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Procedimiento : 2013/2111(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A7-0459/2013

Textos presentados :

A7-0459/2013

Debates :

PV 13/01/2014 - 25
CRE 13/01/2014 - 25

Votaciones :

PV 14/01/2014 - 5.14
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Textos aprobados :

P7_TA(2014)0014

Textos aprobados
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Martes 14 de enero de 2014 - Estrasburgo
Protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos
P7_TA(2014)0014A7-0459/2013

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre la protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos (2013/2111(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3, apartado 3, y el artículo 6, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 9, 53 y 151 a 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—  Vistos los artículos 5, 15, 16, 27, 31, 34 y 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 19 y 23 de la Carta Social Europea (revisada),

–  Visto el Convenio n° 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1952, sobre la seguridad social (norma mínima),

–  Visto el Convenio nº 117 de la OIT, de 1962, sobre política social (normas y objetivos básicos),

–  Vistos el Convenio n° 121, de 1964, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; el Convenio n° 128, de 1967, sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes; el Convenio n° 130, de 1969, sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad; el Convenio n° 168, de 1988, sobre el fomento del empleo y la protección contra el desempleo; y el Convenio n° 183, de 2000, relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) de la OIT,

–  Vista la Recomendación de la OIT, de 2012, sobre los pisos de protección social,

–  Visto el informe de la OIT titulado «Informe Mundial sobre la Seguridad Social 2010/11: Brindar cobertura en tiempos de crisis, y después de las crisis»(1),

–  Visto el informe de la OIT, de noviembre de 2003, titulado «Protección social: una inversión durante todo el ciclo de vida para propiciar la justicia social, reducir la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible»(2),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(3),

–  Vista la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE del Consejo(4),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(5),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 24 de junio de 1992, sobre los criterios comunes relativos a recursos y prestaciones suficientes en los sistemas de protección social (92/441/CEE)(6),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y las políticas de protección social (92/442/CEE)(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, sobre la intensificación de la cooperación para modernizar y mejorar la protección social(8),

–  Visto el informe del Comité de Protección Social, de 10 de febrero de 2011, titulado «The social dimension of the Europe 2020 Strategy» (La dimensión social de la Estrategia Europa 2020)(9),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2012, titulada «Libro Blanco – Agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles» (COM(2012)0055),

–  Visto el informe de la Comisión, de 8 de enero de 2013, titulado «Employment and Social Developments in Europe 2012» (Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2012)(10),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, sobre la protección social en la cooperación al desarrollo de la Unión Europea (COM(2012)0446),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 22 de noviembre de 2006, titulado «Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006)0708),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de abril de 2010, titulado «Nuevas tendencias del trabajo autónomo: el caso específico del trabajo autónomo económicamente dependiente»(11),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de marzo de 2013, sobre el uso abusivo del estatuto de trabajador autónomo(12),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, relativa a una Recomendación de la Comisión sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral (COM(2008)0639) y su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(13),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2009 (COM(2009)0545) y su Resolución, de 20 de mayo de 2010, sobre la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en un contexto de recuperación de la economía(14),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre contratos atípicos, carreras profesionales seguras, flexiguridad y nuevas formas de diálogo social(15),

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la protección social y la inclusión social(16),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa(17),

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre cómo combatir el desempleo juvenil: posibles soluciones(18),

–  Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la intensificación de la lucha contra el trabajo no declarado(19),

–  Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos(20),

–  Vista sus Resolución, de 11 de julio de 2007, sobre el tema «Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI»(21),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre el futuro de los servicios sociales de interés general(22),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social(23),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre una agenda para unas pensiones adecuadas, seguras y sostenibles(24),

–  Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020»(25),

–  Visto el estudio encargado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de mayo de 2013, titulado «Social protection rights of economically dependent self employed workers» (Los derechos de protección social de los trabajadores autónomos económicamente dependientes)(26),

