Índice 
Textos aprobados
Martes 20 de noviembre de 2012 - Estrasburgo
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ***I
 Comercialización y utilización de precursores de explosivos ***I
 Medidas especiales temporales para la contratación de funcionarios y agentes temporales de la Unión Europea ***I
 Adhesión de la UE al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo ***
 Posibilidades de pesca y contrapartida financiera establecida en el Acuerdo CE-Dinamarca/Groenlandia de colaboración en materia de pesca ***
 Derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales *
 Aplicación de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo
 Pacto de inversión social
 Promoción e información de los productos agrícolas
 Aplicación de la Directiva relativa al derecho de participación
 Modificación del artículo 70 del Reglamento relativo a las negociaciones interinstitucionales en los procedimientos legislativos
 Modificación del artículo 181 del Reglamento del Parlamento relativo al acta literal y del artículo 182 relativo a la grabación audiovisual de los debates
 Homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos ***I
 Homologación de los vehículos agrícolas o forestales ***I
 Pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles
 Sistema bancario en la sombra
 Protección de los niños en el mundo digital
 Iniciativa en favor del emprendimiento social
 Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria
 Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2011

Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ***I
PDF 200kWORD 42k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida) (COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))
P7_TA(2012)0412A7-0320/2012

(Procedimiento legislativo ordinario - refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0748) y la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión (SEC(2010)1547),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 67, apartado 4, y el artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0433/2010),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por el Senado y la Cámara de Representantes de los Países Bajos, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 5 de mayo de 2011(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 24 de octubre de 2012, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0320/2012),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales,

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (texto refundido)

P7_TC1-COD(2010)0383


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 1215/2012.)

(1) DO C 218 de 23.7.2011, p. 78.
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.


Comercialización y utilización de precursores de explosivos ***I
PDF 195kWORD 54k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (COM(2010)0473 – C7-0279/2010 – 2010/0246(COD))
P7_TA(2012)0413A7-0269/2012

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0473),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0279/2010),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de enero de 2011(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante cartas de 11 de julio de 2012 y 17 de octubre de 2012, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0269/2012),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos

P7_TC1-COD(2010)0246


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 98/2013.)

(1) DO C 84 de 17.3.2011, p. 25.


Medidas especiales temporales para la contratación de funcionarios y agentes temporales de la Unión Europea ***I
PDF 196kWORD 33k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que, con motivo de la adhesión de Croacia, se establecen medidas especiales temporales para la contratación de funcionarios y agentes temporales de la Unión Europea (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))
P7_TA(2012)0414A7-0359/2012

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0377),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 336 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0216/2012),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Tribunal de Justicia, de 12 de noviembre de 2012(1),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 23 de octubre de 2012(2),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 31 de octubre de 2012, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0359/2012),

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen, con motivo de la adhesión de Croacia a la Unión Europea, medidas especiales temporales para la contratación de funcionarios y agentes temporales de la Unión

P7_TC1-COD(2012)0224


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n°  1216/2012.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.
(2) No publicado aún en el Diario Oficial.


Adhesión de la UE al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo ***
PDF 194kWORD 31k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la adhesión de la Unión Europea al Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo (09671/2012 – C7-0144/2012 – 2011/0304(NLE))
P7_TA(2012)0415A7-0319/2012

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (09671/2012),

–  Visto el Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de su subsuelo, anejo a la citada Decisión del Consejo,

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0144/2012),

–  Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0319/2012),

1.  Concede su aprobación a la adhesión al Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


Posibilidades de pesca y contrapartida financiera establecida en el Acuerdo CE-Dinamarca/Groenlandia de colaboración en materia de pesca ***
PDF 193kWORD 32k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecida en el Acuerdo de colaboración en materia de pesca entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, por otra (11119/2012 – C7-0299/2012 – 2012/0130(NLE))
P7_TA(2012)0416A7-0358/2012

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11119/2012),

–  Visto el Proyecto de Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecida en el Acuerdo de colaboración en materia de pesca entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, por otra (11116/2012),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0299/2012),

–  Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos (A7-0358/2012),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Pide a la Comisión que le transmita las conclusiones de las reuniones y los trabajos de la Comisión Mixta prevista en el artículo 10 del Acuerdo de colaboración en materia de pesca; pide que los representantes del Parlamento puedan participar como observadores en las reuniones y trabajos de la Comisión Mixta; pide a la Comisión que presente al Parlamento y al Consejo durante el último año de aplicación del Protocolo y antes del inicio de negociaciones para la renovación del Acuerdo, un informe sobre su aplicación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del Gobierno Autónomo de Groenlandia.


Derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales *
PDF 194kWORD 31k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el proyecto de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 93/109/CE, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

(Procedimiento legislativo especial - nueva consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (13634/2012),

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2006)0791),

–  Vista su posición de 26 de septiembre de 2007(1),

–  Visto el artículo 22, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0293/2012),

–  Vistos los artículos 55, 59, apartado 3, y 46, apartado 1, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0352/2012),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 219 E de 28.8.2008, p. 193.


Aplicación de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo
PDF 124kWORD 43k
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la aplicación de la Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo (2012/2037(INI))
P7_TA(2012)0418A7-0343/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0343/2012),

A.  Considerando que la apertura de los mercados nacionales para el importante sector económico del crédito al consumo, el fortalecimiento de la competencia, la atención a los diferentes niveles de protección del consumidor, la eliminación de posibles distorsiones de la competencia entre los operadores del mercado y la mejora del funcionamiento del mercado interior constituyen importantes cometidos políticos de la UE y sirven a los intereses de los consumidores y de los prestamistas;

B.  Considerando que con la Directiva sobre crédito al consumo se ha creado un marco jurídico europeo para la protección del consumidor mediante una armonización exhaustiva centrada en cinco ámbitos con un escaso grado de flexibilidad para los Estados miembros, en particular en lo que respecta a diferentes formas de aplicación;

C.  Considerando que a pesar de ello sigue habiendo obstáculos de naturaleza jurídica y práctica;

D.  Considerando que, como lo demuestra el estudio del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo, algunas disposiciones clave de la Directiva - como el artículo 5 sobre la información precontractual - no han logrado la armonización prevista de las normas de los Estados miembros en materia de protección del consumidor debido a las diferencias en la interpretación y aplicación por parte de los Estados miembros;

E.  Considerando que no todos los Estados miembros han procedido correctamente a la aplicación de la Directiva sobre crédito al consumo o no lo han hecho a tiempo, debido a la brevedad del plazo y a las numerosas modificaciones legislativas de amplio alcance efectuadas en este periodo;

F.  Considerando que, según los datos obtenidos, la contratación transfronteriza de préstamos al consumo no ha aumentado desde la aplicación de la Directiva, lo que podría también podría explicarse por diversos factores tales como la lengua, pero también por los graves problemas del sector financiero y por una insuficiente información a los consumidores acerca de las oportunidades de contratación transfronteriza de préstamos al consumo y los derechos de los consumidores al concluir dichos contratos;

G.  Considerando que las prácticas adecuadas de protección de los consumidores en el sector del crédito desempeñan un papel importante a la hora de garantizar la estabilidad financiera; considerando que la volatilidad del tipo de cambio plantea riesgos significativos para los consumidores, en particular, durante las crisis financieras;

H.  Considerando que los excesivos préstamos en divisas extranjeras a los consumidores han aumentado los riesgos y las pérdidas soportadas por los hogares;

I.  Considerando que el 21 de septiembre de 2011 la Junta Europea de Riesgo Sistémico adoptó una recomendación importante sobre la concesión de préstamos en divisa extranjera (ESRB/2011/1);

J.  Considerando que, de conformidad con el artículo 27 de la Directiva, la Comisión debe emprender una revisión de determinados aspectos de la misma, y que ya ha encargado un estudio preparatorio con este fin;

K.  Considerando la gran importancia que concede a que se le mantenga al corriente de los pasos intermedios y los resultados de la revisión y a la posibilidad de pronunciarse al respecto;

1.  Celebra que la Comisión, en preparación de su revisión, ya esté elaborando un estudio sobre las repercusiones para el mercado interior y para los consumidores, con el fin de estudiar la significación transfronteriza de la Directiva, y alaba el considerable trabajo realizado por la Comisión y por los legisladores nacionales y las entidades de crédito;

2.  Destaca que la mejora del mercado crediticio transfronterizo puede aportar valor añadido europeo fomentando el mercado interior; considera que esto podría lograrse, entre otras cosas, con una mejor información a los consumidores acerca de la oportunidad de obtener créditos al consumo en otros Estados miembros y sobre los derechos de los consumidores al concluir dichos contratos;

3.  Toma nota de que el volumen de contratación de préstamos transfronterizos es inferior al 2 %, de los que cerca de un 20 % se contrataron en línea;

4.  Señala que uno de los objetivos de la Directiva era garantizar la disponibilidad de información, facilitando así el funcionamiento del mercado interior también con respecto a la concesión de préstamos, y que es, por lo tanto, necesario evaluar si ha aumentado el número de contratos de préstamo transfronterizos;

5.  Opina que las disposiciones sobre información precontractual, las explicaciones contempladas en el artículo 5, apartado 6, y la evaluación de solvencia conforme al artículo 8 desempeñan una función importante a la hora de mejorar el conocimiento de los consumidores sobre los riesgos derivados de la concesión de préstamos en moneda extranjera;

6.  Pide, no obstante, que las autoridades de supervisión exijan a las entidades financieras que faciliten a los consumidores explicaciones personalizadas, completas y comprensibles sobre los riesgos que implican los préstamos en divisa extranjera y sobre las consecuencias que puede tener en las cuotas una grave devaluación de la moneda de curso legal del Estado miembro en que reside el consumidor así como un aumento de los tipos de interés extranjeros; considera que estas explicaciones deben facilitarse antes de la firma de cualquier contrato;

7.  Toma nota de las preocupaciones planteadas en algunos Estados miembros en cuanto a la manera de presentar la información precontractual a los consumidores a través del documento de Información normalizada europea sobre el crédito al consumo (SECCI), que reviste un carácter tan técnico que no permite a los consumidores comprenderla cabalmente; considera que la eficacia del documento SECCI debe ser un aspecto importante en la evaluación de las repercusiones de la Directiva que lleve a cabo la Comisión;

8.  Alaba el procedimiento de control «SWEEP» llevado a cabo por la Comisión, que ha permitido constatar que en el 70 % de los sitios web de entidades financieras examinados faltaban datos en la publicidad y datos importantes en la oferta, o la presentación de los costes inducía a error, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las medidas adecuadas para remediar esta situación; observa, en este contexto, que las normas relativas a los ejemplos representativos no siempre se aplican como es debido, y que se requieren mejoras en este sentido;

9.  Pide que las entidades financieras sean supervisadas de manera estricta en relación con sus prácticas de publicidad y marketing con el fin de evitar información engañosa o falsa al anunciar o comercializar contratos de crédito;

10.  Constata que algunos Estados miembros han hecho uso de la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva a otros productos financieros sin que ello parezca haber dado lugar a problemas;

11.  Hace hincapié en que las disposiciones legales deben partir del caso general, del consumidor medio y del empresario medio, y no de unos pocos casos de abusos, para evitar que la información facilitada al consumidor sea poco comprensible, transparente y comparable;

12.  Constata que la existencia de un mayor número de normas no supone automáticamente una mayor protección del consumidor y que un exceso de información puede aportar más confusión que esclarecimiento, sobre todo a un consumidor inexperto; reconoce, a este respecto, los conocimientos, la asistencia y la educación financiera proporcionada por las asociaciones de consumidores y su papel potencial en la reestructuración del crédito en nombre de las familias en dificultades;

13.  Pide que los consumidores tengan derecho a que se les informe sobre el coste de los servicios complementarios, así como sobre su derecho a adquirir servicios auxiliares de proveedores alternativos; considera que se debería exigir a las entidades financieras que distinguieran dichos servicios y los cargos asociados de los concernientes al préstamo básico, y que aclararan qué servicios resultan esenciales para la ampliación de un préstamo y cuáles quedan totalmente a la discreción del prestatario;

14.  Opina que deben examinarse más atentamente las dificultades que pueden plantearse en el ejercicio del derecho de desistimiento en el caso de los contratos de crédito vinculados; subraya la importancia de sensibilizar a los consumidores con respecto al hecho de que, en caso de que ejerzan el derecho de desistimiento de un contrato en el que el proveedor o prestador del servicio recibe directamente del proveedor de crédito el importe correspondiente al pago a través de un contrato accesorio, los consumidores no tienen obligación de asumir ningún tipo de honorarios, comisiones o costes en relación con el servicio financiero prestado;

15.  Pide a la Comisión que evalúe el grado de incumplimiento de los deberes de información en los contratos en los que los intermediarios no están sujetos a los requisitos de información precontractual, con el fin de determinar la mejor manera de proteger a los consumidores en este tipo de situaciones;

16.  Opina que debe dedicarse una atención particular a las complicadas disposiciones relativas al reembolso anticipado;

17.  Declara que, antes de cambiar los tipos de interés, se debe notificar a los consumidores con tiempo suficiente para que puedan estudiar el mercado y cambiar de proveedor de crédito antes de que los cambios surtan efecto;

18.  Constata que es susceptible de mejora la interpretación de lo que sea un «ejemplo representativo»;

19.  Hace hincapié en que debe garantizarse un cálculo uniforme de la tasa anual equivalente, deben despejarse las ambigüedades y debe establecerse la coherencia con todos los demás instrumentos jurídicos;

20.  Pide a los Estados miembros que se aseguren de que los supervisores nacionales cuentan con todos los poderes y recursos necesarios para desempeñar sus funciones; pide a las autoridades nacionales de supervisión que vigilen la observancia de la Directiva y que hagan cumplir sus disposiciones de forma eficaz;

21.  Hace hincapié en que, en lo sucesivo, al fijar los plazos de transposición, se deben tener más en cuenta los cambios en la legislación nacional que conlleva el proceso de transposición;

22.  Pide a los Estados miembros que amplíen el actual nivel de protección de los consumidores con respecto al crédito, incluyendo el crédito a corto plazo, a través de Internet, de servicios de mensajes cortos u otros medios de comunicación a distancia, que se están convirtiendo en una característica cada vez más común del mercado del crédito al consumo, por montos por debajo del umbral inferior de 200 EUR, actualmente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva;

23.  Destaca que actualmente no hay motivos para modificar la Directiva, sino que debería tratarse más bien de aplicarla correctamente y de cumplirla;

24.  Opina que, con miras a su aplicación cabal y correcta, se deben evaluar los efectos prácticos de la Directiva, antes de que la Comisión proponga modificaciones que puedan resultar necesarias; pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de evaluación sobre la aplicación de la Directiva y una evaluación completa de su impacto en lo que se refiere a la protección del consumidor, teniendo en cuenta las consecuencias de la crisis financiera y el nuevo marco jurídico de la UE para los servicios financieros;

25.  Encarga a su Presidente que remita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


Pacto de inversión social
PDF 140kWORD 59k
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Pacto de inversión social en respuesta a la crisis (2012/2003(INI))
P7_TA(2012)0419A7-0263/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular, sus artículos 5, 6, 9, 147, 149, 151 y 153,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682) y su Resolución sobre la misma, de 26 de octubre de 2011(1),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 (COM(2011)0815), el borrador de Informe conjunto sobre el empleo anejo a la misma y su Resolución, de 15 de febrero de 2012, sobre empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012(2) ,

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de abril de 2012 titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, relativa a una Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral (COM(2008)0639) y su Resolución sobre la misma, de 6 de mayo de 2009(3),

–  Vistos el estudio de Eurostat de enero de 2012 y el comunicado de prensa de Eurostat de 8 de febrero de 2012(4),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758), la opinión del Comité Económico y Social Europeo sobre la misma(5) y su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la misma(6),

–  Vista la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa al Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010)(7),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2008, titulada «Agenda Social Renovada: Oportunidades, acceso y solidaridad en la Europa del siglo XXI» (COM(2008)0412) y su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la misma(8),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la economía (COM(2009)0545) y su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la misma(9),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 9 de junio de 2010, titulada «Un nuevo impulso a la cooperación en educación y formación profesional para apoyar la Estrategia Europa 2020» (COM(2010)0296) y su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre la misma(10),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020(11);

–  Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, en la que se aborda el abandono escolar prematuro(12),

–  Visto el Comunicado de Brujas sobre cooperación reforzada en educación y formación profesional para el período 2011-2020, que fue aprobado el 7 de diciembre de 2010(13),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Progress Towards the Common European Objectives in the Education and Training» (SEC(2011)0526),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz(14),

–  Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación (COM(2011)0609),

–  Visto el conjunto de cinco Reglamentos y una Directiva, aprobado recientemente, sobre la gobernanza económica de la UE(15),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 20 de diciembre de 2011 sobre la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud (COM(2011)0933),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de junio de 2011, sobre el Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020 (COM(2011)0398),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0263/2012),

A.  Considerando que la crisis económica y financiera que se está registrando en la actualidad tendrá consecuencias a largo plazo no solo para el crecimiento económico sino también para las tasas de empleo, los niveles de pobreza y de exclusión social, el ahorro público y la cantidad y la calidad de las inversiones sociales en Europa;

B.  Considerando que en los últimos años el sector público ha asumido una carga de deuda muy importante y que, para impedir un endeudamiento excesivo, la mayor parte de las respuestas recientes a la crisis han consistido, en particular, en objetivos a corto plazo encaminados a restaurar la estabilidad de las finanzas públicas, siendo necesarios esfuerzos para defender nuestra economía, así como que estas medidas de austeridad y de saneamiento presupuestario han de combinarse con una estrategia de inversión de carácter global y ambicioso a favor del crecimiento sostenible, el empleo, la cohesión social y la competitividad, así como una gobernanza social que brinde un mecanismo sólido de control y vigilancia de los objetivos sociales y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020;

C.  Considerando que la Estrategia de Lisboa y la Estrategia Europea de Empleo no han conseguido cumplir su cometido, y que el éxito de la Estrategia Europa 2020 es incierto y requiere un compromiso más firme por parte de los Estados miembros y las instituciones europeas con medidas que promuevan el crecimiento, el empleo y la competitividad;

D.  Considerando que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el Informe conjunto sobre el empleo publicados recientemente demostraron que, debido a que la consolidación fiscal aún no ha avanzado suficientemente y que todavía tiene carácter prioritario, la mayoría de los Estados miembros no han abordado lo suficiente las metas sociales, educativas y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020;

E.  Considerando que la tasa de desempleo aumentó del 7,1 % en 2008 a más del 10 % en enero de 2012 en la UE-27, con claras diferencias regionales, y que afecta en particular a los jóvenes, a los trabajadores poco cualificados y a los parados de larga duración, así como que, junto con el envejecimiento de la población, supone un grave riesgo de pérdida de capital humano a largo plazo y podría tener repercusiones irreversibles en el mercado laboral, en particular en materia de creación de empleo, crecimiento económico, competitividad y cohesión social;

F.  Considerando que en la actualidad 80 millones de los europeos corren el riesgo de caer en la pobreza y que en 2010 el porcentaje de niños y de adultos que vivía en hogares sin empleo aumentó hasta casi el 10 % en 2010; que lo señalado anteriormente, junto con la pobreza infantil, el aumento del número de trabajadores pobres y la tasa elevada de desempleo entre los jóvenes conducirá a un riesgo aún mayor de pobreza y exclusión social en el futuro, así como su transmisión a las próximas generaciones;

G.  Considerando que en 2011 la tasa media de pobreza entre las personas con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años ascendía al 21,6 % en Europa y que los jóvenes tienen mayores probabilidades de ocupar empleos precarios, de duración determinada o a tiempo parcial, y que también están más expuestos al desempleo; que los empleos precarios han aumentado considerablemente a lo largo de los últimos años y que el desempleo se agudiza de manera alarmante en algunos países;

H.  Considerando que, en parte debido a la falta de inversiones, los resultados educativos y en materia de formación en la Unión Europea todavía siguen inadecuados para satisfacer las necesidades del mercado laboral y resultan insuficientes para satisfacer el creciente grado de cualificación de los puestos de trabajo disponibles y las competencias necesarias para los futuros sectores generadores de empleo;

I.  Considerando que ha aumentado la presión sobre los regimenes de asistencia social debido al aumento del gasto, el descenso en los ingresos y la presión ejercida para realizar recortes; que es probable que un crecimiento económico débil, la persistencia de elevadas tasas de desempleo de larga duración, el número cada vez mayor de trabajadores pobres, el nivel de trabajo no declarado y el incremento del desempleo juvenil agraven en mayor medida esta tendencia;

J.  Considerando que las inversiones sociales bien orientadas son importantes para asegurar un nivel de empleo adecuado en el futuro tanto para los hombres como para las mujeres, estabilizar la economía, mejorar las competencias y los conocimientos de la mano de obra y aumentar la competitividad de la Unión Europea;

K.  Considerando que las PYME tienen un potencial importante en materia de creación de empleo y que desempeñan una función importante en la transición hacia una nueva economía sostenible;

Nuevo enfoque de las inversiones sociales en Europa

1.  Recuerda que las inversiones sociales, que son la puesta a disposición y el uso de financiación para generar beneficios sociales y económicos, van dirigidas a hacer frente a los riesgos y necesidades sociales incipientes y no satisfechas y se centran en políticas públicas y estrategias de inversión de capital humano que ayudan y preparan a las personas, las familias y las sociedades a adaptarse a diversas transformaciones, a gestionar su transición hacia mercados laborales en mutación y a hacer frente a otros desafíos como, por ejemplo, la adquisición de nuevas cualificaciones para futuros sectores generadores de empleo;

2.  Señala que todos los servicios sociales y de atención sanitaria de titularidad pública y los servicios educativos y conexos prestados por proveedores privados en estos ámbitos, entre otros, pueden considerarse inversiones sociales, y pone de relieve que estos servicios se definen en los acuerdos como competencia nacional;

3.  Destaca que una de las características más importantes de las inversiones sociales es su capacidad para conciliar objetivos sociales y económicos y que, por lo tanto, no deberían considerarse solo como un gasto sino, ante todo, como inversiones con un dividendo doble que reportarán beneficios reales en el futuro, si los recursos se utilizan correctamente;

4.  Señala, por tanto, que las inversiones sociales específicas deberían ser una parte importante de las políticas económicas y de empleo de la UE y de los Estados miembros y de sus respuestas a la crisis a fin de alcanzar los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020;

5 Considera que facilitar el espíritu empresarial de carácter social y centrarse en esta cuestión, así como en el acceso de los grupos vulnerables y de los que están más alejados del mercado laboral a la microfinanciación, son aspectos clave en el contexto de la inversión social, ya que permiten crear nuevos empleos sostenibles que a menudo suponen cambios persistentes en el ciclo económico;

6.  Estima que la crisis requiere una modernización del modelo social europeo, un replanteamiento de las políticas sociales nacionales y un replanteamiento de los Estados del bienestar, que responden, principalmente, a los daños generados por las deficiencias del mercado, a unos Estados del bienestar activadores, que inviertan en las personas y proporcionen instrumentos e incentivos con el fin de crear puestos de trabajo y un crecimiento sostenible y evitar las distorsiones sociales; toma nota de que la crisis ha incrementado la necesidad de invertir en el espíritu empresarial de carácter social;

Estados del bienestar activadores

7.  Pide, en este contexto, a los Estados miembros y la Comisión que mantengan un equilibrio entre las acciones que abordan los retos inmediatos resultantes de la crisis y las acciones a medio y largo plazo, y que concedan una prioridad especial a las actividades que pretenden:

   a) ayudar a los desempleados a volver a trabajar mediante la creación de un entorno innovador y dinámico y proponiendo soluciones adaptadas a las necesidades de cada persona y la formación necesaria; ayudar a las personas que ingresan en el mercado laboral a que encuentren un empleo, y crear las condiciones para una mejor transición de la educación y la formación profesional a la vida laboral;
   b) luchar contra el desempleo y hacer posible la integración duradera de los jóvenes en la vida laboral, incluidos los que no tienen un puesto de trabajo ni una formación escolar o profesional;
   c) impulsar un crecimiento económico para crear puestos de trabajo sostenibles y de calidad tanto para los hombres como para las mujeres, en particular en las PYME, mejorar la productividad y la distribución del trabajo;
   d) mejorar el bienestar en el lugar de trabajo y reducir las causas para abandonar la vida laboral como, por ejemplo, los accidentes laborales, el acoso en el lugar de trabajo y otras condiciones laborales inadecuadas;
   e) invertir en la educación y la formación durante toda la vida en relación con todos los grupos de edad haciendo especial hincapié en la educación de la primera infancia y en el acceso a la educación terciaria, la colaboración entre empresas y centros de enseñanza, la formación en el trabajo y la formación especial con respecto a sectores con escasez de mano de obra, así como la formación profesional;
   f) invertir en la innovación a través del apoyo al desarrollo de productos y de servicios innovadores relacionados, en particular, con el cambio climático, el rendimiento en energético, la salud y el envejecimiento de la población;
   g) eliminar las causas de la segregación basada en el género en el mercado laboral;
   h) mejorar el equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad de los contratos laborales a fin de fomentar el empleo y ayudar a conciliar la vida familiar con la profesional;
   i) adaptar los sistemas de pensiones a unas circunstancias económicas y demográficas cambiantes, introducir reformas necesarias teniendo en cuenta su sostenibilidad y fiabilidad y reducir la tasa de dependencia económica generando, por ejemplo, las condiciones para trabajar durante más tiempo de forma voluntaria, como mejoras en relación con la salud y la seguridad en el trabajo, distintos incentivos y modelos más flexibles, así como el incremento del empleo de todos los grupos de edad;
   j) luchar contra la pobreza y la exclusión social y médica, haciendo especial hincapié en el trabajo preventivo y proactivo;

8.  Pide a los Estados miembros y la Comisión que adopten medidas para desarrollar políticas favorables al crecimiento y al empleo (por ejemplo, un apoyo más eficaz a las PYME así como políticas en materia de empleo y regimenes de asistencia social más eficaces, mejor definidos y activadores); introducir el aprendizaje permanente, la formación especial relacionada con sectores en los que se registra una escasez de mano de obra así como con las necesidades de los mercados laborales regionales y locales y el reciclaje profesional a fin de apoyar la empleabilidad de los desempleados de larga duración y promover la adecuación permanente de las cualificaciones, la formación profesional, la formación en el puesto de trabajo y las prácticas remuneradas haciendo especial hincapié en los jóvenes desempleados y en los trabajadores poco cualificados; y velar por que los empleados a tiempo completo puedan vivir de su trabajo;

9.  Insiste en que el desempleo juvenil debe constituir uno de los elementos más importantes de la estrategia de inversión social; insta a los Estados miembros a que inviertan y a que presenten estrategias ambiciosas para evitar que se pierda una generación y para mejorar el acceso de los jóvenes al mercado laboral mediante la adopción de las medidas siguientes:

   a) desarrollo de alianzas entre las escuelas, los centros de formación y las empresas locales o regionales;
   b) programas de formación y de prácticas de alta calidad en empresas para jóvenes, programas de formación profesional en colaboración con empresas y programas de tutoría por los trabajadores de más experiencia para contratar y formar a los jóvenes en el puesto de trabajo;
   c) promoción de la iniciativa empresarial y de una «Garantía juvenil europea» y creación de incentivos para que los empleadores contraten a titulados universitarios;
   d) velar por una mejor transición de la educación al trabajo y promoción de la movilidad europea y regional;

10.  Pone de relieve la responsabilidad personal, ya que las personas también han de pensar qué es lo que pueden hacer para asegurarse de que están siguiendo el camino correcto en el ámbito de la demanda de talentos;

11.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten todas las medidas posibles para mejorar los sistemas educativos a todos los niveles mediante las medidas siguientes: haciendo más hincapié en la estrategia de desarrollo de la primera infancia; creación de un clima escolar inclusivo; prevención del abandono escolar prematuro; mejora de la educación secundaria e introducción de mecanismos de orientación y de asesoramiento; ofreciendo mejores condiciones para que los jóvenes accedan satisfactoriamente a la enseñanza superior o consigan acceso directo al mercado laboral; desarrollo de instrumentos destinados a una mejor previsión de las futuras necesidades en materia de cualificaciones y fortalecimiento de la cooperación entre las instituciones educativas, las empresas y los servicios de empleo; mejora del reconocimiento de la cualificación profesional y el desarrollo de marcos nacionales de cualificaciones;

12.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por un equilibrio adecuado entre la seguridad y la flexibilidad en el mercado laboral mediante, por ejemplo, una aplicación exhaustiva de los principios de flexiguridad y que se aborde la segmentación del mercado laboral, ofreciendo tanto la adecuada cobertura de protección social a las personas en períodos de transición o con empleo temporal o a tiempo parcial, así como el acceso a oportunidades de formación, desarrollo profesional y trabajo a jornada completa; insta a los Estados miembros a invertir en servicios ‐como, por ejemplo, centros de atención infantil, escuelas de jornada completa y centros de atención a la tercera edad asequibles desde el punto de vista económico, de jornada completa y de alta calidad ‐ que ayuden a promover la igualdad de género, fomentar la conciliación de la vida personal y profesional, y crear un marco que permita incorporarse o reincorporarse al mercado laboral;

13.  Insta a los Estados miembros que no lo han hecho todavía a que introduzcan las reformas que se impongan para que sus sistemas de pensiones sean sostenibles, seguros y tengan carácter inclusivo, así como a que reduzcan la tasa de dependencia económica para mantener un volumen suficiente de mano de obra, así como a que combinen lo señalado anteriormente con la mejora constante de las condiciones laborales y la aplicación de programas de formación permanente que permitan carreras profesionales más sanas y más largas;

Mejor gobernanza a través del Pacto de inversión social

14.  Insta a los Estados miembros a esforzarse en mayor medida por incluir las inversiones sociales en sus objetivos presupuestarios a medio y largo plazo, así como en sus programas nacionales de reforma; pide al Consejo Europeo y la Comisión que supervisen mejor la aplicación y la consecución de las metas sociales y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020;

15.  Señala que, a fin de garantizar la aplicación adecuada de las metas sociales y en materia de empleo, el sistema desarrollado recientemente para la vigilancia macroeconómica y presupuestaria en la UE se debe complementar con una supervisión mejorada de las políticas sociales y en materia de empleo; pide, por consiguiente, a la Comisión que se plantee el desarrollo de un cuadro de indicadores comunes en materia de inversión social para supervisar los avances en los Estados miembros y a nivel de la Unión en este sentido y promover la responsabilidad social de las empresas, en particular de las PYME, mediante la creación de una etiqueta social europea;

16.  Pide a los Estados miembros que examinen la posibilidad de celebrar un «Pacto de inversión social» que fije unos objetivos en materia de inversión y que establezca un mecanismo de control reforzado para mejorar los esfuerzos para cumplir los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020; expone que «Pacto de inversión social», al igual que, por ejemplo, el «Pacto por el Euro Plus», incluiría una lista de medidas específicas en forma de inversiones sociales que deberían adoptar los Estados miembros en un plazo determinado a fin de alcanzar los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo, de conformidad con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el programas nacionales de reforma; señala que estos compromisos han de estar sujetos a un marco ordinario de supervisión en el que la Comisión Europea y el Parlamento Europeo desempeñen un papel importante y en el que participen todas las formaciones pertinentes del Consejo;

17.  Pide a la Comisión que adopte todas las medidas posibles para alentar y ayudar a los Estados miembros a celebrar el «Pacto de inversión social» y que introduzca la evaluación de los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo en el Semestre Europeo 2013;

18.  Pide a los Estados miembros que garanticen que el Marco Financiero Plurianual 20142020 incluya los recursos presupuestarios apropiados para estimular y respaldar las inversiones sociales en Europa, y que la financiación disponible pueda utilizarse de forma racional y eficiente, además de hacer que los Fondos Estructurales, en particular el Fondo Social Europeo, sirvan de apoyo a las inversiones sociales, asegurando que sus prioridades reflejen las necesidades específicas de los Estados miembros; pide a la Comisión que, cuando lo estime oportuno, ponga a disposición de los Estados miembros otras fuentes posibles de financiación con fines de inversión social;

o
o   o

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0466.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0047.
(3) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.
(4) Comunicado de prensa de Eurostat 21/2012, p. 1.
(5) DO C 248 de 25.8.2011, p. 130.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0495.
(7) DO L 298 de 7.11.2008, p. 20.
(8) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 11.
(9) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 112.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0263.
(11) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0453.
(12) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0531.
(13) IP/10/1673.
(14) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 29.
(15) DO L 306 de 23.11.2011.


