Índice 
Textos aprobados
Jueves 16 de febrero de 2012 - Estrasburgo
Sistemas de garantía de depósitos ***I
 Orientaciones para el presupuesto 2013 - Otras secciones distintas de la Comisión
 Plan plurianual para la población occidental de jurel
 Contribución de la política pesquera común a la producción de bienes públicos
 Acontecimientos políticos recientes en Hungría
 Situación en Rusia
 Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca
 Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca ***
 Situación en Siria
 19º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
 Acceso de las personas ciegas a los libros
 Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas
 Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas ***
 Futuro del Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES)
 Pena de muerte en Belarús, en particular el caso de Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou
 Egipto: acontecimientos recientes
 Pena de muerte en Japón

Sistemas de garantía de depósitos ***I
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Resolución
Texto consolidado
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos (refundición) (COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD))
P7_TA(2012)0049A7-0225/2011

(Procedimiento legislativo ordinario: refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0368),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0177/2010),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por el Parlamento de Dinamarca, el Parlamento Federal de Alemania y el Parlamento de Suecia, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 16 de febrero de 2011(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Vista la carta dirigida el 24 de febrero de 2011 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 87, 55 y 37 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0225/2011),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la presente propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales,

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de febrero de 2012 con vistas a la adopción de la Directiva 2012/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos (refundición)

P7_TC1-COD(2010)0207


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, de su artículo 53, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión de la propuesta a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(3),

Con arreglo al procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994 relativa a los sistemas de garantía de depósitos(5), debe modificarse sustancialmente. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.

(2)  Para facilitar el acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio es necesario eliminar las diferencias que puedan causar distorsiones de mercado entre las legislaciones de los Estados miembros en lo referente a los sistemas de garantía de depósitos (SGD) a que estas entidades están sometidas. [Enm. 1]

(2 bis)  A fin de evitar reclamaciones futuras a los sistemas de garantía de depósitos, debe prestarse gran atención a la intervención preventiva y la supervisión, garantizando una evaluación coordinada y transparente de los modelos empresariales de los actores nuevos y existentes, sobre la base de un enfoque común acordado entre la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) establecida por el Reglamento (UE) n° 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) (EBA) y las autoridades competentes, que podría conllevar requisitos de supervisión adicionales, limitaciones en las actividades, cambios obligatorios en el modelo empresarial o incluso la exclusión de las entidades de crédito que asuman riesgos de forma irresponsable. [Enm. 2]

(3)  La presente Directiva constituye un instrumento esencial para la realización del mercado interior bajo el doble aspecto de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en el sector de las entidades de crédito, reforzando al mismo tiempo la estabilidad del sistema bancario y la protección de los depositantes. Dados los costes económicos globales de la quiebra de una entidad de crédito, y sus consecuencias negativas para la estabilidad financiera y la confianza de los depositantes, debe preverse, junto a una función que consista meramente en el reembolso de los depósitos, la flexibilidad suficiente para aplicar medidas de prevención y apoyo por parte de los sistemas de garantía de depósitos. Puesto que, en tal caso, las propias entidades de crédito soportan los costes de los sistemas de garantía de depósitos a los que pertenecen, existen incentivos adecuados para detectar con antelación problemas en las entidades de crédito y contrarrestar los riesgos con medidas apropiadas tales como, por ejemplo, la obligación de reestructurarse. Unos sistemas de garantía de depósitos que puedan actuar también de forma preventiva, constituyen un importante complemento para la actividad de las autoridades de supervisión, tanto para la supervisión corriente como para la liquidación ordenada de entidades de crédito. No obstante, las medidas de apoyo que apliquen los sistemas de garantía de depósitos deben cumplir siempre determinadas condiciones, y su ejecución debe respetar en todo momento el Derecho de la competencia. [Enm. 3]

(3 bis)  Los sistemas de garantía de depósitos tendrán unos incentivos adecuados para actuar eficazmente sobre todo cuando exista la mayor coincidencia posible entre su esfera de responsabilidad y el ámbito geográfico de los costes que pueda ocasionar la quiebra de una entidad de crédito. Por tanto, para tener en cuenta la progresiva integración del mercado interior, debe preverse la posibilidad de fusionar los sistemas de garantía de depósitos de diferentes Estados miembros o de crear unos sistemas transfronterizos sobre una base voluntaria. Como condición para su autorización por parte de las autoridades competentes, debe velarse por que los sistemas de garantía de depósitos actuales y nuevos sean suficientemente estables y tengan una estructura equilibrada. Deben evitarse efectos negativos para la estabilidad financiera como, por ejemplo, si se fusionan varias entidades de crédito con elevado riesgo, que dentro de su sistema de garantía de depósitos sólo presentan un riesgo medio, mientras que se suprimen contribuciones a los sistemas de protección existentes. [Enm. 4]

(4)  La Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por la que se modifica la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en lo que respecta al nivel de cobertura y al plazo de pago(7), ordenaba a la Comisión que, si procedía, presentara propuestas de modificación de la Directiva 94/19/CE. Esto abarca la armonización de los mecanismos de financiación de los sistemas de garantía de depósitos, posibles modelos para fijar las contribuciones en función del nivel de riesgo, los beneficios y costes de la posible introducción de un sistema de garantía de depósitos a nivel de la Unión, las repercusiones de las distintas normativas en materia de compensaciones y reconvenciones recíprocas sobre la eficiencia del sistema y la armonización del alcance de los productos y depositantes cubiertos.

(5)  La Directiva 94/19/CE se fundaba en el principio de armonización mínima. De resultas de ello, en la Unión se instituyeronexisten actualmente sistemas de garantía de depósitos de características muy diferentes. Ello generóMediante la formulación de unos requisitos comunes válidos para todos los sistemas de garantía de depósitos en la UE, relativos, entre otros, a los depósitos de cobertura, el nivel de cobertura, el nivel objetivo, las condiciones para la utilización de los recursos financieros y las modalidades de reembolso, se garantiza a los depositantes un nivel de protección uniforme a nivel de la UE con unos sistemas de garantía de depósitos igualmente estables. Al mismo tiempo, la aplicación de estos requisitos comunes para los sistemas de garantía es de suma importancia a fin de eliminar una distorsión del mercado para las entidades de crédito y limitó los beneficiosLa presente Directiva constituye una contribución a la realización del mercado interior para los depositantes. [Enm. 5]

(6)  La Directiva deberá crear igualdad de condiciones de competencia entre las entidades de crédito, permitir que los depositantes comprendan fácilmente las características de los sistemas de garantía de depósitos y facilitarofrecer información a los depositantes acerca de los productos financieros con cobertura y sin cobertura y explicar el modo de funcionamiento de los sistemas de garantía de depósitos. La posibilidad de evitar la quiebra de una entidad de crédito mediante la adopción, por parte de un sistema de garantía de depósitos, de las medidas pertinentes, protege la confianza en la estabilidad financiera y sirve al interés de los depositantes privados, de las autoridades locales que necesiten ayuda y sobre todo de las PYME. Con ello podrá evitarse una gran parte de las consecuencias negativas de una insolvencia bancaria, así como la pérdida repentina de la relación bancaria. En el caso de vencimiento de un pago con garantía, la presente Directiva debe garantizar un rápido reembolso a los depositantes a través de unos sistemas de garantía de depósitos sólidos y creíbles, en interés de la estabilidad financiera. Por todo ello, debe armonizarse y simplificarse la protección de los depósitos en la mayor medida posible. [Enm. 6]

(7)  Cuando se produzca el cierre de una entidad de crédito insolvente, los depositantes de las sucursales situadas en un Estado miembro que no sea el del domicilio social de la entidad de crédito deben estar protegidos por el mismo sistema de garantía que los demás depositantes de la entidad.

(8)  En principio, la presente Directiva exige que todas las entidades de crédito estén cubiertas por un sistema de garantía de depósitos. Un Estado miembro que admita sucursales de una entidad de crédito con domicilio social en un tercer país debe decidir la forma de aplicar la presente Directiva a dichas sucursales y tener en cuenta la necesidad de proteger a los depositantes y de asegurar la integridad del sistema financiero. Es esencial que los depositantes de dichas sucursales estén plenamente informados de las disposiciones que les son aplicables en materia de garantías.

(9)  Aunque, en principio, todas las entidades de crédito deben ser miembros de un sistema de garantía de depósitos, conviene reconocer que hay sistemas que protegen a la propia entidad de crédito (sistemas institucionales de protección) y que, en particular, garantizan su liquidez y solvencia. Tales sistemas garantizan la protección de los depositantes en mayor medida que los sistemas de garantía de depósitos. Si son independientes de los sistemas de garantía de depósitos, su función suplementaria de salvaguardia sistémica debe ser tenida en cuenta a la hora de determinar las contribuciones de sus miembros a los sistemas de garantía de depósitos. La armonización del nivel de cobertura no debería afectar a los sistemas que protegen a la propia entidad de crédito, a no ser que reembolsen a los depositantes. Los depositantes deben tener un crédito frente a todos los sistemas de garantía, en particular si no puede asegurarse la protección de un sistema de garantía mutua. Ningún sistema o régimen debe, por tanto, quedar excluido del ámbito de la presente Directiva.[Enm. 7]

(9 bis)  Cada entidad de crédito debe ser parte de un sistema de garantía de depósitos reconocido en la presente Directiva, lo que garantiza un alto nivel de protección del consumidor e igualdad de condiciones entre las entidades de crédito, e impide al mismo tiempo la competencia reguladora. Los sistemas de garantía de depósitos deben asegurar esta protección en todo momento. [Enm. 8]

(9 ter)  La tarea central de los sistemas de garantía de depósitos consiste en proteger a los depositantes frente a las consecuencias de la insolvencia de una entidad de crédito. Los sistemas de garantía de depósitos deben asegurar esta protección de diferentes maneras: en un extremo del ámbito de acción de los sistemas de garantía de depósitos deben existir sistemas con una mera función de reembolso («paybox»). [Enm. 9]

(9 quater)  No obstante, los sistemas de garantía de depósitos deben poder ir más allá de la mera función de reembolso, pues obligan a las entidades de crédito que forman parte de los mismos a comunicarles determinadas informaciones que pueden servir de base para la creación de sistemas de alerta temprana. De este modo pueden ajustarse prontamente las contribuciones basadas en el riesgo, o proponerse medidas preventivas contra los riesgos detectados. En caso de dificultades inminentes, los sistemas de garantía de depósitos deben adoptar medidas de apoyo o, con sus propios medios, contribuir a una liquidación ordenada de las entidades de crédito con problemas para evitar los costes de los reembolsos a los depositantes y otras consecuencias negativas de los casos de insolvencia. [Enm. 10]

(9 quinquies)  En el otro extremo del ámbito de acción, los sistemas de garantía de depósitos deberían poder convertirse en sistemas institucionales de protección, a los que se refiere el artículo 80, apartado 8, de la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio(8). Los sistemas institucionales de protección protegen a la propia entidad de crédito, especialmente porque aseguran su liquidez y solvencia. Deben ser reconocidos como sistemas de garantía de depósitos por las autoridades competentes si se ajustan a todos los criterios establecidos en el artículo 80, apartado 8 de la Directiva 2006/48/CE y en la presente Directiva. Mediante dichos criterios quedará especialmente asegurado que, como en otros sistemas de garantía de depósitos, siempre se dispone de fondos suficientes para hacer frente a un posible caso de reembolso.[Enm. 11]

(10)  La Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (refundición)(9), define en su artículo 80, apartado 8, los sistemas institucionales de protección, que pueden ser reconocidos como sistemas de garantía de depósitos por las autoridades competentes si se ajustan a todos los criterios establecidos en dicho artículo y en la presente Directiva.. [Enm. 12]

(11)  En la reciente crisis financiera, el aumento no coordinado de los niveles de cobertura en toda la UEUnión hizo que, en algunos casos, los depositantes transfirieran fondos a bancos de países en los que las garantías de depósitos eran más elevadas. Dicho aumento no coordinado restó liquidez a los bancos en momentos de gran tensión. En tiempos de estabilidad, unos niveles de cobertura diferentes podrían llevar a los depositantes a escoger la protección más elevada para los depósitos en vez del tipo de depósito más adecuado para ellos. Los niveles de cobertura diferentes podrían dar lugar a un falseamiento de las condiciones de competencia en el mercado interior. Es necesario que se asegure un nivel armonizado de garantía de depósitos reconocidos, independientemente del lugar de la Unión en que estén éstos ubicados. Sin embargo, algunos depósitos , en razón de la situación personal de los depositantes, deben poder tener una cobertura más elevada, pero durante un tiempo limitado. [Enm. 13]

(11 bis)  A lo largo de la crisis económica, los sistemas de garantía de depósitos existentes resultaron no ser capaces de cargar con todas las pérdidas para proteger a los depositantes. Es, por ello, indispensable que los recursos financieros disponibles de los sistemas de garantía de depósitos asciendan a un determinado nivel objetivo y que puedan recaudarse contribuciones extraordinarias. Cuando sea necesario, deben instaurarse unos mecanismos de financiación alternativos que permitan a los sistemas de garantía de depósitos obtener fondos a corto plazo para hacer frente a los créditos que les sean reclamados. [Enm. 14]

(12)  DebeDeben aplicarse el mismo nivel de coberturalos mismos derechos legales en relación con el sistema de garantía de depósitos a todos los depositantes, de acuerdo con el nivel de cobertura previsto en la presente Directiva, independientemente de que la moneda del Estado miembro sea el euro o no e independientemente de que el banco sea miembro de un sistema que protege a la propia entidad de crédito. Los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro deben tener la posibilidad de redondear los importes resultantes de la conversión sin comprometer la equivalencia de la protección de los depositantes. [Enm. 15]

(13)  Por una parte, el nivel de cobertura que se establecerá en la presente Directiva no debe dejar una proporción demasiado elevada de depósitos sin protección, tanto en interés de la protección de los consumidores como de la estabilidad del sistema financiero; por otra parte, debería tenerse en cuenta el coste relativo a la financiación de los sistemas. Parece razonable, por lo tanto, establecer el nivel armonizado de cobertura en 100 000 EUR.

(14)  La presente Directiva opta por el principio de un límite armonizado por depositante y no por depósito. Desde esta óptica, conviene tener en cuenta los depósitos realizados por depositantes que, o bien no figuran como titulares de la cuenta, o bien no son los únicos titulares.El límite debe, por tanto, aplicarse a cuantos depositantes puedan identificarse. No obstante, el principio de la aplicación de un límite armonizado a cada depositante identificable no debe aplicarse a las instituciones de inversión colectiva sujetas a normas específicas de protección que no existen para los depósitos antes señalados.

(15)  No debe impedirse que Los Estados miembros instituyan sistemas que protejan las pensiones en general, pero tales sistemas deberán funcionar de forma independiente detambién deben garantizar que los depósitos que resultan de determinadas transacciones estén totalmente cubiertos por los sistemas de garantía de depósitos No debe impedirse que los Estados miembros protejan determinados depósitos por razones sociales o depósitos ligados a transacciones condurante un período determinado. Entre ellos se encuentran los depósitos relacionados con la adquisición o el enajenamiento de bienes inmuebles de carácter residencial privado los depósitos protegidos por razones sociales definidas en la legislación nacional y a los depósitos ligados a circunstancias del ciclo de vida tales como el nacimiento, matrimonio, divorcio, y especialmente las pensiones, o a los derivados del pago de determinados seguros o indemnizaciones. En cualquier caso, procede respetar la normativa en materia de ayudas estatales. [Enm. 16]

(16)  Es necesario armonizar los métodos de financiación de los sistemas de garantía de depósitos o de las propias entidades de crédito. Por una parte, los gastos de la financiación de estos sistemas deberían recaer, principalmente en principio, en las propias entidades de crédito y, por otra parte, la capacidad financiera de dichos sistemas debe ser proporcional a las obligaciones que les incumban. Para asegurar que los depositantessistemas de garantía de depósitos de todos los Estados miembros disfruten de un nivel igualmente elevado de protección, y que los sistemas de garantía de depósitos sólo se concedan mutuamente préstamos si el sistema de garantía de depósitos considerado ha realizado un esfuerzo financiero sustancial, la financiación de los sistemas de garantía de depósitos debe armonizarse a un nivel elevado.  Ello no debe, sin embargo, poner en peligro la estabilidad del sistema bancario del Estado miembro de que se tratetengan una estabilidad igualmente elevada, debe preverse para todos los sistemas de garantía de depósitos un nivel objetivo ex ante uniforme, con los recursos correspondientes. [Enm. 17]

(17)  Con el fin de limitar la protección de los depósitos a lo necesario para garantizar a los depositantes la claridad jurídica y la transparencia, y de evitar la transferencia de riesgos de inversión a los sistemas de garantía de depósitos, deben excluirse de la cobertura algunos productos financieros con carácter de inversión, en particular los que no son reembolsables por su valor nominal y aquellos que se emiten al portador y no a nombre de una persona. [Enm. 37]

(18)  Algunos depositantes no deberían gozar de una protección de sus depósitos, en particular las autoridades públicas u otras entidades financieras. Lo limitado de su número en comparación con todos los demás depositantes minimiza las repercusiones derivadas de una eventual quiebra bancaria en la estabilidad financiera. Por otro lado, las autoridades tienen un acceso mucho más fácil al crédito que los ciudadanos. No obstante, los Estados miembros deben velar por que queden cubiertos asimismo los depósitos de los municipios que necesiten protección. Las entidades no financieras deberían, en principio, estar cubiertas, independientemente de su tamaño. [Enm. 18]

(19)  Los depositantes cuyas actividades incluyen el blanqueo de capitales en el sentido del el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005 , relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo(10) , deben quedar excluidos de los pagos.

(20)  Para las entidades de crédito, el coste de participación en un sistema de garantía no es en absoluto comparable al que ocasionaría una retirada masiva de los depósitos bancarios, no sólo de una entidad en dificultades sino también de entidades saneadas, a raíz de una pérdida de confianza de los depositantes en la solidez del sistema bancario.

(21)  Es necesario que los recursos financieros disponibles de los sistemas de garantía de depósitos asciendan a un determinado nivel-objetivo y que puedan recaudarse contribuciones extraordinarias. Cuando sea necesario, deben instaurarse unos mecanismos de financiación alternativos que permitan a los sistemas de garantía de depósitos obtener fondos a corto plazo para hacer frente a los créditos que les sean reclamados.

(22)  Los recursos financieros de los sistemas de garantía de depósitos deben utilizarse principalmentedisponer de recursos financieros suficientes para el reembolso a los depositantes en caso de insolvencia de una entidad de crédito. No obstante, en muchos casos deben adoptarse medidas de apoyo que eviten la insolvencia de una entidad de crédito, dado que tales medidas son a menudo más ventajosas para la protección de los depósitos que el reembolso a los depositantes. Además, mediante dichas medidas pueden evitarse otros costes y consecuencias negativas para la estabilidad financiera y la confianza de los depositantes. Por ello, los recursos de los sistemas de garantía de depósitos deben poder utilizarse también para medidas de apoyo. Las medidas de apoyo deben depender siempre de condiciones que la entidad apoyada debe cumplir. Sin embargo, podrían utilizarse también para financiar la transferencia de depósitos a otradebería ser posible usarlos en conjunto con la liquidación ordenada entidad de crédito, siempre que esto se traduzca en la alternativa más barata para el sistema de garantía de depósitos. Los costes a cargo del sistema de garantía de depósitos no superarandeben superar el importe de los depósitos cubiertos en la entidad de crédito considerada. En cierta medida podrían utilizarse también, dentro de los límites establecidos en la Directiva, para financiar la prevención de la quiebra de bancos. Las correspondientes medidas deberán ajustarse a la normativa sobre ayudas estatales. Y todo elloEstas posibilidades de actuación de los sistemas de garantía de depósitos se harán sin perjuicio de la futura política de la Comisión en materia de establecimiento de fondos nacionales de resolución bancaria. [Enm. 19]

(22 bis)  Los fondos de los sistemas de garantía de depósitos han de poder utilizarse para financiar la continuidad de las operaciones de cuentas respecto de la parte de depósitos con cobertura de una entidad. [Enm. 20]

(23)  El anexo I, punto 14, cuadro 1, de la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito(11) asigna ponderaciones de riesgo a determinados activos. Dicho cuadro debe ser tenido en cuenta para asegurar que los sistemas de garantía de depósitos sólo inviertan en activos de bajo riesgo.

(24)  Las contribuciones de los sistemas de garantía de depósitos deben tener en cuenta el grado de riesgo asumido por sus miembros. De este modo se podría reflejar el perfil de riesgo de los distintos bancos, incluyendo sus diferentes modelos de negocio, lo que permitiría efectuar un cálculo equitativo de las contribuciones y proporcionaría incentivos para operar con arreglo a modelos de negocio menos arriesgados. Para ello debe preverse un método estándar para determinar las contribuciones basadas en el riesgo a los sistemas de garantía de depósitos. Podría lograrse gradualmente una armonización mediante el desarrollo de una serie de indicadores básicos obligatorios para todos los Estados miembros y otra serie de indicadores suplementarios opcionales, sobre la base de un enfoque común acordado entre la Autoridad Bancaria Europea y las autoridades competentes. La naturaleza de los riesgos que puedan aceptar las entidades de crédito asociadas puede, sin embargo, variar según las circunstancias del mercado o las actividades comerciales de las entidades de crédito. Por ello es razonable permitir que, junto al método estándar, los sistemas de garantía de depósitos puedan aplicar procedimientos alternativos propios basados en el riesgo siempre que cumplan las directrices que desarrolle el Comité de Supervisores Bancarios Europeos previa consulta al Foro Europeo de los Fondos de Garantía de Depósitos (EFDI). De esta forma los procedimientos alternativos basados en el riesgo tienen en cuenta el perfil de riesgo de los distintos bancos, se permite un cálculo más preciso de las contribuciones adaptado a las circunstancias del mercado en los Estados miembros y se proporcionan incentivos para operar con arreglo a un modelo de negocio menos arriesgado. A fin de tener en cuenta los sectores de la economía crediticia con regulación nacional específica y con riesgos especialmente reducidos, deben preverse las correspondientes reducciones en las contribuciones que deban aportarse. [Enm. 21]

(24 bis)  Se observa que la rentabilidad se ha utilizado, en algunos casos, como un indicador de reducción del riesgo para las primas basadas en el riesgo. Esto no tiene en cuenta el modelo empresarial de las mutuas, que no pretende maximizar los beneficios. Además, el empeño por aumentar los beneficios puede dar lugar a incentivos erróneos en favor de la adopción de estrategias más arriesgadas. Debe adoptarse una visión global de solidez del modelo empresarial. [Enm. 22]

(25)  La garantía de depósitos es un elemento fundamental para la realización del mercado interior y un complemento imprescindible del sistema de supervisión de las entidades de crédito por la solidaridad que crea entre todas las entidades de un mismo centro financiero, en el caso de que una de ellas se encuentre en dificultades. Por ello, es conveniente que los sistemas de garantía de depósitos puedan concederse mutuamente préstamos en caso de necesidad.

(26)  El plazo de reembolso de un máximo de seis semanas a partir del 31 de diciembre de 2010 va en contra de la necesidad de mantener la confianza de los depositantes y no satisface las necesidades de los mismos. Por lo tanto, procede reducir el plazo de reembolso a una semanacinco días laborales pero no inferior a una semana. [Enms. 23 y 150/rev]

(26 bis)  Sin embargo, con frecuencia no se dispone de los procedimientos necesarios para efectuar el reembolso en un breve plazo. Si los depositantes están seguros de que el plazo para el reembolso será corto y luego, en caso de quiebra de una entidad de crédito, el plazo no se respeta, esto puede dañar permanentemente la confianza de los depositantes en los sistemas de garantía, socavando así su efecto estabilizador. Por tanto, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de aprobar un plazo de reembolso de 20 días laborales, durante un periodo transitorio que expire el 31 de diciembre de 2016, en caso de que, tras su examen por las autoridades de supervisión competentes, se concluya que el plazo de reembolso abreviado no es factible. En este caso, los procedimientos necesarios para el plazo de reembolso de cinco días laborales deberían desarrollarse y verificarse antes del 31 de diciembre de 2016. Para garantizar que, durante el periodo transitorio que expira en tal fecha, los depositantes no se enfrentarán a dificultades financieras en caso de quiebra de su entidad de crédito, los depositantes deberían poder obtener el reembolso de hasta 5 000 euros de sus haberes reembolsables, por parte del sistema de garantía de depósitos que corresponda, en el plazo de cinco días laborales pero no inferior a una semana. [Enms. 24 y 150/rev]

(27)  Procede que los sistemas de garantía de depósitos de los Estados miembros en los que una entidad de crédito haya establecido sucursales o en los que preste servicios de forma directa informen y reembolsen a los depositantes por cuenta del sistema del Estado miembro en el que haya sido autorizada la entidad de crédito. Conviene que los sistemas de garantía de depósitos que puedan verse afectados celebren acuerdos de antemano para facilitar sus tareas.

(28)  La información de los depositantes es un factor esencial para su protección .Por lo tanto, los depositantes deben ser informados de su cobertura y del sistema responsable en sus extractos de cuenta, y ha de requerirse a los depositantes potenciales, que firmen una hoja informativa estándar. El contenido de esta información ha de ser idéntica para todos los depositantes y los depositantes potenciales. La utilización no regulada, en la publicidad, de referencias a la cantidad y el alcance del sistema de garantía de depósitos puede afectar a la estabilidad del sistema bancario o a la confianza de los depositantes  . Por ello, las referencias a los sistemas de garantía de depósitos en la publicidad debe limitarse a una breve mención. Los sistemas que protegen a la propia entidad de crédito deben informar claramente a los depositantes de su funciónfuncionamiento y de sus derechos en el marco del nivel de cobertura establecido por la presente Directiva, sin prometer una protección ilimitada de los depósitos. [Enm. 25]

(29)  La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(12), se aplica al tratamiento de datos personales realizado en aplicación de la presente Directiva.

(30)  Es posible que la presente Directiva no no produzca el efecto de comprometer la responsabilidad de los Estados miembros o de sus autoridades competentes con los depositantes al haber velado por la creación o por el reconocimiento oficial de uno o varios sistemas de garantía de los depósitos o de las propias entidades de crédito y de indemnización o de protección de los depositantes en las condiciones que define la presente Directiva.

(31)  En su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Bancaria Europea, de 23 de septiembre de 2003(13), la Comisión presentó un proyecto normativo por el que se instaura un Sistema Europeo de Supervisores Financieros, definiendo la arquitectura de este nuevo marco de supervisión, que incluye la creación de una Autoridad Bancaria Europea.

(32)  Sin perjuicio de la supervisión de los sistemas de garantía de depósitos por parte de los Estados miembros, resulta oportuno que la Autoridad Bancaria Europea contribuya al objetivo de facilitar el acceso a la actividad de las entidades de crédito y su ejercicio, asegurando al mismo tiempo una protección eficaz de los depositantes y minimizando el riesgo de los contribuyentes al tener que recurrir a ellos. A tal fin, procede que la Autoridad confirme que se cumplen las condiciones de préstamo entre sistemas de garantía de depósitos establecidas en la presente Directiva y determine, dentro de los límites estrictos impuestos por la misma, los importes que prestará cada sistema, el tipo de interés inicial y la duración del préstamo. A este respecto, la Autoridad Bancaria Europea debe asimismo recopilar información sobrerelativa a los sistemas de garantía de depósitos, y en particular sobre el importe de los depósitos a los que dan cobertura, información que ha de ser confirmada por las autoridades competentes. Igualmente ha de informar a los demás sistemas de garantía de depósitos acerca de su obligación de realizar un préstamo. [Enm. 26]

(33)  Es necesario introducir un instrumento eficaz para elaborar normas técnicas armonizadas en el ámbito de los servicios financieros con objeto de garantizar condiciones de competencia equitativas y una protección adecuada de los depositantes en toda Europa. Es preciso desarrollar tales normas con el fin de normalizar el cálculo de las contribuciones basadas en el riesgo.[Enm. 27]

(34)  Con el fin de asegurar un funcionamiento eficiente y eficaz de los sistemas de garantía de depósitos y una consideración imparcial de sus posiciones en los diferentes Estados miembros, la Autoridad Bancaria Europea debe poder resolver con efecto vinculante los desacuerdos que surjan entre ellos.

(34 bis)  En su Resolución de 7 de julio de 2010 con recomendaciones a la Comisión en materia de gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario, el Parlamento Europeo subrayó la necesidad de un mecanismo de la UE para la gestión de las crisis bancarias. El establecimiento de dicho mecanismo para la gestión de las crisis bancarias será sin perjuicio de la protección de los depositantes a través de un sistema de garantía de depósitos. [Enm. 28]

(35)  Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo relativo al artículo 5, apartado 5por lo que respecta a la adaptación del nivel de cobertura establecido en la presente Directiva para la totalidad de los depósitos de un mismo depositante con arreglo a la inflación en la Unión Europea sobre la base de las variaciones del índice de precios al consumidor. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. [Enm. 29]

(35 bis)  Además deben delegarse poderes en la Comisión para adoptar, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, los proyectos de normas técnicas reglamentarias de la Autoridad Bancaria Europea para establecer las definiciones y el método estándar para el cálculo de las contribuciones basadas en el riesgo de las entidades de crédito a los sistemas de garantía de depósitos que se mencionan en la presente Directiva. La Autoridad Bancaria Europea debe desarrollar dichas normas técnicas reglamentarias y presentarlas a la Comisión para su aprobación antes del 31 de diciembre de 2012. [Enm. 30]

(36)  De acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos de la acción pretendida, a saber, la armonización de las normas relativas al funcionamiento de los sistemas de garantía de depósitos, sólo pueden lograrse a nivel de la Unión. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(37)  La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores.

