Índice 
Textos aprobados
Jueves 17 de abril de 2014 - Estrasburgo
UE-Albania: Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación (adhesión de Croacia) ***
 Acuerdo con el Reino de Noruega sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo ***
 Acuerdo con el Principado de Liechtenstein sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo ***
 Fondos de inversión a largo plazo europeos ***I
 Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas ***I
 Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2015 - Sección I - Parlamento
 Infracciones del Derecho de la competencia ***I
 Traslados de residuos ***I
 Nuevas sustancias psicotrópicas ***I
 Elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas ***I
 Negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica UE-Japón
 Libertades religiosas y diversidad cultural
 Presión de Rusia sobre los países de la Asociación Oriental y, en particular, desestabilización de Ucrania oriental
 Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam
 Seguimiento, por parte de la Comisión, de la consulta a las pymes sobre las diez medidas más gravosas de la normativa de la UE
 Pakistán: casos recientes de persecución
 Siria: situación de determinadas comunidades vulnerables
 Situación en Corea del Norte

UE-Albania: Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación (adhesión de Croacia) ***
PDF 192kWORD 35k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, del Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (14783/2013 – C7-0075/2014 – 2013/0311(NLE))
P7_TA(2014)0445A7-0266/2014

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14783/2013),

–  Visto el Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Albania, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea (14782/2013),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 217, así como con el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso i), y apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7‑0075/2014),

–  Vistos el artículo 81, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, el artículo 90, apartado 7, y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0266/2014),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Albania.


Acuerdo con el Reino de Noruega sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo ***
PDF 191kWORD 33k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (18141/2013 – C7-0107/2014 – 2013/0427(NLE))
P7_TA(2014)0446A7-0257/2014

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (18141/2013),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (18140/2013),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 74 y el artículo 78, apartados 1 y 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0107/2014),

–  Vistos el artículo 81, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0257/2014),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del Reino de Noruega.


Acuerdo con el Principado de Liechtenstein sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo ***
PDF 194kWORD 33k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (18116/2013 – C7-0091/2014 – 2013/0423(NLE))
P7_TA(2014)0447A7-0168/2014

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (18116/2013),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein sobre las modalidades de su participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (18115/2013),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 74 y el artículo 78, apartados 1 y 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7‑0091/2014),

–  Vistos el artículo 81, apartado 1, párrafos primero y tercero, artículo 81, apartado 2 y el artículo 90, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0168/2014),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del Principado de Liechtenstein.


Fondos de inversión a largo plazo europeos ***I
PDF 366kWORD 166k
Texto
Texto consolidado
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 17 de abril de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))(1)
P7_TA(2014)0448A7-0211/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Enmienda n° 1 A menos que se indique de otro modo

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P7_TA(2014)0448A7-0211/2014
a la propuesta de la Comisión
P7_TA(2014)0448A7-0211/2014
---------------------------------------------------------
P7_TA(2014)0448A7-0211/2014

REGLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)  La financiación a largo plazo es un instrumento esencial para poder encauzar la economía europea en una senda de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, de conformidad con la Estrategia Europa 2020, elevado nivel de empleo y competitividad para construir una economía del mañana más resiliente y menos propensa a los riesgos sistémicos. Los fondos de inversión a largo plazo europeos (en lo sucesivo «FILPE») proporcionan financiación para diferentes proyectos de infraestructura, empresas cotizadas o no cotizadas, sobre todo pequeñas y medianas empresas (PYME), de carácter duradero que emiten instrumentos de fondos propios o de deuda para los cuales no existe un comprador fácilmente identificable. Al financiar tales proyectos, los FILPE contribuyen a la financiación de la economía real de la Unión y a la realización de sus políticas.

(2)  Por el lado de la demanda, los FILPE pueden ofrecer una fuente estable y segura de ingresos a los administradores de pensiones, las empresas de seguros, fundaciones, municipios y otras entidades que deben hacer frente a pasivos periódicos y recurrentes y que buscan rendimientos a largo plazo en el marco de estructuras bien reguladas. Si bien ofrecen menos liquidez que las inversiones en valores mobiliarios, los FILPE pueden proporcionar una fuente estable y segura de ingresos a los inversores individuales que cuentan con el flujo de caja periódico que un FILPE puede aportar. Los FILPE también pueden suponer una buena oportunidad de revalorización del capital a lo largo del tiempo para aquellos inversores que no reciban un flujo de ingresos constante y seguro. Debe ser posible autorizar a un FILPE a reducir su capital proporcionalmente en caso de que haya enajenado uno de sus activos.

(3)  La financiación disponible para proyectos –relativos a la infraestructura de transporte, la producción o distribución de energía sostenible, las infraestructuras sociales (vivienda u hospitales), el desarrollo de nuevos sistemas y tecnologías que reducen la utilización de recursos y energía, o la expansión de PYME– puede ser escasa. Como ha puesto de manifiesto la crisis financiera, la combinación de la financiación bancaria con otras fuentes más variadas que movilicen en mayor medida los mercados de capitales podría ayudar a subsanar los déficits de financiación. Los FILPE pueden desempeñar un papel fundamental en ese sentido. En el caso de determinados proyectos, podrían utilizar instrumentos financieros innovadores para completar la financiación pública, que se ha visto mermada por la crisis de la deuda soberana.

(4)  Habida cuenta de que los inversores individuales pueden estar interesados en invertir en un FILPE, del hecho de que se debería ofrecer a los inversores los incentivos adecuados para invertir en ellos y de que los inversores minoristas podrían no contar con los recursos necesarios o con una cartera lo suficientemente diversificada que les permita comprometer su capital por un largo periodo de tiempo, un FILPE debería poder ofrecer derechos de reembolso a los inversores. Por consiguiente, el gestor del FILPE debe contar con la capacidad de decidir si establece los FILPE con o sin derechos de reembolso con arreglo a la estrategia de inversión del FILPE. Si se establece un régimen de derechos de reembolso, estos derechos y sus características principales deben estar claramente definidos con antelación y estar indicados en el reglamento del FILPE o sus documentos constitutivos. Además, la evaluación de impacto de la Comisión ha permitido constatar casos de fondos a largo plazo a escala nacional que se han estructurado como entidades cotizadas, lo que permite a los inversores negociar sus acciones o participaciones en el fondo en un mercado secundario. Si las acciones del fondo se cotizan en un mercado de valores, los inversores pueden comprar y vender acciones del fondo directamente en dicho mercado, como ocurre con cualquier otro valor cotizado. El mercado secundario también puede estar funcionando si las acciones o participaciones del fondo no están cotizadas. En tal caso, los inversores podrán intercambiar directamente sus acciones o participaciones con otro inversor. Los intermediarios, como bancos o distribuidores, pueden desempeñar un papel facilitador en este mercado secundario. Pueden recopilar las órdenes de compra y venta y casarlas entre sus clientes. Para que la inversión a largo plazo sea realmente atractiva para los inversores a menor escala o los inversores minoristas en general, los mercados secundarios han de ser el principal foro de entrada en un fondo a largo plazo y de salida de este. Tres años después de la adopción del presente Reglamento, se analizará en un informe si esta norma ha alcanzado los resultados esperados en términos de distribución de los FILPE. ▌

(4 bis)  Con el fin de que los FILPE se conviertan en una opción asequible y atractiva para inversores profesionales, como organismos de previsión para la jubilación, fondos de pensiones y empresas de seguros, es importante realizar ajustes adecuados en sus requisitos reglamentarios de capital, en el marco de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4) y de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5), con el fin de aportar flexibilidad en el caso de los FILPE en lo que respecta a los elevados requisitos de capital para las inversiones en activos ilíquidos. Además, cualquier requisito reglamentario adicional de carácter nacional debe evaluarse pormenorizadamente, si procede.

(5)  Las clases de activos a largo plazo contempladas en el presente Reglamento deben abarcar los instrumentos de fondos propios o de deuda emitidos por empresas no cotizadas y PYME cotizadas para los cuales no existe un comprador fácilmente identificable. Deben abarcar también instrumentos de fondos propios o de deuda emitidos por empresas cotizadas con una capitalización máxima de 1 000 000 000 EUR. El presente Reglamento debe cubrir también los activos reales que requieren un gasto inicial de capital considerable y que producen flujo de caja recurrente y previsible a lo largo de su duración.

(6)  En ausencia de un reglamento que establezca normas sobre los FILPE, podrían adoptarse medidas divergentes a nivel nacional, las cuales provocarían probablemente un falseamiento de la competencia debido a las diferencias entre las medidas de protección de las inversiones. La disparidad entre los requisitos aplicables en materia de composición de la cartera, diversificación y activos aptos, en particular en lo que respecta a la inversión en materias primas, genera obstáculos para la comercialización transfronteriza de fondos dedicados a las empresas no cotizadas y los activos reales, ya que los inversores no pueden comparar fácilmente las distintas ofertas de inversión que reciben. Los requisitos nacionales divergentes conllevan también niveles diferentes de protección de los inversores. Asimismo, las divergencias en los requisitos nacionales relativos a las técnicas de inversión, como los niveles de endeudamiento permitidos, el uso de instrumentos financieros derivados, las normas aplicables a las ventas en corto o las operaciones de financiación de valores dan lugar a discrepancias en el nivel de protección de los inversores. Además, la aplicación de requisitos diferentes en materia de reembolso o períodos de tenencia impide la venta transfronteriza de los fondos que invierten en activos no cotizados. Al aumentar la inseguridad jurídica, las citadas divergencias pueden quebrantar la confianza de los inversores a la hora de considerar la posibilidad de invertir en dichos fondos, y reducen el margen de que disponen realmente para elegir entre diversas oportunidades de inversión a largo plazo. Conviene, por consiguiente, que los Estados miembros no puedan imponer requisitos adicionales en el ámbito regulado por el presente Reglamento y que la base jurídica adecuada para el presente Reglamento sea el artículo 114 del Tratado, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(7)  Se precisan normas uniformes en toda la Unión para asegurar que los FILPE presenten un perfil de productos coherente y estable en todo su territorio. A fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y un elevado nivel de protección de los inversores, es necesario establecer normas uniformes en relación con el funcionamiento de los FILPE, en particular la composición de su cartera y los instrumentos de inversión que se les permitirá utilizar para asumir exposiciones frente a activos a largo plazo como instrumentos de fondos propios o de deuda emitidos por PYME cotizadas y por empresas no cotizadas así como a activos reales. Se requieren igualmente normas uniformes sobre la cartera de los FILPE para garantizar que aquellos de entre estos que aspiren a generar ingresos periódicos mantengan una cartera diversificada de activos de inversión apropiados para ofrecer ese flujo de caja regular. Por otra parte, la coordinación entre los regímenes fiscales de los Estados miembros resulta necesaria para garantizar la igualdad de condiciones a la hora de atraer a los inversores, y se requiere una convergencia de las políticas nacionales para establecer unas condiciones similares en términos de clima de inversión, a fin de poner remedio a los desequilibrios entre los Estados miembros.

(8)  Es esencial garantizar que la regulación del funcionamiento de los FILPE, en particular la composición de su cartera y los instrumentos de inversión que se les permita utilizar, sea directamente aplicable a los gestores de tales fondos, por lo que las nuevas normas deben adoptarse a través de un reglamento. Asimismo, se garantiza de ese modo la uniformidad de las condiciones de utilización de la denominación «FILPE», al evitar la existencia de requisitos nacionales divergentes. Resulta oportuno que los gestores de los FILPE sigan las mismas normas en toda la Unión, a fin de reforzar también la confianza de los inversores en dichos fondos y de garantizar la constante fiabilidad de tal denominación. Al mismo tiempo, mediante la adopción de normas uniformes se reduce la complejidad de los requisitos reglamentarios aplicables a los FILPE. Las normas uniformes permiten igualmente reducir el coste que ocasiona a los gestores el cumplimiento de reglamentaciones nacionales divergentes de los fondos que invierten en PYME cotizadas y activos a largo plazo no cotizados y clases comparables de activos reales. Esto es especialmente cierto en el caso de los gestores que desean captar capital a escala transfronteriza. Asimismo, contribuye a eliminar cualquier falseamiento de la competencia.

(9)  Las nuevas normas sobre los FILPE están estrechamente vinculadas con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(6) puesto que esta Directiva constituye el marco jurídico que rige la gestión y comercialización de fondos de inversión alternativos (en lo sucesivo denominados «FIA») en la Unión. Por definición, los FILPE son FIA de la UE gestionados por gestores de fondos de inversión alternativos (en lo sucesivo denominados «GFIA») que están autorizados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE.

(10)  En tanto que la Directiva 2011/61/UE prevé también un régimen gradual para terceros países que regula los GFIA de fuera de la UE y los FIA de fuera de la UE, las nuevas normas relativas a los FILPE tienen un alcance más limitado, que resalta la dimensión europea del nuevo producto de inversión a largo plazo. Por tanto, solo los FIA de la UE, tal como se definen en la Directiva 2011/61/UE, deben poder convertirse en FILPE autorizados, y únicamente en el caso de que estén gestionados por un GFIA de la UE autorizado de conformidad con dicha Directiva. No obstante, también conviene alentar a los inversores de terceros países a que inviertan en los FILPE, dada la importante contribución de capital que pueden aportar a los proyectos de la Unión.

(11)  Procede que las nuevas normas aplicables a los FILPE se basen en el marco normativo vigente que establecen la Directiva 2011/61/UE y los actos adoptados para su aplicación. Por tanto, las normas sobre los productos de los FILPE deben aplicarse con carácter adicional a las establecidas en la legislación de la Unión en vigor. En particular, deben aplicarse a los FILPE las normas sobre gestión y comercialización establecidas en la Directiva 2011/61/UE. Del mismo modo, las normas relativas a la prestación transfronteriza de servicios y la libertad de establecimiento que establece la Directiva 2011/61/UE deben aplicarse a las actividades transfronterizas de los FILPE. Dichas normas deben complementarse con las normas en materia de comercialización específicamente concebidas para regular la comercialización transfronteriza de FILPE, tanto entre inversores minoristas como profesionales, en toda la Unión.

(12)  Resulta oportuno aplicar normas uniformes a todos los FIA de la UE que persigan el propósito de ser comercializados como FILPE. Los FIA de la UE que no persigan ese propósito no deben estar vinculados por dichas normas, renunciando así también expresamente a las consiguientes ventajas. Por otra parte, los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (en lo sucesivo denominados «OICVM») y los FIA de fuera de la UE no podrían optar a ser comercializados como FILPE.

(13)  A fin de garantizar que los FILPE se atengan a las normas armonizadas que regulen su actividad, es necesario exigir que los FILPE sean objeto de autorización por las autoridades competentes. Los procedimientos armonizados de autorización y supervisión de los GFIA establecidos en la Directiva 2011/61/UE deben, por tanto, completarse con un procedimiento específico de autorización de los FILPE. Resulta oportuno establecer procedimientos para asegurar que solo los GFIA de la UE autorizados con arreglo a la Directiva 2011/61/UE y capacitados para gestionar FILPE puedan gestionar estos fondos. Procede tomar todas las medidas adecuadas para garantizar que los FILPE puedan atenerse a las normas armonizadas que regulen su actividad.

(14)  Dado que los FIA de la UE pueden adoptar diversas formas jurídicas que no necesariamente les confieren personalidad jurídica, debe entenderse que las disposiciones que exigen de los FILPE una determinada actuación se refieren al gestor del FILPE en los casos en que este esté constituido como FIA de la UE sin capacidad para actuar por sí mismo, por carecer de personalidad jurídica propia.

(15)  Con objeto de garantizar que los FILPE vayan dirigidos a inversiones a largo plazo y que contribuyen a financiar un crecimiento sostenible de la economía de la UE, las normas relativas a la cartera de dichos fondos deben exigir una clara determinación de las categorías de activos que se consideren aptos para inversión por los FILPE y de las condiciones en que se consideren aptos. Resulta oportuno que los FILPE inviertan, como mínimo, el 70 % de su capital en activos aptos para inversión y, como mínimo, un 60 % de su capital en valores emitidos por una empresa en cartera apta con sede en la Unión. En aras de la integridad de los FILPE, es conveniente, asimismo, prohibir que lleven a cabo determinadas operaciones financieras que puedan poner en peligro su estrategia y objetivos de inversión, al suponer riesgos adicionales distintos de los que cabe esperar en un fondo dedicado a inversiones a largo plazo. Con vistas a lograr una focalización clara en la inversión a largo plazo, atendiendo a su utilidad para los inversores minoristas que no estén familiarizados con estrategias de inversión menos convencionales, los FILPE no deben estar autorizados a invertir en instrumentos financieros derivados, salvo con fines de cobertura de los riesgos inherentes a sus propias inversiones. Dado el carácter líquido de las materias primas y los instrumentos financieros derivados que dan lugar a una exposición indirecta a aquellas, las inversiones en materias primas no requieren un compromiso a largo plazo del inversor, por lo que conviene descartarlas. Este razonamiento no se aplica a las inversiones en infraestructura o en sociedades relacionadas con materias primas o cuyos resultados estén indirectamente vinculados a la evolución de determinadas materias primas, tales como explotaciones agrícolas en el caso de materias primas agrícolas o centrales eléctricas en el caso de materias primas energéticas.

(15 bis)  A fin de que los FILPE contribuyan efectivamente a un crecimiento europeo sostenible, inteligente e integrador, cada FILPE deberá tener en cuenta el impacto social de las inversiones aptas, tomando en consideración sus características medioambientales, sociales y de gobernanza. En particular, el gestor del FILPE deberá poder demostrar la contribución inherente del activo seleccionado a los objetivos del modelo europeo de crecimiento, a saber, la mejora de las infraestructuras sociales, la movilidad sostenible, la producción y distribución de energía renovable, los procesos de eficiencia energética, así como empresas que operan en sectores que fomentan soluciones medioambientales y sociales, o que cuentan con un alto potencial de innovación.

(16)  La definición de lo que constituye una inversión a largo plazo es amplia. Sin exigir necesariamente largos períodos de tenencia al gestor del FILPE, los activos aptos para inversión son, por lo general, ilíquidos, requieren compromisos de cierta duración y presentan un perfil económico de carácter largoplacista. Los activos aptos para inversión no son valores mobiliarios y, por tanto, no tienen acceso a la liquidez de los mercados secundarios. Con frecuencia requieren compromisos de duración determinada que restringen su comerciabilidad. No obstante, habida cuenta de que las PYME cotizadas pueden tener problemas de liquidez y acceso al mercado secundario, los instrumentos de fondos propios o de deuda emitidos por PYME cotizadas deben incluirse entre los activos aptos para inversión del FILPE, ya que necesitan mantener una estructura de accionariado estable. En consecuencia, los activos aptos para inversión pueden ser valores mobiliarios y, por tanto, podrán tener acceso a la liquidez de los mercados secundarios. El ciclo económico de la inversión a la que se dirigen los FILPE es esencialmente de carácter largoplacista, debido a los elevados compromisos de capital y el prolongado plazo que resultan necesarios para producir rendimientos. Como consecuencia de ello, estos activos no son adecuados para las inversiones con derecho de reembolso, excepto en casos concretos y en determinadas condiciones.

(17)  Procede autorizar a los FILPE a invertir en activos distintos de los activos aptos para inversión, en la medida en que resulte necesario para gestionar eficientemente su flujo de caja, y siempre que ello sea compatible con su estrategia de inversión a largo plazo.

(18)  Procede incluir entre los activos aptos para inversión las participaciones, tales como los instrumentos de fondos propios o cuasi fondos propios, los instrumentos de deuda de empresas en cartera admisibles y los préstamos otorgados a estas. Asimismo, deben comprender la participación en otros fondos que se centren en activos tales como las inversiones en empresas no cotizadas que emitan instrumentos de fondos propios o de deuda para los cuales no siempre exista un comprador fácilmente identificable. Las tenencias directas de activos reales, salvo que hayan sido objeto de titulización, también deben considerarse una clase de activos aptos con arreglo a estrictas condiciones relativas a su valor de adquisición y a su perfil de flujo de efectivo.

(19)  Debe entenderse que los instrumentos de cuasi fondos propios consisten en un tipo de instrumento financiero que es una combinación de fondos propios y deuda, cuyo rendimiento está vinculado a los beneficios o las pérdidas de la empresa en cartera admisible, y cuyo reembolso en caso de quiebra no está completamente garantizado. Estos instrumentos incluyen una diversidad de instrumentos de financiación, tales como préstamos subordinados, aportaciones pasivas, préstamos participativos, derechos de disfrute, obligaciones convertibles y bonos con certificados de opción de compra ("warrants").

(20)  Atendiendo a las prácticas comerciales vigentes, procede permitir que los FILPE adquieran acciones en circulación de una empresa en cartera admisible a los accionistas existentes de esa empresa. Asimismo, con vistas a garantizar que las oportunidades de captación de fondos sean lo más amplias posible, procede autorizar las inversiones en otros FILPE. Para evitar la dilución de las inversiones en empresas en cartera admisibles, solo debe permitirse a los FILPE invertir en otros FILPE si estos últimos no han invertido, a su vez, más del 10 % de su capital en otros FILPE.

(21)  El recurso a empresas financieras es necesario para comercializar los FILPE de forma eficaz ante los inversores y para agrupar y organizar las aportaciones de distintos inversores, incluidas las inversiones de carácter público, destinadas a proyectos de infraestructura. Por consiguiente, resulta oportuno autorizar a los FILPE a invertir en activos aptos para inversión a través de empresas financieras, siempre que estas empresas se dediquen a financiar proyectos a largo plazo y el crecimiento de las PYME.

(22)  ▌Las empresas en cartera admisibles deben incluir proyectos de infraestructura e inversiones en empresas no cotizadas y PYME cotizadas que aspiran a expandirse ▌que podrían ser adecuados a efectos de inversión a largo plazo.

(23)  Debido a la magnitud de los proyectos de infraestructura, estos requieren grandes volúmenes de capital que han de permanecer invertidos durante largos períodos de tiempo. Estos proyectos de infraestructura deben comprender los edificios públicos, como escuelas, hospitales y prisiones, la infraestructura social, como las viviendas sociales, la infraestructura de transporte, como carreteras, sistemas de transporte colectivo o aeropuertos, la infraestructura energética, como redes de energía, proyectos de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, centrales eléctricas o gasoductos y oleoductos, la infraestructura de gestión del agua, como sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado o sistemas de irrigación, la infraestructura de comunicación, como las redes, y la infraestructura de gestión de residuos, como los sistemas de reciclado o recogida.

(24)  Para las empresas no cotizadas, puede resultar difícil acceder a los mercados de capitales y financiar su crecimiento y expansión. La financiación privada a través de participaciones en los fondos propios o de préstamos constituye una forma habitual de conseguir financiación. Dado que esos instrumentos representan, por su propia naturaleza, inversiones a largo plazo, requieren un capital «paciente» que los FILPE pueden aportar. Además, las PYME cotizadas a menudo se enfrentan a obstáculos considerables a la hora de obtener financiación a largo plazo, y los FILPE pueden ofrecer fuentes alternativas de financiación valiosas.

(25)  Las inversiones en infraestructura requieren capital paciente debido a la ausencia de mercados secundarios líquidos. Los fondos de inversión representan una fuente esencial de financiación para los activos que exigen un gasto de capital sustancial. En lo que respecta a estos activos, es con frecuencia necesario agrupar capital de diversas fuentes para lograr el nivel deseado de financiación. Las inversiones de ese tipo exigen prolongados períodos de tiempo, debido al ciclo económico generalmente largo que llevan aparejado dichos activos. Amortizar la inversión en activos reales de gran envergadura suele llevar varios años. Con vistas a facilitar el desarrollo de esos activos de gran envergadura, resulta oportuno que los FILPE tengan la posibilidad de invertir directamente en infraestructura de valor superior a 10 millones de euros y que produzcan flujo de caja recurrente y previsible a lo largo de su duración. ▌Por estos motivos, es necesario otorgar la misma consideración a las tenencias directas de infraestructura y las inversiones en empresas en cartera admisibles.

(26)  Si el gestor posee una participación en una empresa en cartera, existe el riesgo de que anteponga sus intereses a los de los inversores del fondo. Para evitar tales conflictos de intereses, el FILPE solo debe invertir en activos que no guarden ninguna relación con el gestor y garantizar así una buena gobernanza empresarial, salvo que inviertan en acciones o participaciones o en activos gestionados por el gestor del FILPE que sean aptos con arreglo al presente Reglamento.

(27)  A fin de ofrecer a los gestores de FILPE un cierto grado de flexibilidad en la inversión de sus fondos, debe permitirse la negociación de activos distintos de las inversiones a largo plazo hasta un límite máximo del 30 % de su capital.

(28)  Con el fin de limitar la asunción de riesgos por los FILPE, es esencial reducir el riesgo de contraparte, sometiendo la cartera de dichos fondos a claros requisitos de diversificación. Todos los derivados extrabursátiles deben estar sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo […](7).

(29)  A fin de evitar que un FILPE que haya invertido en otro FILPE pueda ejercer una influencia significativa en la gestión de este o de un organismo emisor, es necesario evitar una concentración excesiva de un FILPE en una misma inversión.

(30)  Con objeto de permitir a los gestores de FILPE captar capital adicional durante la vida del fondo, resulta oportuno autorizarles a recibir préstamos en efectivo por un importe máximo del 40 % del capital del fondo. Ello contribuirá a incrementar el rendimiento ofrecido a los inversores. A fin de eliminar el riesgo de desfase de divisas, el FILPE solo debe contraer préstamos en la moneda en la que el gestor tenga previsto adquirir el activo.

(31)  Debido al carácter a largo plazo e ilíquido de las inversiones de un FILPE, los gestores deben tener tiempo suficiente para aplicar los límites de inversión. Si bien han de tenerse en cuenta las especificidades y características de las inversiones, el tiempo necesario para aplicar dichos límites no debe exceder de cinco años.

(31 bis)  En circunstancias excepcionales especificadas en los reglamentos constitutivos, el ciclo de vida de un FILPE podría prolongarse o reducirse en aras de una mayor flexibilidad, por ejemplo cuando un proyecto se finalice más tarde o más temprano de lo previsto, para alinearlo con su estrategia de inversión a largo plazo.

(31 ter)  El Banco Europeo de Inversiones (BEI), dada su experiencia en la financiación de infraestructuras de la Unión, y otras entidades nacionales similares, deberían colaborar activamente con los gestores e inversores de los FILPE, en particular los inversores minoristas, que pueden carecer de la experiencia pertinente. Igualmente, la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos del BEI y otras actividades similares, como el Mecanismo «Conectar Europa», deberían vincularse directamente al FILPE, y el BEI se encargaría de asumir riesgos y proporcionar garantías, para reducir los riesgos inherentes a este tipo de inversiones y animar a los inversores a confiar en el FILPE como vehículo de inversión seguro.

(32)  ▌Nada debe impedir a un FILPE solicitar la admisión de sus acciones o participaciones a negociación en un mercado regulado, según se define en el artículo 4, punto 21, de la Directiva 2014/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8) [nueva MiFID], en un sistema multilateral de negociación, según se define en el artículo 4, punto 22, de la Directiva 2014/…/UE [nueva MiFID], o en un sistema organizado de negociación, según se define en el artículo 4, punto 23, de la Directiva 2014/…/UE [nueva MiFID], ofreciendo así a los inversores la oportunidad de vender sus acciones o participaciones antes del vencimiento del FILPE. En consecuencia, el reglamento o los documentos constitutivos del FILPE no deben impedir la admisión a cotización o negociación de las acciones o participaciones en mercados regulados, ni prohibir a los inversores que cedan libremente sus acciones o participaciones a terceros que deseen adquirirlas. No obstante, conforme a la experiencia en los mercados nacionales hasta la fecha, la negociación en los mercados secundarios puede funcionar en algunos mercados, pero en otros esta opción puede entrañar primas elevadas o descuentos importantes sobre las participaciones o acciones de los FILPE admitidos a cotización o negociados en mercados regulados, lo que evitaría, en la práctica, que los inversores utilizaran esta alternativa. Por tanto, esta opción no es suficiente para sustituir a la opción de reembolsos más regulares.

(33)  A fin de que los inversores puedan rescatar efectivamente sus acciones o participaciones al vencimiento del fondo, el gestor debe empezar a vender la cartera de activos del FILPE con la debida antelación para garantizar la adecuada realización del valor. A la hora de definir un programa de desinversión ordenada, el gestor del FILPE debe tener en cuenta los diferentes perfiles de vencimiento de las inversiones y el lapso de tiempo necesario para encontrar un comprador para los activos en los que el FILPE esté invertido. Dada la imposibilidad de mantener los límites de inversión durante ese período de liquidación, resulta oportuno que dejen de aplicarse al iniciarse dicho período.

(34)  Los activos en los que esté invertido un FILPE podrían ser admitidos a cotización en un mercado regulado durante el período de vida del fondo. De ser así, el activo ya no se atendría al requisito de no estar admitido a cotización que establece el presente Reglamento. Con vistas a permitir a los gestores deshacerse de ese activo de manera ordenada, este podría seguir computándose al calcular el límite del 70 % de activos aptos para inversión durante un período máximo de tres años.

(35)  Habida cuenta de las características específicas de los FILPE, así como de los inversores minoristas y profesionales a los que se dirigen, es importante establecer sólidos requisitos de transparencia que permitan a los inversores potenciales formarse un juicio fundado y tener pleno conocimiento de los riesgos. Además de los requisitos de transparencia contenidos en la Directiva 2011/61/UE, los FILPE deben estar obligados a publicar un folleto que incluya necesariamente toda la información que deben revelar los organismos de inversión colectiva de tipo cerrado con arreglo a la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9) y al Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión(10). Con vistas a la comercialización de un FILPE entre inversores minoristas, ha de ser obligatorio publicar un documento de datos fundamentales, de conformidad con el Reglamento nº […] del Parlamento Europeo y del Consejo(11) [PPIM]. Además, cualquier documento de promoción comercial debe poner expresamente de manifiesto el perfil de riesgo del FILPE y mencionar cualquier participación en instrumentos en los que intervengan fondos presupuestarios de la Unión.

(36)  Dado que los FILPE van dirigidos tanto a los inversores profesionales como a los inversores minoristas de toda la Unión, es necesario añadir ciertos requisitos a los requisitos de comercialización establecidos en la Directiva 2011/61/UE, con el fin de asegurar un nivel adecuado de protección del inversor, sobre todo en el caso de los inversores minoristas. Así, han de establecerse servicios que permitan realizar suscripciones, efectuar pagos a los accionistas o partícipes, recomprar o reembolsar las acciones o participaciones, y facilitar la información que el FILPE y sus gestores están obligados a proporcionar. Además, con objeto de evitar que los inversores minoristas se hallen en situación de desventaja con respecto a los inversores profesionales con experiencia, deben establecerse determinadas garantías a la hora de comercializar los FILPE entre inversores minoristas.

(37)  Resulta oportuno que la autoridad competente del FILPE verifique si este se halla en condiciones de cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento de manera permanente. Dado que las autoridades competentes ostentan ya amplios poderes en virtud de la Directiva 2011/61/UE, procede ampliar dichos poderes con vistas a su ejercicio en el marco de la nueva normativa común relativa a los FILPE.

(38)  La AEVM debe estar facultada para ejercer, respecto del presente Reglamento, todas las competencias que le confiere la Directiva 2011/61/UE y se la debe dotar de todos los recursos necesarios para ello, en especial recursos humanos.

(39)  La Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM), instituida por el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo […](12), debe desempeñar un papel central en la aplicación de la normativa relativa a los FILPE, garantizando una aplicación coherente de las normas de la Unión por parte de las autoridades nacionales competentes. Al ser la AEVM un organismo con conocimientos muy especializados sobre los valores y sus mercados, resulta eficiente y adecuado confiarle la elaboración, de cara a su posterior presentación a la Comisión, de proyectos de normas técnicas de regulación que no impliquen decisiones políticas, en relación con las circunstancias en que se considerará que la duración de un FILPE es suficiente para abarcar el ciclo de vida de cada uno de sus activos, las características del plan para la enajenación ordenada de los activos del FILPE, las definiciones, métodos de cálculo y formas de presentación de los costes que deben publicarse, y las características de los servicios que habrán de crear los FILPE en cada Estado miembro en el que se propongan comercializar acciones o participaciones.

(39 bis)  La creación de incentivos fiscales, a escala nacional, en relación con las inversiones a largo plazo a través de los FILPE, puede desempeñar una función importante a la hora de asignar los recursos actualmente disponibles a la financiación de proyectos a largo plazo en la Unión, atendiendo en particular a proyectos beneficiosos para la sociedad y el medio ambiente. Por esta razón, cabría evaluar si los bonos para proyectos podrían pasar a considerarse activos aptos, a fin de garantizar economías de escala y alentar las sinergias entre los instrumentos de inversión de la Unión. Debe alentarse a los Estados miembros que se enfrentan a las consecuencias de ajustes presupuestarios a que ofrezcan garantías estatales y tratos fiscales favorables, tales como desgravaciones fiscales a los inversores que participen en los FILPE. Los Estados miembros deben tomar todas las medidas legislativas e institucionales necesarias para garantizar la aplicación del presente Reglamento.

(39 ter)  Los Estados miembros, así como las autoridades regionales y locales, tienen una importante responsabilidad en la promoción y comercialización de los FILPE ante los inversores, así como en el suministro de informaciones específicas a los ciudadanos y consumidores en cuanto a los beneficios que ofrece este nuevo marco.

(39 quater)  Es de capital importancia que se aliente a una serie de inversores semiprofesionales en la Unión, como los fondos de pensiones de tamaño medio, las compañías de seguros, los municipios, las iglesias, las instituciones benéficas y las fundaciones, que pueden disponer de suficiente capital y de cierta experiencia, para que inviertan en los FILPE.

(40)  Las nuevas normas uniformes relativas a los FILPE deben ajustarse a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo […](13), y en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo […](14).

(40 bis)  Los FILPE no deben invertir en ningún activo apto para inversión en el que el gestor tenga o adquiera un interés directo o indirecto distinto del que se derive de la tenencia de acciones o participaciones del FILPE que gestione. También deben existir garantías para evitar prácticas que falseen la competencia o creen barreras de acceso.

