Índice 
Textos aprobados
Jueves 5 de julio de 2012 - Estrasburgo
Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ***I
 Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea ***I
 Ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía ***I
 Proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012: excedente resultante de la ejecución del presupuesto 2011
 Política de la UE sobre Cisjordania y Jerusalén Este
 Violencia contra las lesbianas y los derechos de las personas LGBTI en África
 Libertad de expresión en Belarús, en particular el caso de Andrzej Poczobut
 Escándalo de abortos forzados en China
 Educación y ciudadanía global activa en materia de desarrollo
 Día Europeo del Helado Artesanal

Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ***I
PDF 200kWORD 35k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I (02074/2011 – C7-0090/2011 – 2011/0901A(COD))
P7_TA(2012)0294A7-0185/2012

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la petición del Tribunal de Justicia presentada al Parlamento Europeo y al Consejo (02074/2011),

–  Vistos el artículo 257, párrafos primero y segundo, y el artículo 281, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales se le ha presentado el proyecto de acto (C7-0090/2011),

–  Visto el artículo 294, apartados 3 y 15, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen de la Comisión (COM(2011)0596),

–  Vista la carta del Tribunal de Justicia, de 8 de mayo de 2012,

–  Vista la carta de la Comisión, de 30 de mayo de 2012,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 31 de mayo de 2012, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0185/2012),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Observa que, teniendo en cuenta la renovación parcial del Tribunal de Justicia el 7 de octubre de 2012 y la urgente necesidad de encontrar una solución que garantice el funcionamiento adecuado del Tribunal de la Función Pública, es necesario que se adopten sin más demora las modificaciones del Estatuto relativas a la organización del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, así como las relativas al Tribunal de la Función Pública, como se señalaba en el escrito del Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2012;

3.  Se reserva el derecho a examinar en un momento posterior la parte de la petición presentada por el Tribunal de Justicia que se refiere a la composición del Tribunal General;

4.  Decide que se celebre un debate en el Parlamento en un futuro próximo sobre las ventajas de introducir la posibilidad de emitir votos particulares en el Tribunal de Justicia;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, al Tribunal de Justicia y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de julio de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE, Euratom) n° .../2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I

P7_TC1-COD(2011)0901A


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE, Euratom) n° 741/2012.)


Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea ***I
PDF 190kWORD 35k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea (01923/2011 – C7-0091/2011 – 2011/0902(COD))
P7_TA(2012)0295A7-0184/2012

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la petición del Tribunal de Justicia presentada al Parlamento Europeo y al Consejo (01923/2011),

–  Vistos los artículos 257 y 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales se le ha presentado el proyecto de acto (C7-0091/2011),

–  Visto el artículo 294, apartados 3 y 15, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen de la Comisión (COM(2011)0596),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 31 de mayo de 2012, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0184/2012),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, al Tribunal de Justicia y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de julio de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE, Euratom) n° .../2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea

P7_TC1-COD(2011)0902


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE, Euratom) n° 979/2012.)


Ayudas financieras en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía ***I
PDF 197kWORD 35k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1639/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), y el Reglamento (CE) nº 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))
P7_TA(2012)0296A7-0150/2012

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0659),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 172 y 173, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0372/2011),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 23 de febrero de 2012(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de mayo de 2012, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0150/2012),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 5 de julio de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° .../2012 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión nº 1639/2006/CE por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013) y el Reglamento (CE) nº 680/2007 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía

P7_TC1-COD(2011)0301


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 670/2012.)

(1) DO C 143 de 22.5.2012, p. 134.


Proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012: excedente resultante de la ejecución del presupuesto 2011
PDF 203kWORD 39k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, relativo a la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012 de la Unión Europea para el ejercicio 2012, Sección III – Comisión (11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD))
P7_TA(2012)0297A7-0206/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en particular, sus artículos 310 y 314, y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 106 bis,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(1), y, en particular, sus artículos 15, 37 y 38,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, aprobado definitivamente el 1 de diciembre de 2011(2),

–  Vista la Posición del Consejo sobre la propuesta de transferencia DEC 9/2012 aprobada el 7 de junio de 2012,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera(3),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012, presentado por la Comisión el 16 de abril de 2012 (COM(2012)0181),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012, aprobada por el Consejo el 11 de junio de 2012 (11113/2012 – C7-0147/2012),

–  Vista la Propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 2010, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto anual de la Unión (COM(2010)0815),

–  Vistos los artículos 75 ter y 75 sexies de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0206/2012),

A.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012 tiene por objeto consignar en el presupuesto del ejercicio 2012 el excedente del ejercicio 2011, que asciende a 1 496 968 014 EUR,

B.  Considerando que ese excedente procede fundamentalmente de un gasto no utilizado de 730 millones de euros, unos resultados positivos superiores a 650 millones de euros y un diferencial positivo del tipo de cambio de 100 millones de euros,

C.  Considerando que la mayor parte de los ingresos (450 millones de euros de un total de 670 millones) procede de multas e intereses por retrasos en los pagos,

D.  Considerando que el gasto no utilizado, que comprende 560 millones de euros de créditos presupuestarios de 2011 y prórrogas por un importe de 170 millones de euros de 2010, no es consecuencia de problemas de absorción o de una mala gestión, sino de las disposiciones en vigor relativas al ajuste del reparto de los pagos en consonancia con las necesidades, en particular durante las ultimas semanas del ejercicio financiero,

E.  Considerando, por el contrario, que todos los indicadores apuntan a que este año se registrará una escasez de pagos en muchos ámbitos de intervención de la UE, en particular porque en 2011, por segundo año consecutivo, la Autoridad Presupuestaria redujo el nivel de créditos de pagos para 2012 en el presupuesto de la Unión en más de 3 000 millones de euros, incluida la política de investigación y cohesión, con respecto a las previsiones iniciales de la Comisión,

F.  Considerando que en su posición sobre la propuesta de transferencia DEC 9/2012, el Consejo redujo radicalmente los créditos de pago transferidos al ámbito de la investigación, donde se aprecia una urgente necesidad de pagos para atender los compromisos anteriores, pero que finalmente está reconsiderando su posición en el contexto de la propuesta de transferencia DEC 19/2012,

G.  Considerando que en el artículo 15 del Reglamento financiero se estipula que la diferencia con respecto a las previsiones se consignará en el presupuesto de la Unión mediante un presupuesto rectificativo dedicado exclusivamente a la consignación de dicha diferencia,

1.  Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012 destinado exclusivamente a consignar en el presupuesto el excedente del ejercicio 2011, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento financiero; destaca que éste permite cierto margen de discreción con respecto al destino del excedente;

2.  Destaca que ese excedente procede fundamentalmente de un gasto no utilizado de 730 millones de euros, unos resultados positivos superiores a 650 millones de euros y un diferencial positivo del tipo de cambio de 100 millones de euros;

3.  Resalta que el gasto no utilizado (730 millones de euros) no es consecuencia de problemas de absorción o de una mala gestión, sino de las disposiciones en vigor relativas al ajuste del reparto de los pagos en consonancia con las necesidades; considera, por consiguiente, que debe tratarse de manera distinta al de la parte del excedente derivado de las fluctuaciones de los ingresos; destaca asimismo que una gran parte de esa infrautilización es consecuencia de la decisión del Consejo de no aplicar el ajuste salarial y de pensiones previsto para el personal;

4.  Deplora que, a pesar de las disposiciones del artículo 310, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre buena gestión financiera y de la Declaración común sobre los créditos de pago acordada por las tres instituciones en el marco del procedimiento presupuestario para 2012, el Consejo decidiera inicialmente reducir en dos tercios el importe de 485 millones de euros de la propuesta de transferencia DEC 9/2012 de los proyectos de energía no utilizados a las ayudas en favor de la recuperación económica para reforzar tres líneas presupuestarias del 7º PM – Programa de Cooperación;

5.  Destaca que, de esa manera, se habría incrementado artificialmente la infrautilización de los pagos correspondientes a 2012 y, por consiguiente, el excedente de 2012, a pesar de que todos los indicadores disponibles apuntan a que se registrarán problemas de pago en el ámbito de la investigación y otros sectores de intervención de la UE; en consecuencia, acoge favorablemente el hecho de que el Consejo reconsidere su posición al adoptar la propuesta de transferencia DEC 19/2012;

6.  Aprueba sin modificaciones la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2012:

7.  Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo nº 3/2012 ha sido definitivamente adoptado y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 248 de 16.9.2002, p.1.
(2) DO L 56 de 29.2.2012.
(3) DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.


