El Parlamento Europeo,

–  Vistas las declaraciones de 21 de diciembre de 2012 y 1 y 11 de enero de 2013 de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación en la República Centroafricana,

–  Vista la declaración de 21 de diciembre de 2012 de la Comisaria de la UE de Cooperación Internacional, Ayuda Humanitaria y Respuesta a las Crisis sobre la reciente erupción de violencia en la República Centroafricana,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú revisado, firmado en junio de 2000,

–  Vistos los comunicados de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 27 y 29 de diciembre de 2012 y 4 y 11 de enero de 2013 sobre la República Centroafricana,

–  Visto el comunicado final de la Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC), celebrada en Yamena el 21 de diciembre de 2012,

–  Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, de 26 de diciembre de 2012, en la que condena los ataques de los rebeldes e insta a todas las partes a que acaten las decisiones tomadas por la CEEAC el 21 de diciembre de 2012 en Yamena,

–  Vistas las declaraciones de la Unión Africana, de 12, 28 y 31 de diciembre de 2012 y de 3 y 12 de enero de 2013, sobre la República Centroafricana,

–  Visto el acuerdo político de Libreville (Gabón), firmado el 11 de enero de 2013 entre el Gobierno de la República Centroafricana, el grupo rebelde Seleka y la oposición democrática sobre la solución de la crisis,

–  Visto el Acuerdo General de Paz de Libreville, de 28 de junio de 2008 y los acuerdos de paz precedentes firmados desde 2007 en los que se basa,

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas S/RES/2031, de 21 de diciembre de 2011, que amplía el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (BINUCA) hasta el 31 de enero de 2013, y el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, de 29 de mayo de 2012, sobre las actividades de la BINUCA,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979; la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981, ratificada por la República Centroafricana en 1986; y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de 1989, que prohíbe la participación de niños en conflictos armados y que la República Centroafricana ha ratificado,

–  Visto el informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados y sus conclusiones respecto de la República Centroafricana, de 6 de julio de 2011,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, del Reglamento,

A.  Considerando que la República Centroafricana (RCA) ha sufrido decenios de inestabilidad y trastorno político desde su independencia en 1960; que, a pesar de ser un país rico en recursos naturales (madera, oro, diamantes, uranio, etc.), la RCA ocupa solamente el puesto 179 de 187 en el Índice de Desarrollo Humano y, con cerca del 70 % de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo;

B.  Considerando que, el 10 de diciembre 2012, Seleka («coalición» en sango), alianza de varios movimientos armados rebeldes originarios predominantemente del noreste de la RCA, ha iniciado una ofensiva armada y avanza hacia el sur desde cerca de la frontera con Chad; considerando que la reciente ofensiva se debe a que los rebeldes acusan al Presidente François Bozizé de no haber hecho honor a los compromisos recogidos en el Acuerdo General de Paz de Libreville de 2008, que establecía el desarme de antiguos rebeldes y la financiación para su reinserción social;

C.  Considerando que la Comunidad Económica de los Estados del África Central (CEEAC) celebró una cumbre extraordinaria en Yamena el 21 de diciembre de 2012 y aprobó una hoja de ruta para resolver la crisis, con un alto el fuego y la celebración inmediata de negociaciones en Libreville bajo la égida de la CEEAC; considerando que la cumbre de la CEEAC decidió también enviar más tropas para reforzar la Fuerza Multinacional del África Central (FOMAC) / Misión de Consolidación de la Paz en la República Centroafricana (MICOPAX);

D.  Considerando que Sudáfrica ha comenzado a ayudar a estabilizar la RCA enviando unos 400 soldados; que Gabón, la República del Congo, Chad y Camerún han enviado tropas desde 2008 como parte de la FOMAC/MICOPAX desplegada por la CEEAC;

E.  Considerando que, tras mantener conversaciones con el Presidente de la Unión Africana, Thomas Boni Yayi, el Presidente Bozizé se comprometió a no volver a presentarse a las elecciones cuando venza su mandato en 2016, y propuso constituir un gobierno de unidad nacional;

F.  Considerando que, a primeros de enero, Seleka anunció el cese de sus operaciones militares, deteniéndose ante la ciudad de Damara (a 75 km al norte de Bangui) y aceptó participar en conversaciones de paz bajo los auspicios de la CEEAC;

G.  Considerando que el 11 de enero de 2013, las conversaciones tripartitas de paz que mantuvieron el Gobierno de la República Centroafricana, la coalición rebelde Seleka y la oposición política en Libreville (Gabón) dieron lugar a la firma de tres acuerdos: una declaración de principios sobre la resolución de la crisis política y de seguridad; un acuerdo de alto el fuego; y un acuerdo sobre la situación política y de seguridad que establece los acuerdos de reparto del poder y el periodo de transición política en la RCA;

