El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe Anual 2011 del Banco Central Europeo,

–  Visto el artículo 284 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 15 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,

–  Vista su Resolución, de 2 de abril de 1998, sobre la responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM(1),

–  Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre el Informe anual 2010 del BCE(2),

–  Visto el artículo 119, apartado 1, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0031/2013),

A.  Considerando que el crecimiento real del PIB en la zona euro fue del l,5 % en 2011, lo que representa una desaceleración en relación con el crecimiento del 1,9 % en 2010; considerando que varios Estados miembros sufrieron una grave recesión económica durante el mismo período;

B.  Considerando que el desempleo en la zona euro aumentó del 10 % al cierre de 2010, al 10,7 % al final de 2011; considerando que el desempleo juvenil aumentó de forma significativa durante el mismo período;

C.  Considerando que en la zona del euro se han generado alrededor de 14,4 millones de nuevos puestos de trabajo desde 1999, frente a los aproximadamente 10,7 millones en Estados Unidos;

D.  Considerando que en 2011 el BCE aumentó en dos ocasiones los tipos de interés, en abril y julio (en 25 puntos básico cada vez), y los redujo en otras dos ocasiones a finales de año, en noviembre y diciembre (también en 25 puntos básicos cada vez);

E.  Considerando que la tasa de inflación media en la zona del euro fue del 2,7 % en 2011, lo que supone una subida frente al 1,6 % de 2010, y que el crecimiento de M3 fue del 1,5 % en 2011, lo que supone una disminución frente al 1,7 % de 2010;

F.  Considerando que el estado financiero consolidado del Eurosistema alcanzó los 2,735 billones de euros a finales de 2011, cifra que representa un aumento de aproximadamente el 36 % durante 2011;

G.  Considerando que el BCE lanzó su primera operación financiación a plazo más largo (OFPML) a tres años el 21 de diciembre de 2011, en la que asignó 489 200 millones de euros mediante préstamos con vencimiento a tres años;

H.  Considerando que el crecimiento del crédito al sector privado se desaceleró significativamente, pasando del 1,6 % en 2010 al 0,4 % en 2011, al igual que el crecimiento de los préstamos al sector privado, que pasó del 2,4 % en 2010 al 1,2 % en 2011;

I.  Considerando que tanto el agregado monetario amplio M3 como la tasa de crecimiento anual del crédito concedido al sector privado registraron una acusada desaceleración durante el último trimestre de 2011;

J.  Considerando que el saldo vivo de los bonos adquiridos en virtud del programa para los mercados de valores a finales de 2011 era de 211 400 millones de euros;

K.  Considerando que los activos no negociables se convirtieron en el componente principal de los activos presentados como garantía al Eurosistema durante el año 2011 y que supusieron el 23 % del total, mientras que los valores no negociables y los valores de titulización de activos suponen más del 40 % de los activos totales presentados como garantía;

L.  Considerando que la deuda pública bruta aumentó del 85,6 % al 88 % del PIB y que el déficit público agregado cayó del 6,2 % al 4,1 % del PIB; que algunos de los países de la zona del euro experimentaron un aumento de los niveles de déficit;

M.  Considerando que el artículo 282 del TFUE dispone que el objetivo principal del BCE es mantener la estabilidad de precios y que el BCE debe apoyar las políticas económicas generales de la Unión sin perjuicio de la estabilidad de los precios, y considerando que se otorgan funciones específicas al BCE relativas a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS);

N.  Considerando que un entorno de inflación reducida es la mejor contribución que la política monetaria puede hacer para crear condiciones propicias para el crecimiento económico, la creación de empleo, la cohesión social y la estabilidad financiera;

O.  Considerando que las operaciones de financiación a plazo más largo del BCE de diciembre de 2011 y febrero de 2012 supusieron un aporte de más de un billón de euros ‐489 000 y 529 500 millones de euros respectivamente‐ a los bancos europeos en forma de préstamos con tipos de interés reducidos, con una duración de tres años y un tipo de interés del 1 %;

P.  Considerando que no se han tenido en cuenta hasta la fecha las recomendaciones formuladas en las resoluciones precedentes del Parlamento Europeo sobre los Informes anuales del BCE, en lo que respecta a la transparencia de las votaciones y la publicación de las actas resumidas;

Q.  Considerando que la estabilidad de precios es fundamental si se quiere evitar una inflación excesiva;

R.  Considerando que mantener el flujo de crédito a las PYME es especialmente importante, ya que estas proporcionan empleo al 72 % de la población activa de la zona del euro y poseen tasas brutas de creación (y destrucción) de empleo superiores a las de las grandes empresas.