Promoción e información de los productos agrícolas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la promoción y la información de los productos agrícolas: una estrategia para promover los sabores de Europa (2012/2077(INI))
P7_TA(2012)0420A7-0286/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la promoción y la información de los productos agrícolas: una estrategia de elevado valor añadido europeo para promover los sabores de Europa (COM(2012)0148),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión sobre la promoción y la información de los productos agrícolas: una estrategia de elevado valor añadido europeo para promover los sabores de Europa (COM(2011)0436),

–  Vistos el régimen de promoción horizontal, establecido en el Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo, de 17 de diciembre de 2007(2), y su Reglamento de aplicación, el Reglamento (CE) nº 501/2008 de la Comisión, de 5 de junio de 2008(3),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1234/2007, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM)(4),

–  Visto el estudio de 2011 titulado «Evaluación de las acciones de información y de promoción de los productos agrícolas»(5), realizado por encargo de la Comisión,

–  Visto el informe de la Comisión sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo sobre acciones de información y de promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países (SEC(2010)1434),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de los días 15 y 16 de diciembre de 2011 sobre el futuro de la política de promoción agrícola,

–  Vistas las propuestas legislativas presentadas por la Comisión el 12 de octubre de 2011 sobre la reforma de la PAC (COM(2011)0625/3, COM(2011)0627/3, COM(2011)0628/3, COM(2011)0629, COM(2011)0630/3 y COM(2011)0631/3), así como la propuesta de Reglamento único para las OMC,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión sobre la promoción y la información de los productos agrícolas: una estrategia de elevado valor añadido europeo para promover los sabores de Europa« (NAT/560),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre la promoción y la información de los productos agrícolas: una estrategia de elevado valor añadido europeo para promover los sabores de Europa (NAT/525)(6),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0286/2012),

A.  Considerando que, en marzo de 2012, la Comisión publicó una comunicación sobre información y promoción a la que se espera que sigan propuestas legislativas a finales de año;

B.  Considerando que el sector agroalimentario puede convertirse en un sector fuerte y pujante para el crecimiento económico y la innovación en todos los Estados miembros, especialmente en las zonas rurales y a nivel regional, con el aumento de las rentas agrarias, la creación de empleo y la generación de crecimiento;

C.  Considerando que las medidas de información y de promoción fueron introducidas en la década de los ochenta con objeto de absorber los excedente agrícolas, y que posteriormente se utilizaron como instrumento para afrontar situaciones de crisis en el sector de la alimentación, como el brote de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) ― más conocido como «enfermedad de las vacas locas»― en 1996 y el escándalo de los huevos contaminados con dioxinas en 1999;

D.  Considerando que las medidas de información y de promoción deben desempeñar ahora un papel más amplio y constante y deben contribuir a obtener una mayor rentabilidad de los productos, a establecer una mayor igualdad competitiva en los mercados exteriores y a facilitar a los consumidores más información de mejor calidad;

E.  Considerando que, actualmente, estos tipos de ayuda se financian con arreglo al Reglamento (CE) nº 3/2008, conocido como «régimen de promoción horizontal»; que un estudio de 2011 sobre la evaluación de las políticas de promoción realizado por encargo de la Comisión concluía que se carecía de una estrategia general de la Unión sobre información y promoción;

F.  Considerando que el Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas (Reglamento único para las OCM), que se está revisando actualmente como parte del proceso de reforma de la PAC, prevé apoyo para medidas de promoción específicas en los sectores del vino, la fruta y las verduras como parte de programas más amplios; que, actualmente, se están financiando con arreglo a la política de desarrollo rural medidas de promoción de productos incluidos en regímenes de calidad de los alimentos;

G.  Considerando que el consumo de vino en la Unión Europea se encuentra en constante retroceso, y que no hay medidas europeas de promoción interna de este producto;

H.  Considerando que se espera que el gasto destinado al régimen de promoción horizontal en el presupuesto de 2012 asciende a aproximadamente 56 millones de euros, lo que corresponde aproximadamente al 0,1 % del gasto total de la PAC;

I.  Considerando que, a efectos presupuestarios, también se deben tener en cuenta los objetivos más recientes de la política de información y de promoción de la UE, y que estos objetivos no se limitan a restaurar la confianza de los consumidores tras las situaciones de crisis, sino que también comprenden el aumento de la rentabilidad de los productos, el establecimiento de una mayor igualdad competitiva en los mercados exteriores y la facilitación de más información de mejor calidad a los consumidores;

J.  Considerando que el gasto destinado a todas las demás medidas de información y promoción de la PAC, en particular en virtud del Reglamento único para las OCM y de la política de desarrollo rural, se cifra entre 400 y 500 millones de euros al año, importe que sigue siendo inferior al 1 % del gasto total de la PAC y es claramente insuficiente, especialmente cuando se trata de impulsar la competitividad de los productos europeos en el mercado mundial;

K.  Considerando que uno de los puntos fuertes de la producción de alimentos de la UE se encuentra en la diversidad y el carácter específico de sus productos, que están vinculados a distintas zonas geográficas y a distintos métodos tradicionales, lo que aporta sabores únicos con la variedad y la autenticidad que los consumidores buscan cada vez más, tanto en la UE como fuera de ella;

L.  Considerando que la política de promoción de la UE constituye un instrumento importante de la PAC que puede contribuir a la competitividad y a la viabilidad a largo plazo de los sectores agrícola y alimentario;

M.  Considerando que la UE ha publicado recientemente una lista de declaraciones autorizadas de propiedades nutritivas y saludables, que entrará en vigor a finales de diciembre de 2012, poniendo fin a años de inseguridad para el sector de los alimentos, aportando instrumentos de comercialización esenciales para atraer la atención de los consumidores y permitiendo a estos elegir con mayor conocimiento de causa;

N.  Considerando que el sector agrícola y alimentario de la UE puede ser aún más competitivo a nivel global si es capaz de promover la diversidad alimentaria europea y el modelo de producción europeo, que se caracteriza por unas normas exigentes en materia de calidad, seguridad, bienestar animal y sostenibilidad ambiental, etc., alentando así a otras potencias agrícolas a adoptar este modelo con el fin de establecer unas condiciones de producción equitativas y una competitividad comercial justa;

O.  Considerando que la globalización cada vez mayor del comercio plantea sin duda una serie de retos, pero al mismo tiempo abre nuevos mercados y ofrece nuevas oportunidades de crecimiento;

P.  Considerando que el Consejo, en sus Conclusiones de diciembre de 2011 sobre la política de promoción agrícola, afirma que también deben realizarse acciones de promoción para promover el potencial de la agricultura local y cadenas de distribución cortas, y que estas acciones deben incluirse en los programas de desarrollo rural, tal como ha propuesto ya la Comisión;

Q.  Considerando la necesidad y la importancia de dotar de instrumentos adecuados a una política que favorezca la promoción agrícola y alimentaria europea y contribuya a la competitividad del sector agrícola y alimentario, sacando provecho de la diversidad, el valor añadido y la calidad de sus productos;

R.  Considerando el vinculo indisoluble que existe entre la agricultura europea y la industria de alimentos que procesa el 70 % de las materias primas agrícolas y que vende productos alimenticios, donde el 99 % de las empresas europeas de alimentos y bebidas son PYME y más del 52 % están ubicadas en el medio rural, lo que les convierte en motores económicos y sociales del entorno rural europeo;

S.  Considerando que el apoyo de la PAC al desarrollo de cadenas de suministro cortas y de mercados locales se financia con cargo a la política de desarrollo local, lo que es, efectivamente, el mejor planteamiento, dado que estas iniciativas son de pequeña dimensión, están muy localizadas y crean empleo local;

T.  Considerando que los productos tradicionales europeos únicos presentan un importante potencial de crecimiento y un gran atractivo para los consumidores en los mercados exteriores más grandes, y se verían beneficiados con la aplicación de regímenes de promoción específicos y reforzados y generarían empleo y crecimiento en las zonas rurales;

U.  Considerando que uno de los objetivos de las propuestas legislativas en curso de negociación para la reforma de la PAC para el periodo posterior a 2013 consiste en garantizar que esta política contribuya plenamente a la Estrategia Europa 2020;

V.  Considerando que el Reglamento (CE) nº 1234/2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas (Reglamento único para las OCM), comprende normas relativas a la financiación de acciones para el fomento del consumo de fruta y leche en las escuelas; que en la propuesta actual relativa a la revisión de la organización común de mercado de los productos agrícolas (COM(2011)0626) se propone aumentar del 50 % al 75 % (y del 75 % al 90 % en las regiones de convergencia) las tasas de cofinanciación de la UE de los costes de las acciones destinadas al fomento del consumo de fruta;

W.  Considerando que las acciones para el fomento del consumo de fruta y leche en las escuelas también tienen objetivos educativos, que deben incluir el ofrecer a los alumnos una mejor idea sobre cómo se producen los alimentos y sobre la vida en las explotaciones agrícolas;

X.  Considerando que, aplicados eficazmente, los distintos regímenes de promoción contribuyen a garantizar que los productos agrícolas europeos se reconozcan en Europa y en todo el mundo y a concienciar a los consumidores de las exigentes normas en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y protección del medio ambiente aplicadas por los agricultores europeos y controladas y mejoradas coherentemente;

Y.  Considerando que el Reglamento (CE) nº 814/2000 tiene por objeto ayudar a los ciudadanos a entender el modelo de agricultura europeo y sensibilizar a la opinión pública sobre estas cuestiones; que el desconocimiento y los malentendidos sobre la agricultura y la vida rural son probablemente mayores hoy que durante cualquier otro periodo de la historia europea, y que uno de los factores importantes más desconocidos por el público es el considerable aumento del coste de la producción agrícola que acarrean las obligaciones impuestas por la UE en lo referente a seguridad e higiene alimentaria, bienestar social de los trabajadores, conservación del medio ambiente y bienestar animal, a menudo no respetadas por los competidores directos de la UE en el sector agrícola; que uno de los factores importantes que más equívocos genera en el público es el desconocimiento de la importante contribución de la agricultura a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la larga lista de bienes públicos que produce;

Planteamiento general

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la promoción y la información de los productos agrícolas: una estrategia de elevado valor añadido europeo para promover los sabores de Europa, que debe suponer un primer paso hacia el fomento de la producción europea, tanto entre los europeos como entre los demás ciudadanos, y hacia el aumento de su rentabilidad;

2.  Apoya los cuatro objetivos principales establecidos en la Comunicación, a saber, la creación de un mayor valor añadido europeo en el sector de la alimentación, una estrategia política más atractiva y asertiva, una gestión más simple y una mayor sinergia entre instrumentos de promoción diferentes;

3.  Considera que debe prestarse la misma atención a las políticas de promoción en el mercado interior y en el mercado exterior, dado que ambas son ventajosas para los productores y los consumidores;

4.  Destaca que la política de promoción de la UE sigue siendo legítima e importante a nivel interno, a escala local y regional y en los mercados mundiales en expansión;

5.  Opina, no obstante, que los objetivos de la política de promoción de la UE deben definirse clara y adecuadamente; destaca que las actividades de promoción deben contemplar todos los productos agroalimentarios que cumplan las normas europeas de calidad, dado que ello contribuirá a la eficiencia de las actividades de promoción y responderá a las exigencias de los consumidores; subraya asimismo que el apoyo a una agricultura que garantice la seguridad alimentaria, el uso sostenible de los recursos naturales y el dinamismo de las zonas rurales impulsará el crecimiento y la creación de empleo;

6.  Destaca el hecho de que en el mercado interior se necesita una promoción general y constante para garantizar que los consumidores europeos estén informados de las características y el valor añadido de los productos agrícolas europeos que encuentran en el mercado;

7.  Destaca que en el mercado exterior es necesario mantener e impulsar las cuotas de los productos agrícolas europeos y orientarse hacia nuevos mercados emergentes para encontrar nuevas salidas para estos productos, velando por una mayor coherencia entre la política de promoción y la política comercial de la UE;

8.  Considera que una definición clara de los objetivos de la política de promoción de la UE por parte de la Comisión, junto con el establecimiento de orientaciones objetivas para los Estados miembros, constituye un primer paso necesario hacia una mayor coherencia política y mayores sinergias entre diferentes instrumentos de promoción, además de ser esencial para garantizar una mayor transparencia en la selección de los programas a escala nacional; indica que las actividades de la Unión en este ámbito deben complementar iniciativas a nivel nacional y a nivel del sector privado;

9.  Considera que debe incrementarse significativamente el presupuesto destinado a medidas de información y promoción más adecuadas, teniendo presentes los objetivos más recientes de la política de información y de promoción, en particular por lo que respecta al régimen de promoción horizontal; considera, por otra parte, que este régimen debe contar con una línea presupuestaria específica en el presupuesto general;

10.  Destaca que el éxito de los agricultores europeos dependerá de su capacidad para incrementar sus cuotas de mercado y hacer que el sector de la industria alimentaria, muy competitivo, conserve el lugar destacado que ocupa en la economía y el comercio de la UE;

11.  Destaca la necesidad de organizar, en la UE y en los mercados exteriores, campañas exhaustivas de información de los consumidores sobre las normas de calidad de la producción y los sistemas de certificación;

12.  Hace hincapié en que las medidas de promoción horizontal con arreglo al Reglamento (CE) nº 3/2008 deben contribuir a desarrollar mercados locales y cadenas de suministro cortas, así como a dinamizar el mercado interior y a intensificar la comercialización de los productos europeos en los mercados exteriores;

13.  Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de introducir un cuarto tipo de medida de promoción que aporte asistencia técnica; considera que esta propuesta es esencial para una política de promoción eficaz, especialmente a nivel externo;

14.  Reconoce el potencial que presenta el sistema de «paraguas» único para las medidas de información y promoción;

15.  Recomienda que se mantenga el carácter genérico de las actividades de información y promoción;

Mercados locales, regionales, interior y exteriores

16.  Observa que la política de información y de promoción de la UE debe tener tres objetivos principales: en los mercados locales y regionales debe apostar por la diversidad y la frescura de los productos y por la proximidad entre los productores y los consumidores, con miras a la dinamización económica y la recalificación social de la vida rural; en el mercado interior, debe aprovechar al máximo el espacio europeo sin fronteras y los 500 millones de consumidores, con el fin de aumentar la producción y de estimular el consumo de productos europeos; en los mercados exteriores debe aprovechar las exigentes normas que impone el modelo europeo de producción para obtener un mayor valor añadido para el sector agroalimentario;

17.  Propone que la Comisión desarrolle cadenas de suministro cortas en los mercados locales y regionales, creando así nuevas oportunidades para los agricultores y otros productores de las zonas rurales y para las asociaciones de agricultores o de agricultores y otros operadores en las zonas rurales, y que diseñe un amplio conjunto de instrumentos destinado a promover el desarrollo de las zonas rurales; considera oportuno, por otra parte, que la Comisión elabore guías que ayuden a los agricultores a invertir más y mejor en la calidad y el valor específico de sus productos; considera que también se debe tener en cuenta la inversión en la difusión en los medios de comunicación, y especialmente Internet;

18.  Propone que, en el mercado interior, la Comisión respalde en mayor medida los esfuerzos de los productores europeos por adquirir la capacidad necesaria para responder a las exigencias crecientes de los consumidores en lo que atañe a calidad e higiene de los alimentos, así como al conocimiento sobre la procedencia y el momento adecuado para el consumo de los productos frescos, promoviendo la diversidad de los productos y de la alimentación, y dando a conocer asimismo nuevos productos o nuevas formas de presentación o de utilización de productos tradicionales;

19.  Solicita, por consiguiente, la ampliación de los programas orientados a mercados o productos específicos, debiendo centrarse los instrumentos de promoción en las características específicas de las normas de producción, destacando siempre el modelo de producción europeo y, en particular, los sistemas europeos de calidad; considera asimismo importante incentivar los programas plurinacionales que abarcan varios productos, que, por una parte, aportan una verdadera dimensión europea al programa y, por otra, tienen una necesidad más concreta de obtener apoyo europeo; considera, en este contexto, que debe darse prioridad a aquellos países que apliquen programas de producción que tengan presentes las condiciones y el potencial del mercado y que al mismo tiempo permitan a la Comisión adaptar el apoyo en función de la zona designada;

20.  Pide que se incremente el atractivo de las medidas de información y promoción para las organizaciones profesionales mediante una mayor cooperación entre las actividades nacionales y sectoriales en curso y una mejor coordinación con las actividades políticas, y en particular con los acuerdos de libre comercio;

21.  Destaca la necesidad de introducir una mayor flexibilidad en los programas, de manera que puedan adaptarse a las condiciones fluctuantes del mercado durante la fase de ejecución; considera que también debe reducirse el nivel de detalle exigido para la presentación de los programas;

22.  Solicita una mejor evaluación de los programas mediante un sistema riguroso de evaluación basado en indicadores concretos, como el aumento de la cuota de mercado y la creación de empleo; considera que el proceso de selección debe ser más corto y que se debe examinar la posibilidad de anticipar los pagos para las organizaciones;

23.  Encomia a la Comisión por los buenos resultados obtenidos con la política actual de información y de promoción de los productos agrícolas, pero solicita la simplificación y la mejora de dicha política, teniendo presente la importancia de reducir las cargas administrativas, especialmente gracias a la reducción del número de informes exigidos por la Comisión; considera conveniente que la Comisión elabore un manual simple y completo que ayude a los posibles beneficiarios a respetar las normas y los procedimientos vinculados a esta política;

24.  Recuerda a la Comisión que, por lo que respecta a los mercados exteriores, la producción de alimentos de calidad por sí sola no basta para garantizar una buena posición en el mercado, por lo que es esencial invertir en programas de promoción; considera que estos programas deben ir precedidos de estudios de mercado en terceros países que puedan ser cofinanciados; considera que también se debe examinar la posibilidad de apoyar proyectos piloto en terceros países seleccionados como nuevos mercados potenciales;

25.  Pide que se fomente el desarrollo de asociaciones y empresas europeas y se incentive su participación en foros mundiales, compitiendo con calidad y dando prioridad a la especialización y la diversidad, para lo cual se necesitará la ayuda de agricultores y cooperativas para que puedan aplicar sus estrategias y su capacidad de exportación, incluida la asistencia técnica a los productores;

26.  Pide que se permita promover el origen de productos no abarcados por las denominaciones de calidad, destacando sus características y cualidades;

27.  Afirma que la política de información y de promoción de la UE para los productos europeos debe contar con una etiqueta propia que identifique esos productos dentro y fuera de la UE;

28.  Pide a la Comisión que sensibilice en mayor medida a los consumidores en cuanto al hecho de que las normas agrícolas europeas son las más exigentes del mundo en lo que atañe a calidad, seguridad, bienestar animal, sostenibilidad ambiental, etc., lo que repercute en el precio final del producto; considera que debe facilitarse a los consumidores información transparente sobre la manera de identificar los productos europeos y sus características, para evitar el riesgo de adquisición de productos falsificados y para que los consumidores puedan decidir lo que desean comprar;

Origen y calidad

29.  Considera que son productos de calidad aquellos que están vinculados a métodos de producción específicos, orígenes geográficos, tradiciones o contextos culturales, y observa que ya existen regímenes para protegerlos en forma de denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP), etiquetado ecológico y especialidad tradicional garantizada (ETG); insta a que se adopte un nuevo régimen de agricultura local y venta directa que incluya los productos de calidad locales destinados a ser consumidos en la región en la que se producen;

30.  Considera que la mención del origen europeo debe prevalecer como principal identidad de todas las actividades de promoción e información, tanto en el mercado interior como en terceros países; considera que una mención adicional del origen nacional en terceros países podrá tenerse en consideración en aquellos casos en que su identidad sea fuerte y contribuya a destacar la diversidad de la oferta de productos alimenticios;

31.  Subraya que, en lo referente a las marcas privadas, es imprescindible que se busque un equilibrio entre promoción genérica y de marca que contribuya a una mayor eficacia de las campañas promocionales en terceros países; apoya el planteamiento de la Comisión, según el cual las marcas aportan un efecto palanca en este tipo de actividades, donde el complemento lógico de una promoción genérica es una vinculación con los agentes económicos a través de la promoción de productos y marcas, de modo que se alcance mayor impacto en los importadores y, en consecuencia, en los consumidores; considera, por otra parte, que la inclusión de las marcas privadas en las actividades de promoción incrementará el interés de las empresas en participar, y señala que se debe tener en cuenta que estas empresas son las que, al fin y al cabo, cofinancian estas acciones;

32.  Indica que, los regímenes de calidad permiten a los agricultores, en la medida en que estén organizados, aplicar medidas de gestión del suministro y de estabilización de los precios, aumentando las posibilidades de que puedan vivir dignamente de la agricultura, y que estos regímenes son, por lo tanto, los más idóneos para incrementar el «valor añadido europeo», de conformidad con las prioridades de la Comisión;

33.  Considera necesario garantizar una protección más eficaz de los productos sometidos a normas de calidad, frente a los socios comerciales de la UE; pide que en los acuerdos comerciales bilaterales e interregionales y a nivel de la Organización Mundial del Comercio se incluyan plenamente las indicaciones geográficas y se prevea una mayor protección de estos productos;

34.  Destaca la necesidad de modificar las disposiciones marco de financiación para la promoción de productos sometidos a normas de calidad con objeto de aumentar la participación financiera de la UE;

35.  Toma nota de que la entrada en vigor de información autorizada sobre la relación entre sustancias específicas descubiertas en los alimentos y una mejor salud aportará más transparencia a la promoción de productos por motivos de salud;

36.  Acoge favorablemente la mayor demanda de productos orgánicos, y pide que se estimule más activamente su producción y promoción;

37.  Destaca la necesidad de promover los productos locales de las zonas montañosas e insulares y de reforzar la financiación de la UE a este fin;

38.  Insta a la Comisión a que, en sus actividades de promoción externas, haga más hincapié en destacar el compromiso de la agricultura de la UE con métodos agrícolas sostenibles, con la variedad y con la calidad, y en el incremento de los costes que esto conlleva, y a que desarrolle y refuerce la concienciación sobre los regímenes de promoción y los logotipos de la UE;

39.  Apoya la prestación de asistencia técnica a las pequeñas y medianas empresas para ayudarlas a desarrollar sus propias estrategias de comercialización y a analizar sus objetivos de mercado;

40.  Propone la creación de una plataforma Internet para el intercambio de proyectos potenciales y buenas prácticas como instrumento para apoyar el desarrollo de campañas promocionales desde una perspectiva europea;

41.  Destaca que la reforma de la Política Agrícola Común se orienta hacia una mejor organización de la producción, la sostenibilidad y la calidad de los productos agrícolas; considera, por tanto, que la política de promoción debe permitir desarrollar todo el potencial que encierra el sector alimentario a fin de favorecer el crecimiento económico y el empleo en Europa;

42.  Insta a la Comisión a que determine, en su caso, distintas modalidades de gestión para el mercado interior y el mercado exterior y para los programas plurinacionales o de crisis en sus futuras propuestas legislativas para promover los sabores de Europa;

43.  Considera necesario definir una estrategia europea de información y de promoción con una orientación más específica de los mercados destinatarios y de los productos o mensajes que deben destacarse, teniendo en cuenta las negociaciones sobre acuerdos de libre comercio y los mercados con más posibilidades con el fin de evitar la fragmentación y la dispersión de los fondos;

Acciones para el fomento del consumo de fruta y leche en las escuelas

44.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de incrementar, ante la persistente crisis económica, las tasas de cofinanciación de la UE para acciones destinadas al fomento del consumo de fruta y leche en las escuelas;

45.  Pide a la Comisión que adopte medidas para alentar a todos los Estados miembros a que hagan más hincapié en el carácter educativo de las acciones para el fomento del consumo de fruta y leche en las escuelas y a que integren plenamente los regímenes de distribución de fruta y leche en los centros escolares en el segundo pilar del apoyo al sector agrícola;

Acciones para campañas de información sobre vinos de calidad

46.  Solicita a la Comisión Europea que evalúe la puesta en marcha en el mercado de la UE de campañas de información sobre un consumo responsable de los vinos de calidad europeos dirigidas a la población adulta; considera que dichas campañas, junto a un consumo moderado de estos caldos, deberían destacar las raíces culturales de este producto, sus propiedades cualitativas y las características específicas de las producciones europeas.

o
o   o

47.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 22.
(2) DO L 3 de 5.1.2008, p. 1.
(3) DO L 147 de 6.6.2008, p. 3.
(4) DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.
(5) http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/fulltext_en.pdf.
(6) DO C 43 de 15.2.2012, p. 59.


Aplicación de la Directiva relativa al derecho de participación
PDF 120kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Informe sobre la aplicación y efectos de la Directiva relativa al derecho de participación (2001/84/CE) (2012/2038(INI))
P7_TA(2012)0421A7-0326/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original (denominada en lo sucesivo «la Directiva»)(1),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo: Informe sobre la aplicación y efectos de la Directiva (2001/84/CE) relativa al derecho de participación (COM(2011)0878),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0326/2012),

A.  Considerando que el derecho de participación es un derecho de autor consagrado por el artículo 14 ter del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas;

B.  Considerando que la Directiva ha favorecido la armonización de las condiciones esenciales para la aplicación del derecho de participación con el fin de eliminar los obstáculos potenciales a la realización del mercado interior;

C.  Considerando que la adopción de la Directiva es importante para los artistas, no solo respecto a sus iniciativas encaminadas a obtener un reconocimiento y un trato justo como personas creativas, sino también por su papel como personas que contribuyen a los valores culturales; considerando que, sin embargo, persisten las preocupaciones con respecto a sus efectos sobre los mercados de arte europeos y particularmente sobre las numerosas casas de subastas y marchantes especializados y de menor tamaño de la UE;

D.  Considerando que la Directiva no se ha aplicado plenamente en todos los Estados miembros hasta el 1 de enero de 2012;

E.  Considerando que, en los últimos años, ha disminuido considerablemente la cuota de mercado de obras de artistas vivos de la UE;

F.  Considerando que la creación artística contribuye al desarrollo continuo del patrimonio y la vida cultural de la UE;

G.  Considerando que el mercado del arte y de las antigüedades contribuye de manera significativa a la economía mundial, incluidas las empresas a las que apoya, en particular las de las industrias creativas;

H.  Considerando que la Directiva impone una carga administrativa a los marchantes y coloca a los marchantes de la UE en situación de desventaja comercial con respecto a los de terceros países;

Tendencias de los mercados europeo y mundial del arte

1.  Observa que 2011 ha sido un año récord para el mercado del arte y que las ventas en ese año ascendieron a 11 570 millones de dólares estadounidenses, un aumento de más de 2 000 dólares respecto a 2010(2); señala que el mercado del arte y de las antigüedades contribuye de manera significativa a la economía mundial, incluidas las empresas a las que apoya, en particular las de las industrias creativas;

2.  Constata la fuerte progresión del mercado europeo del arte en 2011; el Reino Unido conserva una cuota del 19,4 % del mercado mundial, con un aumento del volumen de ventas del 24 %; a Francia le corresponde una cuota del 4,5 % del mercado, con un aumento del 9 % del volumen de negocios; por último, Alemania, con una cuota de mercado del 1,8 %, ha visto aumentar sus ventas en un 23 %(3);

3.  Observa que el mercado chino acaparó el 41,4 % del mercado mundial en 2011, superando a los Estados Unidos, cuyo volumen de negocios ha disminuido en un 3 % y su cuota de mercado en 6 puntos porcentuales, pasando del 29,5 % en 2010 al 23,5 % en 2011(4);

4.  Recalca la impresionante ascensión de China; señala, no obstante, que este mercado del arte se circunscribe en la actualidad únicamente a los artistas procedentes de ese país;

5.  Constata que la tendencia general de desplazamiento del centro de gravedad del mercado del arte hacia los países emergentes está vinculada a la globalización, al empuje de Asia y a la aparición de nuevos coleccionistas en esos países;

6.  Observa con satisfacción que hay terceros Estados que tienen previsto incorporar el derecho de participación a su Derecho nacional; constata en particular que el 12 de diciembre de 2011 se presentó en los Estados Unidos una proposición de ley para imponer un derecho de participación del 7 % sobre la reventa de obras de arte contemporáneo; señala que en China el proyecto de ley sobre derechos de autor también contempla la introducción del derecho de participación (artículo 11 (13));

Aplicación de la Directiva

7.  Recuerda que los importes de los derechos de reproducción y de representación resultan relativamente insignificantes en el caso de las artes gráficas y plásticas, cuyos ingresos provienen de la venta o de la reventa de las obras;

8.  Insiste en que el derecho de participación garantiza una continuidad de la retribución de los artistas, que al comienzo de su carrera venden sus obras, con mucha frecuencia, a un precio reducido;

9.  Recuerda que el informe de la Comisión sobre la aplicación y los efectos de la Directiva y las estadísticas del sector no indican que el derecho de participación perjudique en modo alguno al mercado del arte en Europa;

10.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto del funcionamiento del mercado del arte en general, incluidas las dificultades administrativas a las que se enfrentan las casas de subastas y marchantes especializados y de menor tamaño;

11.  Recuerda que varias disposiciones de la Directiva garantizan una aplicación equilibrada del derecho de participación, teniendo en cuenta los intereses de todas las partes interesadas, en especial la regresividad de los tipos aplicables, el tope del derecho fijado en 12 500 EUR, la exclusión de las pequeñas ventas y la exención del primer comprador; subraya, no obstante, que la Directiva impone una carga administrativa a los vendedores;

12.  Señala que el derecho de participación en beneficio del autor vivo de una obra de arte original puede ser un instrumento útil para evitar la discriminación contra los artistas;

Conclusiones

13.  Recuerda que el mercado del arte fue estimado en 10 000 millones de dólares estadounidenses en 2010 y en unos 12 000 millones en 2012, y que el derecho de participación solo representa el 0,03 %; considera que se trata de un mercado importante en el que los artistas y sus herederos deben recibir una remuneración equitativa;

14.  Constata que los estudios y estadísticas del mercado del arte no sugieren que el derecho de participación perjudique la localización del mercado del arte ni el nivel del volumen de negocios;

15.  Recuerda que la Directiva no se ha aplicado en su totalidad en todos los Estados miembros hasta el 1 de enero de 2012, a pesar de que el derecho de participación ya era reconocido en muchos Estados miembros desde hacía varias décadas;

16.  Destaca la importancia de prestar un apoyo proactivo a los artistas locales, incluidos los artistas más jóvenes;

17.  Considera prematuro efectuar un nuevo análisis de la Directiva en 2014, como propone la Comisión, y sugiere que dicho análisis se lleve a cabo en 2015 (es decir, cuatro años después de la evaluación completada en 2011);

18.  Anima a la Comisión a volver a examinar, en su próximo informe de evaluación, la pertinencia de los tipos aplicables, los umbrales y la pertinencia de las categorías de los beneficiarios tal como se especifica en la Directiva;

19.  Solicita a la Comisión que colabore estrechamente con las partes interesadas para reforzar la posición del mercado europeo del arte y corregir determinadas dificultades, como el «efecto cascada» y las dificultades administrativas a las que se enfrentan las pequeñas casas de subastas especializadas y los vendedores;

20.  Celebra las iniciativas adoptadas por los países terceros para establecer el derecho de participación y pide a la Comisión que continúe desplegando sus esfuerzos en los foros multilaterales para fortalecer la posición del mercado del arte europeo en el mundo;

o
o   o

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 272 de 13.10.2001, p. 32.
(2) Artprice, Art Market Trends 2011, http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2011_en.pdf.
(3) Ídem.
(4) Ídem.


Modificación del artículo 70 del Reglamento relativo a las negociaciones interinstitucionales en los procedimientos legislativos
PDF 240kWORD 62k
Decisión del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la modificación del artículo 70 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las negociaciones interinstitucionales en los procedimientos legislativos (2011/2298(REG))
P7_TA(2012)0422A7-0281/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la carta de su Presidente, de 18 de abril de 2011,

–  Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0281/2012),

1.  Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2.  Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de sesiones;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

Texto en vigor   Enmienda
Enmienda 1
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 1
1.  Las negociaciones con las otras instituciones para alcanzar acuerdos en el curso de un procedimiento legislativo se desarrollarán con arreglo al Código de conducta para la negociación en el marco del procedimiento legislativo ordinario.
1.  Las negociaciones con las otras instituciones con vistas a alcanzar acuerdos en el curso de los procedimientos legislativos se desarrollarán con arreglo al Código de Conducta establecido por la Conferencia de Presidentes.
Enmienda 13
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2
2.   Antes de iniciar dichas negociaciones, la comisión competente debería adoptar, en principio, una decisión por mayoría de los miembros que la componen y adoptar un mandato, orientaciones o prioridades al respecto.
2.  Dichas negociaciones no se iniciarán antes de que la comisión competente adopte, de manera individual para cada uno de los procedimientos legislativos en cuestión y por mayoría de sus miembros, una decisión sobre la apertura de las negociaciones. Dicha decisión determinará el mandato y la composición del equipo negociador. Dichas decisiones se comunicarán al Presidente, que informará regularmente a la Conferencia de Presidentes.
Enmienda 3
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
El mandato consistirá en un informe aprobado en comisión y presentado al Parlamento para que lo examine posteriormente. A título excepcional, cuando la comisión competente considere debidamente justificado iniciar las negociaciones antes de la aprobación de un informe en comisión, el mandato podrá consistir en un conjunto de enmiendas o en un conjunto de objetivos, prioridades u orientaciones claramente definidos.

Enmienda 4
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis. El equipo negociador estará dirigido por el ponente y presidido por el presidente de la comisión competente o por un vicepresidente designado por el presidente. En él figurarán, como mínimo, los ponentes alternativos de cada uno de los grupos políticos.