(41)  Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar la uniformidad de los requisitos prudenciales aplicables a las inversiones y las condiciones de funcionamiento de los FILPE en toda la Unión, teniendo plenamente en cuenta al mismo tiempo la necesidad de hallar un equilibrio entre la seguridad y fiabilidad de los FILPE, por una parte, y el funcionamiento eficiente del mercado de financiación a largo plazo y el coste para las distintas partes interesadas, por otra, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(42)  Las nuevas normas uniformes relativas a los FILPE respetan los derechos fundamentales y observan los principios reconocidos, en particular, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y concretamente el acceso a los servicios de interés económico general, la protección de los consumidores, la libertad de empresa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, y la protección de los datos personales. Las nuevas normas uniformes sobre los FILPE deben aplicarse con arreglo a estos derechos y principios.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1

Objeto y finalidad

1.  El presente Reglamento establece normas uniformes sobre la autorización, las políticas de inversión y las condiciones de funcionamiento de los fondos de inversión alternativos de la UE (en lo sucesivo denominados «FIA»), o compartimentos de FIA, que se comercialicen en la Unión Europea como fondos de inversión a largo plazo europeos (en lo sucesivo denominados «FILPE»).

1 bis.   El presente Reglamento tiene por objetivo movilizar y canalizar capital hacia la economía real, en consonancia con los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

2.  Los Estados miembros no podrán añadir ningún otro requisito en el ámbito regulado por el presente Reglamento.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)  «capital»: el total de las aportaciones de capital y del capital comprometido no exigido, calculado sobre la base de los importes invertibles tras deducir todas las comisiones, cargas y gastos que deban abonar directa o indirectamente los inversores;

1 bis)  «inversor minorista»: un inversor que no es un cliente profesional, de conformidad con el anexo II, sección I, de la Directiva .../.../UE [nueva MiFID];

1 ter)  «inversor profesional»: un inversor que es un cliente profesional, de conformidad con el anexo II, sección I, de la Directiva .../.../UE [nueva MiFID], o que, previa solicitud, pueda ser tratado como cliente profesional de conformidad con dicha Directiva;

1 quater)  «inversor semiprofesional»: un inversor minorista que se compromete a invertir un mínimo de 100 000 EUR y que presenta una declaración por escrito, distinta del contrato relativo al compromiso de inversión, de que es consciente de los riesgos ligados al compromiso o la inversión previstos;

2)  «fondos propios»: intereses en la propiedad de una empresa, representados por las acciones u otras formas de participación en el capital de la empresa en cartera admisible emitidas para sus inversores;

3)  «cuasi fondos propios»: cualquier tipo de instrumento financiero cuya rentabilidad esté vinculada a los resultados de la empresa en cartera admisible y cuyo reembolso en caso de quiebra no esté completamente garantizado;

4)  «empresa financiera»: cualquiera de las siguientes entidades:

a)  una entidad de crédito, tal como se define en el artículo 4, punto 1, del Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(15);

b)  una empresa de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 2, del Reglamento (UE) nº 575/2013;

c)  una empresa de seguros, tal como se define en el artículo 13, punto 1, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(16);

d)  una sociedad financiera de cartera, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 20, del Reglamento (UE) nº 575/2013;

e)  una sociedad mixta de cartera, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 22, del Reglamento (UE) nº 575/2013;

4 bis)  «FILPE profesional»: FILPE apto que se comercializará únicamente a inversores profesionales y semiprofesionales;

4 ter)  «FIA de la UE»: FIA de la UE tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra k), de la Directiva 2011/61/UE;

4 quater)  «GFIA de la UE»: GFIA de la UE tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra l), de la Directiva 2011/61/UE;

5)  «autoridad competente del FILPE»: la autoridad competente del Estado miembro de origen del FIA de la UE, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra p), de la Directiva 2011/61/UE;

6)  «Estado miembro de origen del FILPE»: el Estado miembro en el que el FILPE haya recibido autorización.

«autoridad competente del gestor del FILPE»: la autoridad competente del Estado miembro de origen del GFIA de la UE, tal como se define en el artículo 4, apartado 1, letra q), de la Directiva 2011/61/UE;

6 bis)  «pacto de recompra»: cualquier acuerdo por el que una parte cede valores o cualesquiera derechos conexos a su titularidad a una contraparte, con el compromiso de volver a comprarlos a un precio predefinido, en una fecha futura determinada o por determinar;

6 ter)  «venta en corto»: la venta al descubierto de activos;

6 quater)  «FILPE minorista»: FILPE entre cuyos inversores se incluyen inversores minoristas;

6 quinquies)  «préstamo de valores» o «toma en préstamo de valores»: una transacción por la cual una entidad o su contraparte ceden valores con la condición de que el prestatario devolverá valores equivalentes en una fecha futura o cuando así lo solicite la parte cedente; esta transacción constituirá un préstamo de valores para la entidad que ceda los valores y una toma en préstamo de valores para la entidad que los reciba;

6 sexies)  «infraestructura»: instalaciones y estructuras organizativas básicas, físicas o intangibles, necesarias para el funcionamiento de una sociedad o empresa;

Artículo 3

Autorización y uso de la denominación

1.  Únicamente los FIA de la UE podrán solicitar y recibir autorización para operar como FILPE.

2.  Un FILPE ▌podrá comercializarse en toda la Unión o en cualquiera de los Estados miembros a condición de que haya sido autorizado de conformidad con el presente Reglamento.

La autorización para operar como FILPE será válida en todos los Estados miembros.

3.  Un organismo de inversión colectiva solo podrá utilizar la denominación «FILPE» o «fondo europeo de inversión a largo plazo», en relación consigo mismo o con las participaciones o acciones que emita, cuando haya sido autorizado de conformidad con el presente Reglamento.

4.  Las autoridades competentes de los FILPE informarán confidencialmente a la AEVM, con periodicidad trimestral, de las autorizaciones concedidas o revocadas conforme al presente Reglamento y facilitarán todos los detalles necesarios sobre las actividades de los FILPE que garantizan la conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

La AEVM llevará un registro público central en el que se identifique cada FILPE autorizado con arreglo al presente Reglamento, su gestor, la información facilitada de conformidad con el artículo 4, y su autoridad competente. El registro estará disponible en formato electrónico.

Artículo 4

Solicitud de autorización para operar como FILPE

1.  Todo FIA de la UE deberá solicitar autorización a su autoridad competente en su calidad de FILPE.

La solicitud de autorización para operar como FILPE comprenderá lo siguiente:

a)  el reglamento del fondo o sus documentos constitutivos;

b)  la identidad del gestor del FILPE propuesto, su historial actual y previo en la gestión de fondos y la experiencia pertinente en materia de inversiones a largo plazo;

c)  la identidad del depositario;

d)  una descripción de la información que se vaya a comunicar a los inversores;

d bis)  en el caso de los FILPE minoristas, una descripción de los procedimientos y acuerdos en vigor para tratar las reclamaciones de los inversores minoristas;

e)  cualquier otra información o documento que la autoridad competente del FILPE solicite para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento.

2.  Un GFIA de la UE autorizado en virtud de la Directiva 2011/61/UE tendrá derecho a gestionar un FILPE y presentará a la autoridad competente del FILPE una solicitud simplificada de aprobación para gestionar un FILPE que haya presentado una solicitud de autorización de conformidad con el apartado 1. Esta solicitud de aprobación hará referencia a la solicitud (incluida la documentación presentada) y la autorización en virtud de la Directiva 2011/61/UE.

3.  El FILPE y el GFIA de la UE serán informados, en el plazo de [dos meses] a contar desde la fecha de presentación de una solicitud completa, de si se ha concedido o no la autorización del FILPE y la aprobación para la gestión del FILPE.

4.  Cualquier modificación posterior de la documentación a que se refiere el apartado 1 ▌ deberá notificarse de inmediato a la autoridad competente del FILPE.

Artículo 5

Condiciones de concesión de la autorización

1.  Los FILPE solicitantes solo recibirán autorización si su autoridad competente:

a)  está convencida de que el FILPE solicitante puede cumplir todos los requisitos del presente Reglamento y ha aprobado el reglamento del fondo o los documentos constitutivos y la elección del depositario;

b)  ha aprobado la solicitud de gestión del FILPE presentada por un GFIA de la UE autorizado con arreglo a la Directiva 2011/61/UE ▌;

b bis)  está convencida de que el gestor del FILPE propuesto o la persona que ejerce la función de gestión en el gestor del FILPE propuesto no ha sido previamente objeto de sanciones por incumplimiento de la legislación nacional o de la Unión que rige la gestión de los fondos;

1 bis.  La autoridad competente comunicará su respuesta al FILPE solicitante en el plazo de [dos] meses.

2.  La autoridad competente del FILPE podrá denegar la solicitud de gestión del FILPE presentada por el GFIA de la UE únicamente cuando:

a)  el GFIA de la UE no cumpla con lo dispuesto en el presente Reglamento;

b)  el GFIA de la UE no cumpla con lo dispuesto en la Directiva 2011/61/UE, según lo estipulado en cooperación con la autoridad competente del gestor del FILPE de conformidad con el presente Reglamento y con las disposiciones sobre cooperación en materia de supervisión que figuran en la Directiva 2011/61/UE;

c)  el GFIA de la UE no esté autorizado por su autoridad competente para gestionar FIA que consistan en fondos del tipo contemplado en el presente Reglamento, según lo estipulado en cooperación con la autoridad competente del gestor del FILPE de conformidad con el presente Reglamento;

d)  el GFIA de la UE no haya facilitado la documentación a que se refiere el artículo 4, apartado 2, ni cualquier aclaración o información solicitada en él.

Antes de denegar una solicitud, la autoridad competente del FILPE consultará a la autoridad competente del GFIA de la UE.

3.  La autoridad competente no concederá la autorización al FILPE si existe algún impedimento legal para que el FILPE solicitante comercialice sus acciones o participaciones en su Estado miembro de origen. La autoridad competente comunicará al FILPE solicitante los motivos por los que deniega la autorización. La denegación se aplicará en todos los Estados miembros.

4.  La autorización como FILPE no estará supeditada a la obligación de que el FILPE sea gestionado por un GFIA de la UE autorizado en el Estado miembro de origen del FILPE, o a la obligación de que el GFIA de la UE desempeñe o delegue cualesquiera actividades en ese Estado miembro de origen.

Artículo 6

Normas aplicables y responsabilidad

1.  Los FILPE deberán cumplir en todo momento las disposiciones del presente Reglamento.

2.  Los FILPE y los gestores de FILPE deberán cumplir en todo momento los requisitos de la Directiva 2011/61/UE.

3.  El gestor del FILPE será responsable de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento. El gestor del FILPE responderá de cualquier pérdida o daño que se deriven del incumplimiento del presente Reglamento.

Capítulo II

Obligaciones relativas a la política de inversión de los FILPE

SECCIÓN 1

Normas generales y activos aptos

Artículo 7

Compartimentos de inversión

Cuando un FILPE conste de varios compartimentos de inversión, cada compartimento de FILPE se considerará un FILPE independiente a efectos del presente capítulo.

Artículo 8

Inversiones aptas

1.  De conformidad con los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, los FILPE invertirán únicamente en las siguientes categorías de activos y solo en las condiciones especificadas en el presente Reglamento:

a)  activos aptos para inversión;

b)  activos a que se refiere el artículo 50, apartado 1, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17).

2.  Los FILPE no emprenderán ninguna de las siguientes actividades:

a)  vender activos en corto;

b)  asumir una exposición directa o indirecta a materias primas, ni por medio de derivados, certificados que las representen o índices basados en ellas ni por cualquier otro medio o instrumento que pueda dar lugar a una exposición a las mismas;

d)  utilizar instrumentos financieros derivados, salvo que ▌su única finalidad sea cubrir los riesgos ▌inherentes a otras inversiones del FILPE.

2 bis.  Para garantizar la aplicación coherente del presente artículo, la AEVM elaborará, tras llevar a cabo una consulta pública, proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen criterios para determinar las circunstancias en las que los contratos de derivados tengan como única finalidad cubrir los riesgos inherentes a las inversiones a que se refiere el apartado 2, letra d).

La AEVM presentará estos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar [3 meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 9

Activos aptos para inversión

Los activos a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra a), solo se considerarán aptos para inversión por un FILPE si entran en una de las siguientes categorías:

a)  instrumentos de fondos propios o cuasi fondos propios que:

i)  hayan sido emitidos por una empresa en cartera admisible y adquiridos directamente por el FILPE a dicha empresa;

ii)  hayan sido emitidos por una empresa en cartera admisible a cambio de un instrumento de fondos propios previamente adquirido directamente por el FILPE a dicha empresa;

iii)  hayan sido emitidos por una empresa que posea una participación mayoritaria en una empresa en cartera admisible que sea su filial, a cambio de un instrumento de fondos propios adquirido por el FILPE, conforme a los incisos i) o ii), a la empresa en cartera admisible;

b)  instrumentos de deuda emitidos por una empresa en cartera admisible con un vencimiento alineado con el ciclo de vida del FILPE;

c)  préstamos concedidos por el FILPE a una empresa en cartera admisible con un vencimiento alineado con el ciclo de vida del FILPE;

d)  acciones o participaciones de uno o varios fondos de capital riesgo europeos (FCRE), fondos de emprendimiento social europeos (FESE) u otros FILPE, siempre que estos fondos no hayan invertido, a su vez, más del 10 % de su capital en FILPE;

e)  tenencias directas o indirectas, mediante empresas en cartera admisibles, de infraestructuras que requieran individualmente un gasto inicial de capital igual o superior a 10 millones de euros, o su equivalente en la moneda en que se efectúe el gasto y en esa fecha y que proporcionen rendimientos periódicos y previsibles.

De conformidad con los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador o en el marco de la política regional de la Unión, las autoridades competentes, al examinar las solicitudes, darán prioridad a los proyectos financiados por asociaciones entre los sectores público y privado.

Artículo 10

Empresa en cartera admisible

1.  Las empresas en cartera admisibles a que se refiere el artículo 9, apartado 1, serán empresas en cartera que no sean organismos de inversión colectiva y que reúnan todos los requisitos siguientes:

a)  que no sean empresas financieras distintas de los bancos europeos multilaterales de desarrollo contemplados en el Reglamento (UE) nº 575/2013 [CRR], en su artículo 117, apartado 2, letras f), i), j) y k);

b)  que no estén admitidas a cotización:

i)  en un mercado regulado, según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 21, de la Directiva 2014/…/UE [nueva MiFID];

ii)  en un sistema multilateral de negociación, según se define en el artículo 4, apartado 1, punto 22, de la Directiva 2014/…/UE [nueva MiFID];

b bis)  que estén admitidas a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación y tengan una capitalización bursátil no superior a 1 000 000 000 EUR;

b ter)  que estén admitidas a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación y se considere que pertenecen a la categoría de las PYME, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del anexo de la Recomendación 223/361/CE de la Comisión(18);

c)  que estén establecidas en un Estado miembro, o en un tercer país siempre que este:

i)  no forme parte de los países y territorios de alto riesgo y no cooperativos definidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI);

ii)  haya firmado un acuerdo con el Estado miembro de origen del gestor del FILPE y con todos los demás Estados miembros en los que esté previsto comercializar las acciones o participaciones del FILPE, que establezca que el tercer país no sea un país:

—  en el que no se apliquen impuestos o se apliquen impuestos simbólicos,

—  en el que no exista un intercambio de información efectivo con las autoridades tributarias extranjeras,

—  en el que no sean transparentes las disposiciones legislativas, judiciales o administrativas,

—  en el que no se exija una presencia local sustantiva,

—  que actúe como un centro financiero extraterritorial.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra a), […], una empresa en cartera admisible podrá ser una empresa financiera o un organismo de inversión colectiva que, de conformidad con los objetivos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, financie exclusivamente empresas en cartera admisibles a tenor del apartado 1 del presente artículo o activos reales a tenor del artículo 9.

Artículo 11

Conflictos de intereses

Los FILPE no invertirán en ningún activo apto para inversión en el que el gestor tenga o adquiera un interés directo o indirecto, distinto del que se derive de la tenencia de participaciones de los FILPE, los FESE, los FCRE o los organismos de inversión colectiva en el sentido del artículo 10, apartado 2, que gestione.

Sección 2

Disposiciones relativas a la política de inversión

Artículo 12

Composición y diversificación de la cartera

1.  Los FILPE invertirán, como mínimo, el 70 % de su capital en activos aptos para inversión y, como mínimo, el 60 % de su capital en activos contemplados en el artículo 9, letras a), b) y c), en empresas en cartera admisibles establecidas en el territorio de un Estado miembro.

1 bis.  En el caso de que el reglamento o los documentos constitutivos del FILPE prevean derechos de reembolso periódicos, el FILPE mantendrá en los periodos predefinidos de reembolso una reserva de liquidez que tenga en cuenta los requisitos y condiciones para el ejercicio de los derechos de reembolso, equivalente a la gestión de la liquidez para el ejercicio de los derechos de reembolso.

1 ter.  La AEVM desarrollará normas técnicas de regulación para especificar más claramente la estructura de las reservas de liquidez.

La AEVM presentará estos proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el...*.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

2.  Los FILPE no podrán invertir más de:

a)  un 10 % de su capital en activos emitidos por una sola empresa en cartera admisible;

b)  un 10 % de su capital directa o indirectamente en una sola infraestructura, de conformidad con el artículo 9, letra e);

c)  un 10 % de su capital en acciones o participaciones de un mismo FILPE, FCRE o FESE o FIA;

d)  un 5 % de su capital en los activos a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), cuando dichos activos hayan sido emitidos por un mismo organismo.

3.  El valor agregado de las acciones o participaciones de FILPE, FCRE y FESE que formen parte de la cartera de un FILPE no podrá superar el 20 % del valor de su capital.

4.  La exposición al riesgo agregada del FILPE frente a una contraparte resultante de operaciones con derivados extrabursátiles (OTC) o pactos de recompra o pactos de recompra inversa no podrá superar el 5 % de su capital.

5.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2, letras a) y b), los FILPE podrán aumentar el límite del 10 % mencionado en dichas letras al 20 %, siempre que el valor agregado de los activos mantenidos por el FILPE en empresas en cartera admisibles y en los diversos activos reales en los que invierta más del 10 % de su capital no supere el 40 % del valor de su capital.

6.  Las sociedades incluidas en un mismo grupo a efectos de cuentas consolidadas, según lo dispuesto en la Séptima Directiva 83/349/CEE(19) del Consejo, o de conformidad con las normas internacionales de contabilidad reconocidas, se considerarán una única empresa en cartera admisible o un único organismo a efectos del cálculo de los límites a que se refieren los apartados 1 a 5.

Artículo 12 bis

En el caso de que el FILPE incumpla los requisitos de diversificación establecidos en el artículo 12 y dicho incumplimiento sea ajeno al control del gestor del FILPE, las autoridades competentes ofrecerán un plazo de seis meses para que el gestor adopte las medidas necesarias para rectificar la posición.

Artículo 13

Concentración

1.  Un FILPE no podrá adquirir más del 25 % de las acciones o participaciones de un mismo FILPE, FCRE o FESE.

2.  Los límites de concentración establecidos en el artículo 56, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE serán de aplicación a las inversiones en los activos a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del presente Reglamento.

Artículo 14

Toma en préstamo de efectivo

Los FILPE podrán recibir préstamos en efectivo, siempre que el préstamo recibido cumpla todas las condiciones siguientes:

a)  que no represente más del 40 % del capital del FILPE;

b)  que esté destinado a adquirir una participación en activos aptos para inversión;

c)  que se contraiga en la misma moneda que la de los activos que vayan a ser adquiridos con el préstamo de efectivo;

e bis)  que grave los activos que no representen más del 30 % del capital del FILPE;

e ter)  que su vencimiento esté alineado con el ciclo de vida del FILPE.

El gestor del FILPE informará con antelación a los inversores acerca de las futuras necesidades de financiación que se den en el marco de la estrategia de inversión.

Artículo 15

Aplicación de las normas de composición y diversificación de la cartera

1.  Los límites de inversión establecidos en el artículo 12, apartado 1:

a)  se aplicarán a más tardar en la fecha especificada en el reglamento o los documentos constitutivos del FILPE, la cual tendrá en cuenta las peculiaridades y características de los activos en los que vaya a invertir el FILPE y no será posterior al plazo de cinco años o a la mitad del ciclo de vida del FILPE, lo que tenga lugar antes, tal y como se establece de conformidad con el artículo 16, apartado 2, a contar desde la autorización del FILPE; en circunstancias excepcionales, la autoridad competente del FILPE, previa presentación de un plan de inversión debidamente justificado, podrá acceder a que este plazo se prorrogue por un año más como máximo;

b)  dejarán de aplicarse en cuanto el FILPE comience a vender activos de conformidad con su política de reembolso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16;

c)  se suspenderán temporalmente cuando el FILPE amplíe su capital, con sujeción a un período máximo de suspensión de 12 meses, sobre todo cuando se trate de una inversión en infraestructuras.

2.  Cuando un activo a largo plazo en el que haya invertido el FILPE haya sido emitido por una empresa en cartera admisible que no cumpla ya lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, letra b), el activo podrá seguir computándose a efectos del cálculo del 70 % a que se refiere el artículo 12, apartado 1, durante un máximo de tres años a partir de la fecha en que la empresa en cartera haya dejado de cumplir los requisitos del artículo 10.

Capítulo III

Reembolso, negociación y emisión de acciones o participaciones de FILPE y distribución de rendimientos

Artículo 16

Política de reembolso

1.  El gestor del FILPE podrá crear un FILPE profesional sin participación de inversores minoristas o podrá decidir crear un FILPE en el que puedan participar inversores minoristas, profesionales y semiprofesionales.

1 bis.   El reglamento o los documentos constitutivos del FILPE podrán indicar una fecha concreta como vencimiento del FILPE, así como el derecho de ampliación temporal de su ciclo de vida del FILPE y las condiciones para ejercer este derecho. Cuando no se indique una fecha concreta, el ciclo de vida del FILPE no estará limitado.

1 ter.  Si el gestor del FILPE decide permitir que inversores minoristas participen en el FILPE, todos los inversores podrán solicitar el reembolso de sus acciones o participaciones antes del vencimiento del FILPE. No obstante, el reembolso de acciones o participaciones de inversores institucionales o minoristas solamente una vez transcurrida la mitad del ciclo de vida del FILPE y hasta un máximo del 20 % del importe total del fondo. Si no se prevén derechos de reembolso en el reglamento del FILPE o sus documentos constitutivos, el reembolso a los inversores podrá comenzar el día siguiente a la fecha que marque el vencimiento del FILPE.

La AEVM desarrollará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar con más detalle las condiciones y los requisitos de las estructuras de la política de reembolsos de los FILPE, a fin de lograr más claridad y coherencia en toda la Unión.

2.  La duración del FILPE será coherente con su carácter a largo plazo y será suficiente para abarcar el ciclo de vida de cada uno de sus activos, medido con arreglo al perfil de iliquidez y el ciclo de vida económico del activo, y el objetivo de inversión declarado del fondo.

3.  Los inversores podrán solicitar la liquidación del FILPE si sus solicitudes de reembolso, realizadas de conformidad con la política de reembolsos del FILPE, no han sido satisfechas en el plazo de un año tras la fecha de su realización.

3 bis.  El reglamento del FILPE o sus documentos constitutivos y la información comunicada a los inversores establecerán los procedimientos para volver a invertir los ingresos de la inversión en empresas en cartera admisibles, bien en más empresas en cartera admisibles o en activos líquidos de alta calidad, si dichas inversiones vencen antes del vencimiento del FILPE.

4.  Los inversores tendrán siempre la opción de obtener el reembolso en efectivo.

5.  El reembolso en especie con activos del FILPE solo será posible cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)  que el reglamento o los documentos constitutivos del FILPE prevean tal posibilidad, y a condición de que todos los inversores reciban un trato equitativo;

b)  que el inversor solicite por escrito ser reembolsado mediante una parte de los activos del fondo;

c)  que no exista ninguna norma específica que restrinja la cesión de dichos activos.

6.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen las circunstancias en las que se considerará que la duración de un FILPE es suficiente para abarcar el ciclo de vida de cada uno de sus activos.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar en 2015.

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 17

Mercado secundario

1.  El reglamento o los documentos constitutivos de un FILPE no impedirán que sus acciones o participaciones puedan ser admitidas a negociación en un mercado regulado, según se define en el artículo 4, punto 14, de la Directiva 2004/39/CE, en un sistema multilateral de negociación, según se define en el artículo 4, punto 15, de la misma Directiva ▌.

2.  El reglamento o los documentos constitutivos del FILPE no impedirán a los inversores ceder libremente sus acciones o participaciones a terceros.

2 bis.  El FILPE publicará periódicamente una explicación de cualquier diferencia significativa entre el valor de mercado de las acciones o participaciones cotizadas y su propio cálculo del valor liquidativo.

Artículo 18

Emisión de nuevas acciones o participaciones

1.  Los FILPE podrán emitir nuevas acciones o participaciones de conformidad con su reglamento o sus documentos constitutivos.

2.  Los FILPE no emitirán nuevas acciones o participaciones a un precio inferior a su valor liquidativo sin haberlas ofrecido previamente a ese precio a los inversores existentes.

Artículo 19

Enajenación de los activos del FILPE

1.  Cada FILPE adoptará un plan pormenorizado para la enajenación ordenada de sus activos, a fin de reembolsar a los inversores tras el vencimiento del fondo.

2.  El plan a que se refiere el apartado 1 se revisará, como mínimo, anualmente, e incluirá:

a)  una evaluación del mercado de potenciales compradores;

b)  una evaluación y comparación de los precios de venta potenciales;

c)  una valoración de los activos por enajenar;

d)  un calendario preciso para el plan de enajenación.

3.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen los criterios con arreglo a los cuales se efectuarán la evaluación a que se refiere la letra a) y la valoración a que se refiere la letra c) del apartado 2.

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el […].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 20

Distribución de ingresos

1.  Los FILPE podrán distribuir periódicamente a los inversores los ingresos generados por los activos de la cartera. Estos ingresos comprenderán:

a)  cualesquiera ingresos producidos periódicamente por los activos;

b)  la plusvalía obtenida tras la enajenación de un activo ▌.

2.  La política de distribución de rendimientos se diseñará con el objetivo de minimizar la volatilidad de dichos rendimientos a los inversores. No se distribuirán los ingresos que resulten necesarios para futuros compromisos del FILPE.

2 bis.  Se autorizará a un FILPE a reducir su capital proporcionalmente en caso de que haya enajenado uno de sus activos de cartera.

3.  Los FILPE indicarán en su reglamento o documentos constitutivos la política de distribución que adoptarán durante su período de vida.

Capítulo IV

Requisitos de transparencia

Artículo 21

Transparencia

1.  Las acciones o participaciones de un FILPE autorizado no podrán comercializarse en la Unión sin la publicación previa de un folleto.

Las acciones o participaciones de un FILPE autorizado no podrán comercializarse entre inversores minoristas de la Unión sin la publicación previa de un documento de datos fundamentales, de conformidad con el Reglamento (UE) nº …/... [PPIM] .

2.  El folleto deberá contener la información necesaria para que los inversores puedan formarse un juicio fundado sobre la inversión que se les propone y, en particular, sobre los riesgos que conlleva.

3.  El folleto contendrá, como mínimo, lo siguiente:

a)  una declaración que precise de qué forma los objetivos de inversión del FILPE y su estrategia para alcanzarlos le confieren el carácter de un fondo a largo plazo;

b)  la información que deben revelar los organismos de inversión colectiva de tipo cerrado con arreglo a la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(20) y al Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión(21);

c)  la información que debe comunicarse a los inversores de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2011/61/UE, en el supuesto de que no esté ya comprendida en la mencionada en la letra b) del presente apartado;

d)  la indicación de forma destacada de las categorías de activos en los que el FILPE esté autorizado a invertir;

d bis)  un estado de flujos de tesorería;

4.  El folleto, el documento de datos fundamentales y cualesquiera otros documentos de promoción comercial informarán a los inversores, de manera destacada, sobre la naturaleza ilíquida del FILPE.

En particular, el folleto, el documento de datos fundamentales y los demás documentos de promoción comercial:

a)  informarán claramente a los inversores sobre la naturaleza a largo plazo de las inversiones del FILPE;

b)   si procede, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, informarán claramente a los inversores sobre el vencimiento del FILPE y sobre todo derecho de ampliación temporal del ciclo de vida del FILPE o todo derecho de intervención al respecto y sobre las condiciones específicas establecidas;

c)  indicarán claramente si el FILPE está destinado a ser comercializado entre inversores minoristas;

d)  indicarán los derechos de los inversores a obtener el reembolso de su inversión con arreglo al artículo 16, apartado 1, y al reglamento o los documentos constitutivos del FILPE;

e)  indicarán claramente la frecuencia y el calendario de los pagos de rendimientos a los inversores, en su caso, durante el período de vida del fondo;

f)  advertirán claramente a los inversores sobre la conveniencia de invertir solo una pequeña proporción de su cartera global de inversión en un FILPE.

f bis)  informarán a los inversores acerca de la estrategia para que las empresas no cotizadas puedan ser admitidas a cotización en mercados regulados;

f ter)  informarán claramente a los inversores sobre las estrategias relativas al uso de productos derivados, tomando en cuenta las características y aspectos específicos del proyecto en cuestión;

f quater)  mencionarán cualquier participación en instrumentos en los que intervengan fondos presupuestarios de la Unión;

f quinquies)  informarán a los inversores periódicamente, como mínimo una vez al año, de los avances de cada proyecto de inversión, del valor de las inversiones en cartera admisibles y del valor de otros activos en los que se coloca el efectivo sobrante, así como de la naturaleza, el propósito y el valor de los productos derivados utilizados.

4 bis.  El folleto para los FILPE profesionales contendrá la información necesaria con arreglo al artículo 23 de la Directiva 2011/61/UE. Contendrá además toda desviación de lo dispuesto en el artículo 12 sobre la composición de la cartera.

Artículo 22

Publicación de costes

1.  El folleto indicará de forma destacada a los inversores el nivel de los distintos costes soportados directa o indirectamente por el inversor. Los diferentes costes se agruparán en las siguientes categorías:

a)  costes de establecimiento del FILPE;

b)  costes relativos a la adquisición de activos;

c)  costes de gestión;

d)  costes de distribución;

e)  otros costes, incluidos los costes administrativos, reglamentarios, de depositario, de custodia, de servicios profesionales y de auditoría.

2.  El folleto indicará la ratio global entre los costes y el capital del FILPE.

3.  El documento de datos fundamentales reflejará todos los costes indicados en el folleto expresados como costes totales en términos monetarios y en porcentaje.

4.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen lo siguiente:

a)  las definiciones, métodos de cálculo y formatos de presentación comunes de los costes a que se refiere el apartado 1 y la ratio global a que se refiere el apartado 2;

b)  la definición, el método de cálculo y el formato de presentación comunes de la expresión de los costes totales a que se refiere el apartado 3.

Al elaborar estos proyectos de normas técnicas de regulación, la AEVM tendrá en cuenta las normas técnicas de regulación a que se refiere el punto (...) del Reglamento (UE) nº …/… [PPIM].

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el […].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Capítulo V

Comercialización de acciones o participaciones de FILPE

Artículo 23

Servicios a disposición de los inversores

1.  Si el reglamento o los documentos constitutivos de un FILPE minorista prevén derechos de reembolso, el gestor del FILPE establecerá, en cada Estado miembro en el que se proponga comercializar acciones o participaciones de ese FILPE, servicios que permitan realizar suscripciones, efectuar pagos a los accionistas o partícipes, recomprar o reembolsar las acciones o participaciones, y facilitar la información que el FILPE y sus gestores están obligados a proporcionar.

2.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que especifiquen el tipo y las características de los servicios, su infraestructura técnica, y el contenido de sus funciones con respecto a los inversores del FILPE con arreglo al apartado 1

La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el […].

Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

2 bis.  Lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo no se aplicará a los FILPE profesionales.

Artículo 24

Requisitos adicionales a efectos de la comercialización entre inversores minoristas

El gestor de un FILPE podrá comercializar las acciones o participaciones de este último entre inversores minoristas, siempre que se cumplan todos los requisitos adicionales siguientes:

a)   que el reglamento o los documentos constitutivos del FILPE estipulen que todos los inversores recibirán el mismo trato y no se concederá ningún trato preferente o ventajas económicas específicas a determinados inversores o grupos de inversores;

b)   que el FILPE pueda estar estructurado como sociedad personalista si ello no requiere compromisos adicionales para el inversor aparte del compromiso inicial de capital;

c)   que los inversores minoristas puedan, durante el período de suscripción ▌de acciones o participaciones del FILPE, cancelar su suscripción y obtener la devolución de su dinero sin ninguna penalización.

c bis)  que el gestor del FILPE haya establecido procedimientos y disposiciones adecuados para tratar las reclamaciones de los inversores minoristas que permitan a los inversores presentar reclamaciones en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de su Estado miembro;

c ter)  que la forma jurídica del FILPE sea tal que los inversores minoristas no puedan perder más del importe que hayan invertido en el fondo;

c quater)  que el FILPE invierta en participaciones o acciones de FCRE y FESE únicamente si dichos fondos tienen un depositario.

La AEVM desarrollará normas para especificar las disposiciones relativas a los inversores minoristas que deben incluirse en el reglamento del fondo o sus documentos constitutivos.

Artículo 25

Comercialización de acciones o participaciones de FILPE

1.  El gestor de un FILPE podrá comercializar las acciones o participaciones de este último entre los inversores profesionales, semiprofesionales y minoristas de su Estado miembro de origen una vez efectuada la notificación prevista en el artículo 31 de la Directiva 2011/61/UE.

2.  El gestor de un FILPE podrá comercializar las acciones o participaciones de este último entre los inversores profesionales, semiprofesionales y minoristas de Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen una vez efectuada la notificación prevista en el artículo 32 de la Directiva 2011/61/UE.

3.  En relación con cada uno de los FILPE, el gestor de un FILPE deberá comunicar a la autoridad competente si tiene o no la intención de comercializarlo entre los inversores minoristas.

4.  Además de la documentación e información exigidas en el artículo 32 de la Directiva 2011/61/UE, el gestor del FILPE proporcionará a su autoridad competente lo siguiente:

a)  el folleto del FILPE;

b)  el documento de datos fundamentales del FILPE, en caso de comercialización entre inversores minoristas;

c)  información sobre los servicios a que se refiere el artículo 22.

5.  Se entenderá que las competencias y facultades otorgadas a las autoridades competentes por el artículo 32 de la Directiva 2011/61/UE se refieren también a la comercialización de FILPE entre inversores minoristas y se aplican a los requisitos adicionales establecidos en el presente Reglamento.

6.  ▌La autoridad competente del Estado miembro de origen del gestor del FILPE prohibirá la comercialización de un FILPE autorizado si su gestor no cumple, o no va a cumplir, las disposiciones del presente Reglamento.

7.  Además de las facultades que le otorga el artículo 32, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2011/61/UE, la autoridad competente del Estado miembro de origen del gestor del FILPE se negará también a transmitir el expediente de notificación completo a las autoridades competentes del Estado miembro en el que se pretenda comercializar el FILPE, si su gestor no cumple, o no va a cumplir, las disposiciones del presente Reglamento.