Política monetaria

1.  Felicita al BCE por su actitud proactiva durante 2011 y 2012, en un contexto en que los riesgos para la estabilidad de la zona del euro aumentaron considerablemente;

2.  Acoge con satisfacción la posición del BCE en estos tiempos de crisis, en lo que respecta tanto a su política monetaria como a sus medidas de estabilización de los mercados financieros;

3.  Considera que el temor a la inflación a medio plazo y las decisiones de abril y julio de 2011 de incrementar los tipos de interés básicos del BCE pudieron contribuir, junto con otros factores, a aumentar las primas de riesgo de los intermediarios financieros derivadas de la política aplicada, ralentizando así el crecimiento del crédito y debilitando aún más la ya de por sí anémica recuperación económica que se observó en el primer trimestre; entiende que, en aquellos momentos, había un repunte de la actividad económica y un aumento de los niveles de los precios que llevó al BCE a temer el regreso de la inflación a medio plazo;

4.  Celebra la decisión posterior de finales de 2011 de dar marcha atrás y la nueva reducción de tipos en 2012, así como la adopción de medidas no convencionales con el objetivo de tratar de restablecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria;

5.  Observa que el aumento de la inflación registrado en 2011 se debió principalmente al incremento de los precios de la energía y, en mucha menor medida, al de los precios de los alimentos y otros productos básicos;

6.  Reconoce los esfuerzos efectuados por el BCE para contribuir a estabilizar los mercados, en particular mediante el programa para los mercados de valores (PMV), la operación de financiación a plazo más largo (OFPML) a tres años y las operaciones monetarias de compraventa (OMC), pero señala que todavía no se vislumbra una solución estructural para la crisis;

7.  Señala que el PMV contribuyó a aliviar temporalmente la presión sobre los costes de financiación de los Estados miembros de la zona del euro que sufrían o corrían el riesgo de sufrir graves dificultades en cuanto a su estabilidad financiera; observa que las operaciones de absorción de liquidez efectuadas para esterilizar dichas compras redujeron los niveles de exceso de reservas, sirviendo en cierta medida para recuperar el control del índice medio del tipo del euro a un día (EONIA);

8.  Es consciente de que aunque las dos OFPML a tres años han resultado eficaces a la hora de evitar una crisis crediticia, persisten dudas sobre la capacidad del sector financiero de devolver los préstamos recibidos del BCE; señala que los resultados por lo que se refiere al crecimiento del crédito no han sido satisfactorios; observa que la decisión de lanzar la primera OFPML a tres años, tomada el 21 de diciembre de 2011, coincidió con la clausura del programa PMV, entiende que el BCE no considera ninguna de sus operaciones una financiación directa de la deuda soberana;

9.  Solicita al BCE que publique en su informe mensual las cifras de las cantidades de deuda pública de cada Estado miembro que las instituciones financieras han presentado como garantía;

10.  Toma nota de la transferencia de riesgos de los bancos y gobiernos que atraviesan dificultades al balance del BCE, cuyo valor supera en la actualidad el 30 % del PIB de la zona del euro; destaca que las OFPML a tres años no aportan una solución a las causas principales de la crisis;

11.  Manifiesta su profunda preocupación por los niveles cada vez más elevados de exceso de liquidez observados en 2011, especialmente en el segundo semestre, que se deben a la falta de confianza entre los bancos y a la ausencia de financiación a la economía real que resultan de la incertidumbre generada por el endeudamiento excesivo de los sectores público y privado en varios Estados miembros; señala que esta situación, que es síntoma de riesgos que conducen a una trampa de liquidez, merma la eficacia de los esfuerzos de la política monetaria;

12.  Indica que las líneas de swap con otros bancos centrales, así como el uso de las operaciones principales de financiación, las operaciones de financiación a medio y largo plazo con asignación total y tipos de interés fijos y el recurso a la facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito se mantuvieron en niveles muy elevados durante el año 2011, lo que apunta a deficiencias graves en el mecanismo de transmisión monetaria y en el mercado de préstamos interbancarios de la zona del euro;

