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Procedimiento : 2011/2275(INI)
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Ciclo relativo al documento : A7-0330/2012

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A7-0330/2012

Debates :

PV 20/11/2012 - 17
CRE 20/11/2012 - 17

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PV 21/11/2012 - 5.11
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P7_TA(2012)0442

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Miércoles 21 de noviembre de 2012 - Estrasburgo
Control de la aplicación del Derecho de la UE (2010)
P7_TA(2012)0442A7-0330/2012

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de noviembre de 2012, sobre el vigésimo octavo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2010) (2011/2275(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el vigésimo octavo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2010) (COM(2011)0588),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Informe de evaluación de Pilot UE» (COM(2010)0070),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Segundo informe de evaluación del proyecto Pilot UE» (COM(2011)0930),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de septiembre de 2007, titulada «Una Europa de resultados – la aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007)0502),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, relativa a las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre el vigésimo séptimo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea (2009)(1),

–  Vista su Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2010, sobre el vigesimosexto informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2008)(2),

–  Vistos los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2011)0193 y SEC(2011)0194 y SEC(2011)1626),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2010(3),

–  Vistos el artículo 48 y el apartado 2 del artículo 119 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Peticiones (A7-0330/2012),

A.  Considerando que el Tratado de Lisboa introdujo una serie de nuevos fundamentos jurídicos con vistas a facilitar la ejecución, la aplicación y la puesta en práctica del Derecho de la UE;

B.  Considerando que en el artículo 298 del TFUE se señala que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente;

C.  Considerando que los tres ámbitos más propensos a la infracción son el medio ambiente, el mercado interior y la fiscalidad, y que representan el 52 % de todos los casos de infracción;

1.  Recuerda que el artículo 17 del TUE define la función principal de la Comisión como «guardiana de los Tratados»; considera, en este contexto, que la capacidad, y la obligación, que incumbe a la Comisión de incoar procedimientos de infracción contra un Estado miembro que ha incumplido una de sus obligaciones en virtud de los Tratados(4) constituye una de las piedras angulares del sistema jurídico de la Unión y que, como tal, resulta coherente con la definición de una Unión basada en el Estado de Derecho;

2.  Hace hincapié en la importancia fundamental del Estado de Derecho como condición para la legitimidad de cualquier forma de gobernanza democrática y para que se garantice plenamente a los ciudadanos el disfrute de sus derechos según lo estipulado por la ley;

3.  Respalda el enfoque de «normativa inteligente» de la Comisión, que se centra en integrar el seguimiento de la aplicación de la legislación de la UE en el ciclo político de carácter más general, lo que la Comisión considera una medida preventiva fundamental;

4.  Señala que el procedimiento de infracción consta de dos fases: la administrativa (investigación) y la judicial ante el Tribunal de Justicia; estima que el papel de los ciudadanos en su calidad de denunciantes resulta fundamental en la fase administrativa cuando se trata de velar por el respeto del Derecho de la UE en el terreno;

5.  Celebra que la Comisión utilice un amplio número de instrumentos para facilitar el proceso de transposición (listas de control de la transposición, manuales o notas interpretativas), e insta a la Comisión a que haga un seguimiento aún más estrecho de la transposición de las directivas antes de que finalice el final del plazo de transposición, en particular en relación con los Estados miembros que presenten resultados negativos al respecto, a fin de poder intervenir con prontitud;

6.  Llama la atención en relación con la aplicabilidad directa de las disposiciones de las directivas cuando son suficientemente precisas e incondicionales («efecto directo»), de acuerdo con la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen de forma conjunta y coherente para afrontar el problema de la «sobrerregulación»;

8.  Señala que la Comisión ha publicado recientemente una nueva comunicación sobre la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154), en la que ha reexaminado las condiciones en las que se registran las denuncias y que, por consiguiente, ha influido sobre la totalidad del procedimiento de infracción; insta a la Comisión a que no recurra al Derecho indicativo al abordar el procedimiento de infracción sino a que, en su caso, proponga un reglamento(5) de modo que el Parlamento pueda participar plenamente como colegislador en un elemento tan fundamental del orden jurídico de la UE;

