El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 210 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, de 20 de diciembre de 2005,

–  Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, de 18 de diciembre de 2007,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, titulada «Examen intermedio del Plan de Acción del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria: una puesta en práctica de la acción humanitaria de la UE eficaz y basada en principios» (COM(2010)0722),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «El planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias» (COM(2012)0586) (en adelante, la Comunicación sobre resiliencia de 2012),

–  Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 19 de junio de 2013, titulado «Plan de acción para la resiliencia en los países propensos a las crisis 2013-2020» (SWD(2013)0227),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2013, sobre el planteamiento de la UE sobre la resiliencia,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2009, titulada «Estrategia de la UE en apoyo de la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo» (COM(2009)0084),

–  Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 16 de febrero de 2011, titulado «Plan de aplicación de la Estrategia de la UE en apoyo de la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo 2011-2014» (SEC(2011)0215),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de mayo de 2009, sobre la Estrategia de la UE en apoyo de la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo,

–  Vistos el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015 de las Naciones Unidas, adoptado en la Conferencia mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en Hyogo, Japón, en enero de 2005 y apoyado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución A/RES/60/195, y su examen intermedio,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de abril de 2001, titulada «Evaluación de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo» 2001 (COM(2001)0153),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, titulada «La protección social en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea» (COM(2012)0446),

–  Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión: «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»(1),

−  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanitaria»(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de febrero de 2013, titulada «Una vida digna para todos: acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» (COM(2013)0092),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2011, titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637), y las Conclusiones del Consejo al respecto, de 14 de mayo de 2012,

–  Visto el New Deal para el compromiso en Estados frágiles, establecido en la Alianza de Busan para una Cooperación al Desarrollo Eficaz aprobada en el 5º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, celebrado en Busan, Corea del Sur, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011,

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio: definición del marco posterior a 2015(3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2013, sobre el Programa general posterior a 2015,

–  Vistas la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible − El futuro que queremos, celebrada en Río de Janeiro, Brasil (Río+20), en junio de 2012 y, en particular, sus decisiones en relación con la reducción del riesgo de catástrofes,

–  Vista la cuarta reunión de la Plataforma Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada del 19 al 23 de mayo de 2013 en Ginebra, Suiza,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de marzo de 2013, titulada «La mejora de la nutrición materno-infantil en la ayuda exterior: un marco estratégico de la UE» (COM(2013)0141),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0375/2013),

A.  Considerando que, en su Comunicación sobre resiliencia de 2012, la Comisión define la resiliencia como la capacidad de una persona, un hogar, una comunidad, un país o una región para hacer frente, adaptarse y recuperarse rápidamente de las tensiones y las convulsiones;

B.  Considerando que la reducción del riesgo de catástrofes (RRC) es un componente clave para lograr la resiliencia; que la RRC conlleva el análisis y la gestión de los riesgos con el fin de reducir la vulnerabilidad a las catástrofes, y engloba actividades que apoyan la preparación, la prevención y la atenuación a todos los niveles, desde el local hasta el internacional;

C.  Considerando que la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo constituye un instrumento importante del planteamiento sobre la resiliencia, que ayuda a superar las brechas operativas y de financiación entre las fases de ayuda de emergencia y de desarrollo;

D.  Considerando que el Marco de Acción de Hyogo, un instrumento inestimable para hacer avanzar el programa de RRC a escala mundial, expirará en 2015; que está previsto que el marco de RRC para el período posterior a 2015 se apruebe en la Conferencia mundial sobre la Reducción de los Desastres que se celebrará en Japón a principios de 2015;

E.  Considerando que en el examen intermedio del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria se señala que se ha avanzado en lo tocante a la reducción del riesgo de catástrofes, pero que es esencial lograr ulteriores progresos prácticos;

