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Procedimiento : 2010/2308(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0143/2012

Textos presentados :

A7-0143/2012

Debates :

PV 21/05/2012 - 17
CRE 21/05/2012 - 17

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PV 22/05/2012 - 6.2
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P7_TA(2012)0207

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Martes 22 de mayo de 2012 - Estrasburgo
Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea
P7_TA(2012)0207A7-0143/2012

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2012, sobre la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea (2010/2308(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos, en particular, los artículos 6, 7, 8, 10, apartado 1, 11, 21, 47 a 50, 52 y 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE,

–  Vistos, en particular, los artículos 2 y 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, y los capítulos 1, 2, 4 y 5 del título V (Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 2010, por la que se crea el Comité permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI)(1),

–  Vistos el «Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» y la Comunicación de la Comisión titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos – Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo» (COM(2010)0171),

–  Vista la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea («Hacia un modelo europeo de seguridad»), adoptada por el Consejo los días 25 y 26 de febrero de 2010,

–  Vista la Estrategia de la Unión Europea de Lucha contra el terrorismo, adoptada por el Consejo el 30 de noviembre de 2005,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo titulada «La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura» (COM(2010)0673),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo titulada «Primer informe anual sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior de la UE» (COM(2011)0790),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento y al Consejo sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea – un Plan de Acción de la UE en el ámbito QBRN (COM(2009)0273),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 24 y 25 de febrero de 2011, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción,

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 8 y 9 de noviembre de 2010, sobre el establecimiento y aplicación de un ciclo de actuación de la UE contra la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre la determinación de las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia organizada entre 2011 y 2013,

–  Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), de 17 de diciembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «La Estrategia de Seguridad Interior de la UE en acción: cinco medidas para una Europa más segura»,

–  Visto el informe de Europol sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE («TE-SAT 2011»),

–  Vista la Evaluación de Europol sobre la Amenaza del Crimen Organizado en la UE («OCTA 2011»),

–  Vista la Estrategia Europea de Seguridad de 2003(2) y su informe de ejecución de 2008(3),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos – Programa de Estocolmo»(4),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la delincuencia organizada en la Unión Europea(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2011, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción(6),

–  Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre «la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros»(7),

–  Vista la jurisprudencia pertinente de los tribunales europeos y los tribunales constitucionales nacionales que aborda el criterio de proporcionalidad y la necesidad de que lo respeten las autoridades públicas en una sociedad democrática,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0143/2012),

A.  Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha consolidado aún más el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia en cuanto al respeto de los derechos fundamentales y los diferentes ordenamientos y tradiciones jurídicos de los Estados miembros; considerando que las políticas en este ámbito son una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros, en virtud de lo dispuesto en el Tratado;

B.  Considerando, por consiguiente, que el Tratado de Lisboa ha afianzado firmemente la política de seguridad de la UE en torno a un Estado de Derecho específico de la UE, sentando las bases para el desarrollo de un programa de seguridad compartido por la UE y los Estados miembros y sometido a control democrático a escala europea y nacional; considerando que el refuerzo de esta política debe fundarse en los valores democráticos, las libertades públicas y los derechos fundamentales;

C.  Considerando que toda política de seguridad debe incluir un componente de prevención, lo que es particularmente crucial en una época en la que las desigualdades económicas y sociales van en aumento, por lo que ponen en peligro el ejercicio de los derechos fundamentales;

D.  Considerando que el Programa de Estocolmo destacaba que debería desarrollarse una estrategia de seguridad interior de la UE a fin de seguir mejorando la seguridad en la Unión y proteger la vida y la integridad de los ciudadanos de la UE, así como luchar eficazmente contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas, a la vez que se respetan los derechos fundamentales, los principios de la protección internacional y el Estado de Derecho;

E.  Considerando que ni los Estados miembros ni la Comisión han previsto todavía el papel que deberá desempeñar el Parlamento en este proceso, pese a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

F.  Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de Seguridad Interior para el período 2010-2014 señalaba cinco ámbitos prioritarios en los que la UE puede aportar un valor añadido, a saber, la lucha y la prevención contra las formas graves de delincuencia y la delincuencia organizada, el terrorismo y la ciberdelincuencia, la mejora de la gestión de las fronteras exteriores y el aumento de la resistencia y la capacidad de recuperación ante catástrofes naturales o antropogénicas;