(38)  La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las Directivas, que figuran en el anexo IV.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva establece normas relativas al funcionamiento del sistema europeode los sistemas nacionales de garantía de depósitos al objeto de que exista una red de seguridad común que proporcione un alto nivel de protección a los depositantes en el ámbito de la Unión. [Enm. 31]

2.  La Directiva se aplicará a todos los sistemas de garantía de depósitos, tanto en virtud dereconocidos con arreglo al artículo 3, apartado 1. Dichos sistemas podrán constituirse por disposiciones legales, como por convenio, o comoy a los sistemas institucionales de protección reconocidos como sistemas de garantía de depósitosen el sentido del artículo 80, apartado 8, de la Directiva 2006/48/CE. [Enm. 32]

3.  Los sistemas institucionales de protección definidos en el artículo 80, apartado 8, de la Directiva 2006/48/CE podrán ser reconocidos como sistemas de garantía de depósitos por las autoridades competentes si se ajustan a todos los criterios establecidos en dicho artículo y en la presente Directiva.[Enm. 33]

4.  A efectos de la presente Directiva, los sistemas institucionales de protección que no sean reconocidos con arreglo al apartado 3 y no garanticen depósitos noartículo 3, apartado 1, sólo estarán sujetos a la presente Directiva, con excepción delal artículo 14, apartado 5, segundo párrafo, al artículo 14, apartado 6 bis y al apartado 9 del anexo III. [Enm. 34]

4 bis.  En caso de que se cree un fondo europeo para la resolución de crisis bancarias, la Comisión se asegurará, con el apoyo de la Autoridad Bancaria Europea, de que el nivel de protección de los depositantes siga siendo elevado. [Enm. 35]

Artículo 2

Definiciones

1.  A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

  a) depósito:
   i) cualquier saldo acreedor que proceda de fondos que se hayan mantenido en cuenta o de situaciones transitorias generadas por operaciones bancarias normales, incluidos depósitos a plazo fijo, depósitos de ahorro y depósitos registrados, y que una entidad de crédito tenga obligación de restituir en las condiciones legales y contractuales aplicables, o
   ii) cualquier pasivo formalizado en un certificado expedido por la entidad de crédito. [Enm. 36]

Las acciones de las sociedades hipotecarias («building societies») del Reino Unido y de la República de Irlanda que no constituyan capital con arreglo al artículo 2 se tratarán como depósitos.

   si su existencia sólo puede probarse mediante un certificado distinto de un extracto de cuenta;si se emite al portador y no a nombre de una persona;[Enm. 37]
   si el principal no es reembolsable por su valor nominal;
   si el principal es reembolsable por su valor nominal sólo con la garantía o acuerdo específicos de la entidad de crédito o de un tercero;
   b) depósitos admisibles: los depósitos no excluidos de la protección de conformidad con el artículo 4;
   c) depósitos con cobertura: la parte de los depósitos admisibles que no superen el nivel de cobertura a que se refiere el artículo 5;
   c bis) depositante: la persona titular o, en el caso de una cuenta en participación o conjunta, cotitular de un depósito; [Enm. 38]
   d) cuenta en participación: una cuenta abierta a nombre de dos o más personas o sobre la que tengan derechos dos o más personas y que pueda funcionar con la firma de una o más de ellas;
  e) depósito no disponible: todo depósito que haya vencido y sea pagadero pero que no haya sido pagado por una entidad de crédito con arreglo a las condiciones legales y contractuales aplicables al respecto, cuando:
   i) las correspondientes autoridades competentes hayan determinado que, en su opinión, según la información de que disponen en esel momento, la entidad de crédito de que se trate se encuentra de momento, por razones directamente relacionadas con su situación financiera, en la imposibilidad de restituir los depósitos y no parece tenertiene por el momento perspectivas de poder hacerlo. [Enm. 39]

Las autoridades competentes tomarán dicha determinación lo antes posible y en cualquier caso a más tardar cinco días hábiles después de haber comprobado por primera vez que la entidad de crédito no ha logrado restituir los depósitos vencidos y exigibles; o

   ii) no haya sido tomada la determinación mencionada en el inciso i), una autoridad judicial haya adoptado una decisión, por razones directamente relacionadas con las circunstancias financieras de la entidad de crédito, que tenga el efecto de suspender la capacidad de los depositantes de reclamar contra dicha entidad;
   f) entidad de crédito: una empresa con arrelgo al artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE ;
  

f -bis) medidas de prevención y de apoyo: medidas adoptadas por los sistemas de garantía de depósitos para evitar la quiebra bancaria de las entidades de crédito afiliadas, incluidos:

   i) la verificación de la situación económica y de riesgo de la entidad de crédito miembro, o del proyecto de creación de una nueva entidad de crédito, así como de los derechos a recibir información sobre cambios sustanciales en la propiedad y el control;
   ii) el requisito de que la entidad de crédito miembro informe sobre su situación económica y de riesgo, así como sobre su evolución y las modificaciones que prevea efectuar en su modelo empresarial;
   iii) la imposición de condiciones para limitar el volumen de los depósitos garantizados o para limitar ciertas operaciones empresariales (parcial o totalmente) cuando, sobre la base de una auditoría o de otras verificaciones, existan indicios de que pueda haber un peligro inminente o grave de recurrir al sistema de garantía de depósitos;
   iv) la exigencia de contribuciones acordes a los riesgos que afronte cada entidad de crédito concreta;
   v) un acuerdo sobre el intercambio de información con las autoridades competentes, incluida información confidencial;
   vi) la concesión de garantías, empréstitos y todo tipo de ayudas en favor de la liquidez y el capital, incluido el cumplimiento de reclamaciones de terceros.[Enm. 149/rev]
  f bis) Medidas relativas a la liquidación ordenada de entidades de crédito: medidas dirigidas a evitar que deba recurrirse a la protección de los depósitos, incluyendo :
   i) Ayudas para adquirir una entidad de crédito que se encuentre en situación desequilibrada;
   ii) Transferencia de depósitos y de los activos correspondientes, incluidos sectores de negocios, a una entidad puente;
   iii) Fusión obligatoria con otras entidades de crédito;
   iv) Liquidación ordenada con participación del sistema de garantía de depósitos. [Enm. 40]
   g) sucursal: una sucursal con arreglo al apartado 4 del Artículo 3 de la Directiva 2006/48/CE;
   h) nivel objetivo: un 1,5 % de los depósitos admisibles de cuya coberturacon cobertura de los que responde un sistema de garantía de depósitos; [Enm. 41]
   i) recursos financieros disponibles: efectivos, depósitos y activos de bajo riesgo con un plazo residual hasta el vencimiento final igual o inferior a 24 meses que pueden ser objeto de liquidación en un plazo máximo no superior al límite establecido en el artículo 7, apartado 1 y hasta el 10 % de los activos en garantía; [Enm. 42]   i bis) activos en garantía: compromisos de pago debidamente respaldados por garantías de elevada calidad sujetas a las siguientes condiciones:
   i) la garantía consiste en activos de bajo riesgo no gravados por derechos de terceras partes, a la libre disposición del sistema de garantía de depósitos, y destinados a uso exclusivo del mismo, que tiene el derecho irrevocable de reclamar dichos pagos,
   ii) una entidad de crédito tendrá derecho a percibir los beneficios de los activos recibidos como garantía por esta entidad de crédito;
   iii) la garantía será sometida regularmente a análisis de mercado, y las entidades de crédito deberán asegurar que la evaluación de mercado de la garantía sea, como mínimo, igual al compromiso de dichas entidades de crédito con el sistema; y
   iv) las reducciones de la evaluación se aplicarán a la evaluación de los activos subyacentes, y el SGD requerirá que se mantenga el valor de mercado adaptado a la reducción de los activos subyacentes. [Enm. 43]
   j) activos de bajo riesgo: activos que entran en las categorías primera y segunda del anexo I, punto 14, cuadro 1, de la Directiva 2006/49/CE, pero excluyendo otros elementos cualificados mencionados en el punto 15 de dicho anexo;

k)  Estado miembro de origen: el Estado miembro de origen con arreglo al apartado 7 del Artículo 4 de la Directiva 2006/48/CE;

l)  Estado miembro de acogida: el Estado miembro de acogida con arreglo al apartado 8 del Artículo 34 de la Directiva 2006/48/CE;

   m) autoridades competentes: las autoridades competentes con arreglo al artículo 4, apartado 4, del la Directiva 2006/48/CE;

2.  Cuando la presente Directiva haga referencia al Reglamento (UE) n° 1093/2010, los organismos encargados de administrar los sistemas de garantía de depósitos se considerarán, a efectos de dicho Reglamento, autoridades competentes con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) n° 1093/2010.

Artículo 3

Participación y supervisión

1.  Cada Estado miembro velará por la implantación y el reconocimiento oficial en su territorio de uno o más sistemas de garantía de depósitos.

Ello no descarta la creación por los Estados miembros de sistemas de garantía de depósitos transfronterizos o la posibilidad de fusión de sistemas de distintos Estados miembros por parte de éstos. La autorización para crear tales sistemas de garantía de depósitos transfronterizos o la fusión de los mismos dependerá de las autoridades nacionales de supervisión competentes con la colaboración de la Autoridad Bancaria Europea. [Enm. 44]

A la hora de considerar si procede el reconocimiento oficial de los sistemas de garantía de depósitos la autoridad competente debe prestar particular atención a la estabilidad de los sistemas de garantía de depósitos actuales y velará asimismo por que la composición de sus miembros sea equilibrada. [Enm. 45]

Ninguna entidad de crédito podrá recibir depósitos a menos que sea miembro de uno de dichos sistemas.

2.  Si una entidad de crédito no cumple las obligaciones que le incumben como miembro de un sistema de garantía de depósitos, se informará inmediatamente de ello a las autoridades competentes que hayan concedido la aprobación, las cuales, en colaboración con dicho sistema de garantíael Sistema de Garantía de Depósitos, tomarán rápidamente las medidas necesarias, incluida la imposición de sanciones, para garantizar que la entidad de crédito de que se trate cumpla sus obligaciones. [Enm. 46]

3.  Si con dichas medidas no se consigue garantizar que la entidad de crédito cumpla sus obligaciones, el sistema podrá, cuando la legislación nacional permita la exclusión de un miembro, con el acuerdo explícito de las autoridades competentes, notificar a la entidad de crédito su decisión de excluirla del sistema, con una antelación de al menos un mes. Los depósitos realizados antes de expirar el período de notificación seguirán estando plenamente amparados por el sistema. Si, tras la expiración del plazo de notificación, la entidad de crédito no hubiere cumplido sus obligaciones, el sistema de garantía procederá a la exclusión.

4.  Los depósitos existentes en el momento de la retirada a una entidad de crédito de la aprobación concedida con arreglo al artículo 6 de la Directiva 2006/48/CE seguirán estando amparados por el sistema de garantía.

5.  Todos los sistemas de garantía de depósitos contemplados en el artículo 1 serán supervisados por las autoridades competentes de forma permanente, conforme a las reglas existentes en el marco del sistema europeo de supervisión y para comprobar su observancia de la presente Directiva. [Enm. 47]

La Autoridad Bancaria Europea supervisará los sistemas de garantía de depósitos transfronterizos, en colaboración con un órgano colegiado compuesto de representantes de las autoridades competentes de los Estados en que las entidades de crédito tengan su sede. [Enm. 48]

6.  Los Estados miembros garantizarán que los métodos utilizados por los sistemas de garantía de depósitos sean acordes a las disposiciones del artículo 11, apartado 3, o a las orientaciones elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea con arreglo al artículo 11, apartado 5, que los sistemas de garantía de depósitos superen regularmente pruebas de funcionamiento y que sean informados de inmediato cuando las autoridades competentes descubran problemas en una entidad de crédito que puedan dar lugar a la intervención de un sistema de garantía de depósitos. La Autoridad Bancaria Europea coordinará las acciones de los Estados miembros. [Enm. 49]

Dichas pruebas tendrán lugar al menos cada tres años o con mayor frecuencia cuando las circunstancias así lo exijan. La primera de tales pruebas se desarrollará el 31 de diciembre de 2013. [Enm. 50]

La Autoridad Bancaria Europea presentará a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) creada en virtud del Reglamento (UE) n° 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico(14) (JERS), por propia iniciativa o a petición de la JERS, la información relativa a los sistemas de garantía de depósitos necesaria para el análisis del riesgo sistémico.[Enm. 51]

La Autoridad Bancaria Europea efectuará periódicamenteal menos cada cinco años evaluaciones inter pares según lo dispuesto a este efecto por el artículo 15 del [Reglamento ABE]30 del Reglamento (UE) n° 1093/2010. El ámbito de tales evaluaciones inter pares incluirán, entre otras cosas, las buenas prácticas de gobernanza empresarial contempladas en el apartado 7 bis. Al intercambiar información con la Autoridad Bancaria Europea, los sistemas de garantía de depósitos estarán sujetos al secreto profesional contemplado en el artículo 56 de dicho70 del Reglamento (UE) n° 1093/2010.

La Autoridad Bancaria Europea tendrá la facultad de examinar anualmente, sobre la base de cifras actualizadas, la resistencia a la tensión de los sistemas de garantía de depósitos, de acuerdo con diferentes escenarios predefinidos de puntos de ruptura con el fin de determinar si es necesario un ajuste del modelo de cálculo actual y del nivel objetivo. En este contexto, la prueba de resistencia a la tensión se basará en las siguientes hipótesis de impacto débil, medio y elevado. [Enm. 52]

7.  Los Estados miembros se asegurarán de que los sistemas de garantía de depósitos reciban de sus miembros, en cualquier momento en que la soliciten, toda la información necesaria para preparar un reembolso a los depositantes, incluido el marcado citado en el artículo 4, apartado 2. De forma permanente, se presentará a los sistemas de garantía de depósitos la información necesaria para la realización de pruebas de tensión. Esta información se hará anónima. La información obtenida sólo podrá utilizarse para la realización de pruebas de tensión, así como para el análisis de la evolución histórica de la resistencia de los sistemas de garantía de depósitos o la preparación de reembolsos y no se conservará más tiempo del necesario a tales efectosserá confidencial. [Enm. 53]

7 bis.  Los Estados miembros velarán por que sus sistemas de garantía de depósitos dispongan de buenas prácticas de gobernanza empresarial, y en particular, por que:

   a) Sus consejos de administración incluyan al menos un miembro no ejecutivo, y los procesos que apliquen para el nombramiento de los miembros de las juntas sean abiertos y transparentes;
   b) Elaboren un informe anual sobre sus actividades. [Enm. 54]

Artículo 4

Admisibilidad de los depósitos

1.  Quedarán excluidos de cualquier reembolso con cargo a los sistemas de garantía de depósitos:

   a) con sujeción a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, los depósitos realizados por otras entidades de crédito por cuenta propia y en su propio nombre;
   b) todos los instrumentos que entren en la definición de «fondos propios» con arreglo al artículo 57 de la Directiva 2006/48/CE;
   c) los depósitos que se originen en operaciones en relación con las cuales haya habido una condena penal por blanqueo de capitales, con arrelgo al artículo 1 C) de la Directiva 91/308/CEE del Consejoartículo 1, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE; [Enm. 55]
   c bis) Los depósitos con respecto a los cuales el depositante y la entidad de crédito han acordado contractualmente que el depósito se aplicará previo cumplimiento de obligaciones específicas por parte del depositante con respecto a la entidad de crédito u otra parte, siempre que, en virtud de la legislación sobre acuerdos contractuales, el importe del depósito pueda ser deducido por el depositante o sea automáticamente deducido con cargo a dichas obligaciones en circunstancias en las que, en caso contrario, el depósito se convertiría en un depósito no disponible; [Enm. 56]
   d) los depósitos de las entidades financieras a que se refiere el artículo 4, apartado 5, de la Directiva 2006/48/CE;
   e) los depósitos de las entidades financieras a que se refiere el artículo 4, apartado 1, párrafo 1, de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros(15);
   f) los depósitos cuyo titular no haya sido nunca identificado, conforme a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2005/60/CE, al quedar aquellos indisponiblesen el momento de la activación, durante y después del reembolso de las garantías de depósito; [Enm. 57]
   g) los depósitos de las empresas de seguros;
   h) los depósitos de los organismos de inversión colectiva;
   i) los depósitos de los fondos de pensiones o jubilación, excepto los depositados en regímenes de pensión personales o en regímenes de pensión profesionales de un empleador que no sea una gran empresa; [Enm. 58]
   j) los depósitos de las autoridadesdel Estado y de las administraciones centrales, así como de los entes territoriales regionales y locales; [Enm. 59]
   k) los valores de renta fija emitidos por una entidad de crédito y obligaciones derivadas de aceptaciones propias y pagarés.

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que las entidades de crédito marquen los depósitos contemplados en el apartado 1 de forma que sea posible una identificación inmediata de los mismos.

2 bis.  No obstante, los Estados miembros se asegurarán de que los depósitos de las autoridades locales son elegibles para el reembolso por un sistema de garantía de depósito, siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones:

   a) que no tengan contratado a un tesorero profesional, o
   b) que la pérdida de los depósitos socavaría gravemente la prestación continua de servicios del gobierno local. [Enm. 60]

Artículo 5

Nivel de cobertura

1.  Los Estados miembros garantizarán que la cobertura de los depósitos agregados de cada depositante sea de 100 000  EUR para el caso de que los depósitos no estén disponibles.

1 bis.  Además, los Estados miembros se asegurarán de que los depósitos siguientes gozan de plena cobertura:

   a) los depósitos procedentes de transacciones con bienes inmuebles de carácter residencial privado durante un periodo de hasta doce meses después de que el importe haya sido abonado o partir del momento en que dichos depósitos se puedan transferir legalmente;
   b) los depósitos que cumplan una función social definida en la legislación nacional y ligada a determinadas circunstancias de la vida tales como el matrimonio, el divorcio, la jubilación, el despido, la incapacidad laboral o el fallecimiento de un depositante, durante un periodo máximo de doce meses después de que el importe haya sido abonado;
   c) los depósitos que cumplan una función social definida en la legislación nacional y que derivan del pago de seguros o indemnizaciones por lesiones o condena penal injusta, durante un periodo máximo de doce meses después de que el importe haya sido abonado o desde el momento en que estos depósitos sean legalmente transferibles; [Enm. 61]

2.  Los Estados miembros se asegurarán de que los sistemas de garantía de depósitos no se aparten dellos depositantes tengan derecho legal al nivel de cobertura establecido en el apartado 1. No obstante, los Estados miembros podrán decidir que los depósitos que se mencionan a continuación tengan cobertura, siempre que los costes de los correspondientes reembolsos no estén sujetos a los artículos 9, 10 y 11:[Enm. 62]

   a) los depósitos procedentes de transacciones con bienes inmuebles de carácter residencial privado durante un periodo de hasta tres meses después de que el importe haya sido abonado;[Enm. 63]
   b) los depósitos que cumplan una función social definida en la legislación nacional y ligada a determinadas circunstancias de la vida tales como el matrimonio, el divorcio, la invalidez, el fallecimiento de un depositante. La cobertura no excederá de un periodo de doce meses después de acaecido el hecho.[Enm. 64]

3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 21, los Estados miembros podrán mantener o instaurar sistemas de protección de productos de previsión para la vejez y pensiones, siempre que tales sistemas no cubran únicamente depósitos, sino que ofrezcan una cobertura global de todos los productos y situaciones pertinentes en este contexto. [Enm. 65]

3 bis.  Con respecto a los depósitos en entidades de crédito o sucursales de entidades de crédito extranjeras en los Estados miembros realizados antes del 31 de diciembre de 2010 y con respecto a los depósitos de los depositantes, cuyo principal lugar de residencia se encuentra en un Estado miembro en el que, antes del 1 de enero de 2008, había un sistema de de garantía de depósitos con un nivel de cobertura fija entre 100 000 y 300 000 euros para los depósitos, los Estados miembros afectados pueden decidir, no obstante lo dispuesto en el apartado 1, que el nivel de cobertura en vigor hasta entonces permanecerá sin modificaciones. En ese caso, deberán adaptarse el nivel objetivo y las contribuciones basadas en el riesgo de las entidades de crédito correspondientes. [Enm. 66]

4.  Los depósitos se abonarán en euros o en la moneda del Estado miembro en la que se mantuviera la cuenta. Si las cantidades expresadas en EUR indicadas en el apartado 1 se convierten en otras monedas?, las cantidades efectivamente pagadas a los depositantes serán equivalentes a las fijadas en la presente Directiva. Si los depósitos están denominados en otra moneda, los depositantes tendrán derecho a decidir si las sumas se han de pagar en una de las monedas siguientes:

   a) en la que se mantiene la cuenta, en un plazo determinado acordado previamente con las autoridades competentes y que es posterior a la fecha límite prevista en el artículo 7, apartado 1, o
   b) en la del Estado miembro en el que se mantiene la cuenta,

En el caso de la letra b) del primer párrafo, el tipo de cambio utilizado será el del tipo de moneda en que se mantiene el depósito hasta la fecha en que las autoridades competentes tomen la determinación a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i), o cuando la autoridad judicial adopte la decisión contemplada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso ii). [Enm. 67]

5.  Los Estados miembros que conviertan las cantidades expresadas en EUR en su moneda nacional utilizarán inicialmente el tipo de conversión vigente en ...(16).

Los Estados miembros podrán redondear las cantidades resultantes de la conversión, siempre que tal redondeo no exceda de 2 500 EUR.

No obstante lo dispuesto en el segundo párrafo , los Estados miembros ajustarán los niveles de cobertura convertidos en otra moneda cada cinco años sobre la base del importe citado en el apartado 1. Los Estados miembros podrán efectuar tal ajuste de los niveles de cobertura en una fecha anterior, previa consulta de la Comisión, en caso de acontecimientos imprevistos, tales como fluctuaciones de tipos de cambio.

6.  El importe contemplado en el apartado 1 será objeto de un reexamen periódico, al menos cada 5 años, por parte de la Comisión. en colaboración con la Autoridad Bancaria Europea Ésta presentará, en su caso, una propuesta de Directiva al Parlamento Europeo y al Consejo para adaptar el importe contemplado en el apartado 1, teniendo en cuenta principalmente la evolución del sector bancario y la situación económica y monetaria en la Unión. El primer examen no tendrá lugar antes del 31 de diciembre de 2015 a no ser que, debido a acontecimientos imprevistos, sea necesario un examen en una fecha anterior. [Enm. 68]

7.  La Comisión podrá adaptar los importesestará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 16 relativo a la actualización periódica, al menos cada cinco años, del importe a que se refieren el apartado 1 en función de la tasa de inflación de la Unión , sobre la base de las modificaciones del índice de precios de consumo armonizado que publica la Comisión desde la adaptación anterior.

Esta medida, destinada a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, se adoptará con arreglo al artículo 16.[Enm. 69]

Artículo 6

Determinación del importe reembolsable

1.  El límite contemplado en el artículo 5, apartado 1, se aplicará al total de los depósitos agregados en una misma entidad de crédito, con independencia del número de depósitos, la divisa y la localización en la Unión.

2.  Para calcular el límite contemplado en el artículo 5, apartado 1, se tomará en consideración la parte correspondiente a cada depositante en una cuenta conjunta.

Salvo disposiciones específicas, dicha cuenta se dividirá en partes iguales entre los depositantes.

Los Estados miembros podrán disponer que los depósitos en una cuenta a la que tengan derecho dos o más personas como socios o miembros de una sociedad, una asociación o cualquier agrupación de índole similar, sin personalidad jurídica, puedan acumularse y tratarse como efectuados por un depositante único a efectos del cálculo del límite estipulado en el artículo 5, apartado 1.

3.  Cuando el depositante no sea el beneficiario legal de las cantidades depositadas en una cuenta, la garantía protegerá al beneficiario legal siempre que éste haya sido identificado o sea identificable antes de la fecha en que las autoridades competentes tomen la determinación mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i) o en que la autoridad judicial adopte la decisión mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso ii) . Cuando haya varios beneficiarios legales, al calcularse el límite que establece el artículo 5, apartado 1, se tendrá en cuenta la participación de cada uno de ellos según las reglas por las que se gestionen los fondos.

4.  La fecha de referencia para el cálculo del importe reembolsable será la fecha en que las autoridades competentes tomen la determinación mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i) o en que la autoridad judicial adopte la decisión mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso ii). Las obligaciones del depositante frente a la entidad de crédito no se tendrán en cuenta para calcular el importe reembolsable, siempre que no se trate de obligaciones del depositante que vencen en la fecha de referencia. [Enm. 70]

5.  Los Estados miembros se asegurarán de que los sistemas de garantía de depósitos puedan en cualquier momento solicitar a las entidades de crédito que les informen del importe agregado de los depósitos de cada depositante.

6.  Los intereses sobre los depósitos devengados pero sin abonar hasta la fecha en que las autoridades competentes tomen la determinación mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i) o en que la autoridad judicial adopte la decisión mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso ii), serán reembolsados por el sistema de garantía de depósitos. No se sobrepasará el límite señalado en el artículo 5, apartado 1.

Si los intereses dependen del valor de otro instrumento financiero y, por lo tanto, no se pueden determinar sin hacer peligrar el pago en el plazo señalado en el artículo 7, apartado 1, el reembolso de dichos intereses se limitará al tipo de interés de demora vigente en la legislación nacional.

7.  Los Estados miembros podrán decidir que determinadas categorías de depósitos que cumplen una función social definida por el Derecho nacional, y para los que se haya prestado garantías un tercero de forma compatible con la normativa de ayudas estatales, no se tendrán en cuenta para la agregación de los depósitos de un depositante en una misma entidad de crédito, según se contempla en el apartado 1. En estos casos la garantía del tercero se limitará a la cobertura de conformidad con el artículo 5, apartado 1.

7 bis.  Los Estados miembros podrán decidir que, a efectos del reembolso previsto en el artículo 7, apartado 1, los depósitos de un depositante en una misma entidad de crédito no se agregarán si la legislación del Estado miembro permite que las entidades de crédito operen con diferentes denominaciones comerciales. Los depósitos en una misma entidad de crédito y con la misma denominación comercial se agregarán y a ellos se aplicará el nivel de cobertura de conformidad conel artículo 5, apartado 1. En caso de que dicho cálculo resulte en un importe de los depósitos cubiertos, por depositante y por entidad de crédito, mayor que el previsto en el artículo 5, se incrementarán correspondientemente las contribuciones a los sistemas de garantía de depósitos calculadas con arreglo a los artículos 9 y 11.

Si un Estado miembro decide no permitir la protección por separado de depósitos con diferentes denominaciones de la misma entidad de crédito, el titular y las denominaciones no están garantizados por separado. La acumulación de depósitos con diferentes denominaciones de la misma entidad de crédito no se aplicará a escala transfronteriza.

Las entidades de crédito de los Estados miembros que apliquen la presente disposición no podrán ofrecer un nivel cobertura en sus filiales que operen en Estados miembros que no permitan a las entidades de crédito operar bajo diferentes denominaciones. [Enm. 71]

Artículo 7

Reembolso

1.  Los sistemas de garantía de depósitos deberán estar en condiciones de reembolsar depósitos no disponibles en un plazo de 7 díascinco días laborables, pero no inferior a una semana, a partir de la fecha en que las autoridades competentes tomen la determinación mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i) o en que la autoridad judicial adopte la decisión mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso ii).

Los Estados miembros podrán decidir que los depósitos contemplados en el artículo 6, apartado 3, estarán sujetos a un período de reembolso más largo. Sin embargo, dicho período no superará los tres meses a partir de la fecha en que las autoridades competentes tomen la determinación mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso i) o en que la autoridad judicial adopte la decisión mencionada en el artículo 2, apartado 1, letra e), inciso ii).

Los Estados miembros podrán decidir que, hasta el 31 de diciembre de 2016, rija un plazo de pago de 20 días laborales en caso de que, tras un detallado examen por las autoridades de supervisión competentes, se concluya que los sistemas de garantía de depósitos todavía no se encuentran en condiciones de garantizar un plazo de pago de cinco días laborales, pero no inferior a una semana.

Los depositantes que no sean beneficiarios legales de las cantidades depositadas en las cuentas contempladas en el artículo 6, apartado 3, serán reembolsados en el plazo citado en el párrafo primero. Este pago será tenido en cuenta cuando se reembolse a las personas.

1bis.  En caso de que los Estados miembros decidan establecer hasta el 31 de diciembre de 2016 un plazo de pago de 20 días de conformidad con el apartado primero, párrafo tercero , el sistema de garantía de depósitos entregará al depositante, a petición suya, un pago único de hasta 5 000 euros con cargo a su saldo reembolsable, en el plazo de cinco días laborables, pero no inferior a una semana. [Enm. 150/rev]

1 ter.  El reembolso o pago contemplado en el artículo 7, apartado 1, podrá aplazarse cuando:

   a) no exista seguridad acerca de si una persona tiene derechos legales para recibir un reembolso o el depósito sea objeto de litigio;
   b) el depósito sea objeto de sanciones económicas impuestas por gobiernos nacionales u organismos internacionales;
   c) no haya habido ninguna operación relacionada con el depósito en los últimos 24 meses (la cuenta esté inactiva);
   d) la cuenta se considere parte de un balance temporalmente alto, con arreglo a la definición contenida en el artículo 5, apartado 1, letra a); o
   e) el importe deba ser reembolsado por el sistema de garantía de depósitos del Estado miembro de acogida, de conformidad con el artículo 12, apartado 2.[Enm. 75]

2.  Los depositantes serán reembolsados sin necesidad de solicitarlo a los sistemas de garantía de depósitos. A tal efecto, la entidad de crédito transmitirá la información necesaria sobre los depósitos y los depositantes en cuanto lo solicite el sistema de garantía de depósitos.

3.  Toda la correspondencia entre el sistema de garantía de depósitos y el depositante se redactará en la lengua oficial en la UE que la entidad bancaria donde se halle el depósito garantizado utilice para las comunicaciones con el depositante o, en su defecto, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en que se halle el depósito garantizado. Si un banco opera directamente en otro Estado miembro sin haber establecido allí sucursales, la información se facilitará en la lengua que hubiera escogido el depositante al abrir la cuenta. [Enm. 76]

4.  No obstante el plazo estipulado en el apartado 1 , cuando un depositante o cualquier persona que tenga derechos o un interés sobre las cantidades colocadas en una cuenta haya sido acusado de un delito procedente o relativo al blanqueo de capitales, como se define en el artículo 1 de la Directiva 91/308/CEEapartado 2, de la Directiva 2005/60/CE, el sistema de garantía de depósitos podrá suspender todos los pagos que conciernan al depositante a la espera de la sentencia del tribunal. [Enm. 77]

4 bis.  No se realizará reembolso si no ha habido ninguna operación relacionada con el depósito en los últimos 24 meses y el valor del depósito es menor que los costos administrativos que se derivarían de tal reembolso. [Enm. 78]

Artículo 8

Créditos frente a los sistemas de garantía de depósitos

1.  Los Estados miembros velarán por que los depositantes puedan hacer valer sus derechos a una indemnización mediante una acción legal contra el sistema de garantía de depósitos.

2.  Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos que puedan tener en virtud del Derecho nacional, los sistemas que efectúen pagos con arreglo a la garantía dentro de un marco nacional tendrán derecho a subrogarse en los derechos de los depositantes en los procedimientos de liquidación, hasta un importe equivalente al de los pagos realizados por ellos.

Los derechos sujetos al derecho de subrogación contemplado en el presente apartado tendrán un rango inmediatamente inferior al derecho de los depositantes contemplado en el apartado 1 y superior al de los demás derechos frente al liquidador. [Enm. 80]

3.  Cuando los sistemas de garantía de depósitos concedan préstamos a otros sistemas con arreglo al procedimiento citado en el artículo 10, los sistemas prestamistas tendrán derecho a subrogarse, en proporción a las cantidades prestadas, en los derechos de los depositantes en los procedimientos de liquidación, hasta un importe equivalente al de los pagos que hayan realizado.

El derecho de subrogación no se ejercerá antes del vencimiento del préstamo con arreglo al artículo 10, apartado 2, letra b). Si el procedimiento de liquidación finaliza antes de dicha fecha, el derecho de subrogación se hará extensivo al producto de la liquidación abonado al sistema prestatario.

Los derechos sujetos al derecho de subrogación contemplado en el presente apartado tendrán un rango inmediatamente inferior al derecho de los depositantes contemplado en el apartado 1 y superior al de los demás derechos frente al liquidador.

4.  Los Estados miembros podrán limitar el período en que los depositantes cuyos depósitos no hubieran sido reembolsados o reconocidos por el sistema dentro del plazo citado en el artículo 7, apartado 1, pueden reclamar el reembolso de los mismos. Ese límite temporal vendrá determinado por la fecha en que hayan de estar registrados los derechos en que se haya subrogado el sistema de garantía de depósitos de conformidad con el apartado 2, en el contexto de un procedimiento de liquidación con arreglo al Derecho nacional.

Al determinar el período, los Estados miembros tendrán en cuenta el tiempo que necesita el sistema de garantía de depósitos para reunir las reclamaciones antes de su registro.

Artículo 9

Financiación de los sistemas de garantía de depósitos

1.  Los Estados miembros se asegurarán de que los sistemas de garantía de depósitos cuenten con unos mecanismos adecuados para determinar sus obligaciones potenciales. Los recursos financieros de que dispondrán los sistemas de garantía de depósitos serán proporcionales a tales obligaciones.

