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Procedimiento : 2013/2013(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0299/2013

Textos presentados :

A7-0299/2013

Debates :

PV 10/10/2013 - 4
CRE 10/10/2013 - 4

Votaciones :

PV 10/10/2013 - 9.7
CRE 10/10/2013 - 9.7
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P7_TA(2013)0421

Textos aprobados
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Jueves 10 de octubre de 2013 - Estrasburgo
Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2012
P7_TA(2013)0421A7-0299/2013

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2013, sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2012 (2013/2013(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las resoluciones anteriores sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

–  Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 24, 227, 228, 258 y 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos el artículo 48 y el artículo 202, apartado 8, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A7-0299/2013),

A.  Considerando —sin perjuicio de lo dispuesto en el Protocolo 30 del Tratado— que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se ha convertido en un acto jurídicamente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa; dicho Tratado establece también el fundamento jurídico para que la UE acceda al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, así como para la introducción de la Iniciativa Ciudadana Europea;

B.  Considerando que uno de los cometidos de la Comisión de Peticiones consiste en revisar constantemente y, si es posible, mejorar su función, en particular en cuanto al desarrollo de los principios democráticos, como el aumento de la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea y la mejora de la transparencia y de la rendición de cuentas; que, en su actividad habitual, la comisión trabaja en estrecha colaboración con los Estados miembros, la Comisión, el Defensor del Pueblo Europeo y otros órganos a fin de garantizar el cumplimiento tanto de la letra como del espíritu del Derecho de la UE;

C.  Considerando que, en 2012, la Comisión de Peticiones registró 1 986 peticiones, referidas principalmente a cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, el medio ambiente, el mercado interior y la crisis económica y social; que se admitieron a trámite 1 406 peticiones de las que 853 se remitieron a la Comisión para una investigación más detallada de conformidad con los artículos 258 y 260 del Tratado, y que 580 fueron declaradas improcedentes; que los asuntos objeto de al menos cinco peticiones presentadas en 2012 se sometieron al Tribunal de Justicia de conformidad con los artículos 258 y 260 del Tratado; que la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 2011 en el asunto T-308/07 dejó claro que también las decisiones de procedimiento del Parlamento en casos de peticiones están sujetas a control judicial; que, en vista del análisis estadístico recogido en este informe, el mayor número de peticiones se refiere a la UE en su conjunto (27,3 %), seguida de asuntos españoles (15,0 %), alemanes (12,5 %) e italianos (8,6 %);

D.  Considerando que, en el ámbito de los derechos fundamentales, la comisión dedicó en 2012 una gran atención a los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, los derechos de los consumidores, los derechos de propiedad, los derechos de libre circulación sin discriminación por motivo alguno, la protección de la libertad de expresión y la privacidad, y el derecho al acceso a documentos e información, así como a los derechos relativos a la libertad de asociación política y sindical; que la situación creada por la crisis económica ha originado una serie de peticiones relativas a problemas sociales como la vivienda, el empleo y las malas prácticas del sector bancario para con los ahorradores;

E.  Considerando que las peticiones presentadas por los ciudadanos demuestran una persistente discriminación de ciudadanos debida a su discapacidad, pertenencia a una minoría o determinado grupo étnico, sexo, edad u orientación sexual;

F.  Considerando que las iniciativas de la UE en la lucha contra la discriminación, como el Marco europeo para las estrategias nacionales de integración de la población romaní, de 2011, deben ser adoptadas sin demora como estrategias nacionales y se deben revisar y controlar a la luz de la evolución de la situación económica y social;

G.  Considerando que, en lo que respecta a la protección del medio ambiente, no debe subestimarse la amenaza que suponen la contaminación y las malas prácticas en materia medioambiental, con los consiguientes riesgos para la biodiversidad y los ecosistemas, así como para la salud pública, todos ellos duraderos y, a menudo, con peligro para la vida; que, en lo que respecta a la biodiversidad, algunos Estados miembros todavía no han determinado todas las zonas de protección mínima de la red Natura 2000 ni implantado plenamente una protección eficaz; considerando los objetivos de lucha contra la contaminación y contra el cambio climático; considerando que la comisión dedicó gran atención en 2012 a la aplicación de la legislación sobre residuos y agua, así como a la evaluación de impacto de proyectos y actividades sobre el medio ambiente y la salud pública;

