El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto,

–  Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre la recuperación de los activos de los países de la Primavera Árabe en proceso de transición(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 8 de febrero de 2013, sobre la primavera árabe,

–  Vista las Conclusiones del Consejo sobre Egipto de los días 21 de agosto y 22 de julio de 2013,

–  Vista la Declaración conjunta, de 18 de agosto 2013, sobre Egipto del Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y del Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso,

–  Vistas las observaciones formuladas por la Alta Representante, Catherine Ashton, tras la reunión extraordinaria sobre Egipto del Consejo de Asuntos Exteriores, celebrada el 21 de agosto de 2013, las declaraciones de la Alta Representante sobre la situación y la evolución en Egipto, de julio y agosto de 2013, y la Declaración conjunta, de 7 de agosto 2013, sobre Egipto de la Alta Representante y el Secretario de Estado de los EE.UU., John Kerry,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto de 2001, que entró en vigor en 2004 y fue reforzado por el Plan de Acción de 2007, y el informe de situación de la Comisión, de 20 de marzo de 2013, sobre su aplicación,

–  Vistas las conclusiones de la reunión de los copresidentes del Grupo de Trabajo UE-Egipto, de 14 noviembre de 2012,

–  Visto el informe del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Cooperación de la UE con Egipto en materia de gobernanza», publicado el 18 de junio de 2013,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, del que Egipto es parte,

–  Vista la Declaración constitucional emitida en Egipto el 8 de julio de 2013, en la que se proponía una hoja de ruta para la adopción de reformas constitucionales y la celebración de nuevas elecciones,

–  Visto el «Programa para mantener el camino hacia la democracia» del Gobierno provisional egipcio,

–  Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Egipto es el mayor de los países árabes, un país clave en el Mediterráneo meridional, un importante socio comercial de la UE y un gran beneficiario de ayuda de la UE; que los acontecimientos políticos, económicos y sociales acontecidos en Egipto tienen importantes consecuencias para toda la región y también fuera de ella;

B.  Considerando que el fracaso del Presidente Morsi y de su Gobierno, a la hora de cumplir las promesas en el ámbito económico, tener en cuenta las preocupaciones legítimas de todas las fuerzas democráticas de la sociedad egipcia y llevar a cabo la transición democrática solicitada por la población durante los últimos dos años, ha desembocado en una creciente polarización política, manifestaciones masivas para solicitar la dimisión del Presidente Morsi y enfrentamientos violentos;

C.  Considerando que, el 30 de junio de 2013, millones de opositores al Presidente Morsi se congregaron en El Cairo y otras ciudades egipcias pidiendo su dimisión; que, tras estas manifestaciones, el 3 de julio de 2013, el jefe de las Fuerzas Armadas, general Abdul Fattah al-Sisi, lideró un golpe militar que depuso al Presidente Morsi y a su Gobierno; que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, en su declaración de 4 de julio de 2013, anunció la suspensión de la Constitución, la transferencia de poderes al presidente del Alto Tribunal Constitucional hasta la celebración de elecciones presidenciales anticipadas, a las que deberán seguir elecciones parlamentarias, y la formación de un Gobierno de coalición nacional y de una comisión encargada de estudiar la reforma constitucional; que Adly Mansour fue investido presidente provisional del país;

D.  Considerando que el Presidente provisional disolvió la Cámara Alta del Parlamento, anunció una hoja de ruta para un período de transición de nueve meses durante el cual se modificaría la Constitución de 2012 y se sometería dicha modificación a un referéndum, a lo que seguirían elecciones parlamentarias y presidenciales, y nombró a un Primer Ministro en funciones; que las más altas autoridades islámicas y coptas de Egipto, destacados políticos liberales y el partido salafista Nour respaldaron la hoja de ruta de la transición; que, el 1 de septiembre de 2013, se nombró una nueva comisión constitucional, compuesta por cincuenta expertos y encargada de elaborar las enmiendas constitucionales;

E.  Considerando que el antiguo Presidente Morsi se encuentra detenido en un lugar desconocido desde el 3 de julio de 2013 y ha sido enviado a juicio por el Fiscal del Estado, junto con otras catorce personas, incluidas figuras prominentes de los Hermanos Musulmanes, por los delitos de incitación al asesinato y a la violencia; que muchos miembros de los Hermanos Musulmanes han sido detenidos, incluyendo la mayoría de sus líderes, que se encuentran a la espera de juicio; que el ex dictador Hosni Mubarak fue puesto en libertad el 22 de agosto de 2013 y desde entonces se encuentra bajo arresto domiciliario;