F.  Considerando que, según las Naciones Unidas, desde 1992 se han visto afectadas por catástrofes 4 400 millones de personas, se han registrado pérdidas por valor de 2 billones de dólares estadounidenses, y han muerto 1 300 millones de personas; que el coste de las pérdidas debidas a catástrofes se elevó a más de 300 000 millones de dólares en 2011; que, según las estimaciones del Banco Asiático de Desarrollo, un dólar invertido en RRC en una zona propensa a las crisis permite ahorrar al menos cuatro dólares en gastos de ayuda de emergencia y rehabilitación en el futuro;

G.  Considerando que las cadenas de suministro interconectadas del mundo globalizado actual hacen que las pérdidas económicas sufridas en una región tengan repercusiones mundiales; que se calcula, por ejemplo, que las inundaciones de Tailandia en 2011 provocaron una caída de la producción industrial mundial de un 2,5 %;

H.  Considerando que el coste de las catástrofes aumenta a medida que el cambio climático provoca fenómenos meteorológicos más intensos, que se unen a una urbanización rápida y mal gestionada, el aumento de la población, la degradación del suelo y la escasez de recursos naturales; que las crisis alimentarias y de nutrición son cada vez más frecuentes en muchas regiones de los países en desarrollo;

I.  Considerando que los esfuerzos en materia de RRC y resiliencia deben sumarse a los de los países desarrollados por reducir su contribución al cambio climático, en lugar de reemplazarlos;

J.  Considerando que, en tiempos de consolidación financiera, es extremadamente necesario usar los recursos con eficacia y eficiencia; que la financiación de la RRC debe basarse en una perspectiva a largo plazo y reflejar los riesgos reales, centrándose especialmente en ayudar a la población más vulnerable a las convulsiones;

K.  Considerando que China ha gastado 3 150 millones de dólares en la reducción del impacto de las inundaciones, evitando así unas pérdidas que se estiman en 12 000 millones de dólares; que otros ejemplos positivos son Bangladesh, Cuba, Vietnam y Madagascar, que han logrado reducir considerablemente el impacto de los riesgos meteorológicos, como tormentas tropicales e inundaciones, mediante sistemas perfeccionados de alerta rápida, la preparación frente a las catástrofes y otras medidas de reducción del riesgo;

L.  Considerando que, en la mayoría de los países, la inversión del sector privado representa un alto porcentaje de la inversión total, y que el desarrollo económico nacional y la resiliencia frente a las catástrofes dependen de unas inversiones más sensibles al riesgo de catástrofes por parte del sector privado;

M.  Considerando que las Naciones Unidas prevén que la población urbana mundial aumente en un 72 % de aquí a 2050, y que la mayor parte del crecimiento urbano se dará en los países menos desarrollados, lo que incrementará significativamente el número de personas expuestas al riesgo de catástrofe;

N.  Considerando que las catástrofes pueden agravar otros problemas, como la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y la desnutrición;

O.  Considerando que la planificación y las prácticas de desarrollo insostenibles aplicadas en el pasado se han traducido en una mayor vulnerabilidad ante las catástrofes para muchos grupos de población; que la evaluación del riesgo de catástrofe ha de ser una condición previa de la planificación y los programas de desarrollo;

P.  Considerando que la falta de coordinación de los Estados miembros de la UE y otros países donantes en las situaciones posteriores a las crisis disminuye el impacto del trabajo combinado; que una mayor coordinación entre los donantes tanto en las situaciones posteriores a las crisis como en las acciones de refuerzo de la resiliencia puede generar ahorros considerables y una mayor eficiencia en la realización de los objetivos de desarrollo;

Q.  Considerando que el Informe global de evaluación está reconocido hoy en día como una fuente global creíble para el análisis de los riesgos y las tendencias de la vulnerabilidad; considerando, no obstante, que la inexistencia de datos precisos sobre las pérdidas debidas a catástrofes sigue siendo un reto importante;

R.  Considerando que la integración regional es fuente de progreso económico, político y social;

S.  Considerando que la práctica de la transferencia de tierras debe regularse con el fin de garantizar que no perjudica a la población rural;