H.  Considerando la necesidad de preservar los recursos naturales con el fin de evitar riesgos sobre el futuro del planeta, así como la importancia de hacer prevalecer el principio de precaución en lo que se refiere a innovaciones tecnológicas como los OMG y la nanotecnología;

I.  Considerando que en lo referente al tema de la gestión de residuos, la misión de información a Italia puso de relieve la necesidad urgente de que todas las autoridades italianas implicadas encuentren una solución sostenible que dé respuesta a las necesidades de la gestión de residuos en la provincia de Roma y que garantice el respeto de la salud y dignidad de los ciudadanos; que, pese a que la situación de emergencia en la ciudad de Nápoles ha concluido, sigue habiendo muchos problemas para lograr un enfoque integrado sobre la gestión de residuos en la región de Campania en relación con la jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos) y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de marzo de 2010;

J.  Considerando que, aunque la Comisión solo puede supervisar plenamente el cumplimiento de la legislación europea una vez que las autoridades nacionales han adoptado una decisión definitiva, conviene comprobar lo antes posible, en particular respecto de las cuestiones medioambientales, que las autoridades locales, regionales y nacionales aplican correctamente todos los requisitos de procedimiento pertinentes previstos en la normativa de la Unión Europea, incluida la aplicación del principio de precaución;

K.  Considerando que el trabajo de la comisión ha hecho que el agua sea declarada un bien público por el Parlamento; que la Iniciativa Ciudadana Europea «Derecho al agua» ha sido la primera en alcanzar el umbral de un millón de firmas de ciudadanos europeos;

L.  Considerando la importancia de prevenir nuevas pérdidas irreparables en la biodiversidad, especialmente en las zonas designadas en el marco de Natura 2000, así como el compromiso de los Estados miembros de garantizar la protección de las zonas especiales de conservación previstas por la Directiva 92/43/CEE (Directiva «Hábitats») y la Directiva 79/409/CEE (Directiva «Aves»);

M.  Considerando que, en su Resolución de 13 de diciembre de 2012, sobre una nueva siderurgia sostenible y competitiva (a raíz de una petición)(1), el Parlamento abogaba por la aplicación del principio de «quien contamina paga»;

N.  Considerando que, a pesar del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y la Comisión, esta última parece reacia a proporcionar información oportuna sobre la naturaleza de sus deliberaciones, así como sobre las decisiones adoptadas en los procedimientos de infracción relativos a las peticiones y a la aplicación de la legislación sobre el medio ambiente; que esto constituye un motivo de gran preocupación dado el daño y la destrucción irreversibles que podrían causar sobre nuestros ecosistemas y nuestra salud; que las instituciones europeas deben proporcionar más información y ser más transparentes de cara a los ciudadanos de la UE;

O.  Considerando que 2013 ha sido designado Año Europeo de los Ciudadanos, y que precisamente los ciudadanos y residentes de la UE, de manera individual o colectiva, están en condiciones de valorar la eficacia de la aplicación de la legislación europea y de señalar las posibles lagunas que impiden la correcta aplicación de la legislación y el pleno ejercicio de los derechos; considerando los contenidos de la Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el crecimiento; considerando además que, a este respecto, constituye un requisito fundamental poner a disposición práctica de los ciudadanos información sobre la legislación europea;

P.  Considerando que, por este motivo, la Comisión de Peticiones dedicó, en 2012, una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a debatir sobre el significado de la ciudadanía europea, que está estrechamente relacionado con la plena libertad de circulación y de residencia en la UE, según se definen en la tercera parte del TFUE, pero que además comprende muchos otros derechos y beneficia también a aquellos ciudadanos que no abandonan su país de origen; que las peticiones demuestran que los ciudadanos y los residentes de la Unión se enfrentan todavía a obstáculos tangibles y generalizados a la hora de ejercer en particular sus derechos transfronterizos, una situación que afecta diariamente y de manera directa a las vidas y al bienestar de miles de hogares;

Q.  Considerando que el procedimiento de petición puede ser complementario a otros instrumentos europeos a disposición de los ciudadanos, como la posibilidad de presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo o denuncias ante la Comisión; que la Comisión de Peticiones trabaja mano a mano con el Defensor del Pueblo Europeo, otras comisiones del Parlamento, organismos, agentes y redes europeos, así como con los Estados miembros;