F.  Considerando que, desde la intervención militar, los partidarios de los Hermanos Musulmanes han organizado manifestaciones a gran escala en todo el país para pedir la liberación y la rehabilitación en el cargo del antiguo Presidente Morsi; que muchas de las protestas organizadas por los Hermanos Musulmanes tomaron un cariz violento y terminaron con enfrentamientos mortales entre ciudadanos, así como entre los partidarios de los Hermanos Musulmanes y el ejército y las fuerzas de seguridad; que, el 14 de agosto de 2013, el ejército y la policía egipcios disolvieron dos sentadas de partidarios del antiguo Presidente Morsi y de los Hermanos Musulmanes en la intersección de Rabaa y en la plaza Nahda en El Cairo, lo que llevó a la muerte de cientos de manifestantes junto a decenas de policías;

G.  Considerando que el Gobierno provisional declaró el estado de emergencia durante un mes y anunció la creación de una comisión independiente compuesta por personalidades públicas para investigar la disolución de las sentadas de las plazas Rabaa y Nahda; que las ONG regionales y egipcias han pedido una misión de investigación de la Liga Árabe para estudiar los recientes actos violentos acontecidos en el país; que, hasta el momento, las tentativas de mediación de la UE y a escala internacional no han conseguido que se entable un diálogo político integrador, y que se han seguido registrando protestas, enfrentamientos y detenciones;

H.  Considerando que a la disolución violenta de las sentadas le siguió una ola de violencia sectaria de trágicas consecuencias contra los cristianos egipcios, especialmente por partidarios de los Hermanos Musulmanes; que se acusó a las fuerzas de seguridad egipcias de no haber protegido las iglesias y a las comunidades coptas de unas represalias previsibles;

I.  Considerando que han aumentado los actos de terrorismo y los ataques violentos contra las fuerzas de seguridad en el Sinaí, incluyendo el asesinato de veinticinco policías fuera de servicio en el norte del Sinaí el 19 de agosto de 2013; que el Ministro del Interior egipcio, Mohammed Ibrahim, fue objeto de un atentado con bomba en El Cairo el 5 de septiembre de 2013;

J.  Considerando que el Gobierno provisional ha afirmado que la reconciliación nacional y el Estado de Derecho son las máximas prioridades de su gestión;

K.  Considerando que Egipto se enfrenta a unas dificultades económicas cada vez mayores; que la prosperidad económica del país requiere estabilidad política, unas políticas económicas sólidas, medidas para combatir la corrupción y ayuda internacional; que la justicia social y un nivel de vida más elevado para los ciudadanos son dimensiones cruciales de la transición hacia una sociedad egipcia abierta, estable, democrática, libre y próspera;

L.  Considerando que los sindicatos independientes y las organizaciones de la sociedad civil deben desempeñar un papel crucial en este período crítico de transición política y social en Egipto; que una prensa y unos medios de comunicación independientes y libres son un componente clave de la sociedad en una verdadera democracia; que, en Egipto, han aumentado la violencia física y los actos de acoso cometidos contra periodistas, mientras, el 3 de septiembre de 2013, un tribunal de El Cairo ordenó el cierre de cuatro canales de televisión dirigidos por simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, alegando que estaban operando ilegalmente; que las oficinas de varios canales de televisión han sido asaltadas por las fuerzas de seguridad en las últimas seis semanas;

M.  Considerando que las mujeres egipcias se encuentran en una situación particularmente vulnerable en el actual periodo de crisis política prolongada; que las mujeres manifestantes a menudo son objeto de actos de violencia, ataques sexuales y otros tratos degradantes, y que quienes defienden los derechos de la mujer son objeto de amenazas y acoso;

N.  Considerando que, entre 2007 y 2012, Egipto recibió aproximadamente 1 000 millones de euros de ayuda de la UE y que esta ha comprometido otros 5 000 millones de euros de ayuda que solamente estarán plenamente disponibles cuando se cumplan las condiciones vinculadas a las fijadas por el FMI;