Capítulo VI

Supervisión

Artículo 26

Supervisión por las autoridades competentes

1.  Las autoridades competentes supervisarán el cumplimiento del presente Reglamento de forma permanente.

2.  La autoridad competente del FILPE será responsable de supervisar el cumplimiento de las normas establecidas en los capítulos II, III y IV.

3.  La autoridad competente del FILPE será responsable de supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el reglamento del fondo o los documentos constitutivos, así como las obligaciones establecidas en el folleto, que serán coherentes con el presente Reglamento.

4.  La autoridad competente del gestor será responsable de supervisar la adecuación de las disposiciones y la organización del mismo, a fin de que este esté en condiciones de cumplir las obligaciones y las normas relativas a la constitución y el funcionamiento de todos los FMM que gestiona.

La autoridad competente del gestor del FILPE será responsable de supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento por parte de dicho gestor.

5.  Las autoridades competentes supervisarán a los organismos de inversión colectiva establecidos o comercializados en su territorio, con objeto de comprobar que no hagan uso de la denominación «FILPE» o den a entender que son un FILPE sin estar autorizados y cumplir con el presente Reglamento.

Artículo 27

Facultades de las autoridades competentes

1.  Las autoridades competentes dispondrán de todas las facultades de supervisión e investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones en virtud del presente Reglamento.

1 bis.  La autoridad competente del FILPE, respetando el principio de proporcionalidad, adoptará las medidas adecuadas, en particular si el gestor del FILPE:

a)  incumple los requisitos que se aplican a la composición y diversificación de cartera, infringiendo los artículos 12 y 15;

b)  comercializa, infringiendo los artículos 24 y 25, las acciones o participaciones de un FILPE a inversores minoristas;

c)  utiliza la denominación «FILPE» sin estar autorizado de conformidad con el artículo 3;

d)  utiliza la denominación «FILPE» para comercializar fondos no establecidos de conformidad con el artículo 3, apartado 1;

e)  incumple las normas aplicables y la responsabilidad infringiendo el artículo 6.

1 ter.  En los casos contemplados en el apartado 1 bis, la autoridad competente del Estado miembro de origen del FILPE adoptará, si procede, las siguientes medidas:

a)  adoptará medidas para garantizar que el gestor del FILPE cumple lo dispuesto en los artículos 3, 6, 12, 15, 24 y 25;

b)  prohibirá el uso de la denominación «FILPE» y retirará de la autorización la aprobación concedida al gestor del FILPE de que se trate.

2.  Las facultades atribuidas a las autoridades competentes con arreglo a la Directiva 2011/61/UE se ejercerán asimismo respecto del presente Reglamento.

Artículo 28

Facultades y competencias de la AEVM

1.  La AEVM dispondrá de las facultades y los recursos necesarios para desempeñar las funciones que se le asignan en virtud del presente Reglamento.

2.  Las facultades que la Directiva 2011/61/UE confiere a la AEVM habrán de ejercerse asimismo respecto del presente Reglamento y de conformidad con el Reglamento (CE) nº 45/2001.

3.  A efectos del Reglamento (UE) nº 1095/2010, el presente Reglamento constituirá un acto jurídicamente vinculante de la Unión que confiere funciones a la Autoridad, a tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

Artículo 29

Cooperación entre autoridades

1.  La autoridad competente del FILPE y la autoridad competente del gestor, si no coincide con aquella, cooperarán entre sí e intercambiarán información a efectos del desempeño de sus funciones con arreglo al presente Reglamento.

2.  Las autoridades competentes y la AEVM cooperarán entre sí a efectos del desempeño de sus correspondientes obligaciones con arreglo al presente Reglamento y de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1095/2010.

3.  Las autoridades competentes y la AEVM intercambiarán toda la información y documentación necesarias para desempeñar sus correspondientes obligaciones con arreglo al presente Reglamento y de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1095/2010, en particular para detectar y subsanar las infracciones del presente Reglamento.

Capítulo VII

Disposiciones finales

Artículo 30

Revisión

La Comisión comenzará la revisión de la aplicación del presente Reglamento al mismo tiempo que la revisión prevista en el artículo 69 de la Directiva 2011/61/UE o inmediatamente después. La revisión se centrará, en particular, en lo siguiente:

a)  el impacto del artículo 16, apartado 1 ▌;

b)  el impacto sobre la diversificación de los activos de la aplicación del umbral mínimo del 70 % de activos aptos para inversión establecido en el artículo 12, apartado 1, en particular ▌la posible necesidad de medidas adicionales en materia de liquidez ▌;

c)  el alcance de la comercialización de FILPE en la Unión, así como la eventualidad de que los GFIA en el sentido del artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2011/61/UE pudieran estar interesados en comercializar FILPE.

c bis)  la medida en que proceda actualizar la lista de valores e inversiones aptos, así como las normas de diversificación, la composición de cartera y los límites en cuanto a la toma en préstamo de efectivo.

Los resultados de esta revisión serán comunicados al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañados, cuando proceda, de las oportunas propuestas de modificación.

Artículo 31

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …, el …

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) De conformidad con el artículo 57, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A7-0211/2014).
(2) Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican con el símbolo ▌.
(3)DO C 67 de 6.3.2014, p. 71.
(4) Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
(5) Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(6)Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y (UE) nº 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(7)Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(8)Directiva 2014/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican las Directivas 2011/61/UE y 2002/92/CE [nueva MiFID] (DO L …).
(9)Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
(10)Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (DO L 149 de 30.4.2004, p. 1).
(11)Reglamento (UE) nº …/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre … [PPIM] (DO …).
(12)Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(13)Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(14)Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(15)Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n ° 648/2012, DO L 177 de 30.6.2006, p.1.
(16)Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (refundición) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
(17)Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(18) Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
(19)DO L 193 de 18.7.1983, p. 1.
(20)DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.
(21)DO L 149 de 30.4.2004, p. 1.


Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas ***I
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Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo y la gestión integrada de las costas (COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD))
P7_TA(2014)0449A7-0379/2013

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0133),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, el artículo 100, apartado 2, el artículo 192, apartado 1, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0065/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por un Parlamento del Reino de Bélgica, el Bundesrat alemán, la Cámara de Representantes irlandesa, el Senado irlandés, el Parlamento lituano, la Primera Cámara neerlandesa, la Segunda Cámara neerlandesa, el Senado polaco, el Parlamento finlandés y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de septiembre de 2013(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 9 de octubre de 2013(2)

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 12 de marzo de 2014, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Pesca (A7-0379/2013),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva 2014/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo

P7_TC1-COD(2013)0074


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, la Directiva 2014/89/UE.)

(1) DO C 341 de 21.11.2013, p. 67.
(2) DO C 356 de 5.12.2013, p. 124.
(3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 12 de diciembre de 2013 (Textos Aprobados, P7_TA(2013)0588.


Estado de previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio 2015 - Sección I - Parlamento
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2015 (2014/2003(BUD))
P7_TA(2014)0450A7-0277/2014

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo(1), y, en particular, su artículo 36,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014‑2020(2),

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y, en particular, su punto 27,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea(4),

–  Visto el Acuerdo de Cooperación, de 5 de febrero de 2014, entre el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones,

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(5),

–  Visto el informe del Secretario General a la Mesa con vistas al establecimiento del anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento para el ejercicio 2015,

–  Visto el anteproyecto de estado de previsiones establecido por la Mesa el 2 de abril de 2014 de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, apartado 7, y 79, apartado 1, del Reglamento del Parlamento,

–  Vistas sus posiciones de 11 de marzo de 2014 sobre la adaptación de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea así como los coeficientes correctores que afectan a dichas retribuciones y pensiones(6),

–  Visto el proyecto de estado de previsiones establecido por la Comisión de Presupuestos, de conformidad con el artículo 79, apartado 2, del Reglamento del Parlamento,

–  Visto el artículo 79 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7‑0277/2014),

A.  Considerando que el procedimiento presupuestario 2015 se desarrollará durante un año de elecciones europeas, en el que el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento para el ejercicio 2015 será adoptado por el Parlamento actual y el presupuesto definitivo será aprobado por el nuevo Parlamento en otoño;

B.  Considerando que el límite máximo de la rúbrica 5 (Administración) fijado por el nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2014‑2020 asciende a 9 076 000 000 EUR para el presupuesto 2015; que el sublímite para el gasto administrativo global de las instituciones se ha fijado en 7 351 000 000 EUR;

C.  Considerando que el Secretario General ha propuesto las tres prioridades siguientes para el ejercicio 2015, a saber: la movilización de todos los recursos y el apoyo necesarios para que los diputados del nuevo Parlamento puedan cumplir su mandato, la consolidación y el refuerzo de los cambios estructurales con vistas a desarrollar la capacidad del Parlamento para ejercer todas sus competencias, y la asignación de los medios necesarios para la ejecución de los proyectos plurianuales;

D.  Considerando que el Secretario General ha propuesto la continuación y el refuerzo adicional de los cuatro ámbitos de actividad adoptados tras la consulta al Grupo de Trabajo Mixto de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos en 2014, en particular el refuerzo del asesoramiento científico independiente y de la capacidad de control y la mejora del apoyo logístico y local para los diputados;

E.  Considerando que el Parlamento va a seguir asumiendo, de manera transparente, un alto grado de responsabilidad democrática y de autocontención, consiguiendo al mismo tiempo un equilibrio delicado entre rigor presupuestario y ahorros estructurales, por una parte, y una orientación concertada hacia la eficiencia, por otra;

F.  Considerando que, a pesar del poco margen de maniobra y la necesidad de contrarrestar ahorros en otros ámbitos, debe sopesarse la necesidad de realizar algunas inversiones para reforzar la función institucional del Parlamento y mejorar la sostenibilidad del presupuesto;

G.  Considerando que la cooperación entre la Mesa y la Comisión de Presupuestos del Parlamento ha demostrado su utilidad para el proceso de reformas estructurales al permitir identificar las mejoras en la eficiencia y los posibles ahorros en el presupuesto del Parlamento durante los procedimientos presupuestarios anuales; que es necesario que los posibles ahorros que afectan a la labor del Parlamento y de sus diputados se sometan a debate en los grupos políticos y sean objeto de una decisión mediante votación en el Pleno en el marco del procedimiento presupuestario;

H.  Considerando que el acuerdo alcanzado el 11 de marzo de 2014 sobre las adaptaciones de las retribuciones y pensiones para 2011 y 2012 y sus repercusiones en el presupuesto del Parlamento para 2015 resultó ser un nuevo aspecto en las negociaciones durante la fase de conciliación entre la Mesa y la Comisión de Presupuestos;

Marco general y presupuesto global

1.   Destaca que el presupuesto 2015 debe ser realista y respetar los principios de disciplina presupuestaria y buena gestión financiera; observa que 2015 será un ejercicio completo para el nuevo Parlamento;

2.  Considera que el presupuesto del Parlamento debe reflejar la situación económica actual en la que se encuentran los ciudadanos de toda la Unión, así como las limitaciones presupuestarias afrontadas por muchos Estados miembros, algunos de los cuales están realizando importantes esfuerzos para hacer que sus presupuestos sean más sostenibles a largo plazo;

3.  Destaca que se ha de garantizar un nivel de recursos suficiente para que los diputados del nuevo Parlamento puedan ejercer su mandato y para que el Parlamento pueda ejercer todas sus competencias;

4.  Se felicita de las prioridades que se han fijado para el ejercicio 2015, y destaca que se corresponden totalmente con las prioridades identificadas por el Secretario General y sometidas a debate por el Grupo de Trabajo Mixto de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos; destaca la necesidad de proseguir con estas reformas para mejorar sustancialmente la eficacia y liberar recursos, sin obstaculizar la excelencia legislativa, las competencias presupuestarias y las competencias de control, las relaciones con los Parlamentos nacionales ni la calidad de las condiciones de trabajo;

5.  Recuerda que el nivel del anteproyecto de estado de previsiones para el presupuesto 2015, de acuerdo con la propuesta formulada en el informe del Secretario General, ascendía a 1 822 929 112 EUR (un 20,09 % de la rúbrica 5); toma en consideración una tasa de aumento del 3,83 % en comparación con el presupuesto 2014; observa que el 0,67 % de este incremento corresponde a la indemnización de fin de mandato de los diputados, que son gastos estatutarios y obligatorios, y el 1,42 % a inversiones a largo plazo en la construcción del edificio KAD; toma nota de que el nivel del incremento para los demás gastos sería, por lo tanto, de un +1,74 %;

6.  Toma nota del anteproyecto de estado de previsiones del Parlamento Europeo para el ejercicio 2015, aprobado por la Mesa el 2 de abril de 2014; se felicita del nivel del anteproyecto de estado de previsiones aprobado por la Mesa, que es considerablemente inferior a la propuesta inicial; lamenta, no obstante, lo dilatado y dificultoso del procedimiento;

7.  Aprueba el proyecto de estado de previsiones del ejercicio 2015 por valor de 1 794 929 112 EUR, lo que corresponde a una tasa de aumento global del 1,8 % respecto del presupuesto 2014, y se muestra asimismo de acuerdo con incluir en su proyecto de estado de previsiones el gasto obligatorio extraordinario del 0,4 % que se deriva del nuevo acuerdo sobre el coeficiente de adaptación de las retribuciones y pensiones;

8.  Considera que una revisión crítica de las líneas presupuestarias correspondientes a las TIC, de los gastos en vehículos y de la reserva para imprevistos permitiría obtener ahorros adicionales;

9.  Considera que en la próxima legislatura se podrán revisar y adaptar las prioridades presupuestarias y se adoptará una decisión definitiva en octubre de 2014;

10.  Invita al Secretario General a presentar antes de la lectura del presupuesto una estimación de los costes de la construcción del edificio KAD a lo largo de los próximos años, a fin de prever el importe correcto en el presupuesto 2015; invita asimismo al Secretario General a evaluar al final del año los fondos no utilizados en el presupuesto 2014 y asignarlos al proyecto del KAD;

11.  Destaca que, puesto que los gastos estatutarios y obligatorios, como por ejemplo los gastos de alquiler y energía, así como los gastos correspondientes a las remuneraciones, son objeto de indizaciones anuales, el nivel de los demás gastos se ha reducido en valor nominal; observa que ello ha sido posible gracias a reformas estructurales y a los ahorros logrados en los ejercicios anteriores;

12.  Pide que los ahorros potenciales detectados por el Grupo de Trabajo Mixto de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos se sigan examinando para conseguir importantes ahorros desde el punto de vista de la organización, por ejemplo el alcance de los acuerdos para la cooperación interinstitucional entre el Parlamento, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, que refleja el deseo de fortalecer la función institucional, política y legislativa del Parlamento y los dos comités consultivos; observa que la reestructuración de los Servicios de Traducción de los Comités debería mejorar su principal trabajo político respectivo y reforzar la nueva Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios; destaca que, gracias a esta reforma institucional, el Parlamento puede convertirse en el proveedor habitual de interpretación de estos dos comités; apoya la idea de ofrecer capacidades de interpretación a otras instituciones fuera de los períodos de máxima carga de trabajo;

13.  Toma nota del acuerdo para la cooperación interinstitucional entre el Parlamento, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, firmado el 5 de febrero de 2014; solicita que se facilite a la Comisión de Presupuestos, de aquí a principios de 2015, información detallada sobre el impacto financiero y los avances en la aplicación de este acuerdo, teniendo en cuenta la preparación del estado de previsiones para el presupuesto 2016;

14.  Se felicita de las medidas internas para aumentar la eficiencia en el presupuesto del Parlamento, como por ejemplo el desarrollo de un sistema de traducción basado en la demanda de los diputados para las enmiendas en comisión, un sistema de interpretación a petición para las reuniones distintas del Pleno, el fin del uso del papel en el Parlamento, propuestas con vistas a una estructura más eficaz del ritmo de trabajo del Parlamento y la migración de Streamline al sistema Sysper2;

15.  Subraya que debe cubrirse el gasto estatutario y obligatorio necesario para 2015; considera que la decisión definitiva solo puede ser adoptada por la nueva legislatura, en otoño, una vez que se conozcan los importes exactos;

Cuestiones específicas

16.  Destaca que las medidas estructurales de ahorro aplicadas a lo largo de la séptima legislatura han permitido realizar ahorros significativos en el presupuesto del Parlamento, por ejemplo 15 000 000 EUR y 10 000 000 EUR anuales en el ámbito de la interpretación y la traducción respectivamente, 4 000 000 EUR adicionales en gastos de viaje, y 28 000 000 EUR de ahorros en intereses gracias a la prefinanciación de edificios; observa que se prevén nuevos ahorros en 2015, en particular 1 900 000 EUR derivados de la transferencia de la gestión de las pensiones de los diputados a la Comisión y 1 500 000 EUR de los edificios;

17.  Destaca que, teniendo en cuenta el nivel de las correspondientes tasas de inflación, la autocontención institucional durante la séptima legislatura ha dado lugar a una reducción del presupuesto del Parlamento en términos reales para 2012 y 2014; observa que una vez deducidos los gastos excepcionales y no recurrentes, como los relacionados con las ampliaciones de la Unión u otros vinculados a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las elecciones europeas y la financiación de los proyectos inmobiliarios, el presupuesto ha registrado una disminución en cinco de los seis años (2009, 2011, 2012, 2013 y 2014); destaca, además, que las dietas de los diputados están congeladas desde 2011, los gastos de viaje de los diputados y el personal se han reducido en un 5 % y las dietas de misión del personal no se han indizado desde 2007;

18.  Toma en consideración la nota del Secretario General, de noviembre de 2013, sobre la aplicación del Estatuto y la reforma y revisión de las normas y los procedimientos de él derivados; insiste en que se apliquen correctamente las normas relativas al permiso parental;

19.  Observa, tomando como referencia su mencionada Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, que, para cumplir con la reducción del 1 % anual del personal, el Secretario General del Parlamento va a reducir el número de los recursos humanos de que dispone, y que las nuevas tareas se cubrirán con los recursos humanos disponibles o mediante redistribución;

20.  Reitera la responsabilidad del Parlamento de actuar de forma sostenible; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para lograr un entorno sin soporte papel, así como el valioso trabajo en curso a través del enfoque EMAS; considera que el proceso EMAS requiere un apoyo constante;

21.  Toma nota de las conclusiones del Grupo de Trabajo Mixto de la Mesa y de la Comisión de Presupuestos sobre el presupuesto del Parlamento, según las cuales se ha de proseguir con las reformas estructurales y organizativas; toma nota, a este respecto, de que deben mejorarse la prestación de asesoramiento científico independiente y la capacidad del ejercicio de control, así como el apoyo a los diputados, con vistas a reforzar la labor del Parlamento como institución dotada de competencias legislativas y de control democrático; destaca que estos objetivos se aplicarán de una manera responsable desde el punto de vista financiero y que el Secretario General debe establecer con claridad un plan detallado, que deberá presentar a la Comisión de Presupuestos, sobre la forma en que se lograrán esos objetivos y su impacto presupuestario antes de la lectura del presupuesto 2015 por el Parlamento;

22.  Lamenta la congelación de las asignaciones para los grupos políticos; recuerda que la contribución de los grupos políticos es indispensable para la actividad legislativa y no legislativa del Parlamento y para el ejercicio de sus competencias de control;

23.  Destaca que, para abordar el desarrollo de estos cuatro ámbitos de actividad de una manera responsable desde el punto de vista financiero, el Grupo de Trabajo Mixto ha determinado siete ámbitos en los que el Parlamento puede mejorar su eficacia:

   i) desarrollar un sistema de traducción a petición de los diputados para las enmiendas en comisión,
   ii) examinar las posibilidades de cooperación interinstitucional con el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo,
   iii) estudiar la posibilidad de ofrecer a otras instituciones capacidades en materia de interpretación fuera de los períodos de máxima carga de trabajo,
   iv) migrar del actual sistema de gestión de los recursos humanos, Streamline, a Sysper2,
   v) prever una estructura más eficiente para el ritmo de trabajo del Parlamento,
   vi) prever el fin del uso del papel en el Parlamento, siempre que sea posible, gracias a las mejores prácticas y a la plena realización del proyecto e-meeting,
   vii) desarrollar un sistema de interpretación a petición de los diputados para las reuniones que no sean sesiones plenarias;

24.  Al tiempo que reconoce la importancia de la eficacia y la rentabilidad en el ámbito de la interpretación, recuerda que estos aspectos no deben socavar la disponibilidad de información accesible en tiempo real en toda la Unión, teniendo en cuenta que el multilingüismo, la interpretación de la retransmisión por Internet y la transparencia del Parlamento revisten una importancia clave para el público y, por lo tanto, para los diputados al Parlamento;

25.  Considera que algunos de los gastos en TIC que benefician directamente a los diputados podrían financiarse a través de la dieta para gastos generales de los diputados;

26.  Recuerda que las inversiones a largo plazo, como por ejemplo los proyectos inmobiliarios del Parlamento, deben tratarse con precaución y transparencia; insiste en la necesidad de que la gestión de los costes y la planificación y supervisión de los proyectos se lleven a cabo con rigor; reitera su llamamiento en favor de un proceso decisorio transparente en materia de política inmobiliaria, basado en la información previa; pide que se presente a la Comisión de Presupuestos, en agosto de 2014 a más tardar, un análisis detallado e información actualizada sobre la política inmobiliaria del Parlamento aprobada por la Mesa en marzo de 2010, así como una síntesis de las inversiones realizadas por edificio y año en la legislatura 2009‑2014; pide una vez más que se le transmita semestralmente información precisa sobre los avances realizados en los proyectos inmobiliarios y su incidencia financiera;

27.  Toma nota de que la apertura de la Casa de la Historia Europea está prevista para finales de 2015; está a la espera de la información actualizada sobre el estado del proyecto que presentarán el Secretario General y la Mesa con tiempo suficiente antes de la primera lectura por el Parlamento en el otoño de 2014; reitera su compromiso de que el coste final real no supere los importes consignados en el plan económico;

28.  Recuerda que el 10 de junio de 2013 la Mesa apoyó las propuestas inmediatas y graduales del Secretario General para modernizar la política de restauración del Parlamento 2014‑2019; pide a la Mesa, por tanto, que presente a la Comisión de Presupuestos una evaluación clara de las posibles implicaciones presupuestarias de esta reforma para el presupuesto 2015 y siguientes, con tiempo suficiente para la preparación de la lectura del presupuesto de 2015 por el Parlamento;

29.  Pide al Secretario General que informe a la Comisión de Presupuestos sobre la aplicación y las repercusiones financieras del nuevo concepto de seguridad global de aquí a la primavera de 2015; solicita información detallada sobre las consecuencias financieras de la creación de la nueva Dirección General de Seguridad en 2013; solicita información sobre las consecuencias financieras de los acuerdos para la cooperación administrativa interinstitucional en el ámbito de la seguridad;

30.  Toma nota de la creación de la nueva Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios el 1 de noviembre de 2013; recuerda que se creó de forma neutra desde el punto de vista presupuestario mediante reasignaciones de la DG de Presidencia y la DG de Políticas Interiores y que la nueva Dirección General no precisará nuevos recursos humanos o financieros en 2015; solicita información sobre el número de puestos en la nueva Dirección General en los meses de agosto y septiembre de 2014, incluida la prevista transferencia de puestos de los dos comités consultivos europeos, en comparación con las cifras de enero de 2014, y pide un desglose sobre el modo en que se utilizarán sus recursos para la contratación de expertos externos, lo que se deberá presentar a la Comisión de Presupuestos con la antelación oportuna de cara a la preparación de la lectura del presupuesto de 2015 por el Parlamento;

Consideraciones finales

31.  Aprueba el estado de previsiones para el ejercicio 2015;

o
o   o

32.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el estado de previsiones al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) DO L 287 de 29.10.2013, p. 15.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0437.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0186 y P7_TA(2014)0187.


Infracciones del Derecho de la competencia ***I
PDF 76kWORD 82k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (COM(2013)0404 – C7-0170/2013 – 2013/0185(COD))
P7_TA(2014)0451A7-0089/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0404),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 103 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0170/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 16 de octubre de 2013(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 26 de marzo de 2014, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7‑0089/2014),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva 2014/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea

P7_TC1-COD(2013)0185


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, la Directiva 2014/104/UE.)

(1) DO C 67 de 6.3.2014, p. 83.


Traslados de residuos ***I
PDF 200kWORD 61k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006, relativo a los traslados de residuos (COM(2013)0516 – C7-0217/2013 – 2013/0239(COD))
P7_TA(2014)0452A7-0069/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0516),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0217/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de diciembre de 2013(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 30 de enero de 2014(2),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 12 de marzo de 2014, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0069/2014),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1013/2006 relativo a los traslados de residuos

P7_TC1-COD(2013)0239


(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n° 660/2014.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión

La Comisión tiene la intención de hacer uso de su prerrogativa de adoptar una orientación incluso sobre evaluación de riesgos para los planes de inspección y, en caso necesario, para el intercambio de datos electrónicos.

(1) No publicado aún en el Diario Oficial.
(2) No publicado aún en el Diario Oficial.


Nuevas sustancias psicotrópicas ***I
PDF 337kWORD 135k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las nuevas sustancias psicotrópicas (COM(2013)0619 – C7-0272/2013 – 2013/0305(COD))
P7_TA(2014)0453A7-0172/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)(A7-0172/2014),

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0619),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta al Parlamento (C7-0272/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores del Reino Unido, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Vista la opinión del Comité Económico y Social Europeo de 21 de enero de 2014(1),

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las nuevas sustancias psicotrópicas

P7_TC1-COD(2013)0305


(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(3),

Considerando lo siguiente:

(1)  Las nuevas sustancias psicotrópicas, que pueden tener numerosos usos comerciales e industriales, así como usos científicos, pueden entrañar riesgos sanitarios, sociales y de seguridad si son consumidas por el ser humano.

(2)  En los últimos años, los Estados miembros han notificado un número creciente de nuevas sustancias psicotrópicas a través del mecanismo de intercambio rápido de información creado por la Acción Común 97/396/JAI(4) que fue reforzado por la Decisión 2005/387/JAI del Consejo(5). La gran mayoría de las nuevas sustancias psicotrópicas fue comunicada por más de un Estado miembro. Muchas de las nuevas sustancias psicotrópicas fueron vendidas a los consumidores sin etiquetado adecuado ni instrucciones de uso.

(3)  Las autoridades públicas competentes de los Estados miembros introducen diversas medidas restrictivas sobre las nuevas sustancias psicotrópicas para hacer frente a los riesgos derivados de estas o de su consumo. Dado que las nuevas sustancias psicotrópicas son utilizadas con frecuencia con fines de investigación científica y desarrollo y en la producción de diversas mercancías o de sustancias que se utilizan para fabricar productos como medicamentos, disolventes industriales, productos de limpieza y productos de la industria de alta tecnología, la restricción de su utilización para estos usos puede afectar de forma importante a los operadores económicos y perturbar sus actividades en el mercado interior, así como obstaculizar la investigación científica y el desarrollo sostenibles. [Enm. 1]

(4)  El número creciente de nuevas sustancias psicotrópicas disponibles en el mercado interior, su creciente diversidad, la velocidad con la que salen al mercado, los diferentes riesgos que pueden entrañar cuando son consumidas por el ser humano y el número creciente de personas que las consumen y el desconocimiento y la falta de concienciación del público en cuanto a los riesgos asociados a su consumo, ponen a prueba la capacidad de las autoridades públicas para dar respuestas eficaces que protejan la salud pública y la seguridad sin obstaculizar el funcionamiento del mercado interior. [Enm. 2]

(5)  Habida cuenta de que las condiciones y circunstancias en materia de sustancias psicotrópicas difieren entre Estados miembros, las medidas restrictivas varían considerablemente según los distintos Estados miembros, por lo que los operadores económicos que utilizan estas sustancias en la fabricación de diversas mercancías, en el caso de una misma sustancia psicotrópica nueva, deben cumplir diferentes requisitos como la notificación previa a la exportación, la autorización de exportación, o los certificados de importación y exportación. Por consiguiente, las diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre las nuevas sustancias psicotrópicas obstaculizan podrían obstaculizar en cierta medida el funcionamiento del mercado interior, ya que crean trabas al comercio, provocan la fragmentación del mercado e inseguridad jurídica, así como unas condiciones de competencia desiguales para los operadores económicos, lo que dificulta aún más que las empresas puedan operar en todo el mercado interior. [Enm. 3]

(6)  Las medidas restrictivas no solo crean podrían crear barreras al comercio en el caso de nuevas sustancias psicotrópicas que ya se destinaban a usos comerciales, industriales o científicos, sino que también impiden podrían impedir que se desarrollen estos usos, y pueden constituir obstáculos a los intercambios comerciales de los operadores económicos que se proponen desarrollar tales usos, al dificultar aún más el acceso a las nuevas sustancias psicotrópicas. [Enm. 4]

(7)  Si no se refuerza un intercambio de información y una coordinación eficientes entre Estados miembros, las divergencias entre las distintas medidas restrictivas aplicables a las nuevas sustancias psicotrópicas, a pesar de ser legítimas, ya que responden a las particularidades de cada Estado miembro en materia de sustancias psicotrópicas, también pueden podrían dar lugar al desplazamiento de las nuevas sustancias psicotrópicas nocivas entre los Estados miembros, al entorpecer los esfuerzos para reducir su disponibilidad para los consumidores y debilitar la protección de estos en toda la Unión. [Enm. 5]

(7 bis)  Las disparidades favorecen el tráfico ilegal de dichas sustancias por parte de redes delictivas y, en particular, de la delincuencia organizada. [Enm. 6]

(8)  Se prevé que estas disparidades se incrementarán mantendrán en la medida en que los Estados miembros sigan aplicando adopten enfoques divergentes para tratar hacer frente a los retos relacionados con las nuevas sustancias psicotrópicas. Por lo tanto, si los Estados miembros no se coordinan y cooperan de forma más eficiente, se prevé que los obstáculos al comercio y la fragmentación del mercado, así como la inseguridad jurídica y las condiciones de competencia desiguales aumentarán se mantendrán y dificultarán aún más el funcionamiento del mercado interior. [Enm. 7]

(9)  Estas En el caso de que se detecten distorsiones del funcionamiento del mercado interior deben ser eliminadas, debe hacérseles frente y, a tal fin, deben aproximarse las normas sobre las nuevas sustancias psicotrópicas que causan preocupación a nivel de la Unión, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad y los consumidores y flexibilidad para que los Estados miembros respondan a las situaciones locales. [Enm. 8]

(10)  Las nuevas sustancias psicotrópicas y las mezclas deben circular libremente en la Unión cuando se destinen a usos comerciales e industriales, así como a la investigación y el desarrollo científicos El presente Reglamento debe establecer normas para la introducción de restricciones a la libre circulación., bajo la responsabilidad de personas debidamente autorizadas en establecimientos que dependan directamente del control de las autoridades de los Estados miembros o que hayan sido aprobados específicamente por los ellas. [Enm. 9]

(11)  Las nuevas sustancias psicotrópicas que presentan riesgos sanitarios, sociales y de seguridad en toda la Unión deben regularse en el ámbito de la Unión. La acción sobre las nuevas sustancias psicotrópicas con arreglo al presente Reglamento debe contribuir a un elevado nivel de protección de la salud y la seguridad humanas, tal como está consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(12)  El presente Reglamento no debe aplicarse a los precursores de drogas, ya que el desvío de esas sustancias químicas para la fabricación de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas se regula en el Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(6) y en el Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo(7).

(13)  Cualquier acción de la Unión sobre las nuevas sustancias psicotrópicas debe basarse en pruebas científicas y someterse a un procedimiento específico. Tomando como base la información notificada por los Estados miembros, debe elaborarse un informe sobre las nuevas sustancias psicotrópicas que causen preocupación en el conjunto de la Unión. El informe debe indicar si es necesario realizar una evaluación de riesgos. A raíz de la evaluación de riesgos, la Comisión debe determinar si las nuevas sustancias psicotrópicas han de someterse a medidas restrictivas. En caso de preocupación grave por motivos de salud pública, la Comisión debe someter dichas sustancias a una restricción temporal del mercado del consumo antes de que concluya la evaluación de riesgos. En caso de que surja nueva información sobre una nueva sustancia psicotrópica, la Comisión debe evaluar de nuevo el nivel de los riesgos que entraña. Los informes sobre las nuevas sustancias psicotrópicas deben estar a disposición del público en general.

(14)  No debe realizarse, con arreglo al presente Reglamento, ninguna evaluación de riesgos de una nueva sustancia que sea objeto de evaluación con arreglo al Derecho internacional, o que sea una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario a menos que existan suficientes datos disponibles a escala de la Unión que indiquen la necesidad de que el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) y Europol realicen un informe conjunto. [Enm. 10]

(15)  Cuando la nueva sustancia psicotrópica sobre la que se ha elaborado un informe sea una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario, la Comisión deberá evaluar con la Agencia Europea de Medicamentos la necesidad de adoptar nuevas medidas.

(16)  Las medidas que se adopten sobre las nuevas sustancias psicotrópicas en el ámbito de la Unión deben ser proporcionadas a los riesgos sanitarios, sociales y de seguridad derivados de las mismas.

