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Procedimiento : 2015/2561(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B8-0144/2015

Debates :

PV 12/02/2015 - 3.1
CRE 12/02/2015 - 3.1

Votaciones :

PV 12/02/2015 - 4.1
CRE 12/02/2015 - 4.1

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0036

Textos aprobados
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Jueves 12 de febrero de 2015 - Estrasburgo Edición definitiva
Burundi: el caso de Bob Rugurika
P8_TA(2015)0036RC-B8-0144/2015

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2015, sobre Burundi: el caso de Bob Rugurika (2015/2561(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Burundi, en especial la de 18 de septiembre de 2014 sobre Burundi, y en particular sobre el caso de Pierre Claver Mbonimpa(1),

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de abril de 2014, sobre la situación en Burundi,

–  Visto el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 22 de julio de 2014 sobre la Región de los Grandes Lagos,

–  Vistos los informes de la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi (BNUB),

–  Vistas las Directrices de la UE sobre defensores de los derechos humanos y sobre la libertad de expresión, así como las Conclusiones del Consejo de junio de 2014 en las que se incluía el compromiso de intensificar la labor en favor de los defensores de los derechos humanos,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Visto el dictamen de 25 de abril de 2013 de la Comisión Consultiva Nacional de Derechos Humanos,

–  Vista la declaración de 10 de septiembre 2014 de la Delegación de la UE en Burundi,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que las autoridades burundesas detuvieron y encarcelaron al defensor de los derechos humanos Bob Rugurika, director de Radio Publique Africaine (RPA), el 20 de enero de 2015, a raíz de que se negara a revelar sus fuentes tras la difusión en su emisora de radio de una serie de reportajes de investigación sobre el asesinato, en septiembre de 2014, de tres religiosas italianas de avanzada edad —Lucia Pulici, Olga Raschietti y Bernadetta Boggian— en Kamenge, ciudad al norte de Buyumbura;

B.  Considerando que los reportajes contenían denuncias de involucramiento de altos cargos de los servicios de inteligencia en los asesinatos, y que a dichos altos cargos se les ofreció la oportunidad de dar su versión antes de la emisión de los reportajes;

C.  Considerando que las autoridades burundesas no han aportado pruebas que justifiquen el encarcelamiento de Bob Rugurika por «quebrantamiento de la solidaridad pública, violación de la confidencialidad de las investigaciones, ocultamiento de delincuentes y complicidad en asesinato»; que su detención se enmarca en una pauta de ataques del Gobierno a la libertad de expresión, de los que son víctimas periodistas, activistas y miembros de partidos políticos; que estos ataques se han ido intensificado según se acercan las elecciones que se deben celebrarse en Burundi en mayo y junio de 2015;

D.  Considerando que el Derecho internacional de derechos humanos, incluidos la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados ambos por Burundi, disponen inequívocamente que la prisión preventiva debe basarse en cargos creíbles con fundamento jurídico; que las autoridades burundesas no han aportado pruebas de la necesidad de encarcelar a Bob Rugurika;

E.  Considerando que no es la primera vez que el Gobierno burundés trata de impedir que los medios de comunicación y los grupos de derechos humanos publiquen información sensible e informen sobre supuestos abusos cometidos por el Gobierno; que, a pesar de este acoso persistente, los periodistas no se han amedrentado y han realizado su labor de documentación e información de casos controvertidos, como el de Pierre Claver Mbonimpa, destacado defensor de los derechos humanos que fue detenido en mayo de 2014 por los comentarios vertidos en Radio Publique Africaine y posteriormente fue puesto en libertad sin que se retirasen los cargos que pesaban contra él;

F.  Considerando que, en junio de 2013, Burundi adoptó una ley de prensa restrictiva que limita las libertades de los medios de comunicación, acota los temas sobre los que pueden informar los periodistas y abre la puerta a la persecución penal cuando se informe sobre cuestiones como la seguridad y el orden públicos; que el sindicato de periodistas de Burundi ha llevado la cuestión ante el Tribunal de Justicia de África Oriental;

G.  Considerando que la adopción de una serie de leyes restrictivas antes de las elecciones de 2015, incluida la ley de prensa de abril de 2013, se ha sumado al acoso y las amenazas de que son víctimas desde 2010 los periodistas y otras voces críticas que denuncian los asesinatos de líderes políticos, la corrupción y la deficiente gestión del país;