9.  Considera lamentable, no obstante, el enorme número de casos de falta de notificación (470 pendientes en 2010);

10.  Lamenta que en la comunicación mencionada anteriormente no se haga ninguna tipo de referencia al proyecto «Pilot UE» que, tal y como lo define la propia Comisión, constituye un método de trabajo bien asentado(6) al que recurre para gestionar denuncias como primer paso del procedimiento de infracción siempre que se pueda recurrir a dicho procedimiento(7); señala que el proyecto »Pilot UE« ni se menciona por su nombre en dicha comunicación y que no se hace ninguna referencia a ninguno de los derechos de los que goza el denunciante ni a la protección que se le concede en el marco del proyecto »Pilot UE«; concluye, por consiguiente, que las decisiones adoptadas por la Comisión que preceden o excluyen al procedimiento de infracción no respetan, en estos casos, las normas en materia de transparencia y responsabilidad y que su adopción es iniciativa exclusiva de la Comisión;

11.  Pide a la Comisión que clarifique la situación del proyecto «Pilot UE» y que defina claramente su marco y sus normas de aplicación, de manera que sean comprensibles para los ciudadanos;

12.  Hace referencia al número de Estados miembros que participan en el proyecto «Pilot UE» (18 a finales de 2010) y al elevado número de casos cerrados después de que se evaluara como aceptable la respuesta del Estado miembro (el 81 % de los casos); subraya la importancia que reviste la calidad de estas evaluaciones, tanto en términos de validez y verificación de la información como en relación con el respeto de los principios generales del Derecho administrativo reconocidos por el Tribunal de Justicia;

13.  Reitera su opinión de que el poder discrecional conferido a la Comisión por los Tratados en relación con el procedimiento de infracción debe respetar el Estado de Derecho, el principio de claridad jurídica, los requisitos en materia de transparencia y apertura, y el principio de proporcionalidad, y de que nada puede poner en peligro, bajo ninguna circunstancia, el objetivo básico de dicho poder, que consiste en garantizar la aplicación oportuna y correcta del Derecho de la Unión(8);

14.  Toma nota de la alentadora cifra que señala que en el 88 % de los casos de infracción cerrados en 2010 «el asunto no llegó al Tribunal de Justicia porque los Estados miembros corrigieron las cuestiones jurídicas planteadas por la Comisión antes de que fuera necesario iniciar la siguiente fase del procedimiento de infracción»; opina, sin embargo, que resulta esencial proseguir con la minuciosa vigilancia de las acciones de los Estados miembros, habida cuenta de que algunas peticiones se refieren a problemas que persisten incluso después de que se haya cerrado un asunto (véanse, por ejemplo, las peticiones 0808/2006, 1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 y 0947/2011);

15.  Recalca que, en general, es preciso redoblar los esfuerzos destinados a aumentar la transparencia y la reciprocidad de las comunicaciones entre el Parlamento y la Comisión; observa, por ejemplo, que se puede proporcionar un mayor acceso a la información relativa a denuncias, expedientes de infracción y otros mecanismos de aplicación sin poner en peligro el objetivo de las investigaciones, y que un interés público primordial bien podría justificar el acceso a esta información, en particular en aquellos casos en que puedan estar en juego perjuicios a la salud humana y daños irreversibles al medio ambiente;

16.  Indica que, para que el proyecto «Pilot UE» sea operativo, la Comisión ha creado una «base de datos confidencial en línea» para la comunicación entre sus servicios y las autoridades de los Estados miembros; llama la atención, de nuevo, sobre la falta de transparencia que se registra en el marco del proyecto «Pilot UE» en relación con los denunciantes e insiste en su solicitud de que se conceda acceso al Parlamento a la base de datos en la que se recogen todas las denuncias para que pueda desempeñar su labor de control del papel de la Comisión en su calidad de guardiana de los Tratados;

17.  Lamenta la falta de seguimiento de la Resolución del Parlamento mencionada anteriormente sobre el vigésimo séptimo informe anual y, en particular, su llamamiento a favor de una normativa procesal en forma de reglamento sobre la base del artículo 298 del TFUE que defina los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del procedimiento previo a éste, incluidos notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de exponer las razones, y el derecho de cada persona a acceder a su expediente, a fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia;

18.  Solicita, por ello, de nuevo a la Comisión que proponga una «normativa procesal» en forma de reglamento sobre la base del artículo 298 del TFUE;

19.  Observa, en este contexto, la respuesta de la Comisión a la solicitud del Parlamento en relación con una normativa procesal, en la que expone sus dudas sobre la posibilidad de adoptar en el futuro un reglamento basado en el artículo 298 del TFUE debido al poder discrecional que confieren los Tratados a la Comisión «para organizar el modo en que gestiona los procedimientos de infracción y los trabajos anejos para garantizar la correcta aplicación del Derecho de la UE»; expresa su convencimiento de que una normativa procesal de estas características no limitaría en modo alguno el poder discrecional de la Comisión sino que se limitaría a garantizar que, al ejercer sus competencias, la Comisión respetaría los principios relacionados con «una administración europea abierta, eficaz e independiente» recogidos en el artículo 298 y el derecho a una buena administración recogido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

