Índice 
Textos aprobados
Jueves 12 de diciembre de 2013 - EstrasburgoEdición definitiva
Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General ***I
 Modificación de determinadas directivas por lo que respecta a las regiones ultraperiféricas francesas y, en particular, a Mayotte *
 Modificación de la Directiva 2010/18/UE del Consejo debido al cambio de estatuto de Mayotte *
 Ecoinnovación - Empleo y crecimiento a través de la política medioambiental
 Modificación de determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de algunas medidas ***II
 Modificación de determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a la concesión de competencias delegadas y de ejecución para la adopción de determinadas medidas ***II
 Cuentas de pago ***I
 Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas ***I
 Modificación de determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión ***I
 Acción de la Unión en favor de las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 ***I
 Modificación de determinados reglamentos en el ámbito de la pesca y la salud animal debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión ***I
 Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: modificación de los anexos I, II y IV del Reglamento (UE) nº 978/2012 por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas
 Llamamiento en favor de un compromiso mensurable y vinculante contra la evasión y la elusión fiscales en la UE
 Progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos
 Resultados de la Cumbre de Vilna y futuro de la Asociación Oriental, en particular por lo que respecta a Ucrania
 Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Albania
 Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de diciembre de 2013
 Problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea
 Las relaciones del Parlamento Europeo con las instituciones que representan a los Gobiernos nacionales
 Política de infraestructuras verde
 Informe Anual del Banco Central Europeo correspondiente a 2012
 Situación en la República Centroafricana
 Extracción forzada de órganos en China
 Situación en Sri Lanka

Tribunal de Justicia de la Unión Europea: número de jueces del Tribunal General ***I
PDF 213kWORD 45k
Texto
Texto consolidado
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de diciembre de 2013, sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aumentar el número de Jueces del Tribunal General (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD))(1)
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Enmienda 1

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
al proyecto del Tribunal de Justicia
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013
---------------------------------------------------------
P7_TA(2013)0581A7-0252/2013

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para aumentar el número de Jueces del Tribunal General

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y en particular su artículo 19, apartado 2, párrafo segundo,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en particular su artículo 254, párrafo primero, y su artículo 281, párrafo segundo,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y en particular su artículo 106 bis, apartado 1,

Vista la petición del Tribunal de Justicia,

Vista la opinión de la Comisión,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(5)  A raíz de la progresiva ampliación de las competencias del Tribunal General desde el momento de su creación, en la actualidad el número de asuntos que le son sometidos aumenta constantemente.

(6)  El número de asuntos iniciados ante dicho Tribunal ha aumentado constantemente a lo largo de los años, lo que redunda al cabo del tiempo en un ▌incremento del número de asuntos pendientes ante este y en un aumento de la duración de los procedimientos.

(7)  Dicho aumento de la duración de los procedimientos parece difícilmente aceptable para los justiciables, en particular habida cuenta de las exigencias previstas tanto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

(8)  La situación en que se encuentra el Tribunal General tiene causas estructurales, relacionadas tanto con la intensificación y la diversificación de la actividad legislativa y reglamentaria de las instituciones, órganos y organismos de la Unión como con el volumen y complejidad de los asuntos que le son sometidos, en particular en los ámbitos de la competencia y de las ayudas de Estado.

(9)  Por consiguiente, procede adoptar las medidas que se imponen para hacer frente a esta situación, y la posibilidad, prevista en los Tratados, de aumentar el número de jueces del Tribunal General puede permitir reducir, en un breve plazo, tanto el número de asuntos pendientes como la duración excesiva de los procedimientos seguidos ante dicho Tribunal.

(9 bis)  Dichas medidas deben incluir también una disposición que prevea una solución duradera para la cuestión del Estado miembro de origen de los jueces, ya que el actual acuerdo, por el que los jueces se nombran por Estado miembro no puede aplicarse a una situación en la que haya más jueces que Estados miembros.

(9 ter)  De conformidad con el artículo 19, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal General dispondrá al menos de un juez por Estado miembro. Dado que esto ya garantiza un equilibrio geográfico adecuado y una representación de los ordenamientos jurídicos nacionales, los jueces adicionales deben ser nombrados exclusivamente sobre la base de su idoneidad profesional y personal, teniendo en cuenta su conocimiento de los ordenamientos jurídicos de la Unión Europea y de los Estados miembros. No obstante, no debe haber más de dos jueces por Estado miembro,

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Protocolo n° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se modifica como sigue:

6 bis.  En el artículo 47, el párrafo primero se sustituye por el siguiente texto:"

«El artículo 9 bis, los artículos 14 y 15, el artículo 17, párrafos primero, segundo, cuarto y quinto, y el artículo 18 se aplicarán al Tribunal General y a sus miembros.»

"

7.  ▌El artículo 48 ▌se sustituye por el texto siguiente:"

«El número de Jueces del Tribunal General será de uno por Estado miembro más doce Jueces adicionales. No habrá más de dos Jueces por Estado miembro.

Todos los Jueces tendrán el mismo estatuto y los mismos derechos y obligaciones.

La renovación parcial de los Jueces, que tendrá lugar cada tres años, afectará, si el número de Jueces es par, de forma alterna, a la mitad de los Jueces, y, si el número de Jueces es impar, de forma alterna, a un número par de Jueces y a un número impar de Jueces, por ejemplo ese número menos uno.»

"

7 bis.  Se añade el siguiente artículo:"

«Artículo 48 bis

Por lo que se respecta a los Jueces que deben ser designados por Estado miembro, la facultad de proponer candidatos corresponderá al Estado miembro de que se trate.»

"

7 ter.  Se inserta el siguiente artículo:"

«Artículo 48 ter

1.  Los Jueces adicionales serán nombrados con independencia del Estado miembro de origen de los candidatos.

2.  Durante el procedimiento de nombramiento de uno o varios de los doce Jueces adicionales, todos los Gobiernos de los Estados miembros podrán proponer candidatos. Además, los Jueces salientes podrán presentar su candidatura al Tribunal General personalmente por escrito al presidente del comité contemplado en el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

3.  En el marco del procedimiento de nombramiento de uno o varios de los doce Jueces adicionales, el comité contemplado en el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea emitirá un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de Juez del Tribunal General. El comité adjuntará a su dictamen sobre la idoneidad de los candidatos una lista de los candidatos más idóneos en razón de su experiencia de alto nivel, por orden de mérito. La lista contendrá los nombres de al menos el doble de candidatos que de Jueces que deban designar de común acuerdo los Gobiernos de los Estados miembros, siempre que haya un número suficiente de candidatos idóneos.»

"

Artículo 3

1.  El presente Reglamento entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación ▌en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.  Los doce Jueces adicionales nombrados sobre la base del presente Reglamento y tras la entrada en vigor del mismo entrarán en funciones inmediatamente después de prestar juramento.

El mandato de seis de ellos, elegidos por sorteo, expirará seis años después de la primera renovación parcial del Tribunal General tras la entrada en vigor del presente Reglamento. El mandato de los otros seis Jueces expirará seis años después de la segunda renovación parcial del Tribunal General tras la entrada en vigor del presente Reglamento.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …, el …

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) De conformidad con el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A7-0252/2013).
(2) Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.


Modificación de determinadas directivas por lo que respecta a las regiones ultraperiféricas francesas y, en particular, a Mayotte *
PDF 192kWORD 33k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE por lo que respecta a las regiones ultraperiféricas francesas y, en particular, a Mayotte (COM(2013)0577 – C7-0268/2013 – 2013/0280(CNS))
P7_TA(2013)0582A7-0405/2013

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0577),

–  Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7‑0268/2013),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Vistos el artículo 55, el artículo 46, apartado 1, y el artículo 37 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7‑0405/2013),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.


Modificación de la Directiva 2010/18/UE del Consejo debido al cambio de estatuto de Mayotte *
PDF 211kWORD 50k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/18/UE del Consejo debido al cambio de estatuto de Mayotte (14220/2013 – C7-0355/2013 – 2013/0189(NLE))
P7_TA(2013)0583A7-0414/2013

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2013)0413) y el proyecto del Consejo (14220/2013),

–  Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7‑0355/2013),

–  Visto el artículo 155, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que constituye el fundamento jurídico escogido por la Comisión para su propuesta,

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7‑0414/2013),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su proyecto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Proyecto del Consejo   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Título
Propuesta de DIRECTIVA del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/18/UE del Consejo debido al cambio de estatuto de Mayotte
Propuesta de DECISIÓN del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/18/UE del Consejo debido al cambio de estatuto de Mayotte
Enmienda 2
Proyecto de Directiva
Visto 1
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 349,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 155, apartado 2, y su artículo 349,
Enmienda 4
Proyecto de Directiva
Considerando 1
(1)   Mediante Decisión 2012/419/UE1, el Consejo Europeo decidió modificar el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2014. Por lo tanto, a partir de esta fecha, Mayotte dejará de ser territorio de ultramar para convertirse en región ultraperiférica con arreglo a los artículos 349 y 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A raíz de dicha modificación, el Derecho de la Unión se aplicará en Mayotte a partir [...] del 1 de enero de 2014. No obstante, es conveniente fijar determinadas medidas específicas relativas a las condiciones particulares de aplicación del Derecho de la Unión, que vienen justificadas por la peculiar situación estructural social y económica de Mayotte como nueva región ultraperiférica.
(1)   Mediante Decisión 2012/419/UE1, el Consejo Europeo decidió modificar el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2014. Por lo tanto, a partir de esta fecha, Mayotte dejará de ser territorio de ultramar para convertirse en región ultraperiférica con arreglo a los artículos 349 y 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. A raíz de dicha modificación, el Derecho de la Unión se aplicará en Mayotte a partir del 1 de enero de 2014. No obstante, es conveniente fijar determinadas medidas específicas que vienen justificadas por la peculiar situación estructural social y económica de Mayotte como nueva región ultraperiférica.
__________________
__________________
1 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.
1 DO L 204 de 31.7.2012, p. 131
Enmienda 5
Proyecto de Directiva
Fórmula solemne
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Enmienda 6
Proyecto de Directiva
Artículo 1
Directiva 2010/18/UE
Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 2
En el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 20101/18/UE, se añade el párrafo siguiente:
En el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2010/18/UE, se añade el párrafo siguiente:
«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el plazo adicional contemplado en el mismo se ampliará para Mayotte, como nueva región ultraperiférica con arreglo al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hasta el 31 de diciembre de 2018».
«Para la región ultraperiférica francesa de Mayotte, el plazo adicional contemplado en el primer párrafo se ampliará hasta el 31 de diciembre de 2018.».
Enmienda 7
Proyecto de Directiva
Artículo 2
La destinataria de la presente Directiva es la República Francesa.
La destinataria de la presente Decisión es la República Francesa.
Enmienda 8
Proyecto de Directiva
Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor el 1 de enero de 2014.
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

Ecoinnovación - Empleo y crecimiento a través de la política medioambiental
PDF 246kWORD 73k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre Ecoinnovación - Empleo y crecimiento a través de la política medioambiental (2012/2294(INI))
P7_TA(2013)0584A7-0333/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Innovación para un futuro sostenible - Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP)» (COM(2011)0899),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020 - Unión por la innovación» (COM(2010)0546,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa que utilice eficazmente los recursos – Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020» (COM(2011)0021),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Fomento de las tecnologías en pro del desarrollo sostenible - Plan de actuación a favor de las tecnologías ambientales en la Unión Europea» (COM(2004)0038,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Una visión estratégica de las normas europeas - Avanzar para mejorar y acelerar el crecimiento sostenible de la economía europea de aquí a 2020» (COM(2011)0311),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Río+20 - Hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza» (COM(2011)0363),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682),

–  Vista la propuesta de la Comisión para un Reglamento por el que se establece Horizonte 2020 – El Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) (COM(2011)0809),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación» (COM(2011)0808),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación» (COM(2009)0147),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Del reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación y la innovación por la UE» (COM(2011)0048),

–  Visto el nuevo instrumento denominado «Garantía juvenil»,

–  Vista su Resolución de 11 de noviembre de 2010 sobre las cooperaciones de innovación europea en el marco de la Iniciativa emblemática «Unión por la innovación»(1),

–  Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos(2),

–  Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2011, sobre la elaboración de una posición común de la UE ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20)(3),

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2012, sobre una hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050(4),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre una financiación innovadora a escala mundial y europea(5),

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre invertir en el futuro: un nuevo marco financiero plurianual para una Europa competitiva, sostenible e integradora(6),

–  Vista la propuesta de la Comisión para una decisión del Consejo por la que se establece el Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014 – 2020) (COM(2011)0811),

–  Vista la propuesta de la Comisión para un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) (COM(2011)0874),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre Unión por la innovación: transformar Europa para un mundo postcrisis(7),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre la Comunicación titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo»(8),

–  Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible(9),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre el papel de las mujeres en la economía verde(10),

–  Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2010, sobre el Libro Blanco de la Comisión titulado «Adaptación al cambio climático: Hacia un marco europeo de actuación»(11),

–  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre el Libro Verde de la Comisión titulado «Del Reto a la oportunidad: hacia un marco estratégico común para la financiación de la investigación e innovación por la UE»(12),

–  Visto el Flash Eurobarómetro 315 sobre la actitud de los emprendedores europeos con respecto a la ecoinnovación, de marzo de 2011,

–   Visto el informe «Analysing and reporting on the results achieved by CIP Eco-Innovation market replication projects», de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación (EACI), publicado en mayo de 2013;

–  Vista la Iniciativa Empleos Verdes de PNUMA, OIT, OIE y CSI de 2008 titulada «Empleos verdes: Hacia el trabajo digno en un mundo sostenible con bajas emisiones»,

–  Visto el informe de 2009 de Greenpeace y del Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) titulado «Trabajando por el clima: energías renovables y la revolución de los empleos verdes»,

–  Visto el informe de 2007 de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la Agencia de Desarrollo Social (SDA) titulado «Cambio Climático y Empleo: Impacto del cambio climático y de las medidas de reducción de las emisiones de CO2 sobre el empleo en la Unión Europea de los 25 con vistas a 2030»,

–  Visto el informe de Eurofound, de enero de 2013, titulado «La ecologización de las industrias en la UE: anticipación y gestión de sus efectos sobre la cantidad y calidad de los puestos de trabajo» y su base de datos de estudios de caso,

–  Visto el informe de Eurofound, de 2011, titulado «Relaciones laborales y sostenibilidad: el papel de los interlocutores sociales en la transición hacia una economía ecológica»,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0333/2013),

A.  Considerando que la existencia de un entorno limpio y sano es una premisa para el mantenimiento de la prosperidad y un alto nivel de calidad de vida en Europa, así como para la pujanza y la competitividad de la economía;

B.  Considerando que los problemas medioambientales, como el cambio climático, la escasez de recursos y la degradación de la biodiversidad, precisan de un cambio radical de nuestra economía en el que las tecnología limpias desempeñen un papel fundamental;

C.  Considerando que una crisis de tales dimensiones ofrece una oportunidad histórica única de impulsar la transformación de nuestras economías y abrir la senda de un desarrollo a largo plazo sostenible;

D.  Considerando que el crecimiento de la tecnología ecológica en los últimos años ha mostrado que la inversión en crecimiento ecológico no es un obligación costosa sino una gran oportunidad económica; que si bien prácticamente todos los sectores han sufrido grandes pérdidas a consecuencia de la recesión, el sector ecológico sigue creciendo, pese a haberse ralentizado algo su crecimiento,

E.  Considerando que es necesario sustituir la actual economía de gran consumo de recursos por una economía eficiente en el uso de los recursos, transformando los sectores existentes en sectores ecológicos con gran valor añadido que generen empleo y protejan el medio ambiente;

F.  Considerando que las soluciones ecológicas atraerán a una nueva generación de servicios y manufacturas de alta tecnología, mejorarán la competitividad europea y crearán nuevos empleos muy cualificados;

G.  Considerando que al apoyar nuevos procedimientos limpios en los procesos industriales, nuevos métodos de gestión y nuevas tecnologías y nuevos servicios para hacer más ecológicas las empresas, la ecoinnovación contribuye a que Europa aproveche al máximo sus oportunidades, al tiempo que afronta los desafíos actuales;

H.  Considerando que los precios de los recursos han aumentado considerablemente durante los últimos años y que la competitividad de las empresas también está aumentando en función de la eficiencia de los recursos;

I.  Considerando que la historia ha demostrado que para las autoridades es difícil prever qué tecnologías innovadoras serán competitivas en el mercado;

J.  Considerando que los incentivos fiscales pueden ser una herramienta útil para mejorar la ecoinnovación en Europa;

K.  Considerando que Europa lidera el desarrollo de nuevas tecnologías; que hay muchos obstáculos al desarrollo y uso más amplio de tecnologías ambientales como, por ejemplo, el apego a las tecnologías existentes, que los precios favorezcan las soluciones menos eficientes ecológicamente, la dificultad para acceder a la financiación y una escasa concienciación de los consumidores; que el reto consiste, por consiguiente, en mejorar el comportamiento general de los productos en términos medioambientales a lo largo de todo su ciclo de vida, promover la demanda de mejores productos y tecnologías de producción y ayudar a los consumidores a elegir estando bien informados;

L.  Considerando que las etiquetas que indican las credenciales medioambientales de los productos y servicios deben ofrecer información clara y objetiva y evitar engañar al consumidor («blanqueo ecológico»);

M.  Considerando que las industrias ecológicas proporcionan hoy en día 3,4 millones de puestos de trabajo y que se estima que su facturación anual asciende a 319 000 millones de euros; considerando que en muchos países las tecnologías ambientales ya son las que ofrecen más empleo o van camino de hacerlo;

N.  Considerando que la ecoinnovación es la piedra angular del desarrollo, por la UE, de una estrategia de crecimiento sostenible desde los puntos de vista medioambiental, económico y social que genere oportunidades de empleo de buena calidad en una gran variedad de sectores;

O.  Considerando que el marcador de la ecoinnovación 2010 ((Eco-IS) muestra un rendimiento ecoinnovador favorable en diferentes Estados miembros, pero que, a pesar de ello, ningún país concreto de la UE ni ningún grupo de países puede servir actualmente de modelo para el rendimiento ecoinnovador en la UE;

P.  Considerando que el Flash Eurobarómetro 315 de 2011sobre la actitud de los emprendedores europeos con respecto a la ecoinnovación muestra que las pymes afrontan un incremento del coste de los materiales, a pesar de que la mayoría han introducido procesos o métodos ecoinnovadores de producción nuevos o mucho mejores para reducir los costes de los materiales y que afrontan asimismo el problema de no tener suficiente acceso a las ayudas e incentivos fiscales existentes y de una incierta demanda del mercado;

Q.  Considerando que el análisis de la iniciativa de ecoinnovación del PIC revela que los beneficios medioambientales, económicos y laborales superan los costes públicos en gran medida;

R.  Considerando que un requisito clave para el seguimiento y la evaluación del rendimiento y el progreso de los Estados miembros de la UE hacia un crecimiento inteligente y sostenible en Europa es la medición de la ecoinnovación, pero que la disponibilidad de datos al respecto es limitada y su calidad varía considerablemente entre los diferentes indicadores;

S.  Considerando que los actores políticos y otras partes interesadas tienen concepciones diferentes de la ecoinnovación y sus objetivos;

T.  Considerando que hay diferentes criterios de evaluación para la definición de términos como «ecoinnovación» y «empleos verdes inteligentes» (por ejemplo las definiciones de la OIT, PNUMA, CEDEFOP. OCDE o Eurostat), lo que podría conducir a estadísticas divergentes sobre la ecoinnovación, los empleos y el crecimiento verdes;

U.  Considerando que en la Resolución del Parlamento de 7 de septiembre de 2010 sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible se hace referencia a la definición de empleo sostenible dada por la OIT y se subraya que la ecoinnovación desempeña un papel importante en todos los sectores de la industria y la manufactura;

V.  Considerando que actualmente hay más de 240 proyectos financiados en el marco del programa de ecoinnovación; que en mayo de 2013 la Comisión lanzó una nueva convocatoria para seleccionar otros 45 proyectos de ecoinnovación con soluciones medioambientales novedosas; que el funcionamiento y la financiación de la iniciativa de ecoinnovación del PIC ha apoyado a desarrolladores europeos prometedores en el ámbito de la ecoinnovación ofreciendo el capital de riesgo al que no hubiera sido posible acceder de otro modo;

W.  Considerando que para el período 2014-2020 el nuevo programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, es el instrumento financiero con el que se realiza la Unión por la Innovación; que en el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP 2014-2020) la Iniciativa de Ecoinnovación también está cubierta por LIFE (Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 2014-2020);

X.  Considerando el inquietante aumento de la tasa de desempleo juvenil y la urgente necesidad de políticas que creen más y mejores oportunidades de empleo para los jóvenes;

Y.  Considerando que la iniciativa de la Comisión «Nuevas Capacidades para Nuevos Empleos», que reconoce lo acertado de la cooperación con los Estados miembros, ha merecido la acogida favorable del Parlamento;

Políticas generales para la creación de empleo y crecimiento inteligente y sostenible

1.  Pide a la Comisión que siga elaborando su visión de la innovación a escala europea en el contexto de la transición hacia una economía hipocarbónica con un uso eficiente de los recursos, pero que se centre asimismo en objetivos concretos, ámbitos prioritarios y metas volantes;

2.  Apoya a la Comisión en su iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020, que tiene por objeto marcar un cambio desde ahora hacia una economía sostenible; destaca, además, que la inversión dirigida específicamente a la transformación ecológica de las regiones de la UE es un instrumento muy útil para alcanzar los objetivos estratégicos de convergencia regional y cohesión territorial;

3.  Señala el potencial de creación directa e indirecta de empleo de calidad mediante la plena aplicación de la Estrategia UE 2020; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos en este ámbito; da la bienvenida al fomento por parte de la Comisión de una estrategia integrada de crecimiento ecológico en el marco de la iniciativa emblemática «Unión por la innovación» y, en particular, el Plan de Acción sobre Ecoinnovación como paso en la dirección correcta;

4.  Destaca la importancia de la legislación como una forma de aumentar la demanda de tecnologías medioambientales; cree que la competitividad de la producción europea depende de que Europa se sitúe a la vanguardia mundial en bienes y producción ecoeficientes;

5.  Pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias para alinear las destrezas de la mano de obra con las oportunidades que ofrece el sector de las tecnologías ambientales, examinando los diferentes subsectores y sus respectivas necesidades de trabajadores cualificados;

6.  Destaca la doble ventaja, medioambiental y económica, de la transición a una economía verde sostenible, en términos de creación de puestos de trabajo sostenibles tanto en la UE como en el mundo en desarrollo, mediante una mayor participación en la producción de materiales y combustibles innovadores, y las oportunidades de empleo que se derivan del tratamiento y la distribución de biocombustibles y biomateriales para los consumidores empresariales, públicos, privados y domésticos; pone de relieve que dichas oportunidades deben crear empleos de calidad y sostenibles tanto para los trabajadores cualificados como para los no cualificados; reconoce que debe desarrollarse, utilizando los instrumentos financieros ya existentes, un marco normativo a largo plazo para fomentar la sostenibilidad;

7.  Toma nota de los complejos desafíos que significan la seguridad alimentaria, el cambio climático, la calidad del suelo, la escasez de materias primas, la transición a sistemas de energías renovables y la eficiencia energética, entre otros; reconoce que la ecoinnovación puede desempeñar un papel importante a la hora de abordar muchos de esos desafíos; reitera que dicha transición exige un enfoque global que incluya la educación, la formación, el desarrollo de capacidades, la investigación y desarrollo, las inversiones de los sectores privado y público y el desarrollo de infraestructuras, todo lo cual contribuye a generar oportunidades de empleo variadas y sostenibles;

8.  Considera que las empresas europeas innovadoras no sólo necesitan subvenciones, sino también una mejor legislación, mejor conexión con la base de investigación y un acceso mejor y más diverso a las ayudas y la financiación, que pueden consistir tanto en subvenciones como en préstamos o financiación de capital; pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a la Comisión que para ello creen condiciones adecuadas a escala nacional y europea;

9.  Destaca que los puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología ambiental no deben limitarse a la producción de energías renovables, al incremento de la eficiencia energética y al sector del transporte, pues el crecimiento ecológico ofrece oportunidades a todos los sectores y que estos, por lo tanto, deben examinar sus opciones de desarrollo al respecto y sensibilizar mejor a los consumidores sobre la importancia de comprar productos ecológicos;

10.  Considera que es necesario que la tecnología limpia experimente un rápido desarrollo, a fin de aumentar la competitividad de las empresas; pide, por tanto, a la Comisión que convierta la ecoinnovación en la prioridad principal de su política industrial;

11.  Pide a la Comisión que facilite el desarrollo de normas de etiquetado y definiciones claras con el fin de identificar y comunicar las credenciales medioambientales de los productos y servicios;

12.  Considera que una nueva economía sostenible debe estar en condiciones de garantizar a la Unión Europea un desarrollo económico y social equilibrado; reclama una política industrial sostenible y ambiciosa, centrada en el uso eficiente de los recursos; recuerda que la eficiencia de los recursos y de los materiales reducirá los costes de la industria y los hogares, liberará recursos para otras inversiones y permitirá que la economía de la UE dependa menos de recursos escasos y de los mercados de recursos de alta volatilidad; subraya que la economía ecológica debe ofrecer una perspectiva de empleos dignos y suficientemente remunerados, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y centrados en la protección del medio ambiente;

13.  Subraya que, en tanto que las industrias ecológicas proporcionan hoy en día 3,4 millones de puestos de trabajo y una facturación anual estimada en 319 000 millones de euros, el potencial de creación de crecimiento regional, de oportunidades de empleo y de beneficios medioambientales sigue en gran medida desaprovechado, y recuerda, en este sentido, que el coste de la inacción será elevado;

14.  Señala que el éxito de la ecoinnovación requiere inversiones específicas a largo plazo, que deben contemplar en particular los ámbitos de educación, formación, investigación y desarrollo, infraestructuras, etc.;

15.  Acoge con satisfacción los actuales programas universitarios y los programas de formación en el trabajo que se centran en la sostenibilidad ecológica, económica y social, y destaca que hay nuevas necesidades de formación que requieren atención para desarrollar empleos sostenibles;

16.  Tiene la firme convicción de que una política medioambiental basada en la economía de mercado puede convertirse en un motor de crecimiento y empleo en todos los sectores de la economía, y destaca que un marco de condiciones previsibles y favorables a la inversión permitirá que las empresas innovadoras aprovechen al máximo estas oportunidades en beneficio del medio ambiente y de los trabajadores;

17.  Reconoce el hecho de que la transición económica a nuevos segmentos de mercado puede atraer a la generación de jóvenes trabajadores y generar nuevas oportunidades de empleo en el ámbito de la ecoinnovación;

El concepto de ecoinnovación

18.  Se congratula de la Comunicación de la Comisión titulada «Innovación para un futuro sostenible - Plan de Acción sobre Ecoinnovación (Eco-AP)» (COM(2011)0899);

19.  Destaca los posibles efectos sinergéticos de la ecoinnovación respecto a la creación de empleo sostenible y de calidad, la protección del medio ambiente y la reducción de la dependencia económica;

20.  Subraya la amplia dimensión del concepto de ecoinnovación, habida cuenta de que se define como cualquier forma de innovación que persiga un avance hacia el objetivo del desarrollo sostenible, mediante la reducción de las repercusiones negativas sobre el medio ambiente o mediante la consecución de un aprovechamiento más eficiente y responsable de los recursos;

21.  Pide a la Comisión que exponga las diferentes percepciones de la ecoinnovación y sus desafíos conexos y elabore una comprensión común de las diferentes oportunidades estratégicas que ofrece la ecoinnovación para el futuro;

22.  Considera que la definición de «empleo verde» de Eurostat (en el sector de los bienes y servicios ambientales), en la que se estipula, por ejemplo, que las tecnologías y productos «verdes» deben tener una finalidad de protección medioambiental o gestión de los recursos como primer objetivo, es útil para evitar estadísticas divergentes, pero cree que es necesario seguir desarrollando una definición uniforme a escala de la UE de crecimiento y empleo verdes que incluya asimismo, por ejemplo, el sector del transporte público; considera útil tener en cuenta una definición más completa de «empleo verde» que comprenda empleos y actividades adicionales en una fase posterior;

23.  Hace hincapié en los potenciales beneficios ambientales desaprovechados hasta el momento que presenta la ecoinnovación, ya que se espera que pueda contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, otros contaminantes y la generación de residuos, por ejemplo, mediante un mayor uso de materiales reciclados y la fabricación de productos de calidad con menor impacto sobre el medio ambiente, así como el fomento de procesos de producción y servicios más respetuosos con el medio ambiente; subraya la necesidad de centrar las acciones en los angostamientos y barreras que constituyen obstáculos a la comercialización de la ecoinnovación y la internacionalización de tales productos y servicios;

24.  Pide a la Comisión que incluya las recomendaciones específicas de la ecoinnovación en el Semestre Europeo a fin de promover el crecimiento sostenible;

25.  Reconoce que la ecoinnovación proporciona oportunidades claras para abrir nuevos segmentos de mercado ofreciendo oportunidades a las pequeñas y medianas empresas (PYME), la autopromoción, los emprendedores y los autónomos para que se beneficien de los nuevos mercados y modelos de negocio, así como oportunidades de revitalizar los sectores económicos tradicionales creando posibilidades de hacer más ecológicos los empleos existentes mediante su adaptación a métodos de producción y trabajo más eficientes en el uso de recursos;

26.  Pide a la Comisión que desarrolle un enfoque sistemático para la política de ecoinnovación con unas buenas condiciones marco que permitan la existencia de un entorno equitativo para la ecoinnovación de las empresas y una infraestructura que permita a las empresas y los consumidores hacer elecciones sostenibles;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen normas ecológicas para la contratación pública a fin de aumentar la función de las instituciones públicas como «cliente clave» (pilot customer);

28.  Señala en particular la importancia de acceder a una formación adecuada y desarrollar aptitudes en el ámbito de la ecoinnovación, con miras a ofrecer a los empresarios la mano de obra cualificada requerida, dotar a los jóvenes de los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para ser empleables en respuesta a las oportunidades de innovación que surjan, y facilitar la transición de los trabajadores de sectores en declive a sectores nuevos y verdes; destaca, a este respecto, las oportunidades que ofrecen las prácticas formativas en el ámbito rural y otros tipos de formación profesional a la hora de desarrollar esos nuevos conjuntos de aptitudes;

29.  Recomienda que se fomente el potencial creativo e innovador de los jóvenes para que contribuyan al desarrollo sostenible, y que se mejore su acceso a la financiación;

La UE, los Estados miembros y las regiones

30.  Destaca la necesidad de incorporar el concepto de ecoinnovación en todos los ámbitos políticos, habida cuenta de que la ecoinnovación es un ámbito político transversal; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a este respecto, alienten la cooperación entre los distintos ministerios y niveles políticos y que supervisen regularmente la aplicación de las políticas en cuestión;

31.  Pide a todos los actores clave que colaboren para el crecimiento, la innovación y el empleo ecológicos en cada sector y que se sirvan de los instrumentos existentes, como las plataformas tecnológicas, los grupos de expertos sobre destrezas, las iniciativas tecnológicas conjuntas, los mercados piloto, los conglomerados y los grupos industriales de alto nivel;

32.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren nueva legislación y apuntalen la legislación existente en el ámbito del desarrollo de las energías renovables y la mejora de la eficiencia energética, ofreciendo seguridad jurídica y un entorno equitativo e impulsando la inversión pública y privada;

33.  Pide a los Estados miembros que mejoren la coordinación de esas políticas y, en particular, que apoyen las asociaciones regionales para el crecimiento, la innovación, el empleo y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, así como las iniciativas transnacionales;

34.  Llama la atención sobre el potencial de empleo del concepto de la ecoinnovación en una economía sostenible; pide a la Comisión que ofrezca una plataforma que permita a los Estados miembros coordinar sus esfuerzos en la creación de nuevos empleos y crecimiento sostenibles;

35.  Insta a los Estados miembros a que intercambien experiencias y mejores prácticas en materia de oportunidades de empleo cuando aborden las repercusiones económicas, sociales y ambientales del cambio climático;

36.  Solicita la integración horizontal del concepto de ecoinnovación en los Fondos Estructurales y en el Fondo de Cohesión; recomienda que las autoridades locales y regionales, de conformidad con la estructura jurídica e institucional de cada Estado miembro, adopten estrategias de desarrollo en consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para crear nuevos puestos de trabajo en una economía sostenible;

37.  Opina que la legislación ambiental de la UE ya existente o propuesta ofrece un importante potencial de creación de nuevos empleos en ámbitos como el aire ambiente, el suelo y el agua, la energía, los servicios públicos, la agricultura, el transporte, el turismo, la silvicultura y la gestión ambiental, y pide a los Estados miembros que apliquen esa legislación;

38.  Hace hincapié en la urgencia de mejorar la eficiencia del mercado de carbono de la UE para ofrecer seguridad de inversión a las tecnologías respetuosas con el clima;

39.  Reclama la creación de vínculos más fuertes entre la investigación básica y la innovación industrial, así como entre la innovación y el proceso de fabricación; insta a la Comisión a que realice estudios casuísticos de investigación/consultoría sobre ecoinnovación para cada Estado miembro;

40.  Destaca que la innovación ecológica de la UE estimula la eficiencia en el uso de los recursos fuera de sus fronteras, lo que reduce el agotamiento de los recursos mundiales; insta, por tanto, a los Estados miembros a que refuercen las estrategias de eficiencia de recursos nacionales y a que compartan sus conocimientos en los foros internacionales;

41.  Hace hincapié en la importancia de mejorar la integración de las mejores prácticas de ecoinnovación en la economía real, a fin de que los avances sean más visibles en la vida diaria de las personas;

42.  Subraya que la investigación es la base de la innovación y la ecoinnovación; señala las grandes perspectivas de crecimiento de la ecoinnovación y el potencial de Europa para ser líder mundial en este ámbito, con las consiguientes oportunidades de crear nuevos empleos de calidad;

43.  Considera que la ecoinnovación debe estar en consonancia con las prioridades de inversión en materia de investigación e innovación y de clima y medio ambiente en el próximo periodo de programación de los Fondos Estructurales;

44.  Pone de relieve el papel que las asociaciones y sinergias entre el sector de la educación, las empresas y las autoridades locales y regionales pueden desempeñar para ofrecer la formación necesaria, incluidas las aptitudes relacionadas con las PYME para hombres y mujeres, la orientación profesional, la calidad, las prácticas subvencionadas y las oportunidades de formación dual, con el fin de ofrecer un acceso amplio a las oportunidades de empleo y a los puestos de trabajo de calidad que surgen como resultado de la ecoinnovación;

45.  Insta a los Estados miembros a ofrecer incentivos a las empresas, en especial a las PYME, para promover mayores inversiones en las actividades de inversión y desarrollo (I+D) del sector privado; acoge con satisfacción, en este sentido, el Plan de Acción sobre Ecoinnovación;

46.  Insta a los Estados miembros a fomentar la cooperación transfronteriza para garantizar la divulgación de tecnología y mejores prácticas en la UE, mejorando de esta forma la competitividad de Europa;

47.  Pide que se fomente la explotación de las mejores ecoinnovaciones, especialmente en los países en desarrollo, donde, por ejemplo, un proceso de producción de carbón más efectivo, inodoros de compostaje, el uso de fuentes de energía renovables, sistemas de depuración de aguas y otras muchas innovaciones pueden aumentar la calidad de vida, mejorar la salud y fomentar el espíritu emprendedor y el empleo sostenibles de forma significativa y a un coste relativamente bajo;

48.  Insta a los Estados miembros, con miras a asegurar una transición socialmente responsable hacia los empleos verdes de alta calidad, a que hagan uso, lo antes posible, del Fondo Social Europeo para programas destinados a aumentar las cualificaciones de los trabajadores, formarlos y ofrecerles nueva formación;

Financiación de la ecoinnovación

49.  Destaca los beneficios de las políticas fiscales y pide a los Estados miembros que trasladen los impuestos que gravan el empleo hacia el uso de los recursos y la contaminación, a fin de impulsar la ecoinnovación;

50.  Insta a la Comisión a que defina los subsidios perjudiciales para el medio ambiente como resultado de medidas gubernamentales que confieren una posición de ventaja a consumidores o productores para que complementen sus ingresos o reduzcan costes, pero que al hacerlo se oponen a las buenas prácticas medioambientales; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten sin demora planes concretos para la eliminación de todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente basados en esta definición;

51.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen progresivamente, antes de 2020, todas las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las subvenciones y ayudas financieras a los combustibles fósiles así como las subvenciones que incentivan el uso ineficiente de los recursos renovables, y que notifiquen los avances a este respecto mediante los Programas Nacionales de Reforma;

52.  Subraya que la ecoinnovación debe beneficiarse de los nuevos instrumentos financieros de la UE y de los vehículos de las iniciativas emblemáticas «Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», así como de la política de cohesión después de 2013 y de Horizonte 2020;

53.  Considera importante que las ecoinnovaciones y las tecnologías medioambientales resulten viables a largo plazo en términos financieros y de competitividad; considera que, cuando se conceden ayudas públicas, el apoyo a la inversión de carácter público debe alentar los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente;

54.  Celebra las posibilidades de financiar la ecoinnovación en el contexto de la Política Agrícola Común así como con cargo a los programas COSME, Horizonte 2020 y LIFE, al tiempo que insiste en que se aumenten los recursos financieros con miras a incrementar la aplicación efectiva de las ecoinnovaciones existentes;

55.  Pide a la Comisión que utilice los instrumentos necesarios y asigne suficientes recursos presupuestarios para asegurar una transición fluida entre el PIC y Horizonte 2020 en lo relativo a la ecoinnovación facilitando los procedimientos y aliviando la carga financiera para las PYME; recuerda que es esencial una participación equilibrada desde el punto de vista del género en la toma de decisiones en todas las fases y aspectos de la financiación;

56.  Pide que los Estados miembros incluyan en sus documentos estratégicos para el período 2014-2020 la ecoinnovación como un instrumento de desarrollo de la economía verde, de crecimiento y de empleo que facilita el aumento del emprendimiento en un entorno equitativo para los hombres y mujeres así como la cooperación entre los sectores de la educación, los negocios y la ciencia;

57.  Subraya que, a pesar de que las prioridades actuales de la convocatoria de propuestas de ecoinnovación de 2012 se limitan a una serie de ámbitos principales, la iniciativa ecoinnovación es un programa transversal que apoya proyectos ecoinnovadores en diferentes sectores; reitera, por lo tanto, que todos los sectores y actividades empresariales deben poder optar a financiación;

58.  Alienta a la Comisión, en concreto, a que programe recursos claramente definidos, focalizados y reforzados para proyectos de reproducción comercial, capital de riesgo, creación de redes e internacionalización para las ecoinnovaciones y su comercialización en la UE por las PYME;

59.  Expresa su convicción, puesto que los nuevos modelos comerciales comienzan a sacudir las cadenas tradicionales de suministro, de que la capacidad de tener en cuenta la globalización y sus efectos en la economía de la UE y sus cadenas de suministro en el siguiente período de programación debe quedar mejor reflejada en las prioridades de la iniciativa Ecoinnovación;

60.  Considera que todavía no se ha agotado el potencial de las PYME y de las cooperativas para promover la ecoinnovación; pide, por tanto, que se ofrezcan posibilidades de financiación específicas para las PYME y cooperativas en relación con los conceptos de ecoinnovación;

61.  Tiene la convicción de que se necesitan herramientas financieras innovadoras para mejorar las oportunidades para generar capacidad y redes;

62.  Hace hincapié en que el aumento de los fondos debe ir acompañado de una simplificación de los procedimientos de financiación;

63.  Señala que la futura política de cohesión incluye una estrategia de especialización inteligente como condicionalidad ex ante para las regiones de la UE; anima a las regiones a iniciar campañas de concienciación dirigidas a todos los grupos destinatarios con vistas a integrar la ecoinnovación en sus estrategias de especialización inteligente regionales y nacionales;

o
o   o

64.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 74 E de 13.3.2012, p. 11.
(2) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 59.
(3) DO C 56 E de 26.2.2013, p. 106.
(4) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 75.
(5) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 15.
(6) DO C 380 E de 11.12.2012, p. 89.
(7) DO C 377 E de 7.12.2012, p. 108.
(8) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 81.
(9) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 6.
(10) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 38.
(11) DO C 81 E de 15.3.2011, p. 115.
(12) DO C 56 E de 26.2.2013, p. 1.


Modificación de determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de algunas medidas ***II
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Resolución
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de algunas medidas (13283/1/2013 – C7-0411/2013 – 2011/0039(COD))
P7_TA(2013)0585A7-0421/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (13283/1/2013 – C7‑0411/2013),

–  Vista su Posición en primera lectura(1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0082),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 72 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0421/2013),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Toma nota de la declaración de los Estados miembros y de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

4.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

5.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, junto con todas las declaraciones adjuntas a la presente Resolución;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración común relativa al artículo 15, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 1225/2009 y al artículo 25, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 597/2009

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión consideran que la inclusión del artículo 15, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 1225/2009 y del artículo 25, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 597/2009 solo se justifica debido a las características específicas de estos Reglamentos antes de su modificación por el presente Reglamento. Por consiguiente, la inclusión de disposiciones, como las de estos artículos, es una excepción de estos dos Reglamentos y no constituye un precedente para la elaboración de la legislación futura.

En aras de una mayor claridad, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión entienden que el artículo 15, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 1225/2009 y el artículo 25, apartado 6, del Reglamento (CE) n° 597/2009 no introducen procedimientos de decisión distintos de los previstos en el Reglamento (UE) nº 182/2011 o complementarios a los mismos.

Declaración de los Estados miembros sobre la aplicación del artículo 3, apartado 4, y del artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) n° 182/2011 en relación con procedimientos antidumping y procedimientos en materia de derechos compensatorios, con arreglo a los Reglamentos (CE) n° 1225/2009 y (CE) n° 597/2009

Cuando un Estado miembro sugiera una modificación por lo que respecta a proyectos de medidas antidumping o en materia de derechos compensatorios de los Reglamentos CE) n° 1225/2009 y (CE) n° 597/2009 («Reglamentos de base») con arreglo al artículo 3, apartado 4, o al artículo 6, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 182/2011:

a)  se asegurará de que la modificación se proponga en un momento oportuno, por lo que respecta a los plazos de los Reglamentos de base, y de que tenga en cuenta la necesidad de que la Comisión disponga de suficiente tiempo para efectuar el necesario procedimiento de divulgación y examinar de manera adecuada la propuesta, y para que el Comité examine cualquier proyecto de medida de modificación propuesto;

b)  se asegurará de que la modificación propuesta guarde coherencia con los Reglamentos de base, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y con las obligaciones internacionales pertinentes;

c)  presentará una justificación escrita en la que, como mínimo, se indicará de qué manera la modificación propuesta mantiene relación con los Reglamentos de base y con los hechos establecidos en la investigación, pero en la que también se podrán incluir otros argumentos en favor, si el Estado miembro que propone la modificación lo considera oportuno.

Declaración de la Comisión

en relación con procedimientos antidumping y en materia de derechos compensatorios con arreglo a los Reglamentos (CE) nº 1225/2009 y (CE) nº 597/2009

La Comisión reconoce la importancia de que los Estados miembros reciban información, tal como está establecido en los Reglamentos (CE) nº 1225/2009 y (CE) nº 597/2009 (los «Reglamentos de base»), que les permita contribuir a adoptar decisiones con conocimiento de causa y a actuar para lograr este objetivo.

* * *

A fin de no dejar lugar a dudas, la Comisión entiende que la referencia a las consultas que figura en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) nº 182/2011 supone la exigencia de que la Comisión, excepto en casos de extrema gravedad, recabe la opinión de los Estados miembros antes de adoptar medidas provisionales antidumping o medidas en materia de derechos compensatorios.

* * *

La Comisión garantizará la gestión efectiva de todos los aspectos de los procedimientos antidumping y en materia de derechos compensatorios previstos en los Reglamento (CE) nº 1225/2009 y (CE) nº 597/2009, entre otros, la posibilidad de que los Estados miembros sugieran modificaciones para garantizar el respeto de los plazos establecidos en los Reglamentos de base y las obligaciones que estos imponen a las partes interesadas y que todas las medidas finalmente impuestas guarden coherencia con los hechos establecidos por la investigación y con los Reglamentos de base, tal como son interpretados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y son conformes con las obligaciones internacionales de la Unión.

Declaración de la Comisión sobre codificación

La adopción del Reglamento (UE) nº 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de algunas medidas y el Reglamento (UE) nº 38/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a la concesión de competencias delegadas para la adopción de determinadas medidas supondrán un número considerable de modificaciones en los actos en cuestión. Para facilitar la legibilidad de los actos de que se trata, la Comisión propone que se codifiquen los actos lo más rápidamente posible una vez adoptados los dos Reglamentos, y a más tardar el 1 de junio de 2014.

Declaración de la Comisión sobre los actos delegados

En el marco del Reglamento (UE) nº 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de ... por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de algunas medidas y el Reglamento (UE) nº 38/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a la concesión de competencias delegadas para la adopción de determinadas medidas, la Comisión recuerda el compromiso que ha contraído en el apartado 15 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para facilitar al Parlamento información y documentación completas sobre sus reuniones con expertos nacionales en el marco de su trabajo sobre la preparación de actos delegados.

(1) DO C 251 de 31.8.2013, p. 126.


Modificación de determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a la concesión de competencias delegadas y de ejecución para la adopción de determinadas medidas ***II
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Resolución
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a la concesión de competencias delegadas y de ejecución para la adopción de determinadas medidas (13284/1/2013 – C7-0408/2013 – 2011/0153(COD))
P7_TA(2013)0586A7-0419/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (13284/1/2013 – C7‑0408/2013),

–  Vista su Posición en primera lectura(1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0349),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 72 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0419/2013),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

4.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

5.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, junto con todas las declaraciones adjuntas a la presente Resolución;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración común relativa al Reglamento (CEE) nº 3030/93 y al Reglamento (CE) nº 517/94

Cabe señalar que los procedimientos contemplados en el artículo 2, apartado 6, el artículo 6, apartado 2, los artículos 8 y 10, el artículo 13, apartado 3, el artículo 15, apartados 3, 4 y 5, y el artículo 19 del Reglamento (CEE) nº 3030/93, en el artículo 4, apartado 3, del Anexo IV al Reglamento (CEE) nº 3030/93, en el artículo 2, el artículo 3, apartados 1 y 3 del Anexo VII al Reglamento (CEE) nº 3030/93, y en el artículo 3, apartado 3, el artículo 5, apartado 2, el artículo 12, apartado 3, y los artículos 13 y 28 del Reglamento (CE) nº 517/94, quedan sustituidos por procedimientos para la adopción de actos delegados. Cabe señalar que algunos de estos artículos se refieren a procedimientos de toma de decisiones para la adopción de medidas de salvaguardia en materia de política comercial.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión consideran que las medidas de salvaguardia han de tratarse como medidas de ejecución. Excepcionalmente, en los Reglamentos específicos vigentes anteriormente mencionados, las medidas adquieren la forma de actos delegados, porque la introducción de una medida de salvaguardia adquiere a su vez la forma de una modificación de los anexos pertinentes de los reglamentos de base. Esto resulta de la estructura especial que caracteriza a los Reglamentos de referencia vigentes y, por consiguiente, no sentará precedente en la elaboración de futuros instrumentos de defensa u otras medidas de salvaguardia en materia de política comercial.

Declaración de la Comisión sobre codificación

La adopción del Reglamento (UE) nº 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas medidas y del Reglamento (UE) nº 38/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a la concesión de competencias delegadas y de ejecución para la adopción de determinadas medidas implicará un importante número de modificaciones de los actos en cuestión. Para facilitar la legibilidad de dichos actos, la Comisión propone que se codifiquen los actos lo más rápidamente posible una vez adoptados los dos Reglamentos, a más tardar el 1 de junio de 2014.

Declaración de la Comisión sobre actos delegados

En el marco del Reglamento (UE) nº 37/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a los procedimientos para la adopción de determinadas medidas y del Reglamento (UE) nº 38/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifican determinados reglamentos relativos a la política comercial común en lo referente a la concesión de competencias delegadas y de ejecución para la adopción de determinadas medidas, la Comisión recuerda el compromiso contraído en el apartado 15 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea en el sentido de facilitar información y documentación sobre sus reuniones con los expertos nacionales celebradas durante sus trabajos sobre la preparación de los actos delegados.

(1) Textos Aprobados de 22.11.2012, P7_TA(2012)0447.


Cuentas de pago ***I
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Texto
Texto consolidado
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))(1)
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Enmienda 1 a menos que se indique lo contrario

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013
a la propuesta de la Comisión
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013
---------------------------------------------------------
P7_TA(2013)0587A7-0398/2013

DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas
(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  Con arreglo al artículo 26, apartado 2, del TFUE, el mercado interior debe implicar un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté garantizada. La fragmentación del mercado interior va en detrimento de la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo en la Unión. Eliminar los obstáculos directos e indirectos que se oponen al buen funcionamiento del mercado interior es esencial para su compleción. La actuación de la Unión en el ámbito del mercado interior de servicios financieros minoristas ya ha coadyuvado notablemente al desarrollo de la actividad transfronteriza de los proveedores de servicios de pago, la mejora de las posibilidades de elección del consumidor y el aumento de la calidad y transparencia de la oferta.

(2)  En este sentido, cabe mencionar la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE(4) (en lo sucesivo, la «Directiva sobre servicios de pago»), ... que establece requisitos básicos de transparencia de las comisiones aplicadas por los proveedores de servicios de pago por los servicios ofrecidos en conexión con las cuentas de pago. Esto ha facilitado notablemente la actividad de los proveedores de servicios de pago, al establecer normas uniformes sobre la prestación de servicios de pago y la información que debe proporcionarse, y ha reducido su carga administrativa y sus costes.

(2 bis)  El funcionamiento correcto del mercado interior y el desarrollo de una economía moderna e integradora desde el punto de vista social depende cada vez más de la prestación universal de servicios de pago. Toda vez que los proveedores de servicios de pago, de acuerdo con la lógica del mercado, tienden a centrarse en los consumidores atractivos desde el punto de vista comercial y no ofrecen a los consumidores vulnerables la misma gama de productos, una estrategia económica inteligente para la Unión debe incluir nueva legislación en la materia.

(3)  No obstante, tal y como indicó el Parlamento Europeo en su Resolución, de 4 de julio de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el acceso a los servicios bancarios básicos(5), aún se debe hacer más para mejorar y desarrollar el mercado interior del sector bancario minorista. Esta evolución debe ser paralela a acciones orientadas a poner el sector financiero de la Unión al servicio de las empresas y de los consumidores. En la actualidad, la falta de transparencia y de comparabilidad de las comisiones, y las dificultades a la hora de trasladar una cuenta de pago, constituyen todavía obstáculos al desarrollo de un mercado plenamente integrado. Debe abordarse el problema de la calidad divergente de los productos y de la escasa competencia en el sector bancario minorista, y deben alcanzarse altos niveles de calidad.

(4)  Las actuales condiciones del mercado interior pueden disuadir a los proveedores de servicios de pago de ejercer su derecho al libre establecimiento o a prestar servicios en la Unión, ante la dificultad de conseguir clientes cuando se entra en un nuevo mercado. La entrada en nuevos mercados conlleva a menudo grandes inversiones. Estas inversiones se consideran justificadas solo si el proveedor prevé suficientes oportunidades y una demanda acorde por parte de los consumidores. La escasa movilidad de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros minoristas se debe, en gran medida, a la falta de transparencia y de comparabilidad de las comisiones y servicios que se ofrecen, así como a las dificultades existentes a la hora de trasladar una cuenta de pago. Estos factores lastran también la demanda. Ello es particularmente cierto en el contexto transfronterizo.

(5)  Por otra parte, la fragmentación de los marcos normativos nacionales vigentes puede generar importantes obstáculos que impidan la plena realización del mercado interior en el ámbito de las cuentas de pago. Las disposiciones nacionales vigentes sobre las cuentas de pago y, en particular, sobre la comparabilidad de las comisiones y el traslado de cuentas, divergen entre sí. En lo que atañe al traslado de cuentas, la falta de medidas uniformes vinculantes a escala de la Unión ha redundado en prácticas y medidas divergentes a escala nacional. Estas diferencias son incluso más patentes en lo que se refiere a la comparabilidad de las comisiones, pues no existe al respecto ninguna medida a escala de la Unión, ni siquiera de tipo autorregulatorio. Si estas diferencias se acentuaran en el futuro, visto que los bancos tienden a adaptar sus prácticas al mercado nacional, aumentaría el coste de las operaciones transfronterizas, frente al soportado por los proveedores de ámbito nacional, y, por tanto, la actividad transfronteriza perdería atractivo. La actividad transfronteriza en el mercado interior se ve obstaculizada por las dificultades que han de superar los consumidores al abrir una cuenta de pago en otro país. Los actuales criterios de idoneidad, de carácter restrictivo, pueden impedir que los ciudadanos europeos circulen libremente en la Unión. Si se da a todos los consumidores acceso a una cuenta de pago, podrán participar en el mercado interior y aprovechar las ventajas del mercado interior.

(6)  Cabe señalar también que si algunos clientes potenciales no abren cuentas es porque, bien se les deniega, bien no se les ofrecen los productos adecuados, de modo que la demanda potencial de servicios de cuenta de pago en la Unión está aún sin explotar en toda su extensión. Una mayor participación del consumidor en el mercado interior incentivaría más a los proveedores de servicios de pago a entrar en nuevos mercados. Crear las condiciones necesarias para que los consumidores puedan tener acceso a una cuenta de pago es imprescindible de cara a fomentar su participación en el mercado interior y a que puedan cosechar las ventajas del mercado interior.

(7)  La transparencia y comparabilidad de las comisiones han sido abordadas por el sector bancario a través de una iniciativa propia de autorregulación. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo definitivo con respecto a las directrices. En relación con el traslado de cuentas, los Principios Comunes establecidos en 2008 por el European Banking Industry Committee prevén un mecanismo modelo para el traslado entre cuentas ofrecido por proveedores de servicios de pago ubicados en un mismo Estado miembro. No obstante, al no ser vinculantes, estos Principios se han aplicado de forma incoherente en el conjunto de la Unión y han demostrado no ser eficaces. Además, dichos Principios Comunes abordan solo al traslado entre cuentas bancarias a escala nacional y no el traslado transfronterizo de cuentas. Por último, en relación con el acceso a una cuenta de pago básica, ... Recomendación de la Comisión 2011/442/UE ...(6), exhortaba a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar su aplicación a más tardar seis meses después de su publicación. Hasta el momento, solo unos pocos Estados miembros cumplen los principales principios de esa Recomendación.

