Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 428/2009 del Consejo por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (18086/1/2013 – C7-0093/2014 – 2011/0310(COD))

P7_TA(2014)0277 A7-0236/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (18086/1/2013 – C7‑0093/2014),

–  Vista su Posición en primera lectura(1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0704),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 72 de su Reglamento,

–  Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0236/2014),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

4.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

5.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, junto con todas las declaraciones adjuntas a la presente Resolución;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la revisión del sistema de control de las exportaciones de doble uso

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocen la importancia de mejorar de manera continua la eficacia y la coherencia del régimen de la UE en materia de controles estratégicos de las exportaciones, garantizando un alto nivel de seguridad y una transparencia suficiente que no impidan la competitividad ni el comercio legítimo de los bienes de doble uso.

Las tres instituciones consideran que son necesarias una modernización y una mayor convergencia del régimen para hacer frente a las nuevas amenazas y los rápidos cambios tecnológicos, para reducir las distorsiones, crear un auténtico mercado común de bienes de doble uso (unas condiciones equitativas uniformes para todos los exportadores) y seguir sirviendo como modelo de control de las exportaciones para los terceros países.

Para ello es fundamental racionalizar el proceso de actualización de las listas de control (anexos del Reglamento), reforzar la evaluación de riesgos y el intercambio de información, desarrollar normas industriales mejoradas y reducir las disparidades en su aplicación.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocen los aspectos relativos a la exportación de determinadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que pueden utilizarse en relación con las violaciones de los derechos humanos, así como para socavar la seguridad de la UE, en particular las tecnologías utilizadas para vigilancia de masas, control, seguimiento, rastreo y censura, así como las vulnerabilidades de los programas informáticos.

Se han iniciado las consultas técnicas en este sentido, incluido en el marco de la visita de homólogos de la UE en materia de doble uso, del Grupo de coordinación sobre productos de doble uso y los regímenes de control de las exportaciones, y se siguen tomando medidas para hacer frente a las situaciones de emergencia mediante sanciones (en virtud del artículo 215 del TFUE), o medidas nacionales. Se intensificarán asimismo los esfuerzos para promover acuerdos multilaterales en el contexto de los regímenes de control de las exportaciones y se explorarán opciones para abordar estos asuntos en el contexto de la revisión en curso de la política de la UE de control de las exportaciones de doble uso y de la preparación de una comunicación de la Comisión. En este contexto, las tres instituciones tomaron nota del acuerdo de 4 de diciembre de 2013 de los Estados que participan en el Arreglo de Wassenaar de adoptar controles sobre instrumentos complejos de vigilancia que permiten un acceso no autorizado a los sistemas informáticos, y sobre los sistemas de vigilancia de red IP.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión también se comprometen a seguir desarrollando el mecanismo universal existente para los bienes de doble uso que no entren en el ámbito del anexo I del Reglamento, a fin de seguir mejorando el régimen de control de las exportaciones y su aplicación en el marco del mercado único europeo.

Declaración de la Comisión sobre los actos delegados

En el contexto del presente Reglamento, la Comisión recuerda el compromiso contraído con arreglo al apartado 15 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea de facilitar al Parlamento información y documentación completas sobre sus reuniones con los expertos nacionales en el marco de sus trabajos relativos a la preparación de los actos delegados.

Declaración de la Comisión sobre la actualización del Reglamento

Para garantizar un planteamiento europeo más integrado, eficaz y coherente en relación con la circulación (exportaciones, transferencias, corretaje y tránsito) de los bienes estratégicos, la Comisión presentará una nueva propuesta para actualizar el Reglamento a la mayor brevedad.

(1) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 112.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un acuerdo internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones de la aviación internacional (COM(2013)0722 – C7-0374/2013 – 2013/0344(COD))

P7_TA(2014)0278 A7-0079/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0722),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0374/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto del dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 22 de enero de 2014(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 7 de marzo de 2014, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0079/2014),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 3 de abril de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un acuerdo internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones de la aviación internacional

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (EU) n° 421/2014.)

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta (COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))(1)

P7_TA(2014)0279 A7-0167/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda Enmienda 1 Propuesta de Reglamento Considerando 7 (7)   En varios Estados miembros21 se está preparando legislación para regular las tasas de intercambio, abarcando una serie de cuestiones, entre ellas los límites máximos en relación con las tasas de intercambio a diversos niveles, las tasas a los comerciantes, las normas que obligan a aceptar todas las tarjetas o las medidas incitativas. Las actuales decisiones administrativas en algunos Estados miembros varían considerablemente. Dado el perjuicio que ocasionan las tasas de intercambio a minoristas y consumidores, es previsible que se introduzcan más medidas reglamentarias a nivel nacional destinadas a abordar el nivel o las divergencias de dichas tasas. Estas medidas nacionales supondrían probablemente un obstáculo importante para la compleción del mercado interior en el ámbito de los pagos con tarjeta, por internet o por móvil basados en tarjetas y, por lo tanto, obstaculizarían la libre prestación de servicios. (7)   En varios Estados miembros21 se está preparando o se ha adoptado ya legislación para regular las tasas de intercambio, abarcando una serie de cuestiones, entre ellas los límites máximos en relación con las tasas de intercambio a diversos niveles, las tasas a los comerciantes, las normas que obligan a aceptar todas las tarjetas o las medidas incitativas. Las actuales decisiones administrativas en algunos Estados miembros varían considerablemente. Para mejorar la coherencia entre los niveles de las tasas de intercambio, es previsible que se introduzcan más medidas reglamentarias a nivel nacional destinadas a abordar el nivel o las divergencias de dichas tasas. Estas medidas nacionales supondrían probablemente un obstáculo importante para la compleción del mercado interior en el ámbito de los pagos con tarjeta, por internet o por móvil basados en tarjetas y, por lo tanto, obstaculizarían la libre prestación de servicios. __________________ __________________ 21 Italia, Hungría, Polonia y el Reino Unido. 21Italia, Hungría, Polonia y el Reino Unido. Enmienda 2 Propuesta de Reglamento Considerando 8 (8)   Las tarjetas de pago son el instrumento de pago electrónico utilizado con más frecuencia en las compras al por menor. Sin embargo, la integración del mercado de tarjetas de pago de la Unión es aún muy incompleta, ya que muchas soluciones de pago no pueden desarrollarse más allá de sus fronteras nacionales o se impide la entrada al mercado de nuevos proveedores paneuropeos. La falta de integración del mercado da como resultado actualmente unos precios más altos y una oferta más reducida en los servicios de pago para consumidores y minoristas, y menos oportunidades para aprovechar las ventajas del mercado interior. Por lo tanto, es necesario eliminar obstáculos para el funcionamiento eficiente del mercado de tarjetas, incluidos los pagos por móvil y por internet basados en operaciones con tarjeta, que siguen suponiendo obstáculos para el desarrollo de un mercado plenamente integrado. (8)   Las tarjetas de pago son el instrumento de pago electrónico utilizado con más frecuencia en las compras al por menor. Sin embargo, la integración del mercado de tarjetas de pago de la Unión es aún muy incompleta, ya que muchas soluciones de pago no pueden desarrollarse más allá de sus fronteras nacionales o se impide la entrada al mercado de nuevos proveedores paneuropeos. Para aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior, es necesario eliminar obstáculos a la integración de las nuevas soluciones de pago con tarjeta, incluidos los pagos por móvil y por internet basados en operaciones con tarjeta. Enmienda 3 Propuesta de Reglamento Considerando 9 (9)   Para que el mercado interior funcione eficazmente, debe fomentarse y respaldarse el uso de los pagos electrónicos en beneficio de minoristas y consumidores. Las tarjetas y otros pagos electrónicos pueden utilizarse de manera más flexible, incluyendo la posibilidad de pagar en línea con objeto de aprovechar el mercado interior y el comercio electrónico, a la vez que los pagos electrónicos también ofrecen a los minoristas unos pagos potencialmente seguros. Los pagos con tarjeta y basados en una tarjeta en lugar de en efectivo podrían, por lo tanto, resultar beneficiosos para minoristas y consumidores, siempre que las tasas por el uso de los sistemas de pago se establezcan en un nivel económicamente eficiente, a la vez que contribuyen a la innovación y a la entrada en el mercado de nuevos operadores. (9)   Para que el mercado interior funcione eficazmente, debe fomentarse y respaldarse el uso de los pagos electrónicos en beneficio de minoristas y consumidores. Las tarjetas y otros pagos electrónicos pueden utilizarse de manera más flexible, incluyendo la posibilidad de pagar en línea con objeto de aprovechar el mercado interior y el comercio electrónico, a la vez que los pagos electrónicos también ofrecen a los minoristas unos pagos potencialmente seguros. Los pagos con tarjeta y basados en una tarjeta en lugar de en efectivo podrían, por lo tanto, resultar beneficiosos para minoristas y consumidores, siempre que las tasas por el uso de los sistemas de pago se establezcan en un nivel económicamente eficiente, a la vez que contribuyen a la competencia leal, a la innovación y a la entrada en el mercado de nuevos operadores. Enmienda 4 Propuesta de Reglamento Considerando 10 (10)   Una de las principales prácticas que impiden el funcionamiento del mercado interior de pagos con tarjeta y basados en una tarjeta es la existencia generalizada de tasas de intercambio, que en la mayoría de los Estados miembros no están sujetas a ninguna legislación. Las tasas interbancarias son comisiones interbancarias aplicadas normalmente entre los prestadores de servicios de pago con tarjeta adquirentes y los proveedor de servicios de pago con tarjeta emisores pertenecientes a un sistema determinado. Las tasas de intercambio constituyen una parte principal de las tasas cobradas a los comerciantes por los proveedores de servicios de pago adquirentes por cada operación con tarjeta. Los comerciantes, a su vez, incorporan estos gastos de tarjeta en los precios generales de bienes y servicios. La competencia entre los sistemas de tarjetas en la práctica parece encaminarse en gran medida a convencer a la mayor cantidad posible de proveedores de servicios de pago (es decir, a los bancos) para que emitan sus tarjetas, lo cual normalmente hace que aumenten y no que disminuyan las tasas de intercambio en el mercado, en contraste con el habitual efecto disciplinario sobre los precios que tiene la competencia en una economía de mercado. La regulación de las tasas de intercambio mejoraría el funcionamiento del mercado interior. (10)   En la mayoría de Estados miembros, las tasas de intercambio no están sujetas a ninguna legislación, sino a decisiones de las autoridades nacionales de competencia. Las tasas interbancarias son comisiones interbancarias que normalmente pasan de los proveedores de servicios de pago con tarjeta adquirentes a los proveedores de servicios de pago con tarjeta emisores pertenecientes al sistema correspondiente. Las tasas de intercambio son un componente principal de las tasas cobradas a los comerciantes por los proveedores de servicios de pago adquirentes por cada operación con tarjeta. Los comerciantes, a su vez, incorporan estos gastos de tarjeta en los precios generales de bienes y servicios, como hacen con todos sus costes. Una aplicación coherente de las normas de competencia a las tasas de intercambio reduciría los costes de las operaciones para los consumidores y, de esa forma, mejoraría el funcionamiento del mercado interior. Enmienda 5 Propuesta de Reglamento Considerando 11 (11)   La amplia variedad de tasas de intercambio existentes en la actualidad y su nivel evitan la aparición de «nuevos» operadores en toda la Unión sobre la base de modelos de negocio con tasas de intercambio inferiores, en detrimento de las potenciales economías de escala y de alcance y de sus consiguientes eficiencias. Esto tiene una incidencia negativa en minoristas y consumidores e impide la innovación. Como los operadores en toda la Unión tendrían que ofrecer a los bancos emisores como mínimo el nivel más elevado de tasas de intercambio existente en el mercado en el que quieran entrar, esto también supone la persistencia de la fragmentación del mercado. Los sistemas nacionales actuales con tasas de intercambio más bajas o sin tasas también pueden verse obligados a abandonar el mercado por la presión de los bancos para obtener unos ingresos más elevados por tasas de intercambio. En consecuencia, consumidores y comerciantes tienen pocas posibilidades de elección, soportan unos precios más altos y una menor calidad de los servicios de pago, a la vez que su capacidad para utilizar soluciones de pago para toda la Unión se ve restringida. Además, los minoristas no pueden evitar las diferencias en las tasas utilizando servicios de aceptación de tarjetas ofrecidos por bancos de otros Estados miembros. Las normas específicas aplicadas por los sistemas de pago requieren la aplicación de la tasa de intercambio del «punto de venta» (país del minorista) para cada operación de pago. Esto hace que los bancos adquirentes no puedan ofrecer sus servicios de manera satisfactoria de forma transfronteriza. También impide que los minoristas reduzcan el coste de sus pagos en beneficio de los consumidores. (11)   La amplia variedad de tasas de intercambio existentes en la actualidad y su nivel evitan la aparición de «nuevos» operadores en toda la Unión sobre la base de modelos de negocio con tasas de intercambio inferiores o inexistentes, en detrimento de las potenciales economías de escala y de alcance y de sus consiguientes eficiencias. Esto tiene una incidencia negativa en minoristas y consumidores e impide la innovación. Como los operadores en toda la Unión tendrían que ofrecer a los bancos emisores como mínimo el nivel más elevado de tasas de intercambio existente en el mercado en el que quieran entrar, esto también supone la persistencia de la fragmentación del mercado. Los sistemas nacionales actuales con tasas de intercambio más bajas o sin tasas también pueden verse obligados a abandonar el mercado por la presión de los bancos para obtener unos ingresos más elevados por tasas de intercambio. En consecuencia, consumidores y comerciantes tienen pocas posibilidades de elección, soportan unos precios más altos y una menor calidad de los servicios de pago, a la vez que su capacidad para utilizar soluciones de pago para toda la Unión se ve restringida. Además, los minoristas no pueden evitar las diferencias en las tasas utilizando servicios de aceptación de tarjetas ofrecidos por bancos de otros Estados miembros. Las normas específicas aplicadas por los sistemas internacionales de tarjeta de pago requieren, en virtud de su política de licencias territoriales, la aplicación de la tasa de intercambio del «punto de venta» (país del minorista) para cada operación de pago. Esto hace que los adquirentes no puedan ofrecer sus servicios de manera satisfactoria de forma transfronteriza. También puede impedir que los minoristas reduzcan el coste de sus pagos en beneficio de los consumidores. Enmienda 6 Propuesta de Reglamento Considerando 15 (15)   El presente Reglamento sigue un planteamiento gradual. Como primer paso, es necesario adoptar medidas que faciliten la emisión y la adquisición transfronteriza de operaciones con tarjetas de pago. Permitir que los comerciantes elijan a un adquirente fuera de su propio Estado miembro («adquisición transfronteriza») e imponer un nivel máximo para las tasas de intercambio transfronterizas de las operaciones de adquisición transfronterizas debe ofrecer la necesaria claridad jurídica. Por otro lado, las licencias para la emisión o adquisición de instrumentos de pago deben ser válidas sin restricciones geográficas dentro de la Unión. Estas medidas deberían facilitar el buen funcionamiento de un mercado interior de pagos con tarjeta, por internet o por móvil en beneficio de consumidores y minoristas. (15)   Con vistas a facilitar el buen funcionamiento de un mercado interior de pagos con tarjeta, por internet o por móvil, que redunde en beneficio de los consumidores y los minoristas, el presente Reglamento se aplica a la emisión y la adquisición nacional y transfronteriza de operaciones con tarjetas de pago. Si los comerciantes pueden elegir un adquirente fuera de su propio Estado miembro («adquisición transfronteriza»), una posibilidad que resultaría favorecida por la imposición de un nivel máximo para las tasas de intercambio nacionales y transfronterizas de las operaciones de adquisición y la prohibición de las licencias territoriales, debe ser posible garantizar la necesaria claridad jurídica y evitar las distorsiones de competencia entre los sistemas de tarjetas de pago. Enmienda 7 Propuesta de Reglamento Considerando 16 (16)   Como consecuencia de los acuerdos y compromisos unilaterales aceptados en el marco de procedimientos de competencia, muchas operaciones transfronterizas de pago con tarjeta en la Unión ya se realizan respetando las tasas de intercambio máximas aplicables a la primera fase del presente Reglamento. Por lo tanto, las disposiciones relativas a estas operaciones deben entrar en vigor rápidamente, creando oportunidades para que los minoristas busquen servicios transfronterizos de adquisición más baratos e incentivando a las comunidades o los sistemas bancarios nacionales a reducir sus tasas de adquisición. (16)   Como consecuencia de los acuerdos y compromisos unilaterales aceptados en el marco de procedimientos de competencia, muchas operaciones transfronterizas de pago con tarjeta en la Unión ya se realizan respetando las tasas de intercambio máximas. Para que exista una competencia leal en el mercado de servicios de adquisición, las disposiciones relativas a las operaciones nacionales y transfronterizas deben aplicarse al mismo tiempo y dentro de un plazo razonable a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, habida cuenta de la dificultad y la complejidad de migración de los sistemas de tarjeta de pago que impone el presente Reglamento. Enmienda 8 Propuesta de Reglamento Considerando 17 (17)   En el caso de las operaciones nacionales, es necesario un periodo transitorio para dar tiempo a los prestadores de servicios de pago y a los sistemas con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias. Así pues, tras un periodo de dos años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, y a fin de posibilitar la compleción de un mercado interior para los pagos basados en una tarjeta, deben ampliarse los límites sobre las tasas de intercambio para las operaciones con tarjetas personales para que cubran tanto los pagos transfronterizos como los nacionales. (17)   No obstante, es necesario un periodo transitorio para dar tiempo a que los proveedores de servicios de pago y los sistemas se adapten a las nuevas exigencias. Así pues, tras un periodo de un año a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, y a fin de posibilitar la compleción de un mercado interior para los pagos basados en una tarjeta, deben ampliarse los límites máximos sobre las tasas de intercambio para las operaciones con tarjetas personales para que cubran tanto los pagos transfronterizos como los nacionales. Enmienda 9 Propuesta de Reglamento Considerando 18 (18)   Con el fin de facilitar la adquisición transfronteriza, todas las operaciones con tarjetas de débito «personales» (transfronterizas y nacionales) y las operaciones de pago basadas en una tarjeta tendrán una tasa máxima de intercambio del 0,20 % y todas las operaciones con tarjetas de crédito personales (transfronterizas y nacionales) y operaciones de pago basadas en una tarjeta de este tipo tendrán una tasa máxima de intercambio del 0,30 % (18)   Todas las operaciones con tarjetas de débito y las operaciones de pago basadas en una tarjeta de ese tipo deben tener una tasa máxima de intercambio del 0,2 % y todas las operaciones con tarjetas de crédito y las operaciones de pago basadas en una tarjeta de ese tipo deben tener una tasa máxima de intercambio del 0,3 %. Enmienda 10 Propuesta de Reglamento Considerando 18 bis (nuevo) (18 bis)  La evaluación de impacto pone de manifiesto que una prohibición de las tasas de intercambio aplicables a las operaciones con tarjetas de débito favorecería la aceptación y la utilización de las tarjetas, así como el desarrollo del mercado único, y reportaría más beneficios a los comerciantes y los consumidores que la fijación de un límite a cualquier nivel superior. Asimismo, evitaría que los sistemas nacionales en los que las tasas de intercambio aplicables a las operaciones de débito son muy reducidas o inexistentes se vieran perjudicados por un límite superior cuando la expansión transfronteriza o la entrada de nuevos participantes en el mercado aumentaran los niveles de las tasas al nivel del límite fijado. Por otra parte, una prohibición de las tasas de intercambio aplicables a las operaciones con tarjetas de débito atajaría el riesgo de exportar el modelo de las tasas de intercambio a nuevos e innovadores servicios de pago, tales como los sistemas en línea o a través del móvil. Enmienda 11 Propuesta de Reglamento Considerando 19 bis (nuevo) (19 bis)  De conformidad con los principios básicos del mercado único, los adquirentes deben poder prestar sus servicios a los comerciantes de toda la Unión aplicando las tasas multilaterales de intercambio (TMI) que apliquen en su mercado nacional. No deben aplicar a las operaciones transfronterizas TMI más elevadas que las que aplican a las operaciones nacionales. Enmienda 12 Propuesta de Reglamento Considerando 22 (22)   Las operaciones de pago con tarjeta se realizan en general sobre la base de dos modelos empresariales principales, denominados sistemas de tarjetas de pago tripartitos (titular de la tarjeta, sistema emisor y adquirente, comerciante) y sistemas de tarjetas de pago cuatripartitos (titular de la tarjeta, banco emisor, banco adquirente, comerciante). Muchos sistemas de tarjetas de pago cuatripartitos están utilizando una tasa de intercambio explícita, en la mayoría de los casos multilateral. Las tasas de intercambio (tasas pagadas por los bancos adquirentes para incentivar la emisión y el uso de las tarjetas) están implícitas en los sistemas de tarjetas de pago tripartitos. Para reconocer la existencia de las tasas de intercambio implícitas y contribuir a la creación de unas condiciones de competencia equitativas, los sistemas de tarjetas de pago tripartitos que utilizan proveedores de servicios de pago como emisores o adquirentes deben considerarse sistemas de tarjetas de pago cuatripartitos y seguir las mismas normas, mientras que las medidas de transparencia y otras medidas relacionadas con las normas comerciales deben aplicarse a todos los proveedores. (22)   Las operaciones de pago con tarjeta se realizan en general sobre la base de dos modelos empresariales principales, denominados sistemas de tarjetas de pago tripartitos (titular de la tarjeta, sistema emisor y adquirente, comerciante) y sistemas de tarjetas de pago cuatripartitos (titular de la tarjeta, banco emisor, banco adquirente, comerciante). Muchos sistemas de tarjetas de pago cuatripartitos están utilizando una tasa de intercambio explícita, en la mayoría de los casos multilateral. Las tasas de intercambio (tasas pagadas por los bancos adquirentes para incentivar la emisión y el uso de las tarjetas) están implícitas en los sistemas de tarjetas de pago tripartitos. Para reconocer la existencia de las tasas de intercambio implícitas y contribuir a la creación de unas condiciones de competencia equitativas, los sistemas de tarjetas de pago tripartitos que utilizan proveedores de servicios de pago como emisores o adquirentes deben considerarse sistemas de tarjetas de pago cuatripartitos y seguir las mismas normas, mientras que las medidas de transparencia y otras medidas relacionadas con las normas comerciales deben aplicarse a todos los proveedores. Los sistemas tripartitos deben aceptar las operaciones efectuadas con sus tarjetas por cualquier adquirente sobre la base de unas normas generales relativas a las operaciones con tarjeta y de unas normas relativas a la adquisición comparables a las normas aplicables a los comerciantes para los sistemas tripartitos específicos y con límites máximos sobre las tasas de intercambio de conformidad con el presente Reglamento. Enmienda 13 Propuesta de Reglamento Considerando 23 (23)   Es importante velar por que las disposiciones relativas a las tasas de intercambio que deban pagar o percibir los proveedores de servicios de pago no sean eludidas mediante otros flujos financieros destinados a proveedores de servicios de pago emisores. Para evitarlo, la «compensación neta» de las tasas pagadas y percibidas por el proveedor de servicios de pago emisor en beneficio o procedentes de un sistema de tarjetas de pago debe considerarse la tasa de intercambio. Al calcular la tasa de intercambio, para comprobar que no se estén eludiendo las obligaciones, debe tenerse en cuenta el importe total de los pagos o incentivos que haya percibido un proveedor de servicios de pago emisor, de un sistema de tarjetas de pago, en relación con las operaciones reguladas, menos las tasas que él haya abonado a dicho sistema. Los pagos, los incentivos y las tasas considerados podrían ser directos (por operación o basados en el volumen) o indirectos (incentivos comerciales, primas, descuentos por la consecución de determinado volumen de operaciones, etc.). (23)   Es importante velar por que las disposiciones relativas a las tasas de intercambio que deban pagar o percibir los proveedores de servicios de pago no sean eludidas mediante otros flujos financieros destinados a proveedores de servicios de pago emisores. Para evitarlo, la «compensación neta» de las tasas pagadas y percibidas por el proveedor de servicios de pago emisor, incluidas las posibles tasas de autorización, en beneficio o procedentes de un sistema de tarjetas de pago debe considerarse la tasa de intercambio. Al calcular la tasa de intercambio, para comprobar que no se estén eludiendo las obligaciones, debe tenerse en cuenta el importe total de los pagos o incentivos que haya percibido un proveedor de servicios de pago emisor, de un sistema de tarjetas de pago, en relación con las operaciones reguladas, menos las tasas que él haya abonado a dicho sistema y los incentivos monetarios o equivalente que el titular de una tarjeta haya percibido de un sistema de tarjetas de pago. Deben tenerse en cuenta todos los pagos, los incentivos y las tasas, ya sean directos (por operación o basados en el volumen) o indirectos (incentivos comerciales, primas, descuentos por la consecución de determinado volumen de operaciones, etc.). Al controlar posibles elusiones de las disposiciones del presente Reglamento que regulan el nivel máximo admisible de las tasas de intercambio, deben tenerse en cuenta, en particular, las ganancias de los emisores de tarjetas de pago resultantes de programas especiales puestos en práctica conjuntamente por los emisores de tarjetas de pago y los sistemas de tarjetas de pago, así como los ingresos por tasas de procesamiento, licencias y de otro tipo correspondientes a las empresas de tarjetas. Enmienda 14 Propuesta de Reglamento Considerando 30 (30)   Para el funcionamiento eficaz de las limitaciones a la obligación de aceptar todas las tarjetas es indispensable determinada información. En primer lugar, los beneficiarios deben poder identificar las distintas categorías de tarjetas. Por lo tanto, las diferentes categorías deben ser identificables visual y electrónicamente en el dispositivo. En segundo lugar, también el ordenante debe ser informado de la aceptación de su(s) instrumento(s) de pago en un punto de venta dado. Es necesario que cualquier limitación a la utilización de una marca determinada sea anunciada por el beneficiario al ordenante al mismo tiempo y en las mismas condiciones que la aceptación de una marca determinada. (30)   Los beneficiarios y los ordenantes deben poder identificar las distintas categorías de tarjetas. Por lo tanto, las distintas categorías deben ser identificables electrónicamente y, cuando se trate de instrumentos de pago de nueva emisión basados en una tarjeta, también deben serlo visualmente en el dispositivo o en el terminal de pago. Asimismo, el ordenante debe ser informado de la aceptación de su(s) instrumento(s) de pago en un punto de venta dado. Enmienda 15 Propuesta de Reglamento Considerando 30 bis (nuevo) (30 bis)  Un pago es un acuerdo entre un ordenante y un beneficiario. Para que la competencia entre marcas sea eficaz, es importante que sean los usuarios quienes elijan la aplicación de pago, y no que esta venga impuesta por el mercado ascendente, como los sistemas de tarjetas de pago, los proveedores de servicios de pago o los procesadores. Esa condición no debe impedir que los ordenantes y los beneficiarios establezcan, cuando sea técnicamente posible, una elección de aplicación por defecto, a condición de que esta elección pueda modificarse para cada operación. Incluso en el caso de que el beneficiario haya seleccionado una aplicación utilizable por ambas partes, el usuario debe poder rechazarla y optar por otra. Enmienda 16 Propuesta de Reglamento Considerando 31 (31)   A fin de garantizar la posibilidad de recurso en caso de aplicación incorrecta del presente Reglamento, o cuando surjan litigios entre los usuarios y los proveedores de servicios de pago, los Estados miembros deben establecer procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso por vía extrajudicial. Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento y garantizar que dichas sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasorias, y que se apliquen. (31)   A fin de garantizar la posibilidad de recurso en caso de aplicación incorrecta del presente Reglamento, o cuando surjan litigios entre los usuarios y los proveedores de servicios de pago, los Estados miembros deben establecer procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso por vía extrajudicial. Los Estados miembros, actuando con arreglo a las directrices establecidas por la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), creada por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, deben establecer el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento y garantizar que dichas sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasorias y que se apliquen. _________________ 1bis Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12). Enmienda 17 Propuesta de Reglamento Artículo 1 – apartado 1 1.   El presente Reglamento establece requisitos técnicos y comerciales uniformes para las operaciones con tarjeta de pago realizadas en la Unión, cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el proveedor de servicios de pago del beneficiario están establecidos en la Unión. 1.   El presente Reglamento establece requisitos técnicos y comerciales uniformes para las operaciones de pago basadas en una tarjeta realizadas en la Unión, cuando tanto el proveedor de servicios de pago del ordenante como el proveedor de servicios de pago del beneficiario están establecidos en la Unión. Enmienda 18 Propuesta de Reglamento Artículo 1 – apartado 2 2.   El presente Reglamento no es aplicable a los instrumentos de pago que solo se pueden utilizar en una red limitada, diseñada para satisfacer necesidades precisas mediante instrumentos de pago cuya utilización está limitada, o bien porque permiten a su titular adquirir bienes o servicios únicamente en los locales del emisor, dentro de una red limitada de proveedores de servicios vinculados directamente mediante un acuerdo comercial con un emisor profesional, o bien porque únicamente pueden utilizarse para adquirir una gama limitada de bienes o servicios. 2.   El presente Reglamento no es aplicable a los instrumentos de pago que solo se pueden utilizar en una red limitada, diseñada para satisfacer necesidades precisas mediante instrumentos de pago cuya utilización está limitada, o bien porque permiten a su titular adquirir bienes o servicios únicamente en los locales del emisor, dentro de una red limitada de proveedores de servicios vinculados directamente mediante un acuerdo comercial con un emisor profesional, o bien porque únicamente pueden utilizarse para adquirir una gama muy reducida de bienes o servicios. Enmienda 19 Propuesta de Reglamento Artículo 1 – apartado 3 – letra a a)  las operaciones con tarjetas comerciales, suprimida Enmienda 20 Propuesta de Reglamento Artículo 1 – apartado 3 – letra b b)   las retiradas de efectivo en cajeros automáticos, y b)   las retiradas de efectivo o las operaciones distintas de la venta de bienes o servicios efectuadas en cajeros automáticos y los desembolsos de efectivo en la ventanilla de los locales de los proveedores de servicios de pago; y Enmienda 21 Propuesta de Reglamento Artículo 1 – apartado 3 – letra c c)   las operaciones con tarjetas emitidas por sistemas de tarjetas de pago tripartitos. c)   las operaciones con tarjetas emitidas por sistemas de tarjetas de pago tripartitos cuando su volumen no supere el umbral fijado por la Comisión. Enmienda 22 Propuesta de Reglamento Artículo 1 – apartado 4 bis (nuevo) 4 bis.  Los artículos 6 y 7 no se aplicarán a los sistemas de tarjetas de débito nacionales que utilicen un modelo de tasa de intercambio media o de compensación neta cuyo valor se encuentre de forma demostrable por debajo del umbral previsto en los artículos 3 y 4. Enmienda 23 Propuesta de Reglamento Artículo 2 – punto 4 (4)   «operación con tarjeta de débito»: una operación de pago con tarjeta, incluidas las realizadas con tarjetas prepagadas vinculadas a una cuenta corriente o a un depósito, cuyo importe se adeude en un plazo igual o inferior a 48 horas tras la autorización o el inicio de la operación; (4)   «operación de débito efectuada con tarjeta»: una operación de pago basada en una tarjeta vinculada a una cuenta corriente o a un depósito, cuyo importe se adeude inmediatamente una vez compensada la operación, así como una operación efectuada con una tarjeta prepagada; Enmienda 24 Propuesta de Reglamento Artículo 2 – punto 5 (5)   «operación con tarjeta de crédito»: una operación de pago con tarjeta cuyo importe se liquide en un plazo superior a 48 horas tras la autorización o el inicio de la operación; (5)   «operación de crédito efectuada con tarjeta»: una operación de pago basada en una tarjeta cuyo importe se adeude al menos dos días hábiles tras la autorización o el inicio de la operación; Enmienda 25 Propuesta de Reglamento Artículo 2 – punto 8 (8)   «operación de pago transfronteriza»: una operación de pago con tarjeta o basada en una tarjeta iniciada por un ordenante o un beneficiario en la que el proveedor de servicios de pago del ordenante y el proveedor de servicios de pago del beneficiario están establecidos en diferentes Estados miembros o en la que el proveedor de servicios de pago emisor de la tarjeta de pago está establecido en un Estado miembro distinto al del punto de venta; (8)   «operación de pago transfronteriza»: una operación de pago con tarjeta o basada en una tarjeta iniciada por un ordenante o un beneficiario en la que el proveedor de servicios de pago del ordenante o el punto de venta están establecidos en un Estado miembro diferente al del proveedor de servicios de pago del beneficiario o en la que el proveedor de servicios de pago emisor de la tarjeta de pago está establecido en un Estado miembro distinto al del punto de venta, incluso cuando un beneficiario utiliza los servicios de un adquirente ubicado en otro Estado miembro; Enmienda 26 Propuesta de Reglamento Artículo 2 – punto 12 bis (nuevo) (12 bis)  «tarjeta de pago»: una tarjeta de débito o de crédito que legitima a su titular para acceder a sus fondos, o que le permite realizar un pago a través de un adquirente y que es aceptada por un beneficiario para procesar una operación de pago; Enmienda 27 Propuesta de Reglamento Artículo 2 – punto 13 (13)   «sistema de tarjetas de pago»: un conjunto único de disposiciones, prácticas, normas y/o directrices de aplicación para la ejecución de operaciones de pago a través de la Unión y en los Estados miembros, que es independiente de cualquier infraestructura o sistema de pago que sustenta su funcionamiento; (13)   «sistema de pago»: un conjunto único de disposiciones, prácticas, normas y/o directrices de aplicación para la ejecución de operaciones de pago a través de la Unión y en los Estados miembros, que es independiente de cualquier infraestructura o sistema de pago que sustenta su funcionamiento; Enmienda 28 Propuesta de Reglamento Artículo 2 – punto 15 (15)   «sistema de tarjetas de pago tripartito»: un sistema de tarjetas de pago en el que los pagos se efectúan desde una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema en nombre del titular de la tarjeta a una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema en nombre del beneficiario y las operaciones basadas en una tarjeta fundamentadas en la misma estructura; cuando un sistema de tarjetas de pago tripartito concede licencia a otros proveedores de servicios de pago para la emisión y/o la adquisición de tarjetas de pago, se considera un sistema de tarjetas de pago cuatripartito; (15)   «sistema de tarjetas de pago tripartito»: un sistema de tarjetas de pago en el que los pagos se efectúan desde una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema en nombre del ordenante a una cuenta de pago cuya titularidad ostenta el sistema en nombre del beneficiario, y las operaciones basadas en una tarjeta fundamentadas en la misma estructura; cuando un sistema de tarjetas de pago tripartito concede licencia a otros proveedores de servicios de pago para la emisión y/o la adquisición de tarjetas de pago, o emite tarjetas de pago con un socio de marcas combinadas o a través de un agente, se considera un sistema de tarjetas de pago cuatripartito; Enmienda 29 Propuesta de Reglamento Artículo 3 – título Tasas de intercambio aplicables a las operaciones transfronterizas con tarjeta de débito o crédito personales Tasas de intercambio aplicables a las operaciones de pago basadas en una tarjeta de débito o crédito personal Enmienda 30 Propuesta de Reglamento Artículo 3 – apartado 1 1.   A partir de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, en relación con las operaciones transfronterizas con tarjeta de débito, la tasa de intercambio u otra retribución acordada de finalidad o efecto equivalente que los proveedores de servicios de pago ofrezcan o soliciten por operación no será superior al 0,2 % del valor de la operación. 1.   A partir del ...*, en relación con las operaciones de débito efectuadas con tarjeta, la tasa de intercambio u otra retribución acordada de finalidad o efecto equivalente que los proveedores de servicios de pago ofrezcan o soliciten por operación no será superior a 0,07 EUR, o al 0,2 % del valor de la operación si dicho importe es inferior al primero. ____________ * Un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Enmienda 31 Propuesta de Reglamento Artículo 3 – apartado 2 2.   A partir de dos meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento, en relación con las operaciones transfronterizas con tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u otra retribución acordada de finalidad o efecto equivalente que los proveedores de servicios de pago ofrezcan o soliciten por operación no será superior al 0,3 % del valor de la operación. 2.   A partir del ...*, en relación con las operaciones de crédito efectuadas con tarjeta, la tasa de intercambio u otra retribución acordada de finalidad o efecto equivalente que los proveedores de servicios de pago ofrezcan o soliciten por operación no será superior al 0,3 % del valor de la operación. ____________ * Un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Enmienda 32 Propuesta de Reglamento Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  Los Estados miembros podrán mantener o introducir límites máximos inferiores o medidas que tengan una finalidad o efecto equivalente a través de la legislación nacional. Enmienda 33 Propuesta de Reglamento Artículo 4 Artículo 4 suprimido Tasas de intercambio aplicables a todas las operaciones con tarjeta de débito o crédito personales 1.  A partir de dos años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, en relación con cualquier operación basada en una tarjeta de débito, la tasa de intercambio u otra retribución acordada de finalidad o efecto equivalente que los proveedores de servicios de pago ofrezcan o soliciten por operación no será superior al 0,2 % del valor de la operación. 2.  A partir de dos años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, en relación con cualquier operación basada en una tarjeta de crédito, la tasa de intercambio u otra retribución acordada de finalidad o efecto equivalente que los proveedores de servicios de pago ofrezcan o soliciten por operación no será superior al 0,3 % del valor de la operación. Enmienda 34 Propuesta de Reglamento Artículo 5 5.  A efectos de la aplicación de los límites mencionados en los artículos 3 y 4, cualquier compensación neta recibida por un banco emisor de un sistema de tarjetas de pago con respecto a operaciones de pago o actividades conexas será considerada parte de la tasa de intercambio. A efectos de la aplicación de los límites máximos mencionados en el artículo 3, cualquier compensación neta recibida por un proveedor de servicios de pago con respecto a operaciones de pago o actividades conexas será considerada parte de la tasa de intercambio. Las autoridades competentes impedirán cualquier intento por parte de los proveedores de servicios de pago de eludir lo dispuesto en el presente Reglamento, incluida la emisión de tarjetas de pago en terceros países. Enmienda 35 Propuesta de Reglamento Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo) 4 bis.  Quedarán prohibidas todas las restricciones a la prestación de servicios relacionados con el pago en las normas de los sistemas de tarjetas de pago, salvo que no tengan carácter discriminatorio y sean objetivamente necesarias para la utilización del sistema de pago. Enmienda 36 Propuesta de Reglamento Artículo 6 bis (nuevo) Artículo 6 bis Operaciones transfronterizas Por lo que respecta a las operaciones transfronterizas, se aplicará la tasa de intercambio del país del adquirente. Enmienda 37 Propuesta de Reglamento Artículo 7 – apartado 2 2.   Los sistemas de tarjetas de pago preverán la posibilidad de que los mensajes de autorización y compensación de cada una de las operaciones con tarjeta sean separados y procesados por diferentes entidades procesadoras. 2.   Los sistemas de tarjetas de pago y los emisores de dichas tarjetas preverán la posibilidad de que los mensajes de autorización y compensación de cada una de las operaciones con tarjeta sean separados y procesados por diferentes entidades procesadoras. Quedarán prohibidas las normas de los sistemas y de los acuerdos de licencia u otros contratos que restrinjan de algún modo la libertad de elegir una entidad procesadora. Enmienda 38 Propuesta de Reglamento Artículo 7 – apartado 4 4.   Las entidades procesadoras en la Unión garantizarán que su sistema sea técnicamente interoperable con los sistemas de las demás entidades procesadoras en la Unión, utilizando normas elaboradas por organismos de normalización internacionales o europeos. Además, no adoptarán ni aplicarán normas comerciales que restrinjan la interoperabilidad con otras entidades procesadoras en la Unión. 4.   A más tardar el ...*, las entidades procesadoras en la Unión garantizarán que su sistema sea técnicamente interoperable con los sistemas de las demás entidades procesadoras en la Unión, utilizando normas elaboradas por organismos de normalización internacionales o europeos. Además, no adoptarán ni aplicarán normas comerciales que restrinjan la interoperabilidad con otras entidades procesadoras en la Unión. 4 bis.  A fin de garantizar una armonización coherente del presente artículo, la ABE elaborará, previa consulta a un panel consultivo conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, proyectos de normas técnicas de regulación por las que se establezcan los requisitos que deberán cumplir los sistemas de pago y las entidades procesadoras para garantizar un mercado de procesamiento de tarjetas totalmente abierto y competitivo. La ABE presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el ...**. Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Los requisitos a que se refiere el párrafo primero entrarán en vigor a más tardar el ...*** y, en su caso, se actualizarán periódicamente. ________________ * Un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. ** La fecha correspondiente a ... *** Dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Enmienda 39 Propuesta de Reglamento Artículo 7 – apartado 4 ter (nuevo) 4 ter.  Previa consulta a la Comisión, y no obstante lo dispuesto en los artículos 1 a 4 ter, los Estados miembros podrán eximir a los recién establecidos sistemas de pago basados en una tarjeta de la aplicación del presente artículo por un período limitado. Enmienda 40 Propuesta de Reglamento Artículo 8 – apartado 1 1.   Quedarán prohibidas todas las normas de los sistemas y los acuerdos de licencia que obstaculicen o impidan a un emisor combinar dos o más marcas diferentes de instrumentos de pago en una tarjeta o dispositivo de telecomunicación, digital o informático. 1.   Quedarán prohibidas todas las normas de los sistemas y los acuerdos de licencia y las medidas de efecto equivalente que obstaculicen o impidan a un emisor combinar dos o más marcas diferentes de instrumentos de pago en una tarjeta o dispositivo de telecomunicación, digital o informático. Enmienda 41 Propuesta de Reglamento Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo) 1 bis.  Cuando vaya a formalizar un acuerdo contractual con su proveedor de servicios de pago, el consumidor podrá decidir disponer de dos o más marcas diferentes de instrumentos de pago en una tarjeta de pago o un dispositivo de telecomunicación, digital o informático. Con suficiente antelación a la firma del contrato, el proveedor de servicios de pago facilitará al consumidor información clara y objetiva sobre todas las marcas de pago disponibles y sus características, incluidas sus funciones, coste y seguridad. Enmienda 42 Propuesta de Reglamento Artículo 8 – apartado 2 2.   Cualquier diferencia de trato entre emisores o adquirentes en las normas de los sistemas y los acuerdos de licencia por lo que respecta a la marca compartida en una tarjeta o un dispositivo de telecomunicación, digital o informático estará justificada objetivamente y no será discriminatoria. 2.   Cualquier diferencia de trato entre emisores o adquirentes en las normas de los sistemas y los acuerdos de licencia por lo que respecta a la marca compartida o coexistencia equivalente de diferentes marcas o aplicaciones en una tarjeta o un dispositivo de telecomunicación, digital o informático estará justificada objetivamente y no será discriminatoria. Enmienda 43 Propuesta de Reglamento Artículo 8 – apartado 3 3.   Los sistemas de tarjetas de pago no impondrán requisitos de notificación, obligaciones de pago de tasas u otras obligaciones con el mismo objeto o efecto a los prestadores de servicios de pago emisores y adquirentes por las operaciones efectuadas con cualquier dispositivo sobre el que figure su marca en relación con operaciones en las que no se utilice su sistema. 3.   Los sistemas de tarjetas de pago no impondrán requisitos de notificación, obligaciones de pago de tasas u obligaciones similares con el mismo objeto o efecto a los proveedores de servicios de pago emisores y adquirentes por las operaciones efectuadas con cualquier dispositivo sobre el que figure su marca en relación con operaciones en las que no se utilice su sistema. Enmienda 44 Propuesta de Reglamento Artículo 8 – apartado 4 4.   Cualesquiera principios de encaminamiento con los que se pretenda orientar las operaciones a través de un canal o un proceso específico y otras normas y exigencias técnicas y de seguridad relativas a la gestión de más de una marca de tarjeta de pago en una tarjeta o un dispositivo de telecomunicación, digital o informático deberán ser no discriminatorios y aplicarse sin discriminación. 4.   Cualesquiera principios de encaminamiento o medidas equivalentes con los que se pretenda orientar las operaciones a través de un canal o un proceso específico y otras normas y exigencias técnicas y de seguridad relativas a la gestión de más de una marca de tarjeta de pago o equivalente en una tarjeta o un dispositivo de telecomunicación, digital o informático deberán ser no discriminatorios y aplicarse sin discriminación. Enmienda 45 Propuesta de Reglamento Artículo 8 – apartado 6 6.   Los sistemas de tarjetas de pago, los emisores, los adquirentes y los proveedores de infraestructuras de gestión de tarjetas de pago no insertarán mecanismos automáticos, programas informáticos o dispositivos en el instrumento de pago o en el equipo utilizado en el punto de venta que limiten la elección de la aplicación por el ordenante cuando utilice un instrumento de pago de marca compartida. 6.   Los sistemas de tarjetas de pago, los emisores, los adquirentes y los proveedores de infraestructuras de gestión de tarjetas de pago no insertarán mecanismos automáticos, programas informáticos ni dispositivos en el instrumento de pago ni en el equipo utilizado en el punto de venta que limiten la elección de la aplicación por el ordenante y el beneficiario cuando utilicen un instrumento de pago de marca compartida. Los beneficiarios seguirán pudiendo instalar mecanismos automáticos en el equipo utilizado en el punto de venta que introduzcan la selección prioritaria de una determinada marca o aplicación. No obstante, el beneficiario no impedirá que, con respecto a las categorías de tarjetas o de instrumentos de pago relacionados que él mismo haya aceptado, el ordenante pueda cancelar una selección prioritaria automática que el beneficiario haya realizado en su equipo. Enmienda 46 Propuesta de Reglamento Artículo 9 – apartado 1 1.   Los adquirentes ofrecerán y facturarán a los beneficiarios tasas de descuento especificadas individualmente por cada categoría y cada marca de tarjetas de pago, a menos que los comerciantes soliciten por escrito a los proveedores de servicios de pago adquirentes que facturen tasas de descuento indiferenciadas. 1.   Los adquirentes ofrecerán y facturarán a los beneficiarios tasas de descuento especificadas individualmente por cada categoría y cada marca de tarjetas de pago con diferentes niveles de tasas de intercambio, a menos que los comerciantes soliciten por escrito a los proveedores de servicios de pago adquirentes que facturen tasas de descuento indiferenciadas. Enmienda 47 Propuesta de Reglamento Artículo 10 – apartado 1 1.   Los sistemas de pago y los proveedores de servicios de pago no aplicarán ninguna norma que pueda obligar a los beneficiarios que acepten tarjetas y otros instrumentos de pago emitidos por un proveedor de servicios de pago emisor en el marco de un sistema de instrumentos de pago a aceptar también otros instrumentos de pago de la misma marca o de la misma categoría emitidos por otros proveedores de servicios de pago emisores en el marco del mismo sistema, salvo si están sujetos a la misma tasa de intercambio regulada. 1.   Los sistemas de pago y los proveedores de servicios de pago no aplicarán ninguna norma que pueda obligar a los beneficiarios que acepten tarjetas y otros instrumentos de pago emitidos por un proveedor de servicios de pago emisor en el marco de un sistema de instrumentos de pago a aceptar también otros instrumentos de pago de la misma marca o de la misma categoría emitidos por otros proveedores de servicios de pago emisores en el marco del mismo sistema, salvo si están sujetos a la misma tasa de intercambio que, además, cumpla los límites máximos impuestos por el presente Reglamento. Enmienda 48 Propuesta de Reglamento Artículo 10 – apartado 4 4.   Los proveedores de servicios de pago emisores se asegurarán de que sus instrumentos de pago sean identificables visualmente y electrónicamente, de modo que los beneficiarios puedan identificar de manera inequívoca qué marcas y categorías de tarjetas prepagadas, de débito, de crédito o comerciales, o pagos basados en ellas, son seleccionados por el ordenante. 4.   A más tardar el ...*, los proveedores de servicios de pago emisores se asegurarán de que sus instrumentos de pago sean identificables electrónicamente y, cuando se trate de instrumentos de pago de nueva emisión basados en una tarjeta, lo sean también visualmente, de modo que los beneficiarios y los ordenantes puedan identificar de manera inequívoca qué marcas y categorías de tarjetas prepagadas, de débito, de crédito o comerciales, o pagos basados en ellas, son seleccionados por el ordenante. ________________ * Un año después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Enmienda 49 Propuesta de Reglamento Artículo 11 – apartado 3 3.   Los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de las normas sobre gastos, descuentos u otros instrumentos incitativos establecidas en el artículo 55 de la propuesta COM(2013)0547 y en el artículo 19 de la Directiva 2011/83/UE22. 3.   Los apartados 1 y 2 del presente artículo se entenderán sin perjuicio de las normas sobre gastos, descuentos u otros instrumentos incitativos establecidas en el artículo 55 de la Directiva 2014/.../UE [DSP] y en el artículo 19 de la Directiva 2011/83/UE22. __________________ __________________ 22 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores […] 22 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Enmienda 50 Propuesta de Reglamento Artículo 12 – apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  A la hora de formalizar un acuerdo contractual con un proveedor de servicios de pago, se deberá ofrecer al consumidor información clara, objetiva y periódica sobre las características del pago y las tasas aplicadas a las operaciones de pago. Enmienda 51 Propuesta de Reglamento Artículo 14 – apartado 1 1.   Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones del presente Reglamento y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar su aplicación. Dichas sanciones deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. 1.   Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar su aplicación. La ABE emitirá directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 a fin de garantizar que dichas sanciones sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. Enmienda 52 Propuesta de Reglamento Artículo 15 – apartado 1 1.   Los Estados miembros establecerán procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso adecuados y eficaces para la resolución de los litigios que surjan entre los beneficiarios y sus proveedores de servicios de pago en el contexto del presente Reglamento. A tal efecto, los Estados miembros designarán a organismos existentes, si procede, o establecerán nuevos organismos. 1.   Los Estados miembros establecerán procedimientos extrajudiciales de reclamación y recurso independientes, adecuados y eficaces para la resolución de los litigios que surjan entre los beneficiarios y sus proveedores de servicios de pago en el contexto del presente Reglamento. A tal efecto, los Estados miembros designarán a organismos existentes, si procede, o establecerán nuevos organismos. Los proveedores de servicios de pago se adherirán al menos a un organismo de resolución alternativa de litigios. Enmienda 53 Propuesta de Reglamento Artículo 15 – apartado 2 2.   En un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, los Estados miembros notificarán a la Comisión esos organismos. Le comunicarán sin demora cualquier modificación posterior que los afecte. 2.   A más tardar el ...* , los Estados miembros notificarán a la Comisión esos organismos. Le comunicarán sin demora cualquier modificación posterior que los afecte. ___________________  Dos meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Enmienda 54 Propuesta de Reglamento Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  Los Estados miembros se asegurarán de que los proveedores de servicios de pago participen en los procedimientos de reclamación a tenor del apartado 1. Enmienda 55 Propuesta de Reglamento Artículo 16 – apartado 1 Cuatro años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará un informe sobre su aplicación al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe de la Comisión examinará, en particular, la adecuación de los niveles de las tasas de intercambio y los mecanismos de incitación, como los gastos, teniendo en cuenta la utilización y el coste de los diversos medios de pago y el nivel de entrada en el mercado de nuevos agentes y nuevas tecnologías. A más tardar el …*, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. El informe de la Comisión examinará, en particular, la adecuación de los niveles de las tasas de intercambio y los mecanismos de incitación, como los gastos, teniendo en cuenta la utilización y el coste de los diversos medios de pago y el nivel de entrada en el mercado de nuevos agentes, nuevas tecnologías y modelos empresariales innovadores. Dicha evaluación debe examinar, en particular: a)  la evolución de las tasas de los titulares de tarjetas; b)  el nivel de competencia entre los sistemas y los proveedores de tarjetas de pago; c)  los efectos en los costes para el ordenante y el beneficiario; d)  los niveles de transferencia por parte de los comerciantes de la reducción de los niveles de intercambio; e)  los requisitos técnicos y sus repercusiones para todas las partes interesadas; f)  los efectos de la marca compartida en la facilidad de uso del producto, sobre todo para los usuarios de edad avanzada y otros usuarios vulnerables. El informe de la Comisión irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa que podrá incluir una modificación de los límites máximos de las tasas de intercambio. _______________ * Dos años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(1) De conformidad con el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A7-0167/2014).