13.  Muestra su preocupación por los considerablemente elevados niveles de las líneas de inyección de liquidez provistas por los bancos centrales nacionales durante 2011 y autorizadas por el BCE, y solicita que se divulgue en mayor medida el alcance exacto de dichas líneas y de las operaciones subyacentes e ofrezca información complementaria al respecto y sobre las condiciones que conllevan;

14.  Observa que el crédito a disposición de empresas y hogares sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores a la crisis y que su crecimiento se ha ralentizado en 2011; pone de relieve que esta circunstancia, junto con el hecho de que a 28 de septiembre de 2012 se mantuvieran 315 754 millones de euros en la facilidad de depósito, justificaban claramente la decisión del BCE de reducir los tipos aplicados a la facilidad marginal de crédito, a las operaciones principales de financiación y a la facilidad de depósito;

15.  Toma nota de las medidas del BCE para relajar los requisitos de garantía y de su posición en materia de normas sobre garantías para los bonos de titulización de activos (ABS), ya que están estrechamente correlacionados con los préstamos a hogares y PYME;

16.  Continúa manifestando su preocupación, sin embargo, por los importantes niveles de activos no negociables y bonos de titulación activos presentados como garantías al Eurosistema en el marco de sus operaciones de financiación; solicita al BCE que proporcione información sobre qué bancos centrales aceptaron dichos bonos y que divulgue información detallada sobre los métodos de valoración de dichos activos, incluidos los deteriorados;

17.  Considera que, en materia de garantías, deben aplicarse las mismas normas a los bonos de gobiernos nacionales y regionales cuando las regiones posean competencias legislativas y tributarias, puesto que ambos tipos de bonos desempeñan un papel importante en la correcta transmisión de la política monetaria del BCE;

18.  Destaca que las entidades que se han acogido a las inyecciones extraordinarias de liquidez de los bancos centrales deben estar sujetas a condicionalidad, incluido el compromiso de dichas instituciones de aumentar los niveles de crédito mediante objetivos de préstamo a la economía real, y especialmente a las PYME y a los hogares, sin lo cual este esfuerzo sería en vano;

19.  Solicita al BCE que, en estrecha colaboración con los gobiernos de los Estados miembros, las autoridades de supervisión nacionales competentes y la Comisión, estudie la posibilidad de adoptar un nuevo marco, como el programa MERLIN elaborado por el Banco de Inglaterra en colaboración con el Tesoro del Reino Unido, relativo a las condiciones aparejadas al acceso a las facilidades no convencionales de los bancos centrales, como los objetivos en materia de préstamos concedidos a las PYME;

20.  Advierte de que, sin una condicionalidad adecuada, las medidas no convencionales, como las OFPML a tres años, no lleguen a producir los efectos deseados, aumentando la volatilidad y propiciando la formación de burbujas de activos en los mercados financieros o, en su defecto, facilitando el proceso de desapalancamiento sin contrapartidas significativas por lo que se refiere a la asignación de créditos; pide al BCE, por consiguiente, que analice detenidamente los efectos, deseados o no, de estas u otras medidas;

21.  Reconoce que, puesto que el mecanismo de transmisión monetaria no está funcionando correctamente, el BCE ha de buscar formas de dirigirse a las PYME de manera más directa; señala que, en la actualidad, PYME similares de distintos puntos de la zona del euro no disponen de acceso similar a préstamos pese a presentar perspectivas económicas y riesgos similares; invita al BCE a que aplique una política de adquisición de préstamos a PYME titulizados de elevada calidad, especialmente de algunos Estados miembros en los que está roto el mecanismo de transmisión monetaria; subraya que esta política debe limitarse en cantidad y tiempo, estar totalmente esterilizada, y dirigirse a evitar riesgos en el balance del BCE;

22.  Subraya que tales condiciones deben vincularse directamente a las ventajas económicas generadas por los bancos mediante las medidas no convencionales de política monetaria y los programas de rescate, garantizando que los nuevos ingresos que permiten estas políticas se traduzcan en nuevas concesiones de créditos;

23.  Recuerda que la policía monetaria debe asumir su parte de responsabilidad en la creación de burbujas de activos, dado el crecimiento insostenible del crédito durante los años anteriores a la crisis, aun cuando se mantuviera la estabilidad de los precios; destaca la importancia que tienen las tendencias de los precios de los activos y las dinámicas de crédito como indicadores para el seguimiento de la estabilidad financiera;