R.  Considerando que el proceso relativo a las peticiones puede y debe seguir siendo complementario de otros mecanismos de recurso disponibles para los ciudadanos, como la presentación de denuncias ante la Comisión o de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo; que Solvit, en particular, es un instrumento valioso que los ciudadanos de la UE pueden utilizar para resolver con celeridad los problemas derivados de la aplicación errónea de la legislación relativa al mercado interior por parte de las autoridades públicas y que, en este sentido, son exigibles avances en acciones colectivas de resolución de litigios por parte de los consumidores y sus asociaciones; que el portal de Internet único «Haga valer sus derechos» contiene información importante para aquellos ciudadanos que deseen presentar denuncias sobre la aplicación correcta de la legislación de la UE;

S.  Considerando que el ámbito de actuación y el modus operandi del derecho de petición concedido a todos los ciudadanos y residentes de la UE en virtud del Tratado difiere de otros recursos de los que disponen los ciudadanos, como, por ejemplo, la presentación de denuncias ante la Comisión o de reclamaciones ante el Defensor del Pueblo Europeo;

T.  Considerando que es necesario aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea con vistas a reforzar su legitimidad y responsabilidad;

U.  Considerando que el 1 de abril de 2012 entró en vigor un nuevo instrumento de democracia participativa, la Iniciativa Ciudadana Europea, que registró un total de dieciséis iniciativas a lo largo del año; que diversos promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea han manifestado su preocupación por los obstáculos técnicos encontrados para la recogida efectiva de firmas; que la Comisión de Peticiones desempeñará un papel primordial en la organización de las audiencias públicas para aquellas iniciativas que prosperen;

V.  Considerando que sigue siendo evidente la falta de información estructurada y de divulgación generalizada, así como la falta de conocimiento de sus derechos entre los ciudadanos de la UE, lo que constituyen obstáculos decisivos a la hora de ejercer una ciudadanía activa de la UE; que, a este respecto, los Estados miembros deben cumplir mejor con sus obligaciones en materia de información y transparencia;

W.  Considerando que los ciudadanos y residentes europeos tienen derecho legítimo a esperar que las cuestiones que plantean ante la Comisión de Peticiones encuentren una pronta solución dentro del marco jurídico de la Unión Europea, y, en particular, que los miembros de la Comisión de Peticiones defiendan el entorno natural, la salud, la libertad de circulación, la dignidad y los derechos y libertades fundamentales del peticionario; que la eficiencia del trabajo de la comisión depende considerablemente de la celeridad de la actuación y de la rigurosidad de su secretaría y que se podría seguir mejorando en este sentido, sobre todo agilizando la tramitación de las peticiones y sistematizando el procedimiento para su evaluación; que, en vista del aumento progresivo del número de peticiones recibidas cada año, se deben dedicar más recursos y tiempo de reunión de la comisión a este fin; que es necesario que se dé continuidad a la tramitación de peticiones independientemente de los cambios de legislatura y de los cambios de personal resultantes; considerando las numerosas peticiones presentadas en relación con las víctimas del franquismo y con los niños robados en España;

X.  Considerando que algunas peticiones circulan entre la Comisión, el Parlamento, el Tribunal de Justicia y las autoridades nacionales sin que se encuentre una solución, lo que deja a los peticionarios en una situación incierta sin visos de conclusión;

Y.  Considerando que ha habido un aumento significativo del número de peticiones con respecto al incumplimiento de los principios de los derechos democráticos fundamentales y del Estado de Derecho amparados por el Tratado de la Unión Europea en los Estados miembros, lo que demuestra que los ciudadanos europeos confían cada vez más en las instituciones de la Unión para que defiendan sus derechos fundamentales;

Z.  Considerando que los individuos y las entidades locales, así como las organizaciones de voluntariado y las empresas, se encuentran en una situación idónea para valorar la eficacia de la legislación europea, dado que les afecta, y para señalar las posibles lagunas que deben analizarse a fin de garantizar una aplicación mejor, más uniforme y más equiparable del Derecho de la UE en todos los Estados miembros;

1.  Toma nota de que las peticiones de ciudadanos y residentes en la Unión Europea recibidas en 2012 estaban centradas en supuestos incumplimientos de la legislación de la UE en materia de derechos fundamentales, medio ambiente, mercado interior y derechos de propiedad; considera que las peticiones demuestran que todavía existen casos frecuentes y generalizados de transposición incompleta o de error en la aplicación de la legislación de la UE;