El planteamiento de la UE sobre la resiliencia

1.  Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre resiliencia de 2012 y sus objetivos; anima a la Comisión a que lleve a la práctica las propuestas presentadas en su comunicación y garantice el desarrollo ulterior de un planteamiento a largo plazo del refuerzo de la resiliencia y la RRC que incluya vertientes tanto humanitarias como de desarrollo y presente un vínculo claro entre ambas;

2.  Acoge con satisfacción el Plan de acción para la resiliencia en los países propensos a las crisis 2013-2020 y sus prioridades; insta a la Comisión a que, en colaboración con el Servicio Europeo de Acción Exterior, aplique las propuestas y prioridades del Plan de acción y garantice que se avanza de forma coherente en el logro de sus objetivos;

3.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que la resiliencia, y más concretamente la RRC, tan solo se mencionen brevemente en las Conclusiones del Consejo sobre el Programa general posterior a 2015; opina que debe insistirse más en estas cuestiones en el programa para el período posterior a 2015;

4.  Pide a la Comisión que integre activamente las medidas de resiliencia en las vertientes tanto humanitaria como de desarrollo de la programación; destaca la necesidad de establecer un vínculo más sólido entre las respuestas humanitarias a corto plazo y la programación de desarrollo a más largo plazo, y considera que este aspecto también podría incluirse en el enfoque global de la UE de cara a la resiliencia;

5.  Considera que el planteamiento de la UE sobre la resiliencia ha de centrarse principalmente en las poblaciones más vulnerables, más pobres y más marginadas, que están especialmente expuestas a los riesgos, en particular de catástrofes naturales, y poco protegidas ante tales convulsiones, incluidos los fenómenos de evolución lenta; hace hincapié en que un planteamiento sobre la resiliencia a largo plazo debe abordar las causas más profundas de la vulnerabilidad al riesgo y reducir significativamente los factores de riesgo subyacentes;

6.  Destaca que el planteamiento de la UE a largo plazo en materia de resiliencia debe abordar el deterioro del ecosistema, en particular la agricultura, el agua, la biodiversidad y los recursos pesqueros, y pide a la UE que adopte una política coherente para reducir la vulnerabilidad a través de su estrategia de reducción de riesgos, lo que puede lograrse mediante la adopción de métodos y sistemas de producción agrícola sostenibles, como la rotación de cultivos, la agroecología, la agrosilvicultura, la agricultura orgánica y la agricultura a pequeña escala;

7.  Pide a la Comisión que centre su programa de resiliencia en los países frágiles y propensos a las crisis, y que invierta en el fortalecimiento de las instituciones locales con el fin de lograr la estabilidad y garantizar que se presten los servicios básicos a las poblaciones vulnerables;

8.  Destaca que la brecha existente entre las fases de ayuda de emergencia y de desarrollo puede salvarse mediante la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo, que tiene por objeto garantizar la sinergia entre el trabajo humanitario y de desarrollo; considera importante examinar más detalladamente las estrategias de transición y las conexiones paralelas entre la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, especialmente en los países propensos a sufrir catástrofes, en crisis prolongadas y en los países que se recuperan de una catástrofe;

9.  Insiste en que los países proclives a las catástrofes deben desempeñar un papel de liderazgo y ser los actores principales en la definición de sus prioridades y estrategias de transición de la ayuda humanitaria a una estrategia de desarrollo a largo plazo, dado que están en mejores condiciones de conocer la realidad local para determinar qué es lo mejor para sus propias comunidades;

10.  Subraya que el cambio climático está exacerbando los factores de riesgo subyacentes, por lo que debe ser tenido en cuenta en las estrategias de resiliencia, y en particular de adaptación al cambio climático;

La reducción del riesgo de catástrofes como componente esencial de la resiliencia