H.  Considerando que Burundi se encuentra en la posición 142 entre los 180 países incluidos en el índice de libertad de prensa 2014 de Reporteros Sin Fronteras;

I.  Considerando que la Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos en África, Reine Alapini-Gansou, ha condenado esta detención, ha exigido la puesta en libertad inmediata de Bob Rugurika y ha recordado las responsabilidades que incumben a las autoridades burundesas en virtud de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África y las Declaraciones de Kigali y Grand-Bay;

J.  Considerando que el derecho a la libertad de expresión está garantizado por la Constitución burundesa y por los tratados internacionales y regionales ratificados por Burundi, y forma parte, además, de la estrategia nacional de buen gobierno y lucha contra la corrupción, además de ser una condición esencial para la celebración de elecciones libres y justas en 2015 y para la aceptación de los resultados por todos los participantes;

K.  Considerando que un proceso electoral libre, justo, transparente y pacífico en 2015 permitirá al país, que aún convalece de su conflicto interno, salir del atolladero político creado por el proceso electoral de 2010;

L.  Considerando que, a raíz de la Resolución del Parlamento de 18 de septiembre de 2014, y en particular la referencia que en ella se hacía al artículo 96 el Acuerdo de Cotonú, los representantes de la UE han insistido en la necesidad de una participación de carácter integrador en el proceso electoral por parte de todas las fuerzas políticas del país, de conformidad con la Hoja de Ruta y el Código de Conducta;

M.  Considerando que el Gobierno burundés ha confirmado su compromiso de actuar de modo que se garantice el respeto de ambos documentos en las negociaciones con todas las fuerzas políticas del país, y que ha reiterado su petición a la UE y a los Estados miembros para que presten ayuda material y económica al actual proceso electoral y envíen misiones de observación a Burundi antes, durante y después de las elecciones;

N.  Considerando que la UE ha asignado recientemente 432 millones de euros a Burundi, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo 2014-2020, con el objeto de mejorar la gobernanza y reforzar la sociedad civil, entre otros fines;

O.  Considerando que Burundi sigue haciendo frente a su peor crisis política desde que salió de una guerra civil de 12 años en 2005, y que, una vez más, esta situación no solo amenaza la estabilidad interior del país, sino también la de los países vecinos, en una región ya de por sí inestable del continente africano;

1.  Condena la detención injustificada de Bob Rugurika y pide su puesta en libertad inmediata e incondicional; pide asimismo a las autoridades que continúen sus investigaciones sobre la trágica muerte de las tres religiosas italianas y que lleven a los responsables ante los tribunales; pide igualmente la apertura de una investigación independiente de la muerte de las tres religiosas;

2.  Denuncia todas las violaciones de derechos humanos cometidas en Burundi y la adopción de leyes restrictivas antes de las elecciones presidenciales y legislativas del país en 2015, en particular las que perjudican a la oposición, a los medios de comunicación y a la sociedad civil mediante la restricción de las libertades de expresión y asociación y la libertad de reunión;

3.  Pide a las autoridades burundesas que garanticen un equilibrio adecuado y justo entre la libertad de prensa, incluida la libertad de los periodistas de investigar delitos e informar sobre ellos, y la necesidad de proteger la integridad de las investigaciones penales;

4.  Pide al Gobierno burundés que permita un verdadero debate político abierto en el período previo a las elecciones de 2015 y que respete la Hoja de Ruta y el Código de Conducta negociados bajo los auspicios de las Naciones Unidas y firmados por todos los dirigentes políticos del país; recuerda que la Constitución burundesa dispone: «El Presidente de la República será elegido para un mandado de cinco años renovable una sola vez. Nadie podrá cumplir más de dos mandatos como Presidente»;

5.  Pide al Gobierno burundés que respete el calendario electoral y que incluya a los partidos opositores en el seguimiento de las elecciones, incluida la fase de inscripción parcial de nuevos votantes, como acordaron la Comisión Electoral Nacional Independiente y los partidos políticos en la reunión sobre evaluación de inscripción de votantes de los días 29 y 30 de enero de 2015;