Los sistemas de garantía de depósitos recaudarán los recursos financieros mediante contribuciones ordinarias de sus miembros, efectuadas el 30 de junio y el 30 de diciembre de cadaal menos una vez al año. Esto no descarta una financiación complementaria procedente de otras fuentes. No podrá pedirse el pago de una cantidad fija de entrada. [Enm. 81]

Los recursos financieros disponibles deberán alcanzar como mínimo el nivel objetivo. Cuando la capacidad financiera no llegue al nivel objetivo, se reanudará el pago de contribuciones al menos hasta que se alcance dicho nivel. La contribución periódica tendrá debidamente en cuenta el ciclo económico y no podrá ser inferior al 0,1 % de los depósitos cubiertos. La obligación de pagar contribuciones solo es aplicable cuando el importe de los fondos que posee el SGD es inferior al nivel objetivo. Cuando los recursos financieros disponibles, una vez alcanzado por primera vez el nivel objetivo, no lleguen a dos tercios del nivel objetivo como consecuencia de la utilización de los fondos, las contribuciones regulares no serán inferiores a un 0,25 % de los depósitos admisiblescubiertos. [Enm. 82]

2.  El importe acumulado de los depósitos e inversiones de un sistema correspondiente a una única entidad no sobrepasará el 5 % de sus recursos financieros disponibles. Los recursos financieros disponibles de un sistema de garantía de depósitos deben invertirse de manera poco arriesgada y con la diversificación suficiente, y no podrán exceder del 5 % de los recursos financieros disponibles del sistema excepto cuando esos depósitos e inversiones tengan una ponderación de riesgo del 0 % con arreglo al Anexo VI, parte I, de la Directiva 2006/48/CE. Las sociedades que pertenezcan al mismo grupo a efectos de la consolidación de cuentas, entendida con arreglo a la Directiva 83/349/CEE del Consejo(17) o a las normas contables internacionales reconocidas, serán consideradas una entidad única a tales efectos del cálculo del citado límite. [Enm. 83]

3.  Si los recursos financieros disponibles de un sistema de garantía de depósitos son insuficientes para reembolsar a los depositantes en caso de indisponibilidad de los depósitos, sus miembros efectuarán contribuciones extraordinarias que no superarán el 0,5 % de sus depósitos admisiblescon cobertura por año natural. El pago de estas contribuciones se ejecutará un día antes de que finalice el plazo límite fijado en el artículo 7, apartado 1. [Enm. 84]

4.  El importe acumulado de las contribuciones contempladas en los apartados 1 y 23 no podrá superar el 1 % de los depósitos admisiblescon cobertura por año natural. [Enm. 85]

Las autoridades competentes podrán eximir total o parcialmentetemporalmente a una entidad de crédito de la obligación contemplada en el apartado 2 si la suma de los pagos a que se refieren los apartados 1 y 2 es tal que arrojara un resultado que pudiera poner en peligro la liquidación de los créditos de otros acreedores frente a dicha entidad. Esta exención no se concederá por un periodo superior a seis meses, pero podrá renovarse a petición de la entidad de crédito. La suma en cuestión se pagará en un momento posterior, cuando el pago ya no ponga en peligro la liquidación de los créditos de otros acreedores. Los recursos financieros contemplados en el presente artículo, apartados 1, 2 y 3, se utilizarán principalmente para la garantía y el reembolso a los depositantes con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva. Podrá utilizarse para medidas de prevención y de apoyo, en el sentido de la presente Directiva, hasta un tercio de los recursos financieros disponibles. Es este caso, el sistema de garantía de depósitos presentará a la autoridad competente, en el plazo de un mes, un informe que demuestre que se ha respetado el límite de un tercio de los recursos disponibles. [Enm. 86]

5.  Los recursos financieros contemplados en el presente artículo, apartados 1, 2 y 3, se utilizarán principalmente para el reembolso a los depositantes con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva.

Sin embargo, podrán utilizarse también para financiar la transferencia de depósitos a otra entidad de crédito, siempre que los costes a cargo del sistema de garantía de depósitos no superen el importe correspondiente a los depósitos cubiertos en la entidad de crédito considerada. En este caso, el sistema de garantía de depósitos presentará, en el plazo de un mes a partir de la transferencia de los depósitos, un informe a la Autoridad Bancaria Europea que demuestre que no se ha superado el límite antes citado. [Enm. 87]

Los Estados miembros podrán permitir que los sistemas de garantía de depósitos utilicen sus recursos financieros para evitar una quiebra bancaria sin restringirlos a la financiación de la transferencia de depósitos a otra entidad de crédito, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:[Enm. 88]

   a) que los recursos financieros del sistema superen el 1 % de los depósitos admisibles después de la adopción de dicha medida; [Enm. 89]
   b) que el sistema de garantía de depósitos presente, en el plazo un mes a partir de su decisión de adoptar dicha medida, un informe a la Autoridad Bancaria Europea que demuestre que no se ha superado el límite antes citado. [Enm. 90]

Siempre que las autoridades competentes lo autoricen de forma individualizada, previa solicitud motivada del sistema de garantía de depósitos considerado, el porcentaje contemplado en la letra a) podrá fijarse entre el 0,75 y el 1 %. [Enm. 91]

5 bis.  Los sistemas de garantía de depósitos podrán utilizar los recursos disponibles, por encima del límite establecido en el apartado 5, para medidas de prevención y de apoyo cuando se cumplan las condiciones siguientes:

   a) El sistema de garantía de depósitos dispone, en relación a las entidades de crédito que participan en el mismo, de sistemas adecuados de supervisión y clasificación de los riesgos con las correspondientes posibilidades de influir en las mismas;
   b) El sistema de garantía de depósitos dispone de los procedimientos y estructuras necesarias para la selección, ejecución y control de las medidas de prevención y de apoyo;
   c) La concesión de medidas de prevención y de apoyo por parte del sistema de garantía de depósitos está condicionada a que la entidad de crédito apoyada cumpla determinadas condiciones que, como mínimo, incluyen el reforzamiento de la supervisión de los riesgos y mayores derechos de verificación por el sistema de garantía de depósitos;
   d) Las entidades de crédito proporcionarán de inmediato al sistema de garantía de depósitos los recursos necesarios para las medidas de prevención y de apoyo, en caso de reembolso a los depositantes, en forma de contribuciones extraordinarias, cuando recursos financieros del sistema de garantía de depósitos no alcancen los dos tercios del nivel objetivo; y
   e) La autoridad competente considera asegurada la capacidad de la entidad de crédito de satisfacer las contribuciones extraordinarias, mencionadas en la letra d). [Enm. 92]

5 ter.  Los recursos financieros podrán utilizarse también para la liquidación ordenada de entidades de crédito siempre que los costes a cargo del sistema de garantía de depósitos no superen el importe correspondiente a los depósitos cubiertos en la entidad de crédito considerada. En caso de que la liquidación se lleve a cabo de esta manera, el sistema de garantía de depósitos presentará, en el plazo de un mes a partir de la transferencia de los depósitos, un informe a la Autoridad Bancaria Europea que confirme que los costes soportados no han superado el importe correspondiente a los depósitos cubiertos. [Enm. 93]

6.  Los Estado miembros se asegurarán de que los sistemas de garantía de depósitos cuenten con mecanismos de financiación alternativos que les permitan obtener fondos a corto plazo para hacer frente a los créditos que les sean reclamados.

7.  Los Estados miembros informarán mensualmentetrimestralmente a la Autoridad Bancaria Europea del importe a que ascienden en su territorio los depósitos admisibles y los depósitos con cobertura, así como del volumen de recursos financieros disponibles con que cuentan sus sistemas de garantía de depósitos. Esta información habrá de ser confirmada por las autoridades competentes y se remitirá, junto con tal confirmación, a la Autoridad Bancaria Europea en los 10 días siguientes al final de cada mesel plazo de un mes. [Enm. 94]

Los Estados miembros velarán por que la información mencionada en el párrafo primero se publique en las páginas web de los sistemas de garantía de depósitos así como de la Autoridad Bancaria Europea con periodicidad al menos anual. [Enm. 95]

7 bis.  Un sistema de garantía de depósitos debe cumplir normas gubernamentales específicas y debe formar un comité especial compuesto de altos representantes del sistema, de sus miembros y de las autoridades competentes, que determinan y deciden unas «directrices de inversión» transparentes para los recursos financieros. Dichas directrices tendrán en cuenta principios como la equiparación de la duración, la calidad, la diversificación y la correlación de las inversiones. [Enm. 96]

Artículo 10

Préstamos entre sistemas de garantía de depósitos

1.  Un sistema de garantía de depósitos tendrá derecho a obtener préstamos de todos los demásLos Estados miembros podrán permitir a los sistemas de garantía de depósitos conceder préstamos a otros sistemas de garantía de depósitos sistemas de la Unión contemplados en el artículo 1, apartado 2,sobre una base voluntaria, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes: [Enm. 97]

   a) que el sistema prestatario no pueda cumplir sus obligaciones con arreglo al artículo 8, apartado 1, debido a los pagos ya realizados en aplicación artículo 9, apartado 5, párrafos primero y segundo; [Enm. 87]
   b) que la situación contemplada en la letra a) se deba a una insuficiencia de recursos financieros conforme a lo previsto en el artículo 9;
   c) que el sistema prestatario haya recurrido a las contribuciones extraordinarias contempladas en el artículo 9, apartado 3;
   d) que el sistema prestatario se comprometa legalmente a utilizar los fondos tomados en préstamo para satisfacer créditos al amparo de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1;
   e) que el sistema prestatario no se encuentre sujeto a la obligación de reembolsar un préstamo a otros sistemas de garantía de depósitos conforme a lo previsto en el presente artículo;
   f) que el sistema prestatario informe de la cantidad solicitada a la autoridad competente; indique la cantidad solicitada; [Enm. 98]
   g) que el importe total prestado no exceda del 0,5 % de los depósitos admisiblescon cobertura del sistema prestatario; [Enm. 99]
   h) que el sistema prestatario informe sin demora a la Autoridad Bancaria Europea, indicando los motivos por los que se cumplen las condiciones establecidas en el presente párrafo y el importe solicitado.

El importe a que se refiere el párrafo primero, letra f) se determinará de la siguiente manera:

[importe de los depósitos con cobertura a reembolsar al amparo de los dispuesto en el artículo 8, apartado 1] – [recursos financieros disponibles + importe máximo de las contribuciones extraordinarias contempladas en el artículo 9, apartado 3)][Enm. 100]

Los demás sistemas de garantía de depósitos actuarán en calidad de sistemas prestamistas. A tal fin, todo Estado miembro donde estén establecidos varios sistemas de garantía de depósitos designará a uno de ellos que actuará como sistema prestamista de dicho Estado miembro, e informará de ello a la Autoridad Bancaria Europea. Los Estados miembros podrán decidir si el sistema prestamista ha de ser reembolsado por los demás sistemas de garantía de depósitos establecidos en el mismo Estado miembro, y de qué manera. [Enm. 101]

Los sistemas de garantía de depósitos que tengan la obligación de reembolsar un préstamo a otros sistemas de garantía de depósitos con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, no podrán conceder préstamos a otros sistemas.

2.  El préstamo estará sujeto a las siguientes condiciones:

   a) Cada sistema prestará un importe proporcional al importe de los depósitos admisibles de cada sistema, sin tener en cuenta el sistema prestatario ni los sistemas de garantía de depósitos a que se refiere la letra a). Los importes se calcularán a la luz de la última información mensual confirmada a que se refiere el artículo 9, apartado 7. [Enm. 102]
   b) El sistema prestatario reembolsará el préstamo a más tardar al cabo de cinco años como máximo, pudiendoreembolsar el préstamo en tramos anuales, venciendo los intereses sólo en el momento del reembolso.
   c) El tipo de interés será por lo menos igual al tipo de interés de la facilidad marginal de crédito del Banco Central Europeo durante el período del crédito. [Enm. 103]
   c bis) El sistema prestatario comunicará a la Autoridad Bancaria Europea el tipo de interés inicial y la duración del préstamo. [Enm. 104]

3.  La Autoridad Bancaria Europea confirmará el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 1, indicará los importes que, según el cálculo efectuado con arreglo al apartado 2, letra a), deberá prestar cada sistema y el tipo de interés inicial de conformidad con el apartado 2, letra c), así como la duración del préstamolos apartados 1 y 2. [Enm. 105]

La Autoridad Bancaria Europea transmitirá su confirmación, junto con la información contemplada en el apartado 1, letra h), a los sistemas de garantía de depósitos prestamistas. Éstos deberán recibir la confirmación e información en el plazo de dos días hábiles. Los sistemas de garantía de depósitos prestamistas procederán sin demora, y a más tardar en los dos días hábiles siguientes a su recepción, al reembolso del préstamo al sistema prestatario.[Enm. 106]

5.  Los Estados miembros velarán por que las contribuciones recaudadas por el sistema prestatario sean suficientes para reembolsar el importe tomado en préstamo y para restablecer el nivel objetivo lo antes posible.

Artículo 11

Cálculo de las contribuciones a los sistemas de garantía de depósitos

1.  Las contribuciones a los sistemas de garantía de depósitos contempladas en el artículo 9 se determinarán para cada miembro sobre la base del de forma proporcional al grado de riesgo asumido por el mismo. Las entidades de crédito no pagarán menos del 75 % ni más del 200 %250 %del importe que correspondería aportar a un banco con un grado de riesgo medio. Los Estados miembros podrán decidir que los miembros de los sistemas contemplados en el artículo 1, apartados 3 yapartado 4, efectúen contribuciones de menos cuantía a los sistemas de garantía de depósitos, pero nunca inferiores al 37,5 % del importe que habría de aportar un banco con un grado de riesgo medio.

Los Estados miembros podrán efectuar contribuciones de menor cuantía para los sectores de bajo riesgo que se rigen por leyes nacionales. [Enm. 107]

1 bis.  Los Estados miembros podrán permitir que todas las entidades de crédito afiliadas al mismo organismo central en virtud del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE, estén sujetas en general a la ponderación de riesgo determinada para el organismo central y sus entidades afiliadas sobre una base consolidada. Los Estados miembros podrán decidir que las entidades de crédito deberán pagar una contribución mínima, independientemente de la cuantía de sus depósitos cubiertos. [Enm. 112]

2.  Los Anexos I y II describen el método general para la determinación del grado de riesgo asumido y el cálculo de las contribuciones se basarán en los elementos expuestos en los anexos I y II.de las entidades de crédito al sistema de garantía de depósitos del que formen parte. [Enm. 108]

3.  El apartado 2 no se aplicará a los sistemas de garantía de depósitos contemplados en el artículo 1, apartado 2.[Enm. 109]

3 bis.  Sin perjuicio de los apartados 1 y 2, los sistemas de garantía de depósitos podrán utilizar sus propios métodos alternativos basados en el riesgo para determinar y calcular las contribuciones basadas en el riesgo de sus miembros. El cálculo de las contribuciones será proporcional al riesgo comercial de sus miembros, y tendrá en cuenta adecuadamente el perfil de riesgo de los distintos modelos empresariales. Los métodos alternativos podrán también tener en cuenta el activo del balance, y los indicadores de riesgo, tales como la adecuación del capital, la calidad de los activos y la liquidez.

Los métodos alternativos deberán aprobarse por las autoridades de competentes y por la Autoridad Bancaria Europea, y corresponder a las orientaciones elaboradas, con arreglo al artículo 11, apartado 5, por la Autoridad Bancaria Europea. La Autoridad Bancaria Europea llevará a cabo una verificación del cumplimiento de las citadas orientaciones periódicamente, al menos una vez cada cinco años y siempre que se modifique el método alternativo de un sistema de garantía de depósitos. [Enm. 110]

4.  Con el fin de especificar los elementos asegurar la armonización efectiva de las definiciones y métodos que figuranel establecimiento del método general contemplados en los apartados 1 y 2, la Autoridad Bancaria Europea desarrollará se delegan en la Comisión los poderes necesarios. Los proyectos de normas técnicas reglamentarias; se adoptarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 7 a 7 quinquies del [Reglamento [ABE]si fuera necesario, podrá sugerir adaptaciones a tales definiciones y métodos para garantizar la plena comparabilidad y evitar elementos de distorsión.

La Autoridad Bancaria Europea podrá desarrollarpresentará a la Comisión dichos proyectos de normas técnicas reglamentarias que presentará a la Comisiónantes del 31 de diciembre de 2012.

Se delegan poderes en la Comisión para adoptar las normas técnicas reglamentarias a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.[Enm. 111]

4 bis.  La Autoridad Bancaria Europea tomará en cuenta, en sus análisis de riesgo y a la hora de elaborar sus proyectos de normas técnicas reglamentarias, los mecanismos de control de la gobernanza establecidos por las entidades de crédito. Velará por la difusión de las mejores prácticas a través del sistema europeo de supervisión financiera. [Enm. 113]

5.  El 31 de diciembre de 2012 a más tardar, la Autoridad Bancaria Europea emitirá orientaciones de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) No 1093/2010, sobre la aplicación del anexo II, parte B, y sobre los métodos alternativos basados en el riesgo elaborados por los sistemas de garantía de depósitos previstos en el apartado 3 bis.[artículo 8 del Reglamento ABE]. [Enm. 114]

Artículo 12

Cooperación dentro de la Unión

1.  Los sistemas de garantía de depósitos cubrirán a los depositantes de las sucursales creadas por las entidades de crédito en otros Estados miembros.

2.  Los depositantes de sucursales establecidas por entidades de crédito en otros Estados miembros, o en Estados miembros en los que una entidad de crédito autorizada en otro Estado miembro desarrolla su actividad, serán reembolsados por el sistema del Estado miembro de acogida por cuenta del sistema del Estado miembro de origen. El sistema del Estado miembro de origen reembolsaráanticipará los fondos necesarios para que el sistema del Estado miembro de acogida pueda cumplir con la obligación del sistema del Estado miembro de origen de reembolsar a los depositantes de conformidad con el apartado 1. [Enm. 115]

El sistema del Estado miembro de acogida informará también a los depositantes afectados en nombre del sistema del Estado miembro de origen, y estará habilitado para recibir la correspondencia de tales depositantes por cuenta del sistema del Estado miembro de origen.

3.  Si una entidad de crédito deja de ser miembro de un sistema y se adhiere a otro, las contribuciones seis mesesdel último año anterior a su retirada se abonarán o transferirán proporcionalmente al otro sistema, siempre que no se trate de las contribuciones regulares con arreglo al artículo 9, apartado 1, tercer párrafo, cuarta frase, o de las contribuciones extraordinarias con arreglo al artículo 9, apartado 3. Esta disposición no se aplicará si una entidad de crédito ha sido excluida de un sistema con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3. [Enm. 116]

4.  Los Estados miembros velarán por que los sistemas de garantía de depósitos del Estado miembro de origen intercambien con los de los Estados miembros de acogida la información contemplada en el artículo 3, apartado 7. Se aplicarán las restricciones establecidas en dicho artículo.

Las entidades de crédito que voluntariamente deseen pasar de un sistema de garantía de depósitos a otro, de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, lo comunicarán con al menos seis meses de antelación. Durante ese período, la entidad de crédito contribuirá al primer sistema de garantía de depósitos por lo que se refiere tanto a la financiación ex ante como a la financiación ex post. [Enm. 117]

5.  Para facilitar una cooperación eficaz entre sistemas de garantía de depósitos, en particular en relación con el presente artículo y el artículo 10, los sistemas de garantía de depósitos o, en su caso, las autoridades competentes celebrarán acuerdos de cooperación por escrito. Dichos acuerdos tendrán en cuenta los requisitos establecidos en la Directiva 95/46/CE.

Los sistemas de garantía de depósitos deberán informar a la autoridad Bancaria Europea de la existencia y del contenido de tales acuerdos. La Autoridad Bancaria Europea podrá emitir dictámenes sobre dichos acuerdos con arreglo al artículo 6, apartado 2, letra f), y al artículo 19 del Reglamento (UE) n° 1093/2010. Si las autoridades competentes o los sistemas de garantía de depósitos no pueden llegar a un acuerdo, o en caso de divergencia en cuanto a la interpretación de tal acuerdo, la Autoridad Bancaria Europea dirimirá las diferencias con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento (UE) n° 1093/2010.

La inexistencia de estos acuerdos no afectará a los créditos de los depositantes, al amparo del artículo 8, apartado 2, o por las entidades de crédito, al amparo del apartado 3 del presente artículo.

Artículo 13

Sucursales de entidades de crédito establecidas en terceros países

1.  Los Estados miembros comprobarán si las sucursales establecidas por entidades de crédito cuyo domicilio social se encuentre fuera de la Unión (entidades de crédito de países terceros) gozan de una protección equivalente a la estipulada en la presente Directiva.

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE?, los Estados miembros podrán prever que, cuando ello no sea así, las sucursales creadas por entidades de crédito de países terceros se adhieran a un sistema de garantía de depósitos existente en su territorio.

1 bis.  Con el fin de garantizar la armonización coherente de la aplicación del apartado 1, la Autoridad Bancaria Europea desarrollará proyectos de normas técnicas reglamentarias para establecer criterios de equivalencia general.

La Autoridad Bancaria Europea presentará estos proyectos de normas técnicas reguladoras a la Comisión a más tardar el ...

Se delegan competencias a la Comisión para que adopte las normas técnicas reglamentarias mencionadas en el párrafo primero, de acuerdo con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n° 1093/2010. [Enm. 118]

2.  Los depositantes y los depositantes potenciales de sucursales establecidas por entidades de crédito de países terceros que no sean miembros de un sistema que opere en un Estado miembro recibirán de su entidad de crédito toda la información pertinente relativa a las disposiciones en materia de garantía aplicables a sus depósitos.

3.  La información a que se refiere el apartado 2 se ofrecerá, del modo previsto en el Derecho nacional, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en que esté establecida la sucursal y, si el depositante así lo solicita y la sucursal puede acceder a tal petición, en otras lenguas, y estará redactada de manera clara y comprensible. [Enm. 151/rev]

Artículo 14

Información a los depositantes

1.  Los Estados miembros velarán por que las entidades de crédito pongan a disposición de sus depositantes reales y potenciales la información necesaria para identificar el sistema de garantía al que pertenecen la entidad y sus sucursales dentro de la  Unión. En el caso de los depósitos que no estén garantizados por un sistema de garantía de depósitos de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letras a) a g) e i) a k) y apartado 2, la entidad de crédito informará al respecto a los depositantes y, en tal caso, la entidad de crédito ofrecerá a los depositantes la posibilidad de retirar sus depósitos sin ninguna penalización, incluyendo todos los intereses devengados y beneficios obtenidos. [Enm. 119]

2.  La información destinada a depositantes potenciales deberá serles proporcionada antes de celebrar contrato alguno de depósito; los depositantes potenciales deberán firmarla. Se utilizará a tal efecto el impreso que figura en el anexo III.

3.  La información a los depositantes se facilitará en sus extractos de cuenta. Tal información consistirá en una confirmación de que los depósitos son admisibles. Además, deberá mencionarse la hoja informativa del anexo III, precisando dónde puede obtenerse. Esa hoja informativa se adjuntará a uno de sus extractos de cuenta al menos una vez al año. Se indicarán también en la hoja informativa el sitio web del sistema de garantía de depósitos responsable.

En el sitio web del sistema de garantía de depósitos se recogerá la información necesaria para los depositantes, en especial la información relativa a las disposiciones sobre el procedimiento y las condiciones de las garantías de depósito establecidas en la presente Directiva. [Enm. 120]

4.  La información contemplada en el apartado 1 se presentará, del modo previsto en el Derecho nacional, en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro en el que esté establecida la sucursal y, si el depositante así lo solicita y la sucursal puede acceder a tal petición, en otras lenguas. [Enm. 121]

5.  Los Estados miembros limitarán la utilización, con fines publicitarios, de la información a la que se refiere el apartadolos apartados 1, 2 y 3 a una simple referencia al sistema que garantiza el producto mencionado en la publicidad. [Enm. 122]

Las entidades de crédito que sean miembros de un sistema de garantía contemplado en el artículo 1, apartados 3 y 4,aportarán información adecuada y comprensible a los depositantes del funcionamiento del sistema de garantía de depósitos. Asimismo, las entidades de crédito aportarán información a los depositantes sobre el nivel máximo de cobertura y otros asuntos sobre el sistema de garantía de depósitos. Esta información no podrá hacer referencia a una cobertura ilimitada de los depósitos. [Enm. 123]

6.  En caso de fusión de entidades de crédito, se informará a los depositantes de la fusión al menos un mes antes de que sea legalmente efectiva. Se informará a los depositantes de que, cuando se haga efectiva la fusión, se procederá a la agregación de todos sus depósitos en bancos implicados en aquella con el fin de determinar la cobertura que les otorga el sistema de garantía de depósitos. Se concederá a los depositantes un plazo de tres meses tras la notificación de la fusión para que tengan la oportunidad de transferir sus depósitos, incluyendo todos los intereses devengados y beneficios obtenidos, que excedan la cobertura que establece el artículo 5, apartado 1, a otro banco o denominación de banco sin incurrir en penalización. Durante dicho periodo de tres meses, si el importe supera lo establecido en el artículo 5, apartado 1, el nivel de cobertura se ampliará multiplicando el importe establecido en el artículo 5, apartado 1, por el número de entidades de crédito que se hayan fusionado. [Enm. 124]

6 bis.  En caso de que una entidad de crédito se retire o sea excluida de un sistema de garantía de depósitos, dicha entidad de crédito informará de ello a sus depositantes en el plazo de un mes. [Enm. 125]

7.  Si un depositante efectúa sus operaciones bancarias a través de internet, la información que ha de facilitarse en virtud de la presente Directiva se le comunicará electrónicamentea través de los medios adecuados, de forma que despierte su atención, o en papel, si el depositante opta por esa posibilidad. [Enm. 126]

7 bis.  Los Estados miembros velarán por que se establezcan procedimientos adecuados para que el sistema de garantía de depósitos pueda compartir información y mantener una comunicación eficiente con otros sistemas de garantía, con las entidades de crédito afiliadas y con las autoridades competentes de su Estado miembro y, en su caso, con agencias de otros Estados. [Enm. 127]

Artículo 15

Lista de entidades de crédito autorizadas

En la lista de entidades de crédito autorizadas que debe elaborar con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2006/48/CE, la Comisión indicará, mediante un método transparente, la situación de cada entidad de crédito en relación con la presente Directiva. [Enm. 128]

Artículo 16

Ejercicio de la delegación

1.   Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.

1 bis.  Los poderes para adoptar los actos delegados citados en el artículo 5, apartado 7, se otorgarán a la Comisión por tiempo indefinido a partir de …(18) .

1 ter.  La delegación de poderes a que se refiere el artículo 5, apartado 7, podrá ser revocada por el Parlamento Europeo y el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Entrará en vigor el día siguiente a la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior en él se especifique. No afectará a la validez de actos delegados que ya estén en vigor.

2.  En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

3.  Los poderes para adoptar actos delegados se otorgan a la Comisión sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 17 y 18Un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 5, apartado 7, entrará en vigor si el Parlamento Europeo o el Consejo no han planteado objeciones en un plazo de tres meses desde la notificación de este acto al Parlamento Europeo y al Consejo, o si, antes de la expiración de ese plazo, el Parlamento Europeo y el Consejo han informado a la Comisión que no se opondrán. Por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo podrá prorrogarse tres meses. [Enm. 129]

Artículo 17

Revocación de la delegación

1.  La delegación de poderes a que se refiere el artículo 16 podrá ser revocada por el Parlamento Europeo y el Consejo.

2.  La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si revoca la delegación de poderes procurará informar de ello a la otra institución y a la Comisión en un plazo razonable antes de adoptar una decisión definitiva, indicando los poderes delegados que podrían ser objeto de revocación, así como los motivos de la misma.

3.  La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que especifique dicha decisión. Surtirá efecto inmediatamente o en fecha posterior que deberá especificarse. No afectará a la validez de actos delegados ya estén en vigor. Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.[Enm. 130]

Artículo 18

Objeciones a los actos delegados

1.  El Parlamento Europeo y el Consejo podrán plantear objeciones a un acto delegado en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación. Por iniciativa del Parlamento Europeo y del Consejo, este plazo podrá prorrogarse un mes.

2.  Si, al expirar este plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han planteado objeciones al acto delegado, será publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la fecha prevista en sus disposiciones.

El acto delegado deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrar en vigor antes de expirar el plazo citado, si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han informado a la Comisión de su intención de no plantear objeciones.

3.  Si el Parlamento Europeo o el Consejo plantean objeciones a un acto delegado, éste no entrará en vigor. La institución que haya planteado objeciones al acto delegado deberá exponer sus motivos. [Enm. 131]

Artículo 19

Disposiciones transitorias

1.  Las contribuciones a los sistemas de garantía de depósitos contempladas en el artículo 9 se repartirán tan equitativamente como sea posible hasta alcanzar el nivel objetivo mencionado en el tercer artículo 9, apartado 1, tercer párrafo. [Enm. 132]

1 bis.  Si un sistema de garantía de depósitos no puede determinar, en el momento de la entrada en vigor de la presente Directiva, los depósitos con cobertura de las entidades de crédito que formen parte del mismo, el nivel objetivo con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra h), se entenderá referido a los depósitos admisibles del sistema. A partir del 1 de enero de 2015 los depósitos con cobertura servirán de base para calcular el nivel objetivo de todos los sistemas de garantía de depósitos. [Enm. 133]

2.  Los depositantes que posean valores de renta fija emitidos por dicha entidad de crédito y obligaciones derivadas de aceptaciones propias y pagarés, o depósitos cuya existencia sólo puede probarse mediante un certificado distinto de un extracto de cuenta,que se emiten al portador y no a nombre de una persona, o cuyo principal no es reembolsable por su valor nominal, o sí lo es pero a través de una garantía o acuerdo especial otorgado por la entidad de crédito o por un tercero, serán informados de que sus depósitos dejarán de estar cubiertos por un sistema de garantía de depósitos.

3.  Cuando un determinado depósito deje de estar cubierto total o parcialmente por los sistemas de garantía después de la transposición de la presente Directiva o de la Directiva 2009/14/CE al Derecho nacional, los Estados miembros podrán autorizar su cobertura hasta el 31 de diciembre de 2014 si ha sido efectuado antes del 30 de junio de 2010. Después del 31 de diciembre de 2014, los Estados miembros se asegurarán de que ningún sistema ofrezca una garantía más alta o más amplia que la establecida en la presente Directiva, independientemente de cuando se hayan efectuado los depósitos.

4.  A más tardar el 31 de diciembre de 20152 de enero de 2014, la Comisión presentará un informe y, si procede, una propuesta legislativa al Parlamento Europeo y al Consejo, con el fin de determinar siestableciendo la manera en que los sistemas de garantía de depósitos existentes deberían sustituirse por un sistema único en toda la Unión.de la Unión podrán, bajo la coordinación de la Autoridad Bancaria Europea, cooperar a través de un sistema europeo para prevenir los riesgos derivados de las actividades transfronterizas y proteger los depósitos de dichos riesgos. [Enm. 134]

5.  A más tardar el 31 de diciembre de 2015, la Comisión, en cooperación con la Autoridad Bancaria Europea, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de los avances realizados en la ejecución de la presente Directiva. Dicho informe deberá tratar, en particular, de: posibilidad de determinar .

   el nivel objetivo sobre la base de los depósitos con cobertura, con una evaluación de la pertinencia del porcentaje establecido o una evaluación de otras opciones de regulación; dicho nivel objetivo debe reflejar las deficiencias de los depósitos a lo largo de los últimos diez años respecto de los depósitos cubiertos en el marco de un sistema de protección institucional, por disposiciones legales o por convenio en el sentido del artículo 80, apartado 8, de la Directiva 2006/48/CE;
   el efecto acumulado de la obligaciones reglamentarias de las entidades de crédito, como los requisitos de capital;
   la interconexión entre la legislación sobre los sistemas de garantía de depósitos y la futura legislación sobre la gestión de las crisis;
   las repercusiones en la diversidad de modelos de actividad bancaria, teniendo en cuenta la necesidad de preservarla.
   la adecuación del nivel de cobertura actual de los depositantes;

El informe evaluará asimismo si las cuestiones mencionadas en el párrafo primero se han llevado a cabo de modo que se mantenga la protección de los depositantes. [Enm. 135]

Artículo 20

Transposición

1.  Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1, el artículo 2, apartado 1, letras a), c), d), f) y h)-m), el artículo 2, apartado 2, el artículo 3, apartados 1, 3, y 5-7, el artículo 4, apartado 1, letras d)-k), el artículo 5, apartados 2-5, el artículo 6, apartados 4-7, el artículo 7, apartados 1-3, el artículo 8, apartados 2-4, los artículos 9-11, el artículo 12, el artículo 13, apartados 1-2, el artículo 14, apartados 1-3, el artículo 14, apartados 5-7, el artículo 19 y en los anexos I-IIIla presente Directiva el 31 de diciembre de 2012. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva. [Enm. 136]

No obstante lo previsto en el párrafo primero, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 9, apartado 1, tercer párrafo, el artículo 9, apartado 3 y el artículo 10 a más tardar el 31 de diciembre de 2020.[Enm. 137]

No obstante lo previsto en el párrafo primero, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 7, apartado 1 y el artículo 9, apartado 5, a más tardar el 31 diciembre 2013. Sin embargo, el porcentaje de depósitos admisibles contemplado en el artículo 9, apartado 5, letra a), no se aplicará hasta el 1 de enero de 2014. Hasta el 31 de diciembre de 2017 se aplicará un porcentaje del 0,5 %. A partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2020, se aplicará un porcentaje del 0,75 %. [Enm. 138]

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a las Directivas derogadas por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo en que se formule la mención. 