–  Visto el informe personalizado de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound), de 2013, titulado «Self-employed or not self-employed? Working conditions of “economically dependent workers”» (Trabajador autónomo: ¿sí o no? Las condiciones laborales de los «trabajadores económicamente dependientes»)(27),

–  Visto el informe de Eurofound, de 2 de marzo de 2009, titulado «Self-employed workers: industrial relations and working conditions» (Trabajadores autónomos: relaciones industriales y condiciones de trabajo)(28),

–  Visto el informe comparativo de Eurofound, de abril de 2013, titulado «Social partners' involvement in unemployment benefit regimes in Europe» (La participación de los interlocutores sociales en los regímenes de prestaciones por desempleo en Europa)(29),

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0459/2013),

A.  Considerando que el acceso a la seguridad social es un derecho fundamental que, de conformidad con el Derecho de la UE y la legislación y las prácticas nacionales, constituye un elemento fundamental del modelo social europeo; que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha adoptado recomendaciones relativas a los pisos nacionales de protección social que aspiran a garantizar el derecho fundamental de toda persona a la seguridad social y a un nivel de vida digno;

B.  Considerando que la seguridad social es una competencia nacional, coordinada a nivel de la UE;

C.  Considerando que la protección social facilita la adaptación a la evolución del mercado de trabajo, lucha contra la pobreza y la exclusión social, asegura la integración en el mercado de trabajo e invierte en recursos humanos; que la seguridad social ejerce un efecto estabilizador en la economía y desempeña una función anticíclica que puede impulsar la demanda y el consumo internos;

D.  Considerando que, para superar la crisis, algunos Estados miembros han recortado drásticamente el gasto público en el mismo momento en que crecía la demanda de protección social como consecuencia del aumento del desempleo; que las asignaciones de los presupuestos nacionales destinadas a la cobertura social se han reducido aún más, al haber disminuido las cotizaciones como consecuencia de la pérdida de empleos a gran escala o de la disminución de los salarios, lo que pone en grave peligro la economía de mercado social europea;

E.  Considerando que la cobertura de la protección social en algunos Estados miembros es insuficiente y podría mejorarse; que en la UE se siguen dando casos de trato abusivo de los trabajadores vulnerables;

F.  Considerando que, si bien la mayoría de los modelos tradicionales de protección social y, en particular, los sistemas de seguridad social y de Derecho laboral, han sido concebidos para salvaguardar los derechos sociales y laborales de los trabajadores asalariados, existe el riesgo de que, ante las nuevas formas de empleo que están surgiendo y con un número cada vez mayor de trabajadores que ejercen una actividad autónoma, los nuevos grupos de trabajadores puedan tener que aceptar una protección social inferior;

G.  Considerando que las mujeres que deciden hacerse empresarias mencionan, con más frecuencia que los hombres, un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida personal y/o la necesidad económica como motivación principal de su decisión;

H.  Considerando que las trabajadoras autónomas son una minoría dentro de este colectivo de trabajadores, pero tienen más probabilidades de caer en una situación de pobreza;

I.  Considerando que la falta de acceso de los trabajadores autónomos a unos derechos de pensión adecuados, prestaciones por enfermedad, vacaciones pagadas y otras formas de seguridad social agrava la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres en el caso de las mujeres que ejercen una actividad autónoma, especialmente tras la jubilación;

J.  Considerando que cada vez hay más trabajadores autónomos o trabajadores con poco trabajo o con un trabajo mal remunerado, especialmente mujeres, que se sitúan por debajo del umbral de la pobreza pero no están registrados oficialmente como desempleados;

K.  Considerando que podría ser oportuno definir claramente el fenómeno del falso trabajo autónomo y prevenir posibles abusos al respecto a fin de evitar vulneraciones de los derechos sociales de los trabajadores, distorsiones de la competencia y el riesgo de dumping social;