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 3 de abril de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 2002/65/CE, 2013/36/UE y 2009/110/CE, y se deroga la Directiva 2007/64/CE (COM(2013)0547 – C7-0230/2013 – 2013/0264(COD))(1)

P7_TA(2014)0280 A7-0169/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda Enmienda 1 Propuesta de Directiva Considerando 2 (2)   La Directiva 2007/64/CE se adoptó en diciembre de 2007, a partir de una propuesta de la Comisión de diciembre de 2005. Desde entonces, el mercado de pagos minoristas ha experimentado notables innovaciones técnicas, que han dado lugar a un rápido incremento del número de pagos electrónicos y pagos móviles, y a la aparición de nuevos tipos de servicios de pago en el mercado. (2)   La Directiva 2007/64/CE se adoptó en diciembre de 2007, a partir de una propuesta de la Comisión de diciembre de 2005. Desde entonces, el mercado de pagos minoristas ha experimentado notables innovaciones técnicas, que han dado lugar a un rápido incremento del número de pagos electrónicos y pagos móviles, y a la aparición de nuevos tipos de servicios de pago en el mercado, cuestionando el actual marco. Enmienda 2 Propuesta de Directiva Considerando 3 (3)  La revisión del marco regulador de la Unión sobre servicios de pago y, en especial, la evaluación de impacto de la Directiva 2007/64/CE y la consulta relativa al Libro Verde de la Comisión titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles24» han puesto de manifiesto que los cambios habidos plantean grandes desafíos desde el punto de vista normativo. Importantes ámbitos del mercado de pagos, en particular los pagos con tarjeta, pagos por internet y pagos móviles, aparecen aún, a menudo, fragmentados con arreglo a las fronteras nacionales. Muchos productos o servicios de pago innovadores no entran, en su totalidad o en gran parte, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Además, la Directiva ha demostrado ser en algunos casos, en su ámbito de aplicación y, en particular, en los elementos excluidos del mismo, como determinadas actividades conexas a pagos, demasiado ambigua o general, o simplemente obsoleta, vista la evolución del mercado. Ello ha generado inseguridad jurídica, posibles riesgos de seguridad en la cadena de pago y desprotección de los consumidores en determinados terrenos. Se ha constatado la dificultad de lograr que servicios de pago digitales innovadores y de fácil uso despeguen, de modo que los consumidores y los minoristas puedan disfrutar de métodos de pago eficaces, cómodos y seguros a escala de la Unión. (3)  La revisión del marco regulador de la Unión sobre servicios de pago y, en especial, la evaluación de impacto de la Directiva 2007/64/CE y la consulta relativa al Libro Verde de la Comisión titulado «Hacia un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles24» han puesto de manifiesto que los cambios habidos plantean grandes desafíos desde el punto de vista normativo. Importantes ámbitos del mercado de pagos, en particular los pagos con tarjeta, pagos por internet y pagos móviles, aparecen aún, a menudo, fragmentados con arreglo a las fronteras nacionales. Muchos productos o servicios de pago innovadores no entran, en su totalidad o en gran parte, en el ámbito de aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Además, la Directiva ha demostrado ser en algunos casos, en su ámbito de aplicación y, en particular, en los elementos excluidos del mismo, como determinadas actividades conexas a pagos, demasiado ambigua o general, o simplemente obsoleta, vista la evolución del mercado. Ello ha generado inseguridad jurídica, posibles riesgos de seguridad en la cadena de pago y desprotección de los consumidores en determinados terrenos. Se ha constatado la dificultad de lograr que servicios de pago digitales innovadores, seguros y de fácil uso despeguen, de modo que los consumidores y los minoristas puedan disfrutar de métodos de pago eficaces, cómodos y seguros a escala de la Unión. Hay en ello un gran potencial positivo que debe explotarse de manera más coherente. __________________ __________________ 24 COM(2012) 941 final. 24 COM(2012)0941. Enmienda 3 Propuesta de Directiva Considerando 4 (4)   Crear un mercado único integrado de pagos electrónicos es esencial para que los consumidores, los comerciantes y las empresas en general puedan aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior, habida cuenta del desarrollo de la economía digital. (4)   Crear un mercado único integrado de pagos electrónicos seguros es esencial para apoyar el crecimiento de la economía de la Unión y para que los consumidores, los comerciantes y las empresas en general puedan disfrutar de elección y transparencia de los servicios de pago con el fin de aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior, habida cuenta del desarrollo de la economía digital. Enmienda 4 Propuesta de Directiva Considerando 5 (5)   Resulta oportuno establecer nuevas disposiciones que colmen las lagunas legales y, a la vez, aporten más claridad jurídica y garanticen una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión. Es preciso garantizar condiciones operativas equivalentes, tanto a los operadores ya existentes en el mercado como a los nuevos, y facilitar que los nuevos medios de pago lleguen a un mayor número de consumidores, así como asegurar una elevada protección del consumidor en el uso de esos servicios de pago en toda la Unión. Se prevé que ello impulsará a la baja los costes y precios que soportan los usuarios de los servicios de pago e incrementará la gama de servicios disponibles y la transparencia de estos. (5)   Resulta oportuno establecer nuevas disposiciones que colmen las lagunas legales y, a la vez, aporten más claridad jurídica y garanticen una aplicación uniforme del marco regulador en toda la Unión. Es preciso garantizar condiciones operativas equivalentes, tanto a los operadores ya existentes en el mercado como a los nuevos, y facilitar que los nuevos medios de pago lleguen a un mayor número de consumidores, así como asegurar una elevada protección del consumidor en el uso de esos servicios de pago en toda la Unión. Se prevé que ello generará eficiencia en todo el sistema de pago, impulsará a la baja los costes y precios que soportan los usuarios de los servicios de pago e incrementará la gama de servicios disponibles y la transparencia de estos, reforzando al mismo tiempo la confianza de los consumidores en un mercado de pagos armonizado. Enmienda 5 Propuesta de Directiva Considerando 5 bis (nuevo) (5 bis)  La zona única de pagos en euros (Single Euro Payments Area, «SEPA») logrará un hito en 2014 con la migración de las transferencias y los adeudos domiciliados nacionales en euros a transferencias y adeudos domiciliados conformes a la SEPA. La construcción de un mercado integrado, competitivo, innovador e igualitario de pagos minoristas en euros en la zona del euro debe continuar para lograr un verdadero mercado interior de servicios de pago en la Unión. Esta construcción en curso debe sostenerse con una gobernanza reforzada bajo la dirección del Banco Central Europeo (BCE). El anuncio del BCE de la creación del Consejo de Pagos Minoristas en Euros (Euro Retail Payments Board, ERPB), sucesor del Consejo de la SEPA, debería contribuir a alcanzar este objetivo y facilitar su consecución. La composición del ERPB, que tiene en cuenta un mejor equilibrio entre los intereses de la oferta y la demanda del mercado de pagos, debe garantizar un asesoramiento eficaz respecto de la orientación del proyecto SEPA en el futuro y los posibles obstáculos para su consecución, formas de sortearlos y formas de fomentar la innovación, la competencia y la integración en los pagos minoristas en euros en la Unión. Debe contemplarse la participación de la Comisión como observadora para garantizar que los cometidos, la composición y el funcionamiento del ERPB contribuyan a la promoción del proyecto SEPA. Enmienda 6 Propuesta de Directiva Considerando 6 (6)   En los últimos años, han aumentado los riesgos de seguridad de los pagos electrónicos, debido a la mayor complejidad técnica de estos, el incesante incremento del volumen de pagos electrónicos en todo el mundo y los nuevos tipos de servicios de pago. Disponer de servicios de pago fiables y seguros es condición esencial para el buen funcionamiento del mercado de servicios de pago, por lo que los usuarios de esos servicios deben gozar de la debida protección frente a tales riesgos. Los servicios de pago son fundamentales para el desarrollo de actividades económicas y sociales vitales y, por consiguiente, los operadores de servicios de pago, tales como las entidades de crédito, se consideran operadores de mercado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 8, de la Directiva [insértese el número de la Directiva sobre seguridad de las redes y de la información (SRI) tras su adopción] del Parlamento Europeo y del Consejo25. (6)   En los últimos años, han aumentado los riesgos de seguridad de los pagos electrónicos, debido a la mayor complejidad técnica de estos, el incesante incremento del volumen de pagos electrónicos en todo el mundo y los nuevos tipos de servicios de pago. Disponer de servicios de pago fiables y seguros es condición esencial para el buen funcionamiento del mercado de servicios de pago, por lo que los usuarios de esos servicios deben gozar de la debida protección frente a tales riesgos. Los servicios de pago son fundamentales para el desarrollo de actividades económicas y sociales vitales y, por consiguiente, los operadores de servicios de pago, tales como las entidades de crédito, se consideran operadores de mercado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 8, de la Directiva [insértese el número de la Directiva sobre seguridad de las redes y de la información (SRI) tras su adopción] del Parlamento Europeo y del Consejo25. Cuando se lleve a cabo un tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva, deben cumplirse los requisitos de seguridad establecidos en los artículos 16 y 17 de la Directiva 95/46/CE. __________________ __________________ 25 Directiva XXXX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión (DO L x, p. x). 25 Directiva XXXX/XX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de […], relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión (DO L x, p. x). Enmienda 7 Propuesta de Directiva Considerando 7 (7)   Además de las medidas generales que deben adoptar los Estados miembros, de acuerdo con la Directiva [insértese el número de la Directiva sobre seguridad de las redes y de la información (SRI) tras su adopción], los riesgos de seguridad de las operaciones de pago deben abordarse también a nivel de los proveedores de servicios de pago. Las medidas de seguridad que deban adoptar estos últimos han de estar en consonancia con los riesgos de seguridad concretos. Procede implantar un mecanismo de notificación periódica, que garantice que los proveedores de servicios de pago faciliten anualmente a las autoridades competentes información actualizada sobre la evaluación de sus riesgos de seguridad y las medidas (adicionales) que hayan adoptado para hacerles frente. Además, a fin de garantizar la reducción al máximo del perjuicio causado, tanto a otros proveedores de servicios de pago y a los sistemas de pago, como puede ser una perturbación importante de estos sistemas, como a los usuarios, es esencial que los proveedores de servicios de pago tengan la obligación de comunicar los incidentes graves de seguridad a la Autoridad Bancaria Europea, sin indebidas demoras. (7)   Además de las medidas generales que deben adoptar los Estados miembros, de acuerdo con la Directiva [insértese el número de la Directiva sobre seguridad de las redes y de la información (SRI) tras su adopción], los riesgos de seguridad relacionados con la elección del sistema técnico para ofrecer operaciones de pago deben abordarse también a nivel de los proveedores de servicios de pago y por su propia cuenta y responsabilidad. Las medidas de seguridad que deban adoptar los proveedores de servicios de pago han de estar en consonancia con los riesgos de seguridad concretos para sus clientes. Procede implantar un mecanismo de notificación periódica, que garantice que los proveedores de servicios de pago faciliten a las autoridades competentes al menos tres veces al año información actualizada sobre la evaluación de sus riesgos de seguridad y las medidas (adicionales) que hayan adoptado para reducirlos. Además, a fin de garantizar la reducción al máximo del perjuicio causado, tanto a otros proveedores de servicios de pago y a los sistemas de pago, como puede ser una perturbación importante de estos sistemas, como a los usuarios, es esencial que los proveedores de servicios de pago tengan la obligación de comunicar los incidentes graves de seguridad sin indebidas demoras a la Autoridad Bancaria Europea, que debe publicar un informe anual sobre la seguridad de los servicios de pago digitales en la Unión. Enmienda 8 Propuesta de Directiva Considerando 7 bis (nuevo) (7 bis)  Para que los consumidores entiendan sus derechos y obligaciones con arreglo a la presente Directiva, debe informárseles de manera clara y comprensible. Por lo tanto, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la Directiva, la Comisión Europea debe elaborar un folleto electrónico orientado al consumidor que enumere de manera clara y fácilmente comprensible los derechos y obligaciones de los consumidores que se establecen en la presente Directiva y en la legislación conexa de la Unión en materia de servicios de pago. La información debe facilitarse en los sitios web de la Comisión, la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), creada por el Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, y los reguladores bancarios nacionales. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago faciliten el folleto en su formato original, de manera gratuita, a todos sus clientes antiguos y nuevos por vía electrónica en sus sitios web y en soporte papel a través de sus sucursales, agentes y entidades a los que se externalicen actividades. _________________ 1 bis Reglamento (UE) nº 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12). Enmienda 9 Propuesta de Directiva Considerando 8 (8)   El marco regulador revisado aplicable a los servicios de pago se complementa con el Reglamento [XX/XX/XX], del Parlamento Europeo y del Consejo26. Este Reglamento introduce disposiciones sobre el cobro de tasas de intercambio multilaterales y bilaterales en todas las operaciones de los consumidores realizadas con tarjeta de débito y de crédito, así como en los pagos electrónicos y móviles basados en esas operaciones, y restringe la aplicación de determinadas normas comerciales en las operaciones con tarjeta. El citado Reglamento persigue acelerar el logro de un mercado integrado efectivo en el ámbito de los pagos con tarjeta. (8)   El marco regulador revisado aplicable a los servicios de pago se complementa con el Reglamento [XX/XX/XX], del Parlamento Europeo y del Consejo26. Este Reglamento introduce disposiciones sobre el cobro de tasas de intercambio multilaterales y bilaterales en todas las operaciones de los consumidores realizadas con tarjeta de débito y de crédito, así como en los pagos electrónicos y móviles basados en esas operaciones, eliminando así una importante barrera entre los mercados de pago nacionales, y restringe la aplicación de determinadas normas comerciales en las operaciones con tarjeta. El citado Reglamento persigue acelerar el logro de un mercado integrado efectivo en el ámbito de los pagos con tarjeta. __________________ __________________ 26 Reglamento (UE) nº [XX/XX/XX/] del Parlamento Europeo y del Consejo, de [...], sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta (DO L x, p. x). 26 Reglamento (UE) nº [XX/XX/XX/] del Parlamento Europeo y del Consejo, de [...], sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta (DO L x, p. x). Enmienda 10 Propuesta de Directiva Considerando 9 (9)   A fin de evitar distintos enfoques en los diferentes Estados miembros, en detrimento de los consumidores, las disposiciones sobre los requisitos de transparencia y de información que la presente Directiva establece con respecto a los proveedores de servicios de pago deben también aplicarse a las operaciones en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante, o del beneficiario, esté radicado en el Espacio Económico Europeo (EEE) y el otro proveedor de servicios de pago esté radicado fuera del EEE. Procede, igualmente, que las disposiciones sobre transparencia e información se apliquen también a las operaciones en cualquier divisa que tengan lugar entre proveedores de servicios de pago radicados en el EEE. (9)   A fin de evitar distintos enfoques en los diferentes Estados miembros, en detrimento de los consumidores, las disposiciones sobre los requisitos de transparencia y de información con respecto a los proveedores de servicios de pago y sobre los derechos y las obligaciones en relación con las disposiciones y el uso de los servicios de pago que la presente Directiva establece deben también aplicarse a las operaciones en las que el proveedor de servicios de pago del ordenante, o del beneficiario, esté radicado en el Espacio Económico Europeo (EEE) y el otro proveedor de servicios de pago esté radicado fuera del EEE. Sobre la base de una revisión de la Comisión y, en su caso, de una propuesta legislativa, la aplicación de la presente Directiva a dichas operaciones debe ampliarse para incluir la mayor parte de las disposiciones sobre los derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios de pago. Procede, igualmente, que las disposiciones sobre transparencia e información se apliquen también a las operaciones en cualquier divisa que tengan lugar entre proveedores de servicios de pago radicados en el EEE. Enmienda 11 Propuesta de Directiva Considerando 10 (10)   La definición de servicios de pago debe ser tecnológicamente neutra, de modo que en ella tengan cabida futuros nuevos tipos de servicios de pago, garantizando, al mismo tiempo, condiciones operativas equivalentes para los proveedores de servicios de pago existentes y los nuevos. (10)   Las definiciones de servicios de pago, protocolos y normas de pago deben ser tecnológicamente neutras, de modo que en ellas tengan cabida futuros nuevos tipos de servicios de pago, garantizando, al mismo tiempo, condiciones operativas seguras equivalentes para los proveedores de servicios de pago existentes y los nuevos. Enmienda 12 Propuesta de Directiva Considerando 12 (12)   La información procedente del mercado indica que las actividades de pago englobadas en la exención referente a una red limitada comportan, a menudo, pagos de gran magnitud, tanto en volumen como en cuantía, y ofrecen a los consumidores cientos o miles de productos y servicios diferentes, lo que no se ajusta a la finalidad que con la citada exención perseguía la Directiva 2007/64/CE. Ello conlleva un aumento de los riesgos, así como la desprotección jurídica, de los usuarios de los servicios de pago y, en particular, los consumidores, y pone a los operadores del mercado regulados en situación de clara desventaja. Es necesario definir con más precisión el concepto de red limitada, de forma acorde con la Directiva 2009/110/CE, a fin de limitar esos riesgos. Debe considerarse, pues, que un instrumento se utiliza dentro de una red limitada si solo puede emplearse para la adquisición de bienes y servicios en un determinado establecimiento o cadena de establecimientos, o para una serie limitada de bienes y servicios, sea cual sea la localización geográfica del punto de venta. Tales instrumentos podrían incluir las tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de transporte público, vales de alimentación o vales de servicios específicos, sujetos a veces a un marco jurídico específico en materia fiscal o laboral destinado a promover el uso de tales instrumentos para lograr los objetivos establecidos en la legislación social. En caso de que tal instrumento con fines específicos se convierta en un instrumento con fines más generales, debe dejar de estar excluido del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los instrumentos que puedan utilizarse para comprar en establecimientos de comerciantes afiliados no deben estar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, pues suelen estar pensados para una red de proveedores de servicios que crece constantemente. La exención debe ir unida a la obligación de que los proveedores de servicios de pago potenciales notifiquen las actividades que entren en el ámbito de aplicación de la definición de red limitada. (12)   La información procedente del mercado indica que las actividades de pago englobadas en la exención referente a una red limitada comportan, a menudo, pagos de gran magnitud, tanto en volumen como en cuantía, y ofrecen a los consumidores cientos o miles de productos y servicios diferentes, lo que no se ajusta a la finalidad que con la citada exención perseguía la Directiva 2007/64/CE. Ello conlleva un aumento de los riesgos, así como la desprotección jurídica, de los usuarios de los servicios de pago y, en particular, los consumidores, y pone a los operadores del mercado regulados en situación de clara desventaja. Es necesario definir con más precisión el concepto de red limitada, de forma acorde con la Directiva 2009/110/CE, a fin de limitar esos riesgos. Debe considerarse, pues, que un instrumento se utiliza dentro de una red limitada si solo puede emplearse para la adquisición de bienes y servicios de un determinado minorista o cadena de minoristas, o para una serie limitada de bienes y servicios, sea cual sea la localización geográfica del punto de venta. Tales instrumentos podrían incluir las tarjetas de compra, tarjetas de combustible, tarjetas de socio, tarjetas de transporte público, tiques de aparcamiento, vales de alimentación o vales de servicios específicos, sujetos a veces a un marco jurídico específico en materia fiscal o laboral destinado a promover el uso de tales instrumentos para lograr los objetivos establecidos en la legislación social. En caso de que tal instrumento con fines específicos se convierta en un instrumento con fines más generales, debe dejar de estar excluido del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los instrumentos que puedan utilizarse para comprar en establecimientos de comerciantes afiliados no deben estar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, pues suelen estar pensados para una red de proveedores de servicios que crece constantemente. La exención debe ir unida a la obligación de que los proveedores de servicios de pago potenciales notifiquen las actividades que entren en el ámbito de aplicación de la definición de red limitada. Enmienda 13 Propuesta de Directiva Considerando 13 (13)   La Directiva 2007/64/CE exime de su ámbito de aplicación a determinadas operaciones de pago, ejecutadas mediante dispositivos de telecomunicación o de tecnologías de la información, cuando el operador de red no actúe únicamente como intermediario en las operaciones digitales de entrega de bienes y servicios realizadas a través de dicho dispositivo, sino que además genere valor añadido. Esta exención permite, en particular, las compras facturadas por el operador, o pago directo a través de la factura telefónica, que, con servicios tales como los de tono de llamada y SMS de tarificación adicional, contribuyen al desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la venta de contenido digital de escaso valor. La información procedente del mercado no indica que este método de pago, en el que los consumidores confían para pagos de escasa cuantía, se haya convertido en un servicio general de intermediación en los pagos. No obstante, al estar expresada la actual disposición sobre la exención de forma ambigua, se ha aplicado de forma diversa en los distintos Estados miembros. Esto merma la seguridad jurídica tanto de los operadores como de los consumidores y ha dado lugar, en ocasiones, a que otros servicios de intermediación invoquen el derecho a estar exentos de la aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Por tanto, se considera oportuno reducir el ámbito de aplicación de esa Directiva, que debe centrarse específicamente en los micropagos por contenidos digitales, como tonos de llamada, salvapantallas, música, juegos, vídeos y aplicaciones. La exención debe aplicarse solo a los servicios de pago prestados como servicios auxiliares a otros servicios de comunicación electrónica (es decir, a la actividad fundamental del operador considerado). (13)   La Directiva 2007/64/CE exime de su ámbito de aplicación a determinadas operaciones de pago, ejecutadas mediante dispositivos de telecomunicación o de tecnologías de la información, cuando el operador de red no actúe únicamente como intermediario en las operaciones digitales de entrega de bienes y servicios realizadas a través de dicho dispositivo, sino que además genere valor añadido. Esta exención permite, en particular, las compras facturadas por el operador, o pago directo a través de la factura telefónica, que, con servicios tales como los de tono de llamada y SMS de tarificación adicional, contribuyen al desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en la venta de contenido digital de escaso valor. La información procedente del mercado no indica que este método de pago, en el que los consumidores confían para pagos de escasa cuantía, se haya convertido en un servicio general de intermediación en los pagos. No obstante, al estar expresada la actual disposición sobre la exención de forma ambigua, se ha aplicado de forma diversa en los distintos Estados miembros. Esto merma la seguridad jurídica tanto de los operadores como de los consumidores y ha dado lugar, en ocasiones, a que otros servicios de intermediación invoquen el derecho a estar exentos de la aplicación de la Directiva 2007/64/CE. Por tanto, se considera oportuno reducir las exclusiones del ámbito de aplicación de esa Directiva. Para no dejar sin regular las actividades de pago a gran escala, la exención debe centrarse en los micropagos por contenidos digitales, como tonos de llamada, salvapantallas, música, juegos, vídeos y aplicaciones. La exención debe aplicarse solo a los servicios de pago prestados como servicios auxiliares a otros servicios de comunicación electrónica (es decir, a la actividad fundamental del operador considerado). Enmienda 14 Propuesta de Directiva Considerando 13 bis (nuevo) (13 bis)  La Directiva 2007/64/CE excluye de su ámbito de aplicación los proveedores de servicios técnicos que prestan apoyo a la prestación de servicios de pago sin que en ningún momento lleguen a tener los fondos que deban transferirse. Algunos ejemplos de los servicios que entran dentro del alcance de dicha exclusión son el tratamiento y almacenamiento de datos, los servicios de protección de la privacidad y la tecnología informática. Como tal, la exención abarca también el desarrollo de soluciones técnicas de pago a proveedores de servicios de pago (conocidas a veces como «monederos digitales») que, por lo general, propician que pueda accederse a sus servicios de pago en dispositivos informáticos o móviles. Enmienda 15 Propuesta de Directiva Considerando 15 (15)   Los proveedores de servicios que desean acogerse a una exención en virtud de la Directiva 2007/64/CE a menudo no consultan a las autoridades si sus actividades están incluidas o excluidas del ámbito de aplicación de esa Directiva, sino que se basan en sus propios análisis. Según parece, algunas de las exenciones pueden haber sido utilizadas por los proveedores de servicios de pago para rediseñar sus modelos de negocio de forma que las ofertas de servicios de pago «queden fuera del ámbito de aplicación» de dicha Directiva. Esto puede conllevar un aumento de los riesgos a que están expuestos los usuarios de servicios de pago, y condiciones divergentes para los proveedores de servicios de pago en el mercado interior. Los proveedores de servicios deben, por tanto, tener la obligación de notificar determinadas actividades a las autoridades competentes, a fin de garantizar una interpretación homogénea de las normas en todo el mercado interior. (15)   Los proveedores de servicios que desean acogerse a una exención en virtud de la Directiva 2007/64/CE a menudo no consultan a las autoridades si sus actividades están incluidas o excluidas del ámbito de aplicación de esa Directiva, sino que se basan en sus propios análisis. Según parece, algunas de las exenciones pueden haber sido utilizadas por los proveedores de servicios de pago para rediseñar sus modelos de negocio de forma que las ofertas de servicios de pago «queden fuera del ámbito de aplicación» de dicha Directiva. Esto puede conllevar un aumento de los riesgos a que están expuestos los usuarios de servicios de pago, y condiciones divergentes para los proveedores de servicios de pago en el mercado interior. Los proveedores de servicios deben, por tanto, tener la obligación de notificar sus actividades a las autoridades competentes, a fin de garantizar una interpretación homogénea de las normas en todo el mercado interior. Enmienda 16 Propuesta de Directiva Considerando 18 (18)   Desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE han surgido nuevos tipos de servicios de pago, especialmente en el ámbito de los pagos por internet. En particular, cabe señalar el surgimiento de proveedores de servicios de pago terceros, que ofrecen a los consumidores y los comerciantes los denominados servicios de iniciación de pagos, a menudo sin llegar a tener en su poder los fondos que han de transferirse. Estos servicios facilitan los pagos en el comercio electrónico al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del consumidor, con el fin de iniciar pagos por transferencia o adeudo domiciliado a través de internet. Los proveedores de servicios de pago terceros ofrecen una alternativa de bajo coste a los pagos con tarjeta tanto a los comerciantes como a los consumidores, y permiten a estos hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de crédito. Sin embargo, los proveedores de servicios de pago terceros no están actualmente sujetos a la Directiva 2007/64/CE, por lo que no están necesariamente supervisados por una autoridad competente y no se atienen a lo establecido en la Directiva 2007/64/CE. Ello plantea una serie de problemas jurídicos, que van desde la protección de los consumidores, a aspectos relacionados con la seguridad, la responsabilidad, la competencia y la protección de datos. Las nuevas normas deben dar una respuesta al respecto. (18)   Desde la adopción de la Directiva 2007/64/CE han surgido nuevos tipos de servicios de pago, especialmente en el ámbito de los pagos por internet. En particular, cabe señalar el surgimiento de proveedores de servicios de pago terceros, que ofrecen a los consumidores y los comerciantes los denominados servicios de iniciación de pagos, a menudo sin llegar a tener en su poder los fondos que han de transferirse. Estos servicios facilitan los pagos en el comercio electrónico al proporcionar un soporte lógico que sirve de puente entre el sitio web del comerciante y la plataforma bancaria en línea del consumidor, con el fin de iniciar pagos por transferencia o adeudo domiciliado a través de internet. Los proveedores de servicios de pago terceros ofrecen una alternativa de bajo coste a los pagos con tarjeta tanto a los comerciantes como a los consumidores, y permiten a estos hacer compras en línea aun cuando no posean tarjetas de pago. Los proveedores de servicios de pago terceros también presentan un potencial prometedor en lo que se refiere a la facilitación del comercio electrónico transfronterizo en el mercado interior. Los proveedores de servicios de pago terceros plantean importantes problemas de seguridad a la salvaguardia de la integridad de los pagos y los datos personales que los ordenantes les facilitan. Sin embargo, los proveedores de servicios de pago terceros no están actualmente sujetos a la Directiva 2007/64/CE, por lo que no están necesariamente supervisados por una autoridad competente y no se atienen a lo establecido en la Directiva 2007/64/CE. Ello plantea una serie de problemas jurídicos, que van desde la protección de los consumidores, a aspectos relacionados con la seguridad, la responsabilidad, la competencia y la protección de datos. Las nuevas normas deben, por tanto, responder a todos esos desafíos de manera adecuada y garantizar que los proveedores de servicios de pago terceros que operan en la Unión estén autorizados o registrados, y supervisados como entidades de pago. Enmienda 17 Propuesta de Directiva Considerando 19 (19)   El envío de dinero constituye un servicio de pago sencillo que se basa, por lo general, en la entrega de efectivo por un ordenante a un proveedor de servicios de pago, que remite el importe correspondiente, por ejemplo, mediante redes de comunicación, a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. En algunos Estados miembros existen supermercados, comerciantes y otros minoristas que prestan al público un servicio equivalente que permite pagar las facturas de servicios públicos y otras facturas domésticas periódicas. Estos servicios de pago de facturas deben considerarse servicios de envío de dinero, salvo que las autoridades competentes consideren que la actividad corresponde a otro tipo de servicio de pago. (19)   El envío de dinero constituye un servicio de pago sencillo que se basa, por lo general, en la entrega de efectivo por un ordenante a un proveedor de servicios de pago, que remite el importe correspondiente, por ejemplo, mediante redes de comunicación, a un beneficiario o a otro proveedor de servicios de pago que actúe por cuenta del beneficiario. En algunos Estados miembros existen cajeros automáticos, supermercados, comerciantes y otros minoristas que prestan al público un servicio equivalente que permite pagar las facturas de servicios públicos y otras facturas domésticas periódicas. Estos servicios de pago de facturas deben considerarse servicios de envío de dinero, salvo que las autoridades competentes consideren que la actividad corresponde a otro tipo de servicio de pago. Enmienda 18 Propuesta de Directiva Considerando 19 bis (nuevo) (19 bis)  Para completar el mercado interior de pagos y asegurar que propicie un comercio electrónico pujante y crecimiento económico, es importante autorizar alternativas a los pagos con tarjeta a los nuevos operadores potenciales y a los proveedores de servicios de pago actuales con el fin de que desarrollen y mejoren sus servicios a los consumidores y los minoristas. Por tanto, en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, la ABE, en estrecha colaboración con el BCE, presentará una evaluación exhaustiva de la viabilidad y la conveniencia de introducir un requisito para que el IBAN, tal como se define en el artículo 2, apartado 15 del Reglamento (UE) nº 260/2012, u otro identificador similar, esté disponible en un formato legible electrónicamente en las tarjetas de débito y otros instrumentos de pago relevantes, según corresponda. La evaluación tendrá en cuenta las normas relativas a la prevención del fraude y la protección de datos. Enmienda 19 Propuesta de Directiva Considerando 27 (27)   Los proveedores de servicios de pago, cuando presten uno o varios de los servicios de pago regulados por la presente Directiva, deben mantener en todo momento cuentas de pago que se utilicen exclusivamente para realizar operaciones de pago. A fin de que las entidades de pago puedan prestar servicios de pago, es imprescindible que tengan acceso a cuentas de pago. Los Estados miembros velarán por que ese acceso resulte acorde con el objetivo legítimo al que responde. (27)   Los proveedores de servicios de pago, cuando presten uno o varios de los servicios de pago regulados por la presente Directiva, deben mantener en todo momento cuentas de pago que se utilicen exclusivamente para realizar operaciones de pago. A fin de que las entidades de pago puedan prestar servicios de pago, es imprescindible que tengan acceso a cuentas de pago. Los Estados miembros velarán por que ese acceso no sea discriminatorio y resulte acorde con el objetivo legítimo al que responde. Aunque el acceso podría ser básico, siempre debe ser lo suficientemente amplio para que la entidad de pago pueda prestar sus servicios sin obstáculos y con eficiencia. Las comisiones cobradas por dicho acceso deben ser razonables y estar en consonancia con la práctica comercial normal. Enmienda 20 Propuesta de Directiva Considerando 29 (29)   En general, el funcionamiento de la cooperación entre las autoridades nacionales competentes responsables de conceder autorizaciones a las entidades de pago, efectuar controles y decidir sobre la posible revocación de dichas autorizaciones ha demostrado ser satisfactorio. Sin embargo, la cooperación entre las autoridades competentes debe reforzarse, tanto con respecto a la información intercambiada, como de cara a una aplicación e interpretación coherentes de la Directiva, en los casos en que las entidades de pago autorizadas deseen prestar servicios de pago en otro Estado miembro distinto del suyo, en el ejercicio del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. Debe pedirse a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) que elabore un conjunto de directrices sobre la cooperación y el intercambio de datos. (29)   En general, el funcionamiento de la cooperación entre las autoridades nacionales competentes responsables de conceder autorizaciones a las entidades de pago, efectuar controles y decidir sobre la posible revocación de dichas autorizaciones ha demostrado ser satisfactorio. Sin embargo, la cooperación entre las autoridades competentes debe reforzarse, tanto con respecto a la información intercambiada, como de cara a una aplicación e interpretación coherentes de la Directiva, en los casos en que las entidades de pago autorizadas deseen prestar servicios de pago en otro Estado miembro distinto del suyo, en el ejercicio del derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios. La ABE debe elaborar un conjunto de directrices sobre la cooperación y el intercambio de datos previa consulta a un panel consultivo creado a efectos de la ejecución de la presente Directiva de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1093/2010 y que represente, entre otros, a partes interesadas activas fuera del sector bancario. Enmienda 21 Propuesta de Directiva Considerando 30 (30)   En aras de una mayor transparencia sobre las entidades de pago autorizadas o registradas por las autoridades competentes, así como sus agentes y sucursales, la ABE debe contar con un sitio web que sirva de punto de acceso electrónico europeo e interconecte los registros nacionales. La finalidad de estas medidas debe ser contribuir a la mejora de la cooperación entre las autoridades competentes. (30)   En aras de una mayor transparencia sobre las entidades de pago autorizadas o registradas por las autoridades competentes, así como sus agentes y sucursales, la ABE debe contar con un sitio web que sirva de punto de acceso electrónico europeo e interconecte los registros nacionales. La finalidad de estas medidas debe ser contribuir a la mejora de la cooperación entre las autoridades competentes, contribuyendo plenamente a un entorno de pagos que nutra la competencia, la innovación y la seguridad en beneficio de todas las partes interesadas y los consumidores en particular. Enmienda 22 Propuesta de Directiva Considerando 32 (32)   Si bien la presente Directiva especifica la serie mínima de facultades de que han de disponer las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento por parte de las entidades de pago, dichas facultades han de ejercerse en el respeto de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida privada. Al objeto de ejercer esas facultades, que pueden interferirse gravemente con el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y las comunicaciones, los Estados miembros deben establecer garantías adecuadas y efectivas frente a posibles abusos o arbitrariedades, por ejemplo, previendo, cuando proceda, la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate. (32)   Si bien la presente Directiva especifica la serie mínima de facultades de que han de disponer las autoridades competentes para supervisar el cumplimiento por parte de las entidades de pago, dichas facultades han de ejercerse en el respeto de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida privada. Sin perjuicio del control de una autoridad independiente (autoridad nacional de protección de datos) con arreglo al artículo 8, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al objeto de ejercer esas facultades, que pueden interferirse gravemente con el derecho al respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y las comunicaciones, los Estados miembros deben establecer garantías adecuadas y efectivas frente a posibles abusos o arbitrariedades, por ejemplo, previendo, cuando proceda, la autorización previa de la autoridad judicial del Estado miembro de que se trate. Enmienda 23 Propuesta de Directiva Considerando 34 (34)   Para los proveedores de servicios de pago resulta fundamental poder acceder a los servicios de infraestructuras técnicas de los sistemas de pago. No obstante, el acceso debe estar supeditado al cumplimiento de los requisitos pertinentes con el fin de garantizar la integridad y estabilidad de dichos sistemas. Todo proveedor de servicios de pago que solicite su inclusión en un sistema de pago debe demostrar a los participantes en el sistema de pago que sus procedimientos internos son tan sólidos como para enfrentarse a todo tipo de riesgo. Estos sistemas de pago incluyen normalmente, por ejemplo, los sistemas de tarjetas cuatripartitos, así como los principales sistemas de tratamiento de las transferencias y los adeudos domiciliados. A fin de garantizar en toda la Unión la igualdad de trato entre las diferentes categorías de proveedores autorizados de servicios de pago, con arreglo a las condiciones contempladas en su licencia, es preciso clarificar las normas que rigen el acceso a la actividad de prestación de servicios de pago y a los sistemas de pago. (34)   Para los proveedores de servicios de pago resulta fundamental poder acceder a los servicios de infraestructuras técnicas de los sistemas de pago. No obstante, el acceso debe estar supeditado al cumplimiento de los requisitos pertinentes con el fin de garantizar la integridad y estabilidad de dichos sistemas. Todo proveedor de servicios de pago que solicite su inclusión en un sistema de pago debe asumir el riesgo de elección del sistema y demostrar a los participantes en el sistema de pago que sus procedimientos internos son tan sólidos como para enfrentarse a todo tipo de riesgo y uso fraudulento por un tercero debido a la elección de los sistemas operativos. Estos sistemas de pago incluyen normalmente, por ejemplo, los sistemas de tarjetas cuatripartitos, así como los principales sistemas de tratamiento de las transferencias y los adeudos domiciliados. A fin de garantizar en toda la Unión la igualdad de trato entre las diferentes categorías de proveedores autorizados de servicios de pago, con arreglo a las condiciones contempladas en su licencia, es preciso clarificar las normas que rigen el acceso a la actividad de prestación de servicios de pago y a los sistemas de pago. Enmienda 24 Propuesta de Directiva Considerando 41 (41)   La presente Directiva debe especificar las obligaciones de los proveedores de servicios de pago por lo que atañe a la información que deben facilitar a los usuarios de dichos servicios, los cuales deben recibir información de un mismo y elevado nivel de claridad sobre los servicios de pago, a fin de poder adoptar decisiones fundadas y elegir libremente en toda la Unión. En aras de la transparencia, la presente Directiva debe establecer los requisitos armonizados necesarios para garantizar el suministro de la información necesaria, y en el grado suficiente, a los usuarios de servicios de pago, en relación con el contrato de servicios de pago y con las operaciones de pago. A fin de favorecer un funcionamiento correcto del mercado interior de los servicios de pago, los Estados miembros no deben poder adoptar disposiciones en materia de información que difieran de las establecidas en la presente Directiva. (41)   La presente Directiva debe especificar las obligaciones de los proveedores de servicios de pago por lo que atañe a la información que deben facilitar a los usuarios de dichos servicios, los cuales deben recibir información de un mismo y elevado nivel de claridad sobre los servicios de pago a fin de poder adoptar decisiones fundadas basadas en la comparación de las condiciones de los diversos proveedores (en particular, respecto a la estructura de las tarifas) y elegir libremente en toda la Unión. En aras de la transparencia, la presente Directiva debe establecer los requisitos armonizados necesarios para garantizar el suministro de la información necesaria, en el grado suficiente y comprensible, a los usuarios de servicios de pago, en relación con el contrato de servicios de pago y con las operaciones de pago. A fin de favorecer un funcionamiento correcto del mercado interior de los servicios de pago, los Estados miembros no deben poder adoptar disposiciones en materia de información que difieran de las establecidas en la presente Directiva así como en la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) nº 45/2001. Enmienda 25 Propuesta de Directiva Considerando 43 (43)   La información requerida debe guardar proporción con las necesidades de los usuarios y comunicarse de modo normalizado. Sin embargo, los requisitos en materia de información aplicables a una operación de pago deben ser diferentes de los aplicables a un contrato marco que contemple una sucesión de operaciones de pago. (43)   La información requerida debe guardar proporción con las necesidades de los usuarios y comunicarse de modo normalizado y claro, reforzando la eficiencia. Sin embargo, los requisitos en materia de información aplicables a una operación de pago deben ser diferentes de los aplicables a un contrato marco que contemple una sucesión de operaciones de pago. Enmienda 26 Propuesta de Directiva Considerando 46 (46)   La presente Directiva debe prever el derecho del consumidor a recibir la información pertinente de forma gratuita antes de quedar vinculado por un contrato de servicios de pago. El consumidor también debe poder solicitar que se le facilite por escrito, gratuitamente, información previa y el contrato marco, en cualquier momento a lo largo de la relación contractual, de forma que pueda comparar los servicios y las condiciones ofrecidas por los proveedores de servicios de pago y, en caso de litigio, comprobar sus derechos y obligaciones contractuales. Estas disposiciones deben ser compatibles con la Directiva 2002/65/CE. Lo dispuesto explícitamente en la presente Directiva en materia de información gratuita no debe tener como consecuencia que se permita cobrar gastos por facilitar información a los consumidores con arreglo a otras Directivas aplicables. (46)   La presente Directiva debe prever el derecho del consumidor a recibir la información pertinente de forma gratuita antes de quedar vinculado por un contrato de servicios de pago. El consumidor también debe poder solicitar que se le facilite por escrito, gratuitamente, información previa y el contrato marco, en cualquier momento a lo largo de la relación contractual, de forma que pueda comparar los servicios y las condiciones ofrecidas por los proveedores de servicios de pago y, en caso de litigio, comprobar sus derechos y obligaciones contractuales, con lo que se mantiene un elevado nivel de protección del consumidor. Estas disposiciones deben ser compatibles con la Directiva 2002/65/CE. Lo dispuesto explícitamente en la presente Directiva en materia de información gratuita no debe tener como consecuencia que se permita cobrar gastos por facilitar información a los consumidores con arreglo a otras Directivas aplicables. Enmienda 27 Propuesta de Directiva Considerando 49 (49)   A fin de facilitar la movilidad de los clientes, los consumidores deben tener la posibilidad de rescindir un contrato marco después de un año de vigencia, sin incurrir en gastos. Por lo que respecta a los consumidores, no debe convenirse un plazo de notificación previa superior a un mes y, por lo que respecta a los proveedores de servicios de pago, dicho plazo no puede ser inferior a dos meses. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la obligación del proveedor de servicios de pago de rescindir el contrato de servicios de pago en circunstancias excepcionales, con arreglo a otra normativa nacional o de la Unión pertinente, como la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o con motivo de cualquier actuación que tenga por objeto la congelación de fondos o cualquier otra medida específica en relación con la prevención e investigación de delitos. (49)   A fin de facilitar la movilidad de los clientes, los consumidores deben tener la posibilidad de rescindir un contrato marco sin incurrir en gastos. Por lo que respecta a los consumidores, no debe convenirse un plazo de notificación previa superior a un mes y, por lo que respecta a los proveedores de servicios de pago, dicho plazo no puede ser inferior a tres meses. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la obligación del proveedor de servicios de pago de rescindir el contrato de servicios de pago en circunstancias excepcionales, con arreglo a otra normativa nacional o de la Unión pertinente, como la normativa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o con motivo de cualquier actuación que tenga por objeto la congelación de fondos o cualquier otra medida específica en relación con la prevención e investigación de delitos. Enmienda 28 Propuesta de Directiva Considerando 51 (51)   Es necesario establecer los criterios con arreglo a los cuales se permita a los proveedores de servicios de pago terceros obtener y utilizar la información sobre la disponibilidad de fondos en la cuenta que el usuario de servicios de pago tenga en otro proveedor de servicios. En particular, tanto el proveedor de servicios de pago tercero como el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta del usuario deben cumplir lo dispuesto o mencionado en la presente Directiva, o recogido en las directrices de la ABE, con respecto a la seguridad y la protección de datos. Los ordenantes deben otorgar consentimiento expreso al proveedor de servicios de pago tercero para que este tenga acceso a su cuenta de pago, y deben ser debidamente informados del alcance de dicho acceso. A fin de favorecer la existencia de otros proveedores de servicios de pago que no puedan recibir depósitos, es necesario que las entidades de crédito les faciliten información sobre la disponibilidad de fondos, si el ordenante ha autorizado que esa información se comunique al proveedor de servicios de pago emisor del instrumento de pago. (51)   Es necesario establecer los criterios con arreglo a los cuales se permita a los proveedores de servicios de pago terceros obtener y utilizar la información sobre la disponibilidad de fondos en la cuenta que el usuario de servicios de pago tenga en otro proveedor de servicios. En particular, tanto el proveedor de servicios de pago tercero como el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta del usuario deben cumplir lo dispuesto o mencionado en la presente Directiva, o recogido en las normas técnicas de ejecución de la ABE, con respecto a la seguridad y la protección de datos. La ABE debe desarrollar dichas normas técnicas de ejecución tras consultar al panel consultivo contemplado en el considerando 29. Los ordenantes deben ser informados de manera inequívoca de cuándo usan un proveedor de servicios de pago tercero y otorgar consentimiento expreso a dicho proveedor para que este tenga acceso a su cuenta de pago, y deben ser debidamente informados del alcance de dicho acceso. Además de los proveedores de servicios de pago terceros, existen en el mercado otros emisores de instrumentos de pago terceros que, al igual que ellos, no pueden recibir depósitos, pero que, a diferencia de ellos, basan sus modelos de negocio en la emisión de instrumentos de pago basados en tarjetas. Para permitir el desarrollo de estos emisores de instrumentos de pago terceros, es necesario que los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta les faciliten información sobre la disponibilidad de fondos, si el ordenante ha autorizado que esa información se les comunique. Para garantizar el acceso libre al mercado de proveedores de servicios de pago innovadores, no debe exigirse ningún contrato o acuerdo entre un proveedor de servicios de pago gestor de cuenta y un proveedor de servicios de pago tercero. Enmienda 29 Propuesta de Directiva Considerando 51 bis (nuevo) (51 bis)  Con el fin de facilitar la innovación y el mantenimiento de una igualdad de condiciones, no debe exigirse a los proveedores de servicios de pago terceros establecer relaciones contractuales con proveedores de servicios de pago gestores de cuenta en el contexto de servicios de iniciación del pago o información sobre cuentas. Los proveedores de servicios de pago terceros solo deben cumplir el marco general legislativo y de supervisión. Enmienda 30 Propuesta de Directiva Considerando 54 (54)   Cuando se trate de una operación de pago no autorizada, debe devolverse al ordenante inmediatamente el importe de la operación. A fin de evitar perjuicios al ordenante, la fecha de valor del abono de la devolución no debe ser posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. A fin de ofrecer incentivos para que el usuario de servicios de pago comunique sin demora a su proveedor toda pérdida o robo de un instrumento de pago y reducir así el riesgo de operaciones de pago no autorizadas, el usuario solo debe ser responsable por un importe limitado, salvo en caso de fraude o grave negligencia por su parte. A este respecto, parece adecuado fijar un importe de 50 EUR con vistas a garantizar una protección elevada y homogénea del consumidor dentro de la Unión. Asimismo, una vez que el usuario haya comunicado al proveedor de servicios de pago que su instrumento de pago puede haber sido objeto de uso fraudulento, no deben exigírsele responsabilidades por las ulteriores pérdidas que pueda ocasionar el uso no autorizado del instrumento. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago por la seguridad técnica de sus propios productos. (54)   Cuando se trate de una operación de pago no autorizada, debe devolverse al ordenante el importe de la operación en el plazo de un día laborable. A fin de evitar perjuicios al ordenante, la fecha de valor del abono de la devolución no debe ser posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. Si esto no fuera técnicamente posible, el ordenante debe ser compensado por la pérdida de intereses. A fin de ofrecer incentivos para que el usuario de servicios de pago comunique sin demora a su proveedor toda pérdida o robo de un instrumento de pago y reducir así el riesgo de operaciones de pago no autorizadas, el usuario solo debe ser responsable por un importe limitado, salvo en caso de fraude o grave negligencia por su parte. A este respecto, parece adecuado fijar un importe de 50 EUR con vistas a garantizar una protección elevada y homogénea del consumidor dentro de la Unión. Asimismo, una vez que el usuario haya comunicado al proveedor de servicios de pago que su instrumento de pago puede haber sido objeto de uso fraudulento, no deben exigírsele responsabilidades por las ulteriores pérdidas que pueda ocasionar el uso no autorizado del instrumento. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la responsabilidad de los proveedores de servicios de pago por la seguridad técnica de sus propios productos. Enmienda 31 Propuesta de Directiva Considerando 57 (57)   La presente Directiva debe establecer normas de devolución, con el fin de proteger al consumidor en caso de que el importe de la operación de pago ejecutada sea superior al importe que razonablemente hubiera cabido esperar. A fin de evitar perjuicios económicos al ordenante, es necesario garantizar que la fecha de valor de cualquier devolución no sea posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. En el caso de los adeudos domiciliados, los proveedores de servicios deben poder ofrecer condiciones incluso más favorables a sus clientes, que deben tener el derecho incondicional de devolución en cualquier operación de pago objeto de litigio. Sin embargo, este derecho incondicional de devolución que garantice el mayor grado posible de protección de los consumidores no parece justificado cuando el comerciante ya haya cumplido el contrato y el correspondiente bien o servicio ya haya sido consumido. En aquellos casos en que el usuario reclame la devolución en una operación de pago, el derecho de devolución no debe afectar a la responsabilidad del ordenante frente al beneficiario derivada de la relación subyacente, por ejemplo, por los bienes o servicios solicitados, consumidos o legítimamente facturados, ni al derecho del usuario a revocar una orden de pago. (57)   La presente Directiva debe establecer normas de devolución, con el fin de proteger al consumidor en caso de que el importe de la operación de pago ejecutada sea superior al importe que razonablemente hubiera cabido esperar. A fin de evitar perjuicios económicos al ordenante, es necesario garantizar que la fecha de valor de cualquier devolución no sea posterior a la fecha de adeudo del pertinente importe. Si esto no fuera técnicamente posible, el ordenante debe ser compensado por la pérdida de intereses. En el caso de los adeudos domiciliados, los proveedores de servicios deben poder ofrecer condiciones incluso más favorables a sus clientes, que deben tener el derecho incondicional de devolución en cualquier operación de pago objeto de litigio. En aquellos casos en que el usuario reclame la devolución en una operación de pago, el derecho de devolución no debe afectar a la responsabilidad del ordenante frente al beneficiario derivada de la relación subyacente, por ejemplo, por los bienes o servicios solicitados, consumidos o legítimamente facturados, ni al derecho del usuario a revocar una orden de pago. Enmienda 32 Propuesta de Directiva Considerando 63 (63)   Las divergencias en las prácticas nacionales en cuanto a los gastos aplicados por el uso de un determinado instrumento (en lo sucesivo, «recargo») han generado una extraordinaria heterogeneidad en el mercado de pagos de la Unión y constituyen una fuente de confusión para los consumidores, en particular en el comercio electrónico y en el contexto transfronterizo. Comerciantes radicados en Estados miembros en los que se autoriza el recargo ofrecen productos y servicios en Estados miembros en los que está prohibido y, aún así, aplican el recargo al consumidor. Por otra parte, la clara necesidad de revisar las prácticas en materia de recargo se ve corroborada por el hecho de que el Reglamento (UE) nº xxx/yyyy establece disposiciones con respecto a las tasas multilaterales de intercambio aplicables en los pagos con tarjeta. Dado que las tasas de intercambio son el principal factor de encarecimiento de la mayoría de los pagos con tarjeta y puesto que los recargos se limitan en la práctica a los pagos con tarjeta, las disposiciones aplicables a las tasas de intercambio deben ir acompañadas de una revisión de las normas aplicables a los recargos. A fin de favorecer la transparencia de costes y el uso de los instrumentos de pago más eficientes, los Estados miembros y los proveedores de servicios de pago no deben oponerse a que el beneficiario exija al ordenante un recargo por el uso de un determinado instrumento de pago, con la debida sujeción a lo establecido en la Directiva 2011/83/UE. No obstante, el derecho del beneficiario a exigir un recargo solo debe existir cuando se trate de instrumentos de pago en relación con los cuales no se hayan regulado tasas de intercambio. Se estima que esto actuará como mecanismo inductor del uso de los medios de pago más baratos. (63)   Las divergencias en las prácticas nacionales en cuanto a los gastos aplicados por el uso de un determinado instrumento (en lo sucesivo, «recargo») han generado una extraordinaria heterogeneidad en el mercado de pagos de la Unión y constituyen una fuente de confusión para los consumidores, en particular en el comercio electrónico y en el contexto transfronterizo. Comerciantes radicados en Estados miembros en los que se autoriza el recargo ofrecen productos y servicios en Estados miembros en los que está prohibido y, aun así, aplican el recargo al consumidor. Existen también muchos ejemplos de comerciantes que han aplicado a los consumidores un recargo mucho más elevado que el coste soportado por el uso de un determinado instrumento de pago. Por otra parte, la clara necesidad de revisar las prácticas en materia de recargo se ve corroborada por el hecho de que el Reglamento (UE) nº xxx/yyyy establece disposiciones con respecto a las tasas multilaterales de intercambio aplicables en los pagos con tarjeta. Dado que las tasas de intercambio son el principal factor de encarecimiento de la mayoría de los pagos con tarjeta y puesto que los recargos se limitan en la práctica a los pagos con tarjeta, las disposiciones aplicables a las tasas de intercambio deben ir acompañadas de una revisión de las normas aplicables a los recargos. A fin de mejorar el funcionamiento del mercado de pagos de la Unión, reducir la confusión de los consumidores y poner fin a la práctica de recargo excesivo, los Estados miembros deben prohibir el recargo evitando sistemáticamente que los beneficiarios exijan al ordenante un recargo por utilizar un determinado instrumento de pago. Enmienda 33 Propuesta de Directiva Considerando 66 (66)   Es de fundamental importancia que los usuarios de los servicios de pago estén informados de los costes y comisiones reales de los servicios de pago a fin de elegir la opción que les interese. Por ello, no debe permitirse el uso de métodos de tarificación no transparentes, pues dificultan extremadamente al usuario la determinación del precio real del servicio de pago. En concreto, no debe permitirse el uso de la fecha de valor en perjuicio del usuario. (66)   Para reforzar la confianza de los consumidores en un mercado de pagos armonizado, es de fundamental importancia que los usuarios de los servicios de pago estén informados de los costes y comisiones reales de los servicios de pago a fin de elegir la opción que les interese. Por ello, no debe permitirse el uso de métodos de tarificación no transparentes, pues dificultan extremadamente al usuario la determinación del precio real del servicio de pago. En concreto, no debe permitirse el uso de la fecha de valor en perjuicio del usuario. Enmienda 34 Propuesta de Directiva Considerando 68 (68)   El proveedor de servicios de pago del ordenante debe asumir la responsabilidad de la correcta ejecución del pago, incluido, en particular, por lo que se refiere al importe total de la operación de pago y al plazo de ejecución, así como la plena responsabilidad por los posibles fallos de otras partes en la cadena de pago hasta llegar a la cuenta del beneficiario. Como resultado de esa responsabilidad, en caso de que no se abone al proveedor de servicios de pago del beneficiario la totalidad del importe, o este se abone con retraso, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe corregir la operación de pago o devolver al ordenante sin demora injustificada el importe correspondiente de dicha operación, sin perjuicio de cualquier otra reclamación ulterior con arreglo a la normativa nacional. Dada la responsabilidad del proveedor de servicios de pago, ni el ordenante, ni el beneficiario deben soportar coste alguno como consecuencia de la ejecución incorrecta del pago. Si las operaciones de pago no llegan a ejecutarse, se ejecutan de forma defectuosa o con retraso, los Estados miembros deben velar por que la fecha de valor de las correcciones de pago efectuadas por los proveedores de servicios de pago concuerden con la fecha de valor aplicable en caso de que la ejecución hubiera sido correcta. (68)   El proveedor de servicios de pago del ordenante, en calidad de proveedor de servicios de pago gestor de cuenta o, cuando corresponda, de proveedor de servicios de pago tercero, debe asumir la responsabilidad de la correcta ejecución del pago, incluida, en particular, la cantidad total correspondiente a la operación de pago y el plazo de ejecución, así como la plena responsabilidad por los posibles incumplimientos de otras partes en la cadena de pago hasta llegar a la cuenta del beneficiario. Como resultado de esa responsabilidad, en caso de que no se abone al proveedor de servicios de pago del beneficiario la totalidad del importe, o este se abone con retraso, el proveedor de servicios de pago del ordenante debe corregir la operación de pago o devolver al ordenante sin demora injustificada el importe correspondiente de dicha operación el mismo día que tenga conocimiento del error, sin perjuicio de cualquier otra reclamación ulterior con arreglo a la normativa nacional. Dada la responsabilidad del proveedor de servicios de pago, ni el ordenante, ni el beneficiario deben soportar coste alguno como consecuencia de la ejecución incorrecta del pago. Si las operaciones de pago no llegan a ejecutarse, se ejecutan de forma defectuosa o con retraso, los Estados miembros deben velar por que la fecha de valor de las correcciones de pago efectuadas por los proveedores de servicios de pago concuerden con la fecha de valor aplicable en caso de que la ejecución hubiera sido correcta. Los opositores a la devolución sin condiciones destacan el riesgo de abuso por parte de los consumidores. No existen pruebas de que se abuse de ese derecho en los países en los que los consumidores disfrutan de una devolución sin condiciones. Todo abuso podría ser penalizado mediante la renovación de la solicitud de pago por el beneficiario, el pago de costes adicionales por la parte que haya originado la operación-R, la inclusión del consumidor en una lista negra o la prohibición de que utilice el servicio mediante la cancelación del contrato, y el hecho de que la revocación de un pago no eximiría de la obligación de pagar los bienes consumidos. Enmienda 35 Propuesta de Directiva Considerando 71 (71)   A fin de facilitar la efectiva prevención del fraude y la lucha contra este en toda la Unión, debe propiciarse un intercambio eficaz de datos entre los proveedores de servicios de pago, a los cuales debe permitirse la recogida, el tratamiento y el intercambio de los datos personales de toda persona implicada en fraudes en materia de pagos. Procede aplicar la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo37, las disposiciones nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo38 en lo que respecta al tratamiento de datos personales a los efectos de la presente Directiva. (71)   La prestación de servicios de pago puede conllevar el tratamiento de datos personales. Procede aplicar la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo37, las disposiciones nacionales de incorporación de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo38 en lo que respecta al tratamiento de datos personales a los efectos de la presente Directiva. __________________ __________________ 37 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). 37 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). 38 Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). 38 Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1). Enmienda 36 Propuesta de Directiva Considerando 72 bis (nuevo) (72 bis)  Las obligaciones de notificación de los incidentes de seguridad se entienden sin perjuicio de las obligaciones de notificación de incidentes establecidas en otros actos legislativos, en particular, los requisitos relativos a las infracciones de datos personales establecidos en la Directiva 2002/58/CE y en el Reglamento (UE) nº [Reglamento general de protección de datos] y en los requisitos de notificación de incidentes de seguridad previstos en la Directiva n° …/…/UE [Directiva sobre seguridad de las redes y la información]. Enmienda 37 Propuesta de Directiva Considerando 74 (74)   Sin perjuicio del derecho de los clientes a emprender acciones ante los tribunales, los Estados miembros deben garantizar que existan medios extrajudiciales fácilmente accesibles y de coste razonable para la resolución de aquellos conflictos entre proveedores de servicios de pago y consumidores que se deriven de los derechos y obligaciones contemplados en la presente Directiva. El Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo40 establece que las posibles disposiciones contractuales sobre la legislación aplicable no podrán producir el resultado de debilitar la protección al consumidor que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual. Por lo que atañe a la implantación de un procedimiento de resolución de litigios eficiente y eficaz, los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios de pago establezcan un procedimiento eficaz de reclamación del consumidor al que este pueda recurrir antes de que el litigio pase a ser resuelto por la vía extrajudicial o judicial. El procedimiento de reclamación debe prever plazos breves y claros en cuyo transcurso el proveedor de servicios de pago deba responder a una reclamación. (74)   Sin perjuicio del derecho de los clientes a emprender acciones ante los tribunales, los Estados miembros deben garantizar que se establezcan y mantengan procedimientos extrajudiciales fácilmente accesibles, independientes, imparciales, transparentes y eficaces para la resolución de aquellas disputas entre proveedores de servicios de pago y usuarios de servicios de pago que se deriven de los derechos y obligaciones contemplados en la presente Directiva. El Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo40 establece que las posibles disposiciones contractuales sobre la legislación aplicable no podrán producir el resultado de debilitar la protección al consumidor que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país en que tenga su residencia habitual. Por lo que atañe a la implantación de un procedimiento de resolución de litigios eficiente y eficaz, los Estados miembros deben velar por que los proveedores de servicios de pago establezcan un procedimiento eficaz de reclamación de los usuarios de servicios de pago al que estos puedan recurrir antes de que el litigio pase a ser resuelto por la vía extrajudicial o judicial. El procedimiento de reclamación debe prever plazos breves y claros en cuyo transcurso el proveedor de servicios de pago deba responder a una reclamación. __________________ __________________ 40 Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 junio 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6). 40 Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 junio 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) (DO L 177 de 4.7.2008, p. 6). Enmienda 38 Propuesta de Directiva Considerando 74 bis (nuevo) (74 bis)  A la vista del compromiso del BCE de establecer y presidir el ERPB, y del compromiso de la Comisión de participar en él activamente, la Comisión debe garantizar que se fortalezca la gobernanza de la SEPA sin demora injustificada tras la entrada en vigor de la presente Directiva. Debe asegurar que se aplique el método de la Unión cuando sea posible y, al mismo tiempo, debe procurar que las partes interesadas se responsabilicen, por el lado de la oferta y por el de la demanda, mediante su participación activa, la consulta y la transparencia plena. Concretamente, los proveedores de servicios de pago y los usuarios deben estar representados en pie de igualdad, garantizando la participación activa de las partes interesadas, contribuyendo a una comunicación suficiente del proceso de la SEPA a los usuarios finales y supervisando la aplicación del proceso de la SEPA. Enmienda 39 Propuesta de Directiva Considerando 80 (80)   Al objeto de garantizar una aplicación coherente de la presente Directiva, la Comisión debe poder confiar en los conocimientos y el apoyo de la ABE, que debe tener la responsabilidad de elaborar directrices, preparar normas técnicas de regulación sobre la seguridad de los servicios de pago y la cooperación entre Estados miembros en el contexto de la prestación de servicios y el establecimiento de entidades de pago autorizadas en otros Estados miembros. La Comisión debe estar facultada para adoptar esas normas técnicas de regulación. Estas funciones específicas concuerdan plenamente con la función y responsabilidades que el Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se crea la ABE, asigna a esta. (80)   Al objeto de garantizar una aplicación coherente de la presente Directiva, la Comisión debe poder confiar en los conocimientos y el apoyo de la ABE, que debe tener la responsabilidad de preparar normas técnicas de ejecución sobre la seguridad de los servicios de pago y la cooperación entre Estados miembros en el contexto de la prestación de servicios y el establecimiento de entidades de pago autorizadas en otros Estados miembros. Cuando las normas técnicas de ejecución se refieran a aspectos de seguridad de los pagos, la ABE también deberá tener en cuenta las recomendaciones adoptadas por el Foro Europeo sobre la Seguridad de los Pequeños Pagos (SecuRe Pay) respecto a la seguridad de los pagos en internet y los servicios de acceso a cuentas de pago. A la hora de cumplir esos requisitos, la ABE debe consultar al panel consultivo contemplado en el considerando 29. La Comisión debe estar facultada para adoptar esas normas técnicas de ejecución. Estas funciones específicas concuerdan plenamente con la función y responsabilidades que el Reglamento (UE) nº 1093/2010, por el que se crea la ABE, asigna a esta. Enmienda 40 Propuesta de Directiva Considerando 80 bis (nuevo) (80 bis)  Para que los servicios de pago funcionen sin dificultad y el proyecto SEPA ampliado alcance todo su potencial, es esencial que todas las partes interesadas, y, en particular, los usuarios, incluidos los consumidores, estén estrechamente asociados a este proceso y puedan desempeñar un papel destacado. Si bien la creación del órgano de gobernanza de la SEPA representa un avance en la gobernanza de esta y otros servicios de pago, debido a su representación mejorada de las partes interesadas, la toma de decisiones sobre los servicios de pago todavía se inclina hacia el lado de la oferta y en particular los bancos europeos a través del Consejo Europeo de Pagos (CEP). Por lo tanto, es esencial que la Comisión revise, entre otros aspectos, la composición del CEP, la interacción entre este y una estructura general de gobernanza, como el Consejo de la SEPA, y la función de esta estructura general. Si la revisión de la Comisión confirma que hacen falta otras iniciativas para mejorar la gobernanza de la SEPA, la Comisión debe presentar una propuesta legislativa cuando corresponda. Enmienda 41 Propuesta de Directiva Considerando 83 bis (nuevo) (83 bis)  Los principios de reconocimiento mutuo y de supervisión del Estado miembro de origen requieren que las autoridades competentes de los Estados miembros denieguen o revoquen la autorización cuando factores como el contenido de los programas de operaciones, la distribución geográfica o las actividades realmente efectuadas indiquen claramente que una entidad de pago ha optado por el ordenamiento jurídico de un Estado miembro concreto para eludir las normas más severas vigentes en otro Estado miembro en cuyo territorio pretende desarrollar o está desarrollando ya la mayor parte de sus actividades. Una entidad de pago debe estar autorizada en el Estado miembro en el que tenga su domicilio social o, si con arreglo a la legislación nacional no dispone de domicilio social, su administración central. Además, los Estados miembros deben exigir que la administración central de una entidad de pago esté siempre situada en su Estado miembro de origen y que opere realmente allí. Enmienda 42 Propuesta de Directiva Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) La Comisión revisará la aplicación del presente apartado. Como muy tarde el …*, y tomando como base dicha revisión, presentará una propuesta legislativa para, en su caso, ampliar la aplicación de las disposiciones del título IV distintas del artículo 78 a las operaciones de pago en las que solo uno de los proveedores de servicios de pago esté situado en la Unión con respecto a las partes de la operación de pago que se lleven a cabo en la Unión, cuando sea técnicamente posible. ________________ * Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Enmienda 43 Propuesta de Directiva Artículo 3 – letra d d)   las operaciones de pago consistentes en la recogida y entrega no profesionales de dinero en efectivo realizadas con motivo de actividades no lucrativas o caritativas; d)   Las operaciones de pago consistentes en la recogida y tratamiento de donaciones sin ánimo de lucro con motivo de actividades caritativas realizadas por una organización autorizada: Enmienda 44 Propuesta de Directiva Artículo 3 – letra j j)   los servicios prestados por proveedores de servicios técnicos en apoyo a la prestación de servicios de pago, sin que dichos proveedores lleguen a estar en ningún momento en posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el tratamiento y almacenamiento de datos, los servicios de confianza y de protección de la intimidad, la autenticación de datos y entidades, el suministro de tecnología de la información y redes de comunicación y el suministro y mantenimiento de terminales y dispositivos empleados para los servicios de pago, con exclusión de los servicios de iniciación de pagos y servicios de información sobre cuentas; j)   los servicios prestados por proveedores de servicios técnicos en apoyo a la prestación de servicios de pago, sin que dichos proveedores lleguen a estar en ningún momento en posesión de los fondos que deban transferirse, incluidos el tratamiento y almacenamiento de datos, los servicios de confianza y de protección de la intimidad, la autenticación de datos y entidades, el suministro de tecnología de la información y redes de comunicación y de canales seguros, el suministro y mantenimiento de terminales y dispositivos empleados para los servicios de pago, con exclusión de los servicios de iniciación de pagos y servicios de información sobre cuentas; Enmienda 45 Propuesta de Directiva Artículo 3 – letra k k)   los servicios que se basen en instrumentos específicos concebidos para satisfacer necesidades precisas y cuyo uso esté limitado, bien porque el titular del instrumento específico solo pueda adquirir con ellos bienes o servicios en los locales del emisor, o dentro de una red limitada de proveedores de servicios que hayan celebrado un acuerdo comercial directo con un emisor profesional, bien porque puedan utilizarse solo para adquirir una gama limitada de bienes o servicios; k)   los servicios que se basen en instrumentos específicos concebidos para satisfacer necesidades precisas y cuyo uso esté limitado, bien porque el titular del instrumento específico solo pueda adquirir con ellos bienes o servicios de un emisor, o dentro de una red limitada de proveedores de servicios que hayan celebrado un acuerdo comercial directo con un emisor, bien porque puedan utilizarse solo para adquirir una gama muy reducida de bienes o servicios; Enmienda 46 Propuesta de Directiva Artículo 3 – letra k bis (nueva) k bis) un instrumento que sea válido solo en un único Estado miembro y regulado por un marco social o fiscal concreto, facilitado a petición de una empresa o entidad pública, que implique el derecho de un individuo a recibir bienes o servicios de proveedores que tengan un acuerdo comercial con el emisor y que no pueda intercambiarse por dinero; Enmienda 47 Propuesta de Directiva Artículo 3 – letra l l)   operaciones de pago efectuadas por un proveedor de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, cuando la operación se efectúe en favor de un suscriptor de la red o el servicio y tenga por objeto la adquisición de contenido digital como servicio auxiliar de los servicios de comunicaciones electrónicas, con independencia del dispositivo utilizado para la adquisición o el consumo de dicho contenido, siempre que el valor de una sola operación de pago no exceda de 50 EUR y que el valor acumulado de las operaciones de pago no supere 200 EUR en un mes de facturación; l)   operaciones de pago efectuadas en calidad de intermediario por un proveedor de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y operaciones de pago que sean auxiliares a la actividad fundamental del proveedor, cuando la operación se efectúe en favor de un suscriptor de la red o el servicio y tenga por objeto la adquisición de contenido o servicios digitales, con independencia del dispositivo utilizado para la adquisición o el consumo del contenido o servicio digital, siempre que el valor de una sola operación de pago no exceda de 20 EUR y que el valor acumulado de las operaciones de pago no supere 100 EUR en un mes natural; Enmienda 48 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 12 12.   «usuario de servicios de pago»: una persona física o jurídica que haga uso de un servicio de pago, ya sea como ordenante, como beneficiario, o ambos; 12.   «usuario de servicios de pago»: una persona física o jurídica que haga uso de un servicio de pago, ya sea como ordenante, como beneficiario, o ambos; queda excluida de la presente definición el proveedor de servicios de pago tercero en su capacidad específica de actuar en nombre de otro usuario de servicios de pago; Enmienda 49 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 18 18.   «orden de pago»: toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de pago por la que se solicite la ejecución de una operación de pago; 18.   «orden de pago»: toda instrucción cursada por un ordenante o beneficiario a su proveedor de servicios de pago, iniciada directamente o a través de un proveedor de servicios de pago tercero, por la que se solicite la ejecución de una operación de pago; Enmienda 50 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 21 21.   «autenticación»: un procedimiento que permite al proveedor de servicios de pago comprobar la identidad de un usuario de un instrumento de pago específico, incluyendo el uso de sus elementos de seguridad personalizados o la verificación de los documentos de identidad personalizados; 21.   «autenticación»: procedimientos que permiten al proveedor de servicios de pago comprobar la validez del uso de un instrumento de pago específico, incluyendo el uso de las credenciales de seguridad personalizadas del usuario o la verificación de los documentos de identidad personalizados, o identificar a un proveedor de servicios de pago tercero que intervenga; Enmienda 51 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 22 22.   «autenticación fuerte de cliente»: un procedimiento para la validación de la identificación de una persona física o jurídica, basado en la utilización de dos o más elementos categorizados como conocimiento, posesión e inherencia, que son independientes –es decir, que la vulneración de uno no compromete la fiabilidad de los demás–, y concebido de manera que se proteja la confidencialidad de los datos de autenticación; 22.   «autenticación fuerte de cliente»: un procedimiento para verificar la validez del instrumento de pago, basado en la utilización de dos o más elementos categorizados como conocimiento (algo que solo conoce el usuario), posesión (algo que solo posee el usuario) e inherencia (algo que es el usuario), que son independientes —es decir, que la vulneración de uno no compromete la fiabilidad de los demás—, y concebido de manera que se proteja la confidencialidad de los datos de autenticación; Enmienda 52 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 26 26.   «instrumento de pago»: cualquier mecanismo o mecanismos personalizados, y/o conjunto de procedimientos acordados por el proveedor de servicios de pago y el usuario del servicio de pago y utilizado para iniciar una orden de pago; 26.   «instrumento de pago»: cualquier mecanismo o mecanismos personalizados, y/o conjunto de procedimientos acordados por el proveedor de servicios de pago y el usuario del servicio de pago y utilizado por el usuario del servicio de pago para iniciar una orden de pago; Enmienda 53 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 32 32.   «servicio de iniciación del pago»: un servicio de pago que permite acceder a una cuenta de pago, prestado por un proveedor de servicios de pago tercero y por el que el ordenante puede intervenir activamente en la iniciación del pago o en el soporte lógico del proveedor de servicios de pago tercero, o por el que el ordenante o el beneficiario pueden utilizar instrumentos de pago para transmitir las credenciales del ordenante al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta; 32.   «servicio de iniciación del pago»: un servicio de pago que permite acceder a una cuenta de pago y por el que un proveedor de servicios de pago tercero inicia una operación de pago a solicitud del ordenante, con cargo a una cuenta de pago de la que el ordenante sea titular en un proveedor de servicios de pago gestor de cuenta; Enmienda 54 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 33 33.   «servicio de información sobre cuentas»: un servicio de pago por el que se proporciona, a un usuario de servicios de pago y de forma agregada y fácil de utilizar, información sobre una o varias cuentas de pago de las que dicho usuario sea titular en uno o varios proveedores de servicios de pago gestores de cuenta; 33.   «servicio de información sobre cuentas»: un servicio prestado por un proveedor de servicios de pago tercero a solicitud del usuario de servicios de pago para proporcionar información consolidada sobre una o varias cuentas de pago de las que el usuario sea titular en uno o varios proveedores de servicios de pago; Enmienda 55 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 38 bis (nuevo) 38 bis.  «credenciales de seguridad personalizadas»: información utilizada para la validación de la identidad de una persona física o jurídica; Enmienda 56 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 38 ter (nuevo) 38 ter.  «emisor de servicios de pago tercero»: un proveedor de servicios de pago sin cuentas que desarrolla las actividades empresariales que figuran en el anexo I, puntos 3 o 5; Enmienda 57 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 38 quater (nuevo) 38 quater.  «transferencia»: servicio de pago nacional o transfronterizo destinado a efectuar un abono en una cuenta de pago de un beneficiario mediante una operación de pago o una serie de operaciones de pago con cargo a una cuenta de pago de un ordenante y prestado, sobre la base de las instrucciones dadas por el ordenante, por el proveedor de servicios de pago que mantiene la cuenta de pago del ordenante; Enmienda 58 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 38 quinquies (nuevo) 38 quinquies.  «datos sobre pagos sensibles»: datos que puedan utilizarse para cometer un fraude, salvo el nombre del titular de la cuenta y el número de la misma, incluidos los datos que permitan iniciar una orden de pago, los datos utilizados para la autenticación, los datos utilizados por los mecanismos para ordenar pagos o herramientas de autenticación que se envíen a los clientes, y los datos, los parámetros y el soporte lógico que, si se modificasen, podrían afectar a la capacidad legítima de la parte de verificar operaciones de pago, autorizar órdenes electrónicas o controlar la cuenta; Enmienda 59 Propuesta de Directiva Artículo 4 – punto 38 sexies (nuevo) 38 sexies.  «adquisición de operación de pago»: un servicio de pago prestado directa o indirectamente por un proveedor de servicios de pago que ha convenido con un beneficiario en aceptar y procesar las operaciones de pago de este iniciadas por un instrumento de pago del ordenante, el cual tiene como resultado una transferencia de fondos al beneficiario; el servicio podría incluir la facilitación de autenticación, autorización y otros servicios relacionados con la gestión de los flujos financieros destinados al beneficiario independientemente de que el proveedor de servicios de pago mantenga o no los fondos en nombre de este. Enmienda 60 Propuesta de Directiva Artículo 5 – apartado 1 – letra g g)   una descripción del proceso establecido para el control, el rastreo y la restricción del acceso a los datos de pago sensibles y los recursos críticos lógicos y físicos; g)   una descripción del proceso establecido para el control, el rastreo y la restricción del acceso a los datos de pago sensibles; Enmienda 61 Propuesta de Directiva Artículo 5 – apartado 1 – letra k k)   una descripción de los mecanismos de control interno introducidos por el solicitante a fin de cumplir las obligaciones en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que establecen la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo45 y el Reglamento (CE) nº 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo46; k)   en el caso de las entidades de pago sujetas a las obligaciones en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que establecen la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo45 y el Reglamento (CE) nº 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo46, una descripción de los mecanismos de control interno introducidos por el solicitante a fin de cumplir dichas obligaciones; __________________ __________________ 45 Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). 45 Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). 46 Reglamento (CE) nº 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos (DO L 345 de 8.12.2006, p.1). 46 Reglamento (CE) nº 1781/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, relativo a la información sobre los ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos (DO L 345 de 8.12.2006, p.1). Enmienda 62 Propuesta de Directiva Artículo 5 – apartado 3 bis – párrafo 1 (nuevo) 3 bis.  La ABE, previa consulta a un panel consultivo creado de conformidad con el artículo 41 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 que represente a todas las partes interesadas, incluidas las que lleven a cabo actividades ajenas al sector bancario, elaborará proyectos de normas técnicas de supervisión que especifiquen la información que deberá facilitarse a las autoridades competentes en la solicitud de autorización de las entidades de pago, incluidos los requisitos establecidos en el apartado 1, letras a), b), c), e) y g) a j). Enmienda 63 Propuesta de Directiva Artículo 5 – apartado 3 bis – párrafo 2 (nuevo) La ABE presentará estos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... Enmienda 64 Propuesta de Directiva Artículo 5 – apartado 3 bis – párrafo 3 (nuevo) La Comisión adoptará los proyectos de normas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Enmienda 65 Propuesta de Directiva Artículo 9 – apartado 1 - parte introductoria 1.   Los Estados miembros o las autoridades competentes exigirán que la entidad de pago que preste cualquier servicio de pago, y siempre que realice al mismo tiempo otras de las actividades empresariales mencionadas en el artículo 17, apartado 1, letra c), salvaguarde los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro proveedor de servicios de pago para la ejecución de operaciones de pago, de una de las maneras siguientes: 1.   Los Estados miembros o las autoridades competentes exigirán que la entidad de pago que preste cualquier servicio de pago contemplado en el anexo I o lleve a cabo una actividad empresarial mencionada en el artículo 17, apartado 1, letra c), salvaguarde los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro proveedor de servicios de pago para la ejecución de operaciones de pago, de una de las maneras siguientes: Enmienda 66 Propuesta de Directiva Artículo 9 – apartado 1 – letra a a)   los fondos no se mezclarán en ningún momento con los fondos de ninguna persona física o jurídica distinta de los usuarios de servicios de pago en cuyo nombre se dispone de los fondos y, en caso de que todavía estén en poder de la entidad de pago y aún no se hayan entregado al beneficiario o transferido a otro proveedor de servicios de pago al final del día hábil siguiente al día en que se hayan recibido los fondos, se depositarán en una cuenta separada en una entidad de crédito o se invertirán en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, tal como hayan establecido las autoridades competentes del Estado miembro de origen; y quedarán protegidos, de conformidad con la normativa nacional, en beneficio de los usuarios de servicios de pago, frente a posibles reclamaciones de otros acreedores de la entidad de pago, en particular en caso de insolvencia; a)   los fondos no se mezclarán en ningún momento con los fondos de ninguna persona física o jurídica distinta de los usuarios de servicios de pago en cuyo nombre se dispone de los fondos y, en caso de que todavía estén en poder de la entidad de pago y aún no se hayan entregado al beneficiario o transferido a otro proveedor de servicios de pago al final del día hábil siguiente al día en que se hayan recibido los fondos, a partir de ese momento se depositarán en una cuenta separada en una entidad de crédito o se invertirán en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo, tal como hayan establecido las autoridades competentes del Estado miembro de origen; y quedarán protegidos, de conformidad con la normativa nacional, en beneficio de los usuarios de servicios de pago, frente a posibles reclamaciones de otros acreedores de la entidad de pago, en particular en caso de insolvencia; Enmienda 67 Propuesta de Directiva Artículo 10 – apartado 3 3.   Las entidades de pago que, con arreglo a la legislación nacional de su Estado miembro de origen, estén obligadas a disponer de un domicilio social, deberán tener su administración central en el mismo Estado miembro que su domicilio social. 3.   Las entidades de pago que, con arreglo a la legislación nacional de su Estado miembro de origen, estén obligadas a disponer de un domicilio social, deberán tener su administración central en el mismo Estado miembro que su domicilio social y en el que realmente desarrollen sus operaciones empresariales. Enmienda 68 Propuesta de Directiva Artículo 12 – apartado 1 - parte introductoria 1.  Las autoridades competentes podrán revocar la autorización a una entidad de pago únicamente cuando la entidad se encuentre en alguno de los siguientes supuestos: (No afecta a la versión española.) Enmienda 69 Propuesta de Directiva Artículo 12 – apartado 1 – letra d d)   pueda constituir una amenaza para la estabilidad del sistema de pagos, o poner en peligro la confianza en el mismo, en caso de seguir prestando servicios de pago, o (No afecta a la versión española.) Enmienda 70 Propuesta de Directiva Artículo 13 - párrafo 2 bis (nuevo) En el registro también se hará constar y se justificará cada revocación de autorización por parte de las autoridades competentes. Enmienda 71 Propuesta de Directiva Artículo 14 – apartado 4 – párrafo 1 4.   