El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2013 (COM(2014)0510 – C8-0149/2014)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(5),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo(6), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0111/2015),

1.  Aprueba la gestión del Secretario del Tribunal de Justicia en la ejecución del presupuesto del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2013;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 66 de 8.3.2013. (2) DO C 403 de 13.11.2014, p. 1. (3) DO C 398 de 12.11.2014, p. 1. (4) DO C 403 de 13.11.2014, p. 128. (5) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección IV – Tribunal de Justicia,

–  Vista la Decisión de la Defensora del Pueblo Europeo por la que se archiva su investigación por iniciativa propia OI/1/2014/PMC, de 26 de febrero de 2015, sobre denuncia anónima de irregularidades («whistleblowing»),

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0111/2015),

1.  Toma nota con satisfacción de que en su Informe Anual de 2013 el Tribunal de Cuentas observe que no se han percibido deficiencias importantes en los asuntos de recursos humanos y licitaciones examinados en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («el Tribunal de Justicia»);

2.  Se congratula de que, al hilo de su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas haya llegado a la conclusión de que el conjunto de los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 correspondiente a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están exentos de errores materiales;

3.  Toma nota de que en 2013 el importe de los créditos del Tribunal de Justicia ascendió a 354 880 000 EUR (348 300 000 EUR en 2012), con un porcentaje de ejecución del 96,3 %; lamenta el descenso en el porcentaje de utilización en 2013 en comparación con el 98,6 % de 2012;

4.  Toma nota de que el menor porcentaje de ejecución puede atribuirse al hecho de que los créditos iniciales para 2013 incluían un ajuste propuesto de salarios y pensiones por un importe total de cerca de 6 000 000 EUR, si bien finalmente el Consejo no concedió ajuste alguno. Señala que las razones que motivaron la inesperada sentencia sobre el ajuste salarial ya no serán aplicables a raíz del acuerdo sobre el nuevo Estatuto de los funcionarios en 2014;

5.  Destaca, no obstante, que el presupuesto del Tribunal de Justicia es puramente administrativo, utilizándose en su mayor parte en los gastos relativos a las personas que trabajan en la Institución; toma nota de la justificación de la disminución del porcentaje de utilización que figura en el informe anual de actividades del Tribunal de Justicia relativo al ejercicio 2013;

6.  Observa que el Tribunal de Justicia terminó 701 asuntos en 2013 (595 en 2012) y que se le presentaron 699 nuevos asuntos (632 en 2012), entre ellos 450 recursos y peticiones de decisión prejudicial; respalda los resultados estadísticos favorables y estima que, pese al buen resultado, sigue existiendo margen de mejora;

7.  Toma nota de que en 2013 el Tribunal General recibió 790 asuntos nuevos, trató 702 asuntos y tenía otros 1 325 pendientes, lo que supone un aumento general del número de procedimientos en comparación con 2012; señala también que ha disminuido ligeramente la duración de los procedimientos; hace hincapié en que la creación de la Sala Novena no contribuyó aún en 2013 a aumentar la eficiencia del Tribunal General, sin perjuicio de lo cual reafirma su posición de que el Tribunal General ha de reforzarse en el área de recursos humanos;

8.  Constata que, en 2013, el Tribunal de la Función Pública concluyó 184 asuntos frente a los 121 de 2012 (lo que representa un aumento del 52 %), reduciendo así el número de asuntos pendientes en 24 (es decir, en un 11 %); opina que la supresión del Tribunal de la Función Pública no es una solución adecuada para afrontar el persistente bloqueo del Consejo;

9.  Considera que todavía hay margen de mejora con los recursos actuales de que dispone el Tribunal de Justicia; subraya que las reformas internas llevadas a cabo en 2013, a saber, la creación de una nueva Sala del Tribunal General y de un nuevo puesto de Abogado General, junto con la reforma del Reglamento del Tribunal de Justicia, sobre todo en los ámbitos lingüístico e informático y otras normas complementarias, han aportado cambios positivos al sistema que han permitido una mejora en optimización de los recursos; ánima al Tribunal de Justicia a seguir trabajando en esta línea;