2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 21

Derogación

Queda derogada la Directiva 94/19/CE, con sus modificaciones sucesivas, con efectos a partir del 31 de diciembre de 2012, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de las Directivas, que se menciona en el anexo IV.

Las referencias a las Directivas derogadas se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo V.

Artículo 22

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el  vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de ? la Unión Europea.

El artículo 2, apartado 1, letras b), e) y g), el artículo 4, apartado 1, letras a), b) y -c), el artículo 5, apartado 1, el artículo 6, apartados 1) 2), y 3), el artículo 7, apartado 4, el artículo 8, apartado 1, el artículo 12, apartado 1, el artículo 13, apartado 3, el artículo 14, apartado 4, y los artículos 15 a 18 se aplicarán a partir del 1 de enero de 2013. 

Artículo 23

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en, […]

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente
[…] […]

ANEXO I

Determinación de las contribuciones basadas en el riesgo a los sistemas de garantía de depósitos

1.  Se utilizarán las fórmulas siguientes:

   a) el importe de las contribuciones basadas en el riesgo de un miembro

Ci = TC * RSi

   b) la cuota de riesgo de un miembro

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000001.jpg

   c) el importe ponderado en función del riesgo de la contribución de un miembro

RAi = CB *20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000002.jpg

siendo:

Ci el importe de la contribución del i-ésimo miembro del SGD

TC el importe total de contribuciones que debe recaudar el sistema de garantía

RSi la cuota de riesgo del i-ésimo miembro

RAi el importe ponderado en función del riesgo de la contribución del i-ésimo miembro

RAk los importes ponderados en función del riesgo de las contribuciones de cada uno de los n miembros

CB la base de cálculo de la contribución (es decir, a más tardar a partir del 1 de enero de 2015 los depósitos con cobertura o, si no pueden calcularse para todas las entidades de crédito del sistema de garantía de depósitos, los depósitos admisibles) [Enm. 139]

βi el coeficiente de riesgo asignado al i-ésimo miembro de conformidad con el anexo II.

2.  Se utilizarán las fórmulas siguientes:

   a) la puntuación compuesta de un miembro

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000003.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000004.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000005.jpg= ¾+ ¼

   b) la subpuntuación compuesta de un miembro en relación con los indicadores básicos

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000006.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000007.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000008.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000009.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000010.jpg= ¼ [+++]

   c) la subpuntuación compuesta de un miembro en relación con los indicadores complementarios

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000011.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000012.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000013.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000014.jpg20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000015.jpg=[++ … +]

siendo:

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000016.jpg la puntuación compuesta total del i-ésimo miembro

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000017.jpg la subpuntuación compuesta total del i-ésimo miembro en relación con los indicadores básicos

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000018.jpg la subpuntuación compuesta total del i-ésimo miembro en relación con los indicadores complementarios

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000019.jpg una variable que mide el riesgo del i-ésimo miembro en relación con un indicador concreto, básico o complementario, recogido en el anexo II

x el símbolo de un determinado indicador básico o complementario.

ANEXO II

Indicadores, puntuaciones y ponderaciones para el cálculo de las contribuciones basadas en el riesgo

PARTE A

Indicadores básicos

1.  Para calcular las contribuciones basadas en el riesgo se utilizarán los indicadores básicos siguientes:

Categ. de riesgo

Indicador

Ratio

Adecuación del capital

Elementos de fondos propios según el art. 57, letras a) a cbis de la Directiva 2006/48/CE y activos ponderados en función del riesgo según el art. 76 de la Directiva 2006/48/CE

Fondos propios

activos ponderados en función del riesgo

Calidad de los activos

Préstamos morosos

Préstamos morosos

Préstamos brutos

Rentabilidad

Rendimiento de los activos ajustado al riesgo

[Enm. 140]

Ingresos netos

Promedio de activos totales

Liquidez

A determinar por los Estados miembros sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4.

2.  Para reflejar los perfiles de riesgo respecto a los indicadores básicos se utilizarán las puntuaciones siguientes:

Nivel de riesgo

Adecuación del capital

Calidad de los activos

Rentabilidad

Liquidez

Riesgo muy bajo

1

1

1

1

Riesgo bajo

2

2

2

2

Riesgo medio

3

3

3

3

Riesgo alto

4

4

4

4

Riesgo muy alto

5

5

5

5

3.  Se asignarán a los miembros las puntuaciones siguientes sobre la base de los valores reales de los indicadores en una determinada categoría de riesgo:

Elemento

Símbolo (x)

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000020.jpg= 1

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000021.jpg= 2

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000022.jpg= 3

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000023.jpg= 4

20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000024.jpg= 5

Adecuación del capital

CA

x > 12,3 %

12,3 % ≥ x > 9,6 %

9,6 % ≥ x > 8,2 %

8,2 % ≥ x > 7 %

x ≤ 7 %

Calidad de los activos

AQ

x ≤ 1 %

1 % < x ≤ 2,1 %

2,1 % < x ≤ 3,7 %

3,7 % < x ≤ 6 %

x > 6 %

Rentabilidad

P

x > 1,.2 %

1,.2 % ≥ x > 0,9 %

0,9 % ≥ x > 0,7 %

0,7 % ≥ x > 0,5 %

x ≤ 0,5 %

Liquidez

L

Los Estados miembros podrán determinar los umbrales de cada 20120216-P7_TA(2012)0049_ES-p0000025.jpgsin perjuicio de lo dispuesto en el art. 11, apartado 4.

4.  Se asignarán a los miembros las ponderaciones de riesgo (coeficientes) siguientes en función de su puntuación compuesta:

Puntuación compuesta (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Coeficiente de riesgo (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %

PARTE B

Indicadores complementarios

1.  Los Estados miembros determinarán los indicadores complementarios para el cálculo de las contribuciones basadas en el riesgo. A tal efecto,Para el cálculo de las contribuciones basadas en el riesgo podrán utilizarse de modo complementario algunos o todos los indicadores siguientes: [Enm. 141]

Categoría de riesgo

Indicador/ratio

Definición

Adecuación del capital

Capital total

Capital total

Activos ponderados en función del riesgo

Capital excedentario*

Capital excedentario

o

Capital excedentario

Activos totales

activos ponderados en función del riesgo

Calidad de los activos

Provisión para préstamos incobrables

Provisión para préstamos incobrables

o

Provisión para préstamos incobrables

Ingresos por intereses netos

Ingresos de explotación

activos ponderados en función del riesgo

activos ponderados en función del riesgo

Activos totales

Rentabilidad

Relación costes/ingresos

Gastos de explotación

Ingresos de explotación

Margen neto

Margen neto

Capital total

Liquidez

A determinar por los Estados miembros sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5.

* Capital excedentario = Capital – fondos propios a que se refiere el artículo 57, letras a) a h), de la Directiva 2006/48/CE

2.  Para calcular reflejar los perfiles de riesgo respecto a los indicadores complementarios se utilizarán las puntuaciones siguientes:

Nivel de riesgo

Adecuación del capital

Calidad de los activos

Rentabilidad

Liquidez

Riesgo muy bajo

1

1

1

1

Riesgo bajo

2

2

2

2

Riesgo medio

3

3

3

3

Riesgo alto

4

4

4

4

Riesgo muy alto

5

5

5

5

3.  Se asignarán a los miembros las ponderaciones de riesgo (coeficientes) siguientes en función de su puntuación compuesta:

Puntuación compuesta (ρ)

1 < ρ ≤ 1,5

1,5 < ρ ≤ 2,5

2,5 < ρ ≤ 3,5

3,5 < ρ ≤ 4,5

4,5 < ρ ≤ 5

Coeficiente de riesgo (β)

75 %

100 %

125 %

150 %

200 %

ANEXO III

Impreso de información a los depositantes

Si unsu depósito ya vencido y exigible no es abonado por unasu entidad de crédito por razones directamente relacionadas con su situación financiera, los depositantes sonusted, como depositante, será reembolsados por un sistema de garantía de depósitos. [Nombre del producto] de [nombre de la entidad de crédito donde está abierta la cuenta] está por norma general cubierto por el sistema de garantía de depósitos responsable de conformidad con la Directiva 2012/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los sistemas de garantía de depósitos(19). [Enm. 142]

El reembolso asciende a de un máximo de 100 000 EUR por entidad bancaria. Esto significa que se agregansuman todos lossus depósitos efectuados en el mismo banco para determinar el nivel de cobertura. Si usted, por ejemplo, un depositante posee un cuenta de ahorro depósito con 90 000 EUR y una cuenta corriente con 20 00040 000 EUR, sólo se le abonarán 100 000 EUR. [Enm. 143]

[Sólo cuando proceda]: Este método se utilizará también si un bancouna entidad de crédito opera bajo diferentes nombres comerciales denominaciones para sus clientes. [Nombre de la entidad de crédito donde está abierta la cuenta] opera comercialmente también bajo las denominaciones [demás nombres de la entidad de crédito]. Esto significa que todos los depósitos con una o varias de estas denominaciones tienen cada uno una cobertura total de un máximo de 100 000 EUR. [Enm. 144]

En el caso de cuentas conjuntas, el límite de 100 000 EUR se aplicará a cada depositante.

[Sólo cuando proceda]: Sin embargo, los depósitos en una cuenta a la que tengan derecho dos o más personas como socios o miembros de una sociedad, una asociación o cualquier agrupación de índole similar, sin personalidad jurídica, se agregan y tratan como si los hubiera efectuado un depositante único a efectos del cálculo del límite de 100 000 EUR.

En general, todos los depositantes minoristas y las empresas están cubiertos por sistemas de garantía de depósitos. Las excepciones aplicables a ciertos depósitos pueden consultarse en las páginas web del sistema de garantía de depósitos responsable [insértese el sitio web del SGD responsable]. Su entidad de crédito le informará también, si así lo solicita, de si determinados productos están cubiertos o no. Si los depósitos están cubiertos, el banco se lo especificaráconfirmará también en suslos extractos de cuenta. [Enm. 145]

El sistema de garantía de depósitos responsable es [nombre, dirección, teléfono, dirección electrónica y páginas web]. En un plazo máximo de seis semanas (de una semana a partir del 31 de diciembre de 2013),de cinco [si procede, 20] días laborablesle reembolsará sus depósitos (hasta un máximo de 100 000 EUR) [en su caso: A petición, el sistema de garantía de depósitos le pagará un crédito de hasta 5 000 euros en un plazo de cinco días laborables]. A partir de 2017, se le reembolsarán sus depósitos (hasta un máximo de 100 000 EUR) en un plazo máximo de 5 [si procede, 20] días laborables. [Enm. 146]

Si en este plazodichos plazos no se le ha reembolsado, debe ponerse en contacto con el sistema de garantía de depósitos, ya que el tiempo durante el cual puede reclamarse el reembolso puede estar es limitado [insertar el período de tiempo que se aplica en el Estado miembro y la referencia exacta del acto jurídico nacional y del artículo en particular que regula estas disposiciones]. Para más información, sírvase consultar [páginas web del sistema de garantía de depósitos responsable]. [Enm. 147]

[Sólo cuando proceda]: Su depósito está garantizado porentidad de crédito forma parte de un sistema institucional de protección [reconocido/no reconocido] como sistema de garantía de depósitos. Esto significa que todos los bancostodas las entidades de crédito que son miembros de este sistema se respaldan mutuamente con el fin de evitar una quiebra bancariala insolvencia. Ahora bien, si se produce la quiebrainsolvencia.a pesar de todo, sus depósitos serán reembolsados hasta un total de 100 000 EUR en el marco de los sistemas de garantía de depósitos reconocidos en virtud de la legislación nacional. [Enm. 148]

ANEXO IV

PARTE A

Directivas derogadas con sus modificaciones sucesivas (contempladas en el artículo 21)

Directiva 94/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, relativa a los sistemas de garantía de depósitos

Directiva 2009/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, por la que se modifica la Directiva 94/19/CE relativa a los sistemas de garantía de depósitos, en lo que respecta al nivel de cobertura y al plazo de pago

PARTE B

Plazos de transposición (contemplados en el artículo 21)

Directiva

Fecha límite de transposición

94/19/CE

1.7.1995

2009/14/CE

30.6.2009

2009/14/CE (artículo 1, punto 3, inciso i), segundo párrafo, artículo 7, apartados 1bis y 3, y artículo 7, apartado 1, de la Directiva 94/19/CE, modificada por la Directiva 2009/14/CE)

31.12.2010

ANEXO V

Tabla de correspondencias

Presente Directiva

Directiva 2009/14/CE

Directiva 94/19/CE

Artículo 1

-

-

Artículo 2.1.a)

Artículo 1.1

Artículo 2.1.d)

Artículo 1.2

Artículo 2.1.e)

Artículo 1.1

Artículo 1.3

Artículo 2.1.f)

Artículo 1.4

Artículo 2.1.g)

Artículo 1.5

Artículo 3.1

Artículo 3.1

Artículo 3.2

Artículo 3.2

Artículo 3.3

Artículo 3.3

Artículo 3.4

Artículo 5

Artículo 3.6

Artículo 1.6.a)

Artículo 4.1.a)-c)

Artículo 2

Artículo 4.1.d)

Artículo 7.2, Anexo I.1

Artículo 4.1.f)

Artículo 7.2, Anexo I.10

Artículo 4.1.g)

Artículo 7.2, Anexo I.2

Artículo 4.1.h)

Artículo 7.2, Anexo I.5

Artículo 4.1.i)

Artículo 7.2, Anexo I.6

Artículo 4.1.j)

Artículo 7.2, Anexo I.3, 4

Artículo 4.10.k)

Artículo 7.2, Anexo I.12

Artículo 5.1

Artículo 1.3.a)

Artículo 7.1

Artículo 5.4

Artículo 1.3.a)

Presente Directiva

Directiva 2009/14/CE

Directiva 94/19/CE

Artículo 5.6

Artículo 7.4, 5

Artículo 5.7

Artículo 1.3.d)

Artículo 6.1-3

Artículo 8

Artículo 7.1

Artículo 1.6.a)

Artículo 10.1

Artículo 7.3

Artículo 10.4

Artículo 7.4

Artículo 10.5

Artículo 8.1

Artículo 7.6

Artículo 8.2

Artículo 11

Artículo 12.1

Artículo 4.1

Artículo 13

Artículo 6

Artículo 14.1-3

Artículo 1.5

Artículo 9.1

Artículo 14.4

Artículo 9.2

Artículo 14.5

Artículo 9.3

Artículo 15

Artículo 13

Artículo 16-18

Artículo 1.4

(1) DO C 99 de 31.3.2011, p.1.
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
(3) DO C 99 de 31.3.2011, p. 1.
(4) Posición del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012.
(5) DO L 135 de 31.5.1994, p. 5.
(6) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.
(7) DO L 68 de 13.3.2009, p. 3.
(8) DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
(9) DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
(10) DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.
(11) DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
(12) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(13) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Bancaria Europea – COM(2009)0501.
(14) DO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
(15) DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
(16)* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(17) Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (DO L 193 de 18.7.1983, p. 1).
(18)* Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(19)* Número y referencia de publicación de la presente Directiva.


Orientaciones para el presupuesto 2013 - Otras secciones distintas de la Comisión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2013, Sección I – Parlamento Europeo, Sección II – Consejo, Sección IV – Tribunal de Justicia, Sección V – Tribunal de Cuentas, Sección VI – Comité Económico y Social Europeo, Sección VII – Comité de las Regiones, Sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo, Sección IX – Supervisor Europeo de Protección de Datos Sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (2012/2001(BUD))
P7_TA(2012)0050A7-0030/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (2007/436/CE, Euratom)(1),

–  Vista la Decisión 2012/5/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se modifica el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera en relación con el marco financiero plurianual para cubrir las nuevas necesidades de financiación del proyecto ITER(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vistos los artículos 23 y 79 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0030/2012),

A.  Considerando que el límite máximo de la rúbrica 5 del marco financiero plurianual (MFP) para el presupuesto de la UE para el ejercicio 2013 es de 9 181 millones de euros en precios corrientes(4);

B.  Considerando que la adhesión de Croacia tendrá consecuencias en el presupuesto para el ejercicio 2013, concretamente en lo que se refiere a los recursos para nuevos Estados miembros y a la contratación de personal en las instituciones;

C.  Considerando que, en un contexto de fuerte endeudamiento público y de restricciones en una época en la que se están llevando a cabo esfuerzos de consolidación presupuestaria a nivel nacional, el Parlamento Europeo, al igual que todas las instituciones, debe dar muestras de responsabilidad presupuestaria y autocontención; teniendo en cuenta la carta de 23 de enero de 2012 del Comisario Sr. Lewandowski a los Presidentes de las instituciones europeas;

D.  Considerando que, en esta fase del procedimiento anual, el Parlamento está a la espera de los estados de previsiones de las otras instituciones y de las propuestas de su propia Mesa para el presupuesto 2013;

Marco general y prioridades para el presupuesto 2013

1.  Considera que, en un contexto de circunstancias económicas que suponen un reto continuo, las instituciones deben congelar sus presupuestos para gastos administrativos; subraya, no obstante, la necesidad de respetar las obligaciones que son jurídicamente vinculantes y los eventuales aumentos consiguientes;

2.  Pide a las instituciones que refuercen su cooperación interinstitucional con vistas a compartir las mejores prácticas, intentar realizar ahorros y, de esta manera, modernizar sus políticas en materia de recursos humanos, organización, tecnología y edificios;

   3. Destaca la importancia de la cooperación interinstitucional para que la adhesión de Croacia se lleve a cabo de la manera más fluida posible;
   4. Hace hincapié en la importancia de reforzar las políticas contra la discriminación que facilitan el acceso, la contratación y la integración de las personas con discapacidad;
   5. Subraya la necesidad de una verdadera política de medio ambiente en todas las instituciones;

Parlamento

6.  Recuerda los significativos ahorros que se lograron, mediante cambios estructurales y reorganización, en el presupuesto de 2012; alienta la continuación de las reformas estructurales y organizativas y apoya la innovación en otras áreas; considera que se pueden realizar verdaderos ahorros detectando duplicaciones y defectos en las líneas presupuestarias; pide, por lo tanto, un informe detallado del Secretario general a la Comisión de Presupuestos que exponga una visión de conjunto detallada y clara de las líneas presupuestarias que quedaron infrautilizadas en 2011 y un análisis objetivo de las razones que condujeron a esa situación;

7.  Considera que el verdadero y mayor ahorro se podría realizar estableciendo una sede única para el Parlamento Europeo; insta, por tanto, a proceder a una evaluación de la situación sin más demora;

8.  Considera que, para conseguir ahorros significativos a largo plazo, debe estudiarse la posibilidad de realizar una evaluación independiente del presupuesto de la UE; cree que debe considerarse la creación de un grupo de trabajo; insta al Secretario General y a la Mesa a que presenten propuestas concretas sobre la creación de dicho grupo de trabajo lo antes posible y propongan posibles ahorros a más tardar a finales de 2012; pide asimismo la rápida aplicación de las conclusiones que alcance el grupo de trabajo;

9.  Acoge con satisfacción la cooperación reforzada entre la Comisión de Presupuestos y la Mesa durante el procedimiento presupuestario anual; alienta firmemente a un mayor fortalecimiento de la cooperación entre la Comisión de Presupuestos, el Secretario General y la Mesa durante todo el año para garantizar un desarrollo flexible del proceso presupuestario y una efectiva ejecución del presupuesto; manifiesta la esperanza de que la Mesa presente un estado de previsiones prudente y basado en las necesidades, que tenga en cuenta posibles aumentos posteriores derivados de obligaciones jurídicamente vinculantes; opina que debe ponerse el máximo empeño en garantizar que cualquier otro aumento específico tenga una contrapartida en ahorros obtenidos en otras áreas;

10.  Pide que se congelen las líneas presupuestarias relacionadas con los viajes en 2013 y que no se indexe ninguna de las distintas indemnizaciones de los diputados hasta el final de la legislatura; espera con interés el informe del Secretario General sobre los viajes, que habrá de ser entregados a la Mesa y a la Comisión de Presupuestos antes del 31 de marzo de 2012;

11.  Considera que los ahorros no deben amenazar la actividad legislativa del PE; está convencido de que las actividades legislativas de los diputados pueden mejorar con la culminación del sistema de gestión del conocimiento; acoge con satisfacción la información facilitada por la administración, solicita información actualizada sobre la situación en que se encuentra el proyecto y espera que el sistema sea plenamente operativo y esté accesible para los ciudadanos de la UE; pide mayores esfuerzos para acelerar la ejecución de este proyecto; recuerda su solicitud de obtener información sobre la forma de conseguir ahorros una vez que se aplique el sistema de gestión del conocimiento;

12.  Recuerda las resoluciones presupuestarias del Parlamento, incluida la más reciente, de 26 de octubre de 2011(5) , en la que solicitaba información previa, diálogo y un proceso decisorio transparente en materia de política inmobiliaria; pide que se aporte información precisa sobre el avance de los proyectos de edificios y sus implicaciones financieras con carácter semestral; declara que durante la presente legislatura no se debe llevarse a cabo ningún otro proyecto inmobiliario que no esté ya previsto;

Otras Instituciones

13.  Anima a todas las instituciones a que busquen más ahorros para mantener la disciplina presupuestaria y congelen sus presupuestos teniendo en cuenta sus obligaciones jurídicas y los nuevos retos financieros como la adhesión de Croacia;

14.  Toma nota de la solicitud del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sección IV) de que se modifique su Estatuto de manera que tenga un impacto directo en el presupuesto; considera que se garantizará la financiación necesaria para garantizar el adecuado funcionamiento de la institución y, en consecuencia, una protección judicial adecuada de los ciudadanos de la UE;

15.  Comprende los retos a los que se enfrentó el SEAE a la hora de elaborar su primer presupuesto, el del ejercicio 2011; insta a una buena gestión financiera para esta nueva institución y pide el Servicio que explore oportunidades que puedan crear, cuando proceda, una mayor sinergia presupuestaria con los Estados miembros;

o
o   o

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al SEAE.

(1) DO L 163 de 23.6.2007, p. 17.
(2) DO L 4 de 7.1.2012, p. 12.
(3) DO C 326 de 10.11.2011, p. 1.
(4) El techo de la Rúbrica 5 incluye la contribución del personal al régimen de pensiones.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0461.


Plan plurianual para la población occidental de jurel
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la situación en relación con el plan plurianual propuesto para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población (2011/2937(RSP))
P7_TA(2012)0051B7-0064/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2009)0189) y el artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0010/2009),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 43, apartado 2,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 17 de marzo de 2010(1),

–  Vista su posición aprobada en primera lectura el 23 de noviembre de 2010 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° .../2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece un plan plurianual para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población(2),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2010, sobre el Libro Verde sobre la reforma de la Política Pesquera Común(3),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2011, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (COM(2011)0425), presentada en fecha reciente por la Comisión,

–  Vistas las preguntas orales a la Comisión y al Consejo sobre la situación en relación con el plan plurianual propuesto para la población occidental de jurel y para las pesquerías de esta población (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 – B7-0024/2012),

–  Visto el artículo 115, apartado 5 y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, con arreglo al Plan de aplicación adoptado en la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas celebrada en 2002 en Johannesburgo, la Unión Europea se ha comprometido a mantener o restablecer las poblaciones de peces en niveles que permitan conseguir el rendimiento máximo sostenible, con miras a alcanzar con carácter urgente los objetivos en relación con las poblaciones agotadas y, de ser posible, para el año 2015 a más tardar;

B.  Considerando que, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común, el objetivo de la política pesquera común es garantizar una explotación de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles;

C.  Considerando que, desde el punto de vista económico, la población occidental es la población de jurel más importante de las que habitan en aguas de la Unión;

D.  Considerando que, en abril de 2009, la Comisión propuso un plan de gestión (COM(2009)0189) basado en el trabajo preparatorio realizado en el seno del Consejo Consultivo Regional para las Especies Pelágicas y el dictamen emitido por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) y el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (CCTEP);

E.  Considerando que los planes plurianuales son una piedra angular de la política pesquera común y una herramienta fundamental de conservación que establece las disposiciones generales necesarias para alcanzar los objetivos de la política pesquera común, por lo que deben aprobarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, del TFUE;

F.  Considerando que la información biológica sobre la población occidental de jurel no basta para llevar a cabo una evaluación exhaustiva de dicha población; que, sin embargo, el dictamen del CCTEP indica que una norma de control de las capturas basada en la tendencia de abundancia de huevos facilitaría una gestión sostenible de la población; y que la norma de control de las capturas debe basarse igualmente en los dictámenes cautelares destinados a condiciones medias de reclutamiento y en totales admisibles de capturas recientes corregidos mediante un factor que refleje las tendencias de abundancia de la población, medida a partir de la producción de huevos;

G.  Considerando que la fijación y el reparto de las posibilidades de pesca en el marco de la política pesquera común tienen una incidencia directa en la situación socioeconómica de las flotas pesqueras de los Estados miembros, sobre todo para las flotas costeras artesanales;

H.  Considerando que el Consejo no puede reservarse el poder de adaptar unilateralmente los parámetros definidos en la propuesta de establecimiento de los totales admisibles de capturas, ya que se trata de elementos clave del plan plurianual propuesto;

I.  Considerando que el Parlamento, en su posición en primera lectura, introdujo cierta flexibilidad para el Consejo en la forma de cálculo de la extracción total, con arreglo a las normas de explotación con base científica, con miras a facilitar una solución de compromiso y contribuir a un enfoque constructivo y positivo en relación con la propuesta legislativa en cuestión;

J.  Considerando que las referencias y los parámetros biológicos que forman parte de la norma de explotación deben ajustarse al dictamen científico más reciente y que deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE en relación con la modificación de determinadas referencias y parámetros biológicos incorporados a la norma de explotación y con objeto de poder reaccionar rápidamente ante los cambios;

1.  Subraya que el objetivo del plan es mantener la biomasa del jurel occidental a un nivel que garantice su explotación sostenible y obtener el mayor rendimiento a largo plazo;

2.  Opina que la norma de control de las capturas debe basarse a partes iguales en dictámenes cautelares y en totales admisibles de capturas recientes corregidos mediante un factor que refleje la tendencia reciente de abundancia de la población, medida a partir de la producción de huevos;

3.  Destaca que las normas de control de las capturas constituyen elementos esenciales de los planes plurianuales que deben decidirse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

4.  Subraya que los planes de gestión a largo plazo que abarcan el mayor número posible de poblaciones de peces son primordiales para la conservación de las poblaciones de peces, como ha puesto de relieve la Comisión en su propuesta de reforma de la política pesquera común;

5.  Destaca que debe superarse el actual estancamiento interinstitucional en beneficio de una población de peces sostenible y a fin de permitir que los operadores del sector pesquero planifiquen mejor de antemano sus actividades;

6.  Insta a la Comisión a que presente más iniciativas tendentes a fomentar un diálogo político entre las tres instituciones con miras a clarificar sus papeles respectivos en el proceso decisorio y a abordar la cuestión de la futura estructura de los planes de gestión plurianuales;

7.  Insta a la Comisión a que actúe rápidamente, tal como se ha indicado y prometido en varias ocasiones, a fin de evitar otros bloqueos interinstitucionales en relación con futuros planes de gestión a largo plazo;

8.  Insta al Consejo a que presente su posición sobre el plan plurianual propuesto para la población occidental de jurel, a fin de permitir al Parlamento iniciar su segunda lectura y avanzar en esta cuestión;

9.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, para información.

(1) DO C 354 de 28.12.2010, p. 68.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0421.
(3) DO C 348 E de 21.12.2010, p. 15.