6.  Muestra su gran preocupación por la injerencia del Gobierno en la gestión interna de los partidos opositores, la falta de libertad de esos partidos a la hora de hacer campaña y la tendencia cada vez mayor del poder judicial a excluir del proceso electoral a dirigentes de la oposición;

7.  Insta al Gobierno de Burundi a que adopte medidas dirigidas a controlar la sección juvenil del partido CNDD-FDD y a que le impida intimidar y atacar a los que considera opositores, asegurándose de que los responsables de abusos sean llevados ante la justicia; pide que se proceda a una investigación internacional independiente de las denuncias de que el CNDD-FDD facilita armas y formación a su sección juvenil; insta a los dirigentes de los partidos de la oposición a que impidan los actos de violencia contra sus oponentes;

8.  Subraya la importancia que reviste el respeto del Código de Conducta en materia electoral («Code de bonne conduite en matière électorale») y de la Hoja de Ruta electoral auspiciada por las Naciones Unidas y suscrita por los actores políticos en 2013, al tiempo que brinda todo su apoyo a las actividades de las Naciones Unidas y la comunidad internacional dirigidas a impedir un nuevo aumento de la violencia política en la fase previa a las elecciones de 2015 y a contribuir al restablecimiento de la paz y la seguridad a largo plazo;

9.  Alienta a todos cuantos intervienen en el proceso electoral, incluidos los organismos competentes para organizar las elecciones y los servicios de seguridad, a respetar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Arusha, y recuerda que este Acuerdo puso fin a la guerra civil y es la base en que se asienta la Constitución burundesa;

10.  Destaca el liderazgo que debe asumir la UE en el seguimiento de la situación preelectoral para impedir los incumplimientos de compromisos que puedan afectar gravemente no solo al proceso de democratización, sino también a la paz y a la seguridad en Burundi y en toda la Región de los Grandes Lagos;

11.  Reitera que Burundi está obligado por la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Cotonú, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y que, por consiguiente, tiene la obligación de respetar los derechos humanos universales, incluida la libertad de expresión; pide al Gobierno de Burundi que permita que se desarrolle un debate político auténtico y abierto antes de las elecciones de 2015, sin temor a la intimidación, absteniéndose de interferir en la gestión interna de los partidos de la oposición, no imponiendo restricciones a la campaña electoral que afecten a todos los partidos, especialmente en las zonas rurales, y absteniéndose de hacer un uso indebido del poder judicial para excluir a sus rivales políticos;

12.  Pide a la Comisión, a la Vicepresidenta / Alta Representante y a los Estados miembros que sigan trabajando para lograr una política de la Unión sobre Burundi formulada con claridad y basada en principios, que aborde las graves violaciones de los derechos humanos en consonancia con el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos; pide a la Comisión que considere el inicio de consultas con Burundi en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, con miras a su posible suspensión del Acuerdo, y que adopte todas las medidas oportunas mientras se llevan a cabo dichas consultas;

13.  Pide a la Vicepresidenta / Alta Representante que haga uso del diálogo político intensificado contemplado en el artículo 8 del Acuerdo de asociación de Cotonú con el Gobierno burundés para tratar específicamente la restricción del espacio político en Burundi y establecer puntos de referencia claros y concretos que midan la evolución de la situación y una estrategia para abordarlos;

14.  Pide al Gobierno burundés, a los dirigentes de los partidos opositores y a los activistas de la sociedad civil que hagan lo que esté en su mano para apoyar a la Comisión de Paz y Reconciliación de modo democrático y transparente con el fin de abordar los crímenes del pasado y avanzar para preparar el futuro;

15.  Pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que liberen los fondos necesarios para mejorar la situación humanitaria de esta parte del mundo y que colaboren con los organismos de las Naciones Unidas, en especial en lo que atañe a la situación de malnutrición crónica;

16.  Pide a la Comisión que asigne sus fondos para el período 2014-2020 con carácter prioritario a las ONG y las organizaciones internacionales que trabajan directamente con la población, y que presione al Gobierno de Burundi para que aplique las reformas necesarias para consolidar el Estado.

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al Gobierno de Burundi y a los gobiernos de los países de la Región de los Grandes Lagos, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0023.

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