué medida la concentración de proveedores de materias primas fundamentales puede ser perjudicial para la actividad de los sectores cliente y para una economía más eficiente en el plano ecológico, ya que algunos de estos sectores son de vital importancia para el desarrollo de tecnologías eficientes, como los paneles fotovoltaicos y las baterías de iones de litio;

44.  Pide a la Comisión que intensifique los esfuerzos que está haciendo para abrir la competencia en el sector de las agencias de calificación crediticia, en particular en lo que se refiere a los obstáculos a la entrada, las supuestas prácticas colusorias y el abuso de posiciones dominantes; Insta a la Comisión a asegurarse de que todas las agencias de calificación crediticia cumplan las normas más exigentes de integridad, divulgación de la información, transparencia y gestión de los conflictos de intereses, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia(26), con el fin de garantizar la calidad de las calificaciones;

45.  Pide a la Comisión que controle activamente la evolución de los mercados relacionados con las materias primas tras las conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2008 (apartado 40) y que impulse unas propuestas legislativas ambiciosas en el marco de la revisión de las Directivas MiFID y MAD con el fin de acabar con las prácticas especulativas que repercuten negativamente en la industria europea y distorsionan el mercado único;

46.  Destaca que investigaciones efectuadas recientemente por reguladores de los Estados Unidos, el Reino Unido y Japón han revelado que durante la crisis algunos bancos estadounidenses y europeos han manipulado las tasas LIBOR; manifiesta, por lo tanto, su preocupación por las posibles distorsiones del mercado ocasionadas por estas prácticas;

47.  Insta a la Comisión a que investigue la situación de la competencia en el sector del comercio al por menor, en particular las consecuencias del supuesto abuso de la posición de mercado por parte de cadenas al por menor dominantes, lo que repercute negativamente en los pequeños minoristas y productores, en especial en el mercado agrícola y alimentario;

48.  Reitera sus peticiones a la Comisión para que lleve a cabo una investigación de la competencia en la industria agroalimentaria, con objeto de analizar los efectos que tiene el peso en el mercado de los principales proveedores y minoristas en el funcionamiento de dicho mercado;

49.  Toma nota de la complejidad de la cadena alimentaria y de la falta de transparencia en el precio de los alimentos; considera que un mejor análisis de los costes, los procesos, la calidad, el valor añadido, los volúmenes, los precios y los márgenes en todos los tramos de la cadena alimentaria, incluyendo una mejora de la calidad y transparencia, con arreglo al derecho de la competencia y a la confidencialidad comercial, mejorará la información disponible para los consumidores, así como la transparencia de los mecanismos de determinación de los precios de la cadena alimentaria, mejorando así las alternativas al alcance de los consumidores, a la vez que evita discriminaciones injustas contra los mismos; acoge con satisfacción el establecimiento del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y sus efectos positivos en la mejora de las prácticas comerciales;

50.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que efectúe una investigación sectorial sobre la publicidad en línea y los buscadores;

51.  Reitera su llamamiento para que se lleve a cabo una investigación sobre la aplicación de la normativa de contratación pública y sobre si las diferencias nacionales producen una distorsión de la competencia;

52.  Subraya que la plena realización del mercado interior para todos los modos de transporte debe ser siempre el principal objetivo de la política europea de transportes;

53.  Comparte la opinión de la Comisión de que la UE carece todavía de una red transfronteriza de infraestructuras de transporte suficientemente interconectada, interoperable y eficiente, y considera que dicha red es indispensable para disfrutar de una competencia justa en la plena realización del mercado interior;

54.  Considera que la política de competencia debería contribuir a promover y aplicar las normas abiertas y la interoperabilidad, con el fin de evitar el bloqueo tecnológico («lock-in») de los consumidores y clientes por una minoría de los operadores del mercado;

55.  Observa la falta de competencia en el mercado de la itinerancia y subraya la necesidad de mejorar la transparencia de los precios; a este respecto, acoge con satisfacción las nuevas normas marco de la UE en el ámbito de las telecomunicaciones y la propuesta de la Comisión para un Reglamento sobre itinerancia III (COM(2011)0402) que propone medidas estructurales para mejorar la competencia al por mayor, con beneficios esperados en la competencia al por menor, precios y opciones para los consumidores; en particular, insta a la Comisión a alcanzar el objetivo establecido en la Agenda Digital para Europa (COM(2010)0245) de que las diferencias entre las tarifas de itinerancia y nacionales deben aproximarse a cero en el año 2015;

56.  Subraya que una mayor competencia en el sector de la banda ancha es esencial para alcanzar el objetivo Europa 2020 de plena cobertura para los ciudadanos europeos, beneficiando a los consumidores y a las empresas; pide a la Comisión que estudie posibles casos en los que el acceso a servicios de banda ancha ha sido limitado a nivel nacional;

57.  Insta a la Comisión a que examine en qué medida la asignación excesivamente generosa en determinados sectores de permisos de emisión de la UE puede constituir un elemento de distorsión de la competencia, habida cuenta de que los permisos cuya eficiencia ha disminuido con la desaceleración de la actividad económica han generado beneficios inesperados para algunas empresas, al mismo tiempo que se reducía su incentivo para desempeñar el papel que corresponde a dichas empresas en la transición hacia una economía ecológicamente eficiente;

58.  Recuerda que la Comisión ha incoado una serie de procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros por no aplicar correctamente el primer paquete ferroviario;

59.  Pide a la Comisión que vele por que los acuerdos bilaterales entre países en el sector del transporte aéreo no den preferencia formal a un aeropuerto específico en el caso de los vuelos de un país a otro;