2.  Señala que los derechos fundamentales siguen siendo un tema clave de las peticiones presentadas, que plantean principalmente cuestiones relativas a los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños, los derechos de propiedad, el derecho de libre circulación —incluida la transferibilidad de los derechos adquiridos en materia de seguridad social sin ningún tipo de discriminación—, la protección de la libertad de expresión y la privacidad, la libertad de asociación y el derecho de acceso a documentos e información; pide a los Estados miembros que apliquen correctamente y respeten esos derechos tal y como se establece en el Tratado, y solicita a la Comisión que adopte las medidas necesarias para obligar a los Estados miembros incumplidores a reducir el desfase entre las leyes nacionales y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE; considera que debería prestarse una atención especial al derecho de las familias víctimas del régimen franquista a la memoria histórica, a la verdad, a la justicia y a una indemnización, así como al derecho de los niños secuestrados en España a conocer la identidad de sus padres biológicos;

3.  Opina que el Parlamento Europeo debe poner a disposición del público una guía interactiva a través de Internet, similar a la que facilita el Defensor del Pueblo Europeo, con miras a reducir el número de peticiones presentadas en relación con un asunto que no corresponde al ámbito de actividad de la UE;

4.  Confirma el papel clave de la Comisión de Peticiones a la hora de encontrar soluciones a los problemas de los ciudadanos al margen de los tribunales, logrando al mismo tiempo que se tome conciencia de cómo ven la Unión Europea los ciudadanos europeos, lo cual, a su vez, permite extraer conclusiones sobre si la legislación europea consigue en realidad el resultado esperado y responde a las expectativas que los ciudadanos tienen de la Unión;

5.  Pide a la Comisión de Peticiones que examine las repercusiones en la admisibilidad de las peticiones de la línea jurisprudencial Equal Rights Trust del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que otorga a los ciudadanos de la Unión un nivel más elevado de protección, incluso en cuestiones puramente de Derecho nacional, en caso de que una sentencia nacional afecte al ejercicio de sus derechos como ciudadanos de la UE; pide que se investiguen las dificultades reales a las que se enfrentan los ciudadanos de la Unión para obtener una interpretación fidedigna de la legislación europea en causas seguidas ante órganos jurisdiccionales nacionales al solicitar decisiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

6.  Pide, como parte de los esfuerzos por mejorar el trabajo de la Comisión de Peticiones, un procedimiento que incluya misiones de información que garantice, por una parte, que todos los miembros de la misión de información tengan derecho a presentar los hechos desde su punto de vista y, por otra, que todos los miembros de la comisión tengan la oportunidad de intervenir en el proceso de toma de decisiones relativo a las conclusiones que ha de extraer la Comisión de Peticiones;

7.  Está resuelto a organizar el procedimiento de petición de forma más eficiente, transparente, ecuánime y acorde a los derechos de participación de los miembros de la Comisión de Peticiones, a fin de que la tramitación de las peticiones no pueda ser censurada judicialmente por motivos de procedimiento;

8.  Pone de relieve la persistente discriminación de ciudadanos por motivos de religión o creencias, discapacidad, pertenencia a un grupo minoritario, edad u orientación sexual; advierte, en especial, de que la población romaní sigue encontrando obstáculos a su integración en toda la UE; apela, por tanto, a la Comisión a que fomente la cooperación intergubernamental en esta cuestión, proporcione la financiación necesaria para la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní y supervise de manera activa si dichas estrategias se aplican efectivamente en los Estados miembros;

9.  Pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa para resolver definitivamente los problemas relacionados con el reconocimiento mutuo en los Estados miembros de los certificados de estado civil y sus efectos, que respete, no obstante, las tradiciones en materia de política social de cada uno de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad;