G.  Considerando que el primer informe anual de la Comisión sobre la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior reconocía que los cinco objetivos identificados en 2010 siguen siendo válidos, y describía la situación actual, el progreso realizado hasta la fecha y el camino a seguir;

H.  Considerando que el Programa de Estocolmo establecía que «el desarrollo, supervisión y aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior debería convertirse en una de las tareas prioritarias del [COSI]»;

1.  Acoge con satisfacción el trabajo realizado a fin de establecer una Estrategia de Seguridad Interior y los principios fundamentales que sustentan el modelo europeo de seguridad definido en dicha estrategia, en particular en lo referente a la relación reforzada entre, por un lado, la seguridad, la libertad y la privacidad y la cooperación y la solidaridad entre los Estados miembros, por otro; subraya que las medidas y cooperación de la UE en torno a la seguridad deben cumplir con las obligaciones en materia de derechos fundamentales de la Unión y centrarse en un cumplimiento de la ley específico y en actividades de inteligencia con capacidad demostrada para reducir los índices de delincuencia y prevenir ataques terroristas;

2.  Hace hincapié en que la libertad, la seguridad y la justicia son objetivos que deben perseguirse en paralelo y cree que la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE debe constituir el núcleo de una Estrategia de Seguridad Interior plena; recuerda que, para lograr la libertad y la justicia, la seguridad debe buscarse de conformidad con los principios de los Tratados, y las obligaciones que se derivan del Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

3.  Toma nota del progreso realizado por los Estados miembros y la Comisión en el contexto del ciclo político de la UE en relación con la delincuencia organizada y las formas graves de delincuencia internacional, con miras a realizar los objetivos estratégicos generales por medio de acciones basadas en la cooperación intergubernamental a nivel operativo; opina, no obstante, que es necesario establecer una clara división de cometidos entre el nivel de la UE y el nivel nacional, que el Parlamento debe participar en este proceso ofreciendo orientación política y evaluando los resultados, y que en 2013 debería emprenderse una evaluación en profundidad del ciclo político europeo; considera, además, que en vista de su naturaleza, el ciclo debería llamarse «ciclo operativo de la UE»; pide a los Estados miembros que examinen periódicamente la complementariedad de los planes nacionales de lucha contra la delincuencia organizada y los planes que deben elaborarse a escala europea, y que analicen los resultados obtenidos y las perspectivas futuras desde un punto de vista estratégico y operativo de carácter europeo, con participación de las instituciones europeas, las agencias competentes y los Parlamentos nacionales;

4.  Considera asimismo que es necesario prever en el marco plurianual 2014-2020 los recursos financieros adecuados para la ejecución de tal estrategia a través del fondo correspondiente;

5.  Recuerda que la UE y los Estados miembros comparten la competencia en materia de políticas de seguridad, y que en este ámbito es necesario respetar la subsidiariedad; opina que el marco de la Estrategia de Seguridad Interior podría añadir valor con un enfoque global y coherente a los esfuerzos desplegados por todas las instituciones de la UE y los Estados miembros en este ámbito;

6.  Opina que analizar en el ámbito de la UE de manera global, factual y con conocimiento de causa las amenazas que deben abordarse supone un requisito previo fundamental para la eficacia de la Estrategia de Seguridad Interior, y considera que Europol, con ayuda de otras instituciones, organismos y agencias de la UE, debería realizar dicho análisis a escala de la UE partiendo de una metodología más robusta para la evaluación de amenazas y sirviéndose de contribuciones exhaustivas de los Estados miembros;

7.  Recuerda que el Parlamento Europeo es actualmente un agente institucional de pleno derecho en el ámbito de las políticas de seguridad, por lo que está facultado para participar activamente en el establecimiento de los elementos y las prioridades de la Estrategia de Seguridad Interior y del modelo europeo de seguridad, así como en la evaluación de estos instrumentos, entre otros medios, con ejercicios periódicos de control de la aplicación de la Estrategia de Seguridad Interior que deben realizar de manera conjunta el Parlamento Europeo, los Parlamentos nacionales y el Consejo, en virtud de los artículos 70 y 71 del TFUE y del artículo 6, apartado 2, de la Decisión por la que se crea el COSI;