O.  Considerando que, en sus conclusiones sobre Egipto de 21 de agosto de 2013, el Consejo de Asuntos Exteriores encargó a la Alta Representante que, en cooperación con la Comisión, revisara la cuestión de la asistencia de la UE a Egipto en virtud de la Política de Vecindad Europea y del Acuerdo de Asociación, sobre la base del compromiso de Egipto en favor de los principios que los inspiran; considerando que los Estados miembros decidieron suspender las licencias de exportación a Egipto de todos aquellos equipos que puedan utilizarse para la represión interna, así como reevaluar las licencias de exportación para otros equipos militares y revisar su asistencia en materia de seguridad a Egipto;

P.  Considerando que, de acuerdo con su política de vecindad europea revisada y, en particular, con el enfoque «más por más», el nivel y el alcance del compromiso de la UE con Egipto están basados en los incentivos, por lo que dependen de los progresos del país en lo referente al cumplimiento de sus compromisos, entre ellos, los relativos a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la igualdad de género;

1.  Manifiesta su firme solidaridad con el pueblo egipcio y expresa su sincero pésame a las familias de las víctimas de los recientes enfrentamientos y actos de violencia; pide a las autoridades egipcias que creen una comisión judicial para efectuar una investigación independiente de todas las matanzas, como prometió la Presidencia egipcia el 8 de julio de 2013;

2.  Condena el uso desproporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad egipcias y la trágica pérdida de vidas durante el desmantelamiento de las acampadas de Rabaa y Nahda; pide al Gobierno de Egipto que garantice el establecimiento por parte de las fuerzas de seguridad de procedimientos de revisión interna adecuados, de manera que se puedan determinar las responsabilidades por el uso excesivo de la fuerza y se enjuicie a los responsables;

3.  Lamenta al mismo tiempo que los dirigentes de los Hermanos Musulmanes no hayan dado instrucciones claras a su base política para que se abstengan de ejercer todo tipo de violencia contra los ciudadanos, el ejército y la policía; lamenta que los dirigentes de los Hermanos Musulmanes no hicieran nada para evitar y detener dichos ataques y se limitaran a condenarlos con retraso; pide a los dirigentes de los Hermanos Musulmanes que se abstengan de hacer llamamientos a la violencia y de glorificarla, y apoya los procesos judiciales contra aquellos de sus líderes que hayan hecho un llamamiento en favor del uso de la violencia;

4.  Condena todos los actos de terrorismo, incitación, violencia y discursos de odio; insta a todos los agentes políticos y fuerzas de seguridad a que muestren la máxima moderación y a que eviten la provocación, con el fin de evitar nuevos actos de violencia en interés del país; recuerda al Presidente provisional, al Gobierno provisional y al ejército egipcio su obligación de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones políticas y afiliación; manifiesta su profunda preocupación ante las denuncias de detención de docenas de niños en el marco de la represión contra los partidarios de los Hermanos Musulmanes, y pide su inmediata puesta en libertad;

5.  Expresa su preocupación por los acontecimientos políticos que han tenido lugar en Egipto; pide a las autoridades egipcias que, a fin de crear las condiciones necesarias para un proceso político integrador, pongan término al estado de emergencia cuanto antes, dejen en libertad a todos los presos políticos, incluido el destituido Presidente Morsi, y traten a las personas detenidas respetando plenamente sus obligaciones internacionales;

6.  Hace hincapié en que la transferencia del poder a las autoridades civiles democráticamente elegidas tiene que producirse cuanto antes; expresa su solidaridad fundamental con todos los egipcios que albergan aspiraciones y valores democráticos para su país, y pide la vuelta rápida al proceso democrático, en particular la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas en un proceso plenamente integrador en el que participen todos los actores democráticos, así como la realización de las reformas necesarias en materia económica y de gobierno; insta a los Hermanos Musulmanes a que contribuyan a los esfuerzos de reconciliación; considera que toda prohibición, exclusión o persecución dirigida contra una fuerza o agente político democrático en Egipto constituiría una repetición de los errores del pasado y solo conduciría a un radicalismo aún mayor;

7.  Expresa su apoyo al proceso de redacción y reforma constitucionales, y subraya que este debe sentar las bases de un nuevo Egipto verdaderamente democrático, garantizando los derechos y libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa, para todos los ciudadanos —hombres y mujeres— de Egipto, fomentando la tolerancia y la cohabitación entre las diferentes religiones, y garantizando la protección de las minorías y la libertad de asociación, de reunión y de medios de comunicación; está firmemente convencido de que, en el proceso de consulta sobre las reformas constitucionales, se debe integrar a todos los sectores del espectro político egipcio, incluidos los sectores moderados de los Hermanos Musulmanes, y a una representación suficiente de mujeres, y que posteriormente ha de celebrarse un referéndum sobre una Constitución nueva y pluralista, así como unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas;