(17)  Algunas de las nuevas sustancias psicotrópicas entrañan riesgos inmediatos para la salud pública que requieren una acción urgente. Por lo tanto, su disponibilidad para los consumidores debe restringirse durante un plazo periodo de tiempo limitado suficiente, a la espera de la evaluación de riesgos y hasta que se determine el nivel de riesgo planteado por una nueva sustancia psicotrópica y, en caso justificado, hasta que entre en vigor una decisión que introduzca medidas de carácter permanente. [Enm. 11]

(18)  Sobre la base de las pruebas existentes y de criterios predeterminados, no deben introducirse a nivel de la Unión medidas restrictivas sobre las nuevas sustancias psicotrópicas que entrañen bajos riesgos sanitarios, sociales y de seguridad, aunque los Estados miembros pueden incorporar nuevas medidas que se consideren oportunas o necesarias en función de los riesgos específicos que plantee la sustancia en sus territorios y teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y cualquier factor social, económico, legal, administrativo o de otro tipo que consideren pertinente. [Enm. 12]

(19)  En función de las pruebas existentes y de criterios predefinidos, las nuevas sustancias psicotrópicas que entrañan riesgos sanitarios, sociales y de seguridad moderados no deben estar a disposición de los consumidores. [Enm. 13]

(20)  En función de las pruebas existentes y de criterios predefinidos, las nuevas sustancias psicotrópicas que entrañan riesgos sanitarios, sociales y de seguridad graves no deben estar disponibles en el mercado. [Enm. 14]

(21)  El presente Reglamento debe prever excepciones para garantizar la protección de la salud humana y animal, para favorecer la investigación y el desarrollo científicos y para permitir el uso de las nuevas sustancias psicotrópicas en la industria, siempre que no resulte probable que tengan efectos perjudiciales y que no pueda abusarse de ellas ni puedan ser recuperadas. [Enm. 15]

(21 bis)  Los Estados miembros deben tomar medidas apropiadas para prevenir el desvío al mercado ilícito de nuevas sustancias psicotrópicas utilizadas con fines de investigación y desarrollo o para cualesquiera otros usos autorizados. [Enm. 16]

(22)  A fin de garantizar la aplicación eficaz del presente Reglamento, los Estados miembros deben adoptar normas relativas a las sanciones aplicables a las infracciones de las medidas restrictivas. Dichas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(23)  El OEDT, creado por el Reglamento 1920/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(8), debe desempeñar un papel central en el intercambio y la coordinación de información sobre las nuevas sustancias psicotrópicas y en la evaluación de los riesgos sanitarios, sociales y de seguridad derivados Habida cuenta de que, en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, se produce un aumento de información que se espera que recoja y gestione el OEDT, debe preverse y ofrecerse apoyo específico. [Enm. 17]

(24)  El mecanismo de intercambio rápido de información sobre las nuevas sustancias psicotrópicas (el Sistema de alerta temprana de la Unión Europea para las nuevas sustancias psicotrópicas («Sistema de alerta temprana»)) ha demostrado ser un canal útil para el intercambio de información sobre las nuevas sustancias psicotrópicas, las nuevas tendencias en el uso de las sustancias psicotrópicas reguladas y las alarmas de salud pública relacionadas. Este mecanismo ha de reforzarse debe mantenerse y seguir desarrollándose para dar una respuesta más eficaz a la rápida aparición y difusión de las nuevas sustancias psicotrópicas en toda la Unión, especialmente en lo relativo a la recogida y el tratamiento de datos sobre la detección y la identificación de las nuevas sustancias psicotrópicas, acontecimientos adversos asociados a su empleo y la participación de grupos delictivos en el mercado a través de la base de datos de la Unión sobre las nuevas sustancias psicotrópicas (la base de datos europea sobre nuevas drogas). Los medios de comunicación, especialmente las publicaciones científicas y médicas, pueden constituir una fuente de información importante sobre expedientes de casos de acontecimientos adversos. A fin de mejorar la eficiencia de la notificación, el OEDT debe supervisar todas las nuevas sustancias psicotrópicas e incorporar esta información a la base de datos europea sobre nuevas drogas. Entre los conjuntos de datos esenciales para el funcionamiento del presente Reglamento se incluyen datos sobre la detección e identificación de las nuevas sustancias psicotrópicas, los acontecimientos adversos asociados a su empleo y la participación de grupos delictivos en el mercado. Debe definirse un conjunto de datos fundamentales. Este conjunto de datos fundamentales, debe revisarse periódicamente a fin de garantizar que refleja la información necesaria para que el Reglamento funcione de forma efectiva. En caso de que se sospeche de la presencia de acontecimientos adversos graves, incluidos los acontecimientos adversos letales, deben realizarse informes urgentes. [Enm. 18]

(24 bis)  A fin de permitir que los Estados miembros reciban e intercambien información sobre las nuevas sustancias psicotrópicas de la Unión, así como que accedan a ella de forma simultánea, los Estados miembros, el OEDT, Europol y la Comisión deben poder acceder plena y permanentemente a la base de datos europea sobre nuevas drogas. [Enm. 19]

(24 ter)  El OEDT debe emitir alertas sanitarias a todos los Estados miembros a través del sistema de intercambio rápido de información sobre nuevas sustancias psicotrópicas en caso de que, sobre la base de la información recibida sobre una de dichas sustancias, esta parezca repercutir negativamente en la salud pública. Esas alertas sanitarias también deben contener información relativa a las medidas de prevención, tratamiento y reducción de daños que se pueden adoptar a fin de hacer frente a los riesgo que supone la sustancia. [Enm. 20]

(24 quater)  A fin de proteger la salud pública, deben financiarse adecuadamente las actividades del Sistema de alerta temprana del OEDT y Europol. [Enm. 21]

(25)  La información procedente de los Estados miembros es de crucial importancia para el funcionamiento efectivo de los procedimientos de decisión sobre las restricciones de mercado de las nuevas sustancias psicotrópicas. Por lo tanto, los Estados miembros deben supervisar y recoger periódicamente datos sobre la aparición y el uso de cualquiera de las nuevas sustancias psicotrópicas, los problemas sanitarios, sociales y de seguridad relacionados y las respuestas de las políticas, de conformidad con el marco del OEDT para la recogida de datos para indicadores epidemiológicos clave y otros datos pertinentes. Los Estados miembros deben intercambiar compartir dichos datos, especialmente con el OEDT, Europol y la Comisión. [Enm. 22]

(25 bis)  La información sobre nuevas sustancias psicotrópicas facilitada e intercambiada entre Estados miembros resulta crucial para sus políticas sanitarias nacionales, tanto en términos de prevención de la droga como de tratamiento de los usuarios de drogas psicotrópicas en servicios de recuperación. Los Estados miembros deben emplear de forma efectiva toda la información disponible y realizar un seguimiento de los avances relevantes. [Enm. 23]

(26)  La falta de capacidad para identificar y prever la aparición y la difusión de las nuevas sustancias psicotrópicas, y la falta de pruebas sobre sus riesgos sanitarios, sociales y de seguridad impiden que se dé una respuesta efectiva. Por lo tanto, debe apoyarse y dotarse con los recursos necesarios, también en el ámbito nacional y de la Unión, la cooperación regular y sistemática entre el OEDT, los centros de coordinación nacionales, los representantes policiales y del sistema sanitario a escala regional y nacional, los institutos de investigación y los laboratorios forenses con la experiencia especializada adecuada, a fin de incrementar la capacidad de evaluación y regulación efectivas de las nuevas sustancias psicotrópicas. [Enm. 24]

(26 bis)  Deben establecerse medidas apropiadas, tales como garantizar el carácter anónimo de los datos, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los datos personales, en particular cuando se recopilan y comparten datos sensibles. [Enm. 25]

(27)  Los procedimientos de intercambio de información, evaluación de riesgos y adopción de medidas restrictivas temporales y permanentes sobre las nuevas sustancias psicotrópicas, establecidos en el presente Reglamento, deben permitir la acción rápida. Las medidas de restricción comercial deben adoptarse a la mayor brevedad y, a más tardar, en el plazo de ocho semanas a partir de la recepción del informe conjunto o del informe de evaluación de riesgos.

(28)  En la medida en que la Unión no adopte medidas para imponer restricciones comerciales a las nuevas sustancias psicotrópicas de conformidad con el presente Reglamento, los Estados miembros podrán adoptar reglamentaciones técnicas sobre dichas sustancias con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(9). A fin de mantener la unidad del mercado interior y de prevenir la aparición de obstáculos injustificados a los intercambios, los Estados miembros deben comunicar inmediatamente a la Comisión todo proyecto de reglamentación técnica sobre las nuevas sustancias psicotrópicas, de conformidad con el procedimiento establecido en la Directiva 98/34/CE.

(28 bis)  Los niños y los adolescentes son especialmente vulnerables a los peligros de esas nuevas sustancias, cuyos riesgos se desconocen en gran medida. [Enm. 26]

(29)  Las medidas de prevención, de detección e intervención tempranas, de tratamiento y de reducción riesgos y de daños son importantes a la hora de abordar el uso creciente de las nuevas sustancias psicotrópicas y sus riesgos potenciales. Los Estados miembros deben mejorar la disponibilidad y eficacia de los programas de prevención y fomentar la sensibilización con respecto al riesgo que supone el consumo de nuevas sustancias psicotrópicas y sus consecuencias. Con ese fin, las medidas de prevención deben incluir la detección e intervención temprana, el fomento de estilos de vida saludables y la prevención específica dirigida también a familias y a comunidades. Internet, que es uno de los principales canales de distribución que evoluciona con rapidez y a través del cual que se anuncian venden las nuevas sustancias psicotrópicas, debería utilizarse para difundir información sobre los riesgos sanitarios, sociales y de seguridad derivados de estas sustancias y para la prevención de su uso indebido o abuso. La sensibilización de los niños, los adolescentes y los jóvenes en relación con los riesgos es esencial, y puede tener lugar en el marco escolar y educativo. [Enm. 27]

(29 bis)  La Comisión y los Estados miembros deberían asimismo promover actividades, iniciativas y campañas de información y concienciación orientadas a destacar los riesgos sanitarios, sociales y de seguridad asociados al abuso de las nuevas sustancias psicotrópicas. [Enm. 28]

(30)  Los medicamentos y los medicamentos veterinarios están regulados en la Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(10), la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(11) y el Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(12). Por lo tanto, su uso y abuso no se regulan en el presente Reglamento.

(30 bis)  Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de los criterios relativos a las sustancias de riesgo bajo, moderado o grave. Es especialmente importante que la Comisión celebre las consultas apropiadas, incluso a nivel de expertos, durante los trabajos preparatorios. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. [Enm. 29]

(31)  Para garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de las restricciones comerciales temporales y permanentes, deben atribuirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(13).

(32)  La Comisión debe adoptar inmediatamente los actos de ejecución aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con el rápido incremento en varios Estados miembros del número de fallecimientos, de efectos graves sobre la salud o de incidentes que supongan una seria amenaza para la salud relacionados con el consumo de la nueva sustancia psicotrópica, así lo exijan razones imperiosas de urgencia. [Enm. 30]

(33)  Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión debe consultar a los expertos de los Estados miembros, las agencias de la UE competentes, en particular el OEDT, la sociedad civil, los agentes económicos y la sociedad civil cualquier otra parte interesada pertinente. [Enm. 31]

(34)  Dado que los objetivos de la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros sino que, debido a sus efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(35)  Con el fin de establecer reglas uniformes y garantizar la claridad de los conceptos y procedimientos, así como de proporcionar seguridad jurídica a los operadores económicos, es conveniente adoptar el presente acto en forma de Reglamento.

(36)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluidaincluidos la libertad de empresa, el derecho de propiedad, el derecho de acceso a asistencia sanitaria preventiva y el derecho a la tutela judicial efectiva recibir tratamiento médico. [Enm. 32]

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

Objeto - Ámbito de aplicación - Definiciones

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento establece normas para restringir la libre circulación de las nuevas sustancias psicotrópicas en el mercado interior. A tal fin crea un mecanismo de intercambio de información sobre la evaluación de riesgos y el sometimiento de las nuevas sustancias psicotrópicas a medidas de restricción de mercado en el ámbito de la Unión.

2.  El presente Reglamento no se aplicará a las sustancias catalogadas que se definen en el Reglamento (CE) nº 273/2004 y el Reglamento (CE) nº 111/2005.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes:

a)  «nueva sustancia psicotrópica»: sustancia natural o sintética que, al ser consumida por el ser humano, puede provocar una estimulación o una depresión del sistema nervioso central que puede dar lugar a alucinaciones y alteraciones de la función motora, el pensamiento, el comportamiento, la percepción, la atención o el humor, que tanto si está destinada como si no lo está al consumo humano o puede ser consumida por el ser humano, aunque no esté destinada a este, con el fin de inducir uno o más de los efectos antes indicados, y que no está regulada por la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, ni por el Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Se excluyen el alcohol, la cafeína y el tabaco, así como los productos del tabaco definidos en la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco(14); [Enm. 33]

b)  «mezcla»: mezcla o solución que contiene una o más sustancias psicotrópicas nuevas;

c)  «medicamento»: medicamento según se define en el artículo 1, punto 2, de la Directiva 2001/83/CE;

d)  «medicamento veterinario»: medicamento según se define en el artículo 1, punto 2, de la Directiva 2001/82/CE;

e)  «autorización de comercialización»: autorización de comercializar un medicamento o un medicamento veterinario, de conformidad con la Directiva 2001/83/CE, la Directiva 2001/82/CE o el Reglamento (CE) nº 726/2004;

f)  «comercialización»: todo suministro, remunerado o gratuito, de una sustancia psicotrópica nueva para su distribución, consumo o utilización en el mercado de la Unión en el transcurso de una actividad comercial;

g)  «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, o a su profesión;

h)  «uso comercial e industrial»: la fabricación, la transformación, la formulación, el almacenamiento, la mezcla, la producción y la venta a personas físicas y jurídicas distintas de los consumidores;

i)  «investigación y desarrollo científicos»: toda labor científica de experimentación, análisis o investigación realizada en condiciones estrictamente controladas, de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo(15);

j)  «sistema de las Naciones Unidas»: la Organización Mundial de la Salud, la Comisión de Estupefacientes y el Comité Económico y Social cuando actúan conforme a sus responsabilidades respectivas según lo establecido en el artículo 3 de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, o en el artículo 2 del Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971.

CAPÍTULO II

Libre circulación

Artículo 3

Libre circulación

Las nuevas sustancias psicotrópicas y las mezclas destinadas a usos comerciales e industriales, así como a fines de investigación y desarrollo científicos, circularán libremente por la Unión.

Artículo 4

Prevención de los obstáculos a la libre circulación

En la medida en que la Unión no adopte medidas para someter una nueva sustancia psicotrópica a una restricción de mercado con arreglo al presente Reglamento, o cuando la Comisión no haya adoptado una medida restrictiva de conformidad con el artículo 11, los Estados miembros podrán adoptar reglamentaciones técnicas sobre la nueva sustancia psicotrópica de conformidad con la Directiva 98/34/CE.

Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Comisión todo proyecto de reglamentación técnica sobre las nuevas sustancias psicotrópicas, de conformidad con la Directiva 98/34/CE.[Enm. 34]

CAPÍTULO III

Intercambio y recogida de información

Artículo 5

Intercambio de información

LosSi un Estado miembro dispone de información relativa a lo que resulta ser una sustancia o mezcla psicotrópica, sus centros de coordinación nacional de la Red Europea de Información sobre Drogas y Toxicomanías (Reitox) y las unidades nacionales de Europol recogerán y suministrarán de manera puntual al OEDT y Europol la información disponible sobre la detección y la identificación, el consumo y sus patrones, los intoxicaciones graves o muertes, posibles riesgos así como el nivel de toxicidad, información relativa a la fabricación, la extracción, la importación, el comercio, la distribución y sus canales, el tráfico, y los usos comerciales y científicos de las sustancias que parezcan ser nuevas sustancias psicotrópicas o mezclas.

El OEDT y Europol comunicarán esta información inmediatamente a Reitox, a y las unidades nacionales de Europol y a la Agencia Europea de Medicamentos.

Para dar una respuesta más eficaz a la rápida aparición y difusión de las nuevas sustancias psicotrópicas en toda la Unión, debe mantenerse y seguir desarrollándose el mecanismo de intercambio de información («Sistema de alerta temprana»), especialmente en lo relativo a la recogida y el tratamiento de datos sobre la detección y la identificación de las nuevas sustancias psicotrópicas. [Enm. 35]

Artículo 6

Informe conjunto

1.  Cuando el OEDT y Europol, o la Comisión, consideren que la información intercambiada sobre una nueva sustancia psicotrópica notificada por varios Estados miembros suscita preocupación en toda la Unión debido a los riesgos sanitarios, sociales y de seguridad que la nueva sustancia psicotrópica puede presentar, o como respuesta a una petición motivada presentada por varios Estados miembros, el OEDT y Europol elaborarán un informe conjunto sobre la nueva sustancia psicotrópica.

2.  El informe conjunto contendrá la información siguiente:

a)  la naturaleza de los riesgos que entraña la nueva sustancia psicotrópica al ser consumida por el ser humano, incluida la información, si se dispone, sobre las interacciones con otras sustancias, y el alcance del riesgo para la salud pública, con arreglo al artículo 9, apartado 1;

b)  la identidad física y química de la nueva sustancia psicotrópica, los métodos y, si se conocen, los precursores químicos utilizados en su fabricación o extracción, así como otras sustancias psicotrópicas nuevas con estructura química similar que hayan aparecido o que pueda esperarse razonablemente que aparezcan, sobre la base de una evaluación científica;

c)  los usos comerciales e industriales de la nueva sustancia psicotrópica, así como su uso para la investigación y el desarrollo científicos;

d)  el uso humano y veterinario de la nueva sustancia psicotrópica, especialmente como sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario;

e)  la participación de grupos delictivos en la fabricación, distribución o comercio de la nueva sustancia psicotrópica, y todo uso de la nueva sustancia psicotrópica en la fabricación de estupefacientes o de sustancias psicotrópicas;

f)  si la nueva sustancia psicotrópica es actualmente o ha sido objeto de evaluación por el sistema de Naciones Unidas;

g)  si la nueva sustancia psicotrópica está sujeta a medidas restrictivas en los Estados miembros;

h)  cualquier medida de prevención o de tratamiento que esté vigente para hacer frente a las consecuencias del uso de la nueva sustancia psicotrópica.

3.  El OEDT y Europol solicitarán a los centros de coordinación nacional y a las unidades nacionales de Europol que les suministren información adicional sobre la nueva sustancia psicotrópica. Dicha información se suministrará en las cuatro semanas siguientes a la recepción de la solicitud.

4.  El OEDT y Europol solicitarán a la Agencia Europea de Medicamentos, quea su vez deberá consultar a las autoridades nacionales competentes en materia de medicamentos de los Estados miembros que les informe de si, en la Unión Europea o en cualquier Estado miembro, la nueva sustancia psicotrópica es:

a)  una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario que ha obtenido una autorización de comercialización;

b)  una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario que es objeto de una solicitud de autorización de comercialización;

c)  una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario que ha obtenido una autorización de comercialización que ha sido suspendida por la autoridad competente;

d)  una sustancia activa de un medicamento no autorizado de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2001/83/CE, o de un medicamento veterinario preparado extemporáneamente por una persona autorizada por la legislación nacional de conformidad con el artículo 10, letra c), de la Directiva 2001/82/CE.

Los Estados miembros facilitarán sin retrasos injustificados a la Agencia Europea de Medicamentos la información mencionada, previa petición.

La Agencia Europea de Medicamentos facilitará la información de que disponga en las cuatro semanas siguientes a la recepción de la solicitud del OEDT.

5.  El OEDT pedirá a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) y a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que les suministren la información y los datos de que dispongan sobre la nueva sustancia psicotrópica. El OEDT deberá respetar las condiciones de utilización de la información que le comuniquen la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, el ECDC y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, incluidas las condiciones de seguridad de los datos y la información, así como de protección de los datos de carácter confidencial, especialmente los datos de carácter sensible o la información comercial confidencial.

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, el ECDC y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria suministrarán la información y los datos de que dispongan en las cuatro semanas siguientes a la recepción de la solicitud.

6.  El OEDT y Europol presentarán el informe conjunto a la Comisión en las ocho semanas siguientes a la solicitud de información adicional mencionada en el apartado 3.

Cuando el OEDT y Europol recojan información sobre mezclas o sobre diversas sustancias psicotrópicas nuevas con estructura química similar, presentarán informes conjuntos individuales a la Comisión en las diez semanas siguientes a la solicitud de información adicional mencionada en el apartado 3.[Enm. 36]

CAPÍTULO IV

Evaluación de riesgos

Artículo 7

Procedimiento e informe de evaluación de riesgos

1.  En el plazo de cuatro semanas a partir de la fecha de recepción del informe conjunto mencionado en el artículo 6, la Comisión podrá pedir al OEDT que evalúe los riesgos potenciales que entraña la nueva sustancia psicotrópica y elabore un informe de evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos la realizará el Comité científico del OEDT.

2.  El informe de evaluación de riesgos incluirá un análisis de los criterios y de la información a que se refiere el artículo 10, apartado 2, para que la Comisión pueda determinar el nivel de los riesgos sanitarios, sociales y de seguridad que presenta la nueva sustancia psicotrópica.

3.  El Comité científico del OEDT evaluará los riesgos en el curso de una sesión extraordinaria. El Comité podrá ampliarse a cinco expertos como máximo, incluido un psicólogo especialista en adicciones, que representen a los sectores científicos competentes para garantizar una evaluación objetiva de los riesgos de la nueva sustancia psicotrópica. El Director del OEDT los designará de una lista de expertos. El Consejo de Administración del OEDT aprobará la lista de expertos cada tres años. El Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión, el OEDT, Europol y la Agencia Europea de Medicamentos tendrán derecho a nombrar dos observadores cada uno.

4.  El Comité científico del OEDT realizará la evaluación de riesgos tomando como base la información sobre los riesgos de la sustancia y sus usos, como sus patrones y posología, incluidos los usos comerciales e industriales, suministrada por los Estados miembros, la Comisión, el OEDT, Europol, la Agencia Europea de Medicamentos, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, el EDCD, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y otros datos científicos pertinentes. El Comité tendrá en cuenta todas las opiniones manifestadas por sus miembros. El OEDT prestará su apoyo a la evaluación de riesgos y determinará las necesidades de información, que incluirán estudios específicos y pruebas.

5.  El OEDT presentará el informe de evaluación de riesgos a la Comisión en el plazo de doce semanas a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la Comisión.

6.  A petición del OEDT, la Comisión podrá prorrogar en doce semanas como máximo el plazo para realizar la evaluación de riesgos a fin de que puedan realizarse investigaciones adicionales o recogerse datos adicionales. EL OEDT presentará su petición a la Comisión en las seis semanas siguientes a la puesta en marcha de la evaluación de riesgos. Si en las dos semanas siguientes a dicha petición, la Comisión no presenta ninguna objeción, la evaluación de riesgos se prorrogará según lo solicitado. [Enm. 37]

Artículo 8

Exclusión de la evaluación de riesgos

1.  No se realizará la evaluación de riesgos cuando la nueva sustancia psicotrópica esté en una fase avanzada de evaluación en el marco del sistema de Naciones Unidas, es decir, una vez que el Comité de la OMS de Expertos en Farmacodependencia haya publicado un análisis crítico, junto con una recomendación escrita, salvo si existe información significativa y precisa nueva o especialmente relevante para la Unión que no haya sido tenida en cuenta por el sistema de Naciones Unidas, lo cual deberá incluirse en el informe de evaluación. [Enm. 38]

2.  No se realizará la evaluación de riesgos cuando la nueva sustancia psicotrópica, tras ser evaluada en el marco del sistema de Naciones Unidas, no haya sido catalogada con arreglo a la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, o el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, salvo si existe información significativa y precisa nueva o especialmente relevante para la Unión, cuyos motivos se indicarán en el informe de evaluación. [Enm. 39]

3.  No se realizará la evaluación de riesgos si la nueva sustancia psicoactiva es:

a)  una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario que ha obtenido una autorización de comercialización;

b)  una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario que es objeto de una solicitud de autorización de comercialización;

c)  una sustancia activa de un medicamento o de un medicamento veterinario que ha obtenido una autorización de comercialización que ha sido suspendida por la autoridad competente.

4.  No obstante, la evaluación del riesgo deberá realizarse fuera si a nivel de la Unión se dispone de suficientes datos que indiquen la necesidad de que el OEDT y Europol realicen un informe conjunto. [Enm. 40]

CAPÍTULO V

Restricciones de mercado

Artículo 9

Riesgos inmediatos para la salud pública y restricción temporal del consumo

1.  Al solicitar la evaluación de riesgos de una sustancia psicotrópica nueva con arreglo al artículo 7, apartado 1, la Comisión, mediante una Decisión, prohibirá la comercialización para el consumo de la nueva sustancia psicotrópica si, sobre la base de la información existente, dicha sustancia presenta riesgos inmediatos para la salud pública, que se hayan puesto de manifiesto por:

a)  noticias de muertes y de graves consecuencias para la salud relacionadas con el consumo de la nueva sustancia psicotrópica incluida, si se dispone, la información sobre las interacciones con otras sustancias en varios los Estados miembros, y con la toxicidad especialmente aguda de la misma;

b)  la prevalencia y los hábitos de consumo de la nueva sustancia psicotrópica en el conjunto de la población y en grupos específicos y, en particular, la frecuencia, las cantidades y las formas de consumo, su disponibilidad para los consumidores y las posibilidades de difusión, que indican que el nivel de riesgo es considerable;

2.  La Comisión adoptará la Decisión mencionada en el apartado 1 mediante actos de ejecución. Estos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artículo 19, apartado 2.

Por razones de urgencia imperativas debidamente justificadas y relacionadas con el rápido incremento del número de muertes notificadas en varios Estados miembros y asociadas al consumo de las nuevas sustancias psicotrópicas en cuestión, la Comisión adoptará actos de ejecución inmediatamente aplicables de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 19, apartado 3.

3.  La restricción de mercado prevista en la Decisión mencionada en el apartado 1 no excederá de doce meses. Si el nivel de los riesgos sociales, para la salud y para la seguridad que plantea la nueva sustancia psicotrópica justifica la introducción de medidas de restricción de carácter permanente, la duración de la restricción comercial temporal puede prolongarse por otros 12 meses, a falta de restricciones comerciales de carácter permanente. [Enm. 41]

Artículo 10

Determinación del nivel de riesgos sanitarios, sociales y de seguridad tras la evaluación de riesgos

1.  La Comisión determinará sin demora injustificada el nivel de riesgos sanitarios, sociales y de seguridad derivados de la nueva sustancia psicotrópica sobre la que se ha realizado una evaluación de riesgos. Para ello se basará en las pruebas disponibles y, en particular, en el informe de evaluación de riesgos.

2.  Al determinar el nivel de riesgos de la nueva sustancia psicotrópica, la Comisión tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a)  los daños para la salud causados por el consumo de la nueva sustancia psicotrópica, asociados a su toxicidad aguda y crónica, interacciones con otras sustancias, propensión al abuso y riesgo de dependencia y, en particular, lesiones, enfermedades, agresión así como y deterioro físico y mental;

b)  los daños sociales causados a las personas y la sociedad y, en particular, sobre la base de su impacto en el funcionamiento de la sociedad, el orden público y las actividades delictivas, las actividades de la delincuencia organizada asociadas a la nueva sustancia psicotrópica, los beneficios ilícitos generados por la producción, el comercio y la distribución de la nueva sustancia psicotrópica, y los costes económicos asociados a los daños sociales;

c)  los riesgos para la seguridad y pública, en particular, basados en la propagación de enfermedades, incluida la transmisión de virus hematógenos, las consecuencias del deterioro físico o mental en la capacidad de conducir, y el impacto medioambiental de la fabricación, el transporte y la eliminación de la nueva sustancia psicotrópica y sus residuos.

La Comisión también tendrá en cuenta la prevalencia y las pautas de utilización de la nueva sustancia psicotrópica en la población en general y en grupos específicos, su disponibilidad para los consumidores, su potencial de difusión, el número de Estados miembros donde presente riesgos sanitarios, sociales y de seguridad, el alcance de sus usos comerciales e industriales, y su uso en la investigación y el desarrollo científicos. [Enm. 42]

Artículo 11

Riesgos bajos a escala de la Unión

La Comisión no adoptará medidas restrictivas respecto de una nueva sustancia psicotrópica que, según las pruebas disponibles, presente, globalmente, si, en general, presenta riesgos bajos para la salud, la sociedad y la seguridad a escala de la Unión, conforme a las pruebas disponibles y a, en particular, si los siguientes criterios:

a)  los daños causados a la salud por el consumo de la nueva sustancia psicotrópica asociados a su toxicidad aguda y crónica, propensión al abuso y riesgo de dependencia, son limitados, en la medida en que causen lesiones y enfermedades leves o un deterioro físico o mental leve insignificantes;

b)  los daños sociales causados a las personas y la sociedad son limitados, especialmente en lo que respecta a sobre la base de su incidencia en el funcionamiento de la sociedad y el orden público; las actividades delictivas asociadas a la nueva sustancia psicotrópica son reducidas, y los beneficios ilícitos generados por la producción, el comercio y la distribución de la nueva sustancia psicotrópica, así como los costes económicos asociados, son nulos o insignificantes;

c)  los riesgos para la seguridad pública son limitados; en particular, el sobre la base del riesgo de propagación de enfermedades, incluida la transmisión de virus hematógenos, es bajo, los efectos del deterioro físico o mental en la capacidad de conducir son nulos o limitados, y el impacto medioambiental de la fabricación, el transporte y la eliminación de la nueva sustancia psicotrópica y sus residuos es bajo.

Cuando se haya decidido no adoptar medidas restrictivas para una nueva sustancia psicotrópica que se considere que presenta riesgos generales bajos para la salud, la sociedad y la seguridad en base a una falta total o parcial de pruebas, se incluirá una referencia apropiada en la justificación. [Enm. 43]

Artículo 12

Riesgos moderados y restricción permanente de consumo a escala de la Unión

1.  La Comisión, mediante una Decisión, prohibirá sin demora la comercialización para el consumo de la nueva sustancia psicotrópica que, según las pruebas disponibles, presente, globalmente, riesgos moderados para la salud, la sociedad y la seguridad conforme a las pruebas disponibles y a, en particular, si los siguientes criterios:

a)  los daños causados a la salud por el consumo de la nueva sustancia psicotrópica asociados a su toxicidad aguda y crónica, propensión al abuso y riesgo de dependencia, son moderados, en la medida en que causen lesiones y enfermedades no mortales o un deterioro físico o mental moderado;

b)  los daños sociales causados a las personas y la sociedad son moderados, en particular en lo que respecta a sobre la base de su incidencia en el funcionamiento de la sociedad y el orden público, si bien causan molestias al público en general; las actividades delictivas y la delincuencia organizada asociadas a la sustancia son esporádicas, y los beneficios ilícitos y los costes económicos son moderados;

c)  los riesgos para la seguridad pública son moderados;, en particular, la sobre la base de una propagación esporádica de enfermedades, incluida la transmisión de virus hematógenos, es esporádica, los efectos del deterioro físico o mental en la capacidad de conducir son moderados, y la fabricación, el transporte y la eliminación de la nueva sustancia psicotrópica y sus residuos se traducen en daños medioambientales.

2.  La Comisión adoptará la Decisión mencionada en el apartado 1 mediante actos de ejecución. Dichos actos se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artículo 19, apartado 2.

3.   Cuando la información o las pruebas disponibles demuestren que la nueva sustancia psicotrópica supeditada a la Decisión mencionada en el apartado 1 plantea un nivel más elevado de riesgos sociales, para la salud y para la seguridad en un determinado Estado miembro, en particular a causa de las modalidades o del nivel de consumo de dicha sustancia, o en función de los riesgos específicos que supone la sustancia en su territorio teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y cualquier factor social, económico, jurídico, administrativo o de otro tipo, los Estados miembros podrán mantener o introducir medidas más estrictas para garantizar un elevado nivel de protección de la salud pública.

4.  Los Estados miembros que se propongan mantener una medida más estricta en relación con la nueva sustancia psicotrópica de conformidad con el apartado 2 bis, comunicarán inmediatamente las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas a la Comisión e informarán de ello a los demás Estados miembros.

5.  Los Estados miembros dispuestos a introducir una medida más estricta en relación con la nueva sustancia psicotrópica de conformidad con el apartado 2 bis comunicarán inmediatamente los proyectos de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas a la Comisión e informarán de ello a los demás Estados miembros. [Enm. 44]

Artículo 13

Riesgos graves y restricción comercial permanente a escala de la Unión

1.  La Comisión, mediante una Decisión, prohibirá sin demora la producción, la fabricación y la comercialización, incluidaincluidos la importación a la Unión, el transporte y la exportación a partir de la Unión de la nueva sustancia psicotrópica que, según las pruebas disponibles, presente, globalmente, si esta presenta riesgos graves para la salud, la sociedad sobre la base de las pruebas disponibles y la seguridad y, en particular, si los siguientes criterios:

a)  los daños causados a la salud por el consumo de la nueva sustancia psicotrópica asociados a su toxicidad aguda y crónica, propensión al abuso y riesgo de dependencia son graves, ponen en peligro la vida, en la medida en que provoquen generalmente la muerte o lesiones mortales, enfermedades graves y un deterioro físico o mental grave;

b)  los daños sociales causados a las personas y la sociedad son graves, en particular en lo que respecta a sobre la base de su incidencia en el funcionamiento de la sociedad y el orden público, dando lugar a alteraciones del orden público, conductas violentas y antisociales que causen perjuicios al consumidor, a terceros y a los bienes; las actividades delictivas y de la delincuencia organizada asociadas a las nuevas sustancias psicotrópicas son sistemáticas; y los beneficios ilícitos y los costes económicos son elevados;

c)  los riesgos para la seguridad pública son graves;, en particular, la sobre la base de una considerable propagación de enfermedades, incluida la transmisión de virus hematógenos, es considerable, los efectos del deterioro físico o mental en la capacidad de conducir son graves, y la fabricación, el transporte y la eliminación de la nueva sustancia psicotrópica y de sus residuos se traducen en daños medioambientales.

2.  La Comisión adoptará la Decisión mencionada en el apartado 1 mediante actos de ejecución. Dichos actos se adoptarán con arreglo al procedimiento de examen previsto en el artículo 19, apartado 2. [Enm. 45]

Artículo 13 bis

Delegación de poderes

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 20 bis para modificar los criterios enumerados en los artículos 11, 12 y 13. [Enm. 46]

Artículo 14

Usos autorizados

1.  Las Decisiones a que se refieren el artículo 9, apartado 1, y el artículo 12, apartado 1, no serán obstáculo a la libre circulación en la Unión ni a la comercialización para el consumo de las nuevas sustancias psicotrópicas que son sustancias activas de medicamentos o de medicamentos veterinarios que han obtenido una autorización de comercialización.

2.  Las Decisiones a que se refiere el artículo 13, apartado 1, no serán obstáculo a la libre circulación en la Unión ni a la producción, la fabricación, la comercialización, incluida la importación a la Unión, el transporte y la exportación a partir de la Unión, de las nuevas sustancias psicotrópicas:

a)  para fines de investigación y desarrollo científicos bajo la responsabilidad de personas debidamente autorizadas en establecimientos que dependan directamente del control de las autoridades de los Estados miembros o que hayan sido aprobados directamente por ellas;

b)  para usos autorizados con arreglo a la legislación de la Unión;

c)  que son sustancias activas de medicamentos o de medicamentos veterinarios que han obtenido una autorización de comercialización;

d)  para su uso en la fabricación de sustancias y productos, siempre que las nuevas sustancias psicotrópicas se transformen de tal forma que no puedan utilizarse de forma abusiva ni ser recuperadas y que la cantidad de cada sustancia utilizada se indique en la información sobre la sustancia o el producto.

2 bis.  Para todos los usos autorizados, las nuevas sustancias psicotrópicas y los productos que contengan nuevas sustancias psicotrópicas deberán incluir el modo de empleo, con advertencias, avisos e interacciones con otras sustancias, que se indicarán en la etiqueta o en el folleto que acompañe al producto para la seguridad del usuario.