Enmiendas 5 y 18
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter. Todo documento que se haya previsto debatir en una reunión con el Consejo y la Comisión («diálogo tripartito») adoptará la forma de documento que indique las posiciones respectivas de las instituciones interesadas y las posibles soluciones de compromiso y se distribuirá al equipo negociador al menos 48 horas o, en casos de urgencia, al menos 24 horas antes del diálogo tripartito de que se trate.

Tras cada diálogo tripartito, el equipo negociador informará a la comisión competente en la siguiente reunión de esta. Se pondrá a disposición de la comisión documentación que refleje el resultado del último diálogo tripartito.

Cuando no sea factible convocar una reunión de la comisión en tiempo oportuno, el equipo negociador informará al presidente, a los ponentes alternativos y a los coordinadores de la comisión, según proceda.

La comisión competente podrá actualizar el mandato teniendo en cuenta los avances en las negociaciones.

Enmienda 6
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3
3.  Si las negociaciones permiten llegar a un acuerdo con el Consejo tras la aprobación del informe por la comisión, esta deberá ser consultada de nuevo, en cualquier caso, antes de proceder a la votación en el Pleno.
3.  Si las negociaciones permiten llegar a un acuerdo, se informará inmediatamente a la comisión competente. El texto acordado será remitido a la comisión competente para su examen. En caso de ser aprobado por votación en comisión, el texto acordado será presentado al Parlamento para su examen en la forma apropiada, incluidas las enmiendas de transacción. Podrá ser presentado como texto consolidado siempre que recoja claramente las modificaciones a la propuesta de acto legislativo objeto de examen.
Enmienda 7
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. Cuando el procedimiento implique comisiones asociadas o reuniones conjuntas de comisiones, se aplicarán los artículos 50 y 51 del Reglamento a la decisión sobre la apertura de negociaciones y al desarrollo de las mismas.

Cuando exista desacuerdo entre las comisiones interesadas, las modalidades de apertura y desarrollo de las negociaciones serán fijadas por el presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de conformidad con los principios establecidos en el presente Reglamento.

Enmienda 8
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo) - título
Artículo 70 bis

Adopción de una decisión sobre la apertura de negociaciones interinstitucionales antes de la aprobación de un informe en comisión

Enmienda 9
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo) – apartado 1
1.  Toda decisión de una comisión sobre la apertura de negociaciones antes de la aprobación de un informe en comisión se traducirá a todas las lenguas oficiales, se distribuirá a todos los diputados al Parlamento, y se presentará a la Conferencia de Presidentes.
A instancias de un grupo político, la Conferencia de Presidentes podrá decidir la inclusión del asunto, para su examen, con debate y votación, en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones siguiente a su distribución, en cuyo caso el Presidente fijará un plazo para la presentación de enmiendas.

En caso de que la Conferencia de Presidentes no adopte decisión respecto a la inclusión del asunto en el proyecto de orden de día de dicho período parcial de sesiones, la decisión sobre la apertura de negociaciones será anunciada por el Presidente en la apertura del período parcial de sesiones siguiente.

Enmienda 16
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 70 bis (nuevo) – apartado 2
2.  El asunto se incluirá, para su examen con debate y votación, en el proyecto de orden del día del período parcial de sesiones siguiente a su anuncio, y el Presidente fijará un plazo para la presentación de enmiendas si lo solicitan un grupo político o cuarenta diputados como mínimo en un plazo de 48 horas a partir de su anuncio.
De no concurrir ninguna de estas dos circunstancias, la decisión sobre la apertura de negociaciones se considerará adoptada.


Modificación del artículo 181 del Reglamento del Parlamento relativo al acta literal y del artículo 182 relativo a la grabación audiovisual de los debates
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Decisión del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la modificación del artículo 181 del Reglamento del Parlamento relativo al acta literal y del artículo 182 relativo a la grabación audiovisual de los debates (2012/2080(REG))
P7_TA(2012)0423A7-0336/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la carta de su Presidente de 13 de enero de 2012,

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2011, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, modificado por el Consejo (todas las secciones) y las notas rectificativas nº 1/2012 y 2/2012 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012(1),

–  Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0336/2012),

A.  Considerando que el ahorro en el presupuesto en el ámbito de la traducción y la interpretación no debe poner en peligro el principio de multilingüismo, sino que es posible gracias a la innovación y a nuevos métodos de trabajo(2),

1.  Decide introducir en su Reglamento las modificaciones que figuran a continuación;

2.  Recuerda que dichas modificaciones entrarán en vigor el primer día del próximo período parcial de sesiones;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

Texto en vigor   Enmienda
Enmienda 1
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 181 – apartado 1
1.  Se levantará acta literal de los debates de cada sesión en todas las lenguas oficiales.
1.  Se levantará acta literal de los debates de cada sesión en forma de documento multilingüe en el que figurarán todas las intervenciones orales en su lengua original.
Enmienda 2
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 181 – apartado 2
2.  Los oradores deberán devolver a la Secretaría General las correcciones al texto de sus discursos en el plazo de una semana.
2.  Los oradores podrán corregir el texto de sus intervenciones orales en el plazo de cinco días laborables. Las correcciones se enviarán en ese plazo a la Secretaría General.
Enmienda 3
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 181 – apartado 3
3.  El acta literal se publicará aneja al Diario Oficial de la Unión Europea.
3.  El acta literal multilingüe se publicará aneja al Diario Oficial de la Unión Europea y se conservará en los archivos del Parlamento.
Enmienda 4
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 181 – apartado 4
4.   Los diputados podrán solicitar que se traduzcan extractos del acta literal en un plazo breve.
4.   A solicitud de un diputado se traducirá a cualquiera de las lenguas oficiales un extracto del acta literal. En caso necesario, la traducción se facilitará en un plazo breve.
Enmienda 5
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 182 – apartado -1 (nuevo)
Los debates del Parlamento se transmitirán en directo en su página web en las lenguas en las que se desarrollen, así como la banda sonora multilingüe de todas las cabinas de interpretación activas.

Enmienda 6
Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 182 – apartado 1
Inmediatamente después de la sesión, se producirá y se pondrá a disposición del público en Internet una grabación audiovisual de los debates, incluyendo la banda sonora de todas las cabinas de interpretación.

Inmediatamente después de la sesión, se producirá y se pondrá a disposición del público en la página web del Parlamento durante la legislatura en curso y la legislatura siguiente una grabación audiovisual indexada de los debates en las lenguas en las que se hayan desarrollado, así como la banda sonora de todas las cabinas de interpretación activas, que posteriormente se conservará en los archivos del Parlamento. La grabación audiovisual ofrecerá un enlace al acta literal multilingüe de los debates tan pronto como esté disponible.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0461.
(2) Véase la Resolución de 26 de octubre de 2011 mencionada, apartado 77.


Homologación y vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos ***I
PDF 194kWORD 26k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la homologación y a la vigilancia del mercado de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos (COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))
P7_TA(2012)0424A7-0445/2011
CORRECCIONES DE ERRORES

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0542),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0317/2010),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de enero de 2011(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 28 de septiembre de 2012, de adoptar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0445/2011),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

P7_TC1-COD(2010)0271


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 168/2013.)

(1) DO C 84 de 17.3.2011, p. 30.


Homologación de los vehículos agrícolas o forestales ***I
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Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0395),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta al Parlamento (C7-0204/2010),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 9 de diciembre de 2010(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 28 de septiembre de 2012, de adoptar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0446/2011),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 20 de noviembre de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

P7_TC1-COD(2010)0212


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 167/2013.)

(1) DO C 54 de 19.2.2011, p. 42.


Pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles
PDF 164kWORD 84k
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el Libro verde «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles» (2012/2040(INI))
P7_TA(2012)0426A7-0304/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 26 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Libro Verde de la Comisión de 11 de enero de 2012 titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles» (COM(2011)0941, en lo sucesivo «el Libro Verde»),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 11 de enero de 2012 titulada «Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

–  Vista la consulta pública organizada por la Comisión sobre el Libro Verde desde el 11 de enero de 2012 al 11 de abril de 2012,

–  Vista la conferencia sobre pagos mediante tarjeta, pagos móviles o pagos por Internet, organizada por la Comisión el 4 de mayo de 2012,

–  Visto el Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009(1),

–  Vista la nota informativa, de marzo de 2012, sobre la aplicación de la normativa de competencia en el sector de los pagos, elaborada por el subgrupo de Banca y Pagos de la Red Europea de Competencia(2),

–  Vistas las Recomendaciones del Banco Central Europeo, de abril de 2012, relativas a la seguridad de los pagos por Internet(3),

–  Vista la respuesta del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) de 11 de abril de 2012 a la consulta pública de la Comisión sobre el Libro Verde intitulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles»(4);

–  Visto el documento de trabajo del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de mayo de 2012, sobre el Libro Verde (INT/634),

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 24 de julio de 2002, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 81 del Tratado CE y al artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/29.373 – Visa Internacional)(5),

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 19 de diciembre de 2007, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 81 del Tratado CE y en el artículo 53 del Acuerdo EEE (Asunto COMP/34.579 – MasterCard, Asunto COMP/36.518 – EuroCommerce y Asunto COMP/38.580 – Tarjetas comerciales)(6),

–  Vista la sentencia del Tribunal General, de 24 de mayo de 2012, en el asunto MasterCard, Inc. y otros contra la Comisión Europea(7)

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0304/2012),

A.  Considerando que el mercado europeo de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles está fragmentado por las fronteras nacionales y que solo unos pocos grandes operadores pueden ser aceptados por los comerciantes y realizar operaciones transfronterizas;

B.  Considerando que la posición dominante de dos proveedores de pagos mediante tarjeta no europeos puede dar lugar a comisiones excesivas y no justificadas, tanto para los consumidores como para los comerciantes, en la que sus bancos respectivos (los denominados bancos emisores y adquirientes) se aprovechan de esta situación, como señala la Comisión en el Libro Verde;

C.  Considerando que el desarrollo y un mayor uso de los pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles pueden, asimismo, ayudar a aumentar y diversificar el comercio electrónico en Europa;

D.  Considerando que la proporción y la variedad de los pagos por Internet y los pagos móviles han aumentado gradualmente en Europa y en todo el mundo;

E.  Considerando que gracias a los avances técnicos, los sistema de pago mediante tarjeta pueden ser remplazados progresivamente por otros medios de pago electrónicos y móviles;

F.  Considerando que el Libro Verde no aborda el coste y los impactos sociales de los pagos en metálico o con cheque en comparación con los pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles y que, por lo tanto, impide el análisis comparativo del coste económico y de bienestar, y los impactos sociales de los pagos en metálico o con cheque;

G.  Considerando que el actual modelo de negocio de los pagos mediante tarjeta permite niveles excesivos de tasas multilaterales de intercambio (TMI), lo que, en ocasiones, parece sobrepasar el coste actual de financiación del sistema, y constituye un importante obstáculo para la competencia en el mercado de los pagos;

H.  Considerando que la adquisición transfronteriza es una opción que en la actualidad solo está a disposición de un número limitado de operadores, y considerando que este acuerdo podría ampliar las opciones de los comerciantes y, por consiguiente, aumentar la competencia y reducir los costes para los consumidores;

I.  Considerando que en algunos Estados miembros no están permitidos los recargos por el uso de los pagos mediante tarjeta, mientras que en otros están muy extendidos y que los recargos excesivos han ido en detrimento de los consumidores, dado que los proveedores de servicios de pago a menudo no ofrecen métodos de pago alternativos a aquellos que tienen recargos;

J.  Considerando que el marco de la zona única de pagos en euros (SEPA) para tarjetas requiere que los clientes puedan «utilizar tarjetas de uso múltiple que permiten realizar pagos y retirar efectivo en euros en toda la zona SEPA con la misma facilidad y conveniencia que en su país de residencia. No debería haber diferencia alguna si utilizan sus tarjetas en su país de residencia o en otra parte de la zona SEPA. No debería existir un sistema de tarjetas de uso general para uso en un solo país, ni un sistema de tarjetas destinado exclusivamente para uso transfronterizo dentro de la zona SEPA»;

K.  Considerando que cabe esperar que la migración a la SEPA impulse el desarrollo de medios de pagos innovadores a nivel paneuropeo;

Los diferentes métodos de pago

1.  Felicita a la Comisión por la presentación del Libro Verde, considera que las consideraciones y preguntas que se plantean en él revisten una gran relevancia y está plenamente de acuerdo con los objetivos que establece, a saber, lograr más competencia, más libertad de elección, más innovación y una mayor seguridad para los pagos, así como la confianza de los consumidores;

2.  Coincide con la Comisión en que es necesario distinguir entre tres mercados de productos diferentes en el ámbito de los sistemas cuatripartitos de tarjetas bancarias – en primer lugar, un mercado en el que los distintos sistemas de tarjetas compiten para que las entidades financieras se conviertan en sus clientes emisores o adquirientes; a continuación un primer mercado «descendente», en el que los bancos emisores compiten por las operaciones de los titulares de tarjetas bancarias («el mercado de emisores»), y por último, un segundo mercado «descendente», en el que los bancos adquirientes compiten por las operaciones de los comerciantes («el mercado adquiriente») – y considera que habría que reforzar la libre competencia en cada uno de estos mercados;

3.  Señala la importancia de una autorregulación basada en el mercado en cooperación con todas las partes interesadas, pero reconoce que esta autorregulación puede no obtener los resultados esperados en un plazo razonable debido a conflictos de intereses; espera que la Comisión presente las propuestas legislativas necesarias para garantizar un auténtico SEPA para los pagos mediante tarjeta, Internet y dispositivos móviles, y destaca a este respecto la importancia de la próxima revisión de la Directiva sobre servicios de pago;

4.  Subraya la necesidad de una visión clara y exhaustiva de un SEPA para los pagos mediante tarjetas, Internet y dispositivos móviles, así como de establecer esas directrices y plazos necesarios para garantizar el logro del objetivo fundamental consistente en eliminar toda diferencia entre los pagos transfronterizos y los nacionales;

5.  Subraya la necesidad de avanzar hacia un sistema de compensación y liquidación en tiempo real, que ya es posible técnicamente y se utiliza para algunos pagos, y recalca que avanzar hacia una economía en tiempo real debería ser un objetivo importante para la SEPA en su totalidad, y que un sistema interbancario avanzado en tiempo real tendría que ser accesible en toda la SEPA;

6.  Considera por ello que todos los sistemas nacionales mediante tarjeta, dispositivos móviles e Internet deberían unirse o convertirse en un sistema paneuropeo conforme a la SEPA, de modo que todos estos pagos se acepten en toda la SEPA, y que la Comisión debería proponer un período necesario para esta transición;

7.  Señala que todos los terminales deberían poder aceptar todas las tarjetas y cumplir los requisitos de interoperabilidad, por lo que deberían eliminarse todos los obstáculos técnicos derivados de las diferencias en las funciones y requisitos de certificación de los terminales, ya que unas normas comunes y un software normalizado para los terminales aumentarían la competencia;

8.  Considera que un enfoque basado en la autorregulación para el mercado europeo integrado de pagos no es suficiente; pide a la Comisión que adopte medidas legislativas para garantizar la seguridad de los pagos, la competencia leal, la inclusión financiera, la protección de los datos personales y la transparencia para los consumidores;

9.  Pide a la Comisión que reforme la gobernanza de la SEPA a fin de que el proceso de toma de decisiones sea democrático, transparente y sirva al interés público; toma nota de que, para ello, es necesario que la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) asuman un papel más activo y destacado en la gobernanza de la SEPA, así como una representación equilibrada de todas las partes interesadas relevantes en todos los órganos decisorios y ejecutivos de la SEPA, que garantice una participación suficiente de los usuarios finales;

10.  Manifiesta su preocupación por el rigor excesivo de la reglamentación relativa a los mercados de pagos por Internet y pagos móviles en este momento porque dichos métodos de pago están todavía en proceso de desarrollo; considera que cualquier iniciativa reglamentaria en este ámbito corre el riesgo de poner un énfasis excesivo en los instrumentos de pago ya existentes y, de este modo, de disuadir la innovación y distorsionar el mercado antes de haberse desarrollado; pide a la Comisión que adopte un enfoque adecuado para estos nuevos métodos de pago en las futuras propuestas, que garantice un elevado nivel de protección de los consumidores, en particular de los consumidores vulnerables;

11.  Señala que, a pesar de que los pagos electrónicos desempeñan un papel cada vez más preponderante en Europa y en el resto del mundo, en lo que respecta a este medio de pago siguen existiendo obstáculos importantes que impiden su integración plena y efectiva en un mercado único digital europeo competitivo, innovador, seguro, transparente y orientado al consumidor;

12.  Señala que, dada la crisis actual, es esencial adoptar medidas para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y para estimular el consumo, mientras que el mercado digital es una gran oportunidad para lograr estos objetivos, y que, con tal fin, la UE debe estar en condiciones de crear un verdadero mercado interior digital, ya que ello es vital para, por un lado, derribar las barreras existentes y, por otro, aumentar la confianza de los consumidores; considera, en este sentido, que la existencia de un mercado único europeo neutral y seguro para los pagos con tarjeta, por Internet y los pagos móviles que facilitan la libre competencia y la innovación, es fundamental para alcanzar un verdadero mercado único digital, y puede contribuir en gran medida a aumentar la confianza de los consumidores;

13.  Destaca que el desarrollo de sistemas de pago transparentes, seguros y eficaces en el mercado digital europeo es un requisito fundamental para garantizar una verdadera economía digital y facilitar el comercio electrónico transfronterizo;

14.  Indica que un marco europeo seguro, fiable y transparente para los pagos por Internet es esencial para el lanzamiento de un mercado único digital; hace hincapié en la importancia de las campañas de información para sensibilizar a los consumidores sobre las opciones disponibles en el mercado y sobre las condiciones y los requisitos necesarios para realizar pagos por Internet seguros, y considera que dichas campañas se deben poner en marcha a escala de la UE a fin de disipar los frecuentes temores infundados sobre este tipo de pago; considera, a este respecto, que unos puntos de contacto orientados al consumidor reforzarían la confianza en los pagos remotos;

15.  Destaca que, en este sentido, deberán tomarse medidas para poner fin a la frecuente discriminación de los consumidores europeos cuando se rechazan sus pagos en las transacciones transfronterizas realizadas por Internet en razón de su lugar de procedencia;

16.  Lamenta que en la situación actual la mayor parte de los costes de los pagos no sean transparentes, y señala que aquellos que no utilizan métodos de pago costosos recuperan sus costes; recuerda que todos los métodos de pago tienen sus costes; por lo tanto, pide a la Comisión que en el futuro considere también el coste, las peculiaridades y los impactos sociales de los pagos en metálico y con cheque para todos los actores y consumidores del mercado en comparación con otros métodos de pago; recuerda que todos los europeos deben tener acceso a servicios bancarios básicos; subraya que deben adoptarse medidas encaminadas hacia unas normas técnicas comunes en vista de la importancia, la eficacia y la suficiencia de las normas existentes actualmente en Europa;

Normalización e interoperabilidad

17.  Considera que seguir trabajando en unas normas técnicas comunes de acceso abierto no solo contribuiría a mejorar la competitividad de la economía europea y el funcionamiento del mercado interior, sino que también promoverían la interoperabilidad y ofrecerían ventajas en materia de seguridad en forma de normas de seguridad comunes, que beneficiarían tanto a los consumidores como a los comerciantes;

18.  Señala que la mayoría de las normas para pagos por Internet y dispositivos móviles deberían ser las mismas que para los actuales pagos de la SEPA, pero que se requieren nuevas normas de seguridad e identificación de los clientes, así como permitir la ejecución interbancaria en línea en tiempo real, y subraya que la elaboración de nuevas normas no es suficiente y que su aplicación de forma coordinada resulta igualmente importante;

19.  Destaca que la normalización no debería imponer obstáculos a la competencia y la innovación, sino que en lugar de ello debería eliminarlos para garantizar a todas las partes unas condiciones equitativas; recomienda por ello que las normas sean abiertas de manera que permitan la innovación y la competencia en el mercado, ya que el establecimiento de una norma única o cerrada limitaría el desarrollo e innovación del mercado, impondría una restricción desproporcionada y no daría lugar a una competencia en condiciones de igualdad; destaca, no obstante, la investigación de la Comisión en materia defensa de la competencia sobre el proceso de normalización para pagos a través de Internet (pagos electrónicos) realizada por el Consejo Europeo de Pagos (CEP);

20.  Señala que todas las transacciones de pago contienen básicamente el mismo tipo de datos, y destaca que debería haber una comunicación segura de datos para todos los pagos, que permita un procesamiento directo e integral en tiempo real; considera ventajoso que todos los sistemas utilicen el mismo formato de mensaje y recuerda que la elección más obvia es la utilizada para las transferencias de créditos y débitos directos que se define en el anexo del Reglamento relativo a la fecha límite para la aplicación de la SEPA (es decir, la norma ISO XML 20022); recomienda que se utilice el mismo formato de mensaje en todas las comunicaciones de datos sobre transacciones del terminal al cliente que contengan toda la información correspondiente;

21.  Subraya que, en vista del rápido crecimiento y la actual fase inmadura del desarrollo del mercado de pagos electrónicos y móviles, la imposición de normas obligatorias en estos sectores clave para la expansión del mercado único digital en Europa encerraría el riesgo de tener efectos negativos para la innovación, la competencia y el crecimiento del mercado;

22.  Señala que, de acuerdo con la declaración de la Comisión acerca de las respuestas a la consulta pública sobre el Libro Verde, la aplicación de normas desarrolladas representa a menudo un gran reto; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de adoptar mecanismos de ejecución, como el establecimiento de fechas límites para la migración;

23.  Observa que las comisiones por retirar efectivo en cajeros automáticos fuera de las unidades primarias de apoyo del banco y del sistema de tarjetas a menudo son excesivas en numerosos Estados miembros y deberían basarse en su coste en toda la SEPA;

24.  Subraya que los requisitos de normalización e interoperabilidad deberían tener como objetivo la mejora de la competitividad, la transparencia, la naturaleza innovadora, la seguridad de los pagos y la eficacia de los sistemas europeos de pago, en beneficio de todos los consumidores y de las demás partes interesadas; subraya que los requisitos de normalización no deberían imponer obstáculos mediante diferencias innecesarias con el mercado mundial; considera igualmente que las normas comunes deberían establecerse igualmente a nivel mundial, en estrecha cooperación con los principales socios económicos de la UE;

25.  Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de promover el acceso al mercado de las tarjetas de nuevos operadores, por ejemplo teniendo en cuenta una infraestructura de pago común para todas las operaciones, con independencia del emisor de la tarjeta;

26.  Señala que la separación de las infraestructuras de pago de los sistemas de pago podría aumentar la competencia ya que los operadores más pequeños no se verían obstaculizados por las limitaciones técnicas; subraya que los proveedores de servicios de pago (PSP) deberían ser libres para seleccionar cualquier combinación de servicios de emisión y adquisición disponibles dentro de los sistemas de pago existentes en el mercado y que las infraestructuras de pago deberían procesar de forma neutral las transacciones de los diferentes sistemas de pago paralelos para instrumentos similares;

27.  Destaca que cualquier medida en este sentido deberá respetar siempre los principios de la libre y leal competencia y la libre entrada y acceso a los mercados, teniendo en cuenta las futuras innovaciones tecnológicas en este sector para permitir al sistema adaptarse a las evoluciones que se produzcan en el futuro, fomentando y permitiendo la innovación y la competitividad de manera coherente;

Gobernanza

28.  Pide a la Comisión que proponga una mejor gobernanza para la SEPA, que abarque la organización relacionada con el desarrollo de las principales características de los servicios de pago y de la aplicación de los requisitos que deban cumplirse, permitiendo el desarrollo normas técnicas y de seguridad que se organizarán por separado para apoyar la aplicación de la legislación correspondiente; pide una representación más equilibrada de todas las partes interesadas en el ulterior desarrollo de las normas técnicas y de seguridad comunes en relación con los sistemas de pago; insta a la Comisión a que responda a sus anteriores llamamientos en favor de una reforma de la gobernanza de la SEPA con el fin de garantizar una mejor representación de los usuarios de los servicios de pago en los procesos de toma de decisiones y en el proceso de normalización; señala que entre esas partes interesadas se pueden incluir – sin limitarse necesariamente a ninguna de ellas – el CEP, las organizaciones de consumidores, las organizaciones de comerciantes y grandes cadenas mayoristas, la Autoridad Bancaria Europea ABE), la Comisión, expertos en varios ámbitos, proveedores de servicios de pago no bancarios y operadores del comercio mediante tarjeta, Internet y dispositivos móviles; pide a esas partes interesadas que organicen sus trabajos con arreglo a la nueva estructura de gobernanza en la que el Consejo de la SEPA desempeña un papel; considera que el Consejo de la SEPA debería contar con la asistencia de diversos comités técnicos o grupos de trabajo para pagos electrónicos, pagos móviles, tarjetas, metálico y otras cuestiones de normalización, así como de grupos de trabajo ad hoc; recuerda que, en su declaración sobre la gobernanza de la SEPA, hecha en relación con la adopción del Reglamento (UE) nº 260/2012, la Comisión se comprometió a presentar una propuesta antes de que finalice 2012; pide a los organismos europeos de normalización como el Comité Europeo de Normalización (CEN) o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) que, en cooperación con la Comisión, ejerzan un papel más activo en la normalización de los pagos mediante tarjeta;

29.  Reconoce, a este respecto, que la SEPA es un pilar fundamental para crear un mercado integrado de la UE para los pagos, y debe servir de base para desarrollarlo y hacerlo más innovador y competitivo;

30.  Considera que, con frecuencia, la aplicación de las normas sobre los pagos electrónicos es difícil, inadecuada y variable en Europa y que deben realizarse más esfuerzos para asegurar su correcta y uniforme aplicación;

31.  Afirma que el enfoque autorregulador no es suficiente; considera que la Comisión y el BCE, en cooperación con los Estados miembros, deben desempeñar un papel más activo y destacado, y que todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las asociaciones de consumidores, deben participar y ser consultadas en el proceso de toma de decisiones;

32.  Considera que es probable que aumente el número de empresas europeas cuyas actividades dependan, efectivamente, de que puedan aceptar pagos mediante tarjeta; considera que conviene al interés público definir normas objetivas que establezcan las circunstancias y los procedimientos en los que los sistemas de pago mediante tarjeta puedan denegar la aceptación de forma unilateral;

33.  Considera importante reforzar la gobernanza de la SEPA y otorgar al Consejo de la SEPA renovado un papel más importante, y que este nuevo órgano de dirección debería estar integrado por representantes de las principales partes interesadas y crearse de tal manera que permita un control democrático a través de la Comisión y otras autoridades de la UE; propone que el Consejo de la SEPA renovado dirija los trabajos, establezca un calendario y un plan de trabajo, decida las prioridades y principales cuestiones, arbitrando así controversias entre las partes interesadas; subraya que el control democrático debe garantizarse concediendo a la Comisión, junto con el BCE y la ABE Unipapel destacado;

34.  Acoge con satisfacción la consulta de la partes interesadas que realiza la Comisión como parte del Libro Verde sobre la gobernanza de la SEPA, de conformidad con el considerando 5 del Reglamento (UE) nº 260/2012, y queda a la espera de la propuesta que la Comisión tiene intención de presentar sobre este tema a finales de este año; destaca que la prioridad inmediata de todas las partes interesadas de la SEPA debe ser la preparación de la migración a la SEPA en lo que respecta a las condiciones estipuladas en el Reglamento (UE) nº 260/2012, de manera que se garantice una transición gradual del uso de sistemas de pago nacionales a sistemas paneuropeos;

Adquisición transfronteriza

35.  Señala que una mayor normalización y armonización de prácticas, a fin de superar los obstáculos técnicos y los requisitos nacionales de liquidación y compensación, contribuiría a un mayor fomento de la adquisición transfronteriza, un acuerdo que incrementaría la competencia y, de paso, las alternativas que tienen a su disposición los comerciantes y que podría tener como consecuencia unos métodos de pago más rentables para los clientes; considera que debe informarse mejor a los comerciantes sobre las posibilidades de adquisición transfronterizas;

36.  Insta a buscar soluciones de una manera activa que faciliten aún más la adquisición transfronteriza, en vista de sus ventajas para el mercado interior; expresa su preocupación por los obstáculos legales y técnicos nacionales existentes, como, por ejemplo, algunas condiciones de las licencias que deberían eliminarse a fin de evitar que un adquiriente extranjero compatible con la SEPA sea tratado de forma diferente a un adquiriente nacional en ese país;

37.  Recalca que no deberían existir diferencias importantes entre las legislaciones aplicables a las diversas cuentas de pago, y que el ordenante debería poder hacer una transferencia de fondos por Internet o dispositivos móviles a cualquier beneficiario cuya cuenta se encuentre en una entidad financiera conectada a la SEPA;

38.  Subraya que todos los PSP autorizados deberían tener el mismo derecho a acceder a mecanismos de compensación y liquidación si cuentan con procedimientos adecuados de gestión de riesgos, cumplen los requisitos técnicos mínimos y se consideran suficientemente estables como para no representar un riesgo, es decir, si están sujetos a básicamente los mismos requisitos correspondientes que los bancos;

Tasas multilaterales de intercambio (TMI)

39.  Recuerda que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto «Mastercard», de 24 de mayo de 2012, la TMI puede considerarse contraria a la competencia, y pide a la Comisión que proponga una manera de tener en cuenta esta sentencia al regular los modelos de negocio de los pagos mediante tarjeta, Internet y dispositivos móviles;

40.  Toma nota de que, en muchos casos, los actuales ingresos en concepto de TMI pueden resultar excesivos en comparación con los costes que deben cubrir; señala que podría ser necesario equilibrar las distintas tasas de pago a fin de evitar que las prácticas de subsidio transversal promuevan la elección de instrumentos ineficientes, y pide a la Comisión que garantice mediante reglamentación que las TMI no seguirán distorsionando la competencia creando obstáculos para la entrada de nuevos operadores al mercado y para la innovación; pide a la Comisión que, antes de que finalice 2012, realice una evaluación de impacto sobre las diferentes opciones; subraya que se requiere claridad y seguridad jurídicas en relación con las TMI;

41.  Señala que tras un periodo transitorio, la tarjeta compatible con la SEPA de una persona procedente de cualquier Estado miembro debería ser aceptada en todos los terminales de pago situados dentro de la SEPA, y que dicho pago debería seguir una ruta segura; observa que este requisito podría implicar la regulación de las TMI para estén comprendidas en un umbral, e insiste en que ello no debería implicar un aumento de las TMI en ningún Estado miembro, sino más bien su reducción y, posiblemente, a su eliminación en una fase posterior;

42.  Considera que habría que mejorar la adquisición transfronteriza y centralizada, y que debería eliminarse cualquier obstáculo técnico o legal, pues ello contribuiría a reducir los niveles de las TMI y las tasas de descuento aplicadas a los comerciantes;

43.  Considera que las TMI deberían regularse a nivel europeo con el fin de asegurar para los nuevos operadores del mercado un acceso más fácil a la adquisición transfronteriza, permitiendo de ese modo que los comerciantes elijan realmente los sistemas de pago que desean adoptar; señala que si esta nueva propuesta legislativa contempla tasas, debería garantizarse la plena transparencia en los elementos que constituyen sus tarifas; recuerda que el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 260/2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros prevé que a partir del 1 de febrero de 2017 no se podrán aplicar TMI; pide que se adopte el mismo enfoque para los pagos mediante tarjeta;

44.  Considera que el modelo de negocio para los sistemas de pago tripartitos y mixtos puede plantear problemas de competencia similares a los cuatripartitos; considera, por consiguiente, que todos los sistemas de tarjeta – ya sean tripartitos, cuatripartitos o mixtos, y los nuevos operadores del mercado – deberían recibir el mismo trato a fin de garantizar la igualdad de condiciones y fomentar la competencia y la transparencia para los consumidores y los , incluso si todos los comerciantes;

Tarjetas de marca compartida

45.  Señala que las tarjetas de marca en la que han participado de forma voluntaria los sistemas de pago interesados podrían ser beneficiosas para los consumidores ya que tendrían como consecuencia la existencia de menos tarjetas en las billeteras de los consumidores y facilitarían el acceso de los sistemas nacionales al mercado más amplio de la SEPA, fomentando así la competencia; señala, sin embargo, que las tarjetas de marca compartida no deberían utilizarse para eludir los sistemas nacionales mediante el uso predeterminado de la marca nacional;

46.  Señala que los clientes que poseen una tarjeta deberían poder seleccionar libremente cuál de las marcas compartidas debe activarse en sus tarjetas, e insiste en que los comerciantes deberían tener derecho a seleccionar cuál de las marcas están dispuestos a aceptar, y que en cada situación de pago, los clientes que poseen una tarjeta deberían tener el derecho de seleccionar su marca preferida entre las que acepta el comerciante; pide a la Comisión que proponga soluciones que estimulen el uso de marcas compartidas de más de un sistema compatible con la SEPA; considera que habría que examinar detenidamente todos los problemas, como la compatibilidad de los procedimientos de gestión, la interoperabilidad técnica y la responsabilidad por vulneraciones de la seguridad;