H.  Considerando que, el 12 de enero de 2013, el Presidente Bozizé destituyó al Primer Ministro Faustin Archange Touadera y disolvió el gabinete, dejando libre el camino para el nombramiento de un gobierno de unidad nacional con arreglo a los acuerdos de paz firmados en Libreville; que, según los acuerdos de paz, las elecciones legislativas deben celebrarse dentro de 12 meses;

I.  Considerando que el Presidente Bozizé, tras tomar el poder merced a un golpe de Estado en 2003, resultó elegido por primera vez en 2005 y fue reelegido en 2011, pero que las irregularidades constatadas en las últimas elecciones por observadores internacionales (incluidos los de la UE, que financió la celebración de las elecciones) indujeron a la oposición parlamentaria a boicotear las elecciones generales;

J.  Considerando que el respeto a los derechos humanos es un valor fundamental de la Unión Europea y representa un elemento esencial del Acuerdo de Cotonú;

K.  Considerando que los Estados Unidos, como la UE, están a favor de que la crisis se resuelva pacíficamente mediante el diálogo;

L.  Considerando que, según ONG locales, se han cometido graves violaciones de los derechos humanos, con un aumento de la violencia sexual contra mujeres y niñas, tanto por parte de Seleka en las zonas bajo su control, como en Bangui por parte de las fuerzas gubernamentales contra personas próximas a la rebelión;

M.  Considerando que la situación humanitaria sigue siendo atroz y que la crisis afecta a decenas de miles de personas según Médicos sin Fronteras; que cientos de toneladas de ayuda alimentaria del Programa Mundial de Alimentos han sido objeto de pillaje en zonas del norte bajo control rebelde; y que muchos servicios humanitarios han sido suspendidos o reducidos;

N.  Considerando que la UE mantiene un diálogo político regular con la RCA en el marco del Acuerdo de Cotonú y es el principal donante del país, al que la Comisión Europea aportó 8 millones de euros en 2012 para asistir a las 445 000 personas afectadas por el conflicto y desplazadas en la RCA, y considerando que la RCA percibe 137 millones de euros de ayuda en el marco del 10º FED;

O.  Considerando que Camerún ha redoblado las medidas tomadas para acoger a refugiados de la RCA;

P.  Considerando que ya antes de la reciente erupción de violencia, 2 500 niños formaban parte de los grupos armados activos en la RCA; que la oficina de UNICEF en Bangui ha recibido información fidedigna sobre el aumento del reclutamiento y la utilización de niños soldados por grupos rebeldes y milicias progubernamentales;

Q.  Considerando que no haber puesto a los autores de violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra en manos de la justicia fomenta un clima de impunidad y sirve de estímulo para que se cometan más crímenes;

R.  Considerando que las fuerzas rebeldes han capturado zonas ricas en diamantes como Bria, Sam Ouandja y Bamingui; que el sistema de certificación del Proceso de Kimberley ha emitido una advertencia a todos sus países miembros sobre la posible filtración de diamantes en bruto desde zonas de la RCA controladas por los rebeldes;

S.  Considerando que el aumento del desempleo, el deterioro de las condiciones sociales y el empobrecimiento de la población son factores de la inestabilidad que sufre la región; que estos problemas requieren una estrategia y un plan de desarrollo;

1.  Expresa su preocupación ante la situación de la RCA desde el inicio de la ofensiva de Seleka el 10 de diciembre de 2012; deplora que la reciente ofensiva haya puesto en peligro la vida de civiles y amenace la seguridad y la estabilidad de la RCA;

2.  Saluda los acuerdos de paz firmados el 11 de enero de 2013 en Libreville tras las negociaciones mantenidas bajo la égida de la CEEAC; hace hincapié en la necesidad de una rápida aplicación de estos acuerdos; pide a todas las partes que los apliquen de buena fe y que se comprometan a lograr una paz duradera en la RCA;

3.  Condena todas las tentativas de tomar el poder por la fuerza;

4.  Tiene el convencimiento de que, para garantizar una resolución pacífica del conflicto y asegurar una estabilidad duradera, la composición del gobierno de unidad nacional debe representar a todas las fuerzas políticas del país; celebra, a este respecto, la firma por el Presidente Bozizé del decreto de destitución del Primer Ministro como uno de los pasos demandados en el acuerdo de paz, a fin de constituir un gobierno de unidad nacional que estará dirigido por un primer ministro elegido por la oposición política;