24.  Recuerda su posición en el proceso de negociación de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC) IV para imponer condiciones adicionales a las instituciones acogidas a las inyecciones de liquidez del BCE;

25.  Considera que el sistema de liquidación TARGET2 ha desempeñado un papel esencial a la hora de salvaguardar la integridad del sistema financiero de la zona del euro; señala, no obstante, que los importantes desequilibrios de TARGET2 revelan la preocupante fragmentación de los mercados financieros de la zona del euro, así como la continua fuga de capitales de los Estados miembros que experimentan o corren peligro de experimentar serias dificultades en cuanto a su estabilidad financiera;

26.  Felicita al BCE y al Eurosistema por dotar al sistema TARGET2 de una mayor transparencia en su informe anual 2011; solicita al BCE y al Eurosistema que publiquen estadísticas mensuales sobre la evolución del sistema;

27.  Considera que el sistema TARGET2 es esencial para el correcto funcionamiento del euro;

28.  Destaca que la zona del euro puede aprender lecciones interesantes del estudio del funcionamiento de los sistemas de balanza de pagos de otras uniones monetarias federales, como Estados Unidos;

29.  Solicita al BCE y a la Comisión que examinen si el artículo 129, apartados 3 y 4, del TFUE puede servir de fundamento jurídico adecuado para aumentar en su conjunto la transparencia y el nivel de detalle del balance consolidado del Eurosistema;

La crisis económica y el BCE

30.  Solicita al BCE que publique la decisión jurídica relativa al programa OMC para poder analizar en profundidad sus detalles y consecuencias;

31.  Acoge con satisfacción el compromiso del BCE de garantizar la igualdad de rango a los activos adquiridos en relación con cualquier futuro programa OMC, así como el énfasis puesto en la esterilización de todas las compras OMC, con el fin de eliminar el exceso de reservas; es consciente, al mismo tiempo, de los desafíos asociados a esas medidas de esterilización y destaca la consiguiente necesidad de seguir de cerca y evaluar sus efectos; considera que el programa OMC podría satisfacer las necesidades de aquellos países cuyo rescate esté a punto de concluir y que vuelven a emitir deuda;

32.  Señala que la persistente crisis es motivo de preocupación, ya que amenaza los grandes esfuerzos realizados por los Estados miembros en lo que respecta a su consolidación presupuestaria y las estrategias de respuesta a la crisis; observa que la grave recesión económica actual en varios Estados miembros de la zona del euro tiene consecuencias económicas y presupuestarias adversas, por ejemplo, en los ingresos tributarios y el gasto social de estos países, lo que deteriora aún más sus problemas de deuda pública;

33.  Pone de relieve los bonos soberanos y las instituciones financieras siguen mostrando vulnerabilidades y que el círculo vicioso entre bonos soberanos y bancos solo se puede romper con la consolidación presupuestaria y la capitalización de la banca en condiciones de crecimiento económico;

34.  Considera que una de las causas de la insostenibilidad de las cuentas públicas en la periferia de la zona del euro es la persistente recesión económica, que es causa, a su vez, del aumento del desempleo y la caída de los ingresos fiscales; afirma, por tanto, que las políticas para fomentar el crecimiento y la creación de empleo deben ser una prioridad fundamental de la Unión;

35.  Alienta al Presidente del BCE, Mario Draghi, a retomar una tradición iniciada por su predecesor, Jean-Claude Trichet, quien en las reuniones del Eurogrupo planteó reiteradamente el tema de los desequilibrios macroeconómicos, especialmente las diferencias entre los incrementos de productividad y de salarios, que causaron una acusada divergencia entre los niveles de competitividad de los distintos Estados miembros;

36.  Considera que la actuación del BCE debe evaluarse en el contexto del debate actual sobre el futuro de la UEM; señala que ha pedido aumentar la capacidad presupuestaria de la UEM en el marco del presupuesto de la UE y sobre la base de recursos propios específicos (incluido un impuesto sobre las transacciones financieras) con el fin de apoyar el crecimiento y la cohesión social y luchar contra los desequilibrios, las divergencias estructurales y las emergencias financieras directamente relacionadas con la unión monetaria, sin que ello vaya en detrimento de sus funciones tradicionales de financiación de las políticas comunes; considera que esta capacidad presupuestaria mejoraría considerablemente la combinación de políticas dentro de la UEM;