3.  Las Decisiones a que se refiere el artículo 13, apartado 1, podrán fijar requisitos y condiciones aplicables a la producción, la fabricación, la comercialización, incluida la importación a la Unión, el transporte, y la exportación a partir de la Unión, de las nuevas sustancias psicotrópicas que presentan riesgos graves para la salud, la sociedad y la seguridad, para los usos enumerados en el apartado 2.

4.  Los Estados miembros tomarán medidas apropiadas para prevenir el desvío al mercado ilícito de nuevas sustancias psicotrópicas utilizadas con fines de investigación y desarrollo o para cualesquiera otros usos autorizados. [Enm. 47]

CAPÍTULO VI

Seguimiento y revisión

Artículo 15

Seguimiento

El OEDT y Europol, con el apoyo de Reitox, supervisarán todas las nuevas sustancias psicotrópicas que hayan sido objeto de un informe conjunto.

Artículo 16

Revisión del nivel de riesgos

En caso de disponer de nueva información o de pruebas sobre los riesgos que presenta una nueva sustancia psicotrópica para la salud, la sociedad y la seguridad, y que estos ya hayan sido determinados de conformidad con el artículo 10, la Comisión pedirá al OEDT que actualice el informe de evaluación de riesgos elaborado sobre la nueva sustancia psicotrópica, y que revise el nivel de riesgos que presenta la nueva sustancia psicotrópica.

CAPÍTULO VII

Sanciones y recursos

Artículo 17

Sanciones

Los Estados miembros establecerán las normas relativas a las sanciones aplicables a las infracciones de las Decisiones mencionadas en el artículo 9, apartado 1, el artículo 12, apartado 1, y el artículo 13, apartado 1, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión dichas normas relativas a las sanciones, así como las modificaciones ulteriores que les afecten.

Artículo 18

Recursos

Toda persona cuyos derechos sean vulnerados por la aplicación de una sanción impuesta por un Estado miembro de conformidad con el artículo 17, tendrá derecho a la tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional de dicho Estado miembro.

CAPÍTULO VIII

PROCEDIMIENTOS

Artículo 19

Comité

1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

3.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del Reglamento (UE) nº 182/2011, en relación con su artículo 5.

CAPÍTULO IX

Disposiciones finales

Artículo 20

Investigación y análisis, prevención y financiación

1.  La Comisión y los Estados miembros apoyarán1. Se prestará apoyo financiero y los recursos necesarios a escala de la Unión y nacional para el desarrollo, el intercambio y la difusión de información y conocimientos sobre las nuevas sustancias psicotrópicas. La Comisión y los Estados miembros deberán hacerlo facilitando la cooperación entre el OEDT, otras agencias de la Unión, y los centros científicos y de investigación y otros organismos con conocimientos prácticos pertinentes, y facilitando periódicamente a estos organismos información actualizada sobre dichas sustancias.

2.  La Comisión y los Estados miembros fomentarán y apoyarán igualmente la investigación, incluida la investigación aplicada, en nuevas sustancias psicotrópicas y garantizarán la cooperación y la coordinación entre las redes a escala de la Unión y nacional con objeto de aumentar la comprensión del fenómeno. Deberán hacerlo facilitando la cooperación entre el OEDT, otras agencias de la Unión (en particular la Agencia Europea de Medicamentos y la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas), y los centros científicos y de investigación. Se hará hincapié en mejorar la capacidad forense y toxicológica y la disponibilidad de los datos epidemiológicos.

3.  Los Estados miembros promoverán las políticas de prevención y, junto con la Comisión, medidas de sensibilización sobre los riesgos de las sustancias psicotrópicas, como las campañas de información educativas. [Enm. 48]

Artículo 20 bis

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 13 bis se otorgan a la Comisión por un período de diez años a partir de ...(16). La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de competencias a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de diez años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por un nuevo período de diez años, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada periodo.

3.  La delegación de poderes a que se refiere el artículo 13 bis podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Todo acto delegado adoptado en virtud del artículo 13 bis entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulen objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación del acto en cuestión a tales instituciones o siempre que ambas instituciones informen a la Comisión, antes de que venza dicho plazo, de que no tienen la intención de formular objeciones. Ese plazo se prolongará dos meses a instancia del Parlamento Europeo o del Consejo. [Enm. 49]

Artículo 21

Informes

1.  El OEDT y Europol informarán anualmente al Parlamento Europeo, a la Comisión y a los Estados miembros de la aplicación del presente Reglamento. Los informes de aplicación se publicarán en una página web y se harán públicos.

2.  La Comisión, a partir de ...(17), presentará al Parlamento Europeo, y a los Estados miembros un informe y, si procede, seguido de una propuesta para la eliminación de las lagunas detectadas entre el Reglamento (CE) nº 1907/2006, la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) nº 726/2004 y el presente Reglamento, a fin de garantizar que las sustancias psicotrópicas se regulan de forma adecuada. [Enm. 50]

Artículo 22

Evaluación

A más tardar ...(18) y posteriormente cada cinco años, la Comisión evaluará la aplicación, la ejecución y la eficacia del presente Reglamento y publicará un informe. En este sentido, la Comisión, el OEDT y Europol llevarán a cabo evaluaciones del riesgo posteriores sobre las nuevas sustancias psicotrópicas.

A más tardar ...*, la Comisión evaluará y, si procede, presentará una propuesta de posible clasificación de grupos de las nuevas sustancias psicotrópicas con el fin de contrarrestar la práctica de eludir la legislación en vigor mediante ligeras modificaciones de la estructura química de las sustancias psicotrópicas. [Enm. 51]

Artículo 23

Sustitución de la Decisión 2005/387/JAI

La Decisión 2005/387/JAI queda derogada y es sustituida por el presente Reglamento, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere al plazo de incorporación de la misma al Derecho nacional. Las referencias a la Decisión 2005/387/JAI se entenderán como referencias al presente Reglamento.

Artículo 24

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

(1) DO C 177 de 11.6.2014, p. 52.
(2)DO C 177 de 11.6.2014, p. 52.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2014.
(4)Acción Común 97/396/JAI, de 16 de junio de 1997, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas (DO L 167 de 25.6.1997, p. 1).
(5)Decisión 2005/387/JAI del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas (DO L 127 de 20.5.2005, p. 32).
(6)Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, sobre precursores de drogas (DO L 47 de 18.2.2004, p. 1).
(7)Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de droga entre la Comunidad y los terceros países (DO L 22 de 26.1.2005, p. 1).
(8)Reglamento (CE) n° 1920/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (DO L 376 de 27.12.2006, p. 1).
(9)Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información (DO L 204 de 21.7.1998, p. 37).
(10)Directiva 2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos veterinarios (DO L 311 de 28.11.2001, p. 67).
(11)Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO L 311 de 28.11.2001, p. 1).
(12)Reglamento (CE) nº 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que se establecen procedimientos comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos de uso humano y veterinario y por el que se crea la Agencia Europea de Medicamentos (DO L 136 de 30.4.2004, p. 1).
(13)Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(14)Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (DO L 194 de 18.7.2001, p. 26).
(15) Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n° 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n° 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1).
(16) Fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(17) Cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(18) Cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento.


Elementos constitutivos de delitos y penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas ***I
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Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, en lo que respecta a la definición de droga (COM(2013)0618 – C7-0271/2013 – 2013/0304(COD))
P7_TA(2014)0454A7-0173/2014

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0618),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0271/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por la Cámara de los Comunes del Reino Unido y la Cámara de los Lores del Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el artículo 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0173/2014),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva 2014/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, en lo que respecta a la definición de droga

P7_TC1-COD(2013)0304


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 83, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(1),

Considerando lo siguiente:

(1)  La Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo(2) adopta un enfoque común para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, que supone una amenaza para la salud, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión, así como para la economía legal, la estabilidad y la seguridad de los Estados miembros. Establece unas normas comunes mínimas sobre la definición de los delitos de tráfico de drogas y las sanciones aplicables, a fin de evitar problemas que entorpezcan la cooperación entre las autoridades judiciales y los servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros cuando el delito o los delitos en cuestión no tienen la misma consideración penal en el país requirente y en el país requerido.

(1 bis)  La fijación de normas comunes mínimas para toda la Unión sobre la definición de los delitos relativos al tráfico de drogas y las sanciones aplicables debe contribuir en última instancia a la protección de la salud pública y a la reducción del daño relacionado con el tráfico y el consumo de drogas. [Enm. 1]

(2)  La Decisión marco 2004/757/JAI se aplica a las sustancias reguladas por la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961, modificada por el Protocolo de 1972, y el Convenio de las Naciones Unidas de 1971 sobre sustancias psicotrópicas («convenios de las Naciones Unidas»), así como a las drogas sintéticas sometidas a control en la Unión en virtud de la Acción Común 97/396/JAI(3), que entrañan riesgos para la salud pública comparables a los de las sustancias catalogadas en los convenios de las Naciones Unidas.

(3)  La Decisión marco 2004/757/JAI también debe aplicarse a las sustancias sometidas a medidas de control y sanciones penales con arreglo a la Decisión 2005/387/JAI del Consejo(4), que suponen riesgos para la salud pública comparables a los de las sustancias catalogadas en los convenios de las Naciones Unidas.

(4)  Las nuevas sustancias psicotrópicas, como los productos que contienen agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos, que imitan los efectos de las sustancias catalogadas en los convenios de las Naciones Unidas, están surgiendo frecuentemente y extendiéndose con rapidez en la Unión. Algunas de las nuevas sustancias psicotrópicas suponen graves riesgos para la salud pública, así como riesgos sociales y de seguridad, según se indica en el Reglamento (UE) nº.../... del Parlamento Europeo y del Consejo(5). En virtud de dicho Reglamento, pueden adoptarse medidas para prohibir la producción, la fabricación, la comercialización, la importación a la Unión, el transporte y la exportación desde la Unión de las nuevas sustancias psicotrópicas que suponen graves riesgos para la salud, así como riesgos sociales y de seguridad. A fin de reducir efectivamente la disponibilidad de nuevas sustancias psicotrópicas que suponen graves riesgos para las personas y la sociedad, y de impedir el tráfico de esas sustancias en toda la Unión, así como la participación de organizaciones delictivas que con frecuencia obtienen beneficios considerables con el tráfico de drogas, las medidas de restricción comercial permanentes permanente adoptadas con arreglo a dicho Reglamento deben basarse en disposiciones de Derecho penal proporcionadas y destinadas exclusivamente a productores, proveedores y distribuidores, y no a los consumidores individuales. [Enm. 2]

(4 bis)  Para reducir de forma efectiva la demanda de las nuevas sustancias psicotrópicas que suponen graves riesgos para la salud, así como riesgos sociales y de seguridad, la divulgación de información empírica sobre salud pública y las alertas tempranas para los consumidores deben constituir una parte integral de una estrategia inclusiva y participativa para evitar y reducir los daños. [Enm. 3]

(5)  Las nuevas sustancias psicotrópicas sometidas a restricciones comerciales permanentes de conformidad con el Reglamento (UE) nº.../..., una vez añadidas al anexo de la Decisión marco 2004/757/JAI, deben, por tanto, someterse a las disposiciones penales de la Unión sobre el tráfico ilícito de drogas. Esto también contribuiría a racionalizar y clarificar el marco jurídico A fin de incluir estas sustancias en el anexo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión ya que la mismas disposiciones de Derecho penal se aplicarían a las sustancias reguladas por los convenios de las Naciones Unidas y a las nuevas sustancias psicotrópicas más nocivas. Por lo tanto, debe modificarse Europea en lo que respecta a la adopción de modificaciones del anexo y, por consiguiente, la definición de «droga» contenida en la Decisión marco 2004/757/JAI. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. [Enm. 4]

(6)  Con el fin de responder rápidamente a la aparición y la expansión de las nuevas sustancias psicotrópicas nocivas en la Unión, los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la Decisión marco 2004/757/JAI a las nuevas sustancias psicotrópicas que han sido objeto de restricciones comerciales permanentes puesto que entrañan graves riesgos para la salud, así como riesgos sociales y para la seguridad, en un plazo de doce meses a partir de que estas se sometan a las restricciones comerciales permanentes con arreglo al Reglamento (UE) nº.../... en un plazo de doce meses a partir de que estas nuevas sustancias psicotrópicas se añadan al anexo de dicha Decisión marco. [Enm. 5]

(6 bis)  En la presente Directiva, de conformidad con las disposiciones de la Decisión marco 2004/757/JAI que modifica, no se prevé la tipificación como delito de la posesión de las nuevas sustancias psicotrópicas para uso personal, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a penalizar la posesión de drogas para uso personal a escala nacional. [Enm. 6]

(6 ter)  La Comisión debe evaluar el impacto de la Decisión marco 2004/757/JAI relativa al suministro de drogas, también sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros. A tal fin, los Estados miembros deben facilitar información pormenorizada sobre los canales de distribución en su territorio de las sustancias psicotrópicas utilizados para el suministro de las sustancias psicotrópicas destinadas a ser distribuidas en otros Estados miembros, tales como comercios especializados y minoristas en línea, así como sobre otras características de sus respectivos mercados de la droga. El Observatorio Europeo de la Droga y de las Toxicomanías debe asistir a los Estados miembros a la hora de recopilar y compartir información y datos precisos, comparables y fiables sobre el suministro de drogas. [Enm. 7]

(6 quater)  Los Estados miembros deben facilitar a la Comisión Europea datos sobre diferentes indicadores en materia de actuaciones, dentro de sus respectivos territorios, para la ejecución de la legislación nacional, incluidos datos sobre las instalaciones de fabricación de drogas desmanteladas, los delitos relacionados con el suministro de drogas, los precios nacionales de venta al por menor de drogas y los análisis forenses de las incautaciones de drogas. [Enm. 8]

(7)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la ampliación de la aplicación de las disposiciones de Derecho penal de la Unión sobre el tráfico ilícito de drogas a las nuevas sustancias psicotrópicas que entrañan graves riesgos para la salud, así como riesgos sociales y para la seguridad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros actuando por sí solos, sino que pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta podrá adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(8)  La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y especialmente el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito y los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos, el derecho a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención médica. [Enm. 9]

(8 bis)  La Unión y sus Estados miembros deben potenciar el desarrollo del enfoque de la UE basado en los derechos fundamentales, la prevención, la asistencia sanitaria y la reducción de daños, con el objetivo de ayudar a los consumidores de drogas a superar su adicción y a reducir el impacto negativo de las drogas en la sociedad, la economía y en la salud pública. [Enm. 10]

(9)  [De conformidad con el artículo 3 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Directiva.]

Y/O

(10)  [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción y aplicación de la presente Directiva, y no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.]

(11)  De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(12)  Procede, por tanto, modificar la Decisión marco 2004/757/JAI en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Decisión marco 2004/757/JAI se modifica como sigue:

1)  En el artículo 1, el punto 1) se sustituye por el texto siguiente:"

«1. "drogadrogas": cualquiera de las sustancias siguientes:

   a) todas las sustancias contempladas en la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 (modificada por el Protocolo de 1972) y la Convención de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas de 1971;
   b) todas las sustancias enumeradas en el anexo;
   c) todas las nuevas psicotrópicas que entrañan graves riesgos para la salud, así como riesgos sociales y para la seguridad, sometidas a restricciones comerciales permanentes de conformidad con el [artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº.../... sobre las nuevas sustancias psicotrópicas] mezclas o soluciones que contengan una o más sustancias de las enumeradas en las letras a) y b);»; [Enm. 11]

"

1 bis)  El artículo 2 se modifica como sigue:

a)  la parte introductoria del apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:"

«1. Cada uno de los Estados miembros adoptará las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de las siguientes conductas intencionales cuando se cometan contrariamente a Derecho tal como se define en la legislación nacional:». [Enm. 12]

"

b)  el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:"

«2. Las conductas expuestas en el apartado 1 no se incluirán en el ámbito de aplicación de la presente Decisión marco si se ha actuado con fines de consumo personal tal como lo defina la legislación nacional.». [Enm. 13]

"

1 ter)  se añaden los artículos siguientes:"

«Artículo 8 bis

Delegación de poderes

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con el fin de modificar el anexo de la presente Decisión marco, en particular para incluir en el anexo nuevas sustancias psicotrópicas sometidas a restricciones comerciales permanentes de conformidad con el artículo 13, apartado 1 del Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento Europeo y del Consejo*. [Enm. 15]

«Artículo 8 ter:

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 8 bis se otorgan a la Comisión por un período de diez años a partir de ...(6). La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de diez años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por un nuevo período de diez años, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de dicho período.

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 8 bis podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8 bis entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. [Enm. 16]

______________

* Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento Europeo y del Consejo de ...sobre las nuevas sustancias psicotrópicas (DO L ...).».

"

2)  En el artículo 9, se añaden los apartados siguientes:"

«3. En lo que respecta a las nuevas sustancias psicotrópicas sometidas a restricciones comerciales permanentes con arreglo al [artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) nº.../... sobre las nuevas sustancias psicotrópicas]añadidas al anexo de la presente Decisión marco, los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar las disposiciones de la presente Decisión marco a estas nuevas sustancias psicotrópicas en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de la restricción comercial permanente modificación del anexo. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. [Enm. 14]

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Decisión marco o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

4.  El ...(7), la Comisión evaluará hasta que punto los Estados miembros han adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión marco, y publicará un informe.».

"

3)  Se añade el anexo que figura en la presente Directiva.

Artículo 2

Transposición

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el ...(8). Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor en ...(9).

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en ..., el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO

«ANEXO

Lista de sustancias mencionadas en el artículo 1, apartado 1, letra b)

a)  P-metiltioanfetimina o 4-metiltioanfetamina, mencionada en la Decisión 1999/615/JAI del Consejo(10).

b)  Parametoximetilanfetamina o N-metil-1-(4-metoxifenil)-2-aminopropano, mencionada en la Decisión 2002/188/JAI del Consejo(11).

c)  2,5-dimetoxi-4-yodofenetilamina, 2,5-dimetoxi-4-etiltiofenetilamina, 2,5-dimetoxi-4-(n)-propiltiofenetilamina y la 2,4,5-trimetoxianfetamina, mencionadas en la Decisión 2003/847/JAI del Consejo(12).

d)  1-benzilpiperacina o 1-bencilo-1,4-diazaciclohexano o N-benzilpiperacina o benzilpiperacina, mencionada en la Decisión 2008/206/JAI del Consejo(13).

e)  4-metilmetcatinona, mencionada en la Decisión 2010/759/EU del Consejo(14).

f)  4-metilanfetamina, mencionada en la Decisión 2013/129/EU del Consejo(15).

g)  5-(2-aminopropil) indol, mencionada en la Decisión de Ejecución 2013/496/UE del Consejo(16)].

(1) Posición del Parlamento Europeo de 17 de abril de 2014.
(2)Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas (DO L 335 de 11.11.2004, p. 8).
(3)Acción Común 97/396/JAI, de 16 de junio de 1997 aprobada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas drogas sintéticas (DO L 167 de 25.6.1997, p. 1).
(4)Decisión 2005/387/JAI del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas (DO L 127 de 20.5.2005, p. 32).
(5) Reglamento (UE) nº.../... del Parlamento Europeo y del Consejo de ... [sobre las nuevas sustancias psicotrópicas] (DO L ...).
(6) Fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
(7) Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(8) 12 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(9) El día de la entrada en vigor del Reglamento (UE) nº …/… del Parlamento Europeo y del Consejo, de ...sobre las nuevas sustancias psicotrópicas.
(10)Decisión 1999/615/JAI del Consejo, de 13 de septiembre de 1999, por la que se define la 4-MTA como una nueva droga sintética que debe estar sujeta a las medidas necesarias de control y sanciones penales (DO L 244 de 16.9.1999, p.1).
(11)Decisión 2002/188/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre las medidas de control y las sanciones penales relativas a la PPMA, nueva droga de síntesis (DO L 63 de 6.3.2002, p. 14).
(12)Decisión 2003/847/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, sobre las medidas de control y las sanciones penales con respecto a las nuevas drogas sintéticas 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 y TMA-2 (DO L 321 de 6.12.2003, p. 64).
(13)Decisión 2008/206/JAI del Consejo, de 3 de marzo de 2008, por la que se define la 1-benzilpiperacina (BZP) como una nueva sustancia psicotrópica que debe estar sujeta a medidas de control y sanciones penales (DO L 63 de 7.3.2008, p. 45).
(14)Decisión 2010/759/EU del Consejo, de 2 de diciembre de 2010, por la que se somete la 4-metilmetcatinona (mefedrona) a medidas de control (DO L 322 de 8.12.2010, p. 44).
(15)Decisión 2013/129/EU del Consejo, de 7 de marzo de 2013, por la que se somete la 4-metilanfetamina a medidas de control (DO L 72 de 15.3.2013, p. 11).
(16)Decisión de Ejecución 2013/496/UE del Consejo, de 7 de octubre de 2013, por la que se somete el 5-(2-aminopropil) indol a medidas de control (DO L 172 de 12.10.2013, p. 44).


Negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica UE-Japón
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, que contiene la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica UE-Japón (2014/2021(INI))
P7_TA(2014)0455A7-0244/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vista la primera cumbre bilateral celebrada en La Haya en 1991 y la aprobación de una declaración conjunta sobre las relaciones CE-Japón,

–  Vista la 10ª cumbre bilateral celebrada en Bruselas en 2001 y la adopción del plan de acción UE-Japón titulado «Preparando nuestro futuro común», entre cuyos objetivos se cuentan promover la paz y la seguridad, fortalecer la asociación económica y comercial, hacer frente a los desafíos globales y sociales y acercar a las personas y las culturas,

–  Vistas las negociaciones autorizadas por el Consejo el 29 de noviembre de 2012 y puestas en marcha en Bruselas el 25 de marzo de 2013 para celebrar un acuerdo de asociación estratégica entre la UE y Japón,

–  Vistas las negociaciones iniciadas el 25 de marzo de 2013 para celebrar un acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón,

–  Vista la 21ª Cumbre UE-Japón, celebrada en Tokio el 19 de noviembre de 2013,

–  Vistas las Directrices sobre Política Exterior y de Seguridad de la UE para el Asia Oriental, aprobadas por el Consejo el 15 de junio de 2012,

–  Vistas sus Resoluciones, de 3 de febrero de 2009, sobre la Segunda revisión estratégica del sector de la energía(1), y de 24 de marzo de 2011, sobre la situación en Japón, y en especial el estado de alerta en las centrales nucleares(2),

–  Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre los objetivos estratégicos para la Décima Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se celebrará en Nagoya (Japón) del 18 al 29 de octubre de 2010(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2012, sobre la pena de muerte en Japón(4),

–  Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre las relaciones comerciales UE-Japón(5),

–  Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, que contiene la Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior sobre las negociaciones para un acuerdo de asociación estratégica UE-Canadá(6),

–  Visto el terremoto y posterior tsunami que devastaron partes importantes del litoral japonés el 11 de marzo de 2011, provocando la destrucción de la central nuclear de Fukushima,

–  Vistos el artículo 90, apartado 4, y el artículo 48 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0244/2014),

A.  Considerando que Japón es un socio estratégico de la UE desde 2003;

B.  Considerando que la UE y Japón comparten la responsabilidad particular de fomentar la paz, la estabilidad y la prosperidad en un mundo que cambia rápidamente;

C.  Considerando que la UE y Japón cooperan ya en una serie de ámbitos tales como la cooperación aduanera y la asistencia judicial en materia penal, la ciencia y la tecnología, la seguridad en Internet, la cooperación académica y en materia de investigación, el uso pacífico de la energía nuclear, los contactos con la comunidad empresarial y la promoción de los vínculos interpersonales;

D.  Considerando que la UE y Japón comparten los valores de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos, valores todos ellos que deben constituir el eje central de cualquier acuerdo entre ambas partes que aspire a establecer un marco sólido para la relación;

E.  Considerando que Japón se implica cada vez más en el mantenimiento de la seguridad y la estabilidad internacional, convirtiéndose en un «contribuyente activo a la paz» sobre la base del principio de la cooperación internacional;

F.  Considerando que Japón y la Organización el Tratado del Atlántico Norte (OTAN) firmaron en abril de 2013 su primera declaración política conjunta, en la que señalaban como posibles ámbitos de cooperación la gestión de las crisis, la ayuda a las víctimas de catástrofes, las operaciones de mantenimiento de la paz, la ciberdefensa y la seguridad marítima;

G.  Considerando que Japón es miembro activo del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas y de muchas otras agencias especializadas de las Naciones Unidas, así como de la Reunión Asia-Europa (ASEM) y del Diálogo de Cooperación de Asia (ACD); considerando que Japón es también miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde su creación en 1995, así como de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Grupo de los Ocho (G-8) y el Grupo de los Veinte (G-20);

H.  Considerando que existen tensiones entre Japón y sus vecinos —China, Rusia y Corea del Sur— por algunas islas en zonas marítimas del Asia Oriental;

1.  Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior:

  

Negociaciones del Acuerdo de Asociación Estratégica

   a) que sigan afianzando las relaciones entre la UE y Japón mediante la oportuna conclusión de las negociaciones para un acuerdo global de asociación estratégica; que definan una verdadera dimensión estratégica para el acuerdo que haga hincapié en las características singulares de las relaciones entre la UE y Japón;
   b) que intenten establecer un marco de larga duración para una relación más estrecha que contribuya considerablemente a la profundización de las relaciones políticas, económicas y culturales, con resultados tangibles para los ciudadanos de ambas regiones; y que presten especial atención a la coordinación global de las políticas económicas;
   c) que aumenten significativamente el número y alcance de los diálogos sectoriales y de cooperación bilateral;
  

Diálogo político

   d) que reafirmen los valores compartidos, los objetivos comunes y las responsabilidades en la promoción a escala mundial de la paz, la estabilidad, la democracia parlamentaria, el desarrollo sostenible y un sistema multilateral sólido; que continúen colaborando en el fortalecimiento y la reforma de las Naciones Unidas, incluido el Consejo de Seguridad; que reconozcan que el carácter cada vez más multipolar del mundo es atribuible a la creciente importancia política de un gran número de agentes regionales y nacionales, entre ellos la UE y Japón, y exige una mayor cooperación y coordinación en el ámbito internacional;
   e) que profundicen e intensifiquen la cooperación en los asuntos políticos, de seguridad y relativos a la paz, incluyendo el intercambio de información, la no proliferación, el desarme, la eliminación de las armas de destrucción masiva, la ciberseguridad y la lucha contra la delincuencia internacional que engloba el tráfico de seres humanos y de drogas, la piratería y el terrorismo;
   f) que se comprometan, como principales donantes de ayuda al desarrollo mundial, a una mayor cooperación y coordinación de las políticas de desarrollo y a actuar para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una faceta fundamental de los cuales es la seguridad humana;
   g) que estudien en qué medida se puede intensificar la cooperación en las cuestiones de seguridad mundial, incluidas la gestión de crisis y las actividades de mantenimiento de la paz;
   h) que cooperen en el ámbito de la gestión civil de las crisis, la protección civil, la respuesta a las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, la asistencia humanitaria y las iniciativas de reconstrucción después de una crisis; que refuercen la cooperación bilateral e internacional para reducir el riesgo de catástrofes;
   i) que expresen la honda preocupación de los Estados miembros por las devastadoras consecuencias de la catástrofe nuclear de Fukushima; que insten al Gobierno japonés a transmitir a la comunidad internacional de la manera más precisa y exhaustiva posible la información disponible sobre la situación en el emplazamiento del reactor y los niveles de contaminación;
   j) que faciliten la colaboración conjunta en otros foros multilaterales como las Naciones Unidas, el G8, el G20, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el FMI; que realicen esfuerzos conjuntos para promover la recuperación económica mundial, la creación de empleo y la elaboración de normas sobre el comercio multilateral;
   k) que refuercen la cooperación específica en proyectos relacionados con la seguridad en regiones estratégicas, como Oriente Próximo, África y Asia Central, partiendo de la fructífera cooperación desarrollada hasta la fecha;
   l) que colaboren en la puesta en práctica de las decisiones de la Conferencia Río + 20 de las Naciones Unidas para lograr un desarrollo sostenible;
  

Diálogos regionales

   m) que apoyen la integración de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y hagan hincapié en el papel del Foro Regional de la ASEAN y de la Cumbre del Asia Oriental a la hora de promover la comprensión mutua en Asia e incluir en los diálogos a interlocutores externos, incluida la Unión Europea;
   n) que insistan en que la relación de Japón con sus vecinos es fundamental para la estabilidad y la seguridad en el Asia Oriental y para la seguridad mundial en general;
   o) que recuerden que la estabilidad y la distensión en el Asia Oriental son de fundamental importancia para Europa; que insten a todas las partes interesadas a rebajar la tensión en el Mar Oriental de China mediante un diálogo pacífico basado en el Derecho y las convenciones internacionales, a abstenerse del uso o amenaza del uso de la fuerza y ​​a acordar medidas de pacificación en caso de incidentes imprevistos; que hagan hincapié en la importancia de establecer relaciones de confianza y de la diplomacia preventiva, y que subrayen que la libertad de navegación internacional es fundamental para el comercio internacional y debe ser respetada;
   p) que continúen trabajando a favor de una paz y seguridad duraderas en una península coreana desnuclearizada, y que insten a la República Popular Democrática de Corea a abandonar todos sus programas nucleares;
  

Derechos humanos y libertades fundamentales

   q) que reafirmen los valores comunes de respeto de los derechos humanos, la democracia, las libertades fundamentales, la buena gobernanza y el Estado de Derecho y trabajen juntos en favor de la promoción y protección de estos valores a nivel mundial;
   r) que entablen un diálogo con el Gobierno japonés sobre una moratoria respecto de la pena capital, de cara a su posible abolición;
   s) que promuevan la igualdad de género como un elemento fundamental de la democracia;
   t) que negocien una disposición en el acuerdo por la que se establezca la condicionalidad recíproca y cláusulas políticas en materia de derechos humanos y democracia, reiterando el compromiso mutuo con estos valores; que adopten salvaguardias adecuadas para garantizar la estabilidad del acuerdo y que las partes no puedan abusar de dicha disposición; que insistan en que esta condicionalidad debe formar parte del Acuerdo de Asociación Estratégica con Japón, en el espíritu del enfoque común de la UE en este ámbito;
  

Cooperación económica, medioambiental, científica y cultural

   u) que incluyan un amplio marco de cooperación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, las empresas y la investigación para mejorar el potencial de innovación; que colaboren en la búsqueda de soluciones innovadoras a las cuestiones del transporte;
   v) que exploren las posibilidades de estrechar la colaboración en materia de sistemas de navegación por satélite;
   w) que intensifiquen la cooperación y el comercio bilateral para promover una energía segura, fiable y sostenible, la eficiencia energética, las energías renovables, los marcos reglamentarios de seguridad nuclear, las pruebas de resistencia de las instalaciones nucleares y la investigación en el campo de la energía, incluido el proyecto del reactor termonuclear experimental internacional (ITER) y la captura de carbono;
   x) que sigan cooperando en la búsqueda de una respuesta urgente, global y sostenible para el cambio climático, especialmente mediante reducciones importantes en las emisiones globales de gases de efecto invernadero por parte de todos los implicados;
   y) que colaboren en la gestión sostenible de las poblaciones de peces;
   z) que promuevan la cooperación para garantizar el acceso a los depósitos mundiales de tierras raras y otras materias primas de vital importancia;
   aa) que subrayen la importancia del ciberespacio para la promoción de la libertad de expresión y el desarrollo social equitativo;
   ab) que promuevan el conocimiento y la visibilidad públicas de cada una de las partes en el territorio de la otra y que intensifiquen los intercambios culturales, académicos, juveniles, interpersonales y deportivos;
   ac) que intercambien experiencias y mejores prácticas sobre cómo responder a las necesidades de una sociedad activa en proceso de envejecimiento;
   ad) que aborden la salud como un ámbito particular de cooperación y acción conjunta, creando medios para combinar e intercambiar los mejores conocimientos médicos disponibles, incluida la biotecnología, a fin de responder a los retos en materia de salud de sociedades que envejecen;
  

Otras disposiciones

   ae) que consulten al Parlamento Europeo en lo tocante a las disposiciones sobre cooperación parlamentaria;
   af) que incluyan valores de referencia claros y plazos vinculantes para la aplicación del Acuerdo de Asociación Estratégica, y que prevean mecanismos de seguimiento, especialmente la presentación de informes periódicos al Parlamento;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución con las recomendaciones del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Gobierno y la Dieta Nacional de Japón.

(1) DO C 67 E de 18.3.2010, p. 16.
(2) DO C 247 E de 17.8.2012, p. 20.
(3) DO C 371 E de 20.12.2011, p. 14.
(4) DO C 249 E de 30.8.2013, p. 63.
(5) DO C 377 E de 7.12.2012, p. 19.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0532.


