Índice 
Textos aprobados
Jueves 12 de marzo de 2015 - EstrasburgoEdición definitiva
Recientes secuestros y atentados cometidos por el EI/Daesh en Oriente Próximo, en particular contra los asirios
 Sudán del Sur, incluidos los casos recientes de sustracción de menores
 Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras
 Asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y situación de la democracia en Rusia
 Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo
 Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto
 Relaciones entre la UE y la Liga de los Estados Árabes, y cooperación en la lucha antiterrorista
 Explotación sostenible de la lubina
 28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
 Situación de Venezuela

Recientes secuestros y atentados cometidos por el EI/Daesh en Oriente Próximo, en particular contra los asirios
PDF 149kWORD 64k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre los recientes ataques y secuestros perpetrados por el EI/Daesh en Oriente Próximo, especialmente de asirios (2015/2599(RSP))
P8_TA(2015)0071RC-B8-0240/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950,

–  Visto el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, de 1992,

–  Vista la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Irak, Siria, Libia y Egipto, en particular la de 10 de octubre de 2013 sobre los recientes casos de violencia y persecución contra cristianos, especialmente en Maaloula (Siria) y Peshawar (Pakistán), y el caso del pastor Said Abedini (Irán)(1), la de 18 de septiembre de 2014 sobre la situación en Irak y Siria y ofensiva del EI/Daesh, incluida la persecución de minorías(2), y la de 12 de febrero de 2015 sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del EI/Daesh(3),

–  Vistas las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), sobre la violencia y la persecución contra los cristianos y otras comunidades en Oriente Próximo, en especial la de 16 de febrero de 2015 sobre la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios en Libia,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y la VP/AR al Parlamento Europeo y al Consejo sobre elementos para una estrategia regional de la UE para Siria e Irak y para la amenaza del Daesh,

–  Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 25 de febrero de 2015, en la que condena el secuestro de más de 100 asirios por parte del EI/Daesh,

–  Visto el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria de las Naciones Unidas, titulado «El imperio del terror: vivir bajo el EI/Daesh en Siria», de 14 de noviembre de 2014,

–  Vistos los informes anuales y los informes intermedios del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el fomento de la democracia y el respeto de los derechos humanos y de las libertades cívicas son principios y objetivos fundamentales de la Unión Europea y constituyen una base común para sus relaciones con terceros países;

B.  Considerando que, de conformidad con la legislación internacional en materia de derechos humanos y, en particular, con el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; que este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza; que, según el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la libertad de religión o creencias protege todas las creencias, ya sean teístas, no teístas o ateas;

C.  Considerando que la Unión Europea ha expresado en repetidas ocasiones su compromiso con la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia y la libertad de religión, y ha destacado que los gobiernos tienen el deber de garantizar estas libertades en todo el mundo;

D.  Considerando que las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han denunciado graves violaciones generalizadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos y humanitario cometidas por el EI/Daesh y sus grupos asociados en Siria e Irak, en especial contra minorías étnicas y grupos religiosos, por ejemplo asesinatos selectivos, conversiones forzosas, secuestros, venta de mujeres, esclavitud de mujeres y niños, reclutamiento de niños para atentados suicidas, abusos sexuales y maltratos físicos y torturas; que existe una gran preocupación por la situación de las personas atrapadas en las zonas bajo control de las fuerzas del EI/Daesh pues casi ninguna ayuda humanitaria internacional consigue llegar a estas zonas;

E.  Considerando que el EI/Daesh se ha embarcado en una campaña para erradicar todo vestigio de las comunidades religiosas y de creencias que no sean las de su propia interpretación del Islam, matando o expulsando a sus adeptos y destruyendo sus lugares sagrados, sitios históricos y monumentos, entre ellos tesoros únicos e irremplazables reconocidos por la Unesco como Patrimonio Mundial, lo que esta organización ha descrito como «limpieza cultural»;

F.  Considerando que en las zonas bajo su control, el EI/Daesh está provocando un daño inaceptable e irreparable a civilizaciones milenarias; que, especialmente en Irak y en Siria pero también en otros puntos de Oriente Próximo, la situación que viven las comunidades cristianas es tal que pone en peligro su propia existencia y que, si desaparecieran, ello comportaría la pérdida de una parte importante del patrimonio religioso de los países afectados;

G.  Considerando que el EI/Daesh persigue a cristianos, yazidíes, turcomanos, chíies, chabaquíes, sabeos, kakaíes y suníes que no coinciden con su interpretación del Islam, además de otras minorías étnicas y religiosas, y que algunas de estas comunidades ya eran perseguidas por extremistas mucho antes del avance del EI/Daesh; que, en concreto, los cristianos han sido perseguidos específicamente por varios grupos extremistas o yihadistas durante muchos años, lo que ha obligado a más del 70 % de cristianos iraquíes y a más de 700 000 sirios cristianos a huir de sus países;

H.  Considerando que en Irak, los 250 000 caldeos/asirios/siríacos conforman un grupo étnico-religioso distinto y que se calcula que hasta 40 000 asirios vivían en Siria antes del estallido de la guerra civil en el país en 2011;

I.  Considerando que el 15 de febrero de 2015 el EI/Daesh publicó un vídeo en el que se mostraba la decapitación de 21 cristianos coptos egipcios en Libia; que los coptos, trabajadores migrantes de una región pobre de Egipto, habían sido secuestrados en Sirte, Libia;

J.  Considerando que el 23 de febrero de 2015 unos 220 asirios fueron secuestrados por el EI/Daesh cerca de Tell Tamer, en la orilla sur del río Jabur, al noreste de Siria; que, durante la misma campaña, los extremistas también destruyeron propiedades y lugares sagrados de los cristianos; que docenas de asirios fueron asesinados durante el ataque del EI/Daesh; que presuntamente el EI/Daesh publicó una declaración en febrero de 2015 en la que exigía a los pueblos asirios de la provincia de Hasaka, en Siria, que pagaran la yizia, un impuesto para no musulmanes que se remonta a la primera dominación islámica y que fue derogada en 1856 en todo el Imperio Otomano, y que se convirtieran al Islam o, de lo contrario, les matarían; que desde el 9 de marzo de 2015 se han denunciado importantes ataques del EI/Daesh en ciudades cristianas asirias en la zona del río Jabur;

K.  Considerando que desde el 1 de marzo de 2015 el EI/Daesh ha liberado a varias docenas de asirios, principalmente niños y personas mayores, a raíz de las negociaciones con líderes tribales, pero que la mayoría de asirios siguen cautivos y los terroristas han amenazado con matarlos si no se detienen los bombardeos de la coalición;

L.  Considerando que, como parte de una política deliberada de limpieza cultural y religiosa, el EI/Daesh ha destruido supuestamente más de 100 iglesias en Irak, y por lo menos 6 iglesias en Siria, así como numerosas mezquitas chiíes en Irak; que, en febrero de 2015, combatientes del EI/Daesh anunciaron deliberadamente la destrucción de estatuas y otros tesoros del museo de Mosul que se remontaban a los antiguos Imperios Asirio y Acadio; que, a continuación, el EI/Daesh arrasó con excavadoras la antigua ciudad asiria de Nimrud y, más recientemente, se cree que ha destruido Hatra, clasificado como Patrimonio Mundial por la Unesco; que se acusa al régimen sirio de haber bombardeado iglesias en barrios de la oposición, por ejemplo en Homs en 2012 y en Idlib en 2013;

M.  Considerando que el EI/Daesh sigue persiguiendo, mutilando y asesinando, a veces de manera cruel e inimaginable, a miembros de minorías étnicas y religiosas, periodistas, prisioneros de guerra, activistas y otras personas; que otras partes del conflicto, sobre todo el régimen de El Asad, siguen cometiendo, cada día y a gran escala, crímenes de guerra y otras violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos;

N.  Considerando que uno de los orígenes de la violencia del EI/Daesh es el salafismo, en especial la interpretación wahabí extremista del Islam;

1.  Manifiesta su conmoción y su tristeza por las brutales acciones cometidas por extremistas del EI/Daesh contra los asirios en Siria y los coptos en Libia, y las condena en los términos más enérgicos; expresa su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad cristiana asiria en Siria y la comunidad cristiana copta en Egipto, así como con todos los demás grupos e individuos afectados por la violencia del EI/Daesh;

2.  Condena firmemente el EI/Daesh y sus atroces violaciones de los derechos humanos que equivalen a crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y que podrían considerarse genocidio; se muestra extremamente preocupado por la persecución deliberada por parte de grupos terroristas contra cristianos, yazidíes, turcomanos, chíies, chabaquíes, sabeos, kakaíes y suníes que no coinciden con su interpretación del Islam, como parte de su intento de exterminar todas las minorías religiosas del territorio bajo su control; destaca que no debe haber impunidad para los autores de estos actos y que los responsables deben responder ante la CPI; recuerda, en este contexto, el secuestro no resuelto de los obispos Yohanna Ibrahim y Paul Yazigi por parte de rebeldes armados en la provincia siria de Alepo, el 22 de abril de 2013;

3.  Condena asimismo los intentos del EI/Daesh por exportar su ideología y violencia extremistas y totalitarias a otros países de la región y fuera de ella;

4.  Apoya los esfuerzos internacionales contra el EI/Daesh, incluidas las acciones militares de la coalición internacional, coordinada por los Estados Unidos, y anima a los Estados miembros de la UE que no lo hayan hecho todavía a que consideren cómo contribuir a estos esfuerzos, por ejemplo rastreando y bloqueando los fondos secretos del EI/Daesh ocultos en el extranjero;

5.  Pide a la coalición internacional que redoble sus esfuerzos para evitar los secuestros de minorías, como el secuestro de cientos de cristianos asirios en el norte de Siria; subraya la importancia de garantizar un refugio seguro para los caldeos/asirios/siríacos y otros grupos en peligro en las llanuras de Nineveh, en Irak, una zona en la que numerosas minorías étnicas y religiosas han tenido históricamente una fuerte presencia y han convivido pacíficamente;

6.  Insta a la UE y a sus Estados miembros a que adopten un enfoque activo y preventivo en cuanto a la amenaza que plantea la expansión del EI/Daesh en otros países y regiones más allá de Irak y Siria; manifiesta, en este sentido, su extrema preocupación ante la situación en Libia, entre otros motivos por su proximidad geográfica con la UE y con zonas de África en conflicto;

7.  Insta a la UE y a sus Estados miembros, así como a los socios de la OTAN, a que aborden la cuestión del papel ambivalente en el conflicto que desempeñan algunos países, en especial cuando han contribuido, o siguen haciéndolo, ya sea activa o pasivamente, al ascenso del EI/Daesh y de otros grupos extremistas; expresa su extrema preocupación, en este sentido, por la financiación de la difusión de la interpretación wahabí del Islam por parte de entidades públicas y privadas de países de la región del Golfo y pide a estos países que pongan fin a dicha financiación; insta asimismo a dichos países a que abandonen la financiación de organizaciones terroristas situadas dentro de su territorio; pide a Turquía que desempeñe un papel positivo en la lucha contra el EI/Daesh y que, sin dilación, permita a las minorías cristianas y otros grupos perseguidos que huyen de Siria cruzar la frontera hacia Turquía y obtener seguridad;

8.  Aboga por la cooperación con las fuerzas regionales y locales recién surgidas, tales como el Gobierno Regional del Kurdistán en Irak, los grupos kurdos en otras zonas, por ejemplo el papel de las YPG en la liberación de Kobane, y el Consejo Militar Siríaco, además de las entidades locales autónomas de la zona que han demostrado un mayor compromiso con los derechos humanos y la democracia que los gobernantes de sus países; elogia, en particular, el valor de las fuerzas kurdas peshmerga que tanto han hecho para proteger a las minorías en peligro;

9.  Manifiesta su preocupación por las informaciones acerca de las minorías cristianas que no tienen acceso a campos de refugiados en la región porque representan un peligro demasiado grande para esos campos; pide a la UE que se asegure de que su ayuda para el desarrollo se dirige a todos los grupos minoritarios desplazados a raíz del conflicto; anima a la UE a utilizar su experiencia y sus asentadas redes de iglesias locales y regionales, así como las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria de las iglesias, para proporcionar ayuda financiera y de otro tipo, con el fin de garantizar que todas las minorías puedan recibir la protección y el apoyo de la ayuda europea;

10.  Considera urgente que el Consejo y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) empiecen a trabajar con socios internacionales y regionales en una hipótesis de trabajo posterior al EI/Daesh, teniendo en cuenta la urgente necesidad de un diálogo cultural y religioso y de reconciliación;

11.  Denuncia la destrucción de emplazamientos culturales y tesoros por parte del EI/Daesh en Siria e Irak, lo que constituye un ataque contra el patrimonio cultural de todos los habitantes de estos países y de la humanidad en sentido amplio;

12.  Insta a la UE y a sus Estados miembros a que cooperen con los socios internacionales y locales con objeto de proteger todo el patrimonio cultural y religioso, asirio y de otras culturas, que sea posible en los territorios ocupados por el EI/Daesh; insta además al Consejo a que emprenda acciones contra el tráfico ilícito de antigüedades procedentes de estos territorios;

13.  Confirma y apoya el derecho inalienable de todas las minorías religiosas y étnicas que viven en Irak y Siria, a seguir viviendo en sus patrias históricas y tradicionales con dignidad y en condiciones de igualdad y seguridad, y a practicar libremente su religión; pide, en este contexto, a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que se pronuncien claramente contra la violencia y, en especial, a favor de los derechos de las minorías; opina que, para detener el sufrimiento y el éxodo masivo de cristianos y otras poblaciones indígenas de la región, es necesaria una declaración clara e inequívoca de los líderes políticos y religiosos regionales en favor de su permanencia y del disfrute de unos derechos plenos e iguales como ciudadanos de sus países;

14.  Rechaza sin reservas y considera ilegítimo el anuncio de la cúpula del EI/Daesh de que ha establecido un califato en las zonas que controla actualmente; hace hincapié en que la creación y la expansión del «califato islámico», así como las actividades de otros grupos extremistas de Oriente Próximo, constituyen una amenaza directa a la seguridad de la región y de los países europeos;

15.  Confirma su compromiso con la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias como un derecho humano fundamental garantizado por instrumentos jurídicos internacionales que la mayor parte de los países del mundo ha suscrito y cuyo valor universal ha sido reconocido;

16.  Apoya todas las iniciativas, también en la UE, destinadas a promover el diálogo y el respeto mutuo entre comunidades; pide a todas las autoridades religiosas que promuevan la tolerancia y adopten iniciativas contra el odio y la radicalización violenta y extremista;

17.  Emplaza a la UE a que siga explorando, dentro del marco de los derechos humanos, políticas antiterroristas, además de las ya en vigor, y que siga trabajando con los Estados miembros para mejorar las políticas que combaten la radicalización en el territorio de la UE, la difusión del discurso del odio y la incitación a la violencia en internet; insta, además, a los Estado miembros de la UE a que colaboren con el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de detener la expansión de la ideología extremista y yihadista en todo el mundo;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, a la Coalición Nacional Siria, al Gobierno y al Parlamento de Irak, al Gobierno Regional del Kurdistán en Irak, al Presidente de la República Árabe de Egipto, a la Cámara de Representantes de Tobruk (Libia), y al Gobierno libio, a la Liga de Estados Árabes, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1) Textos aprobados P7_TA(2013)0422.
(2) Textos aprobados P8_TA(2014)0027.
(3) Textos aprobados P8_TA(2015)0040.


Sudán del Sur, incluidos los casos recientes de sustracción de menores
PDF 150kWORD 67k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre Sudán del Sur, incluyendo los recientes secuestros de niños (2015/2603(RSP))
P8_TA(2015)0072RC-B8-0241/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Sudán del Sur, y en particular las de 16 de enero de 2014(1) y 13 de noviembre de 2014(2) sobre la situación en Sudán del Sur,

–  Visto el acuerdo de alto el fuego y de reparto del poder, de 2 de febrero de 2015, entre el presidente Salva Kiir y el antiguo vicepresidente Riek Machar, firmado en Adís Abeba bajo los auspicios de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD),

–  Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de 3 de febrero de 2015, sobre las conversaciones de paz en Sudán del Sur,

–  Visto el comunicado de la reunión de alto nivel de la Oficina de IGAD-Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), de 10 de febrero de 2015, sobre las crisis humanitarias en Sudán del Sur,

–  Vista la declaración del Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, de 25 de febrero de 2015,

–  Visto el comunicado conjunto de la República de Sudán del Sur y de las Naciones Unidas, de octubre de 2014, sobre la prevención de la violencia sexual relacionada con los conflictos,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n° 2155 (2014) y 2206 (2015) por las que se sientan las bases para la imposición de sanciones selectivas a quienes bloqueen el proceso de paz en Sudán del Sur,

–  Vista la declaración de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, de 6 de marzo de 2015, sobre la incapacidad de las partes en el conflicto de Sudán del Sur para alcanzar un acuerdo de paz,

–  Vista la renovación, en 2012, del plan de acción de Sudán del Sur para acabar con el reclutamiento y el uso de niños en las fuerzas armadas gubernamentales y con otras violaciones graves de los derechos de los niños,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Convención de la Unión Africana por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de refugiados en África,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño,

–  Vistos los Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Vistas las directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados, de 2010,

–  Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nº 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, adoptado en 1999, y que incluye el «reclutamiento forzoso y obligatorio de niños para su utilización en los conflictos armados» entre las peores formas de trabajo infantil,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Visto el Acuerdo General de Paz para Sudán de 2005,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que los días 15 y 16 de febrero de 2015, unos 89 niños ―y posiblemente varios cientos más― fueron secuestrados en la localidad de Wau Shilluk (Nilo Superior) por un grupo de milicianos presuntamente liderado por Johnson Otoni, comandante del Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA); que, según diversos testimonios, un grupo de soldados armados rodeó la localidad y procedió a registrar todas las casas, llevándose por la fuerza a la mayoría de los muchachos mayores de 12 años;

B.  Considerando que en diciembre de 2013, un litigio político en el seno del partido gobernante en Sudán del Sur ―el Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM)― derivó en una confrontación armada en Juba entre fuerzas leales al presidente Kiir y fuerzas leales al antiguo vicepresidente Riek Machar;

C.  Considerando que el conflicto armado interno que estalló en diciembre de 2013 ha ocasionado alrededor de 1 400 000 desplazados internos y el éxodo de otras 500 000 personas a países vecinos, y que como consecuencia del mismo unos 12 000 niños han sido reclutados para servir en las diferentes fuerzas y milicias armadas; que miles de niños habrían sido asesinados o violados, se habrían convertido en desplazados o quedado huérfanos;

D.  Considerando que unos 4 millones de personas se encuentran en riesgo elevado de inseguridad e insuficiencia alimentaria y que las Naciones Unidas han avisado reiteradamente del agravamiento de la crisis humanitaria y del hambre en caso de persistencia de los combates; que teniendo en cuenta el factor añadido de las deficientes infraestructuras y atención sanitaria, la situación no puede sino empeorar;

E.  Considerando que la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) está proporcionando refugio seguro a más de 100 000 desplazados internos que huyen de la violencia; que dicha Misión ha sido objeto de ataques;

F.  Considerando que, según estimaciones de las Naciones Unidas, más de la mitad de la población de los campos de refugiados son niños, lo que significa que se enfrentan a graves amenazas a su seguridad física, desarrollo y bienestar; que la tasa de mortalidad infantil en Sudán del Sur está entre las mayores del mundo y sus indicadores de educación entre los más bajos; que 400 000 niños se han visto obligados a abandonar la escuela como consecuencia del actual conflicto;

G.  Considerando que las partes en conflicto han atacado a civiles en función de su etnia y de su presunta adscripción política, cometido agresiones sexuales y perpetrado actos de destrucción generalizada y saqueos de propiedades;

H.  Considerando que las diversas partes en conflicto en Sudán del Sur iniciaron negociaciones el 7 de enero de 2014 en Adís Abeba bajo los auspicios de la IGAD; que pese a los anteriores acuerdos para poner fin a las hostilidades, el más reciente de los cuales fue un acuerdo de alto el fuego firmado el 2 de febrero de 2015 en Adís Abeba, y a los continuos esfuerzos de la IGAD por negociar una solución política al conflicto, los combates han continuado, caracterizados por un absoluto desprecio a los derechos humanos y al Derecho humanitario internacional y con impunidad para los abusos cometidos en el marco del conflicto;

I.  Considerando que el Gobierno y los rebeldes no han cumplido el plazo del 5 de marzo del 2015 fijado por la IGAD para alcanzar un acuerdo de reparto del poder y que las conversaciones de paz se prolongan sin fin; que el primer mediador de la IGAD ha anunciado que las Naciones Unidas y la Unión Africana podrían ahora jugar un papel directo en las negociaciones;

J.  Considerando que en marzo de 2014 la Unión Africana creó una comisión de investigación, pero que el informe final de ésta todavía no se ha publicado, pese a haber sido presentado a la Comisión de la Unión Africana en octubre de 2014;

K.  Considerando que la decisión de demorar la publicación ha sido acogida con decepción generalizada y es vista como un revés para la responsabilización y para el éxito en la lucha contra la impunidad, y que personalidades como el Subsecretario General de las Naciones Unidas, Ivan Simonovic, el antiguo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, y destacados miembros de organizaciones de la sociedad civil sursudanesa han expresado su decepción al respecto;

L.  Considerando que el 3 de marzo de 2015 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad un mecanismo para la imposición de sanciones a los responsables y a los cooperadores en la continuación del conflicto o en la obstaculización de la paz en Sudán del Sur; que estas sanciones también son aplicables a quienes agreden a civiles o atacan hospitales, lugares de culto religioso, escuelas o lugares donde los civiles buscan refugio y a quienes reclutan o utilizan niños para fuerzas o grupos armados;

M.  Considerando que Sudán del Sur todavía no es parte de ninguno de los tratados internacionales o regionales básicos en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, la Convención de la Unión Africana por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de refugiados en África, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, a pesar de haberse pronunciado el Parlamento del país en favor de su ratificación;

N.  Considerando que el Estatuto de la Corte Penal Internacional tipifica como crímenes de guerra el reclutamiento obligatorio, el alistamiento y la utilización en hostilidades de niños menores de 15 años por fuerzas armadas nacionales o grupos armados;

O.  Considerando que el Parlamento de Sudán del Sur está sometiendo a examen un proyecto de ley sobre organizaciones no gubernamentales que restringiría el derecho la libertad de asociación al hacer obligatorio el registro de estas organizaciones, prohibir las actividades de las que no estén registradas y criminalizar las actividades de voluntariado realizadas sin certificado de registro;

P.  Considerando que las escuelas siguen utilizándose para fines militares de otro tipo, como sitios de ocupación o como lugares de reclutamiento; que a fecha de febrero de 2015 treinta escuelas, según diversas informaciones, seguían utilizándose para fines militares;

Q.  Considerando que, si exceptuamos las ayudas de donantes y humanitaria, la economía sursudanesa depende casi por completo del sector petrolífero, representando las exportaciones de crudo más del 70 % del PIB y alrededor del 90 % de los ingresos del Estado; que los ingresos generados por el sector petrolífero han alimentado conflictos violentos;

R.  Considerando que la continua violencia en Sudán del Sur supone un coste humanitario inasumible, y que las Naciones Unidas estiman que en 2015 se necesitarán 1 810 millones de dólares estadounidenses en ayuda humanitaria; que las Naciones Unidas han clasificado la situación de Sudán del Sur en el nivel 3 de emergencia, el más elevado para las crisis humanitarias;

S.  Considerando que en 2014 la UE y sus Estados miembros proporcionaron ayuda humanitaria por valor de casi 300 millones de euros para responder a la crisis humanitaria y atender las necesidades más urgentes de los refugiados sursudaneses en la región;

1.  Expresa su profunda preocupación por el empeoramiento de la situación humanitaria y de seguridad en Sudán del Sur, lo que podría desestabilizar al conjunto de la región de África Oriental; insta a todas las partes a que pongan fin de inmediato a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos, formen un Gobierno de transición de unidad nacional y permitan el acceso sin restricciones a las organizaciones de asistencia humanitaria; pide a las partes que cesen en sus ataques a los edificios públicos y centros docentes y que dejen de utilizar las escuelas para fines militares y para el reclutamiento de niños soldado; recuerda, en este sentido, su apoyo a las Directrices para proteger las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado;

2.  Expresa su profunda decepción por el hecho de que, más de un año después del inicio de negociaciones bajo los auspicios de la IGAD, no se haya logrado ningún progreso significativo; pide a todas las partes en conflicto que lleguen a un acuerdo de reparto del poder, y expresa su pleno apoyo al proceso de negociación en curso, abogando por un alto el fuego inmediato total e incondicional y por el fin de todas las hostilidades y el cese inmediato del reclutamiento y la movilización de civiles; pide que se hagan esfuerzos para lograr una paz y una estabilidad duraderas; insta al Gobierno y a las facciones rebeldes a que entablen de buena fe conversaciones políticas sin condiciones y globales con vistas a concluir con éxito las negociaciones; insta a perseverar en los esfuerzos desplegados por la Unión Africana y la IGAD para promover el diálogo incluyente y la mediación;

3.  Pide la inmediata liberación y el retorno en seguridad de todos los niños reclutados por las fuerzas armadas desde el inicio del conflicto en diciembre de 2013; recuerda encarecidamente a todas las partes implicadas en el conflicto que el reclutamiento y la utilización de niños en las fuerzas y grupos armados constituye una violación grave del Derecho internacional;

4.  Pide al SPLA y las fuerzas de la oposición que comprueben de manera exhaustiva y transparente que no quedan niños en sus filas y que elaboren y apliquen de inmediato un plan de acción en coordinación con las Naciones Unidas para poner fin a las violaciones graves de los derechos de los niños;

5.  Recuerda el compromiso asumido en 2009, y renovado en 2012, por las autoridades sursudanesas de acabar con el reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos armados, de liberar a todos los niños vinculados a las fuerzas de seguridad gubernamentales, de proporcionar servicios para la reunificación y reintegración familiares y de investigar las violaciones graves contra los derechos de los niños; lamenta que este compromiso no se haya respetado plenamente; pide a las partes que apliquen en su totalidad las directrices marcadas en el plan de acción;

6.  Pide a la Comisión que preste asistencia en la movilización de recursos para ayudar a la reintegración a largo plazo de los niños reclutados por las fuerzas armadas y de los afectados por el conflicto, en coordinación con la Oficina del Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, UNICEF y otras agencias;

7.  Insiste en la necesidad de colmar la brecha entre la intervención por la crisis humanitaria y la cooperación al desarrollo a largo plazo; considera, en particular, que la programación del desarrollo a largo plazo para los niños afectados por conflictos armados debe centrarse, entre otros aspectos, en los sistemas de protección infantil y en los mecanismos de educación y empleo; insta a la Comisión y a los Estados miembros a incrementar la prestación de ayuda humanitaria y a facilitar a los agricultores y productores locales el acceso a los recursos;

8.  Insta al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana a que publique el informe de la Comisión de Investigación de la Unión Africana para Sudán del Sur (AUCISS) sobre las violaciones de los derechos humanos en este país y que actúe sin demora en función de las conclusiones del informe;

9.  Destaca que la publicación del informe constituye un paso decisivo hacia la paz y la reconciliación; reconoce que todos los sursudaneses tienen derecho a la verdad y a la justicia y que cientos de víctimas y de testigos de atrocidades han hecho ingentes esfuerzos personales por comprometerse con la AUCISS, a menudo asumiendo importantes riesgos personales al referir experiencias dolorosas para poder contribuir a un relato más completo del conflicto;

10.  Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que apoyen activamente la aplicación de las recomendaciones de la citada Comisión de Investigación, incluido en lo relativo a la posible creación de un tribunal mixto para juzgar las atrocidades, tal como sugirió el Secretario General de las Naciones Unidas;

11.  Celebra la adopción de la Resolución 2206 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impondría sanciones selectivas directamente contra los instigadores del conflicto; pide la inmediata aplicación de esta Resolución; destaca la necesidad de que se apruebe un exhaustivo embargo de armas a nivel regional e internacional para paralizar el suministro de armamento a personas y grupos que hayan perpetrado violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad y para proteger a los civiles que se encuentran en situación de grave riesgo;

12.  Pide al Gobierno de Sudán del Sur que lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva, imparcial e independiente de las violaciones de los derechos humanos con vistas a encausar y juzgar a los presuntos autores de delitos penados por el Derecho internacional y de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos el secuestro y reclutamiento de niños para conflictos armados y la violencia sexual contra mujeres y niños;

13.  Recuerda el Protocolo de la IGAD de 25 de agosto de 2014, que dispone expresamente que las personas identificadas por la AUCISS como responsables de delitos graves no podrán formar parte del Gobierno de Transición;

14.  Pide al Gobierno de Sudán del Sur que ultime con urgencia una reforma legislativa para criminalizar el reclutamiento y la utilización de niños soldado, se sirva de esta nueva legislación para perseguir a los criminales, concluya el proceso de aplicación de los acuerdos internacionales, incluido el Protocolo Facultativo de 2002 a la Convención sobre los Derechos del Niño, y se adhiera al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

15.  Pide al Gobierno de Sudán del Sur que rechace los proyectos legislativos que restrinjan el ámbito de actividad de las asociaciones y las organizaciones no gubernamentales, ya que lo contrario inhibiría el desarrollo de la sociedad civil y los esfuerzos de ayuda humanitaria;

16.  Pide al Gobierno de Sudán del Sur que cumpla con su responsabilidad de atender las necesidades de los pueblos y alentar a los donantes internacionales a que incrementen sus esfuerzos de ayuda; pide a la comunidad internacional, en vista de la dimensión y la urgencia de las necesidades, que convoque una nueva conferencia internacional de donantes para Sudán del Sur cuando se hayan cumplido todas las condiciones para la paz y establecido un mecanismo para el reparto adecuado de los ingresos;

17.  Insta a una gestión responsable de los recursos naturales de Sudán del Sur para garantizar que los ingresos derivados del petróleo no alimenten el conflicto; pide a las partes negociadoras que incluyan en las conversaciones de paz la cuestión de la transparencia y el control público en el sector petrolero, con objeto de que los ingresos generados por este recurso se utilicen en favor del desarrollo sostenible del país y mejoren las condiciones de vida de la población;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Sudán del Sur, al Comisario para los Derechos Humanos de Sudán del Sur, a la Asamblea Nacional Legislativa de Sudán del Sur, a las instituciones de la Unión Africana, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0042.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0053.


Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras
PDF 147kWORD 62k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre Tanzania, en particular la cuestión del acaparamiento de tierras (2015/2604(RSP))
P8_TA(2015)0073RC-B8-0242/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Iniciativa para aumentar la transparencia de las transacciones de tierras del G8, de 2013,

–  Vistos el Marco y Directrices sobre política del suelo en África de la Unión Africana, el Marco político para el pastoreo en África: garantizar, proteger y mejorar la vida, el modo de vida y los derechos de las comunidades de pastores (Policy Framework for Pastoralism in Africa: Securing, Protecting and Improving the Lives, Livelihoods and Rights of Pastoralist Communities) de la Unión Africana, aprobado por la Conferencia de Ministros Africanos de Agricultura en octubre de 2010 y por el Consejo Ejecutivo en su 18ª sesión ordinaria, en enero de 2011 en Adís Abeba (doc. EX.CL/631 XVIII), y la Declaración de la Unión Africana de 2009 sobre desafíos y cuestiones relativas al suelo en África,

–  Vistos la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, aprobada en Roma en 2010, los Principios para una inversión responsable en la agricultura que respete los derechos, los medios de vida y los recursos y las Directrices voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (VGGT, por sus siglas en inglés),

–  Vistos los Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala (LSLBI, por sus siglas en inglés) de la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo y la Comisión Económica para África,

–  Visto el informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, titulado «Las adquisiciones o arrendamientos de tierras en gran escala: conjunto de principios mínimos y medidas para tener en cuenta los derechos humanos», de 11 de junio de 2009,

–  Vista la Declaración del Milenio, de 8 de septiembre de 2000, por la que se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y, en particular, los objetivos 1, 3 y 7,

–  Visto el informe de 2014 de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

–  Visto el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada del 20 al 22 de junio de 2012 en Río de Janeiro (Brasil),

–  Vistos el estudio de 2008 «Derechos seguros al suelo para todos» del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) y la guía de ONU-Hábitat titulada «Cómo desarrollar una política del suelo a favor de los pobres: proceso, guía y lecciones»,

–  Vistos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1989,

–  Vista la Ley sobre suelo rural n° 5, de 1999, y la Ley de Gobierno local, de 1982, de la República Unida de Tanzania,

–  Vistos las Directrices de la Unión Europea sobre políticas de tierra de 2004, a modo de orientación para la elaboración y programación de políticas de tierra en los países en desarrollo,

–  Visto el anuncio de la Comisión, de 9 de abril de 2014, de la creación de un nuevo programa por valor de 33 000 000 euros, destinado a mejorar la gobernanza de la tierra y la seguridad alimentaria y nutricional para los pequeños agricultores y las comunidades vulnerables en el África Subsahariana,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos de 2011,

–  Vista la Resolución parlamentaria común ACP-UE sobre el impacto social y medioambiental del pastoreo en los países ACP, aprobada en noviembre de 2013 (ACP-UE/101.526/13/fin),

–  Visto el estudio de 2015 sobre «Addressing the Human Rights Impact of Land Grabbing» (Abordar el impacto en materia de derechos humanos del acaparamiento de tierras) encargado por la Subcomisión de Derechos Humanos,

–  Visto el Acuerdo revisado de Cotonú,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que los principales retos del siglo XXI —la seguridad alimentaria, la escasez de energía, la falta de agua, el crecimiento urbano y demográfico, el deterioro del medio ambiente, el cambio climático, las catástrofes naturales y la fragilidad de los Estados— guardan correlación con aspectos de la gobernanza territorial, lo que refuerza la necesidad de conceder prioridad a una reforma agraria global y garantizar los derechos territoriales;

B.  Considerando que las autoridades tanzanas anunciaron un plan para vender 1 500 kilómetros cuadrados de terreno maasai en el Serengeti occidental a una empresa privada dedicada a la caza y la organización de safaris con sede en los Emiratos Árabes Unidos; que este plan incluye el desalojo de 40 000 pastores maasai;

C.  Considerando que, debido a la presión internacional, el Presidente de Tanzania, Jakaya Kikwete, afirmó en noviembre de 2014 que se había retirado el plan y prometió no forzar jamás a la población maasai a abandonar sus tierras ancestrales; que, a pesar de la promesa, miles de maasai fueron desalojados ilegalmente de sus tierras; que los recientes informes indican que más de 200 viviendas han sido destruidas y el ganado confiscado por las autoridades tanzanas, dejando más de 3 000 personas sin hogar y sin techo;

D.  Considerando que los maasai tanzanos tienen una larga historia de lucha en disputas de creciente intensidad sobre la propiedad de la tierra con las autoridades tanzanas, desde 1992, cuando se concedieron a la empresa de propiedad extranjera Ortello Business Corporation (OBC) derechos de caza dentro de la Zona de Caza Controlada de Loliondo, que está habitada y es legalmente propiedad de los pastores maasai;

E.  Considerando que más de 2 millones de personas de todo el mundo han firmado en línea, en la plataforma Avaaz, una petición de la comunidad maasai del distrito de Ngorongoro;

F.  Considerando que los inversores privados y los Gobiernos muestran cada vez más interés por las adquisiciones o el arrendamiento a largo plazo de tierras a gran escala para la producción de alimentos o de energía o la extracción de minerales, sobre todo en países africanos en desarrollo, especialmente en Tanzania;

G.  Considerando que Tanzania experimentó un importante aumento del interés extranjero y nacional en la creación de plantaciones para la producción de biocarburantes a gran escala en el país entre 2005 y 2008, cuando se asignaron a los inversores alrededor de 640 000 hectáreas de tierra, privando así a los campesinos y los hogares rurales de sus tierras y medios de subsistencia y aumentando su inseguridad alimentaria;

H.  Considerando que unos 1 400 millones de hectáreas se rigen por normas consuetudinarias en todo el mundo; que los pueblos indígenas cuentan con formas específicas de protección para el acceso a la tierra con arreglo al Convenio nº 169 de la OIT y a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que el artículo 10 de esta última garantiza el derecho de no ser desplazado por la fuerza de las propias tierras o territorios y establece que solo se podrá proceder al traslado con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y previo acuerdo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, con la opción del regreso;

I.  Considerando que las adquisiciones de tierras a gran escala pueden definirse con arreglo a la Declaración de Tirana de 2011 como «acaparamiento de tierras» cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes: cuando exista una violación clara de los derechos humanos; cuando el desplazamiento de las comunidades locales afectadas se lleve a cabo sin su consentimiento libre, previo e informado; cuando no se basen en contratos transparentes; y cuando, tras una evaluación, se haya determinado la existencia de un impacto social, económico y ambiental negativo;

J.  Considerando que, según el Banco Africano de Desarrollo, el 75 % de la población de Tanzania son pequeños agricultores; que las comunidades dedicadas al pastoreo viven bien y en armonía con las especies protegidas y representan aproximadamente el 10 % de la población tanzana, incluida la maasai, pero siguen enfrentándose a la masiva pérdida de sus tierras derivada de la venta de tierras sin un conocimiento adecuado de las consecuencias jurídicas y prácticas, la asignación corrupta e ilegal de tierras a extranjeros y la clasificación de tierras como tierras fiduciarias, reservas o parques nacionales por las autoridades;

K.  Considerando que el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho a la propiedad, individual o colectivamente, y establece que nadie debe ser privado arbitrariamente de su propiedad;

L.  Considerando que las empresas internacionales, también empresas europeas, han desempeñado un papel significativo en las adquisiciones de tierras a gran escala en Tanzania, y que en la financiación de transacciones de tierras a gran escala en el país han participado instituciones financieras internacionales;

M.  Considerando que el Marco y Directrices sobre política del suelo en África requiere el respeto de los derechos humanos de las comunidades, incluido el respeto de los derechos territoriales consuetudinarios y de los recursos vinculados a la tierra;

N.  Considerando que en mayo de 2014 la UE puso en marcha un nuevo programa con el fin de reforzar la gobernanza de la tierra y contribuir a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional de los pequeños agricultores y las comunidades vulnerables en los países africanos;

1.  Condena firmemente el desplazamiento ilegal de comunidades rurales locales, la destrucción de sus pueblos y estilo de vida tradicional y la violación de sus derechos humanos básicos, incluido el derecho a una alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a una vivienda adecuada;

2.  Condena, en particular, las acciones que no reconocen la legitimidad de los acuerdos consuetudinarios de tenencia de la tierra que proporcionan derechos legales a particulares y comunidades e impiden desahucios y abusos de los derechos territoriales, especialmente generalizados entre las comunidades africanas;

3.  Pide al Gobierno tanzano que aplique inmediatamente las VGGT y vele por el control judicial efectivo de los derechos en ellas consagrados; que defienda el primer principio fundamental de los Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala, que incluye el respeto de los derechos humanos de las comunidades y los derechos territoriales consuetudinarios y contribuye a la gobernanza responsable de la tierra y de los recursos de ubicación terrestre de conformidad con el Estado de Derecho; y que mejore los derechos territoriales de las mujeres, que representan al menos la mitad de la mano de obra en la agricultura y el comercio, pero cuyo acceso a los derechos de propiedad y los servicios que acompañan a tales derechos (por ejemplo, el acceso a los bancos y la participación en asociaciones) sigue siendo limitado, así como los derechos territoriales de las comunidades y los grupos sociales vulnerables, como las comunidades dedicadas al pastoreo;

4.  Pide la puesta en marcha de una investigación independiente sobre los litigios por la propiedad de las tierras en Loliondo;

5.  Insta al Gobierno de Tanzania a que promueva políticas de inversión agrícola que beneficien a la población local en las regiones interesadas, que cumpla y aplique sus políticas relativas a las evaluaciones de impacto social y ambiental, incluidas las evaluaciones del impacto en la producción local de alimentos, antes del inicio de cualquier proyecto de inversión, y que respete debidamente las disposiciones en materia de consulta e indemnización en caso de expropiación de las tierras;

6.  Recuerda, en particular, que el Derecho internacional confiere a los pueblos indígenas diversas formas específicas de protección de sus derechos sobre la tierra; hace hincapié, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en que no debe realizarse ningún cambio en el uso de la tierra sin el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales interesadas; insiste en que los Estados deben prever mecanismos efectivos para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeer a los pueblos indígenas de sus tierras, territorios o recursos;

7.  Expresa su preocupación por la falta de información exacta y el secreto que ampara una serie de inversiones en Tanzania; pide a la Comisión que anime a las autoridades a garantizar que las transacciones de tierras se realizan de manera pública y transparente y se adaptan a los pastores o ganaderos nómadas;

8.  Pide a la Comisión, en particular, que trabaje activamente con las autoridades tanzanas a fin de alentarlas enérgicamente a reconocer de forma jurídicamente vinculante y codificada los derechos de los maasai, con especial referencia a sus tierras ancestrales, proporcionándoles así la protección jurídica necesaria para evitar futuros litigios;

9.  Insiste en que para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es esencial garantizar la tenencia de la tierra a las comunidades rurales; pide a la UE que refuerce el desarrollo de capacidad de los órganos jurisdiccionales de los países en desarrollo para ejecutar eficazmente la legislación en materia de propiedad y resolver los litigios por la propiedad de las tierras, como parte de un planteamiento universal orientado a la consolidación de los sistemas judiciales y del Estado de Derecho;

10.  Recuerda que los proyectos a gran escala ocasionan con frecuencia graves daños al entorno natural, incluidos el desmonte de bosques, la pérdida de biodiversidad y la contaminación del agua;

11.  Solicita a la Comisión que garantice la adaptación de sus directrices sobre política de tierra con las VGGT y que conceda mayor importancia a este aspecto en sus programas de cooperación al desarrollo, su política comercial y de inversión y su participación en organizaciones financieras multilaterales;

12.  Reitera que los derechos humanos y las normas que prohíben el acaparamiento de tierras deben integrarse en los acuerdos comerciales y de inversión de la UE, incluido el sistema de preferencias generalizadas;

13.  Hace hincapié en la importancia de la plena transparencia y responsabilidad de las operaciones de las instituciones financieras y las empresas de la UE en las adquisiciones de tierras y las inversiones agroindustriales a gran escala en Tanzania, y pide un mecanismo de la UE sólido y eficaz para el seguimiento de estas operaciones;

14.  Pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe sobre los gastos en el marco de los programas de desarrollo y el presupuesto de la UE relativos a la gobernanza de la tierra, con el fin de garantizar que estos programas promuevan los derechos humanos y aborden los desafíos vinculados al acaparamiento de tierras;

15.  Subraya que los procesos de la política de tierra deben reconocer de forma efectiva el papel de las entidades y estructuras de administración/gestión de la tierra locales y de las comunidades, además de las del Estado;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Unión Africana y al Gobierno y al Parlamento de Tanzania.


Asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y situación de la democracia en Rusia
PDF 145kWORD 63k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre el asesinato del líder opositor ruso Borís Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia (2015/2592(RSP))
P8_TA(2015)0074RC-B8-0239/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos sus informes y resoluciones anteriores sobre Rusia, y en particular sus Resoluciones de 23 de octubre de 2012, sobre el establecimiento de restricciones comunes en materia de visados a los funcionarios rusos involucrados en el caso Magnitski(1), de 13 de junio de 2013, sobre el Estado de Derecho en Rusia(2), de 13 de marzo de 2014, sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya(3), de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(4), y de 15 de enero de 2015, sobre Rusia, en particular sobre el caso de Alexéi Navalni(5),

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, de 28 de febrero de 2015, sobre el asesinato de Borís Nemtsov,

–  Vista la declaración de la VP/AR, de 4 de marzo de 2015, sobre la prolongada reclusión de Nadia Savchenko,

–  Vista la declaración de la portavoz de la VP/AR, de 3 de marzo de 2015, sobre el veto a la entrada de la diputada al Parlamento Europeo Sandra Kalniete en el territorio de la Federación de Rusia,

–  Vista la declaración del Defensor de los Derechos Humanos de la Federación de Rusia, Vladimir Lukin, de 4 de marzo de 2014, sobre las manifestaciones públicas en Moscú y las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad,

–  Vistas las consultas entre la UE y Rusia sobre derechos humanos de 28 de noviembre de 2013,

–  Vistos el Acuerdo de colaboración y cooperación en vigor por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, así como las negociaciones suspendidas sobre un nuevo Acuerdo entre la UE y Rusia,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Borís Nemtsov, antiguo Vice Primer Ministro de la Federación de Rusia y exgobernador de Nizhni Nóvgorod, destacado reformista de la sociedad y la economía rusas post-soviéticas y uno de los líderes de la oposición liberal y demócrata de Rusia, fue asesinado cerca del Kremlin dos días antes de una manifestación prevista para el 1 de marzo de 2015 contra los efectos de la crisis económica y el conflicto en Ucrania, de la que era organizador;

B.  Considerando que, en las semanas previas al asesinato, Borís Nemtsov estaba investigando la participación de Rusia en el conflicto del Donbas y tenía la intención de publicar un informe sobre la cuestión; que han sido detenidos cinco hombres en relación con el asesinato de Borís Nemtsov, pero que no está claro si alguno de ellos es el autor de los disparos mortales; que las autoridades rusas no han permitido a algunos diputados al Parlamento Europeo ni a algunas delegaciones nacionales entrar en la Federación de Rusia, lo que ha impedido que asistieran al funeral de Borís Nemtsov;

C.  Considerando que Borís Nemtsov era un defensor firme de una Federación de Rusia moderna, próspera y democrática y abierta al mundo;

D.  Considerando que la Federación de Rusia, como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se ha comprometido a regirse por los principios universales de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

E.  Considerando que la situación de los derechos humanos en Rusia ha venido degradándose en los últimos años y que las autoridades rusas han adoptado una serie de leyes que contienen disposiciones ambiguas que se están empleando para imponer nuevas restricciones a los miembros de la oposición y de la sociedad civil y dificultar el ejercicio de las libertades de expresión y de reunión; que el Ministerio de Justicia ha recurrido a sus nuevas competencias para calificar a 42 grupos de «agentes extranjeros», incluidas las organizaciones de defensa de los derechos humanos con más experiencia y autoridad en el país, y ha utilizado pretextos burocráticos para intentar desmantelar otros grupos; que, en enero de 2015, la Duma dio el primer paso hacia la aprobación de una nueva ley con miras a la prohibición de las actividades de organizaciones extranjeras «indeseables»;

F.  Considerando que el Parlamento Europeo ha expresado en numerosas ocasiones su preocupación por el estado de la democracia en Rusia y la sistemática falta de respeto al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales; que en Rusia no se respetan el Estado de Derecho, las normas procesales justas, las debidas garantías procesales y la independencia del poder judicial; que las últimas elecciones presidenciales y a la Duma del Estado no cumplieron las normas de la OSCE;

G.  Considerando que diversos juicios y procesos judiciales celebrados durante los últimos años, como los casos Navalni, Magnitski, Jodorkovski, Politkóvskaya y otros, han arrojado dudas sobre la independencia e imparcialidad de las instituciones judiciales de la Federación de Rusia; que estos casos destacados son solo los más conocidos fuera de Rusia de lo que equivale a un desprecio sistemático por parte del Estado ruso del Estado de Derecho y de la administración de justicia a sus ciudadanos;

H.  Considerando que cada vez es más necesario que la UE adopte respecto a Rusia una política unitaria, firme, coherente y global, sostenida por todos los Estados miembros, en la que el apoyo y la asistencia se vean respaldados por una crítica firme y justa, sobre la base de los valores universales que tanto la UE como Rusia se han comprometido a respetar;

I.  Considerando que mediante la Asociación para la Modernización, la UE ha ofrecido reiteradamente su asistencia y sus conocimientos a Rusia para que refuerce el Estado de Derecho, cumpla sus obligaciones internacionales y aproveche todo su potencial económico;

J.  Considerando que el 19 de febrero de 2015, Alexéi Navalni, líder de la oposición rusa, fue condenado a 15 días de reclusión por distribuir folletos que anunciaban la próxima celebración de una manifestación; que el 30 de diciembre de 2014 un tribunal le impuso una condena condicional de tres años y medio y condenó a su hermano, Oleg Navalni, a tres años y medio de reclusión;

K.  Considerando que, el 4 de marzo de 2015, un tribunal de Moscú desestimó otro recurso de Nadia Savchenko contra su detención ilegal por la Federación de Rusia en el que invocaba su inmunidad como miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE); que el 4 de marzo de 2015 la Sra. Savchenko llevaba 82 días en huelga de hambre y que, después de ese largo período de tiempo, corre el riesgo de sufrir daños permanentes para su salud o de morir;

L.  Considerando que han transcurrido seis meses desde el secuestro del policía estonio Eston Kohver por los servicios de seguridad rusos en territorio estonio, en violación del Derecho internacional; que sigue estando detenido ilegalmente en la prisión de Lefortovo de Moscú; que no recibe asistencia jurídica adecuada, ha sido privado del derecho a un juicio justo y ha sido obligado a someterse a un examen psiquiátrico injustificado cuyos detalles siguen sin conocerse;

M.  Considerando que la Dotación Europea para la Democracia aborda la cuestión de la pluralidad de los medios de comunicación rusos y que, junto con sus socios, ha sido invitada a desarrollar nuevas iniciativas relativas a los medios de comunicación;

N.  Considerando que los restos y las cajas negras del avión Tu-154 del Gobierno polaco, que se estrelló cerca de Smolensk en abril de 2010 causando la muerte del Presidente polaco y de destacados miembros de los círculos políticos, militares y culturales, se encuentran todavía en poder de Rusia; que las autoridades rusas se niegan a devolverlos a Polonia a pesar de los numerosos llamamientos en este sentido;

1.  Condena firmemente el asesinato de Borís Nemtsov, el crimen político más significativo de la historia rusa reciente, quien murió tiroteado cerca del Kremlin, en una zona con cámaras de vigilancia y presencia de la policía y los servicios de seguridad;

2.  Rinde homenaje a Borís Nemtsov, líder destacado de la oposición, fundador y dirigente del movimiento político Solidarnost y notorio crítico del Presidente Vladímir Putin y de la guerra en Ucrania, que dedicó su vida a luchar por una Rusia más democrática, más próspera y más abierta y a buscar relaciones de cooperación firmes entre Rusia y sus vecinos y socios; expresa sus sentidas condolencias a la familia y los allegados de Borís Nemtsov, a los miembros de la oposición y al pueblo ruso; condena la decisión de los dirigentes rusos de evitar que algunos diplomáticos y delegaciones nacionales de la UE asistieran al funeral, con lo que frustró el intento de la UE de rendir tributo a los valientes ciudadanos rusos que defienden los valores universales;

3.  Señala que su asesinato es uno más del creciente número de asesinatos políticos y muertes sospechosas en Rusia desde 1998 y que siguen sin resolver, como las de la periodista de investigación Anna Politkóvskaya, Alexander Litvinenko (presuntamente asesinado en el Reino Unido), el abogado Stanislav Markélov, la periodista Anastasia Baburova, la defensora de los derechos humanos Natalia Estemirova, el abogado Serguéi Magnitski y ahora el político Borís Nemtsov;

4.  Toma nota de la detención de cinco sospechosos de origen checheno anunciada por las autoridades rusas;

5.  Pide una investigación internacional independiente del asesinato; considera que los instrumentos disponibles dentro del marco de la OSCE, el Consejo de Europa y las Naciones Unidos deben ayudar a garantizar una investigación imparcial y justa;

6.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que, al configurar su futura política respecto a Rusia, tengan en cuenta el hecho de que la atmósfera política que han creado las autoridades rusas ha abonado el terreno para tales asesinatos, violencia y presiones; expresa su alarma ante el ambiente de odio contra activistas de la oposición, defensores de los derechos humanos, minorías y naciones vecinas, que ha venido acentuándose en Rusia durante estos últimos años, instigado por la propaganda del Estado y los medios oficiales como parte de una cultura política que se distancia de los principios democráticos;

7.  Pide a las autoridades de la Federación de Rusia que pongan fin a la vergonzosa propaganda y a la guerra informativa contra sus vecinos, el mundo occidental y su propio pueblo, que está convirtiendo a Rusia en un Estado caracterizado por la represión, el discurso de odio y el temor, donde la euforia nacionalista se asienta en la anexión de Crimea y la escalada de la guerra en Ucrania, donde se conculcan los derechos de los tártaros de Crimea y donde el Kremlin, infringiendo el Derecho internacional, cultiva y provoca el odio y los enfrentamientos; condena la nueva guerra de propaganda contra los valores democráticos y fundamentales, que se presentan como ajenos a la sociedad rusa; recuerda que tanto la Unión Europea como la Federación de Rusia se han comprometido mediante numerosos tratados y declaraciones internacionales a proteger los valores democráticos universales y los derechos fundamentales; destaca la importancia de la existencia de fuerzas de oposición política para garantizar un debate y un intercambio de puntos de vista e ideas permanentes sobre política y procedimientos legislativos en Rusia;

8.  Pide a las autoridades rusas que pongan fin a todo tipo de presiones, actos represivos e intimidaciones, de naturaleza tanto política como judicial, contra los líderes de la oposición, los representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, permitiéndoles que actúen libremente en consonancia con los principios básicos de la Constitución rusa;

9.  Expresa su preocupación por la incapacidad de Rusia para cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales como miembro de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la OSCE, y para respetar los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho; considera que la Federación de Rusia debe cumplir las obligaciones que ha suscrito; lamenta que los recientes acontecimientos demuestren que Rusia avanza en dirección contraria a una democracia operativa, que incluye el respeto por la oposición, el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial;

10.  Lamenta profundamente que las autoridades rusas no hayan atendido a las críticas expresadas tanto desde el interior de la Federación de Rusia como en el plano internacional contra la Ley sobre agentes extranjeros y que, por el contrario, hayan introducido enmiendas que restringen aún más las posibilidades de las organizaciones no comerciales para desarrollar su labor y que son discriminatorias por naturaleza; insta encarecidamente a Rusia a que modifique la legislación pertinente con miras a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y libertades democráticas;

11.  Celebra la decisión del Tribunal Supremo, de 28 de enero de 2015, de rechazar la reclamación presentada por el Ministerio de Justicia, que solicitaba el cierre de la ONG rusa Memorial Society alegando infracciones en su estructura organizativa, y pide que se retire a las otras ONG de la lista de «agentes extranjeros»;

12.  Pide a las autoridades rusas que liberen de inmediato a todos los presos políticos reconocidos;

13.  Pide a las autoridades rusas que liberen con carácter de urgencia a Nadia Savchenko y que respeten su inmunidad como miembro de la Rada Suprema de Ucrania y de la APCE, y recuerda que fue secuestrada en el territorio de Ucrania y sigue detenida ilegalmente en una prisión rusa; destaca que Rusia es responsable de su fragilísimo estado de salud; manifiesta su profunda preocupación por su salud e insta a las autoridades judiciales rusas a que apliquen el Derecho humanitario;

14.  Condena el secuestro del policía estonio Eston Kohver en territorio estonio por Rusia; pide su liberación inmediata y su regreso a Estonia en condiciones seguras;

15.  Considera que Rusia sigue siendo un importante actor global y que redunda en el interés estratégico de la UE y de Rusia distender y restablecer rápidamente las relaciones mediante la diplomacia y la mediación, siempre que ello se haga con el debido respeto del Derecho internacional y de los compromisos de la OSCE;

16.  Expresa su apoyo a las fuerzas democráticas rusas, que están comprometidas con una sociedad abierta y una agenda reformista;

17.  Insta al Consejo a que desarrolle una política unificada hacia Rusia por la que los veintiocho Estados miembros y las instituciones de la UE se comprometan a enviar un firme mensaje común sobre el papel de los derechos humanos en las relaciones UE-Rusia y la necesidad de poner fin a la represión de las libertades de expresión, reunión y asociación en Rusia; opina que una estrategia de la UE debe orientarse a lograr que Rusia respete plenamente los principios de la OSCE y a persuadir a los líderes rusos de que abandonen su aislamiento político y económico voluntario;

18.  Insta a la VP/AR a que, con el apoyo del SEAE y de la Comisión, prepare un programa más poderoso de apoyo a la sociedad civil rusa en Rusia y en la Crimea ocupada y que busque y desarrolle nuevas oportunidades para entablar contactos con ella con el objetivo de promover los valores de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho; pide que la UE, en el contexto de la actual fase de programación de sus instrumentos financieros, aumente su asistencia financiera a la sociedad civil rusa a través del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y su financiación de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, y que incluya al Foro de la Sociedad Civil UE-Rusia en el Instrumento de Asociación con el fin de garantizar un apoyo sostenible y creíble a largo plazo;

19.  Reitera su preocupación, ya expresada en resoluciones anteriores, ante la falta de cooperación de las autoridades rusas con la investigación independiente internacional sobre el derribo del vuelo MH17; insiste con firmeza en que no cabe aplicar las disposiciones sobre amnistía recogidas en el Acuerdo de Minsk a los autores de este crimen, de manera que no tienen derecho a amnistía de ningún tipo;

20.  Pide a las autoridades rusas que devuelvan de inmediato a Polonia los restos del avión Tu-154 del Gobierno polaco y todas sus cajas negras; subraya el hecho de que el nivel de dependencia del poder judicial ruso con respecto a las autoridades merma la imparcialidad y la honestidad de cualquier investigación;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia.