10.  Reitera sus anteriores llamamientos a los Estados miembros para que garanticen la libertad de circulación de todos los ciudadanos de la UE y de sus familias, sin discriminación por razones de orientación sexual o nacionalidad; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que garanticen plenamente los derechos reconocidos por los artículos 2 y 3 de la Directiva 2004/38/CE, no solo a los cónyuges de distinto sexo, sino también a la pareja registrada, el miembro del hogar o la pareja con quien el ciudadano de la UE mantiene una relación debidamente comprobada y estable, incluyendo las parejas del mismo sexo, sobre la base de los principios de reconocimiento mutuo, igualdad, no discriminación, dignidad y respeto por la vida privada y familiar; pide a la Comisión, en este contexto, que garantice una aplicación estricta de esta Directiva y, en última instancia, su revisión con este fin si fuese necesario, y que garantice que, en su caso, se inicien procedimientos de infracción de conformidad con los Tratados contra aquellos Estados miembros que no apliquen dicha Directiva;

11.  Observa que el medio ambiente sigue siendo otro tema clave en las peticiones, lo cual demuestra que, en numerosas ocasiones, las autoridades públicas de los Estados miembros no logran garantizar la conservación de la biodiversidad, los recursos naturales y los ecosistemas, ni los más altos niveles de salud pública; señala, en particular, las numerosas peticiones presentadas sobre la gestión de los residuos, el agua, los posibles peligros de la energía atómica y de la ingeniería genética, las especies protegidas, y la evaluación de impacto de proyectos y actividades en el medio ambiente y la salud pública, como la extracción de gas de esquisto mediante fracturación; insta a la Comisión a reforzar el marco legislativo en materia de medio ambiente y lucha contra el cambio climático y, en particular, su correcta aplicación; lamenta que algunos Estados miembros, a pesar de sus esfuerzos, no hayan sido capaces de encontrar soluciones duraderas a los problemas de gestión de los residuos;

12.  Insta a la Comisión a tomar las medidas oportunas para garantizar que los Estados miembros consideren el agua como bien común; considera que el principio de precaución ha de aplicarse escrupulosamente en la utilización de la biotecnología y la nanotecnología en aquellos productos que puedan afectar seriamente a la salud de los consumidores;

13.  Espera que la Directiva revisada sobre la evaluación del impacto ambiental, que modifica la Directiva 2011/92/UE, no solo se vea reforzada mediante la definición de parámetros más claros, sino que, sobre todo, sea debidamente aplicada por los Estados miembros;

14.  Opina que, en el caso de las peticiones de carácter urgente, se deben desarrollar procedimientos que hagan viables las misiones de información también durante el largo período «blanco» (sin actividad parlamentaria) en torno a las elecciones europeas y, asimismo, cuando la naturaleza de la petición lo requiera, durante el período «blanco» del verano (como en el caso de Damüls, en el que los meses de verano constituían el único período en el que era posible llevar a cabo una misión de información);

15.  Celebra que haya concluido la situación de emergencia en la ciudad de Nápoles y las nuevas iniciativas relativas a la gestión de residuos, y confía en que se traten debidamente los problemas que persisten en la región de Campania, concretamente mediante un plan regional general de gestión de residuos de conformidad con la jerarquía que establece la Directiva marco de la UE sobre residuos y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE; sigue albergando serias preocupaciones por el enfoque de la gestión de residuos de la región del Lacio, en particular en lo que respecta al seguimiento del cierre del vertedero de Malagrotta;

16.  Señala, asimismo, que los ciudadanos de la Unión Europea siguen encontrando barreras en el mercado interior, especialmente a la hora de ejercer su libertad de circulación como individuos, proveedores y consumidores de bienes y servicios y como trabajadores, como es el caso, por ejemplo, de los trabajadores búlgaros y rumanos que siguen enfrentándose a restricciones de acceso al mercado laboral en algunos Estados miembros; destaca, en particular, que la cooperación y eficacia judiciales transfronterizas siguen suscitando especial preocupación; concluye, en resumen, que el fortalecimiento de la cooperación y la armonización transfronterizas proporcionan beneficios notorios para la protección de los derechos de los ciudadanos, además de un estímulo económico;

17.  Insta a la Comisión a que adopte medidas para facilitar el acceso de los consumidores a las tecnologías de la información y la comunicación, con las debidas garantías de seguridad y transparencia, y, en particular, a que asegure que los sitios web de los organismos del sector público son accesibles;

18.  Destaca los esfuerzos realizados por esta comisión para transmitir la petición de muchos ciudadanos en favor de que la UE desarrolle un marco jurídico que ofrezca una protección más amplia y mejoras en el ámbito del bienestar de los animales, incluidos los animales callejeros y de compañía;

