Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (COM(2012)0041 – C7-0030/2012 – 2012/0019(COD))

P7_TA(2012)0148 A7-0140/2012

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0041),

–  Visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0030/2012),

–  Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 25 de abril de 2012, de adoptar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 55 y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0140/2012),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 10 de mayo de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1225/2009 del Consejo relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 765/2012.)

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1342/2007 del Consejo, sobre la gestión de determinadas restricciones aplicables a las importaciones de determinados productos siderúrgicos de la Federación de Rusia (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

P7_TA(2012)0149 A7-0085/2012

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0715),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0396/2011),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 25 de abril de 2012, de adoptar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0085/2012),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 10 de mayo de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1342/2007 del Consejo sobre la gestión de determinadas restricciones aplicables a las importaciones de determinados productos siderúrgicos de la Federación de Rusia

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 529/2012.)

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea (10222/5/2011 – C7-0076/2012 – 2011/0070(APP))

P7_TA(2012)0150 A7-0087/2012

(Procedimiento legislativo especial - aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Reglamento del Consejo (10222/5/2011),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0076/2012),

–  Visto el artículo 81, apartado 1, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0087/2012),

1.  Concede su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo;

2.  Recuerda al Consejo que, en caso de que el requisito de la unanimidad de conformidad con el artículo 352 del TFUE y los procedimientos parlamentarios internos pendientes en el Reino Unido conlleven cambios en el proyecto de acto, habrá de solicitarse nuevamente la aprobación del Parlamento Europeo;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Corneliu Vadim Tudor (2011/2100(IMM))

P7_TA(2012)0151 A7-0151/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la demanda presentada el 14 de abril de 2011 y comunicada en el Pleno del 9 de mayo de 2011, de Corneliu Vadim Tudor de amparo de su inmunidad en relación con el procedimiento incoado contra él por la Fiscalía adscrita al Tribunal Supremo de Casación y Justicia de Rumanía,

–  Tras haber oído a Corneliu Vadim Tudor en dos ocasiones, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, de 8 de abril de 1965, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los días 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010 y 6 de septiembre de 2011(1),

–  Visto el artículo 72 de la Constitución de Rumanía,

–  Vista la carta del Embajador de Rumanía ante la Unión Europea, de 7 de octubre de 2011,

–  Vistos el artículo 6, apartado 3, y el artículo 7 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0151/2012),

A.  Considerando que Corneliu Vadim Tudor, diputado del Parlamento Europeo, diputado al Parlamento Europeo, ha presentado una demanda de amparo de su inmunidad en relación con un procedimiento ante el Tribunal Supremo de Casación y Justicia de Rumanía;

B.  Considerando que la demanda del Sr. Tudor se refiere a un procedimiento penal en el que está acusado de haber amenazado a un agente judicial y a varios funcionarios policiales, cometido actos de violencia contra ellos, acompañados de insultos, con el resultado de obstrucción a la ejecución de una resolución judicial en el contexto del desahucio del partido Romania Mare de los locales que ocupaba en Bucarest el 4 de enero de 2011;

C.  Considerando que, en este procedimiento penal, Corneliu Vadim Tudor está acusado de desacato al tribunal, conducta contraria a la moral pública e infracción del orden público;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 8 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los miembros del Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones, y que, de conformidad con el artículo 9 del mismo Protocolo, los diputados gozarán, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento nacional;

E.  Considerando que, en su carta, el Sr. Tudor ser emite a ambos artículos 8 y 9 del Protocolo (antiguos artículos 9 y 10); considerando que artículo 9 no es pertinente en virtud del artículo 72 de la Constitución rumana, por lo que su demanda debe por tanto analizarse solamente sobre la base del artículo 8;

F.  Considerando que mediante carta de 8 de junio de 2011 el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos se dirigió a las autoridades rumanas solicitando nuevos datos, con más detalle, del procedimiento incoado contra el Sr. Tudor;

G.  Considerando que mediante carta de 7 de octubre de 2011, las autoridades rumanas declararon que, a la vista de que el Sr. Tudor no había sido detenido, procesado, ni buscado, no era necesario obtener el acuerdo del Parlamento, y que al tratarse de la comisión de hechos no relacionados con opiniones políticas o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones y no habiéndose ordenado retención, detención o registro, no fue necesario solicitar la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Corneliu Vadim Tudor.

H.  Considerando que el desahucio del partido Romania Mare y las circunstancias que lo rodearon implican, respectivamente, cuestiones civiles y penales que no tienen una relación evidente y directa con el desempeño de los deberes del Sr. Tudor como diputado al Parlamento Europeo;

I.  Considerando que el Sr. Tudor no ha hecho uso de la oportunidad de explicar ante la comisión competente su demanda de amaro de su inmunidad, en particular a la luz de la carta de las autoridades rumanas;

1.  Decides no amparar la inmunidad y los privilegios de Corneliu Vadim Tudor;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades competentes de Rumanía y a Corneliu Vadim Tudor.

(1) Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier (Rec. 1964, p. 195); asunto 149/85, Wybot/Faure y otros (Rec. 1986, p. 2391); asunto T-345/05, Mote/Parlamento (Rec. 2008, p. 2849); asuntos C-200/07 y C-201/07, Marra/De Gregorio y Clemente (Rec. 2008, p. 7929); asunto T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Rec. 2010, p. 1135), y asunto C-163/10, Patriciello (aún sin publicar en la Recopilación).

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre el futuro de los aeropuertos regionales y los servicios aéreos en la UE (2011/2196(INI))

P7_TA(2012)0152 A7-0094/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción para mejorar la capacidad, la eficiencia y la seguridad de los aeropuertos en Europa» (COM(2006)0819),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices comunitarias sobre la financiación de aeropuertos y las ayudas estatales de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas que operen desde aeropuertos regionales»(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La UE y sus regiones vecinas: un planteamiento renovado de la cooperación en materia de transportes» (COM(2011)0415),

–  Vista la Resolución, de 7 de junio de 2011, sobre las aplicaciones del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) en el ámbito del transporte – Política de la UE a corto y medio plazo(2),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0094/2012),

A.  Considerando que, en la actualidad, no hay una definición universalmente aceptada de «aeropuerto regional»; considerando que el presente informe no contempla los aeropuertos cuya zona principal de atracción es una capital; considerando que los «aeropuertos regionales», es decir, los aeropuertos secundarios («non-hub»), deben subdividirse en aeropuertos mayores y menores en función del tipo de conexiones ofrecidas, del volumen de pasajeros y de las conexiones con ciudades importantes y aeropuertos principales, y considerando que se ha instado a la Comisión a que facilite una definición adecuada de «aeropuerto regional» que tenga en cuenta todos los elementos mencionados; considerando, en cambio, que se definirá «servicio aéreo regional» como todo vuelo que despegue o aterrice en un aeropuerto regional; considerando que, en el continuo debate sobre los aeropuertos regionales, será imprescindible definir los diversos papeles que desempeñan y, en concreto, diferenciar entre aeropuertos insulares y aeropuertos que den servicio a regiones inaccesibles o económicamente débiles;

B.  Considerando que la aviación regional, igual que otros modos de transporte, es un factor clave para la movilidad de los ciudadanos; considerando que una mejor conectividad y una movilidad intermodal más eficiente pueden contribuir considerablemente a mejorar el acceso a las regiones, las empresas, el turismo y el desarrollo de servicios afines, y a la prosperidad económica;

C.  Considerando que las diferencias de posición económica de los ciudadanos y el desigual desarrollo de las infraestructuras dan lugar a disparidades en cuanto a la posibilidad de utilizar conexiones aéreas regionales en los Estados miembros;

D.  Considerando que la conectividad que ofrece la aviación a los ciudadanos y las empresas en las regiones de la UE, especialmente en regiones remotas e insulares, es de extrema importancia y ayuda a garantizar la viabilidad económica de dichas regiones; considerando que los aeropuertos europeos ofrecen una extensa red de 150 000 pares de ciudades;

E.  Considerando que un número considerable de aeropuertos regionales experimentan el práctico monopolio de una compañía aérea, que puede aprovechar esta posición como medio de presión para imponer cada vez más exigencias al aeropuerto de que se trate y a las autoridades locales y/o regionales, entre otras cosas en materia de tasas aeroportuarias y tasas de seguridad aérea;

F.  Considerando que las ventas minoristas de los aeropuertos han disminuido significativamente debido a la aplicación de políticas restrictivas al equipaje de mano por parte de algunas líneas aéreas; considerando que el impacto de la norma «pieza de equipaje única» que aplican las compañías, sobre todo las líneas de bajo coste que operan principalmente en estos aeropuertos, unida a otras medidas de contención de costes, ha dificultado los viajes y ha provocado una drástica caída de las ventas minoristas terrestres en algunos aeropuertos regionales; considerando que un tercio de los beneficios de las ventas minoristas en los aeropuertos se destina a subvencionar a las líneas aéreas compensando las tasas de aterrizaje;

G.  Considerando que el Gobierno español ha prohibido expresamente a las líneas aéreas que apliquen la norma de la «pieza de equipaje única» cuando despeguen de aeropuertos españoles;

H.  Considerando que los aeropuertos importantes de algunos Estados miembros de la UE conocen problemas de saturación de capacidad;

I.  Considerando que la crisis de la deuda financiera y soberana ha cambiado de forma sustancial las condiciones de financiación de los aeropuertos en la UE, sobre todo de los aeropuertos secundarios;

J.  Considerando que la construcción de nuevos aeropuertos regionales debería basarse en un análisis de costes y beneficios;

K.  Considerando que la inversión del sector público en reformas de aeropuertos debe mantener una cierta proporción entre la cantidad de dinero invertida y el número de pasajeros que utilizan la infraestructura;

Economía de los servicios aéreos regionales

1.  Subraya la necesidad de una obligación de servicio público con respecto a los servicios aéreos de interés económico y público, sobre todo a los que conectan regiones remotas, islas y regiones ultraperiféricas, habida cuenta de su lejanía y sus características físicas y naturales, con el fin de garantizar su plena accesibilidad y su integración territorial; destaca que se deben mantener las obligaciones de servicio público ya existentes; cree que estos servicios no serían económicamente viables sin dinero público; destaca la importancia de propiciar que las regiones ultraperiféricas sean más competitivas y de promover su integración con otras regiones a fin de reducir su diferencial económico con el resto de Europa;

2.  Cree conveniente evitar la proliferación de aeropuertos regionales, y señala que el desarrollo de aeropuertos regionales debería responder a objetivos precisos con el fin de evitar la creación de infraestructuras aeroportuarias sin utilizar o utilizadas de forma ineficiente, que podrían suponer una carga económica para las autoridades competentes; sostiene,, por el contrario, que deben reforzarse los enlaces existentes, sobre todo en las zonas que sufren desventajas geográficas (como por ejemplo, las islas); celebra, por consiguiente, todas las iniciativas destinadas a desarrollar el papel del transporte público, incluido el transporte por carretera, para favorecer las conexiones; subraya que la financiación pública de los aeropuertos regionales debe ser compatible con lo previsto en los artículos 106 y 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a las ayudas de Estado; estima que debería establecerse un régimen de sanciones a las compañías aéreas que abandonan antes de la fecha prevista aeropuertos regionales que reciben financiación;

3.  Solicita a la Comisión que revise la Decisión 2012/21/UE relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, mediante la cual se reduce a 200 000 pasajeros anuales el umbral por el que un aeropuerto puede recibir ayuda de Estado sin tener que notificárselo a la Comisión, teniendo en cuenta que las mencionadas Directrices comunitarias establecen que un aeropuerto puede resultar rentable con un tráfico de más de 500 000 pasajeros anuales;

4.  Considera que los aeropuertos regionales, habida cuenta de su impacto medioambiental y económico, deben contar con un apoyo adecuado de las autoridades nacionales y regionales, ser objeto de consultas a escala local y regional y, sobre la base de análisis de costes y beneficios, poder optar a financiación a los fondos de la UE, así como a otros instrumentos de ingeniería financiera de la UE dentro del nuevo marco de programación; recomienda que la Comisión tenga en cuenta las oportunidades que ofrecen los aeropuertos regionales a la red principal de transportes europea;

5.  Insta a que los criterios para la obtención de subvenciones y fondos públicos se regulen de forma clara y se definan de manera transparente;

6.  Pide a la Comisión que adopte un enfoque equilibrado en las futuras revisiones de las directrices sobre la aviación con miras a un desarrollo viable social y económicamente de los servicios aéreos regionales, tomando en consideración el desarrollo de las infraestructuras necesarias para asegurar la intermodalidad, velando por la posibilidad de acceso a estos servicios por parte de los ciudadanos de la UE y teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

7.  Pide a la Comisión que, en su apoyo al desarrollo de aeropuertos regionales y la construcción de nuevos aeropuertos regionales ‐en especial en los países cuyos aeropuertos nacionales están situados en zonas remotas‐, preste una atención especial al desarrollo territorial equilibrado de las regiones de los niveles I y II de la Nomenclatura de unidades estadísticas territoriales (NUTS), con el fin de garantizar la innovación y la competitividad en regiones muy alejadas de la capital y que no disfrutan de un buen acceso al transporte y de facilitar el desarrollo de auténticos centros económicos y de transporte;

8.  Destaca que un desarrollo adecuado de los aeropuertos regionales contribuye al desarrollo paralelo del sector turístico, de vital importancia para muchas regiones europeas;

9.  Señala que el turismo está demostrando tener su capacidad de resistencia y de recuperación ante la crisis económica, y que debe dedicarse una atención especial a cualquier elemento de la política económica o cualquier decisión que puedan apoyar el turismo o impulsarlo, como el transporte aéreo y los proyectos de infraestructuras aeroportuarias;

10.  Subraya que algunos aeropuertos regionales solo están operativos durante las temporadas de afluencia masiva de turistas, lo que frecuentemente supone un problema de organización añadido, costes unitarios superiores, etc.; pide a la Comisión que tenga en cuenta la naturaleza y los problemas específicos de estos aeropuertos regionales de temporada en la adopción de nueva legislación relativa al sector;

11.  Subraya que los aeropuertos regionales son cada vez más importantes para las compañías de vuelos chárter y las compañías de bajo coste; destaca que, actualmente, la característica principal de las compañías de vuelos chárter es su actividad como operadores de larga distancia a destinos vacacionales, con un espacio entre asientos y un servicio a bordo inferior a los de las aerolíneas clásicas de vuelos regulares, que a menudo operen desde aeropuertos regionales que no pueden ofrecer un servicio regular, y que ofrezcan vuelos que no sufren la competencia de las aerolíneas de bajo coste con su flota de corta distancia; recuerda que las aeronaves de fuselaje estrecho se ven favorecidas en las rutas de corta distancia, sobre todo allí donde las compañías de servicio aéreo regular sirven a aeropuertos principales (aeropuertos «hub») desde aeropuertos regionales y mediante aerolíneas de bajo coste;

12.  Pide a la Comisión que garantice la aplicación correcta de la legislación europea y nacional en materia de condiciones sociales y laborales en las compañías aéreas, a fin de que el personal contratado en un aeropuerto regional no sea víctima de dumping social y para que pueda garantizarse la competencia leal y la igualdad de condiciones en el sector de la aviación; pide que el personal aeroportuario disfrute de condiciones contractuales dignas, particularmente en lo que se refiere a los aeropuertos cuyo tráfico proviene en su mayor parte de compañías de bajo coste;

13.  Manifiesta su preocupación ante la degradación de la calidad del servicio a los pasajeros y el deterioro de las condiciones de trabajo del personal que se derivan de determinadas prácticas de compañías aéreas de bajo coste que suelen operar desde aeropuertos regionales; expresa su preocupación ante restricciones como la «pieza de equipaje única» y otras impuestas al equipaje de cabina por determinadas líneas aéreas en el contexto de la práctica comercial agresiva de algunas líneas de bajo coste que operan desde aeropuertos regionales y se aprovechan de su posición dominante, en vista de que las actividades comerciales son una importante fuente de ingresos para los aeropuertos regionales; considera que estas prácticas suponen una violación del Derecho de competencia y cree que estas restricciones pueden constituir un abuso de posición dominante por parte de las líneas aéreas; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que impongan a las líneas aéreas unos límites superiores comunes en lo relativo a estas restricciones y considera que los controles aplicables por las restricciones del peso y las dimensiones del equipaje deben efectuarse antes de la llegada a la puerta de embarque;

14.  Pide que se consideren las compras al por menor en los aeropuertos como «artículos esenciales», como ya ocurre con artículos como los abrigos; aplaude la decisión española de prohibir en su territorio las prácticas mencionadas en el apartado 13(3), y pide a la Comisión que considere la introducción de una medida similar para todos los servicios aéreos que partan de Europa;

15.  Estima que el transporte de mercancías es un factor positivo para los aeropuertos regionales a la hora de generar desarrollo y crear empleo, también a través de la puesta en marcha de servicios terrestres inducidos y la creación de empresas vinculadas al aeropuerto regional; pide a la Comisión que elabore una estrategia que promueva el transporte de mercancías y facilite la cooperación entre aeropuertos regionales vecinos;

16.  Insta a las autoridades de los Estados miembros a que propongan planes de desarrollo de los aeropuertos regionales existentes y a que los hagan más eficientes;

17.  Cree que los aeropuertos regionales no deberían ser instrumentos que aumenten el déficit público, sino que, por regla general, deberían ser sostenibles económicamente a medio plazo;

Medio ambiente e innovación

18.  Urge a la Comisión y a los Estados miembros a que aceleren el desarrollo de la empresa conjunta que llevará a cabo la nueva generación del sistema europeo de gestión del tráfico aéreo (SESAR), la iniciativa Clean Sky y la aplicación de la legislación del Cielo Único Europeo; subraya que, con el trabajo de la SESAR y gracias al importante papel del Sistema Europeo de Navegación por Complemento Geoestacionario (EGNOS), los aeropuertos regionales se beneficiarán de proyectos como torres de control remoto, gestión de la velocidad y la congestión y mejores procedimientos operativos;

19.  Reconoce que la gestión de la capacidad no es la misma en los aeropuertos coordinados que en los no coordinados; opina que hay bastante capacidad disponible que se puede utilizar en muchos aeropuertos regionales y que, si se utilizara, se podrían reducir la congestión y la saturación de los aeropuertos principales y, además, se reduciría el impacto medioambiental; reconoce que unas buenas conexiones entre aeropuertos principales y aeropuertos regionales próximos pueden ayudar a reducir la congestión;

20.  Destaca el papel que desempeñan los aeropuertos regionales como motor para el desarrollo de agrupaciones de innovación al reducir los costes que la ubicación entraña para las empresas de nueva creación, especialmente en regiones geográficas remotas;

21.  Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que, aparte de las consideraciones de índole económico-financiera, también tengan en cuenta los factores medioambientales, territoriales, geológicos y meteorológicos, así como otros criterios racionales, cuando decidan dónde situar aeropuertos y cuando haya que renovar o ampliar instalaciones de aeropuertos regionales; subraya al mismo tiempo la importancia de utilizar y modernizar las estructuras ya existentes antes de construir otras nuevas;

Congestión y multimodalidad

22.  Subraya que estudios recientes afirman que las regiones europeas están perdiendo conexiones directas a algunos de los aeropuertos más congestionados, y lamenta que los estudios elaborados por la Comisión Europea solo se dediquen a los aeropuertos principales; propone, por consiguiente, que los futuros estudios abarquen también los aeropuertos regionales y, entre tanto, anima a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan la conexión entre aeropuertos regionales y aeropuertos principales de los Estados miembros, lo que contribuye a impulsar la economía en torno a los aeropuertos regionales y a la vez ofrece una solución al problema de la congestión del tráfico aéreo en Europa;

23.  Insta a todos los partidos e instituciones que participan en la revisión del Reglamento (CEE) nº 95/93 (modificado por el Reglamento (CE) nº 793/2004) a que se centren en proporcionar mayor capacidad a los aeropuertos y no en fijar unos precios para los servicios aéreos regionales que terminen por expulsarlos del mercado; considera esencial que los aeropuertos regionales tengan acceso a los aeropuertos principales, y opina que esto debe considerarse durante la revisión del Reglamento (CEE) nº 95/93, sobre todo en el contexto de los planes para el mercado secundario de franjas horarias y la prevista introducción gradual de mecanismos de mercado, incluido el mercado primario, que podría suponer la desaparición de conexiones entre aeropuertos regionales y aeropuertos principales;

24.  Pide a la Comisión que actúe de manera racional en el ámbito de la reglamentación administrativa y las normativas legales referentes a la gestión de franjas horarias en los aeropuertos regionales, cuya ausencia podría dar lugar a limitaciones de la red; pide a la Comisión, habida cuenta de que los aeropuertos principales («hubs») están próximos a su capacidad máxima, que elabore una estrategia para la asignación de franjas horarias de aeropuertos regionales con objeto de atraer nuevas compañías aéreas y fomentar la competencia, la descongestión de los aeropuertos principales y el desarrollo de los aeropuertos regionales;

25.  Lamenta que, con frecuencia, los aeropuertos regionales que se encuentran lejos de los centros urbanos no estén debidamente conectados a la red de transporte terrestre; pide a los Estados miembros que desarrollen sus políticas de intermodalidad y que inviertan en estas conexiones intermodales de importancia estratégica, por ejemplo, las conexiones con la red de ferrocarriles, pues la interconexión de los aeropuertos regionales con otras partes de la red de transportes, incluidos otros aeropuertos, dará lugar a un mayor uso de los aeropuertos regionales cuando los aeropuertos principales («hubs») sufran problemas de congestión;

26.  Subraya que la falta de una actuación decidida para mejorar la accesibilidad de los aeropuertos regionales mediante una comunicación apropiada con los centros urbanos, entre otros medios, con inversiones en infraestructuras de transporte, está frenando el desarrollo económico y social de las regiones;

27.  Subraya la necesidad de una mejor integración entre los modos de transporte; insta a la Comisión a que presente una comunicación que anime al sector a desarrollar un transporte multimodal mediante billetes combinados de tren y avión; señala que ya están en funcionamiento programas de este tipo en determinados Estados miembros, por lo que insta a todas las partes a intercambiar mejores prácticas en este ámbito;

28.  Constata la necesidad urgente de garantizar capacidad aeroportuaria en la Unión Europea para no perder competitividad frente a otras regiones en crecimiento y evitar de este modo el desplazamiento del tráfico hacia regiones vecinas; considera que los aeropuertos regionales pueden ayudar a descongestionar los aeropuertos principales de Europa y a que mantengan una posición de liderazgo;

29.  Subraya que los planes de desarrollo de la red de los sectores ferroviario y de la carretera deberían tener en cuenta la ubicación de los aeropuertos a fin de incluirlos en las redes de transporte terrestre de nueva construcción; subraya la necesidad de establecer redes de aeropuertos regionales basadas en conexiones integradas con los aeropuertos principales, a fin de mejorar la movilidad de los pasajeros y racionalizar el transporte de mercancías;

30.  Señala que una red de aeropuertos regionales bien desarrollada mejoraría también la seguridad de los pasajeros, garantizando, entre otras cosas, la disponibilidad de una red de aeropuertos de emergencia o alternativos para el caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas o se produzcan otras eventualidades;

31.  Considera fundamental incorporar la especialización en el transporte de mercancías como un elemento imprescindible que contribuirá a la ordenación del mapa aeroportuario y optimizar la utilización de las infraestructuras disponibles; señala que una aplicación adecuada de este principio, junto con la gestión adecuada de las franjas horarias para segmentar los tráficos de pasajeros y de mercancías, debe contribuir a evitar la saturación de los aeropuertos principales; destaca la importancia del papel de los aeropuertos regionales en esta estrategia;

La red transeuropea de transportes (RTE-T)

32.  Considera que el papel que desempeñan los aeropuertos regionales es esencial para la cohesión territorial y el desarrollo social y económico de las regiones, especialmente en las que carecen de otras formas de transporte; pide, por consiguiente, que los aeropuertos regionales sean tenidos en cuenta en la futura política de redes transeuropeas de transporte; cree firmemente, asimismo que se deberían incluir en las consideraciones para la planificación de la RTE-T los aeropuertos regionales importantes, con un buen nivel de tráfico aéreo durante todo el año, que aportan una contribución demostrable al desarrollo económico, a la revitalización de la industria y al empleo en su región, sobre todo los que dispongan de un gran volumen de conectividad con terceros países y tráfico intraeuropeo y contribuyan al carácter multimodal del transporte en su región, y asimismo los aeropuertos regionales que puedan servir para aliviar la congestión;

33.  Hace hincapié en que los aeropuertos regionales de regiones transfronterizas y los que estén situados muy próximos entre sí deberían cooperar y coordinarse para el uso de las capacidades existentes, como condición previa para la cofinanciación comunitaria por parte de la RTE-T y los fondos regional y de cohesión;

34.  Cree que, como parte de la RTE-T, los aeropuertos regionales podrían desempeñar un papel destacado en la creación de una Zona Común Europea de Aviación más amplia, que abarque a 1 000 millones de personas en la UE y los países vecinos, en consonancia con la Comunicación de la Comisión COM(2011)0415;

35.  Lamenta que la Comisión no haya atendido la petición del Parlamento y del Consejo recogida en el artículo 10, apartado 4, de la Decisión 884/2004/CE de conectar los aeropuertos regionales a la red, sobre todo en vista de la necesidad de garantizar, junto con el desarrollo de servicios ferroviarios, el transporte aéreo en las regiones de Europa, puesto que el transporte aéreo, en determinadas circunstancias, puede llegar más lejos y servir a mercados más pequeños de forma más eficiente en términos de tiempo, coste e impacto medioambiental; señala, pues, la gran importancia de conectar los servicios ferroviarios, especialmente los de alta velocidad y larga distancia, con los aeropuertos;

36.  Cree que una mayor inclusión de aeropuertos en las nuevas directrices de la RTE-T facilitará el acceso a financiación privada de proyectos de infraestructura aeroportuaria y enviará un mensaje positivo a los mercados de capitales; pide a la Comisión que, durante la revisión de la RTE-T, reconozca la relación vital entre los servicios aéreos regionales y la regeneración económica;

Protección

37.  Subraya que el coste de aplicar las medidas de protección en los aeropuertos regionales más pequeños es proporcionalmente más elevado que en los grandes aeropuertos, que se benefician de las economías de escala; cree sin embargo, que una posible propuesta referente a la financiación de las medidas de protección no puede alterar la competencia entre aeropuertos o entre grupos de aeropuertos;

38.  Recuerda que la Directiva relativa a las tasas aeroportuarias(4) solo se aplica a aeropuertos con más de 5 millones de pasajeros o al aeropuerto más grande de cada Estado miembro de la UE; cree que la evaluación de impacto referente a aeropuertos pequeños y medianos debería ser central en cualquier revisión de las directivas pertinentes;

39.  Insta al Consejo a que adopte una posición con respecto a las tasas de protección de la aviación, y cree que el Estado miembro de que se trate debería financiar con los ingresos fiscales unas medidas de protección más estrictas, ya que la protección de la aviación es una cuestión de seguridad nacional; hace hincapié en que deberían aplicarse normas similares a todos los demás modos de transporte, a fin de garantizar una competencia leal;

40.  Reconoce la necesidad de que haya equipos de control de LAG (líquidos, aerosoles y geles) fiables que garanticen una alta probabilidad de detección de una amplia gama de explosivos líquidos, e insta a la Comisión a que tenga en cuenta las consecuencias que comporta para los aeropuertos regionales el atenerse a los futuros requisitos para el control de LAG;

41.  Llama la atención sobre el impacto de las nuevas reglamentaciones para el transporte de mercancías por vía aérea, y recuerda especialmente que muchos de los aeropuertos regionales dependen del transporte de carga; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que estudien las consecuencias económicas de estas reglamentaciones con el fin de garantizar que los transportistas no trasladen sus operaciones fuera de la UE;

Transparencia

42.  Propone que las compañías ofrezcan a todos los residentes de todos los Estados miembros una opción de pago con tarjeta de crédito o de débito sin cargo alguno, y recomienda además que esta tarjeta no suponga ninguna tasa mensual ni de gestión, aunque la ofrezca una empresa independiente de la compañía aérea, y que en los casos en los que las compañías aéreas hagan que la gran mayoría de sus pasajeros abone una tasa adicional en relación con el pago, se prohíba dicha tasa y se considere un coste ineludible, por lo que debe formar parte del precio total;

43.  Señala que, aunque la bodega de algunos aviones pueda ser de capacidad reducida, no hay unas directrices comunes sobre el tamaño y el peso del equipaje de mano o facturado en los vuelos de la UE; sugiere que la Comisión anime al sector a fijar unos límites máximos comunes para las restricciones, porque esto aportará mayor certidumbre a los pasajeros; cree que, para que una disposición de este tipo funcione en el mercado mundial, la OACI ha de participar en el proceso;

44.  Señala que determinadas líneas aéreas cargan unas tasas por el equipaje facturado que a menudo parecen desmesuradas e insta a la Comisión a que investigue estas prácticas desde la perspectiva de las mencionadas en el apartado 13 y de una política de precios justa y clara;

45.  Propone que se limite el importe que cobran las líneas aéreas por exceso y por sobrepeso de equipaje;

Accesibilidad

46.  Insta a las sociedades gestoras de los aeropuertos regionales a acometer las modificaciones de la estructura necesarias para acoger a las personas con discapacidad con el fin de permitirles acceder sin recibir asistencia a las diferentes zonas aeroportuarias y el uso de todos los servicios sin dificultades;

47.  Subraya que los aeropuertos regionales, por el menor tamaño de sus terminales, por su carácter compacto y por su organización, representan un valor añadido para los pasajeros con movilidad reducida, los pasajeros que viajan en familia, etc.; pide a la Comisión, a los aeropuertos y a otras partes interesadas que tomen como ejemplo el diseño y la construcción de las terminales más accesibles y más acogedoras para los pasajeros;

o
o   o

48.  Encarga a su Presidente que remita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 312 de 9.12.2005, p. 1. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0250. (3) Ley 1/2011, de 4 de marzo de 2011, por la que se establece el Programa Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación Civil y se modifica la Ley 21/2003, de 7 de julio de 2003, de Seguridad Aérea. (4) Directiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativa a las tasas aeroportuarias

1.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

P7_TA(2012)0153 A7-0098/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(1),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(2),

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2011, titulada «Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010» (COM(2011)0323),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones(3), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(4),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea correspondiente al ejercicio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(5), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas, y en su Resolución, de 10 de mayo de 2012, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2010(6);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y las Resoluciones que forman parte integrante de la misma al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(7),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(8),

–  Vistas las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2010,

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Agencia(9),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(10),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(11), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(12), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,

–  Visto el Reglamento (CE) n ° 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(13), en particular los apartados 1 y 2 de su artículo 66,

–  Vista la Decisión 2005/56/CE de la Comisión, de 14 de enero de 2005, por la que se establece la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia educativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo(14),

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

1.  Aprueba la gestión del Director de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, junto con la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones, al Director de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(15),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(16),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación relativas al ejercicio 2010,

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Vistos el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación correspondientes al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Agencia(17),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(18),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(19), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(20), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,

–  Visto el Reglamento (CE) n ° 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(21), en particular los apartados 1 y 2 de su artículo 66,

–  Vista la Decisión 2004/20/CE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, por la que se establece una agencia ejecutiva, denominada «Agencia ejecutiva de energía inteligente», encargada de la gestión de la acción comunitaria en el ámbito de la energía en aplicación del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo(22),