Política de la UE sobre Cisjordania y Jerusalén Este
PDF 143kWORD 58k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre la política de la UE sobre Cisjordania y Jerusalén Este (2012/2694(RSP))
P7_TA(2012)0298RC-B7-0373/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores, especialmente las de 29 de septiembre de 2011, sobre la situación en Palestina(1), de 16 de febrero de 2012, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas(2), y de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación del río Jordán, especialmente en la región baja del río(3),

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre el proceso de paz en Oriente Próximo, de 14 de mayo de 2012, de 18 de julio y de 23 de mayo de 2011, y de 8 de diciembre de 2009,

–  Vista la declaración sobre los últimos acontecimientos en Oriente Próximo y Siria realizada por la Vicepresidenta/Alta Representante, Catherine Ashton, en la sesión plenaria del Parlamento Europeo de 12 de junio de 2012,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta/Alta Representante, Catherine Ashton, en particular las de 8 de junio de 2012 sobre la expansión de los asentamientos, de 25 de abril de 2012 sobre la decisión de las autoridades israelíes relativa al estatuto de los asentamientos de Sansana, Rejelim y Brujín en los Territorios Palestinos Ocupados, y de 22 de febrero de 2012 sobre la aprobación de los asentamientos israelíes,

–  Vistos los informes de los jefes de misión de la UE sobre Jerusalén Este, de enero de 2012, sobre «Zona C y creación del Estado Palestino», de julio de 2011, y sobre la violencia de los colonos, de abril de 2011, así como la nota adjunta de los jefes de misión de la UE sobre la violencia de los colonos, de febrero de 2012,

–  Visto el Cuarto Convenio de Ginebra, de 1949, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra,

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 181 (1947) y 194 (1948), así como las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 242 (1967), 252 (1968), 338 (1973), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003) y 1850 (2008),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de 1966,

–  Vistas las declaraciones del Cuarteto para Oriente Próximo y, en particular, las de 11 de abril de 2012 y 23 de septiembre de 2011,

–  Vista la declaración conjunta realizada por Israel y la Autoridad Nacional Palestina el 12 de mayo de 2012,

–  Visto el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, de 9 de julio de 2004,

–  Visto el plan bienal de creación de un Estado titulado «Palestina, poner fin a la ocupación, establecer el Estado» del Primer Ministro palestino, Salam Fayyad, de agosto de 2009,

–  Visto el Acuerdo provisional sobre Cisjordania y la Franja de Gaza, de 18 de septiembre de 1995,

–  Vistos los Acuerdos de Oslo («Declaración de Principios sobre las Disposiciones relacionadas con un Gobierno Autónomo Provisional»), de 13 de septiembre de 1993,

–  Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la UE ha manifestado reiteradamente su apoyo a la solución consistente en la existencia de dos Estados ‐un Estado de Israel que disponga de unas fronteras seguras y reconocidas y un Estado Palestino independiente, democrático, contiguo y viable, que convivan en paz y seguridad‐ y ha declarado que no reconocerá ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967 incluso por lo que respecta a la capitalidad de Jerusalén para ambos Estados, con excepción de los que acuerden las partes; y que el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado propio es incuestionable, como lo es el derecho del Estado de Israel a la existencia dentro de fronteras seguras;

B.  Considerando que las conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2012 subrayaban que «los cambios en curso en el mundo árabe hacen tanto más urgente la necesidad de un avance en el proceso de paz en Oriente Próximo» y que «responder a las aspiraciones de los habitantes de la región, en particular la de los palestinos de adquirir la condición de Estado y la de los israelíes de gozar de seguridad es un elemento esencial para una paz duradera y la estabilidad y prosperidad de la región»;

C.  Considerando que las conversaciones de paz directas entre las partes están paralizadas, y que todos los esfuerzos recientes para reanudar las negociaciones han fracasado; considerando asimismo que la UE ha pedido a las partes que prosigan las acciones conducentes a la creación del clima de confianza necesario para garantizar unas negociaciones significativas, que se abstengan de acciones que socaven la credibilidad del proceso y que eviten su instigación;

D.  Considerando que, el 12 de mayo de 2012, Israel y la Autoridad Nacional Palestina emitieron una declaración conjunta en la que se comprometían a alcanzar la paz y manifestaban su esperanza de que el intercambio de cartas entre el Presidente Abbás y el Primer Ministro Netanyahu contribuya a lograr ese objetivo;

E.  Considerando que el Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, incluido el Cuarto Convenio de Ginebra, son plenamente aplicables a Cisjordania, incluidos Jerusalén Este y la Franja de Gaza; y que Israel está obligado, entre otras cosas, a velar de buena fe por que se satisfagan las necesidades básicas de la población palestina ocupada, a administrar su ocupación de forma que beneficie a la población local, a proteger y preservar los bienes de carácter civil y a evitar el traslado de su propia población a los territorios ocupados, así como el de la población de los territorios ocupados a su propio territorio;

F.  Considerando que los recientes informes de los jefes de misión de la UE sobre «Zona C y creación del Estado Palestino», sobre Jerusalén Este y sobre la violencia de los colonos confirmaron una vez más los alarmantes y potencialmente irreversibles acontecimientos sobre el terreno en las zonas en cuestión; que el Ministerio israelí de Asuntos Exteriores rechaza las afirmaciones de la prensa de la UE y ha criticado a la prensa por declarar que no contribuye a hacer avanzar el proceso de paz;

G.  Considerando que, desde los Acuerdos de Oslo de 1995, Cisjordania ha estado dividida desde el punto de vista administrativo en tres zonas; que la Zona C ocupa la mayor parte del territorio de Cisjordania; y que el desarrollo social y económico de la Zona C reviste una importancia fundamental para la viabilidad de un futuro Estado palestino;

H.  Considerando que la presencia palestina en Cisjordania, especialmente en la Zona C, y en Jerusalén Este se ha visto menoscabada por las políticas del Gobierno israelí, en particular mediante la construcción y la expansión de los asentamientos; que, con arreglo al Derecho internacional, los asentamientos israelíes son ilegales, y que constituyen un importante obstáculo para los esfuerzos de paz, dado que son subvencionados por el Gobierno israelí con importantes incentivos en los ámbitos de la fiscalidad, la vivienda, las infraestructuras, las carreteras, el acceso al agua, la educación, la asistencia sanitaria, etc.;

I.  Considerando que Israel, en su «Ley Fundamental: Jerusalén, Capital de Israel», de 1980, declaró que Jerusalén es la capital, completa y unida, de Israel, lo cual contraviene la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 478 (1980); que las conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2012 reiteraban una vez más que debe encontrarse una vía negociada para resolver el estatuto de Jerusalén como futura capital de ambos Estados; que los actuales acontecimientos en Jerusalén Este hacen que la perspectiva de que Jerusalén se convierta en la futura capital de ambos Estados sea cada vez menos probable y más inviable; y que Jerusalén Este cada vez está más separada de Cisjordania, a la vez que la cuenca histórica de Jerusalén está cada vez está más separada del resto de Jerusalén Este;

J.  Considerando que, mientras que los palestinos que viven en Jerusalén Este representan el 37 % de la población de Jerusalén y el 36 % de los ingresos fiscales del municipio, solo el 10 % del presupuesto municipal se destina a Jerusalén Este, donde la prestación de servicios es sumamente inadecuada; y que las autoridades israelíes de Jerusalén Este han cerrado la mayoría de las instituciones palestinas, incluida la Casa de Oriente, dejando un vacío institucional y una ausencia de liderazgo en la población palestina local que siguen siendo un importante motivo de preocupación;

K.  Considerando que los palestinos que viven en Jerusalén Este tienen el estatuto de residentes permanentes, que solo puede ser transferido a los hijos en determinadas condiciones y no se transfiere automáticamente mediante el matrimonio, lo que impide a esposas e hijos de muchos residentes permanentes en Jerusalén Este vivir con sus familiares; y que, por otra parte, aproximadamente 200 000 colonos israelíes viven en Jerusalén Este y sus alrededores;