(8)  A fin de permitir una movilidad financiera eficaz y fluida a largo plazo, es fundamental establecer un conjunto de normas uniformes que hagan frente a la escasa movilidad del consumidor y, en particular, faciliten la comparación entre los servicios de cuentas de pago y entre las comisiones aplicables, incentiven el traslado de cuentas y eviten que los consumidores que deseen abrir una cuenta de pago transfronteriza sean discriminados por razones de residencia. Asimismo, es esencial adoptar las medidas adecuadas para fomentar la participación de los consumidores en el mercado de cuentas de pago. Esas medidas incentivarán a los proveedores de servicios de pago a operar en el mercado interior y les garantizarán condiciones equitativas, potenciando así la competencia y una eficiente asignación de recursos en el mercado de servicios financieros minoristas de la Unión, en beneficio de las empresas y los consumidores. La transparencia en la información sobre las comisiones y las posibilidades de trasladar la cuenta, junto con el derecho de acceso a los servicios de una cuenta básica, permitirá a los ciudadanos de la Unión desplazarse y comparar productos más fácilmente dentro de la Unión, y, por consiguiente, beneficiarse de un mercado interior plenamente operativo en el ámbito de los servicios financieros minoristas y contribuir al crecimiento del comercio electrónico y al ulterior desarrollo del mercado interior.

(8 bis)  Asimismo, es fundamental garantizar que la presente Directiva no obstaculice la innovación en el ámbito de los servicios financieros minoristas. Cada año aparecen nuevas tecnologías que pueden dejar desfasado el modelo actual de cuentas de pago. Es preciso estimular, en particular, los servicios bancarios móviles, los servicios entre iguales y las tarjetas de recarga como alternativas a los servicios bancarios tradicionales.

(9)  La presente Directiva se aplica a cuentas de pago abiertas por consumidores. En consecuencia, las cuentas abiertas por empresas, incluso pequeñas empresas o microempresas, quedan fuera de su ámbito de aplicación, salvo si se abren a título personal. Asimismo, tampoco se aplica a las cuentas de ahorro, cuya función de pago puede ser más limitada. La presente Directiva tampoco se aplica a las tarjetas de crédito, que no son esenciales para alcanzar sus objetivos de mejora de la inclusión financiera y del funcionamiento del mercado interior.

(10)  Las definiciones que figuran en la Directiva se armonizan con las previstas en otra legislación de la Unión y, en particular, las de la Directiva 2007/64/CE y el Reglamento (UE) nº 260/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros, y se modifica el Reglamento (CE) nº 924/2009(7).

(11)  Es esencial que los consumidores puedan comprender las comisiones, de modo que puedan comparar las ofertas de diferentes proveedores de servicios de pago y decidir con conocimiento de causa qué cuenta se ajusta más a sus necesidades. No es posible comparar las comisiones si los diferentes proveedores de servicios de pago utilizan terminología diferente para unos mismos servicios ▌y ofrecen información en formatos diferentes. El uso de una terminología normalizada y de un formato uniforme para la información sobre las comisiones de los servicios ▌más representativos vinculados a cuentas de pago pueden ayudar a los consumidores a comprender y comparar dichas comisiones.

(12)  Lo más beneficioso para el consumidor sería una información lo más concisa posible, normalizada y fácil de comparar entre los diversos proveedores de servicios de pago. Los medios que se ofrezcan al consumidor para comparar las ofertas de cuentas de pago deben presentar diversas vertientes y se deben realizar encuestas entre los consumidores. En la fase presente, solo debe normalizarse aquella terminología sobre las comisiones que se corresponda con los términos y definiciones que resulten más representativos en los Estados miembros, a fin de facilitar una aplicación rápida.

(13)  La terminología sobre las comisiones deben determinarla las autoridades nacionales competentes, atendiendo a las especificidades de los mercados locales. ▌Siempre que sea posible, debe normalizarse la terminología sobre las comisiones a escala de la Unión, de manera que puedan compararse en toda la Unión. La Autoridad Bancaria Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea)(ABE) debe fijar directrices que ayuden a los Estados miembros a determinar qué servicios son los más utilizados y acarrean el mayor coste para los consumidores a escala nacional. Con el fin de lograr la aplicación efectiva de la terminología normalizada, estas definiciones deben ser lo suficientemente amplias.

(14)  Una vez que las autoridades competentes nacionales hayan elaborado una lista provisional de los servicios más representativos vinculados a cuentas de pago a escala nacional, así como de los correspondientes términos y definiciones, la Comisión procederá a examinar esa lista a fin de establecer mediante un acto delegado los servicios comunes a la mayoría de los Estados miembros y proponer términos ▌normalizados para toda la Unión.

(15)  A efectos de ayudar a los consumidores a comparar fácilmente las comisiones de las cuentas de pago en todo el mercado interior, los proveedores de servicios de pago deben suministrarles un documento informativo exhaustivo de las comisiones en el que figuren las comisiones aplicables a todos los servicios vinculados a la cuenta de pago incluidos en la lista de los servicios más representativos, así como otras comisiones que se puedan aplicar a la cuenta. En ese documento informativo sobre las comisiones se deben utilizar, en la medida de lo posible, los términos y definiciones normalizados establecidos a escala de la Unión. Esto contribuiría también a crear condiciones de competencia equitativas entre las entidades de crédito que compiten en el mercado de cuentas de pago. ▌Al objeto de ayudar a los consumidores a comprender las comisiones que deben abonar por su cuenta de pago, debe facilitárseles un glosario que explique, sin tecnicismos y de forma clara e inequívoca, al menos los servicios vinculados a la cuenta de pago y las definiciones y explicaciones correspondientes. El glosario debe servir para favorecer una mejor comprensión de las comisiones y ayudar al consumidor a poder decidir entre una oferta más amplia de cuentas de pago. Además, los proveedores de servicios de pago deben estar también obligados a informar a los consumidores gratuitamente ▌y al menos una vez al año de todas las comisiones y de los intereses aplicados a su cuenta. Debe facilitarse información ex-post en un resumen específico. El resumen debe ofrecer una panorámica completa de los intereses generados, de las comisiones cargadas y de las notificaciones previas de modificaciones de las comisiones o los tipos de interés. El consumidor debe recibir la información necesaria para comprender a qué se refieren esos gastos e intereses y valorar si es necesario modificar sus pautas de consumo o cambiar de proveedor. ▌

(16)  La información sobre las comisiones aplicables a las cuentas de pago debe ser exacta, clara y comparable, si ha de satisfacer las necesidades de los consumidores. Por consiguiente, la ABE, previa consulta a las autoridades nacionales y tras la realización de encuestas entre los consumidores, debe elaborar un proyecto de normas técnicas de ejecución respecto de un formato de presentación normalizado del documento informativo de las comisiones y el estado de comisiones y los símbolos comunes, a efectos de garantizar que resulten comprensibles para los consumidores y puedan compararse. ▌El documento informativo de las comisiones y el estado de comisiones deben distinguirse claramente de otras comunicaciones. ▌

(17)  Con el fin [...] de que la terminología aplicable a escala europea se utilice de forma uniforme en toda la Unión, los Estados miembros deben establecer la obligación de que los proveedores de servicios de pago utilicen esa terminología, junto con el resto de términos nacionales normalizados que figuren en la lista provisional, en sus comunicaciones con los consumidores, incluidos el documento informativo de las comisiones y el estado de comisiones. Los proveedores de servicios de pago deben poder utilizar el nombre de marcas en el documento informativo de las comisiones o el estado de comisiones para designar sus servicios o cuentas de pago, siempre que ello se añada a la terminología normalizada y sea una denominación secundaria de los servicios o cuenta que se oferten.

(18)  Los sitios web independientes de comparación constituyen un medio eficaz para que los consumidores evalúen las ventajas de las distintas ofertas de cuentas de pago dentro de un espacio único. Esos sitios web pueden aportar el equilibrio adecuado entre la necesidad de que la información sea clara y concisa, y la necesidad de que sea completa y exhaustiva, al permitir a los consumidores obtener información más detallada si así lo desean. También pueden reducir los costes de búsqueda, pues los consumidores no tendrán que recabar información por separado de los diferentes proveedores de servicios de pago. Es esencial que la información facilitada en tales sitios web sea fiable, imparcial y transparente, y que se informe a los consumidores de su existencia. A este fin, las autoridades competentes deben informar activamente a la opinión pública de la existencia de tales sitios web.

(19)  De cara a obtener información imparcial sobre las comisiones y los tipos de interés aplicados a las cuentas de pago, los consumidores deben poder tener acceso a sitios web de comparación que sean de acceso público e independientes de los proveedores de servicios. Por tanto, los Estados miembros deben garantizar que los consumidores tengan acceso gratuito al menos a un sitio web independiente y de acceso público en sus respectivos territorios. Estos sitios web de comparación pueden estar gestionados por autoridades competentes, otras autoridades públicas y/u operadores privados acreditados, o bien en su nombre. A fin de reforzar la confianza de los consumidores en los nuevos sitios web de comparación disponibles, los Estados miembros deben establecer un sistema voluntario de acreditación que permita a los operadores privados de sitios web de comparación solicitar acreditación con arreglo a determinados criterios de calidad. Cuando no se haya acreditado un sitio web de comparación de ofertas gestionado por un operador privado, debe implantarse un sitio web gestionado por una autoridad competente u otra autoridad pública o bien en su nombre. Este último sitio web debe cumplir también los criterios de calidad.

(20)  Es habitual que los proveedores de servicios de pago ofrezcan una cuenta de pago integrada en un paquete con otros productos o servicios financieros. Esta práctica puede servir para que los proveedores diversifiquen su oferta y compitan entre sí, y, en última instancia, puede ser beneficiosa para los consumidores. Sin embargo, el estudio realizado por la Comisión en 2009 sobre las ventas vinculadas en el sector financiero, así como las oportunas consultas efectuadas y las denuncias de los consumidores, indican que los proveedores de servicios de pago pueden ofrecer cuentas bancarias integradas en un paquete junto con productos no solicitados por el consumidor y que no son esenciales para las cuentas de pago, como pueden ser los seguros de hogar. Se ha observado también que estas prácticas pueden reducir la transparencia y la comparabilidad de los precios, limitar las opciones de compra del consumidor e incidir negativamente en su movilidad. Así, los Estados miembros deben velar por que, cuando los proveedores de servicios de pago ofrezcan a los consumidores cuentas de pago integradas en un paquete, les faciliten ▌información sobre la posibilidad de abrir la cuenta de pago por separado y, de ser posible, sobre los costes y las comisiones correspondientes a cada uno de los demás productos o servicios financieros incluidos en el paquete. ▌

(21)  Los consumidores [...] solo se ven motivados a hacer un traslado de cuenta si el proceso no implica una carga administrativa y financiera excesiva. El proceso para trasladar las cuentas de pago a otro proveedor de servicios de pago debe ser claro, rápido y seguro. En caso de que los proveedores de servicios de pago cobren comisiones por efectuar el traslado, estas deben ser razonables y conformes a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE. A fin de que redunde positivamente en la competencia, el traslado debe facilitarse también a escala transfronteriza. Dado que el traslado transfronterizo puede ser más complejo que a escala nacional y puede requerir que los proveedores de servicios de pago adapten y perfilen sus procesos internos, deben preverse periodos transitorios más largos para el traslado de un servicio entre proveedores de servicios de pago ubicados en distintos Estados miembros.

(21 bis)  En el caso de los traslados entre dos proveedores de servicios de pago ubicados en su territorio, los Estados miembros deben poder establecer o mantener disposiciones distintas de las contempladas en la presente Directiva si ello redunda claramente en interés del consumidor.

(22)  El proceso de traslado ha de ser lo más sencillo posible para el consumidor. Por consiguiente, los Estados miembros deben garantizar que el proveedor de servicios de pago receptor se responsabilice de iniciar y gestionar el proceso en nombre del consumidor.

(23)  Por regla general, y siempre que el consumidor haya dado su consentimiento, el proveedor de servicios de pago receptor debe encargarse, en nombre del consumidor, del traslado ▌de los pagos periódicos y de la transferencia de cualquier remanente de saldo acreedor, idealmente en una sola reunión con dicho proveedor. Con este objeto, los consumidores deben poder firmar una autorización en la que den o retiren su consentimiento para la realización de esas operaciones. Antes de dar autorización, el consumidor debe ser informado de todas las fases del proceso necesarias para efectuar el traslado.

(24)  A fin de que el traslado culmine con éxito, es preciso que el proveedor de servicios de pago transmisor coopere. El proveedor de servicios de pago receptor debe poder pedir al consumidor o, en caso necesario, al proveedor transmisor que le facilite la información que considere necesaria para restablecer los pagos periódicos en la nueva cuenta de pago. Sin embargo, dicha información no debe exceder de lo estrictamente necesario para realizar el traslado y el proveedor de servicios de pago receptor no debe pedir información superflua.

(25)  Los consumidores no deben sufrir penalizaciones o cualquier otro perjuicio financiero por errores en el envío de transferencias o adeudos domiciliados. Esto es especialmente importante en lo que atañe a determinadas categorías de ordenantes y beneficiarios, tales como las empresas de servicios públicos, que utilizan medios electrónicos (por ejemplo, bases de datos) para almacenar información sobre las cuentas de los consumidores y realizan numerosas operaciones periódicas en relación con un gran número de consumidores.

(26)  Los Estados miembros deben velar por que los consumidores que prevean abrir una cuenta de pago no sean discriminados en razón de su nacionalidad o lugar de residencia. Aunque es importante que garanticen que sus clientes no utilicen el sistema financiero con fines ilícitos, como el fraude, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, los proveedores de servicios de pago no deben poner trabas a los consumidores que deseen aprovechar las ventajas del mercado interior mediante la apertura de cuentas de pago transfronterizas.

(27)  Los consumidores que residan legalmente en la Unión no deben ser discriminados por razón de nacionalidad o lugar de residencia, ni por cualquier otra razón contemplada en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando soliciten o accedan a una cuenta de pago en la Unión. Además, los Estados miembros deben garantizar el acceso a cuentas de pago básicas con independencia de las circunstancias financieras del consumidor, como su situación laboral, nivel de renta, historial crediticio o insolvencia. ▌

(28)  Los Estados miembros deben garantizar que todos los proveedores de servicios de pago que ofrezcan servicios de pago generales al por menor y faciliten cuentas de pago como parte integrante de sus actividades normales ofrezcan a los consumidores cuentas de pago básicas en el sentido de la presente Directiva. El acceso a las mismas no debe ser excesivamente difícil y no debe originar costes excesivos al consumidor. El derecho de acceso a una cuenta de pago básica en cualquier Estado miembro debe otorgarse con arreglo a la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8), en particular por lo que se refiere a los procedimientos de diligencia debida con respecto al cliente. Al mismo tiempo, las disposiciones de dicha Directiva por sí solas no pueden utilizarse como motivo para rechazar a los consumidores menos atractivos desde el punto de vista comercial. Debe implantarse un mecanismo que ayude a los consumidores sin domicilio fijo, los solicitantes de asilo y los consumidores que no disponen de un permiso de residencia y cuya expulsión resulta imposible por motivos jurídicos a cumplir los requisitos establecidos en el capítulo II de la Directiva 2005/60/CE.

(28 bis)  Para que los usuarios de las cuentas de pago básicas puedan ser atendidos de manera adecuada, los Estados miembros deben exigir a los proveedores que velen por que el personal pertinente tenga una formación adecuada y por que los posibles conflictos de interés no repercutan negativamente en los clientes.

(29)  Los Estados miembros deben poder exigir que los proveedores de servicios de pago comprueben si el consumidor ya es titular de una cuenta de pago activa y equivalente en el mismo territorio y que el consumidor firme una declaración jurada a este respecto. Los proveedores de servicios de pago no deben poder rechazar una solicitud de acceso a una cuenta de pago básica, excepto en los casos especificados claramente en la presente Directiva.

(29 bis)  Los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios de pago tramiten las solicitudes dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva y por que, en caso de denegación, los proveedores de servicios de pago informen al consumidor de las razones específicas de la misma, a menos que ello vaya en detrimento de los intereses de seguridad nacional o de la lucha contra los delitos financieros.

(30)  Es preciso garantizar que los consumidores tengan acceso a una serie de servicios de pago básicos. Los Estados miembros deben velar por que, en tanto que una cuenta de pago básica sea utilizada por el consumidor para uso personal, no se apliquen límites al número de operaciones que se proporcionen al consumidor en virtud de las normas de precios específicas establecidas en la presente Directiva. A la hora de determinar lo que se debe considerar como uso personal, los Estados miembros deben tener en cuenta el comportamiento actual de los consumidores y la práctica comercial habitual. Los servicios vinculados a las cuentas de pago básicas deben incluir la posibilidad de realizar depósitos y retirar efectivo. Los consumidores deben poder efectuar las operaciones de pago básicas, como la percepción de rentas o prestaciones, el pago de facturas o impuestos y la compra de bienes y servicios, a través de adeudos domiciliados, transferencias y la utilización de una tarjeta de pago. Dichos servicios han de permitir la adquisición de bienes y servicios en línea y ofrecer al consumidor la posibilidad de efectuar órdenes de pago a través de los servicios bancarios en línea del proveedor de servicios de pago, cuando este disponga de ellos. Sin embargo, las cuentas de pago básicas no deben circunscribirse a la utilización en línea, pues ello sería un obstáculo para los consumidores que no tengan acceso a internet. Los consumidores no deben poder quedar en descubierto en una cuenta de pago básica. No obstante, los Estados miembros deben poder autorizar que los proveedores de servicios de pago ofrezcan posibilidades de descubierto y otros productos de crédito, como servicios claramente independientes, a los clientes de cuentas de pago básicas, siempre que el acceso a la cuenta de pago básica, o su uso, no se vean restringidos por la compra de tales servicios de crédito ni sean supeditados a esta. Las comisiones que se cobren por tales servicios han de ser transparentes y al menos tan favorables como las aplicadas en el marco de la política de precios habitual del proveedor.

(31)  A fin de garantizar que las cuentas de pago básicas estén a disposición del mayor número posible de consumidores deben ofrecerse de manera gratuita o a cambio de una comisión razonable. Los Estados miembros deben exigir a los proveedores de servicios de pago que velen por que la cuenta de pago básica sea siempre la cuenta de pago con la menor comisión por la prestación del paquete mínimo de servicios de pago especificado en el Estado miembro. Además, toda comisión adicional cobrada al consumidor por incumplimiento de las condiciones del contrato debe ser razonable y nunca superior a la aplicada en el marco de la política de precios habitual del proveedor.

(32)  El proveedor de servicios de pago debe denegar la apertura de una cuenta de pago básica o rescindir un contrato de cuenta de pago básica solo en circunstancias específicas, como, por ejemplo, en caso de incumplimiento de la legislación sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o la prevención e investigación de delitos. Incluso en estos supuestos, la denegación solo puede estar justificada si el consumidor incumple lo dispuesto en esa legislación, y no si el procedimiento para verificar el cumplimiento de la legislación es demasiado prolijo o costoso.

(33)  Los Estados miembros deben velar por que se adopten medidas adecuadas para dar a conocer al público la existencia de cuentas de pago básicas y los procedimientos y condiciones para su uso que se establecen en la presente Directiva. Los Estados miembros deben velar por que las acciones de comunicación sean suficientes y estén bien orientadas, y engloben especialmente a los consumidores vulnerables, con residencia móvil o que no disponen de cuenta bancaria. Los proveedores de servicios de pago deben facilitar activamente a los consumidores información accesible y asistencia adecuada en relación con las características específicas de las cuentas de pago básicas que ofrecen, las comisiones aplicadas y las condiciones de uso, así como con los pasos que deben seguir los consumidores para ejercer su derecho a abrir una cuenta de pago básica. En particular, debe informarse a los consumidores de que para tener acceso a una cuenta de pago básica no es obligatorio adquirir servicios adicionales. A fin de minimizar el riesgo de que los consumidores sufran exclusión financiera, los Estados miembros deben mejorar la educación financiera, también en la escuela, y luchar contra el endeudamiento excesivo. Además, los Estados miembros deben promover las iniciativas de los proveedores de servicios de pago dirigidas a proporcionar cuentas de pago básicas y formación financiera independiente a un tiempo.

(34)  Los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes para velar por la aplicación de la presente Directiva y ser responsables de la investigación y el control de la observancia. Las autoridades competentes designadas deben ser independientes de los proveedores de servicios de pago y disponer de recursos adecuados para el desempeño de sus funciones. Los Estados miembros deben poder designar a distintas autoridades competentes para hacer cumplir la amplia gama de obligaciones que establece la presente Directiva.

(35)  Los consumidores han de tener acceso a procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso efectivos y eficientes para la resolución de los litigios que se deriven de los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva. El acceso a los procedimientos alternativos de resolución de litigios debe ser sencillo y los organismos competentes deben cumplir una serie de criterios como la representación equitativa de proveedores y usuarios. Este acceso ya está garantizado por la Directiva 2013/.../UE en lo que atañe a los litigios contractuales pertinentes. No obstante, los consumidores deben también tener acceso a procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso en caso de litigios precontractuales que afecten a los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva, como, por ejemplo, en caso de que se les deniegue el acceso a una cuenta de pago básica. El cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva requiere el tratamiento de datos personales de los consumidores. Dicho tratamiento está sujeto a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(9). La presente Directiva debe, por tanto, atenerse a lo dispuesto en la citada Directiva 95/46/CE y las leyes nacionales de transposición de la misma.

(36)  Con el fin de alcanzar los objetivos establecidos en la presente Directiva, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, orientados a determinar la terminología normalizada a escala de la Unión para los servicios de pago comunes a una serie de Estados miembros, así como la correspondiente definición de esos términos.

(38)  Cada año, y por primera vez en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, los Estados miembros deben recopilar estadísticas anuales fiables sobre el funcionamiento de las medidas en ella establecidas. Deben utilizar toda fuente de información pertinente y comunicar dicha información a la Comisión. La Comisión debe elaborar un informe anual basándose en la información recibida.

(39)  Resulta oportuno que, cuatro años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, se realice un reexamen de la misma, a fin de tener en cuenta la evolución del mercado, por ejemplo la aparición de nuevos tipos de cuentas y de servicios de pago, así como los cambios habidos en otros ámbitos del Derecho de la Unión y la experiencia de los Estados miembros. En ese reexamen debe evaluarse si las medidas establecidas han hecho que el consumidor comprenda mejor las comisiones aplicadas a las cuentas de pago, han mejorado la comparabilidad de las cuentas de pago y facilitado los traslados de cuenta. Debe determinarse también cuántas cuentas de pago básicas se han abierto, entre ellas las abiertas por consumidores que anteriormente no disponían de cuenta bancaria, la duración de la posesión de este tipo de cuenta, el número de denegaciones de apertura de cuentas de pago básicas y el número de cancelaciones de dichas cuentas y sus motivos, así como los gastos asociados. Asimismo debe evaluarse si procede prorrogar la ampliación de los plazos aplicables a los proveedores de servicios de pago que realicen traslados de cuentas transfronterizos. Además, debe examinarse si las disposiciones sobre la información que deben facilitar los proveedores de servicios de pago cuando ofrezcan paquetes de productos son suficientes o es necesario adoptar medidas adicionales. La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe, acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

(40)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de acuerdo con el artículo 6, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea.

(41)  De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión, de 28 de septiembre de 2011, sobre los documentos explicativos, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(41 bis)  Los Estados miembros deben poder decidir, previa aprobación de la Comisión, eximir a los proveedores de servicios de pago de la obligación de ofrecer una cuenta de pago básica. La Comisión debe aprobar las exenciones solo cuando esté garantizada la igualdad de condiciones entre todos los proveedores de servicios de pago, no se socave el derecho de acceso de los consumidores y los clientes de las cuentas básicas no estén en riesgo de estigmatización. La aprobación no debe dar lugar a una situación en la cual únicamente un solo proveedor de servicios de pago ofrezca la cuenta de pago básica en un Estado miembro.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  La presente Directiva establece normas sobre la transparencia y comparabilidad de las comisiones aplicadas a los consumidores en las cuentas de pago abiertas en la Unión Europea en proveedores de servicios de pago ubicados en la Unión, así como normas sobre los traslados de cuentas dentro de la Unión.

2.  La presente Directiva establece también un marco para las normas y condiciones con arreglo a las cuales los Estados miembros garantizarán el derecho de los consumidores a abrir y utilizar cuentas de pago básicas en la Unión.

3.  La apertura y utilización de una cuenta de pago básica con arreglo a la presente Directiva se hará de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II de la Directiva 2005/60/CE.

3 bis.  Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 15 a 19, una cuenta de pago básica se considerará como una cuenta de pago a efectos de la presente Directiva.

4.  La presente Directiva se aplicará a los proveedores de servicios de pago ubicados en la Unión.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

a)  «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión;

a bis)  «residente legal»: todo ciudadano de la Unión o de un tercer país que resida legalmente en el territorio de la Unión, incluidos los solicitantes de asilo en virtud de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y su Protocolo de 31 de enero de 1967 y otros tratados internacionales pertinentes;

b)  «cuenta de pago»: cuenta abierta a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago que se utiliza para ejecutar operaciones de pago;

c)  «servicio de pago»: todo servicio de pago tal como se define en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2007/64/CE;

c bis)  «servicios vinculados a la cuenta de pago»: todos los servicios vinculados al funcionamiento de una cuenta de pago, incluidos los servicios de pago y las operaciones de pago que entren en el ámbito de aplicación del artículo 3, letra g), de la Directiva 2007/64/CE;

d)  «operación de pago»: toda acción, iniciada por el ordenante o por el beneficiario, consistente en depositar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre ambos;

e)  «proveedor de servicios de pago»: todo proveedor de servicios de pago tal como se define en el artículo 4, punto 9, de la Directiva 2007/64/CE, excepto a efectos del capítulo IV, para el que se entenderá por proveedor de servicios de pago todo proveedor de servicios de pago ubicado en el territorio de los Estados miembros que ofrezca servicios de pago generales al por menor y facilite cuentas de pago como parte integrante de sus actividades normales;

f)  «instrumento de pago»: todo instrumento de pago tal como se define en el artículo 4, punto 23, de la Directiva 2007/64/CE;

g)  «proveedor de servicios de pago transmisor»: el proveedor de servicios de pago desde el cual se transmite la información sobre la totalidad o parte de los pagos periódicos;

h)  «proveedor de servicios de pago receptor»: el proveedor de servicios de pago al que se transmite la información sobre la totalidad o parte de los pagos periódicos;

i)  «ordenante»: toda persona física o jurídica titular de una cuenta de pago que autorice una orden de pago a partir de dicha cuenta o, en caso de que no exista una cuenta de pago del ordenante, la persona física o jurídica que da la orden de efectuar un pago en una cuenta de pago de un beneficiario;

j)  «beneficiario»: toda persona física o jurídica que sea la destinataria prevista de los fondos que hayan sido objeto de una operación de pago;

k)  «comisiones»: todos los gastos y sanciones que, en su caso, deba abonar el consumidor al proveedor de servicios de pago por servicios vinculados a la cuenta de pago o en relación con los mismos;

k bis)  «tipo de interés crediticio»: todo tipo de interés pagado al consumidor por los fondos que tenga en una cuenta de pago;

l)  «soporte duradero»: todo instrumento que permita al consumidor o al proveedor de servicios de pago almacenar información que se le transmita personalmente de forma que en el futuro pueda recuperarla fácilmente durante un período de tiempo acorde con los fines de dicha información, y que permita la reproducción de la información almacenada sin cambios;

m)  «traslado de cuenta»: la transmisión de un proveedor de servicios de pago a otro proveedor de servicios de pago de la información relativa a la totalidad o parte de las órdenes permanentes de transferencia, los adeudos domiciliados periódicos y las transferencias entrantes periódicas en relación con una cuenta de pago, con o sin transferencia del saldo acreedor de la cuenta a la otra cuenta o el cierre de la antigua cuenta; el traslado no conlleva la transferencia del contrato del proveedor de servicios de pago transmisor al proveedor de servicios de pago receptor;

n)  «adeudo domiciliado»: servicio de pago por el que se efectúe un cargo en una cuenta de pago de un ordenante, cuando la operación de pago sea iniciada por el beneficiario con el consentimiento del ordenante;

o)  «transferencia»: servicio de pago ▌destinado a efectuar un abono en una cuenta de pago de un beneficiario mediante una operación de pago o una serie de operaciones de pago a partir de una cuenta de pago de un ordenante y prestado, sobre la base de las instrucciones dadas por el ordenante, por el proveedor de servicios de pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante;

p)  «orden permanente»: servicio por el que se efectúa periódicamente un abono en la cuenta de pago de un beneficiario mediante una serie de operaciones de pago realizadas a partir de la cuenta de pago de un ordenante, prestado por el proveedor de servicios de pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante y con arreglo a las instrucciones de este último;

q)  «fondos»: billetes y monedas, dinero escritural y dinero electrónico con arreglo al artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2009/110/CE;

r)  «contrato marco»: un contrato de servicio de pago que rige la ejecución futura de operaciones de pago individuales y sucesivas y que puede estipular la obligación de abrir una cuenta de pago y las correspondientes condiciones;

r bis)  «día hábil»: día hábil tal como se define en el artículo 4, punto 27, de la Directiva 2007/64/CE.

Artículo 3

Terminología normalizada asociada a cuentas de pago

1.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes a que se refiere el artículo 20 elaboren una lista provisional de ▌los servicios de pago más representativos vinculados a cuentas de pago en el ámbito nacional. La lista incluirá al menos los diez servicios más representativos disponibles en el ámbito nacional. Asimismo, contendrá los términos y definiciones correspondientes a cada uno de los servicios enumerados, debiendo utilizarse para ello un solo término para cada servicio en cada lengua oficial de un Estado miembro.

2.  A efectos del apartado 1, las autoridades competentes seleccionarán los servicios que:

a)  más habitualmente utilicen los consumidores en relación con su cuenta de pago;

b)  mayores costes por servicio generen a los consumidores, tanto globalmente como por unidad;

Con objeto de garantizar la correcta aplicación de esos criterios para los fines del apartado 1, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) emitirá directrices, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a fin de prestar asistencia a las autoridades competentes.

3.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión las listas provisionales a que se refiere el apartado 1 en el plazo de ... doce meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Previa petición, los Estados miembros facilitarán a la Comisión información complementaria sobre los datos en los que se han basado para elaborar esas listas en relación con los criterios contemplados en el apartado 2.

4.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 24, que establezcan en la Unión, a partir de las listas provisionales presentadas conforme al apartado 3, una terminología normalizada aplicable a los servicios vinculados a cuentas de pago que sean comunes al menos a una mayoría de Estados miembros. La terminología normalizada de la Unión será clara y concisa e incluirá términos y definiciones comunes para los servicios comunes. Se utilizará en todo caso un solo término para cada servicio en cada lengua oficial de un Estado miembro.

5.  Tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de los actos delegados a que se refiere el apartado 4, cada Estado miembro integrará sin demora, y en cualquier caso en un plazo de un mes, la terminología normalizada de la Unión adoptada con arreglo al apartado 4 en la lista provisional a que se refiere el apartado 1, y publicará dicha lista.

Artículo 4

Documento informativo de las comisiones y glosario

1.  Los Estados miembros velarán por que, con suficiente antelación a la celebración de un contrato de cuenta de pago con un consumidor, los proveedores de servicios de pago proporcionen a este un documento informativo exhaustivo de las comisiones. En el documento informativo de las comisiones figurarán todos los servicios disponibles vinculados a la cuenta de pago que estén incluidos en la lista de los servicios más representativos a que se refiere el artículo 3, apartado 5, así como las comisiones aplicables a cada servicio. Asimismo, el documento contendrá otras posibles comisiones y los tipos de interés que puedan aplicarse a la cuenta. Con el fin de diferenciar el documento informativo de las comisiones de la documentación comercial o contractual, se incluirá en el mismo un símbolo común en la parte superior de la primera página. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago informen a los consumidores de posibles modificaciones de las comisiones y faciliten al consumidor, cuando proceda, un documento informativo actualizado de las comisiones.

En el caso de que la comisión aplicable a un servicio solo sea válida para determinados canales de comunicación, por ejemplo, en línea o a través de una filial, o de que la comisión varíe en función del canal utilizado, esta información deberá indicarse claramente en el documento informativo de las comisiones.

1 bis.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago no apliquen ninguna comisión que no figure en el documento informativo de las comisiones.

2.  Si uno o más ▌servicios de pago ▌se ofrecen como parte de un paquete de servicios de pago, el documento informativo de las comisiones indicará la comisión aplicable al conjunto del paquete, los servicios incluidos en el paquete y su número, y la comisión aplicable por todo servicio que no esté cubierto por la comisión aplicable al paquete.

5.  Los Estados miembros establecerán la obligación de que los proveedores de servicios de pago faciliten a los consumidores un glosario que contenga todos los servicios contemplados en el apartado 1 y las definiciones y explicaciones correspondientes.

Los Estados miembros velarán por que el glosario facilitado en virtud del primer párrafo se redacte en un lenguaje claro, inequívoco y sin tecnicismos, y no induzca a error.

6.  Los proveedores de servicios de pago tendrán el documento informativo de las comisiones y el glosario a disposición de los consumidores y los consumidores potenciales permanentemente en formato electrónico en sus sitios web. Los proveedores de servicios de pago tendrán el documento informativo de las comisiones a disposición del público gratuitamente, en un soporte duradero y en locales a los que tengan acceso los consumidores, y el glosario en un soporte duradero previa petición.

7.  La ABE, previa consulta a las autoridades nacionales y tras la realización de encuestas entre los consumidores, elaborará un proyecto de normas técnicas de ejecución respecto de un formato de presentación normalizado del documento informativo de las comisiones y su símbolo común.

La ABE presentará ese proyecto de normas técnicas a la Comisión a más tardar el ... 12 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

Artículo 5

Estado de comisiones

1.  Los Estados miembros velarán por que, ▌al menos una vez al año, los proveedores de servicios de pago proporcionen gratuitamente a los consumidores un estado del conjunto de comisiones y tipos de interés aplicados a sus cuentas de pago.

Las partes contratantes acordarán el canal de comunicación que se utilizará para proporcionar al consumidor el estado de comisiones. Previa solicitud del consumidor, el estado de comisiones se proporcionará en formato impreso.

2.  El estado a que se refiere el apartado 1 especificará la siguiente información:

a)  la comisión unitaria aplicada a cada servicio y el número de veces que se utilizó el servicio durante el periodo de referencia o, en el caso de servicios combinados en un paquete, la comisión aplicada al conjunto del paquete;

b)  el importe total de las comisiones aplicadas por cada servicio prestado durante el periodo de referencia, teniendo presentes, cuando proceda, las estructuras específicas de las comisiones aplicadas a los paquetes de servicios;

b bis)  el tipo de interés de descubierto aplicado a la cuenta, el número de días durante los que la cuenta quedó al descubierto y el importe total de los intereses aplicados en relación con el descubierto durante el periodo de referencia;

b ter)  el tipo de interés crediticio aplicado a la cuenta, el saldo medio y el importe total de los intereses generados durante el periodo de referencia;

c)  el saldo total (positivo o negativo) tras la deducción de todas las comisiones y la aplicación de los intereses generados en relación con el uso de la cuenta durante el periodo de referencia;

c bis)  las notificaciones previas de las modificaciones previstas de las comisiones y los tipos de interés en el periodo siguiente.

4.   La ABE, previa consulta a las autoridades nacionales y tras la realización de encuestas entre los consumidores, elaborará un proyecto de normas técnicas de ejecución respecto de un formato de presentación normalizado del estado de comisiones y su símbolo común.

La ABE presentará ese proyecto de normas técnicas a la Comisión a más tardar el ... 12 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

Artículo 6

Comunicaciones con la terminología normalizada

1.  Los Estados miembros velarán por que en todas las comunicaciones a los consumidores, incluidas las comunicaciones contractuales y comerciales, los proveedores de servicios de pago utilicen, en su caso, la terminología normalizada que figure en la lista de los servicios de pago más representativos vinculados a una cuenta de pago a que se refiere el artículo 3, apartado 5.

2.  En sus comunicaciones comerciales a los clientes, los proveedores de servicios de pago podrán utilizar el nombre de marcas para designar sus servicios o cuentas de pago, a condición de que indiquen claramente, en su caso, el término correspondiente utilizando la terminología normalizada que figure en la lista completa a que se refiere el artículo 3, apartado 5. Los proveedores de servicios de pago podrán utilizar tales nombres de marcas en el documento informativo de las comisiones o el estado de comisiones, siempre que ello se añada a la terminología normalizada y sea una denominación secundaria de los servicios o cuenta que se oferten.

Artículo 7

Sitios web de comparación en el ámbito nacional

1.  Los Estados miembros velarán por que los consumidores tengan acceso gratuito al menos a un sitio web implantado con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 que incluya como mínimo los siguientes elementos:

a)  comparación de los intereses pagados o aplicados a la cuenta de pago y las comisiones aplicadas por los proveedores de servicios de pago por los servicios conexos a las cuentas de pago a escala nacional ▌;

b)  comparación de los determinantes del nivel de servicio ofrecido por el proveedor de servicios de pago, incluidos factores como el número y la ubicación de las sucursales y el número de cajeros automáticos a través de los que se pueda evaluar los servicios;

c)  facilitación de información complementaria sobre la terminología normalizada de la Unión, sobre el acceso a las cuentas de pago, incluidas las cuentas de pago básicas, y sobre los procedimientos de traslado disponibles en el ámbito de la Unión y nacional. Dicha información podrá ser facilitada mediante enlaces a sitios web externos.

2.  Los Estados miembros establecerán un sistema de acreditación voluntaria para sitios web, gestionados por operadores privados, que permitan comparar los elementos de comparación descritos en el artículo 7, apartado 1, letras a) y b), para las cuentas de pago. Para obtener la acreditación, los sitios web de comparación gestionados por operadores privados deberán:

a)  ser ▌independientes, desde los puntos de vista jurídico, financiero y funcional, de cualquier proveedor de servicios de pago;

a bis)  indicar claramente sus propietarios y financiación;

a ter)  establecer criterios claros y objetivos en los que se basará la comparación;

a quater)  ser imparcial en lo que atañe a no mostrar publicidad de los proveedores de servicios de pago, sus agentes, afiliados o marcas en la página principal ni en las páginas de comparación de precios;

b)  utilizar un lenguaje sencillo e inequívoco y, en su caso, la terminología normalizada de la Unión a que se refiere el artículo 3, apartado 5;

c)  proporcionar información precisa y actualizada e indicar el momento de la actualización más reciente;

d)  ofrecer a los usuarios resultados objetivos y exhaustivos teniendo plenamente en cuenta todos los criterios de búsqueda que los usuarios escojan y, cuando la información que se presente no proporcione una visión completa del mercado, una declaración clara a tal efecto antes de mostrar los resultados;

d bis)  aceptar las solicitudes de inclusión en el sitio de cualquier proveedor de servicios de pago del Estado miembro de que se trate;

e)  disponer de un procedimiento efectivo de consulta y de gestión de quejas.

Si se cobra a los proveedores de servicios de pago por figurar en este tipo de sitios web, los gastos no serán discriminatorios y se publicarán en el sitio web.

3.  Cuando no se haya acreditado ningún sitio web conforme a lo previsto en el apartado 2, los Estados miembros garantizarán que se implante un sitio web gestionado por la autoridad competente a que se refiere el artículo 20 o por cualquier otra autoridad pública competente o bien en su nombre. Cuando se haya acreditado un sitio web conforme a lo previsto en el apartado 2, los Estados miembros podrán optar por implantar un sitio web adicional gestionado por la autoridad competente a que se refiere el artículo 20 o por cualquier otra autoridad pública competente. Los sitios web gestionados por una autoridad competente con arreglo al apartado 1 cumplirán lo dispuesto en el apartado 2, letras a) a e).

4.  Los Estados miembros denegarán o retirarán la acreditación a los operadores privados en caso de incumplimiento reiterado o persistente de las obligaciones establecidas en el apartado 2.

4 bis.  Los proveedores de servicios de pago no serán responsables de posibles informaciones incorrectas u obsoletas sobre ellos o sus servicios publicadas en sitios web de comparación acreditados o no acreditados cuando el proveedor del sitio web no haya corregido tales informaciones a petición del proveedor de servicios de pago.

4 ter.  Los Estados miembros velarán por que los consumidores sean informados de la existencia de los sitios web a que se refiere el apartado 1 y de los sitios web acreditados con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3.

Artículo 7 bis

Sitio web de comparación de la Unión

1.  Los Estados miembros informarán a la ABE de los sitios web de comparación que funcionen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartados 1, 2 y 3.

2.  Antes del ... [tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la ABE implantará un sitio web de comparación de la Unión de acceso público que permita a los consumidores comparar las cuentas de pago ofertadas dentro del mercado interior. Para complementar esa información, el sitio web de comparación de la Unión facilitará a los consumidores un glosario que contenga la terminología normalizada de la Unión adoptada de conformidad con el artículo 3, apartado 5, y directrices prácticas sobre el traslado de cuentas de pago transfronterizo.

Artículo 8

Cuentas integradas en un paquete

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, los Estados miembros velarán por que cuando una cuenta de pago se ofrezca junto con otro servicio o producto, como parte de un paquete, el proveedor de servicios de pago informe al consumidor de si es o no posible abrir la cuenta de pago por separado, y, en el caso de que sea posible, le facilite información aparte sobre los costes y comisiones conexos a cada uno de los demás productos y servicios financieros ofrecidos en el paquete.

CAPÍTULO III

TRASLADO DE CUENTAS

Artículo 9

Prestación del servicio de traslado de cuenta

Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago presten el servicio de traslado de cuenta, según se describe en el artículo 10, a todo consumidor que sea titular de una cuenta de pago abierta en otro proveedor de servicios de pago ubicado en la Unión y que haya organizado la apertura de una nueva cuenta de pago con el proveedor de servicios de pago receptor.

En el caso de los traslados entre dos proveedores de servicios de pago ubicados en su territorio, los Estados miembros podrán establecer o mantener disposiciones distintas de las contempladas en el artículo 10 si ello redunda claramente en interés del consumidor y si el traslado se finaliza, como máximo, dentro de los mismos plazos globales contemplados en el artículo 10.

Artículo 10

El servicio de traslado de cuenta

1.  Los Estados miembros velarán por que el servicio de traslado de cuenta sea iniciado por el proveedor de servicios de pago receptor y se preste con arreglo a lo establecido en los apartados 2 a 7.

2.  El servicio de traslado de cuenta será iniciado por el proveedor de servicios de pago receptor. A tal efecto, ese proveedor de servicios de pago deberá obtener la autorización escrita del consumidor para ejecutar el servicio de traslado de cuenta. En el caso de cuentas comunes, se obtendrá la autorización de todos los titulares de la cuenta.

La autorización se redactará en una lengua oficial del Estado miembro en el que se haya iniciado el servicio de traslado de cuenta o en cualquier otra lengua acordada entre las partes.

La autorización permitirá al consumidor otorgar o denegar al proveedor de servicios de pago transmisor consentimiento específico para ejecutar cada una de las acciones que se indican en [...] el apartado 3, letras e) y f), y otorgar o denegar al proveedor de servicios de pago receptor consentimiento específico para ejecutar cada una de las acciones que se indican en el apartado 4, letras c) y d), y en el apartado 5. La autorización permitirá al consumidor solicitar específicamente que el proveedor de servicios de pago transmisor proporcione la información que se indica en el apartado 3, letras a) y [...] b).

En la autorización se especificará también la fecha a partir de la cual se efectuarán los pagos periódicos con cargo a la cuenta abierta en el proveedor de servicios de pago receptor. Esa fecha será de como mínimo siete días hábiles a partir de la fecha en que el proveedor de servicios de pago transmisor reciba la solicitud de efectuar el traslado de cuenta del proveedor de servicios de pago receptor con arreglo al artículo 10, apartado 6.

3.  En el plazo de dos días hábiles a contar desde la recepción de la autorización a que se refiere el apartado 2, el proveedor de servicios de pago receptor solicitará al proveedor de servicios de pago transmisor que lleve a cabo las siguientes acciones:

a)  la transmisión al proveedor de servicios de pago receptor, y al consumidor, cuando este así lo solicite expresamente conforme al apartado 2, de una lista que recoja la totalidad de las órdenes permanentes de transferencia vigentes y los mandatos de adeudos domiciliados emitidos por el deudor, caso de existir;

b)  la transmisión al proveedor de servicios de pago receptor, y al consumidor, cuando este así lo solicite expresamente conforme al apartado 2, de la información disponible sobre las transferencias entrantes y los adeudos domiciliados emitidos por el acreedor ejecutados con cargo a la cuenta del consumidor en los trece meses precedentes;

c)  la transmisión al proveedor de servicios de pago receptor de la información adicional que sea necesaria para que el proveedor de servicios de pago receptor haga efectivo el traslado de cuenta;

d)  cuando el proveedor de servicios de pago transmisor no disponga de un sistema automático de reenvío de las transferencias entrantes y los adeudos domiciliados a la cuenta abierta por el consumidor en el proveedor de servicios de pago receptor, ▌el cese de la aceptación de adeudos domiciliados y de transferencias entrantes a partir de la fecha especificada en la autorización;

e)  cuando el consumidor lo autorice expresamente con arreglo al apartado 2, el traspaso de cualquier remanente de saldo acreedor a la cuenta abierta en el proveedor de servicios de pago receptor en la fecha que especifique el consumidor;

f)  cuando el consumidor lo autorice expresamente con arreglo al apartado 2, el cierre de la cuenta abierta en el proveedor de servicios de pagos transmisor en la fecha que especifique el consumidor;

f bis)  la cancelación de las órdenes permanentes y las transferencias con fecha de ejecución a partir de la fecha especificada en la autorización.

4.  Una vez que reciba la información solicitada al proveedor de servicios de pago transmisor a que se refiere el apartado 3, el proveedor de servicios de pago receptor llevará a cabo las siguientes acciones:

a)  el establecimiento, en el plazo de siete días hábiles, de las órdenes permanentes de transferencia solicitadas por el consumidor y la ejecución de las mismas en la fecha especificada en la autorización;

b)  la aceptación de los adeudos domiciliados a partir de la fecha especificada en la autorización;

b bis)  cuando proceda, la facilitación de información a los consumidores sobre sus derechos en relación con los adeudos domiciliados SEPA en virtud del artículo 5, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) n° 260/2012;

c)  cuando el consumidor lo autorice expresamente con arreglo al apartado 2, la facilitación, a los ordenantes que efectúen transferencias periódicas a la cuenta de pago del consumidor, de información sobre la cuenta de este último en el proveedor de servicios de pago receptor; si el proveedor de servicios de pago receptor no dispone de toda la información necesaria para informar al ordenante, pedirá, en un plazo de dos días, al consumidor o, en caso necesario, al proveedor de servicios de pago transmisor, sujeto a la autorización del consumidor, que le facilite la información que falta;

d)  cuando el consumidor lo autorice expresamente con arreglo al apartado 2, la entrega, a los beneficiarios que utilicen un adeudo domiciliado para cobrar fondos con cargo a la cuenta del consumidor, de información sobre la cuenta de este último en el proveedor de servicios de pago receptor, y la fecha a partir de la cual los adeudos domiciliados se efectuarán a partir de esa cuenta; si el proveedor de servicios de pago receptor no dispone de toda la información necesaria para informar al beneficiario, pedirá, en un plazo de dos días, al consumidor o, en caso necesario, al proveedor de servicios de pago transmisor, sujeto a la autorización del consumidor, que le facilite la información que falta;

e)  cuando se pida al consumidor que proporcione la información que falta a efectos de lo dispuesto en las letras c) y d), la entrega al consumidor de modelos de carta redactados en una lengua oficial del Estado miembro en el que se haya iniciado el servicio de traslado de cuenta o en cualquier otra lengua acordada entre las partes, que recojan los datos de la nueva cuenta y la fecha de inicio indicada en la autorización. El modelo de carta se .

4 bis.  Los Estados miembros garantizarán que las fechas límite se establezcan a escala nacional tanto para los ordenantes como para los beneficiarios a fin de tener en cuenta la información de la nueva cuenta del consumidor transmitida por el proveedor de servicios de pago receptor. Los Estados miembros velarán asimismo por que los consumidores conozcan esas fechas límite y las responsabilidades que ello implica.

5.  Cuando el consumidor lo autorice expresamente con arreglo al apartado 2, el proveedor de servicios de pago receptor podrá llevar a cabo otras acciones necesarias para que se efectúe el traslado de cuenta.

6.  Cuando así lo solicite el proveedor de servicios de pago receptor, el proveedor de servicios de pago transmisor llevará a cabo las siguientes acciones:

a)  el envío al proveedor de servicios de pago receptor de la información indicada en el apartado 3, letras a), b) y c), en el plazo de siete días hábiles a partir de la recepción de la solicitud;

b)  cuando el proveedor de servicios de pago transmisor no disponga de un sistema automático de reenvío de las transferencias entrantes y los adeudos domiciliados a la cuenta abierta por el consumidor en el proveedor de servicios de pago receptor, el cese de las transferencias entrantes y el cese de la aceptación de adeudos domiciliados en relación con dicha cuenta a partir de la fecha solicitada por el proveedor de servicios de pago receptor;

c)  el traspaso de cualquier remanente de saldo acreedor de la cuenta de pago a la cuenta abierta en el proveedor de servicios de pago receptor;

d)  tan pronto como se hayan concluido las etapas enumeradas en las letras a), b), y c), el cierre de la cuenta de pago;

e)  la ejecución de cualquier otra acción adicional necesaria para que se efectúe el traslado, con arreglo al apartado 5.

6 bis.  No se exigirá al proveedor de servicios de pago transmisor que cierre la cuenta de pago con arreglo a lo dispuesto en el apartado 6, letra d), si el consumidor tiene obligaciones pendientes con el proveedor de servicios de pago. El proveedor de servicios de pago informará inmediatamente al consumidor cuando dichas obligaciones pendientes impidan el cierre de su cuenta de pago.

7.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE, el proveedor de servicios de pago transmisor no bloqueará los instrumentos de pago antes de la fecha acordada con el proveedor de servicios de pago receptor, de manera que la prestación de servicios de pago al consumidor no se vea interrumpida durante el proceso de traslado.

8.  Los Estados miembros velarán por que todas las disposiciones contenidas en los apartados 1 a 7, excepto las contenidas en el apartado 4, letras c) y d), se apliquen asimismo cuando el servicio de traslado de cuenta lo inicie un proveedor de servicios de pago ubicado en otro Estado miembro.

9.  En el caso indicado en el apartado 8, los plazos indicados en los apartados 3, 4 y 6 se duplicarán, salvo para las operaciones que entran en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Reglamento (UE) n° 260/2012 cuando tanto la cuenta de pago transmisora como la cuenta de pago receptora estén denominadas en euros. La presente disposición será objeto de reexamen, conforme al artículo 27.

Artículo 11

Comisiones conexas al servicio de traslado de cuenta

1.  Los Estados miembros garantizarán que los consumidores puedan acceder gratuitamente a los datos personales que posean el proveedor de servicios de pago transmisor o receptor en relación con las órdenes permanentes y los adeudos domiciliados.

2.  Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de pago transmisor facilite la información solicitada por el proveedor de servicios de pago receptor con arreglo al artículo 10, apartado 6, letra a), sin cargo alguno ni para el consumidor ni para el proveedor de servicios de pago receptor.

3.  Los Estados miembros velarán por que las comisiones que, en su caso, aplique el proveedor de servicios de pago transmisor al consumidor por la cancelación de la cuenta de pago se determinen con arreglo a lo dispuesto en el artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2007/64/CE.

4.  Los Estados miembros velarán por que las comisiones que, en su caso, aplique el proveedor de servicios de pago transmisor al consumidor por cualquier servicio prestado conforme al artículo 10, salvo los contemplados en los apartados 1, 2 y 3, sean razonables.

Artículo 11 bis

Sistema automático de reenvío

Salvo decisión contraria de la Comisión después de llevar a cabo una evaluación del impacto reglamentario, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el ... [seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], se establezca un instrumento de reenvío de pagos automático de una cuenta de pagos a otra en el mismo Estado miembro, junto con la notificación automática a los beneficiarios y los ordenantes cuando se reenvíen sus transferencias.

Artículo 12

Perjuicio financiero del consumidor

1.  Los Estados miembros velarán por que cualquier comisión u otro perjuicio financiero ocasionado al consumidor por alguno de los proveedores de servicios de pago involucrado en el proceso de traslado de cuenta, al incumplir este las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 10, sea resarcido por dicho proveedor en el plazo de tres días hábiles desde que se produzca el incumplimiento. La carga de la prueba recaerá en el proveedor de servicios de pago, que deberá demostrar que se han cumplido las condiciones establecidas en el artículo 10.

2.  Los consumidores no sufrirán ningún perjuicio financiero que se derive de errores o retrasos en la actualización de los datos de la cuenta de pago en que incurran un ordenante o beneficiario. Los Estados miembros se asegurarán de que la responsabilidad recaiga en los ordenantes y los beneficiarios cuando no observen los plazos establecidos por los Estados miembros de conformidad con el artículo 10, apartado 4 bis.

Artículo 13

Información sobre el servicio de traslado de cuenta

1.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago pongan a disposición de los consumidores la siguiente información sobre el servicio de traslado de cuenta:

a)  las funciones de los proveedores de servicios de pago transmisor y receptor, respectivamente, en cada fase del proceso de traslado de cuenta, según lo especificado en el artículo 10;

b)  el plazo de realización de las diferentes fases;

c)  las comisiones que, en su caso, se apliquen en el proceso de traslado de cuenta;

d)  cualquier información que vaya a solicitarse al consumidor;

e)  los procedimientos alternativos de resolución de litigios a que se refiere el artículo 21.

2.  La información se proporcionará de forma gratuita en un soporte duradero en todas las sucursales de los proveedores de servicios de pago a las que tengan acceso los consumidores y estará disponible en formato electrónico en sus sitios web en todo momento.