La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que establezcan los requisitos técnicos relativos al acceso a la información contenida en los registros públicos contemplados en el artículo 13 a escala de la Unión. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar [… en el plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 4.   La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que establezcan los requisitos técnicos relativos al acceso a la información contenida en los registros públicos contemplados en el artículo 13 a escala de la Unión previa consulta al panel consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 3 bis. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar … *. ____________________ * Dos años a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva. Enmienda 72 Propuesta de Directiva Artículo 17 – apartado 2 2.   Cuando las entidades se pago se dediquen a la prestación de uno o más de los servicios de pago, únicamente podrán mantener cuentas de pago que se utilicen de forma exclusiva para operaciones de pago. Los Estados miembros velarán por que el acceso a esas cuentas de pago sea proporcionado. 2.   Cuando las entidades de pago se dediquen a la prestación de uno o más de los servicios de pago, podrán mantener cuentas de pago que se utilicen de forma exclusiva para operaciones de pago. Los Estados miembros velarán por que las entidades de pago tengan acceso a los servicios de cuentas de pago y depósito de las entidades de crédito, de forma objetiva, no discriminatoria y proporcionada. Dicho acceso será lo suficientemente amplio como para permitir que las entidades de pago presten servicios de pago sin obstáculos y con eficiencia. Enmienda 73 Propuesta de Directiva Artículo 21 – apartado 3 3.   Cuando exista en su territorio más de una autoridad competente en los asuntos regulados en el presente título, los Estados miembros garantizarán que dichas autoridades colaboren estrechamente entre sí a fin de poder cumplir con eficacia sus cometidos respectivos. Lo mismo será aplicable cuando las autoridades competentes en asuntos regulados en el presente título no sean las autoridades competentes responsables de la supervisión de las entidades de crédito. 3.   Cuando la autoridad competente en los asuntos regulados en el presente Título no sea la autoridad competente responsable de la supervisión de las entidades de crédito, los Estados miembros garantizarán que dichas autoridades colaboren estrechamente entre sí a fin de poder cumplir con eficacia sus cometidos respectivos. Enmienda 74 Propuesta de Directiva Artículo 22 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a a)   exigir a la entidad de pago que facilite toda la información necesaria para supervisar el cumplimiento; a)   exigir a la entidad de pago que facilite toda la información necesaria para supervisar el cumplimiento mediante decisión formal, que especifique la base jurídica y el propósito de la solicitud, la información que se requiere y el plazo en el que debe facilitarse la información; Enmienda 75 Propuesta de Directiva Artículo 22 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  Toda solicitud de información o documentos formulada por las autoridades competentes de los Estados miembros estará motivada por una decisión que especifique su base jurídica, el propósito de la solicitud, pormenores sobre la información o los documentos que se requiere y el plazo de conservación de la información o los documentos. Enmienda 76 Propuesta de Directiva Artículo 25 – apartado 1 1.   Las autoridades competentes de los distintos Estados miembros cooperarán entre sí y, cuando proceda, con el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, la ABE y las demás autoridades competentes designadas en virtud de la legislación de la Unión o nacional aplicable a los proveedores de servicios de pago. 1.   Las autoridades competentes de los distintos Estados miembros cooperarán entre sí y, cuando proceda, con el Banco Central Europeo, los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, la ABE y las demás autoridades competentes designadas en virtud de la legislación de la Unión o nacional aplicable a los proveedores de servicios de pago. Cuando dichas autoridades lleven a cabo el tratamiento de datos personales, deben especificar para qué fin preciso y mencionar la base jurídica oportuna de la Unión. Enmienda 77 Propuesta de Directiva Artículo 25 – apartado 2 – letra d bis (nueva) d bis) Europol, en su calidad de agencia policial de la Unión y responsable de la ayuda y la coordinación de un enfoque común entre las autoridades policiales competentes de los Estados miembros en la lucha contra el crimen organizado, otros delitos graves y el terrorismo, incluida la falsificación del euro y de otras monedas y formas de pago. Enmienda 78 Propuesta de Directiva Artículo 25 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  La ABE dispondrá del mandato para iniciar y promover una mediación vinculante a fin de resolver las disputas entre autoridades competentes derivadas del intercambio de información. Enmienda 79 Propuesta de Directiva Artículo 26 - apartado 1 bis (nuevo) 1 bis.  Los Estados miembros no impondrán requisitos adicionales a una entidad de pago de la UE que desee prestar servicios de pago en un Estado miembro de acogida que no sean aplicables a las entidades de pago autorizadas por dicho Estado. Enmienda 80 Propuesta de Directiva Artículo 26 – apartado 3 3.   Las autoridades competentes se facilitarán mutuamente toda la información esencial y/o pertinente, en particular en caso de infracciones o presuntas infracciones cometidas por un agente, una sucursal o una entidad a la que se hayan externalizado actividades. A este respecto, las autoridades competentes comunicarán, previa solicitud, toda la información pertinente que se les solicite y, por iniciativa propia, toda la información esencial. 3.   Las autoridades competentes se facilitarán mutuamente toda la información esencial y/o pertinente, en particular en caso de infracciones o presuntas infracciones cometidas por un agente, una sucursal o una entidad a la que se hayan externalizado actividades. A este respecto, las autoridades competentes comunicarán, previa solicitud, toda la información pertinente que se les solicite y, por iniciativa propia, toda la información esencial. En caso de que se conserven datos personales, el almacenamiento de dichos datos por las autoridades competentes no superará el plazo de diez años. En cualquier caso, el almacenamiento de datos personales cumplirá lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE. Enmienda 81 Propuesta de Directiva Artículo 26 – apartado 5 5.   La ABE emitirá directrices dirigidas a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 en relación con los elementos que habrán de tomarse en consideración a la hora de decidir si la actividad que la entidad de pago ha notificado proponerse prestar en otro Estado miembro de conformidad con el apartado 1 del presente artículo supondrá el ejercicio del derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios. Esas directrices se emitirán, a más tardar, el [… en un plazo de dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 5.   La ABE emitirá directrices dirigidas a las autoridades competentes de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 en relación con los elementos que habrán de tomarse en consideración a la hora de decidir si la actividad que la entidad de pago ha notificado proponerse prestar en otro Estado miembro de conformidad con el apartado 1 del presente artículo supondrá el ejercicio del derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios. Esas directrices se emitirán, a más tardar, el … * . ____________________ * Doce meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva. Enmienda 82 Propuesta de Directiva Artículo 27 – apartado 1 – letra a a)   la media de los 12 meses precedentes de la cuantía total de las operaciones de pago ejecutadas por la persona de que se trate, incluidos los posibles agentes con respecto a los cuales asume plena responsabilidad, no sea superior a 1 millón EUR mensuales; esta condición se evaluará con respecto a la cuantía total de las operaciones de pago prevista en su plan de negocios, a menos que las autoridades competentes exijan la modificación de dicho plan; a)   la media de los 12 meses precedentes de la cuantía total de las operaciones de pago ejecutadas o iniciadas por la persona de que se trate, incluidos los posibles agentes con respecto a los cuales asume plena responsabilidad, no sea superior a 1 millón EUR mensuales; esta condición se evaluará con respecto a la cuantía total de las operaciones de pago prevista en su plan de negocios, a menos que las autoridades competentes exijan la modificación de dicho plan; Enmienda 83 Propuesta de Directiva Artículo 31 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  Los Estados miembros velarán por que se facilite a las personas información oportuna sobre el tratamiento de los datos personales de conformidad con las disposiciones nacionales por las que se transpongan los artículos 10 y 11 de la Directiva 95/46/CE y con el artículo 11 del Reglamento (CE) nº 45/2001. Enmienda 84 Propuesta de Directiva Artículo 33 – apartado 3 3.   Cuando el proveedor de servicios de pago pueda cobrar gastos en concepto de información con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, esos gastos serán adecuados y acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago. 3.   Cuando el proveedor de servicios de pago pueda cobrar gastos en concepto de información con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2, esos gastos serán razonables y acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago. Enmienda 85 Propuesta de Directiva Artículo 33 - apartado 3 bis (nuevo) 3 bis.  Los Estados miembros velarán por que los consumidores que cambien de cuenta de pago puedan recibir del proveedor de servicios de pago transmisor, previa solicitud, las operaciones efectuadas en la antigua cuenta de pago registradas en un soporte duradero a un precio razonable. Enmienda 86 Propuesta de Directiva Artículo 34 Los Estados miembros podrán estipular que corresponda al proveedor de servicios de pago demostrar que ha cumplido los requisitos en materia de información establecidos en el presente título. Los Estados miembros estipularán que corresponda al proveedor de servicios de pago demostrar que ha cumplido los requisitos en materia de información establecidos en el presente título. Enmienda 87 Propuesta de Directiva Artículo 37 – apartado 1 1.   Los Estados miembros exigirán que el proveedor de servicios de pago esté obligado a poner a disposición del usuario de servicios de pago, de un modo fácilmente accesible para él, la información y las condiciones establecidas en el artículo 38, antes de que el usuario quede vinculado por cualquier contrato u oferta relativos a una operación de pago aislada. Si el usuario del servicio de pago lo solicita, el proveedor de servicios de pago le facilitará la información y las condiciones mencionadas en papel u otro soporte duradero. La información y las condiciones estarán redactadas en términos fácilmente comprensibles, de manera clara y legible, en una lengua oficial del Estado miembro en el que se ofrezca el servicio de pago o en cualquier otra lengua acordada entre las partes. 1.   Los Estados miembros exigirán que el proveedor de servicios de pago esté obligado a poner a disposición del usuario de servicios de pago, de un modo fácilmente accesible para él, la información y las condiciones establecidas en el artículo 38 en relación con sus propios servicios, antes de que el usuario quede vinculado por cualquier contrato u oferta relativos a una operación de pago aislada. Si el usuario del servicio de pago lo solicita, el proveedor de servicios de pago le facilitará la información y las condiciones mencionadas en papel u otro soporte duradero. La información y las condiciones estarán redactadas en términos fácilmente comprensibles, de manera clara y legible, en una lengua oficial del Estado miembro en el que se ofrezca el servicio de pago o en cualquier otra lengua acordada entre las partes. Enmienda 88 Propuesta de Directiva Artículo 37 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  Los Estados miembros exigirán que, cuando un proveedor de servicios de pago tercero inicie una orden de pago, ponga a disposición del usuario de servicios de pago la información y condiciones a que se refiere el artículo 38. La información y las condiciones estarán redactadas de manera clara y comprensible y en una lengua oficial del Estado miembro en el que se ofrezca el servicio de pago o en cualquier otra lengua acordada entre las partes. Enmienda 89 Propuesta de Directiva Artículo 38 – apartado 2 2.   Los Estados miembros velarán por que, en relación con los servicios de iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago tercero facilite al ordenante información sobre el servicio ofrecido y sus datos de contacto. 2.   Los Estados miembros velarán por que, en relación con los servicios de iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago tercero facilite al ordenante, antes de la iniciación, la siguiente información clara y comprensible: a)  la información de contacto y el número de registro del proveedor de servicios de pago tercero, y el nombre de la autoridad de supervisión responsable; b)  cuando corresponda, el plazo máximo para el procedimiento de iniciación del pago; c)  todos los posibles gastos que el usuario debe abonar al proveedor de servicios de pago tercero y, en su caso, el desglose de las cantidades correspondientes a los gastos; d)  cuando proceda, el tipo de cambio efectivo o de referencia que se aplicará. Enmienda 90 Propuesta de Directiva Artículo 39 – parte introductoria Cuando un proveedor de servicios de pago tercero inicie, a petición del ordenante, una orden de pago, deberá facilitar al ordenante o poner a su disposición y, en su caso, a la del beneficiario, inmediatamente después de la iniciación, los datos siguientes: Cuando un proveedor de servicios de pago tercero inicie, a petición del ordenante, una orden de pago, deberá facilitar al ordenante y, en su caso, al beneficiario, inmediatamente después de la iniciación, los datos siguientes de manera clara e inequívoca: Enmienda 91 Propuesta de Directiva Artículo 39 – letra a a)   una confirmación de la satisfactoria iniciación de la orden de pago con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante; a)   una confirmación de la satisfactoria iniciación de la operación de pago con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del ordenante; Enmienda 92 Propuesta de Directiva Artículo 39 – párrafo 1 – letra d d)   en su caso, el importe de cualesquiera gastos por la operación de pago y, cuando proceda, el correspondiente desglose. d)   en su caso, el importe de cualesquiera gastos pagaderos al proveedor de servicios de pago tercero por la operación de pago, debiendo especificarse dichos gastos de forma individualizada. Enmienda 93 Propuesta de Directiva Artículo 39 - párrafo 1 bis (nuevo) El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las obligaciones de protección de datos aplicables al proveedor de servicios de pago tercero y al beneficiario. Enmienda 94 Propuesta de Directiva Artículo 41 – parte introductoria Inmediatamente después de la recepción de la orden de pago, el proveedor de servicios de pago del ordenante facilitará a este o pondrá a su disposición, de modo idéntico al indicado en el artículo 37, apartado 1, los datos siguientes: Inmediatamente después de la recepción de la orden de pago, el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta del ordenante facilitará a este o pondrá a su disposición, de modo idéntico al indicado en el artículo 37, apartado 1, los datos siguientes respecto de sus propios servicios: Enmienda 95 Propuesta de Directiva Artículo 42 – parte introductoria Inmediatamente después de la ejecución de la operación de pago, el proveedor de servicios de pago del beneficiario facilitará a este o pondrá a su disposición, de modo idéntico al indicado en el artículo 37, apartado 1, todos los datos siguientes: Inmediatamente después de la ejecución de la operación de pago, el proveedor de servicios de pago del beneficiario facilitará a este o pondrá a su disposición, de modo idéntico al indicado en el artículo 37, apartado 1, todos los datos siguientes en relación con sus servicios propios, cuando disponga de ellos en persona: Enmienda 96 Propuesta de Directiva Artículo 44 – apartado 1 1.   Los Estados miembros dispondrán que el proveedor de servicios de pago esté obligado a facilitar al usuario de servicios de pago, en papel u otro soporte duradero, la información y las condiciones contenidas en el artículo 45, con suficiente antelación a la fecha en que el usuario quede vinculado por cualquier contrato marco u oferta. La información y las condiciones estarán redactadas en términos fácilmente comprensibles, de manera clara y legible, en una lengua oficial del Estado miembro en el que se ofrezca el servicio de pago o en cualquier otra lengua acordada entre las partes. 1.   Los Estados miembros dispondrán que el proveedor de servicios de pago esté obligado a poner a la disposición o, a petición del usuario de servicios de pago, a facilitar al usuario de servicios de pago, en papel u otro soporte duradero, la información y las condiciones contenidas en el artículo 45, con suficiente antelación a la fecha en que el usuario quede vinculado por cualquier contrato marco u oferta. La información y las condiciones estarán redactadas en términos fácilmente comprensibles, de manera clara y legible, en una lengua oficial del Estado miembro en el que se ofrezca el servicio de pago o en cualquier otra lengua acordada entre las partes. Enmienda 97 Propuesta de Directiva Artículo 45 – punto 2 – letra a а)   una descripción de las principales características del servicio de pago que vaya a prestarse; а)   una descripción clara de las principales características del servicio de pago que vaya a prestarse; Enmienda 98 Propuesta de Directiva Artículo 45 – punto 2 – letra c c)   la forma y el procedimiento por el que han de comunicarse el consentimiento para la iniciación o ejecución de una operación de pago y la retirada de dicho consentimiento, de conformidad con los artículos 57 y 71; c)   la forma y el procedimiento por el que han de comunicarse el consentimiento para la iniciación de una orden de pago o para la ejecución de una operación de pago y la retirada de dicho consentimiento, de conformidad con los artículos 57 y 71; Enmienda 99 Propuesta de Directiva Artículo 45 – punto 6 – letra a a)   de haberse convenido así, la advertencia de que se considerará que el usuario de servicios de pago acepta la modificación de las condiciones con arreglo al artículo 47, a menos que notifique lo contrario al proveedor de servicios de pago con anterioridad a la fecha propuesta para la entrada en vigor de las modificaciones; a)   de haberse convenido así, excepto cuando las modificaciones sean clara e inequívocamente más favorables a los usuarios de servicios de pago con arreglo al artículo 47, apartado 2, la advertencia de que se considerará que el usuario de servicios de pago acepta la modificación de las condiciones con arreglo al artículo 47, a menos que notifique lo contrario al proveedor de servicios de pago con anterioridad a la fecha propuesta para su entrada en vigor, resultando sin efecto dicha notificación cuando la modificación sea clara e inequívocamente más favorable a los usuarios de servicios de pago; Enmienda 100 Propuesta de Directiva Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1 1.   El proveedor de servicios de pago deberá proponer cualquier modificación de las condiciones contractuales y de la información y las condiciones especificadas en el artículo 45 de modo idéntico al indicado en el artículo 44, apartado 1, y con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha de aplicación propuesta. 1.   El proveedor de servicios de pago deberá proponer cualquier modificación de las condiciones contractuales que no sea clara e inequívocamente favorable para los usuarios de servicios de pago y la información y las condiciones especificadas en el artículo 45 de modo idéntico al indicado en el artículo 44, apartado 1, con una antelación no inferior a dos meses respecto de la fecha de aplicación propuesta. Enmienda 101 Propuesta de Directiva Artículo 47 – apartado 2 2.   Las modificaciones de los tipos de interés o de cambio podrán aplicarse de inmediato y sin previo aviso, siempre que así se haya acordado en el contrato marco y que las variaciones se basen en los tipos de interés o de cambio de referencia acordados de conformidad con el artículo 45, punto 3, letras b) y c). El usuario de servicios de pago será informado de toda modificación del tipo de interés lo antes posible de modo idéntico al indicado en el artículo 44, apartado 1, a menos que las partes hayan acordado una frecuencia o un procedimiento específicos de comunicación o puesta a disposición de la información. No obstante, las modificaciones de los tipos de interés o de cambio que sean más favorables para los usuarios de servicios de pago podrán aplicarse sin previo aviso. 2.   Las modificaciones de los tipos de interés o de cambio podrán aplicarse de inmediato y sin previo aviso, siempre que así se haya acordado en el contrato marco y que las variaciones de los tipos de interés o de cambio se basen en los tipos de interés o de cambio de referencia acordados de conformidad con el artículo 45, punto 3, letras b) y c). El usuario de servicios de pago será informado de toda modificación del tipo de interés lo antes posible de modo idéntico al indicado en el artículo 44, apartado 1, a menos que las partes hayan acordado una frecuencia o un procedimiento específicos de comunicación o puesta a disposición de la información. No obstante, las modificaciones de los tipos de interés o de cambio que sean más favorables para los usuarios de servicios de pago y las modificaciones del contrato marco que sean clara e inequívocamente más favorables a los usuarios de servicios de pago podrán aplicarse sin previo aviso. Enmienda 102 Propuesta de Directiva Artículo 48 – apartado 2 2.   La rescisión de un contrato marco que se haya celebrado por un período superior a doce meses o indefinido será gratuita para el usuario de servicios de pago si se efectúa una vez transcurridos doce meses. En todos los demás casos, los gastos derivados de la rescisión serán apropiados y estarán en consonancia con los costes. 2.   La rescisión de un contrato marco será gratuita para el usuario de servicios de pago. Enmienda 103 Propuesta de Directiva Artículo 50 – apartado 2 2.   Los contratos marco podrán contener una cláusula que disponga que la información a que se refiere el apartado 1 se facilite o haga accesible de manera periódica, al menos una vez al mes, y de un modo convenido que permita al ordenante almacenar la información y reproducirla sin cambios. 2.   Los contratos marco contendrán una cláusula que disponga que la información a que se refiere el apartado 1 se facilite o haga accesible de manera periódica, al menos una vez al mes, de manera gratuita y de un modo convenido que permita al ordenante almacenar la información y reproducirla sin cambios. Enmienda 104 Propuesta de Directiva Artículo 50 – apartado 3 3.  No obstante, los Estados miembros podrán exigir que el proveedor de servicios de pago facilite gratuitamente información en papel con una periodicidad mensual. 3.  No obstante, los Estados miembros podrán exigir que el proveedor de servicios de pago facilite gratuitamente información en papel o en otro soporte de información permanente con una periodicidad mensual. Enmienda 105 Propuesta de Directiva Artículo 51 – apartado 1 – letra a a)  una referencia que permita al beneficiario identificar la operación de pago y, en su caso, al ordenante, así como cualquier información comunicada junto con la operación de pago; a)  una referencia que permita al beneficiario identificar la operación de pago y al ordenante, así como cualquier información comunicada junto con la operación de pago; Enmienda 106 Propuesta de Directiva Artículo 51 – apartado 3 3.  No obstante, los Estados miembros podrán exigir que el proveedor de servicios de pago facilite gratuitamente información en papel con una periodicidad mensual. 3.  No obstante, los Estados miembros podrán exigir que el proveedor de servicios de pago facilite gratuitamente información en papel o en otro soporte duradero con una periodicidad mensual. Enmienda 107 Propuesta de Directiva Artículo 52 – apartado 2 – párrafo 1 2.  Cuando se ofrezca un servicio de conversión de moneda antes de que se inicie la operación de pago y dicho servicio sea ofrecido en el punto de venta o por el beneficiario, la parte que ofrezca el servicio de conversión de moneda al ordenante deberá informar a este de todos los gastos, así como del tipo de cambio que se empleará para la conversión de la operación de pago. 2.  Cuando se ofrezca un servicio de conversión de moneda antes de que se inicie la operación de pago y dicho servicio sea ofrecido en un cajero automático, el punto de venta o por el beneficiario, la parte que ofrezca el servicio de conversión de moneda al ordenante deberá informar a este de todos los gastos, así como del tipo de cambio que se empleará para la conversión de la operación de pago. Enmienda 108 Propuesta de Directiva Artículo 53 – apartado 2 2.  Cuando, por la utilización de un instrumento de pago determinado, el proveedor de servicios de pago o un tercero exija el pago de un gasto, informará de ello al usuario de servicios de pago antes de iniciarse la operación de pago. suprimido Enmienda 109 Propuesta de Directiva Artículo 53 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  Cuando un proveedor de servicios de pago tenga derecho a trasladar al beneficiario los costes de terceros, el beneficiario no estará obligado a pagarlos salvo que se le diese a conocer el importe íntegro antes del inicio de la operación de pago. Enmienda 110 Propuesta de Directiva Artículo 55 – apartado 1 1.  El proveedor de servicios de pago no podrá cobrar al usuario de servicios de pago por el cumplimiento de sus obligaciones de información o por las medidas correctivas o preventivas con arreglo al presente título, salvo que se estipule lo contrario en el artículo 70, apartado 1, el artículo 71, apartado 5, y el artículo 79, apartado 2. Esos gastos serán convenidos entre el usuario y el proveedor de servicios de pago y serán adecuados y acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago. 1.  El proveedor de servicios de pago no podrá cobrar al usuario de servicios de pago por el cumplimiento de sus obligaciones de información o por las medidas correctivas o preventivas con arreglo al presente título, salvo que se estipule lo contrario en el artículo 70, apartado 1, el artículo 71, apartado 5, y el artículo 79, apartado 2. Esos gastos serán convenidos entre el usuario y el proveedor de servicios de pago y serán adecuados y acordes con los costes efectivamente soportados por el proveedor de servicios de pago. Previa solicitud, el proveedor de servicios de pago deberá dar a conocer los costes reales de la operación de pago. Enmienda 111 Propuesta de Directiva Artículo 55 – apartado 3 3.  El proveedor de servicios de pago no impedirá que el beneficiario exija al ordenante el pago de un gasto, le ofrezca una reducción o le incite de algún otro modo a utilizar un instrumento de pago concreto. No obstante, los gastos que, en su caso, se cobren no podrán ser superiores a los costes soportados por el beneficiario por la utilización del instrumento de pago de que se trate. 3.  El proveedor de servicios de pago no impedirá que el beneficiario exija al ordenante el pago de un gasto, le ofrezca una reducción o le incite de algún otro modo a utilizar un instrumento de pago concreto. No obstante, los gastos que, en su caso, se cobren no podrán ser superiores a los costes directos soportados por el beneficiario por la utilización del instrumento de pago de que se trate. Enmienda 112 Propuesta de Directiva Artículo 55 - apartado 4 bis (nuevo) 4 bis.  No obstante lo dispuesto en el apartado 4, los Estados miembros podrán disponer que el beneficiario no exija ningún tipo de gasto por la utilización de un instrumento de pago. Enmienda 113 Propuesta de Directiva Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 1 2.  El consentimiento para la ejecución de una operación de pago o de una serie de operaciones de pago se dará en la forma acordada entre el ordenante y el proveedor de servicios de pago. El consentimiento podrá darse, asimismo, directa o indirectamente a través del beneficiario. Se considerará igualmente que se ha dado el consentimiento para la ejecución de una operación de pago cuando el ordenante autorice a un proveedor de servicios de pago tercero a iniciar la operación de pago con el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta. 2.  El consentimiento para la ejecución de una operación de pago o de una serie de operaciones de pago (incluido el adeudo domiciliado) se dará en la forma acordada entre el ordenante y el proveedor de servicios de pago. El consentimiento podrá darse, asimismo, directa o indirectamente a través del beneficiario. Se considerará igualmente que se ha dado el consentimiento para la ejecución de una operación de pago cuando el ordenante autorice a un proveedor de servicios de pago tercero a iniciar una operación de pago con un proveedor de servicios de pago gestor de una cuenta de la que es titular el ordenante. Enmienda 114 Propuesta de Directiva Artículo 58 – título Acceso a información de las cuentas de pago y uso de la misma por proveedores de servicios de pago terceros Acceso a información de las cuentas de pago y uso de la misma por proveedores de servicios de pago terceros y por emisores de instrumentos de pago terceros Enmienda 115 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 1 1.  Los Estados miembros velarán por que todo ordenante tenga derecho a recurrir a un proveedor de servicios de pago tercero para obtener servicios de pago que permitan acceder a cuentas de pago tal como se contempla en el punto 7 del anexo I. 1.  Los Estados miembros velarán por que todo ordenante, siempre que mantenga una cuenta de pago accesible a través de la banca en línea, tenga derecho a recurrir a un proveedor de servicios de pago tercero autorizado para obtener servicios de pago que permitan acceder a cuentas de pago tal como se contempla en el punto 7 del anexo I. Los Estados miembros velarán por que todo ordenante tenga derecho a recurrir a un emisor de instrumentos de pago tercero para obtener un instrumento de pago que permita operaciones de pago. Enmienda 116 Propuesta de Directiva Artículo 58 - apartado 1 bis (nuevo) 1 bis.  El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta no denegará el acceso, como se define en el presente artículo, al proveedor de servicios de pago tercero o al emisor de instrumentos de pago tercero cuando haya sido autorizado a efectuar un pago específico en nombre del ordenante, siempre que el ordenante dé su consentimiento de forma expresa de conformidad con el artículo 57. Enmienda 117 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 1 ter (nuevo) 1 ter.  Los beneficiarios que ofrezcan a los ordenantes la opción de recurrir a proveedores de servicios de pago terceros o a emisores de instrumentos de pago terceros facilitarán inequívocamente a los ordenantes información sobre estos proveedores de servicios de pago terceros, en particular su número de registro y el nombre de la autoridad responsable de su supervisión. Enmienda 118 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 2 - parte introductoria 2.  Cuando un proveedor de servicios de pago tercero haya sido autorizado por el ordenante a prestar servicios de pago con arreglo al apartado 1, estará sujeto a las obligaciones siguientes: (No afecta a la versión española.) Enmienda 119 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 2 – letra a a)  garantizar que nadie más pueda acceder a los elementos de seguridad personalizados del usuario del servicio de pago; a)  garantizar que nadie más pueda acceder a las credenciales de seguridad personalizados del usuario del servicio de pago; Enmienda 120 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 2 – letra b b)  autenticarse de manera inequívoca ante el proveedor o proveedores de servicios de pago gestores de cuenta del titular de la cuenta; b)  cada vez que se inicie un pago o se recopile información, autenticarse de manera inequívoca ante el proveedor o proveedores de servicios de pago gestores de cuenta del titular de la cuenta; Enmienda 121 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 2 – letra c c)  no almacenar datos sobre pagos sensibles o credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios de pago. c)  no almacenar credenciales de seguridad personalizadas del usuario de servicios de pago. Enmienda 122 Propuesta de Directiva Artículo 58 - apartado 2 - letra c bis (nueva) c bis) no utilizar los datos para fines distintos de los solicitados explícitamente por el ordenante. Enmienda 123 Propuesta de Directiva Artículo 58 - apartado 3 bis (nuevo) 3 bis.  Si el ordenante ha dado su consentimiento a un emisor de instrumentos de pago tercero que le ha suministrado un instrumento de pago para que obtenga información sobre la disponibilidad de fondos suficientes, con miras a una operación de pago determinada, en una determinada cuenta de pago de la que el ordenante sea titular, el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta de pago considerada facilitará dicha información al emisor de instrumentos de pago tercero de inmediato, en cuanto reciba la orden de pago del ordenante. La información sobre la disponibilidad de suficientes fondos debe consistir en una simple respuesta de «sí» o «no» y no en un extracto del saldo de cuenta, de conformidad con la Directiva 95/46/CE. Enmienda 124 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 4 4.   Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas no ejercerán, respecto de las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un proveedor de servicios de pago tercero, ninguna discriminación que no obedezca a razones objetivas, en cuanto a plazos y prioridad, frente a las órdenes de pago transmitidas directamente por el propio ordenante. 4.   Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas no ejercerán, respecto de las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un proveedor de servicios de pago tercero o de un emisor de instrumentos de pago tercero, ninguna discriminación que no obedezca a razones objetivas, en particular en cuanto a plazos y prioridad o gastos, frente a las órdenes de pago transmitidas directamente por el propio ordenante. Enmienda 125 Propuesta de Directiva Artículo 58 - apartado 4 bis (nuevo) 4 bis.  No se exigirá a los proveedores de servicios de pago terceros entablar relaciones contractuales con proveedores de servicios de pago gestores de cuenta en el contexto de servicios de iniciación de pagos o de información de cuenta. Enmienda 126 Propuesta de Directiva Artículo 58 – apartado 4 ter (nuevo) 4 ter.  Los Estados miembros velarán por que, una vez que se hayan adoptado las normas de comunicación abiertas comunes y seguras y las aplique el proveedor de servicios de pago gestor de cuentas al cliente del proveedor de servicios de pago tercero en virtud del artículo 94 bis, el usuario de servicios de pago podrá utilizar la solución tecnológica más segura y actual para iniciar la operación de pago a través de proveedores de servicios de pago terceros. Enmienda 127 Propuesta de Directiva Artículo 59 Artículo 59 suprimido Acceso a información de las cuentas de pago y uso de la misma por emisores de instrumentos de pago terceros 1.  Los Estados miembros velarán por que todo ordenante tenga derecho a recurrir a un emisor de instrumentos de pago tercero para obtener servicios de tarjetas de pago. 2.  Si el ordenante ha dado su consentimiento a un emisor de instrumentos de pago tercero que le ha suministrado un instrumento de pago para que obtenga información sobre la disponibilidad de fondos suficientes, con vistas a una operación de pago dada, en una determinada cuenta de pago de la que el ordenante sea titular, el proveedor de servicios de pago gestor de la cuenta de pago considerada facilitará dicha información al emisor de instrumentos de pago tercero de inmediato, en cuanto reciba la orden de pago del ordenante. 3.  Los proveedores de servicios de pago gestores de cuentas no ejercerán, respecto de las órdenes de pago transmitidas a través de los servicios de un emisor de instrumentos de pago tercero, ninguna discriminación que no obedezca a razones objetivas, en cuanto a plazos y prioridad, frente a las órdenes de pago transmitidas directamente por el propio ordenante. Enmienda 128 Propuesta de Directiva Artículo 61 – apartado 2 2.  En particular, a efectos del apartado 1, letra a), el usuario de servicios de pago, en cuanto reciba un instrumento de pago, tomará todas las medidas razonables a fin de proteger los elementos de seguridad personalizados de que vaya provisto. Las obligaciones de precaución de los usuarios de servicios de pago no obstaculizarán la utilización de los instrumentos y servicios de pago autorizados con arreglo a la presente Directiva. 2.  En particular, a efectos del apartado 1, letra a), el usuario de servicios de pago, en cuanto reciba un instrumento de pago, tomará todas las medidas razonables a fin de proteger las credenciales de seguridad personalizadas de que vaya provisto. Las obligaciones de precaución de los usuarios de servicios de pago no obstaculizarán la utilización de los instrumentos y servicios de pago autorizados con arreglo a la presente Directiva. Enmienda 129 Propuesta de Directiva Artículo 62 – apartado 1 – letra a a)  cerciorarse de que los elementos de seguridad personalizados del instrumento de pago solo sean accesibles para el usuario de servicios de pago facultado para utilizar el instrumento, sin perjuicio de las obligaciones que incumben al usuario de servicios de pago con arreglo al artículo 61; a)  cerciorarse de la seguridad de las credenciales seguridad personalizados del instrumento de pago son realmente seguras y de que solo sean accesibles para el usuario de servicios de pago facultado para utilizar el instrumento, sin perjuicio de las obligaciones que incumben al usuario de servicios de pago con arreglo al artículo 61; Enmienda 130 Propuesta de Directiva Artículo 62 – apartado 2 2.  El proveedor de servicios de pago correrá con el riesgo derivado del envío de un instrumento de pago al ordenante o del envío de cualquier elemento de seguridad personalizado del mismo. 2.  El proveedor de servicios de pago correrá el riesgo de enviar un instrumento de pago al ordenante o de enviar cualesquiera credenciales de seguridad personalizadas del mismo Enmienda 131 Propuesta de Directiva Artículo 63 – apartado 2 2.   Cuando intervenga un proveedor de servicios de pago tercero, el usuario de servicios de pago deberá también obtener la rectificación del proveedor de servicios de pago gestor de cuenta con arreglo al apartado 1 del presente artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 65, apartado 2, y el artículo 80, apartado 1. 2.   Cuando el usuario de servicios de pago haya decidido utilizar un proveedor de servicios de pago tercero, el usuario de servicios de pago deberá informar a este último y notificar al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta. El usuario de servicios de pago deberá obtener la rectificación del proveedor de servicios de pago gestor de cuenta con arreglo al apartado 1 del presente artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 80, apartado 1. Enmienda 132 Propuesta de Directiva Artículo 63 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  El usuario de servicios de pago informará a su proveedor de servicios de pago gestor de cuenta de todo incidente del que tenga noticia que le afecte en el contexto de la utilización de un proveedor de servicios de pago tercero o de un emisor de instrumentos de pago tercero. El proveedor de servicios de pago gestor de cuenta notificará a las autoridades competentes cualquier incidente que se produzca. Las autoridades nacionales competentes seguirán, entonces, los procedimientos establecidos por la ABE, en estrecha cooperación con el BCE, tal como establece el artículo 85. Enmienda 133 Propuesta de Directiva Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1 1.  Los Estados miembros exigirán que, cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que esta se ha ejecutado de manera incorrecta, corresponda al proveedor de servicios de pago y, en su caso y según proceda, al proveedor de servicios de pago tercero, demostrar que la operación de pago ha sido autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se ha visto afectada por un fallo técnico o cualquier otra deficiencia. 1.  Los Estados miembros exigirán que, cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación de pago ya ejecutada o alegue que esta se ha ejecutado de manera incorrecta, corresponda al proveedor de servicios de pago y, en su caso, al proveedor de servicios de pago tercero, demostrar que la operación de pago ha sido autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, y que no se ha visto afectada por un fallo técnico o cualquier otra deficiencia. Enmienda 134 Propuesta de Directiva Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 2 Si la operación de pago se ha iniciado a través de un proveedor de servicios de pago tercero, corresponderá a este demostrar que la operación de pago no se ha visto afectada por un fallo técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es responsable. Si el usuario de servicios de pago inicia la operación de pago a través de un proveedor de servicios de pago tercero, corresponderá a este demostrar que la operación de pago ha sido autenticada, ha sido registrada con exactitud y no se ha visto afectada por un fallo técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es responsable. Enmienda 135 Propuesta de Directiva Artículo 64 – apartado 2 2.  Cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación de pago ejecutada, la utilización del instrumento de pago registrada por el proveedor de servicios de pago, o el proveedor de servicios de pago tercero, según proceda, no bastará necesariamente para demostrar que la operación de pago ha sido autorizada por el ordenante, ni que este ha actuado de manera fraudulenta o incumplido deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus obligaciones con arreglo al artículo 61. 2.  Cuando un usuario de servicios de pago niegue haber autorizado una operación de pago ejecutada, la utilización del instrumento de pago registrada por el proveedor de servicios de pago, o el proveedor de servicios de pago tercero, según proceda, no bastará necesariamente para demostrar que la operación de pago ha sido autorizada por el ordenante, ni que este ha actuado de manera fraudulenta o incumplido deliberadamente o por negligencia grave una o varias de sus obligaciones con arreglo al artículo 61. En tal caso, las meras suposiciones sin más pruebas aparte del uso registrado del instrumento de pago no se considerarán pruebas adecuadas contra el usuario de servicios de pago. El proveedor de servicios de pago, incluido, en su caso, el proveedor de servicios de pago tercero, aportará pruebas para demostrar que el ordenante ha cometido fraude o negligencia grave. Enmienda 136 Propuesta de Directiva Artículo 65 – apartado 1 1.   Sin perjuicio del artículo 63, los Estados miembros velarán por que, en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante le devuelva de inmediato el importe de la operación no autorizada y, en su caso, restituya la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. Velarán asimismo por que la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no sea posterior a la fecha de adeudo del importe. 1.   Sin perjuicio del artículo 63, los Estados miembros velarán por que, en caso de que se ejecute una operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante le devuelva, a más tardar en el plazo de 24 horas después de observarse o haberse notificado la operación, el importe de la operación no autorizada y, en su caso, restituya la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. Velarán asimismo por que la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no sea posterior a la fecha de adeudo del importe. Enmienda 137 Propuesta de Directiva Artículo 65 – apartado 2 2.   Cuando intervenga un proveedor de servicios de pago tercero, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta devolverá el importe de la operación de pago no autorizada y, en su caso, restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. Podrá preverse una indemnización económica al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta por el proveedor de servicios de pago tercero. 2.   Cuando intervenga un proveedor de servicios de pago tercero, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta devolverá el importe de la operación de pago no autorizada y, en su caso, restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. Si el proveedor de servicios de pago tercero no puede demostrar que no es responsable de la operación de pago no autorizada, indemnizará, en el plazo de un día hábil, al proveedor de servicios de pago gestor de cuenta por los costes razonables en que haya incurrido a consecuencia de la devolución al ordenante, incluido el importe de la operación de pago no autorizada. Enmienda 138 Propuesta de Directiva Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 65, el ordenante podrá estar obligado a soportar, hasta un máximo de 50 EUR, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o robado o de la apropiación indebida de un instrumento de pago. 1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 65, el ordenante podrá estar obligado a soportar, hasta un máximo de 50 EUR o equivalente en otra divisa nacional, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o robado o de la apropiación indebida de un instrumento de pago. Ello no se aplicará si la pérdida, el robo o la apropiación indebida de un instrumento de pago no eran detectables para el ordenante antes de un pago. Enmienda 139 Propuesta de Directiva Artículo 66 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, y previa consulta al panel consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 3 bis, elaborará directrices destinadas a los proveedores de servicios de pago, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1093/2010, sobre la interpretación y el uso práctico del concepto «negligencia grave» en este contexto. Dichas directrices se emitirán, a más tardar, el [insértese la fecha – doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y se actualizarán con regularidad, cuando proceda. Enmienda 140 Propuesta de Directiva Artículo 66 – apartado 2 ter (nuevo) 2 ter.  En aquellos casos en que el ordenante no haya actuado de forma fraudulenta ni haya incumplido de forma deliberada sus obligaciones con arreglo al artículo 61, los Estados miembros podrán reducir la responsabilidad establecida en el apartado 1 del presente artículo, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de los elementos de seguridad personalizados del instrumento de pago y las circunstancias de la pérdida, el robo o la apropiación indebida. Enmienda 141 Propuesta de Directiva Artículo 66 – apartado 2 quater (nuevo) 2 quater.  