L.  Considerando que la protección de la población palestina y de sus derechos en Cisjordania, en particular la Zona C, y Jerusalén Este es de suma importancia para preservar la viabilidad de la solución consistente en la existencia de dos Estados; que la actual expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos, las restricciones programadas y la consecuente grave escasez de viviendas, las demoliciones de viviendas, los desalojos y desplazamientos, las confiscaciones de tierras, las dificultades de acceso a los recursos naturales y la falta de asistencia y servicios sociales básicos están teniendo un impacto negativo considerable en las condiciones de vida de los palestinos; que la situación económica en esas zonas, agravada por las restricciones al acceso, la circulación y la planificación, sigue siendo una causa importante de preocupación; y que, de conformidad con el informe anual de la OIT, en Cisjordania, el 53,5 % de las mujeres y el 32,3 % de los hombres con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años no tienen empleo;

M.  Considerando que la población palestina de Cisjordania, especialmente en la Zona C, y en Jerusalén Este se enfrenta a una grave escasez de agua; que los agricultores palestinos se ven gravemente afectados por la falta de agua para el riego, provocada por el uso de la mayor parte del agua en cuestión por Israel y los colonos israelíes; y que la disponibilidad de recursos hídricos suficientes es esencial para la viabilidad de un futuro Estado palestino;

N.  Considerando que el muro de separación construido por Israel, que no sigue la Línea Verde, aísla partes considerables del territorio palestino tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este; y que en el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, de 2004, se declaraba que «la construcción del muro que está elevando Israel … y su régimen conexo, son contrarios al Derecho internacional»;

O.  Considerando que el Parlamento Europeo ha manifestado en repetidas ocasiones su apoyo a los esfuerzos de creación institucional del Presidente Mahmud Abbás y del Primer Ministro Salam Fayyad, y que ha acogido con satisfacción el éxito del plan bienal de creación de un Estado del Primer Ministro Fayyad; considerando asimismo que la Zona C y Jerusalén Este deben seguir siendo prioridades de los planes de desarrollo nacionales palestinos, también como respuesta al sentimiento de abandono que experimentan los palestinos que residen en dichas zonas;

P.  Considerando que más de 4 500 presos palestinos, incluidos 24 miembros del Consejo Legislativo Palestino, unos 240 niños y más de 300 palestinos en situación de detención administrativa están actualmente detenidos en cárceles y centros de detención israelíes;

Q.  Considerando que los beduinos árabes son un pueblo indígena que lleva una vida agrícola sedentaria y tradicional en sus tierras ancestrales y que busca un reconocimiento formal y permanente de su situación y condición particulares; considerando que las comunidades de beduinos árabes, amenazadas por las políticas israelíes que menoscaban sus medios de subsistencia, incluidos los traslados forzosos, constituyen una población particularmente vulnerable tanto en los Territorios Palestinos Ocupados como en el Neguev;

R.  Considerando que, según el informe del Grupo de trabajo sobre desplazamientos (Displacement Working Group), publicado el 14 de mayo de 2012, y el Monitor Humanitario mensual de la OCAH, desde enero de 2011 las fuerzas israelíes han destruido más de 60 estructuras, incluidos paneles solares, depósitos de agua y edificios agrícolas, financiadas por la Unión Europea; y que más de 100 proyectos similares corren peligro de demolición;

S.  Considerando que, en muchas ocasiones, incluidas las conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2012, la UE y sus Estados miembros han reiterado su compromiso fundamental con la seguridad de Israel, condenado con la máxima firmeza la violencia que deliberadamente tiene como objetivo a la población civil, incluidos los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza, y solicitado que se evite eficazmente la entrada en Gaza de armas de contrabando;

T.  Considerando que el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel establece que las relaciones entre las Partes se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, que inspira sus políticas interiores y exteriores y constituye un elemento esencial del Acuerdo;

U.  Considerando que el bloqueo de la Franja de Gaza y la crisis humanitaria de esta zona continúan desde 2007, a pesar de los numerosos llamamientos de la comunidad internacional en favor de una apertura inmediata, permanente e incondicional de los pasos fronterizos para permitir el flujo de ayuda humanitaria, mercancías y personas hacia y desde Gaza, tal como se recoge una vez más en las conclusiones del Consejo de 14 de mayo de 2012;

1.  Reitera su firme apoyo a la solución consistente en la existencia de dos Estados, sobre la base de las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados, con un Estado de Israel que disponga de unas fronteras seguras y reconocidas y un Estado de Palestina independiente, democrático, contiguo y viable conviviendo en paz y seguridad;

2.  Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo relativas al proceso de paz en Oriente Próximo, de 14 de mayo de 2012, que incluyen conclusiones sobre Cisjordania y la Franja de Gaza, y reitera que la UE no reconocerá ningún cambio en las fronteras anteriores a 1967, incluso por lo que respecta a Jerusalén, con excepción de los que acuerden las partes y acoge con satisfacción la declaración del Cuarteto para Oriente Próximo de 11 de abril de 2012;

3.  Subraya que el fin del conflicto reviste un interés fundamental para la UE, así como para las propias partes y la región en general, y que ello se puede conseguir mediante un acuerdo de paz global, basado en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los principios de Madrid, incluido el de «paz por territorios», la Hoja de Ruta, los acuerdos alcanzados previamente por las partes y la Iniciativa Árabe de Paz; insiste en que cualquier resolución que se apruebe no debe afectar a la dignidad de ninguna de las dos partes; señala que la UE, en su calidad de mayor donante a la Autoridad Nacional Palestina y uno de los principales socios comerciales de Israel, dispone de instrumentos para alentar más activamente a ambas partes a trabajar con vistas a lograr una solución; pide a ambas partes que trabajen conjuntamente con la UE, que debe realizar todos los esfuerzos posibles para resolver el conflicto; recuerda que el Derecho internacional humanitario es aplicable en los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que también lo es el Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra;

4.  Subraya que las negociaciones directas entre israelíes y palestinos con miras a la solución consistente en la existencia de dos Estados deben reanudarse sin demora y de acuerdo con los plazos solicitados por el Cuarteto, con el fin de superar la inaceptable situación actual; se congratula por el intercambio de cartas entre las partes iniciado el 17 de abril de 2012 y por la declaración conjunta de Israel y la Autoridad Nacional Palestina, de 12 de mayo de 2012;

5.  Expresa su más profunda preocupación por los últimos acontecimientos acaecidos en la Zona C de Cisjordania y en Jerusalén Este, que se describen en los informes de los jefes de misión de la UE sobre «Zona C y creación del Estado Palestino», de julio de 2011, y sobre Jerusalén Este, de enero de 2012;

6.  Destaca la importancia de proteger a la población palestina y sus derechos en la Zona C y en Jerusalén Este, lo que resulta fundamental para preservar la viabilidad de la solución consistente en la existencia de dos Estados;

7.  Reitera que, conforme a la legislación internacional, todos los asentamientos siguen siendo ilegales y pide al Gobierno de Israel que detenga toda construcción y expansión de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este y desmantele todos los enclaves ilegales construidos desde marzo de 2001;

8.  Condena enérgicamente todos los actos de extremismo, violencia y acoso perpetrados por los colonos contra civiles palestinos, e insta al Gobierno y a las autoridades israelíes a que lleven ante la justicia a los autores de semejantes actos y los obliguen a rendir cuentas;

9.  Pide que se apliquen plena y efectivamente la legislación vigente de la UE y los acuerdos bilaterales UE-Israel, a fin de garantizar que el mecanismo de control de la UE ‐las modalidades técnicas ‐ impida que los productos procedentes de los asentamientos israelíes sean importados en el mercado europeo en el marco del régimen preferencial del Acuerdo de Asociación UE-Israel;

10.  Pide al Gobierno y a las autoridades israelíes que cumplan sus obligaciones a tenor del Derecho internacional humanitario y, en particular, que:

   pongan fin con carácter inmediato a las demoliciones de viviendas, a las expulsiones y a los desplazamientos forzosos de palestinos,
   faciliten las actividades palestinas de planificación y construcción, así como la ejecución de los proyectos de desarrollo palestinos,
   faciliten el acceso y los desplazamientos,
   faciliten el acceso de los palestinos a las explotaciones agrícolas y lugares de pastoreo,
   garanticen una distribución equitativa del agua que satisfaga las necesidades de la población palestina,
   mejoren el acceso de la población palestina a asistencia y servicios sociales adecuados, en especial en los ámbitos de la educación y la sanidad pública, y
   faciliten las operaciones humanitarias en la Zona C y en Jerusalén Este;