CAPÍTULO IV

ACCESO A CUENTAS DE PAGO

Artículo 14

Principio de no discriminación

Los Estados miembros velarán por que los consumidores que residan legalmente en la Unión no sean discriminados por razón de nacionalidad o lugar de residencia, o por cualquier otra razón contemplada en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuando soliciten o accedan a una cuenta de pago en la Unión. Las condiciones aplicables a la posesión de una cuenta de pago básica no será en modo alguno discriminatorio. Se prohibirá hacer visible ningún acto discriminatorio en relación, por ejemplo, con el aspecto distinto de una tarjeta, una cuenta o un número de tarjeta diferente.

Artículo 15

Derecho de acceso a una cuenta de pago básica

1.  Los Estados miembros garantizarán que todos los proveedores de servicios de pago que ofrezcan servicios de pago generales al por menor y faciliten cuentas de pago como parte integrante de sus actividades normales ofrezcan una cuenta de pago básica a los consumidores. Los Estados miembros velarán por que la oferta de cuentas de pago básicas no proceda solo de proveedores de servicios de pago que faciliten esas cuentas únicamente a través de servicios en línea.

Los Estados miembros podrán decidir eximir a proveedores de servicios de pago de la obligación contemplada en el párrafo primero previa autorización de la Comisión. Dicha exención se basará en criterios objetivos y restrictivos. La Comisión únicamente aprobará las exenciones si está garantizada la igualdad de condiciones para todos los proveedores de servicios de pago, no se vulnera el derecho de acceso de los consumidores y la exención no da lugar a una situación en el Estado miembro de que se trate en la cual los clientes de las cuentas básicas estén en riesgo de estigmatización.

1 bis.  Los Estados miembros podrán excusar la obligación a que se refiere el apartado 1 cuando los proveedores de servicios de pago:

a)  se enumeren en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(10);

b)  no tengan un fin lucrativo;

c)  requieran la afiliación sobre la base de criterios definidos, como la profesión.

Tal renuncia será sin perjuicio del derecho de acceso para los consumidores a una cuenta de pago básica.

2.  Los Estados miembros velarán por que en su territorio esté implantado un sistema para garantizar el derecho de los consumidores a abrir y utilizar una cuenta de pago básica a que se refiere en el artículo 14 sujeta a las siguientes condiciones:

a)   que este derecho sea válido con independencia del lugar de residencia del consumidor, sin perjuicio del apartado 2 bis;

a bis)  que se implante un mecanismo que ayude a los consumidores sin domicilio fijo, los solicitantes de asilo y los consumidores que no disponen de un permiso de residencia y cuya expulsión resulta imposible por motivos jurídicos a cumplir los requisitos establecidos en el capítulo II de la Directiva 2005/60/CE;

b)   que el ejercicio del derecho no resulte demasiado difícil o gravoso para el consumidor;

b bis)  que se implante un mecanismo que garantice que tanto los consumidores vulnerables o que no disponen de cuenta bancaria como aquellos con residencia móvil conozcan la existencia de las cuentas de pago básicas;

b ter)  que el servicio de traslado de cuenta previsto en los artículos 10 y 11 de la presente Directiva sea también de aplicación cuando el consumidor desee pasar a una cuenta de pago básica desde otra cuenta de pago en el ámbito del servicio de traslado.

2 bis.  Con objeto de ejercer el derecho establecido en el apartado 2, los Estados miembros exigirán a los consumidores un vínculo real con el Estado miembro en que deseen abrir y utilizar una cuenta de pago básica.

Cuando se exija al consumidor que justifique tal vínculo, los Estados miembros velarán por que la carga de la prueba no recaiga en el consumidor. Para ello, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes elaboren una lista que establezca la forma que puede adoptar el vínculo de que se trata. Dicha lista deberá incluir al menos la ciudadanía, los lazos familiares, los centros de interés, el lugar de trabajo, la formación en prácticas o el aprendizaje, la búsqueda de oportunidades de trabajo u otros vínculos profesionales, el lugar de estudio o formación profesional, la residencia, los bienes inmuebles y cualquier solicitud de asilo o migración pendiente.

La Autoridad Bancaria Europea (ABE) emitirá directrices, con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, a fin de prestar asistencia a las autoridades competentes en la aplicación del presente párrafo.

Los proveedores de servicios de pago tendrán en cuenta la información facilitada por el consumidor y podrán pedir que el consumidor se presente personalmente o esté legalmente representado por un tercero en la sucursal más próxima para abrir la cuenta.

Los Estados miembros velarán por que los consumidores puedan demostrar la existencia de un vínculo real en el plazo de un mes tras la apertura previa de la cuenta de forma remota. Con anterioridad a dicha verificación, incluida en caso necesario su presencia física, se permitirá a los proveedores de servicios de pago limitar la utilización de la cuenta.

2 ter.  Antes de abrir una cuenta de pago básica, los Estados miembros podrán requerir que los proveedores de servicios de pago verifiquen si el consumidor dispone de una cuenta de pago activa equivalente en el territorio de dicho Estado miembro y puedan pedir al consumidor que firme una declaración jurada con tal fin.

3.  Los proveedores de servicios de pago no podrán denegar una solicitud de acceso a una cuenta de pago básica, salvo en los casos siguientes:

a)  cuando la diligencia debida con respecto al cliente realizada de conformidad con el capítulo II de la Directiva 2005/60/CE identifique un riesgo significativo de que la cuenta se utilizará contraviniendo la legislación de la Unión;

b)  si los Estados miembros hubieren hecho uso de la posibilidad prevista en el apartado 2 ter del presente artículo, cuando el consumidor ya sea titular de una cuenta de pago, abierta en un proveedor de servicios de pago ubicado en el territorio de esos proveedores, que le permita utilizar los servicios de pago a que se refiere el artículo 16, apartado 1.

4.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago tramiten las solicitudes de acceso a una cuenta de pago básica en un plazo de siete días hábiles a partir de la recepción de una solicitud completa que incluya una prueba de identidad. Los Estados miembros velarán por que, en los casos contemplados en el apartado 3, el proveedor de servicios de pago comunique inmediatamente al consumidor la denegación y los motivos concretos de la misma, por escrito y de forma gratuita, a menos que ello vaya en detrimento de los intereses de seguridad nacional o de lucha contra los delitos financieros. Además, deberá informarse al consumidor por lo menos de los recursos legales o de los servicios de asesoramiento gratuitos o de bajo costo y de los mecanismos alternativos de resolución de litigios disponibles.

5.  Los Estados miembros velarán por que, en los casos contemplados en el apartado 3, letra b), el proveedor de servicios de pago adopte medidas apropiadas con arreglo al capítulo III de la Directiva 2005/60/CE.

6.  Los Estados miembros velarán por que el acceso a una cuenta de pago básica no se supedite a la adquisición de otros servicios o acciones del proveedor de servicios de pago.

Artículo 16

Características de una cuenta de pago básica

1.  Los Estados miembros velarán por que una cuenta de pago básica incluya los servicios ▌ siguientes:

a)  servicios que permitan todas las operaciones necesarias para la apertura, utilización y cierre de una cuenta de pago;

b)  servicios que permitan depositar dinero en efectivo en dicha cuenta;

c)  servicios que permitan retirar, en la ventanilla del banco y en los cajeros automáticos fuera del horario de apertura del banco, dinero en efectivo de dicha cuenta dentro de la Unión;

d)  ejecución de las siguientes operaciones de pago en la Unión:

i)  adeudo domiciliado de la SEPA y no perteneciente a la zona del euro;

ii)  operaciones de pago de la SEPA y no pertenecientes a la zona del euro mediante un instrumento de pago (por ejemplo, mediante una tarjeta de pago o un producto de software), inclusive pagos en línea;

iii)  transferencias de la SEPA y no pertenecientes a la zona del euro, inclusive órdenes permanentes, en las terminales, en las ventanillas y mediante los servicios en línea del proveedor de servicios de pago.

2.  Los Estados miembros velarán por que cuando el consumidor utilice una cuenta de pago básica para fines personales, los Estados miembros velarán por que no se aplican límites al número de operaciones que podrá realizar en virtud de las normas específicas sobre comisiones establecidas en el artículo 17. Para determinar lo que debe considerarse «fines personales», los Estados miembros tendrán en cuenta el comportamiento del consumidor y la práctica comercial habitual.

3.  Los Estados miembros velarán por que el consumidor pueda gestionar y realizar operaciones en relación con la cuenta de pago básica a través de las sucursales o los servicios ▌en línea del proveedor de servicios de pago, cuando este disponga de ellos.

4.  Los Estados miembros velarán por que una cuenta de pago básica no incluya ninguna posibilidad de descubierto distinta de, cuando se considere adecuado, un «colchón» de financiación temporal para importes de escasa cuantía. Los Estados miembros deben poder autorizar que los proveedores de servicios de pago ofrezcan posibilidades de descubierto y otros productos de crédito, como servicios claramente independientes, a los clientes de cuentas de pago básicas. Ni el acceso a la cuenta de pago básica ni su uso deben verse restringidos por la compra de tales servicios de crédito ni supeditados a esta. Las comisiones que se cobren por tales servicios han de ser transparentes y al menos tan favorables como la política de precios habitual del proveedor.

4 bis.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 24, destinados a actualizar la lista de servicios comprendidos en las cuentas de pago básicas, atendiendo a la evolución de los medios de pago y de la tecnología.

Artículo 17

Comisiones aplicadas

1.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago ofrezcan los servicios a que se refiere el artículo 16 sin cargo alguno o aplicando una comisión razonable. Los Estados miembros pedirán a los proveedores de servicios de pago que garanticen que, entre los productos que ofrecen, la cuenta de pago básica sea siempre la cuenta de pago con la menor comisión para la prestación del paquete de servicios de pago mínimo especificado en el Estado miembro de conformidad con el artículo 16, apartados 1 y 2.

2.  Los Estados miembros velarán por que las comisiones cobradas al consumidor cuando este incumpla los compromisos contraídos en el contrato marco sean razonables y en ningún caso superiores a las comisiones de la política de precios habitual del proveedor.

Artículo 18

Contratos marco y rescisión

1.  Los contratos marco que den acceso a una cuenta de pago básica estarán sujetos a lo dispuesto en la Directiva 2007/64/CE, salvo disposición en contrario de los apartados 2 y 3.

2.  El proveedor de servicios de pago podrá rescindir unilateralmente un contrato marco, exclusivamente cuando se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:

a)  que el consumidor haya utilizado deliberadamente la cuenta para fines ilícitos;

b)  que no se haya efectuado ninguna operación en la cuenta durante más de veinticuatro meses consecutivos y no se hayan pagado los costes al proveedor del servicio de pago;

c)  que el consumidor, para obtener la cuenta de pago básica, haya facilitado a sabiendas información incorrecta, cuando de haber facilitado la información correcta se habría rechazado la solicitud;

c bis)  que el consumidor no pueda justificar la existencia de un vínculo real con el Estado miembro de que se trate, tal como se contempla en el artículo 15, apartado 2 bis, en el plazo de un mes tras la apertura previa de la cuenta de forma remota.

d)  que el consumidor no resida ya legalmente en la Unión o haya abierto a continuación una segunda cuenta de pago en el Estado miembro en el que ya dispone de una cuenta de pago básica.

3.  Los Estados miembros velarán por que, si el proveedor de servicios de pago rescinde el contrato de una cuenta de pago básica, informe de la rescisión al consumidor motivadamente, por escrito y de forma gratuita, por lo menos de los recursos legales o de los servicios de asesoramiento gratuitos o de bajo costo y de los mecanismos alternativos de resolución de litigios disponibles, al menos un mes antes de que la rescisión sea efectiva, a menos que ello vaya en detrimento de los intereses de seguridad nacional.

Artículo 19

Información general sobre las cuentas de pago básicas

1.  Los Estados miembros velarán por que se adopten medidas adecuadas dirigidas a dar a conocer ▌la existencia de cuentas de pago básicas, sus condiciones tarifarias, los procedimientos para ejercer el derecho de acceso a ellas y lo métodos de acceso a los procedimientos alternativos de resolución de litigios. Los Estados miembros velarán por que las acciones de comunicación sean suficientes, estén bien orientadas y lleguen en particular a los consumidores vulnerables, con residencia móvil o que no disponen de cuenta bancaria.

2.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago proporcionen de forma activa información accesible y asistencia adecuada a los consumidores sobre las características específicas de sus cuentas de pago básicas, las comisiones aplicadas y las condiciones de utilización. Los Estados miembros velarán asimismo por que se informe al consumidor de que, para tener acceso a una cuenta de pago básica, no es obligatorio adquirir otros servicios.

2 bis.  Los Estados miembros deben alentar servicios de educación y asesoramiento para asesorar a sus clientes más vulnerables con el fin de ayudarles a actuar con responsabilidad y a gestionar sus presupuestos. Los Estados miembros deben promover las medidas adecuadas y mejorar la educación financiera en las escuelas. El riesgo de exclusión financiera debe reducirse al mínimo para todos los consumidores. Además, los Estados miembros impulsarán iniciativas de los proveedores de servicios de pago dirigidas a proporcionar cuentas de pago básicas y formación financiera independiente a un tiempo.

2 ter.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago que ofrecen cuentas de pago básicas publiquen anualmente información sobre la cantidad de cuentas de pago básicas solicitadas, rechazadas, abiertas y cerradas durante el año en cuestión. Deberá recogerse y publicarse la información pertinente a nivel de las sucursales o a nivel de empresa.

2 quater.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes publiquen, incluso en su página web, una auditoría del rendimiento de cada proveedor de servicios de pago desde el punto de vista de su cumplimiento con el derecho del requisito de acceso. Con este fin, los proveedores de pago pertinentes se evaluarán de forma independiente según su rendimiento en la provisión de cuentas de pago básicas, y se publicará anualmente una clasificación de los diez mejores bancos por cuota de mercado. Toda la información pertinente se presentará a la Comisión Europea y a la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

CAPÍTULO V

AUTORIDADES COMPETENTES Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE LITIGIOS

Artículo 20

Autoridades competentes

1.  Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo de la presente Directiva. Las autoridades competentes adoptarán cuanta medida resulte necesaria para garantizar dicho cumplimiento. Estas autoridades serán independientes de los proveedores de servicios de pago. Serán autoridades competentes en el sentido de lo previsto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1093/2010.

2.  Las autoridades a que se refiere el apartado 1 serán independientes de los proveedores de servicios de pago y dispondrán de todas las facultades y recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Cuando más de una autoridad competente esté facultada para garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo de la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que dichas autoridades colaboren estrechamente entre sí, de modo que puedan desempeñar sus respectivos cometidos eficazmente. Estas autoridades cooperarán estrechamente con las autoridades competentes de los demás Estados miembros para garantizar la correcta y plena aplicación de las medidas establecidas en la presente Directiva.

2 bis.  Las autoridades a que se refiere el apartado 1 consultarán con regularidad a las partes interesadas pertinentes, incluidos los representantes de los consumidores, para garantizar y controlar el cumplimiento efectivo de la presente Directiva sin perjuicio del requisito de independencia a que se refiere el apartado 1.

3.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión las autoridades competentes designadas a que se refiere el apartado 1, a más tardar ... [un año después de la entrada en vigor de la presente Directiva. Los Estados miembros informarán a la Comisión de todo posible reparto de funciones entre esas autoridades. Informarán inmediatamente a la Comisión de cualquier modificación posterior en lo que se refiere a la designación y las respectivas competencias de tales autoridades.

Artículo 21

Resolución alternativa de litigios

1.   Los Estados miembros establecerán procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso adecuados y eficientes para la resolución de los litigios que surjan entre los consumidores y los proveedores de servicios de pago relacionados con los derechos y obligaciones establecidos en la presente Directiva. A tal efecto, los Estados miembros designarán organismos existentes y, en su caso, establecerán nuevos organismos.

1 bis.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago se adhieran a uno o varios organismos de resolución alternativa de litigios que cumplan los siguientes criterios:

a)  que el plazo máximo para someter el litigio a un tribunal se suspenda hasta que no concluya el procedimiento de resolución alternativa de litigios;

b)  que el procedimiento sea gratuito o tenga un coste moderado, según se especifique en el Derecho interno;

c)  que las partes puedan tener acceso al procedimiento por medios distintos a los electrónicos;

d)  que haya igualdad en la representación de proveedores, consumidores y otros usuarios.

1 ter.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de cuentas de pago se comprometan a someterse a una o varias entidades de resolución alternativa de litigios.

1 quater.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a la ABE las entidades a que se refiere el apartado 1, a más tardar ... [seis meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva]. Le comunicarán sin demora a la Comisión cualquier modificación posterior que les afecte.

1 quinquies.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago informen al consumidor acerca de las entidades de resolución alternativa de litigios por las que están cubiertos y que tienen competencia para tratar los posibles litigios entre ellos mismos y el consumidor. También deberán indicar si se comprometen o están obligados a recurrir a esas entidades para resolver litigios con los consumidores.

1 sexies.  La información a que se refiere el apartado 1 ter se presentará de manera clara, comprensible y fácilmente accesible en el sitio web de los proveedores, si lo hubiere, y en las condiciones generales aplicables a los contratos de compraventa o de servicios entre el proveedor y el consumidor.

CAPÍTULO VI

SANCIONES

Artículo 22

Aplicación de sanciones administrativas y otras medidas administrativas

1.  Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones administrativas y otras medidas administrativas aplicable en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Dichas ▌sanciones administrativas y otras medidas administrativas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Toda sanción pecuniaria debe cuantificarse a escala de la Unión, en la medida de lo posible, para garantizar la aplicación eficaz de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva.

2.  La ABE emitirá directrices dirigidas a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 en relación con los tipos de sanciones administrativas y otras medidas administrativas, y el nivel de las multas administrativas.

3.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes publiquen sin demora injustificada toda sanción o medida que se imponga por el incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas para cumplir lo dispuesto en la presente Directiva, incluida la información sobre el tipo y la naturaleza del incumplimiento.

Los Estados miembros informarán a la Comisión de las disposiciones relativas a las sanciones, a más tardar ... [dieciocho meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva], y de cualquier modificación posterior a estas.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 23

Actos delegados

Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 24 en relación con el artículo 3, apartado 4.

Artículo 24

Ejercicio de la delegación

1.  Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 23 se otorgan por tiempo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

3.  La delegación de poderes a que se refiere el artículo 23 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior que se precisará en dicha decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Un acto delegado adoptado con arreglo al artículo 23 entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de tres meses a partir de la notificación del acto en cuestión a tales instituciones o que, antes de que expire dicho plazo, ambas comuniquen a la Comisión que no tienen la intención de formular objeciones. Ese plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 26

Evaluación

1.  Los Estados miembros facilitarán a la Comisión información sobre lo que a continuación se indica todos los años y por primera vez a más tardar ... [tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva]:

a)  el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3 a 6 por los proveedores de servicios de pago;

b)  el número de sitios web de comparación acreditados establecidos de conformidad con el artículo 7 y las mejores prácticas en cuanto a la satisfacción de los usuarios con los sitios web de comparación;

c)  el número de cuentas de pago que han sido objeto de traslado, el tiempo medio necesario para realizar el proceso de traslado, la comisión total media aplicada por traslado, el número de denegaciones de traslado, los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los consumidores durante el proceso de traslado;

d)  el número de cuentas de pago básicas abiertas, la duración de la posesión de este tipo de cuenta, el número de denegaciones y de cancelaciones, y las razones de estas, así como los gastos conexos;

d bis)  las medidas adoptadas para asesorar a las poblaciones frágiles sobre las cuestiones presupuestarias y de sobreendeudamiento.

2.  La Comisión presentará un informe anual basado en la información que le remitan los Estados miembros.

Artículo 27

Cláusula de reexamen

1.  La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, en el plazo de ... cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la presente Directiva, un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, acompañado, si procede, de una propuesta.

El informe incluirá:

a)  una lista que recoja la totalidad de procedimientos por incumplimiento iniciados por la Comisión por aplicación incorrecta o incompleta de la presente Directiva;

b)  una evaluación del impacto de la presente Directiva en la armonización y la integración de los servicios bancarios a particulares en la Unión, y en la competencia y los niveles medios de las comisiones en los Estados miembros;

c)  estrategias para aumentar la calidad, transparencia y comparabilidad de la prestación de servicios de pago en toda la Unión, incluida la transparencia sobre modelos empresariales y estrategias de inversión, y sobre la responsabilidad social de las empresas;

d)  una evaluación de los costes y beneficios de la introducción de la plena portabilidad del número de cuenta de pago en toda la Unión, que incluya un plan de trabajo con medidas concretas necesarias para dicha introducción;

e)  una evaluación de las características de los consumidores que hayan abierto cuentas de pago básicas desde la transposición de la presente Directiva;

f)  ejemplos de mejores prácticas de los Estados miembros para reducir la exclusión de consumidores del acceso a servicios de pago;

g)  una evaluación de los gastos que suponen las cuentas de pago básicas, teniendo en cuenta los criterios enumerados en el artículo 17, apartado 3;

h)  una evaluación de las opciones para determinar a escala de toda la Unión un límite superior para el importe total anual de las comisiones relacionadas con la apertura y utilización de una cuenta de pago básica, y maneras en que se puede adaptar dicho límite a las circunstancias nacionales;

i)  una evaluación del impacto de la presencia de las cuentas de pago básicas sobre el mercado de otras cuentas de pago que ofrezcan servicios similares.

2.  Se evaluará, basándose también en la información recibida de los Estados miembros con arreglo al artículo 26, si procede modificar y actualizar la lista de servicios comprendidos en las cuentas de pago básicas, atendiendo a la evolución de los medios de pago y de la tecnología.

3.  Asimismo, se evaluará ▌si es necesario adoptar medidas adicionales a las adoptadas conforme a los artículos 7 y 8 en relación con los sitios web de comparación y las ofertas de paquetes de productos.

Artículo 28

Transposición

1.  Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar ... [dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], [...] las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los documentos que los Estados miembros adjunten a la notificación de las medidas de transposición que hayan adoptado no basten para comprobar completamente que se cumple la transposición de determinados artículos de la presente Directiva, la Comisión, a petición de la ABE y con el objeto de llevar a cabo sus tareas en virtud del Reglamento (UE) nº 1093/2010 o por propia iniciativa, podrá exigir a los Estados miembros que presenten información más detallada sobre la trasposición de la presente Directiva y la ejecución de dichas medidas.

2.  Aplicarán dichas disposiciones a partir de que haya transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente Directiva.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros aplicarán el capítulo III a partir del … [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] en relación con los servicios de traslado de cuenta entre proveedores de servicios de pago ubicados en el mismo Estado miembro y, para cuentas de pago en euros, entre proveedores de servicios de pago ubicados en la Unión con respecto a servicios de pago en euros.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero y salvo que la Comisión decidiere lo contrario mediante un proyecto de evaluación del impacto reglamentario, los Estados miembros aplicarán las disposiciones del capítulo III a partir del … [48 meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] en relación con un servicio de traslado de cuenta entre proveedores de servicios de pago ubicados en la Unión con respecto a cuentas de pago en otra divisa distinta del euro.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros aplicarán el artículo 4, apartados 1 a 6, el artículo 1, apartados 1 y 2, y el artículo 6, apartados 1 y 2, en un plazo de dieciocho meses a partir de la fecha de publicación de la lista mencionada en el artículo 3, apartado 5.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados miembros que, a 1 de enero de 2014, dispongan de un ordenamiento jurídico que garantice a los consumidores que residen legalmente en su territorio el acceso a las cuentas de pago básicas, aplicarán las disposiciones del capítulo IV a partir del … [veinticuatro meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].

3.  Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

4.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 29

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 30

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros, de conformidad con los Tratados.

Hecho en , el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) De conformidad con el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A7-0398/2013).
(2) Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
(3) Pendiente de publicación en el DO.
(4) DO L 319 de 5.12.2007, p. 1.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0293.
(6) DO L 190 de 21.7.2011, p. 87.
(7) DO L 94 de 30.3.2012, p. 22.
(8) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
(9) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(10) Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).


Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))(1)
P7_TA(2013)0588A7-0379/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Visto 1 bis (nuevo)
Vista la Decisión del Consejo 2010/631/UE, de 13 de septiembre de 2010, sobre la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo relativo a la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo al Convenio para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo¹,
__________________
¹ DO L 279 de 23.10.2010, p. 1.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 1
(1)  El rápido y elevado incremento que está experimentando la demanda de espacio marítimo para diferentes fines, tales como las instalaciones de energías renovables, el transporte marítimo y las actividades pesqueras, la conservación de los ecosistemas, el turismo y las instalaciones de acuicultura, así como las múltiples presiones que se ejercen sobre los recursos costeros, requieren la adopción de un planteamiento integrado de planificación y gestión.
(1)  El rápido y elevado incremento que está experimentando la demanda de espacio marítimo para diferentes fines, tales como las instalaciones de energías renovables, la prospección y la explotación de petróleo y gas, el transporte marítimo y las actividades pesqueras, la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad,la extracción de materias primas, el turismo y las instalaciones de acuicultura, así como las múltiples presiones que se ejercen sobre los recursos costeros, requieren la adopción de un planteamiento integrado de planificación y gestión.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  Ese tipo de planteamiento con respecto a la gestión de los océanos se ha desarrollado en la política marítima integrada de la Unión Europea, cuyo pilar medioambiental lo constituye la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino. El objetivo de la política marítima integrada es respaldar el desarrollo sostenible de los mares y océanos y desarrollar un procedimiento de adopción de decisiones coordinado, coherente y transparente en relación con las políticas sectoriales de la Unión que afectan a los océanos, los mares, las islas, las regiones costeras y ultraperiféricas y los sectores marítimos, incluso a través de estrategias de cuenca marítima o estrategias macrorregionales.
(2)  Ese tipo de planteamiento con respecto a la gestión de los océanos y a la gobernanza marítima se ha desarrollado en la política marítima integrada de la Unión Europea, cuyo pilar medioambiental lo constituye la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino. El objetivo de la política marítima integrada es respaldar el desarrollo sostenible de los mares y océanos y desarrollar un procedimiento de adopción de decisiones coordinado, coherente y transparente en relación con las políticas sectoriales de la Unión que afectan a los océanos, los mares, las islas, las regiones costeras y ultraperiféricas y los sectores marítimos, incluso a través de estrategias de cuenca marítima o estrategias macrorregionales.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  De acuerdo con la política marítima integrada, la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas son instrumentos estratégicos transversales que permiten a las autoridades públicas y a los grupos de interés aplicar un planteamiento coordinado e integrado. La adopción de un enfoque ecosistémico va contribuir a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítima y costera y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros.
(3)  De acuerdo con la política marítima integrada, la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas son instrumentos estratégicos transversales que permiten a las autoridades públicas y a los grupos de interés aplicar un planteamiento coordinado, integrado y transfronterizo. La adopción de un enfoque ecosistémico va a contribuir a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítima y costera y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  En su reciente Comunicación «Crecimiento azul: Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible», la Comisión señala diversas iniciativas de la UE actualmente en curso cuyo objetivo es aplicar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Comunicación también indica varios sectores de actividad en los que deben centrarse en el futuro las iniciativas de crecimiento azul y a los que se debe prestar un apoyo adecuado a través de planes de ordenación marítima y estrategias de gestión integrada de las costas.
(5)  En su reciente Comunicación «Crecimiento azul: Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible», la Comisión señala diversas iniciativas de la UE actualmente en curso cuyo objetivo es aplicar la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. La Comunicación también indica varios sectores de actividad en los que deben centrarse en el futuro las iniciativas de crecimiento azul y a los que se debe prestar un apoyo adecuado a través de planes de ordenación marítima y estrategias de gestión integrada de las costas. El apoyo claro de los Estados miembros a estos ámbitos estratégicos definidos permitirá aportar seguridad jurídica y previsibilidad a las inversiones públicas y privadas, que tendrán un efecto palanca en todas las políticas sectoriales ligadas al espacio marítimo y costero.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 7
(7)  La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS) establece en su preámbulo que las cuestiones relativas a la utilización de los espacios marinos están estrechamente relacionadas entre sí y han de considerarse en su conjunto. La planificación de los espacios marinos supone la evolución lógica y la estructuración de la utilización de los derechos otorgados en el marco de la UNCLOS y un instrumento práctico para ayudar a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones.
(7)  La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS) establece en su preámbulo que las cuestiones relativas a la utilización de los espacios marinos están estrechamente relacionadas entre sí y han de considerarse en su conjunto. La planificación de los espacios marinos supone la evolución lógica y la estructuración de la utilización de los derechos otorgados en el marco de la UNCLOS y un instrumento práctico para ayudar a los Estados miembros y a las autoridades subnacionales competentes a cumplir sus obligaciones.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 10
(10)  Con vistas a garantizar la coherencia y la claridad jurídica, debe definirse el ámbito geográfico de la ordenación del espacio marítimo y de las estrategias de gestión integrada de las costas de conformidad con los instrumentos legislativos de la Unión ya existentes y del Derecho marítimo internacional.
(10)  Con vistas a garantizar la coherencia y la claridad jurídica, debe definirse el ámbito geográfico de la ordenación del espacio marítimo y de la gestión integrada de las costas de conformidad con los instrumentos legislativos de la Unión ya existentes y del Derecho marítimo internacional, en particular la UNCLOS.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)  Aunque es pertinente que la Unión establezca normas sobre los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas, los Estados miembros y sus autoridades competentes siguen siendo responsables de designar y determinar, dentro de sus aguas marinas y zonas costeras, el contenido de los planes y estrategias en cuestión, así como la distribución del espacio marítimo entre los distintos sectores de actividad.
(12)  Aunque es pertinente que la Unión establezca un marco transparente y coherente sobre los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas, los Estados miembros y sus autoridades competentes siguen siendo responsables de designar y determinar, dentro de sus aguas marinas y zonas costeras, el contenido de los planes y estrategias en cuestión, así como la distribución del espacio marítimo entre los distintos sectores de actividad y usos marítimos.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 13
(13)  A fin de respetar los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, así como de reducir al mínimo la carga administrativa adicional, la transposición y aplicación de la presente Directiva debe llevarse a cabo, en la mayor medida posible, a partir de los mecanismos y normas nacionales ya existentes. Las estrategias de gestión integrada de las costas deben basarse en los principios y elementos establecidos en la Recomendación 2002/413/CE del Consejo y en la Decisión 2010/631/UE del Consejo.
(13)  A fin de respetar los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, así como de reducir al mínimo las cargas administrativas adicionales, la transposición y aplicación de la presente Directiva debe llevarse a cabo, en la mayor medida posible, a partir de los mecanismos y normas nacionales y del Convenio Marítimo Regional ya existentes. Las estrategias de gestión integrada de las costas deben basarse en los principios y elementos establecidos en la Recomendación 2002/413/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa18bis, y en la Decisión 2010/631/UE del Consejo.
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18bis DO L 148 de 6.6.2002, p. 24.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 15
(15)  En la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas debe aplicarse el enfoque ecosistémico contemplado en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/56/CE, a fin de garantizar que la presión conjunta de todas las actividades se mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen estado medioambiental y que no se comprometa la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a los cambios inducidos por el hombre, posibilitándose a la vez el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por las generaciones actuales y futuras.
(15)  En la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas debe aplicarse el enfoque ecosistémico contemplado en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/56/CE, atendiendo al principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta los principios de cautela y de acción preventiva, tal como se establece en el artículo 191, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, a fin de garantizar que la presión conjunta de todas las actividades marítimas y costeras se mantenga en niveles compatibles con la consecución de un buen estado medioambiental y con la conservación de los recursos naturales, y que no se comprometa la capacidad de los ecosistemas marinos de responder a los cambios inducidos por el hombre, posibilitándose a la vez el aprovechamiento sostenible de los bienes y servicios marinos por las generaciones actuales y futuras.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 16
(16)  La ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas va a contribuir, entre otros fines: al logro de los objetivos de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables19, del Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común20, de la Decisión 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión nº 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte21, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 202022, de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos23, de la Estrategia de la UE en materia de adaptación al cambio climático24, así como, cuando proceda, al de los objetivos de la política regional de la UE, incluidas las estrategias de cuenca marítima y las estrategias macrorregionales.
(16)  La ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas va a contribuir, entre otros fines, al logro de los objetivos de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables19, del Reglamento (CE) n° 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común20,de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres20bis, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres20ter,de la Decisión 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se modifica la Decisión nº 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte21, de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino, de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 202022, de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos23, de la Estrategia de la UE en materia de adaptación al cambio climático24, y de la Comunicación de la Comisión titulada «Objetivos estratégicos y recomendaciones para la política de transporte marítimo de la UE hasta 2018» (COM(2009)0008), así como, cuando proceda, al de los objetivos de la política regional de la UE, incluidas las estrategias de cuenca marítima y las estrategias macrorregionales.
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19 DO L 140 de 5.6.2009, pp. 16-62.
19 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
20 DO L 358 de 31.12.2002, pp. 59-80.
20 DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.
20a DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
20b DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
21 DO C 167 de 30.4.2005, pp. 1-38.
21 DO L 167 de 30.4.2004, p. 1.
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 COM(2011)0571.
23 COM(2011)0571.
24 COM(2013) XXX.
24 COM(2013) XXX.
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 17
(17)  Las actividades marítimas y costeras están con frecuencia estrechamente relacionadas entre sí. Ello exige que los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas se coordinen o se integren para garantizar el aprovechamiento sostenible del espacio marítimo y la gestión de las zonas costeras, teniendo en cuenta factores sociales, económicos y medioambientales.
(17)  Las actividades marítimas y costeras están con frecuencia estrechamente relacionadas entre sí y son interdependientes. Ello exige que los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas se coordinen, se articulen o se integren para garantizar el aprovechamiento sostenible del espacio marítimo y la gestión de las zonas costeras, teniendo en cuenta factores y objetivos sociales, económicos y medioambientales.
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 18
(18)  Para que puedan lograrse los objetivos de la presente Directiva, los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas deben abarcar la totalidad del ciclo de actuación constituido por la identificación del problema, la recopilación de información, la planificación, la adopción de decisiones, la aplicación y el seguimiento de la aplicación, y estar basados en el mejor conocimiento científico disponible. Deben aprovecharse del mejor modo posible los mecanismos contenidos en la normativa actual o futura, entre la que cabe citar la Decisión 2010/477/UE, sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, o la iniciativa de la Comisión «Conocimiento del medio marino 2020»25.
(18)  Para que puedan lograrse los objetivos de la presente Directiva, los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas deben abarcar la totalidad del ciclo de actuación constituido por la identificación del problema, la recopilación de información, la planificación, la adopción de decisiones, la aplicación, el seguimiento de la aplicación, la revisión o la puesta al día, y deben estar basados en el mejor y más reciente conocimiento científico disponible. Deben aprovecharse del mejor modo posible los mecanismos contenidos en la normativa actual o futura, entre la que cabe citar la Decisión 2010/477/UE, sobre los criterios y las normas metodológicas aplicables al buen estado medioambiental de las aguas marinas, o la iniciativa de la Comisión «Conocimiento del medio marino 2020»25.
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25 COM(2010)0461.
25 COM(2010)0461.
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 19
(19)  La finalidad principal de la ordenación del espacio marítimo es identificar y gestionar los usos del espacio y los conflictos que puedan surgir en las zonas marítimas. Para ello, los Estados miembros necesitan garantizar al menos que el proceso o procesos de planificación culminen en un mapa global donde se identifiquen los diferentes usos del espacio marítimo, teniendo en cuenta los cambios a largo plazo derivados del cambio climático.
(19)  Las finalidades principales de la ordenación del espacio marítimo son identificar y gestionar los usos del espacio, reducir al mínimo los conflictos intersectoriales que puedan surgir en las zonas marítimas y reforzar el crecimiento sostenible en el sector marítimo. Para ello, los Estados miembros necesitan garantizar al menos que el proceso o procesos de planificación culminen en un mapa global donde se identifiquen los diferentes usos del espacio marítimo, teniendo en cuenta los cambios a largo plazo derivados del cambio climático.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 20
(20)  Los Estados miembros deben consultar y coordinar sus planes y estrategias con los Estados miembros o las autoridades de terceros países de la región o subregión marina o zona costera de que se trate, de conformidad con los derechos y obligaciones de tales Estados miembros y terceros países en el marco de la normativa europea e internacional. Para que sea posible una cooperación transfronteriza eficaz entre los Estados miembros y los terceros países vecinos, es necesario identificar a las autoridades competentes de cada Estado miembro. Por consiguiente, los Estados miembros deben designar a la autoridad o autoridades competentes responsables de la colaboración con otros Estados miembros o terceros países. Dadas las diferencias que presentan las distintas regiones o subregiones marinas y zonas costeras, no resulta adecuado establecer pormenorizadamente en la presente Directiva las características que deben reunir esos mecanismos de cooperación.
(20)  Los Estados miembros deben consultar y, en la medida de lo posible, coordinar sus planes y estrategias con los Estados miembros o las autoridades de terceros países de la región o subregión marina o zona costera de que se trate, de conformidad con los derechos y obligaciones de tales Estados miembros y terceros países en el marco de la normativa europea e internacional. Para que sea posible una cooperación transfronteriza eficaz entre los Estados miembros y los terceros países vecinos, es necesario identificar a las autoridades competentes de cada Estado miembro. Por consiguiente, los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes responsables de la colaboración con otros Estados miembros o terceros países. Dadas las diferencias que presentan las distintas regiones o subregiones marinas y zonas costeras, no resulta adecuado establecer pormenorizadamente en la presente Directiva las características que deben reunir esos mecanismos de cooperación.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)
(21 bis)  Con el fin de adaptar las zonas costeras al cambio climático y luchar contra la erosión o la acreción excesiva, los riesgos del avance del mar, el deterioro del estado ecológico y la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas costeros, es sumamente importante que la gestión de los sedimentos costeros sea sostenible y respetuosa del medio ambiente, con el fin de restaurar el equilibrio en las zonas problemáticas que están expuestas a un mayor riesgo. Los depósitos de sedimentos submarinos situados en la plataforma continental se pueden utilizar en caso de falta de sedimentos en los sistemas costeros.
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 22
(22)   La gestión de las zonas marítimas y costeras es una cuestión compleja en la que participan autoridades de diferentes niveles, así como distintos operadores económicos y otros grupos de interés. Con objeto de garantizar eficazmente el desarrollo sostenible, es fundamental que los grupos de interés, las autoridades y la ciudadanía sean oportunamente consultados a lo largo del proceso de elaboración, al amparo de la presente Directiva, de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada, de conformidad con la normativa de la UE pertinente. El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2003/35/CE constituye un buen ejemplo de disposiciones en materia de consultas públicas.
(22)   La gestión de las zonas marítimas y costeras es una cuestión compleja en la que participan autoridades de diferentes niveles, así como distintos operadores económicos y otros grupos de interés. Con objeto de garantizar eficazmente el desarrollo sostenible, es fundamental que los grupos de interés, las autoridades y la ciudadanía sean oportunamente consultados a lo largo del proceso de elaboración, al amparo de la presente Directiva, de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada, de conformidad con la normativa de la UE pertinente.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 25
(25)  Con vistas a garantizar que la elaboración de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas se fundamente en datos fiables y evitar una carga administrativa adicional, es esencial que los Estados miembros recopilen los mejores datos y la mejor información disponible haciendo uso de los instrumentos y herramientas para la recopilación de datos que ya existen, tales como los que se han desarrollado en el contexto de la iniciativa «Conocimiento del medio marino 2020».
(25)  Con vistas a garantizar que la elaboración de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas se fundamente en datos fiables y evitar una carga administrativa adicional, es esencial que los Estados miembros recopilen y utilicen los mejores datos y la mejor información disponible animando a los grupos de interés pertinentes a compartir sus datos e información y haciendo uso de los instrumentos y herramientas para la recopilación de datos que ya existen, tales como los que se han desarrollado en el contexto de la iniciativa «Conocimiento del medio marino 2020».
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)
(25 bis)  Con objeto de apoyar la aplicación amplia y coordinada de la presente Directiva en la Unión, procede determinar, dentro de los instrumentos financieros existentes, los recursos que permitan apoyar los programas de demostración y el intercambio de buenas prácticas y procesos virtuosos en las estrategias, los planes y la gobernanza en materia de gestión costera y gestión del espacio.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 28
(28)  Es fundamental que se proceda a la oportuna transposición de las disposiciones de la presente Directiva, dado que la UE ha adoptado una serie de iniciativas políticas que deben aplicarse de aquí al año 2020 y a las que la presente Directiva se propone prestar apoyo. Por lo tanto, debe establecerse el plazo más breve posible para la transposición de la presente Directiva.
(28)  Es fundamental que se proceda a la oportuna transposición de las disposiciones de la presente Directiva, dado que la UE ha adoptado una serie de iniciativas políticas que deben aplicarse de aquí al año 2020 y a las que la presente Directiva se propone prestar apoyo y completar. Por lo tanto, debe establecerse el plazo más breve posible para la transposición de la presente Directiva.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
1.  La presente Directiva establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas, con vistas a fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas y costeras y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros.
1.  La presente Directiva establece un marco para la ordenación del espacio marítimo que incluirá la gestión integrada de las costas, con vistas a fomentar el desarrollo y crecimiento sostenibles de las economías marítimas y costeras y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros, apoyando en particular los ámbitos prioritarios definidos en la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, titulada «Crecimiento azul: oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible».
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2
2.  En el marco de la política marítima integrada de la Unión, el presente marco contempla la elaboración y aplicación por parte de los Estados miembros de planes de ordenación marítima y de estrategias de gestión integrada de las costas con vistas al logro de los objetivos que se indican en el artículo 5.
2.  En el marco de la política marítima integrada de la Unión, la presente Directiva ofrece un marco para la elaboración y aplicación por parte de los Estados miembros de planes de ordenación marítima y de estrategias de gestión integrada de las costas con vistas al logro de los objetivos que se indican en el artículo 5, teniendo en cuenta las interacciones tierra-mar y la cooperación transfronteriza reforzada conforme a las disposiciones correspondientes de la UNCLOS.
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1
1.  Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a las aguas marinas y a las zonas costeras.
1.  Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán a todas las aguas marinas y a las zonas costeras de la Unión, de conformidad con la normativa de la Unión y nacional existente.
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2
2.  La presente Directiva no se aplicará a las actividades cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional. No obstante, cada Estadomiembro se esforzará por garantizar que estas actividades se desarrollen de manera compatible con los objetivos de la presente Directiva.
2.  La presente Directiva no se aplicará a las actividades cuyo único propósito sea la defensa o la seguridad nacional. No obstante, losEstadosmiembros se esforzarán por garantizar que estas actividades se desarrollen, en la medida en que ello sea razonable y factible, de una manera compatible con los objetivos de la presente Directiva.
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 1
1.  «zona costera», la zona geomorfológica situada a ambos lados del litoral, cuyo límite en dirección hacia el mar lo constituye el límite exterior de las aguas territoriales de los Estados miembros y cuyo límite en dirección hacia la tierra lo constituye el límite definido por los Estados miembros en sus estrategias de gestión integrada de las costas;
1.  «zona costera», el litoral y la zona geomorfológica situada a ambos lados del litoral, según establecen los Estados miembros en sus ordenamientos jurídicos respectivos, y cuyo límite en dirección hacia el mar no sobrepasasusaguas territoriales;
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2
2.  «política marítima integrada», la política de la Unión cuyo objetivo es fomentar la adopción coordinada y coherente de decisiones a fin de maximizar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la cohesión social de los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas de la Unión, así como a los sectores marítimos, por medio de políticas coherentes en el ámbito marítimo y de la cooperación internacional pertinente;
2.  «política marítima integrada», la política de la Unión establecida para fomentar una gobernanza marítima transfronteriza e intersectorial que sea coordinada y coherente a fin de maximizar el desarrollo sostenible, el crecimiento económico y la cohesión social de los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas de la Unión, así como a los sectores marítimos, por medio de políticas coherentes en el ámbito marítimo y de la cooperación internacional pertinente;
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2 bis (nuevo)
2 bis.  «planes de ordenación del espacio marítimo», los planes derivados de un proceso público consistente en analizar y planificar el reparto espacial y temporal de las actividades humanas en las zonas marítimas para alcanzar los objetivos económicos, medioambientales y sociales definidos en la presente Directiva, de conformidad con las políticas nacionales pertinentes, con el fin de determinar los usos del espacio marítimo para las diversas actividades marítimas y de fomentar en particular los usos múltiples.
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 2 ter (nuevo)
2 ter.  «estrategias de gestión integrada de las costas», las estrategias o prácticas formales e informales encaminadas a la gestión integrada de todos los procesos políticos que afectan a las zonas costeras y que permite abordar de forma coordinada las interacciones tierra-mar de las actividades costeras, con vistas a garantizar el desarrollo sostenible de las zonas costeras y marinas; este tipo de estrategias permiten asegurar que las decisiones en materia de gestión o de desarrollo se adopten de manera coherente en todos los sectores de manera que se eviten, o al menos se limiten, los conflictos por el uso de las zonas costeras;
Votación por separado
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 3
3.  «región o subregión marina», las regiones y subregiones marinas contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2008/56/CE;
3.  «región marina», las regiones marinas contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2008/56/CE;
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 4
4.  «aguas marinas», las aguas, el lecho marino y el subsuelo, tal como se definen en el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE;
4.  «aguas marinas», las aguas, el lecho marino y el subsuelo situados allende la línea de base que sirve para medir la anchura de las aguas territoriales y que se extienden hasta el límite exterior de la zona en que un Estado miembro tiene o ejerce su jurisdicción, de conformidad con la UNCLOS, excepto las aguas adyacentes a los países y territorios mencionados en el anexo II del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los departamentos y colectividades franceses de ultramar;
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – punto 7
7.  «buen estado medioambiental», el estado medioambiental que se contempla en el artículo 3, punto 5, de la Directiva 2008/56/CE.
7.  «buen estado medioambiental», el estado medioambiental que se contempla en el artículo 3, punto 5, de la Directiva 2008/56/CE y en la Decisión 2010/477/UE de la Comisión.
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1
1.  Cada Estado miembro elaborará y aplicará uno o variosplanes de ordenación marítima y una o varias estrategias de gestión integrada de las costas. Podrán plasmarse en documentos separados.
1.  Cada Estado miembro elaborará y aplicará una ordenacióndel espacio marítimo. Cuando un Estado miembro no integre en su plan de ordenación marítima las interacciones tierra-mar, estas se abordarán en el marco de la gestión integrada de las costas. Los Estados miembros podrán decidir si siguen un planteamiento integrado o establecen por separado los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas.
Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Los Estados miembros o las autoridades regionales o locales competentes seguirán siendo responsables de designar y determinar el contenido de los planes y las estrategias en cuestión, incluida la distribución del espacio marítimo entre los distintos sectores de actividad y usos marítimos y marinos.
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3
3.   Al elaborar los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas, los Estados miembros prestarán la debida atención a las particularidades de las regiones y subregiones, a los respectivos sectores de actividad, a las aguas marinas y las zonas costeras afectadas y a los posibles efectos del cambio climático.
3.   Al elaborar los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas, los Estados miembros prestarán la debida atención a las particularidades y necesidades de las regiones y subregiones marinas y costeras, así como a las oportunidades que ofrecen, a los respectivos sectores de actividad actuales y futuros, a las aguas marinas y las zonas costeras afectadas y a los posibles efectos del cambio climático.
Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  En el caso de las regiones ultraperiféricas de la Unión en particular, deberá respetarse el artículo 349 del TFUE, teniendo en cuenta las características y limitaciones especiales de estas regiones.
Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 5
Los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas aplicarán un enfoque ecosistémico para facilitar la coexistencia y prevenir la aparición de conflictos entre sectores de actividad que compitan entre sí en las aguas marinas y las zonas costeras, y se esforzarán por contribuir al logro de los siguientes objetivos:
1.  Los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas aplicarán un enfoque ecosistémico, teniendo en cuenta criterios económicos, sociales y medioambientales al mismo nivel para apoyar el desarrollo y el crecimiento sostenibles en el sector marítimo. Promoverán la coexistencia de los sectores de actividad pertinentes de manera compatible, reducirán al mínimo los conflictos entre estas actividades en las aguas marinas y las zonas costeras, y promoverán la cooperación transfronteriza y el uso múltiple del mismo espacio marítimo por parte de distintos sectores.
2.  Los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de costas se esforzarán por contribuir al logro de los siguientes objetivos de la Unión:
a)  garantizar el suministro energético de la Unión, promoviendo el desarrollo de fuentes de energía renovables de origen marino, el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, la interconexión de las redes energéticas y la eficiencia energética;
a)  garantizar el suministro energético de la Unión, promoviendo el desarrollo de fuentes de energía renovables de origen marino, el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, la interconexión de las redes energéticas y la eficiencia energética;
b)  fomentar el desarrollo del transporte marítimo y proporcionar en toda Europa unas rutas de transporte marítimo eficaces y rentables, favoreciendo asimismo la accesibilidad de los puertos y la seguridad del transporte;
b)  fomentar el desarrollo del transporte marítimo en toda Europa, favoreciendo asimismo la accesibilidad de los puertos, la seguridad del transporte, las conexiones multimodales y la sostenibilidad;
c)  promover el desarrollo y el crecimiento sostenibles del sector de la pesca y de la acuicultura, impulsando asimismo el empleo en el sector pesquero y en los sectores afines;
c)  promover el desarrollo sostenible del sector de la pesca y el crecimiento sostenible del sector de la acuicultura, impulsando asimismo el empleo en el sector pesquero y en los sectores afines;
d)  garantizar la conservación, protección y mejora del medio ambiente, así como el aprovechamiento prudente y racional de los recursos naturales, con miras, en particular, a alcanzar el buen estado medioambiental, detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas y reducir los riesgos de contaminación marina;
d)  garantizar la conservación, protección y mejora del medio ambiente mediante una red coherente y representativa de zonas protegidas, así como el aprovechamiento prudente, cauteloso y racional de los recursos naturales, con miras, en particular, a alcanzar el buen estado medioambiental, detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios de los ecosistemas y reducir y prevenir los riesgos de contaminación de las zonas marinas y costeras;
e)  lograr que las zonas marinas y costeras sean resistentes al cambio climático.
e)  lograr que las zonas marinas y costeras sean más resistentes a los efectos del cambio climático a fin de proteger las zonas costeras vulnerables;
3.  Los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de costas podrán esforzarse por contribuir al logro de otros objetivos nacionales, como por ejemplo:
a)  promover la extracción sostenible de materias primas;
b)  promover un turismo sostenible;
c)  garantizar la conservación y la protección del patrimonio cultural.
d)  garantizar el uso recreativo y otros usos para el público;
e)  conservar las realidades socioeconómicas tradicionales vinculadas a la economía del mar.
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1
1.  Los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas establecerán etapas operativas para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 5, teniendo en cuenta todas las actividades y medidas pertinentes que les sean aplicables.
1.  Cada Estado miembro establecerá etapas procedimentales para alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 5, teniendo en cuenta las actividades, los usos y las medidas pertinentes que les sean aplicables.
Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b
b)  garantizar una cooperación transfronteriza efectiva entre los Estados miembros y entre las autoridades nacionales y los grupos de interés de las políticas sectoriales pertinentes;
b)  garantizar una participación efectiva de los grupos de interés de las políticas sectoriales pertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 9;
Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
b bis)  garantizar una cooperación transfronteriza efectiva entre los Estados miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo 12;
Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra c
c)  determinar las consecuencias transfronterizas de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas en las aguas marinas y las zonas costeras bajo soberanía y/o jurisdicción de terceros países de la misma región o subregión marina y de la zona costera correspondiente, y actuar al respecto en colaboración con las autoridades competentes de tales países, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 13.
c)  determinar las consecuencias transfronterizas de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas en las aguas marinas y las zonas costeras bajo soberanía o jurisdicción de terceros países de la misma región o subregión marina y de la zona costera correspondiente, y actuar al respecto en colaboración con las autoridades competentes de tales países, de conformidad con lo establecido en el artículo 13;
Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra c bis (nueva)
c bis)  basarse, por una parte, en los mejores datos disponibles y garantizar, por otra, la flexibilidad necesaria para tener en cuenta acontecimientos futuros.
Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1
1.  Los planes de ordenación marítima contendrán, como mínimo, una demarcación de las aguas marinas en las que se refleje la distribución espacial y temporal efectiva y potencial de todas las actividades marítimas pertinentes, con vistas al logro de los objetivos enunciados en el artículo 5.
1.  Los planes de ordenación marítima contendrán, como mínimo, una demarcación de las aguas marinas en las que se refleje la distribución espacial y temporal efectiva, prevista y potencial de todas las actividades y usos marítimos pertinentes, así como los componentes importantes del ecosistema, con vistas al logro de los objetivos de la Unión enunciados en el artículo 5.
Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – parte introductoria
2.  Al elaborar los planes de ordenación marítima, los Estos miembros tendrán en cuenta, al menos, las siguientes actividades:
2.  Al elaborar los planes de ordenación marítima, los Estados miembros tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes usos y actividades:
Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 – letras a a g
a)   las instalaciones para la extracción de energía y la producción de energía renovable;
a)  las instalaciones para la extracción de energía, la producción de energía renovable y el transporte de ésta hasta tierra;
b)  los lugares y las infraestructuras para la extracción de petróleo y de gas;
b)  los lugares y las infraestructuras para la prospección y extracción de petróleo, de gas y de otras materias primas;
c)  las rutas de transporte marítimo;
c)  las rutas de transporte marítimo;
d)  los tendidos de cables y de tuberías submarinos;
d)  los tendidos de cables y de tuberías submarinos;
e)  las zonas de pesca;
e)  las zonas de pesca existentes y potenciales;
f)  los emplazamientos de cultivos marinos;
f)  las zonas de cultivos marinos;
g)  los lugares naturales protegidos.
g)  los lugares de protección y conservación de la naturaleza y de las especies, las zonas de la Red Natura 2000, otros ecosistemas marinos delicados y sus zonas limítrofes, de conformidad con la legislación nacional y de la Unión;
h)  el turismo marino y costero;
i)  los espacios de protección del patrimonio cultural;
j)  las zonas de entrenamiento militar.
Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1
1.  Lasestrategiasde gestión integrada de las costas contendrán, como mínimo, un inventario de las medidas existentes aplicadas en las zonas costeras y un análisis de la necesidad de adoptar medidas adicionales con vistas al logro de los objetivos enunciados en el artículo 5. Las estrategias contemplarán la aplicación integrada e intersectorial de las políticas y tendrán en cuenta las interacciones entre las actividades terrestres y marítimas.
1.  Cuando establezcan una gestión integrada de las costas, los Estados miembros decidirán si utilizar un conjunto de prácticas o bien una o varias estrategias. Señalarán las medidas existentes aplicadas en las zonas costeras y elaborarán un análisis de la necesidad de adoptar medidas adicionales con vistas al logro de los objetivos enunciados en el artículo 5. La gestión integrada de las costas mejorará la aplicación integrada e intersectorial de las políticas y tendrá en cuenta las interacciones entre las actividades terrestres y marítimas para garantizar la conectividad tierra-mar.
Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – parte introductoria
2.  Al elaborar las estrategias de gestión integrada de las costas, los Estos miembros tendrán en cuenta, al menos, las siguientes actividades:
2.  Al elaborar las estrategias de gestión integrada de las costas, los Estados miembros tendrán en cuenta lo siguiente:
Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a
a)  utilización de recursos naturales específicos, incluidas las instalaciones para la extracción de energía y la producción de energía renovable;
suprimido
Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a bis (nueva)
a bis)  prácticas y estrategias ya establecidas que estén en consonancia con la Recomendación 2002/413/CE;
Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a ter (nueva)
a ter)  prácticas formales e informales, redes y mecanismos de cooperación transfronteriza ya existentes;
Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra a quater (nueva)
a quater)  actividades, instalaciones e infraestructuras pertinentes.
Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra b
b)  desarrollo de infraestructuras, instalaciones energéticas, transportes, puertos, obras marítimas y otras estructuras, incluidas las infraestructuras verdes;
suprimido
Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra c
c)  agricultura y actividades industriales;
suprimido
Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra d
d)  pesca y acuicultura;
suprimido
Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra e
e)  conservación, restauración y gestión de ecosistemas costeros, servicios de los ecosistemas y naturaleza, paisajes costeros e islas;
e)  protección, conservación, restauración y gestión de ecosistemas costeros, deltas y humedales protegidos, servicios de los ecosistemas y naturaleza, paisajes costeros e islas;
Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 – letra f
f)  mitigación y adaptación al cambio climático.
f)  mitigación y adaptación al cambio climático, en especial mediante el aumento de la resistencia del ecosistema;
Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
1.   Los Estados miembros establecerán los medios para hacer posible la participación pública de todas las partes interesadas en la elaboración de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas desde sus fases iniciales.
Los Estados miembros establecerán los medios para hacer posible la participación pública informando y consultando a los grupos de interés y las autoridades pertinentes, así como al público afectado, desde las fases iniciales de la elaboración de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas. Los Estados miembros velarán asimismo por que dichos grupos de interés y autoridades, así como el público afectado, tengan acceso a los resultados una vez concretados.
Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
2.  En el contexto de la participación pública, se garantizará que los grupos de interés y las autoridades pertinentes, así como el público afectado, sean consultados sobre los proyectos de planes y estrategias y tengan acceso a los resultados, cuando estén disponibles.
suprimido
Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3
3.  Al establecer los medios para hacer posible la consulta pública, los Estados miembros actuarán de conformidad con las disposiciones pertinentes establecidas en la normativa de la Unión.
suprimido
Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1
1.  Los Estados miembros organizarán la recopilación de los mejores datos disponibles y el intercambio de información que sean necesarios a efectos de los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas.
1.  Los Estados miembros organizarán la recopilación y uso de los mejores datos disponibles y el intercambio de información que sean necesarios a efectos de los planes de ordenación marítima y la aplicación de las estrategias de gestión integrada de las costas.
Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3
3.  Al organizar la recopilación e intercambio de los datos a que se hace referencia en el apartado 1, los Estados miembros recurrirán, en la medida de lo posible, a los instrumentos y medios desarrollados en el marco de la política marítima integrada.
3.  Al organizar la recopilación e intercambio de los datos a que se hace referencia en el apartado 1, los Estados miembros recurrirán, en la medida de lo posible, a los instrumentos y medios desarrollados en el marco de la política marítima integrada y de otras políticas pertinentes de la Unión como por ejemplo las recogidas en la de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (INSPIRE)27bis.
_____________
27a DO L 108 de 25.04.07, p. 1.
Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 11
Los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas están sujetos a las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE.
Los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas están sujetos a las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE y del artículo 6 de la Directiva 92/43/CEE cuando proceda.
Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1
1.  El Estado miembro contiguo a una zona costera o una zona marítima de otro Estado miembro colaborarápara garantizar que los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas sean coherentes y se coordinen en toda la zona costera o región y/o subregión marina de que se trate. A efectos de esa cooperación se tendrán en cuenta, en particular, las cuestiones de carácter transnacional, tales como las infraestructuras transfronterizas.
1.  El Estado miembro contiguo a una zona costera o una zona marítima de otro Estado miembro adoptará todas las medidas necesarias para colaborar en garantizar que los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas sean coherentes y se coordinen en toda la zona costera o región y/o subregión marina de que se trate. A efectos de esa cooperación se tendrán en cuenta, en particular, las cuestiones de carácter transnacional, tales como las infraestructuras transfronterizas, y se perseguirá una visión común para cada estrategia de cuenca marítima existente y futura.
Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis.  Para que la cooperación sea posible, los Estados miembros deberán, cuando sea posible, coordinar el calendario de los nuevos planes de ordenación marítima o los ciclos de revisión de los existentes.
Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra a
a)  en estructuras regionales de cooperación institucional que abarquen la zona costera o la región o subregión marina afectadas, o
a)  en convenciones marítimas regionales u otras estructuras regionales de cooperación institucional que abarquen la zona costera o la región o subregión marina afectadas, o
Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b
b)  una red específica de autoridades competentes de los Estados miembros que abarque la región y/o subregión marina de que se trate.
b)  una red de autoridades competentes de los Estados miembros que abarque la zona costera, región y/o subregión marina de que se trate, o
Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
b bis)  cualquier otro enfoque que cumpla los requisitos del apartado 1.
Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 13
Los Estados miembros contiguos a una zona costera o una zona marítima de un tercer país se esforzarán al máximo para coordinar sus planes de ordenación marítima y estrategias de gestión integrada de las costas con el tercer país en cuestión en la región o subregión marina y en la zona costera correspondiente de que se trate.
Los Estados miembros contiguos a una zona costera o una zona marítima de un tercer país, de conformidad con el Derecho y los convenios marítimos internacionales, consultarán a dicho país y se esforzarán al máximo para cooperar y coordinar sus planes de ordenación marítima y estrategias de gestión integrada de las costas con el tercer país en cuestión en la región o subregión marina y en la zona costera correspondiente de que se trate.
Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 14
1.  Cada Estado miembro designará, en relación con cada zona costera y cada región o subregión marina afectada, la autoridad o autoridades competentes en lo concerniente a la aplicación de la presente Directiva, lo que incluirá garantizar la cooperación con otros Estados miembros, contemplada en el artículo 12, y la cooperación con terceros países, contemplada en el artículo 13.
1.  Cada Estado miembro designará, en relación con cada zona costera y cada región marina afectada, la autoridad o autoridades responsables de la aplicación de la presente Directiva, lo que incluirá garantizar la cooperación con otros Estados miembros, contemplada en el artículo 12, y la cooperación con terceros países, contemplada en el artículo 13.
2.  Cada Estado miembro comunicará a la Comisión la lista de las autoridades competentes, así como la información mencionada en el anexo I de la presente Directiva.
2.  Cada Estado miembro comunicará a la Comisión la lista de las autoridades responsables, así como la información mencionada en el anexo I de la presente Directiva.
3.  Al mismo tiempo, cada Estado miembro remitirá a la Comisión una lista de sus autoridades competentes responsables con respecto a aquellos organismos internacionales en los que participen y que sean pertinentes para la aplicación de la presente Directiva.
3.  Al mismo tiempo, cada Estado miembro remitirá a la Comisión una lista de sus autoridades competentes responsables con respecto a aquellos organismos internacionales en los que participen y que sean pertinentes para la aplicación de la presente Directiva.
4.  Cada Estado miembro pondrá en conocimiento de la Comisión todas las modificaciones de la información comunicada en virtud del apartado 1 en los seis meses siguientes a la fecha en que surta efecto una modificación.
4.  Cada Estado miembro pondrá en conocimiento de la Comisión todas las modificaciones de la información comunicada en virtud del apartado 1 en los seis meses siguientes a la fecha en que surta efecto una modificación.
4 bis.  De conformidad con el principio de subsidiariedad, cada Estado miembro podrá designar a sus autoridades responsables respetando los diferentes niveles institucionales y de gobernanza.
Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2
2.  El informe deberá contener, como mínimo, información sobre la aplicación de los artículos 6 a 13.
2.  El informe deberá contener, como mínimo, información sobre la aplicación de los artículos 6 a 13. Cuando proceda, el contenido y el formato del informe se armonizarán con las disposiciones pertinentes de la Directiva 2008/56/CE.
Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3
3.  La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe de situación donde se exponga el progreso realizado en la aplicación de la presente Directiva.
3.  La Comisión deberá presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar, un año después del plazo fijado para el establecimiento de los planes de ordenación marítima y de las estrategias de gestión integrada de las costas,un informe de situación donde se exponga el progreso realizado en la aplicación de la presente Directiva.
Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria
1.  La Comisión podrá adoptar, mediante actos de ejecución, disposiciones en relación con lo siguiente:
1.  La Comisión, sin perjuicio de las disposiciones sobre las cuestiones sustantivas relacionadas con los planes y las estrategias, podrá adoptar, mediante actos de ejecución, disposiciones en relación con lo siguiente:
Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a – parte introductoria
a)  las especificaciones operativas para la gestión de los datos contemplados en el artículo 10, siempre que no hayan sido establecidas por otra normativa de la UE, tal como las Directivas 2007/2/CE o 2008/56/CE, en relación con
a)  las especificaciones procedimentales para la gestión de los datos contemplados en el artículo 10, siempre que no hayan sido establecidas por otros actos jurídicos de la UE, tal como las Directivas 2007/2/CE o 2008/56/CE, en relación con
Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra a – guión 1
–  el intercambio de datos y la interfaz con los procesos ya existentes de recopilación y gestión de datos; y
–  el intercambio eficaz de datos y la interfaz con los sistemas ya existentes de procesos de recopilación y gestión de datos; y además
Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – parte introductoria
b)  las etapas operativas para la elaboración y la realización de informes sobre los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas en lo concerniente a:
b)  las etapas procedimentales que contribuyen a la elaboración y la realización de informes sobre los planes de ordenación marítima y las estrategias de gestión integrada de las costas en lo concerniente a:
Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – guión 3
–  las modalidades de cooperación transfronteriza;
–  las modalidades más eficaces de cooperación transfronteriza;
Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – letra b – guión 4
–  la consulta pública.
suprimido
Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2
2.  En los casos en que se haga referencia al apartado 1, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.
Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2
2.  Cuando los Estados miembros adopten la disposiciones mencionadas en el apartado 1, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2.  Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones mencionadas en el apartado 1, tras la entrada en vigor de esta Directiva, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4
4.  Los planes de ordenación marítima y las estrategias integradas de gestión de las costas mencionadas en el artículo 4, apartado 1, deberán elaborarse dentro de los 36 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva.
4.  Los planes de ordenación marítima y las estrategias integradas de gestión de las costas mencionadas en el artículo 4, apartado 1, deberán elaborarse dentro de los 48 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva.
Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 5
5.  Los informes mencionados en el artículo 15, apartado 1, se presentarán, a más tardar, 42 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva y, a continuación, cada seis años.
5.  Los informes mencionados en el artículo 15, apartado 1, se presentarán, a más tardar, 54 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva y, a continuación, cada seis años.
Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6
6.  El informe de situación mencionado en el artículo 15, apartado 3, se presentará, a más tardar, seis meses después de la fecha mencionada en el apartado 5 y, a continuación, cada seis años.
6.  El informe de situación mencionado en el artículo 15, apartado 3, se presentará, a más tardar, seis meses después de la fecha mencionada en el apartado 5 y, a continuación, cada cuatro años.
Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 6 bis (nuevo)
6 bis.  Las obligaciones relativas a la transposición contenidas en la presente Directiva no se aplicarán a los Estados miembros sin litoral.