8.  Hace suya, en este contexto y sobre la base de la cooperación desarrollada entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales, la idea de un «ciclo político parlamentario» ‐que debe ajustarse con precisión, junto a otros aspectos, a los informes anuales de la Comisión en este ámbito‐ que concluirá con un informe parlamentario anual sobre la situación actual en relación con la Estrategia de Seguridad Interior;

9.  Destaca la importancia de la coherencia y las sinergias entre los aspectos internos y externos de la seguridad y subraya la importancia de velar por que las medidas y las acciones de ejecución de la Estrategia de Seguridad Interior cumplan las obligaciones que se derivan de los derechos fundamentales de la Unión, en particular de los artículos 2, 6 y 7 del TUE, tengan en cuenta sus objetivos de política exterior establecidos en el artículo 21 del TUE y respeten los derechos humanos y el Derecho humanitario internacional; toma nota del documento conjunto sobre el refuerzo de los lazos entre responsables de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y de la política de libertad, seguridad y justicia (JAI) y las acciones reseñadas en el plan de trabajo; hace hincapié en la importancia de que exista un intercambio de información, unas consultas y una cooperación adecuados con todos los agentes pertinentes y también en las soluciones orientadas a adelantarse a los acontecimientos, en lugar de reaccionar ante ellos; aguarda con impaciencia los resultados del trabajo desarrollado en el marco de la ejecución del Programa de Estocolmo sobre la complementariedad entre las acciones de los Estados miembros y de la UE en la dimensión exterior de la JAI, así como las emprendidas con miras a la posible actualización de la Estrategia de Seguridad Exterior de la UE;

10.  Hace hincapié en que a largo plazo toda la Estrategia de Seguridad Interior debería centrarse más en el claro vínculo entre las amenazas exteriores y la falta o la utilización ineficaz de estrategias y medidas que pueden constituir un componente clave para prevenir amenazas a la seguridad, como la ayuda al desarrollo específica, las estrategias de reducción de la pobreza o los planes de reparación de catástrofes naturales o antropogénicas;

11.  Toma nota de la definición de los cinco ámbitos clave para los que se han propuesto distintas acciones concretas a nivel de la UE y de los Estados miembros; considera que estos objetivos no son exhaustivos y que se podía haber estructurado mejor el orden de prioridades; subraya que la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada constituye y debe seguir constituyendo una prioridad fundamental de la Estrategia de Seguridad Interior; considera que debe abordarse también la cuestión de la resistencia y la capacidad de recuperación ante catástrofes antropogénicas y naturales, incluidos los fallos de infraestructuras críticas; señala, no obstante, que no parece plenamente justificado ni apropiado tomar medidas en el ámbito del respeto de los derechos de propiedad intelectual ‐materia que forma parte de un debate específico en profundidad‐ en el marco de la Estrategia de Seguridad Interior;

12.  Opina que la delincuencia organizada en todas sus formas, incluidas las mafias, constituye una amenaza creciente para la libertad, la seguridad y la justicia de los ciudadanos de la UE y que combatirla debe seguir siendo prioritario, de acuerdo con las recomendaciones formuladas en su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la delincuencia organizada en la Unión Europea, sobre la base de información y datos concretos sobre la cooperación desarrollada entre la UE y los Estados miembros en la lucha contra las mafias, el blanqueo de dinero, la corrupción, la delincuencia «de cuello blanco» y otras formas de delincuencia organizada;

13.  Pide a la Comisión y al Consejo que den prioridad a la lucha contra la corrupción en el contexto del programa de seguridad de la UE y que asignen a este fin los recursos adecuados, habida cuenta de que el Programa de Estocolmo (punto 4.1) incluye la corrupción en la relación de amenazas transnacionales que continúan planteando un reto para la seguridad interior de la Unión y requieren una respuesta clara y exhaustiva;