11.  Pide el fin de la detención administrativa sin acusación ni juicio formales que las autoridades israelíes practican contra los palestinos, el acceso a un juicio justo para todos los detenidos palestinos y la liberación de los presos políticos palestinos, en especial los miembros del Consejo Legislativo Palestino, incluido Marwan Barghouti, y de las personas en situación de detención administrativa; pide asimismo la inmediata liberación de Nabil al Raee, director artístico del Teatro de la Libertad del campo de refugiados de Yenín, detenido y retenido desde el 6 de junio de 2012; acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado el 14 de mayo de 2012, que permitió que los presos palestinos pusieran fin a la huelga de hambre, y pide su total e inmediata aplicación;

12.  Pide que las comunidades beduinas de Cisjordania y el Neguev sean protegidas y que sus derechos sean plenamente respetados por las autoridades israelíes, y condena toda violación (por ejemplo, las demoliciones de viviendas, los traslados forzosos y las restricciones de los servicios públicos); igualmente solicita, en este contexto, que el Gobierno israelí retire el Plan Prawer;

13.  Anima al Gobierno y a las autoridades palestinas a que presten mayor atención a la Zona C y a Jerusalén Este en los planes y proyectos de desarrollo nacionales palestinos, con el objetivo de mejorar la situación y las condiciones de vida de la población palestina de estas zonas;

14.  Destaca una vez más que los medios pacíficos y no violentos son la única vía para alcanzar una solución duradera para el conflicto israelo-palestino; sigue apoyando, en este sentido, la política de resistencia no violenta del Presidente Abbás y alienta la reconciliación entre palestinos y el proceso palestino de construcción institucional, del que la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias constituye un elemento importante;

15.  Reitera su firme compromiso con la seguridad del Estado de Israel; condena todo acto de violencia de cualquiera de las partes que ataque deliberadamente a civiles, y se muestra consternado por los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza;

16.  Pide al Consejo y a la Comisión que continúen apoyando y prestando asistencia a las instituciones palestinas y a los proyectos de desarrollo en la Zona C y en Jerusalén Este con vistas a la protección y el refuerzo de la población palestina; aboga por una mejor coordinación entre la UE y los Estados miembros en este ámbito; hace hincapié en que Israel debe poner fin a la práctica de retener los ingresos aduaneros y fiscales que pertenecen a la Autoridad Nacional Palestina;

17.  Insta al SEAE y a la Comisión a que verifiquen sobre el terreno todas las acusaciones relativas a la destrucción y los daños ocasionados a estructuras y proyectos financiados por la UE en los territorios ocupados, y presenten los resultados al Parlamento;

18.  Pide al Consejo y a la Comisión que sigan abordando estas cuestiones a todos los niveles en las relaciones bilaterales de la UE con Israel y con la Autoridad Nacional Palestina; hace hincapié en que el compromiso de Israel de respetar sus obligaciones con arreglo al Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos en relación con la población palestina debe tenerse plenamente en cuenta en las relaciones bilaterales de la UE con dicho país;

19.  Insta una vez más a la UE y a sus Estados miembros a que desempeñen un papel político más activo, también en el marco del Cuarteto, en los esfuerzos encaminados a lograr una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos; destaca nuevamente el papel central del Cuarteto y sigue apoyando plenamente a la Alta Representante en sus esfuerzos por crear una perspectiva creíble de relanzamiento del proceso de paz;

20.  Reitera su llamamiento a favor de un levantamiento inmediato, sostenido e incondicional del bloqueo de la Franja de Gaza para permitir el paso de personas y el flujo de ayuda humanitaria y mercancías, y pide que se adopten medidas que permitan la reconstrucción y la recuperación económica de esa zona; aboga asimismo, con el debido reconocimiento de las legítimas necesidades de seguridad de Israel, por un mecanismo de control eficaz que evite la entrada en Gaza de armas de contrabando; toma nota de la decisión del Consejo de prorrogar el mandato de la Misión de Asistencia Fronteriza de la UE para el paso fronterizo de Rafah hasta el 30 de junio de 2013, y confía en que esta cumpla sus cometidos y desempeñe una función decisiva y efectiva por lo que respecta a la gestión diaria de las relaciones transfronterizas y la creación de confianza entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina; pide a Hamas que reconozca al Estado de Israel y preste su apoyo a la solución consistente en la existencia de dos Estados; asimismo le pide que ponga fin a la violencia, tanto interna como externa, contra el Estado de Israel;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Representante Especial de la UE para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, a la Knesset y al Gobierno de Israel, al Presidente de la Autoridad Nacional Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0429.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0060.
(3) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 81.


Violencia contra las lesbianas y los derechos de las personas LGBTI en África
PDF 138kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre los actos de violencia cometidos contra las lesbianas y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en África (2012/2701(RSP))
P7_TA(2012)0299RC-B7-0389/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing, en las que se destaca que todas las mujeres tienen derecho a controlar todas las cuestiones relacionadas con su sexualidad y a decidir al respecto de manera libre y responsable, sin ningún tipo de coerción, estigmatización o violencia,

–  Vista la Resolución A/HRC/17/19 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 17 de junio de 2011, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, así como el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 17 de noviembre de 2011, titulado «Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género»,

–  Vista la mesa redonda sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género celebrada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 7 de marzo de 2012,

–  Vista la declaración realizada por Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con ocasión de la mesa redonda sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género celebrada durante el 19º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 7 de marzo de 2012,

–  Visto el Informe Anual 2012 de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que se afirma que la intolerancia contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT) ha aumentado en África,

–  Vista la segunda revisión del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, (Acuerdo de Cotonú), así como las cláusulas sobre derechos humanos incluidas en el mismo, en particular su artículo 8, apartado 4, y su artículo 9,

–  Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 5, y el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, así como el artículo 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por los que la UE y sus Estados miembros se comprometen a defender y promover los derechos humanos universales, así como la protección de las personas, en sus relaciones con el mundo,

–  Visto el Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo (2010-2015),

–  Vistas las declaraciones realizadas por la Vicepresidenta de la Comisión Europea / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y el Presidente del Parlamento Europeo con ocasión del Día Internacional contra la Homofobia en 2010, 2011 y 2012,

–  Visto el Manual del Consejo de la Unión Europea para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (el Manual LGBT),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 7 de diciembre de 2011, relativa a un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación para el Desarrollo y de la Cooperación Económica (COM(2011)0840), así como la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2011, titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637),

–  Vistas sus Resoluciones, de 17 de diciembre de 2009, sobre Uganda: proyecto de ley contra la homosexualidad(1), de 16 de diciembre de 2010, sobre Uganda: la llamada «Ley Bahati» y la discriminación del colectivo LGBT(2), de 17 de febrero de 2011, sobre Uganda: el asesinato de David Kato(3), y de 28 de septiembre de 2011, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas(4),

–  Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y consolidación de los Estados(5),

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; que todos los Estados tienen la obligación de evitar la violencia y la incitación al odio por motivos de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, así como de respetar los principios de igualdad entre mujeres y hombres;

B.  Considerando que los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales son idénticos a los de todas las mujeres y todos los hombres, y que deben protegerse sea cual sea su orientación sexual, su identidad de género o su expresión de género;

C.  Considerando que algunos países africanos han sido pioneros en la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales; que la Constitución sudafricana posterior al apartheid fue la primera del mundo en prohibir la discriminación por razones de orientación sexual, y que Sudáfrica estuvo en el origen de la Resolución A/HRC/17/19 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género;

D.  Considerando que hay movimientos y dirigentes políticos que serán capaces de asumir el liderazgo y allanar el camino hacia los cambios y el refuerzo de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en África;

E.  Considerando que cada vez hay más casos de estigmatización y violencia contra mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, así como contra mujeres percibidas como lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, por parte de las fuerzas del Estado o de las fuerzas policiales, sus familias y miembros de la comunidad en África, lo que constituye una preocupación compartida, tal y como ponen de manifiesto las numerosas declaraciones realizadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, y la Resolución A/HRC/17/19 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género;

F.  Considerando que, en el debate anual del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las mujeres defensoras de los derechos humanos de los días 25 y 26 de junio de 2012, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margret Sekaggya, destacó que las violaciones sufridas por las mujeres defensoras de los derechos humanos habían adoptado una forma específica al género, yendo desde la violencia verbal basada en el sexo hasta el abuso sexual y la violación, que se consideraba que las mujeres estaban desafiando normas sociales, culturales o tradiciones aceptadas o desafiando prescripciones religiosas, por lo que eran estigmatizadas, y que las mujeres defensoras de los derechos humanos necesitaban una atención específica, ya que el sufrimiento que padecía en su trabajo era en algunos casos superior al de sus colegas masculinos;