19.  Hace hincapié en la importancia de la creación del grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española, que puede servir como precedente para iniciativas similares, y que ha examinado con detalle las peticiones sobre este tema y la modificación de la Ley; reitera la importancia de un contacto directo con las autoridades nacionales españolas a este respecto y destaca la necesidad apremiante de intensificar aún más la cooperación para lograr un mayor equilibrio entre los derechos de propiedad y su función social, y mejores soluciones en aquellos casos en los que el objetivo último de proteger el medio ambiente exija la expropiación; teme que la nueva Ley de Costas aprobada por el Parlamento español no está consiguiendo resolver las preocupaciones de los peticionarios, y que tampoco existen planes para una mayor protección medioambiental de las zonas costeras en España;

20.  Subraya la necesidad de regular de forma efectiva la protección del litoral, pero señala que la Ley de Costas no es coherente con los objetivos perseguidos, dado que está afectando al patrimonio histórico y a poblaciones tradicionales, castigando a los habitantes de pequeños pueblos costeros que siempre han convivido de forma sostenible con el mar y sus ecosistemas;

21.  Acoge con satisfacción las conclusiones de la Comisión de Peticiones sobre el bienestar de la juventud y la familia, en particular en casos de custodia transfronteriza, derivadas de la misión de investigación en Berlín; señala, no obstante, que, en vista de la llegada constante de peticiones de dicha naturaleza, es evidente que la cuestión de la custodia transfronteriza sigue sin resolverse, y que se han señalado a la atención de esta comisión casos similares registrados en otros Estados miembros, especialmente de Dinamarca; toma nota asimismo de que, en lo que concierne a Dinamarca, algunos de los afectados eran extranjeros residentes allí, y que se han registrado casos probados de sustracción de menores en este país (también desde el extranjero);

22.  Considera que una mejor gobernanza y unos mecanismos de recurso más eficientes están directamente relacionados con la transparencia y el acceso a la información de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1049/2001;

23.  Concede importancia al refuerzo de la cooperación con los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, sobre la base de la reciprocidad, y, cuando sea necesario, a que se aliente a las autoridades de los Estados miembros a transponer y aplicar la legislación de la UE con total transparencia; hace hincapié en la importancia de la colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, y lamenta la negligencia de ciertos Estados miembros a la hora de aplicar y hacer cumplir la legislación medioambiental europea;

24.  Destaca, a este respecto, el Eurobarómetro de opinión pública que indica que únicamente un 36 % de los ciudadanos de la UE se considera bien informado sobre sus derechos y solo un 24 % se considera bien informado sobre qué puede hacer si no se respetan dichos derechos; hace hincapié, por lo tanto, en la necesidad urgente de mejorar el acceso a la información y de establecer una distinción más clara entre las funciones de las diferentes instituciones nacionales y europeas, con el fin de que las peticiones y reclamaciones puedan dirigirse al organismo adecuado;

25.  Pide específicamente a la Comisión que facilite el manejo del portal de Internet «Haga valer sus derechos» y que dé a conocer su existencia entre los ciudadanos de la UE;

26.  Está decidido a poner en marcha, antes de finales de 2013, un portal web sobre peticiones más práctico y visible, a fin de facilitar el acceso al proceso de petición y de proporcionar información valiosa sobre las peticiones, su divulgación pública y un enfoque interactivo del proceso de petición, así como sobre otros mecanismos de recurso; pide que se otorgue una mayor visibilidad al derecho de petición en la página principal del sitio web del Parlamento;

27.  Destaca que la Comisión de Peticiones, junto con otros organismos, instituciones e instrumentos como la Iniciativa Ciudadana Europea, el Defensor del Pueblo Europeo, la Comisión y las comisiones de investigación, tienen un papel independiente y claramente definido como puntos de contacto para todos y cada uno de los ciudadanos; señala, asimismo, que la Comisión de Peticiones debe seguir siendo un punto de referencia para los ciudadanos cuyos derechos están siendo presuntamente vulnerados;

28.  Celebra la cooperación constructiva entre la Comisión de Peticiones y el Defensor del Pueblo Europeo, por ejemplo, en el caso del informe especial del Defensor del Pueblo sobre el aeropuerto de Viena en relación con la debida aplicación de la Directiva relativa a la evaluación del impacto medioambiental; respalda la labor del Defensor del Pueblo en casos de mala administración en las actividades de las instituciones, organismos, oficinas y agencias de la UE; espera que esta labor continúe sobre la base de una independencia plena, como ha sido el caso hasta ahora;