37.  Señala que la renuencia del BCE a asumir la parte que le corresponde en los procesos de restructuración de la deuda, incluido en lo que atañe a los bonos que adquirió en el mercado secundario por debajo de su valor nominal toma nota de la renuencia del BCE de divulgar, hasta la fecha, información al respecto, en especial sobre el precio al que adquirió los bonos; entiende que el BCE consideró que tal participación en la reestructuración habría supuesto la financiación monetaria de un Estado;

38.  Recuerda que el BCE señaló su disposición a participar, en colaboración con los bancos centrales nacionales y los Gobiernos de los Estados miembros, en un mecanismo cuyo objetivo fuera aportar a las medidas de reducción de la deuda todos los beneficios obtenidos en las operaciones del PMV sobre bonos de deuda soberana griega adquiridos con fines monetarios; pide a los actores mencionados que actúen con diligencia para establecer dicho mecanismo;

39.  Observa que la situación económica en algunas economías periféricas está generando importantes flujos de capital centrípetos que agravan las dificultades de financiación de esas economías y que son insostenibles a corto plazo y, aún más, a largo plazo; destaca que estos desequilibrios han tenido enormes efectos distorsionadores que han ocasionado costosas externalidades negativas y que son un problema para toda la zona del euro, poniendo en peligro la estabilidad de todas sus economías; estos desequilibrios solo se pueden afrontar si se aplica una solución global y de gran alcance a la crisis de la zona del euro basada en un planteamiento equilibrado que combine solidaridad y responsabilidad;

40.  Pide que se estudien maneras de hacer que la «troika», en la que participan representantes del BCE, rinda cuentas democráticamente ante el Parlamento Europeo; insiste en que las audiencias que se organizan actualmente en el Parlamento no son suficientes para asegurar la rendición democrática de cuentas;

41.  Invita al BCE a que presente, en el marco del diálogo monetario y en su próximo informe anual, una evaluación a posteriori de su participación en los programas de ajuste y de su influencia en estos, así como de los posibles conflictos de intereses que genera dicha participación y de la exactitud de sus premisas e hipótesis macroeconómicas;

La unión bancaria

42.  Considera urgente crear la unión bancaria, proyecto que solo será posible mediante una articulación coherente de instrumentos, competencias y controles democráticos globales;

43.  Considerando que, para superar las deficiencias estructurales inherentes a la UEM y frenar de manera eficaz el imperante riesgo moral, la unión bancaria que se proponga debe aprovechar la anterior reforma del sector de los servicios financieros de la Unión, incluida la creación de la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la JERS, así como la gobernanza económica reforzada (especialmente en la zona del euro) y el nuevo marco presupuestario del semestre europeo, a fin de asegurar una mayor resistencia y competitividad del sector bancario de la Unión, aumentar la confianza en el mismo e incrementar las reservas de capital para evitar que los presupuestos públicos de los Estados miembros tengan que soportar en el futuro los costes de rescatar a los bancos;

44.  Pide que se establezca lo antes posible el mecanismo único de supervisión (MUS) con el fin de aumentar la credibilidad del sistema bancario de la zona del euro; señala que la atribución de competencias de supervisión al BCE no debe ir en detrimento de la adopción, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, de una futura arquitectura más completa que esté totalmente aislada de la política monetaria;

45.  Acoge con satisfacción el impulso actual para crear un MUS; señala que se requieren propuestas reforzadas sobre la recuperación bancaria y una autoridad única de resolución, así como sobre regímenes de garantía de depósito, a fin de completar la amplia gama de instrumentos jurídicos necesaria para la unión bancaria;

46.  Insta a la Comisión a que presente propuestas para la creación de un nuevo fondo europeo de resolución y un sistema europeo de garantía de depósitos que complementen las funciones de supervisión del BCE;

47.  Considera que es sumamente importante que se introduzcan salvaguardas eficaces para evitar conflictos entre la política monetaria del BCE y sus competencias de supervisión; destaca que cualquier posible erosión de la autoridad del BCE en materia de política monetaria, así como la erosión de sus competencias de supervisión provocada por imperativos de política monetaria, deben abordarse mediante la creación de un mecanismo apropiado para la detección y resolución de posibles conflictos;