Libertades religiosas y diversidad cultural
PDF 133kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la política exterior de la UE en un mundo de diferencias religiosas y culturales (2014/2690(RSP))
P7_TA(2014)0456B7-0365/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 10 y 22,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,

–  Vistas las Resoluciones de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencias y sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, en particular la Resolución de la Asamblea General A/RES/67/179, de 20 de diciembre de 2012, y la Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/22/20/L.22, de 22 de marzo de 2013,

–  Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia (11855/2012), adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 20 de noviembre de 2008 sobre la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural en las relaciones exteriores de la Unión Europea y de sus Estados miembros,

–  Vista la Agenda Europea para la Cultura (COM(2007)0242), que tiene por objetivo promover la conciencia de la diversidad cultural y los valores de la UE, el diálogo con la sociedad civil y los intercambios de buenas prácticas,

–  Vista su Recomendación al Consejo, de 2 de febrero de 2012, sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas(1),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre las dimensiones culturales de las acciones exteriores de la UE(2),

–  Vistas su Recomendación al Consejo, de 13 de junio de 2013, relativa al proyecto de Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias(3) y las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, aprobadas por el Consejo de Asuntos Exteriores el 24 de junio de 2013,

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2012, sobre una estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE(4),

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la UE se fundamenta en los principios de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y tiene la obligación jurídica y moral de promover y defender estos valores en sus relaciones exteriores con todos los demás países;

B.  Considerando que el artículo 21 del TUE reconoce que la acción de la Unión en la escena internacional debe guiarse por «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»;

C.  Considerando que la idea de las diferencias culturales y religiosas ha provocado con frecuencia conflictos entre distintos grupos de personas y ha sido utilizada por dirigentes y regímenes como medio para alcanzar sus objetivos, fomentando así el conflicto;

D.  Considerando que un concepto de diversidad cultural y religiosa que permita la inclusión, el respeto mutuo y la comprensión de las diferentes mentalidades constituye un medio sólido de fomento de la tolerancia y la reconciliación en las situaciones posteriores a los conflictos y una contribución al progreso de los derechos humanos y la democracia;

E.  Considerando que, en la actual era de la mundialización, los Estados, las naciones y las civilizaciones interactúan de manera activa, y que las reglas y normas que orientan el funcionamiento de los sistemas políticos y económicos devienen cada vez interconectadas y se enfrentan a desafíos comunes tales como el cambio climático, el terrorismo y la pobreza, reflejando al mismo tiempo las identidades nacionales y las diferencias culturales, cuyo correcto entendimiento es fundamental para un diálogo internacional basado en la tolerancia;

F.  Considerando que en todas las civilizaciones se atribuye un valor muy elevado a la herencia cultural nacional, que constituye la base de la identidad cultural de los ciudadanos;

Principios de la política exterior de la UE

1.  Sostiene que el respeto a la diversidad cultural y la tolerancia frente a las diferentes concepciones y creencias, junto con las acciones para combatir cualquier forma de extremismo y luchar contra las desigualdades, sigue siendo una parte integral necesaria para la construcción con éxito de un orden internacional pacífico basado en unos valores democráticos universalmente compartidos;

2.  Reitera su convicción de que a la hora de defender sus intereses en el mundo, la Unión debe basar todas sus políticas en la promoción de los valores fundamentales en que se asienta (democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, justicia social y lucha contra la pobreza) y en el respeto a los demás países;

3.  Insiste en que la protección de las personas pertenecientes a colectivos vulnerables como por ejemplo las minorías étnica o religiosas, el fomento de los derechos de las mujeres y el empoderamiento, representación y participación de éstas en los procesos económicos, políticos y sociales, así como la lucha contra todas las formas de violencia y de discriminación basada en el sexo o en la orientación sexual, deben figurar entre los objetivos de la UE en sus relaciones exteriores;

4.  Considera que el acceso a la educación en todas sus formas, especialmente a través de la memoria del pasado, de la historia y del fomento del intercambio cultural, resulta indispensable para comprender y respetar la religión y el patrimonio cultural;

5.  Pide a la UE que promueva la ratificación y aplicación de los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos, incluidos los relativos a derechos de las mujeres y todos los acuerdos de no discriminación, así como los convenios básicos sobre derechos laborales y los instrumentos regionales de derechos humanos; espera que se produzca una pronta ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos tras la resolución final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

6.  Pide a la UE que promueva la ratificación y aplicación de la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales;

7.  Afirma que la UE, que ya ha logrado resultados concretos en el pasado en la lucha contra la pena de muerte, debe asumir un compromiso más decidido, y pide a las instituciones y a los Estados Miembros que mantengan y refuercen su voluntad política con esta causa, con el objetivo de poder ver abolida definitivamente la pena de muerte en el mundo;

8.  Considera que las democracias estables y modernas con un buen funcionamiento del Estado de Derecho constituyen un instrumento de paz, cooperación internacional y voluntad para abordar los asuntos mundiales de manera constructiva, y que sería beneficioso para la UE fomentar activamente una cultura política de libertad, tolerancia y apertura, la separación entre religión y Estado, y el desarrollo de instituciones democráticas en todo el mundo;

9.  Destaca en particular que la transición a la democracia en numerosos países de todo el mundo en los dos últimos decenios, y más recientemente las revueltas en el mundo árabe, han demostrado que las aspiraciones a la democracia, a la justicia social, a la dignidad humana y a la igualdad participativa, son un motor universal a lo largo y ancho de todos los entornos culturales y religiosos, por lo que no debieran conceptuarse únicamente como una inquietud del mundo occidental;

10.  Considera que la idea de las diferencias culturales y religiosas ha sido instrumentalizada en numerosas ocasiones para justificar violaciones flagrantes de los derechos humanos por regímenes autoritarios y agentes no estatales radicales;

11.  Rechaza las visiones esencialistas de las culturas como entes inamovibles; considera que la globalización y la interacción cada vez mayor entre personas de distintos entornos culturales y religiosos pueden conducir a la creación y la consolidación de una base común de valores universales;

12.  Recuerda que el respeto y la defensa de las culturas más pequeñas y minoritarias y el fomento de su capacidad de expresión pacífica de acuerdo con los derechos humanos es una manera de evitar que las diferencias culturales se vean como un enfrentamiento entre bloques irreconciliables y de promover la paz y la estabilidad;

13.  Hace hincapié en que la educación inclusiva debe desempeñar un papel destacado en la política de desarrollo, en la gestión de las crisis y en la estabilización posterior al conflicto;

14.  Subraya que el respeto de la libertad religiosa es un principio importante en la política exterior, que contribuye a una mayor estabilidad de las relaciones internacionales y a la promoción de la cooperación entre las naciones, sobre la base de la humanidad, la tolerancia y el reconocimiento mutuo;

15.  Rechaza el apoyo y la difusión de las doctrinas religiosas fundamentalistas destinadas a destruir o violar los derechos de comunidades concretas;

16.  Expresa su preocupación por la proliferación de la intolerancia, y lamenta profundamente los actos de violencia contra las comunidades religiosas, incluidos los cristianos, los musulmanes, los judíos y los bahá’ís, a quienes en algunos países se les niega derechos humanos fundamentales únicamente por razón de su fe; condena taxativamente, en particular, los numerosos intentos de cerrar o destruir iglesias, mezquitas, sinagogas, templos y demás lugares de culto en todo el mundo;

17.  Subraya la importancia de la diplomacia y la cooperación culturales y del intercambio educativo y cultural a la hora de difundir los valores que conforman la cultura europea e impulsar los intereses de la UE y de sus Estados miembros; destaca la necesidad de que la UE actúe como agente mundial congruente con perspectiva y responsabilidad globales;

El papel de la UE en el sistema de las Naciones Unidas y en los foros multilaterales

18.  Reconoce que la estructura actual del sistema de las Naciones Unidas y, en particular, la del Consejo de Seguridad, deben reflejar de manera más adecuada la diversidad de agentes mundiales;

19.  Subraya, no obstante, que la UE y sus Estados miembros han logrado encontrar una base común para el diálogo y la cooperación con el fin de alcanzar soluciones comunes con los Estados miembros de la ONU, lo cual trasciende las diferencias culturales y religiosas; señala, asimismo, que las tensiones y los impedimentos que obstaculizan el desarrollo de dichas soluciones derivan de la oposición de los Estados y las partes implicadas en conflictos a los acuerdos por motivos estratégicos y no sobre la base de valores morales en conflicto;

20.  Subraya la importancia de coordinar los foros destinados a promover el diálogo y la comprensión mutua entre culturas y religiones; opina, no obstante, que debe evaluarse la eficacia de estos foros y que deben examinarse maneras de potenciar su alcance;

21.  Reconoce el valor de la diplomacia parlamentaria y hace hincapié en el trabajo de las asambleas parlamentarias de las organizaciones internacionales a favor del fomento del diálogo intercultural e interreligioso; en este sentido, acoge con satisfacción iniciativas como la recomendación de la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo (marzo de 2012, Rabat) de elaborar una «Carta Mediterránea de Valores»;

Amenazas de influencia religiosa en la escena política internacional

22.  Constata con preocupación que, además de la amenaza que las redes terroristas representan para la Unión y para el resto del mundo, los grupos religiosos extremistas que se sirven de la violencia para fomentar el odio y la intolerancia e influir en las sociedades y las legislaciones con vistas a restringir los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas socavan los principios mismos que promueve la Unión en sus políticas exteriores y de desarrollo y funcionan con el apoyo, abierto o encubierto, de algunos Estados;

23.  Considera que la UE debería ser más firme en su apoyo al fomento y la protección de los derechos humanos y de los derechos sociales y políticos por la sociedad civil, así como a interpretaciones más abiertas e inclusivas de las doctrinas religiosas en aquellos países cuyos gobiernos promueven o consienten las visiones intolerantes de la región y la cultura;

24.  Observa que en numerosos países no europeos, incluso en aquellos en que la diversidad de expresiones religiosas es tolerada, el secularismo y las convicciones agnósticas o ateas son a menudo objeto de discriminaciones sociales o jurídicas y los ateos se enfrentan a amenazas, presiones y peligros, por lo que los programas y las políticas de la UE deberían otorgarles la misma protección que otorgan a las minorías religiosas o de otra índole; señala que la libertad de religión y de conciencia conlleva el derecho tanto a las creencias como al culto religiosos o a su ausencia, el derecho a escoger o promover las creencias religiosas como parte integral de la libertad de expresión, y el derecho a cambiar o abandonar las propias creencias; espera que todos estos aspectos estén presentes en las iniciativas de diálogo intercultural de la UE;

25.  Propone que los líderes religiosos de las tres religiones del Libro (judaísmo, cristianismo e islam) entablen un diálogo interreligioso, desde un espíritu de unidad y tolerancia para todas sus diversas expresiones organizadas;

Credibilidad, coherencia y consistencia de la política de la UE

26.  Considera que la eficacia de la actuación de la UE depende de su ejemplaridad y de la coherencia entre las prácticas internas y las acciones exteriores;

27.  Pide a todos los Estados miembros que deroguen aquella legislación actual que se oponga a la libertad fundamental de religión y de conciencia y a la libertad de expresión;

28.  Destaca la importancia de que la UE promueva el respeto a las libertades de expresión, de religión o credo, de prensa y de acceso a los medios y a las nuevas tecnologías en sus acciones exteriores y promoviendo las libertades digitales de las personas;

29.  Pide una política de la UE en materia de derechos humanos coherente, que se base en las normas fundamentales comunes y en un enfoque constructivo y orientado a la obtención de resultados; subraya que, ante las violaciones de los derechos humanos, la UE debe utilizar todos los instrumentos de que dispone, incluidas las sanciones;

30.  Reitera su apoyo a la inclusión, en todos los acuerdos de la UE con terceros países, de la condicionalidad recíproca y de cláusulas políticas sobre derechos humanos y democracia, como reafirmación del compromiso mutuo con estos valores e independientemente del estado de protección de los derechos humanos en un país determinado, con las salvaguardias adecuadas para garantizar que las partes no puedan abusar del mecanismo de suspensión;

Recomendaciones al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión

31.  Pide al SEAE y a las delegaciones de la UE de todo el mundo que sigan colaborando con terceros países y con organizaciones regionales para la promoción del diálogo intercultural e interreligioso;

32.  Confía en que los representantes de la UE, en sus declaraciones políticas, dejen claro que las interpretaciones intolerantes de cualquier religión o credo que permitan la violencia y la represión contra los fieles de otras creencias son incompatibles con los valores de la UE y con los derechos humanos universales, por lo que deben ser rechazadas con la misma firmeza que cualquier régimen político represivo;

33.  Pide a la UE que haga de la cultura una parte aún más importante del diálogo político con los países y regiones asociados de todo el mundo, fomentando los intercambios culturales e integrando sistemáticamente la cultura en los programas y proyectos de desarrollo; hace hincapié, en este sentido, en la necesidad de optimizar las operaciones internas de la Comisión dentro de las distintas Direcciones Generales que se ocupan de las relaciones exteriores (política exterior, ampliación, comercio, desarrollo), la educación, la cultura y la Agenda Digital;

34.  Hace hincapié en la importancia de proporcionar al personal de la UE la formación adecuada a tal efecto, y destaca la labor pertinente de numerosas organizaciones, como la Fundación Anna Lindh y el centro de diálogo KAICIID de Viena;

35.  Reconoce que Internet y las tecnologías de la comunicación constituyen elementos clave para facilitar la libertad de expresión, el pluralismo, el intercambio de información, la educación, los derechos humanos, el desarrollo, la libertad de reunión, la democracia y la interacción e inclusión interculturales e interreligiosas, por lo que fomentan la tolerancia y el entendimiento; insta, por consiguiente, a la Comisión a que aplique las recomendaciones establecidas en el informe sobre una estrategia de libertad digital en la política exterior de la UE;

36.  Destaca las múltiples posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías en la promoción del diálogo intercultural e interreligioso y de los principios y valores de la UE; anima a los jefes de las delegaciones de la UE a utilizar de forma plena las herramientas diplomáticas digitales mediante una presencia activa y consistente en los medios sociales; pide al SEAE que explore las posibilidades de los nuevos programas virtuales;

o
o   o

37.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO C 239 E de 20.8.2013, p. 11.
(2) DO C 377 E de 7.12.2012, p. 135.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0279.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2012)0470.


Presión de Rusia sobre los países de la Asociación Oriental y, en particular, desestabilización de Ucrania oriental
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre las presiones de Rusia sobre los países de la Asociación Oriental y en particular la desestabilización del este de Ucrania (2014/2699(RSP))
P7_TA(2014)0457RC-B7-0436/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre la Política Europea de Vecindad, sobre la Asociación Oriental y sobre Ucrania, en particular la de 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Ucrania(1), y la de 13 de marzo de 2014 sobre la invasión de Ucrania por Rusia(2);

–  Vista su posición aprobada en primera lectura el 3 de abril de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n° …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la reducción o la eliminación de derechos de aduana sobre mercancías originarias de Ucrania(3),

–  Vistas las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Ucrania del 3 de marzo de 2014, y las conclusiones de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores del 17 de marzo de 2014 y del 14 de abril de 2014,

–  Vista la Declaración de los Jefes de Estado o de Gobierno sobre Ucrania en el Consejo Europeo de 6 de marzo de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo del 20 de marzo de 2014, sobre Ucrania;

–  Vistas las conclusiones de la Cumbre de Vilna celebrada los días 28 y 29 de noviembre de 2013,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 9 de abril de 2014, sobre los recientes acontecimientos en Ucrania: amenazas al funcionamiento de las instituciones democráticas;

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 27 de marzo de 2014 titulada «Integridad territorial de Ucrania»(4),

–  Vista la declaración conjunta efectuada por los líderes del G7 en La Haya el 24 de marzo de 2014,

–  Visto el artículo 110, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 16 de marzo de 2014 se organizó en la República Autónoma de Crimea y en la ciudad de Sebastopol un referéndum ilegal e ilegítimo que se llevó a cabo bajo el control del ejército ruso; que, a pesar de la condena internacional de este referéndum, las autoridades rusas y los legisladores procedieron rápidamente a la anexión de la península ucraniana, vulnerando el Derecho internacional;

B.  Considerando que los pasados días han tenido lugar algunas manifestaciones prorrusas en el este y sur de Ucrania; que los separatistas prorrusos, conducidos en la mayoría de casos por fuerzas especiales rusas, asaltaron edificios de la administración local en Járkiv, Luhansk y Donetsk; que estos elementos, bajo el mando de un grupo denominado «Sector Ruso», ocuparon la sede del gobierno local en Donetsk, proclamaron la creación del estado soberano de la «República Popular de Donetsk» independiente de Kiev y anunciaron la celebración de un referéndum sobre la secesión de la región que se celebraría a más tardar el 11 de mayo de 2014;

C.  Considerando que los días 12 y el 13 de abril de 2014, hombres no identificados que iban enmascarados y bien armados, al parecer liderados por fuerzas especiales rusas, atacaron y se apoderaron de las comisarías de policía y los edificios del Gobierno en Slóviansk, Kramatorsk, Krasny Liman, Mariúpol, Yenákieve y otras ciudades de la región de Donetsk, en una serie de incursiones coordinadas, que en los enfrentamientos falleció al menos un oficial y varios resultaron heridos;

D.  Considerando que una nueva escalada de la desestabilización violenta de las regiones del este y sur de Ucrania puede ser utilizada por Rusia como pretexto para acometer nuevas agresiones militares, impedir las elecciones presidenciales, y forzar la federalización como paso previo a la partición de Ucrania;

E.  Considerando que Rusia sigue manteniendo un gran número de tropas listas para el combate a lo largo de la frontera ucranio-rusa, pese a haber prometido una retirada de las mismas para aliviar las tensiones; que es muy posible que Rusia pudiera intentar la repetición del «escenario de Crimea»;

F.  Considerando que Rusia sigue conculcando sus obligaciones internacionales, como las derivadas de la Carta de las Naciones Unidas, del Acta Final de Helsinki, del Estatuto del Consejo de Europa y, en particular, del Memorando de Budapest de 1994 sobre garantías de seguridad para Ucrania;

G.  Considerando que la UE ha adoptado un paquete económico de apoyo a Ucrania que incluye también ayuda macrofinanciera y medidas comerciales autónomas; que Ucrania está ultimando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sobre un plan de ayuda; que las condiciones asociadas a dicho acuerdo se mantienen confidenciales por el momento;

H.  Considerando que la situación económica y social de este país sigue deteriorándose, entre otras razones por la desestabilización rusa y las restricciones comerciales; que la pobreza generalizada sigue siendo uno de los problemas socioeconómicos más graves de Ucrania; que, según un informe reciente de las Naciones Unidas, la tasa de pobreza actual de Ucrania es de alrededor del 25 %, y once millones de personas tienen ingresos inferiores a los estándares sociales locales;

I.  Considerando que el 21 de marzo de 2014 la UE y Ucrania firmaron las disposiciones políticas del Acuerdo de Asociación, con el compromiso de firmar lo antes posible el resto del Acuerdo, que incluye la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP);

J.  Considerando que son necesarios una enérgica acción diplomática internacional a todos los niveles y un proceso negociado para calmar la situación, rebajar tensiones, evitar que la crisis se agrave hasta quedar fuera de control y garantizar una salida pacífica; que la UE ha de responder eficazmente de manera que Ucrania y los demás países de la Asociación Oriental puedan ejercer plenamente su soberanía y preservar su integridad territorial sin presiones exteriores improcedentes;

K.  Considerando que, inmediatamente después de la anexión de Crimea, el Soviet Supremo de Transdniéster, de la región separatista de Transdniéster en la República de Moldavia, envió una solicitud oficial a la Federación de Rusia para examinar la anexión de Transdniéster;

L.  Considerando que Rusia sigue ocupando las regiones georgianas de Abjazia y Tsjinvali (Osetia del Sur), contraviniendo con ello las normas y principios fundamentales del Derecho internacional; que en las zonas bajo control efectivo de las fuerzas ocupantes se han producido traslados forzosos de población y limpiezas étnicas, con lo que estas fuerzas son responsables de violaciones de los derechos humanos en la región;

M.  Considerando que el 1 de abril de 2014 Rusia aumentó el precio del gas para Ucrania fijándolo de 286 a 486 USD por mil metros cúbicos, poniendo así término unilateralmente al descuento de que disfrutaba Ucrania como parte de los Acuerdos de Járkiv que regulan el alquiler de la base naval de Sevastópol, y que en los pasados días Rusia ha prohibido la entrada de productos lácteos ucranianos en el territorio ruso; que la Federación de Rusia también ha aplicado arbitrariamente restricciones comerciales unilaterales a productos de Georgia y Moldavia;

N.  Considerando que la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia representa, sin duda alguna, una grave violación del Derecho internacional que socava la confianza en los instrumento internacionales, incluidos los acuerdos sobre desarme y no proliferación de armas nucleares; que una nueva carrera armamentística podría dar lugar a un mayor deterioro de la situación; que es imperativo evitar que se produzca una situación tan peligrosa, cuyo control se podría perder con facilidad;

1.  Condena en los términos más categóricos la escalada de la desestabilización y de las provocaciones en el este y sur de Ucrania; muestra su rechazo a cualquier preparativo para celebrar referendos ilegales similares al celebrado en Crimea; advierte de que el incremento de la desestabilización y de los sabotajes provocados por los separatistas prorrusos armados, entrenados y bien coordinados comandados por fuerzas especiales rusas podría servir de pretexto a Rusia para intervenir militarmente, impedir las elecciones presidenciales y forzar la federalización como paso previo a la partición de Ucrania;

2.  Manifiesta su más profunda preocupación por el rápido deterioro de la situación y el derramamiento de sangre en el este y el sur de Ucrania; insta a Rusia a que retire inmediatamente su presencia en apoyo de los separatistas violentos y a las milicias armadas que han tomado edificios públicos en Slóviansk, Donetsk y otras ciudades, a que ponga fin a todas las provocaciones que contribuyan a favorecer los disturbios y a desestabilizar aún más la situación, a que retire la tropas de la frontera oriental de Ucrania, y a que trabaje en pro de una resolución pacífica de la crisis por medios políticos y diplomáticos; expresa su apoyo y solidaridad sin fisuras con el Gobierno de Ucrania, que está intentando restablecer la autoridad en las ciudades ocupadas; aplaude la manera mesurada y contenida en que el Gobierno de Ucrania ha gestionado la actual fase de la crisis hasta el momento, y recuerda que las autoridades ucranianas tienen todo el derecho a hacer uso de cuantas medidas sean necesarias, incluido el derecho a la defensa propia recogido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas; advierte a Rusia contra el uso del derecho legítimo de Ucrania a defender su integridad territorial como pretexto para lanzar una invasión militar a gran escala;

3.  Reitera firmemente su apoyo a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Ucrania y de todos los países de la Asociación Oriental; considera que las acciones de Rusia constituyen una grave violación del Derecho internacional y de sus propias obligaciones internacionales, adquiridas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Estatuto del Consejo de Europa y el Memorando de Budapest de 1994 sobre garantías de seguridad, así como de las obligaciones bilaterales que se derivan del Tratado bilateral de Amistad, Cooperación y Asociación de 1997;

4.  Destaca que en Ucrania no se ha informado recientemente de ningún tipo de ataque, intimidación o discriminación contra rusos, ciudadanos de origen ruso u otras minorías, tal como confirman observadores internacionales solventes como las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa;

5.  Está convencido de que la afirmación de Rusia en relación con el derecho a utilizar todos los medios para proteger a las minorías rusas en terceros países, tal y como declaró el Presidente Putin en el discurso que pronunció el 18 de marzo de 2014, no cuenta con el respaldo del Derecho internacional y contraviene principios fundamentales de la conducta internacional en el siglo XXI, al tiempo que amenaza con arruinar el orden europeo de postguerra; pide al Consejo de la Federación que anule inmediatamente su mandato para utilizar la fuerza en territorio ucraniano;

6.  Reitera la necesidad de que la UE y sus Estados miembros hablen con una sola voz ante Rusia; considera que la actual situación exige que el Consejo refuerce la segunda fase de las sanciones y esté dispuesto para la tercera fase ‒sanciones económicas‒, que deberá aplicarse de inmediato; reitera asimismo su petición al Consejo de que imponga prontamente un embargo de armas y de tecnología de doble uso;

7.  Pide medidas contra las empresas rusas y sus filiales, particularmente en el sector energético, así como contra las inversiones y activos rusos en la UE, y que todos los acuerdos con Rusia sean revisados con vistas a su posible suspensión;

8.  Insta a la UE a apoyar a Ucrania en los organismos internacionales, en especial en los organismos judiciales, si Ucrania decide denunciar a Rusia por violar su soberanía y su integridad territorial;

9.  Destaca la necesidad urgente de que Rusia entable un diálogo constructivo con el actual Gobierno legítimo de Ucrania y apoye el compromiso activo de la UE en los esfuerzos diplomáticos destinados a distender la situación; espera con interés que se celebre la reunión cuatripartita entre la Alta Representante de la UE, el Secretario de Estado estadounidense y los Ministros de Asuntos Exteriores de Rusia y Ucrania, y confía en que dicha reunión contribuya a rebajar la tensión y allanar el camino para llegar a una solución diplomática de la crisis que sea global y duradera; señala, no obstante, que solo la propia población ucraniana puede elegir las opciones futuras para su país a través de un proceso democrático, integrador y transparente;

10.  Señala que la suspensión del derecho de voto de la delegación rusa por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, junto con la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la que condena a Rusia por la anexión de Crimea, son señales inequívocas del creciente aislamiento de la Federación de Rusia a nivel internacional a las que las autoridades rusas deberían prestar toda la consideración debida si Rusia desea seguir siendo un actor internacional creíble;

11.  Pide el establecimiento de restricciones económicas y financieras en relación con Crimea y sus líderes separatistas; considera que estas restricciones deben aplicarse prontamente, sobre la base del análisis por la Comisión de las consecuencias jurídicas de la anexión de Crimea;

12.  Reitera su preocupación por la suerte de la comunidad tártara en Crimea y la seguridad y el disfrute de derechos de las personas que pertenecen a la comunidad de habla ucraniana; destaca la responsabilidad de la Federación de Rusia, en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra, de proteger a toda la población civil en los territorios ocupados;

13.  Se felicita del envío de una misión especial de observación de la OSCE a Ucrania encargada de recabar información sobre actividades militares atípicas y acciones de provocación que tengan como objetivo desestabilizar la situación, así como de controlar los derechos humanos y los derechos de las minorías en Ucrania, y pide la ampliación de la misma; lamenta, no obstante, que la misión no haya tenido acceso a Crimea, donde se han producido varias violaciones de los derechos humanos, incluidos casos de violencia contra periodistas y sus familias; lamenta las noticias de ataques a periodistas que llegan también del este de Ucrania;

14.  Pide asimismo una misión electoral en profundidad de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y también del Parlamento Europeo y de la UE para observar las elecciones de manera exhaustiva; pide que las elecciones presidenciales del 25 de mayo de 2014 se celebren dentro del pleno respeto de las normas internacionales; se opone a toda presión externa que retrase esas elecciones;

15.  Se congratula del propósito del Gobierno de Ucrania de celebrar elecciones parlamentarias anticipadas;

16.  Se felicita, en principio, de la idea de celebrar un referéndum a escala nacional sobre el futuro estatuto y la organización territorial de Ucrania, tal como sugirió el Presidente interino Oleksandr Turchynov en su comparecencia televisiva del 14 de abril de 2014;

17.  Celebra la reciente resolución del Parlamento ucraniano en la que se pide el desarme inmediato de todas las fuerzas ilegales de autodefensa, y confía en su aplicación;

18.  Acoge con satisfacción la intención del Consejo de asistir a Ucrania en el ámbito de las reformas en el sector de la seguridad civil y de brindar apoyo a la policía y al Estado de Derecho, así como examinar todas las opciones, incluida una posible misión bajo los auspicios de la PCSD y una misión de observación de la UE;

19.  Expresa su firme apoyo a Ucrania y a sus ciudadanos en estos tiempos difíciles; celebra la firma de los capítulos políticos del Acuerdo de Asociación y la posterior adopción de medidas comerciales unilaterales; pide la firma a la mayor brevedad de todo el Acuerdo de Asociación y del Acuerdo sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLAACP) antes de que expiren las medidas comerciales unilaterales;

20.  Celebra el anuncio del Gobierno ucraniano de un ambicioso programa de reformas económicas y sociales y destaca la crucial importancia de su rápida aplicación para estabilizar y superar la crítica situación financiera del país; acoge favorablemente la decisión de las instituciones financieras internacionales y de la UE de proporcionar a Ucrania importantes ayudas financieras a corto y largo plazo; recuerda la necesidad de organizar y coordinar una conferencia internacional de donantes, que ha de convocar la Comisión y celebrarse a la mayor brevedad;

21.  Apoya la condicionalidad establecida por la UE en lo que se refiere a las reformas estructurales que tanto se necesitan y que contribuirán a crear unas condiciones más favorables para el crecimiento económico sostenible, mejorar la gestión de las finanzas públicas, desarrollar la red de seguridad social y atajar la corrupción; pide transparencia en el gasto de los fondos de la UE y un control eficaz por parte de la Comisión;

22.  Llama la atención sobre la gravedad de la situación social y económica del país; pide la aplicación de medidas de acompañamiento de las reformas estructurales para aliviar la actual situación, que tengan especialmente en cuenta a las capas más vulnerables de la población;

23.  Alienta a Ucrania a seguir avanzando en sus reformas políticas, en particular la reforma constitucional, que debería ser objeto de un debate amplio y exhaustivo entre todos los actores de la sociedad ucraniana; celebra la voluntad del Gobierno ucraniano de poner en práctica sus compromisos de garantizar la naturaleza representativa de las estructuras gubernamentales de manera que reflejen la diversidad regional, de garantizar la plena protección de los derechos de los miembros de las minorías nacionales, de alinear la legislación antidiscriminación del país con las normas de la UE, de investigar las violaciones de los derechos humanos y los actos de violencia, y de combatir el extremismo;

24.  Aplaude la decisión de la Comisión de crear un grupo de apoyo para Ucrania que trabaje sobre la puesta en práctica del «Plan Europeo de Reformas»;

25.  Apoya los esfuerzos del Gobierno ucraniano, en estrecha colaboración con la OSCE y el Consejo de Europa, para garantizar el debido respeto de los derechos legítimos de la población de habla rusa y otras minorías culturales, nacionales y lingüísticas, con arreglo a lo dispuesto en la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales;

26.  Reitera su petición para que se cree una comisión independiente que investigue los tiroteos en Kiev y los trágicos sucesos ocurridos en la plaza Maidán, que cuente con un fuerte componente internacional y esté supervisada por el Grupo Asesor del Consejo de Europa; se felicita por el nombramiento de una tercera parte para dicho Grupo y la celebración de su primera reunión el 9 de abril de 2014;

27.  Celebra la firma de las disposiciones políticas del Acuerdo de Asociación y confía en que se apliquen rápidamente las preferencias comerciales autónomas adoptadas por la UE para salvar la distancia hasta la firma del resto del Acuerdo, que incluye la ZLCAAP;

28.  Acoge favorablemente las medidas iniciales adoptadas por la Comisión para permitir a Ucrania afrontar una crisis energética en caso de que Rusia interrumpa el suministro de gas a dicho país, e insta al Consejo y a la Comisión a apoyar y ayudar a Kiev en sus esfuerzos para resolver la ya antigua disputa con Moscú en relación con el gas; destaca la urgente necesidad de una sólida política de seguridad energética común (la Unión de la Energía), con el fin de reducir la dependencia de la UE del petróleo y el gas rusos, que incluya la diversificación de los suministros energéticos, la plena aplicación del tercer paquete energético y la posibilidad de suspender las importaciones de gas en caso necesario; considera que no debería construirse el gasoducto South Stream y que en su lugar deberían habilitarse otras fuentes de suministro; está convencido de que la asistencia de la UE a Ucrania para lograr el suministro por flujo en sentido inverso aumentando la diversificación y la eficiencia energéticas y estableciendo interconexiones eficaces con la UE fortalecerá a Ucrania frente a las presiones políticas y económicas; recuerda en este sentido el papel estratégico de la Comunidad de la Energía, cuya presidencia ocupa Ucrania en 2014;

29.  Pide al Consejo que autorice inmediatamente a la Comisión a agilizar la liberalización en materia de visados con Ucrania, a fin de avanzar en la introducción de un régimen de exención de visados, siguiendo el ejemplo de Moldavia; solicita que entre tanto se establezcan con carácter inmediato procedimientos de visado provisionales, muy sencillos y de bajo coste en el ámbito de la UE y de los Estados miembros;

30.  Destaca que las inquietudes rusas en relación con el proceso de asociación a la UE de Ucrania y de los demás países vecinos del este de Europa deben ser adecuadamente abordadas y explicadas, para disipar los temores en cuanto al surgimiento de nuevas líneas divisorias geopolíticas en el continente europeo; señala que todos los países tienen derecho a hacer sus propias elecciones políticas pero que el compromiso de la UE con los socios del este del continente aspira a extender la prosperidad y a reforzar al estabilidad política, algo que a la larga acabará también beneficiando a Rusia;

31.  Reitera que los Acuerdos de Asociación con Ucrania y los demás países de la Asociación Oriental no constituyen el objetivo final de sus relaciones con la UE; señala, a este respecto, que, de conformidad con el artículo 49 del TUE, Georgia, Moldavia y Ucrania, como cualquier otro Estado europeo, tienen una perspectiva europea y pueden solicitar su adhesión a la Unión siempre que suscriban los principios de la democracia, respeten las libertades fundamentales y los derechos humanos y de las minorías, y garanticen el Estado de Derecho;

32.  Pide al Consejo que firme los Acuerdos de Asociación / ZLAACP entre la UE y sus Estados miembros y Moldavia y Georgia, respectivamente; expresa su aprobación por la propuesta de decisión del Consejo sobre la aplicación provisional de los Acuerdos de Asociación UE-Moldavia y UE-Georgia inmediatamente después de su firma; insta a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea a que reduzca los procedimientos de notificación tras la firma de los Acuerdos de Asociación, de manera que estos puedan empezar a aplicarse provisionalmente lo antes posible; manifiesta su intención, en caso de cumplimiento de todos los requisitos y de la subsiguiente firma de los Acuerdos de Asociación, de proceder con la plena ratificación de los Acuerdos de Asociación UE-Moldavia y UE-Georgia lo antes posible y antes de que concluya el actual mandato de la Comisión; pide la asignación a dichos países de la asistencia financiera adicional que requieran; pide asimismo un diálogo franco y abierto con la Federación de Rusia, con el fin de hacer todo lo posible para desarrollar sinergias en beneficio de los países de la Asociación Oriental;

33.  Manifiesta, en particular, su preocupación por el resurgir de la inestabilidad en la región separatista de Transdniéster, en Moldavia; considera que la reciente solicitud presentada el 16 de abril de 2014 por las autoridades autoproclamadas de Tiraspol de que Rusia reconozca a Transnitria como Estado independiente representa un paso peligroso e irresponsable; recuerda que el llamado referéndum de la Unidad Territorial Autónoma de Gagauzia era contraria a la Constitución de Moldavia y fue por tanto ilegal; reitera su pleno apoyo a la integridad territorial de Moldavia, pide a todas las partes que, con carácter urgente, reanuden el diálogo dentro del marco 5+2, y pide un refuerzo del estatuto de la UE para que sea un interlocutor en las negociaciones, con vistas a alcanzar una solución pacífica y duradera para el conflicto;

34.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a los Presidentes, los Gobiernos y los Parlamentos de Ucrania, Georgia y Moldavia, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0170.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0248.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0285.
(4) Resolución A/RES/68/262.


Negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la situación del Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam (2013/2989(RSP))
P7_TA(2014)0458B7-0367/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),

–  Vista la Declaración ministerial de la cuarta sesión de la Conferencia ministerial de la OMC, adoptada el 14 de noviembre de 2001 en Doha, y en particular su apartado 44 sobre el trato especial y diferenciado (TED),

–  Vistos el Acuerdo de Cooperación de 1995 entre la Comunidad Europea y la República Socialista de Vietnam (en lo sucesivo denominada «Vietnam»), y el nuevo Acuerdo de Colaboración y Cooperación firmado el 27 de junio de 2012,

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 4 de octubre de 2006 titulada «Una Europa Global. Competir en el mundo. Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2006)0567),

–  Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y el acceso a los medicamentos(1),

–  Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2007, sobre una Europa global - Aspectos externos de la competitividad(2),

–  Vistas las directrices de negociación del Consejo, de 23 de abril de 2007, que autorizan a la Comisión a negociar un acuerdo de libre comercio con países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN),

–  Visto el Documento de Estrategia por País relativo a Vietnam (2007-2013)(3),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Vietnam, en particular la de 1 de diciembre de 2005, sobre la situación en Camboya, Laos y Vietnam(4), y la de 18 de abril de 2013, sobre Vietnam, concretamente sobre la libertad de expresión(5),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales(6),

–  Vista su Resolución, de 6 de abril de 2011, sobre la futura política europea en materia de inversiones extranjeras(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 9 de noviembre de 2010 titulada «Comercio, crecimiento y asuntos mundiales – La política comercial como elemento fundamental de la Estrategia 2020 de la UE» (COM(2010)0612),

–  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre una nueva política comercial para Europa en el marco de la Estrategia Europa 2020(8),

–  Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2011, sobre las barreras al comercio y a la inversión(9),

–  Vista la Comunicación de la Comisión de 21 de febrero de 2012 titulada «Informe de 2012 sobre los obstáculos al comercio y la inversión COM(2012)0070),

–  Vista de declaración realizada por la Comisión ante el Pleno en abril de 2014 sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam,

–  Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el sistema multilateral de comercio basado en reglas, establecido a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es el marco más adecuado para regular y promover el comercio abierto y justo, y que las negociaciones multilaterales no impiden la existencia de acuerdos bilaterales del tipo OMC+, que pueden complementar dichas negociaciones;

B.  Considerando que las directrices de negociación de la Comisión para el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam se adjuntan a la autorización del Consejo, de 23 de abril de 2007, para iniciar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con países de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y continuar la aprobación por parte del Consejo del documento de delimitación que describe los objetivos comunes de ambas partes negociadoras, en particular para intensificar las relaciones comerciales bilaterales existentes; que, no obstante, el objetivo inicial era negociar un acuerdo de libre comercio con la región de la ASEAN; apoya, por consiguiente, la posibilidad de negociar acuerdos lo más completos posible con los países de la región de la ASEAN (como pilares del objetivo último consistente en negociar un acuerdo de libre comercio región por región en el futuro);

C.  Considerando que el inicio oficial de las negociaciones para el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam tuvo lugar el 26 de junio de 2012 en Bruselas, y que el 8 de noviembre de 2013, tras la quinta ronda de negociaciones, las dos partes negociadoras se comprometieron a realizar esfuerzos conjuntos para concluir las negociaciones a finales de 2014;

D.  Considerando que la relación comercial UE-Vietnam se integra en el marco del Acuerdo de Colaboración y Cooperación firmado el 27 de junio de 2012, que garantiza un marco eficaz para las relaciones bilaterales comerciales y de inversión;

E.  Considerando que la UE y Vietnam mantienen un diálogo bilateral sobre derechos humanos bien encarrilado; que deberían realizarse todos los esfuerzos posibles en este marco para contribuir a evitar el deterioro de la protección de los derechos humanos en el país; que los derechos humanos deberían constituir un elemento fundamental de la política comercial de la UE; que, en el contexto de su Marco Estratégico y del Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia, la UE se ha comprometido a incluir los derechos humanos en sus declaraciones de impacto, así como cuando se lleven a cabo, en particular en los acuerdos de libre comercio con importantes repercusiones económicas, sociales y ambientales;

F.  Considerando que Vietnam ha vivido una década próspera con un crecimiento ininterrumpido del PIB de alrededor del 8 % anual, que culminó con la adhesión a la OMC el 11 de enero de 2007, y que, desde entonces, el país se ha visto afectado negativamente por la recesión económica mundial, que ha supuesto una fuerte disminución del crecimiento de las exportaciones, una caída de las entradas de inversión extranjera directa (IED) y una reducción de las remesas provenientes del extranjero;

G.  Considerando que, en los últimos diez años, la UE ha mantenido un balance comercial negativo con Vietnam, como ilustran de nuevo las cifras correspondientes al segundo trimestre de 2013, que muestran unas operaciones comerciales por un total de 13 400 millones EUR, con importaciones de Vietnam a la UE por valor de 10 500 millones EUR, mientras que las exportaciones de la UE a Vietnam alcanzaron los 2 800 millones EUR; que esto representa una reducción drástica en comparación con las cifras de 2012, año en el que el comercio total ascendió a 23 871 millones EUR, desglosados en 18 520 millones EUR en importaciones de Vietnam a la UE y 5 352 millones EUR en exportaciones de la UE a Vietnam;

H.  Considerando que la industria textil y de la confección no solo representa la mayor y única fuente de empleo formal de Vietnam, con una mano de obra directa de más de dos millones de trabajadores, sino que también constituye su mayor sector de exportación; que el sector del ensamblaje de dispositivos electrónicos, otro importante sector productivo destinado a la exportación, emplea a cerca de 120 000 trabajadores;

I.  Considerando que, hasta la fecha, Vietnam solo ha ratificado cinco de los ocho convenios principales de la OIT; que no ha ratificado el Convenio nº 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ni el Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, ni el Convenio nº 105 sobre la abolición del trabajo forzoso;

J.  Considerando que Vietnam, beneficiario del Sistema de Preferencias Generalizadas de la UE, ocupa el puesto 32 en la clasificación de los socios comerciales de la UE y es el quinto país más grande de la ASEAN, mientras que la UE es el segundo socio comercial más grande de Vietnam después de China y por delante de los Estados Unidos, así como la principal fuente de inversiones extranjeras directas (IED) de Vietnam, representando el 6,5 % de IED total de Vietnam en 2012; que, sin embargo, se sigue sin explotar en gran medida el potencial de IED de Vietnam para la UE;

K.  Considerando que ambas partes negociadoras esperan obtener beneficios significativos de la eliminación tanto de las barreras arancelarias como de las no arancelarias, y que ambas partes deben tratar de alcanzar buenos resultados respecto a la liberalización del comercio de servicios y del derecho de establecimiento, así como de desarrollar un sistema para una protección, aplicación y defensa adecuadas de los derechos de propiedad intelectual, incluidos patentes, diseños, marcas comerciales o de servicios, derechos de autor y similares, e indicaciones geográficas, incluidas las marcas de origen para productos agrícolas y alimenticios;

L.  Considerando que ambas partes negociadoras deben intensificar sus esfuerzos para garantizar y promover el comercio legal de medicamentos (tanto de marca como genéricos), de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y sus medidas de flexibilidad;

M.  Considerando que ambas partes negociadoras deben seguir utilizando los instrumentos de defensa comercial en el pleno respeto de las normas vigentes de la OMC, con el fin de evitar recursos al mecanismo de solución de diferencias de la OMC, y que deben ponerse de acuerdo con respecto a una cláusula bilateral de salvaguardia eficaz o a un mecanismo equivalente para proteger adecuadamente sus industrias contra daños o amenazas de daño debidos al incremento de las importaciones, especialmente en sus respectivos sectores sensibles, identificados en las evaluaciones de impacto por cada una de las partes;

1.  Se felicita de los progresos que se están realizando en las negociaciones del ALC, en particular en los capítulos sobre aduanas y facilitación del comercio, obstáculos técnicos al comercio y a la competencia, y de la información regular facilitada por la Comisión al Parlamento sobre la situación de los mismos; recuerda que la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio por parte del Parlamento es obligatoria(10) y que la Comisión y el Consejo no deben proponer ninguna aplicación provisional de dicho Acuerdo antes de que el PE haya dado su aprobación;

2.  Tiene el firme convencimiento de que el respeto de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos debe ser un elemento fundamental de todos los acuerdos comerciales que la UE firme con terceros países; pide al Gobierno vietnamita que cumpla todas las obligaciones asumidas en el marco de los convenios principales de la OIT que ha ratificado y que ratifique y aplique cuanto antes los convenios principales pendientes; reitera que los derechos de los trabajadores y de los sindicatos deben ser universales y extenderse a todos los trabajadores, incluidos los que trabajan en las zonas económicas especiales;

3.  Espera que el Consejo y la Comisión tengan plenamente en cuenta las solicitudes del Parlamento que contiene la presente resolución antes de concluir el Acuerdo de Libre Comercio, que debe ser compatible con las normas y obligaciones de la OMC; considera que un Acuerdo de Libre Comercio satisfactorio permitirá a ambas partes negociadoras obtener un conjunto de beneficios equilibrados y contribuirá a la creación y conservación de puestos de trabajo para ambas partes;

4.  Pide a las partes negociadoras que respeten plenamente sus compromisos con la OMC en el espíritu de la liberalización del comercio; destaca al mismo tiempo su obligación de suprimir las medidas y prácticas de la OMC que resultan incoherentes con vistas a lograr un acuerdo ambicioso;

5.  Aprecia las perspectivas positivas destacadas en el documento de delimitación, que muestran que el Acuerdo de Libre Comercio aumentaría las exportaciones e importaciones totales, tanto para la UE como para Vietnam, y que ofrecería oportunidades para más flujos de IED; pide, en consecuencia, la supresión sustancial de los aranceles en la parte correspondiente a Vietnam, con respecto a los aranceles medios, a fin de permitir el acceso a los mercados para los productos agrícolas y no agrícolas;

6.  Destaca, no obstante, que el objetivo para el comercio industrial debería ser la supresión recíproca de todos los derechos, respetando al mismo tiempo un cierto grado de asimetría y con periodos adecuados de transición en la aplicación, y que cualquier posible excepción a este objetivo debería ser limitada y ser objeto de revisión; opina que la supresión de los derechos debería incluir a aquellos sectores que son importantes para cada una de las partes;

7.  Insta a las partes negociadoras a que respeten el derecho de cada parte a regular, incluida la prestación de servicios públicos, y a que garanticen que sus respectivos reglamentos no obstaculicen acuerdos bilaterales con barreras arancelarias injustificadas; pide, en consecuencia, que la UE y Vietnam desarrollen disposiciones eficaces en materia de mediación para prevenir la aparición de obstáculos normativos al comercio injustificados, y que hagan frente a los obstáculos existentes promoviendo la armonización o el cumplimiento de las normas internacionales;

8.  Considera que la Comisión debe prestar especial atención a lograr que los beneficios del futuro acuerdo abarquen medidas de verificación estrictas y aplicables para garantizar que tales beneficios del acuerdo favorezcan exclusivamente a los productores vietnamitas y de la UE teniendo en cuenta el pleno respeto de las normas de origen preferenciales que se negocien; pide, asimismo, la simplificación de las normas de origen de la UE —sin restar rigurosidad al sistema vigente— a fin de facilitar su aplicación por parte de los agentes económicos y de las administraciones aduaneras y permitirles sacar el máximo partido de la supresión de los aranceles;

9.  Reconoce que Vietnam tiene intereses ofensivos en el marco de la liberalización del modo 4 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) y de la conclusión de los acuerdos de reconocimiento mutuo, que reconocen las cualificaciones profesionales de los nacionales de Vietnam y de la UE, y que la UE tiene intereses ofensivos con respecto a la liberalización en materia de acceso al mercado y tratamiento nacional en el marco de los modos 1, 2 y 3 para la mayoría de los servicios; considera que es imprescindible atender a los intereses ofensivos de la UE para permitir, bajo el modo 4, estancias temporales de los profesionales cualificados necesarios y facilitar la distinción de dichas estancias de las políticas nacionales sobre trabajadores extranjeros en los mercados laborales de ambas partes;

10.  Pide a la UE y a Vietnam que pacten, en el Acuerdo de Libre Comercio, un trato justo y equitativo hacia todos los inversores y proveedores de servicios en los sectores bancario, de seguros, jurídico, contable, del transporte y de la distribución, incluidos los sectores mayorista y minorista; recuerda que, en cuanto a los servicios financieros, también es esencial garantizar un margen político adecuado para reducir el riesgo sistémico, combatir el blanqueo de capitales y proporcionar el nivel más alto posible de protección de los consumidores, así como fomentar las normas y prácticas de competencia leal entre los inversores nacionales y extranjeros y los proveedores de servicios, entre otros, mediante la reducción o la eliminación total de los techos de cotización vigentes y la supresión de las restricciones al establecimiento y a la adquisición de licencias; recomienda que la Comisión negocie disposiciones estrictas y vinculantes sobre transparencia y competencia leal con el fin de que también se apliquen unas condiciones equitativas entre las empresas privadas y las de propiedad estatal;

11.  Insta encarecidamente a Vietnam a desarrollar una legislación adecuada en materia de protección de datos para alcanzar el estatuto de país con un nivel adecuado de protección, que, sin obstaculizar el recurso a las medidas de flexibilidad contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC relacionados con el Comercio, posibilite la transferencia de datos personales desde la Unión Europea sobre la base de la legislación de la UE y en cumplimiento de la misma, estimulando a la vez el flujo de datos bilateral y el comercio de servicios relacionados, como el comercio electrónico;

12.  Pide a la Comisión y a las autoridades vietnamitas que negocien unos sistemas de contratación pública eficaces y transparentes que garanticen una competencia leal entre las empresas privadas estatales en la adjudicación de contratos públicos, y que, para garantizar la máxima cobertura posible, incluyan a empresas estatales, teniendo debidamente en cuenta las sensibilidades y necesidades recíprocas;

13.  Pide a la Comisión que garantice la reducción y la supervisión regular del uso de subvenciones y otras preferencias, como las condiciones ventajosas que se aplican a las empresas estatales y las empresas nacionales en Vietnam, que distorsionan la competencia con empresas europeas, en particular en los sectores que son importantes para la política de exportación de Vietnam; insta asimismo a la Comisión a que negocie medidas destinada a garantizar unas condiciones equitativas entre los participantes en los mercados públicos y privados de la UE y Vietnam;

14.  Considera que en el Acuerdo de Libre Comercio debería prestarse especial atención al desarrollo de oportunidades de negocio para pequeñas y medianas empresas (PYME), y que debería promoverse la inversión en estas y por parte de estas para ayudar a los proyectos locales orientados hacia el mercado financiero y a las empresas conjuntas de energía renovable y de comercio de bienes y tecnologías medioambientales; pide que los inversores europeos se beneficien de un marco legislativo más transparente y previsible en Vietnam y que se garanticen unas condiciones de competencia equitativas entre empresas vietnamitas y europeas;

15.  Insta a las partes negociadoras a que velen por el logro de buenos resultados en el ALC en lo que se refiere a la liberalización del comercio en el ámbito de la producción mediante la garantía de una aplicación y defensa eficaces de los derechos de propiedad intelectual, incluidos patentes, diseños, marcas comerciales, derechos de autor y similares para los productos manufacturados;

16.  Considera que el ALC debería respetar las sensibilidades vinculadas al comercio de productos agrícolas y de la pesca, sin impedir la apertura mutua de los mercados en sectores complementarios, y destaca que el acceso a nuevos mercados debe estar supeditado a la aplicación atenta de la protección de los derechos de propiedad intelectual, cubriendo asimismo las indicaciones geográficas, incluidas las marcas de origen para productos agrícolas y alimentarios, junto con medidas sanitarias y fitosanitarias, en beneficio de productores y consumidores; insiste en que ninguna cláusula del Acuerdo debe obstaculizar el acceso a medicamentos genéricos asequibles;

17.  Pide que se prevean acuerdos para la solución de diferencias entre Estados que sean transparentes y eficaces y, según proceda, disposiciones sobre solución de diferencias entre inversores y Estados, que se deberán incluir en el Acuerdo de Libre Comercio para garantizar la debida protección de las inversiones y disuadir a los inversores de realizar reclamaciones frívolas; opina que todo mecanismo para la solución de diferencias entre inversores y Estados debería basarse, en la medida de lo posible, en las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) o en las del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), o bien en normas acordadas bilateralmente y basadas en principios y convenios internacionales, con un marco jurídico adecuado y sujeto a unos criterios estrictos de transparencia;

18.  Pide que se garantice que un acuerdo de inversión no frene los avances relacionados con la ratificación y la plena aplicación de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, los convenios de la OIT y los acuerdos medioambientales multilaterales por ambas partes;

19.  Prefiere que las normas sobre bienestar animal se incluyan en el capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias del ALC o en un capítulo independiente con unas disposiciones aplicables equivalentes;

20.  Espera que el ALC incluya un capítulo sobre desarrollo sostenible vinculante y exigible que refleje el objetivo común de la UE y Vietnam de promover el respeto, el cumplimiento y la aplicación de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, los ocho Convenios principales de la OIT y los principales AMEM, como el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con medidas, en el caso de incumplimiento, que prevean la participación de organizaciones independientes de la sociedad civil que representen a las partes con intereses sociales, medioambientales y económicos en el control de las negociaciones del ALC y la aplicación y el control del capítulo sobre desarrollo sostenible, y que anime a las empresas a asumir las prácticas de la RSE, teniendo en cuenta los principios e instrumentos acordados a nivel internacional, como los principios rectores de la OCDE para las empresas multinacionales y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, así como los Principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable y el principio de la información integrada, y que aborde cuestiones pendientes como el bienestar de los animales de cría o salvajes;

21.  Pide que este capítulo sobre desarrollo sostenible esté cubierto por el vínculo institucional y legal que se establecerá entre el ALC y el Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC), con objeto de incluir la posibilidad de suspensión del ALC en caso de violaciones graves de los derechos humanos;

22.  Pide a la Comisión que aplique un planteamiento condicional por el que se ofrezca la firma del Acuerdo de Libre Comercio a cambio de avances concretos en materia de derechos humanos y otros derechos fundamentales;

23.  Acoge con satisfacción el progreso socioeconómico de Vietnam como parte de su reforma Doi Moi, y apoya sus continuos esfuerzos por realizar mejoras en la sociedad; expresa por consiguiente su satisfacción por la candidatura de Vietnam, apoyada por la ASEAN, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2014-2016 y la decisión de su Gobierno, de 27 de agosto de 2013, de presentar un memorando en el que se describen las promesas y los compromisos de los voluntarios para contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos, fomentando así un desarrollo sostenible en su territorio y en las relaciones con sus socios; insta, no obstante, al Gobierno vietnamita a realizar consecuentemente un seguimiento de tales promesas y compromisos con el fin de evitar y reparar cualquier posible violación de los derechos humanos y las vulneraciones de las libertades fundamentales;

24.  Señala que los derechos humanos, la democracia y la seguridad constituyen elementos esenciales de la relación general entre la UE y Vietnam; pide, por consiguiente, a ambas partes que velen por la continuación activa del diálogo sobre las cuestiones pendientes, haciendo referencia, en particular, a la libertad de expresión de las personas, la libertad de los medios de comunicación y la libertad religiosa;

25.  Pide a la Comisión que lleve a cabo, sin demora, una evaluación del impacto en los derechos humanos, con arreglo a lo solicitado por el Parlamento en su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales(11), con vistas a garantizar unos indicadores comerciales comprensibles basados en los derechos humanos y en normas ambientales y sociales, y en consonancia con el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación;

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros de la UE y al Gobierno y Parlamento de Vietnam.

(1) DO C 175 E de 10.7.2008, p. 591.
(2) DO C 102 E de 24.4.2008, p. 128.
(3) http://www.eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm
(4) DO C 285 E de 22.11.2006, p. 129.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0189.
(6) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.
(7) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 34.
(8) DO C 56 E de 26.2.2013, p. 87.
(9) DO C 168 E de 14.6.2013, p. 1.
(10) Artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), del TFUE.
(11) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.


Seguimiento, por parte de la Comisión, de la consulta a las pymes sobre las diez medidas más gravosas de la normativa de la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre el proceso de consulta sobre las diez medidas más gravosas para las pymes y la reducción de la carga de la normativa de la UE para estas empresas (2013/2711(RSP))
P7_TA(2014)0459B7-0415/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Carta Europea de la Pequeña Empresa, adoptada por el Consejo Europeo de Santa Maria de Feira los días 19 y 20 de junio de 2000,

–  Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas(1),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, titulado «Reducción al mínimo de la carga normativa para las PYME — Adaptación de la normativa de la UE a las necesidades de las microempresas» (COM(2011)0803),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2011, titulada «Revisión de la "Small Business Act" para Europa» (COM(2011)0078),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por el que se establece el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (2014‑2020) (COM(2011)0834),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 14 y 15 de marzo de 2013 y las Conclusiones del Consejo de Competitividad de los días 26 y 27 de septiembre de 2013,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de junio de 2013, titulada «Seguimiento, por parte de la Comisión, de la consulta a las PYME sobre las diez medidas más gravosas de la normativa de la UE» (COM(2013)0446),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, titulada «Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122), y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompañaba, titulado «Monitoring and Consultation on Smart Regulation for SMEs» (SWD(2013)0060),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulada «Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas» (COM(2013)0685),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las «Pequeñas y medianas empresas: competitividad y oportunidades comerciales»(2),

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación(3),

–  Vistos el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que acrecentar el apoyo a la competitividad, sostenibilidad y capacidad de generar empleo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) es un esfuerzo transversal que afecta a varias políticas;

B.  Considerando que las pymes soportan cargas innecesarias habida cuenta de lo limitado de su capacidad, y que, por consiguiente, los legisladores de la UE se han comprometido con el principio de «pensar primero a pequeña escala»;

C.  Considerando que 20,7 millones de pymes representan más del 65 % del empleo del sector privado, y que las pymes se encuentran entre las empresas más innovadoras, liderando la creación de empleo y el crecimiento económico;

D.  Considerando que, según una encuesta de Eurobarómetro, el 74 % de los europeos opina que la UE produce un exceso de formalidades burocráticas;

E.  Considerando que casi un tercio de la carga administrativa derivada de la legislación de la UE se debe principalmente a que la aplicación nacional es desproporcionada e ineficaz, pudiéndose ahorrar hasta 40 000 millones de euros si los Estados miembros transpusiesen la legislación de la UE de manera más eficiente;

F.  Considerando que las empresas pueden crear empleo si se dan las condiciones adecuadas, entre ellas, la simplificación administrativa, el acceso a la financiación, a los conocimientos, a las capacidades y a una mano de obra cualificada, y el apoyo a sus esfuerzos en materia de innovación;

G.  Considerando que, con frecuencia, las pymes se encuentran en una situación de desventaja competitiva en comparación con los grandes agentes industriales en lo que respecta a la tributación, la normalización, la contratación pública, la propiedad intelectual, la investigación y la financiación de la innovación;

H.  Considerando que la Comisión ha eliminado 5 590 requisitos legales en los últimos cinco años, reduciendo los costes para las empresas en más de 27 000 millones de euros;

I.  Considerando que la Comisión persigue la eficacia normativa y administrativa a través de su programa REFIT, las evaluaciones de impacto, la verificación de la competitividad, las comprobaciones de adecuación, la consulta sobre las diez medidas más gravosas, el cuadro de indicadores para las pymes y la prueba de los efectos en las pymes;

J.  Considerando que —como destacó el Consejo Europeo— es necesaria una regulación a nivel de la Unión para garantizar la consecución de los objetivos de las políticas de la UE, incluido el correcto funcionamiento del mercado único;

K.  Considerando que el Parlamento ha declarado en varias ocasiones, como por ejemplo en su Resolución de 23 de octubre de 2012, antes citada, que la simplificación de la normativa de la UE no debería dificultar el cumplimiento de las exigencias fundamentales de la UE relativas a la salud y la seguridad en el trabajo, el respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores de la UE o la observancia de los principios fundamentales de la legislación de la UE en materia de medio ambiente;

L.  Considerando que la mayor parte de las diez medidas legislativas más gravosas identificadas en la Comunicación de la Comisión ya estaban en marcha cuando se hizo pública la comunicación; que algunas de las propuestas legislativas ya se habían presentado en el momento de celebrarse la consulta, y que algunas ya están cerradas;

M.  Considerando que los obstáculos administrativos impiden a las pymes aprovechar plenamente las ventajas del mercado único;

N.  Considerando que la presente Resolución no comentará las medidas concretas de seguimiento, que se examinarán por separado en futuras ocasiones, sino que se centrará en el método de trabajo aplicado por la Comisión;

1.  Saluda la iniciativa de la Comisión relativa a las diez medidas más gravosas para las pymes como parte del ejercicio REFIT, y toma nota de la promesa de que no será un esfuerzo ocasional, sino que formará parte habitual de un procedimiento de examen permanente; subraya, no obstante, que la Comisión debe actuar con la mayor celeridad para buscar una solución a las preocupaciones en materia de carga administrativa que han expresado las pymes en el proceso de consulta; pone de relieve asimismo que el enfoque centrado en las diez medidas más gravosas no debe desplazar un planteamiento sistemático y horizontal de las políticas encaminado a minimizar la carga administrativa originada por la normativa de la UE y tampoco debe ir en detrimento de los objetivos y la eficacia de la legislación correspondiente;

2.  Destaca, por tanto, la necesidad de que el principio de «pensar primero a pequeña escala» influya en mayor medida en la concepción de las políticas de la Unión relativas a la innovación, el crecimiento, la internacionalización, la productividad, la reducción de la burocracia, la calidad de los recursos humanos y la responsabilidad social;

3.  Acoge con satisfacción, a este respecto, el compromiso de la Comisión de incorporar la «normativa inteligente» al ciclo de decisión y, en particular, de considerar REFIT como un programa permanente que se actualizará todos los años;

4.  Pide a la Comisión que, con carácter de urgencia, intensifique sus esfuerzos para garantizar que se fomente el auge de las pymes, en especial de las innovadoras, gracias a la simplificación administrativa y la prestación de apoyo específico en todas las políticas;

5.  Pide a la Comisión que, de manera adecuada y transparente, lleve a cabo pruebas de los efectos en las pymes cuando elabore legislación; opina que el enfoque consistente en que las microempresas queden exentas por defecto no es el adecuado, y apoya el desarrollo de soluciones adaptadas y unos regímenes menos estrictos para las pymes, siempre que se pueda demostrar que esto ni fomenta la fragmentación, ni obstaculiza el acceso de las pymes al mercado interior;

6.  Pide a la Comisión que simplifique las formalidades administrativas excesivas, manteniendo al mismo tiempo las disposiciones necesarias para garantizar la seguridad, la salud y la protección en el trabajo y las que exigen a las empresas ofrecer a su personal un entorno de trabajo adecuado;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un acceso fácil a la financiación y a los mercados, y que aligeren la carga reglamentaria, que representa uno de los mayores obstáculos a la puesta en marcha y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas;

8.  Considera que es muy importante que los Estados miembros apliquen la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que prevé que, en caso de operaciones entre empresas y poderes públicos, el plazo de pago fijado en el contrato no exceda los plazos fijados en el artículo 4, apartado 3, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que ello esté objetivamente justificado por la naturaleza o las características particulares del contrato y que, en ningún caso, exceda de 60 días naturales;

9.  Observa con satisfacción que la Comisión va a integrar, a partir de ahora, el cuadro de indicadores para las pymes en un cuadro anual de indicadores REFIT; considera que esto es un paso en la buena dirección si integra en mayor grado las condiciones específicas de las pymes en el ejercicio general de simplificación normativa, sin mermar la eficacia de la legislación ni añadir niveles de burocracia; pide a la Comisión que racionalice estos instrumentos a través de una evaluación de impacto completa; hace hincapié, no obstante, en que esta integración no debe diluir en modo alguno la atención específica que la Comisión presta a las pymes en sus procesos;

10.  Pone de relieve que el cuadro anual de indicadores proyectado debe permitir apreciar los progresos legislativos y de aplicación de la normativa al nivel de la UE y al nivel nacional en relación con las pymes; considera que este cuadro de indicadores ayudará a las pymes a evaluar los costes de la carga administrativa derivada de la legislación de la UE o nacional y permitirá un seguimiento más fácil, propiciando así la participación constructiva de las pymes en futuras consultas;

11.  Subraya, no obstante, que las evaluaciones ex post serán más fáciles si las evaluaciones ex ante se efectúan de forma adecuada y tomando en consideración todas las dimensiones; considera que debe mejorarse la cultura de evaluación de impacto de todas las instituciones europeas, en especial cuando las propuestas legislativas de la UE afectan a las pymes y los trabajadores autónomos; pide a la Comisión que evalúe el valor añadido de conceder mayor independencia y facultades al Comité de evaluación de impacto; recomienda, además, que el Parlamento haga mayor uso de sus dispositivos de evaluación de impacto y de prueba en relación con las pymes, por ejemplo, antes de introducir cambios sustanciales en las propuestas de la Comisión; pide a la Comisión que publique una declaración anual del coste neto total de las nuevas propuestas para las empresas;

12.  Considera que las cargas derivadas de las nuevas propuestas deben compensarse con reducciones de, como mínimo, una magnitud similar;

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una aplicación web mediante la cual la administración correspondiente indique si las pymes van a resultar afectadas por las leyes de próxima adopción y en qué medida, como hace, por ejemplo, el Observatorio alemán de la pequeña y mediana empresa, que indica, mediante un sencillo código de semáforo si es muy probable (rojo), probable (amarillo) o improbable (verde) que la legislación que se está elaborando afecte a las pymes;

14.  Acoge con satisfacción la solicitud, formulada por el Consejo en sus Conclusiones de los días 14 y 15 de marzo, a favor de nuevas medidas encaminadas a reducir la carga reglamentaria general tanto a nivel de la UE como a nivel nacional;

15.  Lamenta que, hasta hoy, las pymes no hayan conseguido explotar el potencial del mercado único y recuerda que solo exporta el 25 % de las pymes de los 27 Estados miembros de la UE; pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para mejorar la integración del mercado único y hagan mayores esfuerzos para compartir las mejores prácticas en materia de burocracia y lograr una mejor cooperación normativa entre los Estados miembros; celebra la conclusión del Programa de Doha para el Desarrollo en la novena Conferencia Ministerial de la OMC de diciembre de 2013 y tiene la esperanza de que el acuerdo facilite mejores oportunidades para el comercio, en particular, a las pymes; acoge favorablemente, en este contexto, la voluntad de la Comisión de proponer una declaración estándar del IVA y considera que toda estandarización de los impresos de declaración del IVA no debe resultar más compleja que la forma más sencilla a la que sustituya;

16.  Anima a los Estados miembros a reproducir los ejercicios REFIT y de rectificación de las diez medidas más gravosas que se han emprendido a escala de la UE y a velar por que se aligere también la carga normativa que afecta a las pymes a escala nacional; pone de relieve, además, que los Estados miembros pueden ser particularmente eficaces cuando se trate de reducir la carga normativa que pesa sobre las pymes, evitando la sobrerregulación al transponer las directivas europeas en la legislación nacional; insta a los Estados miembros a optar por aligerar la carga normativa innecesaria que afecte a las pymes en los ámbitos en que la legislación de la UE lo permita;

17.  Pone de relieve que los Estados miembros pueden ser particularmente eficaces a la hora de reducir la carga administrativa que pesa sobre las pymes, evitando la sobrerregulación al transponer las directivas europeas en la legislación nacional; insta a los Estados miembros a optar por aligerar los regímenes que afecten a las pymes en los ámbitos en que la legislación de la UE lo permita;

18.  Acoge con satisfacción la introducción de la prueba de los efectos en las pymes, pero lamenta que solo algunos Estados miembros la hayan integrado en sus procesos decisorios nacionales;

19.  Recuerda su posición respecto de las exenciones de la normativa de la UE aplicadas en general a las microempresas, expresada en su Resolución de 23 de octubre de 2012, antes citada, según la cual las exenciones solo deben aplicarse cuando pueda demostrarse caso por caso con una prueba adecuada de los efectos en las pymes que las necesidades específicas de las microempresas no pueden satisfacerse con soluciones adaptadas o regímenes menos estrictos; hace hincapié en que las exenciones para las microempresas encierran a menudo el riesgo de que se aplique a las pymes un conjunto heterogéneo de leyes nacionales que favorezcan su fragmentación y les impidan acceder al mercado interior;

20.  Celebra que la Comisión haya prorrogado el mandato del Grupo de Alto Nivel sobre Reducción de Cargas Administrativas hasta octubre de 2014, como solicitó el Parlamento Europeo en su Resolución de 23 de octubre de 2012, antes citada, y según lo previsto en el programa COSME;

21.  Pone de relieve la conclusión que se extrae de las respuestas de las pymes en el proceso de consulta sobre las diez medidas más gravosas según la cual la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo es compleja e inflexible y, en muchos casos, exige a las pymes recurrir a una costosa asistencia jurídica; pide a la Comisión que elabore una evaluación de impacto detallada con carácter de urgencia;

22.  Recomienda que, a fin de reducir las cargas de la legislación en materia de salud y seguridad, se aplique a las empresas de bajo riesgo, siempre que sea posible, un régimen normativo liviano;

23.  Recomienda que las tasas para las pymes y las microempresas sean proporcionadas;

24.  Pide a la Comisión que agilice toda la tramitación de solicitudes de REACH y, en particular, que dé prioridad a las solicitudes de las pymes y las microempresas; invita a la Comisión a que ofrezca a las pymes y las microempresas orientación adecuada que les ayude a que las solicitudes que presenten sean aprobadas;

25.  Considera que la consulta sobre las diez medidas más gravosas es un ejercicio útil y que en sus resultados hay que leer un importante mensaje de parte de las pymes y las organizaciones que las representan; pide a la Comisión que repita este ejercicio con regularidad por medio del Eurobarómetro; observa, no obstante, un importante desequilibrio en la distribución geográfica de las respuestas a la consulta sobre las diez medidas más gravosas; pide a la Comisión que realice una evaluación ex post en busca de las causas de dicho desequilibrio, para garantizar que la información recogida no resulte sesgada por falta de sensibilización u otros factores que puedan haber distorsionado las reacciones recabadas;

26.  Espera que la próxima Comisión mantenga su responsabilidad en lo relativo a la «normativa inteligente» dentro de las competencias de su Presidente, y la anima a dar mayor relieve a las funciones de los representantes para las pymes; insta a la Comisión, por tanto, a que se asegure de que las organizaciones nacionales de pymes formen parte de la recientemente establecida red de representantes para las pymes y que la Asamblea de pymes sea debidamente informada de las iniciativas de la UE;

27.  Insiste en que la próxima Comisión debe establecer el objetivo europeo para 2020 de reducir en un 30 % de los costes de las pymes ocasionados por las cargas administrativas y normativas;

28.  Advierte de los riegos para la competitividad local y regional y el emprendimiento individual que ocasionaría que las iniciativas destinadas a reducir la sobrerregulación provoquen en su lugar un aumento de la armonización máxima o una legislación única para todos los tipos de empresas;

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución

(1) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
(2) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 40.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0036.