L.  Considerando que el falso trabajo autónomo es, fundamentalmente, una forma de evasión parcial de cotizaciones de difícil detección que socava la sostenibilidad y la adecuación de los regímenes de pensiones y les resta recursos de vital importancia;

M.  Considerando que el alto índice de desempleo que se observa en muchos Estados miembros, añadido a una presión a la baja constante sobre los costes laborales (unitarios), está dando lugar a tendencias y prácticas en los mercados de trabajo nacionales que favorecen el futuro desarrollo y el aumento del fenómeno del falso trabajo autónomo;

N.  Considerando que, puesto que las condiciones de trabajo de los trabajadores autónomos económicamente dependientes no son radicalmente distintas de las condiciones de trabajo de los asalariados, sus derechos laborales y de seguridad social deberían, en su caso, asemejarse más a los derechos de los asalariados;

O.  Considerando que, en el caso de los trabajadores autónomos, no existen información y datos fiables, precisos y comparables sobre la situación, las condiciones de trabajo y los mecanismos de seguridad social destinados a permitir conciliar el trabajo y la prestación de cuidados;

P.  Considerando que, en 2012, el trabajo autónomo representó más del 15 % del empleo total en la UE, pero que en algunos casos no se trataba de la opción preferida por la persona en cuestión, sino más bien de una necesidad debida a la falta de otras oportunidades de empleo o de regímenes de trabajo lo bastante flexibles como para combinar el trabajo y la prestación de cuidados a personas dependientes; que, en numerosos Estados miembros, los trabajadores autónomos tienen dificultades para adquirir suficientes derechos de pensión, lo que incrementa el riesgo de pobreza para las personas afectadas en el futuro; que no es frecuente que los trabajadores autónomos económicamente dependientes estén organizados o representados por sindicatos, aun cuando tienen más probabilidades de ser víctimas de abusos relacionados con las horas de trabajo y de abusos de otra índole;

Seguridad social para todos

1.  Hace hincapié en la necesidad de optimizar y modernizar constantemente los sistemas de protección social a escala de los Estados miembros con el fin de garantizar una protección social fuerte, sostenible y adecuada para todos, basada en los principios del acceso universal y la no discriminación y capaz de reaccionar con flexibilidad ante la evolución demográfica y del mercado de trabajo;

2.  Pide a los Estados miembros que garanticen una financiación responsable y sostenible a largo plazo de los sistemas de seguridad social, en particular en épocas de crisis económica, y que desarrollen la vertiente preventiva de los sistemas de seguridad social y hagan mayor hincapié en la activación de medidas, sin olvidar que uno de los aspectos más importantes de las inversiones sociales es que permiten conciliar los objetivos sociales y económicos y que a largo plazo pueden contribuir a mantener y desarrollar la economía; considera, a este respecto, que las inversiones sociales deben considerarse precisamente como tales, es decir, inversiones y no gastos;

3.  Destaca que, en algunos Estados miembros, el envejecimiento de la población, la basa tasa de natalidad y los cambios en los mercados de trabajo pueden hacer más urgente la necesidad de reformar los sistemas de seguridad social, incluidas las pensiones, a fin de garantizar su sostenibilidad; hace hincapié en que, con más frecuencia que en el caso de los hombres, las mujeres interrumpen su carrera profesional y ocupan puestos de trabajo a tiempo parcial para ocuparse de los niños y otras personas dependientes, lo que puede repercutir negativamente en sus pensiones y exponerlas a un mayor riesgo de pobreza; pide a los Estados miembros, en este contexto, que consideren esos periodos de interrupción de la carrera profesional como periodos cotizados a efectos de la determinación y el cálculo de sus derechos de pensión; subraya que se debe involucrar en las reformas a los interlocutores sociales con arreglo a la legislación y las prácticas nacionales, así como a las partes interesadas, y que se debe informar adecuadamente sobre ellas a los ciudadanos;