11.  Hace hincapié en que la inversión en medidas de RRC con antelación a las catástrofes es mucho más rentable que la financiación de la respuesta una vez ocurridas estas; aboga, por tanto, por mayores inversiones en RRC y en estrategias de resiliencia en los países en desarrollo, y especialmente en las zonas más vulnerables, así como por su inclusión en los planes nacionales de desarrollo;

12.  Subraya que una gestión eficaz de la respuesta en caso de catástrofe tiene en cuenta el establecimiento de un marco que permita la movilización inmediata de todos los recursos necesarios;

13.  Destaca que, en consecuencia, la RRC debe ser prioritaria en la futura programación de desarrollo y ser integrada en la programación de desarrollo y humanitaria en todos los países frágiles y propensos a los riesgos;

14.  Pide a la UE, a sus Estados miembros y a los Gobiernos de sus países socios que mejoren y desarrollen las estrategias de RRC en los países en desarrollo mediante la aplicación de programas de evaluación de riesgo y el perfeccionamiento de los sistemas de alerta rápida, especialmente en los países frágiles y propensos a las crisis, reforzando la preparación frente a las catástrofes con miras a ofrecer respuestas eficaces a todos los niveles y respaldando una planificación del desarrollo más sostenible en los países socios;

15.  Pide a los países socios que establezcan sistemas de contabilidad que permitan registrar las pérdidas locales y compartir información entre los niveles local y nacional con fines de planificación y estadísticos; observa que un cierto grado de normalización puede ayudar a registrar mejor las pérdidas a escala regional y, por ende, a apoyar la cooperación regional;

16.  Pide a la UE y a sus Estados miembros, así como a los países socios, que atiendan a la sostenibilidad medioambiental y a la gestión del riesgo de catástrofes en los programas de reforma de la gobernanza territorial y los mecanismos de registro de tierras;

17.  Observa que la RRC y la adaptación al cambio climático son cuestiones interrelacionadas, y pide, por consiguiente, a la Comisión y a todos los agentes que sigan integrando las estrategias de RRC y de adaptación al cambio climático, como, por ejemplo, los Programas de Acción Nacionales de Adaptación (PANA) existentes, y que las incluyan en la fase de programación para el 11º FED, que busquen apoyo financiero concreto, por ejemplo, a través de la aplicación de la Alianza Mundial contra el Cambio Climático, y que coordinen los esfuerzos para armonizar estas actividades;

18.  Apoya un enfoque complementario y coherente de los marcos para los ODM y la RRC en el período posterior a 2015; considera que en los procesos que seguirán a los ODM y al Marco de Acción de Hyogo deben tenerse en cuenta los resultados de los marcos actuales y examinarse las experiencias de las personas más afectadas por catástrofes y crisis; reitera que la RRC, la gestión del riesgo climático y la resiliencia deben integrarse sólidamente en el marco para el período posterior a 2015;

Desarrollo sostenible, protección social y resiliencia colectiva

19.  Destaca que el planteamiento sobre la resiliencia debe aportar ventajas duraderas a los sectores más vulnerables de la sociedad, en particular a las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y a aquellas que viven en asentamientos informales o barrios de chabolas y las poblaciones indígenas cuya exposición al riesgo de catástrofes es muy elevada;

20.  Subraya que el desarrollo sostenible debe considerarse un elemento esencial de la RRC; reconoce que solo se podrán lograr progresos a largo plazo si se abordan los factores subyacentes que hacen que las comunidades o los individuos sean más vulnerables, como la mala gestión medioambiental, unas infraestructuras inadecuadas, la degradación del suelo y una planificación urbana deficiente;

21.  Es consciente de que en los países en desarrollo, y especialmente en los países con niveles bajos de rentas, un gran porcentaje de los hogares que viven en un estado de pobreza permanente cuentan con escasa o ninguna protección social en general, por lo que están aún más expuestos en caso de catástrofe natural o de origen humano; pide a la Comisión que siga promoviendo las actividades de protección social en sus programas de cooperación al desarrollo, con actividades específicas para mejorar los sistemas estatales, las medidas de prevención y los seguros contra el riesgo de catástrofe natural y de origen humano;