10.  Recomienda la creación de una nueva estructura de gestión de la institución que haga una mejor distinción entre los factores judiciales y los administrativos que sea más acorde con el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, a fin de que los jueces ya no puedan pronunciarse sobre recursos contra actos en los que sus órganos hayan participado directamente;

11.  Recuerda que, en su respuesta a la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2012, el Tribunal de Justicia indica que el incremento del número de vistas y de sentencias no conduciría a un aumento significativo de la productividad; señala que, por otra parte, el Tribunal solicitó que se aumentara el número de jueces; insta al Tribunal de Justicia a que solicite una revisión externa con el fin de disponer de instrumentos externos para detectar posibles soluciones a los problemas planteados por el Tribunal de Justicia;

12.  Subraya la especial importancia que tiene el respeto del multilingüismo en el Tribunal de Justicia, ya que no solo debe garantizar la igualdad de acceso a la jurisprudencia del Tribunal, sino también garantizar la igualdad de oportunidades de las partes en litigio ante el Tribunal;

13.  Lamenta que la información recibida durante el procedimiento de aprobación de la gestión fuera insuficiente por lo que se refiere a la lista de actividades externas realizadas por los jueces; solicita al Tribunal de Justicia que publique en su página web un registro que incluya información detallada sobre las actividades externas de cada juez que repercutan en el presupuesto de la Unión;

14.  Pide al Tribunal de Justicia que, en el caso de los dos funcionarios traductores jubilados que obtuvieron contratos de traducción, presente un informe que permita verificar que la situación se adecua a las exigencias del Estatuto de los funcionarios de la Unión tanto desde el punto de vista del conflicto de intereses como de las retribuciones;

15.  Pide al Tribunal de Justicia que estudie la posible consolidación de las Secretarías del Tribunal de Justicia en una sola Secretaría, para garantizar una mejor coordinación de los actos de procedimiento entre los Tribunales;

16.  Toma nota de las mejoras realizadas en la aplicación e-Curia; reconoce que la aplicación no ha alcanzado su máximo potencial; recomienda al Tribunal de Justicia que elabore un plan para fomentar su uso por parte de todos los Estados miembros;

17.  Constata el lanzamiento en 2013 del proyecto de recopilación de jurisprudencia digital para sustituir a las recopilaciones en papel; cree que este proyecto debería haberse puesto en marcha antes;

18.  Considera que el Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta los datos facilitados en el informe anual de actividades, puede reducir aún más el número de copias en papel sin menoscabo del cumplimiento de sus responsabilidades;

19.  Alienta al Tribunal de Justicia, dado que efectuó su primera retransmisión de vídeo en directo vía web en 2013, a que mejore su utilización de las tecnologías y amplíe su aplicación a diferentes áreas de trabajo;

20.  Reconoce la transcendencia de la calidad de la interpretación en el Tribunal de Justicia y la imposibilidad de controlar el número de audiencias; estima, no obstante, que es posible planificar el calendario de audiencias con mayor eficiencia; sugiere que el Tribunal de Justicia, en sus relaciones interinstitucionales, observe las mejores prácticas aplicadas por otras instituciones en este ámbito;

21.  Señala la política del Tribunal de Justicia de priorizar la utilización de los recursos internos, en particular en los servicios de traducción; comprende las dificultadas para cubrir algunas combinaciones lingüísticas con el bagaje jurídico necesario; le preocupa profundamente, no obstante, el gran volumen de los créditos no utilizados (2 200 000 EUR) asignados a la traducción externa; considera, por tanto, que la externalización, de ser necesaria, también debe permitir ahorros adicionales;

22.  Pide al Tribunal de Justicia que considere la puesta en marcha de un sistema de traducción «bajo petición» en casos concretos y que utilice con mayor frecuencia aplicaciones de ayuda a la traducción;

23.  Solicita al Tribunal que verifique caso por caso la necesidad de traducción cuando la importancia para los ciudadanos de la Unión sea limitada;