47.  Considera que la tarjeta de marca compartida debería introducirse junto con información apropiada dirigida al consumidor, que sirva para protegerlo del riesgo de caer en situaciones engañosas; subraya que todas las partes deberían saber con claridad quién es responsable de la protección y confidencialidad de los datos de los titulares de tarjeta y comerciantes y del instrumento de pago de marcas compartidas;

Recargos

48.  Considera que los recargos, descuentos y otras prácticas incitativas, en la forma en la que normalmente se aplican, resultan a menudo lesivas para los usuarios finales de servicios de pago; señala que el cobro de recargos basado únicamente en la elección de pago del cliente puede resultar arbitrario y puede ser objeto de abusos para obtener ingresos adicionales en lugar de para cubrir costes; considera que sería importante prohibir la posibilidad de cobrar recargos en relación con la tasa del comerciante en una transacción individual, y controlar los descuentos y otras prácticas incitativas a nivel de la UE; subraya, por lo tanto, que los comerciantes deberían aceptar un instrumento de pago de uso común sin cobrar recargos (tarjeta de débito compatible con la SEPA, pago electrónico) y los posibles recargos sobre otros instrumentos no podrían superar en ningún momento los costes directos de dichos instrumentos en comparación con los instrumentos aceptados sin recargo;

49.  Destaca que es necesario pedir más transparencia y mejor información a los consumidores por lo que respecta a los recargos y tasas suplementarias para los distintos métodos de pago, dado que, por lo general, los comerciantes incluyen los costes de la operación en el precio de sus productos y servicios, con el resultado de que los consumidores no están bien informados por adelantado sobre el coste total y pagan más por sus compras, lo que socava la confianza de los consumidores;

50.  Señala que el cobro de recargos basado únicamente en la elección de pago del cliente corre el riesgo de resultar arbitrario, ser objeto de abusos para obtener ingresos adicionales y no para cubrir costes y no es beneficioso en general para el desarrollo del mercado único, ya que inhibe la competencia y aumenta la fragmentación del mercado y la confusión entre los consumidores;

51.  Señala que limitar los recargos al coste directo de utilizar un instrumento de pago es una posibilidad, como la de prohibir los recargos a escala de la UE; insta, por lo tanto, a la Comisión a que realice una evaluación de impacto de la prohibición de la posibilidad de cobrar recargos excesivos en relación con la tasa del comerciante así como de la prohibición a nivel de la UE de cobrar recargos, sobre la base del artículo 19 de la Directiva 2011/83/UE relativa a los derechos de los consumidores;

Seguridad de los pagos

52.  Subraya que, para desarrollar plenamente el potencial de los pagos electrónicos, es esencial asegurar la confianza de los consumidores, lo que a su vez requiere un elevado nivel de seguridad para prevenir el fraude y salvaguardar los datos sensibles y personales de los consumidores;

53.  Recalca que la privacidad de los consumidores debe estar protegida de conformidad con la legislación nacional y de la UE, y que cada una de las partes en la cadena de pagos debería tener acceso únicamente a los datos pertinentes para su tratamiento y el resto se codificaría;

54.  Estima que los requisitos mínimos de seguridad para los pagos mediante tarjeta, Internet y dispositivos móviles deberían ser los mismos en todos los Estados miembros y que debería existir un organismo de dirección común para establecer dichos requisitos; señala que unas soluciones de seguridad normalizadas simplificarían la información para los clientes y, de este modo, la forma en que los clientes se adaptan a las disposiciones de seguridad, y que reducirían igualmente los costes dentro de los PSP; sugiere, por consiguiente, que todos los PSP deberían estar obligados a mantener soluciones de seguridad mínimas comunes, que ellos mismos podrán mejorar, si bien dichas mejoras no debería convertirse en obstáculos para la competencia;

55.  Recuerda que la responsabilidad última de las medidas de seguridad relativas a los diferentes métodos de pago no puede recaer en los clientes, sino que se les tiene que informar de las precauciones en materia de seguridad, y que las entidades financieras deberían ser responsables de los costes de los fraudes, a menos que hayan sido ocasionados por el cliente «actuando de forma fraudulenta o incumpliendo, de forma deliberada o por negligencia grave, una o varias de sus obligaciones con arreglo al artículo 56 de la Directiva sobre servicios de pago»; considera, por consiguiente, que es conveniente fomentar programas educativos y de divulgación con el fin de difundir un mayor conocimiento de la seguridad digital; pide a la Comisión que, al elaborar una estrategia e instrumentos para integrar los mercados de pago mediante tarjeta, Internet y teléfonos móviles, tenga en cuenta las normas y recomendaciones del SEPD relativas a la transparencia, identificación del controlador/procesador, proporcionalidad y derechos del titular de los datos; considera importante que todos los fraudes con pagos en la SEPA se comuniquen a una instancia centralizada para su seguimiento, elaboración de estadísticas y evaluación, con el fin de responder rápidamente a las nuevas amenazas a la seguridad, y que se hagan públicos los principales avances; pide a la Comisión que extienda el concepto de privacidad desde el diseño más allá de los mecanismos de autenticación y salvaguardias de seguridad con el fin de minimizar los datos, aplicar la privacidad mediante propiedades predeterminadas, limitar el acceso a la información sobre las personas a lo estrictamente necesario para prestar el servicio y utilizar herramientas que permitan a los usuarios proteger mejor sus datos personales;

56.  Considera que la seguridad de los pagos presenciales mediante tarjeta es generalmente elevada y que el cambio gradual de las tarjetas magnéticas a las tarjetas inteligentes, que finalizará rápidamente, mejorará aún más el nivel de seguridad; manifiesta su preocupación por los problemas de seguridad que presentan otras formas de pagos mediante tarjetas, y por el hecho de que algunas aplicaciones europeas de la norma EMV pueden no ser plenamente compatibles, pide que se hagan esfuerzos para remediar esta situación no deseada y recuerda que también es necesario mejorar las soluciones para los pagos remotos mediante tarjeta a través de redes; pide a la Comisión que reúna datos independientes sobre fraudes con pagos en línea y que incorpore en su propuesta legislativa disposiciones adecuadas contra el fraude;

57.  Cree que proporcionar a terceros datos sobre la disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias conlleva riesgos; señala que uno de los riesgos es que cabe la posibilidad de que los consumidores no sean plenamente conscientes de quién tiene acceso a la información de sus cuentas, en el contexto de qué marco legal y qué operador es el responsable de los servicios de pago que está utilizando; subraya que la protección de datos no puede ponerse en peligro en ningún momento;

58.  Subraya que los avances normativos y técnicos podrían reducir estos riesgos y conseguir que los pagos realizados a través de PSP que no sean entidades bancarias fueran tan seguros como los pagos efectuados directamente desde cuentas bancarias bien protegidas, siempre que se disponga de sistemas seguros en la práctica y se defina claramente la legitimidad de dicho acceso y de las organizaciones que lo solicitan;

59.  No apoya, por lo tanto, el acceso de terceros a la información de la cuenta bancaria del cliente a menos que se demuestre que el sistema es seguro y que ha sido sometido a pruebas exhaustivas; señala que en cualquier reglamento, el acceso por parte de terceros debería limitarse a información binaria («sí-no») sobre la disponibilidad de fondos y que debe prestarse especial atención a la seguridad, la protección de datos y los derechos de los consumidores; en particular, considera que debería especificarse claramente qué partes pueden acceder a esa información sobre una base no discriminatoria, y de acuerdo con qué condiciones se pueden almacenar los datos, y que estas disposiciones deben ser objeto de una relación contractual entre las partes interesadas; subraya que debería hacerse una clara distinción entre el acceso a la información sobre la disponibilidad de fondos para una transacción determinada y el acceso a la información sobre la cuenta del cliente en general a la hora de establecer un marco reglamentario para el acceso de terceros; pide a la Comisión que garantice la protección de los datos personales mediante una propuesta de reglamento, previa consulta al Supervisor Europeo de Protección de Datos, que establezca el papel que debe desempeñar cada actor en la recopilación de datos y para qué fines, y una definición clara de los actores responsables de la recopilación, el tratamiento y la conservación de datos; considera igualmente que los usuarios de tarjetas deberían tener la posibilidad de acceder a sus datos personales y rectificarlos, incluso en un contexto transfronterizo complejo; estima que los requisitos en materia de protección de datos deberían aplicarse junto con el principio de «privacidad desde el diseño/privacidad por defecto», y que las empresas y consumidores no deben asumir la responsabilidad de proteger sus datos;

60.  Opina que deben fortalecerse los derechos de reembolso de los consumidores, tanto en el caso de pagos no autorizados como en el de bienes o servicios no suministrados (o no suministrados como se había prometido), y que los sistemas de reparación colectiva y de solución alternativa de litigios eficaces son instrumentos indispensables para la protección de los consumidores, también en el ámbito de los pagos electrónicos;

61.  Señala que, dado que las amenazas a la seguridad siguen aumentando, el CEN y el ETSI también deben participar activamente en la elaboración de normas de seguridad;

62.  Señala que en los sistemas de pago en los que uno o varios de los participantes se encuentran en distintos Estados miembros, la Comisión debería presentar una propuesta para aclarar a qué tribunales o sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos se debe recurrir en caso de litigio, y que los consumidores puedan acceder y usar fácilmente estos órganos alternativos de resolución de litigios.

o
o   o

63.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 94 de 30.3.2012, p.22.
(2)http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf.
(3)http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
(4)http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2012/12-04-11_Mobile_Payments_EN.pdf
(5) DO L 318 de 22.11.2002, p.17.
(6) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; resumen de la Decisión publicado en el DO C 264 de 6.11.2009, p. 8.
(7) Asunto T-111/08, MasterCard, Inc. y otros contra la Comisión Europea, todavía no comunicado.


Sistema bancario en la sombra
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre el sistema bancario en la sombra (2012/2115(INI))
P7_TA(2012)0427A7-0354/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las propuestas de la Comisión y su Comunicación de 12 de septiembre de 2012 sobre la unión bancaria,

–  Vistas las conclusiones del G-20 de 18 de junio de 2012, que piden la finalización de los trabajos sobre el sistema bancario en la sombra para lograr la plena aplicación de las reformas,

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que deberán adoptarse(1),

–  Visto el informe provisional de la línea de trabajo creada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) sobre «repos» y préstamo de valores publicado el 27 de abril de 2012, y el informe de consulta sobre los fondos del mercado monetario (FMM), publicado por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) en la misma fecha,

–  Visto el documento ocasional (nº 133) del Banco Central Europeo (BCE) sobre el sistema bancario en la sombra en la zona del euro, publicado el 30 de abril de 2012,

–  Visto el Libro Verde de la Comisión sobre el sistema bancario en la sombra (COM(2012)0102),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 26 de julio de 2012, titulado «Product Rules, Liquidity Management, Depositary, Money Market Funds and Long-term Investments for UCITs»,

–  Visto el informe del FSB publicado el 27 de octubre de 2011 sobre el reforzamiento de la supervisión y la regulación del sistema bancario en la sombra, en respuesta a las invitaciones del G20 reunido en Seúl en 2010 y en Cannes en 2011,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0354/2012),

A.  Considerando que el concepto de sistema bancario en la sombra (SBS) conforme a la definición del FSB abarca el sistema de intermediación crediticia con entidades y actividades no incluidas en el sistema bancario ordinario;

B.  Considerando que las entidades reguladas en el sistema bancario ordinario participan en gran medida en las actividades definidas como parte del sistema bancario en la sombra y están, en muchos aspectos, interconectadas con las entidades del sistema bancario en la sombra;

C.  Considerando que una gran proporción de la actividad del sistema bancario en la sombra participa en el sector bancario ordinario y esa participación debe contemplarse íntegramente en el marco reglamentario vigente;

D.  Considerando que algunos elementos incluidos en el concepto de SBS son vitales para financiar la economía real y conviene tener la debida precaución al definir el alcance de toda nueva medida reglamentaria o la ampliación de las ya existentes;

E.  Considerando que, en algunos casos, una cierta actividad bancaria en la sombra es útil para mantener riesgos fuera del sector bancario y, por ende, apartados de un posible impacto sistémico o en los contribuyentes; considerando, no obstante, que comprender plenamente las operaciones bancarias en la sombra y sus vínculos con las entidades financieras, y regularlas para aportar transparencia, reducir el riesgo sistémico y eliminar las prácticas impropias son componentes necesarios de la estabilidad financiera;

F.  Considerando que, con el fin de arrojar luz sobre el sistema bancario en la sombra, es necesario que toda regulación aborde plenamente las cuestiones de la resolución, la complejidad y la opacidad de las actividades financieras vinculadas al mismo, en particular en una situación de crisis;

G.  Considerando que, según las estimaciones del FSB, el SBS en todo el mundo representaba aproximadamente 51 billones de euros en 2011, en comparación con 21 billones en 2012; considerando que esta cifra supone entre un 25 y un 30 % del sistema financiero total, y la mitad del total de activos bancarios;

H.  Considerando que, pese a que podría tener ciertos efectos positivos, como una mayor eficiencia del sistema financiero, una mayor variedad de productos y más competencia, se ha observado que el sistema bancario en la sombra es uno de los principales desencadenantes o factores que han contribuido a la crisis financiera y que puede amenazar la estabilidad del sistema financiero; considerando que el FSB está exigiendo mayor supervisión del crecimiento de las actividades de la banca en la sombra, que suscita dudas i) respecto al riesgo sistémico, especialmente el resultante de la transformación de los vencimientos o la liquidez, de los coeficientes de apalancamiento y de las deficiencias en la transferencia del riesgo de crédito, y ii) respecto al arbitraje regulatorio;

I.  Considerando que las propuestas sobre el sistema bancario en la sombra y sobre la estructura de las vertientes minorista y de inversión de los prestamistas constituyen elementos importantes de la eficacia en la aplicación de la decisión del G-20 de 2008 de regular cada producto y cada operador; y considerando que la Comisión Europea debe examinar este sector con mayor agilidad y espíritu crítico;

J.  Considerando que el SBS, al ser un fenómeno mundial, requiere un enfoque normativo que sea coherente a escala mundial, basado en las recomendaciones del FSB (que se publicarán en las próximas semanas) que habrán de ser completadas por otros órganos normativos nacionales o supranacionales pertinentes;

A.Definición de sistema bancario en la sombra

1.  Acoge positivamente el Libro Verde de la Comisión como un primer paso hacia el endurecimiento del seguimiento y la supervisión del SBS; respalda el enfoque de la Comisión basado en la regulación indirecta y la ampliación o revisión adecuada de la regulación actual del SBS; subraya, al mismo tiempo, la necesidad de regulación directa cuando la regulación vigente no se considere suficiente en alguno de sus aspectos desde el punto de vista funcional, evitando solapamientos y garantizando la coherencia con las normas existentes; pide un enfoque holístico del sistema bancario en la sombra, donde cobren importancia tanto los aspectos prudenciales como los de comportamiento en el mercado; observa una orientación cada vez mayor hacia la financiación basada en el mercado y la venta al por menor de productos financieros muy complejos; señala, por tanto, que deben tenerse en cuenta la conducta en el mercado y la protección del consumidor;

2.  Subraya el hecho de que todo fortalecimiento de la regulación de las entidades de crédito, las empresas de inversión y las compañías de seguros y de reaseguros necesariamente generará incentivos para trasladar actividades fuera del ámbito de aplicación de la legislación sectorial vigente; pone de relieve, por tanto, la necesidad de reforzar los procedimientos para el examen sistemático y preventivo de las posibles repercusiones, en el flujo de riesgo y capital a través de entidades financieras menos reguladas o no reguladas, de los cambios introducidos en la legislación del sector financiero, así como la necesidad de ampliar el régimen normativo en consecuencia a fin de impedir el arbitraje;

3.  Está de acuerdo con la definición del FSB, que describe el SBS como un sistema de intermediarios, instrumentos, entidades o contratos financieros que generan una combinación de funciones similares a las bancarias, pero fuera del perímetro regulatorio o dentro de un régimen de regulación laxo o que contempla cuestiones distintas de los riesgos sistémicos, y sin acceso garantizado a la facilidad de liquidez del banco central ni a las garantías de crédito del sector público; señala que, al contrario de lo que pueda sugerir el término, el sistema bancario en la sombra no es necesariamente una parte ilegal o sin regular del sector financiero; subraya el desafío que entraña la aplicación de esta definición en un contexto de seguimiento, regulación y supervisión, habida cuenta asimismo de la constante opacidad y del insuficiente conocimiento de este sistema y de la falta de datos sobre él;

B.  Procesamiento de los datos y análisis

4.  Señala que desde la crisis solo han desaparecido algunas de las prácticas del SBS; constata, no obstante, que el carácter innovador del SBS puede llevar a nuevas situaciones que pueden ser fuente de riesgo sistémico, y que hay que abordar esta cuestión; subraya, por tanto, la necesidad de recopilar, a escala europea y mundial, más y mejores datos sobre las operaciones, los participantes en el mercado, los flujos financieros y las interconexiones del SBS para obtener un panorama completo del sector;

5.  Considera que una estrecha cooperación internacional y la unión de esfuerzos a nivel mundial es absolutamente vital para conseguir una visión integral del SBS;

6.  Considera que contar con una visión más completa y un mejor análisis y seguimiento permitirá la identificación tanto de los aspectos del SBS que tienen efectos beneficiosos para la economía real como de los que presentan problemas en relación con el riesgo sistémico o el arbitraje regulatorio; destaca la necesidad de reforzar los procedimientos de evaluación de riesgos, de imponer deberes de divulgación de información y de vigilar el sector respecto de las entidades que presenten un perfil de riesgo concentrado con importancia sistémica; recuerda los compromisos contraídos por el G-20 en la cumbre de Los Cabos con respecto a la creación de un sistema de identificador internacional de entidades jurídicas y subraya la necesidad de garantizar una representación adecuada de los intereses europeos en el seno de sus órganos de gobernanza;

7.  Señala que es necesario que los supervisores tengan conocimiento del nivel ‐como mínimo, en términos agregados‐ de los pactos de recompra, los préstamos de valores y todas las cargas, gravámenes o acuerdos de reembolso (claw-back) de estas entidades; señala asimismo que, para abordar esta cuestión, el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la DRC IV, que actualmente se está negociando con el Consejo, pide que dicha información se comunique a un registro de operaciones o una Central Depositaria de Valores que permita el acceso por parte de, entre otros, la EBA, la ESMA, las autoridades competentes oportunas, la JERS y los bancos centrales pertinentes y el SEBC; indica también que este informe pide que los acuerdos de reembolso sin registrar se consideren carentes de efectos jurídicos en los procedimientos de liquidación;

8.  Apoya la creación y la gestión, posiblemente por parte del BCE, de una base de datos de la UE centralizada sobre adquisiciones temporales de activos (repos) en euros alimentada por infraestructuras y bancos depositarios en la medida en que incorporen la liquidación de estas operaciones a sus propios libros; considera, no obstante, que dicha base de datos debería abarcar las operaciones en todas las denominaciones monetarias para que los supervisores tengan una visión conjunta y comprendan plenamente el mercado global de los repos; pide a la Comisión que adopte sin demora (a principios de 2013) un enfoque coherente de la recogida de datos centralizada, que detecte las carencias de datos y que combine esfuerzos de las iniciativas existentes de otros órganos y autoridades nacionales, en particular los registros centrales de operaciones creados por el Reglamento EMIR; invita a la Comisión a que presente un informe (para mediados de 2013) que cubra, aunque sin limitarse a ello, la estructura institucional necesaria (por ejemplo, el BCE, la JERS y el registro central independiente), los contenidos y la frecuencia de las recopilaciones de datos, en particular sobre los repos y las transferencias del riesgo financiero, y el nivel de recursos necesarios;

9.  Considera que, a pesar de la gran cantidad de datos e información que exige la DRC en virtud de la obligación de presentar información sobre los repos, la Comisión debería investigar la disponibilidad, la puntualidad y la integridad de los datos a efectos de elaboración de mapas y supervisión;

10.  Acoge con satisfacción el desarrollo de un identificador internacional de entidades jurídicas (Legal Entity Identifier, LEI) y considera que, aprovechando su utilidad, se deberían desarrollar normas comunes similares en relación con la presentación de informes sobre repos y valores que abarquen el principal, el tipo de interés, la garantía, los recortes, el plazo de vencimiento, las contrapartes y otros aspectos, que contribuyan a la formación de agregados;

11.  Subraya que, a fin de asumir un enfoque global coherente para que los reguladores analicen los datos y puedan compartirlos entre ellos con vistas a adoptar medidas, cuando sea necesario, que prevengan la acumulación del riesgo sistémico y protejan la estabilidad financiera, es fundamental, en materia de presentación de informes, disponer de formatos comunes basados en normas abiertas del sector;

12.  Subraya asimismo la necesidad de obtener una imagen completa de las transferencias de riesgos de las entidades financieras, incluidas, entre otras, las transferencias efectuadas mediante operaciones con derivados, para las cuales los datos se proporcionarán en el marco del Reglamento EMIR y la Directiva y el Reglamento sobre mercados de instrumentos financieros, para determinar quién ha comprado qué de quién y cómo se soportan los riesgos transferidos; destaca que se debería tener como objetivo conseguir la elaboración de mapas de las operaciones en tiempo real en todos los servicios financieros y que esto puede automatizarse mediante la normalización de los identificadores de mensajes y datos; invita, por tanto, a la Comisión, previa consulta con la JERS y órganos internacionales como el FSB, a que incluya en su informe sobre recogida de datos centralizada el trabajo actual en materia de normalización de formatos de mensajes y datos y la viabilidad de constituir un registro central de las transferencias de riesgos, que, en tiempo real, pueda capturar y realizar un seguimiento de los datos relacionados con las transferencias de riesgos, aprovechando al máximo los datos proporcionados conforme a los requisitos de presentación de informes de la legislación financiera actual y futura;

13.  Considera que los requisitos de presentación de informes bancarios constituyen un instrumento vital y valioso para conocer la actividad del SBS; insiste en que las normas de contabilidad deberían reflejar la realidad y que preferiblemente el balance debería reflejar los agregados en la mayor medida posible;

14.  Subraya que estas nuevas funciones requerirán un nivel suficiente de nuevos recursos;

C.  El control de los riesgos sistémicos de la banca en la sombra

15.  Subraya que algunas actividades y entidades del SBS pueden estar reguladas o no, dependiendo del país; recalca la importancia de la igualdad de condiciones entre los países, así como entre las entidades del sector bancario y del sistema bancario en la sombra, para evitar el arbitraje regulatorio, que conduciría a la distorsión de incentivos reguladores; constata, además, que actualmente existe una interdependencia financiera excesiva entre el sector bancario y las entidades del SBS;

16.  Señala que la precisión en cuanto a regulación, evaluación y auditoría actualmente está resultando casi imposible cuando se produce distorsión del riesgo crediticio o alteración de los flujos de caja;

17.  Considera que los fondos y los gestores deberían demostrar que están protegidos en caso de fallos y que los puestos pueden entenderse adecuadamente y ser ocupados por otra persona;

18.  Subraya la necesidad de aumentar la información sobre las transferencias de activos financieros procedente del balance cubriendo las lagunas de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); destaca la responsabilidad de los guardianes financieros, como son los contables y los auditores internos, a la hora de indicar los acontecimientos potencialmente perjudiciales y la acumulación de riesgos;

19.  Considera que las normas de contabilidad deberían reflejar la realidad y que permitir que los activos se valoren al coste de compra cuando este es muy superior al valor de mercado ha contribuido a la inestabilidad en las entidades bancarias y de otros tipos y no se debería consentir; pide a la Comisión que fomente cambios en las NIIF y que se preste más atención a los agregados sin compensación ni ponderaciones de riesgos;

20.  Considera que la reglamentación financiera debería intentar abordar las cuestiones de la complejidad y la opacidad en los servicios y productos financieros, y que medidas reguladoras como el aumento de las exigencias de capital y retirar las reducciones de ponderación de riesgo contribuyen a poner freno a los derivados de cobertura complejos; considera que no se deberían comercializar ni aprobar nuevos productos financieros si no van acompañados de una demostración de la posibilidad de resolución a los reguladores;

21.  Propone que se penalice la asimetría de información, en especial con respecto a la documentación y las exenciones de responsabilidad atribuidas a los servicios y productos financieros; considera que, cuando sea necesario, dichas exenciones de responsabilidad deberían estar sujetas a una tarifa de «letra pequeña» (por página y por exención);

22.  Destaca que los informes de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre la DRC IV(2), objeto de debate en estos momentos en el Consejo, representan un paso importante en el tratamiento adecuado del SBS, al obligar a que se traten como capital las líneas de liquidez a sociedades vehiculares y vehículos de inversión estructurada, imponer un elevado límite de exposición (25 % de fondos propios) a todas las entidades no reguladas, lo que contribuirá a incentivar a que los bancos se acerquen al coeficiente de financiación estable neta, y reconocer el riesgo más elevado, relativo a las entidades reguladas y no financieras, de la exposición para dichas entidades en las disposiciones prudenciales sobre riesgos de liquidez;

23.  Señala que una de las lecciones de la crisis financiera es que si bien normalmente existe una clara distinción entre el riesgo de los seguros y el riesgo de los créditos, esta distinción puede que no esté tan clara en, por ejemplo, los productos de seguros de crédito; invita a la Comisión a que revise la legislación sobre conglomerados bancarios, de seguros y, en particular, financieros con miras a asegurar la igualdad de condiciones entre los bancos y las compañías aseguradoras y prevenir el arbitraje de regulación o supervisión;

24.  Considera asimismo que la propuesta de hacer extensivas algunas disposiciones de la DRC IV a las entidades financieras que no reciben depósitos y que no quedan incluidas en la definición del Reglamento sobre los requisitos de capital (RRC) es necesaria para abordar determinados riesgos, teniendo en cuenta que algunas disposiciones pueden ajustarse a las características específicas de estas entidades con el fin de evitar consecuencias desproporcionadas para ellas;

25.  Considera que una supervisión bancaria europea no puede excluir el sector de la banca en la sombra;

26.  Subraya la necesidad de garantizar que todas las entidades del SBS que estén patrocinadas por bancos o vinculadas a ellos estén incluidas en los balances de los bancos a efectos de consolidación prudencial; invita a la Comisión a estudiar, para mediados de 2013, cómo asegurar que las entidades que no estén consolidadas desde el punto de vista contable lo estén a efectos prudenciales a fin de potenciar la estabilidad financiera global; alienta a la Comisión a tener en cuenta toda orientación procedente del BCBS o de otros organismos internacionales para una mejor armonización de la contabilidad y del ámbito de consolidación basado en el riesgo;

27.  Subraya la necesidad de velar por que exista mayor transparencia en la estructura y las actividades de las entidades financieras; invita a la Comisión a que, teniendo en cuenta las conclusiones del informe Liikanen, proponga medidas sobre la estructura del sector bancario europeo que tengan en consideración tanto los beneficios como los riesgos potenciales de combinar actividades bancarias comerciales y de inversión;

28.  Toma nota de la importancia del mercado de repos y préstamo de valores; invita a la Comisión a adoptar, para principios de 2013, medidas encaminadas a aumentar la transparencia, en especial hacia los clientes, que podrían incluir un identificador de garantías y la reutilización de garantías que deban comunicarse a los reguladores de forma agregada, y a permitir que los reguladores impongan niveles de márgenes o recortes mínimos recomendados para los mercados de financiación con garantías, pero sin normalizarlos; reconoce en este contexto la importancia de determinar con claridad la propiedad de los títulos y garantizar su protección; no obstante, pide a la Comisión que inicie una reflexión global sobre los márgenes, además de los enfoques sectoriales ya emprendidos, y que estudie y considere la imposición de límites a la rehipotecación de garantías; destaca la necesidad de revisar la legislación concursal en relación con el mercado de repos y préstamo de valores y las titulizaciones con objeto de armonizar y abordar cuestiones de antigüedad pertinentes para la resolución de instituciones financieras reguladas; pide a la Comisión que considere diversos enfoques para restringir los privilegios concursales, incluidas las propuestas de limitar los privilegios concursales a las operaciones compensadas centralmente o a las garantías que cumplan unos criterios de admisión predefinidos y armonizados;

29.  Considera que es necesario abordar adecuadamente los incentivos asociados a la titulización; insiste en que los requisitos de solvencia y liquidez para las titulizaciones deberían promover una cartera de inversiones diversificada y de gran calidad, evitando así el gregarismo; invita a la Comisión a que estudie el mercado de titulización, incluido un examen de los bonos garantizados que puedan incrementar los riesgos en los balances de los bancos; invita a la Comisión a que proponga medidas para incrementar considerablemente su transparencia; invita a la Comisión a que actualice, en caso necesario, la reglamentación vigente para que sea coherente con el nuevo marco de titulización del BCBS que actualmente es objeto de debate, como muy tarde a principios de 2013; propone imponer un límite al número de veces que puede titulizarse un producto financiero y requisitos especiales a los suministradores de titulización (por ejemplo, las entidades originadoras o patrocinadoras) para retener parte de los riesgos asociados a ella, procurando de este modo que la retención de los riesgos recaiga realmente en el suministrador en lugar de que se transfiera a los gestores de activos, así como medidas para generar transparencia; pide, en particular, la introducción de una metodología coherente para tasar los activos subyacentes y la normalización de los productos de titulización en distintas legislaciones y jurisdicciones;

30.  Constata que en algunos casos las cestas de activos se han recomprado mediante la práctica de «originar para recomprar» (originate-to-repo), con lo que a veces se ha obtenido una mejora de su calificación; destaca que estas operaciones no deben emplearse como medida reglamentaria de la liquidez (véase el informe de la Comisión ECON sobre la DRC IV);

31.  Reconoce la importancia de los fondos del mercado monetario (FMM) en la financiación de las entidades financieras a corto plazo y al permitir la diversificación del riesgo; es consciente de las diferencias en papel y estructura entre los FMM con sede en la UE y en los EE.UU.; reconoce que las directrices de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) en 2010 impusieron normas más estrictas a los FMM (en relación con la calidad del crédito, el vencimiento de los títulos subyacentes y la mejora de la información a los inversores); constata, no obstante, que algunos FMM, en particular los que ofrecen un valor de inventario neto estable a los inversores, son vulnerables a retiradas masivas; por tanto, subraya que es necesario adoptar más medidas para mejorar la resistencia de dichos fondos y cubrir el riesgo de liquidez; apoya el informe final de la OICV de octubre de 2012 en lo que atañe a las recomendaciones propuestas para la regulación y gestión de los FMM en distintas jurisdicciones; considera que los FMM que ofrecen un valor de inventario neto estable deben estar sujetos a medidas destinadas a reducir los riesgos derivados específicamente de ese valor estable y a internalizar los costes resultantes de esos riesgos; considera que los reguladores deben exigir, cuando sea factible, una conversión a un valor de inventario neto flotante o variable o, si no, se deben establecer salvaguardias para reforzar la resiliencia de los FMM con un valor de inventario neto estable y su capacidad de hacer frente a reembolsos significativos; invita a la Comisión a presentar, en el primer semestre de 2013, una revisión del marco de los OICVM, prestando especial atención a la cuestión de los FMM, en la que se exija a los FMM que adopten un valor de inventario variable con una evaluación diaria o, si mantienen un valor constante, se les exija solicitar una licencia bancaria limitada y estén sometidos a requisitos de capital, entre otros requisitos prudenciales; subraya que se debe reducir al mínimo el arbitraje regulatorio;

32.  Invita a la Comisión, en el contexto de la revisión de los OICVM, a que siga estudiando la idea de introducir inyecciones de liquidez específicas para los FMM, fijando unos requisitos mínimos para la liquidez a un día, semanal y mensual (20 %, 40 %, 60 %), y a que imponga tasas de liquidez a un mecanismo de activación que también conduzca a una obligación de informar directamente a la autoridad supervisora competente y la AEVM;

33.  Reconoce los efectos positivos que aportan los fondos cotizados al dar acceso a inversores minoristas a una gama más amplia de activos (como, en particular, las materias primas), pero subraya los riesgos que dichos fondos pueden entrañar en términos de complejidad, riesgo de contrapartida, liquidez de los productos y posible arbitraje regulatorio; advierte de los riesgos asociados a los fondos cotizados debido a su creciente nivel de opacidad y complejidad, en particular cuando los fondos cotizados sintéticos se comercializan entre inversores minoristas; invita a la Comisión, por tanto, a que evalúe y aborde estas vulnerabilidades estructurales potenciales en la revisión de los OICVM en curso, teniendo en cuenta las distintas categorías de clientes (por ejemplo, inversores minoristas, inversores profesionales, inversores institucionales) y sus distintos perfiles de riesgo;

34.  Invita a la Comisión a efectuar amplios estudios de las repercusiones sobre la financiación de la economía real en toda nueva propuesta legislativa;

o
o   o

35.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Consejo de Estabilidad Financiera;

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0331.
(2) A7-0170/2012 y A7-0171/2012.