29.  Señala que no todos los ciudadanos de la UE disponen de un Defensor del Pueblo a escala nacional que posea competencias amplias, por lo que no todos los ciudadanos de la UE tienen las mismas posibilidades de recurso; considera que, si cada Estado miembro contara con un Defensor del Pueblo nacional, la Red Europea de Defensores del Pueblo proporcionaría un apoyo considerable al Defensor del Pueblo Europeo;

30.  Acoge con satisfacción la cooperación permanente con la Comisión en relación con el examen de las peticiones relativas a la aplicación del Derecho de la UE por parte de los Estados miembros; subraya, no obstante, que la Comisión de Peticiones espera que se la mantenga informada, correctamente y sin demora, sobre el desarrollo de los procedimientos de infracción; pide a la Comisión que otorgue la misma consideración a las peticiones y a las quejas con respecto al funcionamiento de los procedimientos de infracción; solicita asimismo a la Comisión que proporcione a la Comisión de Peticiones datos y un análisis estadístico de todas las reclamaciones que investiga; subraya que, para que se respete plenamente el derecho de petición, es fundamental que la Comisión, cuando así se le solicite, proporcione un análisis y una respuesta exhaustivos, que se ocupen no solo de cuestiones formales y de procedimiento, sino también del contenido esencial de la materia;

31.  Subraya que el acceso a la información que obra en poder de las instituciones de la UE, tal como se especifica en el Reglamento (CE) n° 1049/2001, es de interés primordial para los ciudadanos que desean entender mejor el proceso de toma de decisiones, en particular en lo que respecta a proyectos con repercusiones para el medio ambiente; considera que la Comisión podría proporcionar un mayor acceso a la información sobre investigaciones y expedientes de infracción sin poner en peligro el propósito de las investigaciones, y que un interés público primordial podría justificar el acceso a estos expedientes, particularmente en asuntos en los que pueden estar en juego los derechos fundamentales, la salud humana o animal y la protección del medio ambiente contra daños irreversibles o cuando estén en curso procedimientos en relación con la discriminación de una minoría o por violaciones de la dignidad humana, siempre que se defienda la protección de los secretos comerciales y la información delicada relacionada con los asuntos judiciales, los asuntos de competencia y los ficheros personales;

32.  Pide que la Comisión adopte un planteamiento cautelar y preventivo cuando evalúe proyectos con un impacto potencial negativo para el medio ambiente o la salud pública y que coopere desde el primer momento con los Estados miembros en cuestión; señala la posibilidad de que se establezcan medidas cautelares durante las deliberaciones en casos en los que se prevea que el daño es irreversible;

33.  Toma nota, en particular, de la importante contribución de la red Solvit para sacar a la luz y solucionar asuntos relacionados con la aplicación de la legislación sobre el mercado interior; alienta a que se mejore este instrumento de la UE garantizando que los Estados miembros proporcionan el personal necesario para los centros Solvit nacionales; añade que es preciso que los consumidores y sus asociaciones desarrollen acciones colectivas de resolución de conflictos;

34.  Subraya que, tal y como confirmó el Servicio Jurídico en su dictamen de 29 de febrero de 2012, los ámbitos de actividad de las instituciones de la Unión Europea, según figuran en el Tratado, representan más que la mera suma de las competencias ejercidas por la Unión; tiene en cuenta la opinión expresada por el Servicio Jurídico del Parlamento de que esta institución tiene derecho a tomar decisiones administrativas internas destinadas a establecer un procedimiento para tramitar las peticiones de los ciudadanos; lamenta, en este sentido, que el servicio correspondiente del Parlamento no haya dado seguimiento a la Resolución del Parlamento, de 21 de noviembre de 2012, sobre las actividades de la Comisión de Peticiones en 2011(2); toma nota, por último de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asunto T-280/09), por la que se especifica que una petición ha de estar redactada con la claridad y precisión suficientes para que pueda ser bien entendida, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 227 del TFUE.