20.  Resalta la importancia que reviste la transparencia en los procedimientos de infracción, en particular la posibilidad de que el Parlamento supervise la aplicación del Derecho de la Unión; recuerda, en este sentido, que en la versión revisada del Acuerdo Marco sobre las relaciones con el Parlamento, la Comisión se compromete a «[poner] a disposición del Parlamento información sumaria acerca de todos los procedimientos de infracción a partir del escrito de requerimiento, incluida, si así lo solicita el Parlamento, […] información sobre las cuestiones a las que se refiera el procedimiento de infracción», y espera que esta cláusula se aplique en la práctica de buena fe;

21.  Señala que la petición es el instrumento adecuado para que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas informen sobre infracciones al Derecho de la UE por parte de las autoridades de distintos niveles de los Estados miembros; solicita, en este contexto, a la Comisión que salvaguarde la transparencia de los procedimientos de infracción en curso, informando a los ciudadanos de forma oportuna y apropiada de las acciones emprendidas en respuesta a sus peticiones;

22.  Señala que el mecanismo relativo a las peticiones sigue siendo utilizado por los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, principalmente para señalar y denunciar el incumplimiento de la legislación de la UE por las autoridades de los Estados miembros a distintos niveles; destaca, en vista de ello, la función crucial de la Comisión de Peticiones como punto eficaz de unión entre los ciudadanos, el Parlamento y la Comisión;

23.  Acoge con satisfacción la sección específica en materia de peticiones recogida en el vigésimo octavo informe anual, conforme a lo solicitado por el Parlamento, en la que la Comisión desglosa las nuevas peticiones recibidas; recibe favorablemente el informe de la Comisión según el cual «las peticiones registradas en el Parlamento Europeo dieron lugar a procedimientos de infracción» en varios ámbitos; hace hincapié en que las peticiones, incluso si no tienen que ver con infracciones, proporcionan al Parlamento y la Comisión información muy importante acerca de las preocupaciones de los ciudadanos;

24.  Subraya el gran número de peticiones recibidas acerca de cuestiones relacionadas con la legislación medioambiental y, en particular, con referencia a las disposiciones de gestión de residuos; recuerda los puntos que puso de relieve el presidente de la Conferencia organizada por la Comisión sobre la aplicación de la normativa medioambiental de la UE, celebrada el 15 de junio de 2011, y que hacían referencia a una frecuente falta de evaluaciones de impacto medioambiental sólidas, una indiferencia por las consultas públicas y otras deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de gestión de residuos;

25.  Recuerda que el mandato original de la Carta consistía en codificar los derechos fundamentales de los que gozan los ciudadanos de la UE y que los jefes de Estado y de Gobierno han declarado solemnemente en repetidas ocasiones que la Carta define los derechos de los ciudadanos de la UE; pide a todos los Estados miembros que vuelvan a estudiar la necesidad del artículo 51 de la Carta y les insta a que declaren unilateralmente que no limitarán en su jurisdicción los derechos de las personas en virtud de las disposiciones de dicho artículo;

26.  Hace hincapié en que los ciudadanos, al presentar una petición al Parlamento Europeo, esperan estar protegidos por las disposiciones de la Carta, independientemente del Estado miembro en que residan y de si se aplica o no la legislación de la UE; sigue preocupándole, en este contexto, que los ciudadanos se sientan engañados con respecto al alcance real de aplicación de la Carta; considera fundamental, por lo tanto, que se explique adecuadamente el principio de subsidiariedad y que se aclare el ámbito de aplicación de la Carta desde la perspectiva del Parlamento con arreglo al artículo 51 de la Carta;

27.  Pone de relieve que un número elevado de las peticiones relacionadas con los derechos fundamentales tienen que ver con la libre circulación de personas y que –como se deduce claramente del Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010– los derechos que se derivan de la ciudadanía de la UE representan un requisito importante para que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente del mercado interior; hace hincapié en que esta utilización con mayor frecuencia por parte de los ciudadanos puede liberar el importante potencial de crecimiento del mercado interior por lo que, en vista de las actuales dificultades económicas a que se enfrenta Europa, reitera su petición ante la Comisión y los Estados miembros de realizar un mayor esfuerzo para velar por la transposición íntegra y puntual de la legislación de la UE;