4.  Pide a los Estados miembros que garanticen una protección social nacional que asegure unos ingresos dignos establecidos por cada país y el acceso a las prestaciones sociales básicas, en particular en caso de enfermedad, desempleo, maternidad, discapacidad, jubilación, etc., con objeto de luchar contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros; alienta a los Estados miembros a que elaboren estrategias de desarrollo de la seguridad social en consonancia con las propuestas de la OIT;

5.  Destaca que una protección social eficaz de suficiente calidad debe basarse en medidas destinadas a fomentar la participación en el trabajo, que contribuye a mejorar la salud y la seguridad en el trabajo, así como al aumento de la productividad, lo cual constituye una importante ventaja competitiva; subraya que la disminución del nivel de protección social no debe verse como una solución que allane el camino hacia tasas de empleo más elevadas;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que todos los trabajadores y todas las personas que ejercen una actividad autónoma tengan acceso al aprendizaje permanente mediante la redistribución de la financiación nacional y de la UE existente destinada exclusivamente a trabajadores con contratos permanentes para destinarla a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos, independientemente de su tipo de contrato;

7.  Pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para aplicar reformas y medidas estructurales con el fin de crear empleo para los jóvenes y que velen por que no se discrimine a los trabajadores jóvenes restringiendo sus derechos a la seguridad social; pide asimismo a los Estados miembros que, en colaboración con la Comisión, garanticen una protección social suficiente a los jóvenes que participan en programas de prácticas y aprendizaje concebidos para que adquieran experiencia laboral;

8.  Destaca que las personas de edad avanzada no suponen una carga económica y social, sino que, al contrario, la experiencia que han adquirido a lo largo de su trayectoria vital y sus conocimientos constituyen un activo; propone que, en el contexto de la solidaridad intergeneracional, se aliente a los trabajadores de más de sesenta años a seguir estando disponibles para el mercado de trabajo, con miras a la transmisión del conocimiento y la experiencia a las generaciones siguientes;

9.  Pide a los Estados miembros que garanticen la disponibilidad de estructuras asequibles educativas y de atención infantil y garanticen el acceso de los trabajadores autónomos a los servicios públicos y a las ventajas fiscales y sociales correspondientes en relación con la atención infantil;

10.  Pide a los Estados miembros que faciliten la posibilidad a todos los trabajadores, incluidos los trabajadores autónomos y sus cónyuges o parejas que participen en sus actividades, de conciliar trabajo y responsabilidades de prestación de cuidados, por ejemplo acelerando la aplicación de los artículos 7 y 8 de la Directiva 2010/41/UE de 7 de julio de 2010 y ofreciendo a los trabajadores que lo soliciten flexibilidad en cuanto al horario de trabajo, el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial para el cuidado de menores y personas dependientes;

11.  Subraya la necesidad de ofrecer oportunidades para la formación continua y la reconversión profesional de trabajadores asalariados, trabajadores autónomos y aquellos que estén en transición de un trabajo asalariado a un trabajo autónomo; pide a los Estados miembros, en este sentido, que eliminen los obstáculos a la formación y la reconversión profesional, y que promuevan el aprendizaje permanente para todos;

12.  Pide a los Estados miembros que promuevan y faciliten la autoorganización de los trabajadores autónomos, especialmente de las mujeres, con el objetivo de incrementar su capacidad para defender sus intereses colectivos;

13.  Pide a los Estados miembros que garanticen una seguridad social adecuada, en particular, a los grupos más vulnerables, como los desempleados, las personas con discapacidad, las familias monoparentales, las familias jóvenes, los jóvenes, las personas de edad y los jubilados; pide además a los Estados miembros que velen por que los servicios sociales sean más accesibles para todos los miembros de los grupos sociales vulnerables y para las personas que precisan de cuidados a largo plazo, en particular en las zonas rurales y las regiones desfavorecidas;