60.  Insta a la Comisión a que analice el sector de la aviación, en particular los acuerdos de código compartido entre líneas aéreas, que en numerosos casos no producen ningún beneficio para los consumidores y solo contribuyen a un mayor cierre del mercado, dando lugar a abusos de las posiciones dominantes y a prácticas concertadas entre empresas que de otro modo tendrían que actuar de manera competitiva;

61.  Espera con interés los resultados de la consulta pública sobre la aplicación de las Directrices de aviación de 2005; alienta a la Comisión a examinar cuidadosamente las disposiciones relativas a la evaluación de las ayudas sociales y a la reestructuración de las líneas aéreas, con el fin de aclarar si siguen garantizando la igualdad de condiciones para las compañías aéreas en las actuales condiciones del mercado, o si es necesario proceder a su revisión;

62.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas contra cualquier política discriminatoria que pudiera aplicarse en el contexto de acuerdos entre la UE y terceros países, a fin de evitar las distorsiones de la competencia entre compañías aéreas internacionales y garantizar así una competencia justa;

63.  Destaca la necesidad de completar el cielo único europeo, que aportará un sistema de rendimiento para garantizar la transparencia de la fijación de precios de los servicios;

64.  Insiste en la necesidad de que se apliquen estrictamente las normas relativas a la obligación de mostrar precios reales, transparentes y totales para los billetes de avión, para favorecer así una competencia intermodal e intramodal más justa;

65.  Espera con interés los resultados de los estudios de la Comisión y del Parlamento sobre la financiación de las estructuras portuarias marítimas, que permitirán que ambas instituciones evalúen si la actual normativa se aplica de forma coherente o si es necesario redefinirla;

Diálogo en materia de competencia entre el Parlamento y la Comisión
Diálogo sobre la competencia

66.  Se congratula de la asistencia del Vicepresidente de la Comisión Joaquín Almunia a intercambios de puntos de vista con el Parlamento, junto con la cooperación positiva demostrada este año a través de las sesiones de información organizadas por la DG COMP; opina que la celebración de una reunión anual de diputados con el Director General de la DG COMP es una buena práctica que debe mantenerse;

67.  Pide, con ocasión del 40º aniversario del Informe de la Comisión sobre política de competencia, que se celebre un acuerdo entre el Parlamento y la Comisión que instaure un diálogo exhaustivo sobre política de competencia que refuerce la función del Parlamento como institución directamente elegida que representa a los ciudadanos europeos; observa que este arreglo práctico debe profundizar el actual diálogo y tal vez institucionalizar, sin perjuicio de las competencias exclusivas de la Comisión en virtud del Tratado, un diálogo periódico entre el Parlamento y la Comisión que establezca procedimientos y compromisos en relación con el seguimiento dado a las recomendaciones del Parlamento;

Informe anual sobre competencia

68.  Insta a la Comisión a que incluya en su informe anual:

   una relación de los instrumentos legislativos y no legislativos, vinculantes y no vinculantes, adoptados durante el año de referencia, junto con la justificación de los cambios introducidos;
   un resumen de las contribuciones recibidas del Parlamento y de las partes interesadas en el contexto de las consultas públicas, junto con la justificación de la aceptación de algunas de las opiniones expresadas y el rechazo de otras;
   una relación de las medidas tomadas por la Comisión durante el año de referencia para aumentar la transparencia de su proceso de adopción de decisiones y velar por un mayor respeto del debido desarrollo del procedimiento; en esta sección debe figurar un informe sobre el diálogo con el Parlamento en materia de competencia;

Programa de trabajo anual en materia de competencia

69.  Insta a la Comisión a que presente un programa de trabajo anual en materia de competencia a primeros de año, con una lista exhaustiva de los instrumentos vinculantes y no vinculantes en materia de competencia cuya adopción se espera para el año que se inicia y de las consultas públicas previstas;

70.  Destaca que tanto el informe como el programa de trabajo deben ser presentados por el Comisario de Competencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios;

o
o   o

71.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.
(2) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
(3) DO C 210 de 1.9.2006, p. 2.
(4) DO C 270 de 25.10.2008, p. 8.
(5) DO C 10 de 15.1.2009, p. 2.
(6) DO C 72 de 26.3.2009, p. 1.
(7) DO C 195 de 19.8.2009, p. 9.
(8) DO C 16 de 22.1.2009, p. 1.
(9) DO C 6 de 11.1.2011, p. 5.
(10) http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288.
(11)http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/best_practice_articles.pdf.
(12)http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/best_practice_articles.pdf.
(13)http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/best_practice_articles.pdf.
(14) DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.
(15) «Cada uno de los miembros de la Comisión velará por que la información circule directamente y con regularidad entre el miembro de la Comisión y el presidente de la comisión parlamentaria competente.»
(16) «En un plazo de tres meses a partir de la aprobación de una resolución parlamentaria, la Comisión informará por escrito al Parlamento sobre las medidas adoptadas como respuesta a las solicitudes concretas que el Parlamento le haya dirigido en sus resoluciones, incluso en aquellos casos en los que la Comisión no haya podido responder a dichas solicitudes. [...]»
(17) DO C 74 E de 20.3.2008, p. 653.
(18) DO C 117 E de 6.5.2010, p. 161.
(19) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0494.
(20) DO C 304 E de 1.12.2005, p. 114.
(21) DO C 293 E de 2.12.2006, p. 143.
(22) DO C 146 E de 12.6.2008, p. 105.
(23) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 43.
(24) DO C 349 E de 22.12.2010, p. 16.
(25) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0023.
(26) DO L 302 de 17.11.09, p. 1.

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