28.  Subraya, además, que los ciudadanos se sienten igualmente engañados con respecto a la aplicabilidad del Derecho comunitario en casos de transposición tardía; señala la angustiosa realidad a la que se enfrentan los ciudadanos que no pueden recurrir a una disposición legislativa comunitaria aplicable porque aún no lo ha transpuesto el Estado miembro en cuestión y que no tienen acceso a ningún mecanismo de reclamación;

29.  Respalda la opinión de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo en el sentido de que, con respecto a la admisibilidad de las peticiones, los ámbitos de actividad de la Unión Europea son más amplios que sus competencias; subraya que esta noción debe servir de base para el tratamiento de las peticiones por el Parlamento y la Comisión;

30.  Reitera que las denuncias individuales de ciudadanos y empresas siguen siendo la principal fuente para detectar infracciones de la legislación de la UE y, por lo tanto, para incoar procedimientos de infracción; solicita, por tanto, la introducción de disposiciones administrativas más efectivas y vinculantes desde el punto de vista jurídico que definan de forma segura y fiable la relación procesal entre la Comisión y los denunciantes antes, durante y después de los procedimientos de infracción, para así reforzar, en particular, la posición del demandante individual;

31.  Acoge con satisfacción el nuevo elemento recogido en el artículo 260 del TFUE en virtud del cual la Comisión puede solicitar al Tribunal de Justicia que imponga sanciones financieras a un Estado miembro como consecuencia de una transposición tardía de una directiva cuando presente un recurso ante el Tribunal en virtud del artículo 258 del TFUE;

32.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de utilizar por principio el artículo 260, apartado 3, del TFUE en los casos de incumplimiento de una obligación cubierta por esta disposición, referida a la transposición de directivas adoptadas de conformidad con un procedimiento legislativo;

33.  Considera que tiene la mayor importancia que la Comisión recurra a esta posibilidad, así como a todos los demás instrumentos, para garantizar que los Estados miembros transponen la legislación de la Unión de manera oportuna y correcta; opina que se deben dar los nombres de los Estados miembros que lleven retraso y no hayan transpuesto la legislación a tiempo;

34.  Señala que, desde la publicación del informe, el Parlamento, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros han alcanzado un acuerdo acerca de la publicación de documentos explicativos que expongan la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición («cuadros de correspondencia»); observa que las tres instituciones y los Estados miembros han acordado incluir en las directivas un considerando en el que se declare que cada Estado miembro ha de presentar un cuadro de correspondencia, siempre que en cada caso concreto sea necesario y proporcionado;

35.  Hace hincapié en que los cuadros de correspondencia son una herramienta valiosa que permite a la Comisión y al Parlamento supervisar la correcta transposición y aplicación de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros ya que la relación entre una directiva y las correspondientes disposiciones nacionales con frecuencia es muy complicada y, en ocasiones, casi imposibles de establecer;

36.  Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo unas orientaciones claras sobre la creación, la incorporación y la aplicación de los cuadros de correspondencias en la legislación de la Unión y que lleve a cabo una evaluación transparente que contribuya de manera importante a la evaluación de la ejecución de esta legislación al nivel de los Estados miembros;

37.  Observa que los órganos jurisdiccionales nacionales podrían desempeñar un papel de primer orden en la aplicación del Derecho de la UE y apoya plenamente los esfuerzos de la UE encaminados a reforzar y coordinar la formación judicial de las autoridades jurídicas, judiciales y administrativas, los profesionales de la justicia y los funcionarios y agentes de las administraciones nacionales, y las autoridades regionales y locales a escala europea;

38.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como al Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0377.
(2) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 46.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0382.
(4) En los artículos 258 y 260 del TFUE se definen las competencias de la Comisión para incoar procedimientos de infracción contra un Estado miembro. En concreto, en el artículo 258 se señala que la Comisión «emitirá un dictamen motivado si considera que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados».
(5) Véase el apartado 7 «normativa procesal».
(6) Segundo informe de evaluación de la Comisión del proyecto Pilot UE« (SEC(2011)1626), p. 7.
(7) Véase el informe mencionado anteriormente, p. 3. Véase la resolución de 25 de noviembre de 2010 mencionada anteriormente.
(8) En su Resolución de 25 de noviembre de 2010, a la que se ha hecho referencia anteriormente, el Parlamento señalaba que «una discrecionalidad absoluta unida a una absoluta falta de transparencia constituye algo fundamentalmente contrario a los principios del Estado de Derecho».

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