G.  Considerando que las mujeres que transgreden las normas sociales y culturales pueden ser tachadas de lesbianas y ser objeto de comportamientos violentos o tratos degradantes por parte de los hombres, y que como consecuencia de ello se reprime la expresión de la sexualidad y la libertad de elección de todas las mujeres, incluidas las mujeres heterosexuales; que los derechos sexuales están relacionados con la autonomía corporal y la libertad de elección de todas las mujeres;

H.  Considerando que, en África, la homosexualidad femenina es legal en 27 países e ilegal en otros 27; que la homosexualidad masculina es legal en 16 países e ilegal en 38, y que la homosexualidad está castigada con la pena capital en Mauritania, Sudán, partes de Somalia y Nigeria, y que, en Uganda, un proyecto de ley prevé la pena capital para la homosexualidad;

I.  Considerando que las leyes que penalizan las relaciones y la sexualidad entre personas del mismo sexo contribuyen a crear un clima que favorece la violencia contra las mujeres que son, o son percibidas, como lesbianas;

J.  Considerando que se sabe de la existencia de casos de asesinato, tortura, encarcelamiento, violencia, estigmatización e incitación al odio contra las personas LGBTI, en ocasiones legitimizados por ley, en todas las regiones del mundo; que se han producido reiteradamente actos de violencia y agresiones contra lesbianas en varios países de África;

K.  Considerando que la lucha a favor de la igualdad y la justicia y de la visibilidad y los derechos de las lesbianas está estrechamente vinculada a la lucha a favor de los derechos humanos de las mujeres; y que, al igual que muchas otras mujeres, las lesbianas también son víctimas de violencia tanto por ser mujeres como por su orientación sexual;

L.  Considerando que, en Camerún, fueron detenidas diez mujeres y, por primera vez, en febrero de 2012, tres fueron acusadas de prácticas homosexuales; que se siguen produciendo detenciones y la policía sigue propinando palizas, habiéndose registrado el último caso el 24 de junio de 2012; que la abogada Alice Nkom ha recibido en numerosas ocasiones amenazas de muerte y de actos violentos por defender a personas acusadas de homosexualidad; y que, el 19 de mayo de 2012, una banda puso fin de manera violenta a una reunión de LGBTI en Yaundé;

M.  Considerando que el Senado de Liberia está debatiendo una propuesta para ampliar la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo que ya se prevé en la legislación vigente; que los medios de comunicación y la opinión pública intentan de manera creciente intimidar a las personas LGBTI; y que recientemente dos mujeres lesbianas fueron atacadas en Liberia por hombres armados;

N.  Considerando que en Malawi se prohibió la homosexualidad femenina en enero de 2011; y que la nueva Presidenta, Joyce Banda, ha afirmado que solicitará al Parlamento que derogue las leyes que penalizan la homosexualidad;

O.  Considerando que Nigeria pretende penalizar el registro, el funcionamiento y el sostén de ciertas organizaciones, así como sus reuniones o marchas, y prohibir actividades que inciden exclusivamente en el ámbito de la vida privada;

P.  Considerando que en Sudáfrica persisten las violaciones denominadas «de castigo» de mujeres lesbianas y transgénero; que los debates que se están manteniendo sobre la protección constitucional de las personas perseguidas debido a su orientación sexual están avivando la violencia contra las personas LGBTI; y que Thapelo Makutle, activista homosexual, fue torturado y asesinado recientemente, Phumeza Nkolonzi, lesbiana de 22 años, recibió un tiro en la cabeza a causa de su orientación sexual, y Neil Daniels fue apuñalado, mutilado y quemado vivo porque era homosexual;

Q.  Considerando que, en Suazilandia, se están haciendo esfuerzos en favor de la prevención y del tratamiento del sida/VIH entre las poblaciones de riesgo, incluidas las mujeres, y los hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, a pesar de que la homosexualidad está penalizada en el país;

R.  Considerando que, en Uganda, en febrero y junio de 2012, las fuerzas policiales y el Ministro de Ética e Integridad pusieron término, sin mandamiento judicial y menospreciando la libertad de reunión de los ciudadanos, a las reuniones privadas mantenidas por defensores de los derechos humanos; que el Ministro ha previsto ilegalizar 38 organizaciones que se considera que trabajan en favor de los derechos humanos de las personas LGBTI; que todavía se está debatiendo el proyecto de ley contra la homosexualidad que se presentó en 2009 y que puede que incluya disposiciones inaceptables, incluida la pena de muerte; y que los procesos penales y las investigaciones que se han desarrollado en Uganda y los Estados Unidos han revelado el papel que han desempeñado, entre otros, Scott Lively y los pastores de Abiding Truth, grupo evangélico fundamentalista radicado en los EE.UU., en la propagación del odio y la intolerancia sobre la base de la orientación sexual y en la introducción del proyecto de ley;

Discriminación y violencia contra las mujeres lesbianas en África

1.  Condena enérgicamente todas las formas de violencia y discriminación contra las lesbianas en los países africanos en los que se están registrando, incluidas las formas extremas de violencia, como las violaciones «de castigo», y otras formas de violencia sexual;

2.  Expresa su firme apoyo a las campañas e iniciativas en favor de la abolición de todas las leyes discriminatorias contra las mujeres y las personas LGBTI; pide a los países africanos en los que siguen existiendo leyes discriminatorias que procedan a su abolición inmediata, incluidas las leyes que prohíben la homosexualidad y las que discriminan a las mujeres en lo que respecta al estado civil, la propiedad y los derechos de herencia;

3.  Confirma que la lucha en favor de los derechos fundamentales y los derechos humanos de las lesbianas en África está estrechamente vinculada a la protección de la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres; pide, en consecuencia, a la Unión Europea que, en el marco de la labor que desarrolla con sus países socios en África, asuma un compromiso firme en lo relativo a recursos y medidas, para apoyar la salud sexual y reproductiva;

4.  Pide a las autoridades africanas competentes que protejan eficazmente a todas las mujeres frente a los asesinatos, las violaciones denominadas «de castigo» y otras formas de violencia sexual, y que enjuicien a los autores;

5.  Observa que, con frecuencia, la estigmatización de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales y la violencia contra las mismas están estrechamente relacionadas con la discriminación;

6.  Expresa su solidaridad y apoyo a todos los agentes que se movilizan en favor de un plan más sólido sobre los derechos de las mujeres;

7.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen a las organizaciones de mujeres y a las organizaciones de personas LGBTI de África en su lucha en favor de la igualdad, la autonomía corporal y el derecho a la libertad en materia de sexualidad para todas las mujeres y las personas LGBTI; hace hincapié a la vez en la necesidad de que se preste especial atención a las lesbianas dentro del movimiento LGBTI y de mujeres, así como dentro de otros movimientos sociales, con el fin de denunciar la discriminación doble y en ocasiones múltiple que afrontan las lesbianas en los países africanos;

8.  Pide a la Comisión Europea, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que preparen la consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo, y presten particular atención a los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales, tanto en el marco de sus relaciones con terceros países como cuando presten apoyo a organizaciones no gubernamentales y a defensores de los derechos humanos;

Los derechos de las personas LGBTI en África

9.  Pide a los 76 países en los que la homosexualidad es ilegal, incluidos 38 países africanos, que despenalicen la homosexualidad;

10.  Denuncia las incitaciones al odio y la violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género o expresión de género; pide a los países mencionados más arriba que hagan respetar eficazmente el derecho de las personas LGBTI a la vida y la dignidad, y condenen todos los actos de violencia, discriminación, estigmatización y humillación dirigidos contra las mismas;

11.  Pide a los líderes políticos y religiosos que condenen la persecución y la discriminación basadas en la orientación sexual y adopten una posición firme contra la homofobia, adhiriéndose al llamamiento del Arzobispo Desmond Tutu en contra de la injusticia y los prejuicios y a favor de la solidaridad y la justicia;

12.  Pide al SEAE, a la Comisión Europea y a los Estados miembros que, en el marco de su diálogo político con los países africanos, les recuerden la obligación que tienen de respetar los compromisos asumidos en virtud de los diferentes convenios e instrumentos internacionales de derechos humanos jurídicamente vinculantes y, en particular, la obligación de respetar y promover el derecho a la no discriminación sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género;

13.  Celebra que algunos países africanos, incluidos Cabo Verde, la República Centroafricana, Gabón, Guinea-Bisáu, Malawi, Mauricio, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe, Sudáfrica y Suazilandia, hayan dado a conocer su oposición a la penalización de la homosexualidad, hayan garantizado el acceso a la asistencia sanitaria para las personas LGBTI o hayan prometido despenalizar la homosexualidad;

14.  Pide al Grupo de Estados ACP que emprendan un debate abierto, constructivo y de respeto mutuo;

15.  Pide a los países africanos que garanticen la seguridad de los defensores de los derechos humanos LGBTI, y solicita a la UE que ayude a la sociedad civil local por medio de programas de desarrollo de las capacidades en África;

16.  Insta a la Comisión Europea, al SEAE y a los Estados miembros a aprovechar plenamente el Manual LGBT para animar a los terceros países a despenalizar la homosexualidad, contribuir a reducir la violencia y la discriminación, y proteger a los defensores de los derechos humanos LGBTI;

17.  Pide a la Comisión y especialmente a Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la Comisión Europea, que emprenda acciones concretas movilizando todos los instrumentos adecuados, ejerza presiones con el fin de proteger a las personas de las discriminaciones y persecuciones basadas en su orientación sexual y aborde estas cuestiones en el marco de las relaciones y diálogos de la UE con los terceros países;

o
o   o

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, al Secretario General del Grupo de Estados ACP, a todos los Embajadores de los Estados ACP ante la Unión Europea, al Parlamento de Sudáfrica y a la Unión Africana y sus instituciones.