14.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, conforme a sus competencias, adopten medidas para combatir todas las formas de discriminación en el mercado de trabajo, en particular la discriminación de la mujer, así como medidas de protección social para que las mujeres no reciban salarios y prestaciones sociales, incluidas las pensiones, inferiores a las de los hombres por un mismo trabajo, para garantizar la protección de la maternidad, para adoptar medidas encaminadas a evitar el despido improcedente de trabajadoras durante el embarazo y para proteger a mujeres y hombres que tengan responsabilidades de prestación de cuidados frente al despido improcedente; pide, asimismo, al Consejo que acelere la adopción de la Directiva relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia;

15.  Destaca que, según la Directiva 2010/41/UE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, los Estados miembros deben poner solución a todos los obstáculos que impiden que las mujeres y sus cónyuges o parejas reconocidas de acuerdo con la legislación nacional puedan beneficiarse de la protección social a la que tienen derecho de conformidad con esa legislación;

16.  Pide a los Estados miembros que aborden de manera eficaz la falta de protección social que se observa en los casos de familiares, e incluso cónyuges (parejas), que trabajan en empresas familiares pequeñas o muy pequeñas, dada la ambigüedad y la falta de formalidad que conllevan dichas relaciones laborales o cuando son ellos mismos trabajadores autónomos;

17.  Insta a los Estados miembros a que adopten medidas concretas para combatir la pobreza y la exclusión social proporcionando un salario mínimo adecuado y un sistema de seguridad social, en especial a las comunidades marginadas y a las personas en riesgo de pobreza, definiendo las normas concretas sobre la base de las diversas prácticas nacionales, incluidos los convenios colectivos o la legislación nacional;

18.  Pide a los Estados miembros que combatan con mayor dureza el trabajo no declarado y precario, entre otros los falsos empleos a tiempo parcial, y que garanticen una protección social adecuada para todos los trabajadores; condena, por otra parte, el abuso de contratos de trabajo atípicos con el objetivo de eludir el cumplimiento de las obligaciones en materia de empleo y protección social;

19.  Pide a los Estados miembros que mejoren la cooperación administrativa entre las diferentes instituciones (inspecciones de trabajo, oficinas tributarias, entidades municipales y servicios de la seguridad social) a nivel nacional y de la UE, como medio de facilitar la aplicación de las disposiciones del Derecho laboral de la Unión, reduciendo el trabajo no declarado y resolviendo con más eficacia los problemas causados por las disparidades entre las disposiciones reglamentarias relativas al mercado de trabajo en los diferentes Estados miembros;

20.  Pide a la Comisión que examine la legislación y vigile la aplicación y coordinación de los sistemas de seguridad social, cuando proceda con respecto al principio de subsidiariedad, y que señale a la atención de los Estados miembros el hecho de que los trabajadores migrantes de la UE que trabajan en otro Estado miembro no deben ser objeto de medidas discriminatorias de protección social; considera que todos los trabajadores migrantes de la UE deben disfrutar de los mismos derechos a la seguridad social y tener opción de asegurarse cuando trabajen en otro Estado miembro; considera que, antes de su comisión de servicio, los trabajadores contratados en el marco de la libre circulación de servicios deberán ser informados por su empleador sobre las condiciones salariales y otras condiciones laborales aplicables de conformidad con la Directiva 96/71/CE;

21.  Pide a la Comisión y los Estados miembros que consigan un equilibrio adecuado entre la seguridad y la flexibilidad del mercado laboral, por ejemplo mediante la aplicación general de los principios de flexiguridad, y que hagan frente a la segmentación del mercado de trabajo proporcionando una cobertura social adecuada a las personas en transición o empleadas con contratos temporales o a tiempo parcial y asegurando al mismo tiempo el acceso a oportunidades de formación; señala que la insuficiente garantía de flexiseguridad tendrá graves consecuencias para la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, la calidad de sus prestaciones, los ingresos y la productividad de la población activa, así como para la economía real y la cohesión social, poniendo así en peligro los objetivos de la Estrategia Europa 2020 para la conservación y el aumento de los niveles de empleo;