–  Vista la Decisión 2007/372/CE de la Comisión, de 31 de mayo de 2007, por la que se modifica la Decisión 2004/20/CE con objeto de transformar la Agencia Ejecutiva de Energía Inteligente en la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación(23),

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

1.  Aprueba la gestión del Director de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, junto con la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones, al Director de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

4.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(24),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(25),

–  Vistas las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo relativas al ejercicio 2010,

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo correspondientes al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Agencia(26),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(27),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(28), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(29), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,

–  Visto el Reglamento (CE) n ° 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(30), en particular los apartados 1 y 2 de su artículo 66,

–  Vista la Decisión 2004/858/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 2004, por la que se crea una agencia ejecutiva, denominada «Agencia ejecutiva para el programa de salud pública», encargada de la gestión de la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública, en aplicación del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo(31),

–  Vista la Decisión 2008/544/CE de la Comisión, de 20 junio 2008, por la que se modifica la Decisión 2004/858/CE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública» en la «Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo»(32),

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

1.  Aprueba la gestión del Director de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, junto con la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones, al Director de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

5.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(33),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(34),

–  Vistas las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2010,

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación correspondientes al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Agencia(35),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(36),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(37), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(38), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,

–  Visto el Reglamento (CE) n ° 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(39), en particular los apartados 1 y 2 de su artículo 66,

–  Vista la Decisión 2008/37/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2007, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para la gestión del programa específico comunitario «Ideas» en el campo de la investigación en las fronteras del conocimiento en aplicación del Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo(40),

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

1.  Aprueba la gestión del Director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, junto con la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones, al Director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

6.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(41),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(42),

–  Vistas las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2010,

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación correspondientes al ejercicio 2010, acompañado de la respuesta de la Agencia(43),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(44),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(45), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(46), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,

–  Visto el Reglamento (CE) n ° 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(47), en particular los apartados 1 y 2 de su artículo 66,

–  Vista la Decisión 2008/46/CE de la Comisión, de 14 de diciembre de 2007, por la que se crea una Agencia Ejecutiva de Investigación para la gestión de determinados campos de los programas específicos comunitarios «Personas», «Capacidades» y «Cooperación» en el ámbito de la investigación en aplicación del Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo(48),

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

1.  Aprueba la gestión del Director de la Agencia Ejecutiva de Investigación en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, junto con la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones, al Director de la Agencia Ejecutiva de Investigación, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

7.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(49),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(50),

–  Vistas las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte relativas al ejercicio 2010,

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte correspondientes al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Agencia(51),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(52),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(53), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(54), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 14,

–  Visto el Reglamento (CE) n ° 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n° 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(55), en particular los apartados 1 y 2 de su artículo 66,

–  Vista la Decisión 2007/60/CE de la Comisión, de 26 de octubre de 2006, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte en aplicación del Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo(56),

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

1.  Aprueba la gestión del Director de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, junto con la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones, al Director de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

8.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre el cierre de las cuentas relativas a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(57),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(58),

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2011, titulada «Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010» (COM(2011)0323),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones(59), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(60),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vista la Recomendación del Consejo de 21 de febrero de 2012 sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(61), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(62), y, en particular, su artículo 14, apartados 2 y 3,

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión presentará las cuentas relativas a las operaciones del presupuesto y elaborará un balance financiero del activo y el pasivo de la Unión,

1.  Aprueba el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas, y en su Resolución, de 10 de mayo de 2012, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2010(63);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

9.Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, que contiene las observaciones que forman parte integrante de sus decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas (COM(2011)0473 – C7-0256/2011 – 2011/2201(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(64),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(65),

–  Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 (COM(2011)0736) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe (SEC(2011)1350 y SEC(2011)1351),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2011, titulada «Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010» (COM(2011)0323),

–  Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 (COM(2011)0643) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe (SEC(2011)1189),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas (Informe anual)(66), así como los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(67),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 (06084/2012 – C7-0052/2012), y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(68), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(69), y, en particular, su artículo 14, apartados 2 y 3,

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

A.  Considerando que Europa se enfrenta a una grave crisis presupuestaria y financiera que puede abocar a una crisis de confianza en la Unión y considerando que reviste una importancia vital que la Unión sea un paradigma de buena gestión pública, a través de la Comisión, que ejecuta el presupuesto de la Unión; considerando que la buena gestión pública es necesaria para que la Unión conserve su calificación AAA, que es importante, en especial si la Unión quiere cumplir su compromiso de dotar de 60 000 millones EUR en garantías al Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera;

B.  Considerando que 2010 fue el primer ejercicio completo bajo el Tratado de Lisboa, con nuevos procedimientos presupuestarios y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y de la Presidencia del Consejo Europeo en paralelo a la Presidencia rotatoria del Consejo; considerando que también fue el primer año de la nueva Estrategia Europa 2020;

C.  Considerando que la buena gobernanza requiere que los objetivos políticos se establezcan antes de la aprobación de los instrumentos jurídicos para alcanzar esos objetivos y que deben modificarse los instrumentos jurídicos vigentes que no estén en plena consonancia con los objetivos políticos;

D.  Considerando que cuando se trata de fondos públicos deben existir sistemas adecuados de transparencia, rendición pública de cuentas y auditoría pública; que por décimo séptimo año consecutivo, el Tribunal de Cuentas no ha podido emitir una declaración de fiabilidad positiva respecto del presupuesto de la Unión;

E.  Considerando que el artículo 287, apartado 1, párrafo segundo, del TFUE exige al Tribunal de Cuentas que presente al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, y establece asimismo que dicha declaración puede completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad de la Unión;

F.  Considerando que más del 90 % de todos los errores se detectan fuera de la Comisión, en concreto en el plano de las autoridades de los Estados miembros y en el de los beneficiarios finales (Informe anual, apartado 1.22);

G.  Considerando que, en la mayoría de los casos en que se detectaron errores en el ámbito de la cohesión, las autoridades de los Estados miembros disponían de suficiente información para detectar y corregir los errores antes de certificar el gasto a la Comisión (Informe anual, apartado 4.25);

H.  Considerando que, para no tener que imponer nuevas cargas a todos los Estados miembros, es preciso distinguir entre las autoridades nacionales que han establecido sistemas de supervisión y control eficientes y las que son responsables de sistemas que solo funcionan parcialmente;

I.  Considerando que la falta de genuino interés por parte de los Estados miembros en el procedimiento de aprobación de la gestión puede deberse al insuficiente esfuerzo de la Comisión por indicar de forma pública, clara, inequívoca y motivada los Estados miembros, las regiones y los programas cuya gestión de los fondos de la Unión es insatisfactoria;

J.  Considerando que las declaraciones nacionales de gestión obligatorias, emitidas y firmadas a nivel ministerial y debidamente auditadas por un auditor independiente, son un instrumento necesario para contrarrestar la falta de responsabilidad de algunas autoridades nacionales en materia de uso y gestión del dinero de la Unión;

K.  Considerando que el incremento en el uso de la prefinanciación por parte de la Comisión tiene consecuencias para el enfoque de las auditorías del Tribunal de Cuentas y considerando que este Tribunal podría adaptar su metodología a las nuevas circunstancias para garantizar la utilidad de su información para la autoridad encargada de la aprobación de la gestión;

L.  Considerando que la Unión necesita más que nunca un órgano de auditoría realmente externo que sea fuerte, independiente y eficaz, lo que implica, obviamente, que, por respeto a los contribuyentes, los miembros del Tribunal de Cuentas no deberían ser nunca elegidos por motivos políticos, sino únicamente por motivos profesionales;

M.  Considerando que el uso de instrumentos financieros innovadores y complejos debe llevar como contrapeso una transparencia completa, incluida la publicación de datos exhaustivos sobre todos los beneficiarios finales, y normas claras sobre la aportación de información con el fin de excluir todo riesgo para el presupuesto y el buen nombre de la Unión;

N.  Considerando que los Estados miembros deben cooperar con la Comisión para garantizar que la utilización de los créditos se atenga a los principios de buena gestión financiera;

O.  Considerando que los Estados miembros, aun cuando su estructura sea federal, son responsables frente al mundo exterior y a la Unión;

P.  Considerando que deben abordarse mejor las cuestiones de la conformidad y los resultados para reforzar la legitimidad de la Unión;

Q.  Considerando que el desarrollo continuo durante años de la declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas ha servido para identificar ámbitos en los que la gestión de los Estados miembros y de la Comisión tiene que mejorar;

R.  Considerando que el Tribunal de Cuentas no ha podido, una vez más, emitir una declaración de fiabilidad positiva sobre la legalidad y regularidad de los pagos ejecución del presupuesto, lo cual es lamentable;

Acciones prioritarias para la Comisión

1.  Solicita a la Comisión que presente al Parlamento un plan de acción para la realización de las siguientes acciones prioritarias:

La declaración de fiabilidad del Tribunal de Cuentas
Cuentas: opinión favorable

2.  Toma nota de que las cuentas anuales de la Unión correspondientes al ejercicio 2010 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación de la Unión a 31 de diciembre de 2010, y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería al término del ejercicio;

3.  Toma nota del énfasis hecho sobre un cambio de la política contable de la Comisión en lo que atañe a los instrumentos de ingeniería financiera, que muestra que siguen existiendo riesgos de que se produzcan inexactitudes significativas, a pesar que las cuentas hayan recibido una opinión no modificada desde 2007; pide a la Comisión que revise anualmente si el nuevo tratamiento que se ha adoptado refleja fielmente la realidad subyacente;

Legalidad y regularidad de los ingresos: opinión favorable

4.  Observa con satisfacción que los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

Legalidad y regularidad de los compromisos: opinión favorable

5.  Observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

Legalidad y regularidad de los pagos: opinión desfavorable

6.  Lamenta profundamente que los pagos sigan adoleciendo de errores significativos;

7.  Infiere que la opinión desfavorable del Tribunal de Cuentas se basa en la observación de que los sistemas de supervisión y control solo son parcialmente eficaces y de que, a consecuencia de ello, los pagos adolecen de un porcentaje de error más probable que se estima en un 3,7 %;

8.  Recuerda que el porcentaje de error más probable en los pagos del ejercicio 2009 se estimó en un 3,3 %;

9.  Muestra su preocupación por este incremento porque invierte la tendencia positiva observada en los años anteriores; pide a la Comisión que consiga una tendencia de reducción coherente del porcentaje de error, como se pedía en anteriores informes de aprobación de la gestión;

10.  Atribuye esta evolución principalmente al aumento del porcentaje de error más probable en el ámbito de la cohesión, la energía y el transporte, que presentó un incremento significativo hasta el 7,7 %;

Cuestiones horizontales
Instrumentos de ingeniería financiera

11.  Recuerda que la Comisión promueve un mayor uso de los instrumentos de ingeniería financiera para el próximo marco financiero plurianual(70), a pesar de que ella misma considera que estos instrumentos entrañan un riesgo elevado(71); comprende que los instrumentos de ingeniería financiera no sustituyen sino que complementan la financiación existente de las subvenciones y que ofrecen potencialmente la ventaja de poderse utilizar más de una vez;

12.  Expresa su profunda preocupación por la falta de información sobre la aplicación de los actuales instrumentos de ingeniería financiera, que parece afectar a todos los ámbitos (Informe anual, apartados 1.31 y 1.33);

13.  Lamenta la falta de requisitos formales de presentación de informes y reconoce los esfuerzos de la Comisión por recibir información sobre el uso actual de instrumentos de ingeniería financiera de los Estados miembros en el contexto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER); acoge con satisfacción el informe de síntesis elaborado por la Comisión sobre «Instrumentos de ingeniería financiera aplicados por los Estados miembros con contribuciones FECER - Situación a 31 de diciembre de 2010» (informe de síntesis sobre los instrumentos de ingeniería financiera) presentado a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; observa que al concluir 2010 se habían creado instrumentos de ingeniería financiera que comprometían en total unos 8 100 000 000 EUR y que habían recibido pagos de aproximadamente 5 200 000 000 EUR de los programas operativos de 2007-2013 (Informe anual, apartado 4.32);

14.  Lamenta que la Comisión solo haya recibido información sobre aproximadamente el 75 % de las contribuciones totales comprometidas a los instrumentos de ingeniería financiera para las empresas(72); muestra su preocupación por el hecho de que la información recibida de los Estados miembros difiriera en su exhaustividad y exactitud y de que un número reducido de Estados miembros o regiones no aportaran información o no cumplimentaran los modelos de presentación de información para fines de seguimiento; comprende que esta circunstancia impida a la Comisión cubrir todos los instrumentos de ingeniería financiera a 31 de diciembre de 2010;

15.  Destaca que:

16.  Observa y lamenta las observaciones del Tribunal de Cuentas, principalmente en el ámbito de la cohesión, como las dotaciones excesivas a los instrumentos de ingeniería financiera que eluden la regla n+2 (Informe anual, ejemplo 4.4, letra a)), los retrasos o la lenta aplicación de estos instrumentos (Informe anual, ejemplo 4.4, letra b)), las disposiciones irregulares sobre liquidación (Informe anual, ejemplo 4.4, letra c)), las contribuciones financieras pagadas como anticipos tan pronto como se establece la estructura jurídica del instrumento de ingeniería financiera (Informe anual, apartado 4.34) y los problemas para realizar auditorías adecuadas sobre estos instrumentos (Informe anual, apartados 4.35 y 4.36);

17.  Considera que esas observaciones se basan en un fundamento jurídico deficiente de los instrumentos de ingeniería financiera; expresa su preocupación por el hecho de que las normas aplicables a estos instrumentos no establezcan incentivos apropiados para que se utilicen de manera eficaz; muestra su preocupación asimismo por el hecho de que dejen demasiada flexibilidad a los Estados miembros; celebra, no obstante, las recientes mejoras en el desarrollo de un fundamento jurídico para los instrumentos de ingeniería financiera; destaca las siguientes deficiencias principales del fundamento jurídico, que a la sazón era un Reglamento del Consejo(76):

18.  Coincide con el Tribunal de Cuentas cuando considera que los recursos revertibles a los instrumentos financieros y los ingresos generados por ellos no tendrían que reorientarse a ninguna finalidad antes del cierre del programa operativo, sino revertirse a los instrumentos financieros correspondientes (Tribunal de Cuentas, Dictamen 7/2011, página 11(77)); espera que se tenga en cuenta seriamente la presente Recomendación en el procedimiento legislativo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los instrumentos estructurales COM(2011)0615 – 2011/0276(COD));

19.  Manifiesta su satisfacción por el hecho de que los artículos 130 y 131 de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión (COM(2010)0815 - 2010/0395(COD)) permitirán establecer la duración de los instrumentos financieros; pide a la Comisión un resumen de las medidas que puedan prevenir riesgos para el presupuesto de la Unión derivados de los instrumentos de ingeniería financiera;

20.  Observa que los instrumentos de ingeniería financiera también están presentes en otros ámbitos; observa el riesgo de solapamientos e incoherencias en la aplicación de estos instrumentos si no existe una coordinación adecuada; invita, por tanto, al Tribunal de Cuentas a auditar horizontalmente los instrumentos de ingeniería financiera en todos los ámbitos;

21.  Solicita a la Comisión que dé al seguimiento del uso de los instrumentos de ingeniería financiera la consideración de acción prioritaria, entre otras actuaciones:

Responsabilidad y tomas de posición de la Comisión

22.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 317 del TFUE, la Comisión Europea ejecuta el presupuesto de la Unión bajo su propia responsabilidad; recalca que, cuando la Comisión ejecuta el presupuesto mediante gestión compartida, se deben delegar en los Estados miembros las competencias de ejecución, de conformidad con el artículo 53 ter del Reglamento financiero;

23.  Vuelve a destacar(78) que, por consiguiente, la Comisión tiene la responsabilidad primordial en la gestión de los fondos de la Unión de que se trate y, en consecuencia, la Comisión está obligada a tomar medidas que estén destinadas a garantizar la legalidad y la regularidad, así como la correcta gestión financiera;

24.  Pone de relieve que la Comisión no puede trasladar su responsabilidad financiera a los Estados miembros, ni siquiera cuando se haya detectado una deficiencia o irregularidad de gestión en un Estado miembro;

25.  Considera que, para que la expresión «gestión compartida» tenga sentido, esta debe basarse en el principio fundamental de que la Unión delega algunas de sus competencias en los Estados miembros y que los Estados miembros tienen la obligación de desempeñar su parte del trabajo de conformidad con los actos jurídicos de la Unión; pide la plena aplicación del apartado 44 del Acuerdo interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(79); considera que los resúmenes anuales de las auditorías y las declaraciones disponibles deben hacerse públicos, contribuyendo de este modo a mejorar la gestión del presupuesto de la Unión;

26.  Pone de relieve la estrecha relación entre la responsabilidad final de la Comisión en la ejecución del presupuesto y la importancia del procedimiento de aprobación de la gestión; destaca que la responsabilidad final de la Comisión por la ejecución del presupuesto también abarca las deficiencias en la gestión y los sistemas de control de los Estados miembros;

27.  Destaca que la responsabilidad financiera es y será indivisible y recuerda el artículo 53 ter, apartado 4, del Reglamento financiero, en el que se dispone que «para asegurarse de que los fondos se utilizan de conformidad con la normativa aplicable, la Comisión aplicará los procedimientos de liquidación de cuentas o los mecanismos de corrección financiera que le permitan asumir la responsabilidad final en la ejecución del presupuesto» (el subrayado es nuestro);

28.  Recalca, a este respecto, la importancia de las tomas de posición de la Comisión; toma nota, no obstante, de las observaciones generales del Tribunal de Cuentas sobre los informes anuales de actividad en el sentido de que no contienen orientaciones para la estimación del riesgo residual o porcentaje de error residual; toma nota además de que estos elementos han cobrado mayor importancia a la hora de determinar si una reserva es necesaria (Informe anual, apartados 1.19 y 1.20); muestra su preocupación por que esto da lugar a incoherencias de aplicación entre las Direcciones Generales;

29.  Toma nota, además, de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre los siguientes informes anuales de actividad:

30.  Recuerda a la Comisión que todas las reservas se incluyen en un anexo del informe de síntesis de la Comisión y subraya que, al adoptar el informe de síntesis, la Comisión «asume una responsabilidad política general respecto de la gestión realizada por sus Directores Generales y Jefes de Servicio, sobre la base de las garantías y las reservas formuladas por estos en sus informes anuales de actividad (IAA)»(80);

31.  Destaca que, de este modo, el Colegio de Comisarios asume la responsabilidad final de la fiabilidad e integridad de las reservas realizadas por los Directores Generales y los Jefes de Unidad en su calidad de «ordenadores delegados» y pone de relieve que el acto de delegación no excluye en absoluto la responsabilidad final del Colegio y de los Comisarios;

32.  Toma nota de las observaciones del Tribunal referidas a la opinión global del Auditor interno; considera que, sin una revisión sustancial para dar respuesta a las preocupaciones del Tribunal de Cuentas, la utilidad de la opinión global seguirá siendo reducida;

33.  Manifiesta su preocupación por las observaciones del Tribunal de Cuentas relativas a los informes anuales de actividad y el informe de síntesis (Informe anual, apartados 1.17 a 1.25); considera que hay que responder a estas observaciones sin demora para salvaguardar el valor de estos documentos como instrumentos de rendición de cuentas; reconoce, sin embargo, que el cálculo del porcentaje de error residual no es más que uno de los métodos que emplea la Comisión para estimar los importes en riesgo; pide a la Comisión que elabore orientaciones coherentes para su aplicación en todas las direcciones generales;

34.  Toma nota del Libro Verde de la Comisión sobre la normativa de gobierno corporativo de la UE(81) para el sector privado; toma nota asimismo de que la Comisión ha logrado grandes avances en el gobierno corporativo en la institución tras los acontecimientos que llevaron a la dimisión de la Comisión Santer en 1999;

35.  Toma nota del informe de gobierno corporativo de la Comisión de 30 de mayo de 2007, que se refiere al funcionamiento interno de la Comisión y expone los mecanismos de dirección y control y su relación con las partes interesadas; alienta a la Comisión a mejorar aún más su gobierno corporativo y a informar a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de las actuaciones y medidas que se tomen;

36.  Solicita a la Comisión que dé a la mejora y fortalecimiento de la cadena de responsabilidad la consideración de acción prioritaria, entre otras actuaciones:

Escuelas Europeas

37.  Lamenta que a pesar de los considerables recursos presupuestarios previstos para las escuelas europeas, estas sigan sin cumplir su principal misión ‐proporcionar plazas suficientes en las lenguas requeridas y cerca de los lugares de trabajo y residencia de los funcionarios‐, mientras que amplían sus actividades para incluir otros ámbitos de la educación;

38.  Reconoce que un problema esencial reside en las estructuras decisorias y de financiación del Convenio sobre las Escuelas Europeas; pide, por tanto, a la Comisión que explore con los Estados miembros una revisión de este Convenio, y que informe antes del 31 de diciembre de 2012 sobre los progresos realizados; pide a la Comisión que, hasta entonces, presione para aumentar los esfuerzos realizados para conseguir los mencionados objetivos mediante un mejor uso de los recursos presupuestarios disponibles;

Administración de la Comisión

39.  Pide a la Comisión que precise sus planes de relocalización, los costes correspondientes, el espacio de oficinas que se liberará y que se añadirá, y la cantidad de personal de cada Dirección General que se verá afectada;

40.  Pide a la Comisión que concluya sin dilación la reclasificación de todos los agentes temporales de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude con contrato indefinido, tal y como anunció el Comisario Šefčovič en el cuestionario dirigido a preparar la presente aprobación de la gestión(82);

41.  Señala que en 2010, durante el procedimiento para aprobar el horario flexible y el permiso compensatorio como prestación voluntaria, la Comisión autorizó aproximadamente 90 000 días adicionales de permiso para su personal, lo que equivale a unos 445 puestos, a pesar de que el artículo 56 del Estatuto de los funcionarios dispone que no se compensarán las horas extraordinarias de los funcionarios AD 5/AST 5; pide aclaraciones sobre el coste total que el permiso compensatorio supone para el contribuyente;

Responsabilidad de los Estados miembros

42.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 317 del TFUE, la Comisión Europea ejecuta el presupuesto de la Unión bajo su propia responsabilidad, pero también en cooperación con los Estados miembros;

43.  Destaca que dos de los ámbitos proclives a los mayores porcentajes de error («Cohesión, energía y transporte» y ' Agricultura y recursos naturales«) se administran mediante la gestión compartida, y lamenta que los porcentajes de error más probables estimados sean del 7,7 % y el 2,3 % respectivamente;

44.  Acoge con satisfacción, a este respecto, el análisis que la Comisión ha realizado de los errores referidos por el Tribunal de Cuentas en los ejercicios 2006 a 2009, en el que se pone de manifiesto, por primera vez, que, en el caso del FEDER y el Fondo de Cohesión, tres Estados miembros (España, Italia y el Reino Unido) han supuesto el 59 % de los errores cuantificables acumulados detectados en este período y que, en el caso del FSE, cuatro Estados miembros (España, Portugal, el Reino Unido y Alemania) están en el origen del 68 % de los errores cuantificables acumulados que se habían detectado en ese período en el ámbito de la política de cohesión(83); toma nota de que, en el caso del FEDER y el Fondo de Cohesión, la mayoría de los errores detectados en Italia procedían de las regiones de Calabria, Campania y Apulia y de que, de los errores detectados en España, el 75 % correspondían a un pequeño número de programas operativos en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha(84); deduce asimismo que España e Italia han contribuido significativamente al porcentaje de error del ejercicio 2010;

45.  Observa que los problemas en Italia en relación con el FEDER «se refieren a deficiencias sistémicas detectadas en el plano de las autoridades de auditoría y gestión» y a «la aplicación de normas de contratación pública y selección de proyectos, incluida la subvencionabilidad de proyectos retrospectivos»(85); observa asimismo que en España la fuente de los problemas reside en un complejo sistema de gestión y control que «puede conducir en la práctica a una división poco clara de responsabilidades y a una falta de eficacia en la supervisión por parte de la autoridad de gestión»(86);

46.  Recuerda que se invitó a los Ministros de Hacienda de Grecia, Italia y España a un intercambio de puntos de vista en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento; lamenta que ninguno de los Ministros de Hacienda invitados compareciera para debatir con los miembros de esa comisión las conclusiones del Tribunal de Cuentas con vistas a mejorar la gestión de los Fondos Estructurales y, en su caso, el fundamento jurídico; pide a su Presidente que durante la próxima reunión de Jefes de Estado mencione la negativa de dichos Ministros de Hacienda a debatir estos importantes asuntos en público con la comisión parlamentaria competente;

47.  Recuerda sus reiteradas invitaciones a la Comisión para que presentara una propuesta de creación de declaraciones nacionales de gestión obligatorias, emitidas, publicadas y debidamente auditadas por la autoridad auditora competente, como parte de la responsabilidad global y final de la Comisión en la ejecución del presupuesto de la Unión; señala que esas declaraciones deben contener información exhaustiva sobre el uso de los fondos de la Unión;

48.  Propone que el contenido de las declaraciones nacionales firmadas a nivel de dirección general deba cumplir las normas internacionales de auditoría, y que esas declaraciones deban ser usadas por el Tribunal de Cuentas en su labor de auditoría y basarse, en particular, en las declaraciones de las autoridades en las que se han delegado las competencias de gestión;

49.  Pone de relieve la existencia de diferencias considerables en la actuación administrativa de los Estados miembros en el ámbito de los ingresos y los gastos en la gestión compartida, especialmente por lo que se refiere a la detección de irregularidades, fraudes y errores y al seguimiento financiero tanto en el ámbito aduanero como en el gasto de los fondos de la Unión; considera que, si todos los Estados miembros actuaran correctamente, se podrían estimar en 100 millones EUR tan solo en el ámbito aduanero los ingresos adicionales para el presupuesto de la Unión; observa que hasta el momento la Comisión supervisa la actuación administrativa de modo reactivo y caso por caso y, por tanto, no realiza un análisis de tendencias suficiente para detectar los ámbitos de riesgo; pide a la Comisión que aplique el método de análisis de tendencias para detectar los riesgos financieros y que tome medidas para mejorar la actuación administrativa de los Estados miembros;

Bulgaria y Rumanía

50.  Toma nota con profunda preocupación del informe intermedio de la Comisión sobre los progresos de Bulgaria en el marco del mecanismo de cooperación y verificación; muestra su preocupación por la persistencia de la deplorable situación del sistema judicial búlgaro; observa que se siguen 27 procesos penales contra 28 jueces; pide precisiones sobre una serie de casos de supuesto fraude en Bulgaria en relación con los fondos de la Unión, que provocaron en 2008 una suspensión de pagos y en los que la fiscalía suspendió las investigaciones a pesar de que en otro Estado miembro se mantuvieron las investigaciones en casos similares por los mismos hechos; muestra su asombro por el hecho de que, en todos los casos de fraude relativos a fondos de la Unión que se han juzgado, el procesamiento penal fuera sustituido por multas administrativas, y que un importante asunto de fraude relativo a fondos de la Unión lleve un retraso de 18 meses en el procedimiento de apelación; lamenta asimismo que se hiciera caso omiso de la recomendación de la Comisión al no autorizarse a la Comisión Nacional de Identificación y Confiscación de Productos del Delito (CEPACA) que realizara una verificación proactiva del patrimonio de altos cargos y políticos importantes; muestra su preocupación por el hecho de que en Bulgaria no sea habitual la rápida publicación, de modo unificado y sistemático, de sentencias motivadas; pide a la Comisión que presione a las autoridades judiciales búlgaras para que redoblen sus esfuerzos de reforma y aplique las recomendaciones de la Comisión lo antes posible; pide a la Comisión, en este contexto, que haga pública la financiación que ha dedicado a apoyar los esfuerzos de reforma de Bulgaria y que evalúe la medida en que estos pagos han logrado los resultados prometidos; espera ver importantes mejoras en el próximo año, con nuevas consideraciones y el establecimiento de un grupo de acción y la adopción de una serie de medidas elaboradas por la Comisión en colaboración con el Gobierno búlgaro para restablecer la integridad del sistema judicial búlgaro;

51.  Toma nota con preocupación del informe intermedio de la Comisión sobre los progresos de Rumanía en el marco del mecanismo de cooperación y verificación; observa con satisfacción, sin embargo, la positiva tendencia al alza de los resultados de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) a la hora de perseguir casos de enriquecimiento injusto y de detectar conflictos de intereses; toma nota de que la financiación de la ANI se incrementó gracias a fondos de la Unión; muestra su preocupación, no obstante, por el hecho de que no exista un seguimiento uniforme de los casos de la ANI y de que este seguimiento suela demorarse; acoge con satisfacción el hecho de que la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) siga actuando como un servicio de persecución eficaz de los casos de corrupción de alto nivel; toma nota del incremento en 2011 del número de acusaciones, sentencias judiciales y condenas, y de la aceleración de casos en el Tribunal Supremo de Casación y Justicia, que se refleja en el aumento del 85 % del número de sentencias finales dictadas en casos de la DNA en comparación con 2011(87); muestra su preocupación por los resultados de los análisis de las sentencias en casos de corrupción de alto nivel, que muestran que el 60 % de las condenas son de carácter condicional y que las penas suelen situarse en los niveles mínimos previstos por la ley; expresa su sorpresa por la práctica insatisfactoria en relación con la rápida publicación de sentencias motivadas, lo que fomenta el riesgo de prescripción en algunos asuntos de corrupción de alto nivel, a consecuencia de la prolongada tramitación por la posibilidad de interponer recurso durante mucho tiempo; pide a la Comisión que haga pública la financiación que se ha dedicado a apoyar los esfuerzos realizados por Rumanía para llevar a cabo la reforma judicial; confía en ver nuevas mejoras en el año próximo; pide a la Comisión que intensifique la presión sobre el Gobierno rumano para que aplique las recomendaciones de la Comisión; confía en que la Comisión pida sin falta al Gobierno rumano que vele por que se redoblen los esfuerzos de este Gobierno para desarrollar una jurisprudencia coherente en materia de contratación pública; pide a la Comisión que insista con firmeza y determinación ante el Gobierno rumano para que se sigan las recomendaciones de la Comisión y se elabore un plan de aplicación más claro y exhaustivo para la aplicación de las disposiciones del Código Penal y el Código de Enjuiciamiento Criminal; confía en que se redoblen los esfuerzos de confiscación de los productos del delito en Rumanía; confía asimismo en que la Comisión adopte, en colaboración con el Gobierno rumano, una serie de medidas para mejorar la integridad del sistema judicial rumano;

Prefinanciaciones

52.  Observa que las prefinanciaciones se consideran necesarias para que los beneficiarios pongan en marcha la actuación acordada;

53.  Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas según las cuales la Comisión ha incrementado sustancialmente el uso de las prefinanciaciones entre 2005 y 2010 (Informe anual, apartado 1.28); muestra su preocupación por la falta de liquidación de las prefinanciaciones (Informe anual, apartado 1.29, y apartado 86 del Dictamen nº 6/2010 del Tribunal de Cuentas);

54.  Expresa su preocupación por la influencia que las prefinanciaciones han tenido, principalmente, en los ámbitos «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación» e «Investigación y otras políticas internas»; observa un incremento del uso de la prefinanciación y un porcentaje de error global en estos dos ámbitos por debajo del 2 %; observa, asimismo, que el Tribunal de Cuentas llega a la conclusión de que las prefinanciaciones no adolecían de errores materiales aunque los pagos intermedios y finales estaban afectados por errores materiales (Informe anual, apartados 5.35 y 6.48);