Protección de los niños en el mundo digital
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la protección de los niños en el mundo digital (2012/2068(INI))
P7_TA(2012)0428A7-0353/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo(1),

–  Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)(2),

–  Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)(3),

–  Vista la Decisión 1718/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativa a la aplicación de un programa de apoyo al sector audiovisual europeo (MEDIA 2007)(4),

–  Vista la Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea(5),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la protección de los niños en el mundo digital(6),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 15 de febrero de 2011, titulada «Una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño» (COM(2011)0060),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa» (COM (2010)0245/2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 28 de marzo de 2012, titulada «La represión del delito en la era digital: creación de un centro europeo de ciberdelincuencia» (COM(2012)0140),

–  Vista la Estrategia del Consejo Europeo sobre los Derechos de los Niños (2012-2015), de 15 de febrero de 2012,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 2 de mayo de 2012, titulada «Estrategia europea en favor de una Internet más adecuada para los niños» (COM(2012)0196),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13 de septiembre de 2011, sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana, y de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea - La protección de los menores en el mundo digital (COM(2011)0556),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de la infancia contra la explotación y el abuso sexual,

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre un enfoque global de la protección de los datos personales en la Unión Europea(7),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0353/2012),

A.  Considerando que la protección de los niños en el mundo digital se debe afrontar tanto en el plano normativo, empleando medidas más eficaces, como la autorregulación comprometiendo a la industria a asumir su parte de responsabilidad, como en el plano educativo, a través de la formación de los niños, los padres y los profesores, a fin de prevenir el acceso de los menores a contenidos ilegales;

B.  Considerando que es necesario abordar todas las formas de contenidos ilícitos en línea, y que la especificidad del abuso sexual infantil ha de reconocerse no solo porque sus contenidos son ilícitos sino también porque se trata de una de las formas más abominables de contenidos disponibles en línea;

C.  Considerando que uno de los principales objetivos de una estrategia eficaz de protección infantil debe ser garantizar que todos los niños, jóvenes y padres/cuidadores dispongan de la información y las habilidades necesarias para poder protegerse en línea;

D.  Considerando que la rápida evolución de las tecnologías hace necesario obtener respuestas instantáneas mediante la autorregulación y la corregulación, así como mediante órganos permanentes y competentes para adoptar un enfoque holístico en diferentes ámbitos;

E.  Considerando que el mundo digital ofrece numerosas posibilidades en lo referente a la escolaridad y al aprendizaje; que la escuela se está adecuando al mundo digital, pero que la manera y la velocidad en la que se está produciendo esta adecuación actualmente no se corresponde con el ritmo de las mutaciones de la tecnología en la vida de los menores, lo cual ocasiona dificultades a los padres y formadores que intentan enseñar a los niños a utilizar los medios de comunicación con sentido crítico, quedando en cierto modo al margen de la vida virtual de los menores;

F.  Considerando que, aunque los menores manifiestan por lo general una gran facilidad para utilizar Internet, necesitan ayuda para utilizar este medio de forma razonable, responsable y segura;

G.  Considerando que es importante que los menores comprendan mejor los posibles peligros a los que se enfrentan en Internet, pero también que las familias, las escuelas y la sociedad civil compartan la responsabilidad en la educación de los menores y en garantizar que se protege adecuadamente a los niños cuanto utilicen Internet y otros nuevos medios de comunicación;

H.  Considerando la importancia de la educación relativa a los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de las políticas en materia de protección de los menores en el mundo digital y su papel para usar de forma segura, adecuada y crítica dichas tecnologías;

I.  Considerando que el desarrollo de las tecnologías digitales supone una gran ocasión para brindar a niños y jóvenes oportunidades para utilizar eficazmente los nuevos medios de comunicación e Internet de maneras que les capaciten para compartir su voz con otros y, por lo tanto, para participar y desempeñar un papel activo en la sociedad, en línea y fuera de línea;

J.  Considerando que el ejercicio de la ciudadanía y el disfrute de los derechos, la participación en la vida cultural, social y democrática requieren el acceso, inclusive de los menores, al uso de herramientas, servicios y contenidos digitales pluralistas y seguros;

K.  Considerando que, además de la lucha contra los contenidos ilícitos e inadecuados, las medidas de prevención y de intervención para la protección de los menores también deben afrontar otras amenazas, tales como el acoso, la discriminación y la restricción de acceso a los servicios, la vigilancia en línea, las violaciones de la vida privada y de la libertad de expresión y de información, la falta de transparencia de los fines que persigue la recogida de datos personales, etc.;

L.  Considerando que las nuevas posibilidades de información y comunicación que ofrece el mundo digital, como ordenadores, televisión en diferentes plataformas, teléfonos móviles, videojuegos, tabletas, aplicaciones, y el grado de difusión de los diferentes medios de comunicación convergentes en un único sistema digital no solo implican un gran número de posibilidades y oportunidades para los niños y los adolescentes, sino también riesgos en términos de facilidad de acceso a contenidos ilícitos, inapropiados o perjudiciales para el desarrollo de los menores, así como la posibilidad de que se recopilen datos para hacer que los menores consuman, lo que tiene efectos nefastos y no ponderados;

M.  Considerando que, en la libre circulación de los servicios audiovisuales dentro del mercado único, el bienestar de los menores y la dignidad humana son bienes jurídicos dignos de especial protección;

N.  Considerando que las medidas de los Estados miembros contra los contenidos ilícitos en línea no siempre son eficaces e inevitablemente conllevan enfoques diversos respecto a las medidas de prevención de comportamientos inapropiados; y que, atendiendo al sistema del Estado de Derecho, los contenidos en línea ilícitos deben ser eliminados sin demora;

O.  Considerando que la permanencia en Internet de información y datos personales relativos a los menores puede dar lugar a un tratamiento ilícito de los mismos o a la explotación de esos menores o dañar su dignidad, con la posibilidad de acarrear enormes daños a su identidad, su estado psicológico y su integración social, especialmente porque estos contenidos pueden caer en manos de personas con malas intenciones;

P.  Considerando que el rápido crecimiento de los recursos de las redes sociales conlleva determinados riesgos para la seguridad de la vida privada, los datos personales y la dignidad de los menores;

Q.  Considerando que casi un 15 % de los menores internautas de edad comprendida entre los 10 y los 17 años recibe alguna propuesta sexual, y que el 34 % de ellos se encuentra con material sexual que no ha buscado;

R.  Considerando que los diversos códigos de conducta adoptados por los proveedores de contenidos y servicios digitales no siempre satisfacen los requisitos de las legislaciones nacionales o europea en materia de transparencia, independencia, confidencialidad y tratamiento de los datos personales y pueden presentar riesgos en cuanto a elaboración de perfiles con fines comerciales, otras formas de explotación, como el abuso sexual, e incluso el tráfico de seres humanos;

S.  Considerando que la publicidad dirigida a los niños debe ser responsable y moderada;

T.  Considerando que los menores deben estar protegidos de los peligros del mundo digital en función de su edad y de su nivel de madurez; que los Estados miembros señalan dificultades a la hora de coordinar aspectos relativos a la adopción de tipos de clasificación de los contenidos por franjas de edad y grado de peligro de los contenidos;

U.  Considerando que, al tiempo que reconocemos los numerosos peligros a los que se enfrentan los menores en el mundo digital, también hemos de seguir aprovechando las numerosas oportunidades que brinda el mundo digital para desarrollar una sociedad basada en el conocimiento;

V.  Considerando que el papel de los padres en el proceso de protección de los hijos ante los peligros procedentes del mundo digital tiene una importancia esencial;

Un marco de derechos y de gobernanza

1.  Señala el comienzo de una nueva etapa en la protección de los derechos del menor en el marco de la UE gracias a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, junto con la ahora jurídicamente vinculante Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 24 define la protección de los menores como derecho fundamental y establece que en todas las acciones relativas a ellos, independientemente de si son emprendidas por autoridades públicas o por instituciones privadas, el interés del menor debe ser la consideración prioritaria; reitera la necesidad de que la UE respete en su totalidad las normas de aquellos instrumentos internacionales de los que la UE como tal no es parte, tal como indicó el Tribunal de Justicia Europeo en el asunto C-540/03, Parlamento Europeo/Consejo;

2.  Insta a los Estados miembros a que transpongan y apliquen correcta y puntualmente la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; pide a los Estados miembros que garanticen la máxima armonización de sus esfuerzos en el ámbito de la protección de los menores en el mundo digital.

3.  Pide una vez más a los Estados miembros que firmen y ratifiquen, en caso de que todavía no lo hayan hecho, los instrumentos internacionales relativos a la protección de los menores, por ejemplo el Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual, el Tercer protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención europea sobre el ejercicio de los derechos del niño, y que transpongan dichos instrumentos, aportando de este modo la seguridad jurídica y la claridad necesarias que el orden jurídico europeo precisa;

4.  Pide a la Comisión que mejore los mecanismos internos existentes para garantizar un enfoque coherente y coordinado de la protección de los derechos de los menores en el mundo digital; aplaude la estrategia europea de la Comisión en favor de una Internet más adecuada para los niños y pide a la Comisión que mejore los mecanismos internos existentes para garantizar un enfoque coherente y coordinado de la seguridad infantil en línea;

5.  Subraya la necesidad de que los derechos de los menores se integren en todos los ámbitos políticos de la UE, analizando el impacto de las medidas sobre los derechos, la seguridad y la integridad física, mental y moral de los menores, y de que esto incluya propuestas de la Comisión relativas al mundo digital, redactadas de forma clara;

6.  Subraya que solo una amplia combinación de medidas jurídicas, técnicas y educativas, incluida la prevención, podrá hacer frente de forma adecuada a los peligros a los que se enfrentan los menores en línea, y reforzará la protección de los menores en el entorno en línea;

7.  Acoge con satisfacción la nueva agencia de ciberseguridad basada en Europol y pide a la Comisión que garantice que el equipo de protección de menores en el seno del nuevo centro cuente con los recursos adecuados y coopere efectivamente con Interpol;

8.  Manifiesta el deseo de que continúe el programa Safer Internet, con una financiación adecuada para lleva a cabo plenamente sus actividades y la salvaguardia de su especificidad, y pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe sobre sus éxitos y fracasos a fin de garantizar la máxima eficacia en el futuro;

9.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas apropiadas, incluso a través de Internet, como programas de educación e investigación, cuando proceda en cooperación con las correspondientes organizaciones de la sociedad civil, las familias, las escuelas, los servicios audiovisuales, la industria y otras partes interesadas, destinadas a reducir el riesgo de que los niños sean víctimas de Internet;

10.  Toma nota de la creación, a iniciativa de la Comisión, de la coalición CEO para la seguridad en línea de los niños; pide, en este marco, una estrecha colaboración con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil dedicadas, entre otras cosas, a la protección de los menores, la protección de datos, la educación, etc., por parte de los representantes de los padres y los educadores, especialmente a escala europea, así como de las distintas direcciones generales de la Comisión encargadas de la protección de los consumidores y de la justicia;

Medios de comunicación y nuevos medios de comunicación: acceso y educación

11.  Señala que Internet ofrece a los niños y los jóvenes muchas herramientas valiosas que pueden utilizar para expresar o declarar sus opiniones, acceder a información y conocer y exigir sus derechos, y que constituye un excelente medio de comunicación, que ofrece oportunidades de apertura al mundo y de crecimiento personal;

12.  Subraya, sin embargo, que el entorno virtual y las fuentes de medios sociales entrañan posibles riesgos sustanciales contra la intimidad y la dignidad de los menores, que se encuentran entre los usuarios más vulnerables;

13.  Recuerda que Internet también entraña peligros para los menores a través de los fenómenos como la pornografía infantil, el intercambio de material con contenido violento, la delincuencia cibernética, la intimidación, el acoso, la manipulación (grooming), el acceso o adquisición de productos y servicios legalmente restringidos o inapropiados para la edad, la exposición a publicidad agresiva, engañosa o inapropiada para la edad, las estafas, el hurto de datos de identidad, el fraude y otras amenazas similares de carácter financiero que pueden suponer experiencias traumáticas;

14.  Apoya, en este sentido, los esfuerzos de los Estados miembros por fomentar la educación y la formación sistemáticas para niños, padres, educadores, profesores y trabajadores sociales, con el fin de permitirles entender el mundo digital e identificar los peligros que pudieran dañar la integridad física o mental de los menores, reducir los riesgos asociados a los medios digitales y proporcionar información relativa a los puntos de información y a la manera de tratar con los niños víctimas de los citados actos; señala al mismo tiempo que los niños deben comprender que su uso de la tecnología digital puede vulnerar los derechos de otras personas o incluso constituir delito;

15.  Otorga especial importancia a una alfabetización mediática lo más temprana posible mediante la cual los niños y adolescentes aprendan a decidir de forma consciente y crítica qué camino quieren seguir en Internet y cuál prefieren evitar, así como a la transmisión de valores fundamentales acerca de la convivencia y el trato respetuoso y tolerante entre las personas;

16.  Señala la «Media Education» como el instrumento fundamental para permitir a los menores un uso crítico de los medios de comunicación y de las oportunidades en el mundo digital e insta a los Estados miembros a incluirla en los planes de estudios; recuerda que ante el aumento constante del marketing digital, la educación de los consumidores también tiene su importancia;

17.  Reitera la importancia de la alfabetización y de las competencias digitales y en el ámbito de los medios de comunicación de los menores y de sus padres; subraya asimismo que la alfabetización digital, las competencias digitales y un uso seguro de Internet por los menores se deben considerar una prioridad en la política social, educativa y de juventud de los Estados miembros y de la Unión, y un componente fundamental de la Estrategia Europa 2020;

18.  Recomienda una formación digital permanente para los educadores que trabajan constantemente con los alumnos en las escuelas;

19.  Subraya la necesidad de una alianza educativa entre familia, escuela, sociedad civil, partes interesadas, incluidos los medios de comunicación y los servicios audiovisuales, con el fin de garantizar una dinámica equilibrada y proactiva entre el mundo digital y los menores; invita a la Comisión a que apoye las iniciativas de sensibilización dirigidas a los padres, a los educadores y a los formadores con el fin de que puedan acompañar mejor a los menores en la utilización de las herramientas y los servicios digitales;

20.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar la igualdad de acceso de los menores a contenidos digitales plurales seguros y de calidad en los programas y servicios nuevos y en los ya existentes, dedicados a los jóvenes y a la educación, la cultura y las artes;

21.  Invita a los Estados miembros, los poderes públicos y los proveedores de acceso a intensificar sus campañas de comunicación, con el fin de sensibilizar a los menores, los adolescentes, los padres y los educadores sobre los peligros del mundo digital sin control;

22.  Reconoce el papel de servicio público de los medios de comunicación a la hora de promover un espacio en línea seguro y fiable para los menores;

23.  Pide a la Comisión que incluya entre sus prioridades principales la protección de los niños contra la publicidad insistente o engañosa en televisión y en Internet;

24.  Destaca, en particular, el papel del sector privado y de la industria, además de otras partes interesadas, en lo que respecta a su responsabilidad en relación con estas cuestiones y con el etiquetado de las páginas web y la promoción de «netiquettes» para menores; subraya que cualquiera de esas medidas deberá ser plenamente compatible con el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, tener en cuenta los derechos de los usuarios finales y respetar los procedimientos jurídicos y judiciales vigentes, así como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la jurisprudencia del TJCE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; pide a la industria que respete y aplique plenamente los códigos de conducta existentes e iniciativas similares como el Compromiso de la UE o la Declaración de Barcelona del Foro de Bienes de Consumo;

25.  Destaca la necesidad de prestar especial atención a la comercialización por Internet de sustancias nocivas ― como el alcohol― que pueden llegar a ser consumidas por los niños; señala que, debido a la naturaleza y el alcance de los métodos de comercialización en línea ― por ejemplo a través de las redes sociales― , resulta muy difícil para los Estados miembros por separado controlar la comercialización de alcohol, por lo que la adopción de medidas por parte de la Comisión tendría un valor añadido;

26.  Señala la eficacia de la educación formal, informal, no formal y de la educación entre pares en la difusión de prácticas seguras y en relación con las posibles amenazas (a través de ejemplos concretos) entre menores en el uso de la red, de las redes sociales, de los videojuegos y de la telefonía móvil, y anima a la «European Schoolnet» a favorecer las actividades de tutoría entre estudiantes en este campo; subraya la necesidad de informar también a los padres acerca de prácticas seguras y amenazas;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen planes para equipar a niños y jóvenes con las habilidades adecuadas y asegurarles un acceso informado a Internet y a los nuevos medios de comunicación, y hace hincapié en este sentido en la importancia de integrar la alfabetización en los medios de comunicación digitales en todos los niveles de la educación formal y no formal, incluyendo un enfoque de aprendizaje permanente desde la fase más temprana posible;

Derecho a la protección
Lucha contra los contenidos ilícitos

28.  Subraya los desafíos a los que se enfrenta la legislación penal por lo que a su funcionamiento en el entorno virtual se refiere, en relación con los principios de seguridad jurídica y legalidad, la presunción de inocencia, los derechos de la víctima y los derechos de los sospechosos; señala, en este sentido, los desafíos que se han planteado en el pasado para fijar una definición clara, como en los casos de la captación en línea de menores y la pornografía infantil – preferiblemente denominada «material de abuso sexual contra niños»;

29.  Pide a la Comisión, por tanto, que recopile, en el marco de su obligación de informar sobre la transposición de la Directiva 2011/92/UE, datos exactos y claros sobre el delito de captación en línea de menores, que incluya una identificación precisa de las disposiciones nacionales que penalizan dicho comportamiento; pide a los Estados miembros y a la Comisión que recopilen datos sobre este delito en relación con el número de procesos penales llevados a cabo, el número de condenas y la jurisprudencia nacional pertinente, y que intercambien las mejores prácticas relativas a su enjuiciamiento y sanción; pide igualmente a la Comisión que mejore notablemente la elaboración y la publicación de información estadística para permitir un mejor desarrollo y revisión de las políticas;

30.  Reconoce, en este sentido, el elevado nivel de cooperación existente entre las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, así como entre éstas y Europol y Eurojust, respecto de los actos delictivos cometidos contra menores a través de los medios digitales, un ejemplo de lo cual es la operación «Icarus» de 2011, ofensiva contra las redes de transferencias en línea de archivos de abusos sexuales a menores;

31.  Subraya, sin embargo, que se podría mejorar mediante una mayor armonización de la legislación penal y los procedimientos penales de los Estados miembros, incluidos los derechos procesales y de protección de datos de los sospechosos y el respeto de sus derechos fundamentales basados en la Carta de la UE, dadas los obstáculos existentes a la cooperación total y la confianza mutua;

32.  Aplaude la intención de la Comisión de estudiar posibles medidas legislativas en caso de que falle la autorregulación de la industria;

33.  Subraya, sin embargo, que las propuestas de disposiciones de Derecho penal sustantivo de la Unión Europea deben adecuarse al pleno respeto de los principios de subsidiaridad y proporcionalidad, así como de los principios generales que gobiernan el Derecho penal, y deben también demostrar claramente que aspiran a aportar valor añadido a un enfoque común europeo para la lucha contra los delitos transfronterizos graves, tal como se indica en la Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de mayo de 2012, sobre un enfoque de la UE acerca del Derecho penal(8);

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que realicen todos los esfuerzos posibles para reforzar la cooperación con terceros países en los que respecta a la pronta retirada de las páginas web localizadas en sus territorios, que incluyan o difundan contenidos o conductas ilícitas, así como a la lucha contra la delincuencia cibernética; alienta, a este respecto, a compartir a escala internacional los conocimientos especializados, las ideas y las mejores prácticas entre gobiernos, fuerzas del orden, unidades policiales especializadas en ciberdelincuencia, líneas directas, organizaciones de protección de la infancia y la industria de Internet;

35.  Pide, en este sentido, la plena adopción de todas las medidas indicadas en la Hoja de ruta del Consejo de 2009 para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales, así como un enfoque común sobre la admisibilidad y la valoración, con el fin de eliminar los obstáculos a la libre circulación de las pruebas recabadas en otro Estado miembro;

36.  Apoya la introducción y el refuerzo de sistemas de líneas directas para informar sobre delitos y conductas y contenido ilícitos, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la experiencia con la línea directa europea para casos de niños desaparecidos, así como los sistemas nacionales de alerta rápida y el sistema europeo automatizado de alerta sobre menores desaparecidos; subraya, en cambio, que toda acción penal inmediata que se base en la información deberá llevar a cabo una ponderación entre, por un lado, los derechos de las posibles víctimas y la obligación positiva, que deriva de los artículos 2 y 8 del CEDH, del Estado miembro de reaccionar, tal como ya ha insistido la jurisprudencia del TEDH y, por otro lado, los derechos del sospechoso; pide, en este sentido, que los Estados miembros y la Comisión se comprometan a intercambiar las mejores prácticas respecto de la investigación y el enjuiciamiento de actos delictivos contra menores en el mundo digital; recuerda que el artículo 8 de la propuesta de la Comisión de un Reglamento sobre protección general de datos (COM(2012)0011) contiene garantías específicas para el tratamiento de los datos personales de menores, como por ejemplo la autorización parental obligatoria para tratar datos de menores de 13 años;

37.  Constata que en algunos Estados miembros los procedimientos de «detección y retirada» siguen siendo demasiado lentos; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de publicar una valoración del impacto de dicha lentitud y recomienda que se incremente la eficiencia de estos procedimientos y que se sigan mejorando en los Estados miembros teniendo en cuenta las mejores prácticas;

38.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la eficacia de la colaboración con la policía para proteger a los menores frente a los delitos cometidos en Internet, las líneas directas, y los acuerdos existentes con los proveedores de servicios de Internet; pide que se desarrollen sinergias con otros servicios relacionados, incluidos los servicios de policía y la justicia de menores para proteger a los menores frente a los delitos cometidos en Internet, especialmente para la coordinación e integración de las líneas directas y puntos de contacto;

39.  Anima a los Estados miembros a dar continuidad a las líneas directas nacionales y a otros puntos de contacto como, por ejemplo, los «Safety Buttons», conforme a las normas INHOPE, a mejorar su interconexión y a analizar con atención los resultados obtenidos;

40.  Subraya la importancia de generalizar instrumentos fiables, como las páginas de comunicación con señales sonoras y visuales, con el fin de evitar que los menores tengan acceso directo a contenidos que les son perjudiciales;

41.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la información relativa a las líneas directas y otros puntos de contacto, como los «Safety Buttons», para los menores y sus familias, facilitando así la denuncia de contenidos ilícitos, y pide que los Estados miembros den a conocer la existencia de líneas directas como puntos de contacto para denunciar las imágenes de abuso sexual infantil;

42.  Apoya los esfuerzos de los proveedores de contenidos y servicios digitales por aplicar códigos de conducta conformes a la normativa vigente para identificar, prevenir y retirar contenidos ilícitos sobre la base de decisiones de las autoridades judiciales; invita a la Comisión y a los Estados miembros a que lleven a cabo evaluaciones en este ámbito;

43.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan una nueva campaña dirigida a los progenitores, que les ayude a comprender el material digital que manejan sus hijos y, sobre todo, las maneras de proteger a los niños frente al contenido digital ilícito, inadecuado o peligroso;

44.  Lamenta el incumplimiento del pacto firmado el 9 de febrero de 2009 entre la Comisión y 17 sitios de redes sociales, incluidos Facebook y Myspace, que promovía la protección y la seguridad de los menores en línea;

45.  Hace hincapié en que los delitos en la red tienen a menudo carácter transfronterizo y en que un elemento fundamental para combatirlos debe ser, por lo tanto, la cooperación internacional entre las actuales autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley;

46.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que apoyen y organicen campañas de sensibilización dirigidas a niños, padres y educadores a fin de ofrecer la información necesaria para la protección contra el ciberdelito, así como para alentarles a denunciar sitios web y conductas en línea sospechosos;

47.  Pide a los Estados miembros que apliquen debidamente las normas procesales existentes para cerrar los sitios web con contenidos explotadores, amenazantes, abusivos, discriminatorios o maliciosos de alguna otra forma;

Lucha contra los contenidos nocivos

48.  Pide a la Comisión que analice hasta qué punto son efectivos los diversos sistemas de clasificación voluntaria de contenidos dañinos para los jóvenes en los Estados miembros, y anima a la Comisión, a los Estados miembros y a la industria de Internet a desarrollar estrategias y normas que formen a los menores en el uso responsable de Internet, les sensibilicen a ese respecto y les protejan de la exposición en línea y fuera de línea a contenidos inapropiados para su edad, incluida la violencia, la publicidad que fomenta el gasto excesivo y la compra de artículos virtuales o créditos con sus teléfonos móviles;

49.  Acoge con satisfacción las innovaciones tecnológicas impulsadas por la economía en lo que concierne a ofertas especiales en línea que permiten un uso de Internet apropiado para los menores;

50.  Insta a las asociaciones de proveedores de servicios audiovisuales y digitales a integrar, en cooperación con otras asociaciones pertinentes, la protección de los menores en sus respectivos estatutos y a indicar la franja de edad apropiada;

51.  Anima a los Estados miembros a proseguir con el diálogo para armonizar la clasificación de los contenidos digitales para menores, en cooperación con los operadores y las asociaciones pertinentes y con países terceros;

52.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a clasificar los juegos de ordenador con indicaciones claras, según las edades a las que van dirigidos y, sobre todo, su contenido;

53.  Pide a la Comisión a que prosiga con el «European Framework for safer mobile» valorizando las opciones que agilizan el control de los padres;

54.  Hace hincapié en el buen trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil y las alienta a cooperar y trabajar juntas de forma transfronteriza, así como a cooperar con las fuerzas del orden, los Gobiernos, los proveedores de servicios de Internet y los ciudadanos;

Protección de los datos personales

55.  Reitera la importancia que tiene la protección de datos de los menores, en especial en relación con el rápido crecimiento de las redes sociales y de las salas de chat, dado el aumento del flujo y la accesibilidad a los datos personales a través de los medios de comunicación digitales;

56.  Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento sobre protección de datos (COM(2012)0011) y sus disposiciones especiales sobre el consentimiento del niño y el derecho al olvido, que prohíbe mantener en línea informaciones sobre los datos personales de los menores, que ponen en peligro su vida personal y profesional, recordando que la permanencia de la información en Internet y los datos relativos a menores pueden ser objeto de un uso indebido que comprometa su dignidad y su integración social;

57.  Destaca que es necesario aclarar y desarrollar estas disposiciones de un modo que garantice que son claras y plenamente operativas cuando se adopte la nueva legislación y que no socavan la libertad de Internet;

58.  Aplaude asimismo la intención de establecer un sistema electrónico de certificación de la edad;

59.  Opina que los propietarios y administradores de páginas web deberían indicar de forma clara y visible su política de protección de datos y prever un mecanismo de autorización parental obligatoria para tratar datos de menores de 13 años; pide igualmente que se hagan más esfuerzos para mejorar la «privacidad por defecto» tanto como sea posible, a fin de evitar la victimización secundaria de los menores;

60.  Subraya la importancia de sensibilizar a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos personales y de los datos de terceros asociados por parte de los proveedores de los servicios o de redes sociales, así como sobre los recursos de que disponen en caso de que sus datos no se utilicen para la finalidad legítima para la cual los han recogido los proveedores y sus socios, todo ello en un lenguaje y una forma adaptados al perfil de los usuarios, prestando especial atención a los usuarios menores; considera que los proveedores tienen responsabilidades especiales en la materia, y pide que informen de forma clara y comprensible a los usuarios sobre su política editorial;

61.  Desea vehementemente la promoción en todos los sectores digitales de opciones tecnológicas útiles, si así se desea, para confinar la navegación de los menores dentro de límites trazables y mediante un acceso condicionado, ofreciendo así una herramienta eficaz para el control parental; hace constar, sin embargo, que dichas medidas no pueden ser sustitutivas de una formación mediática consolidada de los menores;

62.  Subraya que es importante informar a los menores y a los adolescentes desde una etapa muy temprana sobre su derecho a la vida privada en Internet y enseñarles a reconocer los métodos, a veces sutiles, que se utilizan para obtener sus datos;

Derecho de réplica en los medios de comunicación digitales

63.  Insta a los Estados miembros a desarrollar y armonizar los sistemas relativos al derecho de réplica en los medios de comunicación digitales, mejorando asimismo su eficiencia;

Derecho a la ciudadanía digital

64.  Subraya que el mundo digital es una herramienta importante de aprendizaje para la ciudadanía, que facilita la participación de un gran número de ciudadanos que viven en zonas periféricas, y especialmente de los jóvenes públicos, al permitirles aprovechar plenamente la libertad de expresión y de comunicación en línea;

65.  Insta a los Estados miembros a considerar las plataformas digitales como útiles de formación para la participación democrática para todos los niños y en particular los más vulnerables;

66.  Subraya la oportunidad que representan los nuevos medios de comunicación para promover, en los servicios y contenidos digitales, la comprensión y el diálogo entre generaciones, géneros, diversos grupos culturales y étnicos;

67.  Recuerda que la información y la ciudadanía están íntimamente relacionados en Internet y que lo que amenaza actualmente la participación ciudadana de los jóvenes es el desinterés que manifiestan por la información;

o
o   o

68.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
(2) DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
(3) DO L 178 de 17.7.2000, p. 1.
(4) DO L 327 de 24.11.2006, p. 12.
(5)DO L 378 de 27.12.2006, p. 72.
(6)DO C 372 de 20.12.2011, p. 15.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0323.
(8)1 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0208.