24.  Observa con preocupación las enormes disparidades existentes en los costes de traducción entre las distintas instituciones europeas; en consecuencia, pide que el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la Traducción identifique las causas de dichas disparidades y proponga soluciones para acabar con este desequilibrio y lograr la armonización de los costes de traducción en el máximo respeto de la calidad y la diversidad lingüística; observa, a este respecto, que el Grupo de Trabajo debe relanzar la colaboración entre las instituciones para poner en común las mejores prácticas y resultados y para averiguar en qué ámbitos se puede reforzar la cooperación o los acuerdos entre instituciones; señala que el Grupo de Trabajo tendrá también como objetivo la creación de una metodología unificada de presentación de los gastos de traducción para todas las instituciones con el fin de simplificar el análisis y la comparación de los costes; señala que el Grupo de Trabajo debe presentar estos resultados antes de finales de 2015; pide a todas las instituciones que participen activamente en los trabajos del Grupo de Trabajo Interinstitucional; recuerda, en este sentido, la importancia fundamental del respeto del multilingüismo en las instituciones europeas para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades a todos los ciudadanos de la Unión;

25.  Considera que, en época de crisis y de recortes presupuestarios generalizados, deben reducirse los costes de las jornadas externas del personal de las instituciones de la Unión, y que estos eventos deberían llevarse a cabo, en la medida de lo posible, en las propias sedes de las instituciones, ya que el valor añadido que se deriva de ellos no justifica unos gastos tan elevados;

26.  Confía en que el Tribunal de Justicia continúe buscando sinergias internas, en particular en los ámbitos de la traducción y la interpretación;

27.  Reitera su solicitud de contar con el calendario de las reuniones del Tribunal de Justicia en un anexo al informe anual de actividades del año correspondiente;

28.  Recomienda el establecimiento de algunos criterios objetivos que definan el retraso excesivo en el plazo de adopción de sentencias;

29.  Deplora que los Estados miembros que se han adherido a la Unión después de 2014 no estén representados en los puestos de alta dirección de la Institución; reitera la necesidad de un mayor equilibrio geográfico en todos los niveles de la administración;

30.  Manifiesta su preocupación por la falta de mujeres en los puestos de responsabilidad del Tribunal de Justicia (70 % - 30 %); solicita que ponga en marcha un plan de igualdad de oportunidades especialmente en lo que se refiere a los puestos de dirección, con el fin de solucionar cuanto antes este desequilibrio;

31.  Toma nota de que las normas aplicadas por el Tribunal de Justicia para regular el uso privado de vehículos oficiales son similares a las aplicadas por otras instituciones; estima que dichas normas deberían actualizarse de cara a reducir costes, especialmente en el caso de uso privado;

32.  Pide al Tribunal de Justicia que reduzca el número de vehículos oficiales a disposición de sus miembros y su personal y que informe al Parlamento Europeo sobre los ahorros realizados; es de la opinión que esto exigirá una revisión de la asignación de puestos de los conductores; señala que el coste de los servicios privados ampliados de los chóferes recae en el contribuyente europeo;

33.  Cree que el Tribunal de Justicia debe mejorar su compromiso con el medio ambiente ampliando las medidas existentes para reducir las emisiones e incluir criterios medioambientales en las licitaciones;

34.  Toma nota del compromiso del Tribunal de Justicia de seguir mejorando su sistema para la supervisión y el control oportunos de los procedimientos de selección de personal y de contratación pública; apoya al Tribunal de Justicia en sus continuos esfuerzos para mejorar la gestión de las asignaciones y aumentar sus niveles de rendimiento;

35.  Estima que el número de contratos celebrados según el procedimiento negociado es bastante alto; solicita que se le informe exhaustivamente de las razones en que se fundamentan esas decisiones;

36.  Pide al Tribunal de Justicia que incluya en su informe anual de actividades, de conformidad con las normas vigentes en materia de confidencialidad y protección de datos, los resultados y consecuencias de los casos cerrados de la OLAF en los que la institución o alguno de sus empleados han sido objeto de investigación;

37.  Toma nota de la política inmobiliaria del Tribunal de Justicia anexa al informe anual de actividades;

38.  Toma nota con satisfacción de que el Tribunal de Justicia haya preparado un informe anual de actividades detallado y exhaustivo y haya incluido información completa sobre su gestión de los recursos humanos, atendiendo así la solicitud del Parlamento.

39.  Expresa su preocupación por el retraso en la adopción de las normas internas relativas a los procedimientos de denuncia de irregularidades; pide al Tribunal de Justicia que aplique dichas medidas sin más dilación.