55.  Considera que al pagar importes elevados en concepto de prefinanciaciones, la Comisión asume un riesgo financiero mayor, por ejemplo en caso de insolvencia de los beneficiarios, así como un riesgo mayor para la legalidad y la regularidad, ya que la aceptación del coste declarado por los beneficiarios se deja para una fecha posterior;

56.  Estima que es más eficiente prevenir irregularidades que corregir a posteriori pagos indebidos mediante recuperaciones; pide, por tanto, a la Comisión que haga de la reconsideración del incremento en el uso de la prefinanciación y de los mecanismos de control y auditoría una acción prioritaria:

Compromisos presupuestarios pendientes

57.  Recuerda que los compromisos presupuestarios pendientes son créditos de compromiso consignados pero no utilizados (es decir, desembolsados) y que se derivan fundamentalmente de los programas plurianuales (por ejemplo, de cohesión) cuando se comprometen fondos en los primeros años del período de programación pero los pagos correspondientes se realizan gradualmente durante todo el período de programación;

58.  Observa que un número elevado de compromisos pendientes puede ser un indicio de las dificultades de los Estados miembros para absorber los importes asignados;

59.  Observa que en 2010 el Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión de que esos compromisos pendientes aumentaron en casi un 10 %, hasta unos 194 000 000 000 EUR (Informe anual, apartado 1.43 y gráfico 1.2), lo que representa casi tres años de gasto al ritmo actual;

60.  Considera que, por lo que se refiere al período de programación 2007-2013, se corre el riesgo de que:

61.  Solicita a la Comisión que facilite información sobre el volumen de compromisos pendientes por Estado miembro y sobre su cooperación con los Estados miembros para identificar y tratar los ámbitos de riesgo en relación con la absorción y la regularidad;

Contribución presupuestaria a las agencias descentralizadas y las empresas comunes

62.  Observa que la contribución de la Unión para el ejercicio 2010 ascendió a más de 620 000 000 EUR en el caso de las agencias descentralizadas y a más de 500 000 000 EUR en el caso de las empresas comunes; observa algunas dificultades para encontrar información sobre la contribución de la Unión a las agencias; pide a la Comisión que facilite anualmente a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria información consolidada sobre la financiación total anual de cada agencia/empresa común con cargo al presupuesto general de la Unión:

63.  Confía en que la Comisión, en estos tiempos de crisis financiera, evite el aumento de los presupuestos de las agencias, e incluso examine la posibilidad de reducir la contribución de la Unión a sus presupuestos sobre la base de una evaluación de sus prioridades;

64.  Solicita a la Comisión que elabore orientaciones sobre unos modelos que puedan usar todas las agencias/empresas comunes para establecer sus programas de trabajo anuales y sus informes anuales de actividad, con el fin de posibilitar una comparación efectiva entre los resultados y los objetivos previstos;

65.  Pide a la Comisión que facilite al Parlamento una exposición detallada de los criterios y los mecanismos de verificación aplicados para evitar los conflictos de intereses y los casos de «puerta giratoria» en las agencias/empresas comunes;

Presupuesto de la Unión y crisis financiera y presupuestaria

66.  Muestra su preocupación por la persistente crisis financiera y presupuestaria en los Estados miembros; considera que esta crisis también entraña diversos tipos de riesgo para el presupuesto de la Unión a causa de:

67.  Recuerda que en la actualidad se considera que seis Estados miembros (Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Portugal y Rumanía) son «Estados miembros en dificultades» al recibir ayuda en concepto de préstamos del instrumento de balanza de pagos, préstamos concedidos al amparo del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) o ayudas con arreglo al instrumento de préstamo a Grecia;

68.  Observa que el presupuesto de la Unión garantiza préstamos concedidos al amparo del instrumento de balanza de pagos (los préstamos desembolsados a 31 de diciembre de 2010 ascendían aproximadamente a 12 000 000 000 EUR) y del MEEF (ningún desembolso a 31 de diciembre de 2010)(88); observa asimismo que el importe pendiente máximo de los préstamos posiblemente concedidos al amparo del instrumento de balanza de pagos y el MEEF es de 50 000 000 000 EUR (artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 332/2002 del Consejo(89)) y 60 000 000 000 EUR(90), respectivamente; subraya que el total (110 000 000 000 EUR) equivale casi a un presupuesto anual de la Unión, ya que los pagos totales del presupuesto de la Unión ascendieron aproximadamente a 122 000 000 000 EUR en 2010(91);

69.  Muestra su preocupación por el hecho de que el Tribunal de Cuentas no prestara la suficiente atención a estos nuevos retos de la Unión en su Informe anual sobre el año 2010; lamenta en especial que el Tribunal de Cuentas no tratara de modo suficiente estos riesgos para el presupuesto de la Unión; pone de relieve que el Mecanismo Europeo de Estabilidad tiene que figurar de modo prominente en el trabajo futuro del Tribunal de Cuentas;

70.  Recuerda que no existe un fondo de garantía que proteja al presupuesto en caso de que se reclamen esas garantías; pide, por tanto, a la Comisión que evalúe la eventual necesidad de crear un fondo de garantía para cubrir las pérdidas potenciales de modo análogo al Fondo de garantía relativo a las acciones exteriores con el fin de proteger el presupuesto de la Unión;

71.  Destaca que a 30 de septiembre de 2011 la FEEF había suscrito préstamos por 48 500 000 000 EUR de un total de 60 000 000 000 EUR; alienta al Tribunal de Cuentas a elaborar un informe sobre las transacciones de la FEEF y, en especial, sobre sus mecanismos de control, establecidos por la Comisión, antes de que acabe 2012;

72.  Recuerda que los ingresos del presupuesto de la Unión provienen de diferentes fuentes; reitera que, sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos propios; observa, en particular, que los recursos producto nacional bruto (PNB), que representan el 73 % de los ingresos totales, proceden de los presupuestos nacionales de los Estados miembros(92);

73.  Considera que cuanto más comprometida sea la situación financiera de determinados Estados miembros, más difícil les resultará contribuir al presupuesto de la Unión; estima que por esta razón se ponen en peligro los ingresos del presupuesto de la Unión que proceden de los «Estados miembros en dificultades», que podrían llegar a emitir más deuda pública para financiar el presupuesto de la Unión o la cofinanciación nacional de determinados regímenes de ayuda;

74.  Observa que los recursos PNB procedentes de los «Estados miembros en dificultades» suponen aproximadamente el 6 % del total de los recursos PNB para el ejercicio 2010(93);

75.  Observa asimismo que se aumentaron los porcentajes de cofinanciación de los Estados miembros en dificultades en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo de Pesca; confía en que los mayores porcentajes de cofinanciación permitan mayores inversiones, en especial en los Estados miembros en dificultades; destaca a este respecto las mayores competencias de la Comisión en materia de control y supervisión;

Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)

76.  Censura que en 2010 el Consejo recurriera al artículo 122 del TFUE para crear el Fondo Europeo de Estabilización Financiera (FEEF) dado que dicho artículo solo es aplicable a las catástrofes naturales y no a las económicas; manifiesta su preocupación por que el FEEF no prevé ningún elemento de control democrático del Parlamento ni otorga al Tribunal de Cuentas ningún derecho de auditoría; censura con firmeza que el FEEF ni siquiera cuente con una disposición sobre auditoría pública externa;

77.  Toma nota de la reciente firma del Tratado MEDE por parte de los Estados miembros; destaca su Resolución de 23 de marzo de 2011(94), en la que advertía contra la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) permanente fuera del marco institucional de la Unión, ya que esta decisión entraña problemas para el mecanismo de control de las instituciones de la Unión; comparte la preocupación de algunas entidades fiscalizadoras superiores de que el Tratado no contiene disposiciones suficientes para garantizar una auditoría externa eficaz;

78.  Reitera su invitación al Consejo y a los Estados miembros para que tomen debidamente en consideración las siguientes cuestiones relativas a la aplicación del MEDE:

79.  Solicita al Consejo y a los Estados miembros que definan el control político por parte del Parlamento de toda emisión de euroobligaciones, en general, y del mecanismo permanente de crisis, en particular; comparte la idea de que el Parlamento debe participar en pie de igualdad en el mecanismo;

Transparencia

80.  Destaca la importancia vital de la transparencia a la hora de garantizar la rendición de cuentas por el uso de fondos públicos y recuerda que la transparencia constituye uno de los principales instrumentos para lograr un gasto legal y regular; reitera su llamamiento para que todos los pagos de subvenciones con fondos de la Unión queden registrados en una base de datos en línea fácil de consultar; considera que el pago de los fondos de la Unión deben supeditarse explícitamente a la aceptación por parte de los beneficiarios de que los datos básicos ‐como cuantía, nombre del receptor y finalidad‐ sean públicos;

81.  Observa que el sistema actual en el ámbito de la política de cohesión no garantiza la plena transparencia de los beneficiarios del FEDER y del Fondo de Cohesión; observa que en la situación actual la Comisión pone a disposición un portal con acceso a listas de beneficiarios en sitios web nacionales accesibles únicamente en la lengua nacional respectiva y sin seguir criterios comunes; confía en que el futuro Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los instrumentos estructurales (COM(2011)0615 – 2011/0276 (COD)) garantice que los Estados miembros aporten los datos sobre los beneficiarios finales de dichos Fondos para su publicación en el sitio web oficial de la Comisión en una de las tres lenguas de trabajo de la Unión con arreglo a un conjunto de criterios comunes que permita la comparación y la detección de errores; recuerda su petición a la Comisión de que se inspire en el «American Recovery Accountability and Transparency Board» y su sitio web www.recovery.gov;

82.  Recuerda la sentencia del Tribunal de Justicia, de 9 de noviembre de 2010, en los asuntos acumulados C-92/09 Volker and Markus Schecke GbR y C-93/09 Hartmut Eifert, pertinentes para el ámbito político de la agricultura y los recursos naturales; pide a la Comisión que presente lo antes posible una propuesta de nuevo reglamento por el que se exija a los Estados miembros que publiquen información sobre las personas físicas y jurídicas que reciben fondos agrícolas europeos, teniendo en cuenta esta sentencia del Tribunal de Justicia; considera que esta información sobre los beneficiarios debe estar disponible en el sitio web oficial de la Comisión en una de las tres lenguas de trabajo de la Comisión con arreglo a un conjunto de criterios comunes que permita la comparación y la detección de errores;

Metodología de la declaración de fiabilidad

83.  Tiene conocimiento de que el Tribunal de Cuentas tiene la intención de presentar al Parlamento más información sobre los ámbitos «Agricultura y recursos naturales» y «Cohesión, energía y transporte»; saluda esta iniciativa, ya que con ella se identificarían con mayor transparencia y precisión los puntos problemáticos del presupuesto; considera que de este modo se permite a la Comisión, al Tribunal de Cuentas, al Parlamento y a otras partes interesadas concentrar mejor su atención y formular recomendaciones sobre los puntos en los que ha de mejorar la gestión; quiere destacar, no obstante, que es importe garantizar que se puedan comparar los datos de años consecutivos;

84.  Celebra que el Tribunal de Cuentas haya presentado una evaluación más detallada de la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión tanto en el capítulo 1 como en cada uno de los capítulos posteriores del Informe anual 2010; recuerda que las tomas de posición necesitan una sólida segunda opinión del Tribunal de Cuentas; alienta al Tribunal de Cuenta a seguir reforzando su análisis de las tomas de posición de la Comisión y a informar con detalle al respecto;

85.  Toma nota del mayor recurso a la prefinanciación; considera que la prefinanciación está expuesta a un mayor nivel de riesgo para la legalidad y la regularidad que los pagos intermedios o finales, ya que en la prefinanciación no es necesario justificar los costes; solicita al Tribunal de Cuentas que estudie la posibilidad de adaptar el enfoque de sus auditorías para tomar en cuenta el mayor recurso a la prefinanciación con el fin de aportar al Parlamento información aún más útil sobre esas operaciones de mayor riesgo;

86.  Observa que el Tribunal de Cuentas aplica una metodología común para clasificar y cuantificar los errores de contratación pública en los ámbitos «Agricultura y recursos naturales» y «Cohesión, energía y transporte»; lamenta que la Comisión emplee metodologías diferentes en estos dos ámbitos, ninguna de las cuales, además, se ajusta a la metodología del Tribunal de Cuentas; muestra su preocupación por la posibilidad de que la existencia de diferentes enfoques en estos ámbitos mermen la credibilidad del control y la auditoría de los gastos en este tipo de gestión; pide, por consiguiente, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas que armonicen urgentemente el tratamiento de los errores de contratación pública en estos dos ámbitos en que existe gestión compartida y que informe a la comisión competente del Parlamento sobre los progresos logrados antes de que acabe 2012;

Cuestiones concretas
Funciones del Comisario competente para las cuestiones de control financiero

87.  Señala que en la Comisión 2004-2009, un Comisario tenía a tiempo completo la responsabilidad del control presupuestario, como había solicitado el Parlamento; lamenta que en la Comisión actual, las cuestiones de control presupuestario se hayan unido a otras responsabilidades (fiscalidad y unión aduanera); propone que en la Comisión 2014-2019 se vuelva a incluir un Comisario de Control Presupuestario a tiempo completo competente, entre otros, en los siguientes ámbitos:

Eficiencia: obtener resultados con el presupuesto de la UE

88.  Acoge con satisfacción el nuevo capítulo 8 «La obtención de resultados a partir del presupuesto de la UE» en el Informe anual, en el que se incluyen observaciones del Tribunal de Justicia sobre la autoevaluación que la Comisión hace en sus informes anuales de actividad de los resultados de su gestión;

89.  Toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuenta a propósito de la calidad de la información presentada por la Comisión, por ejemplo:

–  «El plan de gestión no prevé actualmente objetivos e indicadores para medir la economía y eficiencia» (Informe anual, título anterior al apartado 8.17)

–  «En algunos ámbitos las metas no aparecían suficientemente cuantificadas ni especificadas» (Informe anual, título anterior al apartado 8.18)

–  «En algunos ámbitos no se definieron etapas intermedias para las metas plurianuales» (Informe anual, título anterior al apartado 8.20)

–  «La descripción de los logros de la política no aportaba mucha información sobre resultados e impactos» (Informe anual, título anterior al apartado 8.22);

90.  Considera que estas importantes conclusiones demuestran que el Parlamento no puede tener confianza plena en la información de la Comisión sobre sus resultados; estima que la calidad de la gestión, de la elaboración de políticas y del control parlamentario dependen de la fiabilidad de los datos; agradecería al Tribunal de Cuentas que siguiera desarrollando su actividad en este aspecto, incluyendo una «certificación» de los datos sobre resultados comunicados periódicamente por la Comisión;

91.  Considera que la obtención de resultados tiene la misma importancia que la legalidad y la regularidad y solicita al Tribunal de Cuentas que estudie si es posible incluir este nuevo aspecto relativo a los resultados en los diferentes grupos de políticas tratados en los capítulos de su Informe anual;

92.  Observa que los objetivos, indicadores y metas presentados en los planes de gestión se centran fundamentalmente en la eficacia (Informe anual, apartado 8.15); solicita a la Comisión que mejore la información que presenta sobre los resultados, con indicadores relativos a la economía y la eficiencia, y que establezca metas adecuadas para evaluar el progreso hacia el logro de los objetivos plurianuales;

93.  Solicita asimismo a la Comisión que, en los ámbitos de gestión compartida, defina junto a los Estados miembros indicadores de resultados que se apliquen de forma coherente, y que verifique la obligatoriedad, exhaustividad, exactitud y publicidad de la información de los Estados miembros sobre los resultados conseguidos;

94.  Toma nota de las opiniones reiteradas tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Comisión de que se dan grandes diferencias entre los Estados miembros y entre los programas en lo que respecta a la calidad de los sistemas de gestión y control;

95.  Pide a la Comisión que explique sistemáticamente estas diferencias en la eficacia de los sistemas de control y que presente evaluaciones claras sobre los esfuerzos, o falta de ellos, de los Estados miembros a la hora de detectar y corregir irregularidades, de modo que los Estados miembros con sistemas de supervisión y control que funcionan correctamente no sufran descrédito;

96.  Solicita a la Comisión que presente ante la comisión competente y ante el Pleno el informe de evaluación previsto en el artículo 318 del TFUE simultáneamente a la presentación del Informe Anual del Tribunal de Cuentas, y solicita al Tribunal de Cuentas que presente sus observaciones sobre el informe de evaluación en esas ocasiones; destaca que el informe de evaluación debe publicarse en un momento que permita al Parlamento y al Tribunal de Cuentas evaluarlo correctamente;

97.  Recuerda que el artículo 318 del TFUE exige a la Comisión que presente «un informe de evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos»; observa que la Comisión presentó el 17 de febrero de 2012 el primer informe de evaluación con arreglo al artículo 318 del TFUE, correspondiente al ejercicio 2010;

98.  Recuerda asimismo que el Parlamento, en su Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2009(98), propuso que:

99.  Lamenta que la Comisión no haya podido dar una respuesta completa a estas propuestas en el primer Informe de Evaluación previsto en el artículo 318 del TFUE; observa asimismo que el primer Informe de Evaluación es una síntesis de los informes de evaluación existentes en dos ámbitos (educación y cultura e investigación); cree que el alcance y el contenido del primer Informe de Evaluación no está a la altura de lo que cabía esperar de un informe de evaluación exigido por el TFUE;

100.  Solicita a la Comisión que siga desarrollando el contenido del informe de evaluación previsto en el artículo 318 del TFUE y, en particular, que determine el valor añadido de este informe en comparación con las evaluaciones «normales» realizadas con arreglo al Reglamento financiero (artículo 27) y a sus medidas de desarrollo (artículo 21 del Reglamento (CE, Euratom) n° 2342/2002(99));

101.  Apoya plenamente a la Comisión en su propósito de esforzarse «por garantizar que se incremente la coordinación, el intercambio de información y la coherencia, tanto en la Comisión como con los Estados miembros, por lo que respecta a la programación, la organización y la utilización del seguimiento y de la evaluación en el siguiente marco financiero»(100);

102.  Celebra que el Tribunal de Cuentas tenga previsto formular observaciones al primer Informe de Evaluación elaborado de conformidad con el artículo 318 del TFUE(101);

103.  Reitera su petición a la Comisión de que revise la información y la formación ofrecidas a su personal en relación con el título II el Estatuto de los funcionarios, «Derechos y obligaciones del funcionario», para asegurarse de que todo su personal conoce íntegramente su contenido y, en especial, las obligaciones impuestas en el artículo 22 bis del Estatuto de los funcionarios; pide a la Comisión que presente a la comisión parlamentaria competente, en septiembre de 2012 a más tardar, un informe sobre sus actividades en este ámbito;

104.  Pide a la Comisión que en septiembre de 2012, a más tardar, presente a la comisión parlamentaria competente un informe sobre las actividades que desarrolle con miras a estimular la denuncia de irregularidades por parte del público;

Cohesión, energía y transporte: opinión desfavorable

105.  Deplora el aumento del porcentaje de error hasta el 7,7 % en el ámbito «Cohesión, energía y transporte» a pesar de un mayor uso de la interrupción de los plazos de pago; expresa su profunda preocupación por el hecho de que algunos de los errores podrían haberse detectado y corregido en un 58 % de las operaciones afectadas por algún error (Informe anual, apartado 4.25); muestra su preocupación por el hecho de que las alusiones a la «estabilidad» de los porcentajes de error revelen una creciente actitud de complacencia;

106.  Pide al Tribunal de Cuentas que presente por separado las tasas de error para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo Social Europeo, y no sobre una base agregada;

107.  Lamenta que, año tras año, una gran parte de los errores se deban a la inobservancia de las normas de contratación pública; es consciente de que esta circunstancia tiene consecuencias más amplias y considera que es un indicio de que el mercado interior corre peligro; pide a la Comisión que siga trabajando en la reforma en curso de la contratación pública, tomando debidamente en cuenta estos preocupantes resultados y que haga un seguimiento riguroso de las infracciones, ya que el Tribunal de Cuentas también ha detectado casos de transposición incorrecta de las directivas de la Unión en la legislación nacional sobre contratación pública (Informe anual, apartado 4.27);

108.  Toma conocimiento, con gran preocupación, de que las autoridades de auditoría solo son parcialmente eficaces; muestra su profunda preocupación por el hecho de que los enfoques de las autoridades de auditoría difieren entre sí hasta el punto de que sus resultados no se pueden agregar para llegar a una opinión general sobre un Fondo en el plano nacional (Informe anual, apartado 4.41); solicita a la Comisión que revele cómo consolida la información que recibe de las autoridades de auditoría y cómo vela por la coherencia para ofrecer información fiable al Parlamento en sus informes anuales de actividad;

109.  Pide al Tribunal de Cuentas que, al amparo del artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del TFUE, emita dictamen sobre la independencia de las autoridades nacionales de auditoría en relación con la gestión compartida;

110.  Pide a la Comisión que informe al Parlamento cuando pretenda basarse en determinadas autoridades de auditoría de conformidad con el artículo 73 del Reglamento (CE) nº 1083/2006, reduciendo de este modo sus auditorías sobre el terreno; solicita al Tribunal de Cuentas que haga un estrecho seguimiento de esta cuestión y realice una auditoría al respecto;

111.  Alienta al Tribunal de Cuentas a que examine la posibilidad de responder al problema permanente de la plurianualidad de la ejecución de los fondos y la anualidad de las auditorías de dicha Tribunal; destaca que durante el periodo de ejecución el porcentaje de error suele ser mayor que en el momento del cierre, cuando el gasto ha sido sometido a todos los niveles de control;

Función de supervisión de la Comisión en el ámbito de la política de cohesión

112.  Es consciente de que la Comisión tiene la posibilidad, pero no la obligación, de sancionar a los Estados miembros infractores con diferentes instrumentos:

113.  Saluda la aclaración de la Comisión(102) sobre la distinción entre «deficiencia significativa» y «deficiencia grave»; observa que la apreciación que lleva a esa calificación se basa en la nota de orientación técnica COCOF 08/0019/01-EN y aplica los requisitos principales que en ella se establecen;

114.  Lamenta que la Comisión no esté facultada para imponer sanciones a los Estados miembros o las regiones que de modo reiterado no apliquen correctamente los Fondos Estructurales o el Fondo de Cohesión;

·Eficacia de las interrupciones y suspensiones

115.  Recuerda que el Parlamento ha pedido la activación sistemática de las interrupciones y suspensiones con independencia de toda consideración política (Resolución sobre la aprobación de la gestión 2009(103), apartados 194 a 196);

116.  Toma nota de que en 2010 la Comisión ha hecho mayor uso de las interrupciones debido a que la DG REGIO interrumpió 49 plazos de pago (véase el informe anual de actividad de la DG REGIO, páginas 42 a 44) y la DG EMPL interrumpió 14 plazos de pago (véase el informe anual de actividad de la DG EMPL, página 50); toma nota asimismo de que la Comisión no suspendió ningún pago en el marco del FEDER o del Fondo de Cohesión en 2010 y de que suspendió seis pagos del FSE;

117.  Lamenta que el porcentaje de error en el ámbito de la cohesión, y en especial en el de la política regional, haya aumentado a pesar del mayor recurso a las interrupciones y a pesar de que la Comisión haya determinado los Estados miembros y regiones que contribuyen en mayor medida a dicho porcentaje; recuerda a la Comisión su plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales(104); pide a la Comisión que analice las deficiencias de los Estados miembros y las regiones más afectados por porcentajes de error elevados y que cumpla su función supervisora aplicando medidas según lo establecido en dicho plan de acción;

118.  Pide a la Comisión que no reanude los pagos a menos que existan pruebas de auditorías apropiadas recabadas sobre el terreno que demuestren que se ha puesto fin a las deficiencias con el fin de que este poder de sanción sea más efectivo y con vistas a prevenir todo riesgo de que los pagos se reanuden con demasiada premura;

119.  Observa que DG REGIO reanudó el 24 % (12 de 49 pagos interrumpidos en 2010, todos ellos interrumpidos en octubre de 2010(105)) de los pagos interrumpidos en diciembre de 2010; considera que la reanudación de los pagos en diciembre agrava el desequilibrio de pagos durante el año, lo que aumenta el riesgo de error en la gestión de los pagos y reduce el tiempo que tiene el Tribunal de Cuentas para auditar esos pagos; solicita a la Comisión que informe al Parlamento sobre cuáles de estos doce casos se habrían perdido con arreglo a la regla n+2/n+3 si los pagos se hubieran reanudado en 2011;

·Eficacia de las correcciones financieras

120.  Quiere resaltar la importante diferencia entre una corrección financiera aplicada por un Estado miembro, que no supone una reducción neta, y las correcciones financieras que aplica la Comisión mediante órdenes de ingreso, que sí suponen una reducción; considera que las correcciones financieras aplicadas por un Estado miembro tienen «carácter virtual», sin apenas efecto sancionador; saluda las mejoras incorporadas a la nota 6 de las cuentas anuales de la Unión Europea y solicita a la Comisión que siga mejorando la información presentada, por ejemplo comparando las correcciones financieras y las recuperaciones con los importes de pagos correspondientes;

121.  Muestra su profunda preocupación por los hechos siguientes:

122.  Considera que estos hechos disminuyen considerablemente la eficacia de las correcciones financieras; manifiesta su temor de que la sustitución del gasto no subvencionable empuje a los Estados miembros a presentar otros proyectos, incluso retrospectivos, lo que puede llegar a producir el efecto adverso de aumentar el riesgo para la legalidad y regularidad del presupuesto de la Unión;

·Conclusiones sobre la función de supervisión de la Comisión

123.  Pide a la Comisión, en especial a la DG REGIO, que haga pleno uso de los instrumentos sancionadores existentes; considera, no obstante, que el marco legislativo 2007-2016 no ofrece incentivos suficientes para que los Estados miembros cumplan las normas, ni dota a la Comisión de instrumentos con la eficacia suficiente para recompensar la observancia y sancionar la inobservancia;

124.  Solicita, por tanto, a la Comisión que considere acción prioritaria el apoyo al Parlamento en sus esfuerzos en el procedimiento legislativo ordinario en relación con la Propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los instrumentos estructurales (COM(2011)0615, 2011/0276 (COD)) para crear mecanismos sancionadores eficaces, de modo que la Comisión pueda asumir plenamente su responsabilidad final y global en la ejecución del presupuesto, que debe incluir, entre otros, los siguientes elementos:

Agricultura y recursos naturales: opinión con reservas

125.  Celebra que los pagos directos cubiertos por el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), que en 2010 alcanzaron el 77 % del gasto total de la PAC, estuvieran exentos de errores materiales (Informe anual, apartado 3.55 y respuesta de la Comisión a este apartado);

126.  Celebra que la Comisión haya conseguido mantener el porcentaje de error más probable en el 2,3 % (Informe anual, anexo 3.1) y anima a la Comisión a que siga trabajando por disminuir aún más este porcentaje de error;

127.  Recuerda que el SIGC debe garantizar la corrección y trazabilidad de los pagos a los agricultores; observa, sin embargo, que la eficacia del SIGC se ve afectada negativamente por la inexactitud de los datos que constan en las bases de datos, el carácter incompleto de los controles cruzados o el seguimiento incorrecto o incompleto de las anomalías (Informe Anual del Tribunal de Cuentas, apartado 3.29); pide a la Comisión que vele por que todas las bases de datos estén actualizadas y se haga un seguimiento adecuado de todas las anomalías;

128.  Toma nota del ejemplo del Tribunal de Cuentas de un error de subvencionabilidad en el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)(106) en relación con un acuerdo de trueque usando existencias de intervención; toma nota asimismo de que el importe total soportado por el presupuesto de la Unión por el transporte de las 9 894 toneladas de mantequilla objeto de dicho acuerdo fue de aproximadamente 900 000 EUR(107); muestra su profunda preocupación por la correcta gestión financiera de esas operaciones; solicita a la Comisión que tome las medidas necesarias para garantizar que los acuerdos de trueque, si es que se mantienen, sean transparentes y eficaces en cuanto al coste;

129.  Observa que el gasto en desarrollo rural (aproximadamente 11 483 000 000 EUR(108)) es especialmente proclive al error dado que, de las 80 operaciones incluidas en la muestra, 40 (el 50 %) presentaban algún error y, de ellas, 21 (52 %) estaban afectadas por errores cuantificables (Informe anual, apartado 3.19);

130.  Observa que, por lo general, el procedimiento de liquidación de cuentas ha sido eficaz para proteger los intereses financieros del presupuesto de la Unión, al excluir el gasto que no se ha realizado observando las normas de la Unión;

131.  Anima a la Comisión a seguir reduciendo la duración del procedimiento de liquidación de conformidad, asegurando al mismo tiempo la salvaguardia del derecho de defensa de los Estados miembros; pide a la Comisión que refuerce el vínculo entre las correcciones financieras impuestas y el importe real de los pagos irregulares; pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión proporcionando toda la información necesaria a su debido tiempo;

132.  Acoge con satisfacción las conclusiones del Tribunal de Cuentas en su Informe Especial nº 8/2011, «Recuperación de los pagos indebidos en el marco de la Política Agrícola Común», según las cuales los sistemas relativos a las recuperaciones y a las correcciones financieras han mejorado en los últimos años; reitera su convencimiento de que los fondos agrícolas pagados indebidamente deben recuperarse en la medida de lo posible ante los beneficiarios finales para evitar que el contribuyente tenga que pagar dos veces; solicita a la Comisión que tome nuevas medidas para eliminar el margen de interpretación y la divergencia de las prácticas de los Estados miembros y que controle rigurosamente el sistema de recuperación de los Estados miembros;

133.  Está firmemente convencido de que las reuniones tripartitas entre el Tribunal de Cuentas, la Comisión y las autoridades nacionales deben ampliarse al ámbito de la agricultura y los recursos naturales, para facilitar una interpretación y una aplicación armonizadas de las normas sobre gestión y control del gasto, previniendo en la medida de lo posible los malentendidos;

Ayuda exterior, desarrollo y ampliación: opinión con reservas

134.  Toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas según las cuales los sistemas de control y supervisión en el ámbito ' Ayuda exterior, desarrollo y ampliación' fueron por lo general solamente parcialmente eficaces a la hora de garantizar la regularidad de los pagos (Informe anual, apartado 5.36);

135.  Observa que el porcentaje global de error más probable estimado por el Tribunal de Cuentas asciende al 1,7 % (Informe anual, apartado 5.13); lamenta, no obstante, que se detectara un nivel de error significativo en los pagos intermedios y finales, que según el Comisario Andris Piebalgs es de aproximadamente el 5 %(109) y sería aún mayor si se excluyera del cálculo el apoyo presupuestario; observa asimismo que todos los errores cuantificables se detectaron en los pagos intermedios y finales (Informe anual, apartado 5.13); lamenta que dos tercios de los errores encontrados en los pagos finales no fueran detectados por los controles de la Comisión (Informe anual, apartado 5.16);

136.  Considera que el porcentaje global de de error más probable se sitúa por debajo del umbral de importancia relativa del 2 % debido a la proporción de prefinanciaciones y apoyo presupuestario en el gasto operativo total; observa que esta proporción ha aumentado del 66 % en el ejercicio 2008 al 75 % en el ejercicio 2010(110);

137.  Recuerda que las prefinanciaciones tienen un perfil de riesgo diferente que no se materializa en la auditoría de la declaración de fiabilidad; considera que es más eficiente prevenir irregularidades que corregir a posteriori pagos indebidos mediante recuperaciones;