Iniciativa en favor del emprendimiento social
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la Iniciativa en favor del emprendimiento social - Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales (2012/2004(INI))
P7_TA(2012)0429A7-0305/2012

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

–  Visto el documento de trabajo de la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Iniciativa en favor del emprendimiento social – Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales», INT/606 de 22 de febrero de 2012,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo, de 8 de febrero de 2012, por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE) (COM(2012)0035),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la contratación pública (COM(2011)0896),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de diciembre de 2011, sobre los fondos de emprendimiento social europeos (COM(2011)0862),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de octubre de 2011, titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social - Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales» (COM(2011)0682),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de octubre de 2011, titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único - Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza »Juntos por un nuevo crecimiento«» (COM(2011)0206),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de octubre de 2010, titulada «Hacia un Acta del Mercado Único - Por una economía social de mercado altamente competitiva» (COM(2010)0608),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (COM(2011)0609),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2011, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo (COM(2011)0607),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

–  Vista la publicación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la red europea de investigación EMES, de 2008, titulada «Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation»(1),

–  Visto el dictamen exploratorio del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de octubre de 2011, titulado «Espíritu empresarial social y las empresas sociales» (NAT/589),

–  Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre economía social(2);

–  Vista su Declaración de 10 de marzo de 2011(3),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre el Estatuto de la sociedad cooperativa europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores(4),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0305/2012),

A.  Considerando que las empresas de la economía social, que dan trabajo al menos a 11 millones de personas en la UE y representan un 6 % del total de la fuerza de trabajo, o un 10 % del conjunto de las empresas europeas, es decir, 2 millones de sociedades, contribuyen de forma significativa al modelo social europeo y a la Estrategia Europa 2020;

B.  Considerando que los distintos cambios históricos han dado lugar a marcos jurídicos para empresas de todo tipo, incluyendo las empresas de la economía social y las empresas sociales, que muestran diferencias importantes entre los Estados miembros;

C.  Considerando que la mayoría de las empresas de la economía social no están reconocidas por un marco jurídico a escala europea y que solo están reconocidas a escala nacional en algunos Estados miembros;

D.  Considerando que los efectos de la actual crisis social, económica y financiera, así como los cambios demográficos y, en particular, el envejecimiento de la población, plantean un reto para los sistemas de protección social, incluidos los regímenes de seguros obligatorios y voluntarios y, por tanto, es necesario promover sistemas innovadores en el ámbito de la protección social para garantizar una seguridad social decente y adecuada;

E.  Considerando que el Acta del Mercado Único y la Estrategia Europa 2020 ‐que pretenden generar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y aumentar así la cantidad y la calidad de los empleos y luchar contra la pobreza‐ están estrechamente interrelacionadas y que las empresas sociales pueden realizar una contribución significativa gracias a su potencial de innovación y a su capacidad para responder adecuadamente a las necesidades sociales;

F.  Considerando que la Comisión reconoce que los actores de la economía social y las empresas sociales son impulsores del crecimiento económico y de la innovación social, con potencial para crear empleos sostenibles y para favorecer la inclusión de grupos vulnerables en el mercado laboral;

G.  Considerando que las propuestas de la Comisión relativas a un Reglamento sobre los fondos de emprendimiento social europeos y al Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales deben acogerse favorablemente;

H.  Considerando que las empresas sociales pueden contribuir a la prestación de los servicios sociales, que son elementos fundamentales del Estado del bienestar y que, por tanto, ayudan a alcanzar los objetivos de la Unión Europea;

I.  Considerando que muchas empresas sociales encuentran dificultades para acceder a la financiación a fin de ampliar sus actividades y necesitan, por tanto, un apoyo específico y adaptado, como la banca social, instrumentos de riesgo compartido, fondos filantrópicos o microcréditos, en especial en el caso de las microempresas y las PYME; considerando que, en este sentido, los Fondos Estructurales y los programas de la UE contribuyen de forma significativa a facilitar el acceso a la financiación de las empresas sociales y también de aquellas empresas que realizan grandes inversiones;

J.  Considerando que la mayoría de las empresas sociales favorecen la reforma de las políticas mediante la promoción de la buena gobernanza, en particular, implicando a los trabajadores, los clientes y las partes interesadas, apoyan el aprendizaje mutuo y la innovación social, y, por tanto, responden a la demanda creciente de los ciudadanos de un comportamiento empresarial ético, social y respetuoso con el medio ambiente;

K.  Considerando que las empresas sociales, debido a su naturaleza y su modus operandi, contribuyen al establecimiento de una sociedad más cohesionada, democrática y activa, y a menudo ofrecen (o deberían ofrecer) unas condiciones laborales favorables, así como el mismo salario por el mismo trabajo, y respaldan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, permitiendo así la conciliación de la vida laboral y personal,

L.  Considerando que se toma nota de la propuesta de la Comisión de añadir una categoría nueva de personas desfavorecidas a los contratos reservados;

Introducción

1.  Acoge con beneplácito las Comunicaciones de la Comisión tituladas «Iniciativa en favor del emprendimiento social» y «Hacia una recuperación generadora de empleo», que recogen recomendaciones para los Gobiernos de los Estados miembros en materia de mejora de las condiciones generales para las empresas sociales, a fin de crear nuevas oportunidades y empleos, entre otros, en el ámbito de la atención sanitaria y social, que experimenta un rápido crecimiento (el denominado sector blanco), y en el ámbito medioambiental (el denominado sector ecológico), dos áreas que ofrecen nuevas oportunidades para la economía social en sentido amplio;

2.  Afirma que la economía social es parte de la economía ecológica y social de mercado y del Mercado Único Europeo, y señala su gran resistencia contra las crisis y sus sólidos modelos empresariales; subraya que las empresas sociales suelen intentar responder a las necesidades sociales y humanas que no cubren (o no de forma suficiente) los operadores comerciales o el Estado; destaca que los empleos de la economía social presentan una mayor tendencia a permanecer en el ámbito local;

3.  Afirma que la empresa social es una empresa que, independientemente de su forma jurídica, presenta las siguientes características:

  a) tener como objetivo primordial la consecución de un impacto social positivo y medible, de conformidad con su escritura de constitución, sus estatutos o cualquier otro documento fundacional de la empresa, siempre que:
   proporcione servicios o bienes a personas vulnerables, marginadas, desfavorecidas o excluidas; o
   emplee un método de producción de bienes o servicios que incorpore su objetivo social;
   b) utilizar sus beneficios principalmente para la consecución de sus objetivos primordiales, en lugar de repartirlos, y haber implantado procedimientos y normas predefinidos que regulen todas las circunstancias en las cuales se repartan beneficios a los accionistas y propietarios, garantizándose que dicho reparto de beneficios no socave su objetivo primordial; así como
   c) ser objeto de una gestión responsable y transparente, en especial involucrando a los empleados, los clientes y los interesados afectados por su actividad empresarial;

Medidas recomendadas para distintos tipos de empresas

4.  Hace hincapié en que las actividades realizadas por voluntarios en varios sectores de la economía social ‐incluidos los jóvenes que comienzan sus carreras profesionales y aportan su entusiasmo y nuevas competencias, y las personas mayores que poseen una amplia experiencia y han desarrollado sus habilidades‐ constituyen una contribución importante al crecimiento económico, la solidaridad y la cohesión social, y dan un sentido a la vida de muchas personas; pide que se reconozca esta labor y se les conceda una ayuda financiera y normativa adecuada, a escala local, nacional y europea;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las empresas sociales no resulten perjudicadas por otro tipo de empresas que elijen únicamente las zonas rentables de la economía social; señala que dichas zonas son, en su mayoría, urbanas, de modo que otras zonas, principalmente rurales o periféricas ‐en las que los aspectos logísticos implican mayores costes‐ deben contentarse con menos servicios o con servicios de peor calidad; destaca que los usuarios deben poder escoger entre distintos proveedores;

6.  Destaca la importancia de una estrategia y de medidas que fomenten el emprendimiento social y las empresas sociales innovadoras, en particular en relación con los jóvenes y las personas desfavorecidas, a fin de garantizar a los emprendedores y las emprendedoras un acceso mejor y más fácil a los programas y los fondos de la UE y de los Estados miembros; pide que se siga apoyando adecuadamente al programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores para aumentar su atractivo y visibilidad en la economía social; recuerda, no obstante, que el empleo por cuenta propia debe acompañarse de una orientación suficiente;

7.  Observa la diversidad de la economía social; hace hincapié en que el desarrollo de cualquier nuevo marco jurídico a escala de la UE debe ser voluntario para las empresas y estar precedido de una evaluación de impacto a fin de tomar en consideración la existencia de diversos modelos empresariales sociales en los Estados miembros; subraya que cualquier medida debe demostrar su valor añadido para toda la UE;

8.  Apoya las iniciativas a escala de la UE para ampliar y reforzar el ya avanzado sector asociativo que existe en varios Estados miembros; pide un estatuto de asociación europeo que complemente los estatutos jurídicos ya existentes en los Estados miembros;

9.  Celebra la intención de la Comisión de presentar una propuesta para simplificar las disposiciones del Estatuto de la Sociedad Cooperativa Europea;

10.  Acoge con satisfacción el estudio de la Comisión sobre la situación de las mutuas en Europa, que ha contado con la estrecha colaboración del sector; recalca que un estatuto europeo debería reconocer a las mutuas como un actor distinto e importante en el marco de la economía y la sociedad europeas; subraya los beneficios de un estatuto europeo que facilite la actividad transfronteriza de las mutuas; anima a los Estados miembros que todavía no hayan establecido un estatuto nacional para las mutuas a que lo hagan;

11.  Acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE);

12.  Recuerda que, en su Comunicación COM(2004)0018, la Comisión se comprometió a realizar doce acciones concretas para apoyar el desarrollo de las cooperativas y lamenta que se haya avanzado tan poco en este ámbito; pide a la Comisión que proponga más medidas ambiciosas ‐en consonancia con la iniciativa de 2004‐ para mejorar las condiciones de funcionamiento de las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y las fundaciones, apoyando así el desarrollo de la economía social en general;

13.  Celebra la adopción del paquete revisado de normas sobre ayudas públicas de la UE para los servicios sociales y locales al tiempo que insta a la Comisión a que clarifique más esas normas para facilitar su comprensión y aplicación por parte de las autoridades locales y regionales, en particular en lo relativo a las empresas sociales;

Empresas que cumplen objetivos sociales o tienen un impacto social

14.  Señala que las empresas sociales son importantes proveedores de servicios sociales de interés general; apunta que dichas empresas suelen tener su origen en las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de voluntarios o las asociaciones de bienestar que prestan servicios orientados a las personas y concebidos para responder a las necesidades humanas vitales, en particular las necesidades de los usuarios en situación de vulnerabilidad, o están muy vinculadas a ellas; destaca que las empresas sociales a menudo se encuentran entre los sectores privado y público tradicionales que prestan servicios públicos, por ejemplo en el marco de la contratación pública;

15.  Considera que el concepto de responsabilidad social de las empresas (RSE) debería distinguirse del concepto de economía social y empresas sociales, si bien algunas empresas comerciales que realizan importantes actividades de RSE pueden interactuar intensamente con las empresas sociales;

Perspectivas financieras: mejorar el entorno jurídico y fiscal

16.  Cree que el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales para el período 2014-2020, con su eje de microfinanciación y emprendimiento social, contribuye al esfuerzo por garantizar a las microempresas de la economía social un mejor acceso a los microcréditos, a la vez que tiene en cuenta la diversidad de las necesidades de las empresas sociales en materia de financiación;

17.  Considera que se necesitan distintos instrumentos financieros, como los fondos europeos de emprendimiento social, los fondos europeos de capital riesgo y los European Angels Funds (EAF), para ampliar el acceso de las empresas sociales a los mercados financieros;

18.  Destaca la necesidad de apoyar a las empresas sociales con medios financieros suficientes a escala local, regional, nacional y de la UE, y señala los fondos pertinentes con arreglo al Marco Financiero Plurianual 2014-2020 (como el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales, el Programa de Investigación e Innovación y Horizonte 2020); pide explícitamente que se apoye a las empresas sociales innovadoras, en particular a aquellas que fomentan el empleo de calidad, luchan contra la pobreza y la exclusión social e invierten en educación, formación y aprendizaje continuo;

19.  Subraya que se debe simplificar el acceso a los fondos europeos, permitiendo una flexibilidad suficiente a escala de los Estados miembros, que las oportunidades de financiación deben ofrecerse de forma más amplia y presentarse con mayor transparencia, y que, además, deben simplificarse los requisitos organizativos, administrativos y contables;

20.  Señala que la introducción de nuevas formas de apoyo financiero vendrá precedida por un análisis de los instrumentos actuales con objeto de comprobar su eficiencia, por lo que considera necesario obtener instrumentos que permitan medir y comparar el rendimiento social de las inversiones a fin de propiciar el desarrollo de un mercado de inversiones más transparente;

21.  Considera necesario crear unas condiciones que permitan a las empresas sociales adquirir independencia financiera y participar en actividades empresariales comerciales;

22.  Considera necesarios unos procesos de gestión responsables respaldados por unos mecanismos de financiación sujetos a un seguimiento y transparencia adecuados a fin de mantener la orientación de la iniciativa empresarial social y de las empresas sociales;

Parámetros, apoyo y promoción

23.  Pide que la Comisión ponga en marcha un estudio comparativo, que se realice en cooperación con empresas sociales, sobre los diversos marcos jurídicos nacionales y regionales en la UE, y sobre las condiciones de funcionamiento y las características de las empresas sociales, especificando su tamaño y la cantidad y el ámbito de sus actividades, así como los sistemas nacionales de certificación y etiquetado;

24.  Hace hincapié en que existe una gran variedad de empresas sociales en lo que se refiere a su forma, tamaño, actividad comercial, situación económica y cooperación; observa que existen empresas sociales que son líderes en el desarrollo de su área y que tienen la capacidad adecuada para su propio desarrollo, mientras que otras necesitan conocimientos especializados para poner en marcha, desarrollar y gestionar sus empresas;

25.  Considera que, para aumentar la competitividad de las empresas sociales en toda la UE, se debe fomentar la creación de polos de innovación social con un valor añadido que supere el ámbito local; considera, asimismo, que, con los incentivos adecuados, las empresas sociales pueden ser vitales para la ocupación de trabajadores cualificados de más de 50 años que hayan abandonado el mercado de trabajo;

26.  Apoya la propuesta de la Comisión de crear una plataforma en línea, multilingüe, accesible y fácil de utilizar, para las empresas sociales, la cual debería, entre otras cosas, permitir el aprendizaje entre iguales y el intercambio de modelos de eficacia comprobada, fomentar el desarrollo de asociaciones, facilitar el intercambio de información sobre el acceso a la financiación y las oportunidades de formación, y servir de red para la cooperación transfronteriza; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten atención a las empresas sociales en el marco del método abierto de coordinación;

27.  Apoya la propuesta de la Comisión de crear un grupo de expertos sobre emprendimiento social (GECES) a fin de seguir y evaluar los avances de las medidas contempladas en su Comunicación COM(2011)0682;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la viabilidad y la conveniencia de desarrollar una «etiqueta social europea» que se otorgaría a las empresas sociales a fin de mejorar su acceso a la contratación pública innovadora desde el punto de vista social, sin transgredir las normas de competencia; sugiere que se supervise regularmente el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la etiqueta por parte de las empresas que las porten;

29.  Pide la creación de normas de contratación pública de la UE que apliquen el principio de «la oferta económicamente más ventajosa», en lugar del principio del «precio más bajo», a la hora de contratar servicios externos;

30.  Pide a la Comisión que mejore el entendimiento y el conocimiento de las empresas sociales y de la economía social, que promueva la visibilidad de ambas, respaldando la investigación académica, entre otros ámbitos, dentro del Octavo Programa Marco (Horizonte 2020), y que elabore un informe anual de actividades sobre las empresas sociales y sus resultados en el plano social; pide a los Estados miembros que den seguimiento a la convocatoria de propuestas de la Comisión para disponer de estadísticas fiables sobre empresas sociales elaboradas por los institutos nacionales de estadística;

31.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan a las empresas sociales en los planes de acción relativos al empleo y a la integración social, y respalda el establecimiento de un premio europeo de emprendimiento social como reconocimiento a su contribución social;

32.  Señala que es necesario proporcionar el mayor apoyo y aceptación posibles a las empresas sociales mediante un esfuerzo de sensibilización, en particular, poniendo de manifiesto las ventajas que superen los aspectos puramente económicos, y pide que se realice una amplia campaña de información, respaldada por la Comisión, los Estados miembros y los interlocutores sociales, por medio de una plataforma multilingüe y accesible en Internet que proporcione a los ciudadanos información sobre productos y servicios sociales de forma rápida y fácil;

33.  Pide que los Estados miembros tengan en cuenta los beneficios que proporciona la inclusión de los principios de empresas sociales, espíritu empresarial social y responsabilidad social en los planes de estudios de escuelas, universidades y otros centros de formación, así como en los programas de formación continua, a fin de desarrollar competencias sociales y cívicas y apoyar el empleo en las empresas sociales; pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la formación convencional y en línea de los emprendedores sociales, y que promuevan una cooperación más estrecha entre las empresas sociales, las empresas comerciales y el mundo académico, a fin de aumentar la conciencia pública respecto a las empresas sociales, así como para lograr una mejor comprensión de dichas empresas y combatir cualquier estereotipo que pueda existir;

34.  Considera que la introducción de un marco común europeo en materia de publicación de datos garantizará una información más clara y eficaz sobre las inversiones en empresas sociales;

35.  Celebra el compromiso de la Comisión de estudiar y contemplar la posible utilización de patentes inactivas por parte de las empresas sociales a fin de facilitar su desarrollo, y confía en que se propongan medidas concretas en un futuro próximo.

o
o   o

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.
(2) DO C 76 E de 25.3.2010, p.16.
(3) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 187.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0071.


Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria
PDF 229kWORD 143k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» (2012/2151(INI))
P7_TA(2012)0430A7-0339/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012,

–  Vista la Declaración de los Jefes de Estado o de Gobierno de la zona del euro, de 29 de junio de 2012,

–  Visto el informe de 26 de junio de 2012 de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»,

–  Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0339/2012),

A.  Considerando que, desde la firma del Tratado de Roma, la Unión Europea ha realizado notables progresos hacia la integración política, económica, presupuestaria y monetaria;

B.  Considerando que la Unión Económica y Monetaria (UEM) no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para alcanzar los objetivos de la Unión y de los Estados miembros, en particular un crecimiento equilibrado y sostenible y un nivel elevado de empleo; que la inclusión social y la solidaridad son las piedras angulares del modelo social europeo y de la integración europea en su conjunto y no pueden excluirse de las futuras reformas de la Unión;

C.  Considerando que, en una sociedad de la información globalizada, la necesidad de una mayor integración europea sobre la base de la legitimidad democrática, la responsabilidad, la transparencia y el respaldo de los ciudadanos se hace cada vez más patente;

D.  Considerando que una mayor integración europea debe facilitar una mayor participación parlamentaria tanto a nivel nacional como de la Unión;

E.  Considerando que la Unión se encuentra en una encrucijada y que es necesario tomar una dirección clara ya sea hacia la combinación de las fuerzas dentro de la Unión y la construcción de un futuro para lograr una Unión fuerte, orientada a los valores y basada en la solidaridad en un mundo globalizado, ya sea hacia una Unión plegada sobre sí misma y obligada a adaptarse pasivamente a la globalización;

F.  Considerando que la crisis económica, financiera y bancaria, así como la recesión económica actual han tenido como consecuencia una elevada deuda pública y privada a nivel nacional y problemas de financiación en varios Estados miembros y que, junto con la existencia de equilibrios macroeconómicos excesivos, han afectado al desarrollo socioeconómico de la zona del euro y de toda la Unión de un modo rápido, directo y negativo;

G.  Considerando que, entre 2008 y mediados de 2012, la tasa de desempleo de la UE de los 27 ha aumentado desde aproximadamente un 7 % a un 10,4 %, es decir 25 millones de personas desempleadas, y que más de uno de cada cinco jóvenes carece de empleo (22 %), con una tasa de desempleo juvenil que supera el 50 % en algunos Estados miembros;

H.  Considerando que la creación de empleo, el empleo de calidad y el trabajo digno son factores cruciales para la superación de la crisis actual;

I.  Considerando que, en la actualidad, algunos Estados miembros se enfrentan a una situación económica y financiera sumamente exigente, agravada por las continuas tensiones en los mercados de deuda soberana, lo que se traduce en tipos elevados del interés aplicado a los préstamos en algunos países y en tipos de interés muy bajos o negativos para otros, así como en una considerable inestabilidad;

J.  Considerando que la combinación de una competitividad que evoluciona en direcciones divergentes y un bajo potencial de crecimiento con déficits altos y niveles de deuda pública y privada elevados no solo perjudica a algunos Estados miembros, sino que hace vulnerable a toda la zona del euro;

K.  Considerando que los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto que la zona del euro no está suficientemente equipada para resolver la crisis o reaccionar de forma adecuada a las perturbaciones económicas regionales y mundiales generadas dentro de ella;

L.  Considerando que el importante papel que ha desempeñado el euro, tanto dentro de la zona del euro como a nivel mundial, en su calidad de segunda moneda de reserva internacional, exige una respuesta europea enérgica y una acción coordinada de alcance europeo a fin de restablecer el crecimiento y la estabilidad en la economía;

M.  Considerando que, durante la década pasada, el euro brindó múltiples beneficios a los ciudadanos de la Unión, como la estabilidad de precios, la supresión de los costes de conversión de divisas en la zona del euro, la imposibilidad de efectuar devaluaciones nominales competitivas, el descenso de los tipos de interés, el impulso de la integración de los mercados financieros y la simplificación de la circulación transfronteriza de capitales;

N.  Considerando que la moneda única de la Unión no ha de convertirse en un símbolo de división que amenace la totalidad del proyecto europeo, sino que debe seguir siendo la moneda de la Unión en su conjunto que demuestre ser decidida y capaz de adoptar decisiones de gran alcance para un futuro próspero y común;

O.  Considerando que el progreso hacia una auténtica UEM debe respetar la voluntad de los Estados miembros que tienen la posibilidad de no adoptar el euro y prefieren mantener sus respectivas monedas nacionales;

P.  Considerando que la pertenencia a la zona del euro entraña un elevado grado de interdependencia económica y financiera entre los Estados miembros interesados y, por tanto, requiere una coordinación mucho más estrecha de las políticas financieras, presupuestarias, sociales y económicas con la cesión de competencias de los Estados miembros a la Unión, junto con instrumentos de supervisión más estrictos y un cumplimiento efectivo; considerando, sin embargo, que esta mayor integración de los Estados miembros cuya moneda es el euro, a los que puede añadirse un grupo de otros Estados miembros que se muestran dispuestos, ha de desarrollarse en el marco del principio «dos velocidades, una Europa», a fin de evitar la adopción de medidas políticas que en última instancia se traduzcan en la creación de dos Europas diferentes;

Q.  Considerando que el último estudio del Eurobarómetro indica que, en razón de la persistencia de la crisis, se ha registrado un pronunciado descenso de la confianza en las instituciones políticas tanto a nivel nacional como de la Unión, y una fuerte caída de la imagen positiva de la Unión entre la opinión pública; que, no obstante, para sus ciudadanos la Unión sigue siendo la entidad más eficaz para resolver la crisis económica;

R.  Considerando que los responsables políticos a escala nacional y de la Unión deberían explicar a sus ciudadanos de forma continua los beneficios de lograr la integración europea y las repercusiones y retos de tener una moneda única, incluidos los costes y los riesgos que entrañaría una ruptura de la zona del euro;

S.  Considerando que diecisiete Estados miembros ya han adoptado la moneda única de la Unión, y que la mayoría de los demás lo harán cuando estén preparados para ello;

T.  Considerando que cualquier duda sobre el futuro de la UEM en general, incluyendo el carácter irreversible de la pertenencia a la zona del euro, y de la moneda única de la Unión en particular resulta infundada, dado que una Unión fuerte redunda en interés de todos los ciudadanos;

U.  Considerando que el restablecimiento de la confianza es la principal tarea que debemos emprender para convencer a los ciudadanos y a las empresas europeas de volver a invertir en la economía y generar las condiciones propicias para que las entidades financieras faciliten crédito de nuevo a la economía real de forma generalizada aunque solvente;

V.  Considerando que la respuesta a la crisis del euro es compleja y exige esfuerzos sostenidos y variados en todos los niveles institucionales y de elaboración de políticas;

W.  Considerando que las instituciones de la Unión y los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, en general, y de los pertenecientes a la zona del euro, en particular, desempeñan un importante papel en la creación de una unión fiscal diseñada de tal modo que todos los mecanismos de gestión de la crisis de la zona del euro, tales como el fondo de rescate o Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), queden incorporados a un marco institucional en el que el Parlamento Europeo participe plenamente en calidad de colegislador; que la actual estructura intergubernamental representa una grave carencia de legitimidad democrática; que la moneda común solo puede estabilizarse si los Estados miembros están dispuestos a ceder competencias a la Unión en materia de política presupuestaria;

X.  Considerando que el restablecimiento de la confianza también obliga a dichos Jefes de Estado o de Gobierno y a sus ministros a defender en sus Estados miembros las decisiones políticas acordadas a escala de la Unión; que la tendencia en algunos casos a atribuir injustamente a la Unión las decisiones impopulares implica un juego de percepción especialmente peligroso que podría minar sus bases, socavando la solidaridad y finalmente menoscabando la credibilidad de los propios dirigentes nacionales y, potencialmente, de todo el proyecto europeo;

Y.  Considerando que en este momento la Unión se encuentra en una situación de fragilidad social; que algunos Estados miembros están adoptando medidas de reforma estructural y programas de consolidación sumamente exigentes; que, en última instancia, la unión política constituye la clave para superar esta fase, fomentando la solidaridad y siguiendo adelante con el proyecto europeo;

Z.  Considerando que el Consejo Europeo y la cumbre de la zona del euro de los días 28 y 29 de junio de 2012 confirmaron su determinación para adoptar las medidas necesarias destinadas a velar por una Europa próspera, competitiva y estable desde el punto de vista financiero y así potenciar el bienestar de los ciudadanos;

AA.  Considerando que la creciente brecha entre los países del centro y de la periferia de la Unión no debería adquirir carácter crónico; que debe crearse un marco permanente en el que los Estados miembros en dificultades puedan obtener apoyo solidario de otros Estados miembros; que los Estados miembros que deseen solidaridad han de estar obligados a asumir sus responsabilidades en cuanto a la aplicación de todos sus compromisos en el ámbito presupuestario, así como sus recomendaciones específicas por país y sus compromisos en virtud del semestre europeo, en particular los relativos al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el Pacto por el Euro Plus, Europa 2020 y el procedimiento de desequilibrio excesivo, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada país; considerando que velar por la estabilidad financiera de cada Estado miembro es una cuestión de interés mutuo de los Estados miembros; que el artículo 121 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que los Estados miembros considerarán sus políticas económicas una cuestión de interés común y las coordinarán en el seno del Consejo;

AB.  Considerando que la realización del mercado interior resulta primordial para volver a la senda del crecimiento; que la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, debe redoblar los esfuerzos destinados a la aplicación y cumplimiento de la legislación vigente en materia de mercado interior; que para el buen funcionamiento del mercado interior es necesario que las normas relativas a la integración del mercado se basen más en reglamentos y no en directivas;

AC.  Considerando que queda fuera de toda duda que la integración europea es un proceso irreversible y progresivo;

El camino a seguir: el informe de los cuatro Presidentes

AD.  Considerando que, desde el punto de vista democrático y a la luz de todas las disposiciones del Tratado de Lisboa, resulta inaceptable que el Presidente del Parlamento Europeo, que se compone de diputados elegidos que representan a más de 502 millones de ciudadanos europeos, no haya participado en la redacción del informe antes mencionado, titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»;

AE.  Considerando que ha llegado la hora de que los dirigentes políticos de la Unión y sus Estados miembros demuestren su determinación, creatividad, valor, resistencia y capacidad de liderazgo para eliminar las deficiencias restantes que siguen obstaculizando el buen funcionamiento de la UEM; que el método intergubernamental ha llegado a su límite y no resulta muy adecuado para un proceso de toma de decisiones democrático y eficiente en el siglo XXI; que conviene lanzarse en pos de una Europa auténticamente federal;

AF.  Considerando que el informe mencionado con anterioridad y titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» elige sin ambages el camino a seguir e intenta romper el ciclo de desconfianza mediante medidas estructurales; que el informe debe prestar atención asimismo a la dimensión social;

AG.  Considerando que el Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012 pidió a su Presidente que elaborase un plan de trabajo con plazos y medidas concretas para lograr una verdadera UEM; que concebir una visión global a largo plazo mediante un plan de trabajo es una señal importante que podría contribuir a restablecer la confianza que podría crecer a medida que se vaya aplicando el plan de forma paulatina;

AH.  Considerando que el progreso continuo en la aplicación del plan a largo plazo no aporta ninguna solución inmediata a la crisis y no debería retrasar las medidas necesarias a corto plazo;

AI.  Considerando que no puede excluirse la posibilidad de que se necesiten nuevas modificaciones del Tratado para incrementar la legitimidad democrática de una UEM plenamente operativa; que la Comisión ha de presentar una lista de las iniciativas legislativas actuales que no deben verse demoradas por la evolución institucional a largo plazo;

AJ.  Considerando que, para realizar una auténtica UEM dentro de la Unión, será necesario proceder a medio plazo a una modificación del Tratado;

AK.  Considerando que la plena utilización de los procedimientos y la flexibilidad que contemplan los Tratados vigentes para mejorar rápidamente la gobernanza de la UEM en el marco de la estructuración de un auténtico espacio político europeo es un requisito fundamental para lograr el consenso democrático con vistas a efectuar una completa y satisfactoria modificación de los Tratados en el futuro.

AL.  Considerando que el Parlamento Europeo tiene derecho a presentar al Consejo propuestas para modificar los Tratados que posteriormente han de ser examinadas por una Convención, con el fin de estructurar una auténtica UEM mediante el aumento de las competencias de la Unión, especialmente en el ámbito de la política económica, así como mediante el refuerzo de los recursos propios y de la capacidad presupuestaria de la Unión, del papel y de la responsabilidad democrática de la Comisión, así como de las prerrogativas del Parlamento;

AM.  Considerando realista y apropiado pensar que dicha Convención no debería celebrarse antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo; que los preparativos para dicha Convención deberían comenzar antes de dichas elecciones;

AN.  Considerando que ni las medidas propuestas en el marco de los Tratados vigentes ni las futuras modificaciones de los mismos deberían excluir las cláusulas de inclusión para Estados miembros y que deberían garantizar la integridad de la UE;

AO.  Considerando que las futuras modificaciones del Tratado no han de ser óbice para la rápida aplicación de lo que ya puede lograrse con los Tratados vigentes; que los Tratados existentes permiten un amplio margen para el progreso sustancial hacia una UEM basada en un marco de política financiera, presupuestaria y económica reforzado y más integrado, así como en una responsabilidad y legitimidad democráticas más sólidas;

AP.  Considerando que hasta ahora no se ha aprovechado todo el potencial que ofrece el Tratado de Lisboa en cuanto a las políticas sociales y de empleo, en primer lugar y ante todo, por lo que respecta:

   al artículo 9 del TFUE, según el cual la Unión tendrá en cuenta, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la promoción de un nivel de empleo elevado y la garantía de una protección social adecuada;
   al artículo 151 del TFUE, que establece que la Unión y los Estados miembros «tendrán como objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las exclusiones»;
   al artículo 153, apartado 1, del TFUE en general y, en concreto, su letra h) en la que se estipula «la integración de las personas excluidas del mercado laboral»;

AQ.  Considerando que el artículo 48, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea (TUE) contempla un procedimiento específico para la adopción de un acto para el cual el TFUE requiere un procedimiento legislativo especial, de acuerdo con el procedimiento legislativo ordinario; que el artículo 333 del TFUE contiene asimismo disposiciones que permiten recurrir al procedimiento legislativo ordinario en el marco de una cooperación reforzada;

AR.  Considerando que ha de aspirarse a que todos los Estados miembros adopten medidas de forma conjunta hacia una mayor integración europea; que es posible que se requieran decisiones aplicables únicamente a la zona del euro siempre que sea necesario o esté justificado por las características especiales de la zona del euro, incluidas opciones de inclusión razonables y justas para otros Estados miembros con derechos y obligaciones equilibrados;

AS.  Considerando que una estrategia común europea para la juventud resulta esencial a fin de combatir el desempleo juvenil y el riesgo de perder una generación entera en Europa;

La unión bancaria

AT.  Considerando que puede decirse que las medidas dirigidas a estabilizar el sistema financiero hasta la fecha han resultado insuficientes para restablecer plenamente la confianza; que el Banco Central Europeo (BCE), con su batería de medidas de ayuda excepcionales y de carácter temporal para Estados miembros y bancos, ha desempeñado un papel decisivo en dichas operaciones de rescate sin perder de vista su objetivo principal, a saber garantizar la estabilidad de precios;

AU.  Considerando que la independencia operativa del BCE en el ámbito de la política monetaria, basada en el Tratado, sigue siendo una piedra angular para la credibilidad de la UEM y la moneda única;

AV.  Considerando que la precaria situación del sector bancario en varios Estados miembros y en la Unión en su conjunto amenaza la economía real y las finanzas públicas, y que el coste de gestión de la crisis bancaria recae de forma gravosa en los contribuyentes y el desarrollo de la economía real, obstaculizando de ese modo el crecimiento; que los mecanismos y las estructuras existentes resultan insuficientes para impedir efectos negativos indirectos;

AW.  Considerando que los Estados miembros padecen una aparente discrepancia entre los bancos que realizan operaciones en el mercado europeo y los pasivos contingentes asumidos por la deuda soberana; que, durante la crisis actual, se ha hecho patente que el vínculo entre las entidades bancarias y la deuda soberana se ha vuelto más fuerte y más perjudicial dentro de una unión monetaria, donde se fija el tipo de cambio interno y no existe ningún mecanismo a escala de la Unión que alivie los costes de una reestructuración bancaria;

AX.  Considerando que para un buen funcionamiento de la UEM es fundamental romper las interrelaciones negativas que existen entre la deuda soberana, los bancos y la economía real;

AY.  Considerando que la crisis ha creado una dispersión de los tipos de interés de los préstamos y además ha fragmentado de hecho el mercado único de servicios financieros;

AZ.  Considerando que el Parlamento ha venido afirmando de forma reiterada y coherente la necesidad acuciante de que se tomen medidas adicionales y ambiciosas para resolver la crisis del sector bancario; que ha de establecerse una distinción entre medidas a corto plazo para estabilizar una situación de crisis bancaria aguda y otras a medio y largo plazo, que incluyan el compromiso del G-20 para la aplicación oportuna, completa y coherente de normas internacionalmente convenidas sobre capital bancario, liquidez y apalancamiento, con el fin de lograr una unión bancaria europea plenamente operativa;

BA.  Considerando que todas las medidas adoptadas en el contexto de tal unión bancaria no deben impedir que el mercado interior de servicios financieros y la libre circulación de capitales sigan funcionando correctamente;

BB.  Considerando que las entidades financieras y sus representantes deben actuar de forma responsable, acorde con estrictos criterios éticos y sirviendo a la economía real;

BC.  Considerando que la Unión necesita el establecimiento de un único mecanismo europeo de supervisión para las entidades bancarias; que, para asegurar la necesaria confianza en el mercado financiero y la estabilidad en un mercado interior común de servicios financieros, resulta esencial un marco europeo sólido y eficiente relativo a una garantía de depósitos y una resolución bancaria;

BD.  Considerando que todas las medidas orientadas a lograr una unión bancaria deben ir acompañadas de una mejora en la transparencia y rendición de cuentas de las instituciones que las aplican;

BE.  Considerando que debe examinarse la necesidad de requerir la separación jurídica de determinadas actividades financieras con un riesgo particularmente elevado de los bancos que aceptan depósitos dentro de un grupo bancario, conforme al Informe Liikanen;

BF.  Considerando que las autoridades de supervisión en general deben detectar y corregir los problemas en una etapa temprana para evitar que ocurran crisis y mantener la estabilidad y resistencia;

BG.  Considerando que la mayoría de las competencias en materia de supervisión bancaria en la Unión siguen hoy en manos de los supervisores nacionales, coordinados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) creada en virtud del Reglamento (UE) nº 1093/2010(1); que el sistema vigente de supervisión nacional ha demostrado estar demasiado fragmentado para hacer frente a los retos actuales;

BH.  Considerando que resulta indispensable contar con un mecanismo europeo de gran calidad y eficaz para garantizar que los problemas se detectan y tratan de forma enérgica, para asegurar la igualdad de condiciones entre todas las entidades bancarias con el fin de restablecer la confianza transfronteriza y evitar la fragmentación del mercado interior;