Pakistán: casos recientes de persecución
PDF 129kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre Pakistán: casos recientes de persecución (2014/2694(RSP))
P7_TA(2014)0460RC-B7-0399/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre los derechos humanos y la democracia en Pakistán y, en particular, la de 12 de marzo de 2014, sobre el papel de Pakistán en el ámbito regional y sus relaciones políticas con la UE(1); la de 10 de octubre de 2013, sobre los recientes casos de violencia y persecución contra cristianos, especialmente en Peshawar(2); la de 10 de marzo de 2011, sobre Pakistán, en particular sobre el asesinato de Shahbaz Bhatti(3); la de 20 de enero de 2011, sobre la situación de los cristianos en relación con la libertad de religión(4), y la de 20 de mayo de 2010, sobre la libertad religiosa en Pakistán(5),

–  Visto el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta / Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, de 23 de septiembre de 2013 sobre el ataque a la comunidad cristiana en Peshawar y de 2 de marzo de 2011 sobre el asesinato de Shahbaz Bhatti,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vistos los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias,

–  Vistos el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias y el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados (Adición: Misión al Pakistán), de 4 de abril de 2013,

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto(6), en el que se condena enérgicamente la persecución de los cristianos y otras minorías religiosas,

–  Visto el Plan de compromiso quinquenal UE‑Pakistán, de marzo de 2012, que contiene prioridades tales como la buena gobernanza y el diálogo sobre derechos humanos, así como el estrechamente relacionado segundo diálogo estratégico UE‑Pakistán, de 25 de marzo de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Pakistán, de 11 de marzo de 2013, en las que se reiteran las expectativas de la UE en cuanto a la promoción y la observancia de los derechos humanos y se condenan todos los actos de violencia, incluidos los dirigidos contra minorías religiosas(7),

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que una pareja cristiana, Shafqat Emmanuel and Shagufta Kausar, fue condenada a muerte el 4 de abril de 2014 por haber supuestamente enviado un mensaje de texto en el que se insultaba el profeta Mahoma; que la pareja negó ser responsable de ello y declaró que ya había perdido el teléfono antes de que se enviara el mensaje;

B.  Considerando que Sawan Masih, un cristiano pakistaní de Lahore, fue condenado a muerte el 27 de marzo de 2014 por blasfemar contra el profeta Mahoma; que el anuncio de las acusaciones contra Masih provocó disturbios violentos en Joseph Colony, un vecindario cristiano de la ciudad de Lahore, durante los cuales muchos edificios, incluidas dos iglesias, fueron pasto de las llamas;

C.  Considerando que Asia Bibi, una cristiana de Punyab, fue arrestada en junio de 2009 y condenada a muerte en noviembre de 2010 acusada de blasfemia; que, después de varios años, su apelación ha llegado finalmente al tribunal superior en Lahore; que en las dos primeras vistas, en enero y marzo de 2014, los jueces que presidían el tribunal aparentemente estaban de baja;

D.  Considerando que, en 2012, la cristiana de 14 años Rimsha Masih, a la que se había acusado falsamente de profanar el Corán, fue declarada inocente tras averiguarse que había sido víctima de un montaje, cuyo responsable fue arrestado; que, sin embargo, ella y su familia tuvieron que abandonar el país;

E.  Considerando que los cristianos, que suponen el 1,6 % de la población de la República Islámica de Pakistán, son víctimas de los prejuicios y de brotes esporádicos de violencia de masas; que la mayoría de los cristianos pakistaníes llevan una existencia precaria, a menudo con el temor de ser acusados de blasfemia, cuestión que puede provocar estallidos de violencia pública; que hay otros cristianos encarcelados acusados de blasfemia;

F.  Considerando que Mohamed Asghar, un ciudadano británico residente en Pakistán que padece una enfermedad mental, fue arrestado tras haber supuestamente enviado cartas a varios funcionarios en las que se declaraba profeta, y condenado a muerte en enero de 2014;

G.  Considerando que otro ciudadano británico, Masood Ahmad, de 72 años, miembro de la comunidad religiosa ahmadía, no fue liberado bajo fianza hasta hace poco tras ser detenido en 2012 acusado de citar el Corán, lo que se considera blasfemia en el caso de los ahmadíes, a los que no se les reconoce como musulmanes y se les prohíbe comportarse como tales según la sección 298‑C del Código Penal;

H.  Considerando que estos últimos meses cinco templos hindúes han sufrido ataques en distintas partes de Sindh (en Tharparkar, Hyderabad y Larkana) y tres niños hindúes se hallan actualmente detenidos acusados de blasfemia en Badin (Sindh) por haber pintado algunos símbolos con aerosol durante el holi (la festividad hindú del color);

I.  Considerando que en la actualidad los miembros de la comunidad chií hazara en particular sufren diariamente los asesinatos y la migración forzosa por el aumento de la violencia sectaria en Pakistán; que parece ser más de 10 000 hindúes han huido de la provincia al pasar en estos últimos tres años a ser habituales los secuestros por dinero;

J.  Considerando que la legislación pakistaní sobre blasfemia hace que resulte peligroso para las minorías religiosas expresarse libremente o participar abiertamente en actividades religiosas; que ya hace varios años que el mundo observa con preocupación la aplicación de estas leyes, por ser la motivación de las acusaciones a menudo el ajuste de cuentas, el lucro económico o la intolerancia religiosa, y por promover una cultura de tomarse la justicia con la propia mano al dar a la turba una justificación para acosar y atacar; que los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos han pedido a Pakistán que derogue la legislación sobre blasfemia o que, por lo menos, implemente de manera inmediata mecanismos de salvaguardia para impedir que más ciudadanos, a menudo de comunidades minoritarias, sean víctimas del abuso de derecho;

K.  Considerando que, solo en 2013, ha habido noticias de cientos de crímenes de honor; que, teniendo en cuenta las tasas continuamente elevadas de violencia doméstica y matrimonios forzosos, estos crímenes no son más que la forma más visible de agresión contra las mujeres;

L.  Considerando que Pakistán desempeña un papel importante en la promoción de la estabilidad en Asia meridional, por lo que tendría que dar ejemplo consolidando el Estado de Derecho y los derechos humanos;

M.  Considerando que la Unión Europea permitió hace poco a Pakistán beneficiarse del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza, lo que está supeditado a la aplicación de las convenciones correspondientes en materia de derechos humanos;

1.  Manifiesta su profunda preocupación por el fuerte aumento de la violencia sectaria y la intolerancia religiosa contra las minorías y de los ataques a lugares de culto, incluidas iglesias cristianas, y la represión continua de las mujeres en Pakistán;

2.  Expresa su inquietud por las consecuencias que esta violencia pueda tener sobre la evolución futura del conjunto de la sociedad pakistaní teniendo en cuenta los retos socioeconómicos a los que se enfrenta el país; hace hincapié en que, a largo plazo, va en el propio interés de Pakistán que todos sus ciudadanos se sientan más seguros;

3.  Manifiesta su grave preocupación por el hecho de que la controvertida legislación sobre blasfemia se preste a abusos que pueden afectar a personas de todos los credos en Pakistán; expresa su especial preocupación por el hecho de que aumente el uso de las leyes sobre blasfemia, cuestionadas públicamente por el difunto ministro Shahbaz Bhattiand y el difunto gobernador Salman Taseer, en contra de los cristianos y otras minorías religiosas en Pakistán;

4.  Recuerda a las autoridades pakistaníes la obligación que tienen de conformidad con el Derecho internacional de respetar la libertad de expresión y la libertad ideológica, religiosa y de culto; pide a las autoridades pakistaníes que liberen a los presos condenados por blasfemia y revoquen las condenas a muerte en proceso de apelación; pide a las autoridades pakistaníes que velen por la independencia de los tribunales, el Estado de Derecho y el respeto de las garantías procesales, con arreglo a las normas internacionales relativas a los procedimientos judiciales; pide asimismo a las autoridades pakistaníes que brinden suficiente protección a todos los participantes en los casos de blasfemia, lo que incluye no permitir que los jueces sufran presiones externas, proteger a los acusados y a sus familias y a las comunidades de la violencia de masas y ofrecer soluciones a aquellos que han sido declarados inocentes pero no pueden volver a su lugar de origen;

5.  Condena enérgicamente la aplicación de la pena de muerte en cualquier circunstancia; pide al Gobierno de Pakistán con carácter urgente que la moratoria de hecho de la pena de muerte se transforme en su abolición efectiva;

6.  Pide al Gobierno de Pakistán que lleve a cabo una revisión exhaustiva de la legislación sobre blasfemia y sobre su aplicación actual (tal como la describen las secciones 295 y 298 del Código Penal) para supuestos actos de blasfemia, especialmente teniendo en cuenta las recientes condenas a muerte; anima al Gobierno a resistir la presión por conservar estas leyes proveniente de los grupos religiosos y de algunas fuerzas políticas de la oposición;

7.  Hace un llamamiento al Gobierno para que acelere la reforma de las madrazas estableciendo un plan de estudios básico que cumpla los requisitos internacionales, haciendo especial hincapié en eliminar de los planes de estudios los materiales que inciten al odio e introduciendo la enseñanza de la tolerancia social y religiosa en el programa básico; pide a la Comisión que haga un seguimiento de las anteriores solicitudes de revisión de los libros de texto financiados por la UE que inciten al odio;

8.  Hace un llamamiento urgente al Gobierno y al Parlamento de Pakistán para que reformen el sistema formal de justicia a fin de desincentivar el recurso a las estructuras informales, como jirgas y panchayats, y para que aumenten de manera sustancial los recursos financieros y humanos del poder judicial, especialmente a nivel de tribunales de primera instancia;

9.  Condena enérgicamente todo acto de violencia contra las comunidades religiosas, así como toda clase de discriminación e intolerancia fundada en la religión o las convicciones; pide al Gobierno de Pakistán que intervenga para proteger a las víctimas de la violencia de masas con motivos religiosos, y especialmente que prohíba la incitación pública al odio, y anima a todos los pakistaníes a trabajar juntos para fomentar y garantizar la tolerancia y el entendimiento mutuo; insta a las autoridades pakistaníes a procesar a los responsables de incitar y de acusar falsamente de blasfemia;

10.  Recuerda que la Constitución de Pakistán garantiza la libertad de religión y los derechos de las minorías; aplaude las medidas adoptadas en interés de las minorías religiosas por parte del Gobierno de Pakistán desde noviembre de 2008, como por ejemplo fijar una cuota del 5 % para las minorías en el sector del empleo federal, el reconocimiento de días festivos no musulmanes y la declaración de un Día Nacional de las Minorías;

11.  Insta al Gobierno de Pakistán, no obstante, a redoblar sus esfuerzos en pro de un mayor entendimiento interreligioso, a hacer frente de manera activa a la hostilidad religiosa por parte de agentes de la sociedad, a combatir la intolerancia religiosa y los actos de violencia e intimidación, y a tomar medidas contra la percepción de impunidad;

12.  Expresa su profunda preocupación por la difícil situación de las mujeres y niñas pertenecientes a minorías, que a menudo son doblemente víctimas, especialmente por la práctica de la conversión forzosa y la violencia sexual dirigida contra ellas; insta a las autoridades pakistaníes a mejorar la protección, las actuaciones judiciales y las indemnizaciones;

13.  Hace hincapié en que el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto es un derecho humano fundamental; manifiesta su preocupación por la reciente proclividad de Pakistán a poner trabas a la libertad de pensamiento, de expresión y de información mediante el bloqueo y control de servicios de internet con mucho tráfico; pide al Gobierno que deje de censurar en internet y que revise sus proyectos legislativos relativos a la lucha antiterrorista y a las ONG, que limitarían enormemente la independencia y la libertad de empresa de las ONG y podrían derivar en la interrupción de la labor de las ONG con conexiones internacionales en Pakistán;

14.  Hace hincapié en el importante papel que desempeña Pakistán en la promoción de la estabilidad del conjunto de la región; anima a Pakistán a desempeñar un papel constructivo a la hora de propiciar la seguridad en Afganistán, por lo que insta al Gobierno pakistaní a consolidar el respeto de los derechos humanos fundamentales en su propio país, así como en toda la región;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y al Gobierno y al Parlamento de Pakistán.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0208.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0422.
(3) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 179.
(4) DO C 136 E de 11.5.12, p. 53.
(5) DO C 161 E de 31.5.11, p. 147.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0575.
(7) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/135946.pdf


Siria: situación de determinadas comunidades vulnerables
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre Siria: situación en algunas comunidades vulnerables (2014/2695(RSP))
P7_TA(2014)0461RC-B7-0387/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria, en particular la de 6 de febrero de 2014 sobre la situación en Siria(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de abril y 20 de enero de 2014, sobre Siria,

–  Vistas las Declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, de 15 de marzo de 2014, con ocasión del tercer aniversario de la sublevación siria, y de 8 de abril de 2014 en relación con el asesinato del padre Van der Lugt, SJ, en Homs, Siria,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vista la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 22 de febrero de 2014,

–  Visto el informe de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria, de 12 de febrero de 2014,

–  Vista la declaración del portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon sobre Siria, de 7 de abril de 2014,

–  Vista la declaración de la Coordinadora de Ayuda de Emergencia de las Naciones Unidas y Subsecretaria General de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, sobre Siria, de 28 de marzo de 2014,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la violenta crisis que se está viviendo en Siria ha originado una catástrofe humanitaria sin precedentes en la historia reciente, con más de 150 000 víctimas mortales, la mayoría de ellas civiles, más de 6,5 millones de personas desplazadas internamente y más de 2,6 millones de refugiados sirios, principalmente en Líbano, Turquía, Jordania, Irak y Egipto; que las minorías étnicas y religiosas se encuentran en una situación particularmente difícil en esta crisis;

B.  Considerando que la población siria se ha compuesto tradicionalmente de una rica variedad de comunidades étnicas y religiosas, en particular árabes, arameos, armenios, asirios, circasios, curdos, turcomanos, musulmanes, cristianos y drusos, así como otros grupos; que ninguna de las comunidades religiosas o étnicas de Siria se ha quedado al margen de los tres años de conflicto, que está adquiriendo una dimensión cada vez más sectaria;

C.  Considerando que estas comunidades han formado siempre parte de la comunidad siria, contribuyendo a su desarrollo y progreso, incluido su compromiso en los sectores de la educación, la sanidad y la cultura; que, por lo tanto, desempeñan un importante papel en la democratización de Siria y tienen que estar representadas en toda consulta sobre el futuro del país y en todo proceso de reconciliación;

D.  Considerando que hasta hace muy poco la mayoría de estas comunidades han intentado evitar tomar partido en el conflicto, ya que, aunque puede que muchas de ellas reconozcan la necesidad de un cambio de régimen en Siria, también temen, en caso de una caída del Gobierno, ser el objetivo de los yihadistas sunníes rebeldes, que piden la creación de un Estado, o de otros grupos;

E.  Considerando que el régimen de Bachar el Asad ha desencadenado deliberadamente una dinámica de polarización sectaria en su estrategia de supervivencia, que ha inflamado las tensiones latentes, ampliamente reprimidas hasta la fecha, entre comunidades; que la mayor presencia e infiltración de extremistas islámicos y yihadistas en todas las partes en conflicto ha suscitado preocupaciones legítimas entre las comunidades minoritarias del país; que la intensificación de la segregación entre suníes y chiíes en Siria está afectando a las relaciones intercomunitarias también en los países vecinos;

F.  Considerando que el jesuita holandés padre Frans van der Lugt, que llevaba viviendo en Siria varias décadas y era muy conocido por haberse negado a abandonar la ciudad asediada de Homs, fue golpeado y asesinado a tiros por pistoleros el 7 de abril de 2014; que el Secretario General de las Naciones Unidas ha condenado este acto inhumano de violencia contra un hombre que permaneció junto al pueblo sirio en un momento de asedios y de crecientes dificultades; que quedan otros cristianos en el monasterio donde fue asesinado el padre van der Lugt y que la comunidad internacional está preocupada por su seguridad, así como por la de los numerosos civiles que siguen atrapados en la ciudad de Homs, que continua asediada;

G.  Considerando que el padre Paolo Dall’Oglio lleva desaparecido desde julio de 2013, y que los obispos Boulos Yazigi, de la Iglesia Griega Ortodoxa, y Yuhanna Ibrahim, de la Iglesia Ortodoxa Siriana, fueron secuestrados por pistoleros en abril de 2013, cuando se encontraban a bordo de su automóvil, en las afueras de la ciudad septentrional de Alepo; que todavía se desconoce el paradero de estas personas;

H.  Considerando que los combates entre fuerzas adeptas al régimen y combatientes rebeldes, incluidos algunos elementos vinculados a Al-Qaeda, dieron lugar a finales de 2014 a la evacuación de la gran mayoría de la población de Kassab, una ciudad armenia en la frontera entre Siria y Turquía; que las informaciones son contradictorias en cuanto al número de víctimas de estos actos;

I.  Considerando que las últimas informaciones procedentes de Siria dan fe de que rebeldes de Al-Qaeda vinculados al Frente al-Nusra se han apoderado de una serie de pueblos cristianos y kurdos en la frontera con Turquía, entre ellos la ciudad kurda de Ayn-Al-Arab/Kobane;

J.  Considerando que los refugiados palestinos siguen siendo un grupo especialmente vulnerable en la crisis de Siria; que muchos de ellos viven en zonas asediadas, en particular en el campo de refugiados de Yarmuk, que sigue siendo objeto de fuertes ataques por parte de las fuerzas del régimen y de diferentes grupos armados, lo que ocasiona un sufrimiento inhumano para los 18 000 palestinos que viven en esta zona; que prácticamente los 540 000 refugiados palestinos en Siria necesitan actualmente ayuda, ya que más de la mitad de ellos se encuentran internamente desplazados dentro del país y se enfrentan a importantes obstáculos o a restricciones cada vez mayores cuando intentan huir a Egipto, Jordania o Líbano;

K.  Considerando que en la crisis actual las mujeres y los niños siguen siendo víctimas de agresiones, violencia sexual y basada en el género, violaciones y falta de productos y servicios básicos; que hay un número desproporcionadamente alto de mujeres y niños entre los refugiados sirios; que cerca de tres millones de niños han abandonado la escuela en Siria desde 2011, y que al menos 500 000 niños registrados como refugiados no están matriculados en escuelas en los países vecinos;

L.  Considerando que los defensores de los derechos humanos, los intelectuales, las personalidades religiosas, los periodistas y los activistas de la sociedad civil siguen siendo víctimas de la violenta crisis que se registra en Siria; que Razan Zaitouneh, galardonada con el Premio Sájarov en 2011, y que fue secuestrada junto con su marido y otros dos activistas de derechos humanos hace más de cuatro meses en Douma, sigue retenida en paradero desconocido;

M.  Considerando que los dirigentes políticos y religiosos tienen la obligación a todos los niveles de combatir el terrorismo y fomentar el respeto mutuo entre las personas y los grupos étnicos y religiosos;

N.  Considerando que el Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos prohíbe la persecución de personas o grupos por razones de identidad religiosa o étnica y los ataques contra civiles que no participen en las hostilidades; que estas acciones pueden constituir crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; que en la Resolución 2139 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se hacía hincapié en la necesidad de poner fin a la impunidad de las violaciones del Derecho internacional humanitario y a las violaciones y abusos de los derechos humanos, y se reafirmaba la obligación de llevar a los tribunales a los responsables de dichos abusos y violaciones en Siria;

1.  Expresa su profunda consternación por el nivel sin precedentes de sufrimiento humano y pérdida de vidas, y manifiesta su solidaridad con las familias de todas las víctimas inocentes del conflicto sirio; condena firmemente las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario por parte del régimen de Bachar el Asad y las milicias favorables al Gobierno; condena todos los abusos y las violaciones de la legislación humanitaria internacional en materia de derechos humanos por parte de los grupos armados opositores al régimen; condena enérgicamente el aumento de los ataques terroristas perpetrados por organizaciones extremistas e individuales en el país;

2.  Está convencido de que solo podrá lograrse una solución duradera para la actual crisis de Siria a través de un proceso político dirigido por los sirios, contando con el respaldo de la comunidad internacional; lamenta que las actuales negociaciones de paz estén fracasando debido a la obstrucción de las mismas por parte del régimen, y pide urgentemente que todas las partes interesadas y la comunidad internacional se esfuercen al máximo con vistas a la celebración de nuevas conversaciones, que permitirán poner fin a esta masacre; destaca la importancia de la participación y contribución de todas las partes de la sociedad siria, incluidas las minorías étnicas y religiosas, en este proceso, y destaca el papel fundamental de las minorías para preservar el patrimonio cultural único y la tradición de la coexistencia intercultural, interétnica e interreligiosa en Siria, con el fin de crear una sociedad viva para las futuras generaciones de sirios;

3.  Reitera que los derechos de las minorías están vinculados de forma indisoluble al respeto de otros derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la libertad, la seguridad, la igualdad y la libertad de expresión;

4.  Condena enérgicamente los ataques que se han cometido recientemente contra algunas comunidades religiosas y étnicas en Siria, en particular la cristiana, la armenia y la kurda, y pide a todas las partes afectadas que pongan fin a todas las acciones cuyo objetivo sea atizar el conflicto interétnico e interconfesional; destaca que todas las partes en el conflicto tienen la obligación de defender a las diferentes minorías que viven en el país; reconoce, no obstante, que los ataques contra determinadas comunidades vulnerables son solo una cara de la guerra civil en Siria;

5.  Condena con la máxima firmeza el asesinato del padre Frans Van der Lugt, un acto inhumano de violencia contra un hombre que permaneció junto al pueblo sirio en un momento de asedios y de crecientes dificultades; rinde tributo a su trabajo, que traspasó las fronteras de la ciudad asediada de Homs y sigue hoy ayudando a cientos de civiles en sus necesidades de supervivencia de cada día;

6.  Insta a todas las partes en el conflicto a que se adhieran estrictamente al Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, y pide que se proteja a todas las comunidades vulnerables, entre otras cosas permitiendo el acceso humanitario y levantando el asedio de las zonas pobladas, incluida la ciudad antigua de Homs; reitera su llamamiento en favor de la disposición de refugios a lo largo de la frontera turco-siria, y posiblemente también dentro de Siria, y de la creación de corredores humanitarios por parte de la comunidad internacional;

7.  Condena el ataque contra la ciudad armenia de Kassab; apoya todos los esfuerzos llevados a cabo a nivel local para evitar la violencia sectaria y luchar contra ella en las zonas ocupadas por los rebeldes y en las zonas de mayoría kurda; insta a las autoridades sirias, tanto actuales como futuras, a que presten una protección fiable y eficaz a las comunidades vulnerables del país y a que velen por su regreso a salvo y con seguridad a sus hogares, velando al mismo tiempo por que los autores de los ataques contra estas personas comparezcan ante la justicia y sean juzgados;

8.  Pide una vez más que se preste una atención particular a la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los refugiados palestinos en Siria, y en particular a las condiciones de vida inhumanas de los palestinos que se encuentran en el campamento de Yarmuk; reitera su llamamiento a todas las partes en el conflicto para que permitan el acceso sin trabas del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) y de otras organizaciones internacionales de ayuda a este campamento, así como a las demás zonas sitiadas, con objeto de aliviar el enorme sufrimiento de la población local; elogia el trabajo del OOPS en Siria, y pide un aumento del apoyo internacional a sus actividades;

9.  Pide a la comunidad internacional y a la UE que presten una atención particular al sufrimiento y a las necesidades de las mujeres y los niños en la crisis de Siria; pide tolerancia cero para los asesinatos, los secuestros y el reclutamiento de niños soldado en particular, así el refuerzo de las capacidades de ayuda humanitaria a las víctimas traumatizadas:

10.  Reitera la necesidad apremiante de liberar a todos los presos políticos, activistas de la sociedad civil, trabajadores en el ámbito de la ayuda humanitaria, personalidades religiosas (incluidos el padre Paolo Dall’Oglio, obispo de la Iglesia Griega Ortodoxa, y Yuhanna Ibrahim, obispo de la Iglesia Ortodoxa Siriana), periodistas y fotógrafos retenidos por el régimen o por combatientes rebeldes, y de permitir el acceso de supervisores independientes a todos los centros de detención; insta una vez más a la UE y a sus Estados miembros a que hagan todo lo posible por conseguir la liberación de Razan Zaitouneh, galardonada con el Premio Sájarov en 2011, y de todos los demás activistas en el ámbito de los derechos humanos en Siria, incluido el activista en red Bassel Safadi Khartabil;

11.  Sigue convencido de que no puede haber una paz duradera en Siria sin la asunción de la responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto, incluidos los perpetrados por motivos religiosos o étnicos; reitera su llamamiento en favor de la remisión de la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, y apoya todas las iniciativas en este sentido; elogia el trabajo de la Comisión de Investigación Internacional Independiente sobre la República Árabe Siria y de otros agentes internacionales que recaban y conservan el gran número de testimonios sobre los graves crímenes cometidos por el régimen y por algunos grupos rebeldes en Siria, y pide que se actúe para llevar a los autores ante la justicia;

12.  Expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias de la fragmentación de Siria para la estabilidad y la seguridad de la región, en particular en Líbano e Irak; expresa su profunda preocupación por el elevado número de refugiados sirios en los países vecinos, en especial en Líbano, donde, según el ACNUR, el número ha superado ya el millón, sin incluir a los cientos de miles que no se han registrado en la Agencia, mientras que 12 000 personas huyen semanalmente de Siria a Líbano; expresa su profunda preocupación por la continua afluencia de refugiados que afecta a Jordania, Turquía, Irak y Egipto; insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que sigan prestando una ayuda humanitaria considerable a las poblaciones afectadas por el conflicto sirio;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Representante Especial Conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes para Siria, al Gobierno y al Parlamento de Egipto, al Gobierno y al Parlamento de Irak, al Gobierno y al Parlamento de Jordania, al Gobierno y al Parlamento de Líbano, al Gobierno y al Parlamento de Turquía, al Secretario General del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y a todas las partes implicadas en el conflicto en Siria.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0099


Situación en Corea del Norte
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2014, sobre la situación en Corea del Norte (República Popular Democrática de Corea) (2014/2696(RSP))
P7_TA(2014)0462RC-B7-0388/2014

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de los que la República Popular Democrática de Corea (RPDC) es parte,

–  Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984,

–  Vistas sus Resoluciones de 14 de marzo de 2013 sobre las amenazas nucleares y los derechos humanos en la RPDC(1), de 24 de mayo de 2012 sobre la situación de los refugiados norcoreanos(2), y de 8 de julio de 2010 sobre Corea del Norte(3),

–  Vistas las declaraciones del portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, de 19 de agosto de 2013, sobre los recientes acuerdos intercoreanos, y de 5 de junio de 2013, sobre la expulsión de nueve norcoreanos de Laos, así como la declaración de Catherine Ashton sobre las amenazas nucleares y los derechos humanos en Corea del Norte, de 13 de marzo de 2013,

–  Vista la declaración de la RPDC de 13 de marzo de 2013 en el sentido de que había puesto fin al armisticio de 1953 y que «no está limitada por la declaración norte-sur sobre no agresión»,

–  Vista las Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 21 de marzo de 2013 y 26 de marzo de 2014, así como la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 2013 sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC,

–  Vista la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en la RPDC, creada el 21 de marzo de 2013 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistos el artículo 122, apartado 5, y el artículo 110, apartado 4, del Reglamento,

A.  Considerando que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas investigó las «violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos» en Corea del Norte y emitió un informe el 7 de febrero de 2014;

B.  Considerando que los métodos de trabajo profesionales, exhaustivos e inclusivos aplicados por la CdI pueden servir de ejemplo para el trabajo de las futuras misiones de investigación requeridas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuando los gobiernos rehúsen toda cooperación, como ha ocurrido en la RPDC;

C.  Considerando que la RPDC, tras la constitución de la CdI, anunció su intención de rechazarla y desoírla completamente, y efectivamente le denegó la autorización para visitar el país y rehusó cooperar de cualquier otro modo; que el régimen de la RPDC no ha cooperado en general con las Naciones Unidas y ha rechazado todas las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos en Corea del Norte; que tampoco ha cooperado con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país y ha rechazado toda ayuda por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;

D.  Considerando que el diálogo UE-RPDC en material de derechos humanos fue suspendido por la RPDC en 2003;

E.  Considerando que la CdI ha llegado a la conclusión de que en la DPRC se han cometido y se están cometiendo «violaciones sistemáticas, generalizadas y flagrantes de los derechos humanos», y que en muchos casos estas violaciones constituyen crímenes contra la humanidad basados en políticas de Estado «sin parangón en el mundo contemporáneo»;

F.  Considerando que estos crímenes contra la humanidad incluyen el exterminio, el asesinato, la esclavitud, la tortura, el encarcelamiento, la violación, el aborto forzado y otros actos de violencia sexual, la persecución por motivos políticos, religiosos, raciales o de género, el traslado forzoso de poblaciones, la desaparición forzosa de personas y el acto inhumano de causar la muerte por inanición prolongada; considerando que estos crímenes se producen en la RPDC a causa de las políticas, las instituciones y los mecanismos de impunidad existentes;

G.  Considerando que el informe de la CdI concluye que «las atrocidades indescriptibles» cometidas contra los cientos de miles de prisioneros de los campos de internamiento, tanto en el pasado como en la actualidad, «recuerdan los horrores de los campos creados por los Estados totalitarios durante el siglo veinte»;

H.  Considerando que el informe demuestra que en la RPDC el Estado se arroga el control absoluto de todos los aspectos de las vidas de los ciudadanos, el monopolio total de la información y el control de los movimientos dentro y fuera del país y de la vida social (sistema de clases Songbun);

I.  Considerando que el Gobierno de la RPDC ha ido extendiendo sus actos represivos más allá de las fronteras de su territorio, con secuestros sistemáticos y denegación de repatriación de más de 200 000 personas procedentes de otros países, muchas de las cuales han sufrido la subsiguiente desaparición forzosa;

J.  Considerando que la discriminación y la violencia contra las mujeres está generalizada e incluye palizas en público y agresiones sexuales por parte de los funcionarios públicos; que las niñas y las mujeres son vulnerables a la trata de seres humanos y al trabajo sexual forzado;

1.  Toma nota, con extrema preocupación, de las conclusiones de la CdI y apoya sus recomendaciones;

2.  Reitera su firme condena a una represión que llevan décadas aplicando de manera sistemática por líderes supremos pasados y presentes de la RPDC y los gobiernos del país, y pide a la RPDC que ponga fin de inmediato a las violaciones graves, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos perpetradas contra su propio pueblo;

3.  Subraya que las violaciones descritas, muchas de las cuales constituyen crímenes contra la humanidad, llevan sucediendo demasiado tiempo bajo la atenta mirada de la comunidad internacional, y apela a los Estados miembros de la UE y a todos los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas a que sitúen el sufrimiento de la población norcoreana en lugar prioritario en la agenda política y garanticen el seguimiento de las recomendaciones de la CdI;

4.  Manifiesta su convicción de que ha llegado la hora de que la comunidad internacional emprenda acciones concretas para poner fin a la impunidad de los criminales; exige que los máximos responsables de los crímenes contra la humanidad cometidos en la RPDC sean considerados responsables y llevados ante el Tribunal Penal Internacional y sean objeto de sanciones individuales;

5.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que garantice que la aplicación de las recomendaciones de la CdI se inscriba con carácter permanente en la agenda de diálogos sobre derechos humanos y de otras reuniones con países terceros, en particular de los diálogos con Rusia y China; pide asimismo al SEAE y al Representante Especial de la UE para los derechos humanos que se aseguren de que todos los embajadores del SEAE tengan conocimiento del contenido del informe de la CdI y entiendan que se les encomienda garantizar el apoyo a nivel mundial de las acciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recomendadas por la CdI;

6.  Pide al Gobierno de la RPDC que cumpla sus obligaciones derivadas de los instrumentos de derechos humanos de los que es parte y que coopere plenamente con las organizaciones humanitarias, los observadores independientes de los derechos humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la RPDC, entre otras vías facilitándoles el acceso al país;

7.  Pide al SEAE y a los Estados miembros de la UE que apoyen al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la creación de estructuras especiales para garantizar la exigencia de responsabilidades por los crímenes cometidos, mediante la recopilación continuada de documentos y pruebas;

8.  Pide a la RPDC que ponga fin, de manera inmediata y con carácter permanente, a las ejecuciones secretas y que proceda a la abolición de la pena de muerte; pide asimismo a la RPDC que acabe con las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas y las penas colectivas, y que cierre todos los campos de internamiento, libere a los presos políticos y permita a los ciudadanos viajar libremente tanto dentro como fuera del país; pide a la RPDC que permita la libertad de expresión y la libertad de prensa a los medios de comunicación nacionales e internacionales, así como el acceso no censurado a Internet a sus ciudadanos;

9.  Insta al Gobierno de la RPDC a que entregue toda la información sobre los nacionales de países terceros que se sospeche que han sido secuestrados por agentes norcoreanos a lo largo de los últimos decenios, y que devuelva inmediatamente a sus países de origen a estas personas que aún siguen cautivas;

10.  Manifiesta su especial preocupación por la persistente gravedad de la situación alimentaria en el país y sus repercusiones para los derechos económicos, sociales y culturales de la población; pide a la Comisión que mantenga los programas de ayuda humanitaria en curso y los canales de comunicación abiertos con la RPDC, y que garantice que la ayuda llegue de forma segura a la población a la que va dirigida; pide a las autoridades de la RPDC que garanticen el acceso a los alimentos y a la ayuda humanitaria a todos los ciudadanos en función de sus necesidades, de conformidad con los principios humanitarios; pide asimismo a la RPDC que invierta sus recursos en mejorar las terribles condiciones de vida de su población y no en seguir reforzando su arsenal militar y su programa nuclear;

11.  Pide a todos los miembros de las Naciones Unidas, y particularmente a la República Popular China, que acudan en ayuda de los ciudadanos norcoreanos que logran huir de su país y les concedan el derecho de residencia, junto con protección jurídica y servicios básicos equivalentes a los que disfrutan sus propios ciudadanos, y que se abstengan absolutamente de cooperar en forma alguna con las autoridades de la RPDC en materia de extradición o repatriación de ciudadanos norcoreanos;

12.  Acoge con satisfacción todos los proyectos humanitarios entre las dos Coreas, tales como reuniones de familias separadas entre el norte y sur, que puedan aliviar de manera concreta el sufrimiento de la población, y pide a ambos gobiernos que emprendan mas iniciativas de este tipo;

13.  Pide a las Naciones Unidas que, tal como propone la CdI, convoquen una conferencia política de alto nivel entre las partes en conflicto de la guerra de Corea, con el fin de que se concluya un acuerdo de paz definitivo y se acuerde un procedimiento para reforzar la cooperación, en la línea del proceso de Helsinki por ejemplo;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de la RPDC, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los derechos humanos, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a los miembros de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la RPDC, incluido el Relator Especial, al Gobierno y al Parlamento de la República de Corea, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Gobierno y al Parlamento de Japón y al Gobierno de la República Popular China.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0096.
(2) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 94.
(3) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 132.

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