138.  Recuerda que los principales riesgos asociados al apoyo presupuestario (riesgo para la eficacia de la ayuda y riesgos de fraude y corrupción) tampoco se materializan en la declaración de fiabilidad; solicita a la Comisión que haga un seguimiento riguroso de esos riesgos; considera, sin embargo, que la ayuda presupuestaria sectorial es una medida eficaz para la creación de capacidad a largo plazo; pide a la Comisión que solo introduzca el apoyo presupuestario bajo condiciones rigurosas y bien definidas;

139.  Acoge con satisfacción la declaración del Tribunal de Cuentas según la cual «EuropeAid ha establecido una estrategia de control global y ha seguido aportando mejoras significativas al diseño y la aplicación de los sistemas de control y supervisión» (Informe anual, anexo 5.3);

140.  Toma nota de que el Tribunal de Cuentas considera que «la toma de posición del director general y el informe anual de actividad solo presentan una evaluación parcialmente correcta de la gestión financiera respecto de la regularidad en los Fondos Europeos de Desarrollo y el presupuesto general de la Unión Europea» (Informe anual, apartado 5.34, el subrayado es nuestro);

141.  Solicita a la Comisión que anime a EuropeAid a completar lo antes posible el trabajo sobre la metodología para calcular el nivel de «error residual» que pueda subsistir después de la realización de todos los controles y que compara los resultados con las demás Direcciones Generales que se ocupan de las relaciones exteriores con el fin de lograr la necesaria mejora de las tomas de posición de la Comisión en materia de ayuda exterior, desarrollo y ampliación;

142.  Pide a la Comisión que permita al jefe adjunto de delegación, que suele proceder de un Estado miembro, cuando este puesto exista, asumir las funciones del jefe de delegación en ausencia de este en todas las cuestiones a excepción de la ejecución del gasto operativo gestionado por la delegación de la Unión, que solo puede ser subdelegado en personal de la Comisión;

143.  Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas formuladas en el ejemplo 5.3 del Informe anual; expresa su profunda preocupación por la «interpretación flexible de subvencionabilidad en las acciones cofinanciadas» o el «enfoque nocional» con las organizaciones de las Naciones Unidas, que pueden conllevar el riesgo de doble financiación del mismo coste; considera que lo anterior también ha tenido un efecto reductor del porcentaje de error del Tribunal de Cuentas; expresa su profunda preocupación asimismo por los «criterios de subvencionabilidad ampliados» aplicables con arreglo al Acuerdo Marco Financiero y Administrativo con los organismos de las Naciones Unidas y los contratos marco de colaboración con los socios de la Comisión encargados de la ejecución, que también entrañan un riesgo de doble financiación del mismo coste; pide firmemente a la Comisión que ponga fin a ambas prácticas; confía en que las agencias de las Naciones Unidas concedan a las organizaciones intergubernamentales donantes derechos de acceso a los informes de auditoría interna similares a aquellos de los que disfrutan los Estados miembros de las Naciones Unidas; observa, a este respecto, que se han de realizar más progresos para mejorar la información sobre la utilización de los fondos de la Unión proporcionando información sobre los resultados en vez de sobre las acciones;

144.  Celebra el mandato revisado, asignado por la Comisión, que concede garantía presupuestaria al BEI para cubrir los riesgos frente a las pérdidas que se deriven de préstamos y garantías concedidos para la realización de proyectos fuera de la Unión; pone de relieve que la garantía que la Unión concede al BEI es indubitadamente objeto del control del Tribunal de Cuentas;

145.  Observa que la información sobre los contratos adjudicados por EuropaAid(111) y la DG ECHO(112) no sigue el mismo modelo; alienta a la Comisión a aplicar un modelo común en las bases de datos que contienen los contratos adjudicados por estas dos Direcciones Generales, en las que se habrá de recoger la siguiente información mínima: número o referencia del contrato, título del contrato, tema o sector de intervención, nombre y nacionalidad del contratista, país de la intervención, cuantía, tipo de contrato y duración (con indicación de la fecha de inicio y de la fecha de fin);

146.  Pide un informe detallado de la Comisión sobre el coste total de la publicidad relativa a la ampliación de la UE (anuncios en cines, televisión, Internet y otros medios de comunicación), un desglose de los gastos por cada medio de comunicación y por cada país en que se difundieron los anuncios, e información detallada sobre las empresas contratadas, desde la producción a la divulgación; confía asimismo en que se elabore un informe sobre todas las actividades publicitarias de la Comisión relativas a la ampliación, junto con información igualmente detallada y un desglose de los gastos;

Ayuda de la Unión a Haití

147.  Recuerda el terremoto de Haití y sus desastrosas consecuencias; lamenta el insuficiente nivel de coordinación de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo (poniendo en relación socorro, rehabilitación y desarrollo); opina que la ayuda humanitaria debería basarse en una «estrategia de salida»; considera que la Comisión debe y concentrar sus esfuerzos en la rehabilitación y el desarrollo;

148.  Lamenta la insuficiente coordinación entre la delegación de la Unión y la representación de la DG ECHO; apoya el refuerzo de la coordinación entre todos los actores de la Unión en el país; insta, por tanto, a la Comisión a que vele por mejorar la coherencia y la complementariedad entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo tanto a nivel político como en la práctica;

149.  Lamenta la falta de sostenibilidad de los proyectos y destaca que algunos proyectos deben encaminarse fundamentalmente a generar empleo y un crecimiento sostenible que permita al Estado haitiano aumentar sus ingresos propios para depender en menor medida de la ayuda extranjera; pide, por tanto, a la Comisión que entregue al Parlamento una lista de proyectos realizados en Haití en los quince últimos años con una evaluación pormenorizada de su situación actual para comprobar su evolución desde el punto de vista de la sostenibilidad;

150.  Señala la falta de visibilidad de la ayuda de la Unión en Haití; opina que, para reforzar la visibilidad, además del mero nombre de la Comisión o de DG ECHO, mucho menos reconocibles para el ciudadano haitiano medio, deberían aparecer también la bandera y el nombre de la Unión Europea en los documentos de comunicación;

Investigación y otras políticas internas: opinión con reservas

151.  Toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas según las cuales los sistemas de control y supervisión en el ámbito «Investigación y otras políticas internas» fueron solamente parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos (Informe anual, apartado 6.49);

152.  Observa, como característica propia de este grupo de políticas, que la mayoría del gasto operativo (72 %, Informe anual, cuadro 6.1) se ejecutó mediante prefinanciación, que a diferencia de los pagos intermedios y finales solo exige el cumplimiento de un número limitado de condiciones y tiene un efecto positivo en el porcentaje global de error;

153.  Muestra su preocupación, en particular, por el nivel de prefinanciaciones en el programa de aprendizaje permanente, que permite prefinanciaciones de hasta el 100 % del coste del proyecto presupuestado (Informe anual, apartado 6.9) y en el que el 93 % de todos los pagos realizados en 2010 eran prefinanciaciones (Informe anual, cuadro 6.1);

154.  Observa que se constató un nivel significativo de error en los pagos intermedios y finales a los beneficiarios y que, debido a la influencia de la prefinanciación, el porcentaje de error más probable estimado por el Tribunal de Cuentas es del 1,4 %; observa asimismo que el Tribunal de Cuentas no publica un porcentaje de error específico de los pagos intermedios y finales;

155.  Deduce que la Comisión estima(113) que el porcentaje de error representativo sin las prefinanciaciones sobre una base plurianual es del 3,4 % en el caso del sexto programa marco y que el porcentaje de error representativo para el séptimo programa marco es ligeramente superior al 4 % sobre una base plurianual; deduce asimismo que el porcentaje de error residual sobre una base plurianual, que es el nivel de error que subsiste tras las correcciones y las recuperaciones de los servicios de la Comisión a raíz de sus auditorías, asciende aproximadamente al 2,4 % en el caso del sexto programa marco, mientras que en el caso del séptimo programa marco la Comisión aún no ha tenido tiempo para comprobar todos los efectos de las recuperaciones y correcciones sobre una base plurianual;

156.  Subraya la importancia del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido a la luz de la actual crisis financiera; pide a la Comisión que aumente el apoyo prestado por este instrumento a las universidades y a las organizaciones de investigación para sus inversiones en asociaciones público-privadas y proyectos de infraestructuras de investigación con vistas al cumplimiento de los objetivos de políticas públicas inteligentes de Europa 2020;

157.  Observa que la Comisión está simplificando en lo posible los procedimientos de control ex ante con el fin de facilitar la tramitación de los pagos, con el resultado de que solo se realiza una verificación aritmética y de los requisitos administrativos; muestra su preocupación por el hecho de que los controles ex ante también fuesen limitados en los casos de duda sobre la subvencionabilidad de los costes declarados (Informe anual, apartado 6.17 y ejemplo 6.2); insiste en que se tomen medidas para corregir esta situación;

158.  Considera que hay que encontrar un equilibrio entre la facilitación de los pagos y el control de la subvencionabilidad de los costes declarados; pide a la Comisión que modifique su estrategia de controles ex ante y aplique un enfoque basado en el riesgo, para dar una mejor respuesta a los riesgos específicos de la declaración de gastos y, en caso de riesgo elevado, refuerce los procedimientos de control con verificaciones sobre el terreno;

159.  Expresa su profunda preocupación por que los certificados de auditoría sigan siendo solo parcialmente eficaces (Informe anual; apartado 6.22); recuerda que los certificados de auditoría son uno de los elementos más importantes del control ex ante de la Comisión; pide a la Comisión que generalice la práctica de comunicarse formalmente con los auditores externos, formulando observaciones y solicitando explicaciones cuando los certificados de auditoría no son fiables;

160.  Celebra que la estrategia de auditorías ex post de la Comisión sea considerada eficaz para detectar y corregir errores (Informe anual, apartado 6.30); celebra asimismo que los procedimientos de la Comisión para recuperar los fondos gastados indebidamente sean adecuados y que la Comisión haya recurrido en mayor medida a medidas correctoras como la resolución anticipada de los contratos y las sanciones;

161.  Muestra su profunda preocupación por el hecho de que el cálculo del error residual se base en presunciones que no siempre se verifican en la realidad, como la «extrapolación» de los errores detectados en una declaración de gastos a otra declaración del mismo beneficiario; comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que la fiabilidad de los porcentajes de error residuales es limitada (Informe anual, apartado 6.32); considera que esta circunstancia también pone en duda la fiabilidad de las reservas realizadas por los Directores Generales, ya que uno de los principales indicadores empleados para decidir si se hace una reserva es el porcentaje de error residual;

Punto de vista desde la perspectiva de políticas concretas
Punto de vista desde la perspectiva de la política de desarrollo

162.  Opina que, debido a la crisis presupuestaria y económica que están viviendo numerosos Estados miembros, es ahora más necesario que nunca que la Unión potencie al máximo la eficiencia y el impacto de su ayuda; le preocupa, en este sentido, que el Tribunal de Cuentas haya constatado en su Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria, que en 2010 los sistemas de control y supervisión de la Comisión para la ayuda exterior y el desarrollo solo fueran de nuevo parcialmente eficaces a la hora de garantizar la regularidad de los pagos, así como que dos tercios de los errores cuantificables se detectaran en los pagos finales, sin que dichos errores se hubieran constatado en los controles llevados a cabo por la Comisión;

163.  Reconoce, no obstante, los esfuerzos que está llevando a cabo la Comisión para mejorar el diseño y la aplicación de sus sistemas de control y supervisión y mejorar la calidad de los datos que se incorporan en el sistema de información de gestión CRIS; se felicita de que, en términos generales, los pagos destinados a la ayuda exterior y el desarrollo en 2010 estuvieran exentos de errores, con un porcentaje de error estimado inferior al de 2009; insta a la Comisión a que desarrolle una metodología coherente que permita que las direcciones de relaciones exteriores calculen los porcentajes de error residuales, sigan mejorando su marco de auditoría externa y respeten unas normas de control lo más elevadas posible;

164.  Alienta, en particular, a la Comisión a que mejore la calidad de las funciones de control ex ante, control e información, supervisión y auditoría basada en el riesgo de las delegaciones de la Unión, que es donde más errores se han detectado, con el fin de reforzar la capacidad de las secciones operativas y financieras de las delegaciones, aumentar los recursos a disposición de las delegaciones para las principales actividades de control y sistematizar el marco de control, lo que incluye la introducción de planes de seguimiento y evaluación plurianuales y el refuerzo del seguimiento de las orientaciones;

165.  Pide a la Comisión que busque soluciones viables para los retos en materia de organización derivados de la fusión de la DG DEV y la DG AIDCO a finales de 2010; insta a la Comisión y al SEAE, que empezó a funcionar en diciembre de 2010, a que concluyan cuanto antes acuerdos de trabajo en los que se especifiquen sus respectivas funciones y responsabilidades en el ciclo de programación y aplicación de la ayuda exterior, que incluye a las delegaciones;

166.  Opina que los nuevos instrumentos de financiación del próximo Marco Financiero Plurianual 2014-2020 deben reflejar plenamente los derechos legislativos y de control reforzados del Parlamento de conformidad con el Tratado de Lisboa, y que se ha de involucrar al Parlamento en el proceso de programación en pie de igualdad con el Consejo;

167.  Insta a la Comisión a que siga mejorando la efectividad de la ayuda destinada por la Unión Europea al sector de la educación básica en el África subsahariana y Asia meridional(114), en particular estableciendo indicadores y objetivos realistas para controlar los resultados de manera eficaz, velando por que las delegaciones destinen personal con suficiente experiencia y antigüedad para mantener un diálogo político sectorial con los gobiernos socios y otros donantes y centrándose más en la calidad de la educación y la capacidad de los gobiernos beneficiarios para hacer frente al aumento de la escolarización;

168.  Manifiesta su consternación por los casos de fraude a gran escala descubiertos a finales de 2010 por el Fondo Mundial para la lucha contra el VIH/sida, la tuberculosis y la malaria en Malí, Mauritania, Yibuti y Zambia, y está preocupado por la posible malversación de importantes cantidades de dinero, por ejemplo a partir de las contribuciones de la UE al Fondo Mundial en 2010; insta a la Comisión a que colabore más estrechamente con el Fondo Mundial para apoyar y controlar sus intervenciones a escala nacional, con el fin de evitar que se repitan casos de corrupción de este tipo y mejorar la responsabilidad y eficacia del Fondo Mundial;

169.  Reitera su llamamiento a favor de una mayor participación de los parlamentos y una mayor consulta de la sociedad civil de los países socios a la hora de elaborar y revisar los documentos de estrategia nacionales del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y los programas indicativos plurianuales;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de empleo y asuntos sociales

170.  Observa que el 18 % del gasto de la política de cohesión de la Comunidad se destina al empleo y los asuntos sociales, corriendo claramente una amplia mayoría del gasto realizado en este sector político a cargo del Fondo Social Europeo (FSE), que aporta el 94 %;

171.  Acoge positivamente, por lo tanto, que, en lo que a la dotación del FSE se refiere, los créditos de compromiso se utilizaran en el 100 %, por un importe de 10 800 millones EUR, y los de pago en un 87,9 %, por un importe de 7 100 millones EUR; es consciente de que la tasa más baja de ejecución en los pagos obedece a que algunos compromisos se contrajeron solamente en el último trimestre; reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para mejorar la gestión financiera;

172.  Toma nota de la estimación por el Tribunal de Cuentas de que la tasa de error en 2010 se situó en el 7,7 % con respecto al gasto en los ámbitos de cohesión, energía y transporte; se sorprende ante la observación del Tribunal de Cuentas según la cual las directivas de la Unión no se han transpuesto adecuadamente a la legislación nacional de contratación pública; espera por ello que la Comisión mejore su supervisión de transposición a la legislación nacional y audite la admisibilidad de los proyectos que reciben fondos; considera que la contratación pública se aplica en menor medida al FSE;

173.  Acoge con beneplácito el esfuerzo de la Comisión por asegurar, mediante medidas bilaterales y multilaterales de formación, que los Estados miembros ofrezcan de modo continuo formación, información, asesoramiento y orientación a los beneficiarios y los organismos de ejecución con vistas a reducir la tasa de error en los pagos; lamenta que aparentemente los Estados miembros sean incapaces de hacerlo por su propia cuenta;

174.  Reitera su petición de que los Estados miembros se comprometan a informar sobre la gestión financiera de los instrumentos de financiación y hace suya la reivindicación del Tribunal de Cuentas de que la Comisión supervise regularmente la utilización del FSE;

175.  Recuerda que debe garantizarse el uso adecuado de los fondos por los Estados miembros y que las interrupciones y suspensiones de pago son herramientas eficaces a tal fin;

176.  Manifiesta su preocupación ante el gran número de errores detectados por el Tribunal de Cuentas en relación con los instrumentos de ingeniería financiera;

177.  Deplora que hasta ahora la Comisión solo haya puesto parcialmente en práctica las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la contribución del FSE a la lucha contra el abandono escolar;

178.  Recuerda que compete a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, que administra los créditos, adoptar medidas adecuadas para prevenir el fraude y la corrupción; observa con satisfacción la estrecha cooperación mantenida con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); exige que se garantice que los casos de fraude en el FSE también serán perseguidos y castigados por las autoridades judiciales nacionales;

179.  Celebra la voluntad de la Comisión de recibir de todos los Estados miembros una rendición detallada de cuentas mediante informes anuales de control e informes anuales generales y considera necesario que la Comisión amplíe sus actividades de control para comunicar al Parlamento el valor añadido de la financiación de la Unión;

180.  Subraya la situación de especial necesidad en que se encuentran los grupos destinatarios de las ayudas del FSE y quienes promueven los proyectos con cargo a este Fondo; sugiere que la cofinanciación de proyectos incluya también las actividades de voluntariado en organizaciones sin ánimo de lucro y aportaciones en especie; pide información actualizada sobre los gastos administrativos del FSE para los promotores de proyectos, desglosada por Estados miembros y proyectos;

181.  Destaca que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización ha financiado 21 proyectos hasta la fecha, con un total de 105 millones EUR, mientras que se pueden movilizar hasta 500 millones EUR a través de las transferencias; acoge con satisfacción la creciente tendencia entre los Estados miembros a desarrollar y presentar proyectos adecuados en este contexto; alienta a la Comisión a que apoye a los Estados miembros con eficacia en la elaboración y presentación de proyectos al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para ayudar a los trabajadores a encontrar nuevos empleos y a desarrollar nuevos conocimientos prácticos cuando han perdido su empleo como resultado de los cambios en los patrones comerciales a escala mundial o de la crisis financiera y económica mundial;

182.  Pide al Tribunal de Cuentas que examine asimismo las demás líneas presupuestarias pertenecientes al ámbito social y del empleo y que determine las razones por las que no se han utilizado en su totalidad los créditos consignados;

183.  Pide al Tribunal de Cuentas que presente las tasas de error del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del FSE por separado, y no sobre una base agregada;

184.  Espera que la Comisión presente informes detallados sobre los proyectos piloto;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de mercado interior y protección del consumidor

185.  Observa con satisfacción el incremento del índice de ejecución de los créditos de pago en el título 12; señala, no obstante, la baja tasa de ejecución de la línea presupuestaria 17 02 04, que ha tenido un impacto negativo en la tasa media de ejecución en el ámbito de la política de los consumidores; subraya la necesidad de que la Comisión recurra a mecanismos de predicción más eficientes para las necesidades de pago con el fin de mejorar la ejecución del presupuesto; acoge con satisfacción los avances que la Comisión ha realizado en 2011 a este respecto;

186.  Hace hincapié en la necesidad de promover la educación financiera de los consumidores con el fin de reforzar su conocimiento con respecto a los servicios financieros; por lo tanto, a pesar de las deficiencias en la ejecución ya señaladas, y teniendo en cuenta los recientes avances positivos en este sentido, reitera su apoyo al proyecto piloto «Transparencia y estabilidad en los mercados financieros», establecido en 2010; alienta a la Comisión a que tome medidas para identificar la mejor manera de utilizar los recursos asignados;

187.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de organizar talleres en los Estados miembros para hacer frente a los problemas que encuentran las administraciones nacionales en la aplicación y el cumplimiento de la legislación del mercado interior y cree que esto tendrá un efecto positivo sobre el índice de aplicación;

188.  Pide una vez más a la Comisión que analice la eficacia de los programas actuales de financiación para las PYME y estudie el desarrollo de nuevos instrumentos financieros conjuntos;

189.  Acoge con satisfacción la importancia que la Comisión concede a la promoción de SOLVIT y EU Pilot como mecanismos alternativos de resolución de problemas, y pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos a este respecto; hace hincapié en que SOLVIT ha demostrado su eficacia en la resolución de problemas que afectan a los ciudadanos, tales como el reconocimiento de las cualificaciones profesionales y los derechos laborales; recuerda su apoyo a una línea presupuestaria específica y a que se concedan medios financieros apropiados para SOLVIT, el portal Tu Europa y todas las demás herramientas destinadas a garantizar el buen funcionamiento del mercado interno; acoge con satisfacción el renovado sitio web central Tu Europa que da acceso a la información sobre los derechos en los diferentes sectores, así como a los servicios de asistencia; considera que el suministro de información pública en el portal Tu Europa debe reforzarse y promoverse más ampliamente entre los ciudadanos y las empresas de la Unión;

190.  Acoge con satisfacción el continuo apoyo financiero a la Red CEC, así como el estudio encargado para evaluar su eficiencia; pide a la Comisión que se inspire en las conclusiones de ese estudio y tome medidas para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos y asegurar una financiación estable de la red; destaca la importancia de que los consumidores conozcan mejor la Red CEC; acoge con satisfacción las acciones de la Comisión en este sentido, tales como las campañas en los medios y las medidas de optimización de los motores de búsqueda;

191.  Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para garantizar que las declaraciones del estado de cuentas de los Estados miembros a efectos de los recursos propios tradicionales sean exactas, y para mejorar la vigilancia aduanera nacional para evitar errores en las cantidades de los recursos propios tradicionales recogidos, de conformidad con la recomendación del Tribunal de Cuentas (punto 2.21); insta, por consiguiente, a la Comisión a realizar nuevos esfuerzos para simplificar el marco jurídico, especialmente con el fin de resolver problemas pendientes en algunos sistemas de control;

192.  Destaca la complejidad de las normas como una fuente importante de errores en el capítulo «Investigación y otras políticas»; pide a la Comisión que estudie diferentes opciones para mejorar el equilibrio entre la simplificación y el control, con el fin de reducir la carga administrativa para las PYME; pone de relieve la complejidad de las normas de contratación pública y recomienda, por tanto, su simplificación a fin de reducir la tasa global de errores;

193.  Manifiesta su preocupación acerca de la efectividad parcial de los sistemas de control y supervisión de la Comisión; señala que algunos de los errores detectados por el Tribunal de Cuentas no habían sido detectados por la Comisión y, por lo tanto, insiste en que se deben realizar esfuerzos para mejorar los actuales sistemas de control;

194.  Reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión en la aplicación de Código aduanero actualizado y toma nota de los retrasos en el proceso e insta a la Comisión a que establezca un plazo más realista;

195.  Reitera a la Comisión su solicitud de que envíe anualmente al Parlamento y al Consejo una descripción más pormenorizada de los gastos de cada línea presupuestaria comparada con las observaciones sobre dicha línea;

196.  A pesar de las críticas justificadas del Tribunal de Cuentas(115), considera que el mecanismo de garantía para las PYME es un instrumento financiero clave para seguir impulsando el potencial de las empresas artesanales y de los comercios de venta al por menor; alienta a la Comisión a maximizar el valor añadido del mecanismo de garantía para las PYME y promover aún más la innovación y el espíritu empresarial de la Unión a escala mundial;

197.  Toma nota del informe especial del Tribunal de Cuentas nº 13/2011 titulado «¿Sirve el control del régimen aduanero 42 para evitar y detectar la evasión del IVA?»; pide a la Comisión que, con el fin de evitar pérdidas importantes en los presupuestos nacionales como resultado de la evasión del IVA, modifique aún más el marco regulatorio de la Unión; por otra parte, pide a los Estados miembros que, con el fin de garantizar la gestión uniforme de la exención del IVA por las autoridades aduaneras, mejoren la colaboración y el intercambio de información;

198.  Recuerda la responsabilidad de los Estados miembros en virtud del artículo 317 del TFUE y su deber de reforzar los sistemas de control en relación con las verificaciones de gestión antes de certificar los gastos a la Comisión y con las orientaciones sobre los resúmenes anuales, que son una valiosa fuente de garantía;

199.  Pide a la Comisión que, en lo relativo a «Un presupuesto para Europa 2020», siga trabajando con el Parlamento Europeo y el Consejo y se asegure de que las futuras actividades de programación cumplen los principios de simplificación, buena gestión financiera y rendición de cuentas de la Unión; pide a los Estados miembros y a la Comisión que se centren en los objetivos SMART: específicos, mensurables, realizables, pertinentes y planificados a la hora de establecer los programas de gasto de la Unión, y al mismo tiempo, que tengan en cuenta los posibles riesgos de su aplicación;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de transportes y turismo

200.  Observa que el presupuesto para el ejercicio 2010, tal como fue definitivamente aprobado y modificado con posterioridad en el transcurso del ejercicio, preveía específicamente, para las políticas relacionadas con el ámbito de actividades de la Comisión de Transportes y Turismo, un total de 2 640 819 360 EUR en créditos de compromiso y de 1 895 014 386 EUR en créditos de pago; constata, además, que estos importes se desglosaron de la siguiente manera:

201.  Toma nota de que, al examinar la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010, el Tribunal de Cuentas ha decidido centrarse más bien en las políticas de cohesión y de energía en lugar de en la política de transportes;

202.  Se felicita de los elevados índices de utilización de créditos de compromiso para proyectos en el ámbito de las RTE-T; pide a los Estados miembros que garanticen una financiación adecuada, con cargo a los presupuestos nacionales, que se sume a este esfuerzo de la UE; recuerda que el Parlamento ha respaldado un nivel de financiación comunitaria más elevado; insta a los Estados miembros a que, en el marco de los proyectos transfronterizos de la red central, hagan todo lo posible para llegar a unos acuerdos financieros equilibrados y que estén a la altura de las ambiciones manifestadas por la Unión;

203.  Pide a la Comisión que presente, con carácter anual, listas con los proyectos de infraestructuras de turismo y transporte cofinanciadas por el Fondo de Cohesión y los fondos regionales, como ya se hace con los fondos RTE-T, y que, de este modo, facilite el acceso de otras instituciones y de los contribuyentes a la información sobre la cofinanciación de la Unión y la haga más transparente;

204.  Se felicita de la revisión intermedia de proyectos prioritarios del Programa Plurianual de la RTE-T 2007-2013 realizada por la DG Movilidad y Transportes (MOVE), llevada a cabo durante el año 2010, con el objeto de evaluar los progresos conseguidos en la ejecución actual de la red; considera que esta revisión ha consagrado el principio de condicionar la financiación a la realización de progresos tangibles gracias a los proyectos, con el fin de optimizar el uso de los recursos financieros disponibles; pide a la Comisión que extienda este ejercicio de revisión orientada hacia los resultados a otras Direcciones Generales y políticas de la Unión, e invita a las demás comisiones del Parlamento a que sigan su ejemplo;

205.  Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión sobre las RTE-T y su correspondiente instrumento financiero, denominado Mecanismo «Conectar Europa»; destaca el valor añadido europeo que conlleva la mejora en la utilización de los fondos, y apoya sus compromisos presupuestarios, que se corresponden con los objetivos de la nueva propuesta; apoya el desarrollo de fuentes innovadoras de financiación que permitan finalizar en los plazos previstos los proyectos de infraestructuras de transporte europeos, necesariamente largos y onerosos;

206.  Se felicita de la iniciativa «Financiación de proyectos mediante obligaciones», y pide a la Comisión que garantice el seguimiento de la eficacia de este nuevo instrumento y de sus efectos multiplicadores; considera sumamente oportuna la propuesta de destinar 10 000 000 000 EUR procedentes del Fondo de Cohesión a la infraestructura relacionada con el transporte en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», con el fin de aumentar tanto la eficacia como el valor añadido de las políticas estructurales y de cohesión; pide que se mejoren los sistemas de gestión y control de la utilización de los créditos del Fondo de Cohesión con el fin de garantizar una absorción correcta y efectiva de dichos fondos;

207.  Lamenta el índice de utilización poco elevado que se ha registrado en los créditos de pago destinados a la seguridad de los transportes (65 %); toma nota de que el importe que figura en el presupuesto para el ejercicio 2010 era el propuesto por la Comisión en su anteproyecto de presupuesto; pide a la Comisión que facilite una explicación detallada sobre la infrautilización de estos créditos y sobre las medidas que piensa prever para garantizar que el problema no se repita;

208.  Se felicita del aumento del índice de utilización de los créditos de pago asignados a la seguridad de los transportes y a los derechos de los pasajeros, así como al programa Marco Polo II; observa, no obstante, que el 14 % de los créditos de este programa se ha transferido a otras líneas presupuestarias; observa que se han transferido algunos créditos de la línea presupuestaria del programa SESAR, y desea recordar la gran importancia que reviste este programa para el refuerzo de la política industrial de la Unión;

209.  Se felicita del índice de utilización de los créditos de pago destinados a los programas EGNOS y GALILEO, que ha mantenido el progreso que se registró en 2009; destaca la importancia de las inversiones en este sector, que repercuten en todas las políticas de la Unión y en especial en los sectores de la logística, de la sostenibilidad de los trasportes y de la seguridad en los transportes; se felicita del exitoso lanzamiento de los dos primeros satélites operativos GALILEO el 21 de octubre de 2011, lo que supone un paso fundamental para el éxito de ambos programas; pide que se garantice una financiación adecuada, el desarrollo, la aplicación y la viabilidad de las aplicaciones y de los servicios innovadores apoyados por estos programas en el sector de los transportes, con el fin de explotar al máximo el potencial de estos programas;

210.  Toma nota del Informe Especial «¿Resultaron eficaces los proyectos turísticos cofinanciados por el FEDER?», en el que se constata que el turismo representa la industria de servicios más importante de la Unión; acoge con satisfacción la conclusión del Tribunal de Cuentas según la cual la mayoría de los proyectos habían generado resultados a varios niveles, ya se trate de la creación o del mantenimiento de puestos de trabajo, del establecimiento de una capacidad de acogida o de actividades turísticas; pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en lo que se refiere a la gestión y el control de los fondos FEDER destinados a los proyectos turísticos y que utilice las disposiciones del Tratado de Lisboa para proponer un programa plurianual para el turismo que cuente con unas líneas presupuestarias suficientemente financiadas;

211.  Observa con satisfacción que el Tribunal de Cuentas ha estimado que las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte son legales y regulares en todos sus aspectos significativos; manifiesta su preocupación por el volumen de los créditos de compromiso prorrogados (14,5 %); pide a la Comisión que dé una explicación detallada sobre estos créditos prorrogados;

212.  Pide que se adjunte al presupuesto de cada ejercicio un informe especial sobre las prórrogas de créditos del ejercicio precedente en el que se indiquen las razones por las que no se han utilizado los recursos en cuestión, así como las modalidades y el calendario con arreglo a los cuales se van a utilizar;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de libertades civiles, justicia y asuntos de interior