22.  Aboga por que se dedique más atención a las catástrofes a pequeña escala como objetivo clave del planteamiento sobre la resiliencia, así como por que se dé mayor visibilidad a los daños que las catástrofes a pequeña escala causan a las comunidades y a su impacto sobre estas;

23.  Subraya la necesidad de reforzar y desarrollar la educación en el contexto de las catástrofes y las situaciones de emergencia, así como de mejorar la difusión, recopilación y comunicación de información y conocimientos que contribuyan a reforzar la resiliencia colectiva y a fomentar cambios de comportamiento y una cultura de preparación frente a las catástrofes;

24.  Destaca el importante papel que pueden desempeñar las autoridades locales y las organizaciones de la sociedad civil locales y nacionales en el refuerzo de la resiliencia, en particular en los países frágiles y propensos a las crisis, y alienta a las autoridades locales a que, en concertación con las comunidades locales y las organizaciones de la sociedad civil, desarrollen procesos coherentes y coordinados para la aplicación de las estrategias de resiliencia;

25.  Subraya que deben establecerse mecanismos sólidos de contabilidad y supervisión con la participación de las autoridades locales, los socios del desarrollo, científicos, la sociedad civil, los medios de comunicación y la opinión pública con el fin de mejorar el acceso a la información y aumentar la sensibilización sobre la necesidad de contar con estrategias de RRC y resiliencia; solicita una recogida de datos regular, entre otros, de datos meteorológicos y datos sobre las cosechas, el ganado, el funcionamiento de los mercados, las condiciones nutricionales de los niños y los miembros más pobres de la sociedad, así como de datos sobre los mecanismos de RRC existentes y el acceso a servicios básicos; anima a que esos datos se comuniquen y publiquen con regularidad en plataformas de acceso público con el fin de facilitar el acceso a la información, la alerta temprana y la mejora de la situación;

Aprender de las crisis alimentarias y de anteriores catástrofes

26.  Señala que las catástrofes y las situaciones de emergencia van seguidas con frecuencia de crisis alimentarias y desnutrición entre las poblaciones afectadas, y especialmente los niños; subraya asimismo que las crisis alimentarias son ya de por sí una catástrofe, y que el planteamiento sobre la resiliencia, centrado en mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, debe incorporarse sistemáticamente en todas las decisiones de programación;

27.  Pide a la UE que extraiga las enseñanzas pertinentes de la política de cooperación adoptada a lo largo de las décadas pasadas y que presente propuestas para promover en la práctica la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, vinculando la ayuda al desarrollo y otros ámbitos políticos de la UE, como la agricultura, el comercio, la fiscalidad, el cambio climático y la inversión;

28.  Insta a la Comisión a que integre la cuestión del acaparamiento de tierras en su diálogo político con los países en desarrollo, a fin de hacer de la coherencia de las políticas la piedra angular de la cooperación al desarrollo a los niveles nacional e internacional y evitar la expropiación a pequeños agricultores, una mayor vulnerabilidad de los pobres en las zonas rurales y el uso no sostenible de la tierra y el agua;

29.  Observa que las crisis alimentarias y de nutrición son cada vez más frecuentes en las regiones del Sahel y del Cuerno de África, donde millones de personas carecen de acceso a una alimentación adecuada; señala que la crisis alimentaria de 2011 en el Cuerno de África y la crisis alimentaria de 2012 en el Sahel demostraron que la ayuda humanitaria por sí sola no puede ni romper el ciclo de hambre y desnutrición crónicas ni atajar sus raíces más profundas; destaca la importancia de abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria permanente en esas regiones, en particular, el acceso insuficiente a los servicios básicos adecuados y la educación, la pobreza extrema, un apoyo inapropiado a la ganadería y la agricultura a pequeña escala, problemas de acceso a las tierras, la degradación del medio ambiente, el rápido crecimiento demográfico, las deficiencias del mercado, la disminución de la producción alimentaria per cápita, y la mala gobernanza; subraya que las causas subyacentes que provocan las crisis alimentarias son más complejas hoy en día que en el pasado, dado que, por ejemplo, las crisis vinculadas al mercado y las crisis de precios son más frecuentes y tienden a afectar más a los pobres;