BI.  Considerando que conviene establecer una división clara de las responsabilidades operativas entre un mecanismo europeo de supervisión y las autoridades nacionales, en función del tamaño y los modelos de actividad de los bancos y del tipo de las funciones de supervisión, en aplicación de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad;

BJ.  Considerando que la supervisión europea de las entidades bancarias dentro de la UEM y el fortalecimiento de la función de la ABE en el mantenimiento del mercado interior constituyen prioridades absolutas para hacer frente a la crisis; que, sin embargo, se debe garantizar que, con el fin de alcanzar la estabilidad financiera del mercado interior, a los Estados miembros cuya moneda no es el euro y que decida participar en un mecanismo único de supervisión mediante una estrecha cooperación, se les pueda conceder una fórmula de participación que les garantice relaciones simétricas entre las obligaciones aceptadas y el impacto en la toma de decisiones;

BK.  Considerando que el mecanismo único de supervisión debe incluir desde el principio a las entidades financieras que necesiten ayudas directas de la Unión, así como a las entidades financieras de importancia sistémica;

BL.  Considerando que la independencia del mecanismo único europeo de supervisión respecto de la influencia de la política y del sector bancario no le exime de facilitar explicaciones y justificaciones ni de rendir cuentas ante el Parlamento Europeo, con carácter periódico y siempre que la situación lo requiera, por las acciones y decisiones adoptadas en el ámbito de la supervisión europea, dadas las repercusiones que dichas medidas pueden tener en las finanzas públicas, los bancos, sus empleados y sus clientes; que una rendición de cuentas democrática eficaz requiere, entre otras cosas, que el Parlamento apruebe la presidencia del consejo de supervisión del mecanismo único de supervisión seleccionado a raíz de un procedimiento abierto de selección, la obligación por parte de la presidencia de informar al Parlamento y se oído en este, el derecho del Parlamento a formular preguntas escritas u orales, así como el derecho de investigación del Parlamento conforme al TFUE;

BM.  Considerando que, en el futuro, el MEDE podrá, en determinadas condiciones, financiar directamente a bancos en dificultades; que, por este motivo, hacer operativo el mecanismo único de supervisión es la primera tarea que ha de emprenderse, y la más urgente, en la realización de la unión bancaria;

BN.  Considerando que el conjunto único de normas (código normativo único) que está elaborando la ABE, ha de garantizar la armonización completa de normas y su aplicación uniforme en toda la Unión; que la finalización del código normativo único sobre supervisión bancaria y requisitos prudenciales mejorados y más armonizados es necesaria para el funcionamiento eficaz del mecanismo único de supervisión, puesto que el supervisor europeo no puede trabajar con normas prudenciales nacionales divergentes;

BO.  Considerando que, tras la creación del mecanismo único de supervisión, se deben adaptar cuidadosamente las normas de votación en la ABE, a fin de facilitar una cooperación constructiva entre Estados miembros pertenecientes y no pertenecientes a la zona del euro y de tener plenamente en cuenta los intereses de todos los Estados miembros;

BP.  Considerando que deben finalizarse sin demora los procedimientos legislativos pendientes relacionados con el mecanismo único de supervisión;

BQ.  Considerando que, para aplicar la nueva arquitectura financiera, resulta esencial desbloquear con urgencia las negociaciones referentes a las directivas sobre los sistemas de garantía de depósitos y sobre sistemas de indemnización de los inversores, respecto de las cuales han quedado suspendidas las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, a pesar de su importancia crucial a la hora de proporcionar mecanismos comunes para la resolución de los bancos y garantizar los depósitos de clientes;

BR.  Considerando que un marco europeo único de garantía de depósitos requiere de unos requisitos uniformes, comunes y estrictos aplicables a todos los sistemas de garantía de depósitos de la Unión, a fin de obtener una protección y una estabilidad idénticas, de los sistemas de garantía de depósitos y asegurar que existe la igualdad de condiciones; que solo así se pueden establecer las condiciones previas para ofrecer la flexibilidad necesaria para tener en cuenta de forma suficiente las circunstancias nacionales específicas en el sector financiero;

BS.  Considerando que, una vez que esté en funcionamiento un marco eficaz de resolución y un mecanismo único de supervisión, el objetivo a largo plazo podría ser la creación de un fondo europeo único de garantía de depósitos, respaldado por los niveles adecuados de financiación, que reforzara así la credibilidad y la confianza de los inversores;

BT.  Considerando que una planificación ex-ante, una intervención temprana, la diligencia debida, el acceso a información de calidad y la credibilidad son factores esenciales en la gestión de crisis bancarias;

BU.  Considerando que debe crearse un régimen europeo único de recuperación y resolución, preferentemente en paralelo con el mecanismo único de supervisión, con el objetivo de restablecer la viabilidad de los bancos en dificultades y resolver las entidades financieras que no sean viables;

BV.  considerando que, a corto plazo, tiene prioridad absoluta la adopción de la propuesta de la Comisión relativa al marco de gestión de la crisis actual para los bancos en crisis;

BW.  Considerando que el objetivo general de un sistema de resolución y un marco de recuperación eficaces reside en minimizar el uso potencial de los recursos del contribuyente necesarios para la recuperación y la resolución de entidades bancarias;

BX.  Considerando que, para la protección del ahorro privado, es necesario contar con una separación funcional que garantice una articulación eficaz de los fondos europeos de garantía de depósitos y de recuperación y resolución;

BY.  Considerando que los mecanismos de resolución y garantía de depósitos han de tener una estructura financiera sólida, en primer lugar ex ante, que se base en las contribuciones del sector, en la que la contribución de una determinada institución financiera debería reflejar el nivel de riesgo de esa institución, y que el dinero público europeo y nacional se use solo como último recurso y ello en la menor medida posible;

La unión presupuestaria

BZ.  Considerando que, a este respecto, el informe titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria mencionado anteriormente marca un importante paso adelante, ya que reconoce que el buen funcionamiento de la UEM exige no solo la puesta en marcha rápida y vigorosa de las medidas ya acordadas dentro del marco de gobernanza económica reforzada (en particular el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza), sino también un avance cualitativo hacia una unión presupuestaria;

CA.  Considerando que la solvencia de las finanzas públicas, el equilibrio presupuestario durante el ciclo económico, perspectivas de un crecimiento sostenible a medio plazo, así como niveles adecuados de inversión pública son requisitos básicos para la estabilidad económica y financiera a largo plazo, el Estado del bienestar y el pago de los costes de la evolución demográfica esperada;

CB.  Considerando que el buen funcionamiento de la UEM requiere una ejecución plena y rápida de las medidas acordadas en el marco de la gobernanza económica reforzada, como el PEC reforzado y el semestre europeo complementado con políticas destinadas a fomentar el crecimiento; considerando que en un plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza (TECG) y sobre la base de una evaluación de la experiencia adquirida con su aplicación, se adoptarán las medidas necesarias con arreglo al TUE y el TFUE con el fin de incorporar el contenido del TECG en el marco jurídico de la Unión;

CC.  Considerando que el Pacto por el Crecimiento y el Empleo insiste en la necesidad de buscar la consolidación presupuestaria favorable al crecimiento y pide una atención especial a las inversiones en ámbitos orientados al futuro; que la Comisión debe presentar propuestas destinadas a determinar las inversiones que se han de priorizar dentro de los límites marcados por los marcos presupuestarios de la Unión y nacionales;

CD.  Considerando que la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de dar un paso cualitativo hacia una unión presupuestaria más sólida y democrática con un aumento de los recursos propios de la Unión, mecanismos más eficaces para corregir trayectorias presupuestarias y niveles de deuda insostenibles, y establecer los límites máximos para el equilibrio presupuestario de los Estados miembros;

CE.  Considerando que una «auténtica UEM» necesita contar con el apoyo y la aceptación de los ciudadanos de la Unión; que debe hacerse hincapié en la necesidad de incorporar a los responsables políticos, interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil de todos los ámbitos políticos;

CF.  Considerando que unos mecanismos adicionales para asegurar que todos los Estados miembros respeten sus compromisos en sus propios procedimientos presupuestarios deberían reforzar, y no debilitar, el marco actual de gobernanza económica; que se ha de reforzar el papel independiente del Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, junto con potentes mecanismos de rendición de cuentas ante el Parlamento Europeo y el Consejo; que debe establecerse un tesoro europeo presidido por un ministro de Hacienda europeo, responsable de forma individual ante el Parlamento Europeo;

CG.  considerando que la cláusula de flexibilidad (artículo 352 del TFUE) puede utilizarse para establecer una oficina del tesoro europeo presidido por un ministro de Hacienda europeo, lo que constituye un rasgo clave de una auténtica UEM;

CH.  Considerando que el artículo 136 del TFUE permite adoptar, de conformidad con el procedimiento legislativo pertinente de entre los contemplados en los artículos 121 y 126 del TFUE, medidas específicas que refuercen la coordinación y supervisión de la disciplina presupuestaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; que esta legislación puede contemplar la delegación de poderes en la Comisión para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto legislativo dado; que el TFUE prevé la posibilidad de conceder al Parlamento o al Consejo el derecho de revocar dicha delegación de competencias a la Comisión;

CI.  Considerando que, de conformidad con las normas generales del ordenamiento jurídico de la Unión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene competencia para garantizar que, en la interpretación y aplicación de los Tratados, se respete la legislación de la UE salvo en los casos que se excluyan expresamente;

CJ.  Considerando que las negociaciones a tres bandas sobre los reglamentos relativos al paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («two-pack») deberían conducir pronto a resultados políticos concretos;

CK.  Considerando que el PEC es, por diseño, un instrumento de estabilización cíclica que, al consentir a los Estados miembros tener un déficit de hasta el 3 %, permite compensar y absorber las perturbaciones económicas en el Estado miembro en cuestión; que esta política anticíclica solo puede funcionar si los Estados miembros consiguen superávits presupuestarios durante las épocas de bonanza; que los mecanismos de asistencia financiera como el MEDE son una medida a la que se ha de recurrir en última instancia;

CL.  Considerando que los Estados miembros parte del TECG en la UEM han de notificar sus planes de emisión de deuda pública a la Comisión y al Consejo, permitiendo así una coordinación temprana de la emisión de deuda a escala de la Unión;

CM.  Considerando que, de conformidad con los Tratados vigentes, los Estados miembros cuya moneda es el euro pueden financiar un presupuesto de la Unión superior en el marco del procedimiento de recursos propios, introduciendo impuestos específicos o tasas de acuerdo con un procedimiento de cooperación reforzada; que convendría particularmente preferir la relación con el marco presupuestario de la Unión ya existente y no socavar las funciones tradicionales del presupuesto de la Unión que consisten en financiar políticas comunes; considerando que una mayor capacidad presupuestaria de estas características debería apoyar el crecimiento y la cohesión social mediante la corrección de los desequilibrios, las diferencias estructurales y las situaciones de emergencia financiera que están directamente relacionadas con la unión monetaria;

CN.  Considerando que, a largo plazo, la emisión común de deuda podría constituir, con el cumplimiento de estrictas condiciones, un posible modo de complementar a la UEM; que la emisión común de deuda en la zona del euro, con obligaciones solidarias, puede requerir modificaciones en los Tratados;

CO.  Considerando que, como condición previa necesaria para la emisión común de deuda, se está estableciendo un marco presupuestario sostenible orientado tanto a la gobernanza económica reforzada, la disciplina presupuestaria y el cumplimiento del PEC, como a instrumentos de control que eviten el riesgo moral;

CP.  Considerando que una unión presupuestaria más sólida e integrada debe incluir una refinanciación gradual por medio de un fondo de amortización;

CQ.  Considerando que debe recordarse que la introducción de instrumentos de emisión común de deuda de forma no creíble puede tener consecuencias incontrolables e implicar la pérdida de la confianza a largo plazo en la capacidad de la zona del euro para actuar con decisión;

CR.  Considerando que la crisis de la deuda ha empujado a la Unión y especialmente a la zona del euro, a establecer nuevos instrumentos financieros de solidaridad en Europa: el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el MEDE y otros proyectos relacionados con la hoja de ruta hacia una auténtica UEM; que la incidencia financiera de estos instrumentos es mucho mayor, en términos de importes, que el presupuesto de la Unión, y que la idea innovadora de un presupuesto central para la zona del euro financiado por sus propios miembros se está proponiendo ahora como garantía final de esta nueva solidaridad financiera;

CS.  Considerando que la multiplicación de estos instrumentos de solidaridad dificulta la evaluación de la contribución real de cada Estado miembro a la solidaridad europea, que supera con mucho las contribuciones financieras respectivas de los Estados miembros al presupuesto de la Unión; considerando, además, que es probable que la diversidad de instrumentos existentes, en términos de fundamentos jurídicos, modalidad de intervención y Estados miembros implicados, haga que el conjunto sea difícil de controlar por parte de los líderes europeos, difícil de entender para los ciudadanos europeos en general y susceptible de escapar al control parlamentario;

CT.  Considerando que el MEDE podría integrarse en el marco jurídico de la Unión mediante la cláusula de flexibilidad (artículo 352 del TFUE), junto con el artículo 136 revisado del TFUE;

CU.  Considerando que, de conformidad con los Tratados vigentes, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento, puede especificar las definiciones para la aplicación de la «cláusula de no rescate» (artículo 125, apartado 2, del TFUE);

CV.  Considerando que deben aplicarse a la troika normas elevadas de control democrático a escala de la Unión;

CW.  Considerando que las actividades de la Comisión en los contextos de una unión presupuestaria y económica deberían basarse en un diálogo social adecuado y respetar plenamente la autonomía de los interlocutores sociales;

CX.  Considerando que la independencia del Sistema Estadístico Europeo (SEE) debe salvaguardarse tanto a escala nacional como de la Unión, con el fin de mantener la credibilidad en las estadísticas europeas en su función central de apoyo a una unión presupuestaria plenamente desarrollada (mediante normas de elevada calidad y un enfoque sistemático para desarrollar, producir y verificar la precisión de las estadísticas financieras del sector público);

CY.  Considerando que las normas de contabilidad pública deben aplicarse en todos los Estados miembros de forma normalizada y que deben estar sometidas a mecanismos de auditoría interna y externa, como complemento esencial a unos poderes de la Comisión más amplios y a un mayor papel de coordinación del Tribunal de Cuentas Europeo y de los tribunales de cuentas nacionales a la hora de verificar la calidad de las fuentes utilizadas para elaborar las cifras de deuda y déficit;

La unión económica

CZ.  Considerando que, hasta ahora, se ha hecho mucho hincapié en la vertiente monetaria de la UEM cuando aún hay una necesidad urgente de crear una auténtica unión económica, en la que la Estrategia Europa 2020 debería ofrecer el marco vinculante para diseñar y ejecutar las políticas económicas;

DA.  Considerando que el Pacto por el Euro Plus, la Estrategia Europa 2020 y el Pacto por el Crecimiento y el Empleo deberían integrarse en la legislación de la Unión y preparan el camino para la introducción de un código de convergencia para las economías de los Estados miembros;

DB.  Considerando que el semestre europeo, tal y como se ha descrito en el componente preventivo del PEC, ofrece un marco adecuado para la coordinación de las opciones políticas económicas y presupuestarias aplicadas a escala nacional en consonancia con las recomendaciones por país adoptadas por el Consejo;

DC.  Considerando que el artículo 9 del TFUE pide la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana;

DD.  Considerando que la consolidación presupuestaria, la reducción de los desequilibrios macroeconómicos excesivos, las reformas estructurales y las inversiones son necesarias para salir de la crisis y asegurar el empleo y el crecimiento cualitativo y sostenible en una sociedad del conocimiento, reflejando la realidad de la pertenencia a la UEM dentro de una economía social de mercado; que las reformas estructurales solo dan resultados a largo plazo;

DE.  Considerando que el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, aprobado en la Cumbre Europea de los días 28 y 29 de junio de 2012, puede realizar una importante contribución al crecimiento, el empleo y mejorar las capacidades europeas de competencia; que la Unión y los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades y actuar con rapidez para completar el mercado interior y liberar su potencial; que es oportuno el cambio de planteamiento mediante la adopción de un Pacto por el Crecimiento, aunque la movilización de fondos destinados a las medidas de fomento del crecimiento procedentes de los Fondos Estructurales solo se refiere a una reasignación de los fondos existentes, por lo que no ofrece recursos financieros adicionales;

DF.  Considerando que los Estados miembros han de llevar a cabo sin demora de las reformas acordadas en sus programas nacionales de reforma y que incumbe a los Parlamentos nacionales proceder a un control oportuno e informado de las acciones de sus gobiernos a este respecto;

DG.  Considerando que el funcionamiento pleno del mercado interior se ve obstaculizado por los obstáculos que se mantienen todavía en algunos Estados miembros; que para aprovechar todo el potencial de crecimiento de la economía de la Unión es necesario completar el mercado interior, especialmente en ámbitos como los servicios, la energía, las telecomunicaciones, la normalización, la simplificación de las normas en materia de contratación pública, las industrias de redes, el comercio electrónico y el régimen de derechos de autor;

DH.  Considerando que la profundización de la integración económica y presupuestaria se verá socavada sin una coordinación más estrecha en el ámbito fiscal; que la norma de la unanimidad en el ámbito fiscal dificulta los avances en este sector y que el instrumento de cooperación reforzada ha de utilizarse con mayor frecuencia; que cabe referirse a las posiciones del Parlamento sobre la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) y el impuesto sobre las transacciones financieras (ITF); que, en el ámbito fiscal, se necesita claramente una convergencia entre las estructuras de los sistemas fiscales y los niveles impositivos en los Estados miembros; que la competencia fiscal nociva entre los Estados miembros va claramente contra la lógica del mercado interior y debe atajarse;

DI.  Considerando la importancia de que la recuperación de la economía se acompañe de una política del mercado de trabajo que estimule la búsqueda de empleo y el espíritu empresarial, y reduzca el desempleo estructural, especialmente en el caso de los jóvenes, los mayores y las mujeres, al mismo tiempo que se salvaguarda el modelo social europeo y se respeta plenamente el papel de los interlocutores sociales y el derecho a negociar, celebrar o aplicar convenios colectivos o emprender acciones colectivas de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales; que, en este sentido, debe fomentarse la integración de los mercados de trabajo de los Estados miembros para aumentar la movilidad laboral transfronteriza;

DJ.  Considerando que debería utilizarse una coordinación vinculante a nivel de la Unión para determinadas cuestiones esenciales de política económica de especial relevancia para el crecimiento y el empleo;

DK.  Considerando que la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas no consiste únicamente en el uso económico de los escasos recursos públicos, sino también en una fiscalidad justa, una progresividad fiscal, una buena organización de la recaudación tributaria, una mejor lucha contra todas las formas de fraude y evasión fiscal, una cooperación y coordinación fiscales destinadas a limitar la dañina competencia fiscal, así como en un buen diseño del sistema tributario que promueva el desarrollo de empresas y la creación de puestos de trabajo;

DL.  Considerando que los Estados miembros deberían ser responsables de la aplicación de la Estrategia Europa 2020;

DM.  considerando que la estrategia Europa 2020 debe ser sometida a una revisión intermedia en la cual resultaría equivocado evitar la denuncia pública y que debería examinar si es necesario pulir o ajustar los objetivos, y de qué modo se puede ejercer presión sobre los Estados miembro para que cumplan los objetivos,

DN.  Considerando que la disponibilidad de estadísticas europeas de alta calidad desempeña un papel esencial en el núcleo de una nueva gobernanza económica y, en particular, constituyen un requisito previo para apoyar el funcionamiento correcto de sus procesos principales de vigilancia y puesta en práctica, tales como el semestre europeo, el procedimiento de desequilibrios macroeconómicos y la Estrategia Europa 2020;

DO.  Considerando que deben proseguirse los esfuerzos para modernizar los métodos de producción de las estadísticas europeas con el fin de garantizar su elevado nivel de calidad, la rentabilidad e idoneidad de los recursos y con el fin de facilitar la divulgación pertinente y el acceso a las autoridades públicas, los agentes económicos y los ciudadanos;

De la legitimidad y responsabilidad democráticas a la unión política

DP.  Considerando que la Unión debe su legitimidad a sus valores democráticos, los objetivos que persigue y sus competencias, instrumentos e instituciones;

DQ.  Considerando que esta legitimidad se deriva de una doble ciudadanía, la de las personas representadas por el Parlamento y la de los Estados miembros representados por el Consejo;

DR.  Considerando que, debido a la crisis actual y a la forma en que se han adoptado las medidas para contrarrestarla, se ha avivado el debate la necesidad de aumentar el carácter democrático de la adopción de decisiones en la UEM;

DS.  Considerando que los dirigentes políticos y los representantes de las instituciones, las agencias y otros organismos de la Unión deberían responder políticamente ante el Parlamento; que deberían informar a la comisión competente del Parlamento periódicamente y presentarle su trabajo y previsiones con carácter anual;

DT.  Considerando que, en los últimos años, el Consejo Europeo ha intentado encontrar la forma de salir de la crisis y ha formulado numerosas propuestas para las que los Tratados no siempre asignan competencias claras a la Unión;

DU.  Considerando que es de lamentar, que el Consejo Europeo, aunque en algunos casos haya sido inevitable, la opción elegida por el Consejo de preferir la vía intergubernamental, sin incluir al Parlamento como un agente importante para hallar una salida a la crisis;

DV.  Considerando que, en el caso de las propuestas que entran en el ámbito de competencias de la Unión, deben adoptarse decisiones de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, con la plena participación del Parlamento;

DW.  Considerando que los poderes ejecutivos de la Comisión en el enfoque basado en normas del marco de gobernanza económica, establecido en particular en el PEC reforzado y en el mecanismo de vigilancia macroeconómica, deben someterse a un control democrático ex post del Parlamento Europeo y a una rendición de cuentas ante el mismo;

DX.  Considerando que deberían comunitarizarse los instrumentos intergubernamentales creados desde el inicio de la crisis en diciembre de 2009;

DY.  Considerando que se necesitan un control, una participación y una codecisión más democráticos en relación con la política económica, monetaria y social, la fiscalidad, el marco financiera plurianual y los recursos propios; que para ello deben activarse las cláusulas pasarela existentes;

DZ.  Considerando que no es aceptable que el Presidente del Parlamento Europeo no pueda estar presente durante la totalidad de las reuniones del Consejo Europeo y de la Cumbre de la zona del euro; que urge encontrar una solución a esta falta de legitimidad democrática mediante un acuerdo político entre las dos instituciones;

EA.  Considerando la urgencia de afrontar el déficit democrático actual de la UEM y de vincular estrictamente cualquier medida adicional hacia una unión bancaria, presupuestaria y económica con una mayor legitimidad y responsabilidad democráticas a nivel de la Unión;

EB.  Considerando que conviene velar por que siempre que se creen o transfieran nuevas competencias a nivel de la Unión o que se constituyan nuevas instituciones de la Unión, se haga de manera legítima, se someta al correspondiente control democrático del Parlamento y se rinda cuentas ante él;

EC.  Considerando que ningún acuerdo intergubernamental entre los Estados miembros puede crear estructuras paralelas a las de la Unión; que todos los acuerdos que establezcan regímenes internacionales o supranacionales deben someterse a un control democrático pleno del Parlamento;

ED.  Considerando que garantizar la producción, verificación y divulgación de estadísticas europeas de alta calidad mediante un auténtico sistema estadístico europeo es una contribución crucial a reforzar la plena transparencia y la rendición pública de cuentas eficaz en lo que se refiere al diseño, la gestión y la aplicación de las políticas de la Unión tanto a nivel de la Unión como nacional;

EE.  Considerando que debería reforzarse la cooperación entre el Parlamento y los Parlamentos nacionales basada en el protocolo nº 1 al TUE y al TFUE en el papel de los parlamentos nacionales en la Unión Europea (Protocolo n° 1), con el fin de mejorar el intercambio de opiniones y la calidad de la actividad parlamentaria en el ámbito de la gobernanza de la UEM tanto a nivel de la Unión como nacional; que dicha cooperación no debería considerarse como la creación de un nuevo organismo parlamentario mixto que no resultaría ni eficaz ni legítimo desde un punto de vista democrático y constitucional;

1.  Considera necesario integrar la gobernanza de la UEM dentro del marco institucional de la Unión, lo que constituye una condición previa para que sea eficaz y colme la actual brecha política entre las políticas nacionales y las políticas europeas;

2.  Pide a todas las instituciones el inicio rápido del proceso mediante la maximización de las posibilidades que se contemplan en los Tratados vigentes y sus elementos de flexibilidad y, al mismo tiempo, la preparación de las modificaciones que es necesario introducir en los Tratados para garantizar la seguridad jurídica y la legitimidad democrática; reitera que debe excluirse la opción de un nuevo acuerdo intergubernamental;

3.  Subraya que ni las medidas propuestas en el marco de los Tratados vigentes ni las futuras modificaciones de los mismos deberían excluir las cláusulas de inclusión y que deberían garantizar la integridad de la UE;

4.  Pide al Consejo, que confirió el mandato a los autores del mencionado informe titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria», que incorpore de inmediato al Presidente del Parlamento Europeo como coautor de esta propuesta con iguales derechos, con el objetivo de reforzar su legitimidad democrática;

5.  Acoge con satisfacción que, pese a desempeñar por el momento un papel meramente informal, la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo haya solicitado a la comisión competente del Parlamento que examine las propuestas sustantivas junto con los tres representantes («sherpas») que están negociando con el Presidente permanente del Consejo Europeo en nombre del Parlamento;

6.  Confirma que hará pleno uso de sus prerrogativas para remitir al Consejo propuestas de enmienda de los Tratados que posteriormente deberán ser examinadas por una Convención, con el fin de estructurar una auténtica UEM mediante el aumento de las competencias de la Unión, especialmente en el ámbito de la política económica, así como mediante el refuerzo de los recursos propios y de la capacidad presupuestaria de la Unión, del papel y de la responsabilidad democrática de la Comisión, así como de las prerrogativas del Parlamento Europeo;

7.  Pide a los Parlamentos nacionales que participen en el proceso de elaboración de los planes presupuestarios y de los programas de reformas de sus gobiernos antes de ser presentados a la Unión; tiene la intención de proponer a la Convención que incluya esta responsabilidad explícita en las funciones que competen a los Parlamentos nacionales en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del TUE;

8.  Pide al Presidente del Consejo que, sin demora, concluya en acuerdo con el Parlamento los procedimientos legislativos pertenecientes al procedimiento legislativo ordinario conforme al Tratado de Lisboa que están bloqueados por el Consejo, y que los adopte, sobre todo los relacionados con el paquete de propuestas CRD IV (requisitos de capital) y los sistemas de garantía de depósitos nacionales;

9.  Considera que una mejora significativa de la legitimidad democrática y de la responsabilidad en la gobernanza de la UEM a nivel de la Unión, con el refuerzo del papel desempeñado por el Parlamento Europeo, es una absoluta necesidad y un requisito fundamental para cualquier paso posterior hacia una unión bancaria, una unión presupuestaria y una unión económica;

10.  Considera que, de conformidad con los Tratados vigentes, la coordinación y vigilancia de la disciplina presupuestaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro podría adquirir carácter vinculante y someterse al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a tenor simplemente del artículo 136 del TFUE, en conjunción con el artículo 121, apartado 6, pero que, desde una perspectiva constitucional, este paso debería considerarse solo si reforzara significativamente el papel desempeñado por el Parlamento en lo que se refiere a la aplicación específica de los artículos 121, apartados 3 y 4, del TFUE y con el fin de completar e aplicar el procedimiento de supervisión multilateral con actos delegados basados en artículo 290 del TFUE; recuerda que, en virtud de los Tratados, deben tenerse en cuenta, en la definición y ejecución de las políticas y acciones de la Unión, la promoción de un nivel de empleo elevado y la garantía de una protección social adecuada, concretamente mediante la introducción, sobre la base de las estrategias existentes, de un nuevo conjunto de directrices para los Estados miembros, que incluyan criterios de referencia sociales y económicos que traigan aparejadas normas mínimas que deben aplicarse a los principales pilares de sus economías;

11.  Considera que una «auténtica UEM» no puede reducirse a un sistema de normas, sino que se requiere una mayor capacidad presupuestaria sobre la base de recursos propios específicos (incluido un impuesto sobre las transacciones financieras) que, en el marco del presupuesto de la Unión, deberían apoyar el crecimiento y la cohesión social, abordando los desequilibrios y diferencias estructurales y las situaciones de emergencia financiera que están directamente relacionadas con la unión monetaria, sin menoscabar sus funciones tradicionales de financiación de las políticas comunes;

12.  Opina que, de conformidad con los Tratados vigentes, el artículo 136 del TFUE permite al Consejo, previa recomendación de la Comisión y únicamente con el voto favorable de los Estados miembros cuya moneda es el euro, adoptar directrices vinculantes en materia de política económica para los países de la zona del euro dentro del semestre europeo; destaca que un mecanismo de incentivos reforzaría la naturaleza vinculante de la coordinación de políticas económicas; pide un acuerdo interinstitucional que asocie al Parlamento a la elaboración y aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;

13.  Reafirma su intención de intensificar la cooperación con los Parlamentos nacionales según el Protocolo nº 1 y destaca que dicha cooperación no debe considerarse como la creación de un nuevo organismo parlamentario mixto, que no resultaría ni eficaz ni legítimo desde un punto de vista democrático y constitucional; destaca la plena legitimidad del Parlamento como organismo parlamentario de la Unión para una gobernanza de la UEM reforzada y democrática;

14.  Pide a la Comisión que presente al Parlamento lo antes posible tras las consultas a todas las partes interesadas, con el Parlamento como colegislador, propuestas de actos que sigan las recomendaciones detalladas que figuran en el anexo al presente documento;

15.  Confirma que estas recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión;

16.  Pide a la Comisión que, además de las medidas que pueden y deben adoptarse con rapidez con arreglo a los Tratados vigentes, elabore un lista de los cambios institucionales que pueden resultar necesarios para reforzar la arquitectura de la UEM, partiendo de la necesidad de un marco financiero integrado, de un marco presupuestario integrado y de un marco integrado de política económica basado en una función reforzada del Parlamento;

17.  Considera que las repercusiones financieras de la propuesta solicitada deben correr a cargo de las dotaciones presupuestarias oportunas;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones detalladas formuladas en el anexo a la Comisión, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Presidente del Eurogrupo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

ANEXO

RECOMENDACIONES DETALLADAS RESPECTO AL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

1.  Un marco financiero integrado

Recomendación 1.1 relativa a un mecanismo único de supervisión

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

Las actuales propuestas de la Comisión sobre el mecanismo único de supervisión europeo debe adoptarse lo antes posible para garantizar la aplicación eficaz de las normas prudenciales, el control de riesgos y la prevención de crisis respecto de las entidades de crédito en toda la Unión.

El fundamento jurídico, la forma y el contenido de la propuesta debe brindar la posibilidad de que los Estados miembros participen plenamente en el mecanismo de supervisión europeo, de forma que se garantice la plena participación en el proceso de toma de decisiones de los Estados miembros participantes cuya moneda no es el euro, velando por una relación simétrica entre las obligaciones aceptadas y la repercusión en la toma de decisiones.

La participación de los Estados miembros de la zona del euro en el supervisor europeo debe ser obligatoria.

La propuesta debe someterse a un control democrático pleno y exhaustivo por parte del Parlamento Europeo dentro de los límites que marcan los Tratados.

El fundamento jurídico debe prever la participación del Parlamento Europeo como colegislador cuando no pueda desempeñar su papel de codecisión mediante un concepto de «paquete de medidas en el ámbito de la supervisión». En virtud del artículo 263 del TFUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe controlar la legalidad de los actos del BCE que no sean recomendaciones y dictámenes, destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.

La propuesta debe garantizar que todas las funciones de la ABE, que figuran en el Reglamento (UE) nº 1093/2010, sigan ejerciéndose a nivel de la Unión y que las propuestas permitan el correcto funcionamiento de las Autoridades Europeas de Supervisión, tal como se prevé en el Reglamento (UE) nº 1093/2010.

El mecanismo único de supervisión europeo debe rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y el Consejo por las acciones y decisiones adoptadas en el ámbito de la supervisión europea y debe informar a la comisión competente del Parlamento Europeo. La rendición de cuentas democrática requiere, entre otras cosas, que el Parlamento apruebe la presidencia del consejo de supervisión del mecanismo único de supervisión seleccionado a raíz de un procedimiento abierto de selección, la obligación por parte de la presidencia de informar al Parlamento Europeo y se oído en este, el derecho del Parlamento Europeo a formular preguntas escritas u orales, así como el derecho de investigación del Parlamento conforme al TFUE.

El mecanismo único de supervisión europeo debe ser independiente de intereses políticos nacionales y ha de hacer prevalecer los intereses de la Unión sobre los nacionales mediante un mandato de la Unión y una gobernanza adecuada.

Ha de especificarse el proceso de toma de decisiones en el mecanismo único de supervisión en la propuesta legislativa pertinente, en el marco de un procedimiento legislativo ordinario.