213.  Lamenta la disminución que se ha registrado en el nivel de ejecución de los compromisos en el presupuesto destinado al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (94,8 % en 2010 en comparación con el 97,7 % en 2009), así como la ligera disminución en el nivel de ejecución de los pagos (88,7 % en 2010 en comparación con el 89,6 % en 2009);

214.  Se felicita de los importantes progresos que se han realizado en la reducción del nivel de las cancelaciones de pagos (del 8,5 % en 2009 al 2,8 % en 2010); lamenta el aumento que se ha registrado en el nivel de prórrogas (del 1,9 % en 2009 al 8,5 % en 2010), principalmente a causa de las prórrogas en el Fondo para las Fronteras Exteriores, el Fondo Europeo para el Retorno y SIS II; insta a la Comisión a que reduzca el nivel de las prórrogas de pagos en el presupuesto destinado al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia;

215.  Expresa su satisfacción por el elevado porcentaje de ejecución de los cuatro fondos del programa «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios»; toma nota de la justificación de la Comisión con respecto al bajo índice de ejecución del Fondo para las Fronteras Exteriores, en particular el hecho de que no se adoptaran los programas anuales de los cinco países que participaron por primera vez en 2010 en dicho Fondo;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de educación y cultura

216.  Aplaude los esfuerzos para seguir simplificando los procedimientos y mejorando la accesibilidad por lo que se refiere a los programas en el ámbito de la educación y la cultura, y señala que, en 2010, la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) disponía de formularios electrónicos para la mayoría de las acciones y programas, en particular para el Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), el Programa «Cultura» y el Programa «Europa con los ciudadanos»; se muestra satisfecho con el uso ampliado de las cantidades a tanto alzado y las decisiones de subvención, y subraya la importancia de un adecuado equilibrio entre unos procedimientos flexibles y los necesarios controles;

217.  Lamenta que las agencias nacionales no aplicaran plenamente los controles principales para el PAP, lo que ha dado lugar a una absorción insuficiente de los fondos por parte de este programa, debido a la incoherencia de los datos presentados y a la falta de ejecución oportuna del número mínimo de controles; invita a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos con el fin de garantizar que todas las agencias nacionales asuman sus responsabilidades;

218.  Observa con satisfacción que la Comisión ha mejorado sus sistemas de control y que en el ámbito de la política educativa y cultural, que forma parte del grupo político «Investigación y otras políticas internas», no se apreciaron errores materiales;

219.  Se muestra satisfecho con la significativa mejora de los plazos de pago, y toma nota con agrado de que la EACEA ejecutó el 94 % de sus pagos dentro de los plazos; recuerda que cualquier retraso en los pagos repercute directamente en los derechos de los beneficiarios, en particular los de las pequeñas y medianas empresas, y, en consecuencia, en el éxito de los programas; recuerda, no obstante, que la parte principal de la subvención se debe abonar lo antes posible y, en cualquier caso, durante el período de subvención, con objeto de no acentuar la dependencia por parte de las organizaciones de la aprobación de préstamos por los bancos, ya que la EACEA considera que los intereses no son «subvencionables»;

220.  Toma nota de que la Comisión ha puesto en marcha una licitación con miras a una red de televisión paneuropea, según lo previsto en los presupuestos para 2009 y 2010; se muestra en consecuencia sumamente preocupado por el hecho de que en 2010 la Comisión decidiera anular el proyecto y reorientar el dinero a otra parte, sin el consentimiento del Parlamento y del Consejo; exige la divulgación de todos los contratos y recomendaciones relativos a la red de televisión y de las evaluaciones realizadas por el comité de selección;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria

221.  Considera que los índices globales de ejecución de las rúbricas presupuestarias correspondientes a medio ambiente, salud pública y seguridad alimentaria son satisfactorios; recuerda, en este contexto, que sólo el 0,76 % del presupuesto de la Unión se dedica a los instrumentos políticos cuya responsabilidad incumbe a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria;

·Acción por el medio ambiente y el clima

222.  Destaca que el índice global de ejecución ascendió al 99,26 % en el ámbito del medio ambiente y la acción por el clima; señala, además, que el nivel de ejecución de los pagos se situó en el 84,1 %;

223.  Se congratula por el hecho de que se haya conseguido ejecutar el 99,4 % del presupuesto operativo de LIFE +; señala que, en 2010, 240 000 000 EUR se dedicaron a subvenciones para proyectos, 9 300 000 EUR se destinaron a respaldar las actividades operativas de organizaciones no gubernamentales, 42 500 000 EUR se utilizaron para medidas destinadas a apoyar el papel de la Comisión como iniciadora y supervisara del desarrollo de políticas y de legislación y 14 500 000 EUR se destinaron a apoyo administrativo;

224.  Destaca la variación entre la asignación indicativa nacional y la asignación final por Estado miembro de fondos de LIFE+, así como la diferencia en el número de propuestas recibidas de los distintos Estados miembros; alienta aún más los esfuerzos de la Comisión por proporcionar formación anual a las autoridades nacionales y organizar seminarios en cada Estado miembro a fin de facilitar información general sobre los objetivos de LIFE+ y sobre cómo preparar una propuesta exitosa;

225.  Reconoce que se carece de fundamento jurídico para aplicar el programa de acción de lucha contra el cambio climático de la UE; acoge con satisfacción la transferencia del importe total de 15 000 000 EUR al mecanismo financiero en el marco de la Iniciativa de financiación de la energía sostenible, con el propósito de desarrollar instrumentos adecuados de financiación para dar un fuerte impulso a proyectos de eficiencia energética y a proyectos para la explotación de fuentes de energía renovables;

226.  Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas en relación con las auditorías a posteriori llevadas a cabo por la Comisión desde 2006 con criterios basados en el riesgo; acoge con satisfacción el hecho de que la DG ENV decidiera cambiar su metodología de muestreo en 2011 con el fin de obtener resultados asimismo sobre la base de una muestra aleatoria que se podría generalizar con más facilidad al conjunto del proyecto;

227.  Se congratula por el plan de acción diseñado por la DG CLIMA para mejorar las medidas de seguridad nacionales, que se consideró necesario después de que se identificara un fallo de seguridad importante en los registros nacionales del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea

228.  Toma nota de que se ejecutaron con cargo al presupuesto 2010 siete proyectos piloto y una acción preparatoria;

229.  Subraya que el índice de ejecución de las contribuciones a las actividades internacionales en materia de medio ambiente, que se destinan a financiar las contribuciones obligatorias y voluntarias a los convenios, protocolos y acuerdos internacionales, está sujeto a variaciones en el tipo de cambio, ya que la mayoría de las contribuciones se pagan en dólares estadounidenses;

·Salud Pública y Seguridad Alimentaria

230.  Acoge con satisfacción el índice de ejecución del 99,7 % de los créditos de compromiso en el ámbito de la salud pública (excluidos los créditos destinados a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos); señala el índice del 95,3 % de ejecución de los compromisos en el ámbito de la seguridad de los alimentos, la salud y el bienestar de los animales y las cuestiones fitosanitarias;

231.  Subraya la importancia del programa de salud pública, por lo que aplaude el satisfactorio índice de ejecución de casi el 100 % de los créditos de compromiso; es consciente de un índice de ejecución inferior de los créditos de pago (95,1 %), debido a solicitudes de morosidad por parte de los beneficiarios de subvenciones o a la ampliación de acuerdos contractuales;

232.  Destaca la importancia de seguir concienciando al público sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, y considera que la plena aplicación del importe disponible en 2010 supone un éxito de la campaña HELP;

233.  Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas en relación con la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo, una entidad administrativa de la Comisión, y pide a la Agencia Ejecutiva que reduzca de manera significativa sus importes prorrogados mediante la revisión de sus instrumentos de planificación e información presupuestaria, con el fin de respetar el principio de anualidad del presupuesto de la Unión; ha tomado asimismo nota del Informe anual de la Comisión relativo a las auditorías internas llevadas a cabo en 2010, y alienta a la Agencia Ejecutiva, en cooperación con su DG asociada, a trabajar sobre las cuestiones abordadas, como la gobernanza y la arquitectura en materia de TI;

234.  Toma nota del nivel de ejecución del 95,3 % para el capítulo presupuestario 17 04 – Seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias; es consciente de que la plena ejecución no fue posible debido a un reducido número de brotes de enfermedades animales, por lo que no se consumieron plenamente los fondos de emergencia según lo previsto, y, en segundo lugar, a que no hubo necesidad de adquirir vacunas de emergencia;

235.  Observa, por lo que se refiere a las medidas de erradicación, que las reclamaciones de pago del coste final presentadas por los Estados miembros eran a menudo inferiores a la estimación inicial; señala, asimismo, que han hecho falta más auditorías debido a unas tasas de error precedentes elevadas, que han retrasado igualmente la ejecución de los pagos en este ámbito;

236.  Lamenta el inferior resultado de la ejecución de los pagos en concepto de medidas fitosanitarias debido a los retrasos por parte de los Estados miembros a la hora de presentar los documentos requeridos o porque la documentación estaba incompleta, e invita a los Estados miembros a que mejoren los procedimientos en este sentido;

Punto de vista desde la perspectiva de la política exterior

237.  Toma nota de que la mayoría de los errores no cuantificables detectados por el Tribunal de Cuentas se han producido en los procedimientos de contratación y en la prórroga de contratos; reitera, al igual que en anteriores procedimientos de aprobación de la gestión, su preocupación por la gran vulnerabilidad de estos dos sectores al fraude y a la mala gestión;

238.  Toma nota de que los sistemas de control y supervisión para las políticas en materia de acción exterior, desarrollo y ampliación solo se consideran eficaces en parte; pide a la Comisión y al SEAE que tomen y apliquen todas las medidas necesarias para mejorar la regularidad de los pagos;

239.  Recuerda que en la auditoría de la declaración de fiabilidad no figuran los principales riesgos relacionados con la ayuda presupuestaria, en particular el riesgo relacionado con la eficacia de la ayuda y los riesgos de fraude y corrupción; pide a la Comisión que controle atentamente estos riesgos;

240.  Considera que, además de realizar los esfuerzos necesarios para mejorar la regularidad de los pagos, la Comisión debería llevar a cabo, para cada una de las intervenciones, estimaciones sistemáticas de su coste y su beneficio, tal y como recomienda el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial(116); insiste en que se informe al Parlamento, como rama de la Autoridad Presupuestaria, sobre los resultados de estas evaluaciones, incluidos los resultados de las evaluaciones que cubren las actividades de la PESC;

241.  Destaca, no obstante, que la relación coste/beneficio no puede considerarse siempre en sí misma un criterio suficiente para evaluar la conveniencia de la asistencia de la Unión en un tercer país; está convencido, de hecho, de que se ha de evaluar sistemáticamente la eficacia de la ayuda con respecto a los objetivos de la política exterior de la Unión y de que se deberían incluir criterios adicionales como, por ejemplo, los intereses estratégicos de la Unión, la necesidad de que la Unión esté presente sobre el terreno o la aplicación de proyectos y acciones que fomenten los valores y los principios fundamentales de la Unión, que se deberían tener asimismo en consideración;

242.  Está de acuerdo con la opinión del Tribunal de Cuentas según la cual, en ciertos casos, algunos ámbitos de asistencia de la Unión podrían optimizarse y podría aumentarse el impacto de la ayuda mejorando la coordinación con los Estados miembros, cuya ayuda exterior no debe considerarse un elemento de competencia, sino más bien un elemento complementario; pide, por consiguiente, que se intensifiquen los esfuerzos con respecto a la coordinación de los donantes en el seno de la Unión, con terceros países y con las organizaciones internacionales;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de desarrollo regional

243.  Constata que la ejecución presupuestaria en el ámbito de la política regional ha sido buena, habiéndose pagado 30 557 000 000 EUR, y que la mayoría de los pagos en 2010 estaban relacionados, principalmente y por vez primera, con la aplicación de los programas 2007-2013 (25 550 000 000 EUR de pagos intermedios, frente a los 9 420 000 000 EUR en 2009);

244.  Lamenta que la política regional fuera, entre las categorías de gastos de la Unión, el ámbito más sujeto a error, habiéndose constatado errores en un 49 % de los 243 pagos verificados por el Tribunal de Cuentas; señala, no obstante, que solo algunos errores tendrán un impacto financiero y que la frecuencia de un 49 % es inferior a la del periodo 2000-2006; subraya que la tasa de error ha ido disminuyendo en comparación con las tasas de error detectadas en el periodo de programación 2000-2006; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren, en el marco de la gestión compartida, una tendencia hacia una reducción coherente de la tasa de error;

245.  Recuerda que un error ocurre cuando una transacción no se efectúa de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, haciendo que el gasto declarado (y reembolsado) sea irregular; toma nota asimismo de que un error no significa necesariamente que los fondos hayan desaparecido, se hayan perdido o se hayan malgastado ni que se haya cometido un fraude;

246.  Observa que buena parte del porcentaje de error estimado se debe al incumplimiento tanto de las normas sobre contratación pública como de las normas de subvencionabilidad (un 31 % y un 43 %, respectivamente); toma nota en este contexto de la recomendación del Tribunal de Cuentas de que se identifiquen los ámbitos susceptibles de una mayor simplificación; pide, por tanto, que se analice la necesidad de reforzar los aspectos de asistencia técnica y, en cualquier caso, la necesidad de mantener los elementos de control financiero con plena capacidad operativa; subraya la necesidad de que la Comisión simplifique las normas con el fin de garantizar procedimientos más manejables y de no desalentar a los posibles beneficiarios de participar en proyectos; pide a los Estados miembros que simplifiquen sus disposiciones nacionales, que a menudo no hacen sino añadir cargas administrativas que la legislación de la Unión no contempla; considera, por consiguiente, que es necesario seguir realizando meticulosos esfuerzos para reducir esta tasa de error;

247.  Lamenta las deficiencias detectadas en la aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera, en particular el incumplimiento de los requisitos reglamentarios en lo que respecta a la contribución de los programas operativos a los fondos destinados a la aplicación de esos instrumentos, así como las insuficiencias detectadas en el cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de declaración y de verificación; toma nota de que es necesario seguir desarrollando el potencial que ofrecen los instrumentos de ingeniería financiera, a fin de facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos cualitativos, la participación de entidades privadas, especialmente PYME, y la utilización de capital en proyectos de la Unión; insta a la Comisión a que simplifique las normas de estos instrumentos, cuya complejidad actual limita su uso; recomienda la realización de análisis más detallados que evalúen el efecto real de estos instrumentos y las orientaciones para la mejora de su aplicación; pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones de información;

248.  Observa que, en el caso de un elevado número de transacciones afectadas por errores, las autoridades de los Estados miembros disponían de suficiente información para detectar y aplicar medidas correctoras antes de la certificación; pide a la Comisión que refuerce su asistencia a las autoridades de gestión (AG) mediante seminarios específicos, notas de orientación, divulgación de mejores prácticas y formación de funcionarios responsables de la gestión, puesto que la mayoría de errores se producen en el control de primer nivel; toma nota de la necesidad de establecer un sistema de supervisión constante de la transferencia real de medidas de formación dirigidas a las AG, a fin de verificar que se produce una transmisión efectiva de conocimientos, prestando especial atención a lo que ocurre a nivel local; insta al establecimiento de mecanismos de corrección, incluida la aplicación de medidas sancionadoras en casos de negligencia manifiesta;

249.  Acoge con satisfacción la explicación de la Comisión en la que, por primera vez, afirma que la gran mayoría de los errores se concentran en solo tres Estados miembros y solo en algunos programas operativos;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de derechos de la mujer e igualdad de género

250.  Recuerda al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que, de conformidad con el artículo 8 del TFUE, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres constituye un principio fundamental de la Unión Europea en todas sus ámbitos de actividad; pide, por consiguiente, al Tribunal de Cuentas que, en aquellos casos en los que sea aplicable, evalúe la ejecución del presupuesto desde el punto de vista de la perspectiva de género;

251.  Lamenta que el Informe Anual no contenga ninguna observación del Tribunal de Cuentas ni ninguna respuesta de la Comisión sobre el gasto relacionado con la igualdad de género;

252.  Destaca que la realización de una auditoría del presupuesto que incluya una perspectiva de género es imprescindible para la preparación de un presupuesto con una dimensión de género, ya que puede poner de manifiesto los efectos del gasto en la igualdad entre los sexos, en particular, si hombres y mujeres se benefician del gasto de forma proporcional y si el presupuesto ha de ser objeto de una adaptación para cubrir de manera más adecuada las diferentes necesidades de los hombres y las mujeres;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de comercio internacional

253.  Destaca el hecho de que garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión está vinculado a la ayuda macrofinanciera; considera necesario que la Comisión prevea controles adecuados y que el Tribunal de Cuentas efectúe auditorías apropiadas en relación con este instrumento;

254.  Pone de relieve que, como consecuencia de la estrategia de ayuda al comercio, los fondos de la Unión deben utilizarse eficazmente y de conformidad con las normas y disposiciones vigentes, con vistas a garantizar una mejor integración de los beneficiarios en el sistema mundial de comercio basado en normas y a fomentar la erradicación de la pobreza;

255.  Subraya que deben apoyarse los centros empresariales de la UE en China, Tailandia y la India; considera, asimismo, que deben establecerse controles suficientes para garantizar un funcionamiento eficaz y de calidad de dichos centros;

Punto de vista desde la perspectiva de la política de pesca

256.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas ‐ Cuentas anuales de la Unión Europea ‐ Ejercicio financiero de 2010(117), y del Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2010(118); subraya que estos dos informes incluyen pocas observaciones en el ámbito de los asuntos marítimos y pesqueros;

257.  Agradece a la DG MARE los documentos complementarios transmitidos y considera suficientes los índices globales de ejecución en 2010 de las líneas presupuestarias en el ámbito de los asuntos marítimos y pesqueros;

258.  Destaca que el índice global de ejecución del presupuesto es, para los créditos de compromiso, del 97,20 % y, para los créditos de pago, del 79,23 %; observa, sin embargo, una ejecución muy baja en el capítulo 11 02, Mercados de productos de la pesca, y toma nota de las explicaciones de la Comisión relativas específicamente a la ejecución de los programas de pesca en las regiones ultraperiféricas;

259.  Toma nota con satisfacción de las intenciones de la DG MARE de mejorar la ejecución de los créditos disponibles para las acciones cofinanciadas con los Estados miembros, y anima a los servicios interesados de la Comisión a perseverar en esta vía;

260.  Observa los esfuerzos realizados por la DG MARE en el ámbito de la auditoría interna y pide que la Comisión siga gestionando lo más eficaz y rápidamente posible el conjunto de proyectos y expedientes;

261.  Constata que se mantiene la reserva de la DG MARE sobre los sistemas de gestión y control de los programas operativos del IFOP (Instrumento Financiero de Orientación Pesquera) en Alemania - planta de acondicionamiento; toma nota de que se trata de un programa antiguo y complejo que se inició en 2001 y pide a la Comisión que archive rápidamente este expediente, preservando siempre los intereses de la Unión;

262.  Se felicita de que la DG MARE haya reforzado la eficacia de los controles en el ámbito de los acuerdos internacionales y de que se haya acordado separar los pagos que dependen estrictamente del aspecto comercial (104 017 795 EUR, o sea, el 72 % del total) de los que dependen del apoyo sectorial (40 211 849 EUR, o sea, el 28 % del total);

263.  Insiste en la necesidad de dar un seguimiento eficaz a las acciones financiadas por la Unión para el apoyo sectorial de los acuerdos internacionales por medio de los cuadros de matrices establecidos de la manera más detallada posible, así como en la necesidad de fomentar el desarrollo de la parte del apoyo sectorial; está convencido de que la parte comercial de los acuerdos debería estar condicionada, a largo plazo, a un apoyo sectorial eficaz, sustancial y que cuente con un seguimiento suficiente;

264.  Pide que se le asocie en mayor medida a la política pesquera, en razón de su papel legislativo y presupuestario, en particular en lo que se refiere a los acuerdos internacionales de pesca y a los distintos encuentros relativos a los mismos (por ejemplo, comisiones mixtas o negociaciones bilaterales con los países terceros);

265.  Pide al Tribunal de Cuentas que elabore informes especiales sobre los ámbitos prioritarios de la política pesquera común a raíz de las diversas propuestas legislativas y comunicaciones incluidas en el paquete de reforma de esta última, incluso en lo que se refiere a su dimensión externa.

(1) DO L 64 de 12.3.2010. (2) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (3) DO C 326 de 10.11.2011, p. 1. (4) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (5) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (6) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0154. (7) DO L 64 de 12.3.2010. (8) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (9) DO C 366 de 15.12.2011, p. 63. (10) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (11) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (12) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (13) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (14) DO L 24 de 27.1.2005, p. 35. (15) DO L 64 de 12.3.2010. (16) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (17) DO C 366 de 15.12.2011, p. 81. (18) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (19) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (20) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (21) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (22) DO L 5 de 9.1.2004, p. 85. (23) DO L 140 de 1.6.2007, p. 52. (24) DO L 64 de 12.3.2010. (25) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (26) DO C 366 de 15.12.2011, p. 93. (27) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (28) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (29) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (30) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (31) DO L 369 de 16.12.2004, p. 73. (32) DO L 173 de 3.7.2008, p. 27. (33) DO L 64 de 12.3.2010. (34) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (35) DO C 366 de 15.12.2011, p. 69. (36) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (37) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (38) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (39) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (40) DO L 9 de 12.1.2008, p. 15. (41) DO L 64 de 12.3.2010. (42) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (43) DO C 366 de 15.12.2011, p. 87. (44) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (45) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (46) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (47) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (48) DO L 11 de 15.1.2008, p. 9. (49) DO L 64 de 12.3.2010. (50) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (51) DO C 366 de 15.12.2011, p. 75. (52) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (53) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (54) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (55) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (56) DO L 32 de 6.2.2007, p. 88. (57) DO L 64 de 12.3.2010. (58) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (59) DO C 326 de 10.11.2011, p. 1. (60) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (61) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (62) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (63) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0154. (64) DO L 64 de 12.3.2010. (65) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (66) DO C 326 de 10.11.2011, p. 1. (67) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (68) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (69) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (70) COM(2011)0662. (71) SEC(2011)1179, p. 24. (72) Informe de síntesis sobre los instrumentos de ingeniería financiera, p. 6. (73) Informe de síntesis sobre los instrumentos de ingeniería financiera, p. 10. (74) Informe de síntesis sobre los instrumentos de ingeniería financiera, p. 9. (75) Informe de síntesis sobre los instrumentos de ingeniería financiera, pp. 21 y 26. (76) Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25). (77) DO C 47 de 17.2.2012, p. 1. (78) Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de abril de 2004, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2002 (Comisión) (DO L 330 de 4.11.2004, p. 82). (79) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1. (80) Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010 (COM(2011)0323), p. 2. (81) COM(2011)0164. (82) Respuesta del Comisario Šefčovič a la pregunta escrita nº 12 de la audiencia realizada el 8 de diciembre de 2011 ante la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. (83) SEC(2011)1179, p. 13. (84) Respuesta del Comisario Johannes Hahn a la pregunta escrita nº 4 de la audiencia de 19 de diciembre de 2011 en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. (85) SEC(2011)1179, p. 20. (86) SEC(2011)1179, p. 21. (87) Informe de la Comisión sobre los avances de Rumanía en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, COM(2012)0056, página 4. (88) Cuentas anuales de la Unión Europea (COM(2011)0473), pp. 32 y 90. (89) Reglamento (CE) nº 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (DO L 53 de 23.2.2002, p. 1), modificado por última vez por el Reglamento (CE) nº 431/2009 (DO L 128 de 27.5.2009, p. 1). (90) El artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (DO L 118 de 12.5.2010, p. 1) establece un máximo del 1,23 %, a partir del cual la Comisión estima que es posible activar un total de 60 000 000 000 EUR (COM(2010)0713, p. 4). (91) Fuente: Gráfico IV del anexo al Informe anual 2010 del Tribunal de Cuentas. (92) Fuente: Gráfico I del anexo al Informe anual 2010 del Tribunal de Cuentas. (93) Fuente: Gráfico V del anexo al Informe anual 2010 del Tribunal de Cuentas. (94) Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de marzo de 2011, sobre el proyecto de Decisión del Consejo Europeo que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro (P7_TA(2011)0103). (95) http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9406723.PDF. (96) http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/9504723.PDF. (97) Disponible en el sitio web del Tribunal de Cuentas neerlandés http://www.courtofaudit.com/english/News/2012/02/Letter_of_president_Netherlands_Court_of_Audit_on_ESM_Board_of_Auditors (98) DO L 250 de 27.9.2011, p. 33. (99) DO L 357 de 31.12.2002, p. 1. (100) COM(2012)0040, p. 16. (101) Programa de Trabajo del Tribunal de Cuentas Europeo para 2012, p. 6. (102) Respuesta a la pregunta 21, documento «Preguntas adjuntas al Comisario Šemeta», divulgado por la Secretaría de la Comisión de Control Presupuestario el 16 de diciembre de 2011, tras la audiencia del Comisario Šemeta de 8 de diciembre de 2011 ante dicha comisión. (103) DO L 250 de 27.9.2011, p. 33. (104) COM(2008)0097. (105) anexo a las respuestas a las cuestiones escritas formuladas al Comisario Johannes Hahn para la audiencia del 19 de diciembre de 2011 en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento. (106) Informe anual, ejemplo 3.1, p. 79. (107) Informe anual, nota a pie 23, p. 79. (108) Informe anual, cuadro 3.1, p. 72. (109) Respuesta a la pregunta oral del Comisario Andris Piebalgs durante la audiencia de 12 de enero de 2012 en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. (110) Cálculo realizado a partir de la respuesta a la pregunta escrita nº 2 formulada al Comisario Andris Piebalgs para la audiencia de 12 de enero de 2012. (111) http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/beneficiaries/index.cfm?lang=en&mode=SM&type=contract (112) http://ec.europa.eu/echo/files/funding/agreements/agreements_2010.pdf (113) Réplica a las preguntas formuladas a la Comisaria Máire Geoghegan-Quinn durante la audiencia del 23 de enero de 2012 en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. (114) La ayuda de la UE al desarrollo de la educación básica en el África subsahariana y Asia meridional (Informe Especial nº 12/2010). (115) 1 Informe Especial nº 4/2011 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre «Fiscalización del régimen de garantías a las PYME» (116) Informe Especial nº 1/2011 del Tribunal de Cuentas Europeo, «¿Supone una mejora en la prestación de la ayuda la desconcentración de las competencias de la Comisión en la gestión de la ayuda exterior para transferirlas de los servicios centrales a las delegaciones?» (117) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (118) DO C 326 de 10.11.2011, p. 3.

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010 (2011/2225(DEC))

P7_TA(2012)0154 A7-0102/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(1),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0256/2011)(2),

–  Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones controladas(3), así como los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas(4) y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas su Decisión, de 10 de mayo de 2012, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión(5), y su Resolución que contiene observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,

–  Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas elaborados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo de 21 de febrero de 2012 sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea correspondiente al ejercicio 2010 (06081/1/2012 – C7-0053/2012),

–  Vistos el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(6), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

–  Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0102/2012),

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecuta el presupuesto y gestiona los programas, y que esto lo hace, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y respetando el principio de buena gestión financiera;

B.  Considerando que los informes especiales del Tribunal de Cuentas aportan información sobre motivos de preocupación en la utilización de los fondos, que, por tanto, resultan útiles al Parlamento cuando actúa como autoridad de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto;

C.  Considerando que sus observaciones sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas forman parte integrante de la citada Decisión del Parlamento de 10 de mayo de 2012 por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión;

Parte I – Informe especial nº 7/2010 del Tribunal de Cuentas, titulado «Fiscalización del procedimiento de liquidación de cuentas»

1.  Acoge con satisfacción el Informe Especial nº 7/2010 sobre el procedimiento de liquidación de cuentas en la política agrícola común en virtud de su importancia fundamental para la calidad de las informaciones que la Comisión facilita al Parlamento durante el procedimiento de aprobación;

2.  Contempla la conclusión principal del Informe Especial nº 7/2010 en sus comentarios sobre las correcciones posteriores en las cuentas anuales mediante decisiones de conformidad a pesar de la aprobación de la gestión realizada mientras tanto por el Parlamento y de la consiguiente relativización de las informaciones facilitadas en el procedimiento de aprobación;

3.  Es consciente de que el único remedio posible y completo lo constituye un cambio de sistema de control en la política agrícola, que solamente resultaría factible con una carga notablemente superior para los beneficiarios y los organismos de gestión;

4.  Centra, por tanto, las presentes recomendaciones en las posibilidades de mejora dentro del sistema existente; recurre, asimismo, para valorar la viabilidad real de este sistema al Informe Especial nº 8/2011 del Tribunal de Cuentas titulado «Recuperación de los pagos indebidos en el marco de la política agrícola común» y subraya la crítica del Tribunal de Cuentas en el sentido de que el sistema en su conjunto no permite ni siquiera cuantificar los pagos indebidos efectuados en este ámbito;

5.  Se adhiere a la petición del Tribunal de Cuentas de reformar el procedimiento de liquidación de cuentas, con el fin de:

6.  Considera imprescindible, en aras de la credibilidad del procedimiento de aprobación anual y de la protección de los intereses financieros de la Unión, introducir mejoras en el sistema actual e insiste en que, durante el procedimiento de aprobación, la Comisión facilite información sobre:

7.  Reconoce las medidas que la Comisión ha adoptado para una mayor fiabilidad de los datos que sirven de base para las liquidaciones de cuentas facilitados por las autoridades de control de los Estados miembros; llama la atención sobre la rotunda conclusión del Tribunal de Cuentas de que la mayoría de estas no se encuentra en condiciones de ejecutar las medidas de la Comisión; exige, por tanto, que la Comisión tome más iniciativas para formar a los organismos de gestión de los Estados miembros; pide a la Comisión que realice un seguimiento estructurado y fomente el intercambio de información de los organismos pagadores y los organismos de certificación que utilizan sus redes y seminarios, facilite ejemplos de buenas prácticas y elabore la solución conjunta de cuestiones jurídicas mediante la interpretación; considera imprescindibles las auditorías basadas en el riesgo incluso en el caso de los organismos de certificación;

8.  Cree que la ulterior mejora de las declaraciones de fiabilidad de los directores de los organismos pagadores y los organismos de certificación constituye una medida insoslayable para la obligación de rendir cuentas; solicita un sistema de recompensa para las declaraciones correctas y de sanciones para las erróneas, sobre todo en el caso de errores del sistema detectados, aunque no previamente declarados;

9.  Aboga por un flujo de información sistemático desde los organismos ejecutores de nivel más bajo hacia la Comisión, al objeto de tomar en consideración las dificultades experimentadas sobre el terreno en los textos jurídicos simplificados y en su interpretación; pide a la Comisión que garantice que las autoridades nacionales y sus directores no penalicen a los funcionarios de sus organismos pagadores y organismos de certificación por indicar correcciones a la Comisión;

10.  Pide a la Comisión que incluya a los organismos pagadores y a los organismos de certificación, en caso de una rotación elevada del personal, en una auditoría basada en el riesgo, y que incluya una comunicación dirigida a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria en el informe anual de actividades; propugna un análisis de la corrección de las declaraciones de fiabilidad y de la exposición del porcentaje de error por Estado miembro con las principales fuentes de error a la autoridad de aprobación de la gestión;

11.  Solicita la verificación de los procesos subyacentes a las decisiones de conformidad, una intervención más rápida de los grupos de expertos para la conciliación y una utilización puntual de la propia conciliación;

12.  Recomienda que las cifras reclamadas en el punto 6 se presenten en un apartado especial dentro de la resolución anual de aprobación de la gestión y se sometan a votación en el Pleno;

Parte II – Informe Especial nº 13/2010 del Tribunal de Cuentas titulado «¿Se ha iniciado con éxito el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación en el Cáucaso Sur (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) y está obteniendo resultados?»