(1) De conformidad con el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A7-0379/2013).


Modificación de determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))
P7_TA(2013)0589A7-0399/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0418),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 43, apartado 2, el artículo 114, el artículo 153, apartado 2, el artículo 168 y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0176/2013),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Vista la carta del Consejo de 10 de octubre de 2013(1),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 18 de septiembre de 2013(2),

–  Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0399/2013),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2013 con vistas a la adopción de la Directiva 2013/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión

P7_TC1-COD(2013)0192


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 43, apartado 2, 114, 153, apartado 2, 168 y 192, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  Mediante la Decisión 2012/419/UE(5), el Consejo Europeo modificó el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2014. Por consiguiente, con posterioridad a esta fecha, Mayotte dejará de ser un país o territorio de ultramar a efectos de lo dispuesto en el artículo 198 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y pasará a convertirse en una región ultraperiférica a efectos de lo dispuesto en el artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado del TFUE. A raíz de ese cambio del estatuto jurídico de Mayotte, la legislación de la Unión se aplicará a Mayotte a partir de esa fecha del 1 de enero de 2014. Es conveniente establecer varias medidas específicas que se justifican por la especial situación estructural de Mayotte en una serie de ámbitos en materia social, medioambiental y económica y por su nuevo estatuto de región ultraperiférica, en una serie de ámbitos. [Enm. 1]

(2)  Debe tenerse en cuenta la especial situación de Mayotte en lo que respecta al medio ambiente, que precisa importantes mejoras con el fin de cumplir los objetivos medioambientales establecidos en la legislación de la Unión, para lo cual se necesita más tiempo. Deben adoptarse medidas específicas a fin de mejorar gradualmente el medio ambiente dentro de unos plazos específicos.

(3)  Con el fin de cumplir los requisitos de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(6), deben tomarse medidas en Mayotte a fin de velar por que las aglomeraciones dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas. Estas medidas exigen obras de infraestructura que deben seguir los procedimientos administrativos y de planificación adecuados y que, además, requieren el establecimiento de sistemas de medición y control de los vertidos de aguas residuales urbanas. Por consiguiente, debe concederse a Francia un periodo suficiente de tiempo para cumplir estos requisitos.

(4)  En el ámbito de la agricultura, en lo que respecta a la Directiva 1999/74/CE del Consejo, de 19 de julio de 1999, por la que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras(7), se observa que, en Mayotte, las gallinas ponedoras se crían en jaulas no acondicionadas. Teniendo en cuenta los condicionantes económicos y sociales propios de Mayotte y las considerables inversiones y el trabajo preparatorio que se necesita para sustituir las jaulas no acondicionadas por jaulas acondicionadas o sistemas alternativos, es preciso, en lo que respecta a las gallinas ponedoras que estén poniendo el 1 de enero de 2014, aplazar la prohibición de utilización de jaulas no acondicionadas durante un periodo de hasta un máximo de 12 meses cuatro años a partir de dicha fecha. Por consiguiente, debe evitarse la sustitución de las jaulas durante el ciclo de puesta de las gallinas. Con el fin de evitar distorsiones de la competencia, los huevos procedentes de establecimientos que utilizan jaulas no acondicionadas solamente deben comercializarse en el mercado local de Mayotte. A fin de facilitar los controles necesarios, los huevos producidos en jaulas no acondicionadas deben llevar una marca especial. [Enm. 2]

(5)  En lo que respecta a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas(8), una aplicación adecuada de dicha Directiva en relación con los planes hidrológicos de cuenca exige que Francia adopte y ponga en práctica planes de gestión que contengan medidas técnicas y administrativas para conseguir un buen estado de las aguas, así como para evitar el deterioro de todas las masas de agua superficial. Debe concederse un periodo de tiempo suficiente para la adopción y la puesta en práctica de estas medidas.

(6)  En cuanto a la Directiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE(9), la situación actual de las aguas superficiales en Mayotte necesita importantes mejoras para cumplir los requisitos de dicha Directiva. La calidad de las aguas de baño depende directamente del tratamiento de las aguas residuales urbanas, y solamente es posible cumplir las disposiciones de la Directiva 2006/7/CE una vez que las aglomeraciones urbanas que afectan a la calidad de las aguas residuales urbanas cumplan los requisitos de la Directiva 91/271/CEE. Por consiguiente, deben adoptarse unos plazos específicos a fin de que Francia pueda aplicar las normas de la Unión en lo que respecta a la calidad de las aguas de baño en Mayotte como nueva región ultraperiférica y debido a su especial situación social, medioambiental y económica. [Enm. 3]

(7)  En el ámbito de la política social, deben tenerse en cuenta las dificultades para cumplir lo establecido en la Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales)(10) en Mayotte a partir del 1 de enero de 2014. Debido a su especial situación social y económica actual, en Mayotte no existen instalaciones técnicas para la aplicación de las medidas necesarias para cumplir lo establecido en dicha Directiva en el ámbito de la radiación óptica artificial. Por consiguiente, es posible adecuado conceder una excepción a Francia del cumplimiento de determinadas disposiciones de dicha Directiva hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre y cuando estas estructuras no estén disponibles en Mayotte y sin perjuicio de los principios generales de protección y prevención en el ámbito de la salud y la seguridad de los trabajadores. [Enm. 4]

(8)  Con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores en el trabajo, debe garantizarse la consulta de los interlocutores sociales, deben reducirse al mínimo los riesgos derivados de la excepción y los trabajadores afectados deben beneficiarse de una vigilancia reforzada de la salud. Es importante reducir la duración de la excepción lo máximo posible. Por consiguiente, deben examinarse cada año las medidas nacionales que establecen excepciones y retirarse tan pronto como las circunstancias que las justifiquen dejen de existir.

(9)  En lo que respecta a la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza(11), su transposición exige una serie de adaptaciones para garantizar la continuidad de la asistencia y la información a los pacientes. Por consiguiente, es apropiado conceder a Francia un periodo adicional de 30 meses a partir del 1 de enero de 2014 para poner en práctica las disposiciones necesarias a fin de cumplir dicha Directiva en lo que respecta a Mayotte.

(10)  Procede, por tanto, modificar las Directivas 91/271/CEE, 1999/74/CE, 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE y 2011/24/UE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificaciones de la Directiva 91/271/CEE

La Directiva 91/271/CEE queda modificada como sigue:

1)  En el artículo 3, se inserta el apartado 1 bis siguiente:"

«1 bis). No obstante lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del apartado 1, en lo que respecta a Mayotte, Francia velará por que todas las aglomeraciones urbanas dispongan de sistemas colectivos para las aguas residuales urbanas:

   a más tardar el 31 de diciembre de 2020 en el caso de las aglomeraciones con más de 10 000 15 000 equivalentes habitante, que cubran al menos el 70 % de la carga generada en Mayotte; [Enm. 5]
   a más tardar el 31 de diciembre de 2027 para todas las aglomeraciones de más de 2 000 equivalentes habitante..». [Enm. 6]

"

2)  En el artículo 4, se inserta el apartado 1 bis siguiente:"

«1 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en lo que respecta a Mayotte, Francia velará por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de verterse, de un tratamiento secundario o de un proceso equivalente:

   a más tardar el 31 de diciembre de 2020 para las aglomeraciones con más de 15 000 equivalentes habitante que, junto con las aglomeraciones mencionadas en el artículo 5, apartado 2 bis, cubran al menos el 70 % de la carga generada en Mayotte;
   a más tardar el 31 de diciembre de 2027 para todas las aglomeraciones de más de 2 000 equivalentes habitante.». [Enm. 7]

"

3)  El artículo 5 queda modificado como sigue:

a)  Se inserta el apartado 2 bis siguiente:"

«2 bis. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en lo que respecta a Mayotte, Francia velará por que las aguas residuales urbanas que entren en los sistemas colectores sean objeto, antes de ser vertidas en zonas sensibles, de un tratamiento más riguroso que el descrito en el artículo 4:

   a más tardar el 31 de diciembre de 2020 para las aglomeraciones con más de 10 000 15 000 equivalentes habitante que, junto con las aglomeraciones mencionadas en el artículo 4, apartado 1 bis, cubran al menos el 70 % de la carga generada en Mayotte; [Enm. 8]
   a más tardar el 31 de diciembre de 2027 para todas las aglomeraciones de más de 2 000 equivalentes habitante.». [Enm. 9]

"

(3 bis)  En el artículo 7, se añade el párrafo siguiente:"

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la fecha límite contemplada en el mismo será, respecto de Mayotte, el 31 de diciembre de 2027.». [Enm. 10]

"

4)  El artículo 17 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 1, se añade el párrafo siguiente:"

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en lo que respecta a Mayotte, Francia elaborará un programa para la aplicación de la presente Directiva a más tardar el 30 de junio de 2014.».

"

b)  En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:"

«No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, en lo que respecta a Mayotte, Francia proporcionará a la Comisión la información sobre el programa a más tardar el 31 de diciembre de 2014.».

"

Artículo 2

Modificación de la Directiva 1999/74/CE

En el artículo 5 de la Directiva 1999/74/CE, se añade el apartado 3 siguiente:"

«3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en Mayotte, las gallinas ponedoras que estén poniendo el 1 de enero de 2014 y que se críen en esa fecha en las jaulas contempladas en el presente capítulo, podrán seguir criándose en este tipo de jaulas hasta el 31 de diciembre de 2014 2017. [Enm. 11]

A partir del 1 de enero de 2014, no podrán construirse ni ponerse en servicio por primera vez en Mayotte las jaulas contempladas en el presente capítulo.

Los huevos procedentes de los establecimientos que críen gallinas ponedoras en las jaulas contempladas en el presente capítulo únicamente podrán comercializarse en el mercado local de Mayotte. Estos huevos y sus embalajes deberán estar claramente identificados con una marca especial, que permita realizar los controles necesarios. A más tardar el 1 de enero de 2014, deberá comunicarse a la Comisión una descripción clara de esta marca especial.».

"

Artículo 3

Modificaciones de la Directiva 2000/60/CE

La Directiva 2000/60/CEE queda modificada como sigue:

1)  El artículo 4 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 1, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en la letra a), incisos ii) y iii), la letra b), inciso ii) y la letra c), será el 22 de diciembre de 2021.».

"

b)  En el apartado 4, la frase introductoria se sustituye por la siguiente:"

«Los plazos establecidos en el apartado 1 podrán prorrogarse para la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de agua, siempre que no haya nuevos deterioros del estado de la masa de agua afectada, cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:».

"

2)  El artículo 11 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 7, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, los plazos mencionados en el párrafo primero serán el 22 de diciembre de 2015 y el 22 de diciembre de 2018 respectivamente.».

"

b)  En el apartado 8, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en el párrafo primero será el 22 de diciembre de 2021.».

"

3)  El artículo 13 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 6, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en el párrafo primero será el 22 de diciembre de 2015.».

"

b)  En el apartado 7, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en el párrafo primero será el 22 de diciembre de 2021.».

"

Artículo 4

Modificaciones de la Directiva 2006/7/CE

La Directiva 2006/7/CE queda modificada como sigue:

1)  El artículo 5 queda modificado como sigue:

a)  En el apartado 2, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en el párrafo primero será el 31 de diciembre de 2019.».

"

b)  En el apartado 3, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en el párrafo primero será el 31 de diciembre de 2031.».

"

2)  En el artículo 6, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en el párrafo primero será el 30 de junio de 2015.».

"

3)  En el artículo 13, apartado 2, se añade el párrafo siguiente:"

«En lo que respecta a Mayotte, el plazo mencionado en el párrafo primero será el 30 de junio de 2014.».

"

Artículo 5

Modificación de la Directiva 2006/25/CE

En la Directiva 2006/25/CE, se inserta el artículo 14 bis siguiente:"

«Artículo 14 bis

1.  Sin perjuicio de los principios generales de protección y prevención en el ámbito de la salud y la seguridad de los trabajadores, Francia podrá dejar de aplicar en Mayotte, hasta el 31 de diciembre de 2017, las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva en los casos en que esta aplicación precise instalaciones técnicas específicas y Mayotte no disponga de las mismas.

El párrafo primero no se aplica a las obligaciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, de la presente Directiva, ni a las disposiciones de la presente Directiva que reflejen los principios generales establecidos en la Directiva 89/391/CEE.

2.  Todas las excepciones de lo establecido en la presente Directiva que sean consecuencia de la aplicación de medidas vigentes el 1 de enero de 2014 o de la adopción de nuevas medidas irán precedidas de una consulta de los interlocutores sociales de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales. Estas excepciones se aplicarán con unas condiciones que, teniendo en cuenta las circunstancias específicas imperantes en Mayotte, garanticen que los riesgos resultantes para los trabajadores se reduzcan al mínimo y que los trabajadores disfruten de una vigilancia reforzada de la salud.

3.  Las medidas nacionales que introducen excepciones se examinarán cada año, previa consulta de los interlocutores sociales, y se retirarán tan pronto como dejen de existir las circunstancias que las justifican.».

"

Artículo 6

Modificación de la Directiva 2011/24/UE

En el artículo 21 de la Directiva 2011/24/UE, se añade el apartado 3 siguiente:"

«3. No obstante lo dispuesto en la primera frase del apartado 1, Francia pondrá en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva con respecto a Mayotte a más tardar el 30 de junio de 2016.».

"

Artículo 7

Transposición

1.  Francia adoptará y publicará las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva como sigue:

a)  en lo que respecta al artículo 1, apartados 1, 2 y 3, a más tardar el 31 de diciembre de 2018;

b)  en lo que respecta al artículo 1, apartado 4, a más tardar en las fechas contempladas en sus letras a) y b), respectivamente;

c)  en lo que respecta al artículo 2, a más tardar el 1 de enero de 2014;

d)  en lo que respecta al artículo 3, apartado 1, a más tardar el 31 de diciembre de 2018;

e)  en lo que respecta al artículo 3, apartados 2 y 3, a más tardar en las fechas mencionadas en el mismo;

f)  en lo que respecta al artículo 4, apartado 1, letra a), a más tardar el 31 de diciembre de 2018;

g)  en lo que respecta al artículo 4, apartado 1, letra b), a más tardar el 30 de junio de 2021;

h)  en lo que respecta al artículo 4, apartados 2 y 3, a más tardar en las fechas mencionadas en el mismo;

i)  en lo que respecta al artículo 5, a más tardar el 1 de enero de 2014, salvo en caso de que Francia no recurra a la posibilidad prevista en dicho artículo;

j)  en lo que respecta al artículo 6, a más tardar en la fecha contemplada en el mismo.

Francia comunicará inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando Francia adopte dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Francia establecerá las modalidades de la mencionada referencia.

2.  Francia comunicará a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopte en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 8

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se aplicará a partir del 1 de enero de 2014. [Enm. 12]

Artículo 9

Destinatario

El destinatario de la presente Directiva será la República Francesa.

Hecho en ...,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) Punto 4 del acta de 21 de octubre de 2013 (P7_PV(2013)10-21)
(2) DO C 341 de 21.11.2013, p. 97.
(3)DO C 341 de 21.11.2013, p. 97.
(4) Posición del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2013.
(5)DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.
(6)DO L 135 de 30.5.1991, p. 1.
(7)DO L 203 de 3.8.1999, p. 53.
(8)DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.
(9)DO L 64 de 4.3.2006, p. 37.
(10)DO L 114 de 27.4.2006, p. 38.
(11)DO L 88 de 4.4.2011, p. 45.


Acción de la Unión en favor de las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 (COM(2012)0407 – C7-0198/2012 – 2012/0199(COD))
P7_TA(2013)0590A7-0226/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0407),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 167, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0198/2012),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes del Comité de las Regiones, de 15 de febrero de 2012(1) y de 30 de noviembre de 2012(2),

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0226/2013),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidenta/Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2013 con vistas a la adopción de la Decisión n° …/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033y se deroga la Decisión nº 1622/2006/CE
[Enmienda 84(3)]

P7_TC1-COD(2012)0199


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 167, apartado 5, primer guión,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto los dictámenes del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) tiene por finalidad conseguir una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa y otorga a la Unión, entre otras cosas, la tarea de contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. A este respecto, la Unión, en caso necesario, apoya y complementa la acción de los Estados miembros para mejorar el conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos.

(2)  La Comunicación de la Comisión ▌sobre una Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de Globalización ▌, respaldada por el Consejo en una Resolución de 16 de noviembre de 2007 ▌(6)y por el Parlamento Europeo en su Resolución de 10 de abril de 2008(7), establece los objetivos de futuras actividades de la Unión en el ámbito de la cultura. Estas actividades deben promover la diversidad cultural y el diálogo intercultural. También deben promover la cultura como motor de creatividad en el marco del crecimiento y el empleo, y como elemento vital en las relaciones internacionales de la Unión.

(2 bis)  La Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, que entró en vigor el 18 de marzo de 2007 y de la que la Unión es Parte, tiene por objeto proteger y promover la diversidad cultural, fomentar la interculturalidad y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional e internacional.

(3)  La Decisión nº 1622/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8) ▌ estableció una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital europea de la cultura» para los años 2007 a 2019.

(4)  Las evaluaciones de las Capitales Europeas de la Cultura, así como la consulta pública sobre el futuro de este acontecimiento después de 2019, revelan que las Capitales se han convertido progresivamente en una de las iniciativas culturales más ambiciosas de Europa y una de las más apreciadas por los ciudadanos europeos.

(5)  Además de los objetivos originales de las Capitales Europeas de la Cultura, a saber, resaltar la riqueza y la diversidad de las culturas europeas y sus rasgos comunes y promover un mayor entendimiento entre los ciudadanos europeos, las ciudades que han llevado este título también han añadido progresivamente una nueva dimensión aprovechando su efecto multiplicador para estimular su desarrollo en términos más generales de conformidad con sus respectivas estrategias y prioridades.

(6)  Los objetivos de la acción de las Capitales Europeas de la Cultura están en total sintonía con los del programa Europa Creativa establecido por el Reglamento (UE) n° 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(9), que tiene como finalidad proteger, desarrollar y promover la diversidad cultural y lingüística europea, promover el patrimonio cultural europeo y reforzar la competitividad de los sectores cultural y creativo europeos, en particular del sector audiovisual, con vistas a apoyar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Contribuyen asimismo a reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio cultural común y estimulan el diálogo intercultural y el entendimiento.

(6 bis)  Con objeto de alcanzar dichos objetivos, es importante que las ciudades que ostentan el título intenten desarrollar vínculos entre, por una parte sus sectores cultural y creativo y, por otra, sectores como la educación, la investigación, el medio ambiente, el desarrollo urbano o el turismo cultural. En particular, el pasado ha demostrado el potencial de las Capitales Europeas de la Cultura como catalizadores del desarrollo local y el turismo cultural, como se destaca en la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2010, titulada «Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco político para el turismo europeo», acogida con satisfacción por el Consejo en sus conclusiones de 12 de octubre de 2010(10) y aprobada por el Parlamento Europeo en su Resolución de 27 de septiembre de 2011(11).

(6 ter)  Es asimismo importante que las ciudades que ostentan el título intenten promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades, así como que hagan todo lo que esté en sus manos a fin de velar por la mayor participación posible de todos los componentes de la sociedad civil en la preparación y ejecución del programa cultural, prestando especial atención a los grupos marginados y desfavorecidos.

(7)  Las evaluaciones y la consulta pública han mostrado de manera convincente que las Capitales Europeas de la Cultura pueden dar muchos beneficios si se planifican cuidadosamente. Constituyen ante todo y principalmente una iniciativa cultural, pero también pueden aportar importantes beneficios sociales y económicos, en particular cuando están integradas en una estrategia de desarrollo cultural a largo plazo de la ciudad de que se trate.

(8)  Sin embargo, la acción de lasCapitales Europeas de la Cultura es también un reto difícil. Organizar todo un año de actividades culturales es una tarea exigente, y algunas Capitales Europeas de la Cultura han conseguido rentabilizar mejor que otras su potencial. Por tanto, conviene reforzar la acción para ayudar a todas las ciudades a aprovecharlo al máximo.

(9)  El título de Capital Europea de la Cultura debe seguir estando reservado a las ciudades, con independencia de su dimensión, pero para aumentar su repercusión y llegar a un público más amplio, las ciudades deben también mantener la posibilidad de implicar a sus zonas circundantes.

(10)  La adjudicación del título de Capital Europea de la Cultura debe seguir basándose en un programa cultural con una fuerte dimensión europea elaborado específicamente para la Capital Europea de la Cultura ▌.El programa también debeintegrarse en una estrategia a más largo plazo con efectos sostenibles en el desarrollo económico, cultural y social a escala local.

(11)  El proceso de selección en dos fases basado en una lista cronológica de Estados miembros y llevado a cabo por un Comité ▌de Expertos Independientes (el «Comité») ha demostrado ser justo y transparente. Ha permitido a las ciudades mejorar sus solicitudes entre las fases de preselección y de selección final gracias al asesoramiento especializado recibido del Comité Europeo y ha garantizado una distribución equitativa de las Capitales Europeas de la Cultura entre todos los Estados miembros. Además, a fin de proteger la continuidad de la acción y evitar la pérdida de experiencia y conocimientos que se derivaría de la sustitución simultánea de todos los miembros del Comité, debe escalonarse la sustitución de los miembros de este.

(11 bis)  Se han de seguir garantizando los conocimientos nacionales brindando a los Estados miembros la posibilidad de nombrar hasta dos expertos para el Comité responsable de la selección y el seguimiento de las ciudades.

(12)  Los criterios de selección deben ser más explícitos, para orientar mejor a las ciudades candidatas sobre los objetivos y requisitos que deben cumplir con objeto de obtener el título de Capital Europea de la Cultura. Los criterios de selección deben ser asimismo más sencillos para ayudar al Comité ▌en la selección y el seguimiento de las ciudades. A este respecto, se debe prestar una atención particular a los planes de las ciudades candidatas relativos a actividades en materia de legado integradas en una estrategia de política cultural a largo plazo, que pueden tener efectos culturales, económicos y sociales sostenibles.

(13)  La fase de preparación entre la designación de una ciudad y el año del título es vital para el éxito de la Capital Europea de la Cultura. Existe un amplio consenso entre las partes interesadas en que las medidas de acompañamiento introducidas por la Decisión nº 1622/2006/CE han resultado muy útiles para las ciudades. Estas medidas deben seguir desarrollándose, en particular con reuniones de seguimiento y visitas más asiduas a las ciudades por parte de los miembros del Comité Europeo y mediante un intercambio de experiencias aún más intenso entre Capitales Europeas de la Cultura anteriores, presentes y futuras, así como con las ciudades candidatas. Las ciudades designadas pueden desarrollar asimismo ulteriores vínculos con otras Capitales Europeas de la Cultura.

(14)  El Premio Melina Mercouri ha adquirido un fuerte valor simbólico que supera con creces la cuantía real del premio que puede conceder la Comisión. Sin embargo, para asegurarse de que las ciudades designadas cumplan sus compromisos, las condiciones de pago del premio deben formularse de manera más rigurosa y explícita.

(14 bis)  Cuando proceda, las ciudades candidatas deben estudiar la posibilidad de intentar utilizar ayuda financiera de programas y fondos de la Unión.

(15)  Es importante que las ciudades de que se trate indiquen claramente en todo su material de comunicación que Capitales Europeas de la Cultura es una acción de la Unión.

(16)  Las evaluaciones por parte de la Comisión de los resultados de anteriores Capitales Europeas de la Cultura no pueden aportar datos de primera mano sobre el impacto del título y se basan en datos recogidos a nivel local. En consecuencia, las propias ciudades deben ser los agentes clave del proceso de evaluación y adoptar mecanismos de medición eficaces.

(17)  Las experiencias del pasado han mostrado que la participación de los países candidatos puede contribuir a aproximarlos a la Unión, destacando los aspectos comunes de las culturas europeas. Por consiguiente, las Capitales Europeas de la Cultura deben abrirse de nuevo a la participación de los países candidatos y potencialmente candidatos después de 2019.

(17 bis)  No obstante, por motivos de justicia con las ciudades de los Estados miembros, toda ciudad de un país candidato o potencialmente candidato solo debe estar autorizada a participar en un concurso durante el período 2020 a 2033. Asimismo, también por motivos de justicia con los Estados miembros, un país candidato o potencialmente candidato solo podrá acoger el título una vez durante el período 2020 a 2033. Por consiguiente, las ciudades de dichos países candidatos o potencialmente candidatos que ya hayan obtenido el título durante el período cubierto por la presente Decisión no estarán autorizadas a participar en concursos posteriores durante el mismo período.

(18)  A efectos de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de la presente Decisión, en particular las disposiciones relativas a la designación de las Capitales Europeas de la Cultura, deben concederse poderes de aplicación a la Comisión.

(19)  La Decisión nº 1622/2006/CE debe derogarse y sustituirse por la presente Decisión. No obstante, sus disposiciones deben seguir aplicándose hasta 2019 a todas las Capitales Europeas de la Cultura ya designadas o en proceso de designación.

(20)  Dado que los objetivos de la presente Decisión, a saber, proteger y promover la diversidad de las culturas de Europa y resaltar sus características comunes, así como fomentar la contribución de la cultura al desarrollo a largo plazo de las ciudades, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros habida cuenta de la necesidad, en particular, de criterios y procedimientos comunes claros y transparentes para la selección y el seguimiento de las Capitales Europeas de la Cultura, así como de una buena coordinación entre los Estados miembros, sino que, debido a la magnitud y a los efectos que se esperan de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Establecimiento

Se establece una acción de la Unión denominada«Capitales Europeas de la Cultura»(la «acción») para los años 2020 a 2033.

Artículo 2

Objetivos

1.  Los objetivos generales de la acción serán los siguientes:

a)  proteger y promover la diversidad de las culturas en Europa y destacar sus características comunes, así como potenciar el sentimiento de los ciudadanos de pertenecer a un espacio cultural común;

b)  fomentar la contribución de la cultura al desarrollo a largo plazo de las ciudades,de conformidad con sus respectivas estrategias y prioridades.

2.  Los objetivos específicos de la acción serán los siguientes:

a)  aumentar la amplitud, la diversidad y la dimensión europea de la oferta cultural en las ciudades, en particular a través de la cooperación transnacional;

b)  ampliar el acceso y la participación culturales;

c)  reforzar la capacidad del sector cultural y sus vínculos con otros sectores;

d)  realzar el perfil internacional de las ciudades a través de la cultura.

Artículo 3

Acceso a la acción

-1. En el concurso para la obtención del título de Capital Europea de la Cultura solo podrán participar ciudades, que podrán asociar a sus zonas circundantes.

-1 bis. El número de Capitales Europeas de la Cultura en un año determinado (el «año del título») no será superior a tres.

La designación se aplicará cada año a un máximo de una ciudad de cada uno de los dos Estados miembros que figuren en el calendario que aparece en el anexo («el calendario») y, en los años pertinentes, a una ciudad de los países candidatos y potencialmente candidatos o a una ciudad de un país que se adhiera a la Unión en las condiciones que se especifican en el apartado 3 bis.

1.  Las ciudades de los Estados miembros podrán ser designadas Capitales Europeas de la Cultura durante un año, según el calendario.

3.  Las ciudades de los países candidatos y potencialmente candidatos que, en la fecha de publicación de la convocatoria de presentación de solicitudes a que se hace referencia en el artículo 10, participen en el programa Europa Creativa o en posteriores programas de la Unión de apoyo a la cultura podrán solicitar el título de Capital Europea de la Cultura para un año en el marco de un concurso abierto organizado cada tres años ▌según el calendario ▌.

▌Las ciudades de los países candidatos y potencialmente candidatos solamente estarán autorizadas a participar en un concurso durante el período 2020 a 2033.

Además, cada país candidato o potencialmente candidato solo podrán acoger el título una vez durante el período 2020 a 2033.

3 bis.  Los países que se adhieran a la Unión después de la adopción de la presente Decisión pero antes del 31 de diciembre de 2026 tendrán derecho aacogerel título de Capital Europea de la Cultura con arreglo a las normas y los procedimientos aplicables a los Estados miembros a los siete años de su adhesión. El calendario se actualizará en consecuencia.Los países que se adhieran a la Unión después del 31 de diciembre de 2026 no tendrán derecho a participar en tanto que Estados miembros en la presente acción de Capital Europea de la Cultura.

No obstante, en los años en que, según el calendario, ya haya tres Capitales Europeas de la Cultura, las ciudades de los países que se adhieran a la Unión solo tendrán derecho a acoger el título de Capital Europea de la Cultura en el siguiente año disponible, en el orden de su adhesión.

Si una ciudad de un país que se adhiera a la Unión ha participado anteriormente en un concurso para países candidatos y potencialmente candidatos, no podrá participar en ningún concurso posterior para los Estados miembros.Si una ciudad de un país adherente ha sido designada Capital Europea de la Cultura durante el período 2020 a 2033 conforme a lo dispuesto en el apartado 3, después de su adhesión dicho país no tendrá derecho a designar a otra de sus ciudades como Capital Europea de la Cultura en virtud de la presente acción.

Si más de un país se adhiere a la Unión en la misma fecha y si no hay acuerdo sobre el orden de participación en la acción entre dichos países, el Consejo organizará un sorteo.

Artículo 4

Solicitudes

2.  La Comisión elaborará un formulario de solicitud común, basado en los criterios establecidos en el artículo 5 (el «formulario de solicitud»), que deberán utilizar todas las ciudades candidatas. Cuando una ciudad asocie a su zona circundante, la solicitud se presentará con el nombre de la ciudad.

3.  Cada solicitud estará basada en un programa cultural con una fuerte dimensión europea. El programa cultural durará un año y se elaborará específicamente para el título de Capital Europea de la Cultura, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 5. ▌

Artículo 5

Criterios

Los criterios para la evaluación de las solicitudes (los «criterios») se dividen en seis categorías: «contribución a la estrategia a largo plazo», ▌«dimensión europea», «contenido cultural y artístico», «capacidad para alcanzar los objetivos», «trabajo de proximidad» y «gestión».

1.  Por lo que respecta a la «contribución a la estrategia a largo plazo», se tendrán en cuenta los siguientes factores:

a)  el hecho de que en el momento de la solicitud ya se aplique una estrategia ▌cultural para la ciudad, lo que incluye la acción de las Capitales Europeas de la Cultura y los planes para el apoyo a las actividades culturales después del año del título;

b)  los planes para reforzar la capacidad de los sectores cultural y creativo, incluido el desarrollo a largo plazo del vínculo entre los sectores cultural, económico y social de la ciudad de que se trate;

d)  el impacto cultural, social y económico, incluido el desarrollo urbano, que se prevé que el título tendrá a largo plazo en la ciudad;

e)  los planes para el seguimiento y la evaluación del impacto del título en la ciudad así como para la difusión de los resultados de la evaluación.

4.  Por lo que respecta a la «dimensión europea», se evaluarán los siguientes factores:

a)  el alcance y la calidad de las actividades de promoción de la diversidad cultural de Europa, el diálogo intercultural y un mayor entendimiento entre los ciudadanos europeos;

b)  el alcance y la calidad de las actividades que resaltan los aspectos comunes de las culturas, el patrimonio y la historia de Europa, así como la integración europea y cuestiones europeas de actualidad;

c)  el alcance y la calidad de las actividades realizadas con artistas europeos, la cooperación con operadores o ciudades de distintos países, incluidas, en su caso, otras Capitales Europeas de la Cultura, y las asociaciones transnacionales;

d)  la estrategia para atraer el interés de un amplio público europeo e internacional.

4 bis.  Por lo que respecta al «contenido cultural y artístico», se evaluarán los factores siguientes:

a)  una visión y una estrategia artísticas claras y coherentes con respecto al programa cultural del año;

b)  la participación de artistas locales y organizaciones culturales en la elaboración y aplicación del programa cultural;

c)  la amplitud y la diversidad de actividades propuestas y su calidad artística general;

d)  la capacidad de combinar el patrimonio cultural local y las formas de arte tradicionales con expresiones culturales nuevas, innovadoras y experimentales.

4 ter.  Por lo que respecta a la «capacidad para alcanzar los objetivos», las ciudades candidatas deberán demostrar que:

a)  la solicitud cuenta con un amplio y firme apoyo político y con un compromiso sostenible de las autoridades locales, regionales y nacionales;

b)  la ciudad tiene o tendrá infraestructuras adecuadas y viables para acoger el título.

5.  Por lo que respecta al «trabajo de proximidad», se evaluarán los siguientes factores:

a)  la implicación de la población local y de la sociedad civil en la preparación de la solicitud y la puesta en práctica de la Capital Europea de la Cultura;

b)  la creación de oportunidades nuevas y duraderas para que una amplia franja de ciudadanos pueda asistir a actividades culturales o participar en ellas, especialmente los jóvenes, los voluntarios y las personas marginadas y desfavorecidas, incluidas las minorías. Se prestará también una atención particular ▌al acceso a estas actividades de las personas con discapacidades y las personas mayores;

c)  la estrategia global para ampliar la audiencia, en particular el vínculo con la educación y la participación de los colegios.

6.  Por lo que respecta a la «gestión», se evaluarán los siguientes factores:

a)  la viabilidad de la estrategia de obtención de fondos y del presupuesto propuesto, que incluirá, cuando proceda, planes para utilizar ayuda financiera de programas y fondos de la Unión. Dicho presupuesto cubrirá la fase de preparación, el año del título en sí, la evaluación y las provisiones para las actividades relativas al patrimonio y los planes de contingencia;

b)  la estructura de gobernanza y gestión prevista para llevar a cabo la manifestación de la Capital Europea de la Cultura, que incluirá disposiciones para una adecuada cooperación entre la autoridad local y la estructura de gestión, con inclusión del equipo artístico;

c)  los procedimientos de nombramiento del director general y el director artístico y sus campos de acción;

d)  la estrategia de comercialización y comunicación, que deberá ser completa y destacar el hecho de que las Capitales europeas de la cultura son una acción de la Unión.

d bis)  la existencia de una estructura de gestión que cuente con un personal poseedor de la capacidad y experiencia adecuadas para planificar, gestionar y ejecutar el programa cultural correspondiente al año del título.

Artículo 6

Comité de expertos

1.   Se creará un Comité ▌de Expertos Independientes («el Comité ▌») para llevar a cabo los procedimientos de selección y seguimiento.

1 bis.  El comité estará compuesto por 10 expertos designados por las instituciones y organismos de la Unión de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 («expertos europeos»).

Además, para la selección y seguimiento de la ciudad de un Estado miembro, el Estado miembro interesado tendrá derecho a nombrar hasta dos expertos (los «expertos nacionales»), de acuerdo con sus propios procedimientos y en consulta con la Comisión.

2.  ▌

Tras organizar una convocatoria de manifestaciones de interés, la Comisión propondrá una reserva de posibles expertos europeos.

Posteriormente, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deberán seleccionar a tres expertos cada uno dentro de la reserva y nombrarlos de acuerdo con sus procedimientos respectivos. El Comité de las Regiones seleccionará a un experto de la reserva y lo nombrará de acuerdo con sus procedimientos.

Al seleccionar a los expertos europeos, cada una de estas instituciones y organismos de la Unión procurará garantizar la complementariedad de las competencias,una distribución geográfica y por sexos equilibrada en la composición general del comité.

2 bis.  Todos los expertos deberán ser ciudadanos de la Unión. Serán expertos independientes y poseerán gran experiencia y amplios conocimientos en el sector cultural, en el desarrollo cultural de las ciudades o en la organización de una Capital Europea de la Cultura o de un evento cultural internacional de ámbito y alcance similares. Asimismo, deberán poder dedicar un número adecuado de días de trabajo al año al comité.

El comité designará a su presidente.

3.  Los expertos europeos serán nombrados por un período de tres años.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, por lo que respecta a la primera constitución del comité, el Parlamento Europeo nombrará a sus ▌expertos por un período de tres años, el Consejo por un año, la Comisión por dos años y el Comité de las Regiones por un año ▌.

4.  Todos los expertos del comité ▌deberán declarar todo conflicto de intereses real o potencial en relación con una ciudad candidata concreta. Si un experto hace esta declaración, o se descubre la existencia de tal conflicto, dicho expertodeberá dimitir y la institución u organismo de la Unión o Estado miembro de que se trate sustituirá a dicho miembro por el resto del mandato, de conformidad con el procedimiento correspondiente.

5.  La Comisión hará públicos, en su sitio web, todos los informes del comité.

Artículo 7

Presentación de las solicitudes en los Estados miembros

1.  Cada Estado miembro será responsable de la organización del concurso entre sus ciudades, de acuerdo con el calendario ▌.

2.  Los Estados miembros publicarán una convocatoria de presentación de solicitudes al menos seis años antes del ▌año del título.

No obstante lo anterior, los Estados miembros con derecho a designar una Capital Europea de la Cultura en 2020 publicarán dicha convocatoria lo antes posible después del ...(12)

Cada convocatoria de presentación de solicitudes, destinada a las ciudades candidatas al título, deberá incluir el formulario de solicitud ▌.

El plazo de presentación de las solicitudes por parte de las ciudades candidatas concluirá no antes de diez meses después de la publicación de su convocatoria.

3.  Los Estados miembros notificarán las solicitudes a la Comisión.

Artículo 8

Preselección en los Estados miembros

1.  Cada ▌Estado miembro interesado convocará al comité ▌a una reunión de preselección con las ciudades candidatas al menos cinco años antes del ▌año del título.

2.  El comité ▌, tras evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios, consensuará una lista restringida de las ciudades candidatas ▌y emitirá un informe sobre la preselección relativo a todas las solicitudes en el que, entre otras cosas, se formularán recomendaciones dirigidas a las ciudades candidatas incluidas en la lista restringida.

3.  El comité ▌presentará el informe de preseleccióna los Estados miembros de que se trate y a la Comisión. El mencionado Estado miembro aprobará formalmente la lista restringida sobre la base del informe del Comité Europeo.

Artículo 9

Selección en los Estados miembros

1.  Las ciudades candidatas que figuren en la lista restringida cumplimentarán y revisarán sus solicitudes a fin de cumplir con los criterios y de tener en cuenta las recomendaciones incluidas en elinforme de preselección, y las presentaránal Estado miembro correspondiente, que a su vez las transmitirá a la Comisión.

2.  Cada Estado miembro convocará al comité ▌a una reunión de selección final con las ciudades candidatas de la lista restringida a más tardar nueve meses después de la reunión de preselección.

Cuando sea necesario, el Estado miembro de que se trate, en consulta con la Comisión, podrá ampliar el citado plazo por un período razonable.

3.  El comité ▌evaluará las solicitudes cumplimentadas y revisadas.

4.  El comité ▌emitirá un informe sobre la selección de las solicitudes con una recomendación de nombramiento de una ciudad del Estado miembro en cuestión como Capital Europea de la Cultura. Sin embargo, si ninguna de las ciudades candidatas cumple todos los criterios establecidos, el comité ▌podrá recomendar que no se conceda el título ese año.

El informe de selección incluirá también recomendaciones para la ciudad ▌correspondiente acerca de las mejoras que deberá hacer hasta el año del título.

El comité presentará el informe de selección al Estado miembro de que se trate y a la Comisión. ▌

Artículo 10

Preselección y selección en los países candidatos y potencialmente candidatos

1.  La Comisión será responsable de la organización del concurso entre ciudades en los países candidatos y potencialmente candidatos.

2.  La Comisión publicará una convocatoria de presentación de solicitudes en el Diario Oficial de la Unión Europea al menos seis años antes del ▌año del título. ▌

Cada convocatoria de presentación de solicitudes, destinada a las ciudades candidatas al título, deberá incluir el formulario de solicitud.

El plazo de presentación de las solicitudes concluirá no antes de diez meses después de la publicación de su convocatoria.

4.  El comité ▌efectuará la preselección de las ciudades al menos cinco años antes del ▌año del título, sobre la base del formulario de solicitud ▌. No se organizará ninguna reunión con las ciudades candidatas.

El comité ▌, tras evaluar las solicitudes de acuerdo con los criterios, consensuará una lista restringida de las ciudades candidatas ▌y emitirá un informe sobre la preselección relativo a todas las solicitudes en el que, entre otras cosas, se formularán recomendaciones dirigidas a las ciudades candidatas incluidas en la lista restringida. El comité presentará su informe de preselección a la Comisión ▌.

5.  Las ciudades candidatas que figuren en la lista restringida cumplimentarán y revisarán sus solicitudes a fin de cumplir con los criterios y de tener en cuenta las recomendaciones incluidas en el informe sobre la preselección, y las presentarán a la Comisión.

La Comisión convocará al comité ▌a una reunión de selección final con las ciudades de la lista restringida a más tardar nueve meses después de la reunión de preselección. Cuando sea necesario, la Comisión podrá ampliar el citado plazo por un período razonable.

El comité ▌evaluará las solicitudes cumplimentadas y revisadas.

Emitirá un informe sobre la selección de las solicitudes de las ciudades candidatas de la lista restringida, junto con una recomendación para el nombramiento como Capital Europea de la Cultura de un máximo de una ciudad por país candidato o potencialmente candidato

Sin embargo, si ninguna de las ciudades candidatas cumple todos los criterios establecidos, el comité ▌podrá recomendar que no se conceda el título ese año.

El informe de selección incluirá también recomendaciones para la ciudad ▌correspondiente acerca de las mejoras ▌que deberá hacer hasta el año del título.

El comité presentará su informe de selección a la Comisión ▌.

Artículo 11

Designación

La Comisión designará oficialmente, mediante actos de ejecución, las Capitales Europeas de la Cultura, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones del comité ▌. Informará de estas designaciones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones.

Artículo 12

Cooperación entre las ciudades designadas

Las ciudades designadas para el mismo año procurarán establecer vínculos entre sus programas culturales y podrá considerarse la cooperación en el marco del procedimiento de seguimiento según se establece en el artículo 13.

Artículo 13

Seguimiento

1.  El comité ▌hará un seguimiento de la preparación de las Capitales Europeas de la Cultura y dará apoyo y orientaciones a las ciudades desde el momento de su designación hasta el comienzo del año del título.

2.  A tal fin, la Comisión convocará tres reuniones a las que asistirán el comité ▌y las ciudades interesadas ▌: la primera tendrá lugar tres años antes del ▌año del título, la segunda se celebrará 18 meses antes del ▌año del título y la tercera, dos meses antes del ▌año del título. El Estado miembro o el país candidato o potencialmente candidato podrá nombrar a un observador para que asista a estas reuniones.

