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Procedimiento : 2013/2982(RSP)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

RC-B7-0563/2013

Debates :

PV 12/12/2013 - 17.3
CRE 12/12/2013 - 17.3

Votaciones :

PV 12/12/2013 - 18.3
CRE 12/12/2013 - 18.3

Textos aprobados :

P7_TA(2013)0604

Textos aprobados
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Jueves 12 de diciembre de 2013 - Estrasburgo
Situación en Sri Lanka
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la situación en Sri Lanka (2013/2982(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, de 22 de octubre de 2009(1), y de 12 de mayo de 2011(2), sobre la situación en Sri Lanka,

–  Visto el informe final de la Comisión de Lecciones Aprendidas y de Reconciliación de Sri Lanka, de noviembre de 2011,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de marzo de 2012 y de 18 de marzo de 2013, sobre el fomento de la reconciliación y la rendición de cuentas en Sri Lanka,

–  Visto el informe del Grupo de Revisión Interna del Secretario General de las Naciones Unidas, de noviembre de 2012, sobre las acciones de las Naciones Unidas en Sri Lanka durante las últimas fases de la guerra y la posguerra, que investiga las razones de la incapacidad de la comunidad internacional de proteger a los civiles frente a las violaciones generalizadas de los derechos humanos y del derecho humanitario,

–  Vista la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de 31 de agosto de 2013, así como su informe al Consejo de Derechos Humanos, de 25 de septiembre de 2013,

–  Visto el informe de la organización benéfica francesa «Acción contra el Hambre» en relación con la ejecución, en 2006, de diecisiete miembros de su personal en la localidad norteña de Muttur,

–  Vista la declaración de la Delegación de la Unión Europea, de 5 de diciembre de 2012, sobre el Estado de Derecho en Sri Lanka(3),

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, formulada el 18 de enero de 2013 en nombre de la UE, sobre la destitución de la Presidenta del Tribunal Supremo de Sri Lanka, Shirani Bandaranayake;

–  Vista la reciente reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, celebrada en Colombo, y de la petición del Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, de que se abra una investigación independiente sobre las acusaciones de crímenes de guerra,

–  Vistas las convenciones de las que es parte Sri Lanka, y muy particularmente el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y la Convención contra la Corrupción,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que en mayo de 2009 llegó a su fin el conflicto que durante décadas habían mantenido en el norte del país el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación Tamil Eelam (LTTE), con la derrota y rendición de estos últimos y la muerte de su líder;

B.  Considerando que se calcula que, en los últimos meses del conflicto, las intensas luchas en zonas civiles produjeron decenas de miles de muertos y heridos no combatientes, así como unas seis mil desapariciones;

C.  Considerando que el 23 de mayo de 2009 el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el Presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, suscribieron una declaración conjunta por la que el Gobierno de Sri Lanka se comprometía a tomar medidas para garantizar las responsabilidades por los supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se habrían perpetrado durante las fases finales del conflicto interno de veintiséis años de duración;

D.  Considerando que el 15 de mayo de 2010 el Presidente Rajapaksa procedió al nombramiento de una Comisión de Lecciones Aprendidas y de Reconciliación (LLRC); que el gran número de personas que al parecer se han presentado por propia iniciativa para intervenir ante la LLCR ilustra el enorme deseo y necesidad de un diálogo nacional sobre el conflicto;

E.  Considerando que el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, de 26 de abril de 2011, concluyó que eran verosímiles las informaciones según las cuales tanto las fuerzas gubernamentales como los LTTE habrían cometido crímenes de guerra en los meses anteriores a mayo de 2009, fecha en que las fuerzas gubernamentales se proclamaron vencedoras en el conflicto con los separatistas;

F.  Considerando que la gravedad de las acusaciones formuladas contenidas en dicho informe y la constante campaña internacional en pro de una correcta valoración de los hechos, también al margen de la reciente cumbre de la Commonwealth, subrayan la necesidad de resolver primeramente esta cuestión para poder lograr la reconciliación en Sri Lanka;

G.  Considerando que se ha empezado a realizar un censo a escala nacional en Sri Lanka para determinar de primera mano la magnitud y las circunstancias de las muertes y las lesiones de civiles y de los daños a las propiedades durante el conflicto, de acuerdo con una recomendación básica del informe de la LLCR;

H.  Considerando que en agosto de 2013 se creó una Comisión Presidencial de Investigación para estudiar las desapariciones acaecidas en las provincias del Norte y del Este entre 1990 y 2009;

I.  Considerando que el 25 de septiembre de 2013 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al Gobierno de Sri Lanka que dedicara el tiempo que resta hasta la presentación de su informe sobre el país al Consejo de Derechos Humanos en su reunión de marzo de 2014 a poner en marcha un proceso nacional creíble con resultados tangibles que incluya el procesamiento de las personas culpables, puesto que, de lo contrario, la comunidad internacional se vería obligada a crear sus propios mecanismos de investigación;

J.  Considerando que el grupo de revisión interna sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas en Sri Lanka durante la fase final de la guerra concluyó que el fracaso de las instituciones de las Naciones Unidas a la hora de hacer valer los derechos de las personas que debían asistir significó, en el plano colectivo, la incapacidad de las Naciones Unidas de actuar dentro del ámbito de sus mandatos institucionales de cumplir con sus responsabilidades en materia de protección;