13.  Acoge con satisfacción la auditoría del Tribunal de Cuentas y las recomendaciones que contiene; manifiesta su preocupación ante los resultados de la auditoría, que revelan graves problemas en la aplicación del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) por parte de la Comisión;

14.  Expresa su grave preocupación ante las deficiencias en los procedimientos de programación constatadas en la auditoría; pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y racionalice los procedimientos, mejore la conexión entre los documentos de programación estratégica (planes de acción de la Política Europea de Vecindad, documentos estratégicos y programas indicativos nacionales) y dé una mayor coherencia temporal a esos documentos, con el objetivo de ofrecer a los países vecinos la perspectiva de una relación cada vez más estrecha con la Unión;

15.  Estima inaceptable la manera en que la Comisión recurre al apoyo presupuestario en el marco del IEVA, considerándolo la modalidad de ayuda preferente en los tres países, sin una valoración detallada de la eficacia de los instrumentos disponibles; hace hincapié, en este contexto, en que el apoyo presupuestario sectorial se relaciona a menudo con una escasa visibilidad y con la motivación ocasional por parte de los Gobiernos, y expresa su profunda preocupación por las conclusiones del Tribunal de Cuentas en el sentido de que la viabilidad de un ámbito para el apoyo presupuestario sectorial se convirtió en un factor importante para determinar la ayuda en los programas de acción anuales de 2007; insta a la Comisión a que siga las recomendaciones del Tribunal de Cuentas y elija el apoyo presupuestario sectorial de manera más selectiva, considerando todas las opciones disponibles dentro del IEVA, y que lleve a cabo un despliegue más equilibrado de los distintos instrumentos; destaca la necesidad de incrementar el acceso de las ONG y del sector privado de los países beneficiarios a la ayuda facilitada;

16.  Expresa su preocupación ante las conclusiones de la auditoría en el sentido de que la programación y la concepción de la asistencia no están suficientemente encauzadas a través de un diálogo estructurado con los países beneficiarios, pues dicho diálogo se impulsa fundamentalmente desde la sede central de la Comisión, limitándose el intercambio directo de opiniones a unos pocos días de misiones en el país, con insuficientes pruebas en los informes sobre lo que se ha debatido; estima que ofrecer el apoyo presupuestario sectorial a un país productor y exportador de petróleo, con destino a la ampliación del uso de las fuentes de energía renovables, difícilmente puede ser una motivación fuerte para el Gobierno; insta a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para reforzar este diálogo;

17.  Insta a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que tengan en cuenta la recomendación del Tribunal de Cuentas de facilitar recursos humanos suficientes, también sobre el terreno, inclusive expertos en materia de apoyo presupuestario, y de ayudar a reforzar el marco general de la Administración del Estado de los países beneficiarios utilizando medidas complementarias al hermanamiento;

18.  Acoge con satisfacción el programa piloto aplicado por la Comisión, que implica una supervisión orientada a resultados y que explícitamente se adapta a las operaciones del programa de apoyo a políticas sectoriales, y espera un informe de evaluación del valor añadido reconocido en los tres países;

Parte III – Informe Especial del Tribunal de Cuentas nº 14/2010, titulado «La gestión por la Comisión del sistema de controles veterinarios a las importaciones de carne a raíz de las reformas de 2004 en la normativa sobre higiene»

19.  Acoge con satisfacción el informe especial del Tribunal de Cuentas, la respuesta de la Comisión y el informe de esta misma institución sobre la eficacia y la coherencia de los controles sanitarios y fitosanitarios de las importaciones de alimentos, piensos, animales y vegetales (COM(2010)0785);

20.  Apoya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas a la Comisión de optimizar sus tareas en el marco de su papel de supervisión y coordinación;

21.  Aboga por introducir mejoras, especialmente en los siguientes ámbitos, como contribución a una mayor seguridad alimentaria de las importaciones de productos cárnicos y, con ello, a una mejor protección de los ciudadanos europeos frente a las importaciones dudosas de alimentos, a la vez que destaca que no deben ignorarse las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que no se mencionan explícitamente en las letras a) a e):

22.  Reconoce que los productores europeos de carne y alimentos deben cumplir normas estrictas de producción y calidad; expresa su preocupación por el hecho de que los productores de terceros países que exportan a la Unión no cumplen dichas normas de producción, como constata el Tribunal de Cuentas; invita a la Comisión a abordar esta cuestión y a presentar sin demora propuestas al Parlamento y al Consejo sobre formas adecuadas de mitigar las repercusiones negativas de esta situación para la competitividad de los productores europeos de carne y alimentos;

Parte IV – Informe Especial nº 1/2011 del Tribunal de Cuentas titulado «¿Supone una mejora en la prestación de la ayuda la desconcentración de las competencias de la Comisión en la gestión de la ayuda exterior para transferirlas de los servicios centrales a las delegaciones?»

23.  Acoge con satisfacción el informe tan exhaustivo y analítico elaborado por el Tribunal de Cuentas, así como el excelente momento elegido para la evaluación de los resultados de la desconcentración;

24.  Respalda las conclusiones del Tribunal de Cuentas de que la desconcentración ha provocado, claramente, una mejora del ritmo de suministro de la ayuda, así como mejoras en la calidad y la gestión financiera de la misma;

25.  Alienta a la Comisión a que complemente los criterios y refuerce los procedimientos para evaluar la calidad de los proyectos financiados con el objeto de mejorar la calidad de la ayuda y de reducir todavía más el número de proyectos improductivos; hace hincapié en que los efectos de los gastos de la ayuda revisten una importancia fundamental para el Parlamento;

26.  Insta a la Comisión a que considere la promoción de consultas locales, en la medida de lo posible, cuando se decidan los proyectos de ayuda y se supervise su progreso;

27.  Confía en que la Comisión adopte todas las medidas necesarias para suplir las insuficiencias de los sistemas de control y supervisión, particularmente en las delegaciones de la Unión;

28.  Expresa su preocupación por los constantes problemas con el personal dedicado a las políticas de ayuda; considera que deberían abordarse sin demora la elevada rotación de personal en la DG Desarrollo y Cooperación - EuropeAid y la falta de personal con la debida cualificación en las delegaciones de la Unión; estima que, cuando proceda, la Comisión debería colaborar con el SEAE con objeto de garantizar una capacidad apropiada en materia de recursos humanos para la gestión de la ayuda en las delegaciones de la Unión; confía en que la Comisión presente un informe detallado a finales de 2012 que incluya las medidas previstas y adoptadas para solucionar estos problemas];

29.  Alienta a la Comisión a que solicite a las delegaciones de la Unión que lleven a cabo sistemáticamente inspecciones técnicas y financieras sobre el terreno de los proyectos y que orienten más su sistema de información interna a los resultados logrados por las intervenciones de ayuda;

30.  Pide a la Comisión que, con la participación activa de las delegaciones de la Unión, analice y determine las posibilidades existentes para aprovechar los programas de ayuda en los países socios con la participación del Banco Europeo de Inversiones así como de las instituciones internacionales y nacionales europeas que financian el desarrollo;

Parte V – Informe Especial nº 2/2011 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Seguimiento del Informe Especial nº 1/2005 sobre la gestión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude»

31.  Insta a la Comisión a que implemente sin más demora las recomendaciones incluidas en el Informe Especial nº 1/2005 dado que, de las catorce recomendaciones aceptadas por la Comisión, solo dos se han aplicado plenamente hasta la fecha; confía en ser informado plenamente sobre los avances realizados en la aplicación de las doce recomendaciones restantes;

32.  Celebra que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) utilice más sus competencias de investigación, por ejemplo al llevar a cabo inspecciones in situ y entrevistas o al centrarse en casos más graves y complejos; valora positivamente que se utilice más el sistema electrónico de gestión de casos de la OLAF y la instauración del sistema de gestión del tiempo; lamenta, no obstante, que la duración media de los casos siga superando los dos años y que, en 2009, las labores de investigación representaran tan solo el 37 % del tiempo empleado por la OLAF en su conjunto;

33.  Pide a la OLAF que mejore su gestión del tiempo de manera que garantice una mejor distribución de tareas a fin de reducir el tiempo dedicado a labores no asociadas con la investigación; tiene curiosidad por comprobar los verdaderos resultados del trabajo no investigador realizado, que representa el 63 % del tiempo total;

34.  Señala que, de conformidad con el gráfico número 2 del Informe Especial nº 2/2011, se considera que el apartado «Claridad de los objetivos y la planificación» es el punto más débil durante una investigación; recomienda que, en el futuro, se fijen debidamente objetivos claros para cada investigación, teniendo en cuenta que unos objetivos claros son la base de cualquier investigación y de su planificación de recursos;

35.  Observa, de conformidad con el Informe Especial nº 2/2011, que «no existe un control independiente de la legalidad de los actos de investigación en curso, ni se dispone de un código que garantice que dichos actos siguen un curso previsible», pese a los repetidos anuncios efectuados por la OLAF en el pasado; constata, asimismo, que a pesar de la voluntad explicitada por la Comisión en su propuesta modificada de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1073/1999 (COM(2011)0135) de instaurar un procedimiento de revisión, este no será igual a un control independiente de la legalidad de las investigaciones individuales y, en este aspecto, resulta incluso más débil que la propuesta inicial; recuerda que se trata de una petición clave que se refleja también en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia; considera, por lo tanto, indispensable garantizar tal mecanismo de control, no solo para proteger los derechos de las personas físicas o de los agentes económicos afectados sino también para proteger los derechos de los investigadores de la OLAF frente a los procedimientos jurídicos iniciados por estas personas o agentes económicos; subraya, además, la necesidad de un mandato claro para la OLAF en relación con las demás instituciones de la Unión;

36.  Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas en cuanto a la necesidad de un único documento exhaustivo que refleje claramente el rendimiento de la OLAF, según sus diferentes sectores, lo que haría posible medir los avances de año en año; destaca la importancia de establecer una distinción entre los informes elaborados para el público y los elaborados para su utilización interna; opina que un informe detallado disponible públicamente reviste una importancia fundamental ya que permitiría una comparación fiable del rendimiento de la OLAF a lo largo del tiempo y en todos sus sectores;

37.  Lamenta el hecho de que no siempre sea posible evaluar los resultados de las actividades de la OLAF, puesto que la información se presenta en diferentes documentos elaborados para fines diferentes y con diferentes destinatarios; insta a la Comisión a establecer un sistema de difusión de información unificado, clara y comparable y que permita una evaluación completa y objetiva de las actividades de la OLAF;

38.  Hace hincapié en que el tiempo dedicado a la valoración de la información recibida se ha duplicado desde 2004, pasando de 3,5 a 7,1 meses; estima que la fase de valoración inicial debería limitarse a demostrar o rechazar la realidad de las acusaciones incluidas en la información inicial; opina que debe evitarse llevar a cabo actividades de investigación durante la fase de evaluación inicial que, como consecuencia, no solo crea inseguridad jurídica sino que también distorsiona las estadísticas relativas a los diferentes aspectos de las investigaciones; sugiere que se inicie una investigación utilizando las posibilidades de investigación disponibles en caso de que la información, reunida durante la fase de evaluación inicial y mediante los instrumentos jurídicos disponibles en esta fase, no permita a la OLAF decidir si debe abrir un expediente o no;

39.  Coincide con el Tribunal de Cuentas en que periodos más cortos de investigación e informes finales de mejor calidad pueden contribuir a mejorar la eficacia de un sistema de sanciones que permita la apertura de procesos de recuperación, disciplinarios o penales;

40.  Lamenta que, a pesar del acuerdo de cooperación firmado en 2008 entre OLAF y Eurojust, según el cual la OLAF está obligada a notificar a Eurojust todos los casos de sospechas de fraude entre los operadores económicos en más de un Estado miembro, la OLAF solo ha enviado a Eurojust dicha notificación en cinco casos en 2008 y un solo caso en 2009, lo que demuestra que la cooperación entre OLAF y Eurojust no funciona, e insta a que se adopten todas las medidas oportunas para intensificar la actividad en este ámbito;

41.  Insta a la OLAF a que siga mejorando la cooperación con los Estados miembros sobre un fundamento jurídico sólido; apoya, en este sentido, la idea de una mayor consolidación de los distintos fundamentos jurídicos existentes con vistas a mejorar la cooperación; coincide con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el sentido de que deben celebrarse acuerdos con los servicios de investigación nacionales en caso de ausencia de una legislación específica a fin de aclarar las normas detalladas de cooperación y de intercambio de información;

Parte VI – Informe Especial del Tribunal de Cuentas nº 3/2011 titulado «La eficiencia y la eficacia de las contribuciones de la UE canalizadas a través de las organizaciones de las Naciones Unidas en países afectados por conflictos»

42.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas y aprueba las conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho informe;

43.  Valora el hecho de que el trabajo con las Naciones Unidas permita a la Comisión llegar a regiones del mundo a las que no habría podido llegar por sí misma; es consciente del gran riesgo inherente que conlleva el suministro de ayuda a regiones afectadas por conflictos; le preocupan, sin embargo, las deficiencias detectadas con respecto a la eficiencia de los proyectos y los retrasos en su finalización; acoge favorablemente las recientes decisiones tomadas por las Juntas Ejecutivas de UNICEF, el PNUD, la UNOPS y el UNFPA de revelar sus informes de auditoría interna a la Comisión Europea;

44.  Pide a la Comisión que garantice la transparencia de los fondos de la Unión que gastarán las Naciones Unidas durante el procedimiento presupuestario anual, que mejore la planificación del gasto con las Naciones Unidas y que agilice sus procedimientos internos para obtener resultados más rápidamente;

45.  Considera que el seguimiento apropiado depende inevitablemente de la presentación adecuada de informes; manifiesta una profunda preocupación por el hecho de que la presentación de informes sigue siendo inadecuada a pesar de las numerosas peticiones del Parlamento, en sucesivas resoluciones sobre la aprobación de la gestión, de mejorar esta situación y los numerosos compromisos asumidos por la Comisión y las organizaciones de las Naciones Unidas para aplicar con rapidez las medidas necesarias; insta a la Comisión a que presente al Parlamento, a más tardar antes de finales de marzo de 2012, un plan de acción con objetivos claros y contractuales, diseñado específicamente para mejorar de manera drástica el sistema de presentación de informes en todos los proyectos y programas financiados a través de la gestión conjunta y delegados a las organizaciones de las Naciones Unidas;

46.  Pide a la Comisión que, al financiar proyectos con otros donantes a través de un fondo fiduciario de donantes múltiples, conozca la proporción exacta del proyecto que se financia; considera que, con miras a mejorar los mecanismos de control, el dinero debe gestionarse en una cuenta separada; estima que si las especificaciones del proyecto no son satisfactorias, la Comisión debe tener la posibilidad de rechazar el proyecto y que la misma medida debe aplicarse si los representantes de la Unión no están suficientemente incluidos en el periodo de planificación del programa;

47.  Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que los controles de la legalidad y la regularidad efectuados por la Comisión deben completarse con controles adecuados de la eficacia y la eficiencia de los proyectos; pide a la Comisión, por lo tanto, que defina junto con el SEAE objetivos claros y cuantificables, y que establezca las medidas de control adecuadas; señala, en este contexto, la importancia de obtener una fiabilidad razonable por parte de los socios responsables de la ejecución; recuerda que el Parlamento había solicitado declaraciones sobre la fiabilidad de las cuentas de los socios responsables de la ejecución e insiste en esta solicitud; pide a la Comisión que formalice estas declaraciones y las ponga a disposición del Parlamento durante el procedimiento de aprobación de la gestión; comparte las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión sobre la realización de controles ex-ante de los acuerdos y los pagos para verificar si los costes propuestos y reclamados son subvencionables; insiste en que las deliberaciones sobre estas cuestiones deben constar en el expediente; destaca la opinión del SAI en el sentido de que los costes administrativos adicionales y los demás costes indirectos reclamados por las Naciones Unidas y pagados por la Unión deben documentarse y justificarse bien;

48.  Apoya la opinión del Tribunal de Cuentas de valorar calendarios realistas para los proyectos a partir de las circunstancias específicas a fin de evitar que se disparen el tiempo y los costes, tal como se ha establecido en el Acuerdo marco financiero y administrativo entre la Unión Europea y las Naciones Unidas (AMFA); recuerda a la Comisión que es responsable, en último término, de la ejecución del presupuesto; pide a la Comisión que mantenga al Parlamento al corriente del uso de las directrices revisadas de la Unión y las Naciones Unidas sobre la presentación de informes;

49.  Pide a la Comisión que aplique un mecanismo de comparación de costes para identificar y evitar la sobrefacturación y para rechazar costes indirectos adicionales derivados de la subcontratación, que el Tribunal de Cuentas detectó en dos casos; pide a la Comisión que lleve a cabo investigaciones conjuntas con las Naciones Unidas si existen dudas sobre la credibilidad de los proyectos;

50.  Lamenta que solo unos pocos proyectos de los que se han examinado se refieran a fondos fiduciarios de donantes múltiples; invita al Tribunal de Cuentas a publicar un informe especial que se centre únicamente en la gestión de este tipo de fondos;

51.  Invita al Tribunal de Cuentas a informar al Parlamento en caso de experimentar dificultades continuas a la hora de acceder a los documentos de trabajo de los auditores de las Naciones Unidas de conformidad con el acuerdo AMFA; recuerda que el Parlamento ha exigido que se facilite dicho acceso; pide a la Comisión que, si sus propios servicios siguen sin recibir acceso suficiente a estos documentos, retenga los futuros pagos de los expedientes correspondientes, en aplicación de las disposiciones específicas del Reglamento financiero utilizadas en caso de falta de documentación justificativa; invita a la Comisión Europea a informar a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, durante el próximo ejercicio de aprobación de la gestión y en función de la evolución de la situación, sobre el acceso a los informes de auditoría y la calidad de los informes; pide a la Comisión que se abstenga de delegar nuevos proyectos y programas a las organizaciones de las Naciones Unidas si no se aplican estas medidas;

Parte VII – Informe especial nº 4/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «Fiscalización del régimen de garantías a las PYME»

52.  Acoge con satisfacción el Informe Especial como primer análisis de un instrumento financiero por parte del Tribunal de Cuentas; señala que el régimen de garantías a las PYME se considera el mayor éxito de todos los programas de la Unión relativos a instrumentos financieros; espera que la Comisión comunique si se ha modificado el apalancamiento de 1:10 del instrumento financiero que se perfilaba en 2009 o el porcentaje de incumplimientos de aproximadamente un 0,045 % constatado por el Tribunal de Cuentas a finales de 2009;

53.  Considera que el régimen de garantías a las PYME es un programa útil, a pesar de las críticas justificadas del Tribunal de Cuentas sobre la no demostración del valor añadido europeo y la importancia puramente local del fomento de las empresas artesanales y del comercio minorista; propone que, dada la importancia de las PYME en la estructura económica de los Estados miembros y de toda la Unión, se presenten los 13 países cubiertos por el régimen y se evalúen sus resultados, porque de ello podrán extraerse conclusiones para una mayor precisión del régimen de garantías a las PYME;

54.  Espera que la Comisión debata de forma creíble y resuelva las cuestiones relativas al valor añadido europeo y a los pesos muertos, pues el objetivo de la acción de la Unión no puede consistir en construir estructuras para unas acciones puramente nacionales o en sustituirse a la acción gubernamental; considera que esta crítica fundamental del Tribunal de Cuentas sobre el régimen de garantías a las PYME es grave, al igual que los indicios de que se trata de un sistema de financiación con una base demasiado amplia en lugar de financiar solo a las PYME con un acceso limitado a la financiación externa;

55.  Considera necesario un debate abierto sobre la dotación financiera del régimen de garantías a las PYME; señala una reducción de la línea presupuestaria en 2010 de 57 300 000 EUR del Programa Marco de Competitividad e Innovación (CIP); pide información sobre el número de empleados dedicados respectivamente en la Comisión y en el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) a la gestión de este régimen y sobre cuáles son en cada caso los costes administrativos; solicita información sobre cuántas solicitudes son realmente rechazadas;

56.  Toma nota de las observaciones generales del Tribunal de Cuentas relativas a un sistema de tasas mejorado basado en los resultados para los servicios financieros que ofrece el FEI; toma nota de que la Comisión no responde a este punto y espera que facilite información más específica al respecto;

57.  Respalda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en el sentido de que:

58.  Apoya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas e insta a la Comisión a garantizar que:

Parte VIII – Informe especial nº 5/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «Régimen de Pago Único (RPU): aspectos que deben revisarse para mejorar su buena gestión financiera»

59.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas y lee con gran interés las conclusiones y recomendaciones que contiene el documento; felicita al Tribunal de Cuentas por haber presentado un informe sobre un tema relevante en el momento adecuado;

60.  Opina que el RPU contribuye de manera insuficiente a los objetivos del Tratado en cuanto a la política agrícola común (PAC); insta, por lo tanto, a la Comisión a que proponga los cambios necesarios en la legislación para que el RPU suponga de verdad una contribución óptima a los objetivos de la PAC; estima que el RPU debería mejorarse en el sentido de dirigir mejor la ayuda hacia los verdaderos agricultores; insta al Consejo a que apoye al Parlamento y a la Comisión en sus esfuerzos por mejorar la eficiencia y la eficacia del único régimen de apoyo europeo a gran escala, con lo que contribuiría a dirigir mejor el dinero de los contribuyentes de la Unión;

61.  Opina que existe un grado demasiado elevado de flexibilidad (por ejemplo, las normas relativas a las buenas condiciones agrícolas y medioambientales) y un margen para la interpretación en las normas básicas del RPU; pide a la Comisión que facilite orientaciones más precisas para la aplicación de los actos jurídicos de la Unión en la legislación de los Estados miembros, a fin de evitar que apliquen estas normas de manera demasiado flexible; considera, en este contexto, que la Comisión debería recibir poderes delegados adecuados para eliminar lagunas jurídicas y remediar los defectos lo más rápido posible;

62.  Es de la opinión de que el modelo histórico ha cumplido su propósito y, por lo tanto, debería abandonarse dentro del próximo marco financiero plurianual; apoya la sexta recomendación del Tribunal de Cuentas, según la cual el cálculo de la ayuda del RPU debería basarse en las actuales condiciones de explotación de las distintas regiones de la Unión; considera, además, que deberían limitarse los veinte modelos actuales para llegar, preferentemente, a un solo modelo de la Unión que se pueda aplicar en todos los Estados miembros;

63.  Recuerda que la entrada de nuevos agricultores en el sector agrícola es de gran importancia para garantizar la innovación en este sector; expresa, por tanto, su preocupación sobre las conclusiones del Tribunal de Cuentas, según las cuales ciertos Estados miembros que aplican el RPU (5 de 17) no utilizan las opciones disponibles de la reserva nacional para facilitar el acceso de nuevos agricultores al sector y, con ello, impulsar el cambio generacional en las zonas rurales;

64.  Opina que el sistema de RPU actual funciona de tal manera que no estimula suficientemente la innovación en el sector agrícola y que, además, impide la entrada de nuevos productores en el sector;

65.  Manifiesta su especial preocupación por el hecho de que no exista un vínculo directo entre la ayuda del RPU y los costes sufridos por los agricultores para cumplir las normas relativas a las buenas condiciones agrícolas y medioambientales; considera que ello resulta en un desequilibrio entre el volumen de ayuda y un mejor medio ambiente, mayor bienestar de los animales y mayor seguridad alimentaria; reconoce, sin embargo, que el principio de disociación limita la creación de este vínculo;

66.  Considera que la Comisión, en su propuesta de una PAC para después de 2013, debería garantizar que la distribución de la ayuda entre los agricultores esté más equilibrada;

Parte IX – Informe especial nº 6/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Resultaron eficaces los proyectos turísticos cofinanciados por el FEDER?»

67.  Celebra las conclusiones del Tribunal de Cuentas, en especial el hecho de que todos los proyectos hayan obtenido resultados positivos de una forma u otra, y de que la mayor parte haya obtenido resultados positivos en varias categorías; observa asimismo que se ha determinado que los proyectos han beneficiado a la economía local o han contribuido a preservar elementos del patrimonio cultural, histórico, artístico o medioambiental de una región;

68.  Se adhiere a la observación del Tribunal de Cuentas de que la creación o el mantenimiento de empleo constituyen factores clave en el logro de un desarrollo sostenible y equilibrado de la economía y del empleo;

69.  Observa con preocupación que se fijaron objetivos para solo el 58 % de los proyectos de la muestra, mientras que el 42 % restante no presentaban objetivos en términos de rendimiento, y no se procedió a un control de los resultados en la mayor parte de los proyectos de la muestra;

70.  Lamenta el hecho de que resultara difícil evaluar la verdadera eficacia de los proyectos o el alcance del valor añadido europeo debido a la ausencia de una fijación sistemática de objetivos de los proyectos, la definición de metas e indicadores, y el control y la evaluación posteriores de los resultados;

71.  Se adhiere a la recomendación del Tribunal de Cuentas a las autoridades de gestión en el sentido de que estas garanticen que se establezcan objetivos, metas e indicadores apropiados (por ejemplo, en cuanto al número de puestos de trabajo creados, a la creación de capacidad turística adicional y al incremento de la actividad turística) en las fases de solicitud de la subvención y de decisión que permitan la selección de aquellos proyectos que sean susceptibles de ser más eficientes, y que garanticen la evaluación de sus resultados; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten esta práctica;

72.  Se adhiere a la recomendación del Tribunal de Cuentas que invita a la Comisión a llevar a cabo una evaluación de la ayuda en el sector turístico con el fin de estimar en qué medida constituye un medio rentable de apoyar los esfuerzos de Estados miembros por fomentar el crecimiento económico, y a plantearse asimismo si es posible mejorar la orientación de este apoyo;

73.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por simplificar el proceso de subvención del FEDER con el fin de minimizar la carga administrativa que han de afrontar los promotores; insta a la Comisión a que informe acerca de los avances que se produzcan en este sentido;

Parte X – Informe especial nº 7/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Se han concebido y gestionado de forma correcta las ayudas agroambientales?»

74.  Reconoce la importancia de las medidas agroambientales como elemento clave de las políticas de la Unión encaminadas a paliar los efectos adversos de la agricultura sobre el medio ambiente; reconoce que estas ayudas constituyen una manera de seguir incitando a los agricultores y otros gestores de tierras a prestar servicios a la sociedad en su conjunto mediante la introducción o prosecución de la aplicación de métodos de producción agrícolas compatibles con la protección y mejora del medio ambiente, del paisaje y sus características, de los recursos naturales, del suelo y de la diversidad genética(8);

75.  Destaca, al mismo tiempo, que el gasto público debe realizarse de tal forma que se garantice la máxima rentabilidad y los resultados más tangibles posibles; insiste en la necesidad urgente de un logro muy eficaz en lo que respecta a los compromisos de la Unión (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2020, estrategia de biodiversidad de la UE para 2020, etc.);

76.  Manifiesta su preocupación por la conclusión del Tribunal de Cuentas de que la política agroambiental no está diseñada ni controlada de forma que ofrezca beneficios medioambientales tangibles, en la medida en que los objetivos de las ayudas agroambientales no son suficientemente específicos como para permitir evaluar si se han logrado, las presiones medioambientales mencionadas no ofrecen una justificación clara de las ayudas agroambientales y los logros de la política agroambiental no se pueden controlar con facilidad; pide a los Estados miembros que establezcan programas de desarrollo rural claramente adaptados y, a la Comisión, que evalúe esos programas con mayor rigor antes de aprobarlos; subraya la importancia de un marco de evaluación de la Unión bien gestionado para el desarrollo rural;

77.  Acoge con satisfacción la conclusión del Tribunal de Cuentas de que los agricultores reciben, en general, un apoyo efectivo a través de la orientación adecuada; señala, sin embargo, la necesidad de mejorar la difusión de las mejores prácticas y de información sobre los resultados; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan un mejor uso, a este fin, de las estructuras existentes, como la Red Europea de Desarrollo Rural;

78.  Acoge con satisfacción la conclusión del Tribunal de Cuentas de que los agricultores reciben, en general, un apoyo efectivo a través de la orientación adecuada y toma nota de los numerosos casos de mejores prácticas señalados por el Tribunal de Cuentas; expresa su preocupación por el hecho de que la mayoría de los Estados miembros no evalúa el nivel de participación mínimo necesario para conseguir que las submedidas surtan el efecto medioambiental deseado y si la cuantía de las ayudas es adecuada para alcanzar este nivel mínimo; estima que el programa Leader de desarrollo rural también puede utilizarse para poner en práctica un enfoque colectivo;

79.  Manifiesta su preocupación por las carencias a la hora de establecer la cuantía de las ayudas que ha detectado el Tribunal de Cuentas; pide a la Comisión que, antes de aprobar programas, se asegure de que se tengan debidamente en cuenta todos los elementos que el Tribunal de Cuentas considera necesarios para un correcto establecimiento de la cuantía de las ayudas;

80.  Manifiesta su preocupación por que la mayor parte del gasto se haya efectuado en submedidas «horizontales» que se ejecutaron en todo el ámbito del programa sin que ello haya estado siempre justificado en los programas de desarrollo rural; considera inaceptable que los Estados miembros no hagan más que un uso limitado de los procedimientos de adaptación y selección; considera que la falta de adaptación debe estar justificada, en todos los casos, en los programas;

81.  Manifiesta su honda preocupación por que la gestión de la política agroambiental no tenga suficientemente en cuenta las necesidades medioambientales concretas, lo que no ofrece la mejor rentabilidad; considera inaceptable que, de acuerdo con las conclusiones del Tribunal de Cuentas, en el 39 % de los contratos fiscalizados no existiera ninguna presión medioambiental específica en la zona en la que se ejecutó el contrato, o bien que los Estados miembros no hubieran podido detectar esos problemas; solicita a los Estados miembros que se concentren en un planteamiento colectivo en aquellos casos en que tal enfoque garantice el efecto medioambiental deseado;

82.  Subraya, en el contexto del próximo periodo de programación, que, con miras a que las ayudas agroambientales surtan los efectos deseados en cuanto a biodiversidad, conservación y desarrollo de sistemas agrícolas y forestales y paisajes agrícolas tradicionales de gran valor natural, agua y cambio climático, es necesario vincular los regímenes agroambientales con prioridades más específicas;

83.  Celebra el enfoque elegido en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (COM(2011)0627/2), presentada por la Comisión, que hará hincapié en la supervisión continua de los indicadores de rendimiento de los programas de desarrollo rural;

Parte XI – Informe especial nº 8/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «Recuperación de los pagos indebidos en el marco de la política agrícola común»

84.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal de Cuentas y toma nota de sus constataciones; hace hincapié en la crítica formulada por el Parlamento desde hace tiempo en el sentido de que el sistema de recuperaciones funciona solo parcialmente; señala que las «mejores» cifras de recuperaciones obtenidas por la Comisión significan que el 60 % de los pagos indebidos permanece ilegalmente en manos de los beneficiarios; toma nota de que, sobre la base de las cifras presentadas por el Tribunal de Cuentas, esta proporción asciende hasta el 90 %;

85.  Suscribe las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en el sentido de que la Comisión debe:

86.  Señala que el sistema de recuperación, en total, representa solo una pequeña parte de los pagos y que de los 500 000 000 000 EUR estimados en pagos de la PAC efectuados en los últimos 10 años, se han recuperado 5 000 000 000 EUR, el 1 % (Informe Especial nº 7/2010); observa asimismo que, por este motivo, es más costoso mantener activo un sistema de control que abonar correcciones financieras a la Comisión;

87.  Destaca la posición de la Comisión, que desea analizar más a fondo estas recomendaciones, e insta a la Comisión a que informe al Parlamento sobre las acciones previstas para aplicarlas;

88.  Lamenta que el porcentaje de deudas canceladas y soportadas por el presupuesto de la Unión sea del 87,8 % o de 428 900 000 EUR para el periodo 2006-2009; pide a la Comisión que aplique un mecanismo de sanción a aquellos Estados miembros que declaren irrecuperable una deuda cuando no proceda declararla como tal; insiste en que, para ello, es necesaria una definición clara y práctica de las directrices que no dé lugar a interpretaciones divergentes;

89.  Apoya las recomendaciones del Tribunal de Cuentas e insta a la Comisión a garantizar que:

90.  Toma nota de las aclaraciones de la Comisión relativas a estas recomendaciones e invita a la Comisión a seguir analizando estas sugerencias; insta a la Comisión a que informe al Parlamento sobre sus conclusiones y a que declare si prevé tomar alguna medida en el contexto de tales recomendaciones;

91.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la OLAF de valorar la posibilidad de modificar el Reglamento (CE) nº 1848/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agrícola común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito(9) a fin de mejorar el uso de la información existente; invita a la OLAF a remitir sus constataciones al Parlamento;

92.  Pide un trato equitativo de la deuda pendiente (recuperaciones) en todos los Estados miembros, e insiste en que se adopten medidas para garantizar la devolución efectiva del dinero que se debe a la Unión como consecuencia de incumplimientos de la legislación de la UE, aunque algunos Estados tengan problemas a causa de la crisis financiera;

93.  Señala que el importe imputado a los Estados miembros en virtud de la norma del 50/50 (2006-2009) es de 424 000 000 EUR y que el 58 % del mismo corresponde a Italia; aboga por que se elabore un plan de acción para Italia a fin de solucionar esta situación;

94.  Recuerda que sigue sin haber transparencia, en los estados financieros presentados al Parlamento, en cuanto a las notificaciones de los importes descontados a los Estados miembros (en realidad, dinero de los contribuyentes) y de los importes realmente recuperados de los beneficiarios; pide a la Comisión que facilite esta información al Parlamento;

95.  Invita al Tribunal de Cuentas a publicar un informe sobre este mismo asunto en el ámbito de los Fondos Estructurales;

Parte XII – Informe especial nº 9/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Han sido eficaces los proyectos de administración electrónica financiados por el FEDER?»