30.  Observa que la inseguridad alimentaria y de nutrición crónica es el primer factor, y el más importante, de la vulnerabilidad a las crisis alimentarias, dado que reduce la capacidad de las personas de prepararse para los riesgos, resistir a las crisis y recuperarse una vez pasadas estas; observa asimismo que la inseguridad alimentaria y de nutrición crónica tiene efectos negativos a largo plazo que reducen el capital humano al atrofiar irreversiblemente al crecimiento de los niños y afectar a la capacidad de desarrollo de las sociedades; reconoce que las crisis provocadas por unos precios de los alimentos elevados y muy volátiles son onerosas y su solución resulta compleja; señala que el planteamiento sobre la resiliencia establecido por la Comisión va por buen camino para atajar las raíces más profundas de la vulnerabilidad, que incluyen, entre las más importantes, la inseguridad alimentaria y de nutrición crónica;

31.  Considera que el Plan de acción de la UE para la resiliencia debe aspirar a aplicar la coherencia de las políticas en favor del desarrollo y abordar cuestiones relativas a la seguridad alimentaria y la resiliencia frente al cambio climático, mediante la eliminación de prácticas no sostenibles tales como el dumping de los productos agrícolas y las normas comerciales injustas; pide a la UE que aborde la agricultura sostenible de una manera global a los niveles nacional e internacional;

32.  Celebra el enfoque conjunto de desarrollo y de ayuda humanitaria y el enfoque regional adoptado en la iniciativa SHARE de la UE (Apoyo a la resiliencia en el Cuerno de África) y en la iniciativa AGIR liderada por la UE (Alianza Mundial para la resiliencia en el Sahel); pide que se dedique aún más atención a estas regiones y que se mejore la cooperación y la coordinación entre los Gobiernos nacionales, los donantes internacionales, la sociedad civil y el sector privado en la supresión de obstáculos entre los enfoques de desarrollo y de ayuda humanitaria, entre las respuestas «normales» y «de crisis»;

33.  Solicita un planteamiento eficaz sobre la resiliencia, que ha de involucrar a diversas instituciones, ser coordinado, completo y sistemático e incluir una serie de elementos como la existencia de redes de seguridad social previsibles y específicas para las personas más vulnerables, lo cual garantizaría no solo que las familias tengan acceso inmediato a los alimentos durante las crisis, sino también una recuperación rápida y la resiliencia ante futuras convulsiones; pide que se haga de la reducción de la desnutrición infantil un elemento central de la resiliencia mediante planes nacionales coordinados que den especial prioridad a los niños menores de dos años y a las mujeres embarazadas;

34.  Observa que los datos disponibles sobre Níger, Burkina Faso y Mali muestran que las técnicas agroecológicas de bajo coste, y en particular la explotación agroforestal y la conservación del suelo y el agua, han mejorado la resiliencia de los pequeños agricultores ante la inseguridad alimentaria; destaca, no obstante, que la agricultura agroecológica por sí sola no puede poner fin a las causas estructurales de la inseguridad alimentaria; pide que se incorporen componentes no agrícolas a las intervenciones agrícolas, y que se garantice que los programas agrícolas incluyan como objetivo explícito la mejora de la nutrición; pide, además, que se garantice que las agricultoras también se beneficien de los programas, velando por que en la concepción de los programas agrícolas se tengan presentes los obstáculos creados por la desigualdad de género (como el acceso a la tierra, los créditos, los servicios de extensión agraria y los insumos);