El ordenante no soportará consecuencia económica alguna por la utilización de un instrumento de pago extraviado, robado o sustraído si el pago no autorizado resultante se logró mediante un método o una violación de la seguridad ya conocido y documentado durante más de dos años y el proveedor de servicios de pago no mejoró los planes de seguridad para bloquear eficazmente posteriores ataques de ese tipo, salvo en caso de que el propio ordenante haya actuado fraudulentamente. Enmienda 142 Propuesta de Directiva Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 2 A petición del proveedor de servicios de pago, corresponderá al ordenante demostrar que se cumplen tales condiciones. A petición del proveedor de servicios de pago, el ordenante deberá aportar datos factuales referentes a dichas condiciones. Enmienda 143 Propuesta de Directiva Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 3 La devolución abarcará el importe total de la operación de pago ejecutada. Ello implicará que la fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no sea posterior a la fecha en que se haya efectuado el adeudo del importe. suprimido Enmienda 144 Propuesta de Directiva Artículo 67 – apartado 1 – párrafo 4 En lo que respecta a los adeudos domiciliados, el ordenante tendrá un derecho incondicional de devolución dentro de los plazos establecidos en el artículo 68, salvo que el beneficiario ya haya cumplido las obligaciones contractuales y los servicios ya hayan sido recibidos o los bienes consumidos por el ordenante. A petición del proveedor de servicios de pago, corresponderá al beneficiario demostrar que se cumplen las condiciones indicadas en el párrafo tercero. En lo que respecta a los adeudos domiciliados, los Estados miembros velarán por que, además del derecho recogido en el apartado 1, el ordenante tendrá un derecho incondicional de devolución dentro de los plazos establecidos en el artículo 68. Enmienda 145 Propuesta de Directiva Artículo 67 - apartado 3 bis (nuevo) 3 bis.  La devolución abarcará el importe total de la operación de pago ejecutada. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha en que se haya efectuado el adeudo del importe. La ejecución de la devolución de un pago en sí no alterará la reclamación legal subyacente del beneficiario. Enmienda 146 Propuesta de Directiva Artículo 67 – apartado 3 ter (nuevo) 3 ter.  Los Estados miembros pueden permitir a sus proveedores de servicios de pago que ofrezcan unos derechos de devolución más favorables de conformidad con sus sistemas de adeudos domiciliados siempre que sean más ventajosos para el ordenante. Enmienda 147 Propuesta de Directiva Artículo 67 bis (nuevo) Artículo 67 bis Operaciones de pago en las cuales se desconoce previamente el importe de la operación 1.  Para las operaciones de pago en las se desconoce el importe de la operación en el momento de realizar la compra, los Estados miembros establecerán un importe máximo de fondos que pueden bloquearse en la cuenta de pago del ordenante y unos plazos máximos durante los cuales el beneficiario puede bloquear los fondos. 2.  Se exigirá al beneficiario del pago que informe al ordenante si se van a bloquear fondos de la cuenta de pago del ordenante por un importe superior al de la compra antes de realizar la operación. 3.  Si se han bloqueado fondos de la cuenta de pago del ordenante por un importe superior al de la compra, el proveedor de servicios de pago facilitará esta información al ordenante en el extracto de cuenta. Enmienda 148 Propuesta de Directiva Artículo 68 – apartado 1 1.  Los Estados miembros velarán por que el ordenante pueda solicitar la devolución a que se refiere el artículo 67 por una operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través de él, durante un plazo de ocho semanas a partir de la fecha de adeudo de los fondos. 1.  Los Estados miembros velarán por que el ordenante pueda solicitar la devolución a que se refiere el artículo 67 por una operación de pago autorizada iniciada por un beneficiario o a través de él, durante un plazo de al menos ocho semanas a partir de la fecha de adeudo de los fondos. Enmienda 149 Propuesta de Directiva Artículo 69 – apartado 1 1.  Los Estados miembros velarán por que el momento de recepción sea el momento en que la orden de pago iniciada directamente por el ordenante o, por cuenta de este, por un proveedor de servicios de pago tercero, o indirectamente por un beneficiario o a través de él, sea recibida por el proveedor de servicios de pago del ordenante. Si el momento de recepción no cae en un día hábil para el proveedor de servicios de pago del ordenante, la orden de pago se considerará recibida el siguiente día hábil. El proveedor de servicios de pago podrá establecer una hora límite próxima al final del día hábil a partir de la cual cualquier orden de pago que se reciba se considerará recibida el siguiente día hábil. 1.  Los Estados miembros velarán por que el momento de recepción sea el momento en que la orden de pago iniciada directamente por el ordenante o, por cuenta de este, por un proveedor de servicios de pago tercero, o indirectamente por un beneficiario o a través de él, sea recibida por el proveedor de servicios de pago del ordenante. El momento de recepción no puede ser posterior al momento de adeudo en la cuenta del ordenante. Si el momento de recepción no cae en un día hábil para el proveedor de servicios de pago del ordenante, la orden de pago se considerará recibida el siguiente día hábil. El proveedor de servicios de pago podrá establecer una hora límite próxima al final del día hábil a partir de la cual cualquier orden de pago que se reciba se considerará recibida el siguiente día hábil. Enmienda 150 Propuesta de Directiva Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 1 1.   Si el proveedor de servicios de pago se niega a ejecutar una orden de pago, deberá notificar al usuario de servicios de pago su negativa y, en lo posible, los motivos de la misma y el procedimiento para rectificar los posibles errores factuales que la hayan motivado, salvo que lo prohíban otras disposiciones legales nacionales o de la Unión pertinentes. 1.   Si el proveedor de servicios de pago o el proveedor de servicios de pago tercero, según proceda, se niega a ejecutar una orden de pago o a iniciar la operación de pago, deberá notificar al usuario de servicios de pago su negativa y, en lo posible, los motivos de la misma y el procedimiento para rectificar los posibles errores factuales que la hayan motivado, salvo que lo prohíban otras disposiciones legales nacionales o de la Unión pertinentes. Enmienda 151 Propuesta de Directiva Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 3 El contrato marco podrá contener una cláusula que permita al proveedor de servicios de pago cobrar gastos por esta notificación si la negativa está objetivamente justificada. El proveedor de servicios de pago no cobrará gasto alguno al usuario de los servicios de pago por esta notificación. Enmienda 152 Propuesta de Directiva Artículo 73 – apartado 2 2.   Para las demás operaciones de pago se aplicará la presente sección, salvo acuerdo en contrario entre el usuario y el proveedor de servicios de pago, con la excepción del artículo 78, que no está sujeto a la discreción de las partes. No obstante, cuando el usuario y el proveedor de servicios de pago acuerden un plazo superior a los establecidos en el artículo 74 para las operaciones de pago dentro de la Unión, dicho plazo no excederá de cuatro días hábiles a partir del momento de recepción, de conformidad con el artículo 69. 2.   Para las demás operaciones de pago se aplicará la presente sección, salvo acuerdo en contrario entre el usuario y el proveedor de servicios de pago, con la excepción del artículo 78, que no está sujeto a la discreción de las partes. No obstante, cuando el usuario y el proveedor de servicios de pago acuerden un plazo superior a los establecidos en el artículo 74 para las operaciones de pago dentro de la Unión, dicho plazo no excederá de cuatro días hábiles, o el tiempo que permitan otras obligaciones legales cubiertas por la legislación nacional y de la Unión, a partir del momento de recepción, de conformidad con el artículo 69. Enmienda 153 Propuesta de Directiva Artículo 74 – apartado 1 1.   Los Estados miembros exigirán al proveedor de servicios de pago del ordenante que, tras el momento de recepción con arreglo al artículo 69, garantice que el importe de la operación de pago sea abonado en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, a más tardar, al final del día hábil siguiente. Estos plazos podrán prolongarse en un día hábil para las operaciones de pago iniciadas en papel. 1.   Los Estados miembros exigirán al proveedor de servicios de pago del ordenante que, tras el momento de recepción con arreglo al artículo 69, garantice que el importe de la operación de pago sea abonado en la cuenta del proveedor de servicios de pago del beneficiario, a más tardar, al final del día hábil siguiente. Este plazo podrá prolongarse en un día hábil para las operaciones de pago iniciadas en papel. Enmienda 154 Propuesta de Directiva Artículo 79 - apartado 5 bis (nuevo) 5 bis.  Los Estados miembros velarán por que, en caso de que no se logre la recuperación de los fondos de conformidad con el apartado 3, el proveedor de servicios de pago del beneficiario erróneamente abordado esté obligado a facilitar toda la información necesaria al ordenante a fin de ponerse en contacto con el destinatario de los fondos y si es preciso presentar una reclamación legal para recaudarlos. Enmienda 155 Propuesta de Directiva Artículo 80 – apartado 1 – párrafo 3 Cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante o un proveedor de servicios de pago tercero sean responsables con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero o segundo, devolverán sin demora injustificada al ordenante el importe correspondiente a la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa y, en su caso, restituirán la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación de pago defectuosa. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha en que se haya efectuado el adeudo del importe. Cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante o un proveedor de servicios de pago tercero sean responsables con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero o segundo, devolverán sin demora injustificada al ordenante el importe correspondiente a la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa y, en su caso, restituirán la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación de pago defectuosa. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha en que se haya efectuado el adeudo del importe. Si esto ya no es posible técnicamente, el ordenante también será indemnizado por los intereses perdidos. Enmienda 156 Propuesta de Directiva Artículo 80 – apartado 1 – párrafo 6 En el caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de manera defectuosa en la que el ordenante haya iniciado la orden de pago, el proveedor de servicios de pago, previa petición y con independencia de la responsabilidad que se determine con arreglo al presente apartado, tratará inmediatamente de rastrear la operación de pago y notificará al ordenante los resultados. No se cobrará por ello ningún gasto al ordenante. En el caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de manera defectuosa en la que el ordenante haya iniciado la orden de pago, el proveedor de servicios de pago de ordenante, previa petición y con independencia de la responsabilidad que se determine con arreglo al presente apartado, tratará inmediatamente de rastrear la operación de pago y notificará al ordenante los resultados. No se cobrará por ello ningún gasto al ordenante. Enmienda 157 Propuesta de Directiva Artículo 80 – apartado 2 – párrafo 1 2.  En el caso de órdenes de pago iniciadas por el beneficiario o a través de él, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, el artículo 79, apartados 2 y 3, y el artículo 83, el proveedor de servicios de pago será responsable frente al beneficiario de la correcta transmisión de la orden de pago al proveedor de servicios de pago del ordenante, de conformidad con el artículo 74, apartado 3. Cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario sea responsable con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo, volverá inmediatamente a transmitir la orden de pago al proveedor de servicios de pago del ordenante. Cuando la transmisión de la orden de pago se efectúe con retraso, la fecha de valor correspondiente al abono del importe en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior a la fecha de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución correcta. 2.  En el caso de órdenes de pago iniciadas por el beneficiario o a través de él, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, el artículo 79, apartados 2 y 3, y el artículo 83, el proveedor de servicios de pago será responsable frente al beneficiario de la correcta transmisión de la orden de pago al proveedor de servicios de pago del ordenante, de conformidad con el artículo 74, apartado 3. Cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario sea responsable con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo, volverá inmediatamente a transmitir la orden de pago al proveedor de servicios de pago del ordenante. Cuando la transmisión de la orden de pago se efectúe con retraso, la fecha de valor correspondiente al abono del importe en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior a la fecha de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución correcta. Si esto ya no es posible técnicamente, el ordenante también será indemnizado por los intereses perdidos. Enmienda 158 Propuesta de Directiva Artículo 80 – apartado 2 – párrafo 2 Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, el artículo 79, apartados 2 y 3, y el artículo 83, el proveedor de servicios de pago del beneficiario será responsable frente al beneficiario de la tramitación de la operación de pago de conformidad con las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 78. Cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario sea responsable con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo, velará por que el importe de la operación de pago esté a disposición del beneficiario inmediatamente después de que dicho importe sea abonado en su propia cuenta. La fecha de valor correspondiente al abono del importe en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior a la fecha de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución correcta. Además, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 63, el artículo 79, apartados 2 y 3, y el artículo 83, el proveedor de servicios de pago del beneficiario será responsable frente al beneficiario de la tramitación de la operación de pago de conformidad con las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 78. Cuando el proveedor de servicios de pago del beneficiario sea responsable con arreglo a lo dispuesto en el presente párrafo, velará por que el importe de la operación de pago esté a disposición del beneficiario inmediatamente después de que dicho importe sea abonado en su propia cuenta. La fecha de valor correspondiente al abono del importe en la cuenta de pago del beneficiario no será posterior a la fecha de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución correcta. Si esto ya no es posible técnicamente, el ordenante también será indemnizado por los intereses perdidos. Enmienda 159 Propuesta de Directiva Artículo 80 – apartado 2 – párrafo 3 En el caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa con respecto a la cual el proveedor de servicios de pago del beneficiario no sea responsable con arreglo a los párrafos primero y segundo, el proveedor de servicios de pago del ordenante será responsable frente al ordenante. Cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante incurra así en responsabilidad, devolverá al ordenante, según proceda y sin demora injustificada, el importe de la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación de pago defectuosa. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha en que se haya efectuado el adeudo del importe. En el caso de una operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa con respecto a la cual el proveedor de servicios de pago del beneficiario no sea responsable con arreglo a los párrafos primero y segundo, el proveedor de servicios de pago del ordenante será responsable frente al ordenante. Cuando el proveedor de servicios de pago del ordenante incurra así en responsabilidad, devolverá al ordenante, según proceda y sin demora injustificada, el importe de la operación de pago no ejecutada o ejecutada de forma defectuosa restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no haberse efectuado la operación de pago defectuosa. La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a la fecha en que se haya efectuado el adeudo del importe. Si esto ya no es posible técnicamente, el ordenante también será indemnizado por los intereses perdidos. Enmienda 160 Propuesta de Directiva Artículo 80 – apartado 2 – párrafo 4 En el supuesto de que una operación de pago se ejecute con retraso, el ordenante podrá decidir que la fecha de valor correspondiente al abono del importe en la cuenta de pago del beneficiario no sea posterior a la fecha de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución correcta. En el supuesto de que una operación de pago se ejecute con retraso, el ordenante podrá decidir que la fecha de valor correspondiente al abono del importe en la cuenta de pago del beneficiario no sea posterior a la fecha de valor que se habría atribuido al importe en caso de ejecución correcta. Si esto ya no es posible técnicamente, el ordenante también será indemnizado por los intereses perdidos. Enmienda 161 Propuesta de Directiva Artículo 82 – apartado 1 1.   En caso de que la responsabilidad de un proveedor de servicios de pago con arreglo al artículo 80 sea imputable a otro proveedor de servicios de pago o a un intermediario, dicho proveedor de servicios de pago o dicho intermediario indemnizarán al primer proveedor de servicios de pago por las posibles pérdidas en que incurra o las sumas que pague en virtud del artículo 80. Habrá asimismo lugar a indemnización en caso de que alguno de los proveedores de servicios de pago no haga uso de la autenticación fuerte de clientes. 1.   En caso de que la responsabilidad de un proveedor de servicios de pago con arreglo a los artículos 65 y 80 sea imputable a otro proveedor de servicios de pago o a un intermediario, dicho proveedor de servicios de pago o dicho intermediario indemnizarán al primer proveedor de servicios de pago por las posibles pérdidas en que incurra o las sumas que pague en virtud de los artículos 65 y 80. Habrá asimismo lugar a indemnización en caso de que alguno de los proveedores de servicios de pago no haga uso de la autenticación fuerte de clientes. Enmienda 162 Propuesta de Directiva Artículo 82 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  La ABE estará autorizada a iniciar y promover una mediación vinculante para solucionar litigios entre autoridades competentes resultantes del ejercicio de los derechos establecidos en el presente artículo. Enmienda 163 Propuesta de Directiva Artículo 84 – apartado 1 Todo tratamiento de datos personales a los fines de lo dispuesto en la presente Directiva se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE, con las normas nacionales de transposición de dicha Directiva y con el Reglamento (CE) nº 45/2001. 1.  Los Estados miembros autorizarán el tratamiento de datos personales por los sistemas de pago y los proveedores de servicios de pago cuando sea necesario a fin de garantizar la prevención, investigación y descubrimiento del fraude en los pagos. El tratamiento de dichos datos personales se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE, con las normas nacionales de transposición de dicha Directiva y con el Reglamento (CE) nº 45/2001. Enmienda 164 Propuesta de Directiva Artículo 84 - apartado 1 bis (nuevo) 1 bis.  Durante el tratamiento de datos personales a efectos de la presente Directiva, deberán respetarse los principios de necesidad, proporcionalidad, limitación de finalidad y plazo de retención de datos proporcionado; Enmienda 165 Propuesta de Directiva Artículo 84 – apartado 1 ter (nuevo) 1 ter.  En particular, cualquier proveedor, agente, usuario que trate datos personales solo debe acceder, procesar y conservar los datos personales necesarios para realizar sus servicios de pagos. Enmienda 166 Propuesta de Directiva Artículo 84 – apartado 1 quater (nuevo) 1 quater.  La privacidad por diseño/privacidad por defecto se incorporará en todos los sistemas de tratamiento de datos desarrollados y usados en el marco de la presente Directiva; Enmienda 167 Propuesta de Directiva Artículo 84 – apartado 1 quinquies (nuevo) 1 quinquies.  Los documentos a que se refiere el artículo 5, letra j), deben especificar también, entre otras cosas, las medidas destinadas a respetar los principios de seguridad y confidencialidad y aplicar el principio de privacidad por diseño y privacidad por defecto. Enmienda 168 Propuesta de Directiva Artículo 84 – apartado 1 sexies (nuevo) 1 sexies.  El desarrollo de normas y el logro de la interoperabilidad a efectos de la presente Directiva se basarán en una evaluación del impacto sobre la privacidad, que permitirá identificar cuáles son los riesgos asociados a cada una de las opciones técnicas disponibles y qué soluciones pueden aplicarse para minimizar las amenazas a la protección de datos. Enmienda 169 Propuesta de Directiva Artículo 85 – apartado 1 1.  Los proveedores de servicios de pago estarán sujetos a la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada] y, en particular, a los requisitos de gestión del riesgo y de notificación de incidentes contemplados en sus artículos 14 y 15. 1.  Los proveedores de servicios de pago establecerán un marco con medidas paliativas y mecanismos de control adecuados para gestionar los riesgos operativos, incluidos los riesgos de seguridad, relacionados con los servicios de pago que prestan. Como parte de ese marco, los proveedores de servicios de pago establecerán y mantendrán procedimientos eficaces de gestión de incidentes, en particular la detección y clasificación de incidentes graves. Enmienda 170 Propuesta de Directiva Artículo 85 – apartado 2 2.   La autoridad designada en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada] informará sin indebida demora a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la ABE de las notificaciones de incidentes que afecten a la seguridad de las redes y la información recibidas de los proveedores de servicios de pago. 2.   Los proveedores de servicios de pago notificarán sin indebida demora todos los incidentes operativos graves, incluidos los incidentes de seguridad, a la autoridad competente del Estado miembro de origen del proveedor de servicios de pago. Enmienda 171 Propuesta de Directiva Artículo 85 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  Cuando reciba la notificación, la autoridad competente del Estado miembro de origen facilitará, sin indebida demora, los datos pertinentes del incidente a la ABE. Enmienda 172 Propuesta de Directiva Artículo 85 – apartado 3 3.   Al recibir la información, la ABE lo comunicará, si procede, a las autoridades competentes de los demás Estados miembros. 3.   Al recibir la información, la ABE, en cooperación con la autoridad competente en el Estado miembro de origen, analizará la importancia del incidente y, a la luz de ese análisis, lo comunicará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros. Enmienda 173 Propuesta de Directiva Artículo 85 - apartado 3 bis (nuevo) 3 bis.  La autoridad nacional competente actuará preventivamente, si es preciso, y para proteger la seguridad inmediata del sistema financiero. Enmienda 174 Propuesta de Directiva Artículo 85 – apartado 4 4.   Complementariamente a las disposiciones del artículo 14, apartado 4, de la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada], si el incidente de seguridad es susceptible de afectar a los intereses financieros de sus usuarios, el proveedor de servicios de pago notificará a estos sin indebida demora el incidente y les informará sobre las posibles medidas paliativas que, por su parte, puedan adoptar para mitigar las consecuencias adversas del incidente. 4.   Si el incidente de seguridad es susceptible de afectar a los intereses financieros de sus usuarios, el proveedor de servicios de pago notificará a estos sin indebida demora el incidente y les informará sobre todas las medidas paliativas existentes que, por su parte, puedan adoptar para mitigar las consecuencias adversas del incidente. Enmienda 175 Propuesta de Directiva Artículo 85 - apartado 4 bis (nuevo) 4 bis.  La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, y previa consulta al panel consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 3 bis, elaborará directrices que definan el marco para la notificación de los incidentes importantes a los que se hace referencia en los apartados anteriores. Las directrices especificarán el alcance y el tratamiento de la información que deberá presentarse, incluidos los criterios de importancia de los incidentes y plantillas de notificación normalizadas comunes, con vistas a garantizar un proceso de notificación uniforme y eficiente. Enmienda 176 Propuesta de Directiva Artículo 85 – apartado 4 ter (nuevo) 4 ter.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago faciliten periódicamente datos sobre fraude relacionados con diferentes medios de pago a las autoridades nacionales competentes y a la ABE. Enmienda 177 Propuesta de Directiva Artículo 86 – apartado 1 1.   Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago proporcionen anualmente a la autoridad designada en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada] información actualizada sobre la evaluación de los riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de pago que prestan y sobre la adecuación de las medidas paliativas y los mecanismos de control aplicados en respuesta a tales riesgos. La autoridad designada en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada] remitirá sin indebida demora copia de esa información a la autoridad competente del Estado miembro de origen. 1.   Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago proporcionen anualmente a la autoridad competente información actualizada y completa sobre la evaluación de los riesgos operativos y de seguridad asociados a los servicios de pago que prestan y sobre la adecuación de las medidas paliativas y los mecanismos de control aplicados en respuesta a tales riesgos. Enmienda 178 Propuesta de Directiva Artículo 86 – apartado 2 2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada], la ABE, en estrecha cooperación con el BCE, desarrollará directrices en relación con la elaboración, la aplicación y el seguimiento de las medidas de seguridad, incluidos, en su caso, procesos de certificación. En particular, se tendrán en cuenta las normas y/o especificaciones publicadas por la Comisión con arreglo al artículo 16, apartado 2, de la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada]. 2.   La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, desarrollará normas técnicas de ejecución en relación con la elaboración, la aplicación y el seguimiento de las medidas de seguridad, incluidos, en su caso, procesos de certificación. En particular, se tendrán en cuenta las normas y/o especificaciones publicadas por la Comisión así como recomendaciones del Eurosistema del BCE para la seguridad de los pagos por internet en el Foro «SecuRePay». La ABE presentará estos proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el … Se confieren a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Enmienda 179 Propuesta de Directiva Artículo 86 – apartado 3 3.  La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, revisará las directrices periódicamente y, como mínimo, cada dos años. 3.  La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, revisará las normas técnicas de ejecución a las que se hace referencia en el apartado 2 periódicamente y, como mínimo, cada dos años. Enmienda 180 Propuesta de Directiva Artículo 86 – apartado 4 4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Directiva [Directiva SRI] [OP: insértese el número de la Directiva una vez adoptada], la ABE emitirá directrices para facilitar la labor de los proveedores de servicios de pago a la hora de determinar los incidentes importantes y las circunstancias en las que una entidad de pago viene obligada a notificar un incidente de seguridad. Dichas directrices se emitirán, a más tardar, el (insértese la fecha - dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva). 4.  La ABE coordinará la comunicación de información en el ámbito de los riesgos operativos y de seguridad asociados con los servicios de pago con las autoridades competentes y el BCE. Enmienda 181 Propuesta de Directiva Artículo 87 – apartado 2 2.  Cuando un proveedor de servicios de pago preste los servicios a que se refiere el punto 7 del anexo I, deberá autenticarse ante el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del titular de la cuenta. 2.  Cuando un proveedor de servicios de pago preste los servicios a que se refiere el punto 7 del anexo I, deberá autenticarse ante el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta del titular de la cuenta, con arreglo a las normas de comunicación abiertas comunes y seguras definidas en el artículo 94 bis. Enmienda 182 Propuesta de Directiva Artículo 87 – apartado 3 3.   La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, y de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, emitirá directrices destinadas a los proveedores de servicios de pago definidos en el artículo 1, apartado 1, de la presente Directiva en relación con las técnicas más actuales de autenticación de clientes y las posibles exenciones del uso de la autenticación fuerte de clientes. Dichas directrices se emitirán, a más tardar, el (insértese la fecha - dos años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva) y se actualizarán con regularidad, cuando proceda. 3.   La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, y previa consulta al panel consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 3 bis, y de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, emitirá directrices destinadas a los proveedores de servicios de pago definidos en el artículo 1, apartado 1, de la presente Directiva sobre cómo los proveedores de servicios de pago terceros se autenticarán frente a los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta, en relación con las técnicas más actuales de autenticación de clientes y en relación con las posibles exenciones del uso de la autenticación fuerte de clientes. Dichas directrices entrarán en vigor antes de ...* y se actualizarán con regularidad, cuando proceda. __________________ * Fecha de transposición de la presente Directiva (dos años después de la fecha de adopción de la presente Directiva). Enmienda 183 Propuesta de Directiva Artículo 88 – apartado 1 1.   Los Estados miembros velarán por que se establezcan procedimientos que permitan a los usuarios de servicios de pago y demás partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores, presentar reclamaciones a las autoridades competentes en relación con presuntas infracciones, por parte de los proveedores de servicios de pago, de lo dispuesto en la presente Directiva. 1.   Los Estados miembros velarán por que se establezcan procedimientos que permitan a los usuarios de servicios de pago y demás partes interesadas, incluidas las asociaciones de consumidores, presentar reclamaciones a las autoridades competentes o las autoridades de resolución alternativa de litigios (RAL) en relación con presuntas infracciones, por parte de los proveedores de servicios de pago, de lo dispuesto en la presente Directiva. Enmienda 184 Propuesta de Directiva Artículo 89 – apartado 1 1.  Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo de la presente Directiva. Las autoridades competentes adoptarán cuantas medidas resulten necesarias para garantizar dicho cumplimiento. Estas autoridades serán independientes de los proveedores de servicios de pago. Serán autoridades competentes a tenor de lo previsto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1039/2010. 1.  Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo de la presente Directiva. Las autoridades competentes adoptarán cuantas medidas resulten necesarias para garantizar dicho cumplimiento. Estas autoridades serán independientes de los proveedores de servicios de pago. Serán autoridades competentes tal y como se definen en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Enmienda 185 Propuesta de Directiva Artículo 89 – apartado 2 2.  Las autoridades a que se refiere el apartado 1 dispondrán de todas las facultades necesarias para el desempeño de sus funciones. Cuando más de una autoridad competente esté facultada para garantizar y vigilar el cumplimiento efectivo de la presente Directiva, los Estados miembros velarán por que dichas autoridades colaboren estrechamente entre sí, de modo que puedan desempeñar sus respectivos cometidos eficazmente. 2.  Las autoridades a que se refiere el apartado 1 dispondrán de todas las facultades y recursos necesarios para el desempeño de sus funciones. Enmienda 186 Propuesta de Directiva Artículo 89 - apartado 4 bis (nuevo) 4 bis.  La ABE, previa consulta con el BCE, emitirá directrices destinadas a las autoridades competentes, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) nº 1093/2010, sobre los procedimientos de reclamación que deben tomarse en consideración para garantizar la observancia de las disposiciones pertinentes de la presente Directiva establecidas en el apartado 1. Dichas directrices se emitirán, a más tardar, el …* y se actualizarán con regularidad, cuando proceda. __________________ * Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Enmienda 187 Propuesta de Directiva Artículo 90 – apartado 1 1.   Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago implanten procedimientos adecuados y eficaces para resolver las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago en relación con los derechos y obligaciones que se derivan de la presente Directiva. 1.   Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago implanten y apliquen procedimientos adecuados y eficaces para resolver las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago en relación con los derechos y obligaciones que se derivan de la presente Directiva, y controlarán su desempeño a este respecto. Enmienda 188 Propuesta de Directiva Artículo 90 – apartado 2 2.  Los Estados miembros exigirán que los proveedores de servicios de pago procuren en la medida de lo posible responder a las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago por escrito, tratando todas las cuestiones planteadas y en un plazo adecuado, que no podrá exceder de quince días hábiles. En situaciones excepcionales, si no puede ofrecerse una respuesta en el plazo de quince días hábiles por razones ajenas a la voluntad del proveedor de servicios de pago, se le exigirá que envíe una respuesta de trámite, indicando claramente los motivos del retraso en contestar al reclamante y especificando el plazo en el cual el consumidor recibirá la respuesta definitiva. Este plazo no podrá, en ningún caso, exceder de treinta días hábiles adicionales. 2.  Los Estados miembros exigirán que los proveedores de servicios de pago procuren en la medida de lo posible responder a las reclamaciones de los usuarios de servicios de pago por escrito, tratando todas las cuestiones planteadas y en un plazo adecuado, que no podrá exceder de quince días hábiles. En situaciones excepcionales, si no puede ofrecerse una respuesta en el plazo de quince días hábiles por razones ajenas a la voluntad del proveedor de servicios de pago, se le exigirá que envíe una respuesta de trámite, indicando claramente los motivos del retraso en contestar al reclamante y especificando el plazo en el cual el consumidor recibirá la respuesta definitiva. Este plazo no podrá, en ningún caso, exceder de quince días hábiles adicionales. Si un Estado miembro dispone de procedimientos de resolución de reclamaciones más amplios regidos por la autoridad nacional competente, podrán aplicarse las normas del Estado miembro. Enmienda 189 Propuesta de Directiva Artículo 90 – apartado 4 4.   La información a que se refiere el apartado 2 deberá figurar de manera destacada y accesible fácil, directa y permanentemente en el sitio web del proveedor de servicios de pago, cuando disponga de uno, en las condiciones generales del contrato entre el proveedor y el usuario de servicios de pago y en las facturas y los recibos relativos a dichos contratos. En ella se especificará cómo podrá obtenerse información adicional sobre la entidad de recurso extrajudicial considerada y sobre las condiciones para recurrir a ella. 4.   La información a que se refiere el apartado 3 deberá figurar de manera clara, comprensible y fácilmente accesible en el sitio web del comerciante, cuando disponga de uno, y, si procede, en las condiciones generales del contrato de venta de mercancías o prestación de servicios entre el comerciante y el consumidor. Enmienda 190 Propuesta de Directiva Artículo 91 – apartado 1 1.   Los Estados miembros velarán por que se establezcan, con arreglo a la legislación nacional y de la Unión pertinente, procedimientos adecuados y eficaces de reclamación y recurso extrajudiciales con vistas a la resolución de litigios que atañan a los derechos y obligaciones derivados de la presente Directiva entre los usuarios y los proveedores de servicios de pago, utilizando en su caso organismos existentes. Los Estados miembros velarán por que dichos procedimientos sean aplicables a los proveedores de servicios de pago y por que se hagan también extensivos a las actividades de los representantes designados. 1.   Los Estados miembros velarán por que se establezcan, con arreglo a la legislación nacional y de la Unión pertinente, procedimientos adecuados, independientes, imparciales, transparentes y eficaces de reclamación y recurso extrajudiciales con vistas a la resolución de litigios que atañan a los derechos y obligaciones derivados de la presente Directiva entre los usuarios y los proveedores de servicios de pago, utilizando en su caso organismos competentes existentes. Los Estados miembros velarán por que dichos procedimientos sean aplicables y estén disponibles para los usuarios de servicios de pago y para los proveedores de servicios de pago y por que se hagan también extensivos a las actividades de los representantes designados. Enmienda 191 Propuesta de Directiva Artículo 91 - apartado 1 bis (nuevo) 1 bis.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago se adhieran a uno o varios organismos de RAL. Enmienda 192 Propuesta de Directiva Artículo 91 – apartado 2 2.  Los Estados miembros exigirán a los organismos a que se refiere el apartado 1 que cooperen en la resolución de litigios transfronterizos relativos a los derechos y obligaciones que se deriven de la presente Directiva. 2.  Los Estados miembros exigirán a los organismos a que se refiere el apartado 1 que cooperen en la resolución de litigios transfronterizos relativos a los derechos y obligaciones que se deriven de la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que estos organismos tengan suficiente capacidad para iniciar esta cooperación transfronteriza de forma adecuada y eficiente. Enmienda 193 Propuesta de Directiva Artículo 92 - apartado 2 bis (nuevo) 2 bis.  La ABE publicará directrices sobre las sanciones contempladas en el apartado 2 y velará por que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. Enmienda 194 Propuesta de Directiva Título 5 ACTOS DELEGADOS ACTOS DELEGADOS Y NORMAS TÉCNICAS Enmienda 195 Propuesta de Directiva Artículo 93 bis (nuevo) Artículo 93 bis Normas técnicas La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar las condiciones de aplicación de los fondos propios requeridos en los artículos 7 y 8 y de los requisitos de salvaguardia del artículo 9. La ABE presentará dichos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el ... Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados que establezcan las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. Enmienda 196 Propuesta de Directiva Artículo 94 – apartado 5 5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 93 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto una como otra institución informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 93 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. Enmienda 197 Propuesta de Directiva Artículo 94 bis (nuevo) Artículo 94 bis Normas de comunicación abiertas comunes y seguras 1.  La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, y previa consulta al panel consultivo contemplado en el artículo 5, apartado 3 bis, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que adoptarán la forma de normas de comunicación abiertas comunes y seguras para determinar el modo en que los proveedores de servicios de pago gestores de la cuenta y los proveedores de servicios de pago terceros o los emisores de instrumentos de pago terceros se comunicarán entre sí. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación en el plazo de ... *. Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010. 2.  Las normas de comunicación abiertas comunes y seguras a las que se hace referencia en el apartado 1 incluirán especificaciones técnicas y funcionales para transmitir información y se centrarán en la optimización de la seguridad y la eficacia de la comunicación. 3.  Las normas de comunicación abiertas comunes y seguras definirán, en particular, y sobre la base de las disposiciones de los artículos 58 y 87, cómo los proveedores de servicios de pago terceros se autenticarán frente a los proveedores de servicios de pago gestores de cuenta, y cómo los proveedores de servicios de pago terceros notificarán e informarán al proveedor de servicios de pago tercero. 4.  La ABE, en estrecha cooperación con el BCE, velará por que las normas de comunicación abiertas comunes y seguras se elaboren tras una consulta adecuada a todas las partes en el mercado de servicios de pago, incluidas aquellas activas al margen del sector bancario. 5.  Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de pago gestores de la cuenta, los proveedores de servicios de pago terceros y los emisores de instrumentos de pago terceros utilicen las normas de comunicación abiertas comunes y seguras 6.  Las normas de comunicación abiertas comunes y seguras estarán sujetas a una revisión periódica a fin de tener en cuenta las innovaciones y los desarrollos técnicos. 7.  El presente artículo no será obstáculo para la aplicación de las demás obligaciones establecidas en la presente Directiva. _____________________ *Doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva. Enmienda 198 Propuesta de Directiva Artículo 94 ter (nuevo) Artículo 94 ter 1.  La ABE hará pública en su sitio web una lista de todos los proveedores autorizados de servicios de pago en la Unión. 2.  Esta lista incluirá a todos los proveedores autorizados de servicios de pago a los que se haya revocado su licencia y las razones para ello. 3.  Todos los proveedores de servicios de pago ofrecerán en sus sitios web enlaces directos con el sitio web de la autoridad competente de origen en el que se recoja la lista de todos los proveedores de servicios de pago. Enmienda 199 Propuesta de Directiva Artículo 94 quater (nuevo) Artículo 94 quater Obligación de informar a los consumidores de sus derechos 1.  A más tardar el ...* [ la Comisión, previa consulta pública sobre un proyecto, presentará un prospecto electrónico de uso fácil en el que figurarán de manera clara y fácilmente comprensible los derechos de los consumidores en virtud de la presente Directiva y el Derecho de la Unión en la materia. 2.  El prospecto a que se refiere el apartado 1 estará a la disposición de todos los consumidores de la Unión y otras partes interesadas en los sitios web de la Comisión, la ABE y los reguladores bancarios nacionales, y será fácil de descargar y de transferir a otros sitios web. La Comisión informará a los Estados miembros, los proveedores de servicios de pago y las asociaciones de consumidores de la publicación del prospecto. 3.  La totalidad de los proveedores de servicios de pago velarán por que el prospecto esté a disposición de todos los consumidores, incluidos aquellos que no son clientes, en su formato original, por vía electrónica en sus sitios web, y en papel en sus sedes, agencias y las entidades en las que se hayan externalizado sus actividades. En sucursales, agentes y entidades se exhibirá de manera claramente visible por los consumidores una nota claramente legible con el siguiente texto: «Solicite en el mostrador el texto en el que figuran sus derechos como usuario de servicios de pago». En sus sitios web figurará claramente visible la nota siguiente: «Pulse aquí para acceder a sus derechos como usuario de servicios de pago». Los proveedores de servicios velarán también por que sus clientes puedan acceder fácilmente a esta información en todo momento a través de sus cuentas en línea, si las hay. 4.  El prospecto se distribuirá en particular en formato electrónico o en papel cuando el cliente celebre un contrato de cualquier tipo o, en el caso de quienes ya sean clientes en el momento de la publicación del prospecto, mediante notificación en el plazo de un año a partir de la publicación del prospecto por la Comisión. 5.  Todos los proveedores de servicios de pago ofrecerán en sus sitios web enlaces directos con el sitio web de la autoridad competente en el que aparezca la lista de todos los proveedores de servicios de pago. 6.  Los proveedores de servicios de pago no cobrarán a sus clientes por facilitarles información en virtud del presente artículo. 7.  Con respecto a las personas invidentes o con dificultades visuales, las disposiciones del presente artículo deberán aplicarse utilizando los medios alternativos adecuados. ____________________ *Dos años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. Enmienda 200 Propuesta de Directiva Artículo 95 – apartado 2 2.  En caso de que un Estado miembro haga uso de alguna de las opciones contempladas en el apartado 1, informará de ello, así como de los posibles cambios ulteriores, a la Comisión. La Comisión hará pública esta información a través de su sitio web o de cualquier otra forma fácilmente accesible. 2.  En caso de que un Estado miembro haga uso de alguna de las opciones contempladas en el apartado 1, informará de ello, así como de los posibles cambios ulteriores, a la Comisión. La Comisión hará pública esta información a través de su sitio web o de cualquier otra forma fácilmente accesible y notificará simultáneamente al Parlamento Europeo. Enmienda 201 Propuesta de Directiva Artículo 96 - párrafo 1 bis (nuevo) En un plazo de ...*, la Comisión presentará un informe, en su caso acompañado de una propuesta legislativa, sobre las repercusiones de la inclusión de sistemas tripartitos en el ámbito de las disposiciones relativas al acceso a los sistemas de pago, teniendo en cuenta, en particular, el grado de competencia y la cuota de mercado de los sistemas de las tarjetas. ____________ * Dos años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.