96.  Se congratula por el Informe Especial del Tribunal de Cuentas y por su valoración en el sentido de que los proyectos de administración electrónica financiados por el FEDER han contribuido al desarrollo de los servicios públicos electrónicos;

97.  Aprueba las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, y en particular que:

–  los Estados miembros deberían desarrollar estrategias de administración electrónica basadas en las necesidades constatadas, tener objetivos claros y atribuir competencias a los organismos responsables de la consecución de estos objetivos;

–  las autoridades de gestión deberían seleccionar los proyectos de administración electrónica que pueden acogerse a la ayuda del FEDER basándose en una evaluación de los costes y beneficios cualitativos y cuantitativos probables de los proyectos;

–  las autoridades de gestión de los Estados miembros deberían garantizar que los proyectos de administración electrónica seleccionados para su financiación por el FEDER no se centren únicamente en los resultados del proyecto, sino también en realizar los cambios necesarios en los procesos o en la organización para beneficiarse de los sistemas desarrollados;

–  es necesario animar a las autoridades de gestión a aplicar las buenas prácticas disponibles, sabiendo que pueden encontrar consejos en este ámbito, por ejemplo, a través de la comunidad ePractice, y deben recomendar el uso de un método adecuado de gestión para los proyectos de administración electrónica que reciben fondos del FEDER;

–  debería invitarse a la Comisión a seguir con sus esfuerzos para garantizar la aplicación de los principios y recomendaciones de la Unión que permiten la interoperabilidad transeuropea, en particular el Marco Europeo de Interoperabilidad, en los proyectos beneficiarios del FEDER;

–  las autoridades de gestión, al seleccionar los proyectos de administración electrónica, deberían asegurarse de que se hayan considerado debidamente todos los costes significativos, incluidos los de mantenimiento, en el análisis de costes y beneficios en que se base la decisión de financiación;

–  la Comisión debería mantener sus esfuerzos para que las autoridades de gestión supervisen y evalúen los resultados y efectos de los proyectos con objeto de demostrar que la financiación de la Unión se utiliza con eficacia y obtener así una información para mejorar el diseño de los futuros programas;

Parte XIII – Informe especial nº 10/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Son eficaces los programas »Leche para los escolares' y «Fruta en las escuelas»?«

98.  Recuerda los resultados de la evaluación externa a la que se sometió en 1999 el programa «Leche para los escolares» y la observación que hizo el Tribunal de Cuentas de que no se habían producido verdaderos cambios en el programa desde entonces;

99.  Hace hincapié en que la continuación del actual programa «Leche para los escolares» supondría derrochar el dinero de los contribuyentes y, por tanto, debería suspenderse el programa, a menos que se reforme profundamente de manera inmediata;

100.  Subraya que solo el 10 % de los centros escolares con derecho a participar en el programa «Leche para los escolares» está sacándole partido actualmente; considera, en consecuencia, que los Estados miembros han mostrado su apoyo al programa pese al bajo nivel del subsidio y al posible efecto «peso muerto» que conlleva; anima a los Estados miembros a establecer programas nacionales de nutrición dirigidos a los centros escolares a fin de sustituir los programas «Leche para los escolares» y «Fruta en las escuelas» por medidas más específicas;

101.  Está convencido de que los programas «Leche para los escolares» y «Fruta en las escuelas», de continuar, acabarían funcionando de modo parecido con vistas a facilitar la coordinación y la creación de sinergias, puesto que tienen los mismos objetivos;

102.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que seleccionen, sobre una base científica, a los niños y los alumnos que saldrían más beneficiados (según necesidades nutricionales, grupo de edad, estado de salud, grupo social, etc.) de estos programas; subraya que, mediante esta selección, también resultaría más fácil medir la repercusión de estos programas;

103.  Opina que los productos deben distribuirse de forma gratuita y que debe evitarse su distribución en comedores;

104.  Insiste en que la distribución de productos conforme a estos programas debe incorporarse en una estrategia nacional y/o regional, y destaca que tal estrategia debe incluir además medidas de acompañamiento (es decir, medidas educativas e informativas que impliquen a los padres y a los profesores);

105.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha un sistema de cofinanciación para el programa «Leche para los escolares» parecido al empleado con el programa «Fruta en las escuelas»; considera que la Comisión y los Estados miembros podrían plantearse la posibilidad de ampliar la cofinanciación a las medidas de acompañamiento; estima asimismo que las dotaciones económicas nacionales no utilizadas podrían reasignarse entre los Estados miembros;

106.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en marcha sistemas eficaces de seguimiento y control;

Parte XIV – Informe especial nº 11/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Contribuyen la concepción y la gestión del sistema de indicaciones geográficas a que éste sea eficaz?»

107.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal de Cuentas y toma nota de sus constataciones en el sentido de que:

–  las disposiciones legales relativas al sistema de indicaciones geográficas no establece condiciones mínimas relativas a las verificaciones de las especificaciones de los productos y no trata cuestiones como el alcance mínimo de estas verificaciones, su frecuencia, la metodología de su selección y las partes que intervienen en las distintas fases de la producción y la distribución sujetas a control;

–  en el Reglamento (CE) nº 882/2004 no se tratan las cuestiones del carácter y la naturaleza obligatorios de las verificaciones que deben llevar a cabo los Estados miembros para prevenir y detectar prácticas excluidas en relación con el sistema de indicaciones geográficas;

108.  Manifiesta su preocupación por que, de acuerdo con la auditoría del Tribunal de Cuentas, esto crea una situación por la que los sistemas de control de los Estados miembros difieren en una serie de aspectos importantes, y opina que estas diferencias deben reducirse en el futuro; toma nota de la propuesta de la Comisión (COM(2010)0733) que forma parte del denominado «paquete de calidad»; pide una estructura de control adecuada y un sistema que garantice una calidad consistentemente alta de la denominación de origen protegida y de la indicación geográfica protegida que prevenga y detecte efectivamente las prácticas excluidas en todos los Estados miembros; considera, sin embargo, que esto no debe conducir a la creación de estructuras de control adicionales, a la definición de requisitos de control máximo y a un nuevo aumento de la burocracia;

109.  Apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas de que las auditorías de las verificaciones del sistema de indicaciones geográficas por parte de los Estados miembros se incluyan en el plan de la Comisión de auditorías periódicas en los Estados miembros, y pide a la Comisión que reaccione en consecuencia;

110.  Recuerda la conclusión del Tribunal de Cuentas en el sentido de que el procedimiento de examen de las solicitudes en los Estados miembros y en la Comisión es lento, y pide a la Comisión que simplifique y abrevie los procedimientos de registro lentos y burocráticos para que el sistema de indicaciones geográficas resulte más atractivo para los posibles solicitantes actualmente desanimados por los procedimientos de solicitud tan lentos;

111.  Expresa su preocupación por el hecho de que la auditoría del Tribunal de Cuentas concluyera que el conocimiento del sistema de indicaciones geográficas por parte de los consumidores y productores es escaso; también manifiesta su preocupación por que no parece probable que las opciones utilizadas en la actualidad aumenten el conocimiento del sistema de indicaciones geográficas ni sean adecuadas para alentar a los productores a participar; solicita, en consecuencia, a la Comisión que examine a fondo la situación, desarrolle una estrategia clara y defina medidas y medios eficaces para hacer frente a la actual falta de conocimiento del sistema de indicaciones geográficas y sus productos y logotipos, como, por ejemplo, el desarrollo de una campaña por propia iniciativa, etc.;

112.  Apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas de establecer un sistema de asistencia mutua que tenga en cuenta las necesidades específicas de las autoridades nacionales que se ocupan del régimen de indicaciones geográficas;

113.  Recuerda que el sistema de indicaciones geográficas de la Unión distingue entre dos tipos de denominaciones protegidas: la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida; señala que estas descripciones son confusas para los consumidores, puesto que no muestran claramente la diferencia que existe entre ellas; propone, por tanto, unos indicadores más claros que permitan a los consumidores ver las diferencias entre las denominaciones protegidas por el grado y tipo de relación que existe entre un producto y una región geográfica;

114.  Manifiesta su preocupación por los recientes comunicados de prensa que informan de una utilización inadecuada y abusiva por algunos terceros países de las indicaciones geográficas; pide a la Comisión que adopte medidas activas para proteger los productos registrados en el sistema de indicaciones geográficas de la Unión también en el contexto del comercio internacional y que trabaje en los respectivos acuerdos con terceros países;

115.  Pide a la Comisión que informe al Parlamento del resultado de las medidas que adopte;

Parte XV – Informe especial nº 15/2011 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Garantizan los procedimientos de la Comisión la gestión eficaz del control de las ayudas estatales?»

116.  Acoge con satisfacción el Informe Especial, se adhiere, en general, a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas con las observaciones siguientes y señala que solo ocho Estados miembros fueron seleccionados para esta auditoría;

117.  Toma nota de la valoración del Tribunal de Cuentas sobre la reacción rápida y eficaz de la Comisión ante la crisis financiera, contribuyendo así de forma sustancial a evitar la quiebra de alguna de las grandes instituciones financieras con sede en la Unión;

118.  Invita a la Comisión a que adopte una actitud más proactiva en su relación con los Estados miembros, y en particular:

119.  Toma nota de las deficiencias constatadas en lo referente a acelerar el proceso de toma de decisiones y mejorar su transparencia, e invita a la Comisión a tomar medidas a fin de limitar la duración del procedimiento de investigación; toma nota del gran número de solicitudes de información enviadas a los Estados miembros, y alienta a la Comisión a que las limite, con el fin de acelerar el procedimiento; pide a la Comisión que informe al Parlamento acerca del tiempo medio necesario para la conclusión de los asuntos en los últimos cuatro años, con un desglose por Estado miembro;

120.  Alienta a la Comisión a que prosiga la reflexión sobre si las lecciones aprendidas de la buena gestión de la crisis financiera también podrían aprovecharse para agilizar el trabajo en circunstancias «normales», e invita a la Comisión a que informe al Parlamento, antes de septiembre de 2012, de todo cambio que introduzca;

121.  Subraya la importancia de garantizar la seguridad jurídica para todas las partes interesadas; pide, por tanto, a la Comisión que:

122.  Toma nota de las deficiencias en el uso de los recursos humanos disponibles, y celebra la intención de la Comisión de aplicar un mejor sistema de registro del tiempo de trabajo; apoya la sugerencia del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación de un sistema de información de la gestión diseñado para controlar eficazmente el tiempo que se invierte en cada caso y la carga de trabajo de los encargados de los asuntos; espera que este sistema esté en funcionamiento antes del final de 2012;

123.  Hace hincapié en la importancia de supervisar las ayudas estatales; anima, por ello, a la Comisión a que intensifique sus actividades de supervisión, tanto en cuanto al tamaño de la muestra como en cuanto a su alcance;

124.  Toma nota de las deficiencias del proceso de recopilación de datos, e invita a la Comisión a que mejore su eficiencia y su fiabilidad, y a que informe sobre los avances realizados en el proceso de introducción del sistema SARI(10) antes de que finalice el procedimiento de aprobación de la gestión de 2010;

125.  Invita a la Comisión a que amplíe su evaluación ex post del impacto de las ayudas estatales y del control de estas ayudas en las empresas, los mercados y en el conjunto de la economía;

o
o   o

126.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 64 de 12.3.2010. (2) DO C 332 de 14.11.2011, p. 1. (3) DO C 326 de 10.11.2011, p. 1. (4) DO C 332 de 14.11.2011, p. 134. (5) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0153. (6) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (7) Reglamento (CE) nº 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales (DO L 165 de 30.4.2004, p. 1). (8) Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (DO L 277 de 21.10.2005, p. 1), considerando 35. (9) DO L 355 de 15.12.2006, p. 56. (10) SARI es una nueva aplicación central de base de datos, a través de la cual las autoridades del Estado miembro que concede la ayuda pueden introducir directamente los importes desembolsados en ayudas (Informe Especial nº 15/2011, p. 60).

1.Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección I – Parlamento Europeo (COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

P7_TA(2012)0155 A7-0120/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(1),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0257/2011)(2),

–  Visto el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera – Sección I: Parlamento Europeo – Ejercicio financiero 2010(3),

–  Visto el Informe anual del auditor interno para el ejercicio 2010,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones(4),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas(5) y la regularidad y la legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 314, apartado 10, y 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(6), y, en particular, sus artículos 145, 146 y 147,

–  Visto el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo(7),

–  Visto el artículo 147, apartado 1, del Reglamento financiero, conforme al cual todas y cada una de las instituciones han de hacer todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria,

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2010 − Secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX(8),

–  Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2009, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2010(9),

–  Vistos el artículo 77, el artículo 80, apartado 3, y el anexo VI de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0120/2012),

A.  Considerando que el Tribunal de Cuentas afirma que, en lo que respecta al gasto administrativo en 2010, todas las instituciones aplicaron de forma satisfactoria los sistemas de control y supervisión que exige el Reglamento financiero y que el 93 % de los 58 pagos auditados estaba exento de errores significativos;

B.  Considerando que el Secretario General declaró el 16 de junio de 2011 que consideraba razonablemente garantizado que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado conforme a los principios de buena gestión financiera y que el marco de control creado proporciona las garantías requeridas en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes;

1.  Concede a su Presidente la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2010;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2.Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección I – Parlamento Europeo (COM(2011)0473 – C7-0257/2011 – 2011/2202(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010(10),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 (COM(2011)0473 – C7-0257/2011)(11),

–  Visto el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera – Sección I: Parlamento Europeo – Ejercicio financiero 2010(12),

–  Visto el Informe anual del auditor interno para el ejercicio 2010,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones(13),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas(14) y la regularidad y la legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 314, apartado 10, y 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(15) (el Reglamento financiero), y, en particular, sus artículos 145, 146 y 147,

–  Visto el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo(16),

–  Visto el artículo 147, apartado 1, del Reglamento financiero, conforme al cual todas y cada una de las instituciones han de hacer todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria,

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre las orientaciones para el procedimiento presupuestario 2010 − Secciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII y IX(17),

–  Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2009, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2010(18),

–  Vistos el artículo 77, el artículo 80, apartado 3, y el anexo VI de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0120/2012),

A.  Considerando que el Tribunal de Cuentas afirma que, en lo que respecta al gasto administrativo en 2010, todas las instituciones aplicaron de forma satisfactoria los sistemas de control y supervisión que exige el Reglamento financiero y que el 93 % de los 58 pagos auditados estaba exento de errores significativos;

B.  Considerando que el Secretario General declaró el 16 de junio de 2011 que consideraba razonablemente garantizado que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado conforme a los principios de buena gestión financiera y que el marco de control creado proporciona las garantías requeridas en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes;

C.  Considerando que algunas de las cuestiones planteadas en el curso de los debates sobre la aprobación de la gestión 2010 en la Comisión de Control Presupuestario fueron más allá de las cuestiones específicas de 2010, y se incluyeron en una amplia variedad de cuestiones de dicha comisión, la presente resolución sigue centrada principalmente en la ejecución presupuestaria y la aprobación de la gestión para el ejercicio 2010, reconociendo al mismo tiempo que los enfoques a cuestiones presupuestarias están sujetos a un debate más amplio, en particular en el seno del grupo de trabajo que se está creando para estudiar los costes y los posibles ahorros del Parlamento Europeo, y de conformidad con las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2013 aprobadas el 8 de febrero de 2012, intentando conseguir importantes ahorros a largo plazo, mediante una evaluación independiente del presupuesto del Parlamento Europeo que permita presentar propuestas a finales de 2012 que se apliquen posteriormente sin demora;

Retos de la ejecución del presupuesto en 2010

1.  Señala que la ejecución del presupuesto en 2010 fue difícil puesto que fue el primer año completo de actividad después de las elecciones europeas de 2009, y tuvo lugar en un contexto de problemas financieros persistentes en la Unión;

2.  Observa que el presupuesto del Parlamento (créditos definitivos por un total de 1 616 760 399 EUR, en comparación con 1 529 970 930 EUR en 2009) se encontraba por debajo de un quinto (19,99 %; 19,67 % en 2009, por consiguiente por debajo del habitual 20 %) de la rúbrica 5 (Gastos administrativos) en el presupuesto general de la Unión Europea para 2010;

3.  Toma nota de la respuesta dada por el Presidente del Parlamento, según la cual el coste anual de la sede del Parlamento en Estrasburgo se eleva exactamente a 51 500 000 EUR en 2010, repartidos entre 33 500 000 EUR en costes de infraestructura y 18 000 000 EUR en costes de funcionamiento para los doce periodos parciales de sesiones; observa que esas cifras oficiales están muy por debajo de las estimaciones presentadas con anterioridad, que variaban de 169 000 000 a 203 000 000 EUR; observa, no obstante, que en el estado de previsiones para 2006 la administración estimó el ahorro anual que se derivaría de la existencia de un único lugar de trabajo en 204 000 000 EUR, y en 180 000 000 EUR en 2010, una cifra más baja tras la compra de los edificios de Estrasburgo y las mejoras en las tecnologías de la información, y recuerda que en su estado de previsiones para 2013 el Parlamento votó por 429 votos a favor de una única sede para reducir los costes y 184 en contra;

4.  Señala que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa supuso un aumento de las competencias, de las actividades y de la carga legislativa del Parlamento, que exigía cambios importantes en su organización y sus métodos de trabajo para añadir excelencia legislativa y continuar los preparativos para la ampliación de la Unión a Croacia; señala, asimismo, que para responder a los nuevos retos, se adoptaron medidas encaminadas a mejorar la rentabilidad a través de un incremento de la productividad, la redistribución del personal y una mejora de los métodos de trabajo;

5.  Toma nota de que fue necesaria la aprobación de un presupuesto rectificativo (nº 1/2010 aprobado el 19 de mayo de 2010) por un total de 9 397 164 EUR para financiar gastos adicionales como consecuencia directa de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; observa, asimismo, que este presupuesto rectificativo reforzó, en particular, dos partidas presupuestarias (1 2 0 0 «Retribución e indemnizaciones» y 4 2 2 0/01 «Asistencia parlamentaria: asistentes locales») con el fin de reforzar la asistencia a los diputados para hacer frente al aumento de sus tareas legislativas; lamenta, no obstante, que este aumento no se haya reducido considerablemente mediante unos ahorros más importantes;

6.  Toma nota de que, durante el ejercicio, se registró una consolidación y una modernización de la administración, con especial atención a las actividades clave, la reestructuración de los servicios, la mejora del uso de las tecnologías modernas y una cooperación reforzada a nivel interinstitucional;

7.  Destaca que 2010 fue el primer año de aplicación plena de los nuevos Estatutos de los diputados y de los asistentes parlamentarios (ambos en vigor desde el 14 de julio de 2009) con la entrada en vigor de un conjunto de modificaciones de las medidas de aplicación de ambos estatutos, propuestas por el Grupo Temporal de Evaluación, que supusieron un incremento importante de tareas suplementarias para la administración del Parlamento;

8.  Toma nota de la aprobación por la Mesa, el 24 de marzo de 2010, de una estrategia a medio plazo en materia de TIC (y en particular del sistema de gestión de los conocimientos que forma parte de la misma) y de una política de edificios a medio plazo, ambas con una dimensión financiera considerable;

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera

9.  Toma nota de que, en 2010, el Parlamento recibió ingresos por un importe de 243 094 204 EUR (141 250 059 EUR en 2009), en los que se incluían ingresos afectados por un valor de 110 298 523 EUR;

Presentación de las cuentas del Parlamento

10.  Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2010:

11.  Observa que en 2010 se comprometió el 96 % (93 % en 2009) de los créditos definitivos, lo que representa una tasa de anulación del 4 % (6,7 % en 2009), y que, al igual que en ejercicios anteriores, se alcanzó un nivel de ejecución muy alto;

12.  Observa, no obstante, las importantes prórrogas a 2010 (190 365 823 EUR(19)) resultantes en gran medida de la naturaleza particular del año electoral 2009 y pide una planificación mejor del gasto que tenga esto en cuenta en la perspectiva de futuras elecciones europeas;

13.  Observa que este elevado nivel generalizado de ejecución se debe en parte a dos transferencias específicas realizadas antes de finalizar el ejercicio 2010 (9 240 000 EUR para la adquisición de una Casa Europea en Sofía y 10 923 000 EUR para cuatro importantes proyectos informáticos); celebra el hecho de que, por segunda vez, entre 2010 y 2011, no se realizara ninguna transferencia de remanentes; insta, no obstante, a la administración a que persiga el objetivo de una planificación y una disciplina presupuestarias mejores y más claras en el futuro, y observa que la inclusión en el presupuesto de los edificios, las tecnologías de la información y de otros gastos importantes proporcionaría una plena claridad financiera; opina que todo gasto considerable debe estar totalmente previsto en el presupuesto anual y no presentarse como resultado de una necesidad de absorber créditos infrautilizados;

Declaración de fiabilidad del Secretario General

14.  Saluda la declaración, de 16 de junio de 2011, del Secretario General, en su calidad de ordenador principal delegado, relativa a los informes anuales de actividades de los ordenadores para el ejercicio 2010, en la que consideraba razonablemente garantizado que el presupuesto del Parlamento se había ejecutado conforme a los principios de buena gestión financiera y que el marco de control creado proporciona las garantías requeridas en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes;

Informe anual sobre los contractos adjudicados

15.  Toma nota de que los servicios centrales elaboraron para la Autoridad Presupuestaria, sobre la base de la información facilitada por los servicios de ordenación, el informe anual sobre los contratos adjudicados en 2010(20) y toma nota además del siguiente desglose de todos los contratos adjudicados en 2009 y 2010:

16.  Toma nota del siguiente desglose de los contratos adjudicados en 2010 y 2009 por tipo de procedimiento utilizado:

Procedimientos negociados con carácter excepcional

17.  Celebra el hecho de que, desde 2010, todas las Direcciones Generales adjuntan en anexo a sus informes anuales de actividad detalles sobre los contratos adjudicados utilizando los procedimientos negociados con carácter excepcional, explicando los motivos por los que se recurrió a este procedimiento, además de otras informaciones que contempla el apartado 50 de la Resolución de 5 de mayo de 2010(21) sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2008, sección I ‐ Parlamento Europeo;

18.  Reconoce como positiva la tendencia inversa en 2010 (en comparación con 2009 y ejercicios anteriores) en cuanto al número de procedimientos negociados con carácter excepcional, con respecto a todos los contratos por un valor superior a los 25 000 EUR(22), como muestra el siguiente desglose:

19.  Pide a las Direcciones Generales que todavía registran cifras elevadas, en particular la DG INLO, que sigan reduciendo el número/porcentaje de esos procedimientos; insta a su administración a que siga supervisando atentamente estos procedimientos, en particular en lo que se refiere a posibles conflictos de interés, y a que aplique sanciones más estrictas y disuasorias en caso de constatarse irregularidades; pide al Secretario General que, con carácter semestral, informe a la Comisión de Control Presupuestario sobre los progresos realizados;

20.  Celebra la creación por parte de la DG PRES de un departamento de contratación en la Unidad de Programación, Gestión Presupuestaria y Contratos, puesto que considera que esto aumentará la transparencia de los contratos públicos;

Informe anual del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010
Observaciones generales

21.  Celebra que la auditoría del Tribunal de Cuentas concluyera que los pagos en su conjunto estaban exentos de errores significativos y que el Tribunal de Cuentas no encontrara deficiencias significativas cuando evaluó la conformidad de los sistemas de control y supervisión con el Reglamento financiero;

Gestión del régimen de subvención para los grupos de visitantes

22.  Toma nota de las conclusiones del Tribunal de Cuentas, según las cuales los procedimientos en marcha en 2010, que no requerían pruebas de los costes de viaje reales y que incluían pagos al contado a los jefes de grupo, presentaban un riesgo de sobrepago y limitaban la posibilidad de aplicar controles internos de dichos pagos, y toma nota de los cambios introducidos recientemente en este sistema; señala, no obstante, que los diputados siguen teniendo la opción de solicitar el pago en efectivo a los grupos de visitantes; pide al Secretario General que solicite el dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la modificación de la reglamentación;

Contratación de agentes contractuales

23.  Toma nota con decepción de que el Tribunal de Cuentas constata que, en cuatro de los cinco casos auditados, es decir, en al menos el 80 % de los casos, los documentos justificativos del examen de las candidaturas, la realización de entrevistas y la decisión adoptada para la selección de estas personas estaban incompletos, sin que ello tuviera consecuencias adversas para el personal implicado y, por consiguiente, sin incentivos para mejorar la situación; comparte la recomendación del Tribunal de Cuentas de que en lo sucesivo se asegure que todos los documentos figuren en el expediente a efectos de control interno;

Contratación pública

24.  Lamenta que el Tribunal de Cuentas detectara errores, incoherencias y otras deficiencias en los procedimientos de contratación pública del Parlamento que auditó; destaca, no obstante, las medidas adoptadas recientemente para mejorar esos procedimientos y alienta a su administración a que siga realizando mejoras en este ámbito de trabajo; celebra el desarrollo de la herramienta informática Webcontracts, creada en 2010, que permite realizar contratos en línea;

25.  Pide a la Mesa que reconsidere todos los mecanismos de control de la contratación pública, con el fin de garantizar los precios más competitivos para los bienes y servicios ofrecidos;

Organización y funcionamiento de los grupos políticos

26.  Toma nota de la constatación del Tribunal de Cuentas en relación con la prórroga de créditos no utilizados por parte de los grupos políticos y la división en dos mitades de los años de elecciones europeas con objeto de calcular las prórrogas permitidas; considera que, con el fin de evitar cualquier reaparición futura de las dificultades que surgieron a comienzos de 2010, conviene utilizar en lo sucesivo la totalidad de los años electorales para calcular las prórrogas de los grupos políticos cuya función no cese después de unas elecciones;

27.  Observa que, si bien se ha alegado que el plazo para responder a las preguntas escritas presentadas por el público es por lo general de dos semanas, en la actualidad no existe ningún sistema que garantice que las preguntas presentadas por los diputados al Presidente o al Secretario General obtengan respuesta en el mismo plazo de tiempo;

Seguimiento por el Secretario General de la resolución de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2009

28.  Toma nota con satisfacción de la rapidez y la amplitud de las respuestas escritas con respecto a la resolución relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2009 facilitadas a la Comisión de Control Presupuestario el 6 de octubre de 2011 y de la calidad de los intercambios de puntos de vista entre el Secretario General y la Comisión de Control Presupuestario durante el seguimiento del procedimiento de aprobación de la gestión 2009 el 11 de octubre de 2011;

29.  Celebra las diversas respuestas a un número de solicitudes incluidas en la resolución arriba mencionada y espera la conclusión del seguimiento de las siguientes solicitudes formuladas en dicha resolución:

30.  Pide al Secretario General que informe a las comisiones competentes del Parlamento, a más tardar el 31 de octubre de 2012, de las medidas adoptadas o que se pretende adoptar;

Informe anual del auditor interno

31.  Celebra el hecho de que una empresa de asesores externos haya certificado que los servicios de auditoría interna cumplen con el más elevado nivel de conformidad con las Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna;

32.  Toma nota de que, en la reunión de la comisión competente celebrada el 24 de enero de 2012, el auditor interno presentó su informe anual firmado el 15 de julio de 2011 y explicó que, en 2010, había realizado el siguiente trabajo de auditoría sobre la administración del Parlamento:

33.  Señala, y apoya, las opiniones expresadas por el auditor interno en cuanto a:

Naturaleza y objeto de los informes de auditoría interna

34.  Hace referencia a sus comentarios, contenidos en anteriores resoluciones de aprobación de la gestión, sobre los informes de auditoría interna; reconoce que los informes de auditoría interna sirven de herramienta para realizar mejoras en los sistemas y los rendimientos, y solo podrán interpretarse de forma adecuada cuando se realicen los cambios que recomiendan y se logren los resultados; señala, no obstante, que la revisión en curso del Reglamento financiero aborda la cuestión de la puesta a disposición de estos informes cuando se soliciten, teniendo en cuenta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la materia;

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PARLAMENTO
Informes de actividad de los Directores Generales

35.  Observa con satisfacción que todos los Directores Generales han podido emitir una declaración de fiabilidad sin reservas con respecto a la ejecución del presupuesto por sus respectivos servicios en 2010; es consciente de que los informes de actividad son un instrumento de gestión interna cuyo objetivo principal es ofrecer al Secretario General un panorama claro del funcionamiento de la administración y, en particular, de las insuficiencias que pueda presentar;

Gestor de riesgos

36.  Constata con satisfacción que el gestor de riesgos asumió su nombramiento el 1 de junio de 2010 y que informa directamente al Secretario General; celebra la publicación el 16 de diciembre de 2011 del Manual de gestión del riesgo y reitera su solicitud de que su comisión competente reciba el informe anual de actividad del gestor del riesgo para 2010 y que se le mantenga informado de la evolución de la aplicación de la nueva política de gestión del riesgo del Parlamento;