Contribución de la política pesquera común a la producción de bienes públicos
PDF 128kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la contribución de la política pesquera común a la producción de bienes públicos (2011/2899(RSP))
P7_TA(2012)0052RC-B7-0579/2011

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» (COM(2011)0244),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza» (COM(2011)0363),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020» (COM(2010)2020),

–  Vista la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE)(2),

–  Visto el paquete de reformas en relación con la política pesquera común presentado por la Comisión el 13 de julio de 2011,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,

–  Visto el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, aprobado el 31 de octubre de 1995,

–  Visto los artículos 115, apartado 5, y 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la pesca es una de las actividades humanas más antiguas y que el pescado constituye un elemento importante e indispensable de la nutrición humana que conviene garantizar y cuya importancia debe ser reconocida y valorada debidamente en la política pesquera común (PPC);

B.  Considerando que el sector de la pesca, que incluye tanto la captura de peces silvestres como la acuicultura, comporta actividades que contribuyen a la producción de unos bienes comunes indispensables a través de tres vertientes principales: la pesca, la transformación y la comercialización; que unas poblaciones de peces sanas, unos ecosistemas marinos sanos y la protección de la biodiversidad marina constituyen importantes bienes comunes que es obligatorio preservar;

C.  Considerando que la acuicultura, tanto marina como de agua dulce, costera o en alta mar, constituye una parte importante del sector pesquero;

D.  Considerando que la pesca artesanal desempeña un papel especialmente importante en la vida económica, social, medioambiental y cultural, que debe ser reconocida y valorada debidamente en la PPC; que las comunidades costeras han sufrido un duro golpe con el declive del sector pesquero en su conjunto, que ha afectado gravemente a los pequeños puertos de pesca de toda la UE;

E.  Considerando que la reforma de la PPC debe garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica del sector pesquero, en las diferentes cuencas hidrográficas, también mediante la introducción de un modelo de gestión descentralizada que acerque los centros de decisión a las zonas de actividad y aumente las responsabilidades de las partes interesadas;

F.  Considerando que el sector pesquero implica actividades que dependen de ecosistemas que funcionen, en el sentido de que las poblaciones de peces abundantes y los ecosistemas marinos en buenas condiciones ecológicas resultan fundamentales para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo de la extracción, la transformación y la comercialización de los productos de la pesca;

G.  Considerando que el sector pesquero europeo contribuye al desarrollo social, mediante la creación de empleos, directos e indirectos, y al crecimiento económico en Europa, al proporcionar 6,4 millones de toneladas de pescado al año;

H.  Considerando que la multifuncionalidad del sector pesquero se refleja en distintos ámbitos, por ejemplo en sus repercusiones sobre cuestiones socio económicas, históricas, culturales, científicas y ecológicas;

I.  Considerando que el impacto de la actividad pesquera afecta principalmente a las zonas costeras e insulares, contribuyendo a su gestión eficaz y a su dinámica social y económica; que ello resulta particularmente importante para sus comunidades, a menudo desfavorecidas como resultado de la escasez de empleo y de la debilidad de las economías locales;

J.  Considerando que la PPC reformada debería vincularse estrechamente a otras iniciativas clave de la UE en el ámbito de la política marítima, en especial las que se apuntan en la Comunicación de la Comisión titulada «Una política marítima integrada para la Unión Europea» (COM(2007)0575), en la que se afirma que el sector europeo de la pesca puede promover y mejorar también una amplia gama de estudios científicos que amplían nuestros conocimientos sobre la dinámica oceanográfica, los ecosistemas y la biología de las especies acuáticas involucradas directa o indirectamente en la actividad pesquera;

K.  Considerando que un sector pesquero dinámico y bien administrado puede contribuir cada vez más a la sociedad y la economía europeas y, por consiguiente, desempeñar un papel importante en la Estrategia Europa 2020;

1.  Hace hincapié en que el sector pesquero es un sector importante de la UE que proporciona a los ciudadanos de la Unión unos alimentos de gran calidad y crea un valor añadido tanto económico como social para la Unión Europea; opina, en consecuencia, que la PPC reformada debe garantizar una explotación sostenible de los recursos pesqueros y la conservación y el mantenimiento de las poblaciones de peces a un nivel sano, de tal forma que puedan continuar las actividades pesqueras en sus zonas y comunidades tradicionales a largo plazo;

2.  Considera que la sostenibilidad ecológica, económica y social son objetivos importantes de la PPC, y hace hincapié en que la principal prioridad de esta política debe ser el establecimiento de un sector pesquero sostenible que asegure a las generaciones actuales y futuras la continuidad de los beneficios medioambientales, sociales y económicos de la pesca;

3.  Destaca que las pesquerías, si se gestionan correctamente, podrían contribuir más a la sociedad europea en términos de seguridad alimentaria, empleo, mantenimiento de comunidades pesqueras dinámicas y de muchas otras maneras; hace hincapié en que la existencia de unas poblaciones de peces sanas, unos ecosistemas marinos sanos y la conservación de la biodiversidad marina constituyen por sí solos unos bienes comunes que solo se dan si se gestionan las poblaciones de peces de forma sostenible y se minimiza el impacto negativo innecesario sobre el medio ambiente;

4.  Considera fundamental que los mares, que cubren más de dos terceras partes de la superficie de nuestro planeta, sean reconocidos como un recurso que desarrolla un cometido clave en la generación de otros recursos naturales (por ejemplo, la pesca); considera, asimismo, fundamental desde un punto de vista estratégico que la PPC incorpore medidas claras y precisas que garanticen que puede cumplir su función estratégica desde el punto de vista de los ecosistemas;

5.  Destaca que la PPC contribuye a la realización de los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y a la intención de la UE de detener la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los servicios ecosistémicos antes de 2020 adoptando medidas que aseguren una pesca sostenible, medidas de precaución que pongan fin a la pesca destructiva, asegurando la recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas y adoptando medidas de protección de especies que no son objetivo de la pesca;

6.  Recuerda que se calcula que, desde un punto de vista económico, el sector de la pesca (incluida la acuicultura) genera unos 34 200 millones de euros de ganancias anuales y que, desde un punto de vista social, crea más de 350 000 puestos de trabajo, en la fase anterior o en la fase posterior del proceso productivo, en los sectores de la pesca, la transformación de productos pesqueros y la comercialización de los mismos, en especial en las zonas costeras, periféricas e insulares;

7.  Hace hincapié en que el sector pesquero tiene una dimensión multifuncional y en que, más allá de sus tres dominios de actividad tradicionales y su impacto más visible en los planos económico, ambiental y social, también desempeña un importante papel en muchos otros ámbitos, como el medioambiental, el cultural, el recreativo y turístico, el científico, el energético y el educativo; destaca especialmente la importancia, en este sentido, del sector de la pesca artesanal;

8.  Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta que el sector pesquero desempeña un papel importante en los ámbitos siguientes:

   i) cultura: contribuye a la gastronomía, la etnografía, la historia, la literatura, la museología, etc.,
   ii) ocio y turismo: ofrece muchas actividades distintas, tales como viajes por mar en compañía de pescadores locales, observación de cetáceos y aves marinas, buceo ecológico, etc.,
   iii) ciencia: ayuda a los científicos marinos, entre otros, en sus investigaciones,
   iv) energía: fomenta el desarrollo de nuevas tecnologías que pueden utilizarse después en beneficio de la sociedad en su conjunto,
   v) medio ambiente: protege las zonas geográficas biológicamente sensibles, así como las zonas costeras que incluyen puntos de incubación y cría, y también contribuye a la limpieza de los mares,
   vi) educación: fomenta el disfrute de las actividades al aire libre y enseña el respeto por el mar;

9.  Hace hincapié en que, gracias a su multifuncionalidad, el sector pesquero proporciona a las comunidades bienes comunes que benefician en general a los ciudadanos de la UE y no solo a los que tienen relación, directa o indirecta, con el sector pesquero, contribución que debe ser reconocida y valorada; observa, además, que un número considerable de ciudadanos de la Unión, en especial los que viven en zonas costeras, se benefician de la multifuncionalidad de las actividades del sector pesquero; considera que la multifuncionalidad del sector pesquero debe tenerse plenamente en cuenta en la financiación de la PPC; subraya que la producción de estos bienes públicos adicionales no debe servir de excusa para retrasar las reformas necesarias de la PPC;

10.  Insta a la Comisión a que asista a los pequeños puertos pesqueros que se han visto gravemente afectados por una disminución de los desembarques a causa de la pesca excesiva;

11.  Subraya que el sector pesquero (que incluye tanto la pesca sostenible de peces silvestres como la acuicultura) constituye uno de los pilares más importantes de la seguridad alimentaria de la Unión Europea y que, por tanto, conviene garantizar su carácter sostenible y su estabilidad mediante la reforma de la PPC, de tal modo que esta pueda suministrar en el futuro unos productos de suficiente calidad y en tal cantidad que pueda satisfacer la demanda de más de 500 millones de ciudadanos de la UE;

12.  Destaca el potencial de la acuicultura marina y de agua dulce como complemento de la pesca a la hora de efectuar una contribución importante a la seguridad alimentaria en la UE; hace hincapié en que es necesaria una política específica para garantizar la sostenibilidad medioambiental del sector de la acuicultura; pide a la Comisión que establezca unos criterios generales de calidad en relación con la acuicultura, que deben garantizarse en todo el territorio de la UE y que tengan en cuenta el impacto ecológico y social de la acuicultura; pide además a la Comisión que garantice que la producción de los productos acuícolas importados se ha desarrollado con arreglo a las normas de calidad y sostenibilidad pertinentes de la UE, es decir, las normas medioambientales o de bienestar animal;

13.  Toma nota de que no se ha tratado la pesca recreativa en el conjunto de propuestas de la Comisión presentadas el 13 de julio de 2011; hace hincapié en que debería abordarse por separado, como parte del proceso de reforma de la PPC;

14.  Subraya que una mayor diversificación de las actividades vinculadas directa o indirectamente con la pesca podría ayudar a ralentizar el éxodo de trabajadores del sector, mantener vivas las costumbres y tradiciones de las distintas regiones, y detener la despoblación de algunas zonas costeras;

15.  Destaca que la gestión de la pesca se apoya cada vez más en datos científicos, lo que estimula la investigación aplicada en este ámbito, promoviendo el conocimiento y fomentando el desarrollo y la innovación tecnológicos, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente;

16.  Subraya que el sector pesquero depende plenamente de la salud de las poblaciones y del equilibrio del ecosistema, por lo que la reforma de la PPC debe volver a centrarse en este aspecto como el guardián y el gestor de los recursos marinos con vistas a crear una economía más eficiente, más ecológica y más competitiva, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente;

17.  Destaca que la actividad pesquera, si se consideran todas sus dimensiones (incluida la acuicultura sostenible), sus repercusiones directas e indirectas y la producción de bienes comunes que esta genera, garantiza la cohesión social y territorial, promueve la formación profesional y el dinamismo social y económico, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento integrador;

18.  Hace hincapié en que el sector pesquero, por sí solo y a través de la política marítima integrada, debe contribuir a la realización de los objetivos «Río+20» de una economía abierta, y también a la creación de puestos de trabajo y la erradicación de la pobreza;

19.  Afirma que las actividades pesqueras desempeñan un papel importante en el contexto más amplio de la política marítima integrada y representan un elemento clave de las políticas de ordenación del espacio marítimo, así como en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca;

20.  Pide a la Comisión que reconozca la dimensión multifuncional del sector pesquero y el valor de su producción de una amplia gama de bienes comunes;

21.  Pide a la Comisión que, en sus propuestas y decisiones políticas futuras, garantice que la PPC contribuya a objetivos globales como la Estrategia Europa 2020; opina que este proceso crucial de reforma de la PPC debe reconocer que la PPC es una fuente de desarrollo en el contexto del proyecto de crecimiento europeo y debe crear las condiciones que le permitirán desplegar todo su potencial; pide a la Comisión que tenga en cuenta las peculiaridades de la pesca y las regiones costeras a la hora de desarrollar y aplicar estas políticas;

22.  Pide a la Comisión que integre dentro de la PPC reformada el concepto de «condicionalidad», que ya se utiliza en la política agrícola común, con objeto de asegurar una discriminación positiva a favor de las prácticas de pesca respetuosas con el medio ambiente, por ejemplo mediante un mejor acceso a los fondos;

23.  Pide a la Comisión que, a fin de fomentar el desarrollo de actividades paralelas, encuentre una solución jurídica que permita a los pescadores desarrollar otras fuentes de ingresos dentro de la amplia gama de «actividades relacionadas con la pesca» sin verse penalizados económicamente;

24.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
(2) DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.


Acontecimientos políticos recientes en Hungría
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre los recientes acontecimientos políticos en Hungría (2012/2511(RSP))
P7_TA(2012)0053B7-0095/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (Tratado UE), los artículos 49, 56, 114, 167 y 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Tratado FUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que hacen referencia al respeto y a la promoción y protección de los derechos fundamentales,

–  Vistas la Ley Fundamental de Hungría, aprobada el 18 de abril de 2011 por la Asamblea Nacional de la República de Hungría y que entró en vigor el 1 de enero de 2012 (en lo sucesivo «la nueva Constitución»), y las disposiciones transitorias de la Ley Fundamental de Hungría, aprobadas el 30 de diciembre de 2011 por la Asamblea Nacional (en lo sucesivo «las disposiciones transitorias»),

–  Vistos los dictámenes nº CDL(2011)016 y CDL(2011)001 de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho (Comisión de Venecia) sobre la nueva Constitución Húngara y las tres cuestiones jurídicas que suscita el proceso de elaboración de la nueva Constitución Húngara,

–  Vistas sus Resoluciones , de 10 de marzo de 2011, sobre la Ley de Medios de Comunicación húngara(1), y de 5 de julio de 2011, sobre la Constitución Húngara revisada(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea titulada «Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión» (COM(2003)0606),

–  Visto el grupo de alto nivel sobre libertad y pluralismo de los medios de comunicación creado por la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes, en octubre de 2011,

–  Vistas las declaraciones del Consejo y la Comisión en el debate plenario del Parlamento Europeo celebrado el 18 de enero de 2012 sobre los recientes acontecimientos políticos en Hungría, así como la audiencia celebrada el 9 de febrero de 2012 por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

–  Vista la decisión de la Comisión Europea, de 17 de enero de 2012, de incoar procedimientos de infracción acelerados contra Hungría por la independencia de su banco central y las autoridades de protección de datos y por las medidas que afectan al poder judicial,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea se basa en los valores de la democracia y del Estado de Derecho, establecidos en el artículo 2 del TUE, en el respeto inequívoco de los derechos y las libertades fundamentales, consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), así como en el reconocimiento del valor jurídico de los denominados derechos, libertades y principios, lo que queda demostrado además en la próxima adhesión de la UE al CEDH;

B.  Considerando que los Estados miembros, tanto los actuales como los adherentes, y la UE están obligados a garantizar que los contenidos y los procedimientos de las legislaciones de los Estados miembros respetan la legislación y los valores de la UE, consagrados en particular en los criterios de Copenhague, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el CEDH, y que la letra y el espíritu de las legislaciones aprobadas no estén en contradicción con estos valores e instrumentos;

C.  Considerando que el 18 de abril de 2011 Hungría adoptó una nueva Constitución, cuya adopción y algunas de cuyas disposiciones fueron criticadas por el Parlamento Europeo en su Resolución, de 5 de julio de 2011, en la que pedía al Gobierno húngaro que abordara las cuestiones y las preocupaciones mencionadas por la Comisión de Venecia y pedía a la Comisión Europea que llevase a cabo una revisión y un análisis en profundidad de la nueva Constitución y de las leyes «cardinales» que introduce, con el fin de verificar su coherencia con la letra y el espíritu del acervo comunitario y, en particular, con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

D.  Considerando que la adopción de las leyes cardinales suscitó inquietud en una serie de ámbitos, en particular en lo que concierne a la independencia del poder judicial, la independencia del banco central, la independencia de la autoridad de protección de datos, unas condiciones justas de competencia y alternancia políticas, así como en lo que concierne a la denominada ley de estabilidad, que somete el régimen del impuesto sobre la renta a una mayoría de dos tercios, y a las leyes cardinales que conceden a la actual mayoría el derecho exclusivo de nombrar funcionarios por un periodo inusualmente largo, lo que afecta a la capacidad de gobernar de futuros gobiernos;

E.  Considerando que el nuevo jefe de la autoridad judicial nacional y el fiscal general tendrán el derecho de atribuir asuntos a los tribunales, violando así el principio del derecho de acceso a los tribunales y a un juicio justo y a la independencia del poder judicial;

F.  Considerando que, de acuerdo con la nueva Constitución y sus disposiciones transitorias, el Tribunal Supremo pasó a llamarse «Kúria», y que el mandato de 6 años de duración del anterior Presidente del Tribunal Supremo se suspendió prematuramente después de dos años;

G.  Considerando que la nueva Constitución prevé la reducción de la edad obligatoria de jubilación de los jueces y fiscales de los hasta ahora 70 años a los 62 años, excepto en el caso del Presidente de la Kúria y del Fiscal General, lo que puede resultar discriminatorio y conducir a la jubilación de aproximadamente 300 jueces, lo que supone una injerencia grave en el funcionamiento independiente del poder judicial;

H.  Considerando que, de conformidad con las disposiciones de la nueva Constitución, el anterior sistema compuesto por cuatro comisarios parlamentarios se ha reducido a uno, suspendiendo prematuramente el mandato de 6 años de duración del Comisario de protección de datos y libertad de información y transfiriendo sus competencias a una autoridad de reciente creación, lo que supone una intromisión grave en su independencia;

I.  Considerando que el Parlamento húngaro ha aprobado diversos actos legislativos con carácter retroactivo, contraviniendo de este modo uno de los principios básicos de la legislación europea, el de no adoptar leyes retroactivas;

J.  Considerando que la ley recientemente aprobada sobre iglesias y denominaciones religiosas contiene normas inusualmente restrictivas sobre el registro de iglesias y supedita su registro a la aprobación parlamentaria por una mayoría de dos tercios;

K.  Considerando que, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, las competencias del Tribunal Constitucional húngaro de revisar las leyes relativas al presupuesto han disminuido considerablemente;

L.  Considerando que la enorme cantidad de asuntos relegados, con vistas a una reglamentación pormenorizada, a las leyes cardinales, que exigen una mayoría de dos tercios, incluidas las cuestiones que deberían dejarse en manos del proceso político ordinario y que habitualmente se deciden por mayoría simple, constituye motivo de preocupación, según el informe de la Comisión de Venecia;

M.  Considerando que Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea, subrayó que la intención de la Comisión Europea es verificar si la nueva organización del sistema judicial de Hungría afecta o no a la independencia del poder judicial; que Neelie Kroes, la Vicepresidenta de la Comisión Europea, y Vaira Vike Freiberga, líder del grupo de alto nivel sobre libertad y pluralismo de los medios de comunicación, han reiterado en varias ocasiones su preocupación por la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en Hungría;

N.  Considerando que el 18 de enero de 2012 el Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, subrayó que, aparte de los aspectos jurídicos, también se ha manifestado preocupación por la calidad de la democracia en Hungría, e instó a las autoridades húngaras a respetar los principios de democracia y libertad y a aplicarlos no sólo en teoría sino también en la práctica y en la vida política y social de Hungría;

O.  Considerando que, el 17 de enero de 2012, la Comisión Europea incoó procedimientos de infracción contra Hungría en relación con tres asuntos: la independencia del Banco Central de Hungría, la disminución de la edad obligatoria de jubilación de los jueces consagrada en la Ley Fundamental de Hungría y la independencia de la autoridad de protección de datos, y solicitó asimismo a las autoridades húngaras información complementaria sobre la cuestión de la independencia del poder judicial;

P.  Considerando que, en su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2009) ‐aplicación efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa(3)‐, el Parlamento Europeo pedía «un seguimiento de la Comunicación de 2003 sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea con objeto de perfilar un método transparente y coherente de abordar posibles violaciones de los derechos humanos y de hacer un uso oportuno del artículo 7 del TUE sobre la base de la nueva arquitectura en materia de derechos fundamentales»;

Q.  Considerando que el Gobierno húngaro, y en particular el Primer Ministro húngaro, en su carta a la Comisión y dirigiéndose al Parlamento Europeo, señaló su disposición a abordar los problemas por los que se incoaron los procedimientos de infracción, a modificar la legislación en cuestión y a cooperar con las Instituciones europeas más allá de las acciones judiciales;

R.  Considerando que el Parlamento Europeo debe supervisar el respeto de los derechos, las libertades y los principios fundamentales en los 27 Estados miembros, tal como está consagrado en el acervo europeo;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por la situación en Hungría en relación con el ejercicio de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto y la protección de los derechos humanos y sociales, el sistema de controles y equilibrios, la igualdad y la no discriminación;

2.  Pide al Gobierno húngaro, en interés común de los ciudadanos húngaros y de la Unión Europea, que cumpla las recomendaciones, y escuche las objeciones y las solicitudes de la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia en lo que respecta a las cuestiones arriba mencionadas, y que modifique las leyes correspondientes en consecuencia, respetando los valores fundamentales y las normas de la Unión Europea;

3.  Toma nota del compromiso de la Comisión Europea, del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia de examinar detenidamente si la legislación húngara cumple no solo con la letra sino también con el espíritu de la legislación europea;

4.  Pide a la Comisión Europea que, en su condición de guardiana de los Tratados, vigile de cerca las posibles modificaciones y la aplicación de las mencionadas leyes y su cumplimiento con la letra y el espíritu de los Tratados europeos y que se realice un análisis en profundidad para asegurar:

   a. la plena independencia del poder judicial, en particular asegurando que la Autoridad Judicial Nacional, la Oficina del Fiscal y los tribunales en general se gobiernan al margen de toda influencia política, y que el mandato de los jueces independientes no pueda acortarse de forma arbitraria;
   b. que la regulación del Banco Nacional de Hungría se atiene a la legislación europea;
   c. que la independencia institucional de la protección de datos y la libertad de información se restablece y se garantiza mediante la letra y la aplicación de la correspondiente legislación;
   d. el pleno restablecimiento del derecho del Tribunal Constitucional a revisar cualquier acto legislativo incluido el derecho a revisar el Derecho presupuestario y fiscal;
   e. que la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación está garantizado por la letra y la aplicación de la Ley húngara sobre los medios de comunicación, especialmente con respecto a la participación de los representantes civiles y de la oposición en el Consejo de los Medios de Comunicación;
   f. que la nueva ley electoral cumple las normas democráticas europeas y respeta el principio de la alternancia política;
   g. que el derecho de ejercer oposición política de forma democrática está asegurado tanto dentro como fuera de las instituciones;
   h. que la ley sobre iglesias y denominaciones religiosas respetará los principios básicos de la libertad de conciencia y se abstendrá de someter el registro de las iglesias a la aprobación del Parlamento húngaro por mayoría de dos tercios;

5.  Pide a la Comisión Europea que solicite la opinión de la Comisión de Venecia sobre el paquete legislativo formado por la nueva Constitución, las disposiciones transitorias y las leyes cardinales en su conjunto y que continúe colaborando con el Consejo de Europa sobre estas cuestiones;

6.  Encarga a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, en cooperación con la Comisión Europea, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia, que controle si se han seguido las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento Europeo establecidas en el punto 4 de la presente Resolución y, en su caso, cómo se ha hecho, y que presente sus conclusiones en un informe;

7.  Encarga a la Conferencia de Presidentes, a la luz del informe descrito en el punto 6, que considere la posibilidad de activar las medidas necesarias, incluidas las medidas previstas en el artículo 74 sexies del Reglamento y en artículo 7, apartado 1, del TUE;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Europa, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Agencia de los Derechos Fundamentales, a la OSCE y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0094.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0483.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0483.


Situación en Rusia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre las próximas elecciones presidenciales en Rusia (2012/2505(RSP))
P7_TA(2012)0054RC-B7-0052/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y la Federación de Rusia, que entró en vigor en 1997 y que se ha prorrogado a la espera de su sustitución por un nuevo acuerdo,

–  Vistas las negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo que ofrezca un nuevo marco global para las relaciones entre la UE y Rusia, así como la «Asociación para la Modernización» iniciada en 2010,

–  Vistas sus resoluciones sobre Rusia, en particular su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la Cumbre UE-Rusia que se celebró el 15 de diciembre de 2011 y el resultado de las elecciones a la Duma celebradas el 4 de diciembre de 2011(1), y su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre los preparativos para las elecciones de diciembre de 2011 a la Duma Estatal rusa(2),

–  Visto el informe de observación definitivo de la OSCE/OIDDH, de 12 de enero de 2012, sobre las elecciones a la Duma Estatal celebradas el 4 de diciembre de 2011,

–  Vistos el informe de observación definitivo, de 23 de enero de 2012, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) sobre las elecciones parlamentarias rusas y su declaración sobre la visita de la delegación postelectoral a Rusia, de 21 de enero de 2012,

–  Vistas las consultas UE-Rusia sobre derechos humanos, particularmente la última reunión celebrada en este marco el 29 de noviembre de 2011,

–  Vistos la declaración realizada el 6 de diciembre de 2011 por la Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, sobre las elecciones a la Duma en la Federación de Rusia, y sus discursos del 14 de diciembre de 2011 en Estrasburgo sobre la Cumbre UE-Rusia y del 1 de febrero de 2012 sobre la situación política en Rusia,

–  Vista la declaración realizada el 15 de diciembre de 2011 por el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, tras la Cumbre UE-Rusia,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que una mejor cooperación y unas buenas relaciones de vecindad entre la UE y Rusia son esenciales para la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de Europa; y que el desarrollo de una asociación estratégica entre la UE y la Federación de Rusia solo puede fundamentarse en valores comunes;

B.  Considerando que persiste la inquietud por la evolución registrada en la Federación de Rusia en relación con el respeto y la protección de los derechos humanos y el respeto de principios, normas electorales y procedimientos democráticos adoptados de común acuerdo; y que la Federación de Rusia es miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y que en consecuencia se ha comprometido a defender los principios de la democracia y el respeto de los derechos humanos;

C.  Considerando que el 12 de abril de 2011 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó los tortuosos procedimientos para registrar partidos políticos en Rusia, que no cumplen las normas electorales establecidas por el Consejo de Europa y la OSCE; y que las limitaciones impuestas al registro de partidos políticos y candidatos restringen la competencia y el pluralismo políticos en Rusia;

D.  Considerando que, a pesar de la adopción reciente de medidas de alcance limitado con miras a mejorar la legislación electoral, las normas generales siguen siendo excesivamente complejas y que la aplicación incoherente de las normas entraña una discriminación de la oposición;

E.  Considerando que, el 22 de diciembre de 2011, en su discurso ante la Duma, el Presidente Medvédev anunció una serie de cambios en el sistema político, entre ellos la formación de un nuevo servicio de televisión pública independiente, unos procedimientos simplificados para los partidos y los candidatos presidenciales, la reinstauración de las elecciones directas para los gobernadores regionales y una investigación del fraude electoral;

F.  Considerando que, según el informe de observación definitivo de la OSCE/OIDDH, las elecciones del 4 de diciembre de 2011 a la Duma no respetaron plenamente las normas para garantizar unas elecciones libres y justas y destacaron por la connivencia entre el Estado y el partido gobernante y por la falta de independencia de la administración electoral, la parcialidad de los medios de comunicación y la injerencia estatal a diferentes niveles; y que, según el informe, las elecciones a la Duma se caracterizaron por un elevado número de violaciones de procedimiento, casos de aparente manipulación y casos graves de introducción de votos fraudulentos en las urnas;

G.  Considerando que la organización nacional de observación de elecciones, Golos, declaró en su informe final que las elecciones no fueron ni libres ni justas y no cumplieron las disposiciones de la Ley electoral rusa ni las normas internacionales en materia de elecciones, y que no se respetaron los principios fundamentales de las elecciones, es decir, una competencia auténtica e igualdad de derechos de todos los participantes, una administración neutra, unas comisiones electorales independientes, una votación conforme a la Ley y un proceso de escrutinio correcto;

H.  Considerando que el pueblo ruso ha expresado, en una serie de manifestaciones masivas celebradas desde las elecciones a la Duma del 4 de diciembre de 2011, y en particular a través de los denominados «manifestantes del lazo blanco», su deseo de una mayor democracia, incluidas unas elecciones libres y justas, y de una reforma general del sistema electoral;

I.  Considerando que el pluralismo político es una piedra angular de la democracia y de la sociedad moderna y una fuente de legitimidad política; que los preparativos para las elecciones presidenciales deben garantizar un proceso libre y justo en el que exista igualdad de oportunidades para todos los candidatos; y que los procedimientos de registro impidieron una vez más la participación de algunos candidatos en las elecciones;

J.  Considerando que las relaciones entre la UE y Rusia se han ido desarrollando en las últimas décadas, conduciendo a una interdependencia profunda y global destinada a seguir creciendo en el futuro; y que la celebración de un Acuerdo de colaboración estratégica entre la UE y la Federación de Rusia sigue revistiendo la máxima importancia para el desarrollo y el refuerzo ulteriores de la cooperación entre ambos socios;

K.  Considerando que Rusia ha impedido, en dos ocasiones, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptara una resolución sobre la crisis en Siria en la que se solicitaba el apoyo al plan de la Liga Árabe que cuenta también con el respaldo de la UE;

1.  Toma nota de los informes de la OSCE/OIDDH y de la APCE sobre las elecciones a la Duma, en los que se afirma que las elecciones no se ajustaron a las normas electorales definidas por la OSCE y destacaron por la connivencia entre el Estado y el partido gobernante, violaciones de procedimiento, aparente manipulación y falta de independencia de la administración electoral;

2.  Expresa su preocupación por el hecho de que el resultado de las elecciones (la composición de la Duma) no supondrá mejoras en lo que respecta a la función y la influencia de la Duma dentro del sistema político ruso;

3.  Pide a su Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia que plantee sistemáticamente la cuestión de la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en sus contactos con sus interlocutores rusos; pide, además, que se realice una evaluación de las actividades de la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia y que se intensifique el diálogo con la oposición no parlamentaria y la sociedad civil;

4.  Toma nota de las recientes peticiones de anulación de las elecciones a la Duma Estatal y pide a las autoridades rusas que sigan investigando de manera completa y transparente todas las informaciones sobre fraudes e intimidaciones con vistas a castigar a quienes resulten ser sus responsables, y que repitan las votaciones caso de demostrarse que se han producido irregularidades; destaca que la legislación electoral rusa prevé la posibilidad de recurso y rectificación; señala, no obstante, que la tramitación de las denuncias por la Comisión Electoral Central ha adolecido de falta de transparencia y no ha tratado las denuncias de manera efectiva y oportuna; deplora que casi 3 000 acciones por casos de mala conducta electoral, fraude e infracciones en determinados distritos fueran rechazadas por los tribunales pertinentes y que algunas se encuentren aún pendientes;

5.  Toma nota del anuncio del Presidente Medvédev de cambios generales en el sistema político, incluida la tan necesaria simplificación de las normas que rigen el registro de los partidos políticos; pide asimismo una promesa formal de que se afrontarán los problemas de la libertad de los medios de comunicación y la libertad de reunión y de expresión; reitera la disposición de la UE para cooperar con Rusia, incluido el marco que ofrece la Asociación para la Modernización, con miras a mejorar el respeto de los derechos humanos y fundamentales y la eficacia de la independencia del poder judicial en Rusia;

6.  Pide al Gobierno ruso que presente un conjunto de propuestas legislativas, en cumplimiento de las recomendaciones de la OSCE, con miras a desarrollar un sistema político genuinamente democrático, y que incluya reformas por las que se faciliten las normas de registro tanto para los partidos políticos como para los candidatos presidenciales, y a poner remedio a la aplicación restrictiva de las normas de registro, a fin de permitir cuanto antes unas elecciones verdaderamente libres y justas;

7.  Subraya que las manifestaciones pacíficas en Rusia son la expresión del deseo del pueblo ruso de unas elecciones libres y justas; pide a las autoridades rusas que consideren las recientes manifestaciones como una oportunidad para acometer las reformas necesarias con miras a un refuerzo de la democracia, la participación política y el Estado de Derecho, incluida la reforma de las leyes electorales, de conformidad con las normas del Consejo de Europa y de la OSCE; insta a las autoridades rusas a que cumplan dichas normas en la práctica, a fin de garantizar unas elecciones presidenciales libres y democráticas en marzo, con igualdad de oportunidades para todos los candidatos;

8.  Condena la represión por parte de la policía de manifestaciones pacíficas en protesta por las irregularidades y fraudes electorales que han sido denunciados por los observadores internacionales y documentados por los vídeos grabados por ciudadanos de a pie; pide a las autoridades rusas que respeten plenamente las libertades de reunión y de expresión, de conformidad con la Constitución de la Federación de Rusia;

9.  Recuerda que las restricciones del pluralismo político durante los preparativos de las elecciones a la Duma constituyeron una de las mayores deficiencias de dichas elecciones; manifiesta su preocupación por la exclusión de candidatos de la oposición de la participación en las elecciones presidenciales del 4 de marzo de 2012, lo que debilita una vez más la competencia y el pluralismo políticos;

10.  Insta a las autoridades rusas a que inicien un diálogo con la oposición y deplora la decisión de negar al dirigente de la oposición Grigori Yavlinski la posibilidad de inscribirse como candidato en la campaña a las elecciones presidenciales, lo cual asimismo impide a su partido inscribir a observadores;

11.  Pide a la OSCE, al Consejo de Europa y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que prosigan las investigaciones sobre las irregularidades y que supervisen de cerca los preparativos para las elecciones presidenciales y el cumplimiento de la normativa electoral, como ya acordaron las autoridades rusas;

12.  Señala que se espera que unos 600 observadores internacionales supervisen la celebración de las elecciones presidencias rusas (habrá observadores de la OSCE/OIDDH, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la Organización de Cooperación de Shanghai y la CEI); destaca que deben desarrollarse al máximo las misiones de observación electoral nacionales e internacionales, a fin de garantizar una supervisión eficaz del proceso electoral, de conformidad con las normas de la OSCE/OIDDH y del Consejo de Europa; pide a las autoridades rusas que eviten interferencias y trabas como las que se señalaron en el caso de las elecciones a la Duma;

13.  Pide de nuevo a la comisión de investigación que lleve a cabo una investigación exhaustiva y detallada, sin tabúes, sobre la muerte de Serguéi Magnitsky, que presente cuanto antes conclusiones concretas y que adopte todas las medidas necesarias para que los culpables sean llevados ante la justicia; pide que, en caso de que las autoridades rusas sigan sin actuar, el Consejo tome en consideración medidas tales como una prohibición de viajar en toda la UE y la congelación de los activos financieros de los culpables de la tortura y la muerte de Serguéi Magnitski, así como del encubrimiento del caso;

14.  Expresa su profunda preocupación por la mala utilización de la legislación contra el extremismo, que dio lugar a la aplicación ilegal de leyes penales contra organizaciones de la sociedad civil como Memorial y contra minorías religiosas como los Testigos de Jehová y Falun Dafa, y a la prohibición abusiva, con la excusa del extremismo, de su material informativo;

15.  Condena enérgicamente la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de San Petersburgo de una ley contra la propaganda en materia de orientación sexual; condena asimismo leyes similares adoptadas en las regiones de Riazán, Arjángelsk y Kostroma; pide a todas las autoridades rusas que se abstengan de restringir la libertad de expresión en materia de orientación sexual o identidad de género, de conformidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; pide a la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante que transmita la oposición de la Unión Europea a dichas leyes;

16.  Insta encarecidamente a Rusia a que se sume al consenso internacional y permita que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervenga sobre la base de las propuestas de la Liga Árabe para resolver la crisis siria; subraya que, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Rusia debe asumir seriamente su responsabilidad en la paz y la seguridad internacionales; pide a Rusia que ponga fin de inmediato a todas las ventas de armas y de equipos militares al Gobierno sirio;

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0575.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0335.


Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre el Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca (2012/2522(RSP))
P7_TA(2012)0055RC-B7-0048/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración de Barcelona, de 28 de noviembre de 1995, que estableció una asociación entre la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo,

–  Visto el Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 14 de octubre de 2005, que autoriza las negociaciones con Marruecos relativas a la liberalización recíproca del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 2011, de autorizar las negociaciones con Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, con vistas al establecimiento de zonas de libre comercio sustanciales en el marco de los acuerdos euromediterráneos de asociación existentes con dichos países,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0200),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 2011, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(1),

–  Visto el procedimiento de aprobación de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos nos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (15974/2010),

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el paisaje político cambiante en el sur del Mediterráneo a raíz de la Primavera Árabe necesitó una respuesta firme, eficaz y rápida por parte de la UE;

B.  Considerando que el fortalecimiento de las relaciones comerciales y una liberalización equilibrada y progresiva del comercio con los países del sur del Mediterráneo son componentes importantes de esta respuesta;

C.  Considerando que el comercio y la inversión son motores para el crecimiento y ayudan a reducir la pobreza, aproximar a las personas y consolidar los lazos entre naciones y contribuyen a la estabilidad política;

D.  Considerando que el artículo 16 del Acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos, en vigor desde el 1 de marzo de 2000, establece que la Comunidad Europea y Marruecos aplicarán gradualmente una liberalización mayor de su comercio recíproco de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca;

E.  Considerando que la UE mantiene un superávit significativo en el intercambio de bienes con Marruecos que alcanzó los 5 400 millones de euros en 2010;

F.  Considerando que la UE presenta un superávit comercial importante en el ámbito de la agricultura y la pesca con respecto a los países del sur del Mediterráneo, de más de 4 000 millones de euros, pero un déficit comercial bilateral en agricultura, pesca y alimentos elaborados con respecto a Marruecos que ascendió a 871 millones de euros en 2010; que el comercio de productos de la agricultura y la pesca representa un 18 % de las exportaciones de Marruecos;

G.  Considerando que la agricultura representa entre el 15 % y el 20 % del PIB de Marruecos, supone el 12 % de las exportaciones marroquíes y el 38 % de la mano de obra marroquí, con picos que llegan al 75 % en las zonas rurales; que esto demuestra que la estabilidad y la expansión de este sector es extremadamente importante para la estabilidad política del país;

H.  Considerando que el Acuerdo propuesto liberaliza con efecto inmediato el 55 % de los aranceles de los productos agrícolas y de la pesca de Marruecos (antes un 33 %) y el 70 % de los aranceles de los productos agrícolas y de la pesca de la UE en un plazo de diez años (antes un 1 %);

I.  Considerando que el control de productos sensibles y la aplicación estricta de contingentes son fundamentales para un funcionamiento equilibrado del Acuerdo;

J.  Considerando que todos los productos agrícolas importados a la UE procedentes de terceros países deben cumplir las normas sanitarias y fitosanitarias de la Unión;

K.  Considerando que Marruecos es uno de los cuatro países del sur del Mediterráneo para los cuales el Consejo ha aprobado directrices de negociación para un acuerdo de libre comercio profundo y completo (DCFTA, por sus siglas en inglés); que el comercio de productos agrícolas formará parte de esas negociaciones;

Consideraciones generales

1.  Considera que la apertura de los mercados y la integración progresiva en el mercado interior de la UE pueden ser instrumentos poderosos para el desarrollo de los países del sur del Mediterráneo y ayudar a mitigar la pobreza generalizada y el desempleo que provoca problemas económicos, migratorios y de seguridad en la región; que, para que este potencial se haga realidad, la UE tiene que estar preparada para hacer suficientes concesiones comerciales;

2.  Recuerda el compromiso de la UE, a raíz de la Primavera Árabe, de apoyar a los países del sur del Mediterráneo en su transición a la democracia, haciendo uso de los instrumentos comerciales y económicos para crear una mayor libertad y mejores oportunidades económicas; que Marruecos ha dado pasos significativos hacia la consolidación de la democracia mediante la reforma de su Constitución y llevando a cabo elecciones justas; celebra, en este contexto, el Acuerdo como un paso positivo en el apoyo a la estabilización política y al desarrollo económico sostenible de ambas partes;

3.  Considera fundamental que las iniciativas comerciales y de inversión tengan por objeto beneficiar a todos los sectores de la sociedad y estén orientadas especialmente a las PYME y a los pequeños agricultores; observa, en este contexto, que más del 80 % de los agricultores marroquíes poseen menos de cinco hectáreas de tierra y, por lo tanto, celebra el apoyo al Acuerdo por parte de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural Comader; recuerda que la seguridad alimentaria, además de los aspectos económicos, tiene una dimensión social, ambiental y cultural;

El Acuerdo

4.  Subraya que, dada la importancia y la influencia del sector agrícola en Marruecos, en particular por el empleo que crea, el Acuerdo desempeñará un papel clave en el desarrollo económico del país y su estabilización política, dado que abre nuevas oportunidades de exportación a la UE, que constituye el mercado más importante para los productos marroquíes; opina que el Acuerdo ofrecerá asimismo oportunidades para el sector agrícola de la UE, en especial en lo que respecta a los alimentos procesados; señala que los exportadores de la UE se beneficiarán eventualmente de la supresión de los aranceles marroquíes a la importación para el 70 % de los productos agrícolas y de la pesca, una medida que permitirá un ahorro estimado de 100 millones de euros en derechos de aduana una vez que se aplique plenamente;

5.  Celebra las medidas adicionales no arancelarias incluidas en el Acuerdo, tales como la previsión de futuras negociaciones para proporcionar protección adicional a las indicaciones geográficas europeas, mecanismos de salvaguardia mejorados y medidas sanitarias y fitosanitarias; recuerda además que la UE y Marruecos han pactado un mecanismo de solución de diferencias que permite a las partes obtener reparación si una de ellas no respeta los términos del Acuerdo;

6.  Destaca la preocupación manifestada por algunos sectores de la UE por el aumento de los contingentes exentos de derechos para importaciones sensibles de frutas y verduras; pide, por consiguiente, a la Comisión que presente una evaluación del impacto sobre los productores europeos, y en particular sobre los ingresos de los agricultores, y que informe periódicamente al Parlamento;

7.  Expresa su preocupación por las quejas constantes de grupos industriales europeos que denuncian la existencia de fraude en el sistema de precios de entrada, y pide garantías de que el aumento de los contingentes arancelarios previstos en el Acuerdo estará debidamente regulado por la UE y de que no habrá errores de interpretación de las normas que rigen la aplicación del mecanismo de precios de entrada; subraya que los agentes europeos han presentado reclamaciones ante la OLAF y la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, y que esta última ha pedido a la Comisión que modifique el régimen de precios de entrada para poner fin al fraude; a este respecto, toma nota de las propuestas de armonizar las normas que rigen la aplicación del sistema de precios de entrada con el Código aduanero comunitario en la última reforma de la política agrícola común; considera que esto debe ir acompañado de cambios en el reglamento de aplicación de la organización común de los mercados agrícolas a fin de introducir unas medidas de control eficaces;

8.  Considera que el Acuerdo establece unas disposiciones y unos mecanismos institucionales específicos, tales como la cooperación para evitar las perturbaciones de los mercados, los grupos de expertos creados por la Comisión con terceros países, entre ellos Marruecos, la Subcomisión de comercio agrícola en el marco de la gestión del Acuerdo de Asociación, intercambios de información sobre políticas y producción, y la cláusula de salvaguardia en virtud del artículo 7 del Protocolo; pide a la Comisión que haga uso del mecanismo cuando proceda;

Cuestiones comerciales y económicas más generales

9.  Hace hincapié en que el acceso al mercado interior de la UE debe quedar supeditado al cumplimiento de determinadas normas sanitarias, fitosanitarias y ambientales, y acoge con satisfacción el informe positivo de la Oficina Alimentaria y Veterinaria para 2011; celebra la insistencia del Acuerdo en las medidas sanitarias y fitosanitarias, y pide que la asistencia técnica sea clave en las negociaciones de un DCFTA; pide a la Comisión que promueva unas medidas y controles equivalentes entre Marruecos y la Unión Europea en materia medioambiental y de normas de seguridad alimentaria, a fin de garantizar una competencia leal entre ambos mercados;

10.  Acoge con satisfacción la reforma en el sector agrícola de Marruecos, en particular el Plan Verde diseñado específicamente para apoyar a los pequeños agricultores permitiéndoles el acceso a tecnologías modernas y a inversiones; pide el apoyo continuado de la UE para la mejora de los métodos de producción, a través del intercambio de las mejores prácticas, y para los esfuerzos marroquíes por la conservación de los recursos hídricos;

11.  Reconoce que Marruecos ha ratificado la mayoría de los convenios pertinentes de la OIT y que recientemente ha aprobado medidas legislativas destinadas a ilegalizar el trabajo infantil; no obstante, destaca que todavía se pueden hacer mejoras con respecto a la libertad de asociación y al trabajo infantil; considera que las disposiciones de los DCFTA deben incluir ayuda para la aplicación de los convenios de la OIT y la ratificación de los convenios principales no firmados de la OIT (por ejemplo, el Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y las iniciativas sobre la responsabilidad social de las empresas en el capítulo del desarrollo sostenible);

12.  Pide a la Comisión que garantice que el Acuerdo es plenamente coherente con el Derecho internacional y beneficia a todos los grupos de población locales afectados;

o
o   o

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a su Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb, a la Mesa de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo, así como al Gobierno y al Parlamento de Marruecos.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0446.


Acuerdo UE-Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas y productos de la pesca ***
PDF 196kWORD 31k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos nos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (15975/2010 – C7-0432/2010 – 2010/0248(NLE))
P7_TA(2012)0056A7-0023/2012

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (15975/2010),

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo relativo a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, productos agrícolas transformados, pescado y productos de la pesca, sustitución de los Protocolos nos 1, 2 y 3 y los anexos de estos Protocolos, y modificación del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra (15974/2010),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0432/2010),

–  Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Pesca (A7-0023/2012),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y del Reino de Marruecos.


Situación en Siria
PDF 129kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la situación en Siria (2012/2543(RSP))
P7_TA(2012)0057RC-B7-0068/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Siria,

–  Vistas las Conclusiones sobre Siria del Consejo de Asuntos Exteriores de 10 de octubre de 2011, 14 de noviembre de 2011, 1 de diciembre de 2011 y 23 de enero de 2012, así como las Conclusiones del Consejo Europeo de 23 de octubre y 9 de diciembre de 2011,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Siria, de los días 8 de octubre, 3 y 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, así como de 1 y 4 de febrero de 2012,

–  Vistas la Decisión 2011/782/PESC, de 1 de diciembre de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/273/PESC(1), y la Decisión del Consejo, en línea con el Consejo de Asuntos Exteriores del 23 de enero de 2012, de reforzar las medidas restrictivas de la UE contra el régimen sirio,

–  Visto el Reglamento (UE) n° 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria y que deroga el Reglamento (UE) n° 442/2011(2),

–  Vistos las declaraciones de la Liga Árabe sobre la situación en Siria, de 27 de agosto, 16 de octubre y 12, 16 y 24 de noviembre de 2011, y de 22 de enero y 12 de febrero de 2012, su Plan de Acción de 2 de noviembre de 2011, y las sanciones de la Liga Árabe contra Siria, adoptadas el 27 de noviembre de 2011,

–  Vista la Declaración de la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 3 de agosto de 2011,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas - Tercera Comisión, de 22 de noviembre de 2011, sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria,

–  Visto el informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria de 23 de noviembre de 2011,

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), de 2 de diciembre de 2011, sobre la situación de los derechos humanos en la República Árabe Siria,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo Referente a la Participación de los Niños en los Conflictos Armados y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de todos los cuales Siria es parte,

–  Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, desde el inicio de la represión violenta contra manifestantes pacíficos en Siria, en marzo de 2011, los asesinatos, las torturas y los actos de violencia sistemáticos han ido aumentando de manera espectacular y que el ejército y las fuerzas de seguridad sirias siguen respondiendo con ejecuciones selectivas, torturas y detenciones masivas; que en todo el país hay pueblos y ciudades que están siendo sitiados y bombardeados por tropas gubernamentales; que el acceso a los alimentos y los medicamentos resulta extremadamente difícil; considerando que muchos sirios se encuentran ante un deterioro de la situación humanitaria a consecuencia de la violencia y los desplazamientos;

B.  Considerando que las Naciones Unidas estiman que el número de víctimas mortales en Siria ha superado las 5 400 en los disturbios de once meses de duración, aunque es muy difícil obtener cifras actualizadas debido a que algunas áreas están completamente cerradas, por ejemplo algunas zonas de Homs; que varios miles de personas han resultado heridas y al menos 69 000, detenidas, de las cuales 32 000 han sido liberadas posteriormente, y que unas 12 400 han huido a países vecinos; y que UNICEF informa de que cientos de niños han sido asesinados y otros centenares han sufrido detenciones arbitrarias, torturas y abusos sexuales durante su detención;

C.  Considerando que los residentes de la ciudad asediada de Homs padecen un bombardeo masivo y continuo y temen que el régimen prepare un asalto final mortal por tierra; que, el 12 de febrero de 2012, los medios de comunicación árabes informaban de que los tanques y la artillería sirios bombardeaban intensamente la ciudad de Hama y continuaban el asalto a la ciudad de Homs; que, al mismo tiempo, las autoridades sirias insisten en que están combatiendo contra «grupos terroristas» y en que continuarán hasta haber restablecido el «orden»;

D.  Considerando que nunca se han cumplido las numerosas promesas de reformas y amnistías hechas por el Presidente Bachar El Asad y que el régimen ha perdido toda credibilidad y legitimidad, lo cual ha dado lugar a llamamientos generalizados de la comunidad internacional para que el Presidente dimita;

E.  Considerando que un periodista francés ha perdido la vida y un periodista neerlandés ha resultado herido en el desempeño de su tarea primordial de transmitir informaciones independientes sobre los acontecimientos en Siria; que las autoridades sirias niegan todo acceso al país a los periodistas internacionales; y que los testimonios de los refugiados y de los ciudadanos sirios desde el interior del país y las imágenes enviadas desde teléfonos móviles a través de conexiones por satélite siguen siendo la principal fuente de información procedente del país;

F.  Considerando que la Liga Árabe decidió buscar el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para alcanzar una solución política en Siria; que, el 4 de febrero de 2012, la Federación de Rusia y China vetaron una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que respaldaba el llamamiento de la Liga Árabe a favor de un proceso político pacífico e integrador dirigido por Siria; que, el 28 de enero de 2012, la misión de supervisión de la Liga Árabe en Siria se suspendió a causa de un grave deterioro de la situación;

G.  Considerando que, el 18 de enero de 2012, entraron en vigor medidas restrictivas adicionales contra el régimen sirio, incluyendo la prohibición de exportar material de vigilancia de las telecomunicaciones para ser utilizado por el régimen sirio, la prohibición de participar en determinados proyectos de infraestructuras y de invertir en dichos proyectos, y restricciones adicionales sobre las transferencias de fondos y la provisión de servicios financieros;

H.  Considerando que, el 23 de enero de 2012, la lista de personas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas de la UE fue ampliada con la adición de 22 personas responsables de violaciones de los derechos humanos y ocho entidades que sostienen financieramente al régimen;

I.  Considerando que, como respuesta a la violencia creciente y a las graves preocupaciones en materia de seguridad, los EE.UU. han cerrado su embajada en Siria; que Francia, Italia, los Países Bajos, España, el Reino Unido, Alemania y Bélgica han llamado a sus embajadores; que el Consejo de Cooperación del Golfo y Túnez han llamado a sus embajadores y han decidido expulsar a los embajadores sirios de sus capitales;

J.  Considerando que decenas de miles de refugiados sirios han buscado refugio en Turquía desde marzo de 2011; y que Turquía está desempeñando un papel internacional de oposición a la violencia en Siria cada vez más importante;

K.  Considerando que la difícil situación en Siria ya está teniendo un impacto negativo en el Líbano, donde se teme que desborde las fronteras, lo que afectaría inevitablemente a toda la región, con implicaciones y consecuencias impredecibles;

L.  Considerando que Rusia sigue vendiendo armas y otro material militar al régimen sirio y dispone de una base naval en Siria; que los EE.UU. han impuesto un embargo sobre el material militar destinado a Siria y que un buque ruso fue interceptado en Chipre, pero, según las autoridades chipriotas, zarpó posteriormente rumbo a Siria de manera fraudulenta; y que la Oficina de la Alta Representante nunca ha aclarado de manera oficial y pública las circunstancias de este incidente;

M.  Considerando que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que Siria fuera llevada ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) acusada de crímenes contra la humanidad a raíz de la sesión especial de diciembre del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) dedicada a Siria basándose en los resultados del informe de la Comisión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas, mientras que el Secretario General de las Naciones Unidas afirmó, el 15 de enero de 2012, que el camino de la represión no conduce a ninguna parte;

1.  Lamenta el hecho de que Rusia y China hayan ejercido su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para bloquear el proyecto de resolución sobre Siria, votando de este modo en contra de una transición pacífica propuesta por la Liga Árabe, lo cual ha sido percibido por el régimen de El Asad como una licencia para intensificar los medios de represión sobre el terreno, recurriendo al armamento pesado y a la fuerza indiscriminada contra civiles desarmados; reitera su llamamiento a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y a Rusia y China en particular, para que cumplan su responsabilidad de garantizar el cese inmediato de la represión violenta del pueblo sirio; sigue apoyando los esfuerzos de la UE y sus Estados miembros en este ámbito;

2.  Pide a la VP/AR que haga todo lo posible para asegurar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adopta una resolución en colaboración con Rusia y China;

3.  Pide a Rusia, principal proveedor extranjero de armas del Gobierno sirio, que cese de inmediato sus envíos de armas a Siria, y pide a la UE que elabore una lista negra de empresas que suministran armas a Siria; pide a todos los actores de la UE en este contexto que respeten plenamente el código de conducta de la Unión Europea sobre las exportaciones de armas, cuya finalidad es evitar las exportaciones de equipos que podrían emplearse para la represión interna o contribuir a la inestabilidad regional;

4.  Condena de nuevo con la máxima firmeza la brutal represión ejercida por el régimen sirio contra su población, en particular en la ciudad de Homs; expresa su profunda preocupación por la gravedad de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por las autoridades sirias, tales como detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamientos arbitrarios, desapariciones forzadas, y torturas y malos tratos infligidos a los reclusos, niños incluidos; subraya que no debe privarse de atención médica a las personas que resulten heridas en los actos de violencia;

5.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, de acuerdo con el llamamiento lanzado por UNICEF el 7 de febrero de 2012 y con el informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria, de 23 de noviembre de 2011, aproximadamente 400 niños han muerto desde el comienzo de la violencia en Siria en marzo de 2011, y alrededor de 380 –algunos de ellos con edades inferiores a los 14 años– han sido detenidos de forma arbitraria y sufrido tortura y violencia sexual durante la detención; condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños, cometidas por las fuerzas militares y de seguridad sirias, y pide al Gobierno de Siria que ponga fin a todas las violaciones de los derechos de los niños y otros derechos humanos;

6.  Expresa sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas; alaba el valor y la determinación del pueblo sirio y apoya firmemente sus aspiraciones de asegurar el pleno respeto del Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y la garantía de unas mejores condiciones económicas y sociales;

7.  Pide una vez más al Presidente Bachar El Asad y a su régimen que entreguen el poder de inmediato para que pueda producirse una transición pacífica y democrática en Siria;

8.  Insta al régimen de El Asad a poner fin de la violencia contra el pueblo sirio, a retirar las fuerzas y los tanques de las ciudades y a liberar a todos los manifestantes detenidos, a los presos políticos, a los defensores de los derechos humanos y a los periodistas, y a permitir el pleno acceso al país de las organizaciones internacionales humanitarias y de defensa de los derechos humanos, y de los medios de comunicación internacionales;

9.  Pide una vez más una investigación pronta, independiente y transparente sobre la violación generalizada, sistemática y grave de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las autoridades sirias y las fuerzas militares y de seguridad con el objetivo de garantizar que todos los responsables de estos actos, que pueden constituir crímenes contra la humanidad, rindan cuentas ante la comunidad internacional; opina que unos mecanismos claros de rendición de cuentas deben ser la base de los esfuerzos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poner fin a la crisis siria a la vez que apoya, una vez más, la petición de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de llevar a Siria ante el TPI;

10.  Reitera su apoyo a los esfuerzos de la Liga Árabe por poner fin a la violencia y promover una solución política en Siria; celebra la decisión de la Liga Árabe de incrementar la cooperación con las Naciones Unidas; toma nota de la decisión de la Liga Árabe de suspender su misión de observación en Siria en respuesta al agravamiento de la violencia por parte de las autoridades;

11.  Acoge con satisfacción el apoyo de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a la creación de un grupo de contacto de países «amigos del pueblo sirio» para el cambio democrático en Siria, incluyendo a Turquía y a los miembros de la Liga Árabe; celebra el anuncio de la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de su participación en la primera reunión de este grupo de contacto que se celebrará el 24 de febrero de 2012 en Túnez;

12.  Pide al Consejo que adopte una decisión conjunta de llamar a consulta a todos los embajadores de Siria y de congelar las relaciones diplomáticas con los embajadores sirios de los Estados miembros de la UE; insta a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a reforzar la delegación de la UE en Damasco con capacidad humanitaria, y a hacer lo mismo en donde quiera que sea necesario;

13.  Celebra el compromiso de la UE de continuar influyendo en favor de un aumento de la presión internacional sobre el régimen sirio; secunda la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores, de 23 de enero de 2012, de adoptar nuevas medidas restrictivas contra el régimen sirio y pide que se adopten más sanciones específicas;

14.  Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de 3 de febrero de 2012 de facilitar asistencia humanitaria (3 000 000 EUR) para aliviar el sufrimiento de la población en Siria y en los países vecinos;

15.  Celebra y alienta los esfuerzos que realiza la oposición siria para unificarse, fuera y dentro del país, seguir colaborando con la comunidad internacional, en particular con la Liga Árabe, y trabajar por una visión compartida del futuro de Siria y de la transición hacia un régimen democrático; insta a la UE a que incremente su apoyo político, técnico, en materia de comunicación y humanitario a la oposición;

16.  Pide una transición pacífica y genuina a la democracia, que responda a las demandas legítimas del pueblo sirio y se base en un proceso integrador de diálogo con la participación de todas las fuerzas democráticas y componentes de la sociedad del país con vistas a iniciar un proceso de reformas democráticas profundas que tenga en cuenta la necesidad de garantizar la reconciliación nacional y se compromete, por consiguiente, a garantizar el respeto de los derechos de las minorías; pide a la UE que apoye todos los intentos de la oposición siria por unificarse y fijar un programa claro para una Siria democrática;

17.  Expresa su profunda preocupación por la posibilidad de que la intimidación ejercida por las autoridades sirias se extienda a los activistas de la oposición en el exilio;

18.  Celebra el enérgico respaldo que ha mostrado Turquía a la población siria, por ejemplo aceptando refugiados en la frontera entre Turquía y Siria y permitiendo que la oposición siria se organice; insta a la VP/AR a que haga todo lo posible para iniciar conversaciones con Turquía, la Liga Árabe y la oposición siria sobre las modalidades de la creación de corredores humanitarios en la frontera sirio-turca;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China, al Gobierno y al Parlamento de la República de Turquía, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la Liga de Estados Árabes y al Gobierno y al Parlamento de la República Árabe Siria.

(1) DO L 319 de 2.12.2011, p. 56.
(2) DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.


19º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
PDF 154kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la posición del Parlamento sobre el 19° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2012/2530(RSP))
P7_TA(2012)0058B7-0071/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos y todas las convenciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos así como los protocolos opcionales a las mismas(1),

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en particular la de 10 de marzo de 2011 sobre las prioridades del 16° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y la revisión de 2011(2),

–  Vistas la delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo que viajó a Ginebra durante el 16° período de sesiones del CDHNU y su informe a la subcomisión, y la delegación conjunta de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos al 66° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización(3),

–  Vista la Resolución 16/21 del CDHNU, de 25 de marzo de 2011, sobre el examen de la labor y el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos,

–  Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre la UE como actor mundial: su papel en las organizaciones multilaterales(4),

–  Visto el próximo 7° ciclo del CDHNU, en particular el 19° período de sesiones que se celebrará del 27 de febrero al 23 de marzo de 2012, y los 13° y 14° períodos de sesiones del Examen Periódico Universal (EPU) que se organizarán en el transcurso de 2012,

–  Vistos las anteriores sesiones ordinarias y extraordinarias del CDHNU, así como el primer ciclo del EPU, que concluyó en diciembre de 2011,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo de 12 de diciembre de 2011 titulada «Derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE - Hacia un enfoque más eficaz» (COM(2011)0886),

–  Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 5, y los artículos 18, 21, 27 y 47 del Tratado de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el respeto de los derechos humanos y el fomento y la protección de su carácter universal forman parte del acervo ético y jurídico de la Unión Europea (UE) y constituyen una de las piedras angulares de la unidad e integridad europeas(5);

B.  Considerando que la revisión en curso del derecho de la política de derechos humanos de la UE debe contribuir a convertir su política exterior en una fuerza más activa, coherente y efectiva en el mundo;

C.  Considerando que la UE y sus Estados miembros deben garantizar el respeto de los derechos humanos en sus propias políticas, a fin de incrementar la coherencia entre las políticas interiores y exteriores y, con ello, reforzar la credibilidad de la UE en el CDHNU;

D.  Considerando que todos los actores internacionales deben trabajar en favor de la eliminación de los dobles raseros y para evitar la selectividad y la politización cuando se trata de cuestiones de derechos humanos;

E.  Considerando que el CDHNU es una plataforma única especializada en los derechos humanos universales y constituye un foro dedicado específicamente a los derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas; considerando que asume la importante tarea de reforzar la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos en todo el mundo;

F.  Considerando que deben tenerse en cuenta las implicaciones de la labor realizada en la Tercera Comisión de la Asamblea General y en el CDHNU de cara al debate en el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

G.  Considerando que, con ocasión del 19° período de sesiones del CDHNU, viajará a Ginebra una delegación de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, al igual que en los períodos de sesiones del CDHNU de años anteriores;

1.  Toma nota del proceso en curso de confirmación de las prioridades de la UE de cara al 19° período de sesiones del CDHNU, y celebra la designación de Birmania/Myanmar, la República Popular Democrática de Corea, Siria, Libia e Irán como asuntos clave;

2.  Celebra que, en el orden del día del 19° período de sesiones, figuren, entre otros asuntos, debates especializados sobre la incorporación de los derechos humanos en las políticas, la libertad de expresión en Internet, la libertad de religión o creencias y de conciencia, la discriminación y la violencia basadas en la orientación sexual y la identidad de género, los derechos humanos y el VIH/sida, y la Declaración de los Derechos de las Minorías, así como amplias reuniones sobe los derechos del niño y sobre tortura, derechos humanos y lucha contra el terrorismo, desapariciones y detenciones arbitrarias; pide a los Estados miembros que contribuyan de forma constructiva a estos debates, y que pongan de manifiesto que los derechos humanos universales e indivisibles son aplicables a cualquier persona independientemente de su orientación sexual e identidad de género;

3.  Celebra las designaciones de este período de sesiones para los mandatos de Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, un Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no-reincidencia, un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Siria, y un Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán; toma nota de los informes que presentarán los Relatores Especiales, entre otros asuntos, sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, Irán y Birmania/Myanmar, y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y sobre la libertad de religión o creencias; pide a los Estados miembros que contribuyan activamente a estos debates;

La labor del Consejo de Derechos Humanos

4.  Celebra la creciente integración de los derechos humanos en la labor de las Naciones Unidas, como se desprende, entre otros, del considerable aumento de comparecencias de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ante el Consejo de Seguridad ‐también a través de su representación muy bien dirigida por el Secretario General Adjunto en Nueva York‐ o de la organización por parte del CDHNU de un debate especializado anual con miras a interactuar con los jefes de órganos de gobierno y secretarías de las agencias y fondos de las Naciones Unidas, tal como se dispuso en los resultados del proceso de examen; encarece vivamente a los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que soliciten sesiones informativas más frecuentes impartidas por el CDH, con vistas a abordar de forma efectiva las violaciones de derechos humanos que subyacen a numerosos conflictos que se plantean en el Consejo de Seguridad;

5.  Reitera una vez más su llamamiento a los Estados miembros de la UE para que se opongan activamente a cualquier intento de socavar el concepto de universalidad, indivisibilidad e independencia de los derechos humanos, y alienten activamente al CDHNU a que preste la misma atención al problema de la discriminación de todo tipo, ya sea por motivos de género, raza, edad, orientación sexual y religión o creencias; opina que la Resolución CDHNU 17/19, de 17 de junio de 2011, sobre los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género, debe ser objeto de un seguimiento tangible y duradero;

6.  Reitera una vez más su llamamiento a los Estados miembros de la UE para que sigan dando ejemplo apoyando la universalidad de la labor del Consejo de Derechos Humanos, en particular mediante la ratificación de todos los instrumentos de derechos humanos establecidos por éste; deplora en particular que ningún Estado miembro de la UE haya ratificado la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; que varios Estados miembros aún no hayan adoptado o ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y que únicamente uno de los Estados miembros haya ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y reitera su llamamiento a todos los Estados miembros para que los ratifiquen;

7.  Sigue manifestando su preocupación, aun reconociendo que se han producido pequeñas mejoras, por la persistencia de la «política de bloques», que sigue predominando en ocasiones, que afecta a la selección de países y situaciones que reciben la atención del CDHNU, y que en consecuencia incide negativamente en la autoridad y credibilidad de este;

8.  Deplora el hecho de que el proceso de examen no haya conducido a la elaboración de unos criterios de adhesión de más alcance en lo que respecta a los compromisos y logros en materia de derechos humanos; reitera su llamamiento en favor de unas elecciones competitivas para todos los grupos regionales y recomienda que la UE y sus Estados miembros declaren su firme oposición a la práctica de la presentación de «listas cerradas», y que den ejemplo a este respecto;

Violación de los derechos humanos en los países de la Primavera Árabe

9.  Toma nota del restablecimiento de la pertenencia de Libia al CDHNU y alienta la reinserción del país; deplora, no obstante, que no se haya aprovechado la ocasión para establecer unos criterios firmes y transparentes para la rehabilitación de miembros objeto de suspensiones, que lógicamente habrían de basarse en los criterios iniciales requeridos para la elección; insta al CDHNU a que elabore sin demora este tipo de criterios para que sirvan de referencia futura y para una evaluación coherente de la idoneidad de la presencia de un Estado en el CDHNU, sobre la base de su historial de derechos humanos;

10.  Celebra la presentación, por parte de la Comisión de Investigación internacional independiente sobre Libia, a raíz de los resultados del 15° período de sesiones extraordinario, de su primer informe al CDHNU en septiembre de 2011; apoya la prolongación de su mandato y aguarda con interés el informe escrito final, que deberá presentarse durante el 19° período de sesiones; alienta a que se apliquen las recomendaciones formuladas por la Comisión de Investigación y apoya firmemente su llamamiento en favor de que se lleven a cabo unas investigaciones exhaustivas, imparciales y públicas en relación con todas las presuntas violaciones de la legislación internacional en materia de derechos humanos y del Derecho humanitario internacional durante el conflicto, sean quienes fueren los responsables de las mismas, y respetando plenamente las garantías jurídicas; considera que la situación de los derechos humanos en Libia sigue suscitando preocupación, en particular en lo que respecta a las condiciones de detención y el trato de los detenidos dispensado por varias milicias sin un control efectivo de estas brigadas por parte del Gobierno provisional, y que requiere una vigilancia incrementada y el mantenimiento de la ayuda por parte de la comunidad internacional, tal como declaró la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el 25 de enero de 2012;

11.  Condena sin paliativos la represión brutal generalizada y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen sirio contra su población, incluidos los niños, y pide a las autoridades sirias que pongan fin de inmediato a la violencia y que cumplan con las obligaciones que les incumben en virtud de la legislación internacional de derechos humanos, a fin de posibilitar una transición pacífica y democrática;

12.  Celebra la organización de los 16°, 17° y 18° períodos de sesiones extraordinarios, de acuerdo con iniciativas de los Estados Unidos, Polonia y la UE respectivamente, sobre la situación de los derechos humanos en Siria; apoya las recomendaciones formuladas en su informe de noviembre y aguarda con interés la versión actualizada que se presentará, y el diálogo interactivo que tendrá lugar, durante el 19° período de sesiones;