Las ciudades transmitirán informes de situación a la Comisión seis semanas antes de cada una de estas reuniones.

Durante las reuniones, el comité ▌hará balance de los preparativos y asesorará a las ciudades para ayudarles a elaborar un programa cultural de calidad y establecer una estrategia eficaz. El Comité Europeo prestará especial atención a las recomendaciones formuladas en el informe de selección y en los anteriores informes de seguimiento.

3.  Después de cada reunión, el comité ▌emitirá un informe sobre el estado de los preparativos y toda medida que deba adoptarse.

El comité transmitirá sus informes de seguimiento a la Comisión, así como a las ciudades y Estados miembros o países interesados.

4.  Además de las reuniones de seguimiento, la Comisión podrá organizar visitas ▌del comité ▌ a las ciudades designadas cuando sea necesario.

Artículo 14

Premio

1.  ▌La Comisión podrá conceder un premio pecuniario (el "premio") en honor de Melina Mercouri a una ciudad designada, sujeto a la financiación disponible a título del marco financiero plurianual correspondiente.

Los aspectos jurídicos y financieros del premio se abordarán en el marco de los respectivos programas de la Unión de apoyo a la cultura.

2.  ▌El premio se abonará a finales demarzo del año del título a más tardar, siempre que la ciudad interesada siga cumpliendo los compromisos que asumió en la fase de solicitud, se ajuste a los criterios y tenga en cuenta las recomendaciones formuladas en los informes de selección y de seguimiento ▌.

Los compromisos contraídos en la fase de solicitud se considerarán mantenidos por la ciudad designada si no se aporta ningún cambio sustancial al programa ni a la estrategia entre la fase de solicitud y el año del título, en particular si:

a)  el presupuesto se ha mantenido en un nivel que permita realizar un programa cultural de alta calidad acorde con la solicitud y los criterios;

b)  se ha respetado adecuadamente la independencia del equipo artístico;

c)  la dimensión europea se ha mantenido suficientemente fuerte en la versión final del programa cultural;

d)  la estrategia de publicidad y comunicación y el material de comunicación utilizados por la ciudad designada reflejan claramente que la acción Capitales Europeas de la Cultura es una iniciativa de la Unión;

e)  se han adoptado en la ciudad de que se trate los planes para el seguimiento y la evaluación de los efectos del título.

Artículo 15

Disposiciones prácticas

En particular, la Comisión:

a)  garantizará la coherencia global de la acción;

b)  garantizará la coordinación entre los Estados miembros y el comité ▌;

c)  elaborará directrices, teniendo en cuenta los objetivos y criterios, para facilitar los procedimientos de selección y seguimiento, en estrecha colaboración con el comité ▌;

d)  prestará apoyo técnico al comité ▌;

e)  hará pública toda la información pertinente y contribuirá a la visibilidad de la acción a escala europea e internacional;

f)  favorecerá el intercambio de experiencia y buenas prácticas entre Capitales Europeas de la Cultura anteriores, presentes y futuras, así como con las ciudades candidatas, y promoverá una divulgación más amplia de los informes de evaluación de las ciudades y de las lecciones extraídas.

Artículo 16

Evaluación

1.  La evaluación de los resultados de cada Capital Europea de la Cultura será responsabilidad de la ▌ciudad interesada.

La Comisión establecerá directrices e indicadores comunes para las ciudades sobre la base de los objetivos y criterios ▌, a efectos de garantizar un planteamiento coherente sobre el procedimiento de evaluación.

Las ciudades deberán elaborar sus informes de evaluación y transmitirlos a la Comisión a más tardar el 31 de diciembre del año siguiente al año del título. La Comisión hará públicos los informes de evaluación en su sitio web.

2.  Además de las evaluaciones de las ciudades, la Comisión se asegurará de que se proceda a una evaluación externa e independiente periódica de los resultados de la acción. ▌

Las evaluaciones externas e independientes se dedicarán principalmente a situar todas las Capitales Europeas de la Cultura anteriores en un contexto europeo, lo que permitirá hacer comparaciones y sacar conclusiones útiles para futuras Capitales Europeas de la Cultura, y para todas las ciudades europeas. También evaluarán la acción en su conjunto, con inclusión de la eficiencia de los procesos utilizados en su gestión, su impacto ▌y la forma de mejorarla.

La Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones los siguientes informes basados en esas evaluaciones, acompañados, en su caso, de las correspondientes propuestas:

a)  un primer informe ▌intermedio, a más tardar el 31 de diciembre de 2024;

b)  un segundo informe ▌intermedio, a más tardar el 31 de diciembre de 2029;

c)  un informe ▌ex post, a más tardar el 31 de diciembre de 2034.

Artículo 17

Derogación y disposiciones transitorias

Queda derogada la Decisión no 1622/2006/CE. No obstante, seguirá siendo de aplicación en el caso de las ciudades que hayan sido designadas o estén en proceso de ser designadas Capitales Europeas de la Cultura para los años 2012 a 2019.

Artículo 18

Entrada en vigor

La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en ▌

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

Calendario

2020

Croacia

Irlanda

2021

Rumanía

Grecia

País candidato o potencialmente candidato

2022

Lituania

Luxemburgo

2023

Hungría

Reino Unido

2024

Estonia

Austria

País candidato o potencialmente candidato

2025

Eslovenia

Alemania

2026

Eslovaquia

Finlandia

2027

Letonia

Portugal

País candidato o potencialmente candidato

2028

República Checa

Francia

2029

Polonia

Suecia

2030

Chipre

Bélgica

País candidato o potencialmente candidato

2031

Malta

España

2032

Bulgaria

Dinamarca

2033

Países Bajos

Italia

País candidato o potencialmente candidato

(1) DO C 113 de 18.4.2012, p. 17.
(2) DO C 17 de 19.1.2013, p. 97.
(3) Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
(4)DO C 113 de 18.4.2012, p. 17 y DO C 17 de 19.1.2013, p. 97.
(5) Posición del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2013.
(6) DO C 287 de 29.11.2007, p. 1.
(7)DO C 247 E de 15.10.2009, p. 32.
(8)Decisión nº 1622/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación Capital Europea de la Cultura para los años 2007 a 2019 (DO L 304 de 3.11.2006, p. 1).
(9)Reglamento (UE) n°  1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y por el que se derogan las Decisiones n° 1718/2006/CE, n° 1855/2006/CE y n° 1041/2009/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 221).
(10)14944/10.
(11) OJ C 56 E, 26.2.2013, p. 41.
(12)Fecha de entrada en vigor de la presente Decisión.


Modificación de determinados reglamentos en el ámbito de la pesca y la salud animal debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican determinados reglamentos en el ámbito de la pesca y la salud animal debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión (COM(2013)0417 – C7-0175/2013 – 2013/0191(COD))
P7_TA(2013)0591A7-0425/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0417),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 43, apartado2, y 168, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0175/2013),

–  Vistos los artículos 349 y 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

–  Vista la carta del Consejo de 10 de octubre de 2013(1),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social de 18 de septiembre de 2013(2),

–  Vistos los artículos 55 y 37 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0425/2013),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2013 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican determinados reglamentos en el ámbito de la pesca y la salud animal debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión

P7_TC1-COD(2013)0191


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 43, apartado 2, y su artículo 168, apartado 4, letra b), y su artículo 349, [Enm. 1]

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  Mediante la Decisión 2012/419/UE(5), el Consejo Europeo modificó el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2014. Por consiguiente, con posterioridad a esta fecha, Mayotte dejará de ser un territorio de ultramar y pasará a convertirse en una región ultraperiférica a efectos de lo dispuesto en el artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). A raíz de ese cambio del estatuto jurídico de Mayotte, la legislación de la Unión se aplicará a Mayotte a partir del 1 de enero de 2014. Es conveniente establecer varias medidas específicas que se justifican por la especial situación estructural, social y económica de Mayotte en una serie de ámbitos la que inciden el alejamiento, la insularidad, el pequeño tamaño, la accidentada topografía y el clima. [Enm. 2]

(2)  Deben modificarse los siguientes reglamentos en el ámbito de la pesca y la salud animal.

(3)  En lo que respecta al Reglamento (CE) nº 850/98 del Consejo, de 30 de marzo de 1998, para la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas de protección de los juveniles de organismos marinos(6), deberían incluirse las aguas que rodean Mayotte dentro del ámbito de aplicación de dicho Reglamento y debería prohibirse el uso de redes de cerco de jareta en bancos de túnidos y especies afines dentro del área de 24 millas náuticas desde las líneas de base de la isla a fin de proteger los bancos de grandes peces migratorios en las inmediaciones de la isla de Mayotte. [Enm. que no afecta a todas las versiones lingüísticas]

(4)  En cuanto al Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura(7), debido a que los sistemas de comercialización de Mayotte están muy fragmentados y poco desarrollados, la aplicación de las normas sobre el etiquetado de los productos de la pesca impondría en los minoristas una carga que es desproporcionada en relación con la información que se transmitiría al consumidor. Por consiguiente, es pertinente prever una excepción temporal de las normas relativas al etiquetado de los productos de la pesca ofrecidos a la venta al por menor al consumidor final en Mayotte.

(5)  En lo que se refiere al Reglamento (CE) nº 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común(8), deberían introducirse medidas específicas en relación con el registro de la flota y el régimen de acceso.

(6)  En primer lugar, una parte importante de la flota que enarbola pabellón de Francia y que opera a partir del Departamento Francés de Mayotte está formada por buques de menos de 9 10 metros que están dispersos por la isla, no tienen lugares de desembarque específicos y todavía deben ser identificados, medidos y equipados con dispositivos de seguridad mínimos para ser incluidos en el registro de buques pesqueros de la Unión Europea; en consecuencia, Francia no podrá completar este registro antes del 31 de diciembre de 2016 2020. No obstante, Francia debe instaurar un registro provisional de la flota que garantice una identificación mínima de los buques de este segmento con el fin de evitar la proliferación de buques pesqueros informales. [Enm. 4]

(7)  En segundo lugar, es necesario para la protección de la sensible situación ecológica y biológica de las aguas que rodean Mayotte y para la preservación de la economía local de dicha isla, teniendo en cuenta su situación estructural, social y económica, limitar determinadas actividades pesqueras en estas aguas a los buques registrados en los puertos de dicha isla. [Enm. 5]

(8)  Por lo que respecta al Reglamento (CE) nº 639/2004 del Consejo, de 30 de marzo de 2004, sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad(9), una característica específica de Mayotte es que no se ha establecido ningún objetivo para su flota con arreglo al Reglamento (CE) nº 2371/2002 en relación con el programa de orientación plurianual del periodo 1997-2002. Desde el punto de vista de la conservación de los recursos pesqueros, es conveniente congelar la capacidad pesquera de las flotas a los niveles actuales, especialmente para el segmento de los grandes buques con una gran capacidad pesquera. Sin embargo, en cuanto a los buques de menor tamaño, teniendo en cuenta que Francia presentó a la Comisión del Atún para el Océano Índico (CAOI) un plan de desarrollo en el que se indica la evolución prevista de la flota basada en Mayotte, respecto al cual ninguna parte contratante de la CAOI, incluida la Unión, ha formulado objeciones, es conveniente, dadas las actuales circunstancias sociales y económicas especiales de Mayotte, utilizar los objetivos de dicho plan como niveles de referencia para la capacidad de la flota registrada en los puertos de Mayotte y permitir que Francia incremente su flota hasta los objetivos de su plan de desarrollo. [Enm. 6]

(9)  En lo que se refiere al Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/2002(10), cabe señalar que Mayotte carece de capacidad industrial para la transformación de los subproductos animales. Por consiguiente, es conveniente conceder a Francia un periodo de cinco años con el fin de establecer la infraestructura necesaria para la identificación, la manipulación, el transporte, el tratamiento y la eliminación de los subproductos animales en Mayotte respetando plenamente el Reglamento (CE) nº 1069/2009.

(10)  En lo que respecta al Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) nº 847/96, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 811/2004, (CE) nº 768/2005, (CE) nº 2115/2005, (CE) nº 2166/2005, (CE) nº 388/2006, (CE) nº 509/2007, (CE) nº 676/2007, (CE) nº 1098/2007, (CE) nº 1300/2008 y (CE) nº 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2847/93, (CE) nº 1627/94 y (CE) nº 1966/2006(11), no parece que Francia se encuentre en una posición que le permita cumplir todas las obligaciones de control de la Unión para el segmento «Mayotte. Especies pelágicas y demersales. Longitud < 9m10m» de la flota de Mayotte en la fecha en que Mayotte se convierta en una región ultraperiférica. Los buques de este segmento, distribuidos por toda la isla, no tienen lugares de desembarque específicos y todavía deben ser identificados. Además, es necesario impartir formación a los pescadores y los controladores, así como crear una infraestructura administrativa y física adecuada. Por consiguiente, es necesario prever una excepción temporal de determinadas normas relativas al control de los buques pesqueros y sus características, sus actividades en el mar, sus artes y sus capturas en todas las fases desde el buque hasta el mercado en relación con dicho segmento de la flota. Sin embargo, a fin de alcanzar al menos algunos de los objetivos más importantes del Reglamento (CE) nº 1224/2009, Francia debe establecer un sistema de control nacional que le permita controlar y supervisar las actividades de este segmento de la flota y cumplir las obligaciones internacionales en materia de información de la Unión. [Enm. 7]

(11)  Procede, por tanto, modificar los Reglamentos (CE) nº 850/98, (CE) nº 104/2000, (CE) nº 2371/2002, (CE) nº 639/2004, (CE) nº 1069/2009 y (CE) nº 1224/2009 en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Modificaciones del Reglamento (CE) nº 850/98

El Reglamento (CE) nº 850/98 queda modificado como sigue:

1)  En el artículo 2, apartado 1, la letra h) se sustituye por el texto siguiente:"

«h) Región 8:

Todas las aguas situadas en alta mar frente a las costas de los departamentos franceses de La Reunión y Mayotte que se encuentren bajo la soberanía o jurisdicción de Francia.».

"

1 bis)  En el artículo 2, se inserta el apartado siguiente:"

«3 bis) El «Parque Marino Natural de Mayotte» comprende toda la zona económica exclusiva de Mayotte (68 381 km2). En su parte terrestre, el Parque se extiende hasta lo alto de la marisma que se corresponde con el límite del dominio público marino.» [Enm. 8]

"

2)  Tras el artículo 34, se añade el artículo 34 bis siguiente:"

«Artículo 34 bis

Restricciones aplicables a las actividades de pesca en la zona costera de 24 millas alrededor de la isla de Mayotte

Queda prohibido que los buques utilicen cualquier tipo de redes de cerco de jareta en bancos de túnidos y especies afines dentro de las zonas costeras de 24 millas náuticas alrededor de la isla de Mayotte, medidas a partir de las líneas de base que sirven para delimitar las aguas territoriales. [Enm. que no afecta a todas las versiones lingüísticas]

Queda prohibida la pesca bajo los dispositivos de concentración de peces a la deriva y bajo los grandes mamíferos marinos (dispositivos naturales de concentración de peces) en todo el Parque Marino Natural de Mayotte.». [Enm. 10]

"

Artículo 2

Modificación del Reglamento (CE) nº 104/2000

En el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 104/2000 se inserta el siguiente apartado 3 bis tras el apartado 3:"

«3 bis. Hasta el 16 31 de diciembre de 20162021, los apartados 1, 2 y 3 no se aplicarán a los productos ofrecidos para su venta al por menor al consumidor final en Mayotte.». [Enm. 11]

"

Artículo 3

Modificaciones del Reglamento (CE) nº 2371/2002

El Reglamento (CE) nº 2371/2002 queda modificado como sigue:

1)  En el artículo 15, se añaden los apartados siguientes:"

«5. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, Francia estará exenta hasta el 31 de diciembre de 2016 2021 de la obligación de incluir en su registro de buques pesqueros de la Unión los buques cuya eslora total sea inferior a 9 10 metros y que operen a partir de Mayotte. [Enm. 12]

6.  Hasta el 31 de diciembre de 2016 2021, Francia llevará un registro provisional de los buques pesqueros cuya eslora total sea inferior a 9 10 metros y que operen a partir de Mayotte. Dicho registro contendrá, para cada buque, al menos su nombre, su eslora total y un código de identificación.». [Enm. 13]

"

2)  Tras el artículo 18, se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 18 bis

Mayotte

No obstante lo dispuesto en el artículo 17, Francia podrá adoptar las medidas de conservación que considere necesarias para la conservación de los recursos naturales protegidos por la legislación relativa al establecimiento del Parque Marino Natural de Mayotte, incluidas medidas para restringir la pesca en las aguas hasta 100 millas náuticas a partir de las líneas de base de Mayotte y en todo ese Parque a los buques pesqueros registrados en los puertos de Mayotte, bien en el registro de buques de la Unión o bien en el registro provisional a que hace referencia el artículo 15, apartado 6, excepto para los buques de la Unión que, en los dos años anteriores al 1 de enero de 2014, hayan pescado en estas aguas durante al menos 40 días, en la medida en que no superen el esfuerzo pesquero tradicionalmente realizado.». [Enm. 14]

"

Artículo 4

Modificación del Reglamento (CE) nº 639/2004

En el Reglamento (CE) nº 639/2004 tras el artículo 1 se inserta el artículo siguiente :"

«Artículo 1 bis

Flota de Mayotte

1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1, letra a), los niveles de referencia para los buques pesqueros registrados en los puertos de Mayotte, bien en el registro de buques de la Unión o bien en el registro provisional a que hace referencia el artículo 15, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 2371/2002, serán la capacidad de dicha flota a 31 de diciembre de 2013.

Sin embargo, para los buques pesqueros cuya eslora total sea de entre 8 y 12 metros y que usen palangres y los buques pesqueros cuya eslora total sea inferior a 9 10 metros, el nivel de referencia será la capacidad prevista en el plan de desarrollo presentado por Francia a la Comisión del Atún para el Océano Índico el 7 de enero de 2011. [Enm. 15]

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) nº 2371/2002, se autorizará a Francia a introducir nueva capacidad en los segmentos de la flota definidos para buques pesqueros cuya eslora total sea de entre 8 y 12 metros y que usen palangres y los buques pesqueros cuya eslora total sea inferior a 9 10 metros sin que se retire una capacidad equivalente.». [Enm. 16]

"

Artículo 5

Modificación del Reglamento (CE) nº 1069/2009

En el Reglamento (CE) nº 1069/2009, el artículo 56 se sustituye por el texto siguiente:"

«Artículo 56

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Se aplicará a partir del 4 de marzo de 2011.

No obstante, el artículo 4 se aplicará a Mayotte a partir del 1 de enero de 2019 1 de enero de 2021. Los subproductos animales y los productos derivados generados en Mayotte antes del 1 de enero de 2019 1 de enero de 2021 serán eliminados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, letra b). [Enm. 17]

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.».

"

Artículo 6

Modificación del Reglamento (CE) nº 1224/2009

En el Reglamento (CE) nº 1224/2009 tras el artículo 2 se inserta el artículo siguiente:"

«Artículo 2 bis

Aplicación del régimen comunitario de control a determinados segmentos de la flota del Departamento francés de Ultramar la región ultraperiférica de Mayotte [Enm. 18]

1.  Hasta el 31 de diciembre de 2016 2021, el artículo 5, apartado 3, y los artículos 6, 8, 41, 56, 58 a 62, 66, 68 y 109 no se aplicarán a Francia en lo que respecta a los buques pesqueros cuya eslora total sea inferior a 9 metros 10 metros y que operen a partir de Mayotte, ni a sus actividades y sus capturas. [Enm. 19]

2.  A más tardar el 1 de enero de 2014 2015, Francia establecerá un régimen nacional de control aplicable a los buques pesqueros cuya eslora total sea inferior a 9 10 metros y que operen a partir de Mayotte. Este régimen deberá cumplir los siguientes requisitos: [Enm. 20]

   a) una única autoridad, ubicada en Mayotte, coordinará las actividades de control de todas las autoridades locales;
   b) el control, la inspección y la ejecución se llevarán a cabo de una manera no discriminatoria;
   c) el régimen deberá garantizar el control de las capturas de especies gestionadas por la Comisión del Atún para el Océano Índico y de especies protegidas;
   d) el régimen deberá garantizar el control del acceso a las aguas que rodean Mayotte, en particular a las zonas sujetas a restricciones de acceso aplicables a determinados segmentos de la flota;
   e) el régimen establecerá como prioridad el objetivo de cartografiar las actividades pesqueras alrededor de la isla con el fin de preparar las bases para una actuación específica en materia de control.

3.  A más tardar el 30 de septiembre de 2014 2015, Francia presentará a la Comisión un plan de acción en el que se establezcan las medidas que deben tomarse a fin de garantizar la plena aplicación del Reglamento (CE) nº 1224/2009 a partir del 1 de enero de 2017 2018 en lo que respecta a los buques pesqueros cuya eslora total sea inferior a 9 10 metros y que operen a partir del Departamento Francés de Mayotte en tanto que región ultraperiférica. Este plan de acción será objeto de un diálogo entre Francia y la Comisión. Francia tomará todas las medidas necesarias para poner en práctica este plan de acción.». [Enm. 21]

"

Artículo 7

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea1 enero 2014. [Enm. 22]

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ...., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) Apartado 4 del Acta de 21 de octubre de 2013 (P7_PV(2013)10-21).
(2) DO C 341 de 21.11.2013, p. 97.
(3)DO C 341 de 21.11.2013, p. 97.
(4) Posición del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2013.
(5)DO L 204 de 31.7.2012, p. 131.
(6)DO L 125 de 27.4.1998, p. 1.
(7)DO L 17 de 21.1.2000, p. 22.
(8)DO L 320 de 5.12.2001, p. 7.
(9)DO L 102 de 7.4.2004, p. 9.
(10)DO L 300 de 14.11.2009, p. 1.
(11)DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.


Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: modificación de los anexos I, II y IV del Reglamento (UE) nº 978/2012 por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas
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Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, de no presentar objeciones al Reglamento delegado de la Comisión, de 30 de octubre de 2013, por el que se modifican los anexos I, II y IV del Reglamento (UE) nº 978/2012 por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (C(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
P7_TA(2013)0592B7-0547/2013

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento delegado de la Comisión (C(2013)07167),

–  Vista la carta de la Comisión de 25 de noviembre de 2013, por la que le solicita que declare que no presentará objeciones al Reglamento delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Comercio Internacional al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 2 de diciembre de 2013,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) nº 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo(1), y, en particular, su artículo 3, apartado 2, su artículo 5, apartado 3, y su artículo 17, apartado 2,

–  Visto el artículo 87 bis, apartado 6, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Comisión ha subrayado que es esencial que el Parlamento adopte su decisión antes del 16 de diciembre de 2013, dado que es necesario publicar el Reglamento delegado antes del 1 de enero de 2014 para que se pueda proceder a la oportuna reincorporación de Myanmar/Birmania al SPG y a la inclusión de Sudán del Sur en el mismo;

1.  Declara que no presentará objeciones al Reglamento delegado;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.


Llamamiento en favor de un compromiso mensurable y vinculante contra la evasión y la elusión fiscales en la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la necesidad de asumir un compromiso mensurable y vinculante contra la evasión y la elusión fiscales en la UE (2013/2963(RSP))
P7_TA(2013)0593B7-0552/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal (COM(2012)0722),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, sobre la planificación fiscal agresiva(1),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 6 de diciembre de 2012, relativa a las medidas encaminadas a fomentar la aplicación, por parte de terceros países, de normas mínimas de buena gobernanza en el ámbito fiscal(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de junio de 2012, sobre formas concretas de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, también en relación con terceros países (COM(2012)0351),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales(3),

–  Vista su Resolución, de 19 de abril de 2012, sobre la necesidad de adoptar medidas concretas para combatir el fraude y la evasión fiscales(4),

–  Vistas las Conclusiones del Ecofin y su informe al Consejo Europeo sobre cuestiones fiscales, de 22 de junio de 2012,

–  Vistas las Conclusiones del Ecofin sobre evasión y fraude fiscales, de 14 de mayo de 2013,

–  Vista la declaración de los líderes del G20 efectuada tras la Cumbre de San Petersburgo celebrada los días 5 y 6 de septiembre de 2013,

–  Visto el comunicado emitido tras la reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 celebrada en Moscú los días 15 y 16 de febrero de 2013,

–  Visto el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 2013 titulado «Addressing Base Erosion and Profit Shifting» («Cómo hacer frente a la erosión de la base y la transferencia de beneficios»),

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, según las estimaciones, cada año deja de recaudarse en la UE un billón de euros en potenciales ingresos fiscales debido al fraude, la evasión y la elusión fiscales, sin que se tome ninguna medida concreta para evitarlo;

B.  Considerando que el fraude y la evasión fiscales constituyen una actividad ilegal que supone esquivar responsabilidades fiscales, mientras que, por otra parte, la elusión fiscal es una utilización legal del régimen tributario para reducir o evitar responsabilidades fiscales que a veces conduce a una planificación fiscal agresiva consistente en aprovecharse indebidamente de los aspectos técnicos de un sistema tributario o de los desajustes entre dos o más sistemas tributarios para reducir la responsabilidad fiscal;

C.  Considerando que solo la armonización de la base fiscal entre Estados miembros evitaría la elusión fiscal;

D.  Considerando que los potenciales aumentos de ingresos colocarían a los Estados miembros en una mejor posición para equilibrar sus presupuestos y aumentaría los fondos disponibles para el fomento de la inversión pública, el crecimiento y el empleo, factores socioeconómicos fundamentales en cualquier estrategia sostenible de salida de la crisis que pueda desarrollar la UE;

E.  Considerando que la magnitud de la evasión y la elusión fiscales socava la confianza de los ciudadanos en la justicia y la legitimidad de las administraciones públicas y de sus sistemas impositivos;

F.  Considerando que en numerosos casos las medidas nacionales unilaterales se han revelado ineficientes e insuficientes, poniendo de manifiesto que se precisa un enfoque coordinado y múltiple basado en estrategias y objetivos concretos fijados a nivel nacional, comunitario e internacional;

G.  Considerando que la consolidación fiscal exige esfuerzos de los presupuestos públicos, tanto en la parte de los ingresos como en la de los gastos; que un equilibrio adecuado entre bases tributarias y tipos impositivos es fundamental para garantizar la estabilidad y la competitividad fiscales a escala nacional y de la UE;

1.  Saluda que la Comisión y el Consejo estén dispuestos a abordar la cuestión de la brecha fiscal en Europa centrándose, entre otros, en la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva;

2.  Saluda las recientes propuestas de la Comisión de extender el intercambio automático de información, luchar contra el fraude en materia de IVA y modificar la Directiva sobre matrices y filiales, pensadas para reducir la elusión fiscal en Europa cerrando los resquicios legales existentes que algunas empresas han utilizado para eludir el justo pago de su parte de las contribuciones fiscales;

3.  Recuerda su urgente petición a los Estados miembros de que se comprometan a alcanzar el objetivo ambicioso, pero realista, de reducir al menos a la mitad la brecha fiscal para 2020;

4.  Insiste en que, en el actual período de recuperación de la crisis, unos objetivos concretos y un verdadero compromiso para combatir la evasión y la elusión fiscales eliminando la brecha fiscal pueden generar un muy necesario aumento de los ingresos fiscales recuperando los impuestos adeudados;

5.  Pide a la Comisión que inicie un estudio sobre posibles indicadores que sirva de base para reducir el fraude, la evasión y la elusión fiscales y, si procede, para establecer una serie normalizada de indicadores para medir la evasión y la elusión fiscales;

6.  Pide a la Comisión que introduzca una serie de objetivos concretos para reducir la brecha fiscal a escala nacional y europea, siendo el objetivo principal la reducción de la brecha fiscal para 2020;

7.  Sugiere que estas metas se incorporen a la Estrategia Europa 2020, si procede, y pide a la Comisión que examine si se les podría asignar una función clara dentro del Semestre Europeo;

8.  Pide a la Comisión, a este respecto, que examine también si los programas nacionales de reforma y los programas de convergencia y estabilidad podrían ampliarse para incorporar estas metas y medidas y alcanzar así la deseada reducción de la brecha fiscal;

9.  Subraya la urgente necesidad de una mejor coordinación, y destaca que un impulso común para reducir la brecha fiscal daría contenido a las promesas del Consejo de luchar contra la evasión y la elusión fiscales;

10.  Pide a la Comisión que informe cada año al Parlamento y al Consejo sobre los progresos realizados en la UE y en todo el mundo en la lucha contra el fraude y la evasión fiscales y la planificación fiscal agresiva, y que publique en su sitio web ejemplos concretos de mejores prácticas en este ámbito;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

(1) DO L 338 de 12.12.2012, p. 41.
(2) DO L 338 de 12.12.2012, p. 37.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0205.
(4) DO C 258 E, de 7.9.2013, p. 53.


Progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos
PDF 142kWORD 60k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní (2013/2924(RSP))
P7_TA(2013)0594B7-0555/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3 y 6 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 8, 9, 10 y 19, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales y, en particular, su artículo 21,

–  Vistos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas de 1992,

–  Vista la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico,

–  Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros,

–  Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la situación de las mujeres romaníes en la Unión Europea(1),

–  Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (Decisión Marco sobre el racismo y la xenofobia),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación de la población gitana y sobre la libre circulación en la Unión Europea(2),

–  Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní(3),

–  Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la vivienda social en la Unión Europea(4),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre el refuerzo de la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos motivados por el odio(5),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 5 de abril de 2011, titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173) y las Conclusiones del Consejo Europeo de 24 de junio de 2011,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de mayo de 2012, sobre las Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos: un primer paso para la aplicación del marco de la UE (COM(2012)0226),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de junio de 2013, sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales para la inclusión de los gitanos (COM(2013)0454),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 26 de junio de 2013, de Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros (COM(2013)0460),

–  Visto su estudio de enero de 2011 sobre medidas para promover la situación de los ciudadanos romaníes de la UE en la Unión Europea,

–  Visto el estudio de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, presentado en mayo de 2012, titulado «La situación de la población romaní en los Estados miembros»,

–  Vista la audiencia sobre el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos celebrada en el Parlamento Europeo el 18 de septiembre de 2013,

–  Visto el informe de la Comisión, de 4 de septiembre de 2013, sobre las desigualdades en salud en la Unión Europea (SWD(2013)0328),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(6),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, sobre las inversiones en salud (SWD(2013)0043),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de octubre de 2009, titulada «Solidaridad en materia de salud: reducción de las desigualdades en salud en la UE» (COM(2009)0567),

–  Vista la pregunta formulada a la Comisión sobre los progresos en la aplicación de las estrategias nacionales de integración de los gitanos (O-000117/2013 – B7‑0528/2013),

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos;

B.  Considerando que la población romaní es objeto de discriminación en toda Europa y que su situación socioeconómica y en lo que respecta a los derechos fundamentales es en muchos casos peor que la de la población no romaní en situaciones comparables;

C.  Considerando que los recientes acontecimientos en los Estados miembros de la UE, los actos de violencia contra los romaníes, la falta de políticas de inclusión adecuadas, el uso de una retórica antirromaní sesgada, la discriminación estructural y sistémica, las claras infracciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y la falta de investigación y enjuiciamiento judiciales cuando se cometen violaciones de los derechos fundamentales han demostrado que el racismo contra la población romaní sigue siendo frecuente en la UE y que debe abordarse más enérgicamente a todos los niveles;

D.  Considerando que la pobreza y la exclusión social entre muchos romaníes ha alcanzado un nivel crítico que limita las perspectivas de vida de las familias romaníes y pone a los jóvenes romaníes en riesgo de caer en la pobreza desde una edad muy temprana;

E.  Considerando que las actitudes negativas de la población no romaní con respecto a la población romaní y la discriminación manifiesta contribuyen a la exclusión de los romaníes;

F.  Considerando que la creciente exclusión de la población romaní es perjudicial para el crecimiento y aumenta los déficits presupuestarios públicos;

G.  Considerando que las desigualdades sociales y las disparidades regionales conducen a un empeoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales; que una mala gestión del desarrollo urbano acentúa y contribuye al aumento de la pobreza urbana;

H.  Considerando que la Comunicación de la Comisión de 2013 sobre los pasos hacia la aplicación de estrategias nacionales de integración de la población romaní muestra que los Estados miembros han realizado pocos avances en la aplicación de sus estrategias nacionales de integración de la población romaní, incluso en lo que se refiere al establecimiento de condiciones estructurales previas para su aplicación efectiva;

I.  Considerando que el grupo de trabajo interno creado por la Comisión en 2010 examinó el uso de los fondos de la UE para la integración de la población romaní en 18 países y concluyó que los Estados miembros no utilizan correctamente la financiación de la UE y que, aunque los fondos de la UE tienen un considerable potencial para reforzar la integración de los romaníes, los puntos de congestión a nivel nacional, regional y local les impiden fomentar una verdadera integración social y económica de los mismos;

J.  Considerando que en la mayoría de los Estados miembros la representación legítima de la población romaní y la participación de las organizaciones pertinentes de la sociedad civil en la planificación, la aplicación y el seguimiento de las estrategias nacionales siguen siendo insuficientes;

K.  Considerando que la participación de las autoridades locales y regionales en el desarrollo, la aplicación, el seguimiento, la evaluación y la revisión de las políticas relativas a la población romaní es un elemento esencial para la aplicación efectiva de las estrategias nacionales de integración de la población romaní, teniendo en cuenta que constituyen el nivel de gobernanza sobre el que recae la mayor parte de las responsabilidades concretas para la integración de la población romaní, pero que el grado en que los Estados miembros les hacen participar es bajo;

L.  Considerando que la asignación de recursos financieros específicos debe ir acompañada de una verdadera voluntad política por parte de los Estados miembros, puesto que esta es una condición imprescindible para el éxito de la aplicación de las estrategias, y que solo unos pocos Estados miembros aplican un enfoque integrado a la asignación de recursos con cargo a los fondos nacionales y de la UE, mientras que en otros la ejecución de la estrategia nacional se retrasa, debido a la infrautilización de los fondos de la UE, especialmente por la falta de medidas concretas;

M.  Considerando que el importe total de los fondos europeos dedicados específicamente a la integración de la población romaní sigue siendo confuso; que es fundamental, por tanto, que la Comisión siga supervisando la manera en que los Estados miembros gastan los fondos de la UE y obtenga garantías sobre la correcta utilización de los mismos;

N.  Considerando que la correcta supervisión y la evaluación sistemática y coherente de los resultados de las medidas de integración de la población romaní representan un factor crucial para la ejecución eficaz de las estrategias nacionales de integración de la población romaní, y que menos de la mitad de los Estados miembros han previsto algún mecanismo para regular la presentación de informes y la evaluación regulares;

O.  Considerando que el marco de la UE prevé la creación de puntos de contacto nacionales para la integración de la población romaní en cada uno de los Estados miembros y hace hincapié en que dichos puntos de contacto deberían estar plenamente facultados para coordinar eficazmente la integración de la población romaní en todos los ámbitos de acción;

P.  Considerando que los Estados miembros deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que no se discrimine a la población romaní y que sus derechos humanos, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como en la legislación de la UE, sean respetados, protegidos y promovidos;

Q.  Considerando que la población romaní sufre discriminación y exclusión social, y que debe prestarse una atención especial a los menores y a las mujeres dentro de las comunidades romaníes, en particular en lo que se refiere a sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la educación y a la integridad física, así como a la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, consagrados en los artículos 3 y 5 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

R.  Considerando que la eficacia de la lucha contra los prejuicios y las actitudes negativas contra los romaníes implica fuertes campañas de sensibilización, iniciativas que fomenten el diálogo intercultural y la cooperación, y el desarrollo de un apoyo mayoritario a la integración de los romaníes;

S.  Considerando que los miembros de la población romaní que son ciudadanos de la Unión Europea deben gozar y poder ejercer plenamente los derechos y deberes asociados a la ciudadanía europea;

1.  Condena enérgicamente la discriminación y el racismo contra la población romaní, y lamenta el hecho de que en la Unión Europea todavía no se respeten siempre plenamente los derechos fundamentales de los romaníes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que luchen contra la discriminación y garanticen que las Directivas pertinentes de la UE, tales como las Directivas 2000/43/CE y 2012/29/UE(8), se transpongan y apliquen adecuadamente;

2.  Pide a la Comisión que establezca un mecanismo de seguimiento eficaz a escala de la Unión sobre los derechos fundamentales de los romaníes, los incidentes contra la población romaní y los delitos motivados por el odio contra la población romaní, y que emprenda una acción decidida — ncluso mediante procedimientos de infracción, cuando proceda— en casos de vulneración de los derechos fundamentales de los romaníes en los Estados miembros, especialmente en caso de denegación del acceso a los derechos económicos y sociales y de su ejercicio y en caso de violación, del derecho a la libertad de circulación y de residencia, del derecho a acceder a la asistencia sanitaria y la educación, del derecho a la igualdad y a no sufrir discriminación (incluida la discriminación múltiple), del derecho a la protección de los datos personales y de la prohibición de la creación de registros basados en la etnia y la raza;

3.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de desarrollar una herramienta en línea para ayudar a las autoridades locales a comprender y aplicar los derechos de libre circulación de los ciudadanos de la UE; condena, sin embargo, cualquier intento de limitar de forma ilegal el derecho a la libre circulación de la población romaní y pide a los Estados miembros que pongan fin a las expulsiones ilegales;

4.  Condena todas las formas de racismo contra la población romaní, y, en particular, la incitación al odio en el discurso público y político; insta a los Estados miembros a que renueven su compromiso con la lucha contra el racismo contra la población romaní, conscientes de la capacidad de este de debilitar la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní; insta a todas las partes a que se abstengan de declaraciones antirromaníes que inciten al odio;

5.  Pide a los Estados miembros que investiguen y pongan fin a la elaboración de perfiles étnicos, los abusos policiales y otras violaciones de los derechos humanos contra los romaníes, que garanticen que los delitos basados en actitudes sesgadas se castiguen y se registren e investiguen correctamente y se brinde a las víctimas la asistencia y la protección adecuadas, y que creen programas específicos para la formación de la policía y de otros funcionarios públicos que trabajan con las comunidades romaníes;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden el problema de la falta de registros y certificados de nacimiento para la comunidad romaní residente en la UE;

7.  Pide a los Estados miembros que proporcionen una respuesta eficaz a la exclusión de los romaníes mediante la aplicación de las medidas que figuran en sus estrategias nacionales de integración de la población romaní con unos objetivos, calendarios, y presupuestos asignados concretos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan participar activamente a los representantes de la población romaní y de la sociedad civil en el desarrollo, la gestión, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de políticas en relación con las estrategias nacionales de integración y los proyectos que afectan a sus comunidades, mediante la creación de mecanismos de diálogo regular y transparente con arreglo a los principios del «Código de conducta europeo sobre asociación»; pide a los Estados miembros que identifiquen en sus estrategias nacionales de integración de la población romaní cómo se proponen exactamente capacitar y hacer participar a la población romaní en el proceso; pide a la Comisión que apoye los esfuerzos de los Estados miembros por aumentar la sensibilización entre los representantes de la población romaní sobre las oportunidades que ofrecen las estrategias nacionales de integración de la población romaní, y los anime a desempeñar un papel más activo en el proceso de integración;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una financiación suficiente para el desarrollo de una sociedad civil romaní sólida que tenga la capacidad, los conocimientos y la experiencia necesarios para llevar a cabo tareas de seguimiento y evaluación;

9.  Pide a la Comisión que incremente los esfuerzos actuales de colaboración con los Estados miembros, las autoridades locales y otros actores pertinentes, a fin de garantizar una comunicación eficaz sobre la ejecución de las estrategias nacionales y los beneficios de la integración social de la población romaní, promover el diálogo intercultural y las campañas de sensibilización que intentan poner fin a los prejuicios y las actitudes negativas contra la población romaní cambiando las mentalidades, y facilitar las iniciativas que consigan un apoyo mayoritario a las políticas que promueven la integración de los romaníes;

10.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que hagan hincapié en la dimensión de género en las estrategias nacionales de integración de la población romaní, y hagan participar a las mujeres romaníes y a los jóvenes romaníes en el proceso de aplicación y seguimiento de dichas estrategias;

11.  Insta a los Estados miembros a que hagan participar a las autoridades locales y regionales en la revisión, gestión, ejecución y seguimiento de sus estrategias nacionales, y a que asistan y ayuden a las autoridades locales y regionales en cuanto a las medidas que deben tomar para la realización de la integración de la población romaní en el marco de los cuatro pilares de las estrategias nacionales, así como en la aplicación de medidas de lucha contra la discriminación;

12.  Pide a los Estados miembros que presenten datos desagregados con la ayuda de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, el PNUD y el Banco Mundial sobre la situación socioeconómica de la población romaní, el grado en que esta sufre discriminación por su origen étnico y los delitos motivados por el odio cometidos contra ellos, respetando plenamente las normas de protección de datos y el derecho a la intimidad, y que desarrollen, en cooperación con la Comisión, indicadores de base y objetivos mensurables que son esenciales para un sólido sistema de supervisión con el fin de garantizar una información fiable sobre los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales y en la mejora de la situación de la población romaní, con especial atención a los menores y mujeres; pide a la Comisión que refuerce el papel de coordinación de la Agencia, y que utilice plenamente sus capacidades;

13.  Pide a la Comisión que defina un calendario y objetivos e indicadores claros y cuantificables para la aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní en los Estados miembros, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, para ayudar a los Estados miembros a mejorar su capacidad de absorción de los fondos de la UE, y para preparar los informes por países y las recomendaciones específicas para cada país;

14.  Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta los aspectos multidimensional y territorial de la pobreza, movilicen recursos presupuestarios suficientes de los presupuestos nacionales y de los programas de la UE, sobre todo del Fondo Social Europeo, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, entre otros mediante el uso del desarrollo local participativo «Community-Led Local Development», de los planes de acción conjuntos, de las inversiones territoriales integradas y de las operaciones integradas con el fin de alcanzar los objetivos señalados en sus estrategias nacionales de integración de la población romaní, desarrollen programas integrados multisectoriales y multifondos para las microrregiones más necesitadas, incluyan la integración de la población romaní en los acuerdos de asociación para el período de programación 2014-2020, y establezcan sus programas operativos para el fomento de la igualdad de oportunidades y la prevención de la discriminación y la segregación;

15.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan programas de subvención especiales en forma de pequeños fondos flexibles para proyectos comunitarios y para movilizar a las comunidades locales en torno a los problemas de integración social;

16.  Pide a los Estados miembros que adapten sus políticas generales de educación, empleo, vivienda y salud a los objetivos de las estrategias nacionales de integración de la población romaní;

17.  Pide a la Comisión y a su grupo de trabajo sobre la población romaní que sigan evaluando cómo gastan los Estados miembros los fondos de la UE asignados a la integración de la población romaní, así como el impacto de sus políticas nacionales sobre las condiciones de vida de la población romaní, que informen de sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo con periodicidad anual, y que propongan maneras concretas de mejorar la eficacia de los fondos de la UE en los informes; pide a la Comisión que facilite las aportaciones estructuradas de expertos y de la sociedad civil, y que garantice una cooperación eficaz entre la plataforma para la integración de la población romaní y las presidencias de turno de la UE;

18.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación externa periódica de la incidencia de la financiación de la UE en la integración social de la población romaní, que identifique las buenas prácticas y los proyectos satisfactorios realizados con ayuda de fondos de la UE, y que garantice su viabilidad a largo plazo;

19.  Pide a los Estados miembros que colaboren con las autoridades locales y regionales, a fin de eliminar la segregación espacial, poner fin a los desalojos forzosos ilícitos y prevenir las situaciones de carencia de hogar a las que se enfrenta la población romaní en la actualidad, y que establezcan asimismo unas políticas eficaces e integradoras en materia de vivienda, facilitando también un alojamiento adecuado, así como una asistencia social y sanitaria, en caso de desalojo;

20.  Pide a los Estados miembros que aprovechen la planificación urbana con fines de integración y de lucha contra la segregación, y que desarrollen la calidad de la infraestructura y el medio ambiente en las ciudades más afectadas por los desequilibrios sociales, y que refuercen los vínculos entre las zonas urbanas y las zonas rurales, con miras a fomentar un desarrollo integrador;

21.  Pide a los Estados miembros que eliminen la segregación en el ámbito educativo y la escolarización ilícita de niños gitanos en centros educativos especiales, si procede, y que creen las infraestructuras y los mecanismos necesarios para facilitar el acceso a una educación de calidad para todos los niños romaníes, que aborden el problema del abandono escolar precoz entre los alumnos gitanos, por ejemplo asociando a los padres al proceso educativo, que fomenten el acceso de los niños romaníes a los servicios de desarrollo y de educación preescolar, que faciliten la formación de los profesores a fin de que estos puedan enfrentarse a situaciones específicas que puedan darse al trabajar con niños romaníes, que faciliten unas estructuras de apoyo integradoras como las tutorías para los estudiantes romaníes, a fin de evitar el abandono en los ciclos educativos secundario y superior, que garanticen su acceso al Programa Erasmus, y que fomenten las oportunidades para que accedan a ciclos de prácticas a fin de permitir que adquieran una experiencia laboral adecuada;

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden el problema de los altos índices de desempleo entre la población romaní y que supriman todos los obstáculos al acceso al empleo, también recurriendo a mecanismos existentes como la Garantía Juvenil y a las iniciativas emblemáticas de la estrategia Europa 2020; pide a los Estados miembros que creen mecanismos anti-discriminación, programas de formación especializada y programas que faciliten el acceso al mercado laboral, incluida una representación proporcional de los romaníes en los servicios públicos, fomentando la actividad por cuenta propia, movilizando activos para la creación de puestos de trabajo en los sectores con mayor potencial de empleo —por ejemplo la economía verde integradora, los servicios de salud y sociales, y la economía digital— y creando asociaciones entre las autoridades públicas y los empresarios;

23.  Pide a las instituciones europeas que creen programas de prácticas y que empleen a romaníes en todas las instituciones;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden las disparidades existentes en materia de salud a las que se enfrenta la población romaní y la persistente discriminación en lo que respecta a su acceso a la atención sanitaria, que establezcan programas orientados específicamente hacia este colectivo y que faciliten suficientes recursos financieros con cargo a los fondos nacionales y de la UE, haciendo especial hincapié en la salud materna e infantil;

25.  Pide a los Estados miembros que determinen con exactitud los puntos de contacto nacionales para la integración de la población romaní y sus responsabilidades a la hora de aplicar las estrategias nacionales de integración de la población romaní, velando por que dispongan de autoridad, capacidad y apoyo político y financiero suficientes para desempeñar su cometido con eficacia así como de unos vínculos idóneos con la comunidad romaní y las organizaciones de la sociedad civil, y que garanticen la accesibilidad de los puntos de contacto mediante una identificación clara de los mismos, así como la transparencia de su comunicación con las partes interesadas a todos los niveles;

26.  Recuerda a los Estados miembros que las buenas prácticas, como los programas de mediadores para la población romaní y la Alianza europea de ciudades y regiones para la inclusión de los gitanos desarrollada por el Consejo de Europa, tienen éxito sobre el terreno, lo cual debe alentar a los Estados miembros a mostrar una determinación política más firme en favor de la integración eficaz de los gitanos;

27.  Acoge con satisfacción la adopción de la propuesta de la Comisión de una Recomendación del Consejo relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros;

28.  Subraya que la integración constituye un ejercicio en dos direcciones y que cualquier esfuerzo de integración entraña unas responsabilidades compartidas pero asimétricas de las partes implicadas en función de sus capacidades y de sus recursos económicos, políticos y sociales;

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de Europa.

(1)1 DO C 298 E de 8.12.2006, p. 283.
(2) DO C 308 E de 20.10.2011, p. 73.
(3) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 112.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0246.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0090.
(6) .Textos Aprobados, P7_TA(2013)0328.
(7) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 25.
(8) Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo.


Resultados de la Cumbre de Vilna y futuro de la Asociación Oriental, en particular por lo que respecta a Ucrania
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre los resultados de la Cumbre de Vilna y el futuro de la Asociación Oriental, en particular en relación con Ucrania (2013/2983(RSP))
P7_TA(2013)0595RC-B7-0557/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre «política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento Europeo sobre los informes de 2012»(1),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la presión ejercida por Rusia sobre los países de la Asociación Oriental (en el marco de la próxima cumbre de la Asociación Oriental en Vilna)(2),

–  Vista su Resolución de enero de 13 de enero de 2005 sobre los resultados de las elecciones en Ucrania(3),

–  Vista la Declaración Conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental de Vilna de 29 de noviembre de 2013,

–  Vistas las Declaraciones Conjuntas de la Cumbre de Varsovia sobre la Asociación Oriental, de 30 de septiembre de 2011, y de la Cumbre de Praga sobre la Asociación Oriental, de 7 de mayo de 2009,

–  Visto el deterioro de la situación en Ucrania tras la decisión de las autoridades ucranianas de no firmar el Acuerdo de Asociación en la Cumbre de Vilna de los días 28 y 29 de noviembre de 2013, que ha provocado un estallido de manifestaciones populares multitudinarias en apoyo de la elección de la vía europea de Ucrania en la plaza Euromaidan de Kiev y en ciudades de toda Ucrania,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, y del Comisario Europeo de Ampliación y Política Europea de Vecindad, Štefan Füle, en las que condenaban el uso excesivo de la fuerza por la policía de Kiev para dispersar a los manifestantes el 30 de noviembre de 2013,

–  Vistos el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, en la Cumbre de Vilna sobre la Asociación Oriental, Ucrania y todos los demás participantes ratificaron su compromiso con los principios del Derecho internacional y con valores fundamentales como la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos;

B.  Considerando, en particular, que la decisión de Armenia de retirarse de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación y la decisión de última hora de Ucrania de suspender los preparativos para la firma del Acuerdo de Asociación han frustrado los esfuerzos y socavado el trabajo de los últimos años encaminados a profundizar en las relaciones bilaterales y a reforzar la integración europea;

C.  Considerando que la decisión del Gobierno ucraniano de suspender el proceso de preparación de la firma del Acuerdo de Asociación, que incluye una Zona de Libre Comercio de Alcance Amplio y Profundo (ZLCAAP), ha provocado malestar y protestas multitudinarias en el país; que, en este contexto, las fuerzas de seguridad ucranianas han hecho un uso brutal e inaceptable de la fuerza contra manifestantes pacíficos, partidos de oposición y medios de comunicación;

D.  Considerando que Georgia y Moldavia rubricaron acuerdos de asociación con la UE, que incluían disposiciones por las que se establecían ZLCAAP, en la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Vilna el 29 de noviembre de 2013;

E.  Considerando que no puede haber más solución que aquella que se negocie pacíficamente entre todas las partes;

1.  Celebra la rúbrica de los Acuerdos de Asociación, que incluyen ZLCAAP, con Georgia y Moldavia, lo que marca una agenda europea clara para estos dos países; aguarda con interés la firma y la aplicación de estos acuerdos lo antes posible; pide a la Comisión, en este sentido, que facilite la aplicación de estos acuerdos y que asista a las respectivas autoridades de ambos países, de manera que parte de los beneficios y los efectos positivos y tangibles de los acuerdos puedan trasladarse a corto plazo a sus ciudadanos;

2.  Lamenta la decisión de las autoridades ucranianas, encabezadas por el Presidente Yanukovych, de renunciar a firmar el Acuerdo de Asociación con la UE durante la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Vilna, pese a la clara voluntad de la UE de proseguir el proceso de asociación siempre que se reúnan las condiciones exigidas; considera que con esta decisión se ha perdido una gran oportunidad para las relaciones UE-Ucrania y para las aspiraciones de Ucrania; es consciente de las aspiraciones europeas de Ucrania, expresadas en las manifestaciones de la sociedad civil ucraniana que están teniendo lugar en la plaza Euromaidan de Kiev y en ciudades de toda Ucrania, constata que la sociedad civil no ha dudado en salir a la calle para expresar su desaprobación de la decisión del Presidente Yanukóvich, y reitera su opinión de que la profundización de las relaciones entre la UE y Ucrania y el hecho de ofrecer a Ucrania una perspectiva europea revisten una gran relevancia y redundan en beneficio de ambas partes;

3.  Lamenta los violentos acontecimientos de la noche del 9 al 10 de diciembre de 2013, en la que las fuerzas de seguridad asaltaron los locales de partidos de la oposición y de medios de comunicación independientes, y hostigaron a los manifestantes, así como los de la noche del 10 al 11 de diciembre de 2013, en que las fuerzas de seguridad agredieron a manifestantes pacíficos, intentando desalojarlos de la Euromaidan y calles aledañas y derribar sus barricadas; señala que estos sucesos tuvieron lugar durante la visita de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, y los esfuerzos que siguen en marcha para facilitar el diálogo; expresa su temor de que estos acontecimientos puedan conducir a una nueva escalada de una situación ya de por sí tensa;

4.  Recuerda que varios canales de comunicación, incluida la Misión de Observación del Parlamento Europeo encabezada por los Presidentes Cox y Kwaśniewski, permanecen abiertos entre la UE y Ucrania, por lo que reitera que las inquietudes expresadas por las autoridades ucranianas para justificar esta decisión de último momento de suspender la firma del Acuerdo deberían haber sido planteadas con anterioridad para habérseles podido ofrecer una respuesta adecuada;

5.  Reafirma su firme apoyo a la firma del Acuerdo de Asociación en el más breve plazo, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes, definidos por el Consejo de Asuntos Exteriores de 10 de diciembre de 2012 y respaldados por la Resolución del Parlamento de 13 de diciembre de 2012; pide, por tanto, al Consejo Europeo que, en su reunión de diciembre de 2013, envíe una señal política clara de que la UE sigue estando dispuesta a colaborar con Ucrania;

6.  Pide el lanzamiento inmediato de una nueva misión de mediación de la UE de la máxima competencia y al más alto nivel político que logre la celebración de conversaciones entre el Gobierno y la oposición democrática y la sociedad civil, que preste asistencia durante el desarrollo de estas, y que consiga una solución pacífica a la crisis actual;

7.  Expresa su total solidaridad con quienes se manifiestan en favor de un futuro europeo; pide a las autoridades ucranianas que respeten plenamente los derechos civiles de las personas y la libertad fundamental de reunión y de protesta pacífica; condena firmemente el uso de la fuerza bruta contra manifestantes pacíficos, y destaca la necesidad de una investigación rápida, eficaz e independiente y de que se procese a los culpables; pide la inmediata e incondicional puesta en libertad de los manifestantes pacíficos detenidos en los últimos días; hace hincapié en las obligaciones internacionales de Ucrania en este sentido; insiste en que tales medidas son claramente contrarias a los principios fundamentales de la libertad de reunión y expresión, por lo que infringen los valores universales y europeos; recuerda que, habida cuenta de que Ucrania ocupa actualmente la presidencia en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, su historial en materia de defensa y fomento de estos valores está siendo objeto de un examen, si cabe, más atento;

8.  Reitera su firme condena de las inadmisibles presiones políticas y económicas, acompañadas de amenazas de sanciones comerciales ejercidas por Rusia sobre Ucrania; insta a la UE y a sus Estados miembros a que hablen con una sola voz ante Rusia y pide a la UE que, junto con sus Estados miembros, desarrolle y aplique una política que prevea una respuesta apropiada a las medidas y los instrumentos utilizados por Rusia contra los países de la Asociación Oriental, en particular para ayudar a Ucrania a disponer de seguridad energética, dados los constantes problemas que conlleva la importación de gas natural de Rusia; reitera que el Acuerdo de Asociación es una cuestión estrictamente bilateral entre las dos partes, y rechaza firmemente toda propuesta de hacer participar a terceras partes en el proceso;

9.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de adoptar las contramedidas a las que la UE puede recurrir en caso de infracción, por parte de Rusia, de las normas comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) con fines políticos cortoplacistas; subraya que la credibilidad política de la Unión exige que pueda reaccionar cuando se ejerzan presiones económicas y políticas contra ella o sus países socios;

10.  Insta a las autoridades ucranianas a que entablen conversaciones con los manifestantes para evitar una escalada de violencia y la desestabilización del país, y pide a los partidos políticos que garanticen que pueda celebrarse un debate parlamentario ordenado, sosegado y reflexivo sobre la situación política y económica y las perspectivas de integración futura con la UE; recuerda que en cualquier democracia pueden convocarse nuevas elecciones cuando es preciso renovar la legitimidad popular;

11.  Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que emprendan una amplia apertura a la sociedad ucraniana, en particular mediante un rápido acuerdo sobre un régimen de exención de visados, la cooperación en materia de investigación, el incremento de los intercambios entre jóvenes y el aumento del número de becas disponibles; consideran que deben realizarse nuevos esfuerzos para integrar plenamente a Ucrania en el mercado interior de la energía de la UE;

12.  Subraya la necesidad de que la UE apoye la participación de las entidades financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, con vistas a prestar ayuda financiera para contribuir a que Ucrania pueda hacer frente al deterioro de su situación financiera;

13.  Recuerda que la firma del Acuerdo de Asociación no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio para lograr el progreso socioeconómico y la estabilidad a largo plazo, y una transformación sostenible y sistémica, por lo que exige un verdadero compromiso de cara a su aplicación auténtica y puntual; pide a la UE que negocie con las autoridades ucranianas una hoja de ruta concreta para su aplicación;

14.  Lamenta que transcurridos más de tres años desde la conclusión satisfactoria de las negociaciones del Acuerdo de Asociación, que incluye una ZLCAAP, las autoridades armenias, cediendo a las presiones rusas, decidieran en su lugar adherirse a la Unión Aduanera; recuerda a las autoridades armenias que las protestas y manifestaciones contra esta decisión son expresión de la libre voluntad de los ciudadanos del país y deben ser respetadas en virtud de los compromisos internacionales contraídos por Armenia; recuerda, en este sentido, que las persecuciones y detenciones constituyen violaciones de los derechos de reunión y de expresión y que las medidas represivas son contrarias a las recientes declaraciones de compromiso con los valores compartidos con la UE; pide al Gobierno de Armenia que inicie un diálogo integrador con la sociedad civil sobre el rumbo futuro del país;

15.  Celebra la firma del acuerdo sobre facilitación de visados entre la UE y Azerbaiyán; manifiesta su inquietud por la represión de la disidencia en el país tras las elecciones presidenciales de octubre de 2013, evidenciada por el encarcelamiento y las nuevas detenciones de activistas de la oposición, el acoso a ONG y medios independientes, y los despidos de detractores del Gobierno motivados únicamente por su actividad política; insta al Parlamento azerbaiyano a que reconsidere su decisión de suspender su participación en la Asamblea Parlamentaria Euronest adoptada en su Resolución de 23 de octubre de 2013;

16.  Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión para modificar el Reglamento (CE) nº 539/2001 a fin de que los ciudadanos moldavos titulares de pasaportes biométricos estén exentos de visados para viajar a la zona Schengen; considera que esta importante medida facilitará los contactos interpersonales y acercará a la UE a los ciudadanos moldavos;

17.  Se felicita por la firma del acuerdo marco con Georgia sobre la participación en las operaciones de la UE de gestión de crisis, que aporta un fundamento jurídico permanente para la participación de Georgia en las actuales y futuras iniciativas de la UE de gestión de crisis en todo el mundo;

18.  Considera que los resultados y el contexto global de la Cumbre de Vilna ponen de manifiesto la necesidad de que la UE articule una política más estratégica y flexible de apoyo a la opción europea de sus socios orientales, sirviéndose para ello de toda la gama de instrumentos a su disposición, como, por ejemplo, la ayuda macroeconómica, la relajación de los regímenes comerciales, los proyectos de mejora de la seguridad energética y modernización económica, y la agilización de la aplicación de la política de liberalización de visados, en consonancia con los valores e intereses europeos;

19.  Apoya que continúe la participación de la sociedad civil en los procesos nacionales de reforma; anima a la cooperación interparlamentaria mejorada con la Asamblea Parlamentaria Euronest; pide que se envíe cuanto antes a Ucrania una misión del Parlamento Europeo; acoge positivamente la participación de la Conferencia de Autoridades Locales y Regionales de la Asociación Oriental;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros, al Presidente de Ucrania, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los países de la Asociación Oriental y de la Federación de Rusia, a la Asamblea Parlamentaria Euronest, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0446.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0383.
(3) DO C 247 E de 6.10.2005, p. 155.