(1) De conformidad con el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A7-0169/2014).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 (COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD))

P7_TA(2014)0281 A7-0190/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0627),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0267/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por la Cámara de Representantes irlandesa y el Senado irlandés, el Parlamento maltés, el Consejo Federal austríaco y el Parlamento sueco, en el que se afirma que el proyecto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 21 de enero de 2014(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 31 de enero de 2014(2),

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Cultura y Educación, de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0190/2014),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 3 de abril de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado, y se modifican las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012 y la Decisión nº 243/2012/UE [Enm. 1]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(4),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  Europa debe explotar todos los recursos de crecimiento para salir de la crisis, crear empleo y recuperar su competitividad. La recuperación del crecimiento y la creación de empleo en la Unión es el objetivo de la Estrategia Europa 2020. Además, el ámbito digital se ha convertido en parte del espacio público donde se generan nuevas formas de comercio transfronterizo, y se crean nuevas oportunidades comerciales para las empresas europeas en la economía digital mundial junto con el desarrollo de mercados innovadores e interacción social y cultural. El Consejo Europeo de primavera de 2013 hizo hincapié en la importancia del mercado único digital para el crecimiento y pidió medidas concretas a fin de establecer un mercado único de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) lo antes posible. En consonancia con los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y con esta petición, el presente Reglamento pretende establecer contribuir al establecimiento de un mercado único de comunicaciones electrónicas completando y adaptando el marco regulador de las comunicaciones electrónicas vigente en la Unión (Directivas 2002/19/CE(6), 2002/20/CE(7), 2002/21/CE(8), 2002/22/CE(9), 2002/58/CE(10) del Parlamento Europeo y del Consejo, Directiva 2002/77/CE de la Comisión(11), así como los Reglamentos (CE) n° 1211/2009(12), (UE) n° 531/2012(13) del Parlamento Europeo y del Consejo y Decisión n° 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(14) en ciertos aspectos, y definiendo el contenido general, el objetivo y los plazos de la siguiente revisión de dicho marco. [Enm. 2]

(2)  La Agenda Digital para Europa, una de las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020, ya ha reconocido el papel de las TIC y la conectividad de red como base indispensable para el desarrollo de nuestra economía y nuestra sociedad. Para que Europa coseche los frutos de la transformación digital, la Unión necesita un mercado único de comunicaciones electrónicas dinámico en todos los sectores y en toda Europa. Este verdadero mercado único de comunicaciones será la espina dorsal de una economía digital innovadora e «inteligente» y el fundamento del mercado único digital donde los servicios en línea fluyan libremente a través de las fronteras en un único contexto abierto, normalizado e interoperable. [Enm. 3]

(3)  En un mercado único de comunicaciones electrónicas sin fisuras, deben garantizarse la libertad de suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas a todos los clientes de la Unión y el derecho de los usuarios finales a elegir la mejor oferta disponible en el mercado, que no deben verse obstaculizados por la fragmentación de los mercados con arreglo a las fronteras nacionales. El actual marco regulador de las comunicaciones electrónicas, si bien reconoce y permite condiciones objetivamente diferentes en los Estados miembros, caracterizado como está por regímenes divergencias en la aplicación nacional del régimen de autorización general nacionales, en vez de europeos, regímenes nacionales de asignación de espectro, diferencias en los productos de acceso a disposición de los proveedores de comunicaciones electrónicas en los distintos Estados miembros y distintos conjuntos de normas sectoriales aplicables para la protección de los consumidores, no afronta plenamente esta fragmentación. En muchos casos, las normas de la Unión se limitan a definir una base de referencia y con frecuencia se aplican de distinta forma en los Estados miembros debido a otras causas. Por ejemplo, si bien la Directiva 2002/20/CE (Directiva de autorización)limita el tipo de información que puede solicitarse, doce Estados miembros piden detalles adicionales tales como una categorización de los tipos de actividades previstas, el ámbito geográfico de la actividad, el mercado destinatario, la estructura de la empresa, incluidos los nombres de los accionistas y de los accionistas de los accionistas, la certificación por parte de la Cámara de Comercio y un registro de antecedentes penales del representante de la empresa. Tales requisitos adicionales subrayan la importancia de que la Comisión aplique una política firme en materia de procedimientos de infracción. [Enm. 4]

(4)  Un verdadero mercado único de las comunicaciones electrónicas debe fomentar la competencia, coordinación, la la inversión, y la innovación y más capacidad en nuevas nuevos y mejores redes y servicios mediante el fomento de la integración del mercado y la oferta de servicios transfronterizos, y debe minimizar la carga normativa innecesaria sobre las empresas. Por tanto, debería ayudar a alcanzar los ambiciosos objetivos en materia de banda ancha de alta velocidad establecidos en la Agenda Digital para Europa, y favorecer la aparición de servicios y aplicaciones capaces de explotar datos y formatos abiertos de forma interoperable, normalizada y segura, disponibles con los mismos niveles funcionales y no funcionales en toda la Unión. La creciente disponibilidad de infraestructuras y servicios digitales debe a su vez aumentar las opciones del consumidor, la calidad del servicio y la diversidad de los contenidos, contribuir a la cohesión territorial y social y facilitar la movilidad en toda la Unión. [Enm. 5]

(4 bis)  Como se señala en el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento Europeo (Departamento Temático B - Políticas Estructurales y de Cohesión) titulado «Internet, Agenda Digital y de desarrollo económico de las regiones europeas» («el estudio»), publicado en 2013, un entorno favorable en términos de aceptación y recepción de las TIC y de desarrollo de la sociedad de la información en las regiones es un factor importante, incluso decisivo, ya que el nivel regional es un nivel ideal para el desarrollo de la demanda en materia de TIC. [Enm. 6]

(4 ter)  Como se señala en el estudio, el nivel regional es pertinente para identificar las oportunidades que ofrece la sociedad de la información y para llevar a cabo programas para promover su desarrollo. Este estudio también indica que la interacción entre los distintos niveles de gobernanza tiene un gran potencial de crecimiento. Se deben combinar o, por lo menos, desarrollar en paralelo los enfoques ascendente y descendente con objeto de completar el objetivo de crear un mercado único digital. [Enm. 7]

(4 quater)  A fin de establecer un mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y de fortalecer la cohesión territorial y social es, por tanto, necesario que se aplique la prioridad de inversión 2 a) recogida en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 1301/2013del Parlamento Europeo y del Consejo(15) con vistas a la ampliación de la implantación de la banda ancha y la difusión de redes de alta velocidad y al respaldo a la adopción de tecnologías emergentes y redes para la economía digital, y que se faciliten inversiones en estos ámbitos a todas las regiones europeas, tal como se estipula en el artículo 4 de dicho Reglamento. [Enm. 8]

(4 quinquies)  Las inversiones en las infraestructuras de nueva generación, esenciales para que los ciudadanos de la Unión puedan beneficiarse de los nuevos servicios innovadores, no deben limitarse a las zonas centrales o densamente pobladas en las que se rentabilizarán con facilidad. También deben ampliarse de manera simultánea a las regiones periféricas y ultraperiféricas, escasamente pobladas y menos desarrolladas para no agravar todavía más sus desventajas de desarrollo. [Enm. 9]

(5)  Las ventajas derivadas de un mercado único de comunicaciones electrónicas deben extenderse al ecosistema digital general que engloba a los fabricantes de equipos de la Unión, los proveedores de contenidos, y aplicaciones y software, y la economía en general, abarcando sectores como la educación, la banca, la automoción, la logística, la distribución minorista, la energía, la medicina, la movilidad y el transporte, y la gestión inteligente de emergencias y catástrofes naturales, que dependen de la conectividad y el ancho de banda para mejorar su productividad, calidad y oferta al usuario final, a través de, por ejemplo, aplicaciones en nube ubicuas, análisis avanzado de los grandes datos procedentes de las redes de comunicación, objetos conectados e interoperables y posibilidades de prestación de servicios integrados a distintas partes de la empresa transfronterizos, con vistas a una interoperabilidad abierta y normalizada de los sistemas y en un contexto de libre acceso a los datos. Los ciudadanos, las administraciones públicas y el sector sanitario también deben beneficiarse de una mayor oferta de servicios de administración y sanidad electrónicas. También la oferta de contenidos y servicios culturales y educativos, y la diversidad cultural en general, puede verse potenciada en un mercado único de comunicaciones electrónicas. El suministro de conectividad comunicaciones a través de redes y servicios de comunicaciones electrónicas reviste tal importancia para la economía y la sociedad en general y las ciudades inteligentes del futuro que deben evitarse las cargas sectoriales injustificadas, ya sean reguladoras o de otra índole. [Enm. 10]

(6)  El presente Reglamento obedece al propósito de completar el avanzar en la realización del mercado único de comunicaciones electrónicas a través de medidas en tres amplios ejes interrelacionados. En primer lugar, debe asegurar reafirmar la libertad de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a través de las fronteras y redes en los distintos Estados miembros, basándose en el concepto de una autorización única de la UE que establece las condiciones para garantizar una mayor coherencia y previsibilidad en el contenido y mediante la armonización y la simplificación de la aplicación del régimen de la normativa sectorial en toda la Unión autorización general. En segundo lugar, es necesario posibilitar el acceso en abordar la cuestión de las condiciones mucho más convergentes a los insumos esenciales y los procedimientos de adjudicación de las licencias de espectro para el suministro transfronterizo de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, no solo para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, para las que es fundamental un así como la utilización del espectro con y sin licencia, sino también para la conectividad de las líneas fijas.