22.  Pide a la Comisión que examine, desde el punto de vista de la Unión Europea, si, como consecuencia de los cambios recientes que los Estados miembros han aplicado a su legislación laboral a fin de mejorar la flexibilidad del mercado de trabajo, la seguridad social de los empleados se ha visto mermada y si se han vulnerado los principios de flexibilidad y seguridad;

23.  Apoya firmemente la propuesta de establecer un cuadro de indicadores clave de empleo y sociales, que podría ser una primera medida para definir unos valores de referencia concretos;

24.  Insta a la Comisión a que integre en sus propuestas, cuando proceda, los cuatro objetivos fijados en el Programa de Trabajo Decente de la OIT y examine, en el marco de su estudio anual sobre el crecimiento, los objetivos establecidos en la Recomendación de la OIT relativa al nivel mínimo de protección social, a fin de que todos los trabajadores en Europa puedan disfrutar de protección social;

La seguridad social de los trabajadores autónomos

25.  Hace hincapié en que el trabajo autónomo debe reconocerse debidamente como una forma de trabajo que favorece la creación de empleo y la disminución del desempleo, y que su evolución positiva debería ir acompañada de medidas adecuadas de protección social de los trabajadores autónomos definidas en la legislación nacional de los Estados miembros;

26.  Pide a los Estados miembros que faciliten la conciliación del trabajo y las responsabilidades de prestación de cuidados ofreciendo a los trabajadores flexibilidad en relación con la jornada laboral y el lugar de trabajo, a fin de evitar una situación en la que no tengan más opciones de flexibilidad que la de recurrir al empleo autónomo dependiente;

27.  Hace hincapié en la necesidad de contar con datos estadísticos actualizados y más detallados que los disponibles actualmente, que podrían utilizarse para analizar la importancia económica de los trabajadores autónomos y de sus diferentes grupos; pide asimismo que se incluyan las cuestiones relativas al trabajo autónomo en la encuesta de población activa de la Unión Europea;

28.  Señala que la falta de una definición nacional clara de trabajo autónomo aumenta el riesgo del falso trabajo autónomo entre los trabajadores de la UE y puede dificultar su acceso a una seguridad social adecuada; señala que los diferentes estatutos de los trabajadores autónomos entre los Estados miembros precisan de soluciones para una mejor coordinación de la seguridad social de los trabajadores autónomos a fin de que no se restrinja la libre circulación de trabajadores;

29.  Pide a la Comisión que promueva los intercambios entre los Estados miembros a fin de proporcionar orientación sobre las diferentes formas del empleo atípico, incluido el trabajo autónomo, con vistas a ayudar a los Estados miembros a aplicar correctamente las legislaciones laborales y las medidas de protección social pertinentes a los trabajadores empleados en tales condiciones; considera también necesario que los Estados miembros identifiquen claramente el falso trabajo autónomo y sancionen a los empresarios si se constatan y acreditan tales casos; insiste, no obstante, en que la determinación de la condición de trabajador asalariado debe seguir siendo una responsabilidad jurídica del Estado miembro anfitrión en cuyo territorio se realice el trabajo;

30.  Pide a los interlocutores sociales europeos, a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la cuestión del trabajo autónomo dependiente y que encuentren soluciones prácticas, especialmente en aquellos sectores en los que las actividades transfronterizas desempeñan una función importante y entre los grupos vulnerables, como los trabajadores domésticos y los trabajadores con salarios bajos;

31.  Insta a los Estados miembros a que velen por que el trabajo autónomo no se convierta en un medio de impedir que los trabajadores disfruten de los beneficios de la seguridad social y la seguridad en el trabajo ni un medio de que los empleadores eludan el Derecho laboral y de la seguridad social; pide, por otra parte, que se evite la asimilación de los trabajadores autónomos con los asalariados a fin de proteger las ventajas del trabajo autónomo y de la actividad económica de tal naturaleza, y de contribuir al desarrollo del espíritu empresarial y de la calidad de los servicios;