(1) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 25.
(2) DO C 169 E de 15.6.2012, p. 134.
(3) DO C 188 E de 28.6.2012, p. 62.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0427.
(5) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 32.


Libertad de expresión en Belarús, en particular el caso de Andrzej Poczobut
PDF 136kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre Belarús, en particular el caso de Andrzej Poczobut (2012/2702(RSP))
P7_TA(2012)0300RC-B7-0393/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Belarús, en particular las de 29 de marzo de 2012(1), 16 de febrero de 2012(2), 15 de septiembre de 2011(3), 12 de mayo de 2011(4), 10 de marzo de 2011(5), 20 de enero de 2011(6), 10 de marzo de 2010(7) y 17 de diciembre de 2009(8),

–  Vista la declaración realizada el 28 de junio de 2012 por la Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, sobre la situación en Belarús,

–  Vista la declaración realizada a la prensa el 22 de junio de 2012 por Dunja Mijatovic, representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación, sobre la detención del periodista polaco-belaruso Andrzej Poczobut,

–  Vista la Declaración por escrito nº 523, de 26 de junio de 2012, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en la que se pide que el periodista polaco-belaruso Andrzej Poczobut sea liberado de la prisión belarusa en que se encuentra,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 1 y 2 de marzo de 2012, en las que expresa su profunda preocupación por el ulterior deterioro de la situación en Belarús,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2012/126/PESC del Consejo, de 28 de febrero de 2012, por la que se aplica la Decisión 2010/639/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús(9),

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre el inicio de un Diálogo europeo sobre modernización con la sociedad belarusa (sesión nº 3157 del Consejo de Asuntos Exteriores, Bruselas. 23 de marzo de 2012),

–  Visto el Reglamento (UE) n° 354/2012 del Consejo, de 23 de abril de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 765/2006 relativo a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús(10),

–  Vista la declaración realizada el 28 de febrero de 2012 por la Alta Representante, Catherine Ashton, sobre su decisión y la del Gobierno polaco de retirar respectivamente al Jefe de la Delegación de la UE en Minsk y al Embajador de Polonia en Belarús,

–  Vista la Decisión 2012/36/PESC del Consejo, de 23 de enero de 2012, por la que se modifica la Decisión 2010/639/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús(11),

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 1857 (2012), de 25 de enero de 2012, sobre la situación en Belarús, en la que se condena la continua persecución que sufren los miembros de la oposición, así como el acoso de que son objeto los activistas de la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y los defensores de los derechos humanos en Belarús,

–  Visto el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 10 de abril de 2012, y la Resolución 17/24 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 17 de junio de 2011, sobre la situación de los derechos humanos en Belarús,

–  Vistas la Declaración de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Praga del 7 al 9 de mayo de 2009 y la Declaración sobre la situación en Belarús adoptada con ocasión de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Varsovia el 30 de septiembre de 2011,

–  Vista la declaración conjunta formulada en Praga, el 5 de marzo de 2012, por los Ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de Visegrado, de Estonia, de Letonia y de Lituania,

–  Vista la declaración de la Plataforma Nacional de Belarús del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental, celebrado en Minsk el 2 de marzo de 2012,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre Belarús adoptadas en la sesión nº 3101 del Consejo de Asuntos Exteriores celebrada el 20 de junio de 2011,

–  Vista la declaración realizada el 10 de abril de 2011 por el portavoz de la Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, sobre la represión de los medios de comunicación independientes en Belarús,

–  Vistos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE,

–  Vistos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos de diciembre de 1988,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, el 21 de junio de 2012, Andrzej Poczobut, corresponsal del diario polaco Gazeta Wyborcza, destacado activista de la minoría polaco-belarusa y presidente del Consejo de la Unión de Polacos de Belarús, fue detenido en la ciudad de Grodno, en Belarús;

B.  Considerando que el apartamento de Andrzej Poczobut en Grodno fue registrado por la Fiscalía, que se incautó del material profesional de Andrzej Poczobut; considerando que, posteriormente, los servicios policiales también registraron la oficina de Grodno de la Unión de Polacos, de la que figura oficialmente como arrendatario Andrzej Poczobut, y se incautaron de equipo informático;

C.  Considerando que Andrzej Poczobut ha sido imputado por «libelo» contra el Presidente Alyaksandr Lukashenka, en virtud del artículo 367 del Código Penal de la República de Belarús, por doce artículos publicados en los sitios web «Charter'97» y «Belaruski Partysan» sobre el juicio del año pasado por los atentados con bomba en el metro, entre otros temas;

D.  Considerando que Andrzej Poczobut ya había pasado tres meses en prisión con anterioridad y que fue sentenciado a tres años de prisión con suspensión de condena también por supuestos insultos al Presidente en un artículo publicado en Gazeta Wyborcza y en un sitio web belaruso; considerando que, por lo tanto, se encuentra ante una pena de restricción o privación de libertad de hasta siete años y nueve meses, incluida la sentencia en suspenso;

E.  Considerando que, el 30 de junio de 2012, Andrzej Poczobut fue puesto en libertad condicional después de firmar el compromiso de no abandonar su lugar de residencia;

F.  Considerando que, el 5 de julio de 2011, el Tribunal de Leninski, de Grodno, pronunció su veredicto en el que absolvía a Andrzej Poczobut, de conformidad con el apartado 1 del artículo 368 del Código Penal, de la acusación de insultos al Presidente, pero lo hallaba culpable, de conformidad con el apartado 1 del artículo 367 del mismo código, de difamar al Presidente;

G.  Considerando que la última detención de Andrzej Poczobut, el 21 de junio de 2012, tuvo lugar con ocasión de una protesta pacífica, organizada por la Unión de Polacos bajo su liderazgo, contra la rusificación forzosa de una escuela polaca de Grodno por el régimen de Lukashenka, en la que fueron detenidas unas 20 personas;

H.  Considerando que la Ley de medios de comunicación de Belarús, que entró en vigor en 2008, es de carácter restrictivo, pues las actividades periodísticas son objeto de diversas medidas de control, como la censura de televisión y radio, la vigilancia de las actividades de los periodistas independientes y el control de las editoriales;

I.  Considerando que, de conformidad con el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones y toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, y que el artículo 34 de la Constitución de Belarús garantiza la libertad de expresión; considerando que periodistas y observadores de medios de comunicación independientes e internacionales han denunciado sistemáticamente las restricciones impuestas por el Gobierno a la libertad de expresión y los medios de comunicación;

J.  Considerando que, tras la detención de Andrzej Poczobut en abril de 2011, Amnistía Internacional reconoció su condición de preso de conciencia;

K.  Considerando que el caso de Andrzej Poczobut forma parte de la práctica de acoso de la sociedad civil, la minoría polaca y los defensores de los derechos humanos seguida desde las elecciones presidenciales de diciembre de 2010, que ha provocado un acusado deterioro de los derechos humanos y las libertades civiles y políticas en Belarús;

L.  Considerando las continuas referencias al acoso sistemático contra representantes de la sociedad civil en Belarús; considerando que últimamente ha habido más detenciones, entre ellas, las de personalidades como los activistas de la oposición democrática Alyaksandr Artsybashaw, Paval Vinahradaw y Siarhei Kavalenka, y las de los periodistas Aliaksandr Barazenka, Siarhei Balai, Alina Radachynskaya e Ina Studzinskay, o los activistas de la organización «Tell the Truth» Hanna Kurlovich, Mikhail Pashkevich, Aliaksandr Ulitsionak y Siarhei Vazniak;