35.  Insta a los Estados miembros a transponer y aplicar la legislación de la UE con total transparencia, y con ese objetivo en mente, considera indispensable mejorar la cooperación de la Comisión con los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, con carácter recíproco y desde el primer momento;

36.  Lamenta los obstáculos burocráticos relacionados con las iniciativas ciudadanas europeas generados por la falta de asistencia informática; lamenta, sobre todo, que este instrumento destinado a los ciudadanos se esté utilizando de manera tan dispar en las diferentes administraciones, al haberse adoptado procedimientos de funcionamiento distintos en los Estados miembros;

37.  Acoge con satisfacción la celebración del Año Europeo de la Ciudadanía en 2013; pide al conjunto de las instituciones y órganos de la Unión Europea y de los Estados miembros que mejoren y difundan más ampliamente su servicio a los ciudadanos y residentes europeos en este año, en virtud de los principios contenidos en los Tratados y de los hechos reflejados en el presente informe;

38.  Señala que el mecanismo de peticiones no es solo un servicio, sino un derecho de todos los ciudadanos y residentes europeos; se compromete a organizar el procedimiento de petición de forma más eficiente, transparente, ecuánime y acorde a los derechos de participación de los miembros de la Comisión de Peticiones, a fin de que la tramitación de las peticiones no pueda ser censurada judicialmente por motivos de procedimiento;

39.  Destaca el papel esencial de las misiones de información en el procedimiento de peticiones, no solo como un derecho de participación parlamentaria, sino como una obligación frente a los peticionarios; reafirma, como ya se manifestó en el anterior informe de esta comisión, la necesidad de normas de procedimiento escritas y más precisas en lo que respecta a la preparación, aplicación y evaluación de las misiones, que garanticen, por una parte, que todos los miembros de la misión de información tengan derecho a presentar los hechos desde su punto de vista, y, por otra, que todos los miembros de la comisión tengan la oportunidad de intervenir en el proceso de toma de decisiones relativo a las conclusiones y recomendaciones que ha de elaborar la Comisión de Peticiones;

40.  Pide a la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo que refuerce el papel investigador de esta comisión;

41.  Considera la organización de audiencias públicas un modo útil de estudiar con detenimiento temas presentados por los peticionarios; desea llamar la atención, por ejemplo, sobre la audiencia pública celebrada en relación con la exploración y explotación de fuentes de energía no convencionales, que recogió las preocupaciones que los ciudadanos de la UE habían expresado a este respecto en sus peticiones; reconoce el derecho de los Estados miembros a elegir su combinación de energía y la necesidad de una mejor coordinación a escala de la UE a la hora de alcanzar el triple objetivo de la política energética de la UE en su conjunto, a saber: competitividad, sostenibilidad y seguridad del suministro;

42.  Desea poder organizar audiencias públicas sobre las iniciativas ciudadanas europeas que prosperen, junto con la comisión legislativa competente, de conformidad con el artículo 197 bis del Reglamento del Parlamento Europeo; reafirma su creencia de que este nuevo instrumento fortalecerá las instituciones democráticas de la Unión y dotará de significado al concepto de ciudadanía europea;

43.  Expresa, no obstante, su preocupación por las barreras burocráticas y técnicas surgidas en los primeros meses de la aplicación práctica de la Iniciativa Ciudadana Europea; pide, por tanto, a la Comisión que se plantee seriamente adelantar la fecha de la revisión estipulada en virtud del artículo 22 del Reglamento (UE) nº 211/2011;

44.  Subraya la necesidad de revisar regularmente la situación de las iniciativas ciudadanas europeas a fin de mejorar el procedimiento y poder dar lo antes posible con soluciones efectivas a los inconvenientes que se presenten en cada etapa del procedimiento;

45.  Considera que la Comisión de Peticiones cumpliría mejor con su función y sus obligaciones, y que su visibilidad, eficiencia, rendición de cuentas y transparencia se verían reforzadas, si contase con mejores medios para presentar al Pleno los temas que importan a los ciudadanos europeos, y si se potenciara su capacidad para convocar testigos, llevar a cabo investigaciones y organizar audiencias;

46.  Decide comprobar hasta qué punto resulta apropiado modificar el Reglamento para aplicar estos requisitos formales en relación con las misiones de información y las resoluciones del Pleno con arreglo al artículo 202 del Reglamento;

47.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus respectivas comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo u otros organismos competentes análogos.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0510.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0445.

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