14.  Recuerda la importancia de prevenir y combatir el terrorismo y actividades afines, incluida su financiación, y aguarda con impaciencia la propuesta de marco de medidas administrativas, como la congelación de los fondos de los sospechosos de terrorismo, de conformidad con el artículo 75 del TFUE; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros, más allá del marco específico de la Estrategia de Seguridad Interior, que consideren la posibilidad de adoptar legislación específica sobre las víctimas del terrorismo, a fin de reconocer su carácter público, y que incluyan disposiciones más detalladas que garanticen la protección, el apoyo y el reconocimiento adecuados;

15.  Considera de la mayor importancia luchar de manera decisiva contra la delincuencia medioambiental, económica y empresarial, cuyas repercusiones son especialmente perjudiciales para las condiciones de vida de los ciudadanos de la UE, sobre todo en tiempos de crisis; lamenta a este respecto las medidas adoptadas por determinados Estados miembros destinadas a debilitar las penas que sancionan los delitos en este ámbito; señala además el desajuste entre las propuestas en estos ámbitos y la estigmatización de determinados actos de delincuencia menos importantes;

16.  Celebra que en la Estrategia de Seguridad Interior se haya concedido prioridad a la lucha contra la ciberdelincuencia y subraya la importancia de concentrarse en la prevención; toma nota del compromiso de la Comisión de elaborar en 2012 una estrategia europea general de seguridad en internet, y lo apoya; insta a los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia;

17.  Reitera que la mejora de la cooperación judicial y policial de la UE, a través de Europol y Eurojust, entre otros medios, es clave para lograr una Estrategia de Seguridad Interior adecuada y debe incluir la participación de las autoridades competentes de los Estados miembros y de las instituciones y agencias de la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que concedan prioridad a esta cuestión en la Estrategia de Seguridad Interior; pide asimismo instrumentos legales adecuados y coherentes que faciliten la utilización de pruebas;

18.  Subraya la contribución de las misiones realizadas en el marco de la PCSD al fomento del respeto del Estado de Derecho y el mantenimiento de la paz y la seguridad en la vecindad de la UE y en todo el mundo, lo que contribuye a prevenir la desestructuración del Estado y a eliminar refugios seguros para la delincuencia transnacional y la actividad terrorista;

19.  Lamenta, a este respecto, que la Estrategia de Seguridad Interior siga careciendo de una «dimensión de justicia» adecuada; recuerda, en línea con el Programa de Estocolmo, que debe reforzarse la confianza mutua desarrollando progresivamente una cultura judicial europea basada en la diversidad de sistemas jurídicos y en la unidad mediante el Derecho europeo, y que los sistemas judiciales de los Estados miembros deben estar en condiciones de funcionar juntos de manera coherente y eficaz de acuerdo con sus tradiciones jurídicas nacionales; opina que el establecimiento de un conjunto de prioridades en el ámbito de la cooperación judicial debe considerarse en el contexto de la estrecha relación existente entre todas las dimensiones del Espacio contemplado en el título V del TFUE, a saber, el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia; subraya la importancia de la aplicación adecuada de los acuerdos de cooperación judicial con terceros países;

20.  Opina, por lo que se refiere a los vínculos entre la seguridad interior y la seguridad exterior, que se debería seguir promoviendo la cooperación de la UE con otras instituciones internacionales como la OTAN y la OSCE;

21.  Subraya que la lucha contra el terrorismo constituye una prioridad para la Estrategia de Seguridad Interior, cuyos objetivos e instrumentos deben evaluarse adecuadamente con arreglo a lo expuesto en la Resolución del Parlamento, de 14 de diciembre de 2011, sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros; señala que deben seguir siendo prioritarias las políticas de prevención y protección, junto con las de persecución y respuesta; opina, en este contexto, que es necesario prestar una mayor atención a las actividades selectivas de aplicación de la legislación y de inteligencia con capacidad demostrada para prevenir atentados terroristas y llevarlas a cabo de acuerdo con los principios de necesidad, proporcionalidad y respeto de los derechos humanos y sujetas a una adecuada supervisión y rendición de cuentas; recuerda que ello es fundamental si la UE ha de ser un actor creíble en la promoción de los derechos fundamentales tanto en su interior como en el exterior;