Informe de 2013 relativo a los progresos realizados por Albania
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre el informe 2013 relativo a los progresos realizados por Albania (2013/2879(RSP))
P7_TA(2013)0596B7-0556/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales de 11 de diciembre de 2012, confirmadas por el Consejo Europeo el 14 de diciembre de 2012,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Dictamen de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Albania a la Unión Europea», de 9 de noviembre de 2010 (COM(2010)0680),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2013-2014» de 16 de octubre de 2013 (COM(2013)0700) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión - Informe 2013 relativo a los progresos realizados por Albania (SWD(2013)0414),

–  Vistos los resultados y conclusiones preliminares de la Misión Internacional de Observación Electoral en Albania, de 23 de junio de 2013,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones de 22 de noviembre de 2012 sobre la ampliación: políticas, criterios e intereses estratégicos de la UE(1) y de 13 de diciembre de 2012 sobre Albania(2),

–  Vista su Resolución de 22 de octubre de 2013 sobre la gestión presupuestaria de los fondos de preadhesión de la Unión Europea en relación con los sistemas judiciales y la lucha contra la corrupción en los países candidatos o posibles candidatos, así como sus observaciones sobre Albania(3),

–  Vistas las recomendaciones de la sexta reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania, de los días 28 y 29 de octubre de 2013,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que Albania ha demostrado haber hecho progresos en el cumplimiento de las doce prioridades clave establecidas en el Dictamen de la Comisión de 2010 y en el desarrollo del proceso de reforma; considerando que Albania ha adoptado el resto de medidas clave de reforma judicial, parlamentaria y de la administración pública con un consenso entre los partidos; que persisten retos a los que es necesario responder de forma rápida y eficiente para seguir avanzando en el camino de la adhesión a la UE;

B.  Considerando que el buen desarrollo de las elecciones parlamentarias de junio de 2013 y la pacífica transferencia de poderes afectan positivamente al proceso de democratización del país y mejoran su reputación internacional;

C.  Considerando que el proceso de adhesión a la UE se ha convertido en un motor que está impulsando unas reformas continuadas en Albania y que el respaldo de la ciudadanía a la adhesión a la UE sigue siendo particularmente elevado;

D.  Considerando que, a pesar del progreso realizado hasta ahora, la nueva legislatura ha dado comienzo con fricciones entre las fuerzas políticas; considerando que estos acontecimientos demuestran que las fuerzas políticas deben fomentar urgentemente un espíritu de diálogo, cooperación y compromiso, principalmente en las relaciones entre las dos principales fuerzas políticas, pero también entre el resto de las partes implicadas en la vida social del país;

E.  Considerando que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel importante en el esfuerzo por establecer en el país un clima político saludable; considerando que resulta esencial que el país disponga de un diálogo político sostenible para mantener el impulso del proceso de reforma y de la ejecución de la agenda de la UE;

F.  Considerando que la UE ha situado el Estado de Derecho en el centro de su proceso de ampliación; considerando que la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada, la trata de seres humanos y el tráfico de armas y drogas siguen siendo motivos de seria preocupación; considerando que para avanzar en el proceso de integración en la UE es esencial progresar en estos ámbitos; considerando que, para ello, es un factor clave contar con un firme apoyo político;

G.  Considerando que deben seguir fomentándose los derechos de las minorías, en particular los de la minoría romaní y de la comunidad LGBTI; que las condiciones de vida de los romaníes en Albania son atroces y que es necesario mejorarlas rápidamente, especialmente en lo relativo al acceso de los romaníes a los censos, la vivienda y la educación y a la inclusión de los niños romaníes en el sistema educativo, desde la etapa preescolar hasta la educación superior;

H.  Considerando que las reformas sociales son tan importantes como las reformas políticas y jurídicas; considerando que Albania se esfuerza por aumentar el nivel de cohesión social y, para ello, necesita un fuerte respaldo por parte de la UE, así como mayores esfuerzos del Gobierno para promover el diálogo social en tanto que tercera parte, junto con sindicatos y asociaciones de empresarios;

I.  Considerando que la existencia de una administración pública profesional, efectiva y fundada en los méritos posee la mayor importancia para cualquier país que aspire a formar parte de la UE;

J.  Considerando que la corrupción y la impunidad de los delitos siguen estando generalizadas en la sociedad albanesa; considerando que las instituciones estatales encargadas de la lucha contra la corrupción siguen siendo vulnerables a la presión y a la influencia políticas; que la corrupción en el sistema judicial y en las instituciones de represión de la delincuencia, sigue constituyendo un problema especialmente grave;

K.  Considerando que los avances de cada país hacia la incorporación a la UE dependen de sus esfuerzos por cumplir los criterios de Copenhague y las condiciones establecidas para el Proceso de Estabilización y Asociación;

L.  Considerando que la política de ampliación debe seguir siendo creíble y basarse en criterios objetivos que deben satisfacerse; considerando que Albania tiene a su alcance el estatuto de país candidato, ya que ha satisfecho los criterios necesarios para dar este paso;

Consideraciones de carácter general

1.  Acoge con satisfacción y suscribe los análisis y recomendaciones del «Informe 2013 relativo a los progresos realizados por Albania» y pide al Consejo que reconozca dichos progresos concediendo a Albania, sin retrasos indebidos, el estatuto de país candidato; insta a las autoridades y a todas las fuerzas políticas de Albania a consolidar los progresos conseguidos hasta hoy;

2.  Elogia a todas las fuerzas políticas por la ordenada celebración, en general, de las recientes elecciones parlamentarias y la pacífica transferencia de poderes; recomienda que se siga fomentando la confianza pública en el proceso electoral, reforzando, entre otros aspectos, la independencia institucional de la Comisión Electoral Central y la profesionalidad de los funcionarios electorales; considera que para seguir avanzando en los procesos políticos son esenciales el mantenimiento de un diálogo político y una cooperación reales entre todos los partidos, así como la búsqueda de compromisos;

3.  Hace hincapié en que todos los partidos y agentes políticos albaneses, incluidos los medios de comunicación y la sociedad civil, deben esforzarse por mejorar el clima político del país a fin de permitir el diálogo y la comprensión mutua; pide, en consecuencia, un verdadero compromiso a todos los partidos políticos, ONG, sindicatos y otras partes interesadas;

4.  Subraya que la preparación de la integración en la UE debe recibir un amplio apoyo político y público; anima al Gobierno a realizar las reformas de integración de forma constante y con la participación de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil; considera que la oposición también tiene que desempeñar un importante papel a este respecto, y reconoce que hasta el momento su comportamiento político ha sido responsable; considera que es importante que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos de Albania responsabilicen a sus líderes políticos de resultados políticos específicos, especialmente en lo relativo a los procesos de integración de la UE;

5.  Pide al Gobierno albanés que mejore sus capacidades administrativas manteniendo la aplicación de reformas de la administración pública y apoyando la despolarización y el conocimiento del Derecho y de los procesos de decisión de la UE;

6.  Toma nota de los avances alentadores logrados en la agenda de reformas y confía en el potencial, la capacidad y el compromiso de Albania para seguir avanzando en la senda europea siempre que las fuerzas políticas sigan cooperando de forma constructiva; elogia la aprobación de reformas legislativas clave, como la revisión del reglamento del Parlamento, la adopción de la Ley de la función pública y la modificación de la Ley del Tribunal Supremo; anima a Albania a presentar un buen historial de aplicación efectiva de estas reformas;

7.  Toma nota de las deficiencias que persisten en la aplicación de la legislación y hace hincapié en que debe intensificarse la ejecución de la agenda de reformas y ofrecerse una trayectoria clara; invita tanto a la mayoría gobernante como a la oposición a fomentar la cooperación entre partidos en la adopción y aplicación de las reformas clave;

8.  Pide a Albania que aplique la Ley de la función pública de forma oportuna y eficiente, que adopte la Ley de Procedimiento Administrativo General a su debido tiempo y que refuerce la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración Pública; hace hincapié en la necesidad de un departamento de administración pública más sólido, así como de un sistema de información sobre la gestión de los recursos humanos plenamente operativo;

9.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la integración europea y la modernización del país sigan siendo prioridades clave del nuevo Gobierno; pide a Albania que siga obteniendo resultados en relación con las prioridades clave establecidas en el Dictamen de la Comisión de 2010, en lo que atañe en particular al respeto del Estado de Derecho y a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, estableciendo asimismo un historial creíble de aplicación y adoptando la legislación de la que carece; insta a Albania a mejorar la cooperación entre el Ministerio de Integración Europea y los ministerios competentes con el fin de fomentar la agenda de reforma europea;

Criterios políticos

10.  Pide que el Gobierno y el Parlamento sigan haciendo, por un igual, esfuerzos para reforzar la independencia, responsabilidad, imparcialidad y eficiencia del sistema judicial, incluido el Consejo Superior de Justicia y un Fiscal General independiente, nombrado con arreglo a criterios transparentes, imparciales y basados en los méritos; insta a las autoridades a que mejoren el acceso a la justicia para todos aquellos que lo necesitan, recurriendo también a acciones de concienciación por parte de la Comisión estatal de asistencia jurídica gratuita y al establecimiento de las oficinas locales de asistencia jurídica gratuita previstas; pide a las autoridades que refuercen la independencia, la eficiencia y la eficacia de las estructuras de defensa de los derechos humanos, como el Defensor del Pueblo y el Comisario para la Protección contra la Discriminación;

11.  Subraya que el sistema judicial albanés debe ser plenamente independiente y más predecible, eficiente y justo, a fin de garantizar que los ciudadanos y la comunidad empresarial confíen en él; por consiguiente, pide a las autoridades que garanticen la despolitización del sistema judicial estableciendo un proceso de nombramiento de jueces y fiscales transparente y basado en los méritos, así como un historial sólido de procedimientos disciplinarios, y asegurando una justicia rápida, la unificación de la jurisprudencia, la publicación de todas las decisiones judiciales inmediatamente tras su adopción, el acceso fácil a las mismas y la asignación aleatoria de asuntos en todos los tribunales;

12.  Hace hincapié en la necesidad de crear una administración pública profesional y fundada en los méritos que funcione de forma transparente y sea capaz de adoptar y aplicar disposiciones legislativas; solicita la adopción del Derecho derivado necesario, que garantizará la correcta aplicación de la Ley de la función pública, y una nueva Ley de Procedimientos Administrativos Generales; hace hincapié en la necesidad de un departamento de administración pública más sólido, así como de un sistema de información sobre la gestión de los recursos humanos plenamente operativo; subraya que es necesario hacer más esfuerzos para despolitizar la administración pública, luchar contra la corrupción, reforzar la importancia del mérito o del demérito para los nombramientos, ascensos y despidos, y aumentar su eficiencia y sostenibilidad financiera;

13.  Acoge con satisfacción la intención del Gobierno de iniciar y completar una reforma administrativa y territorial importante antes de las elecciones locales albanesas de 2015; no obstante, hace hincapié en la importancia de garantizar una consulta apropiada con todas las partes interesadas y de asegurar que la reforma cumple las disposiciones de la Carta Europea de Autonomía Local, incluidas las relativas a la protección de los derechos de las comunidades y las que garantizan la independencia política, administrativa y financiera de los gobiernos locales;

14.  Subraya la necesidad de reforzar aún más el compromiso político de lucha contra la corrupción a todos los niveles, aumentar la capacidad institucional y mejorar la coordinación entre instituciones; pide que se hagan mayores esfuerzos por eliminar de raíz la corrupción de los gobiernos locales; reconoce los resultados conseguidos en cuanto a aprobación de documentos estratégicos en la lucha contra la corrupción; señala con satisfacción el cumplimiento de todas las recomendaciones de la tercera ronda de evaluación del grupo GRECO, el nombramiento de un coordinador nacional de la lucha contra la corrupción y la intención del Gobierno de crear un órgano de control dentro de cada ministerio; insiste en la necesidad de aplicar de forma coherente las leyes contra la corrupción;

15.  Pide al Gobierno que elabore un mandato claro y un plan de acción o una estrategia para el coordinador nacional de la lucha contra la corrupción y que inicie la elaboración de una nueva estrategia nacional de lucha contra la corrupción que incluya indicadores claros de los resultados y de los mecanismos de seguimiento y control; además de ello, insta a las autoridades responsables a que aclaren las funciones del Departamento de Control Interno y Anticorrupción y aumenten la capacidad de los mecanismos de control interno en este ámbito, doten de recursos suficientes a las Unidades conjuntas de investigación, controlen la aplicación de la estrategia y los planes de acción de lucha contra la corrupción y sigan desarrollando un historial de resultados sobre las investigaciones, los juicios y las condenas, incluidos los casos de corrupción de alto nivel; insta asimismo a las autoridades albanesas a hacer frente a la vulnerabilidad frente a ataques políticos de las instituciones encargadas de la lucha contra la corrupción;

16.  Subraya de nuevo la necesidad de emprender resueltamente las reformas y la cooperación regional en la lucha contra la delincuencia organizada, así como la de desarrollar un sólido historial de investigaciones, procesamientos y detenciones a todos los niveles, particularmente en los ámbitos de la producción y tráfico de estupefacientes, el tráfico de seres humanos, incluidos menores, y el juego ilegal; insta al Gobierno a trabajar en el desarrollo de un historial de investigaciones financieras que se centren en casos de riqueza inexplicable y en la conexión de los mismos con actividades delictivas y con la delincuencia organizada; reitera la necesidad de seguir fortaleciendo la coordinación entre los cuerpos y fuerzas de seguridad;

17.  Felicita al Defensor del Pueblo por sus labores de promoción de los derechos humanos, por su apertura hacia las personas vulnerables y por su cooperación con las organizaciones de la sociedad civil; lamenta que los informes anuales y especiales del Defensor del Pueblo no se hayan debatido en el Parlamento, por lo que no pueden publicarse y no se reconocen de forma oficial; insta al Gobierno y al Parlamento a que mejoren su cooperación con la Oficina del Defensor del Pueblo; deplora que, hasta hoy, el Gobierno no haya informado ni consultado de forma regular y puntual al Defensor del Pueblo acerca de los proyectos de ley relevantes; observa con preocupación que el presupuesto asignado a la Oficina del Defensor del Pueblo sigue siendo insuficiente y sufre nuevos recortes; hace hincapié en que, para seguir desempeñando sus funciones, esta institución necesita el apoyo financiero y político del Parlamento y del Gobierno; pide una amplia campaña de concienciación que ponga de relieve la función y la importancia de esta institución;

18.  Pide al Parlamento y al Gobierno, así como a las otras instituciones estatales relevantes, que mantengan y fomenten la integridad y la independencia de instituciones clave como la policía estatal, el Consejo Superior de Justicia, la Inspección Superior de Auditoría y Declaración de Bienes, la Autoridad de Medios Audiovisuales o el Instituto Nacional de Estadística;

19.  Manifiesta su preocupación por la pervivencia de los pleitos de sangre en Albania, que no solo desencadenan homicidios y violencias, sino que también obligan a muchos menores a permanecer indefinidamente en sus casas, por lo que tienen consecuencias sociales de gran trascendencia que afectan a las vidas de varios miles de personas; señala que el número de casos de homicidios relacionados con pleitos de sangre va en aumento; pide a las autoridades albanesas que respondan a la petición de las Naciones Unidas y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y creen una base de datos fiable, activen el Consejo Coordinador de la lucha contra los pleitos de sangre creado en 2005 y elaboren un plan de acción encaminado a poner fin a los pleitos de sangre;

20.  Observa con satisfacción que el diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno ha mejorado y subraya la necesidad de mantenerlo, consolidar sus logros, darle profundidad y ampliarlo, tanto en el ámbito de la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles como en la elaboración del marco legislativo para nuevas reformas; pone de relieve el papel decisivo de la sociedad civil para la cooperación regional en aspectos sociales y políticos; pide al Gobierno que facilite la participación de los miembros de la sociedad civil en el proceso de elaboración de las políticas;

21.  Celebra que se respeten, en general, los derechos de las minorías y que se haya generalizado la libertad religiosa; pide a las autoridades competentes que sigan mejorando el clima de integración y tolerancia hacia todas las minorías del país; se muestra preocupado por el hecho de que determinados grupos, como los romaníes, las personas con discapacidad y las personas LGBTI, sigan sufriendo discriminación, incluso por parte de determinadas autoridades estatales; recuerda que se debe proteger a todas las minorías; insta al Gobierno a garantizar la aplicación integral de las disposiciones jurídicas pertinentes y anima a las autoridades a hacer más esfuerzos de concienciación sobre todo tipo de discriminación; señala la importancia de la concienciación pública sobre los medios jurídicos de los que disponen los ciudadanos para presentar reclamaciones sobre los diferentes tipos de discriminación;

22.  Pide que se siga avanzando a favor del respeto de los derechos de la minoría romaní, que aún se enfrenta a una discriminación frecuente; pide, a este respecto, que se acelere la puesta en práctica del plan de acción para la Década Romaní con el fin de reforzar la inclusión de esta comunidad, que se destinen a la Década Romaní recursos financieros suficientes y adecuados y que se revise la legislación pertinente; hace hincapié en que una de las claves para solucionar los problemas de los romaníes en Albania es el registro y el acceso a la vivienda y a la educación; pide con urgencia al Gobierno que tome medidas firmes para generar las condiciones necesarias;

23.  Pide que se revise y aplique adecuadamente la legislación, que se impulsen las actividades de concienciación, educación y de otro tipo encaminadas a combatir la discriminación contra las personas LGBTI, incluidas las sanciones por incitación al odio, y que se establezca un historial de aplicación a este respecto;

24.  Insiste en la vital importancia de contar con medios de comunicación de servicio público y privado profesionales, independientes y pluralistas como piedra angular de la democracia; pone de relieve la importancia del acceso a Internet, que está entre los de más bajo índice de la región, y de la libertad digital;

25.  Acoge con satisfacción las mejoras del marco legislativo para los medios audiovisuales derivadas de la adopción de la Ley de Medios Audiovisuales; señala que los medios operan en un entorno plural y diverso; sigue preocupado por la influencia e injerencia de la política en los medios de comunicación y por la autocensura, particularmente en los medios de titularidad estatal; hace hincapié en que es necesario realizar más esfuerzos para garantizar la independencia plena de la autoridad de regulación de los medios y del organismo público de radiodifusión; pide que se garanticen medidas para proteger a los periodistas y su trabajo de investigación; resalta la importancia de garantizar y promover el pluralismo en los medios de comunicación, con miras a potenciar la libertad de expresión y garantizar la transparencia de la propiedad de los medios y de su financiación; indica la necesidad de una estrategia a largo plazo para el desarrollo de los medios de comunicación de servicio público en el nuevo sistema de medios de comunicación;

26.  Muestra su satisfacción por la decisión del nuevo Gobierno de aumentar el número de mujeres con altos cargos gubernamentales y espera que tenga un efecto positivo para la sociedad en su conjunto; aboga por una tolerancia cero de la violencia contra las mujeres y por la eliminación de cualquier prejuicio sexista en la legislación y en la aplicación de la misma;

27.  Pide al Gobierno que aumente sus esfuerzos de aplicación de la legislación y de las políticas sobre derechos de las mujeres e igualdad de género, prestando especial atención a la protección de las mujeres frente a todas las formas de violencia y a su participación equitativa en la vida pública y política; anima a que se hagan más esfuerzos de integración de la perspectiva de género a los niveles central y local;

28.  Hace hincapié en la necesidad de mejorar los derechos y la calidad de vida de las personas que dependen del Estado, como los presos, los huérfanos y los enfermos mentales;

29.  Pide que prosigan los esfuerzos por garantizar una aplicación efectiva de la estrategia y del plan de acción sobre derechos de propiedad, ya que se trata de uno de los pilares del desarrollo económico; toma nota de las medidas adoptadas para solucionar los problemas de los inmuebles ilegales construidos en todo el país; muestra su preocupación por el limitado progreso conseguido en materia de registro y restitución de propiedades; pide al Gobierno que comunique un plan y un calendario claros para la aplicación de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relacionadas con los derechos de propiedad;

30.  Insta al Gobierno a que elabore políticas sobre fuentes renovables de energía con el fin de hacer frente de forma más eficaz al problema de la gestión de residuos, y a que desarrolle un turismo sostenible desde el punto de vista ambiental; saluda la reciente iniciativa de la sociedad civil relacionada con un referéndum sobre la importación de residuos; acoge con especial entusiasmo la votación del Parlamento de 10 de octubre de 2013, en la que se anuló la autorización para importar residuos prevista en la Ley nº 10463, de 22 de septiembre de 2011;

31.  Pide que se tomen medidas contra la multiplicación de solicitudes de asilo injustificadas en el contexto de la aplicación de un régimen de exención de visados con la UE;

Reformas socioeconómicas

32.  Pide a las autoridades competentes que hagan frente de manera decidida a las deficiencias existentes en la aplicación de la ley y en la recaudación fiscal, así como a una extensa economía sumergida, que dificultan la cohesión social y limitan las perspectivas económicas del país; alienta al nuevo Gobierno a que aplique medidas y disposiciones legislativas para promover el empleo, la salud y la seguridad en el trabajo, los derechos de seguridad social, los derechos contra la discriminación en el ámbito laboral por cualquier motivo, la igualdad de retribución para hombres y mujeres, especialmente entre los jóvenes, y otras disposiciones legislativas relacionadas con el trabajo;

33.  Observa con preocupación la falta de progresos en el ámbito de la política social y en el del empleo; acoge con satisfacción la intención del nuevo Gobierno de hacer frente a este problema; es consciente de las limitaciones presupuestarias, aunque pide que se invierta la tendencia de reducir el presupuesto para la aplicación de las reformas de asistencia y protección social; hace hincapié en la urgente necesidad de ofrecer asistencia social a los grupos de desempleados más vulnerables; señala con gran preocupación que el trabajo infantil sigue siendo un reto importante y pide al Gobierno que haga frente a este asunto con resolución;

34.  Subraya que Albania ha ratificado los ocho convenios básicos sobre derechos laborales de la OIT; manifiesta su inquietud por los modestos progresos hechos en el ámbito de los derechos laborales y los sindicatos; pide al Gobierno que refuerce en mayor medida los derechos laborales y de los sindicatos; insta al Gobierno a que garantice el respeto de la legislación laboral, tanto en el sector privado como en el público, y mejore el diálogo social tripartito con objeto de reforzar el papel de los sindicatos y contar con un apoyo más amplio en la aplicación de las reformas previstas en la legislación ; señala que el diálogo está interrumpido desde marzo de 2013, cuando expiró el mandato del Consejo Nacional del Trabajo, y que el diálogo social bipartito sigue siendo de baja intensidad, especialmente en el sector privado; recuerda que el diálogo social y el respeto de los derechos laborales son piedras angulares de una economía social de mercado;

35.  Señala que debe prestarse especial atención a la protección de los derechos de los niños y pide que se efectúen inversiones en el aprendizaje temprano, especialmente para los niños de minorías o grupos marginados, con el fin de evitar su exclusión, y que se adopten medidas específicas para garantizar a los niños asistencia, alimentación y apoyo familiar con objeto de evitar que se transmita la pobreza de generación en generación; señala la necesidad de mejorar de inmediato la situación de los menores en los procesos judiciales, con arreglo a las mejores prácticas europeas; subraya la importancia de asegurar la adecuada financiación del sistema público de enseñanza; insta a las autoridades a que adopten la Estrategia de justicia para los niños; hace hincapié en que la corrupción dentro del sistema judicial sigue dificultando específicamente la aplicación de la legislación contra la trata de personas y los esfuerzos para la protección de las víctimas;

Cooperación regional

36.  Celebra la función estabilizadora de Albania en los Balcanes Occidentales, en particular en sus relaciones con los países vecinos, en alguno de los cuales vive una importante minoría albanesa, así como su contribución a la concordia entre religiones;

37.  Acoge con satisfacción el rechazo del discurso nacionalista por parte del nuevo Gobierno y su intención de desarrollar una política de eliminación de los problemas con los vecinos; hace hincapié en el papel esencial de Albania a la hora de favorecer unas relaciones de buena vecindad en los Balcanes Occidentales; anima a Albania a mantener su actitud constructiva en el ámbito regional;

o
o   o

38.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Albania.

(1) Textos aprobados, P7_TA(2012)0453.
(2) Textos aprobados, P7_TA(2012)0508.
(3) Textos aprobados, P7_TA(2013)0434.


Preparación de la reunión del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de diciembre de 2013
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre los preparativos de la reunión del Consejo Europeo (19 y 20 de diciembre de 2013) (2013/2626(RSP))
P7_TA(2013)0597B7-0560/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones de 12 de junio de 2013, sobre el refuerzo de la democracia europea en la futura UEM(1), de 23 de mayo de 2013, sobre las futuras propuestas legislativas sobre la UEM: respuesta a las comunicaciones de la Comisión(2), y de 21 de noviembre de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Reforzar la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria»(3);

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando los decididos esfuerzos que han realizado las instituciones de la UE y los Estados miembros para restablecer la credibilidad y la estabilidad financieras, en particular mediante la adopción y aplicación de reformas estructurales y la adopción del nuevo marco de gobernanza económica; considerando que estos esfuerzos han de completarse con una verdadera unión bancaria;

B.  Considerando que se requiere una mejor coordinación de la política económica para reforzar la competitividad, la sostenibilidad y la creación de empleo en la UE;

C.  Considerando que el «método comunitario» constituye el enfoque adecuado para hacer frente a los retos de la UE y de su moneda;

D.  Considerando que todas las decisiones deben estar sujetas al control y a la exigencia de responsabilidades por parte del Parlamento que corresponda en función del nivel en que se adoptan;

E.  Considerando que el pleno respeto y la exhaustiva aplicación del Derecho de la UE constituyen el elemento fundamental de esta política;

F.  Considerando que, habida cuenta de la volatilidad y los rápidos cambios del contexto geoestratégico, caracterizado por los nuevos retos de seguridad, por la reorientación de los Estados Unidos hacia la región Asia-Pacífico y por las repercusiones de la crisis financiera, la UE tiene que asumir su responsabilidad como proveedor de seguridad, con verdadera autonomía estratégica, en especial en su entorno más cercano, lo que redundará en beneficio de su propia seguridad;

G.  Considerando que el único modo que tienen los Jefes de Estado y de Gobierno de responder a estas tendencias geopolíticas y al decreciente y descoordinado gasto en defensa es acelerar la coordinación de la cooperación en materia de defensa;

Unión bancaria

1.  Reitera que el «método comunitario» constituye el enfoque adecuado para abordar los retos a que se enfrentan la UE y su moneda, incluidos el Reglamento relativo a los servicios financieros y la Unión bancaria;

2.  Recuerda al Consejo Europeo el compromiso político de llegar a un acuerdo sobre el mecanismo único de resolución antes de que acabe la presente legislatura; pide al Consejo Europeo que reitere su exigencia al Consejo de Ministros para que las negociaciones sobre la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósito y el marco para el rescate y la resolución bancarias concluyan satisfactoriamente antes de acabar 2013;

Profundización de la Unión Económica y Monetaria (UEM)

3.  Pide al Consejo Europeo que adquiera un compromiso político respecto de la preparación, sobre la base de los Tratados, de la legislación para mejorar la coordinación de la política económica; confía en que el Parlamento y las demás instituciones de la UE se pongan de acuerdo sobre las características fundamentales de esta mejor coordinación de la política económica antes de que finalice la actual legislatura;

4.  Solicita que, sobre la base de dicha mejor coordinación de la política económica, se adopte, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, un acto jurídico —las «Directrices de convergencia»— en el que se establezcan, para un período determinado, un número muy limitado de objetivos para las medidas de reforma más urgentes;

5.  Reitera su petición de que los Estados miembros garanticen que los programas nacionales de reforma, que deben elaborarse sobre la base de dichas «Directrices de convergencia» y estar sujetos a la verificación de la Comisión, sean debatidos y aprobados por sus Parlamentos nacionales; considera que esta condición es esencial para reforzar la responsabilización y la rendición de cuentas democrática de todo el proceso;

6.  Estima conveniente que los Estados miembros se comprometan a aplicar íntegramente los programas nacionales de reforma una vez verificados; propone que los Estados miembros formalicen, sobre esta base, una «asociación para la convergencia» con las instituciones de la UE, con la posibilidad de recibir financiación condicional para las actividades de reforma;

7.  Reitera que la mayor cooperación económica debe ir acompañada de un mecanismo basado en incentivos; considera que toda financiación o instrumento de nueva creación, como un posible mecanismo de solidaridad, debe estar integrado en el presupuesto de la UE, pero sin que le afecten los límites acordados para el marco financiero plurianual (MFP);

8.  Recuerda que, como dispone el artículo 16 del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, este Tratado tiene que incorporarse al Derecho de la UE antes del 1 de enero de 2018, sobre la base de una evaluación de la experiencia en su aplicación;

9.  Recuerda su posición de principio, según la cual una UEM reforzada no debe dividir a la UE sino, por el contrario, establecer una integración más profunda y una gobernanza más sólida a la que deben poder adherirse de forma voluntaria todos los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro;

10.  Pide al Consejo Europeo que cumpla plenamente el artículo 15, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE);

Política de defensa

11.  Considera que, habida cuenta de la volatilidad y los rápidos cambios del contexto geoestratégico, caracterizado por los nuevos retos de seguridad, por la reorientación de los Estados Unidos hacia la región Asia-Pacífico y por las repercusiones de la crisis financiera, la Unión Europea, sin duplicar las actividades que ya se llevan a cabo en el marco de la OTAN, tiene que asumir su responsabilidad de actor político de importancia internacional y proveedor creíble de seguridad, en especial en su entorno más cercano y con verdadera autonomía estratégica, para promover la paz y la seguridad internacionales, proteger sus intereses en el mundo y garantizar la seguridad de sus ciudadanos; destaca, en este sentido, la necesidad de que la UE sea coherente en sus políticas y actúe con más rapidez y eficacia a la hora de asumir las responsabilidades antes mencionadas;

12.  Señala que la UE afronta actualmente importantes limitaciones financieras y que los Estados miembros de la UE, por razones financieras, presupuestarias y políticas, que pueden o no estar relacionadas con la crisis de la zona del euro, se encuentran en una fase de reducción descoordinada del nivel de sus gastos de defensa; destaca el efecto negativo que pueden tener dichas medidas en sus capacidades militares y, por tanto, en la capacidad de la UE para asumir eficazmente sus responsabilidades en el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el refuerzo de la seguridad internacional;

13.  Considera que, para hacer frente a los retos mencionados, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE deben aprovechar la oportunidad que brinda el Consejo de diciembre de 2013 para adoptar una posición clara en favor de un sistema europeo de defensa más fuerte;

14.  Celebra, a este respecto, la Comunicación de la Comisión, de 24 de julio de 2013, titulada «Hacia un sector de seguridad y defensa más competitivo y eficiente» (COM(2013)0542) y el informe final, de 15 de octubre de 2013, de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Directora de la Agencia Europea de Defensa;

15.  Pide al Consejo Europeo que aplique las sugerencias incluidas en los informes del Parlamento sobre política exterior y de seguridad común, sobre política común de seguridad y defensa (PCSD), y sobre la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE);

16.  Considera que los Estados miembros deben empezar por comprometerse a corregir las deficiencias operativas de la PCSD, garantizando su apoyo tanto a las misiones civiles de la PCSD como a sus operaciones militares, en especial mediante la aportación de capacidades;

17.  Destaca que el Tratado de Lisboa creó varios instrumentos relacionados con la PCSD que todavía no se han llevado a la práctica; pone de relieve, a este respecto, la necesidad de aplicar tales disposiciones para reforzar a la PCSD, y pide al Consejo que haga pleno uso de dichos instrumentos, como la cooperación estructurada permanente (artículo 46, apartado 6, del TUE), el fondo inicial (artículo 41, apartado 3, del TUE), y la posibilidad de encomendar la realización de misiones y operaciones a ese grupo de Estados miembros (artículo 42, apartado 5, y artículo 44, apartado 1, del TUE);

18.  Resalta la importancia de iniciar un proceso de reflexión estratégica con miras a definir los objetivos y prioridades de la UE y establecer una hoja de ruta, que incluya un calendario, para intensificar la cooperación en materia de defensa (un Libro Blanco que serviría de marco para reflexionar sobre los procesos nacionales);

19.  Pide al Consejo que emprenda una cooperación reforzada en el ámbito del armamento, en especial facultando a la Agencia Europea de Defensa para que desempeñe plenamente sus funciones de promover la coordinación, supervisar los compromisos, dar prioridad a las inversiones en tecnologías (incluidos los dinamizadores estratégicos como el reabastecimiento de combustible en vuelo, las comunicaciones por satélite, el transporte aéreo estratégico, los sistemas aéreos teleguiados, la ciberdefensa y el cielo único europeo), lograr un acuerdo para un mayor uso de las coaliciones voluntarias y grupos- núcleo y buscar una solución factible al uso de las agrupaciones tácticas;

20.  Pide a los Estados miembros que comprometan su apoyo a una BITDE que pueda superar la fragmentación, y aumentar la creatividad y la fortaleza, de las industrias europeas mediante una coordinación más estrecha de la planificación de los presupuestos nacionales de defensa (posiblemente mediante la creación de un «semestre europeo» para cuestiones de defensa) y una mayor coordinación a escala de la industria (armonización de las normas y certificación de los equipos de defensa); pide que se den más incentivos y apoyos a la industria de defensa, con el compromiso de desarrollar tecnologías y sistemas clave en el ámbito de la defensa (incentivos fiscales, apoyo financiero a la investigación y desarrollo e institucionalización de las sinergias entre las capacidades civiles y militares);

21.  Pide a los Estados miembros que intensifiquen considerablemente su cooperación y coordinación en aquellos aspectos de la defensa que sean pertinentes para la eficacia de la PCSD; pide a los Estados miembros que sean mucho más ambiciosos en lo que respecta al proceso de puesta en común y uso compartido de recursos;

22.  Destaca que el punto fuerte de la UE en comparación con otras organizaciones reside en su potencial sin parangón de movilizar una gama completa de instrumentos políticos, económicos, humanitarios y de ayuda al desarrollo bajo la tutela de una única autoridad política —el VP/AR— y que este enfoque globalizador le confiere una flexibilidad y una eficiencia únicas que son muy apreciadas;

23.  Respalda la creación de un Consejo de Ministros de Defensa que dé a la defensa la relevancia que merece;

24.  Insta a los Jefes de Estado y de Gobierno a que, habida cuenta de la importancia estratégica de la defensa europea y la envergadura de los retos de la Unión, que revise en diciembre de 2015 el progreso alcanzado en la aplicación de las conclusiones del Consejo de diciembre de 2013, sobre la base de un informe de aplicación elaborado por la Vicepresidenta de la Comisión y Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad;

25.  Expresa su honda preocupación por la situación política en Ucrania tras la Cumbre de Vilnius y pide al Consejo que la aborde.

o
o   o

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0269.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0222.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0515.


Problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre los problemas constitucionales de una gobernanza multinivel en la Unión Europea (2012/2078(INI))
P7_TA(2013)0598A7-0372/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)(1),

–  Visto el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (TECG)(2),

–  Visto el paquete legislativo de gobernanza económica («six-pack»)(3),

–  Visto el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria («two-pack»)(4),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo(5),

–  Vista su Posición, de 12 de septiembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que atribuye funciones específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito(6),

–  Visto el informe de 5 de diciembre de 2012 de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un Plan director para una Unión Económica y Monetaria profunda y auténtica – Apertura de un debate europeo» de 28 de noviembre de 2012 (COM(2012)0777),

–  Vista su Resolución, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»(8),

–  Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre las futuras propuestas legislativas sobre la UEM(9),

–  Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre el refuerzo de la democracia europea en la futura UEM(10),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0372/2013),

A.  Considerando que la diferenciación es una característica constitutiva del proceso de integración europea y un instrumento para permitir su progreso y garantizar el respeto a la esencia del principio de igualdad, entendido como tratar de igual modo situaciones iguales y de modo diferente situaciones diferentes;

B.  Considerando que la integración diferenciada debe continuar actuando como precursor para profundizar en la integración europea, ya que comenzó a iniciativa de un grupo de Estados miembros, sigue abierta a todos los demás y está encaminada a su integración completa en los Tratados;

C.  Considerando que la integración diferenciada adopta dos formas: «de distintas velocidades», en la que los Estados intentan lograr los mismos objetivos siguiendo calendarios distintos, y «multinivel», en la que los Estados acuerdan tener objetivos diferentes;

D.  Considerando que la diferenciación no debe socavar la ciudadanía de la Unión, que es la condición fundamental de los nacionales de los Estados miembros y permite a los que se encuentran en la misma situación recibir, en el ámbito de aplicación del Tratado, el mismo trato jurídico con independencia de su nacionalidad;

E.  Considerando que cualquier diferenciación respetará y, de ese modo, reforzará la unidad del ordenamiento jurídico de la Unión y su eficacia y coherencia, el principio de no discriminación por motivos de nacionalidad, la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores y el funcionamiento del mercado interior;

F.  Considerando que puede recurrirse a la diferenciación cuando no sea viable o no pueda lograrse la acción común en un momento determinado;

G.  Considerando que la diferenciación se integra y debe siempre integrarse en el marco institucional único de la Unión Europea;

H.  Considerando que la integración diferenciada debe respetar el principio de subsidiariedad, de conformidad con el artículo 5 del TUE y el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

I.  Considerando que los Tratados ofrecen varias opciones e instrumentos de integración diferenciada, como la limitación del ámbito de aplicación territorial, las cláusulas de salvaguardia, las excepciones, la exclusión y la inclusión voluntarias, la cooperación reforzada y las disposiciones específicas aplicables a los Estados miembros cuya moneda es el euro, siempre y cuando dichos instrumentos respeten la unidad, la eficacia y la coherencia del marco jurídico de la Unión y estén integrados en el marco institucional único de esta (el método comunitario);

J.  Considerando que algunos Estados miembros han sido autorizados a autoexcluirse de diferentes políticas de la UE, de conformidad con diferentes Protocolos de los Tratados, lo que puede poner en peligro la eficacia y la coherencia del ordenamiento jurídico europeo;

K.  Considerando que las excepciones en virtud del artículo 27, párrafo segundo, del TFUE contemplan la diferenciación de ciertos Estados miembros en un acto jurídico dirigido a todos los Estados miembros, siempre con el objetivo de establecer progresivamente la funcionalidad del mercado interior;

L.  Considerando que el TFUE contiene, en el artículo 114, apartados 4 y 5, el artículo 153, apartado 4, el artículo 168, apartado 4, el artículo 169, apartado 4, y el artículo 193, cláusulas de salvaguardia que permiten a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más estrictas en el ámbito de aplicación de un acto jurídico dirigido a todos los Estados miembros;

M.  Considerando que la cooperación reforzada exige la participación de al menos nueve Estados miembros en un ámbito de competencia no exclusiva de la Unión, permite a los Estados miembros no participantes tomar parte en las deliberaciones pero no en la votación, y está abierta en cualquier momento a la participación de todos los Estados miembros;

N.  Considerando que el procedimiento de cooperación reforzada permite, como último recurso, la adopción de medidas vinculantes para un grupo de Estados miembros previa autorización concedida por el Consejo por mayoría cualificada y, en el ámbito de la PESC, por unanimidad;

O.  Considerando que este mecanismo ya se contempla en la ley transeuropea en materia de divorcio y en la legislación europea sobre patentes, y fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo en el contexto tributario para la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras;

P.  Considerando que, en el ámbito de la política exterior y de seguridad común, se han dispuesto grupos de Estados para abordar tareas o misiones específicas, y que en el ámbito de la política común de seguridad y defensa se prevé el establecimiento de un grupo central permanente de Estados con capacidad militar;

Q.  Considerando que, históricamente, el Acuerdo de Schengen de 1986 y el Convenio de Schengen de 1990, que eliminaban los controles en las fronteras interiores del grupo de Estados miembros signatarios, el Acuerdo sobre la política social de 1991, celebrado por un grupo de Estados miembros con objeto de ampliar las antiguas competencias de la CE en materia de empleo y derechos sociales permitiendo el uso de la mayoría cualificada en este ámbito, y el Tratado de Prüm de 2005, celebrado entre un grupo de Estados miembros y Noruega en materia de intercambio de información y cooperación en la lucha contra el terrorismo, constituyen formas de integración diferenciada;

R.  Considerando que el acervo de Schengen se incorporó a los Tratados a través del Tratado de Ámsterdam, con cláusulas de exclusión voluntaria para el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca;

S.  Considerando que el Reino Unido e Irlanda pueden solicitar en cualquier momento participar en algunas o en todas las disposiciones del acervo de Schengen, y que Dinamarca sigue estando vinculada por el Acuerdo y el Convenio de Schengen originales;

T.  Considerando que el Tratado de Prüm se ha integrado parcialmente en el marco jurídico de la UE;

U.  Considerando que el Acuerdo sobre la política social fue incorporado a los Tratados por el Tratado de Ámsterdam sin ninguna cláusula de exclusión;

V.  Considerando que los Tratados prevén diversas vías en lo referente a la política social y la de empleo cuyo potencial no se ha aprovechado plenamente, en especial en lo relativo a los artículos 9, 151 y 153 del TFUE, pero también más en general en lo relativo al artículo 329 del TFUE; que, por tanto, puede lograrse una mayor convergencia social sin modificar el Tratado y sin perjuicio del principio de subsidiariedad;

W.  Considerando que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (el «Pacto Presupuestario») se concluyeron en un marco intergubernamental al margen de los Tratados;

X.  Considerando que el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y el MEDE son acuerdos de Derecho internacional celebrados por los Estados miembros cuya moneda es el euro;

Y.  Considerando que deben adoptarse las medidas necesarias, de conformidad con el TUE y el TFUE, para incorporar la esencia del TECG, concluido de conformidad con el Derecho internacional por todos los Estados miembros, excepto el Reino Unido y la República Checa, en el marco jurídico de la Unión en un plazo máximo de cinco años a partir de su entrada en vigor, sobre la base de una valoración de la experiencia adquirida en su aplicación;

Z.  Considerando que el Pacto por el Euro Plus, la Estrategia Europa 2020 y el Pacto por el Crecimiento y el Empleo deberían integrarse en la legislación de la Unión y preparan el camino para la introducción de un código de convergencia para las economías de los Estados miembros;

AA.  Considerando que los acuerdos internacionales al margen del marco jurídico de la UE que persiguen la consecución de los objetivos de los Tratados se han utilizado como instrumento de último recurso para la integración diferenciada, al prever la obligación de integrar en los Tratados el contenido del acuerdo internacional en cuestión;

AB.  Considerando que la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) supuso un salto cualitativo en la integración, al definir un modelo de gobernanza multinivel que afecta tanto a las instituciones como a los procedimientos;

AC.  Considerando que uno de los Estados miembros dispone, si así lo desea, de una excepción permanente de adhesión al euro (Protocolo n° 5) y otro de una excepción constitucional (Protocolo n° 16);

AD.  Considerando que, en el ámbito de política monetaria, las disposiciones relativas al BCE prevén una diferenciación en la estructura institucional, al establecer como órgano rector principal un Consejo de Gobierno compuesto solamente por los Estados miembros cuya moneda es el euro y un Consejo General que incluye además a los Estados miembros que no han adoptado el euro, así como en la estructura financiera, al prever que los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros serán suscriptores del capital BCE (artículo 28, apartado 1, de los Estatutos del BCE), pero que solo los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro desembolsarán su parte suscrita de capital del BCE (artículo 48, apartado 1, de los Estatutos del BCE);

AE.  Considerando que el artículo 127, apartado 6, del TFUE confiere al Consejo la facultad de encomendar al BCE tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, a excepción de las empresas de seguros, ha sido utilizado como fundamento jurídico del Reglamento por el que se establece el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) para la zona del euro y prevé la participación voluntaria de los Estados miembros cuya moneda no sea el euro mediante el establecimiento de una cooperación estrecha con el BCE;

AF.  Considerando que el artículo 139 del TFUE excluye a los Estados miembros acogidos a excepciones de la aplicación de disposiciones específicas del Tratado y de los derechos de voto correspondientes;

AG.  Considerando que los artículos 136 y 138 del TFUE establecen un método específico para la adopción de medidas aplicables a los Estados miembros cuya moneda es el euro por el que estas medidas se someten a una votación en el Consejo limitada a los representantes de dichos Estados miembros y, cuando así lo requiere el procedimiento, a la votación de todo el Parlamento Europeo;

AH.  Considerando que el artículo 136 del TFUE ya ha sido utilizado en relación con el artículo 121, apartado 6, para la adopción de reglamentos;

AI.  Considerando que, en los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, el artículo 184 del TFUE prevé la adopción de programas complementarios al programa marco plurianual en los que solamente participen los Estados miembros que los financien, sin perjuicio de una posible participación de la Unión, siempre y cuando estos se adopten con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, con la participación del Consejo y el Parlamento Europeo en su totalidad, y con el acuerdo de los Estados miembros interesados;

AJ.  Considerando que, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012, el principio de universalidad del presupuesto no impide que un grupo de Estados miembros asigne una contribución financiera al presupuesto de la UE o un ingreso determinado a un gasto específico, como ya está ocurriendo, por ejemplo, con el reactor de alto flujo en virtud de la Decisión 2012/709/Euratom;

AK.  Considerando que el artículo 137 del TFUE y su Protocolo nº 14 establecen el Eurogrupo como órgano informal;

AL.  Considerando que el buen funcionamiento de la UEM requiere una ejecución plena y rápida de las medidas acordadas en el marco de la gobernanza económica reforzada, como el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) reforzado y el semestre europeo, complementada con políticas destinadas a fomentar el crecimiento;

AM.  Considerando que una UEM más profunda exige reforzar las competencias, los recursos financieros y la responsabilidad democrática, y que su creación debe comprender dos fases: en primer lugar, el pleno aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen los Tratados actuales y, en segundo lugar, una modificación del Tratado definida por una Convención;

AN.  Considerando que, para ser eficaz, legítima y democrática, la gobernanza de la UEM debe basarse en el marco institucional y jurídico de la Unión;

AO.  Considerando que la legitimidad y la responsabilidad democráticas deben garantizarse en el nivel en el que se adoptan las decisiones;

AP.  Considerando que la UEM ha sido creada por la Unión, cuyos ciudadanos están directamente representados a escala de la Unión por el Parlamento Europeo;

A.PRINCIPIOS

1.  Reitera su voluntad de lograr una auténtica UEM que refuerce las competencias de la Unión, en particular en el ámbito de la política económica, y refuerce su capacidad presupuestaria, así como la función y la responsabilidad democrática de la Comisión y las prerrogativas del Parlamento;

2.  Considera que una mayor capacidad presupuestaria debe basarse en recursos propios específicos (incluido un impuesto sobre las transacciones financieras), que, en el marco del presupuesto de la Unión, debería apoyar el crecimiento y la cohesión social, abordando los desequilibrios, las diferencias estructurales y las situaciones de emergencia financiera que están directamente relacionadas con la unión monetaria, sin menoscabar sus funciones tradicionales de financiación de las políticas comunes;

3.  Acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión; pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas legislativas, en el marco de la codecisión si ello es jurídicamente viable, para su rápida aplicación, que incluyan un mayor grado de coordinación presupuestaria, la extensión de una coordinación más profunda de las políticas en el ámbito de la fiscalidad y el empleo y la creación de una capacidad presupuestaria adecuada para que la UEM apoye la puesta en práctica de las opciones políticas; subraya que algunos de estos elementos harán necesario modificar los Tratados;

4.  Considera que es necesario actuar con rapidez sobre cada uno de los cuatro componentes fundamentales incluidos en el informe titulado «Hacia una verdadera Unión Económica y Monetaria», presentado por los presidentes Van Rompuy, Juncker, Barroso y Draghi, en particular;

   a) un marco financiero integrado para garantizar la estabilidad financiera, en particular en la zona del euro, y reducir al mínimo el coste de las quiebras bancarias para los ciudadanos europeos; este marco eleva la responsabilidad de la supervisión al nivel europeo y prevé mecanismos comunes para la resolución bancaria y la garantía de los depósitos de los clientes;
   b) un marco integrado de política económica con los mecanismos suficientes para garantizar la aplicación de políticas nacionales y europeas que promuevan el crecimiento sostenible, el empleo y la competitividad y que sean compatibles con el buen funcionamiento de la UEM;
   c) asegurar la legitimidad democrática y la rendición de cuentas necesarias en la toma de decisiones en la UEM, sobre la base del ejercicio conjunto de la soberanía en materia de políticas comunes y solidaridad;