En tercer lugar, en aras de la armonización de las condiciones comerciales y el fomento de la confianza de los ciudadanos, el presente Reglamento debe armonizar abordar las normas de protección de los usuarios finales, en especial los consumidores. Entre estas se incluyen normas sobre no discriminación, información contractual, resolución de contratos y cambio de proveedor, además de normas sobre el acceso a contenidos, aplicaciones y servicios en línea, y sobre gestión del tráfico y normas compartidas y comunes en materia de intimidad de los usuarios, protección de los datos y seguridad que, además de proteger a los usuarios finales, garantizan simultáneamente el funcionamiento continuo del ecosistema de Internet como motor de innovación. Por otro lado, las nuevas reformas en el ámbito con vistas a la eliminación de la itinerancia deberían dar a los usuarios finales la confianza para seguir conectados cuando viajan en la Unión y convertirse con el tiempo en un motor de la convergencia de los precios y otras condiciones en la Unión sin soportar recargos sobre las tarifas que pagan en el Estado miembro de celebración del contrato. [Enm. 11]

(7)  Por lo tanto, el presente Reglamento debe complementar al completar el marco regulador vigente en la Unión y a las legislaciones nacionales aplicables adoptadas de conformidad con el Derecho de la Unión mediante el establecimiento la introducción de ciertas medidas concretas que establezcan de derechos y obligaciones específicos de los proveedores de comunicaciones electrónicas y los usuarios finales y mediante la modificación consiguiente de las Directivas vigentes y del Reglamento (UE) nº 531/2012, a fin de asegurar una mayor convergencia y algunos cambios sustantivos coherentes con un mercado único más competitivo. [Enm. 12]

(8)  Las medidas previstas en el presente Reglamento respetan el principio de neutralidad tecnológica, es decir, no imponen el uso de ningún tipo particular de tecnología ni discriminan a su favor.

(9)  El suministro Un cierto grado de armonización de la autorización general, que incluya al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) como receptor de comunicaciones electrónicas transfronterizas sigue estando sujeto a mayores cargas que las que se limitan a las fronteras nacionales. En particular, los proveedores transfronterizos siguen teniendo que efectuar notificaciones y abonar tasas en los distintos Estados miembros de acogida. Los titulares de una autorización única de la UE quedarán sujetos a un sistema único de notificación en el Estado miembro de su principal establecimiento (Estado miembro de origen), con lo que se reducirá la carga administrativa de los operadores transfronterizos. La autorización única de la UE debe aplicarse a cualquier empresa que suministre o tenga previsto las notificaciones, debe asegurar aún más la eficacia real de la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas en más de un Estado miembro, habilitándola para disfrutar de los derechos inherentes a la libertad de suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas de conformidad con el presente Reglamento en cualquier Estado miembro. Una autorización única de la UE que defina el marco jurídico aplicable a los operadores de comunicaciones electrónicas que presten servicios entoda la Unión.

Además, la notificación no constituye un requisito obligatorio para beneficiarse del régimen de autorización general y no todos los Estados miembros con arreglo a una autorización general la exigen. Como el requisito de una notificación impone una carga administrativa en el operador, los Estados miembros que la exijan deberán demostrar que está justificada, en consonancia con la política en el Estado miembro operador, los Estados miembros que la exijan deberán demostrar que está justificada, en consonancia con la política de origen debe garantizar la eficacia de la libertad de suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas en toda la UniónUnión de eliminación de la carga normativa innecesaria. Debe exigirse a la Comisión que evalúe dichos requisitos y, si procede, debe facultársele para que pueda pedir su supresión. [Enm. 13]

(10)  El suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas transfronterizos puede adoptar diversas formas, dependiendo de varios factores como el tipo de red y de servicios suministrados, la extensión de las infraestructuras físicas necesarias o el número de abonados en los distintos Estados miembros. La intención de prestar servicios de comunicaciones electrónicas transfronterizos o de explotar una red de comunicaciones electrónicas en más de un Estado miembro puede demostrarse mediante actividades como la negociación de acuerdos sobre acceso a redes en un Estado miembro determinado o la comercialización a través de un sitio web en el idioma del Estado miembro de destino. [Enm. 14]

(11)  Independientemente de la forma elegida por el proveedor para explotar las redes de comunicaciones electrónicas o prestar servicios de comunicaciones electrónicas transfronterizos, el régimen regulador aplicable a este debe ser neutral respecto a las opciones comerciales que subyacen a la organización de las funciones y actividades en todos los Estados miembros. Por lo tanto, sea cual sea la estructura corporativa de la empresa, deberá considerarse que el Estado miembro de origen de un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas es el Estado miembro en el que se toman las decisiones estratégicas relativas al suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas. [Enm. 15]

(12)  La autorización única de la UE debe basarse en la autorización general del Estado miembro de origen. No debe estar sujeta a condiciones que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor que no sea específica del sector de las comunicaciones electrónicas. Además, las disposiciones del presente Reglamento y del Reglamento (UE) nº 531/2012 deben aplicarse también a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas. [Enm. 16]

(13)  La mayoría de las condiciones sectoriales específicas, por ejemplo respecto al acceso a las redes o la seguridad e integridad de las mismas o el acceso a los servicios de emergencia, están estrechamente vinculadas al lugar en el que se localiza la red o se presta el servicio. Por lo tanto, un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas puede estar sujeto a condiciones aplicables en los Estados miembros en los que desarrolla su actividad, en la medida en que el presente Reglamento no disponga otra cosa. [Enm. 17]

(14)  Cuando los Estados miembros exijan una contribución del sector para financiar las obligaciones del servicio universal y los gastos administrativos de las autoridades nacionales de reglamentación, los criterios y procedimientos de prorrateo de las contribuciones deben ser proporcionados y no discriminatorios con respecto a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas, a fin de no obstaculizar la entrada al mercado transfronterizo, en particular de los nuevos y los pequeños operadores; por lo tanto, las contribuciones individuales de las empresas deben tener en cuenta la cuota de mercado del contribuyente en cuanto a volumen de negocios en el Estado miembro pertinente y deben estar sujetas a la aplicación de un umbral de minimis.

(15)  El principio de igualdad de trato es un principio general del Derecho de la Unión Europea consagrado en los artículos 20 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Según jurisprudencia consolidada, ese principio exige que las situaciones comparables no sean tratadas de manera diferente, y que las situaciones distintas no sean tratadas de la misma forma, salvo que dicho trato se justifique objetivamente. Es necesario garantizar que, en circunstancias similares, no haya discriminación en el trato dispensado a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas por parte de los distintos Estados miembros y que se apliquen prácticas reguladoras coherentes en el mercado único, en particular en lo que se refiere a las medidas que se inscriben en el ámbito de aplicación de los artículos 15 o 16 de la Directiva 2002/21/CE o los artículos 5 u 8 de la Directiva 2002/19/CE. Por consiguiente, los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas deben tener derecho a un trato igualitario en los distintos Estados miembros en situaciones objetivamente equivalentes, con el fin de posibilitar más operaciones multiterritoriales integradas. Además, en tales casos deben existir procedimientos específicos a nivel de la Unión para revisar los proyectos de decisión sobre soluciones en el sentido del artículo 7 bis de la Directiva 2002/21/CE, con objeto de evitar divergencias injustificadas en las obligaciones aplicables a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas en los distintos Estados miembros. [Enm. 18]

(16)  Debe preverse la distribución de las competencias reguladoras y de supervisión entre el Estado miembro de origen y los Estados miembros de acogida de los proveedores de comunicaciones electrónicas con vistas a reducir las barreras de entrada y garantizar al mismo tiempo que se cumplan adecuadamente las condiciones aplicables al suministro de servicios y redes de comunicaciones electrónicas por parte de dichos proveedores. Por lo tanto, aunque cada autoridad nacional de reglamentación debe supervisar el cumplimiento de las condiciones aplicables en su territorio de conformidad con la legislación de la Unión, incluso por medio de sanciones y medidas provisionales, únicamente la autoridad nacional de reglamentación del Estado miembro de origen debe tener derecho a suspender o retirar el derecho de un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas a suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la totalidad o en parte de la Unión. [Enm. 19]

(17)  El espectro radioeléctrico es un bien público y un recurso esencial finito vital para el logro de numerosos objetivos sociales, culturales y económicos para el mercado interior de comunicaciones móviles, inalámbricas de banda ancha, de difusión audiovisual y por satélite de la Unión. La política del espectro radioeléctrico en la Unión debe contribuir a la libertad de expresión, que incluye la libertad de opinión y la libertad de recibir y difundir información e ideas, con independencia de las fronteras, así como la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. El desarrollo de las comunicaciones inalámbricas de banda ancha contribuye a la ejecución de la Agenda Digital para Europa y en particular al objetivo de asegurar el acceso de todos los ciudadanos de la Unión a la banda ancha con una velocidad mínima de 30 Mbps para 2020, así como de dotar a la Unión de una velocidad y capacidad de banda ancha lo más elevadas posibles. Sin embargo, mientras algunas regiones de la Unión están muy avanzadas, tanto en lo que se ha quedado por detrás de otras importantes regiones mundiales —América del Norte, África y partes de Asia— en cuanto a implantación y penetración refiere a los objetivos políticos de la Agenda Digital para Europa como en general, otras se han ido quedando atrás. Esto se debe, en particular, a la fragmentación del proceso utilizado por la Unión a fin última generación de tecnologías inalámbricas de facilitar un espectro especialmente adaptado para el acceso inalámbrico de banda ancha necesaria para lograr de alta velocidad, que dificulta que la Unión en su conjunto logre estos objetivos políticos.

El proceso fragmentado de autorización y puesta a disposición de la banda de 800 MHz para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, dado que más de la mitad de los Estados miembros han solicitado obtenido una exención por parte de la Comisión o no van a cumplir el plazo establecido en la Decisión nº 243/2012/UE atestigua la urgencia de medidas incluso en vigencia del actual Programa de Política del Espectro Radioeléctrico . También muestra la necesidad de que la Comisión ejerza mejor sus competencias, un ejercicio de una importancia crucial para que las medidas de la Unión se ejecuten con lealtad y para que exista una cooperación sincera entre los Estados miembros. Los serios esfuerzos de la Comisión por reforzar las medidas ya adoptadas por la Unión destinadas a armonizar las condiciones de disponibilidad y eficiencia del uso del espectro radioeléctrico para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha en virtud de la Decisión nº 676/2002/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo(16) no han sido suficientes para atajar deben contribuir por sí mismas de manera sustancial a la resolución de este problema. [Enm. 20]

(17 bis)  El comercio y el alquiler de espectro armonizado para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha incrementarán la flexibilidad y posibilitarán un reparto más eficiente de espacio del espectro. Por consiguiente, deben fomentarse y estimularse, también garantizando que todos los derechos de uso, incluso los ya otorgados, tengan una duración suficientemente larga. [Enm. 21]

(18)  La aplicación de políticas nacionales diversas genera incoherencias y una fragmentación del mercado interior que impiden la implantación de servicios en toda la Unión y la consecución del mercado interior de comunicaciones inalámbricas de banda ancha. En particular, podría crear condiciones desiguales de acceso a dichos servicios, obstaculizar la competencia entre las empresas establecidas en distintos Estados miembros y desalentar la inversión en redes y tecnologías más avanzadas y la aparición de servicios innovadores, privando así a los ciudadanos y las empresas de servicios ubicuos integrados de alta calidad y a los operadores inalámbricos de banda ancha de una mayor eficiencia derivada de operaciones a gran escala más integradas. Por lo tanto, la actuación a nivel de la Unión en relación con determinados aspectos de la asignación del espectro radioeléctrico debe acompañar al desarrollo en toda la Unión de una amplia cobertura integrada de servicios de comunicaciones inalámbricas de banda ancha avanzadas. Al mismo tiempo, es necesaria la flexibilidad suficiente para dar cabida a los requisitos nacionales específicos y los Estados miembros deben conservar el derecho a adoptar medidas para organizar sus espectros radioeléctricos con fines de orden público y seguridad pública y de defensa, y para salvaguardar y promover objetivos de interés general, como la diversidad lingüística y cultural y el pluralismo de los medios de comunicación. [Enm. 22]

(19)  Los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, incluidos los operadores móviles o sus consorcios, deben poder organizar de manera colectiva la cobertura eficiente, con tecnología moderna, avanzada y asequible de una gran parte del territorio de la Unión, lo que redundaría en beneficio a largo plazo de los usuarios finales, y por lo tanto utilizar el espectro radioeléctrico en varios Estados miembros de la Unión con unas condiciones, procedimientos, costes, plazos y duración en las bandas armonizadas similares y con paquetes complementarios de espectro radioeléctrico, como una combinación de frecuencias más altas y más bajas para cubrir las zonas con gran densidad de población y las menos pobladas. Las iniciativas en favor de una mayor coordinación y coherencia también mejorarían la previsibilidad del entorno de la inversión en redes. Esta previsibilidad también se vería enormemente favorecida por una política clara que propicie la larga duración de los derechos de uso relacionados con el espectro radioeléctrico, sin perjuicio del carácter indefinido de estos derechos en algunos Estados miembros, vinculada a su vez a la mejora de las condiciones claras de transferencia, arrendamiento y uso compartido de parte o de todo el espectro radioeléctrico sujeto a este tipo de derecho individual de uso. [Enm. 23]

(20)  Conviene mejorar la coordinación y la coherencia de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, al menos en el caso de las bandas que se han armonizado para las comunicaciones de banda ancha inalámbricas, fijas, nómadas y móviles. Entre ellas se incluyen las bandas identificadas por la UIT para los sistemas de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT) Avanzadas así como las bandas utilizadas para redes de área local radioeléctricas (RLAN), por ejemplo las de 2,4 GHz y 5 GHz. También debe extenderse a las bandas que pueden armonizarse en el futuro para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha, como contempla el artículo 3, letra b), del PPER y el dictamen del RSPG sobre los retos estratégicos a los que se enfrenta Europa al abordar la creciente demanda de espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica aprobado el 13 de junio de 2013, como por ejemplo las bandas de 700 MHz, 1,5 GHz y 3,8-4,2 GHz, en el futuro cercano.Considerando el significativo impacto societal, cultural, social y económico de las decisiones relativas al espectro, estas decisiones deben tener debidamente en cuenta las consideraciones a que se refiere el artículo 8 bis de la Directiva 2002/21/CE y, si procede, los objetivos de interés general a que se refiere el artículo 9, apartado 4, de dicha Directiva. [Enm. 24]

(21)  La coherencia entre los distintos procedimientos nacionales de asignación del espectro radioeléctrico se favorecería mediante disposiciones más explícitas sobre los criterios relacionados con el calendario de los procedimientos de autorización; la duración de los derechos de uso concedidos, las tasas y las modalidades de pago; las obligaciones de capacidad y cobertura; la definición de la gama del espectro radioeléctrico y los bloques de espectro sujetos al procedimiento de concesión; los requisitos mínimos objetivos para el fomento de la competencia efectiva; y las condiciones de comerciabilidad de los derechos de uso, incluidas las condiciones de uso compartido.

(22)  La limitación de la carga de las tasas a lo necesario para la gestión óptima del espectro radioeléctrico, con un equilibrio entre los pagos inmediatos y las tasas periódicas, alentaría la inversión en la implantación de infraestructuras y tecnologías y el traslado a los usuarios finales de las ventajas de costes asociadas.

(23)  La mayor sincronización de las asignaciones del espectro radioeléctrico y la consiguiente implantación de la banda ancha inalámbrica en toda la Unión propiciarían la consecución de efectos de escala en sectores relacionados como los equipos de red y los dispositivos terminales. Estos sectores podrían a su vez tener en cuenta las iniciativas y políticas de la Unión relativas al uso del espectro radioeléctrico en mayor medida que hasta ahora. Por lo tanto, debe establecerse un procedimiento de armonización de los plazos de asignación y una duración mínima o común de los derechos de uso de estas bandas.

(24)  En cuanto a las demás condiciones sustantivas principales que pueden asociarse al uso del espectro radioeléctrico para La banda ancha inalámbrica, la aplicación convergente de los principios reguladores y los criterios establecidos en el presente Reglamento marco regulador de la Unión por parte de los Estados miembros se vería favorecida con un mecanismo de coordinación mediante el que la Comisión y las autoridades competentes de los demás Estados miembros tuvieran la oportunidad de formular observaciones antes de la concesión de derechos de uso por parte de un Estado miembro determinado, y a través del cual la Comisión tuviera la oportunidad, teniendo en cuenta las opiniones de los Estados miembros, de impedir la aplicación de cualquier propuesta que parezca contraria al Derecho de la Unión. [Enm. 25]

(25)  Considerando el enorme crecimiento de la demanda de espectro radioeléctrico para la banda ancha inalámbrica, deben promoverse alentarse y no excluirse soluciones para un acceso alternativo espectralmente eficiente a la banda ancha inalámbrica. Esto actualmente incluye el uso de los sistemas de acceso inalámbrico de baja potencia y con pequeño radio de alcance, como los llamados «hotspots» de redes de área local radioeléctricas (RLAN, también denominadas Wi-Fi), así como las redes de puntos de acceso celulares de pequeño tamaño y baja potencia (también denominadas femtoceldas, picoceldas o metroceldas), sin limitarse a lo mencionado. Es preciso alentar y hacer posible el acceso dinámico al espectro, también exento de licencia, y otras tecnologías y usos innovadores del espectro. [Enm. 26]

(26)  Los sistemas de acceso inalámbrico complementarios como el RLAN, en particular los puntos de acceso RLAN públicos, permiten un acceso cada vez mayor de los usuarios finales a Internet y permiten aliviar el tráfico móvil de los operadores móviles utilizando recursos armonizados de espectro radioeléctrico sin requerir una autorización individual o un derecho de uso del espectro radioeléctrico.

(27)  La mayoría de los puntos de acceso RLAN han sido utilizados hasta ahora por usuarios privados como extensión inalámbrica local de su conexión fija a banda ancha. Si los usuarios finales, dentro de los límites de su propio abono a Internet, deciden compartir el acceso a su RLAN con otros, la disponibilidad de un mayor número de puntos de acceso, en particular en las zonas con gran densidad de población, debería maximizar la capacidad inalámbrica de datos a través de la reutilización del espectro radioeléctrico y crear una infraestructura de banda ancha inalámbrica complementaria y rentable accesible a otros usuarios finales. Por lo tanto, deben eliminarse o evitarse las restricciones innecesarias que impiden a los usuarios finales compartir el acceso a sus propios RLAN con otros usuarios finales o conectarse a dichos puntos de acceso.

(28)  Además, deben eliminarse las restricciones innecesarias al despliegue e interconexión de puntos de acceso RLAN. Las autoridades públicas o los proveedores de servicios públicos utilizan cada vez más los puntos de acceso RLAN en sus dependencias para fines propios, por ejemplo para su uso por el personal, para facilitar mejor el acceso económico in situ de los ciudadanos a los servicios de administración electrónica o para apoyar la prestación de servicios públicos inteligentes con información en tiempo real, por ejemplo para el transporte público o la ordenación del tráfico. Estos organismos también podrían dar acceso a estos puntos al conjunto de la ciudadanía como servicio complementario a los servicios ofrecidos al público en dichas dependencias, y deberían poder hacerlo de conformidad con las normas de competencia y de contratación pública. La facilitación de acceso local a redes de comunicaciones electrónicas dentro o alrededor de una propiedad privada o una zona pública limitada como servicio complementario a otra actividad que no dependa de dicho acceso, por ejemplo los puntos de acceso RLAN a disposición de los clientes de otras actividades comerciales o al público general en esa zona, no debería catalogar al proveedor como proveedor de comunicaciones electrónicas.

(29)  Los puntos de acceso inalámbrico de baja potencia para pequeñas áreas son equipos muy pequeños y discretos similares a los enrutadores Wi-Fi domésticos, para los que deben especificarse características técnicas a nivel de la Unión respecto a su instalación y uso en distintos contextos locales sujetos a una autorización general, sin restricciones indebidas de planificación individual u otros permisos. Debe asegurarse la proporcionalidad de las medidas que especifican las características técnicas para que dicho uso se beneficie de la autorización general a través de características que sean significativamente más restrictivas que los umbrales máximos aplicables en las medidas de la Unión relativas a parámetros como la potencia de salida.

(30)  Los Estados miembros deben garantizar que la gestión del espectro radioeléctrico a escala nacional no impida a otros Estados miembros utilizar el espectro al que tienen derecho o cumplir sus obligaciones relativas a las bandas cuyo uso se ha armonizado a nivel de la Unión. Sobre la base de las actividades del RSPG, es necesario un mecanismo de coordinación para asegurar que cada Estado miembro disponga de un acceso equitativo al espectro radioeléctrico y que los resultados de la coordinación sean coherentes y aplicables. [Enm. 27]

(31)  La experiencia en la aplicación del marco regulador de la Unión indica que las disposiciones vigentes que exigen la aplicación coherente de las medidas reguladoras y del objetivo de contribuir al desarrollo del mercado interior no han creado incentivos suficientes para diseñar productos de acceso basados en normas y procesos armonizados, en particular en relación con las redes fijas. Al desarrollar su actividad en distintos Estados miembros, los operadores tienen dificultades para encontrar insumos de acceso con niveles de calidad e interoperabilidad de redes y servicios adecuados y, cuando existen, estos insumos presentan distintas características técnicas. Esto incrementa los costes y constituye un obstáculo a la prestación de servicios a través de las fronteras nacionales. [Enm. 28]

(32)  La integración del mercado único de comunicaciones electrónicas se agilizaría con el establecimiento de un marco que definiera determinados productos virtuales europeos esenciales, particularmente importantes para que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas presten servicios transfronterizos y adopten una estrategia paneuropea en un entorno basado cada vez más exclusivamente en IP, sobre la base de unos parámetros fundamentales y características mínimas. [Enm. 29]

(33)  Deben atenderse las necesidades operativas a las que sirven los diversos productos virtuales. Los productos europeos de acceso virtual de banda ancha deberían estar disponibles en los casos en los que se exija a un operador con peso significativo en el mercado ofrecer acceso en condiciones reguladas a un punto de acceso específico en su red de conformidad con la Directiva marco y la Directiva de acceso. En primer lugar, debe facilitarse la entrada transfronteriza eficiente mediante productos armonizados que permitan a los proveedores transfronterizos la prestación inicial de servicios a sus clientes finales sin dilación y con una calidad suficiente y previsible, incluidos servicios a empresas con presencia en múltiples Estados miembros, cuando sea necesario y proporcionado con arreglo al análisis de mercado. Estos productos armonizados deben estar disponibles durante un periodo suficiente con el fin de permitir a los demandantes y los proveedores de acceso planificar inversiones a medio y largo plazo. [Enm. 30]

(34)  En segundo lugar, los productos de acceso virtual sofisticados que requieren un mayor nivel de inversión por parte de los demandantes de acceso y les permiten un mayor nivel de control y diferenciación, en particular al ofrecer acceso a un nivel más local, son fundamentales para crear unas condiciones de competencia sostenible en todo el mercado interior. Por lo tanto, también deben armonizarse para facilitar la inversión transfronteriza estos productos fundamentales de acceso al por mayor a las redes de acceso de nueva generación (NGA). Dichos productos de acceso virtual de banda ancha deben diseñarse de forma que tengan funcionalidades equivalentes para la desagregación física, con el fin de ampliar la gama de posibles soluciones al por mayor disponibles para su consideración por parte de las autoridades nacionales de reglamentación en la evaluación de la proporcionalidad de conformidad con la Directiva 2002/19/CE. [Enm. 31]

(35)  En tercer lugar, también es necesario armonizar un producto de acceso al por mayor para los segmentos de terminación de líneas arrendadas con interfaces mejoradas, a fin de posibilitar la prestación transfronteriza de servicios de conectividad vitales para las empresas usuarias más exigentes. [Enm. 32]

(35 bis)  Es preciso armonizar las condiciones con respecto a los productos mayoristas de alta calidad utilizados para la prestación de servicios a las empresas con objeto de hacer posible la prestación de servicios sin fisuras a las empresas transfronterizas y multinacionales en toda la Unión Europea. Esta armonización podría desempeñar un papel significativo en cuanto a competitividad de las empresas de la UE en relación a los costes de las comunicaciones. [Enm. 33]

(36)  En un contexto de migración progresiva a las «redes exclusivamente IP», la ausencia de productos de conectividad basados en el protocolo IP para las distintas clases de servicios con una calidad de servicio garantizada que permitan vías de comunicación a través de los dominios de red y de las fronteras de red, tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos, impide el desarrollo de aplicaciones que dependan del acceso a otras redes, limitando así la innovación tecnológica. Además, esta situación impide la difusión a mayor escala de las eficiencias asociadas a la gestión y el suministro de redes y productos de conectividad basados en el IP con un nivel de calidad de servicio garantizado, en concreto una mayor seguridad, fiabilidad, flexibilidad, rentabilidad y un suministro más rápido, que beneficien a operadores, proveedores de servicios y usuarios finales. Por lo tanto, es necesario un enfoque armonizado con respecto al diseño y la disponibilidad de estos productos en condiciones razonables que incluya, cuando se solicite, la posibilidad de suministro cruzado por las empresas de comunicaciones electrónicas en cuestión. [Enm. 34]

(37)  El establecimiento de productos europeos de acceso virtual de banda ancha al amparo del presente Reglamento debe quedar reflejado en una evaluación realizada por las autoridades nacionales de reglamentación de las soluciones más adecuadas de acceso a las redes de los operadores que tienen un peso significativo en el mercado, evitando al mismo tiempo el exceso de regulación a través de la multiplicación innecesaria de los productos de acceso al por mayor, bien impuesto en virtud del análisis de mercado, bien previsto en otras condiciones. En particular, la introducción de productos europeos de acceso virtual no debería, por sí misma, dar lugar a un aumento del número de productos de acceso regulados impuestos a un operador determinado. Además, la necesidad de que las autoridades nacionales de reglamentación, tras la adopción del presente Reglamento, evalúen si debe imponerse un producto de acceso virtual de banda ancha en lugar de las soluciones de acceso al por mayor existentes, así como de que evalúen si conviene imponer un producto de acceso virtual de banda ancha europeo en el contexto de futuros análisis del mercado cuando se detecte un peso significativo en el mercado, no debe afectar a su responsabilidad para encontrar la medida correctora más adecuada y proporcionada para hacer frente al problema de competencia detectado de conformidad con el artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE. [Enm. 35]

(38)  En aras de la previsibilidad reglamentaria, también deben reflejarse en la legislación los elementos fundamentales de la evolución de la práctica decisoria con arreglo al marco jurídico actual que afectan a las condiciones en las que se facilitan productos de acceso al por mayor, incluidos productos europeos de acceso virtual de banda ancha, a las redes NGA. Entre ellos deben incluirse disposiciones que reflejen la importancia, para el análisis de los mercados de acceso al por mayor y en particular para determinar la necesidad de controles de precios en dicho acceso a las redes NGA, de la relación entre la presión competitiva de las infraestructuras alternativas fijas e inalámbricas, las garantías efectivas de acceso no discriminatorio y el nivel existente de competencia en cuanto a precio, elección y calidad a escala minorista. Esta última consideración determina a la larga el beneficio para los usuarios finales. Por ejemplo, al llevar a cabo la evaluación caso por caso con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2002/21/CE, y sin perjuicio de la evaluación relativa al peso significativo en el mercado, las autoridades nacionales de reglamentación podrán considerar que, estando presentes dos redes NGA fijas, las condiciones del mercado son suficientemente competitivas para permitir la mejora de la red y evolucionar hacia el suministro de servicios ultrarrápidos, que es un parámetro importante de la competición a nivel minorista. [Enm. 36]

(39)  Se espera que la intensificación de la competencia en el mercado único lleve con el tiempo a una reducción de la regulación sectorial específica basada en el análisis de mercado. En efecto, uno de los resultados de la consecución del mercado único debe ser una mayor tendencia a la competencia efectiva en los mercados correspondientes, donde la aplicación ex post de la legislación en materia de competencia se considere cada vez más suficiente para garantizar el funcionamiento del mercado. Para asegurar la claridad y la previsibilidad jurídicas de los enfoques reguladores transfronterizos, deben preverse unos criterios claros y vinculantes sobre la forma de evaluar si en un determinado mercado se sigue justificando la imposición de obligaciones reguladoras ex-ante, en referencia a la durabilidad de los puntos de estrangulamiento y las perspectivas de competencia, en particular de competencia basada en infraestructuras, y las condiciones de competencia a escala minorista en función de parámetros como el precio, las opciones y la calidad, que es lo importante en última instancia para los usuarios finales y para la competitividad mundial de la economía de la UE. Esta debe ser la base de las sucesivas revisiones de la lista de mercados susceptibles de regulación ex ante y debe ayudar a los reguladores nacionales a centrar sus esfuerzos allí donde la competencia todavía no sea eficaz y hacerlo de manera convergente. El establecimiento de un verdadero mercado único de comunicaciones electrónicas puede además afectar al ámbito geográfico de los mercados a efectos tanto de la regulación sectorial basada en los principios de competencia como de la aplicación de la propia legislación en materia de competencia.

(40)  Las diferencias en la aplicación nacional de las normas sectoriales de protección del usuario final crean importantes obstáculos al mercado único digital, en particular al aumentar los costes de cumplimiento para los proveedores de comunicaciones electrónicas al público que quieren ofrecer sus servicios en varios Estados miembros. Además, la fragmentación y la inseguridad respecto al nivel de protección en los distintos Estados miembros mina la confianza de los usuarios finales y los disuade de adquirir servicios de comunicaciones electrónicas en el extranjero. Para lograr el objetivo de la Unión de eliminar las barreras al mercado interior, es necesario sustituir las distintas medidas nacionales jurídicas vigentes por un único conjunto de normas sectoriales plenamente armonizadas que creen un elevado nivel común de protección del usuario final. Esta armonización plena de las disposiciones jurídicas no debe impedir que los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas al público ofrezcan a los usuarios finales modalidades contractuales que superen ese nivel de protección. [Enm. 37]

(41)  Puesto que el presente Reglamento armoniza únicamente algunas normas sectoriales, debe entenderse sin perjuicio de las normas generales de protección del consumidor establecidas por los actos el Derecho de la Unión y la legislación nacional que los lo aplica. [Enm. 38]

(42)  Aunque las disposiciones recogidas en los capítulos 4 y 5 del presente Reglamento se refieren a los usuarios finales, no solo deben aplicarse a los consumidores, sino también a otras categorías de usuarios finales, principalmente las microempresas. A petición individual, los usuarios finales distintos de los consumidores deben poder acordar, por contrato individual, apartarse de determinadas disposiciones. [Enm. 39]

(43)  La realización del mercado único de comunicaciones electrónicas exige asimismo la supresión de los obstáculos que dificultan a los usuarios finales el acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en toda la Unión. Las autoridades públicas no deben, por lo tanto, erigir ni mantener obstáculos a la compra transfronteriza de tales servicios. Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público no deben denegar ni restringir el acceso a los usuarios finales ni discriminarlos por su nacionalidad o Estado miembro de residencia. Sin embargo, será posible establecer una diferenciación en función de diferencias objetivamente justificables de costes, riesgos y condiciones de mercado, como las variaciones de demanda y los precios de los competidores.

(44)  Siguen imperando considerables diferencias de precios, tanto en las comunicaciones fijas como móviles, entre los servicios nacionales de comunicaciones por voz y SMS y los que terminan en otro Estado miembro. Aunque existen importantes variaciones entre países, operadores y paquetes de tarifas, así como entre servicios móviles y fijos, esta situación sigue afectando a más grupos de clientes vulnerables y creando obstáculos a una comunicación fluida en la Unión. Esto ocurre a pesar de la reducción muy significativa, y de la convergencia en términos absolutos, de las tarifas de terminación en los distintos Estados miembros, y de los bajos precios en los mercados de tránsito. Además, la transición a un entorno de comunicaciones electrónicas exclusivamente IP deberá en su momento generar una reducción adicional de los costes. Por consiguiente, toda diferencia considerable en las tarifas al por menor entre las comunicaciones fijas nacionales de larga distancia, que son comunicaciones distintas a las que se realizan dentro de una zona local identificada por un código de área geográfica en el plan nacional de numeración, y las comunicaciones fijas que terminan en otro Estado miembro debe justificarse con arreglo a criterios objetivos.