(1) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 13.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0284.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0253.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0039.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0006.


Informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre el informe anual de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo (2014/2219(INI))
P8_TA(2015)0075A8-0039/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común (12094/14),

–  Vistos los artículos 21 y 36 del Tratado de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera,

–  Vista la Declaración de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión (AR/VP) sobre responsabilidad política,

–  Vistos los compromisos adquiridos por la AR/VP Federica Mogherini durante su audiencia del 6 de octubre de 2014 en la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 1, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0039/2015),

Frente a un entorno político y de seguridad diferente

1.  Señala que el entorno de seguridad ha empeorado drásticamente en toda la UE, sobre todo en su vecindad inmediata, donde el orden internacional basado en el Derecho y la estabilidad y la seguridad de Europa se enfrentan a un desafío de dimensiones nunca vistas desde el inicio de la integración europea; señala la transformación en curso del orden político mundial;

2.  Se muestra preocupado por el hecho de que hasta ahora, debido en parte a su crisis interna, la UE no ha podido utilizar todo su potencial para determinar el entorno político y de seguridad a escala internacional, y porque la ausencia de coordinación de las políticas de la UE y de coherencia entre ellas y las limitaciones financieras suponen restricciones adicionales para la influencia que Europa ejerce sobre el mundo y su capacidad de actuar como proveedor mundial de seguridad y de contribuir así a la prevención de conflictos y a la gestión de crisis;

3.  Opina que las tareas prioritarias de la política exterior y de seguridad de la UE son las siguientes:

   proteger los valores e intereses europeos y fortalecer el orden político y jurídico en Europa, restaurando y salvaguardando así la paz y la estabilidad;
   mejorar la contribución de la UE a la defensa territorial de sus Estados miembros y la seguridad de sus ciudadanos reforzando su capacidad de defenderse contra las amenazas a las que se enfrenta, incluido el terrorismo y el tráfico de armas, drogas y seres humanos;
   respaldar la seguridad, la democratización, el Estado de Derecho y el desarrollo económico y social en los países vecinos de la UE;
   asumir un liderazgo en la resolución de conflictos, también a través del mantenimiento de la paz y la pacificación en el contexto de la PCSD;
   reforzar, con la colaboración de los socios, el orden político, económico y financiero mundial pluralista y basado en normas, incluido el respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos; y
   mejorar las estructuras internas y los métodos de trabajo de la UE para reforzar la resistencia de esta y permitirle liberar todo su potencial como actor a escala mundial;

La UE como actor creíble

4.  Considera que una política exterior de la UE ambiciosa y efectiva debe basarse en una visión compartida de los intereses, valores y objetivos principales de la UE en las relaciones exteriores, y en una percepción común de las amenazas que afectan a la Unión en su conjunto; acoge con satisfacción el compromiso de la AR/VP, en virtud del mandato del Consejo Europeo de diciembre de 2013, de poner en marcha como cuestión prioritaria un proceso de reflexión estratégica sobre la política exterior y de seguridad común de la UE, en el que deben participar una amplia gama de partes interesadas, incluidos los Estados miembros, las instituciones europeas y la población europea en general; Insiste en que esta reflexión debe conducir a una nueva Estrategia Europea de Seguridad que tenga en cuenta los cambios geopolíticos recientes para responder ante los nuevos retos y amenazas;

5.  Subraya la obligación asumida por los Estados miembros al ratificar el Tratado de la Unión Europea de apoyar activamente y sin reservas la política exterior y de seguridad de la Unión, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua, en consonancia con el artículo 24, apartado 3, del TUE;

6.  Insiste en que los recursos políticos, económicos, financieros y de defensa de la UE y de sus Estados miembros deben reforzarse y combinarse a fin de maximizar la influencia de la UE en el mundo, generar sinergias y garantizar la paz y la estabilidad en Europa y en sus países vecinos; subraya que pueden lograrse ahorros significativos mediante una mejor cooperación entre Estados miembros en materia de política exterior y de seguridad;

7.  Subraya que la asistencia financiera exterior proporcionada por la UE y sus Estados miembros debe reorientarse y utilizarse de manera más eficaz en consonancia con las prioridades estratégicas acordadas conjuntamente; pide que la UE adopte más medidas para aumentar la visibilidad, la coherencia y la eficacia de la asistencia de la UE; considera necesario que todos los ámbitos de la asistencia de la UE, ya sea la ayuda al desarrollo o la ayuda de emergencia y la ayuda humanitaria, estén coordinados y sean coherentes; pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que garanticen un control eficaz de las ayudas financieras, para asegurarse de que se cumplan los objetivos; apunta a los informes del Tribunal de Cuentas Europeo que han demostrado problemas en el pasado; subraya que conviene incrementar la ayuda financiera en apoyo de la sociedad civil y de las ONG sobre el terreno; pide que los procedimientos de aprobación de proyectos sean más ágiles y menos burocráticos;

8.  Anima a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a utilizar plenamente las herramientas previstas por el Tratado de Lisboa para pasar de un enfoque en materia de política exterior y de seguridad de la UE que hasta ahora ha sido en su mayor parte reactivo a uno proactivo, coherente y estratégico, basado en los valores comunes y utilizado para velar por los intereses europeos comunes;

9.  Opina que el Consejo y la Comisión, con la cooperación activa de los Estados miembros, deben garantizar la cohesión y coherencia de:

   las políticas interiores y exteriores de la UE, incluida la política exterior y de seguridad común (PESC), la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y las políticas relativas a vecindad, comercio, desarrollo, ayuda humanitaria, justicia y asuntos de interior, energía, medio ambiente, migración, etc.,
   las políticas llevadas a cabo por la UE y sus Estados miembros;

10.  Celebra, a este respecto, la organización de la nueva Comisión en grupos, ya que esto permite a la AR/VP coordinar todas las políticas pertinentes de la Comisión que posean una dimensión exterior; apoya a la AR/VP en sus esfuerzos para asumir plenamente su función como Vicepresidenta de la Comisión; anima a la AR/VP a que, al mismo tiempo, haga uso de su función como Presidenta del Consejo de Asuntos Exteriores para presentar al Consejo iniciativas que impulsen políticas comunes proactivas que vayan más allá del mínimo común denominador, utilizando todas las herramientas de la PESC y las políticas exteriores de la UE;

11.  Reitera que es necesario reformar las estructuras internas del SEAE para que pueda ayudar a la AR/VP en sus cometidos, así como para permitirle impulsar la planificación estratégica y coordinar los procesos políticos con el Consejo y la Comisión; insiste en la necesidad de racionalizar la estructura de altos cargos del SEAE y de agilizar y simplificar sus procesos de toma de decisiones; reitera su petición de una integración más estrecha de los representantes especiales de la UE en el SEAE, también mediante una transferencia de su presupuesto desde el presupuesto operativo de la PESC al presupuesto del SEAE; insta, en este sentido, a llevar a cabo una evaluación política y de rentabilidad de la función que desempeñan dichos representantes especiales;

12.  Reitera su petición de una mayor cooperación y coordinación entre las distintas capacidades de control y respuesta a crisis a escala de la UE; insta asimismo a que se racionalicen las estructuras existentes para reducir las duplicidades innecesarias, en particular mediante la fusión de las capacidades coincidentes; opina que es preciso dotar a los centros de control de recursos suficientes y ajustar los perfiles lingüísticos del personal que trabaja en estos centros a las lenguas habladas en las principales zonas de crisis, en particular el ruso y el árabe; pide que se potencie la cooperación y el intercambio de información entre los centros de control a escala de la UE y los correspondientes servicios de los Estados miembros;

13.  Pide la modernización de la red de delegaciones de la UE para que refleje las necesidades de la política exterior de la Unión en el siglo XXI, por ejemplo, adaptando el número de empleados y sus conocimientos; considera, por ejemplo, que todas las delegaciones situadas en zonas de conflicto, en particular en países donde haya una misión PCSD, deberían contar invariablemente con un experto en seguridad y defensa; pide a la AR/VP que refuerce la autoridad del jefe de delegación sobre todo el personal independientemente de la institución de la que proceda, así como que simplifique los presupuestos administrativos de las delegaciones para conseguir una única fuente de financiación; pide que se clarifique la cadena jerárquica; lamenta que aún no se hayan aprovechado plenamente las posibles sinergias y economías de escala que podrían conseguirse reforzando la cooperación entre las embajadas de los Estados miembros y las delegaciones de la UE; insiste en que se respete a todos los niveles un equilibrio equitativo entre el personal de los Estados miembros en comisión de servicios y los funcionarios de la UE, según lo establecido en la Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece el SEAE, y toma nota de que este equilibrio actualmente no se respeta, especialmente en los altos cargos como el de jefe de delegación;

14.  Muestra su inquietud por la falta de flexibilidad de las normativas financieras de la UE, que a menudo generan retrasos en el desembolso operativo de los fondos de la Unión y ponen trabas adicionales a la capacidad de respuesta de la UE ante las crisis; destaca la necesidad de un desembolso más rápido de recursos financieros, al tiempo que subraya la necesidad de un control efectivo a fin de evitar el fraude y las apropiaciones indebidas; pide a la Comisión que presente en 2015 una propuesta de reforma de la legislación pertinente, permitiendo también que en la gestión de crisis se utilice el procedimiento acelerado, que actualmente está disponible para la ayuda humanitaria, y garantizando al mismo tiempo que el gasto en medidas de respuesta a crisis se ajusta a los objetivos estratégicos de la UE a largo plazo; se muestra profundamente preocupado por la escasez de pagos en relación con las dos importantes fuentes presupuestarias de la UE para gestión de crisis y prevención de conflictos, a saber el presupuesto de la PESC y el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz; está convencido de que el actual entorno de seguridad en Europa Oriental y Meridional exige unos efectos sinérgicos y más inversiones más que unos recortes considerables;

15.  Destaca que es preciso reforzar la visibilidad de la acción de la Unión tanto por lo que respecta a la planificación estratégica y los foros multilaterales como desde el punto de vista operativo, a través de las misiones de la PESC o de cualquier otra misión que comprenda un capítulo exterior;

16.  Recuerda que, en virtud del artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, la UE tiene la obligación de velar por que sus acciones exteriores se definan y ejecuten con el fin de consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional, y que esto es una responsabilidad conjunta de la UE y de sus Estados miembros; pide a la AR/VP que informe periódicamente sobre el cumplimiento del artículo 21 y que estudie formas de mejorar la coherencia de las políticas exteriores, sobre todo en relación con los derechos humanos y el Derecho internacional; hace hincapié en que el control de las políticas exteriores con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21 debe llevarse a cabo de forma más armonizada y estricta; subraya la necesidad de garantizar que los socios se atengan a los compromisos en materia de derechos humanos que hayan contraído en acuerdos con la UE y de incluir, cuando proceda, en tales acuerdos cláusulas de condicionalidad relativas al respeto de estos derechos;

17.  Señala el aumento de la demanda de asistencia internacional en materia de apoyo a la democracia y observación electoral; reconoce que se trata de un ámbito e n el que la UE puede desempeñar eficazmente una función de apoyo a procesos democráticos; pide, por tanto, un seguimiento continuo de la aplicación de las recomendaciones específicas por país y solicita que se ayude a los partidos políticos a desarrollar capacidades;

18.  Subraya la importancia vital de la defensa colectiva garantizada por la OTAN a sus miembros; insta a los Estados miembros a que, con carácter urgente, incrementen su capacidad de contribuir a la defensa territorial, comprometan más recursos y tomen en serio la metodología de aprovechamiento común y compartido cooperando más estrechamente para construir sinergias; subraya que todos los Estados miembros deben disfrutar del mismo nivel de seguridad, en consonancia con el artículo 42, apartado 7, del TUE; subraya que una política exterior creíble de la UE debe basarse en unas facultades de defensa adecuadas de los Estados miembros y en una política común de seguridad y defensa (PCSD) eficaz; opina que la PCSD es un componente importante de la defensa y la seguridad europea, a la que contribuye de muchas maneras, por ejemplo, fomentando la creación de una base industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE), favoreciendo la cooperación en materia de desarrollo de capacidades de defensa e interviniendo directamente en las zonas de crisis a través de sus misiones civiles y sus operaciones militares; insiste, por tanto, en que debe profundizarse en el desarrollo de la PCSD en cooperación con la OTAN; reitera que la Unión Europea es socia de la OTAN y que las estrategias de la una y la otra deben complementarse; subraya la transcendencia de la cooperación en materia de seguridad y defensa entre la UE y socios como las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Africana y la OSCE; acoge con satisfacción el compromiso de la AR/VP de intervenir activamente en asuntos de defensa, por ejemplo, presidiendo reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores en su configuración de ministros de defensa;

19.  Apoya la revisión en curso de las estructuras de gestión de crisis en el seno del SEAE; pide a la VP/HR que aumente considerablemente la eficacia de las estructuras actuales, con objeto de que puedan responder con mayor rapidez y adecuación a las crisis emergentes, en particular reduciendo el número de estructuras paralelas; pide a la VP/HR que preserve y refuerce el carácter específico de los enfoques civiles en materia de prevención de conflictos y gestión de las crisis;

20.  Hace hincapié en que todavía no se han explotado plenamente varias disposiciones del Tratado de Lisboa, como el artículo 44 del TUE (que permite confiar una misión PCSD a un grupo reducido de Estados miembros), el artículo 41 del TUE (sobre el fondo inicial), el artículo 46 del TUE (sobre la cooperación estructurada permanente), el artículo 42, apartado 7 del TUE (sobre la cláusula de asistencia mutua) y el artículo 222 del TFUE (sobre la cláusula de solidaridad); pide a la AR/VP que promueva activamente estos instrumentos y fomente su aplicación, y anima a los Estados miembros a hacer uso de ellos;

21.  Acoge con satisfacción la celebración de una reunión del Consejo Europeo sobre defensa en diciembre de 2013 y pide que se apliquen las decisiones adoptadas; espera con interés la celebración del próximo debate en junio de 2015; pide que en esta cumbre se tomen decisiones ambiciosas, en particular:

   iniciar —conforme a la revisión del marco estratégico de la UE— un proceso de reflexión estratégica sobre los objetivos y las prioridades en el ámbito de la seguridad y la defensa, que establezca las capacidades y las opciones necesarias para reforzar la defensa y la cooperación a fin de poder responder mejor a las amenazas que se ciernen sobre los países de la Unión Europea;
   reforzar la Agencia Europea de Defensa mediante el suministro de los recursos y el impulso político necesarios, de forma que pueda desempeñar plenamente su función en la coordinación y el fomento de la cooperación en materia de armamento;
   revisar el mecanismo de financiación Athena con miras a incrementar la financiación común en el ámbito de las operaciones militares de la PCSD, a fin de evitar que consideraciones financieras comprometan la capacidad de la UE para responder a las crisis, así como alentar a los Estados miembros a generar rápidamente fuerzas para las operaciones de la PCSD y asegurar un reparto más equitativo de la carga entre estos;
   reforzar la base tecnológica e industrial de la defensa europea, por ejemplo, coordinando los presupuestos de defensa, armonizando los requisitos, reduciendo las deficiencias y creando sinergias;
   abordar los problemas actuales en los ámbitos de la planificación y la ejecución de operaciones militares, también mediante el establecimiento de un cuartel general militar operativo permanente en estrecha cooperación con la Capacidad Civil de Planificación y Ejecución (CCPE) ya existente;
   aumentar la eficacia y funcionalidad de las agrupaciones tácticas de la UE, por ejemplo, introduciendo un enfoque modular, ampliando la financiación común mediante el mecanismo Athena y desplegando, cuando proceda, las agrupaciones tácticas en las situaciones de gestión de crisis que se planteen en el futuro;

22.  Opina que los recientes atentados terroristas en países de la UE demuestran que cada vez es más difícil separar la seguridad interior de la exterior y pide a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que aúnen mejor sus esfuerzos en estos ámbitos; pide asimismo a los Estados miembros que potencien el intercambio de información confidencial de seguridad, aprovechando los instrumentos de coordinación existentes a escala de la UE; pide el refuerzo de la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo en el contexto de las relaciones de la UE con países de Oriente Próximo y África del Norte, en particular mediante la formación profesional y la creación de capacidad en el sector de la seguridad, así como a través del intercambio de información y de mejores prácticas; pide a la UE y a sus Estados miembros que hagan todos los esfuerzos posibles por reforzar la cooperación internacional a fin de prevenir y combatir el terrorismo, y subraya el importante papel que deben desempeñar las Naciones Unidas en este esfuerzo;

23.  Pide que se desarrollen los recursos industriales y tecnológicos necesarios para mejorar la ciberseguridad, también mediante el fomento de un mercado único para los productos de ciberseguridad; destaca la necesidad de integrar la ciberdefensa en la acción exterior y la PESC y pide una coordinación más estrecha con la OTAN en materia de ciberdefensa, con vistas a crear una ciberdisuasión que permita prevenir y afrontar con eficacia los ataques perpetrados en el ciberespacio; insta a los Estados miembros de la UE y a la Comisión a que se centren en cómo reforzar la resistencia de las infraestructuras pertinentes; acoge con satisfacción la Estrategia de ciberseguridad de la UE; subraya la necesidad de aumentar en gran medida las capacidades de ciberdefensa de los Estados miembros; insta a la Agencia Europea de Defensa a que refuerce la cooperación entre Estados miembros en materia de ciberdefensa y pide a estos que proporcionen a la AED los medios necesarios para lograr este objetivo; pide a la Comisión que actualice el Reglamento sobre los productos de doble uso para evitar la exportación de sistemas a aquellos que pretenden debilitar la seguridad y las infraestructuras críticas de la UE e impedir la exportación de tecnologías de vigilancia masiva a regímenes autoritarios; recuerda la importancia de mantener el equilibrio entre la salvaguardia de las libertades digitales y la seguridad;

24.  Pide una política de migración de la UE renovada y coherente; insiste en la necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración irregular, reforzando la cooperación con los países de tránsito y de origen de los flujos migratorios, mediante todos los instrumentos políticos y de asistencia, incluidas las políticas de desarrollo y comercio, la ayuda humanitaria, la prevención de conflictos y la gestión de crisis en combinación con la necesidad de reforzar las vías de migración legal; reitera su petición de que se aumente la ayuda humanitaria para los países que acogen refugiados y de que se refuercen los programas de protección regionales que se llevan a cabo en colaboración con el ACNUR cerca de las regiones de origen; hace hincapié en que la gestión de la migración debe integrarse en la acción exterior de la UE y debe constituir una alta prioridad en la cooperación de la UE con los países vecinos, tanto orientales como meridionales; hace hincapié en la necesidad de evitar la pérdida de vidas humanas en las fronteras de la UE;

25.  Señala que cada vez se utiliza más la energía como herramienta de política exterior y recuerda que la cooperación energética es la base de la integración europea; destaca la importancia de crear una Unión Europea de la Energía destinada a reforzar la coherencia y la coordinación entre la política exterior y la política energética; subraya que la seguridad energética debe formar parte del enfoque global de la acción exterior de la UE y opina que la política energética debe estar en consonancia con las demás prioridades políticas de la Unión, incluidas sus políticas de seguridad, exterior y de vecindad, y de comercio y desarrollo, así como sus políticas de defensa de los derechos humanos; destaca, en este sentido, la necesidad de reducir considerablemente la dependencia de Rusia y de encontrar fuentes alternativas de energía; pide a la AR/VP y a la Comisión que supervisen y aborden el control de infraestructuras por parte de entidades no pertenecientes a la UE, en particular por empresas estatales, bancos nacionales o fondos soberanos de terceros países, que se introducen en el mercado europeo de la energía o atenúan la diversificación, en concreto en el sector nuclear; hace hincapié en que las empresas energéticas no pertenecientes a la UE deben atenerse igualmente a las normas de competencia aplicables al mercado europeo de la energía;

26.  Acoge con satisfacción la creación del puesto de Vicepresidente de la Unión de la Energía y la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Europea de Seguridad Energética; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación para ejecutar las medidas a corto y largo plazo enumeradas en dicha estrategia; insiste en la necesidad de reforzar la coherencia entre la política exterior de la UE y otras políticas con una dimensión exterior, como la política energética, y espera que la nueva estructura en grupos de la Comisión dé sus frutos a este respecto; insta a seguir adoptando medidas para lograr que los objetivos de seguridad energética se ajusten a los demás objetivos de la UE; pide a la AR/VP que elabore prioridades estratégicas para la política energética exterior consagradas en los objetivos generales de la política exterior y que recurra de manera más sistemática a los instrumentos de política exterior en los ámbitos relacionados con la seguridad energética;

27.  Opina que debe establecerse un mecanismo de solidaridad para abordar posibles interrupciones del suministro energético; considera que debe desarrollarse una infraestructura energética interconectada y que todas las partes del territorio de la UE deben integrarse en una red energética que abarque toda la UE; insiste en que deben agilizarse los esfuerzos por diversificar el suministro energético de la UE, con el fin de fortalecer la independencia energética de la UE; opina que el desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética aumentará en gran medida la credibilidad de la acción exterior de la UE$. Recuerda la importancia fundamental de un mercado interior de la energía que funcione adecuadamente y que responde al interés general de la UE garantizar que los mercados internacionales de la energía sean estables, transparentes y se basen en normas internacionales; insta a la Comisión Europea a presentar una propuesta de estrategia integral a fin de reforzar la seguridad del abastecimiento más allá del ámbito energético;

28.  Celebra la actitud cooperadora adoptada por la AR/VP, Federica Mogherini, ante el Parlamento con el fin reforzar su rendición de cuentas ante dicha institución; reitera la necesidad de que se consulte de forma sistemática y proactiva al Parlamento, y en particular a su Comisión de Asuntos Exteriores, antes de proceder a aprobar estrategias de política exterior y mandatos en materia de PCSD; pide al Consejo que concluya las negociaciones con el Parlamento sobre la sustitución del Acuerdo Interinstitucional de 2002 relativo al acceso del PE a información del Consejo de carácter sensible en el ámbito de la seguridad y la política de defensa; se compromete a intensificar la cooperación con los Parlamentos nacionales, también en el marco de la Conferencia interparlamentaria sobre la PESC, la PCSD y la COSAC, con el fin de estar mejor preparado para controlar los respectivos recursos;

Preservar y reforzar el orden político y jurídico de la UE

29.  Hace hincapié en la necesidad de consolidar la UE y fortalecer su capacidad de integración, que es uno de los criterios de Copenhague; reitera la perspectiva de ampliación adoptada para los países de los Balcanes Occidentales; reitera la perspectiva de la ampliación para todos los países candidatos y para otros candidatos potenciales con arreglo a la Declaración de Salónica, de 2003, sobre la base del cumplimiento de los criterios de Copenhague, y apoya la continuación de las negociaciones de ampliación; respalda, en este sentido, el enfoque de la Comisión, consistente en llevar a cabo reformas cruciales en los ámbitos del Estado de Derecho, la administración pública y la gobernanza económica en una etapa temprana del proceso de ampliación; insiste en que cada país será juzgado por sus propios méritos y considera que, en aquellos casos en los que la UE considere que un país candidato ha alcanzado un grado satisfactorio de armonización con el acervo de la UE, deben iniciarse o reanudarse las negociaciones de adhesión con dicho país, dada la importancia que esto reviste con miras a preservar la credibilidad de la UE en general; subraya la importancia de la cooperación con los países candidatos en el ámbito de la política exterior y de que dichos países se atengan a la PESC;

30.  Opina que es necesaria una estrategia política global, destinada a restablecer el orden político europeo en virtud del Derecho internacional, según lo establecido en el Acta final de Helsinki de 1975 y que vincula a todos los Estados europeos, incluida Rusia; insiste en que dicho orden se basa en el respeto de los derechos humanos, los derechos de las minorías y las libertades fundamentales, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de los Estados, así como en la resolución pacífica de los conflictos; considera que entablar un diálogo constructivo con Rusia y otros Estados vecinos de la UE en materia de cooperación para reforzar este orden constituye una base importante para la paz y la estabilidad en Europa, siempre que Rusia respete el Derecho internacional y cumpla los compromisos adquiridos en relación con Georgia, Moldavia y Ucrania, incluida la retirada de Crimea;

31.  Opina que es necesario adoptar un nuevo enfoque en las relaciones de la UE con sus vecinos del Este, basado en los méritos, la diferenciación y el principio de «más por más»; considera que una de las máximas prioridades de la política exterior de la UE debe ser la de apoyar a los países que quieren acercarse a la Unión y que una importante forma de contener las ambiciones de Rusia en su vecindad es invertir en la independencia, la soberanía, el desarrollo económico y una mayor democratización de dichos países; manifiesta su compromiso a favor de la perspectiva europea para con los vecinos de la Europa Oriental, y recuerda que, de conformidad con el artículo 49 del TUE, estos países –como cualquier otro Estado europeo– pueden solicitar la adhesión a la Unión Europea, siempre que respeten los criterios de Copenhague y los principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos y de las minorías y garanticen el Estado de Derecho;

32.  Acoge con satisfacción la firma, la ratificación por parte del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales de los países en cuestión, y la aplicación provisional de acuerdos de asociación, entre ellos los acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, la República de Moldavia y Ucrania, que suponen un paso clave en la convergencia de estos países con la UE; opina que dichos países deben utilizar el proceso de asociación para modernizar la gobernanza democrática, reforzar el Estado de Derecho, reformar la administración pública y llevar a cabo reformas económicas y estructurales, que suponen un paso importante en la convergencia política, económica, social y medioambiental de estos países con la UE; insta a que se incremente considerablemente la ayuda política, financiera y técnica de la UE para respaldar estas reformas; insiste, no obstante, en una estricta condicionalidad y en la necesidad de garantizar la rendición de cuentas respecto de los recursos invertidos y de conseguir avances significativos en la reducción de la corrupción; Se congratula del desarrollo y de los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Ucrania y la República de Moldavia en octubre y diciembre de 2014, respectivamente, de conformidad con las normas democráticas internacionales,

33.  Aboga por comprometerse más estrechamente con aquellos vecinos de la Europa Oriental que todavía no han celebrado acuerdos de asociación con la UE o que deseen intensificar y reforzar las relaciones en distintos ámbitos, mediante, entre otras cosas, el fomento de la cooperación bilateral en ámbitos de interés común; recuerda, no obstante, que la ayuda de la UE solo puede ser eficaz si los países socios se implican lo suficiente y respetan los valores europeos, además de respetar sus obligaciones en virtud del Derecho internacional;

34.  Insta a Rusia a cumplir sus compromisos y obligaciones jurídicas, incluidas aquellas consagradas en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de París, en el Acta Final de Helsinki de la OSCE, en el Memorando de Budapest y en el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Rusia y Ucrania; condena firmemente el hecho de que Rusia haya vulnerado el Derecho internacional con su agresión militar directa y su guerra híbrida contra Ucrania, que se ha cobrado la vida de miles de víctimas civiles y militares, así como la anexión y ocupación ilegales de Crimea y las acciones de naturaleza similar emprendidas en los territorios georgianos de Abjasia y Osetia del Sur; destaca el deterioro alarmante del respeto de los derechos humanos, la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación en Crimea; insta a Rusia a que reduzca y retire sus tropas del territorio ucraniano y a que restablezca la situación anterior a la anexión; acoge con satisfacción los esfuerzos por lograr un acuerdo global en Minsk el 12 de febrero de 2015 y solicita la inmediata y plena aplicación del acuerdo; rechaza, por carecer de legitimidad, las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en Donetsk y Lugansk el 2 de noviembre de 2014;

35.  Respalda las sanciones aplicadas por la UE ante la agresión de Rusia a Ucrania y destaca que estas pueden modularse y revocarse, sobre todo en función del cumplimiento de los acuerdos de Minsk, pero también podrían endurecerse si Rusia sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales; pide a la Comisión que supervise su ejecución uniforme;

36.  Hace hincapié en la necesidad de que la UE y sus Estados miembros muestren solidaridad y hablen con una sola voz ante Rusia; pide asimismo a los países candidatos a la adhesión que adecuen su política exterior relativa a Rusia a la de la Unión; pide a la AR/VP que desarrolle, como cuestión prioritaria, una estrategia común de la UE sobre Rusia, cuyo objetivo sería garantizar que Rusia se comprometa con la paz y la estabilidad en Europa, en particular mediante el respeto incondicional de la soberanía e integridad territorial de sus vecinos; opina que una buena relación entre Rusia y la UE, basada en el respeto del Derecho internacional y de otras obligaciones internacionales, respondería al interés común y espera que Rusia se muestre dispuesta a mantener tal relación respetando el Derecho internacional;

37.  Insiste en la necesidad de un planteamiento europeo coherente ante las campañas de desinformación y actividades de propaganda organizadas por Rusia tanto dentro como fuera de la UE; insta al SEAE y a la Comisión a que presenten un plan de acción con medidas concretas para hacer frente a la propaganda rusa; pide que, en este sentido, se coopere con el Centro de Excelencia de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN;

38.  Insta a los líderes de la UE y a los Estados miembros a que garanticen la seguridad y la libertad de los cristianos y otras minorías religiosas y étnicas que sufren una discriminación y una persecución crecientes y se encuentran entre dos fuegos; pide al SEAE y a los Estados miembros que velen por la inclusión en futuros acuerdos bilaterales de mecanismos eficaces de seguimiento de la protección de los derechos humanos de las personas pertenecientes a minorías religiosas y por la aplicación efectiva de las orientaciones de la UE en materia de promoción y protección de la libertad de religión y de creencias;

Respaldar la seguridad y la estabilización de los países vecinos meridionales

39.  Insiste en la necesidad de revisar a fondo la política de la UE en lo que respecta a los países vecinos meridionales, la cual debe disponer de unos recursos presupuestarios adecuados e incluir el desarrollo y la aplicación de una estrategia global gracias a la cual los instrumentos y los medios de la UE se centren en apoyar la construcción de Estados inclusivos que funcionen y que sean capaces de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, promover la democracia, enfrentarse al extremismo religioso, respetar los derechos humanos, proteger a las minorías religiosas y étnicas y consolidar el Estado de Derecho, condición previa clave para la inversión y el desarrollo económico; señala el potencial de comercio transfronterizo de la región, que está desaprovechado; insiste en una cooperación estrecha con las autoridades de los países interesados para gestionar los flujos migratorios, dentro del respeto de los derechos humanos y el Derecho internacional;

40.  Hace hincapié en que la UE debe imponer condiciones a la hora de proporcionar ayuda y apoyo, ya que para poder mantener los programas de ayuda y el apoyo a la sociedad civil es imprescindible establecer condiciones claras al más alto nivel político;

41.  Insiste en que el enfoque revisado de la UE con respecto a sus vecinos meridionales debe basarse en la diferenciación y en el principio de «más por más», según el cual debería destinarse ayuda adicional de la UE a los Gobiernos socios que se han comprometido con la democratización y avanzan de forma tangible por esa vía respetando las libertades fundamentales y los derechos humanos, como es el caso de Túnez, Jordania y Marruecos;

42.  Lamenta el reciente deterioro de las relaciones entre la UE y Turquía y pide que se renueven los esfuerzos para fomentar una asociación más sólida a fin de abordar los retos compartidos humanitarios y de seguridad en el Mediterráneo meridional; insta asimismo a Turquía a llevar a cabo reformas que cumplan plenamente las normas de derechos humanos, incluidos la libertad de prensa, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho;

43.  Insta a los líderes de la UE a que desarrollen, en estrecha coordinación con los Estados Unidos, una estrategia en la que participen las principales potencias (es decir, Rusia y China) para fomentar que los actores regionales (incluidos Turquía, Irak, Israel, Jordania, Egipto, los gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo, Irán, la Liga Árabe y las fuerzas kurdas) se unan con objeto de poner fin a las guerras por procuración y al apoyo financiero a los fundamentalistas, y de diseñar una solución para la paz y la estabilidad en la región, en particular con miras a poner fin a la guerra en Siria e Irak; hace hincapié en la necesidad de preservar la integridad territorial y la unidad de Libia e insta a la AR/VP a que impulse un mayor compromiso de los actores regionales con la mediación y la resolución del conflicto en estrecha coordinación con las Naciones Unidas; celebra las negociaciones en curso del Grupo E3+3 con Irán y espera que desemboquen en un acuerdo mutuamente aceptable, garantizando el carácter exclusivamente pacífico del programa nuclear iraní y ofreciendo la perspectiva a largo plazo de plena reintegración de Irán en la comunidad internacional; respalda el compromiso asumido por la AR/VP y por todas las partes implicadas en el proceso de paz de Oriente Próximo para encontrar una solución global, constructiva, viable para ambas partes y duradera al conflicto de dicha región; destaca que la falta de avances hacia una solución negociada de dos Estados basada en las fronteras de 1967 solo provocará más violencia y derramamiento de sangre;

44.  Acoge con satisfacción la declaración de la AR/VP sobre la apertura de una oficina en Erbil, el Kurdistán iraquí, e insta a la AR/VP y al SEAE a abrirla cuanto antes; hace hincapié en que ello permitiría a la UE recopilar información sobre el terreno, mejorar su compromiso con los agentes locales, asegurar una mejor evaluación y coordinación de la respuesta humanitaria y militar, y mejorar la visibilidad de la UE en la región;

45.  Pide que se nombre un a asesor especial para evaluar las ventajas de abrir una representación diplomática permanente de la UE en Irán;

46.  Opina que las actividades delictivas y la violencia bárbara de los grupos terroristas yihadistas pertenecientes al denominado Estado Islámico (EI), o asociados a este, representan una gran amenaza para la región de Oriente Próximo y del Norte de África (MENA), para Europa y, posiblemente, para la paz y la estabilidad mundial; respalda la coalición global contra el EI y sus esfuerzos por luchar militarmente contra este; celebra las contribuciones de los Estados miembros de la UE a este respecto y alienta a una cooperación y diálogo más estrechos y eficaces a fin de lograr una evaluación común de la amenaza; insta a que se aumente decididamente la presión mundial para privar a los yihadistas de los ingresos procedentes del petróleo y para que se apliquen unas sanciones rigurosas a escala mundial a las transacciones financieras que les beneficien; observa en este marco que los recursos financieros de las formaciones yihadistas proceden también de algunos países árabes, a los que la UE debe pedir un comportamiento más coherente; señala la necesidad urgente de contrarrestar el uso que hacen los grupos yihadistas de internet para el reclutamiento y la propaganda; insiste en la necesidad de incrementar la cooperación internacional, así como la cooperación dentro de la UE orientada a evitar que los extremistas viajen a Siria e Irak para unirse a la lucha yihadista, incluida la inversión en programas de prevención de la radicalización y de desradicalización en los Estados miembros; pide a los Estados miembros que encuentren maneras para llevar ante la justicia a los combatientes europeos que regresan, dentro de la competencia de sus sistemas de derecho penal nacional; recuerda la necesidad de estrechar la cooperación y coordinación entre Turquía y la UE;

47.  Insta a los países de la región a que mantengan su apoyo a la guerra contra el terrorismo y se abstengan de emprender acciones que puedan generar tensiones, roces o crisis entre ellos o poner más trabas a la lucha de la comunidad internacional contra el EI;

48.  Condena la brutal violencia utilizada por el régimen de Assad contra los ciudadanos sirios y pide que se incremente la presión para lograr una auténtica transición política en Siria, también aumentando el apoyo a la oposición siria moderada;

49.  Destaca que, en numerosos ámbitos, la política exterior de la Unión con respecto a su vecindad meridional debe servir también de enlace con África; Considera que África, y en particular la región del Sahel-Sahara, se halla bajo una amenaza estratégica, y pide una respuesta adecuada de la UE a tal amenaza, con medidas en materia de desarrollo económico, democracia, Estado de Derecho, educación y seguridad; señala que las actividades delictivas de los terroristas de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), Al-Mourabitoun -surgido de la fusión del Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUJAO) y de la brigada enmascarada de Mokhtar Belmokhtar- y Boko Haram, registran un constante aumento; destaca la necesidad de aplicar las recomendaciones de la Estrategia de la UE para la Seguridad y el Desarrollo en el Sahel, y pide a la Comisión que emprenda una evaluación de dicha estrategia;

50.  Hace hincapié en la importancia de Jordania y Líbano como socios estables en Oriente Próximo; recuerda que estos dos países se enfrentan a una creciente ola de refugiados que plantea enormes retos socioeconómicos; elogia la ayuda constante de los países vecinos a los refugiados procedentes de Irak y Siria; insta a los líderes de la UE, incluidas las potencias regionales, a que emprendan un esfuerzo global para aumentar de forma masiva la ayuda humanitaria destinada a la población civil afectada por el conflicto en Siria e Irak y por la violencia del EI, en particular para ayudar a los refugiados y proporcionar ayuda financiera directa a todos los países de la región que acojan a los refugiados, a fin de fomentar la integración social y evitar la marginación;

51.  Insta a la UE a garantizar que la cooperación con terceros países contra el terrorismo vaya unida al respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos universales;

Refuerzo de un orden mundial cooperativo basado en las normas

52.  Opina que los Estados Unidos son el principal socio estratégico de la UE y anima a que se establezca una coordinación más estrecha, en pie de igualdad, entre los Estados Unidos y la UE en materia de política exterior, en apoyo del Derecho internacional y para tratar de adoptar enfoques comunes ante los desafíos a los que se enfrentan los países vecinos de la UE y el mundo en general; destaca la naturaleza estratégica de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión que posee el potencial de permitir que los socios transatlánticos establezcan normas mundiales sobre trabajo, salud, medio ambiente y propiedad intelectual y refuercen la gobernanza mundial; pide, en este sentido, una mayor apertura y transparencia en las negociaciones y la participación de todas las partes en todas las fases del proceso; opina que América Latina es un socio importante para la UE y que deben desarrollarse distintas modalidades de cooperación transatlántica triangular;

53.  Subraya la necesidad de entablar una cooperación y asociaciones estratégicas con diversos países, con una agenda clara, y revisar las asociaciones estratégicas actuales a la luz del impacto de sus políticas;

54.  Acoge con satisfacción las conclusiones de la cumbre de la OTAN celebrada en septiembre de 2014 en Gales y solicita su aplicación; considera que debe reforzarse la cooperación entre la UE y la OTAN y que debe establecerse una planificación y una coordinación más estrechas entre la defensa inteligente de la OTAN y el aprovechamiento común y compartido de las capacidades de la UE para evitar solapamientos y sacar el máximo partido posible de los escasos recursos disponibles; reitera la necesidad de respetar las políticas de seguridad de los Estados miembros que no son miembros de la OTAN;

55.  Hace hincapié en la necesidad de elaborar una estrategia de la UE, en coordinación con los Estados Unidos, acerca de cómo compartir responsabilidades con Rusia, China, la India y otras de las principales potencias en cuanto a la paz y la estabilidad del orden político y económico mundial; señala la importancia de mejorar las relaciones con Estados esenciales en Asia, así como con organizaciones como ASEAN en el contexto de esta estrategia;

56.  Pide a la AR/VP que refuerce la política exterior de la UE hacia Asia, en especial China y la India; insta a la AR/VP a que garantice la celebración anual de cumbres bilaterales con China y la India que aporten resultados tangibles;

57.  Recalca que la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico, en particular en el este y el sur del mar de China, son de gran importancia para la UE; insta a todas las partes implicadas en la región a resolver las diferencias de una manera pacífica, en consonancia con el Derecho internacional, y a cooperar entre sí para explotar los recursos naturales y marinos; aboga por desarrollar y presentar políticas europeas sobre la base del apoyo a estrategias de prevención activa de conflictos y resolución de conflictos; considera que la UE tiene un gran interés en un continuo crecimiento y prosperidad en el este de Asia; subraya la necesidad de reforzar la asociación económica de la UE con los países de Asia-Pacífico de una forma integradora a fin de mantener una paz, estabilidad y prosperidad sostenibles; celebra las alentadoras mejoras de los últimos seis años en las relaciones a ambos lados del estrecho y pide a todas las partes que se tomen más medidas para facilitar su desarrollo pacífico;

58.  Pide a la AR/VP y a los Estados miembros de la UE que den un impulso nuevo y fuerte a la política negociada de desarme nuclear y control de armamentos; celebra la próxima revisión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que llevarán a cabo las Naciones Unidas como paso fundamental hacia la paz y la seguridad internacional, e insta a los Estados miembros a que adopten una posición coordinada y proactiva en las negociaciones; acoge con satisfacción la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas y solicita su aplicación plena y efectiva; pide la creación de una autoridad de la UE para el comercio de armas a fin de asistir a los Estados miembros a la hora de interpretar y garantizar el cumplimiento coherente y estricto de las normas establecidas por la Posición Común de la Unión Europea sobre la exportación de armas; hace hincapié en la necesidad de unos mejores controles ex post del uso de las armas exportadas;

59.  Afirma que la UE, que ya ha logrado resultados concretos en el pasado en la lucha contra la pena de muerte, debe asumir un compromiso más decidido; pide a las instituciones y a los Estados Miembros que mantengan y refuercen su compromiso y voluntad política con esta causa, con el objetivo de poder ver abolida definitivamente la pena de muerte en el mundo;

60.  Reitera la necesidad de una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para que refleje mejor las realidades del mundo actual; insta a la AR/VP a que otorgue prioridad a esta cuestión y entable un debate a escala europea sobre la reforma del CSNU; insiste, en este sentido, en que la UE se convierta en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas;

61.  Reitera la necesidad de que la UE desempeñe un papel protagonista en la promoción de la firma y la ratificación universal del Estatuto de Roma y siga reforzando y apoyando a la Corte Penal Internacional;

62.  Recuerda el fuerte compromiso asumido por la UE en la lucha contra la impunidad y la promoción de la universalidad del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional; se felicita de la reciente ratificación del Estatuto de Roma por Palestina;

63.  Solicita el desarrollo de una estrategia coherente en materia de seguridad del clima a escala de la Unión, que aborde las consecuencias estratégicas y políticas del cambio climático y permita a la UE responder y prepararse para la inestabilidad geopolítica derivada del clima, y prestando especial atención a la cooperación con los países en desarrollo y los países más afectados por los impactos del cambio climático; reconoce la importancia de la próxima cumbre de París sobre cambio climático; pide al SEAE que conceda prioridad a la diplomacia relativa a los objetivos de cambio climático con el fin de recabar apoyo en favor de un acuerdo sólido y global; pide que se entable un debate sobre una estrategia de cara al futuro para abordar las migraciones debidas al cambio climático;

64.  Pide a la UE y a los Estados miembros que contribuyan de forma positiva y coordinada a la elaboración de la Agenda para el desarrollo después de 2015, y destaca la importante función de la AR/VP a la hora de garantizar el liderazgo de la UE en las negociaciones; recalca que el nuevo marco debería abordar las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la violencia mediante el refuerzo de unas instituciones democráticas integradoras y eficaces, la buena gobernanza y el Estado de Derecho;

o
o   o

65.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / Vicepresidenta de la Comisión, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la OTAN, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, al Presidente en ejercicio de la OSCE, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, al Presidente del Comité de Ministros del Consejo de Europa y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.


Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto (2014/2216(INI))
P8_TA(2015)0076A8-0023/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el aniversario de dicha Convención(1),

–  Vistas la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000(2), su Agenda para el desarrollo después de 2015 y las resoluciones de su Asamblea General,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Vistos los artículos 2, 3 y 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia(3), adoptados por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012,

–  Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo de 2013, adoptado por el Consejo el 23 de junio de 2014,

–  Visto el Informe anual sobre los principales aspectos y las opciones fundamentales de la PESC en 2013, aprobado por el Consejo el 22 de julio de 2014,

–  Visto el Informe anual de 2014 de la Comisión sobre las políticas de la Unión Europea en materia de desarrollo y ayuda exterior y su aplicación en 2013 (COM(2014)0501), adoptado el 13 de agosto de 2014, así como los documentos que lo acompañan,

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) y la política de la Unión Europea al respecto(4),

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea en materia de derechos humanos,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 23 de junio de 2014, sobre el 10º aniversario de las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre las estrategias políticas de la UE en favor de los defensores de los derechos humanos(5),

–  Vistas sus resoluciones de urgencia sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho,

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre las prioridades de la UE para el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las NU(6),

–  Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 2 de abril de 2014, sobre el 69º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas(7),

–  Vista su Resolución, de 17 de noviembre de 2011, sobre el apoyo de la UE a la Corte Penal Internacional: hacer frente a los retos y superar las dificultades(8),

–  Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el crimen de agresión(9),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2011, sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización(10),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la libertad de prensa y de los medios de comunicación en el mundo(11),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011)0200),

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2012, relativa a la moratoria del uso de la pena de muerte(12),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre la erradicación de la tortura en el mundo(13),

–  Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(14),

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325, 1820, 1888, 1889 y 1960 sobre las mujeres, la paz y la seguridad,

–  Visto el Informe sobre los indicadores del Planteamiento global para la aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, adoptado por el Consejo el 13 de mayo de 2011,

–  Vistos los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», refrendados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) en su Resolución 17/4 de 16 de junio de 2011,

–  Vista la Guía sobre la aplicación en el sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) de los « Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas», publicada por la Comisión el 17 de junio de 2013,

–  Vista la Resolución del CDHNU, de 26 de junio de 2014, por la que se pide la creación de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta cuyo mandato será «elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el Derecho internacional de los derechos humanos»,

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(15),

–  Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea(16),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales(17),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la política comercial internacional en el contexto de los imperativos del cambio climático(18),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de mayo de 2012, sobre «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio»,

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(19),

–  Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la discriminación por razón de casta en la India(20),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 5 de marzo de 2014, titulada «Abastecimiento responsable de minerales originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo: Hacia un enfoque integrado de la Unión Europea» (JOIN(2014)0008),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC),

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre la corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países(21),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2014, sobre el enfoque integral de la UE,

–  Vista su Recomendación, de 18 de abril de 2013, destinada al Consejo, sobre el principio de las Naciones Unidas de «Responsabilidad de Proteger» (R2P)(22),

–  Vistos los artículos 52 y 132, apartado 2, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0023/2015),

A.  Considerando que el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea TUE reforzó aún más los compromisos de la UE de desarrollar una política exterior y de seguridad común guiándose por los principios de la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el principio de avanzar en el Derecho y la justicia internacionales, respetando los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Derecho internacional; que, de conformidad con el artículo 6 del TUE, la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales;

B.  Considerando que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) estipula que la política comercial común debe basarse en los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión;

C.  Considerando que el respeto de la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, así como su promoción y salvaguardia, constituyen las bases de la política exterior y de seguridad de la UE; que la universalidad de los derechos humanos se está viendo gravemente amenazada por una serie de regímenes autoritarios, en particular en los foros multilaterales;

D.  Considerando que más de la mitad de la población mundial aún vive bajo regímenes no democráticos y que durante los últimos años la libertad global se ha ido restringiendo de modo constante;

E.  Considerando que los regímenes democráticos no solo se definen por la organización de elecciones, sino también por el respeto del Estado de Derecho, la libertad de expresión, los derechos humanos, un poder judicial independiente y una administración imparcial;

F.  Considerando que la credibilidad de la UE en sus relaciones exteriores y en la escena internacional se verá reforzada por el aumento de la coherencia entre sus políticas interiores y exteriores en materia de democracia y derechos humanos;

G.  Considerando que la nueva vicepresidenta de la Comisión/Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) ha afirmado que los derechos humanos serán una de sus principales prioridades, y que tiene la intención de utilizarlos como una brújula que oriente a la Unión en todas las relaciones con países terceros; que ha reiterado también el compromiso de la UE con la promoción de los derechos humanos en todos los ámbitos de las relaciones exteriores «sin excepción»; que están previstas en la agenda de la UE para principios de 2015 la adopción del nuevo Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia y la renovación del mandato del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos;

H.  Considerando que el Consejo adoptó, el 23 de junio de 2014, el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2013, que se refiere al primer año completo de aplicación del Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE en materia de derechos humanos y democracia; que 2013 fue también el primer año completo del nuevo mandato del Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos; que la persona que ocupa ese cargo debe ayudar a la Unión a coordinar su acción para hacer más claro y visible su trabajo de defensa del respeto de los derechos humanos, y en particular los de la mujer, en todo el mundo;

I.  Considerando que el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2013 y los acontecimientos que tuvieron lugar después de su elaboración son un triste recordatorio del grave coste humano que lleva aparejado el no respeto de los derechos humanos; que, cuando estos derechos son violados en terceros países, ello repercute muy negativamente en la Unión, pues la conculcación de los derechos humanos y la falta de participación democrática conllevan inestabilidad, Estados fallidos, crisis humanitarias y conflictos armados, fenómenos ante los que la UE se ve obligada a reaccionar;

J.  Considerando que el compromiso de la UE con un multilateralismo efectivo, centrado en las Naciones Unidas, forma parte integrante de la política exterior de la Unión y obedece a la creencia de que un sistema multilateral basado en normas y valores universales es más adecuado para abordar las crisis, los desafíos y las amenazas a escala mundial;

K.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros han sido firmes aliados de la Corte Penal Internacional desde su creación, apoyándola financiera, política, diplomática y logísticamente, promoviendo además la universalidad del Estatuto de Roma y defendiendo su integridad con el propósito de reforzar la independencia de la Corte;

L.  Considerando que, en su Resolución de 17 de julio de 2014, el Parlamento reiteró su firme apoyo a la adopción de las Enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la CPI —entre las que se cuentan la Enmienda sobre el crimen de agresión— e instó a todos los Estados miembros de la UE a ratificarlas y a incorporarlas a su legislación nacional; que la Enmienda sobre el crimen de agresión contribuirá a garantizar el Estado de Derecho a nivel internacional y a conseguir la paz y la seguridad a escala internacional al disuadir del uso ilegal de la fuerza, contribuyendo con ello proactivamente a la prevención de estos crímenes y a la consolidación de una paz duradera;

M.  Considerando que el 59º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (que se celebrará en Nueva York del 9 al 20 de marzo de 2015) se centrará en el seguimiento de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y en estudiar los obstáculos que en la actualidad se oponen a su aplicación y con ella a la consecución de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres, así como las oportunidades de alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el programa posterior a 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);

N.  Considerando que la educación primaria gratuita para todos los niños es un derecho fundamental consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; que la educación de los niños y de los adultos ayuda a reducir la pobreza y la mortalidad infantil, así como a fomentar las buenas prácticas medioambientales; que el acceso a la educación para todos está intrínsecamente relacionado con el ODM de igualdad de género, en particular en lo relativo a la finalización de la educación primaria; que aún queda mucho por hacer para alcanzar ese objetivo;

O.  Considerando que, en época de conflictos armados, las mujeres y los niños, en particular las mujeres y niños refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas, se encuentran entre los grupos más vulnerables de la sociedad y que los riesgos para las adolescentes desplazadas durante las crisis humanitarias se acrecientan significativamente;

P.  Considerando que todos los tipos de discriminación y violencia contra las mujeres, incluidos el abuso sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos, los llamados crímenes de honor, la explotación sexual de las mujeres con fines comerciales, así como la violencia doméstica, no pueden justificarse jamás desde ninguna perspectiva política, social, religiosa, cultural o de tradiciones populares o tribales;

Q.  Considerando que existe una correlación clara entre corrupción y violaciones de los derechos humanos; que la corrupción en los sectores público y privado provoca y agrava la desigualdad y la discriminación e impide, por tanto, un disfrute equitativo de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; que está demostrado que los actos de corrupción suelen ir de la mano de violaciones de los derechos humanos, abusos de poder y falta de mecanismos de rendición de cuentas;

R.  Considerando que los derechos laborales y sindicales son objeto de graves ataques en todo el mundo, y que las prácticas empresariales tienen un efecto importante sobre los derechos de los trabajadores, las comunidades y los consumidores, tanto dentro como fuera de Europa; que el Derecho internacional en este ámbito impone a los Estados la obligación de proteger los derechos humanos y de garantizar que las actividades de las empresas bajo su jurisdicción no los conculcan, además de asegurar que las víctimas tienen a su disposición formas efectivas de recurso a las que acogerse;

S.  Considerando que la comunidad empresarial tiene un importante papel que desempeñar en la promoción de los derechos humanos, y que dichos esfuerzos son deseables en gran medida y deberían contar con el apoyo de las instituciones públicas en todo el mundo; que la promoción de los derechos humanos debe considerarse una plataforma para la cooperación entre la administración y el sector privado;

T.  Considerando que el Sistema de Preferencias Generalizadas reforzado (SPG+) para terceros países incluye el requisito de una cláusula relativa al respeto de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y laborales;

U.  Considerando que en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) se afirma que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, que disfrutan de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio, y que solo podrá contraerse el matrimonio mediante un consentimiento libre y pleno de los futuros esposos;

V.  Considerando que en el artículo 14 de la DUDH se reconoce el derecho de toda persona a buscar asilo, en caso de persecución, en cualquier país; que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas afirma claramente que todos los refugiados tienen derecho a protección especial y que ningún Estado podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre;

W.  Considerando que en el artículo 18 de la DUDH se reconoce el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; que el número de incidentes relativos a la libertad de religión o creencias ha aumentado drásticamente, entre otros motivos, como consecuencia de un mayor número de conflictos de dimensión religiosa;

X.  Considerando que en el artículo 25 de la DUDH se reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en el que la maternidad y la infancia tienen derecho a atenciones y asistencia especiales, y que incluye asistencia sanitaria; que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño celebra su vigesimoquinto aniversario, y que es el tratado en materia de derechos humanos más ratificado; que la Resolución 26/28 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide que la próxima reunión del Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se centre en el acceso a los medicamentos en el contexto del derecho de toda persona al goce del grado máximo de salud física y mental que se pueda lograr; que la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social;

Y.  Considerando que los efectos del cambio climático, como el aumento de las temperaturas o del nivel del mar y unas condiciones climáticas más extremas, intensificarán los problemas provocados por la inestabilidad mundial y, con ellos, el peligro de que se produzcan graves violaciones de los derechos humanos;

Z.  Considerando que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano que se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y que está estrechamente vinculado al derecho al goce del grado máximo de salud física y mental que se pueda lograr, así como al derecho a la vida y a la dignidad humana; que aproximadamente 2 600 millones de personas —la mitad de la población de los países en desarrollo— carecen de una simple letrina «mejorada» y que 1 100 millones no tienen acceso a ningún tipo de agua potable;

AA.  Considerando que el presente informe, elaborado como respuesta al Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo de 2013 adoptado por el Consejo, constituye un análisis prospectivo de las actividades de la UE en este campo; que el Parlamento, en sus resoluciones sobre el anterior Informe anual y sobre la revisión de la Estrategia de la UE en materia de derechos humanos, subrayaba la necesidad de una reflexión permanente sobre sus propias prácticas para integrar los derechos humanos en sus actividades, llevar un seguimiento de sus resoluciones de urgencia sobre las violaciones de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho y supervisar el respeto de las cláusulas sobre democracia y derechos humanos incluidas en los acuerdos celebrados entre la UE y terceros países;

Importancia primordial de los derechos humanos en las políticas exteriores de la UE

1.  Recuerda que en el preámbulo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se afirma que esta «sitúa a la persona y a la dignidad humana en el centro de su actuación»;

2.  Pide a todas las instituciones y a los Estados miembros de la Unión que otorguen a los derechos humanos un lugar central en las relaciones de la UE con todos los países terceros, incluidos sus socios estratégicos, y en todas sus declaraciones y reuniones de alto nivel; subraya la importancia de aplicar de forma efectiva, firme y coherente la política de derechos humanos de la Unión, de acuerdo con las obligaciones claramente estipuladas en el artículo 21 del TUE y en el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia; pide a la nueva VP/HR que manifieste abiertamente su compromiso irrenunciable con la aplicación de estos principios;

3.  Subraya la importancia de que los Estados miembros hablen con una sola voz en favor de la indivisibilidad, la inviolabilidad y la universalidad de los derechos humanos y, en particular, de la ratificación de todos los instrumentos internacionales instaurados por las Naciones Unidas para garantizar los derechos humanos; pide a la UE que defienda la indivisibilidad e inviolabilidad de los derechos humanos, que incluyen los consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de conformidad con el artículo 21 del TUE; pide a la UE que siga promoviendo unos estándares universales en materia de derechos humanos a la hora de adquirir compromisos con terceros países y organizaciones regionales, tanto en los diálogos políticos como sobre derechos humanos y en las negociaciones comerciales;

4.  Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de que el Estado de Derecho ocupe un lugar central en el proceso de ampliación; insta a la UE a que, durante todo el proceso de adhesión, controle atentamente la aplicación de las disposiciones que protegen los derechos humanos y los derechos de las personas que pertenecen a minorías;

5.  Advierte, no obstante, de las consecuencias inesperadas de la continua ampliación de la lista de los derechos humanos y de la inclusión de cuestiones controvertidas desde el punto de vista ideológico o político, ya que ello podría reducir en última instancia el apoyo general hacia la propia idea de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos;

6.  Señala que, además del sufrimiento humano, la UE debería tener también en cuenta todas las consecuencias que lleva aparejada la violación de los derechos humanos, pues su conculcación y la falta de participación democrática se traducen en inestabilidad, corrupción, Estados fallidos, crisis humanitarias o conflictos armados, fenómenos que frustran la labor de la UE en el ámbito de la política de desarrollo y ante los que la UE o sus Estados miembros se ven obligados a reaccionar en el ámbito de la política exterior y de seguridad; acoge con satisfacción, a este respecto, los recientes esfuerzos de la Unión Europea por incluir las violaciones de los derechos humanos en su matriz de alerta precoz en relación con la prevención de crisis; pide, no obstante, una actuación preventiva más firme, e insta a la VP/HR, a la Comisión y a los Estados miembros a desarrollar un componente de prevención de crisis basado en los derechos humanos, que vendría a añadirse al enfoque integral de la UE de los conflictos y crisis exteriores y que debería incluirse en la próxima revisión de la Estrategia Europea de Seguridad;

7.  Considera que la UE, incluidas sus delegaciones, debería identificar las señales de alerta rápida, tales como la represión de las minorías y las violaciones de derechos humanos, que indiquen posibles conflictos y catástrofes humanitarias; pide a la UE que desarrolle las mejores prácticas para promover y proteger los derechos humanos en situaciones posteriores a catástrofes y conflictos, prestando especial atención a las personas con discapacidad, a las mujeres y los niños y a otros grupos vulnerables mediante la aportación de datos y adoptando medidas pertinentes con respecto a referencias específicas a las personas con discapacidad, la disponibilidad de planes de reducción del riesgo de catástrofes que tengan en cuenta la discapacidad, la formación del personal de todos los servicios pertinentes, así como la provisión de refugios de emergencia y de lugares de socorro en caso de catástrofe accesibles, haciendo hincapié en la integración de los derechos humanos en los esfuerzos de socorro, recuperación y reconstrucción, respetando al mismo tiempo los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia, así como el planteamiento basado en las necesidades en materia de asistencia humanitaria;

8.  Alienta a la UE a garantizar la existencia de una sinergia entre las oportunidades de apoyo que brindan el Instrumento de Estabilidad, el Instrumento financiero para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) y la Dotación Europea para la Democracia;

9.  Expresa su profunda preocupación por el aumento de graves violaciones de los derechos humanos provocado por el terrorismo en todo el mundo; hace referencia a un informe de 2014 en el que se indica un aumento del 62 % en la actividad terrorista de 2012 a 2013 y un incremento de 15 a 24 en el número de países que sufrieron ataques terroristas, con más de 50 víctimas mortales; insta a la VP/HR y al SEAE a que, con respecto al aumento de la actividad terrorista, persigan una cooperación mejor y más eficiente con los gobiernos para luchar contra todas las formas de terrorismo;

10.  Sostiene que la negación del genocidio y otros crímenes contra la humanidad, así como los actos de racismo, xenofobia u odio religioso, constituyen una clara violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, como tales, deben ser condenados;

11.  Pide a la VP/HR, Federica Mogherini, y a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE que incluyan regularmente en la agenda del Consejo de Asuntos Exteriores el debate sobre las acciones que ha de llevar a cabo la UE para lograr la liberación de defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y otras personas que ejercen sus derechos de forma pacífica;

El Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo como instrumento de comunicación de la política en materia de derechos humanos y democracia de la UE

12.  Celebra la adopción por el Consejo del Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo de 2013; pide a la nueva VP/HR que se comprometa a participar en dos debates anuales consagrados a la política en materia de derechos humanos y democracia de la UE en los plenos del Parlamento, a presentar el informe de la UE y a dar respuesta al informe del Parlamento;

13.  Considera lamentable que la Comisión no haya dado una respuesta por escrito a la Resolución del Parlamento sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2012) antes mencionada, y opina que dichas respuestas por escrito son extremadamente importantes para la cooperación interinstitucional en esta materia y que no pueden ser sustituidas por el debate en el Pleno, que deja menos tiempo para la reflexión y para ofrecer una respuesta sistemática a todas las cuestiones planteadas por el Parlamento;

14.  Felicita al SEAE y a la Comisión por su informe, claro y exhaustivo, sobre las actividades de la UE durante el periodo que abarca el informe; reitera no obstante su opinión de que, en particular los informes por país, deberían incluir una sinopsis de las principales tendencias positivas y negativas y evaluar la eficacia de las acciones de la UE; observa que una comunicación pública más exhaustiva, en particular basada en las prioridades e indicadores identificados en las estrategias nacionales de la UE en materia de derechos humanos, hasta ahora confidenciales, favorecería una mayor coherencia en la aplicación de la condicionalidad en materia de derechos humanos y en la evaluación de los efectos de las políticas de la UE en los derechos humanos;

15.  Se reafirma en su opinión de que las instituciones de la UE deberían trabajar juntas por mejorar el formato del informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, con el fin de que llegue a un público amplio conservando su exhaustividad en tanto que informe sobre la ejecución del Marco Estratégico de la UE y el Plan de Acción sobre Derechos Humanos y Democracia; reitera su disposición a cooperar de forma activa y constructiva con las instituciones de la UE en la preparación de futuros informes; reitera su petición de que el Informe anual incluya una sección sobre la aplicación del Plan de Acción por los Estados miembros;

Aplicación del Marco estratégico y el Plan de Acción de la UE

16.  Reitera su satisfacción por el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia, adoptados por el Consejo en 2012, como un hito importante para abrir nuevos horizontes políticos y volver a confirmar el compromiso de la UE con la obligación del Tratado de integrar los derechos humanos en todas las políticas exteriores de la UE sin excepción;

17.  Recuerda que los derechos humanos se han convertido en un componente fundamental de la acción exterior de la UE y en una verdadera seña de identidad en sus relaciones bilaterales, multilaterales e institucionales;

18.  Aprecia los esfuerzos realizados por el SEAE y la Comisión para informar al Parlamento Europeo sobre la aplicación del primer Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia; pide a la VP/HR y al SEAE que involucren a los Estados miembros, la Comisión, el Parlamento, la sociedad civil y organizaciones regionales e internacionales en la revisión y las consultas previas a la adopción del nuevo Plan de Acción que entrará en vigor a principios de 2015; acoge con satisfacción las conversaciones encaminadas a lograr una mejor priorización de los objetivos en el nuevo Plan de Acción, así como a aumentar la claridad, la eficacia y la coherencia de este instrumento de política exterior de la UE, pero advierte de que no se debe reducir el ámbito de aplicación del Plan de Acción ni el nivel de ambición en cuanto a la integración de los derechos humanos en todas las políticas de la UE;

19.  Alienta a todos los agentes de la acción exterior de la UE a que integren los derechos humanos y sus diferentes instrumentos en la política exterior de la Unión y a que tengan en cuenta los derechos humanos de forma transversal, entre otras cosas mediante la organización de cursos periódicos de formación en materia de derechos humanos destinados a los funcionarios interesados;

20.  Manifiesta especial preocupación por la aplicación del compromiso contraído en el Marco Estratégico para que los derechos humanos estén en el centro de las relaciones de la UE con todos los terceros países, incluidos sus socios estratégicos; insta, en consecuencia, a la VP/HR y al SEAE a prestar especial atención a la aplicación de este compromiso y a garantizar la inclusión de los derechos humanos y la democracia en las relaciones de la UE con sus socios estratégicos en contextos fundamentales tales como las reuniones en la cumbre y las conclusiones del Consejo; recomienda asimismo que, siempre que se produzca una violación flagrante de los derechos humanos por parte de un país socio con el que se haya celebrado un acuerdo, la UE tome medidas más eficaces a la hora de imponer las sanciones apropiadas según lo estipulado en las cláusulas sobre derechos humanos del acuerdo, incluida la posible suspensión (temporal) del mismo;

21.  Pide a la VP/HR que, en coordinación con todos los demás comisarios, elabore un programa que integre los derechos humanos en diversas actividades de la UE, en particular en los ámbitos del desarrollo, la migración, el medio ambiente, el empleo, la protección de datos en Internet, el comercio, las inversiones, la tecnología y los negocios;

22.  Celebra que la VP/HR haya declarado públicamente la necesidad de revisar la estrategia de la UE con respecto a todos sus socios estratégicos, incluidos China y Rusia, y le pide que dé prioridad a los derechos humanos en dichos países durante su mandato, aclarando que las violaciones graves de los derechos humanos constituyen una amenaza para las relaciones bilaterales entre la UE y sus socios estratégicos;

Mandato del representante especial de la UE para los Derechos Humanos

23.  Reconoce la importancia del mandato otorgado al primer representante especial de la UE (REUE) para los Derechos Humanos y felicita al actual representante por el trabajo realizado hasta la fecha; alienta al REUE a continuar mejorando la visibilidad de la UE y su compromiso con las organizaciones multilaterales y los mecanismos regionales de derechos humanos pertinentes (Naciones Unidas, Consejo de Europa, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, Asociación de Naciones del Asia Sudoriental, Unión Africana y Organización de Cooperación Islámica), para promover las prioridades temáticas clave de la UE que se recogen en las directrices sobre derechos humanos de la UE, trabajar en pos del empoderamiento de la sociedad civil en todo el mundo, contribuir a la integración, la coherencia, la consistencia y la eficacia de la política de derechos humanos de la UE y lograr el equilibrio adecuado entre la diplomacia discreta y la pública; reconoce la necesidad de dotar de mayor visibilidad a la función del REUE, que debe tener derecho de iniciativa y a expresar públicamente sus opiniones recurriendo a los distintos servicios de las instituciones de la UE con el fin de garantizar una buena coordinación;

24.  Pide al Consejo que adopte como principio general la práctica de incluir la cooperación con el REUE para los Derechos Humanos de manera sistemática en el mandato de los futuros REUE;

25.  Pide que el cargo de REUE para los Derechos Humanos se mantenga, y se convierta en una función permanente, con medios suficientes para respaldar este papel en todos sus aspectos, incluido el uso de diplomacia pública;

Coherencia interna y externa de la política de la UE en materia de derechos humanos y democracia

26.  Subraya que la política de la UE en materia de derechos humanos debe ser coherente a la hora de cumplir las obligaciones que se derivan de los Tratados, garantizando la coherencia entre las políticas interiores y exteriores y evitando dobles raseros; pide, por lo tanto, la adopción de las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre los derechos humanos en relación con los socios estratégicos; pide, en este contexto, el establecimiento de umbrales comunes para los Estados miembros y los funcionarios de la UE en relación con las cuestiones de derechos humanos que deben plantear, como mínimo, ante sus socios estratégicos homólogos, teniendo en cuenta al mismo tiempo las circunstancias de la situación de cada país;

27.  Subraya que la coherencia de la acción de la UE frente a terceros países constituye un requisito para su credibilidad y, por ende, su eficacia, y que las divergencias e incoherencias repercuten negativamente en la eficacia de su acción y en ocasiones restan audibilidad a su discurso sobre los derechos humanos; recuerda que, pese a las numerosas dificultades encontradas, la coherencia sigue siendo un objetivo prioritario en materia de política exterior y debe situarse en el centro del mandato de todos los agentes de dicha política;

28.  Considera fundamental, por otra parte, que las exigencias en materia de derechos humanos impuestas por la UE en sus relaciones con terceros países se apliquen también a los Estados miembros; recuerda, a este respecto, que el Parlamento Europeo aprueba un informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior;

29.  Pide al SEAE que refuerce la gestión, el control y la rendición de cuentas de los fondos de la UE destinados a la defensa de los derechos humanos;

30.  Señala los importantes desafíos que plantea la anexión de Crimea por parte de Rusia y la continua actividad militar en el este de Ucrania; destaca que esta política de agresión supone una continuación de la deriva de Rusia hacia el autoritarismo, con un empeoramiento de la situación en materia de derechos humanos dentro del país; destaca que Rusia representa ahora un «desafío estratégico» para la UE y que ya no cumple los criterios de la asociación estratégica;

31.  Pide a la UE que aborde eficazmente los desafíos internos en materia de derechos humanos, como la situación de la población romaní, el trato a los refugiados y migrantes, la discriminación de las personas LGBTI, las condiciones de detención o la libertad de prensa en los Estados miembros, con el fin de mantener la credibilidad y la coherencia en su política exterior de derechos humanos; lamenta el hecho de que la minoría romaní siga siendo objeto de discriminación, racismo y exclusión social, tanto dentro de la UE como en los países candidatos de los Balcanes Occidentales y Turquía; observa en este sentido que el respeto de los derechos de las minorías es uno de los principales retos definidos en la Estrategia de Ampliación de la Comisión para 2014-2015;

Instrumentos de la política de derechos humanos de la UE

Las estrategias nacionales en materia de derechos humanos y la función de las delegaciones de la UE

32.  Felicita al SEAE por la finalización con éxito del primer ciclo de estrategias nacionales en materia de derechos humanos, que se han desarrollado prestando una atención particular a las actividades de las delegaciones de la UE; lamenta, no obstante, la continua falta de transparencia en lo que respecta a los contenidos de las estrategias nacionales, en particular el hecho de que no se haya informado adecuadamente al Parlamento, y pide, una vez más, la divulgación pública, como mínimo, de las prioridades clave de cada estrategia nacional y que el Parlamento tenga acceso a las estrategias, en un escenario adecuado, con el fin de permitir un nivel adecuado de control; alienta al SEAE a que adopte indicadores para evaluar su eficacia y a que, en su Informe Anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, se refiera más explícitamente a las secciones nacionales, ya que constituyen los informes de ejecución sobre las estrategias nacionales; recuerda el compromiso de la UE de garantizar que las estrategias nacionales en materia de derechos humanos se tienen en cuenta en todos los niveles de la elaboración de las políticas con terceros países, incluidos los diálogos políticos y sobre derechos humanos;

33.  Resalta la necesidad de que las delegaciones de la UE elaboren un informe anual de sus actividades en el ámbito de los derechos humanos;

34.  Acoge con satisfacción la red casi terminada de derechos humanos y los centros de coordinación de funcionarios de enlace de los defensores de derechos humanos en las delegaciones de la UE; pide a la VP/HR y al SEAE que elaboren directrices operativas claras en cuanto a su función en las delegaciones, con el fin de que puedan desarrollar plenamente su potencial, crear estándares creíbles y evitar incoherencias entre las delegaciones de la UE;

35.  Alienta el refuerzo de la cooperación entre las redes diplomáticas de los Estados miembros y las delegaciones de la UE en el mundo, con objeto de contribuir a las reflexiones de los grupos de trabajo sobre derechos humanos en terceros países;

36.  Pide al SEAE que vele por que los casos de defensores de derechos encarcelados se traten en todas las reuniones de alto nivel entre la UE y terceros países, incluidas las reuniones del Consejo de Cooperación o del Consejo de Asociación; insiste en que todas las estrategias nacionales en materia de derechos humanos entre la UE y terceros países incluyan una sección relativa a los defensores de derechos encarcelados;

37.  Recuerda el compromiso de integrar los derechos humanos en todas las evaluaciones de impacto de la UE; insiste en la importancia de este compromiso para garantizar que la UE respete, proteja y cumpla los derechos humanos y asegurar que sus políticas y actividades exteriores se diseñen y ejecuten de tal manera que consoliden los derechos humanos en el extranjero; pide a la UE que, mediante una mejora de la consulta de la sociedad civil y las instituciones de la UE y la coordinación con ellas, mejore la calidad y la sistemación de las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos;

Diálogos y consultas sobre los derechos humanos

38.  Reitera su apoyo a los diálogos dedicados a los derechos humanos como una herramienta de la política de derechos humanos de la UE, siempre que no constituyan un fin en sí mismo, sino un medio de asegurar compromisos y logros específicos de la otra parte; reconoce el valor del compromiso en el diálogo específico sobre derechos humanos, en particular, con los países con graves problemas en materia de derechos humanos; subraya, no obstante, la necesidad de que la UE saque conclusiones políticas claras cuando el diálogo sobre los derechos humanos no conlleve resultados positivos debido a la falta de voluntad de la otra parte para participar de buena fe o a su falta de verdadero compromiso de reforma, y que ponga más énfasis en la diplomacia pública con el fin de evitar que la credibilidad pública de la política sobre derechos humanos de la UE se ponga en entredicho; advierte, además, del peligro de evitar el debate sobre derechos humanos en los diálogos políticos de alto nivel; insiste en que la UE plantee debidamente los casos individuales de defensores de derechos humanos en peligro o encarcelados y de los presos políticos de modo responsable y transparente; pide que, en el caso de violaciones flagrantes de los derechos humanos, la cuestión se sitúe en el centro del diálogo político de más alto nivel;

39.  Insta al SEAE a que desarrolle un mecanismo de revisión exhaustivo que permita evaluar los diálogos, habida cuenta de la incapacidad de los mismos para lograr resultados significativos y tangibles; insta asimismo a la UE a reforzar sus parámetros de referencia con el fin de ayudar a medir los logros y que los diálogos sean más eficaces, lo que contribuiría a acercar a aquellos países con graves problemas en materia de derechos humanos a las normas internacionales en este ámbito; pide a la UE que, a la vista, por ejemplo, de la incapacidad del diálogo entre la UE y China en materia de derechos humanos para conseguir resultados significativos y tangibles y de los acontecimientos que se han producido recientemente en Hong Kong, se replantee su estrategia en materia de derechos humanos y adopte un enfoque más coherente, unificado y estratégico con respecto a los derechos humanos;

40.  Lamenta que, debido a la diversidad de estructuras, formatos, periodicidad, métodos y nivel de confidencialidad de los intercambios, no exista un verdadero mecanismo de seguimiento y evaluación de estos diálogos ni indicadores de progreso; recomienda que se especifiquen los objetivos de cada diálogo y que se evalúen los resultados en consulta con el Parlamento;

41.  Insta al SEAE a continuar trabajando con todos los países con los que mantiene actualmente diálogos sobre derechos humanos, solicitando compromisos concretos de las respectivas autoridades y realizando un seguimiento periódico de las exigencias que plantean durante las consultas;

Directrices de la UE sobre los derechos humanos

42.  Acoge con satisfacción la adopción por el Consejo, en 2013, de las Directrices de la UE sobre los derechos humanos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y de las Directrices de la UE sobre la libertad de religión o de creencias, así como de las Directrices sobre la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, en 2014;

43.  Recuerda que la adopción de directrices no debe conducir a la introducción de criterios de selectividad en el sistema de derechos humanos, ya que es preciso que los principios de universalidad e indivisibilidad conserven su carácter fundamental; pide a la Comisión que defina, en colaboración con el Parlamento y los agentes de la sociedad civil, los criterios utilizados para la selección de los temas tratados en las directrices, así como que aporte una mayor claridad al proceso de selección;

44.  Pide a la Comisión que complete las directrices de modo que se garantice una mejor inteligibilidad de las mismas mediante la armonización de su formato y su contenido, que deberían establecer objetivos, criterios, recursos, programas de trabajo e indicadores, así como integrar una evaluación periódica; recuerda, a este respecto, que el Parlamento ha recomendado recientemente «una aplicación eficaz y orientada a los resultados» de las Directrices relativas a la tortura;

45.  Recomienda una mayor participación de los agentes de la sociedad civil en la elaboración, evaluación y revisión de las directrices;

46.  Insta al SEAE y al Consejo a que tomen las medidas apropiadas para aplicar y evaluar las directrices de la UE en cada país; alienta al SEAE y a los Estados miembros también a participar en la formación continua y la sensibilización del SEAE y del personal de la Delegación de la UE, así como de los diplomáticos de los Estados miembros, con el fin de asegurarse de que las Directrices de la UE en materia de derechos humanos tengan el efecto deseado en el diseño de las políticas que se aplican en cada lugar;

Políticas de la UE en apoyo de la democratización y la celebración de elecciones

47.  Destaca que los regímenes democráticos no solo se definen por la organización de elecciones, sino también por el respeto del Estado de Derecho, la libertad de expresión, los derechos humanos, un poder judicial independiente y una administración imparcial; pide a la Comisión y al SEAE que apoyen los procesos democráticos en curso en terceros países; destaca, a este respecto, la importancia de dar seguimiento a los informes y recomendaciones de las misiones de observación de elecciones, utilizándolos como parte del compromiso de la UE en favor de la democracia con el país en cuestión y dando mandato al jefe de los observadores para que desempeñe un papel especial en el seguimiento de la aplicación de las recomendaciones, como parte coherente del enfoque integral del Parlamento de apoyo a la democracia y con el apoyo de los órganos permanentes del Parlamento Europeo; destaca el papel positivo que pueden desempeñar las misiones de observación de elecciones de la UE a la hora de garantizar la credibilidad de la UE como socio;

48.  Pide a la UE que siga trabajando en la definición de las mejores prácticas en este ámbito, con el fin de apoyar y consolidar los procesos de democratización; alienta el desarrollo de instrumentos políticos y operacionales que se habrán de aplicar en los países prioritarios con el fin de integrar los derechos humanos y las medidas de apoyo a la democracia, incluidas las medidas de prevención de conflictos y la mediación, en el enfoque de la UE de una manera coherente, flexible y creíble;

49.  Hace hincapié en que la transición política y la democratización deben combinarse con el respeto de los derechos humanos, la promoción de la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho y el establecimiento de instituciones democráticas; pide el apoyo sistemático de la UE para los parlamentos elegidos de manera libre y justa; subraya la necesidad de invertir en diálogos políticos entre los partidos del Gobierno y de la oposición;

50.  Recuerda que, a raíz de las Primaveras Árabes, la Unión Europea redefinió su política de vecindad respecto del Mediterráneo meridional y puso de relieve el papel de la sociedad civil y el principio de «más por más» con miras a establecer asociaciones más sólidas con sus vecinos y a acompañar sus reformas y transiciones democráticas;

51.  Considera que las relaciones de la UE con todos los terceros países se deben regir por el enfoque basado en el rendimiento «más por más», y que la UE únicamente debe conceder a sus países socios un estatuto avanzado si cumplen unas obligaciones claras en materia de derechos humanos y democracia y que no debe vacilar en congelar este estatuto si estos requisitos dejan de cumplirse;

52.  Pide un uso eficaz de las nuevas tecnologías y de Internet para que personas de todo el mundo puedan acceder en la mayor medida posible a la información sobre derechos humanos y democracia y a los programas de la UE;

53.  Acoge con satisfacción la labor en los países piloto llevada a cabo hasta ahora por nueve delegaciones de la UE para lograr una mayor coherencia en el apoyo a la democracia en las relaciones exteriores de la UE, de conformidad con lo dispuesto en las Conclusiones del Consejo de 2009 y 2010, integradas en el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia en 2012;

54.  Pide que la Comisión y el SEAE mejoren su coordinación con el Parlamento en lo que respecta a la segunda generación de países piloto con el fin de garantizar que todas las instituciones de la UE participen y compartan su experiencia en la búsqueda de apoyo a la democracia en terceros países;

55.  Felicita a la Dotación Europea para la Democracia por su eficiente labor en la promoción de la democracia en nuestra vecindad y apoya una ampliación cuidadosa de su mandato a otras sociedades que luchan por la democratización; pide a los Estados miembros, en un espíritu de solidaridad y compromiso, que proporcionen financiación suficiente al presupuesto de la Dotación para asegurar el apoyo más flexible y eficaz para los actores locales del cambio democrático;

56.  Subraya la importancia de reforzar el papel de las mujeres en la promoción de los derechos humanos y las reformas democráticas, en el apoyo a la prevención de conflictos y en la consolidación de la participación y representación políticas; observa también a este respecto que deben tenerse en cuenta y ser objeto de seguimiento las recomendaciones formuladas en los informes de las misiones de observación electoral de la UE sobre la participación plena y equitativa de las mujeres en el proceso electoral;

57.  Recuerda que la ampliación ha sido la labor de democratización de la UE que ha tenido más éxito, y hace hincapié en que las negociaciones con los Balcanes Occidentales siguen siendo el principal instrumento para ayudar a estos países a establecer sociedades democráticas plenamente funcionales;

Apoyo de la UE a los defensores de los derechos humanos

58.  Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo dedicadas a los defensores de los derechos humanos en el décimo aniversario de las Directrices de la UE sobre los Defensores de los Derechos Humanos; felicita, además, a la Comisión por hacer un uso creciente de la financiación de la IEDDH para facilitar subvenciones de emergencia a los defensores de los derechos humanos bajo amenaza inminente, y anima a la Comisión a seguir explorando nuevas formas de apoyo a los defensores de los derechos humanos; reitera, en este sentido, la importancia de la Dotación Europea para la Democracia como instrumento de fomento y protección de los activistas defensores de la democracia, de los blogueros y de los periodistas en todo el mundo;

59.  Lamenta que la persecución y la marginalización de los defensores de los derechos humanos siga siendo una tendencia extendida por todo el mundo, en particular en aquellos países que no aceptan la universalidad de los derechos humanos;

60.  Pide que la UE preste especial atención a la cuestión de los defensores de los derechos humanos encarcelados en el mundo y a la necesidad de que la UE redoble los esfuerzos colectivos para asegurar la liberación de estas personas mediante, entre otras estrategias, el establecimiento de un grupo de trabajo interno del Parlamento Europeo que se mantenga al día, a través de la estrecha colaboración con la sociedad civil, sobre los casos de activistas encarcelados en todo el mundo;

61.  Reitera su llamamiento al SEAE para que siga protegiendo a las ONG, a los defensores de los derechos humanos, a los activistas de la sociedad civil, a los periodistas y a los abogados mediante el aumento de la eficacia de los diálogos sobre derechos humanos de la UE y la promoción de las prioridades temáticas y las directrices de la UE en materia de derechos humanos; alienta, en este sentido, la organización de campañas destinadas a llegar a los defensores de los derechos humanos en las zonas más remotas de terceros países, con el fin de contribuir a poner en práctica los objetivos políticos de la UE;

62.  Pide al SEAE y a la Comisión que velen por que las ayudas y otros programas de la UE no estén disponibles solo para grandes ONG, sino también para la creación de capacidades a escala local; insta, por lo tanto, a que se reduzca la carga burocrática al tiempo que se mantiene la rendición de cuentas en los procedimientos de ejecución y contabilidad, y anima a que se tome en consideración la presión cada vez mayor que ejercen los regímenes represores sobre la sociedad civil; pide que se adopte un enfoque más pragmático respecto de las sociedades en transición hacia la democracia, a fin de asegurar que se presta apoyo a las organizaciones y las personas adecuadas;

63.  Pide que el SEAE y las delegaciones de la UE entablen con los defensores de los derechos humanos y con las ONG un diálogo político genuino y pragmático dirigido a la búsqueda de las mejores maneras de apoyar un entorno propicio para su labor; pide que la UE mejore su diplomacia activa en terceros países y refuerce la posición de los centros de coordinación de los derechos humanos con el fin de integrar los derechos humanos en el trabajo político diario de la Delegación de la UE, mencionando sistemáticamente los nombres de los presos políticos, participando en la observación de los juicios y las visitas a las cárceles y realizando un seguimiento de los casos en cuestión; subraya la necesidad de que la UE utilice la diplomacia pública para apoyar a los defensores de los derechos humanos y para pedir la liberación de los activistas de derechos humanos encarcelados; insiste en que los altos representantes de la UE, incluidos la VP/HR, el Presidente del Consejo, los comisarios, los representantes especiales de la UE y los funcionarios de los Estados miembros, se reúnan sistemáticamente con defensores de los derechos humanos cuando viajen a países en los que la sociedad civil está bajo presión;

64.  Pide a la VP/HR y a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE que celebren un Consejo de Asuntos Exteriores anual dedicado a debatir los esfuerzos realizados por la Unión para lograr la liberación de defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y otras personas que ejercen sus derechos de forma pacífica, prestando especial atención a los casos planteados en las resoluciones del Parlamento en relación con los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;

Apoyo de la UE a los derechos humanos universales y a las organizaciones multilaterales de derechos humanos

65.  Recuerda el compromiso del Parlamento y de su Subcomisión de Derechos Humanos de apoyar un sistema multilateral fuerte en materia de derechos humanos bajo la égida de las Naciones Unidas, incluyendo la Tercera Comisión de la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y la labor de los organismos especializados de las Naciones Unidas relacionados, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas;

66.  Recuerda la importancia de las decisiones emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su ejecución en los países de que se trate, en lo relativo al respeto y a la consolidación de los derechos humanos como valores y principios básicos;

67.  Recuerda su posición inequívoca de institucionalizar su presencia en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, tal como se expresa en su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre las prioridades de la UE en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; considera que es indispensable continuar con la práctica de enviar una delegación del Parlamento Europeo a las sesiones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lamenta que esta práctica se interrumpiera en 2014;

68.  Reitera la importancia de que la UE participe activamente en todos los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular, en la Tercera Comisión de la Asamblea General y en el Consejo de Derechos Humanos; alienta a los Estados miembros de la UE a copatrocinar y liderar las resoluciones, participando activamente en los debates y diálogos interactivos, y mediante la emisión de declaraciones; apoya firmemente la creciente práctica de iniciativas interregionales de la UE;

69.  Destaca una vez más la importancia de una coordinación y cooperación eficaces entre el SEAE, la Comisión, el Parlamento y los Estados miembros de la UE en cuestiones relativas a los derechos humanos; alienta al SEAE, en particular a través de las delegaciones de la UE en Nueva York y Ginebra, a incrementar la coherencia de la UE mediante consultas oportunas y detalladas, con el fin de que la posición de la UE se presente con una sola voz;

70.  Reitera la importancia de la acción de la Unión Europea en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ahora que esta última se dispone a hacer balance de sus cuarenta años de existencia; alienta el fortalecimiento de los vínculos de la UE con la OSCE y el Consejo de Europa;

71.  Recuerda asimismo la importancia de la labor llevada a cabo por el Consejo de Europa en este ámbito y reitera la necesidad de que la Unión Europea se adhiera rápidamente al Convenio Europeo de Derechos Humanos de conformidad con los Tratados;

72.  Reafirma la importancia de integrar el trabajo que se realiza en Nueva York y Ginebra en el marco de la Asamblea General, la Tercera Comisión y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en las actividades internas y externas pertinentes de la UE con el fin de garantizar la coherencia;

Política de la UE sobre la justicia penal internacional y la Corte Penal Internacional

73.  Reitera su pleno apoyo a la labor de la Corte Penal Internacional (CPI) a la hora de contribuir a poner fin a la impunidad de los autores de los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional y de hacer justicia para las víctimas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio; se mantiene alerta ante cualquier intento de socavar su legitimidad o independencia; recuerda el papel fundamental que desempeña esta Corte en el doble proceso de justicia y reconciliación; insta a la UE y a sus Estados miembros a cooperar con la Corte y a prestarle un sólido apoyo diplomático y político en las relaciones bilaterales y en todos los foros, incluidas las Naciones Unidas; expresa su preocupación por el hecho de que varias órdenes de detención aún no se hayan ejecutado; pide a la UE, a sus Estados miembros y a los representantes especiales de la UE que promuevan activamente la CPI, la ejecución de sus decisiones y la lucha contra la impunidad de delitos contemplados en el Estatuto de Roma; considera que el creciente número de Estados Parte supone una evolución importante en el refuerzo de la universalidad de la Corte; acoge con satisfacción la ratificación del Estatuto de Roma por Costa de Marfil en febrero de 2013, pero lamenta que ningún Estado ratificara el Estatuto en 2014; anima a la UE y a sus Estados miembros a redoblar sus esfuerzos en la promoción de la ratificación y aplicación del Estatuto de Roma con el fin de ampliar el acceso a la justicia para las víctimas de delitos graves de conformidad con el Derecho internacional; pide a los Estados miembros de la UE, como Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que le faciliten los recursos necesarios para que pueda ejercer su mandato de modo justo y eficaz; anima a la UE a continuar prestando ayuda a la justicia penal internacional y a la CPI, en particular mediante el apoyo a los actores de la sociedad civil a través del IEDDH;

74.  Reitera su petición en favor de la creación de un representante especial de la UE sobre Justicia Internacional y Derecho internacional humanitario, con el fin de dar a estos asuntos la relevancia y la visibilidad que merecen, avanzar eficazmente el programa de la UE e integrar la lucha contra la impunidad en todas las acciones exteriores de la UE;

75.  Lamenta que el Estatuto de Roma de la CPI aún no se haya incluido en la lista de convenios del nuevo Reglamento SPG requeridos para poder beneficiarse del SPG+ ; señala que algunos solicitantes del SPG+ (por ejemplo Armenia y Paquistán) no son Estados Parte del Estatuto o no lo han ratificado; reitera su recomendación en favor de incluir el Estatuto de Roma en la futura lista de convenios;

76.  Reitera su llamamiento para que la UE adopte una posición común sobre el delito de agresión y sobre las Enmiendas de Kampala, y pide a los Estados miembros de la UE la rápida armonización de su legislación nacional con las definiciones establecidas en las Enmiendas de Kampala, así como con otras obligaciones derivadas del Estatuto de Roma, a fin de permitir investigaciones y actuaciones judiciales nacionales por parte de los Estados miembros y mejorar la cooperación con la Corte;

77.  Pide a todos los Estados miembros de la UE que, ante el próximo centenario del genocidio armenio, reconozcan este genocidio, y les anima a ellos y a las instituciones europeas a seguir contribuyendo a su reconocimiento;

78.  Insta al SEAE a divulgar las buenas prácticas sobre los derechos, la protección y el apoyo a las víctimas de delitos y violencia en terceros países, y a intercambiar políticas de lucha contra la corrupción con terceros países, ya que la corrupción es con frecuencia una puerta para la impunidad y la causa profunda de injusticia para las víctimas;

Acción de la UE contra la pena de muerte

79.  Reitera su oposición unívoca a la pena capital, y alienta a la UE y a sus Estados miembros a mantener una política de alto nivel destinada a la abolición mundial de la pena de muerte; insta al SEAE a permanecer vigilante con respecto a la evolución en todos los países, y a utilizar todos los medios de influencia a su disposición;

80.  Apoya plenamente las resoluciones de diciembre de 2014 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la «Moratoria del uso de la pena de muerte»(23);

81.  Pide a la UE que continúe utilizando la cooperación y la diplomacia para abolir la pena de muerte en todos los foros posibles de todo el mundo, en consonancia con las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, y que garantice que se respeta plenamente el derecho a un juicio justo para todas y cada una de las personas que se enfrentan a la ejecución, sin utilizar la tortura u otro tipo de maltrato para conseguir una confesión;

82.  Manifiesta su preocupación por las informaciones sobre el aumento del número de ejecuciones a escala mundial entre 2012 y 2013, y ello a pesar de que las ejecuciones se limitan a una minoría cada vez más reducida de países; pide a la UE que adopte las medidas necesarias con respecto al número de ejecuciones en China e Irán, continuamente elevada, la reanudación de las ejecuciones en 2013 en Indonesia, Kuwait, Nigeria y Vietnam, la ejecución de menores en Irán, Arabia Saudí y Yemen en 2013 y el claro aumento de las ejecuciones de que se informa en Irak y Arabia Saudí;

83.  Acoge con satisfacción la reactivación del debate en los Estados Unidos sobre lo arbitrario y la naturaleza propensa a errores de la pena capital, la campaña para detener el flujo de Europa a los Estados Unidos de sustancias utilizadas para la ejecución y la abolición de la pena de muerte en 2013 en el Estado de Maryland; alienta a la VP/HR, a los REUE y al SEAE a que se comprometan con el Gobierno Federal y los gobiernos estatales y federales de los Estados Unidos con el fin de acelerar la desaparición de la pena de muerte en los Estados Unidos, para reforzar la cooperación transatlántica a nivel internacional y avanzar de forma creíble en los derechos humanos, la justicia internacional y la democracia;

84.  Alienta a la Comisión a utilizar la nueva flexibilidad que ofrece ahora el IEDDH con el fin de explorar nuevas formas de hacer campaña para la abolición de la pena de muerte y de apoyo a las acciones encaminadas a evitar la condena a muerte o las ejecuciones;

85.  Destaca la importancia de que la UE siga supervisando las condiciones en que se llevan a cabo las ejecuciones en los países que todavía aplican la pena de muerte y apoye la reforma jurídica y constitucional en pro de la abolición total;

86.  Recuerda su firme convicción de que la pena de muerte, dado que se trata de una violación del derecho a la integridad personal y la dignidad humana, es incompatible con la prohibición de penas crueles, inhumanas o degradantes en virtud del Derecho internacional, y pide al SEAE y a los Estados miembros que reconozcan formalmente esta incompatibilidad y adapten en consonancia la política de la UE sobre la pena capital; destaca la necesidad de interpretar las Directrices de la UE sobre la pena de muerte y la tortura de forma transversal;

Acción de la UE contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

87.  Insta a la VP/HR y al SEAE a que, a la luz de los continuos informes sobre la práctica generalizada de la tortura y los malos tratos en todo el mundo, intensifiquen los esfuerzos de la UE en la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; reitera su preocupación por que la actuación de la UE en este ámbito siga siendo en gran medida insuficiente y no llegue a honrar sus compromisos de conformidad con las Directrices de la UE sobre la tortura; pide, en particular, un mayor apoyo de la UE a la creación y el refuerzo de mecanismos nacionales y regionales de prevención de la tortura; toma nota de la propuesta de la Comisión, de 14 de enero de 2014, por la que se modifica el Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (COM(2014)0001), que da respuesta así a su Resolución de 17 de junio de 2010;

88.  Destaca que, con arreglo a los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma de la CPI, la tortura sistemática o a gran escala puede constituir un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad; subraya que el principio de «responsabilidad de proteger» atribuye a la comunidad internacional una responsabilidad específica que tiene el deber de ejercer;

89.  Alienta al SEAE a prestar una atención especial a las conclusiones de los países del Comité contra la Tortura de las NU, del subcomité creado con arreglo al Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y a plantear estas preocupaciones sistemáticamente en los diálogos políticos con los países afectados, así como en las declaraciones públicas; pide al SEAE, especialmente a las delegaciones de la UE y los Estados miembros, y en particular a sus embajadas sobre el terreno, que aceleren la aplicación de las Directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; pide a los Estados miembros que refuercen el control del comercio de bienes que puedan utilizarse para perpetrar actos de tortura o infligir tratos inhumanos y degradantes, así como el control que ejercen sobre la exportación de tecnologías y bienes de doble uso;

90.  Hace hincapié en que los miembros de grupos vulnerables, como las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, están más a menudo expuestos a la tortura o a los malos tratos durante la detención y, por consiguiente, necesitan una atención especial;

91.  Condena la exportación por parte de empresas europeas de productos y armas que puedan utilizarse para infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso en el marco de la represión de las manifestaciones; apoya, en este contexto, el proceso de revisión del Reglamento (CE) nº 1236/2005;

92.  Reitera la importancia de unos mecanismos de control eficaces para las exportaciones de determinadas drogas que se pueden utilizar para las ejecuciones y equipos que se pueden utilizar para la tortura; pide a la Comisión que aborde las lagunas que quedan en el Reglamento mediante la introducción de una cláusula general de uso final que prohíba la exportación de drogas que puedan utilizarse para torturas o ejecuciones;

93.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que procuren que todos los terceros países ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 20 de diciembre de 2006;

Los derechos humanos en los acuerdos comerciales de la UE y otros acuerdos internacionales

94.  Pide a la UE que vele por que los acuerdos comerciales celebrados con terceros países favorezcan el desarrollo económico y social de estos últimos y garanticen una buena gestión de sus recursos naturales y, en particular, de la tierra y el agua; reitera su llamamiento a favor de la inclusión sistemática de cláusulas de derechos humanos vinculantes, aplicables y no negociables en los acuerdos internacionales de la UE, incluidos los acuerdos comerciales y de inversión, celebrados o que se vayan a celebrar con terceros países, y pide que se mejore la consulta al Parlamento en las fases iniciales del proceso de negociación de acuerdos comerciales y de inversión, que se controle efectivamente la aplicación de las cláusulas de derechos humanos y que se informe al Parlamento de los aspectos vinculados a los derechos humanos del acuerdo;

95.  Recuerda que la política comercial contribuye a la consecución de los objetivos generales de la UE; que, con arreglo al artículo 207 del TFUE, la política comercial de la UE se lleva a cabo «en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión»; señala que, en virtud del artículo 3 del TUE, la Unión debe contribuir, en particular, «a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas»;

96.  Pide a la Comisión Europea que, a la hora de redactar su futura estrategia comercial, tenga en cuenta el importante papel que desempeñan el comercio y los acuerdos internacionales en la promoción de los derechos humanos a escala internacional;

97.  Hace hincapié en la necesidad de fomentar la cooperación y el diálogo multilaterales en materia de derechos humanos entre la Unión Europea y, en particular, la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas, con vistas a garantizar un marco comercial multilateral que contribuya al respeto de tales derechos;

98.  Recuerda que el SPG se ha concebido sobre la base del respeto por los países beneficiarios de los principios consagrados en los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de las normas fundamentales en materia de Derecho laboral, y que dicho sistema incluye un régimen especial de preferencias arancelarias suplementarias para fomentar la ratificación y la aplicación efectiva de los convenios internacionales fundamentales sobre derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza; reitera que el incumplimiento de estas condiciones puede conllevar la suspensión del régimen comercial; destaca la importancia de un seguimiento y una evaluación periódicos de la aplicación de los convenios internacionales por los países beneficiarios del sistema SPG+;

99.  Se congratula de la entrada en vigor el 1 de enero de 2014 del Sistema de Preferencias Generalizadas revisado (SPG+); recuerda que el SPG+ se ha mantenido dentro del Sistema de Preferencias Generalizadas y que exige a los países que solicitan beneficiarse del mismo que se comprometan a cooperar plena y debidamente con las organizaciones internacionales en lo que respecta al cumplimiento de los convenios internacionales relativos a los derechos humanos y a los derechos de los trabajadores;

Empresas y derechos humanos

100.  Lamenta que siga faltando un enfoque holístico para la manera en que las corporaciones acatan las normas relativas a los derechos humanos a nivel mundial, y que esto esté permitiendo a determinados Estados y empresas eludir dichas normas; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de adoptar normas en materia de responsabilidad social corporativa (RSC); apoya firmemente la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos; pide a la Comisión que adopte medidas efectivas para hacer operativo el marco de las Naciones Unidas «Proteger, respetar y remediar», presentado por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos; recuerda la importancia de promover los principios de la RSC, también en las actividades comerciales desarrolladas fuera de la UE, y de garantizar su cumplimiento en toda la cadena de suministro, sobre todo en lo referente al comercio ilegal de madera, al tráfico de especies silvestres y al comercio de minerales procedentes de zonas de conflicto; manifiesta su convencimiento de que las empresas europeas y sus empresas subsidiarias y subcontratistas deben desempeñar un papel clave en la promoción y difusión de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos en todo el mundo;

101.  Pide que la Comisión y el SEAE alienten a las delegaciones de la UE en todo el mundo a colaborar con las empresas de la UE con el fin de promover el respeto de los derechos humanos, y asegurar que la cuestión «empresas y derechos humanos» se incluya entre los principales temas en las convocatorias de propuestas locales del IEDDH; pide a los Estados miembros que velen por que las empresas que dependen de su Derecho nacional no incumplan los derechos humanos ni las normas sociales, sanitarias y medioambientales que se les imponen cuando se establecen o llevan a cabo sus actividades en un tercer país;

102.  Atrae la atención sobre la Estrategia de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas, en la cual se invita a los Estados a desarrollar un Plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos; reitera su llamamiento a la Comisión para que informe regularmente sobre la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos por parte de los Estados miembros de la UE, incluyendo sus planes de acción nacionales; lamenta la falta de avances por parte de la Comisión a la hora de responder a la solicitud del Parlamento de que elabore una legislación que exija a las empresas de la UE que garanticen que sus transacciones no apoyan a responsables de conflictos o de graves violaciones de los derechos humanos;

103.  Reafirma que las empresas europeas deben actuar con la debida diligencia para garantizar que sus operaciones respeten los derechos humanos, allí donde las realicen; destaca la importancia de informar de forma comprensible sobre el impacto social y medioambiental y en los derechos humanos de los proyectos que reciben ayudas de las instituciones financieras europeas; insiste en la necesidad de que estas instituciones garanticen que sus actividades cumplen el artículo 21 del TUE, que, entre otros aspectos, contiene la obligación de respetar los derechos humanos;

104.  Señala que las empresas no deben considerarlo un reto, sino una oportunidad para crear nuevas posibilidades empresariales en las regiones que más necesitan una inversión sostenible y responsable, y un medio de contribuir al respeto de los derechos humanos en los países en desarrollo;

105.  Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que las empresas propiedad de nacionales de terceros países o propiedad de terceros países con sede en los Estados miembros no apoyan a los autores de conflictos o violaciones graves de los derechos humanos, incluidas las formas modernas de esclavitud, como la trata de personas y su empleo con arreglo a condiciones inhumanas;

106.  Pide a la Comisión y al SEAE que adopten iniciativas consistentes para mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos vinculadas a operaciones comerciales fuera de la UE; insiste, asimismo, en la necesidad de establecer medidas coercitivas eficaces para sancionar a las empresas culpables de violar los derechos humanos e indemnizar a las víctimas de dichas violaciones;

107.  Pide a la UE que participe en el debate emergente sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas;

108.  Recuerda las cuatro normas de trabajo principales y universales tal y como se contemplan en los instrumentos de la OIT, principalmente la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzado, explotación y esclavitud, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo;

109.  Recuerda, en concreto, la urgente necesidad de respetar la libertad sindical y de combatir toda forma de represión en dicho ámbito, incluido el asesinato de sindicalistas;

110.  Observa con gran preocupación que, de conformidad con la OIT, aproximadamente 21 millones de hombres, mujeres y niños de todo el mundo sufren alguna forma de esclavitud; destaca la necesidad de abordar los derechos humanos de forma holística e indivisible haciendo hincapié en los derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, y adoptando un compromiso firme y vinculante con los mismos, puesto que sin estos derechos no es posible el desarrollo; subraya la necesidad de atajar las causas de la pobreza desde la raíz; destaca la obligación de respetar las normas internacionales de trabajo, de conformidad con el cumplimiento del Programa de Trabajo Decente de la OIT; opina que las cuestiones sociales deberían ocupar un lugar más central en las relaciones exteriores de la UE; lamenta, en este contexto, que la UE no disponga de un formato normalizado para una «cláusula social» que se inserte en todos los acuerdos de comercio exterior; insta, por consiguiente, a la UE a que incorpore un capítulo sobre desarrollo y una cláusula social que refleje las normas fundamentales del trabajo de la OIT en todos sus acuerdos de comercio exterior;

111.  Observa que el deterioro de la situación de seguridad a nivel mundial y el agravamiento de la crisis financiera desde el colapso de 2008 han dado lugar a un aumento del trabajo infantil en los países más pobres del mundo, lo que podría tener implicaciones jurídicas y en materia de reputación para las empresas que se surtan de los productos del mundo en desarrollo; insta a la VP/HR y al SEAE a que sigan promoviendo el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, especialmente en los países en desarrollo donde se obliga a trabajar a una cantidad deplorable de niños para que complementen los ingresos de la familia;

Medidas a escala de la UE destinadas a garantizar los derechos a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet y limitar el impacto de las tecnologías de vigilancia en los derechos humanos

112.  Reconoce que la rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado el entorno para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el mundo y ha generado importantes ventajas, pero también grandes preocupaciones; acoge con satisfacción, en este contexto, la adopción por el Consejo, en mayo de 2014, de las Directrices de la UE sobre la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet;

113.  Reitera que la libertad de expresión y la libertad, independencia y pluralismo de los medios de comunicación son elementos esenciales de una democracia sostenible que maximizan la participación de la sociedad civil y promueven el empoderamiento de los ciudadanos y son, por tanto, indispensables para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la vida pública;

114.  Pide un mayor apoyo en el ámbito de la promoción de la libertad de los medios de comunicación, la protección de los periodistas y autores de blogs independientes, la reducción de la brecha digital y la facilitación del acceso sin restricciones a la información y la comunicación y el acceso libre de censura a Internet (libertad digital);

115.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que aumenten el control de todas las restricciones a la libertad de expresión y las condenen de forma clara y rápida, incluido el recurso abusivo a las leyes penales contra la difamación y otras leyes restrictivas, criterios restrictivos o procedimientos onerosos para acceder a la acreditación como periodista o a cualquiera de las profesiones relacionadas con los medios de comunicación, así como establecer un centro de medios de comunicación, y adoptar iniciativas sólidas para apoyar un mejor acceso a la información de interés público;

116.  Condena todas las restricciones a la comunicación digital, incluido el cierre de sitios web y el bloqueo de cuentas personales, cuando van dirigidas a la sociedad civil, los activistas de las libertades civiles y los medios de comunicación libres;

117.  Expresa su preocupación por la difusión y proliferación de las tecnologías de control, de vigilancia, de censura y de filtrado, que representan una amenaza creciente para los defensores de los derechos humanos y la democracia en los países autocráticos y plantean, además, cuestiones preocupantes en relación con el derecho a la intimidad en los países democráticos, incluso cuando se utilizan objetivos legítimos, como la lucha contra el terrorismo la seguridad del Estado y el cumplimiento de la ley;

118.  Reconoce que importantes fabricantes de tecnología de piratería informática y vigilancia que puede utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos y atacar la infraestructura digital europea operan en Europa; pide a la Comisión que revise el sistema europeo de control de las exportaciones con el fin de evitar que tecnología peligrosa acabe en las manos equivocadas;

119.  Elogia a la Comisión por su publicación, en junio de 2013, de la guía sobre la aplicación, en el sector de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; sigue preocupado, no obstante, por el comercio de productos y servicios destinados a la denegación del acceso a Internet o a permitir la vigilancia masiva y el control del tráfico de Internet y las comunicaciones móviles, a filtrar los resultados de búsqueda o a inmiscuirse en conversaciones privadas; recuerda la Comunicación de la Comisión, de 24 de abril de 2014, titulada «Revisión de la política de control de las exportaciones: garantizar la seguridad y la competitividad en un mundo cambiante» (COM(2014)0244), que reconoce, en particular, los problemas surgidos en la exportación de determinadas tecnologías de la información y la comunicación (TIC); pide, por consiguiente, a la Comisión que reflexione sobre la manera de mejorar esta situación con vistas a la adopción de unas directrices actualizadas sobre el control de las exportaciones;

120.  Pide a la Comisión que siga apoyando iniciativas relacionadas con el desarrollo y la difusión de las tecnologías de seguridad digital para promover el empoderamiento de los defensores de los derechos humanos, proporcionándoles mecanismos seguros de recogida, codificación y almacenamiento, a fin de evitar el control por parte de los gobiernos represivos;

Apoyo de la UE a la sociedad civil y a la libertad de reunión y de asociación

121.  Expresa su gran preocupación por el espacio cada vez más reducido para la acción legítima de la sociedad civil en numerosos países del mundo; considera que una sociedad civil libre es uno de los pilares de la protección y el apoyo de los derechos humanos y los valores democráticos en todas las sociedades; se felicita, a este respecto, de todos los programas de la UE destinados a formar a jóvenes profesionales de terceros países y a simplificar los programas de intercambio de estudiantes para nacionales de terceros países, ya que promueven la participación activa de la juventud en la construcción de la democracia y contribuyen eficazmente al desarrollo de la sociedad civil;

122.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que aumenten el control de todas las restricciones a la libertad de reunión y asociación y las condenen de forma clara y rápida, en particular las prohibiciones de organizaciones de la sociedad civil, el recurso abusivo a las leyes penales contra la difamación y otras leyes restrictivas, los excesivos requisitos de registro e información, unas normas muy restrictivas en materia de financiación exterior o la prohibición a las ONG de llevar a cabo actividades políticas o de tener contacto con extranjeros;

123.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que planteen las violaciones de la libertad de asociación y de reunión en todos los niveles del diálogo político, también al más alto nivel, cuando las demás formas de diálogo, en particular el diálogo sobre derechos humanos, no hayan conseguido mejoras concretas sobre el terreno; insta a la UE y a sus Estados miembros a utilizar estos diálogos para presentar casos concretos preocupantes, en particular los de aquellas personas que han sido encarceladas únicamente por ejercer su derecho a la reunión y asociación pacíficas;

124.  Anima a los representantes de las Delegaciones de la UE y de las embajadas de los Estados miembros a realizar un seguimiento de los juicios a defensores de los derechos humanos y a todos aquellos encarcelados únicamente por ejercer su derecho a la reunión y asociación pacíficas y, si procede, condenar públicamente la falta de respeto del derecho a un juicio justo;

125.  Pide a la UE que convierta en una prioridad clave el respeto y la promoción de la libertad de reunión y de asociación en el futuro Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia, y que diseñe acciones específicas en ese sentido, ya que la libertad de reunión y de asociación es un elemento vital para la democracia y para una sociedad abierta;

126.  Reitera su apoyo a que la mayor parte de la financiación del IEDDH se destine a apoyar a los defensores de los derechos humanos y a las acciones de la sociedad civil en todo el mundo, y apoya el desarrollo de fondos de defensa jurídica para ayudar a que periodistas y activistas perseguidos tengan acceso a un abogado y a un juicio justo;

127.  Subraya la importancia de que las instituciones nacionales en materia de derechos humanos a escala nacional sean las encargadas de la vigilancia y sensibilización y garanticen el recurso para las víctimas de violaciones; pide a la UE que desarrolle una política en apoyo de las instituciones nacionales en materia de derechos humanos, en consonancia con los principios de París, y que la convierta en una prioridad en la ayuda exterior, en particular con arreglo al Instrumento Europeo de Vecindad;

Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias

128.  Condena toda violencia y discriminación por razones ideológicas, de religión o creencias, tal y como prescribe el artículo 10 del TFUE; expresa su gran preocupación por las continuas informaciones de actos de violencia y discriminación contra minorías religiosas en todo el mundo, en especial en Oriente Próximo; hace hincapié en que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencias es un derecho humano fundamental interrelacionado con otros derechos humanos y libertades fundamentales, que abarca el derecho a creer o no creer, el derecho a manifestar o no una religión o creencia, el derecho a adoptar, cambiar y abandonar una creencia elegida o a volver a ella, tal y como contempla el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;

129.  Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que garanticen el respeto de las minorías religiosas en todo el mundo, en particular en Oriente Próximo, donde los cristianos, incluidos los católicos, los armenios apostólicos, los coptos y los yazidíes, así como las minorías musulmanas, son perseguidos por el EIIL y otros grupos terroristas;

130.  Condena firmemente los ataques contra cristianos en varios países de todo el mundo y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas; está profundamente preocupado por el creciente número de episodios de represión, discriminación, intolerancia y ataques violentos contra las comunidades cristianas, en particular en África, Asia y Oriente Próximo; pide igualmente a los gobiernos que lleven ante la justicia a los responsables; está profundamente preocupado por la situación actual de los cristianos en Corea del Norte, Somalia, Siria, Irak, Afganistán, Arabia Saudí, Pakistán, Uzbekistán, Yemen, Nigeria y muchos otros países, en los que los cristianos viven con el miedo a ser asesinados, torturados, violados y secuestrados, y a que sus iglesias sean atacadas o destruidas;

131.  Expresa su profunda preocupación por la situación de las personas pertenecientes a la minoría musulmana rohingya en Myanmar/Birmania, a los que se niega la ciudadanía del país y se enfrentan a persecuciones y violaciones sistemáticas de los derechos humanos; recuerda su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre la situación de los musulmanes rohingya(24);

132.  Acoge con satisfacción la adopción, durante el año 2013, de las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, y pide a las instituciones y a los Estados miembros de la UE que presten una atención particular a la aplicación de estas directrices, tanto en los foros internacionales y regionales como en el marco de las relaciones bilaterales con terceros países, con especial atención a la situación vulnerable de los apóstatas; felicita a la nueva VP/HR por afirmar que la libertad de religión o creencias es una de las prioridades en materia de derechos humanos; anima a la VP/HR y al SEAE a entablar un diálogo permanente con las ONG, los grupos religiosos o de creencias y los líderes religiosos;

133.  Aplaude el compromiso de la UE de promover el derecho a la libertad de religión o creencias en foros internacionales y regionales, como las Naciones Unidas, la OSCE, el Consejo de Europa y otros mecanismos regionales; alienta a la UE a que siga presentando su resolución anual sobre la libertad de religión o creencias ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y apoyando el mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o creencias;

Derechos de las mujeres y las niñas

134.  Se felicita por el apoyo de la UE a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre cuestiones de género, en particular sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, sobre la discriminación de la mujer y sobre el papel de la libertad de expresión y de opinión en la capacitación de la mujer, así como a las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los matrimonios tempranos y forzados y sobre la mutilación genital femenina;

135.  Pide a la UE que participe activamente en la 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y que siga luchando contra todos los intentos de socavar la Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas, principalmente en relación con el acceso a la educación y la salud como derechos humanos fundamentales y con los derechos sexuales y reproductivos;

136.  Considera lamentable que los cuerpos de mujeres y niñas, y en concreto su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, sigan siendo un campo de batalla ideológico, y pide a la UE y a sus Estados miembros que reconozcan los derechos inalienables de las mujeres y las niñas a su integridad corporal y a su capacidad de decisión autónoma por lo que respecta, entre otros, al derecho a acceder a la planificación familiar voluntaria, a una interrupción voluntaria del embarazo legal y segura y a no ser víctimas de la violencia, incluida la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil, precoz o forzado y la violación conyugal;

137.  Reitera su condena de todas las formas de abuso y violencia contra las mujeres y las niñas, en particular el uso de la violencia sexual como arma de guerra y la violencia doméstica; pide, por consiguiente, a todos los Estados miembros del Consejo de Europa que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y la violencia doméstica; pide a la UE que adopte medidas para adherirse como tal al Convenio, con objeto de garantizar la coherencia entre la acción exterior e interior de la UE en materia de violencia contra las mujeres y las niñas;

138.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que los gobiernos cierren los ojos ante los casos de abusos sexuales a mujeres en un momento en el que una de cada tres mujeres en el mundo sufrirá violencia a lo largo de su vida; insta al SEAE a seguir estableciendo buenas prácticas en la lucha contra la violación y la violencia sexual contra las mujeres en terceros países con el fin de atajar las causas subyacentes a este problema;

139.  Destaca la importancia de que las autoridades se comprometan a llevar a cabo campañas educativas dirigidas a los hombres y, en particular, a las generaciones más jóvenes, con objeto de prevenir y eliminar progresivamente todos los tipos de violencia de género; hace hincapié en la necesidad de garantizar que los profesionales sanitarios, los agentes de policía, los fiscales y los jueces, tanto en la UE como en terceros países, estén formados adecuadamente para asistir y apoyar a las víctimas de violencia;

140.  Señala que la violencia sexista, incluidas las costumbres o tradiciones dañinas, constituye una violación de los derechos fundamentales, en especial de la dignidad humana, del derecho a la vida y del derecho a la integridad de la persona;

141.  Señala que el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica es un instrumento internacional importante y vinculante, y, por lo tanto, el hecho de que lo firmen cada vez más países contribuirá de manera significativa al desarrollo de una política integrada para proteger y capacitar a las víctimas y fomentará la cooperación internacional en este ámbito;

142.  Pide al Consejo que incluya la cuestión de los abortos «selectivos por sexo» en las directrices de la UE sobre violencia contra mujeres y niñas; invita a la Comisión y al Consejo a que elaboren métodos de recogida de datos e indicadores sobre este fenómeno, e insta al SEAE a que incluya este tema en el desarrollo y aplicación de las estrategias nacionales sobre derechos humanos;

143.  Destaca la importancia de llevar a cabo campañas de información y concienciación en las comunidades en las que se practican la mutilación genital femenina, el abuso sexual de las jóvenes, los matrimonios precoces y forzados, los feminicidios y otras violaciones de los derechos humanos relacionadas con el género, así como de incluir a los defensores de los derechos humanos que ya están luchando por poner fin a estas prácticas en la preparación y realización de tales campañas; recuerda que el matrimonio infantil, el matrimonio precoz y forzado o la no imposición de una edad mínima legal para contraer matrimonio no solo constituyen una violación de los derechos de los niños, sino también un verdadero freno a la emancipación de las mujeres;

144.  Condena categóricamente el uso de la violencia sexual contra la mujer como táctica de guerra, en particular los delitos como las violaciones en masa, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, las formas de persecución por razón de género, incluida la mutilación genital femenina, la trata de seres humanos, el turismo sexual, los matrimonios tempranos y forzados, los asesinatos por honor y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; sigue particularmente preocupado, a este respecto, por la situación en la región de los Grandes Lagos en África y en Siria, por ejemplo; expresa su apoyo a la labor de ONU Mujeres, de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias y del representante especial de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos; celebra que el Premio Sájarov se concediera en 2014 al Dr. Denis Mukwege por su excepcional lucha para la protección de las niñas y las mujeres víctimas de la violencia sexual durante los conflictos armados;

145.  Llama la atención sobre el hecho de que el Estatuto de Roma clasifica los delitos de género y de violencia sexual como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o actos constitutivos en relación con el genocidio o la tortura; acoge con satisfacción, en este contexto, la Resolución 2106 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la prevención de la violencia sexual en situaciones de conflicto, aprobada el 24 de junio de 2013, en la que reafirma que la CPI desempeña un papel primordial en la lucha contra la impunidad de los delitos sexuales y basados en el género; pide a la UE que apoye la plena aplicación de estos principios;

146.  Reitera el compromiso de la UE de integrar el principio de los derechos humanos y los aspectos de género en las misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa, en línea con las históricas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820 sobre la mujer, la paz y la seguridad; reitera, a este respecto, su llamamiento a la UE y a sus Estados miembros para que apoyen, en el proceso de construcción de una reconciliación duradera, la participación sistemática de la mujer como componente fundamental del proceso de paz y reconozcan la necesidad de integrar la perspectiva de género en la prevención de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria y la reconstrucción posterior a los conflictos y los procesos de transición democrática;

147.  Considera que la infrarrepresentación de las mujeres en la toma de decisiones políticas es una cuestión de derechos fundamentales y democracia, valores que deben poner de manifiesto la capacidad de los gobiernos para dedicar toda su atención a los procesos de construcción de la democracia y mantenimiento de la misma; acoge favorablemente los sistemas de paridad y las cuotas de género incorporados a la legislación, y pide el fomento de los procesos legislativos necesarios a la mayor brevedad;

148.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones de carácter político y económico, en particular en los procesos de consolidación de la paz, transición democrática y resolución de conflictos; alienta a los Estados miembros, a la Comisión y al SEAE a que presten atención a la emancipación económica y política de las mujeres en los países desarrollados, promoviendo su participación en proyectos regionales y proyectos de desarrollo local;

149.  Hace hincapié en la necesidad de garantizar a las mujeres en Europa y en el resto del mundo el derecho a poder asumir libremente toda elección individual en pie de igualdad con los hombres, sin ninguna imposición ideológica, política o religiosa;

Derechos humanos y corrupción

150.  Recuerda que la corrupción es una violación de los derechos humanos y que la UE ha reclamado una competencia para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC);

151.  Lamenta que hasta ahora no se haya seguido el llamamiento del Parlamento dirigido a la VP/HR para que presente un plan de acción de la UE contra la corrupción, con el fin de supervisar efectivamente las recomendaciones de la UNCAC, incluida la obligación de los Estados partes de publicar y divulgar información relativa a la corrupción, establecer canales para denunciar violaciones y crear un marco jurídico adecuado para la protección de los testigos y para las actividades de la sociedad civil en la materia;

152.  Anima a Europol a seguir desarrollando asociaciones estratégicas y operativas con terceros países con miras a combatir con mayor eficacia la corrupción y la delincuencia organizada;

153.  Pide a la Comisión que desarrolle mecanismos financieros innovadores para aplicar reformas fiscales y reforzar la lucha contra la corrupción, los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal; insta, en este contexto, a que se tomen en consideración las colaboraciones público-privadas, la combinación de subvenciones y préstamos y la ayuda a los países en desarrollo para que movilicen mejor sus recursos nacionales; señala el llamamiento en favor de una tasa internacional sobre las transacciones financieras, que podría funcionar como fuente adicional de financiación para el desarrollo, y recuerda a los Estados miembros que ya han acordado el establecimiento de una tasa sobre las transacciones financieras a escala nacional y su compromiso de dedicar una parte de los fondos a la financiación de los bienes públicos globales, incluido el desarrollo;

154.  Observa que los terceros países con una gobernanza débil y grandes flujos de ayuda también tienen un mayor índice de corrupción que, como consecuencia, desvía el fin previsto de la ayuda al desarrollo y debilita el desarrollo de los derechos humanos; pide al SEAE que apoye los programas de desarrollo en los que la ayuda humanitaria y la transparencia vayan unidas en aras del fomento de los derechos humanos en terceros países;

155.  Reitera su llamamiento a la UE y a los Estados miembros para que apoyen la designación de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la delincuencia financiera, la corrupción y los derechos humanos;

Trata de personas

156.  Condena el negocio ilícito de la trata de personas, de la trata de personas para la extirpación de órganos y otros negocios de explotación relacionados con la violación del derecho a la integridad personal y con la provocación de violencia; subraya la necesidad de luchar contra la trata de seres humanos, de la que la mayoría de las víctimas son mujeres, a las que se explota con fines sexuales;

157.  Pide a la UE que conceda prioridad a la lucha contra la trata de personas en su política interior y exterior, con especial atención a la protección de las víctimas; pide que se redoblen los esfuerzos de la UE y que se revisen periódicamente; subraya la necesidad de una cooperación reforzada con terceros países para el intercambio de buenas prácticas y el desmantelamiento de redes internacionales de tráfico, que también se sirven de Internet como herramienta para encontrar nuevas víctimas; reitera la necesidad de que todos los Estados miembros de la UE apliquen la Directiva 2011/36/UE y la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016);

Discriminación basada en la casta

158.  Condena las constantes violaciones de los derechos humanos perpetradas contra quienes sufren el sistema jerárquico de las castas y la discriminación que este lleva aparejada, como la denegación de la igualdad y del acceso al sistema judicial y al empleo, la permanente segregación y los obstáculos que la casta impone al ejercicio de los derechos humanos más básicos y al desarrollo de la persona; pide que la UE adopte una política de acción directa para eliminar la discriminación basada en la casta y que incluya objetivos políticos sobre la discriminación basada en la casta en su nuevo Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos y democracia;

Derechos de las personas LGBTI

159.  Lamenta que la homosexualidad sigua aún tipificada como delito en setenta y ocho países, siete de los cuales prevén la pena de muerte (Arabia Saudí, Nigeria, Mauritania, Sudán, Sierra Leona, Yemen, Afganistán, Irán, Maldivas y Brunei), y que veinte países aún tipifiquen como delito la identidad transgénero; condena firmemente el reciente aumento de leyes discriminatorias, y cree que las prácticas y los actos de violencia contra las personas motivados por su orientación sexual o su identidad de género no deberían quedar impunes; alienta a que se lleve a cabo un seguimiento estrecho de la situación en Nigeria, Uganda, Malawi, la India y Rusia, donde nuevas leyes o recientes cambios legislativos suponen una grave amenaza para la libertad de las minorías sexuales; reitera su apoyo a la continuación de los trabajos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para luchar contra estas leyes y prácticas discriminatorias y, más generalmente, al trabajo de las Naciones Unidas en este ámbito;

160.  Apoya la idea de que el SEAE priorice sus acciones en este ámbito y ponga especial énfasis en situaciones en que esté en vigor la pena de muerte, o en las que personas LGBTI sufran torturas o maltrato, mediante la condena de estas prácticas de conformidad con las Directrices de la UE sobre la pena de muerte y las Directrices de la UE sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

161.  Acoge con satisfacción la adopción en 2013 de las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI); pide al SEAE y a la Comisión que planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos con terceros países y en los foros internacionales; destaca la importancia de que la Comisión y el SEAE planteen la cuestión de los derechos de las personas LGBTI en los diálogos políticos y sobre derechos humanos y utilicen la IEDDH para apoyar a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTI, capacitándoles para oponerse a las leyes homófobas y transfóbicas y a la discriminación contra las personas LGBTI, sensibilizando al público en general sobre la discriminación y la violencia que sufren las personas que tienen orientaciones sexuales e identidades de género diferentes y prestando asistencia urgente (desde psicológica y sanitaria hasta de mediación y de ayuda a la reintegración) a las personas que lo necesitan;

162.  Toma nota de la legalización del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo en un creciente número de países —diecisiete en la actualidad— en todo el mundo; alienta a las instituciones y a los Estados miembros de la UE a que contribuyan en mayor medida a la reflexión sobre el reconocimiento del matrimonio o las uniones civiles entre personas del mismo sexo como cuestión política, social y de derechos humanos y civiles;

163.  Pide a la Comisión Europea y a la OMS que retiren los trastornos de identidad de género de la lista de enfermedades mentales y del comportamiento; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para acabar con la medicalización de las identidades trans; anima a los Estados a garantizar procedimientos de reconocimiento de género rápidos, accesibles y transparentes que respeten el derecho a la autodeterminación;

164.  Celebra el creciente apoyo político a la ilegalización de la esterilización como requisito para el reconocimiento legal del género, tal y como expresa el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, y respalda la opinión de que dicho requisito debería ser tratado y perseguido como una violación del derecho a la integridad personal y del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

165.  Se felicita de la revocación, en octubre de 2013, de la ley moldava por la que se prohibía la «propaganda de relaciones distintas de las matrimoniales o familiares», y pide a los demás países de la región que sigan el ejemplo de Moldavia;

Derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales

166.  Hace hincapié en que las comunidades de minorías nacionales tienen necesidades específicas, y en que por lo tanto se debe promover la igualdad plena y efectiva entre las personas pertenecientes a una minoría nacional y las pertenecientes a la mayoría, en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural;

Derechos de las personas con discapacidad

167.  Acoge con satisfacción las ratificaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; reitera la importancia de su aplicación efectiva, tanto por los Estados miembros como por las instituciones de la UE, y destaca, en particular, la necesidad de integrar de forma creíble el principio universal de accesibilidad y todos los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas pertinentes de la UE, incluida la cooperación al desarrollo, subrayando el carácter prescriptivo y horizontal de este tema; destaca la importancia de que la UE, en cooperación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la sociedad civil, y en particular con organizaciones que representen a personas con discapacidad, garantice el desarrollo a nivel internacional de programas que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad en materia de accesibilidad;

168.  Anima a la VP/HR a continuar apoyando el proceso de ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad por parte de aquellos países que aún no la han ratificado ni aplicado;

169.  Alienta al SEAE a prestar una atención especial a las observaciones y recomendaciones por países publicadas por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como a los informes nacionales, y a plantear estas preocupaciones sistemáticamente en los diálogos políticos con los países afectados, así como en las declaraciones públicas; pide a la Comisión que prepare y elabore unos Principios rectores de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad, con el fin de garantizar una política sistemática y coherente a este respecto, incluso en sus diálogos y negociaciones con terceros países;

170.  Solicita a la Comisión y al SEAE que animen a las Delegaciones de la UE en todo el mundo a colaborar con la sociedad civil con el fin de promover el disfrute efectivo de los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad;

Derechos de los niños

171.  Reitera su petición a la Comisión de que proponga una ambiciosa y completa estrategia y Plan de Acción sobre los derechos del niño para los próximos cinco años, tal y como solicitó en su mencionada Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

172.  Se congratula de la cooperación de la UE con UNICEF y otras organizaciones y ONG internacionales comprometidas con los derechos del niño, lo que se ha traducido en un conjunto de instrumentos para la integración de los derechos del menor en la cooperación para el desarrollo y en el apoyo a los principales ODM y programas de protección de menores para la realización de los derechos de los niños, especialmente en contextos frágiles; acoge con satisfacción, en particular, el Manifiesto por los Derechos del Niño, y anima a más diputados al Parlamento Europeo, así como a diputados nacionales, a promover el Manifiesto y convertirse en «defensores de los derechos del niño»; acoge con satisfacción la utilización del dinero del premio Nobel concedido a la UE para asistir a los niños en situaciones de conflicto; recuerda la importancia de prestar apoyo psicológico a los niños que hayan estado expuestos a actos de violencia o sean víctimas de guerra; subraya la importancia de garantizar el acceso a la educación para los niños afectados por los conflictos; se felicita de la participación de la UE en la tercera Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, celebrada en octubre de 2013 en Brasilia, así como de su participación en la negociación de la declaración tripartita sobre trabajo infantil;

173.  Hace hincapié en la necesidad de luchar contra todas las formas de trabajo forzado y explotación infantil; pide una mejor aplicación de la legislación vigente a nivel nacional e internacional que fomenta la sensibilización ante los abusos cometidos contra los niños en el mercado laboral;

174.  Pide a la Comisión y al SEAE que sigan adoptando medidas en relación con los derechos del niño, centrándose específicamente en la violencia ejercida contra los niños, incluida la tortura, ya que recientemente se ha informado de casos de tortura y detención de niños; pide que se dedique una atención particular al trabajo infantil forzado, la pobreza infantil y la malnutrición infantil y, en este sentido, a los objetivos de una educación primaria universal, a la reducción de la mortalidad infantil, al matrimonio infantil y las prácticas dañinas, al desarme, a la rehabilitación y a la posterior reinserción de los niños alistados en grupos armados, y que se incluya la cuestión de la brujería infantil en la agenda de los diálogos sobre derechos humanos con los países afectados; destaca la importancia de dar prioridad a los derechos de los niños en la política exterior, en la cooperación al desarrollo y en la ayuda humanitaria de la UE, a fin de garantizar una financiación adecuada y un aumento del nivel de protección para los niños en situaciones de emergencia; pide a la VP/HR que informe anualmente al Parlamento sobre los resultados obtenidos por la acción exterior de la UE en materia de infancia; subraya que los niños y los adolescentes deben participar solo en aquellos trabajos que no perjudiquen su salud ni desarrollo personal o interfieran en su escolarización; destaca la importancia de dar prioridad a los derechos de los niños en la política exterior de la UE;

175.  Observa que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño pide medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas en lo que respecta al trabajo infantil, reconociendo la necesidad de aplicar un enfoque pluridimensional; destaca la necesidad de que, para que su aplicación sea eficaz, las leyes vayan acompañadas de intervenciones políticas que proporcionen alternativas en forma de educación y formación profesional, así como de medidas de protección social que beneficien a los niños y a las familias;

176.  Pide a la UE que continúe promoviendo un entorno propicio para la prevención y eliminación del trabajo infantil, para el diálogo social y la acción concertada entre los sectores público y privado alrededor de la erradicación del trabajo infantil; destaca la necesidad de proporcionar ayuda a los países en conflicto y a los que salen de un conflicto para crear capacidades destinadas a luchar contra el trabajo infantil;

177.  Reitera la necesidad de intensificar los esfuerzos para aplicar la Estrategia Revisada para la aplicación de las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados; insta, en este contexto, a una mejor utilización de los fondos del Instrumento de Estabilidad y del IEDDH a fin de atajar el fenómeno de los niños soldados; anima a la UE a que profundice su cooperación con la representante especial de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, apoyando los planes de acción asociados y los mecanismos de control e información; solicita la ratificación universal de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y, en particular, de su tercer Protocolo facultativo, que permite a los niños presentar reclamaciones ante la Comisión de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas; pide a la Comisión y a la VP/HR que estudien la manera de que la UE se adhiera unilateralmente a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

178.  Señala que la desnutrición y la malnutrición infantil en los países en desarrollo suscita una grave preocupación; celebra, a este respecto, el Marco de acción recientemente adoptado durante la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, que establece como objetivo global la reducción en un 40 % del número de niños menores de cinco años con retraso del crecimiento;

179.  Reitera que el acceso a la educación constituye un derecho fundamental del niño, consagrado en el artículo 28 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; destaca la necesidad de mejorar el acceso de los niños a una atención y unos servicios sanitarios de calidad en todas las acciones llevadas a cabo por la UE y sus Estados miembros;

180.  Lamenta que, en todo el mundo, aún existan países reticentes a firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que ofrecen directrices pormenorizadas para el desarrollo de sociedades inclusivas y la protección de los menores con discapacidad;

181.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que apliquen de manera coherente las políticas de ayuda humanitaria y de desarrollo con miras a combatir la desnutrición infantil;

Derechos de los pueblos indígenas

182.  Observa con inquietud que los pueblos indígenas corren especial peligro de ser objeto de discriminación, y que son especialmente vulnerables a los cambios y trastornos políticos, económicos, medioambientales y laborales; observa que la mayoría vive por debajo del umbral de pobreza y tiene poco o ningún acceso a la representación, la toma de decisiones políticas o los sistemas judiciales; está especialmente preocupado por los casos extendidos de apropiación de tierras, desplazamiento forzoso y violación de los derechos humanos derivados de conflictos armados;

Medidas de la UE en materia de migración y refugiados

183.  Denuncia el dramático número de muertes en el mar Mediterráneo, que la Organización Internacional para las Migraciones ha estimado en su informe «Fatal Journeys» en 3 000 durante 2013, lo que convierte a este mar en la región más letal del mundo para la migración irregular; está sumamente preocupado por las informaciones sobre las violaciones de los derechos humanos de que son víctimas los migrantes y los solicitantes de asilo en su camino hacia la UE; pide a la Unión y a sus Estados miembros que cooperen con las Naciones Unidas, los mecanismos regionales, los gobiernos y las ONG para dar respuesta a estos problemas; hace hincapié en la urgente necesidad de elaborar políticas más firmes, más solidarias y más integradas a escala de la UE para abordar los apremiantes problemas relativos a los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo en consonancia con el Derecho internacional en materia de derechos humanos y dignidad humana, y pide a la UE que garantice normas comunes efectivas para los procedimientos de recepción en toda la Unión, a fin de proteger a los menores no acompañados y a las personas más vulnerables; pide a la VP/HR, al comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía y al SEAE que aumenten la cooperación y un reparto equitativo de los costes entre los Estados miembros, incluido el acogimiento y reasentamiento de los refugiados y la contribución a los servicios de búsqueda y rescate para ayudar a los migrantes en peligro en el mar en su intento por llegar a las costas de la UE; recuerda, a este respecto, la necesidad de respetar el principio de no devolución en aguas europeas e internacionales, tal y como sostiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; recuerda el compromiso de la Comisión de desarrollar cauces legales adecuados para la migración; pide, por tanto, a los Estados miembros la plena aplicación del recientemente adoptado paquete de la UE sobre la política común en materia de asilo y la legislación común sobre migración, y aboga, en este contexto, por la aplicación del mecanismo de crisis previsto en el artículo 33 del Reglamento de Dublín, que incluiría un contingente mínimo claramente definido por Estado miembro, con el fin de establecer rápidamente un mecanismo de crisis operativo con el objetivo de aliviar la presión sobre los Estados más afectados que superan claramente la cuota mínima; pide a los Estados miembros que participen en los programas de reasentamiento y que intensifiquen el desarrollo de los programas regionales de protección en las zonas más afectadas; subraya la necesidad de atajar las causas de la migración ilegal desde la raíz; alienta al SEAE y a los Estados miembros a prestar una atención particular a los países de origen de la trata y el tráfico de personas, a los países de tránsito y de destino; pide a la VP/HR y a los Estados miembros que sigan reforzando la dimensión exterior de la Unión, trabajando conjuntamente con los países de origen y de tránsito, incluidos los países socios de la UE, en particular en la zona del Mediterráneo, planteando sistemáticamente estas preocupaciones en los diálogos políticos con los países en cuestión y en las declaraciones públicas, e impulsando la cooperación con estos países al más alto nivel, con objeto de desmantelar las redes ilegales utilizadas para el tráfico de migrantes y luchar contra las mafias que se benefician del tráfico y contrabando de seres humanos;

184.  Considera que los menores migrantes son especialmente vulnerables, en particular si no van acompañados; recuerda que los menores no acompañados son, ante todo, menores, y que la protección del menor, más que las políticas de inmigración, debe ser el principio rector en el trato con ellos, respetando así el principio fundamental del interés superior del menor;

185.  Anima a la VP/HR y al SEAE a continuar apoyando el proceso de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y sus Protocolos, en particular el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

186.  Pide a la UE que garantice que la negociación y aplicación de todos los acuerdos de readmisión y cooperación en materia de migración con Estados no pertenecientes a la UE cumplen la legislación internacional sobre derechos humanos, refugiados y el Derecho marítimo internacional, y pide que se le consulte antes de su celebración; pide un mayor nivel de transparencia en la negociación de dichos acuerdos y la integración de mecanismos de control para evaluar el impacto sobre los derechos humanos de la cooperación en materia de migración con Estados no pertenecientes a la UE y de las medidas de control de fronteras, incluidos Frontex y Eurosur; insiste en que los derechos humanos deben desempeñar un importante papel en el ámbito de las migraciones y el asilo; pide, por tanto, que se dote al encargado de derechos fundamentales de Frontex y a los especialistas en formación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo de recursos financieros suficientes para poder llevar a cabo las actividades de evaluación y seguimiento, así como para presentar las mejores prácticas;

187.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación permanente de sus programas de migración y control de fronteras en Estados de la UE y no pertenecientes a la UE, con vistas a proponer medidas mejoradas para evitar violaciones de los derechos humanos y compartir las mejores prácticas;

188.  Anima a la Oficina Europea de Apoyo al Asilo a establecer asociaciones con terceros países con miras a reforzar la protección internacional de los solicitantes de asilo;

189.  Se congratula de la inclusión del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la lista de los principales criterios evaluados antes de iniciar negociaciones referentes a acuerdos sobre exención de visados entre la UE y terceros países(25); pide a la Comisión que utilice este nuevo criterio común como instrumento para profundizar el diálogo sobre derechos humanos con terceros países en el marco estratégico y económico que constituyen las negociaciones sobre visados;