5.  Considera que una división mejor y más clara de las competencias y los recursos entre la UE y los Estados miembros puede y debe ir acompañada de un fortalecimiento de la responsabilización y rendición de cuentas parlamentarias en lo que respecta a las competencias nacionales;

6.  Reitera que, para ser efectivamente legítima y democrática, la gobernanza de una auténtica UEM debe integrarse en el marco institucional de la Unión;

7.  Considera que la diferenciación es un instrumento útil y conveniente para fomentar una mayor integración, en la medida en que salvaguarda la integridad de la UE, y puede resultar indispensable para alcanzar una auténtica UEM dentro de la Unión;

8.  Hace hincapié en que los procedimientos de integración diferenciada existentes en virtud de los Tratados permiten dar un primer paso hacia el establecimiento de una auténtica UEM plenamente coherente con los requisitos de una responsabilidad democrática reforzada, mayores recursos financieros y una mejor capacidad de toma de decisiones, y pide a todas las instituciones que actúen con rapidez maximizando las posibilidades que ofrecen los Tratados vigentes y sus elementos de flexibilidad y preparen, al mismo tiempo, las modificaciones que es necesario introducir en los Tratados para garantizar la seguridad jurídica y la legitimidad democrática; reitera que debe excluirse la opción de un nuevo acuerdo intergubernamental;

9.  Hace hincapié en que los cambios en los Tratados necesarios para culminar una auténtica UEM e instaurar una Unión de los ciudadanos y los estados deben partir de los instrumentos, procedimientos, prácticas y filosofía de la integración diferenciada ya existentes, mejorando al mismo tiempo su eficacia y coherencia, y confirma que hará pleno uso de sus prerrogativas para remitir al Consejo propuestas de modificación de los Tratados que posteriormente deberán ser examinadas por una Convención, con el fin de estructurar una auténtica UEM;

10.  Recuerda que el debate sobre la gobernanza multinivel no se solapa con la cuestión de la gobernanza a varios niveles, que está relacionada con el equilibrio de poderes y la participación de las autoridades nacionales, regionales y locales;

11.  Pone de relieve que la diferenciación, para ser coherente con su naturaleza de instrumento para promover la integración, salvaguardar la unidad de la UE y garantizar el pleno respeto del principio de igualdad, debe permanecer abierta y perseguir como objetivo último la inclusión de todos los Estados miembros;

12.  Insiste en que es necesario un equilibrio entre la política de empleo y la económica con arreglo a los artículos 121 y 148 del TFUE para que la UE evolucione de forma positiva;

B.PROCEDIMIENTOS

13.  Considera que, cuando sea posible, la diferenciación debe efectuarse preferiblemente a través de excepciones y cláusulas de salvaguardia incorporadas a un acto jurídico que tenga por destinatarios a todos los Estados miembros, en lugar de excluir a priori a algunos de ellos de su ámbito de aplicación territorial; subraya, no obstante, que un número elevado de excepciones y cláusulas de salvaguardia socavan la unidad de la UE, así como la coherencia y eficacia de su marco jurídico;

14.  Opina que la coordinación de las políticas económicas, de empleo y sociales pertenecen a la categoría de competencias compartidas, que, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del TFUE, incluye todos los ámbitos que no están incluidas en las listas exhaustivas de competencias exclusivas o de apoyo;

15.  Considera que, por consiguiente, la especificidad de las medidas adoptadas en virtud del artículo 136 del TFUE no solo está relacionada con el hecho de que dichas medidas sean específicas de los Estados miembros cuya moneda es el euro, sino que también implica que pueden tener un mayor efecto vinculante; opina que el artículo 136 del TFUE permite al Consejo, previa recomendación de la Comisión y únicamente con el voto favorable de los Estados miembros cuya moneda es el euro, adoptar directrices vinculantes en materia de política económica para los países de la zona del euro en el marco del semestre europeo;

16.  Hace hincapié en que, en caso de que algunos Estados miembros deseen no tomar parte en la adopción de un acto jurídico en el ámbito de las competencias no exclusivas de la Unión, debe establecerse una cooperación reforzada con arreglo a la disposición pertinente del Tratado, en lugar de concluir acuerdos internacionales fuera del marco del ordenamiento jurídico de la UE;

17.  Considera que el artículo 352 del TFUE, que otorga al Consejo la facultad de adoptar las medidas adecuadas para alcanzar uno de los objetivos fijados por los Tratados si no se han previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, puede utilizarse en relación con el artículo 20 del TUE, permitiendo así la activación de la cláusula de flexibilidad, en los casos en que no consiga alcanzarse la unanimidad en el Consejo a través del mecanismo de cooperación reforzada;

18.  Pide a los Estados miembros que, en los casos en que una divergencia entre los Estados miembros en cuanto a la dirección política impida avanzar, amplíen el principio de cooperación reforzada a las política sociales y de empleo;

19.  Considera que, para garantizar el respeto de los principios del Derecho presupuestario de la UE y salvaguardar el papel crucial del Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria, los gastos derivados de la aplicación de la cooperación reforzada han de incluirse en el presupuesto de la UE como otros ingresos o como un recurso propio específico;

20.  Pide que se recurra sistemáticamente al artículo 333, apartado 2, del TFUE a la hora de establecer una cooperación reforzada en un ámbito de competencia no exclusiva de la Unión para el que esté previsto un procedimiento legislativo especial, y pide al Consejo que adopte, con la unanimidad de los Estados miembros participantes, una decisión que estipule que, a efectos de la cooperación reforzada, tienen intención de pronunciarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

21.  Pide, cuando sea posible, que se recurra sistemáticamente a la cláusula pasarela contenida en el artículo 48, apartado 7, del TUE en procedimientos distintos a la cooperación reforzada para fortalecer la legitimidad democrática y la eficacia de la gobernanza de la UEM;

22.  Considera que, cuando no sea posible emplear la cláusula pasarela, como por ejemplo en el caso de la adopción de las orientaciones sobre política económica y empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, debe aprovecharse al máximo la posibilidad de concluir acuerdos interinstitucionales de carácter vinculante;

23.  Recuerda que el objetivo del artículo 48 del TUE es asimismo garantizar la legitimidad democrática de cualquier cambio en el Tratado mediante el requisito de participación obligatoria del Parlamento Europeo en el procedimiento de modificación y de los Parlamentos nacionales en el posterior procedimiento de ratificación;

24.  Manifiesta su desacuerdo con el término «acuerdos contractuales» y anima a buscar mejores métodos de vincular formalmente los fondos disponibles con arreglo al instrumento de convergencia y competitividad (ICC) y las reformas estructurales, y reitera que la falta de competencias y poderes de la Unión puede suplirse, en caso necesario, con el empleo de procedimientos apropiados previstos en los Tratados o, en ausencia de un fundamento jurídico adecuado, mediante la modificación de los Tratados;

C.DEMOCRACIA E INSTITUCIONES

25.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 3, apartado 4, del TUE, la UEM ha sido creada por la Unión y que su funcionamiento debe estar basado en la democracia representativa;

26.  Hace hincapié en que el Parlamento Europeo es la única institución de la UE en la que los ciudadanos están directamente representados a nivel de la Unión y el órgano parlamentario de la UEM, y en que su adecuada participación es esencial para garantizar la legitimidad y el funcionamiento democráticos de la UEM, además de un requisito fundamental para cualquier paso posterior hacia una unión bancaria, una unión presupuestaria y una unión económica;

27.  Destaca que la legitimidad y la rendición de cuentas adecuadas deben garantizarse tanto a nivel nacional como de la UE por los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, respectivamente; recuerda el principio establecido en las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo de diciembre de 2012 de que «el objetivo general sigue consistiendo en garantizar a lo largo de todo el proceso la rendición de cuentas y la legitimidad democráticas en el nivel en que se adoptan y aplican las decisiones»;

28.  Lamenta, por tanto, la falta de escrutinio parlamentario de la Troika, la FEEF y el MEDE;

29.  Considera que cualquier diferenciación formal de los derechos de participación parlamentaria que tome como base el lugar de origen de los diputados al Parlamento Europeo supone una discriminación por motivos de nacionalidad —cuya prohibición es un principio fundamental de la Unión Europea— y vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos de la Unión consagrado en el artículo 9 del TUE;

30.  Considera que, en caso de que se adopten medidas en virtud del artículo 136 del TFUE o se establezca una cooperación reforzada, la asimetría derivada de la participación, por un lado, de los representantes en el Consejo de los Estados miembros cuya moneda es el euro (o de los representantes de los países participantes) y, por el otro, del Parlamento Europeo y de la Comisión en representación de todos los ciudadanos de la Unión y en defensa del interés general es plenamente coherente con los principios de diferenciación y, lejos de reducir la legitimidad de dichas medidas, la refuerza;

31.  Hace hincapié en que el Reglamento del Parlamento Europeo ofrece un margen de maniobra suficiente para organizar formas específicas de diferenciación sobre la base del acuerdo político, tanto dentro de los grupos políticos como entre ellos, a fin de garantizar un control adecuado de la UEM; recuerda que el artículo 3, apartado 4, del TUE dispone que «la Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro» y que el Protocolo n° 14 sobre el Eurogrupo hace referencia a «la necesidad de establecer disposiciones especiales para el mantenimiento de un diálogo reforzado entre los Estados miembros cuya moneda es el euro, en espera de que el euro pase a ser la moneda de todos los Estados miembros de la Unión»; señala que, si esta situación supuestamente transitoria perdura, se deberá examinar dentro del Parlamento un mecanismo adecuado de responsabilidad para la actual zona del euro y para los Estados miembros que se han comprometido a entrar en ella;

32.  Considera importante intensificar la cooperación con los Parlamentos nacionales sobre la base del artículo 9 del Protocolo n°1 anejo a los Tratados, y acoge con satisfacción el acuerdo sobre la organización de una conferencia interparlamentaria en la que se aborden las políticas presupuestaria y económica; pone de relieve, sin embargo, que dicha cooperación no debería considerarse como la creación de un nuevo organismo parlamentario mixto, que no resultaría ni efectivo ni legítimo desde un punto de vista democrático y constitucional, y reitera que, para reforzar la gobernanza democrática de la UEM, nada puede sustituir un refuerzo formal de la plena legitimidad del Parlamento Europeo, órgano parlamentario a escala de la Unión;

33.  Hace hincapié en que la Cumbre del Euro y el Eurogrupo son órganos informales de debate y no instituciones de toma de decisiones relativas a la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria;

34.  Pone de relieve el papel crucial de la Comisión en la gobernanza de la UEM, confirmado también por el Pacto Presupuestario y el MEDE, para garantizar el ordenamiento jurídico de los Tratados de la UE y servir al interés común de la Unión en su conjunto;

D.INTEGRACIÓN DIFERENCIADA EN EL MARCO DE LOS TRATADOS ACTUALES: HACIA UNA AUTÉNTICA UEM

35.  Considera que debería utilizarse el método comunitario para todas las medidas tendentes a reforzar la UEM; recuerda que el artículo 16 del TECG establece que en un plazo de cinco años, como máximo, a partir de la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y sobre la base de una evaluación de la experiencia recogida en su aplicación, deberán darse los pasos necesarios, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para incorporar el contenido del Tratado en el entramado jurídico de la Unión Europea;

36.  Hace hincapié en que los Estados miembros cuya moneda es el euro y los que se han comprometido a adoptarlo deben redoblar sus esfuerzos por reforzar la estabilidad y observancia del Tratado y aumentar la competitividad, la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad democrática; recuerda que el euro es la moneda de la Unión Europea y que se espera que todos los Estados miembros, salvo aquellos a los que se aplica una excepción, adoptarán el euro en el momento oportuno;

37.  Señala que, para luchar contra la crisis y responder frente a las deficiencias estructurales de la arquitectura de la Unión Económica y Monetaria, los gobiernos nacionales y las instituciones europeas han puesto en práctica una serie de medidas para salvaguardar la estabilidad financiera y mejorar la gobernanza económica; señala que estas decisiones, como determinadas disposiciones del denominado «paquete de seis» y la creación del MEDE, solo afectan a los miembros de la zona del euro;

38.  Acoge favorablemente la creación de un mecanismo único de supervisión para la zona del euro que esté abierto a todos los Estados miembros en su conjunto; subraya que la creación de un mecanismo único de resolución para entidades de crédito es una etapa indispensable hacia el establecimiento de una auténtica unión bancaria; considera que, para superar las deficiencias estructurales inherentes a la Unión Económica y Monetaria y frenar de manera eficaz el imperante riesgo moral, la «unión bancaria» propuesta debe aprovechar la anterior reforma del sector de los servicios financieros de la Unión, así como la gobernanza económica reforzada, especialmente en la zona del euro, y el nuevo marco presupuestario del Semestre Europeo, a fin de asegurar una mayor resistencia y competitividad del sector bancario de la Unión, aumentar la confianza en el mismo e incrementar las reservas de capital para evitar que los presupuestos públicos de los Estados miembros tengan que soportar los costes de los rescates financieros en el futuro;

39.  Manifiesta su profunda preocupación por los retrasos que está sufriendo la creación de la unión bancaria y las modalidades prácticas de la recapitalización bancaria directa por el MEE; se siente alarmado, en particular, por la fragmentación en curso del sistema bancario de la UE; destaca que una unión bancaria sólida y ambiciosa es un componente clave de una UEM más profunda y auténtica, así como una medida política crucial en la que el Parlamento lleva insistiendo más de tres años, especialmente desde la aprobación de sus dictámenes sobre el Reglamento relativo a la Autoridad Bancaria Europea;

40.  Considera que la disposición del Reglamento relativo al MUS, que requiere la aprobación del Parlamento Europeo para el nombramiento del presidente y el vicepresidente del Comité de Supervisión, sienta un precedente importante para reforzar el papel del Parlamento Europeo en una gobernanza de la UEM basada en la diferenciación;

41.  Expresa su apoyo a los nuevos instrumentos de solidaridad, como el instrumento de convergencia y competitividad (ICC); considera que el concepto del ICC puede reforzar la adhesión a la política económica y mejorar su eficacia; hace hincapié en que estos instrumentos deben elaborarse de forma tal, que se evite toda inseguridad jurídica y el aumento del déficit democrático de la Unión;

42.  Pide a la Comisión que presente en el marco del semestre europeo una propuesta para adoptar un código de convergencia basado en la Estrategia Europa 2020 que establezca un sólido pilar social; insiste en que los programas nacionales de ejecución deben garantizar la aplicación del código de convergencia por todos los Estados miembros con el apoyo de un mecanismo basado en incentivos;

43.  Destaca que un mecanismo de incentivos reforzaría la naturaleza vinculante de la coordinación de políticas económicas;

44.  Señala que la creación de un mecanismo de ejecución basado en incentivos destinado a aumentar la solidaridad, la cohesión y la competitividad debe ir acompañada de niveles adicionales de coordinación de las políticas económicas, en consonancia con la declaración de la Comisión que acompaña a las dos medidas, a fin de respetar el principio según el cual «las medidas en aras de una mayor responsabilidad y disciplina económicas deben combinarse con una mayor solidaridad»;

45.  Hace hincapié en que los mecanismos de coordinación ex ante y los instrumentos de convergencia y competitividad deben aplicarse a todos los Estados miembros que hayan adoptado el euro como divisa, ofreciendo la posibilidad de que otros Estados miembros se adhieran a ellos de forma permanente; pide a la Comisión que incluya este tipo de validación obligatoria por parte de los Parlamentos nacionales en sus próximas propuestas legislativas y que asegure una mayor participación de ambas partes del sector en la coordinación económica;

46.  Considera que cualquier nuevo ICC propuesto debe basarse en la condicionalidad, la solidaridad y la convergencia; considera que un instrumento de esta índole debe ponerse en marcha únicamente una vez que se hayan determinado los desequilibrios sociales y la necesidad de grandes reformas estructurales a largo plazo que apuntalen el crecimiento sostenible, sobre la base de la evaluación de la coherencia entre el código de convergencia y los planes nacionales de ejecución, y con la adecuada participación formal del Parlamento Europeo, el Consejo y los Parlamentos nacionales;

47.  Considera que el ICC debe constituir un vehículo para una mayor capacidad presupuestaria y orientarse hacia el apoyo condicionado de las reformas estructurales, con el fin de reforzar la competitividad, el crecimiento y la cohesión social, garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y la convergencia sostenida del rendimiento económico de los Estados miembros, y corregir los desequilibrios y las divergencias estructurales; considera que tales instrumentos sientan las bases de una auténtica capacidad presupuestaria;

48.  Considera la creación de este instrumento como una fase inicial para la creación de una capacidad presupuestaria más fuerte de la UEM, y hace hincapié en que los recursos financieros del ICC deben ser parte integrante del presupuesto de la UE, aunque al margen de los límites máximos del ICC, a fin de respetar los Tratados y el Derecho de la UE y garantizar la participación plena del Parlamento Europeo como autoridad presupuestaria permitiendo, entre otras cosas, una aprobación caso por caso de los créditos presupuestarios correspondientes;

49.  Pide la inclusión de un nuevo recurso propio financiado con contribuciones de los Estados miembros que participen en el ICC con arreglo a una Decisión sobre recursos propios modificada y mediante la afectación de los ingresos procedentes de este nuevo recurso propio al gasto del ICC, y pide una modificación de las Decisiones sobre recursos propios o, si esto no fuera posible, la utilización de los ingresos del impuesto sobre las transacciones financieras como otros ingresos a fin de compensar dichas contribuciones directas;

50.  Insiste en que el Presidente del Parlamento debe presentar en el Consejo Europeo de Primavera la postura del Parlamento sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento; considera que se debe negociar un acuerdo interinstitucional para involucrar al Parlamento Europeo en la aprobación del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y de las directrices en materia de política económica y de empleo;

51.  Reitera su llamamiento para fortalecer la dimensión social de la UEM, insistiendo a su vez en que la política de empleo y la política social son políticas de la Unión;

52.  Según los Tratados, a la hora de definir y aplicar las políticas y actividades de la Unión deben tenerse en cuenta la promoción de un elevado índice de empleo y la garantía de una protección social adecuada; pide que se establezcan parámetros comparativos en materia social y de empleo para completar los indicadores presupuestarios y macroeconómicos, así como informes sobre los progresos de las reformas estructurales, para garantizar un nivel adecuado y eficaz de la inversión social y, por consiguiente, la sostenibilidad de una Unión Europea social en una perspectiva de largo plazo;

53.  Acoge con satisfacción el establecimiento por parte de la Comisión, el 2 de julio de 2013, en aplicación de los acuerdos del paquete de dos medidas sobre gobernanza económica, de un grupo de expertos bajo la Presidencia de la Sra. Gertrude Trumpel-Gugerell, encargada de evaluar exhaustivamente las principales características de un posible fondo de amortización y las euroletras, incluidas las disposiciones jurídicas, la arquitectura financiera y los marcos presupuestarios complementarios; se propone adoptar una postura sobre estos asuntos una vez se haya presentado el informe del grupo de expertos;

54.  Considera que las operaciones del FEEF/MEDE y cualquier otra estructura similar futura deben ser objeto de supervisión y control democrático periódico por el Parlamento Europeo; opina que el MEE debe ser incorporado plenamente en el marco de la Unión;

55.  Señala que la troika debe de asumir sus responsabilidades; opina que la Comisión debería informar periódicamente al Parlamento Europeo en nombre de la troika a través de la presentación de informes periódicos; recuerda que la participación de la UE en el sistema de la troika debe estar sometida al control democrático por el Parlamento y a la rendición de cuentas ante él;

E.INTEGRACIÓN DIFERENCIADA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

56.  Considera que cualquier modificación futura de los Tratados debe avalar la integración diferenciada como herramienta que salvaguarde una mayor integración preservando al mismo tiempo la unidad en la Unión;

57.  Opina que una modificación futura de los Tratados puede introducir una nueva categoría de miembro asociado, basada en una integración parcial en ámbitos políticos específicos de la Unión como medio para fortalecer la política europea de vecindad;

58.  Considera que cualquier modificación futura de los Tratados debe avalar la Cumbre del Euro como configuración informal del Consejo Europeo, tal como establece el título V del TECG;

59.  Sugiere que el Eurogrupo se convierta en una configuración informal del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros;

60.  Pide que el cargo de Comisario de Asuntos Económicos y Financieros se convierta en Ministro de Economía y Vicepresidente permanente de la Comisión;

61.  Pide que la unanimidad exigida en las votaciones del Consejo sea sustituida, salvo contadas excepciones, por la mayoría cualificada, y que el procedimiento legislativo ordinario reemplace a los procedimientos legislativos especiales existentes;

62.  Pide que se introduzca un fundamento jurídico que permita crear agencias de la Unión que puedan llevar a cabo funciones específicas de ejecución y aplicación conferidas por el Parlamento Europeo y el Consejo de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario;

63.  Considera que la votación por mayoría cualificada inversa prevista en el Pacto Presupuestario es más una declaración política que un instrumento eficaz de toma de decisiones y pide, por tanto, que dicha votación se integre en los Tratados, en particular en los artículos 121, 126 y 136 del TFUE, de manera que las propuestas o recomendaciones presentadas por la Comisión puedan quedar adoptadas si el Parlamento o el Consejo no expresan ninguna objeción en un plazo determinado predefinido, para garantizar así la plena seguridad jurídica;

64.  Pide que se modifique el artículo 136 del TFUE de modo que quede abierto a la participación voluntaria de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, otorgándoles derecho a voto conforme al procedimiento de cooperación reforzada, y pide que se eliminen las restricciones incluidas en el artículo 136 del TFUE y que se transforme este artículo en una cláusula general para la adopción de actos jurídicos en relación con la coordinación y el establecimiento de normas mínimas jurídicamente vinculantes en materia de política económica, social y de empleo;

65.  Pide la ampliación del fundamento jurídico del artículo 127, apartado 6, del TFUE a todas las entidades financieras, incluidas las empresas de seguros, establecidas en el mercado interior;

66.  Pide que se incluya al Parlamento en el procedimiento de nombramiento del presidente, el vicepresidente y los demás miembros del Comité Ejecutivo del BCE dispuesto en el artículo 283 del TFUE, exigiendo que el Parlamento apruebe las recomendaciones del Consejo;

67.  Pide a la próxima Convención que examine la posibilidad de introducir un procedimiento legislativo especial que exija cuatro quintos de los votos en el Consejo y una mayoría de los diputados que componen el Parlamento en virtud del artículo 312 del TFUE para la adopción del reglamento que fije el marco financiero plurianual;

68.  Pide a la próxima Convención que examine la posibilidad de introducir un procedimiento legislativo especial que exija cuatro quintos de los votos en el Consejo y una mayoría de los diputados que componen el Parlamento en virtud del artículo 311, apartado 3, del TFUE para la adopción de la decisión sobre recursos propios;

69.  Pide a la próxima Convención que examine la posibilidad de prever un sistema de recursos propios específicos en el marco del presupuesto de la UE para los Estados miembros cuya moneda es el euro y los Estados miembros que deseen participar en las nuevas políticas comunes;

70.  Opina que los recursos financieros de las agencias de la Unión deben formar parte integrante del presupuesto de la Unión;

71.  Pide que, para cualquier modificación de los Tratados, se exija la aprobación del Parlamento Europeo con una mayoría de dos tercios de los diputados que lo componen;

72.  Insiste en que la futura Convención tenga la mayor legitimidad democrática posible, también mediante la participación de los interlocutores sociales, la sociedad civil y otras partes interesadas, alcance sus decisiones en sesión plenaria, de conformidad con normas plenamente democráticas, tenga el tiempo suficiente para llevar a cabo deliberaciones serias y exhaustivas, funcione con total transparencia y permita que todas sus reuniones estén abiertas al público;

73.  Aboga por la ampliación de la cláusula pasarela del artículo 48, apartado 7, del TUE al conjunto de los Tratados;

o
o   o

74.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Presidente del Consejo Europeo.

(1) Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM).
(2) Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria.
(3) DO L 306 de 23.11.2011.
(4) DO L 140 de 27.5.2013.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6)Textos Aprobados, P7_TA(2013)0372.
(7) https://www.ecb.europa.eu/ssm/pdf/4preport/fourpresidentsreport2012-12-05ES.pdf.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0430.
(9) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0222.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0269.


Las relaciones del Parlamento Europeo con las instituciones que representan a los Gobiernos nacionales
PDF 201kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de12 de diciembre de 2013, sobre las relaciones del Parlamento Europeo con las instituciones que representan a los gobiernos nacionales (2012/2034(INI))
P7_TA(2013)0599A7-0336/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 15 y 16 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 235 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010, 17 de junio de 2010, 16 de septiembre de 2010, 28 y 29 de octubre de 2010, 16 y 17 de diciembre de 2010, 4 de febrero de 2011, 24 y 25 de marzo de 2011, 23 y 24 de junio de 2011, 23 de octubre de 2011, 9 de diciembre de 2011, 1 y 2 de marzo de 2012, 28 y 29 de junio de 2012, 18 y 19 de octubre de 2012, 13 y 14 de diciembre de 2012, 7 y 8 de febrero de 2013, 14 y 15 de marzo de 2013, y 27 y 28 junio de 2013,

–  Vistas las declaraciones de los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea tras las reuniones informales de los miembros del Consejo Europeo del 26 de octubre de 2011 y del 30 de enero de 2012,

–  Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre las repercusiones del Tratado de Lisboa en la evolución del equilibrio institucional en la Unión Europea(1),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014(2),

–  Vistos los artículos 48, 110 y 127 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0336/2013),

A.  Considerando que, en virtud del Tratado de Lisboa, se ha conferido al Consejo Europeo el estatuto de institución europea sin modificarse su función, ya que, de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, «el Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. No ejercerá función legislativa alguna.»;

B.  Considerando que el Parlamento es perfectamente consciente de la independencia del Consejo Europeo y de la eminente función que de ese modo le confieren los Tratados;

C.  Considerando, no obstante, que, bajo la presión de la crisis, el Consejo Europeo ha ampliado considerablemente su función, multiplicando las reuniones excepcionales y abordando en su seno asuntos que habitualmente trata el Consejo de Ministros; y que, en este sentido, el Consejo Europeo ha incumplido el mandato crucial del Tratado de no tener funciones ejecutivas;

D.  Considerando que el deseo de los jefes de Estado o de Gobierno de recurrir a expedientes intergubernamentales amenaza el «método comunitario», incumpliendo los Tratados;

E.  Considerando que para reforzar el carácter democrático del proceso de toma de decisiones deben aplicarse modalidades adecuadas de control parlamentario;

F.  Considerando que, de conformidad con el Tratado de Lisboa, los miembros del Consejo Europeo son responsables individualmente ante sus parlamentos nacionales, pero son responsables colectivamente solo ante sí mismos;

G.  Considerando que se ha encomendado al presidente del Consejo Europeo la función de presentar propuestas, en conexión generalmente con sus homólogos de otras instituciones, y que con ello se ha convertido de hecho en el principal negociador en nombre de los Estados miembros respecto de asuntos cuya plasmación jurídica depende, desde el Tratado de Lisboa, del procedimiento de codecisión;

H.  Considerando que, de acuerdo con las autoridades del Parlamento, y particularmente mediante canje de notas, el Presidente Van Rompuy ha intentado tener en cuenta lo mejor posible las exigencias en materia de información y transparencia, habiéndose reunido personalmente con presidentes de comisión, ponentes y sherpas del Parlamento en relación con varios asuntos importantes, respondiendo a preguntas con solicitud de respuesta escrita, informando con regularidad sobre las reuniones del Consejo Europeo al Pleno y a la Conferencia de Presidentes ampliada, y manteniendo numerosos contactos con los presidentes de los grupos;

I.  Considerando que procede oficializar esta práctica para que sirva de precedente de cara al futuro, y también mejorarla; que, por lo que respecta al régimen europeo de patentes, el Consejo Europeo ha cuestionado el acuerdo legislativo celebrado entre el Parlamento y el Consejo; que, por lo que respecta a la gobernanza económica, el Consejo Europeo ha considerado oportuno volver a negociar unas disposiciones idénticas a otras que ya eran aplicables en virtud de un Reglamento anterior; que, por lo que respecta a la Autoridad Europea de Supervisión Bancaria, el Consejo Europeo ha adoptado sucesivamente dos posiciones contradictorias en el intervalo de un año, lo que podría haber evitado si hubiese tenido mejor en cuenta la posición del Parlamento; y que el marco financiero plurianual 2014-2020 se ha traducido en un auténtico «atraco» legislativo puesto que la unanimidad que se requería desde el punto de vista jurídico en el Consejo solo ha podido obtenerse decidiendo con antelación algunas de las opciones políticas fundamentales de los reglamentos legislativos correspondientes a las políticas que se han de financiar, lo que ha reducido en esos ámbitos el papel del Parlamento limitándolo al de modificar disposiciones de carácter secundario;

J.  Considerando que, para todos estos asuntos, que por definición son los más importantes, la inexistencia de un diálogo formalizado entre el Parlamento y el Consejo Europeo ha impedido a aquel desempeñar plenamente su función de colegislador establecida por los Tratados; que, con frecuencia, los interlocutores oficiales de los representantes del Parlamento no tenían el poder de asumir verdaderamente compromisos en nombre de los gobiernos; que, si bien el presidente en ejercicio del Consejo y el Consejo de Asuntos Generales(3) siguen siendo los encargados, en teoría, de preparar las reuniones del Consejo Europeo, es cada vez más evidente que no desempeñan más que un papel marginal o técnico; y que la intervención preliminar del Presidente del Parlamento Europeo en la apertura de los Consejos Europeos no es un procedimiento suficiente;

K.  Considerando que el Parlamento Europeo no puede convocar un debate con el Presidente del Consejo Europeo antes de las reuniones del mismo; y que el Parlamento no se organiza debidamente para los debates en los que el Presidente informa posteriormente de las reuniones del Consejo Europeo;

L.  Considerando que, sin embargo, es muy positivo que varios jefes de Gobierno de los Estados miembros de la UE pidan la tribuna del Parlamento Europeo para celebrar debates sobre el futuro de Europa;

M.  Considerando que el funcionamiento del Consejo de Ministros preocupa seriamente, y que ni el Consejo Europeo ni la presidencia rotatoria parecen capaces de introducir en su trabajo las ansiadas normas de ritmo, estrategia, congruencia, coherencia o transparencia; y considerando asimismo que dichas deficiencias en la segunda cámara de la legislatura perjudican a la elaboración de legislación de la Unión Europea;

N.  Considerando que el artículo 17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea se aplicará por primera vez tras las próximas elecciones europeas; que el objetivo de esta disposición fundamental es que los ciudadanos elijan al presidente de la Comisión a través de la elección de sus diputados, en consonancia con un régimen parlamentario; que este resultado solo puede lograrse si los partidos políticos europeos, el Parlamento y el Consejo Europeo actúan en este espíritu, de conformidad con sus responsabilidades respectivas, en particular en el marco de las consultas destinadas a poner en práctica la Declaración nº 11 aneja al Tratado de Lisboa;

1.  Estima que, a la luz de la experiencia acumulada durante estos cuatro años, parece necesario mejorar y formalizar las relaciones de trabajo entre el Consejo Europeo y el Parlamento, y que ello que podría plasmarse en forma de declaración común, de acuerdo interinstitucional o de canje de notas;

2.  Opina que, salvo en caso de urgencia excepcional, todas las reuniones del Consejo Europeo deben ir precedidas de un debate ante el Parlamento Europeo que permita la adopción de una resolución y al que acudiría el presidente del Consejo Europeo para presentar personalmente los asuntos incluidos en el orden del día; estima que el Parlamento y el Consejo Europeo deben organizar sus trabajos respectivos para poder dar al Parlamento la oportunidad de dar a conocer su opinión sobre los asuntos de que se trate a su debido tiempo y para permitir al Presidente del Consejo Europeo informar al Pleno después de cada reunión del Consejo Europeo; destaca que, en la medida de lo posible, las reuniones del Consejo no deben celebrarse durante las semanas de sesión del Parlamento;

3.  Recuerda que las conclusiones del Consejo Europeo tienen el valor de instrucciones de negociación para el Consejo de Ministros y en ningún caso equivalen a líneas rojas innegociables con el Parlamento; pide que en las conclusiones del Consejo Europeo se introduzca una fórmula estándar que recuerde lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea;

4.  Insta al Consejo Europeo a que, cuando se celebre un acuerdo entre los representantes del Parlamento y los del Consejo en el marco de un procedimiento legislativo, rehúse referirse posteriormente al contenido del mismo, salvo si la presidencia en ejercicio ha especificado que se trataba de un acuerdo ad referéndum;

5.  Propone que se invite al Presidente del Consejo Europeo y al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a participar junto con el Presidente de la Comisión, una vez al año, en un debate general sobre la situación interior y exterior de la Unión, sin solaparse con el debate anual que ya se celebra sobre el estado de la Unión, durante el que el Presidente de la Comisión presenta su programa de trabajo e informa sobre su acción al Parlamento ante el que es responsable;

6.  Recuerda que, a diferencia del Presidente de la Comisión, el Presidente del Consejo Europeo no es responsable ante el Parlamento, y que se ha de tener en cuenta este elemento en la organización de los debates en los que participa, al tiempo que se permite a los diputados que no sean presidentes de grupo dialogar con el Presidente del Consejo Europeo; estima, en cambio, que el procedimiento de las preguntas con solicitud de respuesta escrita no parece apropiado;

7.  Solicita que, cada vez que el Consejo Europeo emprenda un plan de acción o un procedimiento que pueda conllevar una dimensión legislativa, se decida a su debido tiempo asociar al Parlamento Europeo en cooperación con dicha institución y según la forma que parezca apropiada en cada caso; insiste en que el presidente del Parlamento debería participar plenamente en aquellas reuniones del Consejo Europeo en las que se aborden asuntos interinstitucionales, y el Parlamento y el Consejo Europeo adaptarían en consecuencia sus reglamentos para detallar la elección de sus representantes respectivos y la manera en que estos obtienen un mandato de negociación y rinden cuentas del mismo;

8.  Pide al Consejo Europeo que dé a conocer claramente, antes del inicio de la campaña de las elecciones europeas, cómo tiene previsto respetar la elección de los ciudadanos europeos en el procedimiento que conduzca a la elección del presidente de la Comisión, de conformidad con el artículo 17, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea, en el marco de las consultas que deberían tener lugar entre el Parlamento y el Consejo Europeo para aplicar la Declaración nº 11 aneja al Tratado de Lisboa; recuerda la importancia que reviste el incremento de la visibilidad y del carácter europeo de la campaña electoral; invita a cada uno de los miembros del Consejo Europeo a anunciar con antelación cómo tiene previsto respetar el voto de sus conciudadanos cuando proponga uno o varios candidatos para la función de comisario de su país;

9.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como a los Jefes de Estado y de Gobierno y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 82.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0323.
(3) Véase el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea.


Política de infraestructuras verde
PDF 135kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa (2013/2663(RSP))
P7_TA(2013)0600B7-0549/2013

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Séptimo Programa de acción en materia de medio ambiente,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa» (COM(2013)0249),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (COM(2011)0571),

–  Vista la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (COM(2011)0244),

–  Vista la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres(1),

–  Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Medio Ambiente de junio de 2011 y de 17 de diciembre de 2012 (apartado 14),

–  Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre la estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural(3), en particular su apartado 50,

–  Visto el estudio titulado «The Economics of Ecosystems and Biodiversity» (Economía de los ecosistemas y biodiversidad) (TEEB)(4),

–  Vistos el Libro Blanco de la Comisión de 2009 titulado «Adaptación al cambio climático: hacia un marco europeo de actuación» (COM(2009)0147) y su Comunicación titulada «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (COM(2013)0216),

–  Vista la pregunta formulada a la Comisión sobre la infraestructura verde: mejora del capital natural en Europa (O-000094/2013 - B7-0525/2013),

–  Vista la Agenda territorial de la Unión Europea 2020: Hacia una Europa de regiones diversas integradora, inteligente y sostenible,

–  Vistas las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado por las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en octubre de 2010,

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que las pérdidas de biodiversidad y el empobrecimiento del estado de nuestros ecosistemas deben abordarse con el fin de garantizar la continuación de la prestación de servicios ecosistémicos y la preservación del capital natural para las generaciones presentes y futuras;

B.  Considerando que la infraestructura verde contribuye a que la naturaleza ofrezca todo el potencial de los servicios ecosistémicos que puede brindar a la sociedad;

C.  Considerando que la pérdida de biodiversidad debe abordarse con el fin de preservar el capital natural tanto para la presente generación como para las generaciones futuras;

D.  Considerando que la presión antropogénica amenaza la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas en la Unión Europea, en particular a través de la fragmentación y la destrucción de los hábitats naturales, el cambio climático y la intensificación del uso de los hábitats seminaturales;

E.  Considerando que la biodiversidad y el bienestar de la sociedad humana están estrechamente relacionados;

F.  Considerando que para conservar y fortalecer la biodiversidad en la Unión es importante minimizar el nivel de fragmentación y mejorar la conectividad ecológica;

G.  Considerando que, según la Meta 11 de Aichi para la Diversidad Biológica «para 2020, al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y el 10 por ciento de las zonas marinas y costeras, especialmente aquellas de particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se conservan por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados y otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y están integradas en los paisajes terrestres y marinos más amplios»;

H.  Considerando que la infraestructura verde y la agricultura están íntimamente vinculadas por lo que se refiere a la productividad agraria y la protección del patrimonio agrícola, y debido a las repercusiones que las actividades agrícolas tienen en la ordenación del territorio y en la planificación de los usos del suelo;

I.  Considerando que la experiencia demuestra que los proyectos de infraestructura verde brindan una gran oportunidad de integración de la naturaleza en la sociedad, incluidos los entornos urbanos, en donde vive una proporción cada vez mayor de la población; y que esta población está expuesta a las graves consecuencias del fenómeno de «isla térmica urbana»;

J.  Considerando que la información sobre cómo crear, proteger, reforzar y utilizar de forma eficiente la infraestructura verde en los diferentes tipos de paisaje debe ser compartida por las partes interesadas y debe hacerse pública;

K.  Considerando que la experiencia demuestra que la planificación y el desarrollo de proyectos de infraestructura son etapas fundamentales en las que debe garantizarse la integración de las necesidades ecológicas, económicas y de la sociedad, tanto en los paisajes urbanos como en los rurales;

L.  Considerando que los programas y proyectos de infraestructura, tanto regionales como urbanos, que reciben cofinanciación de la UE deberían integrar elementos de la infraestructura verde y mitigar el impacto en los actuales ecosistemas, a fin de incrementar los beneficios medioambientales, sociales y económicos de dichos programas y proyectos;

M.  Considerando que la infraestructura verde presenta toda una serie de beneficios —ecológicos, económicos y sociales— a través de soluciones naturales, que generalmente son menos costosas y más duraderas y pueden contribuir a la creación de empleo;

N.  Considerando que las inversiones en infraestructura verde suelen ofrecer un rendimiento elevado;

Consideraciones generales

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación sobre la infraestructura verde y la intención de la Comisión de perseguir activamente los objetivos establecidos en la misma;

2.  Es consciente de la importancia fundamental de la infraestructura verde para proteger eficazmente el capital natural de Europa, conservar los hábitats y las especies de la naturaleza y mantener el buen estado ecológico de las masas de agua;

3.  Destaca la contribución que la infraestructura verde puede hacer a los múltiples objetivos de la Unión para 2020, y subraya la urgencia de su desarrollo y de su integración en las herramientas de aplicación del marco financiero plurianual, a fin de contribuir eficazmente al logro de los objetivos de biodiversidad de la Unión;

4.  Reconoce que el despliegue de la infraestructura verde ayudará a la Unión a cumplir los compromisos internacionales que ha adquirido en virtud de las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020;

5.  Acoge con satisfacción el enfoque innovador de la infraestructura verde, que ofrece rentabilidad a través de múltiples beneficios y soluciones que pueden conciliar los objetivos medioambientales, sociales y económicos;

Integración en distintos ámbitos de acción

6.  Destaca la necesidad de integrar la estructura verde en todas las políticas sectoriales de la UE y en los mecanismos de financiación correspondientes, tomando ejemplo de las mejores prácticas de los Estados miembros;

7.  Señala que la infraestructura verde puede ser particularmente importante en las ciudades, donde vive una proporción creciente de la población y donde la infraestructura verde puede prestar servicios como la purificación del aire, el control de la temperatura y la mitigación del «efecto de isla térmica», zonas de recreo, la protección contra las inundaciones, la retención de las aguas pluviales y la prevención de las inundaciones, el mantenimiento de los niveles freáticos, el restablecimiento de la biodiversidad o la detención de la pérdida de la misma, la mitigación de las condiciones meteorológicas extremas y de sus consecuencias, así como la mejora de la salud de los ciudadanos y de la calidad de vida en general, ofreciendo, por ejemplo, zonas accesibles y asequibles para la actividad física; subraya el vínculo existente entre la infraestructura verde y la salud pública, y considera que invertir en infraestructura verde es también invertir en salud pública;

8.  Pone de relieve la contribución de la infraestructura verde como acompañamiento esencial a la red Natura 2000, reforzando la coherencia y la resistencia de esta red, que persigue la conservación de importantes especies y hábitats de la naturaleza de Europa, y ayudando a mantener la prestación de servicios ecosistémicos por un valor estimado en cientos de miles de millones de euros al año; señala, en este contexto, la complementariedad entre la legislación de Natura 2000 y la iniciativa sobre infraestructura verde;

9.  Insta a los Estados miembros a que hagan de la infraestructura verde un elemento prioritario de la ordenación del territorio y la planificación de los usos del suelo, consultando y sensibilizando a las partes interesadas sobre el terreno y a la población local mediante campañas educativas en las que participen todos los niveles decisorios (local, regional y nacional), y pide a la Comisión que apoye la elaboración de orientaciones y valores de referencia para lograr que la infraestructura verde pase a ser parte habitual de la ordenación del territorio y el desarrollo territorial en toda la Unión; señala que los procedimientos de autorización de nuevos proyectos o de infraestructuras grises deben garantizar la plena evaluación de cualquier impacto negativo en los ecosistemas y en la actual infraestructura verde, con el fin de prevenir y mitigar dichos impactos y de asegurar beneficios sociales reales a largo plazo;

10.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que usen todos los instrumentos de financiación de la UE, como los de la política de cohesión y la política agrícola común, en especial las superficies de interés ecológico, para promover la infraestructura verde con el fin de asegurar la prestación de una amplia gama de servicios ecosistémicos y la protección de los procesos naturales en las zonas rurales y urbanas; pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento sobre el uso de los fondos de la PAC para apoyar a la infraestructura verde; resalta, a este respecto, la importancia de la infraestructura verde para la protección de las abejas y, en consecuencia, para un correcto desarrollo de la polinización;

11.  Pone de relieve los efectos positivos de la infraestructura verde en la mitigación del cambio climático, ya que tiene una influencia positiva en las reservas de carbono y en el equilibrio de los gases de efecto invernadero, especialmente gracias a la conservación de suelos de turba, las superficies arboladas seminaturales y naturales y otros ecosistemas ricos en carbono, contribuyendo así a la aplicación de la política climática de la UE;

12.  Apoya los esfuerzos de combinar la ordenación del territorio con el desarrollo de la infraestructura verde en las zonas costeras, con el fin de conservar la biodiversidad y garantizar el desarrollo sostenible de las zonas de paisaje costero;

13.  Pone de relieve el papel fundamental de la infraestructura verde para la adaptación al cambio climático, ya que mejora la coherencia ecológica entre los espacios Natura 2000, favorece los movimientos y cambios en la distribución de especies entre espacios Natura 2000 y dentro de ellos, y permite la adaptación para la biodiversidad a escala de paisajes, contribuyendo así a la aplicación de las políticas de la UE en materia de naturaleza y fomentando y facilitando también la adaptación basada en los ecosistemas en otros sectores, como la gestión del agua y la seguridad alimentaria;

14.  Considera esencial que los Estados miembros, y especialmente aquellos con acceso al mar, establezcan infraestructuras verdes alrededor de las áreas portuarias y elaboren planes de transporte que favorezcan el desarrollo ecológico de estos espacios;

15.  Señala que la reducción de los riesgos ligados a los desastres naturales —como inundaciones e incendios forestales— también es un efecto positivo de la creación o restauración de la infraestructura verde, como las zonas de inundación naturales, las superficies arboladas, los humedales, etc., que pueden mejorar la resistencia ante los desastres y contribuir a la adaptación al cambio climático, además de reducir sustancialmente los costes que estos fenómenos tienen para la sociedad;

16.  Destaca la necesidad de integrar plenamente al sector forestal en este ámbito de acción con el fin de obtener los numerosos beneficios, además de la producción de madera y de biomasa, que proporcionan la gestión forestal sostenible y la conservación de los bosques naturales, así como la necesidad de restaurar las superficies arboladas fragmentadas o destruidas;

17.  Celebra la iniciativa de promover la infraestructura verde como instrumento que contribuya a la filtración del agua, a la prevención de la erosión y a la preservación del nivel freático, y, por consiguiente, a la correcta aplicación de la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre inundaciones y la legislación sobre el agua pertinente como se propone en el plan correspondiente, así como a la gestión integrada de las zonas costeras y a la ordenación del espacio marítimo;

18.  Destaca la importancia de la adecuada integración de los requisitos de la infraestructura verde en el uso de los instrumentos de la política estructural y de cohesión de la Unión, en particular para la financiación de infraestructuras verdes urbanas, e insta a las autoridades competentes a promover las correspondientes medidas;

19.  Destaca la necesidad de integrar la infraestructura verde en los programas operativos apoyados por instrumentos financieros de la UE durante el período 2014-2020;

20.  Insta a la Comisión a concluir a tiempo, es decir, antes de acabar 2013, el material de orientación y de apoyo que se anuncia en la Comunicación, con el fin de promover la comprensión y el fomento de la infraestructura verde en los ámbitos de acción pertinentes y de asegurar oportunidades de financiación a través de los programas operativos;

21.  Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que aprovechen las posibilidades de financiación existentes, a fin de promover inversiones en proyectos de infraestructura verde coherentes y coordinados;

Desarrollo de una estrategia en materia de infraestructura verde

22.  Subraya la necesidad de reforzar la participación del sector privado en las inversiones en infraestructura verde e insta a la Comisión y al BEI a crear y poner en funcionamiento rápidamente un mecanismo de financiación que incluya dispositivos innovadores de financiación para apoyar inversiones en infraestructura verde y otros proyectos relacionados con el capital natural, al mismo tiempo que se evalúa el apoyo real y a largo plazo a las funciones ecosistémicas; pone de relieve que también será necesario explorar nuevas fuentes de financiación en el ámbito local, regional y nacional;

23.  Expresa su convencimiento de que el despliegue de la infraestructura verde debe estar respaldado por datos sólidos y conocimientos profundos, y anima a la Comisión a que, en colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente, los Estados miembros y otras partes interesadas, se asegure de que la Unión refuerza su capacidad de cartografiar y evaluar los ecosistemas y sus correspondientes servicios ecosistémicos y de que esta información y conocimientos sean tenidos debidamente en cuenta, en particular, en la planificación y ejecución de proyectos cofinanciados por la UE;

24.  Insta a la Comisión a promover proyectos de investigación, de innovación, de creación de capacidad, educativos, de difusión, de sensibilización y de información al público en este ámbito y a apoyar el intercambio de información y mejores prácticas; señala que el desarrollo de la infraestructura verde se ve facilitado por las competencias y la formación de personal capaz de enfrentarse a este enfoque innovador y de valorar correctamente los beneficios que brindan los ecosistemas, en especial en los sectores del abastecimiento y la purificación de agua, los residuos, la construcción, la gestión de desastres, la agricultura, el turismo y la salud;

25.  Considera que la integración en todos los ámbitos de acción es una condición básica sin la cual no puede aplicarse una política creíble de infraestructura verde;

26.  Destaca el papel que pueden desempeñar los propietarios y gestores de tierras, las organizaciones de la sociedad civil, la ciencia ciudadana, la responsabilidad de los ciudadanos y la participación pública en la planificación, ejecución, mantenimiento y seguimiento de los proyectos de infraestructura verde a escala local, e insta a los Estados miembros a favorecer tales procesos;

27.  Comparte la idea de desarrollar una estrategia que consista en la construcción de ejes prioritarios para proyectos de infraestructura verde en Europa y subraya la necesidad de más estrategias y proyectos interregionales de carácter transfronterizo;

28.  Expresa su apoyo a las redes transeuropeas verdes (TEN-G) anunciadas en la Comunicación, e insta a la Comisión a cumplir sus compromisos en relación con el desarrollo de una red de TEN-G antes de 2015;

29.  Recalca el potencial en materia de innovación en torno a la infraestructura verde, así como el papel fundamental que pueden desempeñar las PYME en este ámbito; recuerda que las normas, la certificación y el etiquetado comunes deben servir de base para las inversiones en infraestructura verde y deben crear el espacio que necesitan los pioneros;

30.  Espera con interés la revisión de la Estrategia sobre la Biodiversidad en 2015 y la posterior revisión de la Comunicación sobre la infraestructura verde en 2017 para que la infraestructura verde tenga un mayor protagonismo en las inversiones pertinentes previstas a escala de la UE, así como la revisión a medio plazo de los ámbitos de acción pertinentes (revisión de la reforma de la PAC, evaluación intermedia de REGIO, etc.);

o
o   o

31.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 20 de 26.1.2010, p. 7.
(2) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
(3) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 99.
(4) http://www.teebweb.org


Informe Anual del Banco Central Europeo correspondiente a 2012
PDF 149kWORD 62k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre el Informe Anual del Banco Central Europeo correspondiente a 2012 (2013/2076(INI))
P7_TA(2013)0601A7-0382/2013

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe Anual del Banco Central Europeo correspondiente a 2012,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 123 y 282 y su artículo 284, apartado 3,

–  Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, sus artículos 15 y 21,

–  Vista su Resolución, de 2 de abril de 1998, sobre la responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM(1),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2013, sobre el Informe Anual 2011 del Banco Central Europeo(2),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1024/2013, de 15 de octubre de 2013 que atribuye funciones específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, en lo sucesivo el «Reglamento del MUS»,

–  Visto el 83º Informe Anual 2012/2013 del Banco de Pagos Internacionales, publicado el 23 de junio de 2013,

–  Visto el artículo 119, apartado 1, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0382/2013),

A.  Considerando que, de conformidad con las previsiones de los servicios de la Comisión Europea correspondientes a la primavera de 2013, el PIB de la zona del euro se redujo un 0,6 % en 2012, tras haber registrado un aumento del 1,4 % en 2011, y que se contraerá un 0,4 % en 2013 antes de aumentar un 1,2 % en 2014;

B.  Considerando que, de conformidad con dichas previsiones, el desempleo en la zona del euro creció desde el 10,2 registrado al fin de 2011 hasta el 11,4 % al fin de 2012, y que aumentará hasta el 12,2 % en 2013 antes de volver a reducirse ligeramente en 2014 y que se observan importantes diferencias entre los países de la zona del euro ya que las tasas de desempleo oscilan entre el 4,3 % y el 25 %, con porcentajes de desempleo juvenil aún más elevados, que aumentaron considerablemente durante el mismo período,

C.  Considerando que, en 2012, el Banco Central Europeo (BCE) redujo una vez, en julio, sus tipos de interés (en 25 puntos básicos) y que en mayo de 2013 los redujo aún más, hasta el mínimo histórico del 0,5 %;

D.  Considerando que, de conformidad con las previsiones de los servicios de la Comisión Europea correspondientes a la primavera de 2013, la tasa media de inflación en la zona del euro fue del 2,5 % en 2012, frente al 2,7 % registrado en 2011, y el crecimiento de M3 fue del 1,5 % en 2011, experimentando una evolución a la baja desde el 1,7 % registrado en 2010;

E.  Considerando que el estado financiero consolidado del Eurosistema alcanzó los 3 billones de euros a finales de 2012, cifra que representa un aumento de aproximadamente el 12 % durante 2012;

F.  Considerando que los activos no negociables constituyeron el principal componente de los activos presentados como garantías al Eurosistema durante 2012, ascendiendo a aproximadamente el 25 % del total; considerando que los valores no negociables, así como los valores respaldados por activos, representan más del 40 % de los activos totales presentados como garantía;

G.  Considerando que el volumen de negocios total para todos los instrumentos en el mercado monetario del euro se redujo un 14 % en el segundo trimestre de 2012 con respecto al segundo trimestre del año anterior;

H.  Considerando que las líneas de provisión urgente de liquidez proporcionadas por los bancos centrales nacionales en la categoría «otros activos en euros de las entidades de crédito de la zona del euro» de los balances consolidados del Eurosistema alcanzaron niveles sin precedentes durante 2012 y ascendían a 206 000 millones de euros a finales de 2012;

I.  Considerando que las operaciones de refinanciación a largo plazo del BCE de febrero de 2012 proporcionaron 529 500 millones de euros a las instituciones financieras con sede en la zona del euro en préstamos con una duración de 3 años y un tipo de interés inicial del 1 %;

J.  Considerando que la tasa de crecimiento del crédito concedido por las instituciones financieras monetarias (IFM) a los residentes de la zona del euro se redujo de forma significativa entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012, pasando del 1 % de diciembre de 2011 al 0,4 % de diciembre de 2012, y que el crédito al sector privado descendió en un 0,7 % en diciembre de 2012;

K.  Considerando que, de conformidad también con las previsiones de los servicios de la Comisión Europea correspondientes a la primavera de 2013, la ratio media de deuda bruta de las Administraciones Públicas de la zona del euro pasó del 88 % registrado en 2011 al 92,7 % del PIB en 2012, y el déficit agregado de las Administraciones Públicas descendió del 4,2 % al 3,7 % del PIB;

L.  Considerando que las operaciones de refinanciación a largo plazo del BCE de diciembre de 2011 y febrero de 2012 proporcionaron más de 1 billón de euros —489 000 y 529 500 millones de euros respectivamente— a los bancos europeos en forma de préstamos garantizados, con una duración máxima de tres años y un tipo de interés indiciado al tipo medio de las operaciones principales de financiación del BCE hasta el vencimiento de estas;

M.  Considerando que la Previsión Económica Europea de la Primavera de 2012 señaló bajos niveles de confianza por parte de los consumidores y las empresas, un alto nivel de desempleo que limitaría el consumo privado y un declive en el crecimiento de las exportaciones desde 2010, lo cual ha dado lugar a un estancamiento en el crecimiento del PIB durante 2011 y 2012;