Mejora de la coordinación de los esfuerzos y de los métodos de financiación

35.  Señala que es esencial que los Estados miembros y las instituciones de la UE coordinen mejor sus actividades de desarrollo y humanitarias y cooperen para que su ayuda sea más eficaz; destaca el estudio del Parlamento Europeo, de junio de 2013, sobre el coste de la «no Europa» en la política de desarrollo, que calcula que se podrían ahorrar 800 millones de euros al año en costes de transacciones si los donantes concentraran sus iniciativas de ayuda en menos países y actividades, y que se podrían ahorrar otros 8 400 millones de euros al año gracias a modelos de asignación transfronterizos perfeccionados;

36.  Observa la importante contribución de los ganaderos nómadas a pequeña escala a la producción de carne, leche y sangre en zonas no adecuadas para otras formas de agricultura; insiste en la importante función que desempeñan en la alimentación de las comunidades, así como en su positiva contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición, demostrada por el hecho de que, en tierras áridas y semiáridas, los niños de las zonas de pastoreo suelen tener una mejor seguridad alimentaria que los de ciudades y pueblos; pide, por tanto, que se tengan en cuenta los derechos y necesidades de esas poblaciones pastorales al diseñar las intervenciones y los programas agrícolas;

37.  Subraya la necesidad de mejorar la capacidad de las pequeñas explotaciones agrícolas favoreciendo las inversiones de carácter público-privado, incluida la concesión de microcréditos a mujeres;

38.  Opina que los ahorros obtenidos gracias a una mejor coordinación entre los donantes podrían utilizarse, por ejemplo, para actividades de RRC, y que, a su vez, estas generarían beneficios considerables, creando así un círculo virtuoso;

39.  Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión, presentada en su Plan de acción para la resiliencia de 2013, en el sentido de que se organice un foro anual de la UE sobre resiliencia; considera que dicho foro ofrecería la oportunidad de coordinar las iniciativas de resiliencia entre las instituciones públicas, incluidos los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, el sector privado, las ONG y la sociedad civil, con el fin de alcanzar progresos bien coordinados en materia de RRC y resiliencia gracias a la cooperación de todos los agentes;

40.  Aboga por una mayor colaboración entre los sectores público y privado en materia de RRC y resiliencia; pide a la Comisión que facilite la participación del sector privado mediante la instauración de incentivos y del entorno adecuado para que las entidades privadas compartan su experiencia sobre el refuerzo de la resiliencia y la reducción de los riesgos; insta a este respecto a la Comisión, no obstante, a que elabore una propuesta que establezca normas sobre la asociación público-privada, incluidas las evaluaciones del impacto social y ecológico, con el fin de evitar, por ejemplo, la agravación de los conflictos relativos al empleo del suelo o los conflictos sobre el acceso al agua, especialmente para proteger a los pequeños agricultores; alienta, además, la oferta de ayuda a los países ACP con miras al control de los contratos con inversores multinacionales; alienta asimismo la transparencia de las inversiones y las finalidades de los objetivos de inversión en plataformas accesibles a la sociedad civil;

41.  Recomienda una mayor colaboración con los países terceros y con las instituciones internacionales y regionales en lo tocante a la preparación frente a las catástrofes, así como a la respuesta en caso de catástrofe y la reconstrucción; respalda el fortalecimiento de la cooperación entre la Comisión y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) con el fin de mejorar la acción de la UE en cuestiones relacionadas con la RRC;

42.  Insiste en que, si bien la UE y las organizaciones internacionales pueden lograr progresos en materia de RRC y resiliencia en los países en desarrollo por medio de sus programas, compete en primera instancia a los Gobiernos nacionales garantizar la seguridad de sus ciudadanos, y en que, por consiguiente, los países socios deben asumir un firme compromiso político con el fin de respaldar y llevar a la práctica actividades que refuercen la resiliencia y la RRC;

o
o   o

43.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 50 E de 21.2.2012, p. 30. (2) DO C 56 E de 26.2.2013, p. 31. (3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0283.