El supervisor europeo debe tener la competencia y responsabilidad para:

   supervisar a todas las entidades de crédito de los países incluidos en el sistema, pero con una división clara de responsabilidades operativas entre los supervisores nacionales y el europeo dependiendo del tamaño y los modelos de actividad de los bancos y del carácter de las funciones de supervisión;
   actuar de un modo coherente con la necesidad de mantener la unidad e integridad, así como la competitividad internacional, del mercado interior, por ejemplo para garantizar que no existan obstáculos a la competencia entre Estados miembros;
   tener debidamente en cuenta el impacto de sus actividades en la competencia y la innovación dentro del mercado interior, en la integridad de la Unión en su conjunto, en la competitividad mundial de la Unión, la inclusión financiera, la protección de los consumidores y la nueva estrategia de la Unión para el empleo y el crecimiento;
   proteger la estabilidad y resistencia de todas las partes del sistema financiero de los Estados miembros participantes, la transparencia de los mercados y los productos financieros y la protección de los depositantes y los inversores, teniendo en cuenta la diversidad de los mercados y formas institucionales;
   evitar el arbitraje regulatorio y garantizar la igualdad de condiciones;
   reforzar la coordinación internacional de la supervisión y, cuando proceda, representar a la Unión en las instituciones financieras internacionales;
   en caso de que las autoridades nacionales pertinentes no actúen, adoptar las medidas necesarias para reestructurar, rescatar o cerrar las entidades financieras que estén en graves dificultades o cuya quiebra generaría inquietud con respecto a los intereses públicos generales.

Los organismos responsables de la supervisión a escala supranacional dispondrán de recursos suficientes, incluidos humanos, para garantizar que posean las capacidades operativas necesarias para llevar a cabo su misión.

Recomendación 1.2 relativa a los sistemas de garantía de depósitos

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

El Parlamento Europeo pide a la Comisión que haga todo lo posible para la pronta conclusión del procedimiento legislativo referente a la Directiva refundida relativa a los sistemas de garantía de depósitos sobre la base de la Posición del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2012.

Teniendo en cuenta el objetivo a largo plazo del marco único europeo referente a los depósitos, deben aplicarse unas exigencias uniformes y estrictas a todos los sistemas de garantía de depósitos de la Unión, a fin de obtener una misma protección a gran escala y la misma estabilidad de los sistemas de garantía de depósitos, así como para asegurar que existe una igualdad de condiciones. Solo así se podrán crearse las condiciones previas necesarias para ofrecer flexibilidad, con vistas a tomar en consideración adecuadamente en el sector financiero las condiciones nacionales específicas.

Una vez que esté en funcionamiento un marco eficaz de resolución y un mecanismo único de supervisión, deben examinarse opciones para un fondo europeo único de garantía de depósitos, respaldado por los niveles adecuados de financiación, que reforzara así la credibilidad y la confianza de los inversores.

Para la protección del ahorro privado, es necesario contar con una separación funcional que garantice una articulación eficaz de los fondos europeos de garantía de depósitos y de recuperación y resolución.

Los mecanismos de garantía de depósitos, así como los sistemas de rescate y resolución han de tener una estructura financiera sólida, en primer lugar ex ante, que se base en las contribuciones del sector, en la que la contribución de una determinada institución financiera debería reflejar el nivel de riesgo de esa institución, y que el dinero público europeo y nacional se use solo como último recurso y ello en la menor medida posible.

Recomendación 1.3 relativa al rescate y la resolución

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

La propuesta de Directiva actual por la que se establece un marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas de inversión debe adoptarse cuanto antes para crear un sistema europeo destinado a la aplicación de medidas de resolución y abrirse a medio plazo a la creación de un sistema europeo único de rescate y resolución. Se ha de tener en cuenta el hecho de que determinados sectores bancarios ya disponen de mecanismos de plena protección y herramientas de rescate y resolución que deben ser reconocidos, apoyados y articulados dentro del acto legislativo.

El objetivo general de un sistema de resolución y rescate eficaz ha de ser minimizar el uso de los recursos de los contribuyentes necesarios para el rescate y la resolución de las entidades bancarias.

Para la protección del ahorro privado, es necesario contar con una separación funcional que garantice una articulación eficaz de los fondos europeos de garantía de depósitos y de recuperación y resolución.

Los mecanismos de garantía de depósitos, así como los sistemas de rescate y resolución han de tener una estructura financiera sólida, en primer lugar ex ante, que se base en las contribuciones del sector, en la que la contribución de una determinada institución financiera debería reflejar el nivel de riesgo de esa institución, y que el dinero público europeo y nacional se use solo como último recurso y ello en la menor medida posible.

La propuesta también debe ser coherente con otros aspectos de la Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2010, con recomendaciones a la Comisión en materia de gestión transfronteriza de las crisis en el sector bancario, como la armonización de las leyes en materia de insolvencia, la evaluación común de riesgos, un conjunto único de herramientas y una «escala de intervención».

Recomendación 1.4 relativa a elementos adicionales de una unión bancaria

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

   el requisito, cuando proceda, de la separación jurídica de determinadas actividades financieras con un riesgo particularmente elevado de los bancos que aceptan depósitos dentro de un grupo bancario, conforme al Informe Liikanen;
   un marco regulador basado en el principio de «mismo riesgo, mismas normas», que garantice que las entidades no bancarias que realicen actividades de tipo bancario e interactúen con otros bancos no estén fuera del control de los órganos reguladores;
   pruebas de resistencia creíbles y periódicas para comprobar la salud financiera de los bancos, fomentar la detección temprana de los problemas y determinar de forma eficaz la envergadura de las intervenciones;
   un único código normativo uniforme para la supervisión prudencial de todos los bancos y un único marco macroprudencial para prevenir una mayor fragmentación bancaria.

2.  Un marco presupuestario integrado

Recomendación 2.1 relativa al paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («two pack»)

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

En los siguientes ámbitos la Comisión debe tener la obligación de aplicar de forma eficaz los compromisos alcanzados en el contexto de las negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativas al paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («two pack»):

   creación de un calendario presupuestario común;
   reforma de los marcos presupuestarios nacionales;
   evaluación de los planes presupuestarios incluida una evaluación de las inversiones y los gastos públicos en relación con los objetivos de la Estrategia Europa 2020;
   elaboración de programas de asociación económica;
   seguimiento más detallado de los Estados miembros cuya moneda es el euro y que estén inmersos en un procedimiento de déficit excesivo;
   seguimiento más detallado de los Estados miembros cuya moneda es el euro y estén en riesgo de no cumplir sus obligaciones en virtud del procedimiento de déficit excesivo;
   información sobre la emisión de deuda;
   una iniciativa que especifique una serie de programas necesarios para movilizar inversión adicional a largo plazo de cerca del 1 % del PIB para mejorar el crecimiento sostenible y complementar las reformas estructurales requeridas.

Recomendación 2.2 sobre la comunitarización del Pacto Presupuestario

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

Sobre la base de una evaluación de la experiencia con su aplicación y de acuerdo con el TUE y el TFUE, el Pacto Presupuestario debe incorporarse al Derecho derivado de la Unión lo antes posible.

Recomendación nº 2.3: Fiscalidad

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

En una Unión económica, fiscal y presupuestaria cada vez más sólida, es preciso hacer más para armonizar los sistemas tributarios y abordar la competencia fiscal perjudicial entre Estados miembros que va claramente en contra de la lógica del mercado interior. En primer lugar, cuando fallen todas las vías de debate y compromiso, debe utilizarse con mayor frecuencia la cooperación reforzada en el ámbito de la fiscalidad (por ejemplo, el establecimiento de la BICCIS o del impuesto sobre las transacciones financieras), puesto que los marcos armonizados de tributación potenciarán la integración de la política presupuestaria.

Recomendación nº 2.4: Un presupuesto central europeo financiado a partir de sus propios recursos

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

A la hora de formular las opciones de política, la Comisión y el Consejo deben estar obligados a tener en cuenta las posiciones del Parlamento Europeo sobre el marco financiero plurianual y los recursos propios. El Parlamento Europeo ha expresado reiteradamente la necesidad urgente de reformar el sistema de recursos propios y volver al espíritu y la letra del TFUE, afirmando que el presupuesto de la Unión se financiará únicamente por sus propios recursos.

Debe abordarse con carácter urgente la situación en la que las necesidades financieras del presupuesto de la Unión chocan con la consolidación presupuestaria necesaria en los Estados miembros. Por consiguiente, ha llegado el momento de volver progresivamente a una situación en la que el presupuesto de la Unión se financie mediante auténticos recursos propios, con el consiguiente alivio para los presupuestos nacionales. Además se recuerda que, en sus Resoluciones de 29 de marzo de 2007, 8 de junio de 2011, 13 de junio de 2012 y de 23 de octubre de 2012, el Parlamento Europeo explicó sus puntos de vista sobre lo que significa un auténtico sistema de recursos propios y la manera de compatibilizar este sistema con la necesaria consolidación presupuestaria a escala nacional a corto plazo.

Una mayor coordinación presupuestaria en la Unión requiere datos consolidados sobre las cuentas públicas de la Unión, los Estados miembros y las autoridades locales y regionales, reflejando los objetivos de la Unión. Por lo tanto, la Comisión debería incluir el establecimiento de dichos datos consolidados en las próximas propuestas legislativas.

Recomendación nº 2.5: refinanciación gradual por medio de un fondo de amortización

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

Debe producirse una refinanciación gradual de la deuda excesiva por medio de un fondo de amortización sobre la base de la propuesta realizada por el Consejo alemán de expertos económicos, en la que se prevé la creación temporal de un fondo que se alimentaría con toda la deuda superior al 60 % de los Estados miembros que cumplan determinados criterios; la deuda se refinanciaría en un plazo de 25 años aproximadamente; se crearía así un fondo que, junto con el cumplimiento de todos los mecanismos existentes, contribuirá a mantener la deuda total de los Estados miembros por debajo del 60 % en el futuro.

Recomendación 2.6 para la lucha contra la evasión fiscal

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

No puede utilizarse la libre circulación de capital como forma de evadir impuestos, en particular en los Estados miembros cuya moneda es el euro y que están atravesando o podrían estar atravesando graves dificultades en relación con su estabilidad financiera en la zona del euro. Por tanto, la Comisión, en consonancia con su importante iniciativa de 27 de junio de 2012 encaminada a reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión, debe concluir las rondas de acuerdos internacionales y presentar propuestas de mejora de la cooperación y la coordinación entre las autoridades tributarias.

Debe establecerse un impuesto sobre las transacciones financieras en el marco de la cooperación reforzada con arreglo a los artículos 326 a 333 del TFUE.

Recomendación 2.7. sobre la supervisión democrática del MEDE

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

El MEDE debe evolucionar hacia una gestión conforme al método comunitario que rinda cuentas al Parlamento Europeo. Las decisiones clave, tales como la concesión de ayuda financiera a un Estado miembro y la celebración de memorandos, deben estar sujetas al control del Parlamento Europeo.

La troika designada para garantizar la aplicación de los memorandos debe comparecer ante el Parlamento Europeo antes de asumir sus funciones y debe estar sometida a la presentación de informes periódicos al Parlamento Europeo y al control democrático del mismo.

Recomendación 2.8 relativa a la garantía de la responsabilidad democrática y la legitimidad de la coordinación presupuestaria

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

Cualquier mecanismo nuevo para la coordinación de la política presupuestaria debe ir acompañado de las disposiciones suficientes para garantizar la responsabilidad democrática y la legitimidad.

3.  Un marco integrado de política económica

Recomendación 3.1 sobre una mejor coordinación ex ante de la política económica y sobre la mejora del semestre europeo.

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

La Comunicación debe garantizar que se apliquen plenamente los compromisos alcanzados en el contexto de las negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («two pack»).

Deben examinarse con diligencia instrumentos de la Unión referentes a las normas europeas de protección social y normas sociales mínimas, también para hacer frente al desempleo juvenil, como un instrumento de garantía juvenil.

La Comisión debe presentar inmediatamente propuestas de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario para incorporar al Derecho derivado los compromisos adquiridos por los Jefes de Estado o de Gobierno en la declaración suscrita el 28 de junio de 2012 «Pacto por el Crecimiento y el Empleo»; en particular, el marco de coordinación económica debe tener debidamente en cuenta el compromiso de cada Estado miembro de «proseguir un saneamiento presupuestario diferenciado favorecedor del crecimiento, respetando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada país» y de fomentar «la inversión en ámbitos orientados al futuro directamente relacionados con el potencial de crecimiento económico».

La Comisión debe presentar una aclaración referente a la situación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. El semestre europeo debe entrañar la participación del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales.

Una mayor coordinación presupuestaria en la Unión requiere datos consolidados sobre las cuentas públicas de la Unión, los Estados miembros y las autoridades locales y regionales, reflejando los objetivos de la Unión. Por lo tanto, la Comisión debería incluir el establecimiento de dichos datos consolidados en las próximas propuestas legislativas.

Basándose en una consideración de las diversas etapas del semestre europeo, como se establecen en el PEC reforzado y el mecanismo de vigilancia macroeconómica, debe evaluarse la necesidad de legislación adicional, teniendo en cuenta:

   - El desarrollo y el refuerzo del mercado interior y el impulso de los vínculos del comercio internacional son esenciales para estimular el crecimiento económico, aumentar la competitividad y abordar los desequilibrios macroeconómicos. Por tanto, la Comisión debe estar obligada a tener en cuenta en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento qué medidas quedan por tomar a los Estados miembros para completar el mercado interior;
   - Los programas nacionales de reformas (PNR) y los programas de estabilidad nacional deben estar estrechamente vinculados. Un control adecuado debe garantizar la coherencia entre los PNR y los programas de estabilidad nacional.
   - El semestre europeo debe permitir el desarrollo de una mayor sinergia entre los presupuestos de la Unión y de los Estados miembros con vistas a lograr los objetivos de la estrategia Europa 2020; asimismo, el semestre europeo debe desarrollarse de manera que incluya indicadores de la eficiencia en el uso de los recursos;
   - Es necesario incrementar la participación de las autoridades regionales y locales, así como de los interlocutores en la planificación y la ejecución de los programas pertinentes para reforzar el sentimiento de responsabilidad en relación con los objetivos de la estrategia a todos los niveles y velar por que exista una mayor concienciación in situ sobres sus objetivos y resultados.
   - La Comisión debe adoptar el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y el mecanismo de alerta antes del 1 de diciembre de cada año con un capítulo específico para la zona del euro. La Comisión debe divulgar plenamente sus metodologías e hipótesis macroeconómicas subyacentes;
   - La Comisión debe evaluar claramente, en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, los principales problemas económicos y presupuestarios de la UE y de los Estados miembros, proponer medidas prioritarias para superarlos e identificar las iniciativas adoptadas por la Unión y los Estados miembros para apoyar una mayor competitividad, la inversión a largo plazo, eliminar obstáculos al crecimiento, alcanzar los objetivos establecidos en los Tratados y en la actual estrategia Europa 2020, aplicar las siete iniciativas emblemáticas y reducir los desequilibrios macroeconómicos;
   - Los Estados miembros y sus regiones, al configurar los programas de reforma, desarrollo y cohesión nacionales, deben asociar más estrechamente y consultar periódicamente, en particular, a los parlamentos, interlocutores sociales, autoridades públicas y sociedad civil tanto nacionales como regionales;
   - La Comisión debe identificar de forma explícita en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento los posibles efectos indirectos transfronterizos de las principales medidas de política económica aplicadas en el ámbito de la UE, así como en los Estados miembros;
   - Los Comisarios encargados del semestre europeo, tan pronto la Comisión adopte el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, deben venir a debatirlo ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo;
   - El Consejo debe acudir a la comisión competente del Parlamento Europeo en julio a explicar cualquier cambio sustancial que haya introducido en las propuestas de recomendación de la Comisión específicas para cada país; la Comisión debe participar en esta audiencia para aportar sus puntos de vista sobre la situación;
   - Los Estados miembros deben aportar la información más completa posible sobre las medidas e instrumentos previstos en los programas nacionales de reforma destinados a alcanzar los objetivos nacionales establecidos, incluyendo un calendario de su aplicación, el impacto probable, los posibles efectos indirectos, los riesgos en caso de que no se lleven a cabo con éxito, los costes y, si procede, el uso de Fondos Estructurales de la Unión;
   - Unos mecanismos de incentivo reforzarían la naturaleza vinculante de la coordinación de la política económica.

Recomendación 3.2 relativa a un pacto social para Europa

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

Según los Tratados, deben tenerse en cuenta, en la definición y ejecución de las políticas y acciones de la Unión, la promoción de un nivel de empleo elevado y la garantía de una protección social adecuada.

Las normas específicas para una supervisión vinculante de la disciplina presupuestaria en la zona del euro pueden y deben complementar los parámetros en materia presupuestaria y macroeconómica con parámetros sociales y de empleo para garantizar la aplicación adecuada de las mencionadas disposiciones por medio de disposiciones financieras adecuadas de la Unión.

Un pacto social para Europa debe establecerse para fomentar:

   el empleo juvenil, incluidas iniciativas tales como un instrumento de garantía europea juvenil;
   una financiación de los servicios públicos adecuada y de gran calidad;
   unos salarios dignos;
   el acceso a una vivienda social y asequible;
   una protección social mínima que garantice el acceso universal a servicios básicos de salud con independencia de los ingresos;
   la aplicación de un protocolo social para proteger los derechos sociales y laborales fundamentales;
   normas europeas para gestionar la reestructuración de manera social y responsable;
   una nueva estrategia de salud y seguridad que incluya enfermedades relacionadas con el estrés;
   el mismo salario y los mismos derechos para todos por un trabajo de igual valor.

4.  Reforzar la legitimidad y la responsabilidad democráticas

Recomendación 4.1 relativa al diálogo económico

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

La Comisión debe tener que aplicar plenamente los compromisos que se alcancen en el contexto de las negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativas al paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («two pack»).

Recomendación nº 4.2: Mecanismos europeos de apoyo financiero

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

Las operaciones del FEEF/MEDE y cualquier otra estructura similar futura deben ser objeto de supervisión y control democrático periódico por el Parlamento Europeo, y el Tribunal de Cuentas y la OLAF deben participar en dicho control. El MEDE debe ser comunitarizado.

Recomendación 4.3 relativa al refuerzo del papel del Parlamento Europeo y de la cooperación interparlamentaria en el contexto del semestre europeo

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

-  El Presidente del Parlamento Europeo presentará en el Consejo Europeo de Primavera los puntos de vista del Parlamento en relación con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento. Se debe negociar un acuerdo interinstitucional que asocie al Parlamento Europeo a la elaboración y aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;

-  La Comisión y el Consejo deben estar presentes cuando se organicen las reuniones interparlamentarias entre representantes de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo en momentos clave del Semestre (a saber, tras la publicación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y tras la publicación de las recomendaciones por país), de modo que los parlamentos nacionales tengan en cuenta una perspectiva europea a la hora de analizar los presupuestos nacionales.

Recomendación 4.4 sobre el incremento de la transparencia, la legitimidad y la rendición de cuentas

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de aspirar a regular los elementos siguientes:

-  Para reforzar la transparencia, el Ecofin y el Eurogrupo deben remitir al Parlamento Europeo documentos internos clave, programas y material de referencia con antelación a sus reuniones; además, el Presidente del Eurogrupo debe aparecer periódicamente ante el Parlamento europeo, por ejemplo mediante audiencias que se organizarán bajo los auspicios de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo;

   - El Parlamento Europeo debe participar plenamente en la redacción del informe de los cuatro Presidentes, en consonancia con el método comunitario; esta participación puede organizarse a nivel de grupo de trabajo (trabajos preparatorios) y a nivel presidencial (adopción de decisiones).
   - Debe invitarse al Presidente del Parlamento Europeo a participar en las reuniones del Consejo Europeo y en las cumbres de la zona del euro;
   - Siempre que se creen o transfieran nuevas competencias a nivel de la Unión o que se constituyan nuevas instituciones europeas, debe asegurarse que se somete al correspondiente control democrático del Parlamento Europeo y se rinde cuentas ante él;
   - El Parlamento Europeo debe celebrar una audiencia y aprobar el nombramiento del presidente del MEDE. El Presidente debe presentar informes periódicos al Parlamento Europeo;
   - Los representantes de la Comisión en la troika deben comparecer ante el Parlamento Europeo antes de asumir sus funciones y deben presentar informes periódicos al Parlamento Europeo;
   - El refuerzo del papel del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios o la creación de una oficina europea del tesoro deben estar vinculados a medios adecuados que garanticen la responsabilidad democrática y legitimidad, que incluyan procedimientos de aprobación y control por parte del Parlamento Europeo;
   - Solo el respeto al método comunitario, a la legislación de la Unión y a las instituciones de ésta puede garantizar el respeto de la responsabilidad democrática y la legitimidad en la Unión; en virtud de los Tratados, la UEM solo puede ser establecida por la Unión;
   - La moneda de la Unión es el euro y su parlamento es el Parlamento Europeo; la futura arquitectura de la UME debe reconocer que es en el Parlamento Europeo donde reside la exigencia de responsabilidad en el nivel de la Unión;
   - El proceso por el cual se elabore un modelo para el futuro de la UME debe contar con la plena participación del Parlamento conforme al método comunitario.

Todas las decisiones relacionadas con el fortalecimiento de la UEM tienen que adoptarse sobre la base del Tratado de la Unión Europea; cualquier desviación del método comunitario y un mayor uso de los acuerdos intergubernamentales dividirían y debilitarían a la Unión, en especial a la zona del euro.

(1) DO L 331 de 15.12.2010, p. 12.


Trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2011
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Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en 2011 (2012/2048(INI))
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Asociación de Cotonú)(1) y modificado en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 y en Uagadugu el 22 de junio de 2010(2),

–  Visto el Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP) adoptado el 3 de abril de 2003(3), cuya última modificación se llevó a cabo en Budapest (Hungría) el 18 de mayo de 2011(4),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo(5),

–  Vista la Declaración de Kigali para el desarrollo de Acuerdos de Asociación Económica (AAE), aprobada por la APP en Kigali (Ruanda) el 22 de noviembre de 2007(6),

–  Vista la Declaración de Luanda sobre la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonú), aprobada por la APP en Luanda (Angola) el 3 de diciembre de 2009(7),

–  Visto el Comunicado adoptado el 29 de abril de 2011 en Yaundé (Camerún) en la reunión regional para África Central de la APP(8),

–  Vistas las Resoluciones aprobadas por la APP en Budapest (mayo de 2011) sobre las revueltas democráticas en el norte de África y Oriente Medio: consecuencias para los países ACP, para Europa y para el mundo; la situación en Costa de Marfil; los desafíos para el futuro de la democracia y respeto del orden constitucional en los países ACP y de la UE; el apoyo presupuestario como medio de proporcionar ayuda oficial al desarrollo (AOD) en los países ACP; y la contaminación del agua,

–  Vistas las Declaraciones aprobadas por la APP en Budapest (mayo de 2011) sobre el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan (Corea del Sur) en 2011; «Unidos en pro del acceso universal» en vista de la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de junio de 2011(9),

–  Vistas las Resoluciones aprobadas por la APP en Lomé (noviembre de 2011) sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la Asociación ACP-UE; el impacto de la deuda sobre la financiación del desarrollo en los países ACP; la inclusión de las personas con discapacidad en los países en desarrollo; la crisis alimentaria en el Cuerno de África, especialmente en Somalia; y el impacto de la Primavera Árabe sobre los Estados subsaharianos circundantes(10),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0328/2012),

A.  Considerando que la Alta Representante/Vicepresidenta ha asegurado que el Consejo de la UE estaría representado a nivel ministerial en las sesiones de la Asamblea y ha aclarado que el hecho de que no estuviera representado en la 20ª sesión plenaria, celebrada en Kinshasa en 2010, fue una excepción; considerando que el Consejo de la UE estuvo representado a nivel ministerial en las dos sesiones plenarias de 2011;

B.  Considerando que la APP ACP-UE es el mayor órgano parlamentario que reúne a países del Norte y del Sur;

C.  Considerando la excelente contribución de la Presidencia húngara y de varias autoridades locales a la organización y los contenidos de la 21ª sesión, celebrada en Budapest;

D.  Considerando que en 2011 se organizaron dos misiones de información, una en Timor Oriental y otra en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan (Corea del Sur);

E.  Considerando que la revisión del Acuerdo de Asociación de Cotonú en 2010 ofreció una valiosa oportunidad para reforzar el papel de la APP y su dimensión regional, además de desarrollar el control parlamentario en las regiones y países ACP, y que, a finales de 2011, no se había completado la ratificación de la revisión del Acuerdo;

F.  Considerando que, de conformidad con el Acuerdo de Cotonú, el diálogo político contemplado en el artículo 8 debe llevarse a cabo con participación de la APP;

G.  Considerando que la reunión regional de la APP celebrada en Camerún en 2011 supuso un notable éxito y concluyó con la aprobación del Comunicado de Yaundé ya mencionado, que incide especialmente en la indignación de los parlamentarios ante la multiplicación de la violencia sexual, el riesgo de su trivialización y la impunidad generalizada;

H.  Considerando que las nuevas normas adoptadas por el Parlamento Europeo por las que se rigen los desplazamientos de los asistentes parlamentarios han hecho imposible que puedan asistir a los diputados en misión;

1.  Acoge con satisfacción que, en 2011, la APP haya seguido constituyendo un marco para un diálogo abierto, democrático y profundo entre la Unión Europea y los países ACP sobre el Acuerdo de Asociación de Cotonú y su aplicación, incluidos los AAE;

2.  Destaca el valor añadido que supone celebrar sesiones de la APP en los Estados miembros de la UE siguiendo un turno rotatorio y considera que esta práctica debería mantenerse en el futuro, como se viene haciendo desde 2003;

3.  Felicita a la Presidencia húngara por su activa contribución a la 21ª sesión, en particular por lo que se refiere a los seminarios;

4.  Señala la necesidad de que se preste una mayor atención a los resultados de los trabajos de la APP ACP-UE y se vele por la coherencia entre sus resoluciones y las del Parlamento Europeo; expresa su preocupación por la menguante participación de los diputados, en particular en las reuniones del Comité de la APP, y pide una mayor participación de los diputados en sus reuniones y actividades; pide una mayor flexibilidad por lo que respecta a la admisión de los asistentes parlamentarios que asistan a reuniones de la APP con el fin de mejorar la calidad del trabajo de sus diputados;

5.  Recuerda el compromiso expresado por la Alta Representante/Vicepresidenta acerca de que el Consejo de la UE debería estar representado a nivel ministerial en las sesiones de la Asamblea; acoge con satisfacción la renovada asistencia del Consejo de la UE a sus sesiones plenarias en 2011, y se muestra satisfecho por el hecho de que la Alta Representante haya anunciado la clarificación del papel del Consejo de la UE; pide una delimitación de responsabilidades más clara entre el SEAE y la Comisión en cuanto a la aplicación del Acuerdo de Asociación de Cotonú;

6.  Destaca el papel fundamental de los Parlamentos nacionales, las autoridades locales y los órganos no estatales de los países ACP a la hora de elaborar y supervisar los documentos de estrategia nacionales y regionales y la aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y pide a la Comisión y a los Gobiernos de los países ACP que garanticen su participación; subraya asimismo la necesidad de un control parlamentario estricto durante la negociación y celebración de los AAE;

7.  Expresa su preocupación por los recortes presupuestarios en los Estados miembros de la UE que repercuten en el gasto en las políticas de desarrollo, y pide a la APP que siga ejerciendo presión sobre los Estados miembros de la UE para que cumplan con su objetivo del 0,7 % del PIB en 2015; pide a los parlamentarios de la APP que reflexionen más en profundidad sobre la asignación de recursos allí donde sean más necesarios para reducir la pobreza y a que adopten un enfoque más diferenciado sobre las modalidades de ayuda;

8.  Llama la atención sobre la necesidad de implicar a los parlamentos en el proceso democrático y en las estrategias de desarrollo nacionales; subraya su función clave a la hora de establecer, seguir y supervisar las políticas de desarrollo; pide a la Comisión que facilite toda la información disponible a los Parlamentos de los países ACP y que les asesore sobre el ejercicio de la función de control democrático, en especial mediante la formación de capacidades;

9.  Destaca la necesidad de defender la libertad y la independencia de los medios de comunicación, esenciales para garantizar el pluralismo y la participación en la vida política de los grupos democráticos de oposición y las minorías;

10.  Pide a la UE y a los países ACP que alienten la participación de los ciudadanos, en particular de las mujeres, en las cuestiones de desarrollo, ya que la participación de la sociedad es vital para lograr progresos; reconoce las competencias de las mujeres en materia de resolución de los problemas y conflictos, e insta a la Comisión y a la APP a que refuercen la participación de las mujeres en los grupos de acción y grupos de trabajo, así como destaca la valiosa contribución del Foro de Mujeres a este respecto;

11.  Pide a los Parlamentos que ejerzan un control parlamentario estricto del FED; destaca la posición clave de la APP en este debate y pide a la APP y a los Parlamentos de los países ACP que desempeñen un papel activo en el mismo, especialmente en relación con la ratificación del Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado;

12.  Pide a la Comisión Europea que mantenga informada a la APP sobre la situación en que se encuentra la ratificación del Acuerdo de Asociación de Cotonú, revisado en Uagadugu el 22 de junio de 2010;

13.  Recuerda que, de conformidad con el Acuerdo de Asociación de Cotonú, el diálogo político contemplado en el artículo 8 debe mantenerse con la participación de la APP y que por tanto la APP debe estar informada y participar debidamente;

14.  Reitera la importancia de entablar un verdadero diálogo político sobre derechos humanos reforzado y más exhaustivo, sin olvidar la no discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual;

15.  Celebra el carácter cada vez más parlamentario (y por lo tanto político) de la APP, junto con el papel cada vez más activo de sus miembros y la mayor calidad de sus debates, lo que le permite aportar una contribución fundamental a la asociación ACP-UE;

16.  Muestra su preocupación por el aumento de la discriminación y de la violencia contra las personas homosexuales en algunos países y pide a la APP que incluya esta situación en el orden del día de sus debates;

17.  Subraya que el debate sobre el futuro del grupo ACP después de 2020 ya ha comenzado, y hace hincapié en el importante papel que tendrá que desempeñar la APP en dicho debate; destaca a este respecto la necesidad de aclarar los futuros papeles y relaciones de los diferentes grupos (ACP, Unión Africana, países menos adelantados, G-77, agrupaciones regionales) y subraya la necesidad de una supervisión parlamentaria conjunta exhaustiva, independientemente de cuál sea el resultado final;

18.  Destaca la importancia que la APP concede a la transparencia en la explotación y el comercio de recursos naturales, y hace hincapié en que la APP seguirá abogando por una legislación adecuada en este sentido;

19.  Pide a la APP a que siga observando atentamente la situación en el Norte de África y en los países ACP en crisis y a que preste una mayor atención a las situaciones de fragilidad estatal;

20.  Pide a la APP que continúe organizando sus propias misiones de observación electoral sobre la misma base que la misión desarrollada con éxito en Burundi en 2010, en la medida en que reflejan la doble legitimidad de la APP, y que garantice al mismo tiempo la independencia de sus misiones de observación electoral y entable una cooperación estrecha con otros organismos de observación regionales;

21.  Expresa su satisfacción por la celebración en 2011 de una nueva reunión regional, como establecen el Acuerdo de Asociación de Cotonú y el Reglamento de la APP; considera que estas reuniones permiten un intercambio genuino de puntos de vista sobre cuestiones regionales como la prevención y la resolución de conflictos, la cohesión regional y las negociaciones de AAE; felicita a los organizadores de la fructífera reunión de Camerún;

22.  Acoge con satisfacción la conclusión de la labor del Grupo de Trabajo sobre Métodos de Trabajo y la adopción de un primer grupo de enmiendas al Reglamento en Budapest, y pide a la Mesa de la APP que ponga en práctica sus restantes recomendaciones con el fin de mejorar la eficiencia y el impacto político de la APP, tanto en la aplicación del Acuerdo de Asociación de Cotonú como en la escena internacional;

23.  Destaca la importancia de las visitas sobre el terreno organizadas con ocasión de las sesiones plenarias de la APP, que son complementarias a los debates en la sesión;

24.  Pide a la APP que continúe sus debates sobre el coste de la organización de sus reuniones;

25.  Celebra la participación de representantes del Parlamento Europeo y de la APP en el Consejo informal de Ministros de Cooperación para el Desarrollo organizado por la Presidencia británica del Consejo de la Unión Europea en Leeds los días 14 y 15 de julio de 2011 y expresa el deseo de que las futuras Presidencias del Consejo de la Unión Europea actúen del mismo modo;

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo ACP, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Mesa de la APP y a los Gobiernos y Parlamentos de Hungría y Togo.

(1) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(2) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
(3) DO C 231 de 26.9.2003, p. 68.
(4) DV\875101.
(5) DO L 378 de 27.12.2006, p. 41.
(6) DO C 58 de 1.3.2008, p. 44.
(7) DO C 68 de 18.3.2010, p. 43.
(8) APP 100.945.
(9) DO C 327 de 10.11.2011, p. 42.
(10) DO C 145 de 23.5.2012, p. 21.

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