32.  Pide a los Estados miembros que, de ser necesario, amplíen la protección social en lo que se refiere a la jubilación, la incapacidad, los permisos de maternidad/paternidad y el desempleo, de manera que la protección social de los trabajadores autónomos se adapte mejor a las necesidades de los mismos;

33.  Pide a los Estados miembros que promuevan y apoyen los seguros de grupo para los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; pide a los Estados miembros que garanticen a los trabajadores autónomos el acceso a regímenes colectivos de seguro y de pensiones basados en la solidaridad;

34.  Solicita a los Estados miembros que pongan a disposición de todos los ciudadanos información relativa a sus derechos en materia de protección social y faciliten asimismo a las personas que deseen adquirir la condición de trabajadores autónomos información adecuada acerca de las modificaciones en su grado de protección social y sus derechos laborales que se deriven de la obtención de dicha condición, así como los cambios en otros derechos y obligaciones vinculados a su actividad económica; pide asimismo a la Comisión que ponga a disposición de los trabajadores autónomos y de los trabajadores móviles información sobre sus derechos y obligaciones en caso de migración, inmigración y trabajo transfronterizo;

35.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que involucren a los interlocutores sociales, de conformidad con las prácticas nacionales, en un proceso de desarrollo y modernización de la protección social, y que profundicen el diálogo social a nivel nacional y de la UE; solicita asimismo a los interlocutores sociales que incluyan en el orden del día las cuestiones relacionadas con los derechos laborales y la protección social de los trabajadores autónomos, con objeto de seguir creando un marco de protección social suficiente para los trabajadores autónomos, sobre la base de la reciprocidad y el principio de no discriminación, y que analicen si es preciso incluir a los trabajadores autónomos en la negociación colectiva y el modo de hacerlo, adoptando estrategias concretas sobre el modo de abordar los problemas de los trabajadores autónomos en los casos en que la legislación nacional no permite la representación sindical de los trabajadores autónomos; insta a los interlocutores sociales a que intercambien buenas prácticas entre los sindicatos y las asociaciones profesionales en materia de servicios prestados a los trabajadores autónomos, la lucha contra el fenómeno del falso trabajo autónomo y la organización de los trabajadores autónomos que ejerzan una actividad por cuenta propia;

o
o   o

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) http://www.ilo.org/global/research/publications/WCMS_184942/lang--es/index.htm
(2) http://www.ilo.org/public/english/protection/download/lifecycl/ciclodevida.pdf.
(3) DO L 166 de 30.4.2004. p. 1.
(4) DO L 180 de 15.7.2010, p. 1.
(5)DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(6) DO L 245 de 26.8.1992, p. 46.
(7) DO L 245 de 26.8.1992, p. 49.
(8) DO C 8 de 12.1.2000, p. 7.
(9) http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/11/st06/st06624.es11.pdf.
(10) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7315.
(11) DO C 18 de 19.1.2011, p. 44.
(12) DO C 161 de 6.6.2013, p. 14.
(13) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 23.
(14) DO C 161 E, 31.5.2011, p. 112.
(15) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 39.
(16) DO C 291 E de 30.11.2006, p. 304.
(17) DO C 70 E de 8.3.2012, p. 8.
(18) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0365.
(19) DO C 9 E de 15.1.2010, p. 1.
(20) DO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
(21) DO C 175 E de 10.7.2008, p. 401.
(22) DO C 33 E de 5.2.2013, p. 65.
(23) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 57.
(24) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0204.
(25) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0266.
(26) http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92570
(27) http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1366.htm.
(28) http://www.eurofound.europa.eu/comparative/tn0801018s/tn0801018s.htm.
(29) http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1206018s/tn1206018s_3.htm.

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