22.  Considera crucial desarrollar mecanismos de prevención, especialmente para permitir la detección temprana de signos de radicalización violenta o amenazas, como las del extremismo violento o militante; recuerda la importancia de las acciones dirigidas a contrarrestar la radicalización violenta en poblaciones vulnerables y aguarda con impaciencia los trabajos de la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización, cuya misión es facilitar el intercambio de conocimientos, concienciar a la población y encontrar soluciones innovadoras;

23.  Aprecia la atención dedicada a la seguridad en las fronteras en el contexto de la Estrategia de Seguridad Interior, pero opina que la gestión de las fronteras y la movilidad humana no son meras cuestiones de seguridad, sino elementos fundamentales de una estrategia política más amplia que engloba la dimensión de seguridad pero también las políticas de inmigración, asilo y desarrollo a escala de la UE y políticas de apoyo al desarrollo económico, social y democrático y de fomento de los derechos humanos en terceros países; destaca además que la seguridad debe buscarse partiendo del respeto de los logros de la Unión, a saber, el derecho a la libre circulación a través de las fronteras interiores;

24.  Insiste en la importancia de garantizar la coordinación de las acciones de los Estados miembros en lo que respecta a la gestión de las fronteras exteriores y hace hincapié en que para facilitar la libre circulación y potenciar la solidaridad y la seguridad en las fronteras exteriores es esencial una colaboración estrecha con los países vecinos fronterizos con la UE; destaca que la introducción paulatina de la gestión integrada de las fronteras debe aspirar a facilitar los viajes;

25.  Opina, por tanto, que la Estrategia de Seguridad Interior debería seguir reflejando el objetivo del Programa de Estocolmo, y considera conveniente llevar a cabo una evaluación parlamentaria intermedia del Programa de Estocolmo antes finales de 2013 con el fin de evaluar sus prioridades estratégicas, legislativas y financieras; opina, asimismo, que es necesaria una evaluación complementaria en relación con las agencias europeas competentes que actualmente se encuentran en el proceso de adaptación al Tratado de Lisboa (Europol, Eurojust y la Red Judicial Europea), junto con otras agencias y organismos; recuerda que todas las acciones y operaciones de las agencias deben ser conformes a su mandato definido en las decisiones relativas a su constitución y funcionamiento y deben respetar los valores y principios democráticos y las libertades y los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

26.  Recuerda que el procesamiento y la recopilación de datos personales en el marco de la Estrategia de Seguridad Interior deben cumplir en todas las circunstancias con los principios de la UE en materia de protección de datos, en particular los de necesidad, proporcionalidad y legalidad, y con la legislación pertinente de la UE en este ámbito; acoge con satisfacción las propuestas en materia de protección de datos presentadas por la Comisión el 25 de enero de 2012, pero considera que la propuesta de directiva en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal y la cooperación policial debe ser más ambiciosa y contemplar salvaguardas más contundentes, especialmente en lo relativo a la elaboración de perfiles y el tratamiento de datos automatizado;

27.  Reitera, a este respecto, la necesidad de un adecuado control democrático de las agencias competentes en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia a fin de evitar el riesgo de que se difumine la división entre el asesoramiento político y la elaboración efectiva de políticas por lo que se refiere a dichas agencias;

28.  Insta a la Vicepresidenta/Alta Representante y a la Comisión a que presenten su propuesta ‐prevista para 2011‐ sobre la aplicación de la cláusula de solidaridad, que no debe suponer una duplicación de las iniciativas ya existentes, sino definir un marco para la utilización y la coordinación de los instrumentos de la UE y nacionales disponibles, entre ellos la PCSD, en las situaciones mencionadas en el artículo 222 del TFUE; opina que solo empleando la gama completa de posibilidades que ofrece la aplicación de la cláusula de solidaridad entre todos los Estados miembros, estará preparada la UE para prevenir las amenazas para la seguridad de uno o más Estados miembros y para reaccionar ante ellas de forma segura y coordinada;

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 52 de 3.3.2010, p. 50.
(2) «Una Europa segura en un mundo mejor – Estrategia Europea de Seguridad», aprobada por el Consejo Europeo en Bruselas el 12 de diciembre de 2003 y elaborada bajo la responsabilidad de Javier Solana, Alto Representante de la UE.
(3) «Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad – Ofrecer seguridad en un mundo en evolución», S407/08.
(4) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 12.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0459.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0388.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0577.

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