13.  Celebra la decisión de establecer el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Siria en cuanto finalice el mandato de la Comisión de Investigación; expresa, en particular, su pleno apoyo al llamamiento realizado por la Comisión de Investigación, la Alta Comisionada y todos los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales a las autoridades sirias para que cooperen plenamente con las investigaciones, con miras a asegurar una responsabilización total y a evitar la impunidad; acoge con satisfacción todas las gestiones diplomáticas realizadas por la AR/VP de la UE, Catherine Ashton, y sus Estados miembros respecto a China y Rusia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con miras a la adopción inmediata de una resolución sobre Siria; deplora profundamente que, debido al veto reiterado de la Federación de Rusia y de China, el Consejo de Seguridad no pudiera apoyar el llamamiento de los Estados de la Liga Árabe en favor de un proceso político integrador asumido por Siria y llevado a cabo en un entorno libre de violencia;

14.  Reitera su preocupación ante la situación de los derechos humanos en Bahréin y pide a los Estados miembros de la UE que se esfuercen en pro de la elaboración de una resolución sobre la situación de los derechos humanos en Bahréin en el marco del CDHNU; subraya la necesidad de un seguimiento a escala del CDHNU en relación con la cuestión de la lucha contra la impunidad en Yemen tras las protestas de 2011 en contra del Gobierno, y considera que las amnistías contravienen la legislación internacional en materia de derechos humanos cuando estas impiden el procesamiento de personas que puedan ser responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y graves violaciones de los derechos humanos;

15.  Celebra las declaraciones realizadas a lo largo de 2011 por la Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en las que instaba a las autoridades egipcias a que pusieran fin al recurso excesivo y brutal a la fuerza contra los manifestantes en la Plaza de Tahrir y en otros lugares del país, incluido el uso aparentemente indebido de gases lacrimógenos, balas de goma y munición real, así como sus llamamientos en pro del inicio de investigaciones independientes en relación con varias manifestaciones y eventos;

16.  Pide a la UE y a los Estados miembros de la UE que, con ocasión del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Argelia, se centren en la cuestión de las desapariciones forzadas y que pongan de relieve el hecho de que Argelia ha omitido dar seguimiento a las recomendaciones adoptadas a este respecto por los órganos de tratados; pide que se establezca un mecanismo específico de seguimiento en este ámbito; pide, al mismo tiempo, a la UE y a sus Estados miembros que expresen su profunda preocupación por la reciente adopción de cinco leyes, en particular una Ley de Asociaciones de carácter represivo y una Ley sobre la Mujer de carácter discriminatorio;

17.  Destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, por ejemplo a través del recurso a los Relatores Espaciales del CDH;

Otros

18.  Celebra la decisión de nombrar a un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán; acoge con satisfacción el informe provisional presentado por el Relator Especial a la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aguarda con interés el examen de su informe durante el 19° período de sesiones; insta a las autoridades iraníes a que cooperen con las investigaciones del Relator Especial, por ejemplo permitiendo el acceso al país; solicita la ampliación del mandato del Relator Especial, a la luz de la precaria situación de los derechos humanos en Irán;

19.  Elogia a los Relatores Especiales sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, y sobre la situación de los derechos humanos en Birmania/Myanmar por sus prolongados esfuerzos en el desempeño de sus respectivos mandatos, y solicita la ampliación de los mismos; acoge con satisfacción los cambios favorables preliminares en la actitud de Birmania/Myanmar de cara a una mayor cooperación con los Procedimientos Especiales, y reitera su llamamiento en favor de la liberación de todos los presos de conciencia restantes así como la adopción de pasos concretos en la lucha contra la impunidad en Birmania, especialmente en relación con los crímenes de lesa humanidad perpetrados en las zonas étnicas;

20.  Reitera su llamamiento a la AR/VP y a los Estados miembros a que se esfuercen en alcanzar una posición común sólida de la UE con respecto al seguimiento de la misión de investigación sobre el conflicto de Gaza, pidiendo públicamente la puesta en práctica de sus recomendaciones y la responsabilización para todas las violaciones del Derecho internacional, independientemente de la identidad del presunto responsable, a través de la realización de investigaciones independientes, imparciales, transparentes y efectivas; opina que no habrá un proceso de paz eficiente en el Oriente Próximo sin responsabilización y justicia;

21.  Expresa su apoyo al reciente establecimiento del mandato de un Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en Costa de Marfil para la realización de un seguimiento de la puesta en práctica de las recomendaciones de la Comisión de Investigación, y aguarda con interés el examen de su informe durante el 19° período de sesiones;

22.  Subraya la necesidad de seguir apoyando los esfuerzos en pro del refuerzo del proceso de responsabilización en Sri Lanka y seguir pidiendo el establecimiento de una comisión de investigación de las Naciones Unidas para todos los crímenes cometidos, de acuerdo con la recomendación formulada por el Grupo de Expertos sobre Sri Lanka, de la Secretaría General de las Naciones Unidas; pide al Gobierno de Sri Lanka que curse una invitación al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión;

23.  Se muestra alarmado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Kazajstán; opina que el informe de la Oficina del Fiscal General sobre los hechos ocurridos en Zhanaozen y Shetpe, en el oeste del país, no insiste suficientemente en el papel desempeñado por las fuerzas armadas kazajas en la brutal represión de las protestas realizadas por los trabajadores en huelga del sector petrolífero, sus simpatizantes y quienes les apoyan, los días 16 a 18 de diciembre de 2011, en las que murieron al menos diecisiete personas; se muestra indignado por las posteriores detenciones de dirigentes de partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos y periodistas; pide una investigación internacional independiente sobre los hechos ocurridos, así como la liberación inmediata de todos los presos políticos, incluida la abogada de los trabajadores del sector petrolífero, Natalia Sokolowa; destaca la necesidad de que, en la próxima sesión del CDH de las Naciones Unidas, se debata la situación de los derechos humanos en Kazajstán;

24.  Elogia la labor de la OACDH sobre la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo y destaca la necesidad de restablecer el mandato de un Experto Independiente que supervise la situación de los derechos humanos en dicho país y que mantenga contactos con las autoridades en relación con la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos;

25.  Pide a la delegación de la UE y a los Estados miembros de la UE que se esfuercen en pro de una resolución del CDH sobre la situación en Eritrea, dado el historial deplorable y en retroceso con respecto a la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias y de conciencia;

26.  Acoge con satisfacción el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos sobre la situación en Afganistán, que se deriva de la labor emprendida por su Oficina en el seno de la UNAMA; pide a los Estados miembros de la UE que lo apoyen públicamente y que participen en el debate sobre dicho informe en apoyo de sus recomendaciones sobre el refuerzo del Estado de Derecho, la lucha contra la impunidad, los derechos de la mujer y la labor de la Institución de Derechos Humanos Afgana; apoya el nombramiento de un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán;

27.  Toma nota de que el concepto de «responsabilidad de proteger» (R2P) se ha ido extendiendo de forma satisfactoria en órganos de las Naciones Unidas como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y la OACDH; hace hincapié en que la R2P es un concepto global que abarca más que la mera intervención militar; toma nota de una nueva interpretación que también va surgiendo («Responsabilidad al tiempo que se protege»), y que se generó en primer lugar en algunos de los países BRIC, en particular Brasil, a raíz de la crisis en Libia; alienta a que se siga debatiendo cómo los órganos de las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Seguridad, podrían utilizar potencialmente este concepto para garantizar una mayor cooperación entre Estados miembros en una situación de crisis; subraya en particular el papel preventivo que desempeña la Corte Penal Internacional, sobre todo su Fiscalía, y los méritos de los recursos a la CPI a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en este sentido;

28.  Destaca la necesidad de un seguimiento internacional de la situación de los derechos humanos en China y pide a los Estados miembros de la UE que participen activamente en su configuración, a la luz del fracaso del diálogo UE-China sobre derechos humanos a la hora de lograr unos resultados significativos y tangibles;

29.  Reitera que la libertad de pensamiento, conciencia y religión, incluida la libertad de cambiar de religión o de creencias, o renunciar a ellas, es un derecho humano fundamental; elogia la labor del Relator Especial sobre la libertad de religión o creencias y deplora que se haya negado este derecho a numerosas personas y comunidades en todo el mundo, por ejemplo a la comunidad tibetana; lamenta que en el territorio del Tíbet histórico sean conculcadas constantemente la libertad de religión y la libertad de expresión y que, a consecuencia de ello, un número creciente de tibetanos se inmolen como forma última de protesta contra la privación de derechos y libertades;

30.  Condena la reciente declaración del Ministro de Justicia japonés sobre la posibilidad de restablecer de la aplicación de la pena de muerte; celebra la decisión de Mongolia, de 5 de enero de 2012, de abolir la pena de muerte, tras la moratoria en materia de aplicación de la pena de muerte, de enero de 2010, y alienta al CDHNU y a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que continúen su labor en favor de una moratoria y de la abolición de la pena de muerte en el mundo;

31.  Aplaude la decisión adoptada por el Parlamento de Guatemala de ratificar el Estatuto de Roma;

32.  Acoge con satisfacción la labor de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género (ONU Mujeres), que debe incidir en la aplicación y la defensa del «acervo de Pekín», también en relación con los derechos sexuales y reproductivos, así como en la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el papel de la mujer en la paz y la seguridad, todas ellas cuestiones clave para la UE;

Examen Periódico Universal (EPU)

33.  Acoge con satisfacción la confirmación, en los resultados del examen del CDHNU, de que el segundo ciclo del EPU debe centrarse, entre otros, en la aplicación de las recomendaciones aceptadas del primer ciclo, pero hace hincapié en que no deben excluirse del proceso aquellas recomendaciones que no fueron aceptadas por el Estado objeto de examen; pide a los Estados que participan en el EPU que centren su evaluación de terceros países en particular en su seguimiento y en la aplicación de las recomendaciones de los órganos de tratados y Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, a modo de apoyo político significativo a estas valiosas contribuciones de expertos;

34.  Alienta a los Estados miembros de la UE a que presten asistencia técnica a fin de ayudar a la aplicación de las recomendaciones del EPU, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del paquete de consolidación institucional del CDHNU y el resultado del proceso de examen; señala que el Fondo de Contribuciones Voluntarias para la Asistencia Financiera y Técnica en la aplicación del Examen Periódico Universal constituye un instrumento útil en este sentido, y alienta a los demás Estados miembros a que sigan el ejemplo británico y alemán y contribuyan al Fondo;

35.  Opina que la UE debe aspirar a destacar la importancia del proceso de EPU incorporando las recomendaciones a los diálogos bilaterales y multilaterales con Estados miembros de las Naciones Unidas;

36.  Aplaude la mayor relevancia que, en cumplimiento de los Principios de París, se ha otorgado a las instituciones de derechos humanos, que ahora tienen derecho a intervenir inmediatamente después del Estado objeto de examen durante la adopción de los resultados del EPU por el Pleno; reitera su apoyo a las ONG del ámbito de los derechos humanos y a una mayor participación de la sociedad civil y de los expertos en el marco del EPU;

37.  Acoge con satisfacción el hecho de que los resultados del examen del CDHNU prevean la presentación de una actualización intermedia voluntaria del seguimiento de las recomendaciones aceptadas, y alienta a los Estados miembros de la UE a que den ejemplo en este sentido;

Procedimientos Especiales

38.  Reitera su parecer de que los Procedimientos Especiales ocupan un lugar central dentro del sistema de defensa de los derechos humanos de las Naciones Unidas y de que la credibilidad y efectividad del CDHNU residen en la plena aplicación de los Procedimientos y en la cooperación del Consejo con los titulares de mandatos;

39.  Acoge con satisfacción el hecho de que el proceso de examen del CDHNU ha reafirmado la integridad e independencia de los titulares de mandatos como características esenciales de los Procedimientos;

40.  Aplaude las medidas adoptadas en el marco del examen del CDHNU de cara a una mayor transparencia en el proceso de selección y nombramiento de los titulares de mandatos; aplaude, asimismo, el papel más destacado que desempeñan en este proceso de selección las instituciones nacionales de derechos humanos que se ajustan a los Principios de París;

41.  Deplora que no se haya reforzado en mayor medida la capacidad de alerta rápida de los Procedimientos Especiales previendo un mecanismo que les permita iniciar automáticamente el examen de una situación por parte del CDHNU; deplora la inexistencia de un mecanismo de seguimiento de la aplicación de las recomendaciones de los Procedimientos Especiales;

Participación de la UE

42.  Aplaude el incremento anunciado de los fondos del IEDDH y subraya que estos fondos adicionales deben servir asimismo para reforzar el apoyo al CDHNU; acoge con satisfacción las contribuciones financieras facilitadas a la OACDH desde 2007 a través del IEDDH; confía en que, dado el alcance de los nuevos retos que han surgido en los últimos tiempos, la Comisión esté dispuesta a incrementar el importe de su contribución anual;

43.  Reitera su firme apoyo a la participación activa de la UE en los trabajos del CDHNU, que ha consistido en patrocinar o copatrocinar resoluciones, emitir declaraciones, e intervenir en diálogos y debates interactivos;

44.  Reitera su llamamiento a la UE y sus Estados miembros para que garanticen que los derechos humanos se respeten también plenamente en las políticas interiores, para evitar los dobles raseros e incrementar la coherencia entre las políticas interiores y exteriores y reforzar su autoridad moral a escala internacional; pide a la AR/VP, Catherine Ashton, que aborde la cuestión de la complicidad de empresas de la UE en las violaciones de los derechos humanos fuera de la UE y que se esfuerce en pro de la aplicación de un sistema de imposición de sanciones a estas empresas o, cuando menos, de seguimiento de dichos casos, a fin de garantizar que dichas empresas no obtengan ningún tipo de subvención de la UE o de ayuda del SEAE;

45.  Destaca una vez más la importancia primordial de la formulación de posiciones comunes sólidas por parte de la UE, a fin de aprovechar el peso colectivo de la UE y sus Estados miembros; toma nota, en este sentido, del desarrollo de la capacidad del Grupo «Derechos Humanos» del Consejo (COHOM) y de los esfuerzos por identificar prioridades clave así como de los esfuerzos por clarificar el reparto de trabajo que contribuirá a desarrollar la movilización y colaboración transregional y a implicar a todos los Estados moderados, también entre Ginebra y Nueva York; acoge con satisfacción el COHOM de facto con sede en Bruselas y la propuesta de celebrar una reunión anual del COHOM en Ginebra; apoya los esfuerzos de transmitir «un mensaje con muchas voces» pero deplora el hecho de que la búsqueda de una base común a menudo lleva a aceptar el mínimo común denominador, en particular en las Conclusiones finales del Consejo y pide una actuación más audaz y ambiciosa; en este contexto, alienta al SEAE, y en particular a las delegaciones de la UE en Ginebra y Nueva York, a que actúe con mayor coherencia, sobre la base de unas consultas oportunas y sustantivas, y a que incremente la visibilidad de la actuación de la UE, a fin de reforzar su credibilidad en el mundo;

46.  Celebra el compromiso de la AR/VP de desarrollar un enfoque anual para la identificación de prioridades en las Naciones Unidas en todas las reuniones relacionadas con los derechos humanos tanto en Ginebra como en Nueva York, y destaca la necesidad de una estrecha cooperación entre la AR/VP y el Comisionado para la Ayuda Humanitaria y la Protección Civil, ya que sus ámbitos de acción, sobre todo en materia de derechos humanos, están interrelacionados en gran medida;

47.  Acoge con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 65/276 sobre la participación de la UE en los trabajos de las Naciones Unidas, como un modesto principio de un esfuerzo mayor para mejorar el papel que desempeña la Unión en la labor de defensa de los derechos humanos de esta organización; considera que la UE debe insistir con más firmeza en el ejercicio de sus derechos y desplegar una estrategia ambiciosa para dar mayor realce a su papel en las Naciones Unidas;

48.  Celebra el papel constructivo desempeñado por la UE y sus Estados miembros en el examen del CDHNU, especialmente en defensa de la independencia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y al respaldar los Procedimientos Especiales y los mandatos por país; reitera la necesidad de una financiación suficiente para mantener abiertas las oficinas regionales de la OACDH;

49.  Subraya el hecho de que debe mejorarse urgentemente la capacidad de movilización de la UE, también a través del desarrollo de alianzas sólidas con socios regionales clave y todos los Estados moderados, y a través de un mecanismo que permita obtener el apoyo de la AR/VP para la presión ejercida en las capitales de países terceros;

50.  Acoge con gran satisfacción la declaración realizada por la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante ante el Parlamento el 13 de diciembre de 2011 en respuesta al llamamiento prolongado de este para que se cree un Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos; recalca que el titular de este mandato debería ser un experto con un historial demostrado en el ámbito de los derechos humanos; insiste en que el nombramiento de dicho Representante se realice cuanto antes y que este cuente con una dotación financiera suficiente para garantizar el desempeño de su mandato;

51.  Encarga a su delegación al 19° período de sesiones del CDHNU que se haga eco de las preocupaciones y los puntos de vista expresados en la presente Resolución; pide a la delegación que informe a la Subcomisión de Derechos Humanos acerca de su visita; considera indispensable que se mantenga la práctica de enviar a una delegación del PE a los períodos de sesiones pertinentes del CDHNU y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

o
o   o

52.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la 66ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo UE-Naciones Unidas creado por la Comisión de Asuntos Exteriores.

(1) Convención contra la Tortura, Convención sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de las Naciones Unidas.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0097.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0334.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0229.
(5) Artículo 2, artículo 3, apartado 5, y artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.


Acceso de las personas ciegas a los libros
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la petición 0924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en nombre de la Unión Europea de Ciegos (UEC)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sobre el acceso de las personas ciegas a los libros y otros productos impresos (2011/2894(RSP))
P7_TA(2012)0059B7-0062/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las preguntas de 13 de enero de 2012 al Consejo y a la Comisión sobre la petición 0924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en nombre de la Unión Europea de Ciegos (UEC)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sobre el acceso de las personas ciegas a los libros y otros productos impresos (O-000005/2012 – B7-0029/2012 y O-000006/2012 – B7-0030/2012),

–  Vistos los artículos 115, apartado 5, y 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que en la Unión Europea las personas ciegas y con discapacidades visuales tienen un acceso considerablemente restringido a los libros y otros productos impresos debido a que el 95 % de todas las obras publicadas no se convierten nunca a «formatos accesibles», como la escritura Braille, las impresiones en grandes caracteres o las grabaciones de audio;

B.  Considerando que en la actualidad no existe ninguna norma jurídica internacional que prevea una derogación específica a las normas sobre derechos de autor para la distribución transfronteriza de formatos adaptados a las personas con discapacidades de lectura;

C.  Considerando que la Comisión de derechos de autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) está estudiando la posibilidad de un tratado internacional encaminado a mejorar el acceso a los libros para las personas ciegas y las personas con discapacidades visuales;

D.  Considerando que los representantes de la Unión Europea se han opuesto sistemáticamente a un texto jurídicamente vinculante, favoreciendo recomendaciones no vinculantes;

E.  Considerando que en su Resolución, de 12 de mayo de 2011, titulada «Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas»(1) el Parlamento Europeo ha pedido a la UE que apoye un tratado OMPI vinculante;

F.  Considerando que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular sus artículos 21 y 30, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea establecen los principios aplicables a la prohibición de actos discriminatorios contra las personas con discapacidades;

1.  Pide al Consejo y a la Comisión que presten su apoyo a un tratado OMPI vinculante en materia de derechos de autor sobre los libros y las obras impresas destinados a las personas ciegas y con discapacidades visuales;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0240.


Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas (2012/2519(RSP))
P7_TA(2012)0060B7-0061/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones, de 27 de octubre de 2005, sobre el proceso de Barcelona renovado(1) y, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Asociación económica y comercial euromediterránea con vistas a la VIII Conferencia Ministerial Euromediterránea sobre Comercio(2),

–  Vistos la Declaración de Barcelona, de 28 de noviembre de 1995, que estableció una asociación entre la Unión Europea y los países del Sur y el Este del Mediterráneo (PSEM), y el programa de trabajo adoptado en esta conferencia,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0200),

–  Vista la Hoja de ruta sobre el comercio euromediterráneo hasta 2010 y años sucesivos tal y como se aprobó en la 8ª Conferencia de Ministros de Comercio de la Unión para el Mediterráneo en 2009,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 2011, titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303),

–  Vistos los acuerdos de asociación euromediterráneos entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Túnez(3), Israel(4), Marruecos(5), Jordania(6), Egipto(7), el Líbano(8) y Argelia(9), por otra, y el Acuerdo euromediterráneo interino de asociación en materia de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) actuando por cuenta de la Autoridad Palestina(10),

–  Vista la Decisión n° 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera (96/142/CE),

–  Vista la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad (EIS) de la zona de libre comercio euromediterránea, elaborada por el Institute for Development Policy and Management de la Universidad de Manchester,

–  Vistos su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre la construcción de la zona de libre comercio euromediterránea(11) y los elementos pertinentes que contiene,

–  Vistas las conclusiones de las conferencias ministeriales euromediterráneas y de las conferencias ministeriales sectoriales celebradas desde el lanzamiento del Proceso de Barcelona, en particular, las conclusiones de la IX Conferencia Euromediterránea de Ministros de Comercio, de 11 de noviembre de 2010,

–  Vista la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, de 25 de febrero de 2010, Asunto C-386/08, Brita GmbH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

–  Vista la Declaración de la UE con ocasión de la Cuarta sesión del Consejo de Asociación UE-Israel celebrada en Bruselas los días 17 y 18 de noviembre de 2003,

–  Visto el acuerdo técnico entre la UE e Israel sobre el Protocolo 4 del Acuerdo de Asociación UE-Israel y el Aviso de la Comisión Europea a los importadores titulado «Importaciones de Israel a la Comunidad»(12),

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Medio adoptadas en la 2985ª sesión del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada en Bruselas el 8 de diciembre de 2009,

–  Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la fecha de aplicación de los protocolos sobre las normas de origen que establecen la acumulación diagonal entre la Unión Europea, Argelia, Egipto, Islas Feroe, Islandia, Israel, Jordania, Líbano, Marruecos, Noruega, Suiza (incluido Liechtenstein), Siria, Túnez, Turquía y Cisjordania y la Franja de Gaza(13),

–  Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe, por otra(14),

–  Vistos los artículos 115, apartado 5, y 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la zona de la acumulación diagonal del origen paneuromediterránea está basada en una multitud de protocolos bilaterales sobre las normas de origen demasiado complejos para que tanto las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, como los países puedan obtener ventajas;

B.  Considerando que la Conferencia Ministerial Euromed sobre Comercio celebrada en Lisboa en octubre de 2007 dio luz verde para desarrollar un convenio que unificara el conjunto de los protocolos aplicables en la zona de acumulación paneuromediterránea en un único instrumento simplificado, con objeto de facilitar el uso de la acumulación del origen paneuromediterránea; que este Convenio recibió el apoyo de la IX Conferencia de Ministros de Comercio de la Unión para el Mediterráneo, de 11 de noviembre de 2010;

C.  Considerando que se ha ampliado el ámbito geográfico de este convenio para incluir a los participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación, lo cual multiplica de hecho los beneficios derivados de la acumulación del origen paneuromediterránea;

D.  Considerando que, si bien estas medidas son positivas, implican que cualquier incumplimiento o elusión de las normas relativas a la acumulación del origen tendría un mayor impacto geográfico;

E.  Considerando que la UE ha firmado acuerdos de asociación con Israel y Palestina, que traen aparejado un acuerdo de libre comercio que contiene disposiciones por separado y distintas para el régimen de comercio preferencial;

F.  Considerando que, en sus conclusiones de 8 de diciembre de 2009 sobre el proceso de paz en Oriente Medio, el Consejo de la Unión Europea recuerda que «los asentamientos […] son ilegales conforme al Derecho internacional, constituyen un obstáculo para la paz y amenazan con imposibilitar una solución de dos Estados»;

G.  Considerando que, de acuerdo con la posición de la Unión, los productos procedentes de lugares bajo administración israelí desde 1967 no pueden acogerse al régimen arancelario preferencial en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Israel;

H.  Considerando que la aplicación por parte de Israel del Acuerdo de Asociación UE-Israel en los territorios ocupados ha traído aparejada una incorrecta aplicación de la legislación de la Unión que, como confirmó el Tribunal de Justicia en el Asunto Brita GMBH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen, no permite que las autoridades aduaneras de los Estados miembros concedan, de conformidad con el Acuerdo de Asociación UE Israel, un trato preferencial a los productos procedentes de los territorios ocupados por Israel;

I.  Considerando que los ciudadanos europeos han expresado claramente su voluntad en cuanto a los productos procedentes de los territorios palestinos ocupados;

J.  Considerando que la UE ha encontrado varios problemas en la aplicación de las normas sobre el origen por lo que se refiere a los productos procedentes de los asentamientos en los territorios ocupados; que, en su declaración con motivo de la 4 ª sesión del Consejo de Asociación UE-Israel de 2003, la UE hizo hincapié en la importancia de resolver el problema bilateral relativo a las normas de origen antes de que se modificara el protocolo «origen» para permitir la aplicación de la acumulación del origen paneuromediterránea; que, a falta de una solución de este tipo, la Comisión ha tratado de solventar estos problemas mediante la celebración de un acuerdo técnico bilateral con Israel no vinculante jurídicamente, en virtud del cual Israel indica en cada prueba de origen el código postal del lugar de producción de los productos, lo que permite que las autoridades aduaneras de la Unión sometan inmediatamente las mercancías producidas en los asentamientos israelíes a los derechos no preferenciales;

K.  Considerando que este acuerdo técnico existe, por una parte, entre la Unión Europea e Israel, y, por otra, entre los Estados de la AELC e Israel; y que el Convenio propuesto no amplía en absoluto este acuerdo al territorio geográfico que cubre y no vincula a las demás Partes;

L.  Considerando que las normas del acuerdo técnico ya requieren que Israel y sus exportadores distingan entre las operaciones de producción llevadas a cabo en los territorios bajo administración israelí desde 1967 y la producción llevada a cabo en el territorio del Estado de Israel reconocido por la comunidad internacional;

M.  Considerando que el Convenio en su forma actual no ofrecerá nuevas soluciones jurídicas a la Unión o a las Partes contratantes en los casos en que se considere que no se han respetado plenamente las normas de acumulación;

N.  Considerando que las autoridades aduaneras de cada Estado miembro son responsables de verificar la validez de las declaraciones sobre el origen preferencial de los productos importados en la UE; que, a pesar de sus esfuerzos, las autoridades aduaneras no son capaces de verificar y controlar cada prueba de origen y de envío importado de Israel con carácter preferencial en la UE; que el Convenio puede agravar este desafío logístico mediante la ampliación del número de países asociados que acumulan el tratamiento o la transformación de materiales exportados por Israel cuando exportan productos en el marco de sus acuerdos con la UE;

O.  Considerando que, si bien es necesario abordar más adecuadamente el problema de la determinación del origen real de los productos exportados por Israel, esta cuestión no debe obstaculizar la integración social y económica de toda la región;

P.  Considerando que la Primavera Árabe ha puesto de relieve la necesidad de aplicar normas justas y equitativas que permitan a la población de cada Estado y país del Mediterráneo aprovechar al máximo sus esfuerzos económicos, así como la necesidad de que la UE apoye abiertamente estos esfuerzos; que, tras la Primavera Árabe, la UE ha reiterado su compromiso de mejorar sus vínculos comerciales con los países árabes;

Q.  Considerando que en su Comunicación Conjunta, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional», la Comisión Europea considera que la aprobación del Convenio es uno de los instrumentos que permiten optimizar la repercusión del comercio y de la inversión en la región;

R.  Considerando que en 2010 no se materializó la Zona de Libre Comercio Euromediterránea; que una de las principales razones de este fracaso fue la falta de una integración Sur-Sur en materia social, económica y comercial entre los países del sur del Mediterráneo;

S.  Considerando que este acuerdo podría tener un impacto considerable a nivel nacional y regional;

1.  Opina que el comercio internacional puede ser el motor del crecimiento económico, de la diversificación económica y de la reducción de la pobreza, factores todos ellos necesarios para la democratización de la región mediterránea; apoya los esfuerzos de la Comisión para conceder un acceso preferencial al mercado único de la Unión a las mercancías producidas y acumuladas en la región mediterránea;

2.  Acoge con satisfacción la iniciativa de simplificación del uso del sistema de acumulación de las normas de origen en la zona paneuromediterránea; considera que el Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas representa un gran paso hacia la facilitación del comercio y la integración socioeconómica en los países de la Vecindad Meridional;

3.  Manifiesta su preocupación por el statu quo relativo a la creación de una zona de libre comercio euromediterránea, que se suponía que tendría que haberse producido en 2010 y que no pudo concretarse; lamenta que los diversos agentes no hayan hecho verdaderos progresos en la creación de las condiciones necesarias; alienta asimismo el desarrollo de la cooperación económica bilateral y multilateral Sur-Sur, que reportaría beneficios concretos a los ciudadanos de los países en cuestión, además de mejorar el clima político de la región; reconoce que la falta de intercambios comerciales intrarregionales entre los países del Mediterráneo meridional ha sido un importante punto de fricción para este proyecto; hace hincapié en que el establecimiento de una Zona de Libre Comercio Euromediterránea debería seguir siendo uno de los objetivos de la Unión y de sus socios del sur; considera este Convenio como un importante paso hacia el establecimiento de la Zona de Libre Comercio y un posible estímulo para los intercambios comerciales Sur-Sur;

4.  Espera que las nuevas democracias que se desarrollarán a raíz de la Primavera Árabe promuevan los derechos humanos y los derechos sociales, y fortalezcan el diálogo político con el que se creará un entorno más favorable para el comercio intrarregional, ya que una de las causas de la falta de intercambios la constituían las anteriores políticas dictatoriales; alienta a estas nuevas democracias a trabajar en estrecha colaboración con el Grupo de Agadir y a hacer pleno uso de este Convenio; pide a la Comisión que preste ayuda técnica a estas nuevas democracias para permitirles aprovechar plenamente los instrumentos comerciales a su disposición, en particular el Convenio;

5.  Celebra el hecho de que el Convenio sea un instrumento único que proporciona el marco jurídico necesario para la acumulación diagonal, no sólo a los socios tradicionales del sur del Mediterráneo, sino también a los participantes del Proceso de Estabilización y Asociación y de la Asociación Europea de Libre Comercio, lo que ofrece un ámbito geográfico más amplio para la acumulación y un mayor mercado para las exportaciones acumuladas;

6.  Lamenta que el Convenio no esté dotado de un mecanismo de solución de las controversias para abordar cuestiones relativas a la verificación de la prueba del origen; opina que el Comité Mixto previsto en el Convenio no será un instrumento viable para ofrecer soluciones a estos problemas; señala que, por lo tanto, estas cuestiones tendrán que abordarse mediante los mecanismos bilaterales de solución de controversias en vigor;

7.  Considera que el Convenio se habría visto mucho más fortalecido con la inclusión de un mecanismo de solución de controversias único y eficaz, que habría permitido resolver rápida y satisfactoriamente los conflictos relacionados con el origen y la acumulación de los productos; pide a la Comisión que considere la posibilidad de incorporar un mecanismo de este tipo en futuras revisiones de los convenios;

8.  Lamenta que el texto del Convenio no prevea un procedimiento de revisión o reexamen en el futuro; considera que un instrumento tan complejo y de gran alcance como el presente Convenio debería revisarse en su debido momento; solicita por ello a la Comisión que considere la incorporación de una cláusula de revisión en el Convenio;

9.  Destaca lo importante que resulta el hecho de que la conclusión del Convenio vaya acompañada, cuanto antes, de una revisión de las normas de origen aplicables a los socios del Convenio, y que dicha revisión se efectúe de tal forma que las normas de origen para los países del sur del Mediterráneo se adapten a las propuestas para el nuevo régimen del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG); cree que unas normas sobre el origen menos favorables socavarían el pleno potencial del Convenio y perjudicarían la Vecindad Meridional;

10.  Se muestra especialmente preocupado por las prácticas que emplean determinadas empresas que siguen aprovechando el Acuerdo de Asociación UE-Israel para exportar bienes producidos en los territorios ocupados; lamenta esta práctica y considera que es contraria a las políticas internacionales de la UE y representa un abuso de las numerosas oportunidades de acceso preferencial legítimo al mercado interior de la Unión; pide, por consiguiente, a la Comisión que elabore una lista negra de las empresas que persisten en el empleo de estas prácticas y que informe a los Estados miembros al respecto;