Las tarifas al por menor de las comunicaciones móviles internacionales no deben rebasar las eurotarifas de voz y SMS para llamadas y mensajes SMS regulados itinerantes, respectivamente, previstas en el Reglamento (UE) nº 531/2012, salvo que lo justifiquen criterios objetivos, como pueden ser los costes adicionales y un margen razonable conexo. Otros factores objetivos pueden ser las diferencias en la correspondiente elasticidad de los precios y la facilidad de acceso de todos los usuarios finales a tarifas alternativas de proveedores de comunicaciones electrónicas al público que ofrecen comunicaciones transfronterizas dentro de la Unión con un coste suplementario bajo o nulo, o de servicios de la sociedad de la información con funcionalidades comparables, siempre que los usuarios finales sean activamente informados por sus proveedores de estas alternativas. [Enm. 40]

(45)  Internet se ha desarrollado en las últimas décadas como una plataforma abierta de innovación con pocas barreras de acceso para los usuarios finales, los proveedores de contenidos y aplicaciones y los proveedores de servicios de Internet. . El principio de «neutralidad de la red» en la Internet abierta significa que todo el tráfico de Internet debe recibir el mismo trato, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación. Tal como se afirma en la Resolución del Parlamento Europeo de 17 de noviembre de 2011 sobre la Internet abierta y la neutralidad de la red en Europa(17) , el carácter abierto de Internet ha sido un motor esencial de la competitividad, el crecimiento económico, el desarrollo social y la innovación —que ha conducido a niveles espectaculares de desarrollo de aplicaciones, contenidos y servicios en línea— y, por consiguiente, del aumento de la oferta y la demanda de contenidos y servicios, y lo ha convertido en un acelerador de importancia vital en la libre circulación de los conocimientos, las ideas y la información, también en los países en los que el acceso a los medios de comunicación independientes es limitado. El marco regulador vigente busca fomentar la capacidad de los usuarios finales para acceder a la información y distribuirla o ejecutar aplicaciones y servicios de su elección. Sin embargo, recientemente, el informe (ORECE) sobre las prácticas de gestión del tráfico, publicado en mayo de 2012, y un estudio encargado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo sobre el funcionamiento del mercado de acceso a Internet y su suministro desde una perspectiva del consumidor, publicado en diciembre de 2012, han revelado que un importante número de usuarios finales se ven afectados por prácticas de gestión del tráfico que bloquean o ralentizan determinadas aplicaciones. Estas tendencias requieren normas claras a nivel de la Unión para mantener una Internet abierta y evitar la fragmentación del mercado único a consecuencia de las medidas de algunos Estados miembros. [Enm. 41]

(46)  La libertad de los usuarios finales para acceder a la información y a los contenidos lícitos y distribuirlos, ejecutar aplicaciones y utilizar servicios de su elección está supeditada al respeto de la legislación de la Unión y nacional compatible. El presente Reglamento define los límites de las restricciones a esta libertad impuestas por los proveedores de comunicaciones electrónicas al público, pero debe entenderse sin perjuicio del resto de la legislación de la Unión, como las normas sobre derechos de autor y la Directiva 2000/31/CE. [Enm. 42]

(47)  En una Internet abierta, los proveedores de comunicaciones electrónicas al público servicios de acceso a Internet no deben, dentro de los límites acordados por contrato sobre los volúmenes de datos y la velocidad de los servicios de acceso a Internet, bloquear, ralentizar, degradar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicios concretos o clases específicas de los mismos salvo por un número limitado de medidas razonables de gestión del tráfico. Estas medidas deberán ser necesarias por motivos técnicos, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. Debe estar permitido abordar la gestión razonable del tráfico engloba la prevención o impedimento de delitos graves, incluidas las acciones voluntarias de los proveedores para impedir el acceso a la pornografía infantil y su distribución. La minimización de los efectos de congestión de las redes debe considerarse razonable siempre que dicha congestión se produzca únicamente de forma temporal o en circunstancias excepcionales. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para exigir a los proveedores que demuestren la igualdad de trato del tráfico sería sustancialmente menos eficiente. [Enm. 43]

(47 bis)  El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la Directiva 2002/58/CE. [Enm. 44]

(48)  Las tarifas por volumen deben considerarse compatibles con el principio de una Internet abierta siempre que permitan a los usuarios finales elegir la tarifa correspondiente a su consumo normal de datos basándose en información clara, transparente y explícita sobre las condiciones y consecuencias de su elección. Al mismo tiempo, dichas tarifas deben permitir a los proveedores de comunicaciones electrónicas al público servicios de acceso a Internet adaptar mejor las capacidades de las redes a los volúmenes de datos previstos. Es esencial que los usuarios finales estén totalmente informados antes de aceptar cualquier limitación del volumen de datos o la velocidad y las tarifas aplicables, y que puedan controlar continuamente su consumo y adquirir con facilidad ampliaciones de los volúmenes de datos si así lo desean. [Enm. 45]

(49)  Los Debe ser posible atender a la demanda de usuarios finales también demandan de servicios y aplicaciones que requieren un mayor nivel de garantía de calidad del servicio ofrecido por los proveedores de comunicaciones electrónicas al público o por los proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios. Entre estos servicios puede incluirse la difusión audiovisual a través del Protocolo de Internet (IP-TV), las videoconferencias y determinadas aplicaciones sanitarias. Por lo tanto, los usuarios finales deben tener libertad para celebrar acuerdos sobre prestación de servicios especializados con mayor calidad de servicio con proveedores de servicios de acceso a Internet, proveedores de comunicaciones electrónicas al público o con proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios. Cuando se celebre este tipo de acuerdos con el proveedor de acceso a Internet, el proveedor debe garantizar que la mayor calidad de servicio no supone un detrimento sustancial de la calidad general del acceso a Internet. Asimismo, no deben aplicarse medidas de gestión del tráfico de manera que se discrimine entre servicios competidores. [Enm. 46]

(50)  Además, los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios demandan una prestación de servicios de transmisión basada en parámetros de calidad flexible, incluidos bajos niveles de prioridad para el tráfico menos urgente. La posibilidad de que los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios negocien dichos niveles de calidad flexible del servicio con los proveedores de comunicaciones electrónicas al público es puede ser también necesaria para la prestación de ciertos servicios especializados y se espera que desempeñe un importante papel en el desarrollo de nuevos servicios como las comunicaciones máquina a máquina (M2M). Al mismo tiempo, dichos acuerdos deben permitir a los proveedores de comunicaciones electrónicas al público adaptar mejor el tráfico y evitar la congestión de las redes. Por lo tanto, los proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios y los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben tener seguir teniendo libertad para celebrar acuerdos de servicios especializados sobre niveles definidos de calidad del servicio, siempre que dichos acuerdos no perjudiquen sustancialmente la calidad general de los servicios del servicio de acceso a Internet. [Enm. 239]

(51)  Las autoridades nacionales de reglamentación desempeñan un papel fundamental para garantizar que los usuarios finales puedan ejercer efectivamente esta libertad de uso del acceso a una Internet abierta. Para ello, deben asumir obligaciones de seguimiento e información y garantizar la conformidad de los proveedores de servicios de acceso a Internet, otros proveedores de comunicaciones electrónicas al público y otros proveedores de servicios y la disponibilidad de servicios de acceso a Internet no discriminatorios de alta calidad que no se vean menoscabados por los servicios especializados. Al evaluar una posible degradación general de los servicios de acceso a Internet, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta parámetros de calidad tales como los temporales y de fiabilidad (latencia, fluctuación de fase, pérdida de paquetes), los niveles y efectos de la congestión en la red, las velocidades reales frente a las anunciadas, el rendimiento de los servicios de acceso a Internet en comparación con los servicios especializados de mejor calidad y la percepción que de la calidad tienen los usuarios finales. Las autoridades nacionales de reglamentación deben establecer procedimientos de reclamación que ofrezcan a los usuarios finales unos mecanismos de reparación eficaces, sencillos y de fácil acceso y estar facultadas para imponer requisitos mínimos de calidad del servicio a todos o a algunos proveedores de servicios de acceso a Internet, otros proveedores de comunicaciones electrónicas al públicoy otros proveedores de servicios si resulta necesario para evitar el menoscabo o la degradación general de la calidad del servicio de los servicios de acceso a Internet. [Enm. 240]

(52)  Las medidas que se adopten para asegurar una mayor transparencia y comparabilidad de los precios, las tarifas, las condiciones y los parámetros de calidad del servicio, incluidos aquellos específicos a la prestación de servicios de acceso a Internet, deben reforzar la capacidad de los usuarios finales para seleccionar de manera óptima su proveedor, sacando así un provecho pleno de la competencia. Los sistemas de certificación voluntaria para sitios web interactivos de comparación, guías o herramientas similares deben ser independientes de cualquier proveedor de comunicaciones electrónicas, utilizar un lenguaje sencillo y claro, utilizar información completa y actualizada, tener una metodología transparente, ser fiables y accesibles de conformidad con las Pautas de Accesibilidad de Contenido Web 2.0 y disponer de un procedimiento eficaz de tramitación de reclamaciones. [Enm. 49]

(53)  Debe informarse debidamente a los usuarios finales del precio y el tipo de servicio ofrecido antes de que adquieran un servicio. Esta información debe facilitarse también inmediatamente antes de la conexión de una llamada cuando dicha llamada a un número o servicio específico esté sujeta a condiciones particulares de precio, por ejemplo las llamadas a servicios de tarificación adicional que suelen estar sujetos a una tarifa especial. Cuando dicha obligación resulte desproporcionada para el proveedor de servicio en vista de la duración y el coste de la información sobre tarifas frente a la duración media de la llamada y el riesgo de coste al que está expuesto el usuario final, las autoridades nacionales de reglamentación podrán prever una excepción. También debe informarse a los usuarios finales si un número de teléfono gratuito está sujeto a cargos adicionales. [Enm. 50]

(54)  Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben informar a los usuarios finales adecuadamente, entre otras cosas, de sus servicios y tarifas, los parámetros de calidad del servicio, el acceso a los servicios de emergencia y cualquier limitación, y las opciones de servicios y productos diseñados para consumidores con discapacidad. En el caso de los planes de tarifas con un volumen de comunicaciones predefinido, el proveedor de comunicaciones electrónicas al público debe asimismo informar de la posibilidad de la que disponen los consumidores y cualquier otro usuario final que así lo notifique de arrastrar cualquier volumen no utilizado del período de facturación anterior al actual. Esta información debe facilitarse de manera clara y transparente, ser específica del Estado miembro en el que se prestan los servicios y actualizarse, en caso de modificación. Los proveedores deben quedar exentos de la aplicación de estos requisitos de información en las ofertas que se negocien individualmente. [Enm. 51]

(55)  La disponibilidad de información comparable sobre los productos y servicios es primordial para que los usuarios finales puedan evaluar las ofertas de manera independiente. La experiencia demuestra que la disponibilidad de información fiable y comparable aumenta la confianza de los usuarios finales en el uso de los servicios y su disposición a ejercer su libertad de elección.

(56)  Los contratos constituyen un importante instrumento para proporcionar a los usuarios finales un elevado nivel de transparencia de la información y de seguridad jurídica. Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben facilitar a los usuarios finales información completa y clara sobre todos los elementos esenciales del contrato antes de que el usuario final se comprometa contractualmente. La información debe ser obligatoria y no modificarse salvo en acuerdos posteriores entre el usuario final y el proveedor. La Comisión y varias autoridades nacionales de reglamentación han detectado recientemente discrepancias considerables entre la velocidad anunciada de los servicios de acceso a Internet y la velocidad de que disponían realmente los usuarios finales. Por lo tanto, los proveedores de comunicaciones electrónicas al público deben informar a los usuarios finales, antes de la celebración del contrato, de la velocidad y otros parámetros de calidad del servicio que pueden suministrar de manera realista en el establecimiento principal del usuario final.

En el caso de los enlaces de datos fijos y móviles, la velocidad normalmente disponible es aquella de un servicio de comunicación que un consumidor puede esperar alcanzar la mayor parte del tiempo cuando accede al servicio, independientemente de la hora. La velocidad normalmente disponible debe calcularse a partir de los intervalos de velocidad estimados, las velocidades medias, las velocidades en horas punta y la velocidad mínima. La metodología debe quedar establecida mediante directrices del ORECE y ser objeto de revisión y actualización periódica para reflejar los avances tecnológicos y en infraestructuras. Los Estados miembros deben velar por que los proveedores faciliten a los usuarios finales el acceso a información comparativa sobre la cobertura de las redes de telefonía móvil, incluidas distintas tecnologías disponibles en el Estado miembro, antes de la celebración del contrato, a fin de que dichos usuarios puedan tomar decisiones de compra fundadas. [Enm. 52]

(57)  Respecto a los equipos terminales, los contratos deben especificar las restricciones impuestas por el proveedor al uso de los mismos, por ejemplo si los dispositivos móviles solo funcionan con determinadas tarjetas SIM, así como todos los cargos relacionados con la resolución del contrato antes de la fecha de expiración prevista. No deben adeudarse cargos tras la expiración del contrato. Los contratos deben también detallar los tipos de servicios posventa, servicios de mantenimiento y servicios de apoyo al cliente facilitados. Siempre que sea posible, esta información debe también, previa petición, incluir información técnica sobre el correcto funcionamiento del equipo terminal elegido por el usuario final. Salvo incompatibilidad técnica probada, esta información se facilitará de forma gratuita. [Enm. 53]

(58)  Para evitar las facturas desorbitadas, en todos los servicios de pospago, los usuarios finales deben poder definir límites financieros máximos fijar un límite financiero máximo predefinido para los gastos relacionados con su uso de las llamadas y los servicios de acceso a Internet. Esta posibilidad debe estar disponible de forma gratuita, con incluir una notificación apropiada que pueda consultarse de nuevo posteriormente, cuando se acerque el límite. Al alcanzarse este límite, los usuarios finales ya no deben recibir estos servicios ni se les deben facturar, salvo que soliciten específicamente que se les sigan prestando según lo acordado con el proveedor. [Enm. 54]

(58 bis)  El tratamiento de los datos personales al que se hace referencia en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado debe cumplir la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(18), que regula el tratamiento de los datos personales realizado en los Estados miembros de conformidad con el presente Reglamento y bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros, en particular, las autoridades públicas e independientes designadas por los Estados miembros, y con la Directiva 2002/58/CE. [Enm. 55]

(58 ter)  El tratamiento de datos personales a que se refiere el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen medidas en relación con el mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas y para crear un continente conectado debe cumplir el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(19).[Enm. 56]

(59)  La experiencia de los Estados miembros y de un estudio reciente encargado por la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo ha demostrado que los largos periodos contractuales o las prórrogas automáticas o tácitas de los contratos constituyen un importante obstáculo a la hora de cambiar de proveedor. Por lo tanto, es deseable que los usuarios finales puedan resolver un contrato, sin contraer ningún coste, seis meses después de su celebración. En dicho caso, puede solicitarse a los usuarios finales que compensen a sus proveedores por el valor residual del equipo terminal subvencionado o por el valor pro rata temporis de otras promociones. Los contratos que se hayan prorrogado de manera táctica deben poder ser resueltos con un plazo de preaviso de un mes. [Enm. 57]

(60)  Debe considerarse que todo cambio significativo en las condiciones contractuales impuesto por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas al público en detrimento del usuario final, por ejemplo en relación con los cargos, tarifas, limitaciones del volumen de datos, velocidades de datos, cobertura o tratamiento de los datos personales, da derecho al usuario final a resolver el contrato sin contraer ningún gasto.

(61)  Los paquetes compuestos por comunicaciones electrónicas y otros servicios como la radiodifusión lineal se están extendiendo cada vez más y son un importante elemento de competencia. Si a los distintos servicios que componen dichos paquetes se les aplican normas contractuales divergentes sobre la resolución del contrato y el cambio de proveedor, se impide efectivamente a los usuarios finales cambiar a ofertas competitivas respecto a la totalidad del paquete o partes del mismo. Por lo tanto, las disposiciones del presente Reglamento relativas a la resolución de contratos y al cambio de proveedor se deben aplicar a todos los elementos de este tipo de paquetes.

(62)  Los usuarios finales deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa y cambiar de proveedor cuando les interese, con el fin de beneficiarse plenamente del entorno competitivo. Por consiguiente, los usuarios finales deben poder cambiar de proveedor sin que se lo impidan obstáculos jurídicos, técnicos o de procedimiento, como por ejemplo las condiciones contractuales o los gastos. La portabilidad del número es un factor clave que favorece las posibilidades de elección de los consumidores y la competencia eficaz. Debe aplicarse lo antes posible para que el número se active efectivamente en el plazo de un día hábil desde la celebración de un acuerdo de portabilidad del número. La liquidación de las facturas pendientes no debe ser condición previa para la ejecución de una solicitud de portabilidad.

(63)  Con el fin de apoyar la oferta de ventanillas únicas y facilitar a los usuarios finales un cambio sin trabas, debe ser el facultarse al ORECE para que establezca unas directrices que determinen las respectivas responsabilidades del proveedor de comunicaciones electrónicas al público receptor quien lleve a cabo y cedente en el proceso de cambio y portabilidad, para asegurar entre otras cosas que el proveedor de comunicaciones electrónicas al público cedente no debe retrasar ni obstaculizarretrase ni obstaculice dicho proceso, que el proceso se automatice . Deben utilizarse procesos automatizados en la mayor medida posible y debe garantizarse que se garantice un elevado nivel de protección de los datos personales. Dichas directrices también deben abordar la cuestión de cómo garantizar la continuidad de la experiencia de los usuarios finales, también a través de identificadores como las direcciones de correo electrónico, por ejemplo mediante la posibilidad de optar por un servicio de reenvío de correo electrónico. La disponibilidad de información transparente, precisa y oportuna sobre el cambio debe aumentar la confianza de los usuarios finales en el mismo y alentarles a participar activamente en el proceso competitivo. [Enm. 58]

(64)  Los contratos con los proveedores de comunicaciones electrónicas al público cedentes deben quedar automáticamente cancelados después del cambio, sin que ello requiera ninguna medida adicional por parte de los usuarios finales. En el caso de los servicios de prepago, debe devolverse al consumidor el crédito que no haya gastado. [Enm. 59]

(65)  Los usuarios finales deben gozar de una continuidad al cambiar identificadores importantes como las direcciones de correo electrónico. Para ello, y con el fin de asegurar que no se pierdan las comunicaciones por correo electrónico, debe darse a los usuarios finales la oportunidad de optar, sin coste alguno, por un servicio de reenvío de correo electrónico ofrecido por el proveedor de servicios de acceso a Internet cedente cuando el usuario final disponga de una dirección de correo electrónico proporcionada por el proveedor cedente. [Enm. 60]

(66)  Las autoridades nacionales competentes podrán prescribir los procesos globales de portabilidad del número y cambio de proveedor, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y la necesidad de garantizar un proceso de cambio rápido, eficiente y sencillo. Las autoridades nacionales competentes deben poder imponer medidas proporcionadas para proteger adecuadamente a los usuarios finales durante todo el proceso de cambio, incluidas las sanciones adecuadas necesarias para minimizar los riesgos de abuso o de retraso o de que se transfiera a los usuarios finales a otro proveedor sin su consentimiento. En dichos casos, también deben poder establecer un mecanismo de compensación automática de los usuarios finales.

(67)  Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder adoptar medidas efectivas para controlar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, como la imposición de sanciones financieras o administrativas eficaces en caso de infracción de dichas disposiciones.

(68)  A fin de tener en cuenta la evolución de la técnica y del mercado, debe delegarse en la Comisión, en lo que respecta a la adaptación de los anexos, la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es especialmente importante que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. La Comisión, al preparar y elaborar actos delegados, debe garantizar una transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo. [Enm. 61]

(69)  A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución en relación con la decisión que obliga a los Estados miembros a adaptar sus planes de cumplimiento con un calendario común para conceder derechos de uso y permitir el uso real.

(70)  Las competencias de ejecución relativas a la armonización y coordinación de la autorización del espectro radioeléctrico, las características de los puntos de acceso inalámbrico de áreas pequeñas, la coordinación entre los Estados miembros en cuanto a la atribución de espectro radioeléctrico, las normas técnicas y metodológicas más detalladas relativas a los productos de acceso virtual europeo y la salvaguardia de acceso a Internet y de una gestión razonable del tráfico y la calidad del servicio y los criterios de uso leal deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011del Parlamento Europeo y del Consejo(20). [Enm. 62]

(71)  Para garantizar la coherencia entre el objetivo y las medidas necesarias para completar el mercado único de las comunicaciones electrónicas de conformidad con el a fin de lograr los objetivos del presente Reglamento y de determinadas disposiciones legislativas existentes, así como reflejar elementos clave de la evolución de la práctica decisoria, deben modificarse las Directivas 2002/21/CE, 2002/20/CE y 2002/22/CE y el Reglamentolos Reglamentos (UE) nº 531/2012 y (CE) nº 1211/2009, así como la Decisión nº 243/2012/UE. Esto implica disponer que la Directiva 2002/21/CE y las Directivas relacionadas sean leídas en relación con el presente Reglamento, introducir competencias reforzadas de la Comisión para garantizar la coherencia de las soluciones impuestas a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas que tienen un peso significativo en el mercado en el contexto del mecanismo europeo de consulta, armonizar los criterios adoptados para evaluar la definición y la competitividad de los mercados pertinentes y adaptar el sistema de notificación contemplado en la Directiva 2002/20/CE con vistas a la autorización única de la UE, así como derogar las disposiciones sobre la armonización mínima de los derechos de los usuarios finales prevista en la Directiva 2002/22/CE, que se ha vuelto superflua debido a la plena armonización prevista en el presente Reglamento. [Enm. 63]

(72)  El mercado de las comunicaciones móviles sigue estando fragmentado en la Unión, sin ninguna red móvil que cubra todos los Estados miembros. Como consecuencia, para prestar servicios de comunicaciones móviles a sus clientes nacionales que viajan dentro de la Unión, los proveedores de itinerancia tienen que comprar servicios de itinerancia al por mayor a operadores del Estado miembro visitado. Estas tarifas al por mayor constituyen un importante impedimento para la prestación de servicios de itinerancia con niveles de precios correspondientes a los servicios móviles nacionales. Por lo tanto, deben adoptarse nuevas medidas para facilitar la disminución de estas tarifas. Los acuerdos comerciales o técnicos entre proveedores de itinerancia que permiten una ampliación virtual de su cobertura de red en toda la Unión constituyen un medio para internalizar los costes al por mayor. Con objeto de ofrecer incentivos adecuados, deben adaptarse determinadas obligaciones reglamentarias establecidas en el Reglamento (CE) nº 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(21). En particular, cuando los proveedores de itinerancia, a través de sus propias redes o de acuerdos de itinerancia bilaterales o multilaterales, garanticen que a todos sus clientes de la Unión se les ofrecen por defecto tarifas de itinerancia al nivel de las tarifas nacionales, la obligación que tienen los proveedores nacionales de permitir a sus clientes acceder a servicios itinerantes de voz, SMS y datos de cualquier proveedor de itinerancia alternativo no debe aplicarse a dichos proveedores, con sujeción a un periodo de transición en el que ya se haya concedido dicho acceso. [Enm. 64]

(73)  Los acuerdos de itinerancia bilaterales o multilaterales pueden permitir a un operador móvil tratar la itinerancia de sus clientes nacionales en las redes de sus socios como equivalente en buena medida a la prestación de servicios a dichos clientes en sus propias redes, lo que repercutirá en su precio al por menor para la cobertura virtual dentro de la red en toda la Unión. Este acuerdo a escala mayorista podría permitir el desarrollo de nuevos productos de itinerancia y, por lo tanto, aumentar las opciones y la competencia a escala minorista. [Enm. 65]

(74)  La Agenda Digital para Europa y el Reglamento nº 531/2012 establecen el objetivo político de aproximar a cero la diferencia entre las tarifas nacionales y de itinerancia. En términos prácticos, esto requiere que los consumidores que entran dentro de alguna de las amplias categorías observables de consumo nacional, identificadas en relación con varios paquetes al por menor nacionales de una parte, estén en posición de reproducir con confianza la pauta típica de consumo nacional asociada a sus respectivos paquetes al por menor nacionales mientras viajan periódicamente dentro de la Unión, sin costes adicionales a los contraídos en el contexto nacional. Estas amplias categorías pueden identificarse a partir de la práctica comercial actual en relación con, por ejemplo, la diferenciación en los paquetes al por menor nacionales entre los clientes de prepago y pospago; los paquetes exclusivamente de GSM (es decir, voz y SMS); los paquetes adaptados a distintos volúmenes de consumo; los paquetes para uso empresarial y personal respectivamente; los paquetes al por menor con precios por unidad consumida y aquellos que ofrecen «paquetes» de unidades (por ejemplo, minutos de voz, megabytes de datos) por un tarifa estándar, independiente del consumo real. La diversidad de planes y paquetes de tarifas al por menor a disposición de los clientes en los mercados móviles nacionales de toda la Unión se ajusta a distintas demandas de los usuarios ligadas a un mercado competitivo. Esta flexibilidad en los mercados nacionales también debe reflejarse en el entorno de itinerancia dentro de la Unión, teniendo en cuenta al mismo tiempo que la necesidad que tienen los proveedores de itinerancia de insumos mayoristas de operadores de red independientes en los distintos Estados miembros puede seguir justificando la imposición de límites con referencia a un uso razonable si se aplican tarifas nacionales al consumo de itinerancia. [Enm. 66]

(75)  Si bien corresponde en primer lugar a los proveedores de itinerancia evaluar por sí mismas el carácter razonable de los volúmenes de llamadas de voz, SMS y datos itinerantes que vayan a cubrir con tarifas nacionales en sus distintos paquetes al por menor, podrán aplicar, independientemente de la supresión de las tarifas de itinerancia al por menor el 15 de diciembre de 2015, al consumo de servicios itinerantes al por menor regulados con la tarifa nacional aplicable una cláusula de uso leal, en referencia a los criterios de uso leal. Estos criterios deben aplicarse de tal manera que los consumidores estén en condiciones de reproducir sin reservas el patrón de consumo nacional típico asociado a sus respectivos paquetes minoristas nacionales cuando viajen periódicamente dentro de la Unión. Las autoridades nacionales de reglamentación deben supervisar la aplicación por parte de los proveedores de itinerancia de dichos límites de uso razonable leal y garantizar que se definan específicamente en referencia a la información cuantificada detallada en los contratos en términos claros y transparentes para los clientes. Al hacerlo, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener debidamente en cuenta las directrices pertinentes del ORECE, basándose en los resultados de una consulta pública para la aplicación de los criterios de uso leal en los contratos minoristas ofrecidos por los proveedores de itinerancia. En sus directrices, el ORECE debe determinar diferentes pautas de uso justificadas por las tendencias de uso de voz, datos y SMS a nivel de la Unión y la evolución de las expectativas respecto al consumo inalámbrico de datos en particular. . Los límites máximos de la eurotarifa deben seguir sirviendo de límite de salvaguardia para las tarifas por un consumo que exceda los límites de uso leal hasta la expiración del Reglamento (UE) n° 531/2012. [Enm. 67]

(76)  En aras de la claridad y la seguridad jurídica, debería fijarse la fecha del 15 de diciembre de 2015 para concluir el proceso de eliminación gradual de los sobrecostes de la itinerancia al por menor iniciado con el Reglamento (CE) n° 717/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(22). Además, para el 30 de junio de 2015, antes de la reducción significativa supresión definitiva de los sobrecostes de los minoristas, la Comisión debe informar sobre todos los cambios que es necesario introducir en las tarifas mayoristas o en los mecanismos del mercado mayorista, teniendo también en cuenta las tarifas de terminación en móvil aplicables a la itinerancia en toda la Unión en los últimos tiempos debe permitir ahora la eliminación de los cargos adiciones de itinerancia para las llamadas entrantes. [Enm. 68]

(77)  Con el fin de ofrecer estabilidad y liderazgo estratégico a las actividades del ORECE, el Consejo de Reguladores del ORECE debe estar representado por un Presidente a tiempo completo nombrado por dicho Consejo, sobre la base de sus méritos, sus cualificaciones, su conocimiento de los participantes en los mercados de comunicaciones electrónicas y de estos mercados, y su experiencia en relación con la supervisión y la regulación, mediante un procedimiento de selección abierto organizado y gestionado por el Consejo de Reguladores asistido por la Comisión. A efectos de la designación del primer Presidente del Consejo de Reguladores, la Comisión, entre otras cosas, debe elaborar una lista reducida de candidatos, sobre la base de los méritos, las cualificaciones, el conocimiento de los participantes en los mercados de comunicaciones electrónicas y de estos mercados, y la experiencia pertinente para la supervisión y la regulación. Con miras a las designaciones subsiguientes, se debe revisar, en un informe que debe elaborarse en virtud del presente Reglamento, la conveniencia de que la Comisión elabore una lista reducida. La Oficina del ORECE debe estar integrada, por tanto, por el Presidente del Consejo de Reguladores, un Comité de gestión y un Director administrativo. [Enm. 69]

(78)  Por lo tanto, deben modificarse en consecuencia las Directivas 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y los Reglamentos (CE) nº 1211/2009 y (UE) nº 531/2012, así como la Decisión nº 243/2012/UE. [Enm. 70]

(79)  La Comisión siempre puede debe solicitar un dictamen al ORECE de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1211/2009 cuando lo estime sea necesario para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento. [Enm. 71]

(79 bis)  Es necesario revisar el marco regulador de las comunicaciones electrónicas, como prevé la Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe de aplicación relativo al marco regulador de las comunicaciones electrónicas(23). La revisión debe basarse en evaluaciones ex-post del impacto del marco regulador desde el año 2009, en una consulta exhaustiva y en una concienzuda evaluación ex-ante del impacto previsible de las propuestas que resulten de la revisión. Las propuestas deben presentarse con tiempo suficiente para que el legislador pueda analizarlas y debatirlas correctamente. [Enm. 72]

(80)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los derechos y principios contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el artículo 8 (protección de datos personales), el artículo 11 (libertad de expresión e información), el artículo 16 (libertad de empresa), el artículo 21 (no discriminación) y el artículo 38 (protección del consumidor).

(81)  Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, establecer los principios reguladores y las normas detalladas necesarios para completar un mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objetivo y ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento establece los principios reguladores y las normas detalladas necesarios necesarias para completar un mercado único europeo de las comunicaciones electrónicas en el que: [Enm. 73]

a)  se facilite, mediante un sistema armonizado y simplificado de autorización, el ejercicio efectivo del derecho de los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas tengan el derecho, la capacidad y los incentivos para desarrollar, ampliar y explotar sus redes y para prestar servicios con independencia del lugar en el que esté establecido el proveedor o se sitúen sus clientes en la Unión mediante un sistema de notificación armonizado y simplificado basado en un modelo armonizado, [Enm. 74]

b)  se facilite el ejercicio efectivo del derecho de los ciudadanos y las empresas tengan el derecho y la posibilidad de acceder a servicios de comunicaciones electrónicas competitivos, seguros y fiables, independientemente del lugar en el que se presten en la Unión, con normas comunes para garantizar niveles elevados de protección, intimidad y seguridad de sus datos personales, sin que se vean obstaculizados por restricciones transfronterizas o costes y sanciones adicionales injustificados, [Enm. 75]

b bis)  se consiga un marco europeo más coordinado de asignación del espectro radioeléctrico armonizado para los servicios de comunicaciones inalámbricas de banda ancha; [Enm. 76]

b ter)  se prepare la eliminación gradual de los recargos injustificados a las comunicaciones itinerantes dentro de la Unión. [Enm. 77]

2.  El presente Reglamento establece en particular los principios reguladores conforme a los cuales actuarán la Comisión, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y las autoridades nacionales nacionales y regionales competentes, cada uno dentro de sus competencias, junto con las disposiciones de las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE, para: [Enm. 78]

a)  asegurar unas condiciones reguladoras simplificadas, previsibles y convergentes respecto a los parámetros administrativos y comerciales fundamentales, incluso respecto a la proporcionalidad de las obligaciones individuales que pueden imponerse en virtud de un análisis de mercado; [Enm. 79]

b)  promover la competencia sostenible dentro del mercado único y la competitividad mundial de la Unión y reducir en consecuencia la regulación sectorial específica del mercado a medida que se alcancen estos objetivos; [Enm. 80]

c)  favorecer la inversión y la innovación en infraestructuras de gran capacidad nuevas y mejoradas y velar por que se extiendan por toda la Unión y respondan a la evolución de la demanda de los usuarios finales allí donde se encuentren en el territorio de la Unión; [Enm. 81]

d)  facilitar la prestación de servicios innovadores y de alta calidad; [Enm. 82]

e)  garantizar la disponibilidad y el uso altamente eficiente del espectro radioeléctrico, sujeto a una autorización general o a derechos individuales de uso, para los servicios inalámbricos de banda ancha en apoyo de la innovación, la inversión, el empleo y el beneficio de los usuarios finales; [Enm. 83]

f)  servir a los intereses de los ciudadanos y los usuarios finales en relación con la conectividad fomentando las condiciones de inversión para aumentar las opciones y la calidad del acceso a las redes y del servicio, y facilitando la movilidad en toda la Unión y la inclusión social y territorial. [Enm. 84]

3.  Con el fin de garantizar la aplicación de los principios reguladores generales establecidos en el apartado 2, el presente Reglamento establece además las normas detalladas necesarias relativas a:

a)  una autorización única de la UE para los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas;

b)  una mayor convergencia de las condiciones reglamentarias respecto a la necesidad y la proporcionalidad de las medidas correctoras impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas;

c)  el suministro armonizado a nivel de la Unión de determinados productos de banda ancha al por mayor en condiciones reguladoras convergentes;

d)  un marco europeo coordinado de asignación del espectro radioeléctrico armonizado para los servicios de comunicaciones inalámbricas de banda ancha, creando así un espacio inalámbrico europeo;

e)  la armonización de las normas relativas a los derechos de los usuarios finales y el fomento de la competencia eficaz en los mercados al por menor, creando así un espacio europeo de consumo de comunicaciones electrónicas;

f)  la eliminación gradual de los recargos injustificados a las comunicaciones interiores a la Unión y a las comunicaciones itinerantes dentro de la Unión. [Enm. 85]

3 bis.  Las disposiciones del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio del acervo de la Unión relativo a la protección de datos y los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [Enm. 86]

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, serán de aplicación las definiciones que figuran en las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE y 2002/77/CE.

Se aplicarán asimismo las siguientes definiciones:

1)  «proveedor europeo de comunicaciones electrónicas»: una empresa establecida en la Unión que suministra o tiene previsto suministrar redes o servicios de comunicaciones electrónicas, sea directamente o por medio de una o más filiales, dirigidos a más de un Estado miembro y que no puede considerarse filial de otro proveedor de comunicaciones electrónicas; [Enm. 87]

2)  «proveedor de comunicaciones electrónicas al público»: una empresa que suministra redes de comunicaciones electrónicas públicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público;

3)  «filial»: una empresa en la que otra empresa, directa o indirectamente:

i)  tiene el poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto, o

ii)  tiene el poder de designar a más de la mitad de los miembros del consejo supervisor, del consejo de administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, o

iii)  tiene derecho a dirigir las actividades de la empresa; [Enm. 88]

4)  «autorización única de la UE»: el marco jurídico aplicable a un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas en toda la Unión basado en la autorización general concedida en el Estado miembro de origen y conforme al presente Reglamento; [Enm. 89]

5)  «Estado miembro de origen»: el Estado miembro en que tiene su establecimiento principal el proveedor europeo de comunicaciones electrónicas; [Enm. 90]

6)  «establecimiento principal»: el lugar de establecimiento en el Estado miembro en el que se toman las decisiones principales respecto a las inversiones en servicios o redes de comunicaciones electrónicas o el suministro de los mismos en la Unión; [Enm. 91]

7)  «Estado miembro de acogida»: cualquier Estado miembro distinto al Estado miembro de origen en el que un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas suministra redes o servicios de comunicaciones electrónicas; [Enm. 92]

8)  «espectro radioeléctrico armonizado para las comunicaciones inalámbricas de banda ancha»: el espectro radioeléctrico para el que se han armonizado a nivel de la Unión las condiciones de disponibilidad y eficiencia del y uso, en particular en virtud de primario, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2002/21/CE y la Decisión 676/2002/CE, y que sirve para los servicios de comunicaciones electrónicas distintos de la radiodifusión; [Enm. 93]

9)  «punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas»: un equipo de acceso a una red inalámbrica de baja potencia con un tamaño reducido que funciona en un radio pequeño, utilizando un espectro con licencia o una combinación de espectro con y sin licencia, que puede formar parte o no de una red pública terrestre de comunicaciones móviles y estar dotado de una o más antenas de bajo impacto visual, y que permite el acceso inalámbrico del público a redes de comunicaciones electrónicas con independencia de la topología de la red subyacente; [Enm. 94]

10)  «red de área local radioeléctrica» (RLAN): sistema de acceso inalámbrico de baja potencia que funciona en un radio pequeño, con bajo riesgo de interferencia con otros sistemas del mismo tipo desplegados por otros usuarios en las proximidades, que utiliza a título no exclusivo un espectro sin licencia cuyas condiciones de disponibilidad y uso eficiente a tal efecto han sido armonizadas a nivel de la Unión; [Enm. 95]

11)  «acceso virtual de banda ancha»: un tipo de acceso al por mayor a redes de banda ancha que consta de un enlace de acceso virtual a las dependencias de los clientes a través de cualquier arquitectura de red de acceso, excepto la desagregación física, y un servicio de transmisión a un conjunto definido de puntos de transferencia, que incluye elementos de red específicos, funcionalidades de red específicas y sistemas de IT auxiliares; [Enm. 96]

12)  «producto de conectividad con calidad de servicio garantizada»: un producto disponible en la plataforma de intercambio del Protocolo de Internet (IP) que permite a los clientes establecer un enlace de comunicación IP entre un punto de interconexión y uno o varios puntos de terminación de la red fija, y que permite niveles definidos de rendimiento de la red extremo a extremo para la prestación de servicios específicos a los usuarios finales sobre la base del suministro de una calidad de servicio garantizada, basada en parámetros específicos; [Enm. 97]

12 bis.  «neutralidad de la red»: el principio según el cual todo el tráfico de Internet recibe el mismo trato, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación; [Enms. 234 y 241]

13)  «comunicaciones de larga distancia»: servicios de voz o mensajería que terminan fuera de las zonas de intercambio local y tarificación regional identificadas por un código de área geográfica en el plan nacional de numeración; [Enm. 98]

14)  «servicio de acceso a Internet»: servicio de comunicaciones electrónicas a disposición del público que proporciona conectividad a Internet con arreglo al principio de neutralidad de la red, y por ende conectividad entre prácticamente todos los puntos extremos conectados a Internet, con independencia de la tecnología de red utilizada o los equipos terminales utilizados;

15)  «servicio especializado»: un servicio de comunicaciones electrónicas o cualquier otro servicio que ofrece la capacidad de acceder a optimizado para contenidos, aplicaciones o servicios específicos, o una combinación de los mismos, y cuyas características técnicas están controladas de extremo a extremo o que ofrece la capacidad de enviar o recibir datos desde o hacia un determinado número de partes o puntos extremos, que se ofrece con una capacidad lógicamente distinta y basándose en un estricto control de admisión con el fin de asegurar una calidad mejorada de extremo a extremo y que no se comercializa o utiliza de forma generalizada puede utilizarse como sustituto de un servicio de acceso a Internet; [Enms. 235 y 242]

16)  «proveedor de comunicaciones electrónicas al público receptor»: un proveedor de comunicaciones electrónicas al público al que se transfiere un número de teléfono o servicio; [Enm. 101]

17)  «proveedor de comunicaciones electrónicas al público cedente»: un proveedor de comunicaciones electrónicas al público desde el que se transfiere un número de teléfono o servicio; [Enm. 102]

Capítulo II

Autorización única de la UE

Artículo 3

Libertad para suministrar comunicaciones electrónicas en la Unión

1.  Un Cualquier proveedor europeo de comunicaciones electrónicas tiene derecho a suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas en el conjunto de la Unión y de a ejercer los derechos relacionados con el suministro de dichas redes y servicios en todos los Estados miembros en los que opere, en virtud de una autorización única de la UE que solo está sujeta a los requisitos de notificación que figuran en el artículo 4. [Enm. 103]

2.  El proveedor europeo de comunicaciones electrónicas está sujeto a las normas y condiciones que sean de aplicación en el Estado miembro de que se trate de conformidad con el Derecho de la Unión, salvo disposición en contrario del presente Reglamento y sin perjuicio del Reglamento (UE) nº 531/2012. [Enm. 104]

3.  No obstante lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 2002/20/CE, un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas podrá estar sujeto a tasas administrativas que sean de aplicación en el Estado miembro de acogida solo si su volumen de negocios anual respecto a los servicios de comunicaciones electrónicas en ese Estado miembro supera el 0,5 % del volumen de negocios total de las comunicaciones electrónicas nacionales. Para la recaudación de estas tasas, solo se tendrá en cuenta el volumen de negocios respecto a los servicios de comunicaciones electrónicas en el Estado miembro de que se trate. [Enm. 105]

4.  No obstante lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1, letra b, de la Directiva 2002/22/CE, un proveedor europeo de comunicaciones electrónicas podrá estar sujeto a las contribuciones impuestas para repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal en el Estado miembro de acogida solo si su volumen de negocios anual respecto a los servicios de comunicaciones electrónicas en ese Estado miembro supera el 3 % del volumen de negocios total de las comunicaciones electrónicas nacionales. Para la recaudación de esta contribución, solo se tendrá en cuenta el volumen de negocios en el Estado miembro de que se trate. [Enm. 106]

5.  Las autoridades nacionales de reglamentación de los distintos Estados miembros deberán tratar por igual a los proveedores europeos de comunicaciones electrónicas en situaciones que sean objetivamente equivalentes comparables, independientemente del Estado miembro en que estén establecidos. [Enm. 107]