M.  Considerando que Ales Bialiatski, Presidente de «Viasna» y Vicepresidente de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), encarcelado en un centro penitenciario de la ciudad de Bobruiks, ha sido sometido en fecha reciente a nuevas medidas restrictivas y presiones ilegales por parte de la administración penal con la clara intención de obligarlo a reconocer su supuesta culpabilidad;

N.  Considerando que, el 24 de mayo de 2012, Aleh Volchek, antiguo director de «Ayuda Jurídica a la Población», organización que facilitaba asistencia jurídica hasta su liquidación en 2003, fue detenido por policías vestidos de paisano, quienes le acusaron de proferir blasfemias en público; considerando que, ese mismo día, fue condenado a nueve días de encarcelamiento administrativo, con arreglo al artículo 17.1 del Código de Infracciones Administrativas («improperios dirigidos contra la policía»); considerando que, en enero de 2012, el Sr. Volchek ya fue condenado a cuatro días de detención administrativa por la presunta utilización de un lenguaje obsceno en la vía pública; considerando que su nombre figura en la lista de las personas no autorizadas a abandonar Belarús;

O.  Considerando que, desde principios de marzo de 2012, se ha denegado a 15 políticos de la oposición, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos el derecho a abandonar el país alegando diversos pretextos, y que al parecer las autoridades belarusas han estado considerando la posibilidad de establecer una lista de 108 activistas de los derechos humanos y de la oposición con miras a prohibirles salir del país;

P.  Considerando que, el 14 de junio de 2012, el Parlamento de Belarús aprobó una serie de enmiendas a la Ley sobre cuerpos de seguridad del Estado, por las que se otorgan amplias competencias a la KGB belarusa, entre ellas el libre recurso a medidas coercitivas; considerando que, en virtud de la nueva legislación, se autoriza a la KGB a penetrar libremente en propiedades privadas y a detener sin restricciones a ciudadanos belarusos así como a personal diplomático y a representantes de instituciones internacionales;

Q.  Considerando que, a lo largo de 2011, al menos 95 periodistas fueron detenidos durante acciones de «protesta silenciosa», 22 periodistas fueron sometidos a juicio, y 13 fueron sentenciados a diversas penas de detención administrativa; considerando que, a finales de 2011, las autoridades habían incrementado aún más los controles de Internet, también a través de medidas adicionales de reglamentación de su uso;

R.  Considerando que se teme que los intentos de las autoridades belarusas de enjuiciar a los activistas de la oposición por la vía penal se hayan convertido en un pretexto para privarles jurídicamente de la posibilidad de abandonar el país y para poner trabas a los mecanismos de las Naciones Unidas y de otro tipo;

1.  Condena enérgicamente la reciente detención del Sr. Poczobut, periodista del diario polaco Gazeta Wyborcza, y las imputaciones formuladas contra él;

2.  Acoge con satisfacción la liberación del Sr. Poczobut y pide que se anule la investigación y se retiren todos los cargos presentados contra él;

3.  Expresa su profunda preocupación ante el deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos en Belarús y condena todas las amenazas de que son objeto los periodistas y los ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión;

4.  Pide que durante la 4ª reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación Oriental, que se celebrará del 23 al 24 de julio de 2012 en Bruselas, se examinen y debatan el deterioro de la situación de los derechos humanos en Belarús y el caso del Sr. Poczobut;

5.  Pide que se ponga fin al acoso judicial de los periodistas, de los activistas de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos; pide a las autoridades belarusas que modifiquen por completo sus actuales políticas represivas;

6.  Opina, en este contexto y a la luz de la represión sin precedentes de la sociedad civil a raíz de las elecciones presidenciales de diciembre de 2010 y sus secuelas (en las que se golpeó a 21 periodistas y se detuvo a 27, de los cuales 15 fueron sentenciados a penas de entre diez y quince días de detención), que la causa contra el Sr. Poczobut obedece a motivaciones políticas y pretende entorpecer su labor legítima como periodista y líder de una minoría nacional;

7.  Expresa su profunda preocupación por la pena de tres años de cárcel impuesta al Sr. Poczobut por presuntos «delitos» similares, que ha quedado suspendida; expresa su temor ante el posible levantamiento de dicha suspensión, dado que la suspensión de una sentencia implica que el encausado puede volver a ser encarcelado en cualquier momento, según el arbitrio del régimen de Lukashenka, si las autoridades deciden que ha vuelto a «infringir la ley» durante el ejercicio de su labor periodística; opina que esto constituye de hecho una forma de intimidación y un intento de obligarle a practicar la autocensura;

8.  Deplora que las autoridades belarusas impidan a los periodistas realizar su labor en condiciones normales al introducir leyes represivas encaminadas a silenciar las actividades de la sociedad civil y recurriendo a la amenaza de sanciones penales para intimidar a los defensores de los derechos humanos y a los activistas de las minorías;

9.  Considera que las autoridades belarusas han vulnerado e instrumentalizado intencionalmente la legislación belarusa y los mecanismos internacionales;

10.  Pide a las autoridades belarusas que garanticen, en cualquier circunstancia, el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Belarús; subraya que la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión figuran entre los pilares básicos de la democracia, que las autoridades belarusas se han comprometido a respetar;

11.  Insta a las autoridades belarusas a que reformen la legislación belarusa ajustándola, en particular en lo referente a la libertad de asociación y de expresión, a las normas internacionales, a que supriman la práctica de la censura y de la autocensura, y a que se abstengan de seguir vulnerando la ley, por ejemplo encarcelando a los opositores políticos, silenciando a los periodistas, acosando a los abogados defensores independientes e imponiendo medidas de control en Internet;

12.  Insta a las autoridades belarusas a que deroguen las enmiendas a una serie de actos legislativos aprobados por el Parlamento en octubre de 2011, por las que se restringen las libertades de asociación, reunión, opinión y expresión;

13.  Insta a las autoridades belarusas a que pongan fin a las detenciones arbitrarias de corta duración y a las prohibiciones arbitrarias de viajar, que parecen tener por objeto la intimidación de los defensores de los derechos humanos, los medios de comunicación, la oposición política y los activistas de la sociedad civil, así como la obstaculización de su labor;

14.  Considera que el traslado de Mykola Statkevych a una celda de aislamiento constituye un acto de represión y un intento de obligarle a firmar una petición de clemencia; pide, en consecuencia, a la Comisión y al SEAE que intervengan en su favor;

15.  Pide a las autoridades belarusas que pongan fin de inmediato a cualquier forma de presión ejercida sobre los periodistas y profesionales de los medios de comunicación y que retiren todos los cargos presentados contra periodistas perseguidos por sus actividades profesionales, y que adopten medidas para rehabilitarlos; pide asimismo a dichas autoridades que garanticen la libertad de expresión y que creen un entorno jurídico y unas prácticas que conduzcan a la libertad efectiva de los medios de comunicación, y que supriman la práctica de la censura y autocensura y garanticen que las medidas de control de Internet se reduzcan a un mínimo y que las reglamentaciones no den lugar a una censura de los medios de comunicación electrónicos y de la libertad de expresión;

16.  Destaca que cualquier posible compromiso de la UE con Belarús está sujeto a una estricta condicionalidad y depende del compromiso de Belarús de respetar los derechos humanos y el Estado de Derecho, tal como se afirma en la Declaración Conjunta de la Cumbre de Praga de la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009, cofirmada por el Gobierno belaruso;

17.  Pide al Consejo y a la Comisión que incrementen su compromiso con las organizaciones de la sociedad civil belarusa y que fomenten un mayor contacto entre las personas;

18.  Pide a los Estados miembros que pertenecen en la actualidad al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que hagan cuanto esté en su mano en dicho marco para establecer un mandato específico para el país, de al menos dos años de duración, que incluya la designación de un relator especial para la situación de los derechos humanos en Belarús; subraya que un mecanismo de estas características también tendría una función importante en la documentación independiente de abusos y en el control de la puesta en práctica de las recomendaciones formuladas por los distintos mecanismos de las Naciones Unidas, en particular las que figuran en el informe más reciente del Alto Comisionado;