11.  Recuerda que, en su sentencia en el Asunto Brita GMBH versus Hauptzollamt Hamburg-Hafen, el Tribunal de Justicia confirma que las autoridades aduaneras de los Estados miembros importadores deben rechazar, en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Israel, la aplicación de un trato preferencial a los productos originarios de los territorios ocupados por Israel con respecto a los cuales las autoridades israelíes no proporcionan suficiente información para poder determinar el verdadero origen de estos productos;

12.  Considera que la aplicación del Convenio no debería perpetuar o crear una situación que pudiera facilitar o favorecer este tipo de práctica abusiva; señala que, como se contempla en su preámbulo, el Convenio no debe dar lugar a una situación menos favorable que la que existía anteriormente en el contexto de la relación entre los socios de acuerdos de libre comercio que aplican la acumulación diagonal; pide a la Comisión que coopere con el Parlamento Europeo de modo que las dos Instituciones puedan servirse de su voluntad y su peso político para encontrar una solución a este abuso de las normas del mercado interior; pide a la Comisión que presente nuevas propuestas para una solución más hermética a este problema;

13.  Señala que la UE y los Estados miembros de la AELC han celebrado un acuerdo técnico con Israel relativo a la cuestión de la territorialidad que ofrece soluciones relativas; opina que las soluciones ofrecidas por dichos acuerdos técnicos no son satisfactorias; destaca además que este acuerdo técnico no es vinculante para las demás partes del Convenio regional; teme, por lo tanto, que el Convenio regional puede dar lugar a muchas otras situaciones en que otras Partes contratantes encuentren dificultades para garantizar la acumulación según los acuerdos celebrados con la Unión cuando procesan y transforman, en su propio territorio, productos importados en virtud de los acuerdos celebrados con Israel;

14.  Pide a la Comisión que revise y, si procede, renegocie el acuerdo técnico con la intención de hacerlo más eficiente y simple; solicita a la Comisión que busque una solución que sea aplicable también a los productos importados de terceros países que han acumulado el tratamiento o procesamiento en su propio territorio de materiales importados en el marco de sus acuerdos con Israel; pide a la Comisión que fomente la incorporación de disposiciones destinadas a la aplicación uniforme del principio de territorialidad por parte de todas las partes contratantes en cualquier posible revisión del Convenio regional;

15.  Señala que, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el acuerdo técnico vigente en la actualidad, celebrado entre la UE e Israel, por una parte, y la AELC e Israel, por otra, las autoridades aduaneras y los exportadores israelíes ya establecen la distinción entre las operaciones de producción que tienen lugar en las colonias israelíes de los territorios ocupados y las que tienen lugar en el territorio del Estado de Israel reconocido por la comunidad internacional; constata que estos procedimientos no contemplan la notificación del resultado de las distinciones hechas por las autoridades israelíes y los exportadores, lo que permitiría a las autoridades aduaneras de la Unión hacer la misma distinción con corrección, sencillez y eficacia; hace un llamamiento a la Comisión Europea para que coopere con las autoridades aduaneras de los Estados miembros a fin de encontrar una solución destinada a convertir dicho acuerdo técnico en un mecanismo sencillo, eficaz y fiable;

16.  Considera que debe llegarse a un acuerdo con Israel sobre un mecanismo sencillo, eficaz y fiable mediante el cual los exportadores israelíes y las autoridades aduaneras nacionales establezcan la misma distinción e indiquen clara y correctamente la fecha en la que se ha determinado el origen de los productos sobre la base de las operaciones de producción llevadas a cabo en los territorios que se encuentran bajo administración israelí desde 1967;

17.  Insta a los Estados miembros a que velen por que sus autoridades aduaneras apliquen de manera efectiva el acuerdo técnico y respeten el espíritu de la sentencia del Tribunal de Justicia con respecto a los productos acumulados israelíes que entran en la UE en el marco de la acumulación diagonal contemplada en el Convenio regional; considera que la Comisión debería tomar la iniciativa mediante la coordinación de estos esfuerzos a escala de la UE y adoptar las medidas necesarias para dar a conocer a las autoridades aduaneras de cada Estado miembro de la Unión el modo de aplicar correctamente el acuerdo técnico a los productos acumulados israelíes; opina que las autoridades aduaneras de la UE deben analizar más eficazmente la aplicación del acuerdo técnico para impedir el uso abusivo del sistema de preferencias;

18.  Habida cuenta de que el Convenio no contiene disposiciones de estas características, pide a la Comisión que lleve a cabo, transcurridos tres años, una evaluación de impacto, en especial de los beneficios de la adopción del Convenio y del impacto de la acumulación surgida del presente Convenio por lo que se refiere a las prácticas de algunas empresas mencionadas anteriormente;

19.  Considera que es necesario sensibilizar entre otros al mundo de los negocios en los países del Mediterráneo meridional acerca de las oportunidades que ofrece la acumulación gracias a su simplificación en el nuevo Convenio paneuromediterráneo; apoya a la Comisión en sus iniciativas destinadas a concienciar sobre este hecho;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de las Partes del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la Unión para el Mediterráneo.

(1) OJ C 272 E de 9.11.2006, p. 570.
(2) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 35.
(3) DO L 97 de 30.3.1998, p. 2.
(4) DO L 147 de 21.6.2000, p. 3.
(5) DO L 70 de 18.3.2000, p. 2.
(6) DO L 129 de 15.5.2002, p. 3.
(7) DO L 304 de 30.9.2004, p. 39.
(8) DO L 143 de 30.5.2006, p. 2.
(9) DO L 265 de 10.10.2005, p. 2.
(10) DO L 187 de 16.7.1997, p. 3.
(11) DO C 301 E de 13.12.2007, p. 210.
(12) DO C 20 de 25.1.2005, p. 2.
(13) DO C 156 de 26.5.2011, p. 3.
(14) DO L 53 de 22.2.1997, p. 2.


Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas ***
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas (11343/2010 – C7-0207/2011 – 2010/0093(NLE))
P7_TA(2012)0061A7-0026/2012

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11343/2010),

–  Visto el proyecto de Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas (09429/2010),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0207/2011),

–  Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0026/2012),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Convenio;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de las Partes del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas y a los Presidentes de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea.


Futuro del Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES)
PDF 112kWORD 33k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre el futuro del GMES (2012/2509(RSP))
P7_TA(2012)0062B7-0063/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2011, sobre el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) y sus operaciones (a partir de 2014) (COM(2011)0831),

–  Vista la comunicación de la Comisión«, de 29 de junio de 2011, titulada »Un presupuesto para Europa 2020' (COM(2011)0500),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2012, sobre una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 31 de mayo de 2011, tituladas «Hacia una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano»,

–  Vista la pregunta a la Comisión, sobre el futuro del GMES (O-000325/2011 - B7-0027/2012),

–  Vistos los artículos 115, apartado 5, y 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) es una de las dos iniciativas emblemáticas de la política espacial de la Unión Europea, y que desempeña un papel clave en la observación de la tierra, que constituye un instrumento fundamental en la lucha contra el cambio climático y contra la degradación del medio ambiente, en la protección civil y la seguridad, el desarrollo sostenible, la movilidad y la gestión de crisis, y ofrece importantes oportunidades económicas al desarrollar servicios derivados y fomentar la innovación;

B.  Considerando que el GMES reviste una importancia fundamental desde un punto de vista político, estratégico y técnico para Europa, y ofrece una rentabilidad sustancial por sus beneficios económicos, sociales y tecnológicos;

C.  Considerando que el GMES se ha constituido como programa de la Unión y se ha financiado con cargo al presupuesto de la UE con un total aproximado de 3 200 millones de euros hasta 2013, bajo la dirección y la responsabilidad de la UE;

D.  Considerando que la falta de un plan de financiación creíble que prevea un apoyo financiero a largo plazo y estable comportará probablemente costes más elevados a largo plazo, diferencias en el acceso de los ciudadanos europeos a la información y a los beneficios derivados del programa, y una interrupción o incluso una suspensión del programa y de su suministro de datos, y podría significar, en último término, que la inversión efectuada hasta la fecha ha sido infructuosa y que Europa perderá su independencia y su avance tecnológico en esta importante infraestructura espacial;

E.  Considerando que el Consejo solicitó el 31 de mayo de 2011 que el presupuesto de la UE continuara financiando el programa GMES en sintonía con las responsabilidades de la Unión; que varios Estados miembros ya han presentado objeciones ante el hecho de que la financiación del GMES se rija por un acuerdo intergubernamental; y que, por lo tanto, el Fondo para el GMES propuesto probablemente no generará la financiación necesaria;

1.  Lamenta que, el 30 de noviembre de 2011, la Comisión publicara solo una Comunicación y no presentara una propuesta legislativa sobre el GMES, teniendo en cuenta que el Reglamento (UE) nº 911/2010 en vigor cubre solo las operaciones iniciales y que expirará a finales de 2013;

2.  Disiente de la dirección que la Comisión indicó en su Comunicación en relación con la financiación y la gestión futuras del GMES, con el objetivo de una financiación intergubernamental del proyecto; manifiesta su preocupación por el hecho de que esta dirección perjudicará enormemente al desarrollo futuro del programa, provocará que este pierda su dimensión europea, va contra los principios de transparencia y de pleno acceso, abierto e igual para todos, y se considera una señal de que la UE ha dejado de comprometerse con esta iniciativa emblemática;

3.  Considera que no es una opción viable financiar el GMES fuera del marco financiero plurianual (MFP), con la estructura de financiación y de gobierno que propuso la Comisión en su Comunicación;

4.  Destaca que la incertidumbre sobre el futuro del programa GMES y su financiación perjudica enormemente al desarrollo y a la incorporación en el mercado de los servicios y aplicaciones del GMES, que se espera que generen crecimiento económico y bienestar para los ciudadanos europeos;

5.  Pide, por lo tanto, que la Comisión presente rápidamente una propuesta legislativa para una gobernanza, una financiación y un funcionamiento a largo plazo del programa GMES, financiado dentro del MFP, con el fin de garantizar un despliegue y un funcionamiento correctos del programa y de alcanzar su objetivo de ser plenamente operativo a partir de 2014;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0013.


Pena de muerte en Belarús, en particular el caso de Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou
PDF 123kWORD 42k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la pena de muerte en Belarús, en particular los casos de Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))
P7_TA(2012)0063RC-B7-0075/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución, de 17 de diciembre de 2009, sobre Belarús(1) y sus demás resoluciones sobre el mismo asunto, en particular las de 15 de septiembre de 2011(2), 12 de mayo de 2011(3), 10 de marzo de 2011(4) y 20 de enero de 2011(5);

–  Vista la Resolución, de 7 de octubre de 2011, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte(6) y sus anteriores resoluciones sobre la abolición de la pena de muerte, en particular la de 26 de abril de 2007 sobre la iniciativa en favor de una moratoria universal sobre la pena de muerte(7),

–  Vista la Resolución 65/206 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 2010, en favor de una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, así como sus anteriores resoluciones de 2007 y 2008 sobre la pena de muerte,

–  Vista la Resolución sobre la pena de muerte aprobada por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en su sesión del 6 al 10 de julio de 2010,

–  Vista la Resolución 1857 (2012) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 25 de enero de 2012, sobre la situación en Belarús,

–  Vista la declaración realizada el 1 de diciembre de 2011 por la Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, sobre la pena de muerte en Belarús,

–  Vista la declaración de Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, de 24 de enero de 2012, por la que condena las penas de muerte impuestas a Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou,

–  Vista la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 23 de enero de 2011, concerniente a medidas restrictivas contra Belarús,

–  Visto el artículo 2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Declaración de la Cumbre de la Asociación Oriental adoptada en Praga del 7 al 9 de mayo de 2009 y la Declaración sobre la situación en Belarús adoptada con ocasión de la Cumbre de la Asociación Oriental en Varsovia el 30 de septiembre de 2011,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que Belarús sigue siendo el único país de Europa que aplica la pena de muerte y sigue llevando a cabo ejecuciones;

B.  Considerando que en julio de 2011 Aleh Hryshkautsou y Andrei Burdyka fueron ejecutados cuando sus casos estaban aún pendientes de examen ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que, según los defensores de los derechos humanos, alrededor de 400 personas han sido ejecutadas en Belarús desde 1991;

C.  Considerando que las condenas a muerte más recientes fueron pronunciadas por el Tribunal Supremo de la República de Belarús el 30 de noviembre de 2011 contra Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou como presuntos autores de atentados terroristas en Vitebsk en 2005, en Minsk en 2008, y en el metro de Minsk en abril de 2011;

D.  Considerando que, según informes de fuentes fidedignas (FIDH, Human Rights Watch), hay elementos que muestran que los fiscales y el Tribunal Supremo de Belarús celebraron un juicio injusto y que la investigación estuvo marcada por graves abusos de los derechos humanos y la exclusión deliberada de importantes pruebas que revelaban la inocencia de los dos hombres, y que, según algunos observadores del juicio, se constataron graves violaciones procedimentales durante la investigación preliminar y el examen judicial del caso;

E.  Considerando que a Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou se les negó el acceso a los abogados, que informes fiables señalan el recurso a la tortura para obtener confesiones durante los interrogatorios, que no existen pruebas forenses que permitan relacionar a ninguno de estos hombres con la explosión y que no se encontraron trazas de material explosivo en las ropas ni los cuerpos de los dos hombres;

F.  Considerando que las pruebas importantes mencionadas por la acusación durante el juicio fueron destruidas después de que el Tribunal Supremo anunciase su decisión;

G.  Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la República de Belarús, «toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial»;

H.  Considerando que los padres de Dzmitry Kanavalau han sido objeto de intimidación y puestos bajo vigilancia de agentes de los servicios secretos, y que agentes de paisano han montado guardia permanentemente cerca de su casa, de manera que la familia se ha visto privada durante meses de comunicación con el mundo exterior;

I.  Considerando que la pena de muerte sigue siendo un «secreto de Estado» en Belarús y que, conforme al Código penal ejecutivo de Belarús, las fechas de las ejecuciones no las conocen ni los detenidos condenados a la pena de muerte, ni sus familias ni el público; considerando que la pena de muerte se ejecuta en privado por fusilamiento y que a los familiares de la persona ejecutada no se les entrega el cuerpo para que puedan enterrarlo ni se les comunica el lugar en el que yace;

J.  Considerando que las ejecuciones de Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou podrían tener lugar muy pronto;

K.  Considerando el carácter firme de la decisión del Tribunal Supremo sobre el asunto, sin posibilidad de recurso; considerando que, con arreglo al Derecho belaruso, cabe someter una petición de clemencia a la consideración del Presidente del país; Considerando que Uladzislau Kavalyou ha solicitado el perdón a Alexander Lukashenko negando todos los cargos que se le imputan y solicitando que se le exima de toda responsabilidad penal, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha

L.  Considerando que las autoridades belarusas han firmado la Declaración de Praga de la Cumbre sobre la Asociación Oriental, en la que se comprometieron con los principios del Derecho internacional y los valores fundamentales, como la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

1.  Reitera que la Unión Europea y otras instituciones internacionales han instado en repetidas ocasiones a las autoridades belarusas a que procedan a la abolición de la pena de muerte;

2.  Subraya que esta pena irreversible, cruel, inhumana y degradante, que supone una violación del derecho a la vida, resulta inaceptable; deplora la ausencia prolongada, por parte de las autoridades belarusas, de pasos tangibles con miras a la abolición de la pena de muerte o a la introducción inmediata de una moratoria al respecto;

3.  Condena las sentencias de muerte dictadas contra Dzmitry Kanavalau y Uladzislau Kavalyou e insta a Alexander Lukashenko que perdone a ambos y establezca una moratoria sobre la aplicación de todas las sentencias de muerte y ejecuciones capitales con miras a eliminar la pena de muerte del sistema penal mediante la ratificación del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de conformidad con las normas internacionales;

4.  Pide a las autoridades competentes de Belarús que lleven a cabo una investigación exhaustiva, justa e imparcial acerca de las acusaciones formuladas en este contexto y que se haga realmente justicia a las víctimas de los actos infames de terrorismo en cuestión;

5.  Insta al Consejo y a la Comisión a que se sirvan de todos los instrumentos diplomáticos y de ayuda a la cooperación disponibles para trabajar por la abolición de la pena de muerte en Belarús;

6.  Pide a los países de la Asociación Oriental y a Rusia que insten a Belarús a que introduzca una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte;

7.  Anima vivamente a la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales belarusas a que trabajen en pro de la abolición de la pena de muerte;

8.  Pide a las autoridades belarusas que se reanude el trabajo del grupo de trabajo parlamentario sobre la pena de muerte iniciado en 2010, que adecuen la legislación nacional a las obligaciones contraídas por el país en virtud de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que garanticen el respeto riguroso de las normas reconocidas internacionalmente para la realización de juicios equitativos;

9.  Alienta a las autoridades belarusas que promuevan el papel del poder judicial en Belarús y su actividad sin injerencias ni presiones del poder ejecutivo; que lleven a la práctica las recomendaciones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, que garanticen la debida publicidad de los procesos judiciales, y que cumplan con los compromisos de la OSCE en el ámbito de la dimensión humana, sobre todo en lo tocante al Estado de Derecho;

10.  Condena la continua persecución que sufren los defensores de los derechos humanos y los miembros de la oposición democrática así como el acoso de que son objeto los activistas de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes en Belarús, por razones políticas; exige la liberación inmediata de todas las personas condenadas por razones políticas que se encuentren encarceladas o que sufran otro tipo de castigos, entre ellas Ales Bialiatski, Presidente del Centro de Derechos Humanos «Viasna» y Vicepresidente de la FIDH;

11.  Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos; aplaude la Decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, de 23 de enero de 2012, de ampliar los criterios de sanción que allanarán el camino para la futura inculpación de los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Belarús, y reitera que no puede avanzarse en modo alguno en el diálogo UE-Belarús si Belarús no avanza hacia la democracia, la defensa de los derechos humanos y el Estado de Derecho, y en tanto no se libere a todos los presos políticos, incluidos los dos antiguos candidatos presidenciales Mikalai Statkevich y Andrei Sannikau, los jefes de las campañas presidenciales de los candidatos de la oposición democrática Pavel Seviarynets y Dzmitry Bandarenka, y Syarhey Kavalenka, un preso político detenido por supuesto incumplimiento de su arresto domiciliario, que ha iniciado una huelga de hambre prolongada que ha supuesto un deterioro crítico de su estado de salud, con el consiguiente peligro directo para su vida, y en tanto no se hayan restablecido plenamente los derechos civiles de los presos políticos;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de la República de Belarús, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 16.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0392.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0244.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0099.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0022.
(6) DO C 371 E de 20.12.2011, p. 5.
(7) DO C 74 E de 20.3.2008, p. 775.


Egipto: acontecimientos recientes
PDF 122kWORD 42k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre Egipto: acontecimientos recientes (2012/2541(RSP))
P7_TA(2012)0064RC-B7-0079/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Egipto y, en particular, la de 17 de noviembre de 2011 sobre Egipto, en particular sobre el caso del bloguero Alaa Abd El-Fattah(1),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, ratificado por Egipto,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Catherine Ashton, de 2 de febrero de 2012, sobre la tragedia ocurrida en un estadio de fútbol egipcio, y, de 1 de febrero de 2012, sobre la continua represión de la sociedad civil en Egipto,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto, de 2004, y el Plan de Acción aprobado en 2007,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 10 de octubre de 2011, y las Conclusiones del Consejo Europeo, de 23 de octubre de 2011, sobre Egipto,

–  Vista la Comunicación conjunta titulada «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» de la Comisión y de la VP/AR al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de mayo de 2011,

–  Vistos la evolución de la Política Europea de Vecindad (PEV) desde 2004 y, en particular, los informes de la Comisión sobre los avances en su aplicación,

–  Vista la Comunicación conjunta titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» de la Comisión y de la VP/AR al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos de 2004, en su versión actualizada de 2008,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que la situación de las ONG en Egipto es alarmante; que, en octubre de 2011, se anunció la creación de una comisión para examinar las instituciones civiles y las ONG con el fin de estrechar el control jurídico de la financiación extranjera de las organizaciones de la sociedad civil y las fundaciones políticas, y que, como consecuencia, se envió al Banco Central la solicitud de someter a control todas las transacciones bancarias de las ONG; que las oficinas de diez organizaciones con financiación extranjera fueron registradas y estas organizaciones fueron posteriormente investigadas y prohibidas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el 29 de diciembre de 2011; que, el 5 de febrero de 2012, el Gobierno de Egipto, encabezado por militares, anunció que juzgaría a 19 ciudadanos americanos y a otros 24 como parte de una investigación penal sobre la financiación extranjera de las organizaciones sin ánimo de lucro que actúan en Egipto; que los jueces egipcios están investigando la supuesta financiación extranjera ilegal de ONG de defensa de la democracia y de fundaciones políticas, y que 44 acusados, entre ellos 19 estadounidenses, 14 egipcios, cinco serbios, dos alemanes, dos libaneses, un jordano y un palestino, han visto su caso transferido al Tribunal Penal de El Cairo y han recibido la orden de no abandonar el país;

B.  Considerando que también se ha acusado a las ONG de crear y mantener oficinas en Egipto sin autorización gubernamental, a pesar de que las autoridades egipcias no tuvieron en cuenta, durante más de cinco años, las solicitudes de inscripción presentadas por las organizaciones de conformidad con las normas pertinentes; que estas acusaciones son la culminación de una represión jurídica creciente contra las ONG nacionales e internacionales en Egipto, enfoque que contraviene el Derecho internacional en materia de derechos humanos y socava los esfuerzos por promover los valores democráticos y proteger los derechos humanos;

C.  Considerando que por lo menos 74 personas resultaron muertas y varios centenares, heridas tras los enfrentamientos ocurridos en un partido de fútbol celebrado en Port Said entre el equipo de El Cairo Al Ahly y el equipo local Al Masr;

D.  Considerando que la respuesta de la policía a los enfrentamientos fue sorprendentemente pasiva; que la rabia y la suposición de que los enfrentamientos podrían tener motivaciones políticas, junto con las demandas de poner fin al gobierno militar, provocaron manifestaciones en la calle para protestar contra cualquier tipo de dictadura, militar o de otro tipo, en los días posteriores a la tragedia del estadio de fútbol, lo que se tradujo en más muertes y heridos; que la policía sigue disparando gases lacrimógenos, perdigones y balas de goma a los manifestantes;

E.  Considerando que el Viceministro de Sanidad egipcio, Hisham Shiha, definió la tragedia del estadio como la mayor catástrofe de la historia del fútbol egipcio; que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ordenó a helicópteros que transportaran a los jugadores y aficionados del equipo visitante que resultaron heridos a un hospital militar; que, especialmente en momentos de transición y de inestabilidad social, el deporte debería desempeñar un papel unificador, transmitir un sentimiento de normalidad e iniciar la reconciliación entre comunidades divididas;

F.  Considerando que el éxito de la PEV y de las reformas en el ámbito de los derechos humanos y, más concretamente, de los derechos de las mujeres, depende de la implicación de la sociedad civil en la aplicación de las políticas pertinentes;

G.  Considerando que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas ha seguido un programa controvertido, al no haberse abolido por completo el estado de excepción, que todavía puede aplicarse en casos de «matonismo», concepto abierto a una amplia interpretación y a una aplicación arbitraria; que, según organismos nacionales e internacionales, no ha habido mejoras en la protección de los derechos humanos en Egipto durante los últimos diez meses de gobierno militar; que los civiles siguen siendo juzgados por tribunales militares, y que los blogueros, periodistas y defensores de los derechos humanos son objeto de acoso directo o indirecto, lo que ha contribuido a la escalada de tensión y ha alimentado nuevas protestas populares; y que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no ha investigado las denuncias de agresiones sexuales cometidas contra mujeres manifestantes, que incluyen «pruebas de virginidad», amenazas de muerte y otras violaciones de los derechos humanos;

H.  Considerando que, en las elecciones a la Asamblea Popular celebradas entre noviembre de 2011 y enero de 2012, el Partido Libertad y Justicia de los Hermanos Musulmanes obtuvo el 47 % de los votos y el partido Nur, dominado por los salafistas, el 25 %, lo que tuvo como consecuencia un descenso acusado del número de diputadas, que pasó de 64 a 8; que las elecciones presidenciales están previstas para junio; y que ninguna institución internacional, incluida la UE, ha sido invitada como observadora a estas elecciones;

I.  Considerando que ha pedido en repetidas ocasiones el levantamiento del estado de excepción ‐en vigor desde 1981‐, la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Egipto; que la Unión Europea ha expresado en repetidas ocasiones su compromiso con la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y ha destacado que los gobiernos tienen el deber de garantizar estas libertades en todo el mundo;

1.  Expresa su solidaridad con el pueblo egipcio en este momento crucial de transición democrática en el país; pide a las autoridades egipcias que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los derechos de las mujeres, las libertades de religión, conciencia y pensamiento, la protección de las minorías y la no discriminación por motivos de orientación sexual, la libertad de la prensa y de los medios de comunicación, la libertad de asociación y de reunión pacífica, el derecho a un juicio justo y la libertad de expresión y de opinión, puesto que estos derechos son elementos esenciales de una democracia auténtica;

2.  Pide que se retiren inmediatamente los cargos penales contra las ONG y las fundaciones políticas; pide a las autoridades egipcias que garanticen que cualquier inspección de organizaciones de la sociedad civil, nacionales o extranjeras, se lleve a cabo sobre la base de una transparencia y una imparcialidad totales, y respetando los procedimientos jurídicos adecuados y las normas internacionales en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales; considera que estas tácticas constituyen una grave violación del derecho de asociación, tal como se prevé en el artículo 22 del PIDCP; pide a las autoridades egipcias que aprueben una nueva ley de asociaciones de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos y en estrecha consulta con las ONG y los grupos de defensa de los derechos humanos y de la democracia; manifiesta su apoyo total por el compromiso demostrado y la labor, importante y de calidad, que llevan a cabo estas organizaciones en apoyo de la sociedad civil y de la población de Egipto con objeto de fomentar la paz, la democracia y los derechos humanos;

3.  Lamenta las considerables pérdidas de vidas y el elevado número de heridos en Port Said y hace extensivas sus condolencias a las familias de las víctimas; reclama una investigación independiente sobre los incidentes que provocaron la tragedia, y que los responsables sean llevados ante la justicia;

4.  Expresa su preocupación ante las acusaciones de que los enfrentamientos respondían a motivos políticos, y pide a las autoridades egipcias que abran urgentemente una investigación independiente sobre los hechos del 1 de febrero de 2012;

5.  Manifiesta su firme apoyo a las reformas encaminadas al establecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y la justicia social en Egipto conforme a la voluntad del pueblo egipcio; reitera su llamamiento para que se levante totalmente el estado de excepción; subraya una vez más la importancia de la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Egipto; pide aclaraciones sobre el proceso constitucional, sus plazos y sus principios, para garantizar que toda disposición constitucional sea integradora y no permita ninguna posibilidad de discriminación contra nadie en la sociedad egipcia; subraya una vez más la necesidad de que el poder supremo se transfiera lo antes posible a un gobierno civil elegido democráticamente;

6.  Destaca la importancia de celebrar elecciones libres, justas y transparentes, y anima a la UE y a sus Estados miembros a seguir apoyando y asistiendo a las autoridades, partidos políticos y sociedad civil de Egipto en sus esfuerzos por alcanzar este objetivo; pide al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que permita que observadores independientes sean testigos de las próximas elecciones presidenciales y las supervisen; pide a la VP/AR que promueva la creación de un grupo especial que cuente con la participación del Parlamento Europeo y que apoye el proceso de transición democrática, como respuesta a la llamada de quienes trabajan en pro del cambio democrático, especialmente en lo que se refiere a la celebración de elecciones libres y democráticas y a la consolidación de las instituciones, incluido el desarrollo de un poder judicial independiente;

7.  Celebra la liberación de los blogueros detenidos, Alaa Abd El-Fattah y Maikel Nabil Sanad; reitera su llamamiento a las autoridades egipcias para que garanticen que ningún bloguero, periodista o defensor de los derechos humanos sea sometido a acoso directo o indirecto ni a intimidación en Egipto; celebra la liberación de prisioneros políticos, pero insiste en que, en primer lugar, no tendrían que haberlos juzgado tribunales militares; considera, por lo tanto, que los prisioneros en cuestión tendrían que haber sido absueltos y no indultados;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a las autoridades egipcias.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0518.


Pena de muerte en Japón
PDF 115kWORD 33k
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la pena de muerte en Japón (2012/2542(RSP))
P7_TA(2012)0065RC-B7-0089/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución 63/168 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se pide la aplicación de la Resolución 62/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 2007, en la que se pide una moratoria mundial de la aplicación de la pena de muerte y las ejecuciones,

–  Vista la Resolución 65/206 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 2010, sobre una moratoria del uso de la pena de muerte,

–  Vistas las directrices de la UE sobre la pena de muerte,

–  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2007, sobre una moratoria universal de la pena de muerte(1),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2002, sobre la abolición de la pena de muerte en Japón, Corea del Sur y Taiwán(2),

–  Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte(3),

–  Vista la declaración conjunta de Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y Thorbjørn Jagland, Secretario General del Consejo de Europa, sobre el Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte, el 10 de octubre de 2011,

–  Vista la declaración de la Unión Europea, de 6 de abril de 2011, sobre la abolición de la pena de muerte, que anima a los países observadores del Consejo de Europa, incluido Japón, a abolir la pena de muerte,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ratificada por Japón en 1999,

–  Visto el artículo 122, apartado 5, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea está firmemente decidida a contribuir a la abolición de la pena de muerte en todo el mundo y se esfuerza por lograr la aceptación universal del principio fundamental del derecho a la vida;

B.  Considerando que 2011 ha sido el primer año desde 1992 en el que no ha habido ejecuciones en Japón; que, no obstante, según informes de prensa, el nuevo Ministro de Justicia, Toshio Ogawa, anunció que no tiene intención de continuar con la política de «cautela» de su predecesor, Hiraoka Hideo, y que estaba dispuesto a firmar otra vez órdenes de ejecución;

C.  Considerando que se han registrado progresos significativos hacia la abolición de la pena de muerte a escala mundial, y que cada vez más países la están aboliendo;

D.  Considerando que un compromiso oficial de Japón, en cuanto país líder de la democracia en Asia y miembro clave de la comunidad internacional, de abolir la pena de muerte no solo sería coherente con la tendencia internacional, sino que también enviaría una fuerte señal a todo el mundo sobre la necesidad de respetar y proteger el derecho a la vida;

E.  Considerando que unas 130 personas condenadas a muerte en Japón se encuentran actualmente en el corredor de la muerte;

F.  Considerando que no se informa a los presos ni a sus representantes legales de la ejecución hasta el mismo día en el que tiene lugar, y que a las familias solo se les informa de la ejecución después de consumada, lo que constituye un acto particularmente cruel teniendo en cuenta los largos años pasados en el corredor de la muerte;

1.  Se congratula por el hecho de que las relaciones de la UE con Japón se basan en un compromiso compartido con la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos;

2.  Celebra que, desde julio de 2010, no hayan tenido lugar ejecuciones en Japón, y que en 2010 se creara un grupo de estudio sobre la pena de muerte en el Ministerio de Justicia;

3.  Pide urgentemente al Ministro de Justicia, Toshio Ogawa que no apruebe ninguna orden de ejecución en el futuro y que apoye el trabajo del mencionado grupo de estudio;

4.  Pide a Japón que continúe sus esfuerzos con vistas a restablecer la moratoria de facto vigente desde noviembre de 1989 hasta marzo de 1993 y que anime a las autoridades públicas, a los miembros del Parlamento, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación a que inicien un debate a escala nacional sobre el uso de la pena capital en el país;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como al Primer Ministro y al Ministro de Justicia de Japón y a la Dieta japonesa.

(1) DO C 219 E de 28.8.2008, p. 306.
(2) DO C 261 E de 30.10.2003, p. 597.
(3) DO C 371 E de 20.12.2011, p. 5.

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