37.  Pide que se informe a su comisión competente antes de finales de septiembre de 2012, del enfoque y de las medidas adoptadas para identificar y gestionar los puntos sensibles;

DG de Presidencia (DG PRES)
Seguridad

38.  Toma nota de la ligera disminución del presupuesto destinado a la seguridad, de 45 980 000 EUR en 2009 a 45 590 000 EUR en 2010; celebra la tendencia continuada a la disminución del gasto presupuestario en 2011 (créditos definitivos: 42 830 000 EUR) en comparación con 2010 y la aprobación por la Mesa en julio de 2011 del concepto de seguridad global, que prevé una seguridad más moderna y eficiente para el Parlamento;

39.  Reitera su petición al Secretario General de que imponga a los diputados la obligación de mostrar sus tarjetas de acceso a la entrada y a la salida de los locales del Parlamento; sugiere que las tarjetas de los diputados también se sometan a control electrónico;

40.  Insiste en que es necesario dar la máxima prioridad al refuerzo de la seguridad de los edificios del Parlamento y sus inmediaciones; pide que, como parte de este trabajo, se mejore la seguridad en los aparcamientos y se controle el acceso a las zonas de los edificios donde están situados los despachos de los diputados en el Parlamento;

41.  Subraya el hecho de que se cometen robos en las oficinas de los diputados mientras estas están cerradas con llave, lo que demuestra el bajo nivel de seguridad que existe en las oficinas; pide al Secretario General que adopte medidas urgentes para mejorar esta situación actual;

42.  Manifiesta su preocupación por el bajo nivel de seguridad que existe en los aparcamientos del Parlamento; toma nota de que varios vehículos han sufrido daños intencionados en el aparcamiento de Bruselas; pide a la Mesa que adopte las medidas oportunas para mejorar esta situación;

43.  Reitera su petición al Secretario General de que presente, antes del 30 de junio de 2012, propuestas para un sistema de firma más eficaz, seguro y a prueba de fraude (incluido un examen de las horas de apertura a la firma), y en particular, para un posible futuro sistema de firma electrónica para los diputados tanto para la firma de documentos (como las enmiendas) como para el registro de su presencia mediante firma digital, incluso sabiendo que será mínimo el impacto que cabe esperar en términos de costes o ahorros;

44.  Toma nota con satisfacción de que, a raíz de la decisión adoptada por la Mesa el 5 de julio de 2010, ha concluido ya la internalización de los servicios de acreditación; espera que el nuevo sistema de acreditación proporcione un servicio mejorado y más eficiente; considera necesario proseguir la mejora y la modernización de la seguridad del Parlamento mediante la adecuada profesionalización de la misma, esencialmente a través de procedimientos específicos de selección y contratación, así como por la previsión de la necesaria formación profesional, formación complementaria y de actualización de conocimientos; espera con interés el desarrollo del nuevo concepto de seguridad integral, en particular la diferenciación entre zonas («zoning»), que supondrá una mejora sustancial para los problemas relacionados con la seguridad de los despachos de los diputados, entre otros;

Reestructuración

45.  Toma nota de la importante reestructuración llevada a cabo en la DG PRES en 2010; acoge con satisfacción la centralización de las funciones financieras, de la planificación y la gestión de la contratación y de la seguridad en el seno de la Dirección de Recursos creada en marzo de 2010;

DG de Políticas Interiores (DG IPOL) y DG de Políticas Exteriores (DG EXPO)

46.  Recuerda la importancia política del trabajo de las delegaciones del Parlamento tanto dentro como fuera de la Unión; toma nota, no obstante, de la aparentemente enorme diferencia de costes por miembro y día (que oscila entre los 1 400 EUR y los 5 300 EUR) que presentan las diferentes delegaciones, en particular, las que tienen lugar fuera de la Unión; pide a la Mesa que, en colaboración con todas las Direcciones Generales pertinentes, desarrollen principios para una estructura de costes más económica y uniforme para las visitas de las delegaciones, en particular, teniendo en cuenta su importancia política y duración, y la proporción óptima entre diputados y personal; pide el desarrollo de un sistema informático para la consolidación del presupuesto que proporcione información detallada del presupuesto para cada delegación y mejore así la gestión del gasto; pide para futuras misiones de las delegaciones una declaración detallada de los costes de todos los participantes;

DG de Comunicación (DG COMM)

47.  Manifiesta su preocupación por que, exceptuando los costes del Observatorio Legislativo, la línea presupuestaria 3 2 4 2 (Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos) no es lo suficientemente transparente; considera que debe consignarse, en particular, el gasto en la subpartida 3 2 4 2/01 para mejorar la transparencia en futuros ejercicios;

Centro de Visitantes (Parlamentarium)

48.  Toma nota de que los créditos de compromiso consignados en la línea presupuestaria 3 2 4 3 «Centro de visitantes» ha aumentado significativamente (+227 %) en contraste con el bajo nivel de gasto en 2009, y que asciende a 12 725 985 EUR; señala el grave problema con la seguridad de falsos límites máximos que retrasaron el proyecto en 2010 y obligaron a la administración a cancelar 1 000 000 EUR que habían sido prorrogados automáticamente de 2009 a 2010; observa que los costes totales estimados ascienden a 20 530 000 EUR, lo que significa un aumento del 15,3 % con respecto a 2007; pide garantías de que otros planes de envergaduras millonarias no experimenten aumentos similares;

49.  Celebra la apertura del Centro de Visitantes el 14 de octubre de 2011 (originalmente prevista para las elecciones europeas de 2009); lamenta, no obstante, el considerable retraso y aumento del coste de este proyecto; pide una revisión del Centro de Visitantes, después de haber estado en funcionamiento durante un periodo de doce meses, con el fin de evaluar la respuesta que ha obtenido por parte del público, sus capacidades y sus deficiencias, así como su rentabilidad, con vistas a garantizar que los recursos se están utilizando de manera eficaz;

Casa de la Historia Europea

50.  Toma nota de que, el 5 de julio de 2010, la Mesa aprobó la estrategia de comunicación actualizada del Parlamento que integraba el proyecto de la Casa de la Historia Europea, y que, en septiembre de 2010, un jurado internacional examinó dicho proyecto; constata, además, que no se utilizó el capítulo presupuestario 1 0 6 «Reserva para proyectos prioritarios en desarrollo» para este proyecto, puesto que todos los créditos consignados en este capítulo (5 000 000 EUR) fueron transferidos al capítulo 2 1 0 «Informática y telecomunicaciones»; insiste en que se hagan públicas las implicaciones financieras totales del proyecto, especialmente a la luz de las complicaciones que entraña el río subterráneo Maalbeek que fluye por debajo de los cimientos del edificio; reitera su esperanza de que el plan de costes contenido en el plan de actividades se cumpla estrictamente;

51.  Lamenta que las decisiones adoptadas por la Mesa y otros órganos relativas a la Casa de la Historia Europea no se basaran en el total de los costes estimados relativos al establecimiento de un proyecto plenamente operativo; recomienda a la Mesa y a los Cuestores que no aprueben en el futuro ningún proyecto o iniciativa para los que no se haya presentado una estimación financiera completa de los costes directos o indirectos;

Grupos de visitantes

52.  Reconoce la importancia del régimen de visitas para dar a conocer a la opinión pública el Parlamento y su trabajo legislativo; toma nota de los recientes cambios introducidos en el sistema de pago de los grupos de visitantes desde 2010 y pide una evaluación del nuevo sistema de pagos y del régimen de reembolsos que muestre la evolución de los costes y el grado en el que los pagos reflejan los costes reales en los que han incurrido los grupos; sugiere al Tribunal de Cuentas que haga un seguimiento de esto y espera las observaciones del auditor interno sobre la aplicación de este nuevo sistema;

53.  Insta a la administración del Parlamento a que le informe de la experiencia adquirida en general con la reglamentación modificada sobre las dimensiones de los grupos de visitantes, y en particular de las repercusiones de dicha reglamentación sobre la organización y la utilización de la capacidad;

54.  Manifiesta su preocupación ― por razones evidentes de seguridad y para preservar la imagen del Parlamento― por que el Parlamento pueda dar grandes sumas de dinero en metálico a los responsables de los grupos de visitantes;

Web TV

55.  Lamenta el hecho de que no pueda considerarse que EuroparlTV haya sido un éxito teniendo en cuenta el bajísimo número de usuarios individuales directos(23) (excluidos los espectadores que la ven gracias a los acuerdos de cooperación con televisiones regionales), a pesar de la considerable financiación que recibió en 2010, que asciende a unos 9 000 000 EUR (partida 3 2 4 6); se felicita por los esfuerzos realizados por reducir este presupuesto en un 14 % (a 8 000 000 EUR) en 2011 y en los próximos ejercicios; reconoce con pesar, no obstante, que no se puede justificar una nueva subvención, y pide al Secretario General que presente propuestas a la comisión competente para el cierre de la operación;

Premios

56.  Toma nota de que los costes relacionados con el Premio Lux en 2010 ascendieron a 380 666,18 EUR; se muestra preocupado por el hecho de que los costes de este evento aumentaran en 2011 a 573 722,08 EUR (más de un 50 %) y espera una inversión radical de esta tendencia a partir de 2012 y en adelante; pide en concreto que se reduzcan las siguientes actividades, para poder contener los costes:

57.  Toma nota del gasto destinado a los premios en el periodo 2009-2011:

58.  Considera que el incremento de un 89 % del gasto destinado a los premios entre 2009 y 2011 se ha hecho a costa de fondos que se podrían haber utilizado mejor en otro lugar; pide que el gasto futuro para premios se reduzca a los niveles de 2009;

59.  Toma nota de que los costes relativos al Premio de Periodismo en 2010 ascendieron a 118 059 EUR, lo que supone un aumento del 18 % en comparación con 2009; se manifiesta preocupado por el aumento de los costes para este evento en 2011 en más de un 25 %, y pide que se lleve a cabo un análisis coste-beneficio antes de que se desarrollen iniciativas en este ámbito de las relaciones con la prensa o en otro ámbito, ahora que se ha suprimido este premio;

60.  Considera que los premios no son una actividad fundamental del Parlamento, y pide que dicho análisis coste-beneficio se lleve a cabo antes de que se desarrollen nuevas iniciativas de premios, para que se pueda tener en cuenta la situación financiera y económica, en continuo deterioro, de todos los Estados miembros;

Oficinas de Información/Casas de Europa

61.  Toma nota de la creación en la Dirección General de una Dirección de Recursos en 2010 encargada, entre otras cosas, de la coordinación centralizada de las contrataciones públicas, lo que permite que las oficinas de información descentralizadas se vean menos afectadas por la práctica de trasladar a personal clave de puestos sensibles;

62.  Toma nota de que las 978 misiones a Bruselas y Estrasburgo de las 32 oficinas de información del Parlamento costaron en total 944 330 euros, lo que supone una media de 701 euros por misión a Bruselas y 1 064 euros por misión a Estrasburgo; observa que una misión de Luxemburgo a Bruselas cuesta una media de 250 euros, mientras que una de Luxemburgo a Estrasburgo cuesta de media 630 euros; pide que, en el futuro, se proporcione también el coste medio por misión (página 68 de las respuestas al cuestionario);

Oficina de enlace de Washington

63.  Toma nota de la apertura, en abril de 2010, de la oficina de enlace del PE en Washington y del sistema de misiones de un año para cuatro funcionarios puesto en marcha en octubre de 2010; observa que, pese a que la creación de la oficina de Washington no ha supuesto la creación de nuevos puestos de trabajo, sí se ha incurrido en otros gastos inevitables; desearía recibir información relativa a dichos costes en relación con 2011 y 2012; pide que se presente a la Mesa, con copia a las comisiones competentes interesadas, una revisión de su estructura, sus actividades y sus costes;

DG de Personal (DG PERS)

64.  Celebra el hecho de que la Dirección General haya podido mejorar sus resultados gracias a la contratación externa para el desempeño de determinadas funciones (como la gestión de guarderías) y el aumento del uso de TI en la gestión de los expedientes del personal; acoge con satisfacción la puesta en marcha de la aplicación de TI Streamline;

65.  Toma nota del impacto de la decisión tomada por el Consejo en diciembre de 2009 de conceder un ajuste salarial anual de solo el 1,85 %, en lugar del 3,7 % indicado y propuesto por la Comisión, que ha tenido como consecuencia compromisos pendientes (justo por debajo de 6 000 000 EUR o del 1,4 %) en la línea presupuestaria 1 2 0 0 «Retribución e indemnizaciones»;

66.  Toma nota de que el organigrama completo para el Parlamento se fijó en 6 285 puestos: 5 348 (el 85,1 %) para la Secretaría del Parlamento y 937 (el 14,9 %) para los grupos políticos, lo que representa un incremento del 3,35 % entre 2009 y 2010 (+204 puestos), en su mayoría como consecuencia del aumento de responsabilidades del Parlamento, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009;

67.  Toma nota de los cambios en la estructura de la Secretaría, aprobados por la Mesa en 2009 y que entraron en vigor a comienzos de 2010, en preparación de la nueva legislatura, en particular con vistas a reforzar los servicios para los diputados; observa que esos cambios han conducido, en particular, a la reestructuración de la DG PRES, la DG PERS y la DG INLO, y han supuesto también la creación de una Dirección de Recursos en la DG PRES, la DG IPOL, la DG EXPO y la DG COMM, es decir, en las cuatro Direcciones Generales que tienen un cometido esencialmente político;

68.  Toma nota de que, a 31 de diciembre de 2010, una mayoría del personal de la Secretaría (58,4 %) y perteneciente al grupo de funciones de administradores (51,7 %) eran mujeres; acoge con satisfacción el hecho de que, a nivel de los funcionarios directivos altos y medios, el porcentaje de mujeres directoras generales aumentara en 2010 a un 36,4 %, es decir, 4 de 11, y el de jefas de unidad a un 26,2 %;

69.  Destaca las dificultades para contratar a funcionarios o agentes de determinados Estados miembros como Alemania, el Reino Unido, Austria o los Países Bajos, para los que el porcentaje de personal en la Secretaría del Parlamento es considerablemente inferior al «peso democrático» de los países en cuestión dentro de la Unión(24) y observa el número relativamente elevado de personal de nacionalidad belga (13,6 %) o luxemburguesa (2,3 %), como consecuencia de los lugares de trabajo del Parlamento; pide a la Mesa que examine los procedimientos y los requisitos de contratación, a fin de determinar su papel en la creación de dificultades para contratar personal;

Misiones a los tres lugares de trabajo / Costes de misión

70.  Toma nota de que en 2010 se realizaron 33 200 misiones (viajes oficiales), lo que representa un total de 98 629 días de misión, la mayoría de los cuales fueron desplazamientos entre los tres lugares de trabajo del Parlamento; recuerda la necesidad de evitar misiones superfluas entre los tres lugares de trabajo y los costes que estas suponen exigiendo justificaciones más sistemáticas y documentadas y realizando un mejor control; pide al Secretario General que informe, como parte del procedimiento de aprobación de la gestión, de todos los ahorros realizados gracias a una mayor racionalización y de todas las iniciativas adoptadas o en preparación destinadas a reducir el número de misiones; opina asimismo que, como norma general, no debería celebrarse ninguna reunión de comisión en Estrasburgo, a excepción de las comisiones cuyo orden del día esté directamente relacionado con informes o debates incluidos en el orden del día del periodo parcial de sesiones de dicha semana; anima al Tribunal de Cuentas a que siga examinando los procedimientos de misión actuales y presente recomendaciones para mejorar su eficacia; pide al Secretario General, en particular, que examine los puestos destinados fuera de Bruselas, principalmente los de miembros del personal que se desplazan repetidamente en misiones a Bruselas, con el fin de determinar si se deberían relocalizar dichos puestos; sugiere que puede ser necesario revisar el acuerdo con las autoridades luxemburguesas, que establece el número de funcionarios del Parlamento destinados en Luxemburgo sin considerar la evolución de las necesidades de este;

Estatutos de los diputados y de los asistentes

71.  Constata con satisfacción que el paso a este nuevo sistema de contratación ha sido prácticamente neutral desde el punto de vista presupuestario, con aproximadamente 15 miembros del personal encargados de administrar el empleo de alrededor de 1 400 asistentes, y espera recibir una copia del informe sobre la aplicación de este nuevo sistema de contratación y de sus costes directos e indirectos totales, incluidas las prestaciones de desempleo abonadas por la Comisión;

72.  Señala que las deficiencias en la documentación y la rastreabilidad de los costes de las misiones de los asistentes realizadas en vehículos privados, señaladas en las conclusiones del Tribunal de Cuentas, aún no se han resuelto; insta a la administración del Parlamento a que encuentre un solución transparente y rastreable para esta cuestión lo antes posible;

DG de Infraestructuras y Logística (DG INLO)
Edificios / política inmobiliaria

73.  Toma nota de la política inmobiliaria a medio y largo plazo (estrategia para los edificios) adoptada por la Mesa el 24 de marzo de 2010 y sus principales parámetros:

74.  Observa que el Consejo Europeo, pese a que pedía, con razón, austeridad al Parlamento, continúa denegándole la oportunidad de lograr los considerables ahorros que se derivarían del cese de la celebración de reuniones en Estrasburgo;

75.  Observa que el coste de mantenimiento de los edificios, su funcionamiento y su limpieza aumentó en los tres lugares de trabajo de un total de 33 700 000 EUR en 2009, a 38 700 000 EUR en 2010 y las previsiones muestran que seguirá aumentando en los años 2011-2013 a excepción de un ligero descenso de los costes en Luxemburgo en 2013; observa, además, que el consumo de energía y de otros servicios esenciales ha aumentado menos espectacularmente aunque de forma constante en el mismo periodo;

76.  Toma nota de la disminución considerable de los pagos de alquiler en 2010 (5 700 000 EUR en comparación con 58 600 000 EUR en 2008 – la suma más elevada de los últimos años), las fluctuaciones menos extremas en los costes de alquiler (25 300 000 EUR en 2010, en comparación con un máximo de 31 200 000 EUR en 2006 y un mínimo de 19 900 000 EUR en 2007) y observa asimismo la diversidad de los importes pagados por los edificios que oscilan entre un máximo de 165 900 000 EUR en 2006, a cero en 2009 y 20 200 000 EUR en 2010;

77.  Observa con satisfacción que, de acuerdo con las respuestas recibidas al cuestionario sobre la aprobación de la gestión, las estimaciones indican que si la institución hubiese alquilado todos sus edificios, habría tenido que prever, en su presupuesto para 2010, un coste suplementario de 163 000 000 EUR, lo que equivale al 10 % de su presupuesto; apoya, por consiguiente, esta política de adquisición en vez de alquiler, que ha sido vivamente recomendada por el Tribunal de Cuentas durante varios años, más recientemente en su Informe Especial nº 2/2007 relativo a los gastos inmobiliarios;

78.  Toma nota de que los trabajos de eliminación de amianto de los tres edificios de Estrasburgo en 2010, que costaron 2 464 701 EUR han sido reembolsados en gran medida por la ciudad de Estrasburgo, que contribuyó con 2 015 000 EUR;

79.  Toma nota de que, el 27 de enero de 2010, el Estado belga procedió al reembolso al Parlamento de 85 987 000 EUR en el contexto de su cobertura del coste del terreno que ocupan los edificios Willy Brandt y József Antall y de los gastos de acondicionamiento de la explanada que cubre la estación de Luxemburgo en Bruselas; señala que esta cantidad ha sido consignada en las cuentas como «ingresos afectados» de conformidad con el Reglamento financiero y se ha utilizado para financiar proyectos inmobiliarios;

80.  Toma nota de la compra en 2010 del edificio Remard en Bruselas (11 000 000 EUR) y de la decisión de comprar la Casa de Europa en Sofía (9 240 000 EUR); lamenta que, debido a las restricciones del mercado, los costes de mantenimiento, renovación y compra sean innecesariamente elevados, y que sea difícil mantener la confidencialidad de las negociaciones; considera que el requisito propuesto en el Reglamento financiero revisado de que las instituciones publiquen sus planes inmobiliarios con un número determinado de años de antelación supondría un coste considerable para las instituciones y los contribuyentes;

81.  Observa que el hecho de autorizar la financiación directa de los edificios previsto en el Reglamento financiero revisado tendría una incidencia positiva puesto que permitiría al Parlamento utilizar préstamos sin recurrir a terceras partes, reduciendo así los costes y aumentando la transparencia al mismo tiempo; señala que este ya es el caso para la financiación del edificio KAD en Luxemburgo, para la que se ha acordado una asociación con el Banco Europeo de Inversiones que proporciona el 50 % de los fondos;

82.  Pide a este respecto una declaración financiera detallada de los costes en que ya se ha incurrido y de los proyectos previstos para los próximos veinte años en relación con el edificio KAD de Luxemburgo, e insiste en que se publiquen detalladamente los costes totales de construcción previstos, los costes de funcionamiento estimados y otros costes relativos a la construcción y el funcionamiento de este edificio;

83.  Celebra que el Secretario General haya garantizado que ya no haya oficinas asignadas a los grupos de interés o las fundaciones, pero observa que, hasta el 31 de diciembre de 2011, la Fundación Pegasus y el Grupo Kangaroo tenían a su disposición oficinas en los edificios del Parlamento;

84.  Lamenta que grupos de interés acreditados utilizaran espacio de oficinas en 2010, dando así un trato preferente a estas organizaciones con cargo a los recursos de los contribuyentes de la Unión;

Servicios de restauración

85.  Reitera su petición de que haya mayor diversidad de opciones de servicios de restauración en los edificios del Parlamento y se deje de ofrecer el monopolio a un único proveedor de servicios de restauración al término de los actuales contratos;

DG de Traducción (DG TRAD) y DG de Interpretación y Conferencias (DG INTE)

86.  Toma nota de que, en 2010, se tradujeron 1 721 191 páginas (1 033 176 de ellas –es decir, el 60 %– internamente) y celebra el hecho de que la DG TRAD produjera a tiempo todos los documentos necesarios para las votaciones y de que el 90 % de las traducciones salieran en general dentro de los plazos establecidos, pese a que el 65 % de las solicitudes de traducción se presentaran tarde (es decir, fuera de los diez días laborables que establece el Código de conducta sobre multilingüismo);

87.  Toma nota con satisfacción de que la DG TRAD está logrando una productividad cada vez mayor y un uso más eficaz de su presupuesto, asegurando al mismo tiempo el multilingüismo; subraya, en este contexto, que la productividad interna ha aumentado de 1 500 páginas a 1 800 páginas anuales; expresa su deseo de que se publiquen las cifras de productividad por unidad lingüística;

88.  Observa, no obstante, que tras un aumento de más del 10 % de la tasa de cumplimiento del Código de conducta del multilingüismo entre 2008 y 2009 (su primer año de aplicación), la tasa de cumplimiento descendió entre 2009 y 2010(25); pide a las comisiones, las delegaciones y los grupos políticos que respeten estrictamente los plazos previstos en el Código de conducta;

89.  Se felicita por el nuevo servicio de interpretación ad personam (IAP) que ofrece la DG INTE a los diputados y que se creó a raíz del proyecto piloto iniciado en 2010;

DG de Finanzas (DG FINS)

90.  Observa con satisfacción que, en 2010, se redujo el tiempo de pago de las facturas a una media de 21 días;

Gastos de transporte

91.  Observa que, en 2010, el coste de los desplazamientos de los diputados y del personal ascendió a unos 107 000 000 EUR(26) (lo que corresponde al 6,6 % del total de los créditos definitivos) y que en la actualidad se está procediendo a una reducción del 5 %; considera que convendría estudiar la posibilidad de lograr otros ahorros aunando las millas acumuladas; pide que se presente un análisis del artículo 3 0 0, mediante una nota adjunta a las cuentas, sobre el gasto medio de desplazamiento por funcionario para los seis trayectos siguientes: Bruselas-Luxemburgo; Luxemburgo-Bruselas; Luxemburgo-Estrasburgo; Estrasburgo-Luxemburgo; Bruselas-Estrasburgo; Estrasburgo-Bruselas;

Agencia de viajes

92.  Toma nota de que los créditos definitivos para la agencia de viajes ascendieron a 1 438 000 EUR en 2010 con un elevado índice de compromisos (94 %); toma nota, además, de que obtiene precios negociados con las compañías aéreas, lo que significa que existe un precio medio para el mejor servicio; subraya, no obstante, que esto no significa que sea imposible encontrar un precio más ventajoso para un día o un trayecto en particular si se reserva directamente a través de los operadores de viajes; pide una investigación independiente que conduzca a una evaluación del funcionamiento de la agencia de viajes, su estructura y su funcionamiento; pide al actual contratista de la agencia de viajes que haga mayores esfuerzos por garantizar que se propongan siempre las opciones más económicas a los diputados y al personal; pide además a la dirección pertinente que controle los niveles de servicios suministrados por la agencia de viajes;

93.  Lamenta que en algunos casos la agencia de viajes no ofrezca el mejor precio en comparación con otras agencias en línea y fuera de línea; pide a la DG de Finanzas que desarrolle un mecanismo adecuado de control que garantice la mejor relación calidad-precio;

94.  Considera que es necesario obtener datos comparables relativos a los precios de vuelos, a fin de determinar el mejor precio para todos los vuelos;

95.  Considera que el Parlamento debe dejar de adjudicar contratos monopolísticos siempre que sea posible, y que si se dispusiera de más de una agencia de viajes se reducirían los costes y habría un mejor servicio para los diputados y el personal;

Transferencias de remanentes

96.  Celebra el hecho de que, a finales del ejercicio 2010, no se utilizara el procedimiento de remanentes, como ha pedido la Comisión de Control Presupuestario durante los últimos años, evitando así la existencia de una diferencia significativa entre el presupuesto previsto para el año y su ejecución, como ocurrió en ejercicios anteriores, y opina que todas las instituciones de la Unión podrían facilitar el control y la aprobación de la gestión previendo los gastos inmobiliarios de forma transparente a través del procedimiento presupuestario;

Fondos de pensión

97.  Observa que, si bien en 2010 el valor de los activos del Fondo de pensiones voluntario aumentó un 13,3 % a la vez que los mercados de inversiones seguían recuperándose de la crisis financiera global de 2008, el Fondo de pensiones voluntario presentaba, a 31 de diciembre de 2010, un déficit de 178 960 000 EUR, lo que suscita inquietudes por la posible quiebra del Fondo; recuerda que el Parlamento garantiza el pago de los derechos de pensión a todos los antiguos miembros y a algunos de los miembros actuales del Fondo de pensiones voluntario, en el caso de que este Fondo no pueda cumplir sus obligaciones; expresa su deseo de ser informado sobre el modo en que el Parlamento va a cumplir sus obligaciones al respecto y con cargo a qué línea presupuestaria lo hará;

98.  Reconoce que dos terceras partes de los pagos al Fondo fueron hechas directamente por el Parlamento y no por los propios diputados; recuerda a los miembros del Fondo que sus contribuciones eran voluntarias, e insiste en que el Parlamento no debe aportar nuevas contribuciones financieras para hacer frente a los pagos o para reducir el déficit de un fondo que no se ha estructurado satisfactoriamente desde el principio;

99.  Observa, además, que las obligaciones que se derivan de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados (Reglamentación GDD) relativas a las pensiones de supervivencia y de invalidez (anexo II) ascienden a 28 950 000 EUR; señala que existe una cantidad de 195 640 000 EUR para cubrir casos ― principalmente de diputados italianos o franceses― en los que las disposiciones en materia de pensiones de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo difieren (anexo III), y una cantidad del nuevo régimen establecido en el Estatuto de 152 210 000 EUR (esta última cifra aumentará año tras año); recuerda que no hay fondos para cubrir estos gastos;

DG de Innovación y Asistencia Tecnológica (DG ITEC)

100.  Toma nota de las decisiones de la Mesa, de 17 de junio de 2009 y 18 de octubre de 2010, de ampliar las zonas de acceso a la red inalámbrica (Wi-Fi) en el Parlamento Europeo para cubrir el hemiciclo, las salas de comisiones, los despachos de los diputados y los espacios públicos tanto en Bruselas como en Estrasburgo (primera fase del proyecto: 7 878 000 EUR); pide a la DG ITEC que haga lo posible para que los diputados puedan solicitar dejar de recibir documentos en papel para las reuniones de comisión en que se recurra al sistema «e-committee»; considera que esto podría acelerar el éxito del proyecto;

101.  Celebra el nuevo diseño gráfico que se está realizando en la actualidad en la página web del Parlamento a raíz de la decisión de la Mesa, de 22 de noviembre de 2010, sobre la «Estrategia para la futura presencia en línea del Parlamento Europeo – Readaptación del sitio web del PE»; pide que se mejore la asistencia al sitio web, en particular realizando pruebas periódicas;

102.  Acoge con satisfacción el sistema AT4AM, introducido en 2010, que facilita a los diputados la modificación de propuestas de textos legislativos y no legislativos;

103.  Toma nota con satisfacción de las mejoras introducidas en el sector TI desde 2010, que han dado como resultado una mayor capacidad para gestionar aspectos internos clave, el proceso de internalización de actividades, la creación de los órganos clave de gobernanza corporativa (el «Comité para la estrategia de innovación de las tecnologías de información y comunicación (TIC)» y el Comité directivo para la Innovación en TIC), la creación de la función de planificación de las TI y del sistema de información sobre la situación de los proyectos de desarrollo de TI y desarrollo de una metodología transparente de planificación a corto plazo; acoge con satisfacción el uso extensivo de indicadores de resultados por parte de esta DG; manifiesta su preocupación por el creciente riesgo de acceso ilícito y de manipulación de los sistemas TIC del Parlamento, y considera de la máxima urgencia proceder al desarrollo de una estrategia eficaz y duradera de protección de dichos sistemas; pide al Secretario General que le mantenga informado de las medidas adoptadas en este sentido;

104.  Espera un informe completo sobre el modo en que se han desarrollado los proyectos del Parlamento de software libre por lo que respecta al uso y los usuarios en el Parlamento, la interacción ciudadana y las actividades de contratación; sugiere que se examinen las obligaciones del Parlamento en virtud del artículo 103 de su Reglamento por lo que respecta al software libre y las normas abiertas;

Contrataciones públicas en la DG ITEC

105.  Alienta a la DG ITEC a que aspire a una elaboración mejor de los procedimientos de contratación, en particular en el caso de contratos marco, que a menudo son complejos, estipulando obligaciones contractuales en las prestaciones y los resultados más que en el simple producto y definiendo mejor las necesidades y los objetivos del Parlamento; sugiere que, en lugar de recurrir a cláusulas en materia de sanciones, el Parlamento debe exigir compensaciones a un proveedor o prestador de servicios que no cumpla sus obligaciones o utilizar la amenaza de no adjudicarle trabajos en el futuro, en el caso de contratos marco;

Nuevos equipos de votación e infraestructuras de interpretación

106.  Toma nota de que los nuevos equipos de votación en el hemiciclo han costado 2 135 623 EUR y fueron financiados en su totalidad con cargo a los créditos de 2010; toma nota además de que el coste de mantenimiento y de asistencia técnica para esos equipos ascendió a 147 149 EUR en 2010;

Grupos políticos (línea presupuestaria 4 0 0 0)

107.  Observa que en 2010 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 0 0 se utilizaron como sigue: