Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2015/2766(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B8-0707/2015

Debates :

PV 09/07/2015 - 17.4
CRE 09/07/2015 - 17.4

Votaciones :

PV 09/07/2015 - 18.4
CRE 09/07/2015 - 18.4

Textos aprobados :

P8_TA(2015)0280

Textos aprobados
PDF 167kWORD 68k
Jueves 9 de julio de 2015 - Estrasburgo
Situación de dos pastores cristianos en Sudán
P8_TA(2015)0280RC-B8-0707/2015

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de julio de 2015, sobre la situación de dos religiosos cristianos en Sudán (2015/2766(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudán,

–  Visto el informe de los expertos en derechos humanos, de 19 de mayo de 2014, elaborado en el marco de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú del año 2000,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la libertad de religión y de creencias de 2013,

–  Visto el Plan nacional de Sudán para los derechos humanos, aprobado en 2013, basado en los principios de universalidad e igualdad,

–  Vistas las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en particular la 62/149 de 18 de diciembre de 2007, la 63/168 de 18 de diciembre de 2008, la 65/206 de 21 de diciembre de 2010, la 67/176 de 20 de diciembre de 2012 y la 3/69 de 18 de diciembre de 2014, sobre la cuestión de una moratoria sobre la aplicación de la pena de muerte, en las que pide a los países donde sigue vigente la pena capital que establezcan una moratoria sobre las ejecuciones con vistas a su abolición,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el pastor de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán de Sur Michael Yat fue detenido por el Servicio Nacional de Inteligencia Sudanés (NISS) tras haber predicado en la Iglesia del Norte de Jartum, subdivisión de la Iglesia Evangélica Presbiteriana de Sudán, durante una visita a Sudán el 21 de diciembre de 2014; que la detención se produjo inmediatamente después de un sermón en el que al parecer condenó la polémica venta de terrenos y propiedades de la Iglesia así como el trato dispensado a los cristianos en Sudán;

B.  Considerando que el pastor Peter Yen Reith fue detenido el 11 de enero de 2015 tras entregar una carta a la Oficina Sudanesa de Asuntos Religiosos para preguntar por el pastor Michael Yat y conocer más detalles de su detención;

C.  Considerando que ambos hombres permanecieron incomunicados hasta el 1 de marzo de 2015 y que el 4 de mayo de 2015 ambos fueron acusados de múltiples delitos tipificados en el Código Penal sudanés de 1991, entre ellos: asociación para delinquir (artículo 21), atentar contra el sistema constitucional (artículo 51), declarar la guerra al Estado (artículo 50), espionaje (artículo 53), obtener documentos oficiales o publicarlos de manera ilegal (artículo 55), incitación al odio (artículo 64), alteración de la paz (artículo 69) y blasfemia (artículo 125);

D.  Considerando que los cargos formulados en virtud de los artículos 50 y 53 suponen la pena de muerte en caso de veredicto de culpabilidad;

E.  Considerando que el 1 de julio de 2015 las autoridades sudanesas se presentaron en el complejo de la Iglesia Evangélica de Bahri para proceder a su demolición; que el abogado de esta Iglesia, Mohamed Mustafa, que también lo es de los dos pastores detenidos, y el pastor de la misma protestaron al observar que el funcionario del Gobierno estaba demoliendo un sector equivocado del complejo; que ambos hombres fueron detenidos por obstrucción a la acción de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones; que el funcionario siguió demoliendo el sector equivocado del complejo;

F.  Considerando que las amenazas contra dirigentes religiosos, la intimidación a las comunidades cristianas y la destrucción de propiedades de la Iglesia se han sucedido en Sudán a cada vez mayor ritmo desde la secesión de Sudán del Sur en 2011;

G.  Considerando que el 25 de junio de 2015 doce jóvenes cristianas de las montañas de Nuba fueron detenidas al salir de una iglesia baptista bajo la acusación de portar una vestimenta indecorosa; que dos de las jóvenes fueron liberadas sin cargos al día siguiente, y que las otras diez fueron liberadas bajo fianza;

H.  Considerando que las jóvenes cristianas deberán comparecer ante un tribunal, acusadas en virtud del artículo 152 del Código Penal sudanés, que reza como sigue: «Todo el que cometa en lugar público un acto indecoroso o contrario a la moral pública o que porte una vestimenta obscena o contraria a la moral pública o que perturbe la sensibilidad pública será castigado con la pena de flagelación, que no podrá exceder de cuarenta azotes, o con multa, o con ambas»;

I.  Considerando que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, ratificada por la República de Sudán, incluye el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; considerando, sin embargo, que se siguen aplicando la pena de muerte, así como las amputaciones, las flagelaciones y otros castigos corporales por diversos delitos en dicho país;

J.  Considerando que la instauración de una moratoria universal sobre la pena de muerte con vistas a su total abolición debe seguir siendo uno de los principales objetivos de la comunidad internacional, tal como reiteró la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2014;

1.  Pide a las autoridades sudanesas que retiren todos los cargos que pesan contra los pastores Michael Yat y Peter Yen Reith, y pide su inmediata liberación incondicional; pide entretanto al Gobierno de Sudán que garantice que antes de su liberación los pastores no sean sometidos a torturas u otro tipo de maltrato y que se respete su integridad física y mental;

2.  Pide a la delegación de la UE en Sudán que supervise las actuaciones judiciales y preste asistencia a los pastores; pide a la UE que lidere la difusión y la condena de las violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario en Sudán;

3.  Recuerda a las autoridades sudanesas sus obligaciones a nivel nacional e internacional para proteger la libertad de religión y de convicciones; reafirma que la libertad de religión, de conciencia o de convicciones es un derecho humano universal que debe protegerse en todo lugar y respecto de cada persona; condena enérgicamente toda forma de violencia e intimidación que cercene el derecho a tener o no tener o abrazar la religión que uno elija, incluido el uso de las amenazas, la fuerza física o sanciones penales para forzar a los creyentes o no creyentes a abjurar de su religión o a convertirse;

4.  Condena la detención de las doce jóvenes cristianas; pide al Gobierno de Sudán que desista de la causa contra las diez jóvenes pendientes de absolución;

5.  Pide al Gobierno de Sudán que derogue la legislación que discrimine por razón de religión, y que proteja la identidad religiosa de las minorías, incluida la de todos los credos;

6.  Condena el acoso a los cristianos y la injerencia en los asuntos religiosos; insta al Gobierno de Sudán a que desista de este tipo de actuaciones; pide a Sudán que derogue las leyes sobre apostasía y que ponga fin al cierre de iglesias y otros centros religiosos;

7.  Pide al Gobierno de Sudán que reforme el ordenamiento jurídico del país con arreglo a las normas internacionales sobre derechos humanos, para proteger las libertades y los derechos humanos fundamentales y garantizar la protección de los derechos humanos de todas las personas, en particular en lo tocante a la discriminación contra las mujeres, las minorías religiosas y los colectivos desfavorecidos;

8.  Reitera su condena de la pena de muerte en todas las circunstancias y la necesidad de establecer una moratoria mundial con vistas a su abolición; pide al Gobierno de Sudán, en consecuencia, que proceda a abolir esta pena, así como la práctica de la flagelación, aún en vigor, y a conmutar las actuales sentencias de muerte;

9.  Manifiesta su gran preocupación por la creciente represión contra los miembros de la oposición, denuncia con firmeza la resolución del tribunal de Omdurman de 6 de julio de 2015 por la que se condena, con aplicación inmediata, a 20 latigazos a Mastur Ahmed Mohamed, vicepresidente del Partido del congreso y a dos más de sus dirigentes: Asem Omar e Ibrahim Mohamed; expresa su apoyo a los esfuerzos actualmente realizados, en especial por las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la troika (Noruega, Reino Unido y Estados Unidos), para lograr una solución negociada a la crisis de Sudán y apoyar los esfuerzos de la sociedad civil y de los partidos opositores para promover un proceso de paz integrador;

10.  Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de la República de Sudán, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

Aviso jurídico - Política de privacidad