8.  Pide que se ponga fin de inmediato a todos los actos de violencia, asaltos sexuales y otras formas de trato degradante contra las mujeres manifestantes y las activistas de los derechos de las mujeres, y pide asimismo investigaciones serias e imparciales sobre todos estos casos y que los responsables comparezcan ante la justicia;

9.  Condena la violencia contra la comunidad copta y la destrucción de un gran número de iglesias, centros comunitarios y negocios en todo el país; expresa su preocupación por que las autoridades no tomen las medidas de seguridad adecuadas para proteger a la comunidad copta a pesar de las muchas advertencias; destaca el pluralismo histórico de la sociedad egipcia y la tradición centenaria de la comunidad copta de Egipto; pide al Gobierno egipcio que apoye a la comunidad copta de todos los modos posibles, de manera que esta pueda seguir siendo una importante parte del tejido social y económico de Egipto y se pueda restablecer rápidamente la cohabitación pacífica con las demás comunidades de Egipto;

10.  Subraya una vez más la importancia de la contribución de la sociedad civil, los sindicatos y los medios de comunicación a la construcción de una democracia firme y duradera en Egipto; pide al Gobierno provisional que garantice que las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, los sindicatos independientes y los periodistas puedan actuar libremente en el país, sin interferencia del Gobierno; pide a las autoridades egipcias que velen por que la comisión encargada de la redacción de una nueva ley de ONG elabore un proyecto en consonancia con las normas internacionales; apoya la decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de 21 agosto de 2013 de continuar con la ayuda de la UE al sector socioeconómico y a la sociedad civil, a la luz de los efectos negativos de la situación económica en los grupos más vulnerables de la sociedad egipcia;

11.  Acoge con satisfacción la recomendación del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Egipto al Gobierno para que abra una oficina regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en El Cairo, e insta al Gobierno egipcio a que apruebe la apertura de esta oficina;

12.  Insta a la Unión a tener en cuenta, en sus relaciones bilaterales y en lo relativo a la ayuda financiera al país, tanto el principio de condicionalidad («más por más») como los serios retos económicos a que se enfrenta Egipto; pide que se acuerden de forma conjunta unos parámetros claros a este respecto; celebra la reciente decisión del Consejo de Asuntos Exteriores de suspender las licencias de exportación a Egipto de todos aquellos equipos que puedan utilizarse para la represión interna, así como de volver a evaluar las licencias de exportación para otros equipos militares y revisar la asistencia en materia de seguridad a Egipto;

13.  Reafirma su compromiso de asistencia al pueblo egipcio en el proceso de reforma democrática y económica; acoge favorablemente y apoya los esfuerzos de la Alta Representante / Vicepresidenta, Catherine Ashton, y del Representante Especial, Bernardino León, para mediar entre las partes con el fin de negociar un salida a la actual crisis política;

14.  Toma nota de las conclusiones del informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo de 18 de junio 2013 sobre la cooperación de la UE con Egipto en el ámbito de la gobernanza, y pide medidas para garantizar una mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas sobre la forma en que se gastan los fondos de la UE en Egipto, con especial atención a los proyectos de fomento de la sociedad civil y de protección de las minorías y los derechos de las mujeres;

15.  Reitera su llamamiento para el establecimiento sin demora de un mecanismo de la UE para proporcionar asistencia jurídica y técnica a los países de la Primavera Árabe en el proceso de recuperación de activos, como se recoge en su Resolución de 23 de mayo de 2013, que se ha retrasado debido a los disturbios en Egipto; subraya una vez más que facilitar el retorno de los activos robados por ex dictadores y sus regímenes es un imperativo moral para la UE; considera que la recuperación de activos es un asunto altamente político en razón de su valor simbólico y puede hacer una gran contribución a la restauración de la rendición de cuentas, la creación de estabilidad y la construcción de instituciones sólidas en pos del respeto de la democracia y el Estado de Derecho en los países socios;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno de la República Árabe de Egipto.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0224.