1.  Expresa su satisfacción por el restablecimiento de la paz en Sri Lanka, que supone un enorme alivio para toda la población, y reconoce los esfuerzos hechos por el Gobierno de Sri Lanka, con el apoyo de la comunidad internacional, para reconstruir las infraestructuras y reubicar a la mayor parte de los 400 000 desplazados internos;

2.  Toma nota de los avances logrados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la política de trilingüismo ‒en particular en lo tocante a la enseñanza del inglés, el cingalés y el tamil a los funcionarios públicos‒, así como de la reciente decisión de establecer un censo nacional para recapitular los daños a personas y propiedades ocasionados durante la guerra civil;

3.  Se felicita de la celebración, el 21 de septiembre de 2013, de las primeras elecciones de la historia al Consejo de la Provincia del Norte, en las que el partido de la Alianza Nacional Tamil (TNA) venció por aplastante mayoría;

4.  Confía en que los beneficios de la paz acabarán llegando, reforzando la agenda del desarrollo del país y permitiendo a sus ciudadanos y al cada vez mayor número de visitantes extranjeros aprovechar todo el potencial cultural y natural que Sri Lanka ofrece; destaca que la estabilidad a largo plazo exige una auténtica reconciliación con la plena participación de las poblaciones locales;

5.  Observa con inquietud la todavía considerable presencia de fuerzas militares gubernamentales en las antiguas zonas en conflicto, lo que entraña violaciones de los derechos humanos, incluyendo confiscaciones de tierras ‒con más de mil acciones judiciales pendientes interpuestas por propietarios que perdieron sus bienes‒ y un preocupante número de denuncias de agresiones sexuales y otros abusos contra las mujeres, sin olvidar la situación de especial vulnerabilidad de las decenas de miles de viudas de guerra;

6.  Aplaude el plan de acción nacional para la aplicación de las recomendaciones de la LLRC, y pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos por ejecutarlas en su integridad, lo que implica iniciar investigaciones fidedignas de las acusaciones generalizadas de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas, proseguir con la desmilitarización del norte de Sri Lanka, completar los mecanismos imparciales de resolución de litigios sobre la tierra, reconsiderar las políticas de encarcelamientos, reforzar instituciones civiles antes independientes como por ejemplo la policía, el poder judicial y la Comisión de Derechos Humanos, y alcanzar un acuerdo político a largo plazo para una mayor descentralización en favor de las provincias; pide a la Comisión Presidencial de Investigación que en su ámbito de actuación incluya todas las desapariciones acaecidas en el país, y no solo las de las provincias del Norte y del Este;

7.  Expresa su gran preocupación por las constantes noticias de intimidaciones y violaciones de los derechos humanos (incluyendo a manos de las fuerzas de seguridad), de asesinatos extrajudiciales, de torturas, de violaciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, de represalias contra defensores de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil y periodistas, de amenazas a la independencia judicial y al Estado de Derecho, y de discriminaciones por razón de religión o creencias; pide al Gobierno de Sri Lanka que adopte las medidas necesarias al respecto;

8.  Aplaude la reciente iniciativa del Gobierno de Sri Lanka de investigar el presunto asesinato, a manos de fuerzas gubernamentales, de diecisiete cooperantes locales de la organización benéfica francesa «Acción contra el Hambre» en la localidad norteña de Muttur, así como los asesinatos de cinco jóvenes en Trincomalee en 2006; insta a las autoridades a que hagan todo lo posible por llevar ante la justicia a los responsables de las matanzas;

9.  Insta al Gobierno de Sri Lanka a que responda a las peticiones de rendición de cuentas por las presuntas violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional acaecidas durante la guerra, iniciando una investigación independiente y fidedigna a más tardar en marzo de 2014; considera que, de lo contrario, las Naciones Unidas deberían poner en marcha una investigación internacional;

10.  Insta al Gobierno de Sri Lanka a presentar un proyecto de ley de protección eficaz de testigos, de manera que los testigos de los referidos crímenes cuenten con protección suficiente;

11.  Aplaude las acciones de desminado llevadas a cabo por el ejército de Sri Lanka y diversas organizaciones internacionales como Halo Trust, y reconoce la cuantiosa dotación económica aportada por la UE así como la financiación adicional anunciada por el Reino Unido; insta al Gobierno y a las fuerzas armadas de Sri Lanka a que, junto con la UE y sus Estados miembros, sigan proporcionando los recursos necesarios para seguir retirando las minas terrestres, que constituyen un serio obstáculo a la rehabilitación y a la recuperación económica; pide una vez más a Sri Lanka que se adhiera a la Convención de Ottawa sobre prohibición de minas;

12.  Observa con preocupación que, según el reciente informe de Europol titulado «Situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea», los LTTE, que en el pasado han cometido atentados terroristas indiscriminados, siguen activos a nivel internacional;

13.  Pide a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros que estudien detenidamente los fracasos de la comunidad internacional en Sri Lanka y que adopten las medidas adecuadas para garantizar que, ante una situación similar en el futuro, las Naciones Unidas puedan responder a un nivel mucho mejor en términos de cumplimiento de sus responsabilidades humanitarias y de protección;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Gobierno y al Parlamento de Sri Lanka.

(1) DO C 265 E de 30.9.2010, p. 29.
(2) DO C 377 E de 07.12.12, p. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

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