48.  Subraya las dificultades que encuentra el proyecto de unión bancaria debido a la persistencia de la crisis económica, lo que está dando lugar a un proceso de renacionalización de las actividades por parte de los bancos; considera que esto puede dañar el espíritu y la eficiencia del mercado único;

49.  Observa que el debate sobre creación de la unión bancaria, con el objetivo de un sistema financiero más estable y resistente, está íntimamente ligado a la necesidad de concebir y aplicar una política de aislamiento y separación institucional en el sector bancario ‐inspirada, por ejemplo, en las recomendaciones de la OCDE y de los informes Vickers y Liikanen‐, así como a la necesidad de regular exhaustivamente el sector financiero paralelo;

50.  Considera que todos los Estados miembros que participen en el MUS deben tener los mismos derechos y deberes;

51.  Estima que debe ser consultado acerca del nombramiento de los miembros del Consejo de Supervisión del BCE;

52.  Reconoce la importancia del código normativo único elaborado por la ABE a fin de mantener la cohesión del mercado único;

Asuntos institucionales

53.  Lamenta la falta de transparencia del método de trabajo, así como la ausencia de fiscalización y control democrático de la troika; opina que cualquier organismo de este tipo, ya sea presente o futuro, en el que participen el BCE o la Comisión debe responder ante el Parlamento Europeo y ante los Parlamentos nacionales a sus respectivos niveles;

54.  Resalta la importancia de aumentar decididamente la eficacia del diálogo monetario periódico entre el BCE y el Parlamento, habida cuenta, en particular, de que los diputados no reciben información suficiente sobre los resultados o la aplicación de las propuestas e ideas que presentan en el marco de este diálogo; pide al BCE que publique una página web con sus respuestas a las preguntas escritas que los diputados al Parlamento le formulan; solicita al BCE que en posteriores informes anuales incluya de forma detallada su opinión acerca de los informes anuales del Parlamento Europeo sobre el BCE;

55.  Pide al BCE que publique resúmenes de las actas de las reuniones de su Consejo de Gobierno, incluidos los argumentos y los resultados de las votaciones, y que mejore el acceso a los documentos y los procedimientos en materias de políticas del BCE;

56.  Entiende que, en la mayor parte de los casos, las decisiones se toman por consenso;

57.  Destaca que desempeñará plenamente su función de legislador en todos los asuntos relacionados con la supervisión bancaria; destaca la necesidad de reforzar la fiscalización democrática del BCE en vista de las nuevas competencias atribuidas a la institución en lo que respecta a sus labores de supervisión, a su participación en los programas de la troika, y, en general, a su protagonismo en la gestión de la crisis;

58.  Señala que no debe excluirse una revisión de los Tratados, en relación con e las nuevas funciones del BCE en materia de supervisión prudencial, a fin de reflejar la naturaleza evolutiva del marco institucional de la UE, las cuestiones urgentes en materia de fiscalización y supervisión y los desafíos resultantes de la profundización de la Unión;

59.  Insta al Consejo de Gobierno del BCE a mejorar considerablemente y a divulgar sus normas sobre conflicto de intereses y períodos de incompatibilidad posterior al cese que se aplican a los cargos directivos del BCE, y que se lleve un registro de las reuniones entre los altos cargos del BCE y las partes interesadas;

60.  Muestra su profunda preocupación por la ausencia de mujeres en el Comité Ejecutivo del BCE, situación que es contraria a los principios consagrados en el Tratado acerca de la igualdad entre mujeres y hombres (artículos 2, 3 y 8 del TUE y artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales), que contribuye a que los ciudadanos tengan la sensación de que el BCE es ajeno a sus preocupaciones y que va en contra de las recomendaciones de la Comisión para mejorar la paridad de género en los órganos decisorios de alto nivel en el sector económico;

61.  Insiste en que, si el BCE se convierte finalmente, aunque sea con carácter temporal, en el supervisor único de los bancos de la zona del euro, el Parlamento debe tener una función clara en el nombramiento de los miembros del Consejo de Supervisión;

62.  Pide que se refuercen sus facultades de destitución de miembros del Consejo de Gobierno del BCE en caso de falta grave;

o
o   o

63.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Eurogrupo y al Banco Central Europeo.

(1) DO C 138 de 4.5.1998, p. 177. (2) Textos Aprobados, P7_TA(2011)0530.