19.  Reitera la necesidad de fomentar las relaciones y el diálogo político entre la UE y sus vecinos orientales en el marco de la Asociación Oriental, incluida su dimensión parlamentaria, la Asamblea Parlamentaria Euronest, con el objetivo común de garantizar las reformas democráticas en Belarús;

20.  Insta a las autoridades belarusas a que, en la perspectiva de las elecciones parlamentarias de 2012, prosigan el proceso de reforma de la ley y la práctica electorales, teniendo en cuenta la totalidad de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, y actuando al mismo tiempo en consonancia con todas las normas democráticas internacionales;

21.  Pide a los Estados miembros que evalúen la eficacia de las medidas restrictivas aplicadas actualmente contra Belarús y que consideren la posibilidad de ampliar las sanciones existentes ampliando la lista de ciudadanos belarusos objeto de una prohibición de concesión de visado y de una inmovilización de activos;

22.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a las Asambleas Parlamentarias de la OSCE y del Consejo de Europa y al Gobierno y al Parlamento de Belarús.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0112.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0063.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0392.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0244.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0099.
(6) DO C 136 E de 11.5.2012, p. 57.
(7) DO C 349 E de 22.12.2010, p. 37.
(8) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 16.
(9) DO L 55 de 29.2.2012, p. 19.
(10) DO L 113 de 25.4.2012, p. 1.
(11) DO L 19 de 24.1.2012, p. 31.


Escándalo de abortos forzados en China
PDF 113kWORD 35k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre el escándalo de abortos forzados en China (2012/2712(RSP))
P7_TA(2012)0301RC-B7-0388/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los informes presentados en el marco de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y su Protocolo Facultativo, así como la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la Convención sobre los derechos del niño,

–  Vista la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994,

–  Vistas la política china del hijo único y la legislación china en materia de aborto,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, el 2 de junio de 2012, Feng Jianmei, una mujer embarazada de siete meses, fue secuestrada y sometida a un aborto forzado en el condado de Zhenping (provincia de Shaanxi), lo que ha desatado en todo el mundo una ola de indignación y condenas contra China;

B.  Considerando que la Ley china prohíbe el aborto a partir de los seis meses de gestación; que, según las conclusiones de una investigación realizada por el Gobierno municipal de Ankang, los funcionarios del condado de Zhenping convencieron con rudas maneras a Feng Jianmei para que abortase; que, según el informe de la investigación, esta decisión constituye una violación de los derechos de Feng Jianmei; y que el Gobierno municipal de Ankang ha anunciado la imposición de sanciones, incluida la destitución, para los funcionarios de planificación local involucrados en este caso;

C.  Considerando que dicha investigación revela que los funcionarios locales le habían pedido a la familia de Feng Jianmei un «depósito de garantía» de 40 000 RMB, que, según su marido, era una multa por tener un segundo hijo; que no existe fundamento jurídico por el que las autoridades locales puedan exigir tal depósito; y que Feng Jianmei fue obligada a firmar un formulario de consentimiento para interrumpir su embarazo por no querer pagar la multa y fue retenida en el hospital bajo la custodia de guardias;

D.  Considerando que, debido a la política china del hijo único, se ha extendido la práctica ilegal del aborto selectivo en función del sexo, que genera un desequilibrio entre el número de hombres y de mujeres;

E.  Considerando que la UE ha proporcionado y sigue proporcionando fondos a las organizaciones que participan en las políticas de planificación familiar en China;

1.  Subraya enérgicamente que, según el Plan de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la finalidad de los programas de planificación familiar debe ser ayudar a las parejas y a los individuos a tomar decisiones libres, responsables y fundamentadas respecto a la procreación, así como poner a su disposición una amplia gama de métodos seguros, eficaces y admisibles de planificación familiar para que puedan escoger, y que, en este contexto, no cabe el recurso a ninguna forma de coacción;

2.  Reitera el derecho fundamental de toda mujer a tener acceso a sistemas públicos de atención sanitaria y, en particular, a los servicios de atención primaria, ginecología y obstetricia, tal como los define la Organización Mundial de la Salud;

3.  Ofrece sus condolencias a la familia de las víctimas, condena enérgicamente el acoso al que están siendo sometidas y exige que el Estado garantice su protección;

4.  Condena enérgicamente la decisión de obligar a Feng Jianmei a interrumpir su embarazo, así como la práctica de abortos y esterilizaciones forzados a escala mundial y, especialmente, en el marco de la política del hijo único;

5.  Acoge con satisfacción la decisión del Gobierno municipal de acordar una indemnización a la familia de Feng Jianmei y sancionar enérgicamente a los funcionarios locales involucrados en el caso;

6.  Toma nota de la amplia divulgación del caso de Feng Jianmei gracias a Internet y destaca la importancia de la libertad de expresión, incluida la expresión en línea; acoge con satisfacción la aparición de un espacio público para el debate, gracias en parte al microblogging;

7.  Considera importante el debate que mantienen actualmente intelectuales y académicos sobre si se debe continuar aplicando la política del hijo único en China;

8.  Insta a la Comisión a que se asegure de que sus actividades de financiación de proyectos no vulneran las observaciones recogidas en la sección III, título 21, del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012;

9.  Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que incluyan el tema de los abortos forzados en el programa del próximo diálogo bilateral sobre derechos humanos con China;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas y al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China.


Educación y ciudadanía global activa en materia de desarrollo
PDF 62kWORD 31k
Declaración del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre educación y ciudadanía global activa en materia de desarrollo
P7_TA(2012)0302P7_DCL(2012)0007

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, en el que se subraya que se «prestará especial atención a las actividades de sensibilización y educación para el desarrollo»,

–  Vistas las conclusiones del Diálogo Estructurado sobre la participación de la sociedad civil y las autoridades locales en el desarrollo, en las que se pide a los Estados miembros de la UE y a la Comisión que refuercen sus estrategias de educación y sensibilización en materia de desarrollo,

–  Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A.  Considerando que la educación y la sensibilización en materia de desarrollo son vitales para las políticas europeas de desarrollo, según se expone en el Consenso Europeo sobre Educación en materia de Desarrollo («Consenso Europeo sobre Desarrollo: la contribución de la educación y de la sensibilización en materia de desarrollo»);

B.  Considerando que, pese a ser uno de los más importantes donantes en el ámbito de la educación en materia de desarrollo en Europa, la Unión Europea no posee una estrategia específica a tal efecto;

C.  Considerando que en períodos de austeridad, crisis y auge de los movimientos nacionalistas y populistas, resulta particularmente importante apoyar una ciudadanía global activa;

1.  Pide a la Comisión y al Consejo que elaboren una estrategia europea multisectorial a largo plazo para la educación, la sensibilización y la ciudadanía global activa en materia de desarrollo;

2.  Pide a los Estados miembros que desarrollen o refuercen sus estrategias nacionales de educación en materia de desarrollo;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes(1), a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) La lista de los firmantes se publica en el Anexo 1 del acta de 5 de julio de 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN1)).


Día Europeo del Helado Artesanal
PDF 62kWORD 30k
Declaración del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2012, sobre el establecimiento del Día Europeo del Helado Artesanal
P7_TA(2012)0303P7_DCL(2012)0010

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 123 de su Reglamento,

A.  Considerando que la legislación europea está evolucionando hacia la garantía de la calidad de los productos alimentarios y que, entre los productos lácteos frescos, el helado artesanal es, en cuanto a calidad y seguridad alimentaria, un excelente producto que ennoblece a los productos agroalimentarios de cada Estado miembro,

B.  Considerando que la elección de los consumidores se orienta cada vez más hacia alimentos saludables, más nutritivos, más sabrosos y elaborados con métodos tradicionales sin repercusiones en el medio ambiente,

C.  Considerando que este sector contribuye al empleo directo de unos 300 000 trabajadores, especialmente jóvenes, en aproximadamente 50 000 heladerías en toda Europa y que asimismo está desapareciendo progresivamente la estacionalidad del consumo de helados, lo que origina un volumen de negocios de cientos de millones de euros durante todo el año,

1.  Pide a los Estados miembros que apoyen los productos de calidad como el helado artesanal, sector de competitividad para la economía europea y una oportunidad que debe aprovecharse habida cuenta de la actual crisis que afecta entre otros al sector lechero;

2.  Establece el Día Europeo del Helado Artesanal, que se celebrará el 24 de marzo, con objeto de contribuir a la promoción de dicho producto y al desarrollo de esta tradición culinaria de este sector;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes(1), a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) La lista de los firmantes se publica en el Anexo 2 del acta de 5 de julio de 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).

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