5.  Celebra la decisión de celebrar elecciones a una nueva Asamblea Nacional y espera que tengan lugar bajo supervisión internacional, también en las zonas actualmente ocupadas por las fuerzas rebeldes, con el fin de evitar que se impugnen sus resultados;

6.  Condena todas las violaciones de los derechos humanos y expresa su profunda preocupación ante las que se han producido en la RCA durante la ofensiva de Seleka; condena enérgicamente los ataques contra poblaciones civiles en zonas ocupadas por los rebeldes, con casos de violencia física y sexual, saqueos y perturbación sistemática de los medios de comunicación; expresa su profunda preocupación ante las noticias de persecución de minorías étnicas y religiosas y de intimidación y detenciones arbitrarias de opositores políticos en Bangui;

7.  Destaca que las autoridades de la RCA deben esforzarse por garantizar la protección y la seguridad de la población civil; pide que se reforme el ejército y se tomen medidas para el desarme, la desmovilización y la reinserción social de antiguos combatientes, la repatriación de los refugiados, el reasentamiento de las personas desplazadas en su propio país y la aplicación de programas de desarrollo viables;

8.  Expresa su particular preocupación ante las noticias de aumento del reclutamiento y la utilización de niños soldados; reitera su firme oposición a estas prácticas y pide a todas las partes en el conflicto que les pongan fin;

9.  Pide a todas las partes que respeten el alto el fuego, se abstengan de llevar a cabo actos de violencia contra civiles y respeten los derechos humanos; hace hincapié en que el fracaso de los anteriores acuerdos de paz, que no dieron estabilidad duradera a la RCA, se debió también a su insuficiente atención a los derechos humanos;

10.  Expresa su simpatía a todas las víctimas y considera de la máxima importancia que se investiguen con imparcialidad y exhaustividad todos los casos pasados y actuales de violación de los derechos humanos para identificar a sus autores; espera sinceramente que los autores de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad no queden impunes y señala a este respecto que la Corte Penal Internacional sigue investigando la situación en la RCA;

11.  Celebra los esfuerzos de mediación de organizaciones regionales como la Unión Africana y la CEEAC, y especialmente las negociaciones entre las partes celebradas en Libreville; destaca la importancia del nuevo mecanismo de seguimiento que se establecerá para velar por la aplicación cabal de los acuerdos a que se ha llegado; pide a la UE, en este contexto, que preste apoyo a la CEEAC en la supervisión de la aplicación de los recientes acuerdos; pide a la comunidad internacional que se comprometa más activamente con la RCA a fin de abordar los persistentes problemas del país y de llegar a una solución política sostenible;

12.  Pide a la Comisión que ofrezca apoyo técnico a las autoridades de la RCA con miras a la adopción de la legislación necesaria para organizar las próximas elecciones; opina que para contribuir a unas elecciones dignas de crédito, libres y justas, la UE debe considerar la conveniencia de enviar una misión de observación electoral a la RCA;

13.  Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante que aproveche las amplias relaciones de la UE con la RCA para promover activamente la aplicación de una estrategia global de consolidación de la paz con vistas a promover la normalización del país y el desarrollo sostenible;

14.  Manifiesta su preocupación por los efectos de la reciente crisis en la situación humanitaria del país; pide a todas las partes que respeten el Derecho humanitario internacional y que permitan el acceso seguro y sin impedimentos de las agencias humanitarias a las poblaciones afectadas; pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos de ayuda humanitaria en la RCA;

15.  Considera que la persistente inseguridad que reina en varios países que comparten fronteras con la RCA, en particular la República Democrática del Congo, Sudán, Sudán del Sur y Uganda, requiere una acción concertada por parte de la comunidad internacional para resolver los problemas recurrentes tales como la fragmentación del Estado, los conflictos étnicos y las violaciones repetidas de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, desde una perspectiva holística y enfocada a nivel regional;

16.  Considera que el acceso transparente a los recursos naturales y su control, así como una redistribución equitativa de los ingresos procedentes de la explotación de esos recursos a través del presupuesto del Estado son indispensables para el desarrollo sostenible del país;

17.  Considera que la transparencia y el control público en el sector minero son fundamentales para una gestión eficiente de las minas, el desarrollo sostenible y la lucha contra la corrupción; destaca que el posible tráfico de diamantes en bruto procedentes de zonas controladas por los rebeldes en la RCA podría reavivar el conflicto y desestabilizar aún más el país; pide al Gobierno de la RCA que adopte más medidas para combatir la explotación y el comercio ilegal de recursos naturales y pide un control adecuado de la situación a través del Proceso de Kimberley;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a la CEEAC, a la Asamblea Parlamentaria ACP-UE y a los Estados miembros de la Unión Europea.