N.  Considerando que las pequeñas y medianas empresas (PYME) siguen siendo la columna vertebral de la economía en la zona del euro, representan aproximadamente el 98 % de todas las empresas de dicha zona, dan empleo a unas tres cuartas partes de los trabajadores de la zona y generan alrededor del 60 % del valor añadido;

O.  Considerando que la solvencia y la salud financiera de las PYME se han deteriorado más gravemente que las de las empresas grandes y que el prolongado período de malas condiciones económicas ha exacerbado los retos de la información asimétrica de las PYME;

P.  Considerando que, según la información proporcionada en la Encuesta sobre el acceso de las PYME de la zona del euro a la financiación (Survey on the Access to Finance of SME’s in the Euro Area, SAFE), los beneficios, la liquidez, las reservas y el capital propio de las PYME han tenido una evolución menos favorable que los de las grandes empresas durante la crisis;

Q.  Considerando que, a tenor del artículo 282 del TFUE, el objetivo principal del BCE es mantener la estabilidad de precios; considerando que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) trabaja bajo la tutela del BCE en el ámbito de la estabilidad financiera;

R.  Considerando que el Banco de Pagos Internacionales (BPI) ha constatado en su informe anual que, con la política de tipos de interés bajos en la zona del euro, los esfuerzos de reforma en los Estados miembros se han reducido significativamente;

S.  Considerando que el artículo 123 del TFUE y el artículo 21 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo prohíben la financiación monetaria de los Gobiernos;

T.  Considerando que un entorno de inflación reducida es la mejor contribución que la política monetaria puede hacer para crear condiciones propicias para el crecimiento económico, la creación de empleo, la cohesión social y la estabilidad financiera;

U.  Considerando que las acciones de las autoridades nacionales macroprudenciales deben tener en cuenta la responsabilidad de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) para la supervisión macroprudencial del sistema financiero dentro de la UE;

V.  Considerando que mantener el flujo de crédito a las PYME es especialmente importante, ya que estas proporcionan empleo al 72 % de la población activa de la zona del euro y poseen tasas brutas de creación (y de destrucción) de empleo superiores a las de las grandes empresas;

W.  Considerando que hasta la fecha no se han tenido en cuenta las recomendaciones formuladas en sus resoluciones precedentes sobre los Informes anuales del BCE, en lo que respecta a la transparencia de las votaciones y la publicación de las actas resumidas;

X.  Considerando que la facilidad de depósito contenía 315 754 000 euros el 28 de septiembre de 2012;

Y.  Considerando que el crédito en la zona del euro se está reduciendo en un 2 % al año, con mayores reducciones en algunos países, entre ellos España, donde se produjo una pérdida anual del 8 % en 2012;

Z.  Considerando que las PYME tienen que pagar costes de endeudamiento mucho más altos en función del país de la zona euro en el que estén situadas, lo cual crea distorsiones en el mercado único;

AA.  Considerando que la crisis crediticia que afecta actualmente a las PYME en algunas partes de la zona del euro es uno de los problemas fundamentales que retrasan la recuperación económica;

Política monetaria

1.  Acoge con satisfacción las enérgicas medidas adoptadas por el BCE en 2012, que han contribuido de forma decisiva a estabilizar el sector bancario y a romper el vínculo entre los bancos y los emisores soberanos;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que la persistente debilidad de las condiciones económicas se esté convirtiendo en norma en algunas partes de la UE, lo que genera inestabilidad para la zona del euro en su conjunto y amenaza el apoyo popular y político al proyecto europeo;

3.  Observa que el recurso a las principales operaciones de refinanciación, las operaciones de refinanciación a medio y largo plazo con plena asignación a tipos fijos, el recurso a la facilidad marginal de crédito, las líneas de provisión urgente de liquidez y la facilidad de depósito permanecieron a unos niveles considerablemente altos durante todo 2012, lo cual señala un grave deterioro del mecanismo de transmisión monetaria y del mercado de préstamos interbancarios de la zona del euro, aunque durante la segunda mitad del año se observó una mejora significativa en la situación señalada por la estabilización de los desequilibrios de los diferenciales y de TARGET II;

4.  Estima que los efectos positivos de las decisiones adoptadas en julio de 2012 de reducir los tipos de interés oficiales del BCE son limitados ya que en muchas partes de la zona del euro el canal de transmisión monetaria está roto o profundamente deteriorado; recuerda que, a largo plazo, unos tipos de interés demasiado bajos pueden causar distorsiones en el sector empresarial y perjudicar al ahorro privado y a los planes de pensiones;

5.  Señala que el Presidente del BCE, en su intervención ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del PE, el 8 de julio de 2013, anunció que se espera que los tipos de interés oficiales del BCE se mantengan en los niveles actuales o más bajos durante un largo periodo de tiempo, habida cuenta del mantenimiento a largo plazo de unas perspectivas de inflación en general contenidas, dada la debilidad generalizada de la economía y la atonía de la evolución monetaria;

6.  Señala con preocupación que la demanda de liquidez del Eurosistema del sistema bancario aumentó en 2012, reforzando así la dependencia que el sistema bancario tiene de la intervención del Eurosistema, y advierte de sus riesgos;

7.  Considera que la operación de financiación a plazo más largo (OFPML) a tres años liquidada en marzo de 2012 contribuyó a estabilizar el sistema bancario, pero que ha de ser una medida temporal; señala que, pese a la liquidez que la OFPML ha inyectado en el sistema bancario, el crédito disponible para la economía real sigue por debajo de los niveles previos a la crisis; entiende que la demanda de créditos por parte de las empresas se encuentra actualmente en un nivel muy bajo, lo cual dificulta a los bancos la concesión de préstamos;

8.  Manifiesta una profunda preocupación acerca de la transferencia de riesgos de los bancos y gobiernos que atraviesan dificultades al balance del BCE, como consecuencia de la decisión del BCE de comprar cantidades «ilimitadas» de deuda gubernamental a corto plazo; destaca que las operaciones de refinanciación a largo plazo (LTRO) no aportan una solución de fondo a la crisis;

9.  Considera que las funciones de un banco central nacional deben ejercerse de manera plenamente compatible con la independencia funcional, institucional y financiera, con el fin de salvaguardar el debido ejercicio de sus tareas de conformidad con el Tratado y los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del BCE;

10.  Subraya que el crecimiento insuficiente en el sector empresarial europeo no se debe principalmente a la disponibilidad insuficiente de crédito ofrecido por el sector bancario;

11.  Expresa su preocupación por el hecho de que las restricciones del crédito parecen ser muy graves para las PYME, dado que los bancos tienen la percepción de que estas presentan una mayor probabilidad de impago que las grandes empresas, y también porque las PYME a menudo son incapaces de pasar de los créditos bancarios a otras fuentes de financiación externa;

12.  Subraya su preocupación ante la fragmentación considerable de las condiciones de la concesión de préstamos para las PYME en todos los países de la zona del euro;

13.  Subraya el importante papel, aunque limitado, desempeñado por el Programa para los Mercados de Valores (SMP, por sus siglas en inglés) hasta septiembre de 2012 para abordar el mal funcionamiento de determinados segmentos del mercado de valores de deuda soberana de la zona del euro;

14.  Acoge con satisfacción la creación de las operaciones monetarias de compraventa (OMC), sin límites cuantitativos ex ante, a fin de proteger la transmisión de la política monetaria, y se felicita de la decisión de vincular la activación de la OMC a condiciones estrictas asociadas a un programa del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) o el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE);

15.  Comprende las advertencias del Banco de Pagos Internacionales (BPI) acerca de un período demasiado largo política monetaria acomodaticia; sigue con interés los debates en la mayoría de los principales bancos centrales en relación con el mejor calendario para desmantelar sus relajadas políticas monetarias; observa que, entre otros, el Consejo de Administración de la Reserva Federal tiene intención de apartarse de las políticas actuales lo antes posible; entiende que el BCE mantendrá una política flexible mientras que el sector bancario no esté plenamente estabilizado, y que los desbordamientos en el sector público siguen siendo una amenaza, una política que es posible gracias a las bajas tasas de inflación que se esperan a medio plazo;

16.  Considera necesario que los programas del BCE para la provisión de liquidez también aborden debidamente las inquietudes inflacionistas, por ejemplo, mediante la esterilización;

17.  Considera, en vista de los avances recientes en los EE.UU., que la recuperación económica y el mayor crecimiento en la economía representan una sólida base para una retirada progresiva de las medidas de la política de relajación cuantitativa;

18.  Recuerda que las medidas de política monetaria no convencionales del BCE estaban destinadas a ser de carácter transitorio y que, por tanto, de ninguna manera deben ser consideradas por el sector bancario como un instrumento permanente;

19.  Anima al BCE a enviar señales claras al mercado con respecto al período estimado de activación de sus medidas de política monetaria no convencionales, así como a iniciar la retirada de estas medidas tan pronto como la tensión en el sector bancario haya disminuido, la vinculación entre los bancos y los gobiernos pueda interrumpirse y los indicadores económicos relativos al crecimiento y la inflación justifiquen esta decisión;

20.  Considera que los instrumentos de la política monetaria que el BCE viene utilizando desde el inicio de la crisis, aunque alivian las dificultades de los mercados financieros, han dejado ver sus límites en relación con la estimulación del crecimiento y la mejora de la situación del mercado de trabajo; considera, por tanto, que el BCE podría explorar nuevas medidas;

21.  Muestra su preocupación por los niveles considerablemente elevados de las líneas de inyección de liquidez provistas por los bancos centrales nacionales durante 2011 y solicita que se divulgue en mayor medida el alcance exacto de dichas líneas y de las operaciones subyacentes y se ofrezca información complementaria al respecto y sobre las condiciones que conllevan;

22.  Reconoce que, puesto que el mecanismo de transmisión monetaria no está funcionando correctamente, el BCE ha de buscar formas de dirigirse a las PYME de manera más directa; señala que, en la actualidad, PYME similares de la zona del euro no disponen de un acceso similar a los préstamos, a pesar de presentar perspectivas económicas y riesgos similares; pide al BCE que aplique una política de concesión directa a las PYME de préstamos titulizados de elevada calidad, especialmente a las de algunos Estados miembros en los que el mecanismo de transmisión monetaria se ha roto; subraya que esta política debe limitarse en cantidad y tiempo, estar totalmente esterilizada, y dirigirse a evitar riesgos en el balance del BCE;

23.  Estima que el BCE debería tomar muy seriamente en cuenta la posibilidad de lanzar un programa específico para ayudar a las PYME a acceder al crédito en las líneas de los fondos para el plan de préstamos del Banco de Inglaterra;

24.  Considera que el sistema de liquidación TARGET II ha desempeñado un papel esencial a la hora de salvaguardar la integridad del sistema financiero de la zona del euro; señala, no obstante, que los importantes desequilibrios de TARGET II revelan la preocupante fragmentación de los mercados financieros de la zona del euro, así como la continua fuga de capitales de los Estados miembros que sufren o corren peligro de sufrir serias dificultades en cuanto a su estabilidad financiera;

25.  Pide al BCE que haga pública la decisión jurídica relativa al programa de la OMC para poder analizar en mayor profundidad sus detalles e implicaciones;

26.  Destaca que las líneas de provisión urgente de liquidez se incluyen en la categoría de «otros activos en euros de las entidades de crédito de la zona del euro» en los balances consolidados del Eurosistema, sin proporcionar más datos ni información más desglosada sobre dichas líneas ni sobre las operaciones subyacentes o las condiciones que implican; solicita al BCE que mejore la información sobre la evolución de las líneas de provisión urgente de liquidez que proporciona en su sitio web y que la desglose país por país;

27.  Encuentra alentadora la estabilización de los niveles de desequilibrio de TARGET II durante la segunda mitad de 2012; destaca que el sistema de liquidación TARGET II ha desempeñado un papel esencial a la hora de salvaguardar la integridad del sistema financiero de la zona del euro; sigue, no obstante, preocupado por la persistente fragmentación de los mercados financieros dentro de la zona del euro;

28.  Recuerda la independencia del BCE en la aplicación de su política monetaria, tal y como se ha consagrado en los Tratados; defiende que la ejecución de la política monetaria debe ser democrática y debe ser el resultado de una deliberación entre los diferentes puntos de vista y enfoques con el fin de reforzar la transparencia y, en consecuencia, la responsabilidad democrática; recuerda a este respecto la importancia del diálogo monetario y de las preguntas escritas enviadas por los diputados al Parlamento Europeo;

29.  Expresa su preocupación por los posibles efectos colaterales de una política monetaria prolongada y extraordinariamente acomodaticia, como la asunción temeraria de riesgos, la formación de desequilibrios financieros, las distorsiones en la fijación de precios en el mercado financiero e incentivos para retrasar el saneamiento necesario de los balances y las reformas; anima al BCE a buscar el equilibrio ideal entre los riesgos de abandonar de forma prematura su postura política extraordinariamente acomodaticia y los riesgos asociados a un ulterior retraso de dicho abandono;

30.  Subraya que el BCE debería estar listo para cumplir los más altos estándares de rendición de cuentas al realizar sus tareas de política monetaria y sus tareas de supervisión ante el Parlamento, y recuerda, a este respecto, la importancia del diálogo monetario y de las preguntas escritas presentada por los diputados al Parlamento Europeo; recuerda el actual llamamiento en favor de una mayor transparencia en el BCE que se traduciría en un aumento de la credibilidad y la previsibilidad, y manifiesta su satisfacción por las mejoras ya realizadas en este ámbito;

31.  Considera que el tipo de cambio es una variable crucial de la política económica que repercute en la competitividad de la zona del euro; subraya la importancia de apoyar el euro como moneda internacional;

32.  Pide al BCE que, en cooperación con los bancos centrales nacionales, explique sus políticas en términos de operaciones de permuta de divisas diseñadas para contribuir a mantener la estabilidad financiera;

La unión bancaria

33.  Señala que el Sistema Bancario Europeo sigue siendo frágil y necesita una reforma estructural y una consolidación con la instauración de una verdadera unión bancaria;

34.  Se felicita de los avances logrados en las negociaciones sobre el Reglamento relativo al Mecanismo Único de Supervisión (MUS), que atribuye al BCE la función de supervisión de las entidades de crédito de la zona del euro y las que deseen unirse; estima que la creación del MUS contribuirá a cortar el vínculo entre bancos y deuda soberana y ayudará a desarrollar un enfoque común europeo de gestión de las crisis;

35.  Acoge con satisfacción, en particular, su participación en el nombramiento del Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Administración;

36.  Considera que el establecimiento del MUS debe contribuir a restaurar la confianza en el sector bancario y a reactivar los préstamos interbancarios y los flujos de crédito transfronterizos a través de una supervisión integrada independiente para todos los Estados miembros participantes;

37.  Pide al MUS que funcione de conformidad total con el reglamento único de servicios financieros y de manera plenamente coherente con los principios que sustentan el mercado único de servicios financieros;

38.  Considera que el BCE debe acoger con satisfacción la posibilidad de implicar a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro en el MUS para garantizar una mayor armonización de las prácticas de supervisión dentro de la UE;

39.  Recalca la importancia de una colaboración fecunda entre el BCE y las autoridades nacionales competentes en el marco del MUS, para una supervisión eficaz y sin contratiempos;

40.  Acoge con satisfacción la preparación de una revisión exhaustiva de la calidad de los activos de todos los bancos que estarán bajo la supervisión directa del MUS y que se incorporarán a la prueba de esfuerzo global que realizará la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en colaboración con el MUS, en el segundo trimestre de 2014;

41.  Señala que el reforzamiento del BCE derivado de la creación del MÚS ha de equilibrarse con una mayor rendición de cuentas ante los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo;

42.  Considera que la transparencia en el ámbito de la supervisión bancaria es imprescindible según lo acordado en el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Banco Central Europeo;

43.  Señala que la asignación de las tareas de supervisión al BCE plantea nuevos desafíos en términos de conflicto de intereses, y acoge con satisfacción las disposiciones en la materia recogidas en el acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el BCE; recuerda que, a fin de aplicar plenamente estas disposiciones, el BCE debe introducir normas más precisas que incluyan, entre otras cosas, disposiciones sobre los períodos de reflexión para los directivos de alto nivel de Eurosistema involucrados en la supervisión bancaria;

44.  Recuerda que es sumamente importante que el BCE garantice la separación operativa de las unidades fundamentales que preparan los proyectos de decisión en el ámbito de la política monetaria y la política de supervisión; subraya la necesidad crucial del acuerdo negociado entre el BCE y el Parlamento Europeo en relación con las medidas prácticas para garantizar la responsabilidad democrática;

45.  Considera que es urgente la aprobación del establecimiento de un sistema europeo de resolución para proteger a los depositantes y evitar nuevas crisis bancarias;

46.  Subraya que, a fin de mejorar la resistencia del sistema bancario, resulta esencial reforzar su diversidad impulsando el desarrollo de bancos locales de pequeño y mediano tamaño;

Asuntos institucionales

47.  Señala que el proyecto de Reglamento sobre el MUS contempla la celebración de acuerdos interinstitucionales entre el Parlamento Europeo y el BCE en materia de responsabilidad democrática, haciendo hincapié en la función del Parlamento; insta al BCE a que cumpla las nuevas exigencias en sus actividades de supervisión, en particular, en términos de responsabilidad democrática y transparencia;

48.  Pide al BCE que inicie una autoevaluación crítica sobre todos los aspectos de su actividad, incluidas las repercusiones de los programas de ajuste que ayudó a elaborar y la adecuación posterior de las premisas e hipótesis macroeconómicas en que se basaron dichos programas;

49.  Pide al BCE que publique las actas resumidas de las reuniones del Consejo de Gobierno, incluidas las discusiones y los registros de votación;

50.  Manifiesta su preocupación por el desprecio mostrado por el Consejo a la Resolución del Parlamento, de 25 de octubre de 2012, sobre el nombramiento de un nuevo miembro del Comité Ejecutivo del BCE(3), y señala que en el nombramiento de los altos cargos del BCE debe prestarse la debida consideración a los conocimientos técnicos y al género de los miembros; considera que las instituciones de la UE, incluido el BCE, deben predicar con el ejemplo en el ámbito del equilibrio entre géneros y que es fundamental mejorar la representación de los géneros en los puestos directivos del BCE; lamenta profundamente el hecho de que los Estados miembros ignoraran el voto negativo en el Parlamento Europeo, tanto en la Comisión ECON como en la sesión plenaria, debido a la falta de la perspectiva de igualdad de género en el nombramiento de Yves Mersch; exhorta a los Estados miembros a incorporar una perspectiva de equilibrio de géneros con la posibilidad de una acción positiva sobre la base de una representación de género equilibrada en el nombramiento de los miembros del Consejo Ejecutivo;

51.  Recuerda que, en virtud del artículo 10, apartado 4, del Protocolo nº 4 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, los procedimientos de las reuniones del Consejo de Administración serán confidenciales, pero este último podrá decidir publicar el resultado de sus deliberaciones; pide al BCE que proporcione una respuesta motivada en sus informes anuales posteriores al informe anual del Parlamento Europeo sobre el BCE;

o
o   o

52.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Banco Central Europeo.

(1) DO C 138 de 4.5.1998, p. 177.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0176.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0396.


Situación en la República Centroafricana
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la situación en la República Centroafricana (2013/2980(RSP))
P7_TA(2013)0602RC-B7-0561/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones, de 17 de enero de 2013(1) y 12 de septiembre de 2013(2), sobre la situación en la República Centroafricana,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2088 (2013) de 24 de enero de 2013, 2121 (2013) de 10 de octubre de 2013 y 2127 (2013) de 5 de diciembre de 2013,

–  Vistos el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 15 de noviembre de 2013 y el informe del Sr. Abou Moussa, Representante del Secretario General y Jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para África Central,

–  Visto el llamamiento realizado a la comunidad internacional desde la tribuna de las Naciones Unidas por el Primer Ministro centroafricano, Nicolas Tiangaye,

–  Vista la carta de las autoridades centroafricanas, de 20 de noviembre de 2013, en la que solicitan el apoyo de tropas francesas para la MISCA;

–  Vista la información ofrecida por Jan Eliasson, Vicesecretario General de las Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad el 25 de noviembre de 2013 sobre la situación en la República Centroafricana,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 21 de diciembre de 2012, 1 y 11 de enero de 2013, 25 de marzo de 2013, 21 de abril de 2013, 27 de agosto de 2013 y 5 de diciembre de 2013, sobre la República Centroafricana,

–  Vistas las declaraciones de la Comisaria europea de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, de 21 de diciembre de 2012, sobre el nuevo brote del conflicto en la República Centroafricana y, de 10 de septiembre de 2013, sobre el agravamiento de la crisis en la República Centroafricana,

–  Visto el Acuerdo revisado de Cotonú,

–  Visto el establecimiento, en mayo de 2013, de un Grupo de Contacto Internacional sobre la República Centroafricana para coordinar la acción regional, continental e internacional a fin de encontrar una solución duradera a los problemas recurrentes del país,

–  Vista la reunión del Grupo de Contacto Internacional celebrada el 3 de mayo de 2013 en Brazzaville (República del Congo), que validó la hoja de ruta para la transición y estableció un Fondo Especial para asistir a la República Centroafricana,

–  Vista la declaración adoptada por el Grupo de Contacto Internacional sobre la República Centroafricana en su tercera reunión celebrada en Bangui el 8 de noviembre de 2013,

–  Visto el Estatuto de Roma de 1988 de la Corte Penal Internacional (CPI), ratificado por la República Centroafricana en 2001,

–  Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que ha sido firmado por la República Centroafricana,

–  Visto el comunicado de prensa emitido el 13 de noviembre de 2013 por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana sobre la situación en la República Centroafricana,

–  Vista la aprobación de un nuevo concepto de operaciones por el Consejo de Paz y Seguridad de la UA el 10 de octubre de 2013,

–  Visto el comunicado del Consejo de Paz y Seguridad de la UA, de 13 de noviembre de 2013, en que se congratula del previsto refuerzo del contingente francés para ofrecer más apoyo a la MISCA,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 19 de junio de 2013, sobre la República Centroafricana,

–  Vista la declaración, de 27 de noviembre de 2013, de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en Addis Abeba,

–  Vistas las conclusiones, de 21 de octubre de 2013, del Consejo de la UE sobre la República Centroafricana,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

Violencia

A.  Considerando que, desde el inicio de los combates en la República Centroafricana a finales de 2012 y desde que los rebeldes Seleka depusieran al anterior Presidente François Bozizé en marzo de 2013, la República Centroafricana se ha sumido en el caos, lo que ha derivado en una grave escasez de alimentos y medicinas;

B.  Considerando que, desde la victoria militar de la coalición Seleka el 24 de marzo de 2013 y su llegada al poder, sus miembros han perpetrado numerosas atrocidades, violaciones, crímenes, actos de violencia física, robos, pillaje y otras violaciones de los derechos humanos, tanto en la capital como en las provincias, sin estar sometidos a ningún tipo de control; que cada vez se recurre en mayor medida a los niños soldado y aumenta la violencia sexual;

C.  Considerando que también cometen abusos otros grupos armados y que algunos de ellos dicen apoyar al expresidente Bozizé;

D.  Considerando que desde el 5 de diciembre de 2013 han muerto 400 personas en Bangui en un período de 72 horas;

E.  Considerando que la guerra se está instrumentalizando como enfrentamiento religioso, según se aprecia en la difícil situación de las comunidades cristianas, y que, a pesar de los esfuerzos comunes de los líderes religiosos por evitar una guerra de confesiones y de la tradicional coexistencia pacífica de religiones y gentes, la situación podría volverse incontrolable si no se aborda adecuadamente;

F.  Considerando el riesgo de contagio en la región, pues también se verían afectados los países vecinos si la República Centroafricana se convirtiera en un santuario de terroristas, narcotraficantes, yihadistas y bandoleros; que las autoridades camerunesas han cerrado temporalmente la frontera con la República Centroafricana después de que los rebeldes Seleka hubieran atacado la ciudad fronteriza de Toktoyo y asesinado a un funcionario de fronteras camerunés;

G.  Considerando que esos actos de violencia son cometidos por grupos equipados con armamento moderno y, en ocasiones, armamento pesado;

H.  Considerando que los conflictos armados son cada vez más autosuficientes para su financiación, pues los grupos rebeldes, las redes delictivas, los mercenarios y las élites depredadoras recurren de día en día en mayor medida a los ingresos por materias primas para sufragar sus actividades bélicas;

I.  Considerando que las autoridades nacionales de transición no logran controlar a los violentos ni cumplir su tarea de proteger a la población;

J.  Considerando que la violencia que sufre la República Centroafricana justifica la urgencia de actuar para prevenir el riesgo de crímenes masivos que supongan una amenaza para la población centroafricana y la estabilidad de la región;

K.  Considerando que la situación en la República Centroafricana podría crear un clima propicio al desarrollo de actividades delictivas transnacionales (extracto de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas);

Seguridad

L.  Considerando que, aunque se ha desplegado a 1 300 soldados de la CEEAC (Comunidad Económica de los Estados de África Central) en la República Centroafricana, estos no han logrado impedir que el país se convierta en un territorio sin ley;

M.  Considerando que mediante su Resolución 2127 (2013), aprobada por unanimidad, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha autorizado una mayor intervención militar de las tropas africanas y francesas para restablecer la seguridad y proteger a la población civil en la República Centroafricana, imponiendo un embargo de armas y pidiendo a las Naciones Unidas que se apresten a enviar, en su caso, una misión de mantenimiento de la paz;

N.  Considerando que el 26 de noviembre de 2013 el General Jean-Marie Michel Mokoko (Congo) fue nombrado Representante Especial de la Unión Africana para la República Centroafricana y jefe de las tropas africanas desplegadas en el país (MISCA);

O.  Considerando que la MISCA podrá desplegarse por un período de doce meses, con una cláusula de revisión de seis meses, siendo su cometido proteger a los civiles, restablecer el orden y la seguridad, estabilizar el país y facilitar la prestación de ayuda humanitaria;

P.  Considerando que la instauración de una «operación de mantenimiento de la paz» de las Naciones Unidas, según reclama la Unión Africana y se prevé en la Resolución 2127 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aseguraría la viabilidad financiera de la misión;

Q.  Considerando que, según señala el Secretario General de las Naciones Unidas, la operación de las Naciones Unidas debería estar integrada por entre 6 000 y 9 000 cascos azules para ser eficaz;

Derechos humanos

R.  Considerando que el colapso del orden público y la seguridad en la República Centroafricana está generando una catástrofe humanitaria y supone asimismo una importante amenaza para la seguridad regional;

S.  Considerando que los asesinatos de civiles, la quema de casas y la destrucción de infraestructura básica han obligado a medio millón de personas a huir de este país de 4,6 millones de habitantes;

T.  Considerando que el 4 de septiembre de 2013 el Fiscal del Tribunal de Bangui pidió que se condenara a diez años de cárcel a los antiguos veinticuatro rebeldes Seleka encausados en el primer juicio celebrado por los abusos cometidos en la República Centroafricana;

U.  Considerando que no se ha encausado a muchos autores de violaciones de los derechos humanos y crímenes de guerra; que así se promueve un clima de impunidad y se favorece la comisión de más desmanes;

Vertiente humanitaria

V.  Considerando que la reciente Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE) ha revelado que 484 000 personas podrían encontrarse en una situación de inseguridad alimentaria en el país;

W.  Considerando que, debido a la inseguridad y al inadecuado nivel de financiación para una crisis de tal magnitud, las organizaciones humanitarias solo actúan en los centros urbanos;

X.  Considerando que la inestabilidad ha sacado al 70 % de los niños de las escuelas;

Y.  Considerando que la Unión Europea sigue manteniendo un diálogo político regular con la República Centroafricana y sigue siendo el principal donante del país, habiendo incrementado su ayuda humanitaria de 8 a 20 millones de euros; que esta ayuda de la UE no es suficiente y que otros socios internacionales deben comprometerse asimismo a contribuir;

Desarrollo

Z.  Considerando que la complejidad de la crisis exige una respuesta global y coherente, integrada y multidimensional, y que una mera intervención militar no bastará para resolver los problemas;

AA.  Considerando que es importante aplicar un enfoque amplio y completo que tenga en cuenta la interrelación entre la gobernanza de los recursos naturales de la República Centroafricana, la paz, la seguridad y los asuntos de desarrollo para alcanzar una solución duradera;

AB.  Considerando la necesidad de contar con una importante ayuda económica internacional;

AC.  Considerando la moratoria impuesta sobre la República Centroafricana por el sistema de certificación de Kimberley;

AD.  Considerando que, a pesar de la incierta situación en la República Centroafricana, la UE nunca ha suspendido la cooperación al desarrollo con el país y sigue siendo el principal donante de ayuda humanitaria; que el 5 de diciembre de 2013 la UE ofreció 50 millones EUR para la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana con Liderazgo Africano (MISCA), a fin de contribuir a la estabilización del país y la protección de sus gentes, así como para preparar las condiciones que permitan la prestación de ayuda humanitaria y la reforma del sector de la seguridad y la defensa;

Violencia

1.  Condena firmemente las graves violaciones del Derecho humanitario y las violaciones generalizadas del Derecho en materia de derechos humanos, en particular por antiguos miembros de Seleka y grupos armados, en particular los llamados «anti-balaka», que incluyen ejecuciones extrajudiciales, ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas, arrestos y detenciones arbitrarios, violencia sexual y por motivos de género, y reclutamiento de niños soldado; expresa su gran preocupación por la nueva dinámica de violencia y represalias que reina en la República Centroafricana, que podría derivar en una situación incontrolable en la que se dieran los crímenes más graves contemplados por el Derecho Internacional, como son los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad; le preocupa igualmente el posible efecto de contagio del conflicto, que podría desestabilizar toda la región;

2.  Reitera su gran preocupación por la situación en la República Centroafricana, que se caracteriza por un colapso absoluto del orden público, la ausencia del Estado de Derecho y la violencia sectaria; condena los brotes de violencia recientes, que han seguido erosionando incluso los servicios más básicos del país y exacerbado una situación humanitaria ya desesperada y que afecta a toda la población;

3.  Se congratula, en este contexto, de la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de imponer un embargo de armas a la República Centroafricana;

Seguridad

4.  Celebra la aprobación de la Resolución 2127 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y reclama su pronta aplicación para ahorrar mayor violencia e inseguridad a la población de la República Centroafricana;

5.  Se congratula del rápido despliegue de las tropas francesas tras la autorización otorgada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de su objetivo de atajar la violencia, proteger a la población civil y desarmar a los milicianos;

6.  Rinde homenaje a los dos soldados franceses que, actuando junto a las fuerzas africanas, han muerto en acto de servicio defendiendo a la población civil de la República Centroafricana;

7.  Se congratula de los continuos esfuerzos internacionales por restablecer el orden, incluido el refuerzo de la fuerza de paz MICOPAX de la CEEAC y su reconfiguración como fuerza de mantenimiento de la paz de la Misión Internacional de Apoyo a la República Centroafricana (MISCA) bajo la égida de la Unión Africana;

8.  Pide a la comunidad internacional que realice todas las contribuciones financieras, de tropas y de otro tipo necesarias para reforzar la presencia internacional de seguridad, de carácter mayoritariamente africano, y asegurar la ejecución de su mandato; acoge con satisfacción, en este contexto, los 50 millones EUR facilitados por la UE en apoyo de AFISMA-CAR;

9.  Deplora la lentitud con que se está instaurando la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y que el Consejo de Seguridad necesite tanto tiempo para otorgar un mandato con arreglo al capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas;

10.  Considera necesario, además, hacer frente a las consecuencias de los conflictos, en particular mediante una reforma de las fuerzas armadas y de seguridad, la desmilitarización, la desmovilización y reintegración de los excombatientes, de conformidad con la Resolución 2121 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la repatriación de los refugiados, el regreso a sus hogares de los desplazados internos y la ejecución de programas de desarrollo viables;

11.  Pide al Consejo de la Unión Europea que estudie la posibilidad de facilitar formación y apoyo a la MISCA, al igual que hizo con la AMISON, para mejorar la capacidad de las fuerzas africanas y que estas puedan llevar cabo por sí mismas las tareas de planificación y realización de las operaciones;

12.  Indica que las recientes crisis malí y centroafricana muestran la necesidad de que el continente africano disponga de una capacidad adecuada de seguridad continental; insta, en este sentido, a la UE y a sus Estados miembros a que presten más apoyo a la instauración efectiva de la Capacidad Africana de Reacción Inmediata a las Crisis (CARIC) creada en junio de 2013, pues este es un requisito indispensable para la pronta funcionalidad de la Fuerza Africana de Alerta de la Unión Africana prevista inicialmente para 2010;

13.  Expresa su deseo de que se refuerce la cooperación regional en la lucha contra el «Ejército de Resistencia del Señor»;

Derechos humanos

14.  Destaca que no cabe la impunidad para los autores de violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; pide que se dé a conocer la autoría de tales desmanes y se identifique, enjuicie y castigue a los responsables con arreglo al Derecho nacional e internacional; señala, a este respecto, que la situación en la República Centroafricana ya se ha comunicado a la CPI y que, de conformidad con su Estatuto, no hay período de prescripción para el genocidio, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra, y se felicita de la declaración realizada el 7 de agosto de 2013 por el Fiscal de la CPI;

15.  Reclama la urgente aplicación de medidas para combatir la violencia sexual contra mujeres y niñas, asegurar su protección y poner fin a la impunidad de los autores de tales tropelías;

16.  Celebra, en particular, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya creado una comisión de investigación para examinar las denuncias de violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidos en la República Centroafricana por todas las partes desde enero de 2013; pide a todas las partes que colaboren con dicha comisión para asegurar el enjuiciamiento de los autores de esos atroces delitos;

17.  Alienta a cooperar plenamente con el Comité de Sanciones creado por la Resolución 2127 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

18.  Pide a las autoridades centroafricanas que cumplan las obligaciones que les incumben con arreglo al Estatuto de Roma de la CPI, que su país ha ratificado;

19.  Pide que se respeten los compromisos nacionales e internacionales en lo relativo a la prohibición de reclutar y utilizar niños en las fuerzas armadas o grupos armados;

Vertiente humanitaria

20.  Celebra el establecimiento de un puente aéreo humanitario por la UE a través de ECHO – su servicio de transporte aéreo humanitario – el 9 de diciembre para apuntalar los esfuerzos internacionales de estabilización de la República Centroafricana, velando por que la ayuda llegue a aquellos que más la necesitan; se congratula de los esfuerzos del Servicio Exterior y de la Comisaria de Ayuda Humanitaria por reaccionar rápidamente ante la situación;

21.  Insta a la comunidad internacional a que mantenga a la República Centroafricana como prioridad en su agenda y apoye a este frágil país; destaca, en este contexto, que la comunidad humanitaria debe mantener asimismo su compromiso con la República Centroafricana, a pesar de la actual situación política y de seguridad, y asignar recursos adecuados para responder a la crisis médica y humanitaria que atraviesa el país; expresa su preocupación por el restringido acceso humanitario y condena los ataques contra los trabajadores humanitarios; pide a todas las partes del conflicto, en particular a Seleka, que permitan el acceso seguro y sin trabas de las organizaciones humanitarias y de ayuda;

22.  Celebra que la UE haya redoblado su apoyo para atajar la crisis humanitaria en la República Centroafricana y pide a la UE y a sus Estados miembros, en cuanto donantes principales del país, que mejoren su coordinación con los demás donantes y las instituciones internacionales, a fin de cubrir de manera adecuada las apremiantes necesidades humanitarias y aliviar el sufrimiento de la población de la República Centroafricana;

Desarrollo

23.  Pide al Grupo de Contacto Internacional sobre la República Centroafricana que ofrezca al país el apoyo financiero necesario para generar un desarrollo económico viable, restablecer una administración y unos servicios públicos operativos e instaurar instituciones democráticas que puedan proteger a los ciudadanos;

24.  Reitera que una solución política integral, que incluya una distribución justa de los ingresos entre todas las partidas del presupuesto estatal, es esencial para encontrar soluciones a la crisis y allanar el camino hacia el desarrollo sostenible de la región;

25.  Condena la explotación ilegal de los recursos naturales en la República Centroafricana;

26.  Considera que la transparencia y el control público en el sector de la minería son esenciales para una gestión eficiente de las minas y para divulgar las actividades y los ingresos de las empresas extractivas y de exportación;

27.  Reclama la adopción de medidas, con ayuda de la comunidad internacional, para redoblar los esfuerzos de resolución de la crisis política e instaurar un sistema judicial y una infraestructura administrativa, concediendo prioridad al restablecimiento de los servicios básicos en el ámbito de la justicia, la sanidad y la educación; pide que se asegure y promueva el derecho a la educación e insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos de aplicación del Plan de Acción «Enseñanza para Todos»;

28.  Condena la destrucción del patrimonio natural, en particular la caza y pesca furtivas (resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas);

Proceso político

29.  Reafirma su apoyo a la soberanía, la unidad y la integridad territorial de la República Centroafricana;

30.  Pide a las autoridades de la República Centroafricana que apliquen los acuerdos sobre la transición política sin demora para que puedan celebrarse elecciones y restablecerse el orden constitucional antes de febrero de 2015;

31.  Reitera su apoyo al Primer Ministro Nicolas Tiangaye, que cuenta con el sostén de la comunidad internacional;

32.  Reclama la restauración de la función pública en la República Centroafricana para organizar unas elecciones creíbles y aceptables que permitan llevar la democracia al país; observa que, a pesar de los desvelos del Primer Ministro Tiangaye, las estructuras y el control públicos se han deteriorado de tal manera que apenas quedan vestigios de ellos; alienta la participación de la sociedad civil en los debates sobre el futuro de la República Centroafricana;

33.  Insiste en que las autoridades de transición aseguren la plena participación de las mujeres en todas las fases del proceso (resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas);

34.  Se felicita de que las Naciones Unidas se hayan comprometido a seguir de cerca la gestión de la transición;

o
o   o

35.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión a la VP/AR Catherine Ashton, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a la CEEAC, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Estados miembros de la UE y al Consejo Nacional de Transición de la República Centroafricana.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0033.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0389.


Extracción forzada de órganos en China
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la extracción forzada de órganos en China (2013/2981(RSP))
P7_TA(2013)0603RC-B7-0562/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones de 7 de septiembre de 2006(1) y 14 de marzo de 2013(2), sobre las relaciones UE-China; de 13 de diciembre de 2012, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2011) y la política de la Unión Europea al respecto(3); de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto(4); y de 19 de mayo de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción sobre donación y trasplante de órganos (2009-2015): cooperación reforzada entre los Estados miembros»(5),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 3 sobre el derecho a la integridad de la persona,

–  Vistas las audiencias de 21 de noviembre de 2009, 6 de diciembre de 2012 y 2 de diciembre de 2013 organizadas por la Subcomisión de Derechos Humanos y las respectivas comparecencias del antiguo Secretario de Estado de Canadá para Asia-Pacífico, David Kilgour, y del jurista especializado en derechos humanos David Matas sobre la extracción forzada de órganos a gran escala que se viene practicando en China desde el año 2000 a seguidores de Falun Gong de forma no consentida,

–  Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por China el 4 de octubre de 1988,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la República Popular China realiza más de 10 000 trasplantes de órganos al año, y que 165 centros chinos de trasplante de órganos anuncian que pueden encontrarse órganos compatibles en un plazo de entre dos a cuatro semanas, aunque, a día de hoy, China no cuente con un sistema público eficaz de donación o distribución de órganos; considerando que el sistema de trasplante de órganos en China no cumple los requisitos de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a transparencia y trazabilidad en relación con las vías de obtención de órganos, y que el Gobierno chino se ha venido resistiendo a que se realice un control independiente del sistema; considerando que el consentimiento voluntario e informado constituye una condición previa para una donación ética de órganos;

B.  Considerando que la República Popular China presenta tasas extremadamente bajas de donación de órganos debido a creencias tradicionales; que, en 1984, China aplicó normas que permitían la extracción no consentida de órganos de presos ejecutados;

C.  Considerando que el Gobierno de la República Popular China no ha tenido en cuenta suficientemente el origen del exceso de órganos cuando le han pedido información el antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Manfred Nowak, y los investigadores canadienses David Matas, un jurista especializado en derechos humanos, y David Kilgour, el antiguo Secretario de Estado de Canadá para Asia-Pacífico;

D.  Considerando que Huang Jiefu, Director del Comité de Donación de Órganos de China y antiguo Viceministro de Salud, afirmó en la Conferencia de Madrid sobre Donación y Trasplante de Órganos celebrada en 2010 que más del 90 % de los órganos para trasplante extraídos de donantes fallecidos procedía de presos ejecutados en China, y ha afirmado que, para mediados de 2014, todos los hospitales autorizados para el trasplante de órganos estarán obligados a dejar de utilizar órganos de presos ejecutados y deberán limitarse a utilizar los que hayan sido donados voluntariamente y asignados en función de un sistema nacional recién creado;

E.  Considerando que la República Popular China ha anunciado su intención de acabar progresivamente hasta 2015 con la extracción no consentida de órganos de presos ejecutados, así como de introducir un sistema de asignación de órganos automatizado conocido como Sistema de Respuesta de Trasplante de Órganos de China (COTRS), contradiciendo así su compromiso con el cese del empleo de órganos procedentes de presos ejecutados en todos los hospitales autorizados para el trasplante de órganos antes de mediados de 2014;

F.  Considerando que, en julio de 1999, el Partido Comunista chino puso en marcha una intensa ola de persecución en todo el país con la intención de erradicar la práctica espiritual de Falun Gong y que supuso la detención y encarcelamiento de cientos de miles de seguidores de Falun Gong; considerando que se sabe que también se han ejecutado trasplantes forzosos utilizando presos uigures y tibetanos;

G.  Considerando que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura y el Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes han expresado su preocupación sobre las acusaciones de extracción forzada de órganos de presos y han pedido al Gobierno de la República Popular China que aumente la rendición de cuentas y la transparencia del sistema de trasplante de órganos y castigue a los responsables de los abusos; considerando que el asesinato de presos religiosos o políticos con el fin de vender sus órganos para el trasplante es una violación atroz e intolerable del derecho fundamental a la vida;

H.  Considerando que el 12 de noviembre de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió a China para formar parte del Consejo de Derechos Humanos por un período de tres años a partir del 1 de enero de 2014;

1.  Expresa su profunda preocupación por las informaciones continuas y creíbles de extracción de órganos sistemática y dictada por el Estado en la República Popular China ejercida sobre presos de conciencia sin que estos hayan dado su consentimiento, incluidos numerosos seguidores de Falun Gong encarcelados por sus creencias religiosas, así como miembros de otros grupos religiosos y étnicos minoritarios;

2.  Señala que no es aceptable esperar hasta 2015 para que se empiece a eliminar progresivamente la extracción forzada de órganos de presos ejecutados; pide al Gobierno de la República Popular China que ponga fin inmediatamente a la práctica de la extracción forzada de órganos de presos de conciencia y miembros de grupos religiosos y étnicos minoritarios;

3.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que den publicidad al asunto de la extracción forzada de órganos en China; recomienda que la Unión y sus Estados miembros condenen públicamente los abusos cometidos en China en el trasplante de órganos y den a conocer la cuestión entre los ciudadanos que viajen a China; pide que la UE efectúe una investigación completa y transparente sobre las prácticas de trasplante de órganos en China, y que se enjuicie a quienes hayan cometido tales prácticas contrarias a la ética;

4.  Pide a las autoridades chinas que respondan pormenorizadamente a las solicitudes del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias en las que se pedía al Gobierno chino que explicase el origen de los órganos adicionales existentes tras el incremento del número de operaciones de trasplante de órganos, y que se les permita realizar una investigación sobre las prácticas de trasplante de órganos en China;

5.  Pide la liberación inmediata de todos los presos de conciencia en China, incluidos los seguidores de Falun Gong;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Gobierno de la República Popular China y al Congreso Popular Nacional chino.

(1) DO C 305 E, de 14.12.2006, p. 219.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0097.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0503.
(4) DO C 169 E de 15.6.2012, p. 81.
(5) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 65.


Situación en Sri Lanka
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre la situación en Sri Lanka (2013/2982(RSP))
P7_TA(2013)0604RC-B7-0563/2013

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, de 22 de octubre de 2009(1), y de 12 de mayo de 2011(2), sobre la situación en Sri Lanka,

–  Visto el informe final de la Comisión de Lecciones Aprendidas y de Reconciliación de Sri Lanka, de noviembre de 2011,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de marzo de 2012 y de 18 de marzo de 2013, sobre el fomento de la reconciliación y la rendición de cuentas en Sri Lanka,

–  Visto el informe del Grupo de Revisión Interna del Secretario General de las Naciones Unidas, de noviembre de 2012, sobre las acciones de las Naciones Unidas en Sri Lanka durante las últimas fases de la guerra y la posguerra, que investiga las razones de la incapacidad de la comunidad internacional de proteger a los civiles frente a las violaciones generalizadas de los derechos humanos y del derecho humanitario,

–  Vista la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de 31 de agosto de 2013, así como su informe al Consejo de Derechos Humanos, de 25 de septiembre de 2013,

–  Visto el informe de la organización benéfica francesa «Acción contra el Hambre» en relación con la ejecución, en 2006, de diecisiete miembros de su personal en la localidad norteña de Muttur,

–  Vista la declaración de la Delegación de la Unión Europea, de 5 de diciembre de 2012, sobre el Estado de Derecho en Sri Lanka(3),

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, formulada el 18 de enero de 2013 en nombre de la UE, sobre la destitución de la Presidenta del Tribunal Supremo de Sri Lanka, Shirani Bandaranayake;

–  Vista la reciente reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, celebrada en Colombo, y de la petición del Primer Ministro del Reino Unido, David Cameron, de que se abra una investigación independiente sobre las acusaciones de crímenes de guerra,

–  Vistas las convenciones de las que es parte Sri Lanka, y muy particularmente el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, y la Convención contra la Corrupción,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que en mayo de 2009 llegó a su fin el conflicto que durante décadas habían mantenido en el norte del país el Gobierno de Sri Lanka y los Tigres de Liberación Tamil Eelam (LTTE), con la derrota y rendición de estos últimos y la muerte de su líder;

B.  Considerando que se calcula que, en los últimos meses del conflicto, las intensas luchas en zonas civiles produjeron decenas de miles de muertos y heridos no combatientes, así como unas seis mil desapariciones;

C.  Considerando que el 23 de mayo de 2009 el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y el Presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, suscribieron una declaración conjunta por la que el Gobierno de Sri Lanka se comprometía a tomar medidas para garantizar las responsabilidades por los supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que se habrían perpetrado durante las fases finales del conflicto interno de veintiséis años de duración;

D.  Considerando que el 15 de mayo de 2010 el Presidente Rajapaksa procedió al nombramiento de una Comisión de Lecciones Aprendidas y de Reconciliación (LLRC); que el gran número de personas que al parecer se han presentado por propia iniciativa para intervenir ante la LLCR ilustra el enorme deseo y necesidad de un diálogo nacional sobre el conflicto;

E.  Considerando que el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, de 26 de abril de 2011, concluyó que eran verosímiles las informaciones según las cuales tanto las fuerzas gubernamentales como los LTTE habrían cometido crímenes de guerra en los meses anteriores a mayo de 2009, fecha en que las fuerzas gubernamentales se proclamaron vencedoras en el conflicto con los separatistas;

F.  Considerando que la gravedad de las acusaciones formuladas contenidas en dicho informe y la constante campaña internacional en pro de una correcta valoración de los hechos, también al margen de la reciente cumbre de la Commonwealth, subrayan la necesidad de resolver primeramente esta cuestión para poder lograr la reconciliación en Sri Lanka;

G.  Considerando que se ha empezado a realizar un censo a escala nacional en Sri Lanka para determinar de primera mano la magnitud y las circunstancias de las muertes y las lesiones de civiles y de los daños a las propiedades durante el conflicto, de acuerdo con una recomendación básica del informe de la LLCR;

H.  Considerando que en agosto de 2013 se creó una Comisión Presidencial de Investigación para estudiar las desapariciones acaecidas en las provincias del Norte y del Este entre 1990 y 2009;

I.  Considerando que el 25 de septiembre de 2013 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, pidió al Gobierno de Sri Lanka que dedicara el tiempo que resta hasta la presentación de su informe sobre el país al Consejo de Derechos Humanos en su reunión de marzo de 2014 a poner en marcha un proceso nacional creíble con resultados tangibles que incluya el procesamiento de las personas culpables, puesto que, de lo contrario, la comunidad internacional se vería obligada a crear sus propios mecanismos de investigación;

J.  Considerando que el grupo de revisión interna sobre el funcionamiento de las Naciones Unidas en Sri Lanka durante la fase final de la guerra concluyó que el fracaso de las instituciones de las Naciones Unidas a la hora de hacer valer los derechos de las personas que debían asistir significó, en el plano colectivo, la incapacidad de las Naciones Unidas de actuar dentro del ámbito de sus mandatos institucionales de cumplir con sus responsabilidades en materia de protección;

1.  Expresa su satisfacción por el restablecimiento de la paz en Sri Lanka, que supone un enorme alivio para toda la población, y reconoce los esfuerzos hechos por el Gobierno de Sri Lanka, con el apoyo de la comunidad internacional, para reconstruir las infraestructuras y reubicar a la mayor parte de los 400 000 desplazados internos;

2.  Toma nota de los avances logrados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de la política de trilingüismo ‒en particular en lo tocante a la enseñanza del inglés, el cingalés y el tamil a los funcionarios públicos‒, así como de la reciente decisión de establecer un censo nacional para recapitular los daños a personas y propiedades ocasionados durante la guerra civil;

3.  Se felicita de la celebración, el 21 de septiembre de 2013, de las primeras elecciones de la historia al Consejo de la Provincia del Norte, en las que el partido de la Alianza Nacional Tamil (TNA) venció por aplastante mayoría;

4.  Confía en que los beneficios de la paz acabarán llegando, reforzando la agenda del desarrollo del país y permitiendo a sus ciudadanos y al cada vez mayor número de visitantes extranjeros aprovechar todo el potencial cultural y natural que Sri Lanka ofrece; destaca que la estabilidad a largo plazo exige una auténtica reconciliación con la plena participación de las poblaciones locales;

5.  Observa con inquietud la todavía considerable presencia de fuerzas militares gubernamentales en las antiguas zonas en conflicto, lo que entraña violaciones de los derechos humanos, incluyendo confiscaciones de tierras ‒con más de mil acciones judiciales pendientes interpuestas por propietarios que perdieron sus bienes‒ y un preocupante número de denuncias de agresiones sexuales y otros abusos contra las mujeres, sin olvidar la situación de especial vulnerabilidad de las decenas de miles de viudas de guerra;

6.  Aplaude el plan de acción nacional para la aplicación de las recomendaciones de la LLRC, y pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos por ejecutarlas en su integridad, lo que implica iniciar investigaciones fidedignas de las acusaciones generalizadas de asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzosas, proseguir con la desmilitarización del norte de Sri Lanka, completar los mecanismos imparciales de resolución de litigios sobre la tierra, reconsiderar las políticas de encarcelamientos, reforzar instituciones civiles antes independientes como por ejemplo la policía, el poder judicial y la Comisión de Derechos Humanos, y alcanzar un acuerdo político a largo plazo para una mayor descentralización en favor de las provincias; pide a la Comisión Presidencial de Investigación que en su ámbito de actuación incluya todas las desapariciones acaecidas en el país, y no solo las de las provincias del Norte y del Este;

7.  Expresa su gran preocupación por las constantes noticias de intimidaciones y violaciones de los derechos humanos (incluyendo a manos de las fuerzas de seguridad), de asesinatos extrajudiciales, de torturas, de violaciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, de represalias contra defensores de los derechos humanos, miembros de la sociedad civil y periodistas, de amenazas a la independencia judicial y al Estado de Derecho, y de discriminaciones por razón de religión o creencias; pide al Gobierno de Sri Lanka que adopte las medidas necesarias al respecto;

8.  Aplaude la reciente iniciativa del Gobierno de Sri Lanka de investigar el presunto asesinato, a manos de fuerzas gubernamentales, de diecisiete cooperantes locales de la organización benéfica francesa «Acción contra el Hambre» en la localidad norteña de Muttur, así como los asesinatos de cinco jóvenes en Trincomalee en 2006; insta a las autoridades a que hagan todo lo posible por llevar ante la justicia a los responsables de las matanzas;

9.  Insta al Gobierno de Sri Lanka a que responda a las peticiones de rendición de cuentas por las presuntas violaciones de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional acaecidas durante la guerra, iniciando una investigación independiente y fidedigna a más tardar en marzo de 2014; considera que, de lo contrario, las Naciones Unidas deberían poner en marcha una investigación internacional;

10.  Insta al Gobierno de Sri Lanka a presentar un proyecto de ley de protección eficaz de testigos, de manera que los testigos de los referidos crímenes cuenten con protección suficiente;

11.  Aplaude las acciones de desminado llevadas a cabo por el ejército de Sri Lanka y diversas organizaciones internacionales como Halo Trust, y reconoce la cuantiosa dotación económica aportada por la UE así como la financiación adicional anunciada por el Reino Unido; insta al Gobierno y a las fuerzas armadas de Sri Lanka a que, junto con la UE y sus Estados miembros, sigan proporcionando los recursos necesarios para seguir retirando las minas terrestres, que constituyen un serio obstáculo a la rehabilitación y a la recuperación económica; pide una vez más a Sri Lanka que se adhiera a la Convención de Ottawa sobre prohibición de minas;

12.  Observa con preocupación que, según el reciente informe de Europol titulado «Situación y tendencias del terrorismo en la Unión Europea», los LTTE, que en el pasado han cometido atentados terroristas indiscriminados, siguen activos a nivel internacional;

13.  Pide a las Naciones Unidas y a sus Estados miembros que estudien detenidamente los fracasos de la comunidad internacional en Sri Lanka y que adopten las medidas adecuadas para garantizar que, ante una situación similar en el futuro, las Naciones Unidas puedan responder a un nivel mucho mejor en términos de cumplimiento de sus responsabilidades humanitarias y de protección;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Gobierno y al Parlamento de Sri Lanka.

(1) DO C 265 E de 30.9.2010, p. 29.
(2) DO C 377 E de 07.12.12, p. 156.
(3) http://eeas.europa.eu/delegations/sri_lanka/documents/press_corner/20121205_en.pdf

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