190.  Condena la creciente criminalización de la migración irregular en el seno de la UE a expensas de los derechos humanos de estas personas; pide que se prevean sin demora los necesarios mecanismos de salvaguarda de los derechos humanos, de rendición de cuentas y de cumplimiento;

191.  Pide a la Comisión y al SEAE que participen activamente en el debate sobre el concepto «refugiado climático», incluida una posible definición jurídica del mismo en el Derecho internacional o en algún acuerdo internacional jurídicamente vinculante;

192.  Reconoce que la apatridia representa un importante reto para los derechos humanos; pide a la Comisión y al SEAE que luchen contra la apatridia en todas las acciones exteriores de la UE, abordando, en particular, la discriminación en la legislación nacional por razones de género, religión o estatuto de minoría, promoviendo los derechos de los niños a la nacionalidad y apoyando la campaña de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) destinada a acabar con la apatridia antes de 2024;

Derechos humanos y desarrollo

193.  Subraya que el respeto de los derechos humanos, incluidos los económicos, culturales, sociales y ambientales, el acceso a los alimentos, la buena gobernanza, los valores democráticos, la paz, la seguridad y el acceso a un sistema judicial justo y eficiente, constituyen una condición indispensable para la reducción de la pobreza y la desigualdad y el logro de los ODM; considera que los derechos humanos deben estar presentes de manera transversal en todos los objetivos, metas e indicadores del programa posterior a 2015; destaca igualmente que la aplicación de la agenda debe estar basada en mecanismos fuertes de transparencia y rendición de cuentas; afirma que los compromisos sobre gobernanza y derechos humanos deben ser mensurables y susceptibles de seguimiento;

194.  Recuerda que las Naciones Unidas han reconocido que, sin un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos, los objetivos de desarrollo no podrán alcanzarse plenamente; pide a la UE que continúe alerta para garantizar que la cuestión de los defensores de los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil se integran explícitamente en los debates posteriores a los ODM;

195.  Destaca la interdependencia entre la extrema pobreza y la falta de derechos humanos, así como la necesidad de desarrollar un conjunto de principios sobre la aplicación de las normas y criterios relativos a los derechos humanos en el contexto de la lucha contra la extrema pobreza;

196.  Destaca la importancia de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) para lograr el respeto de los derechos humanos; reitera, a este fin, la necesidad de que se adopten efectivamente directrices, evaluaciones de impacto y mecanismos de control e información para hacer realidad la CPD en las políticas de la UE y en las de los Estados miembros, en particular en el comercio y la agricultura; opina que la UE debería mantener el liderazgo político en esta cuestión; pide, por consiguiente, a la UE que trabaje con países socios comprometidos para poner en marcha iniciativas a escala internacional (en el marco de las Naciones Unidas, del G20, etc.) para convertir la CPD en un programa universal;

197.  Pide a la UE y a los Estados miembros que coordinen mejor sus programas de desarrollo en el espíritu del Tratado de Lisboa, situando la política de desarrollo en el centro de las relaciones exteriores de la Unión, a fin de que las prioridades nacionales y los programas europeos de promoción de los derechos humanos se coordinen mejor a través del desarrollo, teniendo en cuenta las complejidades inherentes a la política de desarrollo de la UE;

198.  Pide al SEAE, bajo la coordinación de la VP/HR, que mejore el vínculo entre las políticas de asuntos exteriores y seguridad y la política de desarrollo, con el fin de crear sinergias y garantizar un enfoque coherente destinado a la aplicación universal de los derechos humanos a través de la política de desarrollo de la UE; pide asimismo a la UE una mejor coordinación externa con las economías emergentes, como por ejemplo los BRICS, y en foros multilaterales, para abordar cuestiones de gobernanza mundial y promover los derechos humanos a través de la coordinación de sus distintos programas de desarrollo;

199.  Insta a la UE a incorporar más eficazmente los derechos humanos y la democracia en la cooperación para el desarrollo y a velar por que los programas de desarrollo de la UE contribuyan al cumplimiento por parte de los países socios de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

200.  Hace hincapié en la importancia de vincular la ayuda al desarrollo con esfuerzos creíbles para la democratización;

201.  Pide al Comité de Evaluación de Impacto, bajo la supervisión del Presidente de la Comisión, que garantice que se toma en consideración el impacto en la situación de derechos humanos de los proyectos de cooperación para el desarrollo de la UE, y viceversa;

202.  Reconoce la importancia de que las ONG participen de forma activa en la planificación, aplicación y evaluación de las disposiciones sobre derechos humanos para asegurar la mayor implicación posible de la sociedad civil a la hora de elaborar políticas y de velar por la eficacia de las disposiciones relativas a los derechos humanos;

203.  Aplaude la nueva iniciativa «EU Aid Volunteers» de la UE, que de 2014 a 2020 creará oportunidades para que unas 18 000 personas de la UE y de terceros países participen en operaciones humanitarias en todo el mundo, allí donde más se necesite la ayuda, y den muestras de solidaridad ayudando a comunidades que han sido víctimas de catástrofes naturales o provocadas por el hombre;

204.  Pide una acción concertada de la UE para abordar el problema del acaparamiento de tierras mediante la promoción de salvaguardias adecuadas para impedir este fenómeno en los países afectados y entre las empresas de la UE y otras empresas europeas presentes en dichos países; señala que la denegación del acceso de las personas pobres, tanto de zonas rurales como urbanas, a la tierra y a los recursos naturales es una de las principales causas del hambre y la pobreza en el mundo, lo que repercute en el disfrute, por las comunidades locales, de los derechos humanos y, en particular, de su derecho a una alimentación adecuada; pide una evaluación del impacto de la política comercial de la UE en el acaparamiento de tierras; se felicita de la participación de la UE en el desarrollo de las Directrices voluntarias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, adoptadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y pide su aplicación y la adopción de directrices vinculantes para prevenir el acaparamiento de tierras; destaca, no obstante, la urgente necesidad de integrar los planteamientos de los derechos humanos y la reducción de la pobreza en la toma de decisiones relativa a la adquisición o el arrendamiento a largo plazo de amplias extensiones de terreno cultivable por parte de inversores; considera que la respuesta de la UE a este problema constituye una prueba importante de su compromiso para avanzar hacia un enfoque basado en derechos en su política de cooperación al desarrollo, tal y como prevé el Tratado de Lisboa, mediante el cual la política de desarrollo de la UE seguirá contribuyendo al desarrollo económico, social y medioambiental sostenible de los países en desarrollo con el objetivo primordial de erradicar la pobreza en el mundo; pide a la UE que se comprometa, de acuerdo con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, a dar un giro radical hacia la agroecología como medio para garantizar el derecho a la alimentación;

205.  Observa con gran preocupación que los pueblos indígenas se ven especialmente afectados por las violaciones de los derechos humanos relacionadas con la extracción de recursos; pide al SEAE que apoye iniciativas y marcos jurídicos rigurosos que tengan por objeto lograr la transparencia y la buena gobernanza de los sectores de la minería y de otros recursos y que respeten el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos autóctonos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas;

206.  Observa con gran preocupación que los grupos vulnerables se ven especialmente afectados por las violaciones de los derechos humanos relativas a la degradación del medio ambiente, ya que la expansión de las plantaciones en monocultivo, la explotación forestal y las infraestructuras, así como el apoyo al desarrollo de la industria del gas y el petróleo, los biocombustibles, la minería o las grandes centrales hidroeléctricas están provocando la deforestación y la degradación forestal; pide a la Comisión que aplique el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente y ponga en marcha un plan global para luchar contra la deforestación y la degradación forestal y sus efectos medioambientales, sociales y en el ámbito de los derechos humanos;

207.  Recuerda que la introducción de programas de desarrollo, de educación y de sanidad permiten combatir la pobreza, además de contribuir a la lucha contra el terrorismo internacional; pide a la UE que siga elaborando estrategias a escala mundial basadas en el modelo de la estrategia del SEAE para «la seguridad y el desarrollo en el Sahel»;

208.  Destaca que, pese a los avances logrados en relación con el acceso al agua potable y al saneamiento, aún existen aproximadamente 2 600 millones de personas que carecen de retretes y 1 100 millones de personas que no tienen acceso a ningún tipo de agua potable; afirma que esto no se debe únicamente a la falta de recursos, sino también a la falta de voluntad política; pide, por tanto, a los gobiernos que garanticen el acceso seguro al agua potable y al saneamiento, con especial atención a las mujeres y los niños;

209.  Pide una ambiciosa estrategia política a largo plazo y un plan de acción en materia de salud pública, innovación y acceso a los medicamentos que, entre otros aspectos, explore nuevos incentivos para la investigación y el desarrollo, tal y como se recoge en el informe del Grupo Consultivo de Expertos en Investigación y Desarrollo de la OMS de 2012: «Financiación y coordinación», para proteger el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de todas las personas sin discriminación por motivo de raza, religión, creencias políticas, condición económica o social; destaca que las mujeres y niñas siguen siendo las más afectadas por la pandemia de VIH y también las más implicadas en el cuidado de los pacientes en sus comunidades;

Acontecimientos culturales y deportivos de ámbito internacional y derechos humanos

210.  Denuncia la creciente práctica por parte de Estados autoritarios de albergar grandes acontecimientos deportivos o culturales con el fin de impulsar su legitimidad internacional, al tiempo que siguen restringiendo la disidencia interna; pide a la UE y a sus Estados miembros que colaboren con las federaciones deportivas nacionales, los agentes empresariales y las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las modalidades de su participación en dichos acontecimientos, también en lo que respecta a los primeros Juegos Europeos que se van a celebrar en Bakú en 2015 y al Mundial de la FIFA de Rusia en 2018; pide que se desarrolle un marco político de la UE en materia de deporte y derechos humanos, y que se incluyan los compromisos pertinentes en el próximo Plan de Acción de la UE sobre derechos humanos;

211.  Reitera que el marco de la universalidad de los derechos humanos, y sobre la base de los Convenios de la UNESCO, la diversidad cultural y el patrimonio cultural son patrimonio de la Humanidad y que la comunidad internacional tiene el deber de cooperar para protegerlos y darles valor; considera que cualesquiera formas de destrucción intencionada del patrimonio cultural y artístico, como las que se están produciendo actualmente en Iraq y Siria, deben ser perseguidas como delitos de guerra y como delitos contra la Humanidad;

Mejora de la acción del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos

212.  Reitera su compromiso de mejorar continuamente los procedimientos, los procesos y las estructuras del Parlamento, con el fin de garantizar que los derechos humanos y la democracia constituyen la base de sus acciones y sus políticas; recuerda su compromiso histórico con el respeto de los derechos humanos, en particular a través de su Premio Sájarov a la libertad de conciencia; considera, además, que, para realizar su misión, la Subcomisión de Derechos Humanos requiere una cooperación efectiva a escala del Parlamento y la integración de los derechos humanos, tal como se especifica en el Reglamento, para «garantizar la coherencia entre todas las políticas exteriores de la Unión y su política en materia de derechos humanos»;

213.  Pide que se mejore la aplicación de las orientaciones para las delegaciones interparlamentarias del Parlamento Europeo en materia de promoción de los derechos humanos y la democracia, y pide que la Conferencia de Presidentes de Delegación, en cooperación con la Subcomisión de Derechos Humanos, lleve a cabo una revisión de dichas orientaciones; recomienda, en este contexto, plantear de manera más sistemática y transparente las cuestiones de derechos humanos, en especial los casos particulares a que se hace referencia en las resoluciones del Parlamento y los de los candidatos y los galardonados con el Premio Sájarov en peligro, durante las visitas de delegación a terceros países, y que se informe por escrito de las medidas adoptadas a la Subcomisión de Derechos Humanos y, si es necesario políticamente, mediante una sesión informativa específica;

214.  Destaca la necesidad de seguir reflexionando sobre los medios más adecuados para maximizar la credibilidad, la visibilidad y la efectividad de las resoluciones del Parlamento relativas a violaciones de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, y la necesidad de lograr una sincronización adecuada entre todas las instituciones de la UE, y un seguimiento a cargo de las mismas, así como por parte de la Dotación Europea para la Democracia; destaca, en particular, la necesidad de que las instituciones realicen un seguimiento de las cuestiones planteadas en las resoluciones de urgencia del Parlamento;

215.  Anima a que se debata sobre la inclusión de los diferentes instrumentos de que dispone el Parlamento en materia de apoyo y fomento de los derechos humanos en un solo documento estratégico que sea aprobado por el Parlamento en el Pleno; pide la creación de un sitio web actualizado periódicamente en el que figuren los defensores de los derechos humanos mencionados en las resoluciones de urgencia del PE y la constitución de un grupo de trabajo interno del Parlamento que siga los casos de estos defensores de todo el mundo, y que se anime a las delegaciones que viajen a terceros países a reunirse con ellos;

o
o   o

216.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de Delegación de la UE.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0070.
(2) Resolución A/RES/55/2.
(3) Documento del Consejo 11855/2012.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0575.
(5) DO C 236 E de 12.8.2011, p. 69.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0252.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0259.
(8) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 115.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0013.
(10) DO C 33 E de 5.2.2013, p. 165.
(11) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0274.
(12) Resolución A/RES/67/176.
(13) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0206.
(14) DO C 236 E de 12.8.2011, p. 107.
(15) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
(16) DO C 290 E de 29.11.2006, p. 107.
(17) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.
(18) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 94.
(19) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.
(20) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0420.
(21) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0394.
(22) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0180.
(23) Resolución A/RES/69/186.
(24) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0286.
(25) Reglamento (UE) nº 509/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, que modifica el Reglamento (CE) nº 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (DO L 149 de 20.5.2014, p. 67).


Relaciones entre la UE y la Liga de los Estados Árabes, y cooperación en la lucha antiterrorista
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre las relaciones entre la UE y la Liga de los Estados Árabes y su cooperación en la lucha contra el terrorismo (2015/2573(RSP))
P8_TA(2015)0077RC-B8-0215/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de septiembre de 2014, sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas (Resolución 2178 (2014)),

–  Vista la declaración conjunta de Riga adoptada tras la reunión informal de los ministros de Justicia y Asuntos de Interior los días 29 y 30 de enero de 2015 en Riga,

–  Vistas las actividades de la Oficina de Enlace UE-LEA en Malta, encaminadas a facilitar el diálogo entre la Comisión y la Liga de los Estados Árabes,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la declaración adoptada con ocasión de la Tercera Reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes de los días 10 y 11 de junio de 2014,

–  Vista la firma, el 19 de enero de 2015, de un Memorando de Entendimiento por parte de Federica Mogherini, Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), y Nabil al-Arabi, Secretario General de la Liga Árabe, en representación de la Unión Europea y la Liga de los Estados Árabes respectivamente,

–  Vista la Estrategia de Seguridad Interior de la UE, adoptada por el Consejo el 25 de febrero de 2010,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la lucha contra el terrorismo, en particular las de 9 de febrero de 2015,

–  Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre las medidas de lucha contra el terrorismo(1),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2015, sobre la situación en Egipto(2),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre los países de la Liga de los Estados Árabes,

–  Vista la declaración, de 19 de enero de 2015, de la VP/AR Federica Mogherini,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el terrorismo y el extremismo violento son amenazas de primer orden para la seguridad y la libertad a escala mundial, y que el respeto de los derechos fundamentales es un elemento esencial de toda política antiterrorista eficaz;

B.  Considerando que el terrorismo es una amenaza mundial que es preciso abordar en un esfuerzo coordinado de los gobiernos nacionales y regionales y las organizaciones internacionales; que solo una alianza mundial puede abordar esta amenaza de forma eficaz, en plena conformidad con el Derecho internacional, los valores fundamentales y las normas internacionales en materia de derechos humanos;

C.  Considerando que, el 19 de enero de 2015, la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, y el Secretario General de la Liga de los Estados Árabes, Nabil al-Arabi, firmaron un Memorando de Entendimiento entre el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes;

D.  Considerando que el Memorando de Entendimiento 2015 entre el SEAE y la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes no está disponible al público;

E.  Considerando que la UE y la Liga de los Estados Árabes (LEA) comparten un interés común por soluciones duraderas que garanticen la paz y estabilidad regionales; que este Memorando de Entendimiento tiene por objeto apoyar y fortalecer las relaciones entre los Estados miembros de la UE y los miembros de la LEA para mejorar sus estructuras de trabajo, intercambiar experiencias e intensificar el diálogo a fin de alcanzar metas comunes y objetivos en áreas de interés compartido;

F.  Considerando que es probable que durante los próximos años persista el fenómeno de los combatientes europeos que viajan a distintos lugares para unirse a la yihad y que pueden suponer, a su regreso, una amenaza para la seguridad dentro de la UE; que según estimaciones, desde el estallido de la guerra y la violencia en Siria, Irak y Libia, miles de nacionales de la UE han abandonado sus hogares para convertirse en combatientes extranjeros, lo que supone un desafío adicional para la seguridad de los ciudadanos de la UE; que los atentados terroristas cometidos recientemente en París y Copenhague fueron perpetrados por nacionales de la UE;

G.  Considerando que la difusión de propaganda terrorista se ve facilitada por el uso de internet y las redes sociales; que el ciberterrorismo permite a los grupos terroristas establecer y mantener relaciones sin el obstáculo físico que representan las fronteras, reduciendo así la necesidad de disponer de bases o santuarios en los países;

H.  Considerando que en todos los países miembros de la LEA se producen violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos;

I.  Considerando que, con frecuencia, gobiernos de países miembros de la LEA etiquetan como organizaciones terroristas a organizaciones que la UE considera que ejercen sus derechos humanos universales y sus libertades fundamentales; que cada vez se invocan con más frecuencia la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional para legitimar la represión contra miembros de la oposición, la sociedad civil y periodistas;

J.  Considerando que las políticas exteriores de la UE deben contribuir a la lucha contra la amenaza terrorista, que está aumentando en determinadas zonas de su vecindad; que, en la lucha contra el terrorismo, las estrategias preventivas deben basarse en una perspectiva plural encaminada a combatir directamente la preparación de atentados en territorio de la Unión, pero también a incorporar la necesidad de eliminar las causas profundas del terrorismo;

K.  Considerando que la UE condena la aplicación de la pena de muerte y de castigos crueles e inhumanos en todo el mundo, incluso en el caso de los condenados por actos de terrorismo;

1.  Expresa su profunda consternación ante la magnitud del sufrimiento humano y la pérdida de vidas causados por atentados terroristas, y manifiesta su solidaridad con las familias de todas las víctimas inocentes;

2.  Subraya que el terrorismo amenaza directamente a todos los países y a todos los ciudadanos, con independencia de su origen étnico, su religión o sus creencias;

3.  Pide que se haga público el Memorando de Entendimiento a fin de que su contenido pueda ser objeto de supervisión democrática y judicial;

4.  Pide al Consejo que elabore una definición armonizada e inequívoca de «terrorismo» con todos los miembros de la LEA;

5.  Subraya la importancia de la cooperación en materia de ayuda humanitaria a través del intercambio de información sobre situaciones de crisis; subraya la importancia de compartir, según proceda, evaluaciones y buenas prácticas, así como de cooperar en la identificación de medidas prácticas para contribuir a hacer frente a las amenazas, incluidas medidas más eficaces para contrarrestar la radicalización, la captación y los desplazamientos de terroristas y combatientes extranjeros, y hacer frente a la cuestión de los combatientes que vuelven a su lugar de partida;

6.  Reitera su posición de que, en la lucha contra el terrorismo, es fundamental abordar no solo las consecuencias, sino también los factores subyacentes que llevan a la radicalización, y destaca la necesidad de adoptar un enfoque general de carácter intersectorial que garantice que quedan cubiertos todos los ámbitos políticos afectados, así como la importancia de promover una cultura de integración y tolerancia mediante, por ejemplo, políticas educativas, sociales y regionales;

7.  Observa que la amenaza terrorista actual en la UE y los Estados árabes tiene entre sus causas principales el extremismo yihadista; comparte la opinión de que una política de desradicalización y lucha contra el terrorismo no puede ser eficaz si no se desarrolla en estrecha cooperación con los países de origen;

8.  Pide a las autoridades de los Estados miembros de la UE y la LEA que respeten la prohibición de la tortura, consagrada especialmente en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que la mayoría de ellos han firmado y ratificado; reitera que las confesiones obtenidas bajo tortura carecen de validez

9.  Reafirma la necesidad de mantener el equilibrio entre libertad y seguridad en respuesta a las amenazas terroristas y de examinar todas las medidas que han de tomarse partiendo de su compatibilidad con el Estado de Derecho y los requisitos de los derechos fundamentales;

10.  Celebra, en general, la cooperación y la asociación entre la UE y terceros países para luchar contra el terrorismo; acoge con satisfacción el establecimiento de un diálogo estratégico UE-LEA, con intercambios sobre cuestiones políticas y de seguridad y el intercambio de las reuniones periódicas entre el Comité Político y de Seguridad de la UE y representantes permanentes de los países árabes, y saluda los progresos realizados en el ámbito de la alerta temprana y la respuesta a las crisis, en particular la plena aplicación del proyecto de alerta temprana y respuesta a las crisis;

11.  Recuerda, no obstante, que nunca han de utilizarse ilegítimamente medidas de lucha contra el terrorismo para reprimir la disidencia legítima o violar los derechos humanos universales de las personas; insta a la UE a que establezca salvaguardas claras en su cooperación con terceros países a fin de garantizar que, en nombre de la lucha contra el terrorismo, no apoya o autoriza, directa o indirectamente, la represión de organizaciones y personas legítimas;

12.  Destaca que los ministros de Asuntos Exteriores de la UE y la LAE acordaron asimismo seguir trabajando en la ejecución total de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo; celebra que acogieran con satisfacción la creación del Centro de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y la iniciativa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, y que pidieran que se apoye a este centro y saludaran la celebración en Bagdad, en marzo de 2014, de la primera Conferencia Internacional sobre la Lucha contra el Terrorismo como una oportunidad para debatir y buscar medios y modos adecuados de promover la cooperación internacional y combatir el terrorismo a nivel regional;

13.  Reafirma la importancia de la cooperación entre la UE y la LEA en el ámbito de los derechos humanos, destacando la importancia de seguir promoviendo y protegiendo los derechos humanos y de defender todos los derechos humanos para todos, incluidos el derecho al desarrollo económico y social, la libertad de expresión y la libertad de religión o creencias, promoviendo al mismo tiempo los valores de la tolerancia y la coexistencia entre las diferentes religiones y rechazando la exclusión, el extremismo, la incitación y la difusión del odio y la violencia;

14.  Pide al Consejo que verifique si ha habido violaciones del Código de Conducta de la UE en materia de exportación de armas en relación con la represión;

15.  Pide a la UE que desarrolle, en cooperación con la Liga de los Estados Árabes, un mecanismo destinado a contrarrestar el fenómeno del tráfico de armas, en particular en los países en los que se origina el terrorismo o en los que se entrenan los terroristas; pide a la UE que controle de cerca la exportación de armas, en particular de la tecnología de doble uso que podría terminar siendo utilizada por los terroristas; considera esencial hacer frente a la financiación del terrorismo en coordinación con los agentes pertinentes, incluidos la LEA y sus países miembros;

16.  Considera que la UE debe reconsiderar las deficiencias principales que han caracterizado hasta ahora la cooperación en la lucha contra el terrorismo con los países de origen, tránsito y destino a través de los que se han canalizado combatientes extranjeros y recursos para apoyarlos, incluidos Estados miembros de la LEA;

17.  Subraya que una estrategia global de la UE de medidas antiterroristas, basada en un enfoque que combine instrumentos diplomáticos, socioeconómicos, de desarrollo, de prevención de conflictos, de establecimiento de la paz y de gestión de crisis, también debe utilizar plenamente sus políticas exterior y de desarrollo para combatir la pobreza, la discriminación y la marginación, luchar contra la corrupción y promover la buena gobernanza y prevenir y resolver conflictos, ya que todos estos factores contribuyen a la marginación de determinados grupos y sectores de la sociedad, haciéndolos más vulnerables a la propaganda de los grupos extremistas;

18.  Recuerda que la comunidad internacional se ha comprometido a tomar medidas que garanticen el respeto de los derechos humanos para todos y el Estado de Derecho como base fundamental de la lucha contra el terrorismo mediante la aprobación de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo por la Asamblea General en su Resolución 60/288;

19.  Recuerda a los Estados miembros y a las agencias de la UE, incluidas Europol y Eurojust, las obligaciones que tienen en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Derecho internacional humanitario y de los objetivos de la política exterior de la UE;

20.  Insiste en que los derechos de las minorías religiosas están indisolublemente ligados al respeto de otros derechos humanos y libertades fundamentales, como el derecho a la libertad, la seguridad, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la libertad de expresión, y pide a la LEA, al SEAE y a los Estados miembros de ambas organizaciones que protejan a las minorías religiosas en el mundo árabe y que apliquen plenamente las directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Secretario General de la Liga de los Estados Árabes.

(1) Textos aprobados, P8_TA(2015)0032.
(2) Textos aprobados, P8_TA(2015)0012.


Explotación sostenible de la lubina
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre la explotación sostenible de la lubina (2015/2596(RSP))
P8_TA(2015)0078B8-0235/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Pesca,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento

A.  Considerando que la información científica sobre el estado de las poblaciones de lubina es insuficiente, en particular los datos disponibles sobre límites precisos, rutas de migración de las poblaciones y lugares de reproducción de la especie;

B.  Considerando que el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) identifica cuatro tipos de poblaciones de lubina: 1) mar Celta/canal de la Mancha/mar del Norte; 2) golfo de Vizcaya; 3) aguas occidentales de la península ibérica; 4) aguas occidentales de Escocia/Irlanda;

C.  Considerando que diversos estudios demuestran que el estado de las poblaciones de lubina es preocupante, pese a las medidas de urgencia ya adoptadas por la Comisión;

D.  Considerando que la lubina, al ser una especie de maduración tardía y crecimiento lento cuya mortalidad sigue siendo muy elevada, necesita un largo período de tiempo para la recuperación de sus poblaciones;

E.  Considerando que la lubina es una especie noble altamente demandada por la industria pesquera por su notable valor económico;

F.  Considerando el elevado número de buques dedicados a la pesca de la lubina y lo heterogéneo de su pesquería en términos de tamaño de embarcaciones, temporadas pesqueras y artes utilizados;

G.  Considerando que las capturas de lubina en la pesca recreativa son importantes y suponen al menos una cuarta parte del total de capturas de la especie;

H.  Considerando que el Reglamento (UE) n° 1380/2013, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común(1), establece que las poblaciones se devolverán o mantendrán en niveles por encima del rendimiento máximo sostenible;

I.  Considerando que la lubina no es una especie sometida a los totales admisibles de capturas (TAC);

J.  Considerando que la Comisión ha adoptado medidas de urgencia para prohibir la pesca de arrastre pelágica de la lubina en el mar Celta, el canal de la Mancha, el mar de Irlanda y la zona meridional del mar del Norte hasta el 30 de abril de 2015;

K.  Considerando que las medidas de gestión nacionales adoptadas hasta la fecha son insuficientes para el mantenimiento de la especie y no resuelven los problemas del reparto de los recursos y el acceso a los mismos;

L.  Considerando que la explotación de la lubina en los períodos de desove debe estar especialmente restringida pues de lo contrario se ralentiza claramente la renovación de poblaciones y se impide su recuperación;

M.  Considerando que Irlanda ha reservado la pesca de la lubina para los pescadores de recreo;

N.  Considerando que el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) recomienda una reducción de la mortalidad por pesca de la lubina de aproximadamente el 60 %;

O.  Considerando que el informe del Grupo de Trabajo Inter-CCR sobre la lubina recomienda medidas de gestión europeas;

P.  Considerando que la explotación sostenible de la lubina entraña una elección política que deberá hacerse con la participación de todos los intereses pertinentes;

1.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen el estado de las poblaciones de lubina y su delimitación, así como la migración de la especie y los lugares exactos de reproducción; les pide asimismo que tomen como base el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, que proporciona importante financiación para la obtención de datos científicos;

2.  Destaca la importancia de determinar con precisión el segmento de las diversas actividades de pesca de lubina y el segmento del porcentaje de la pesca de recreo en las capturas;

3.  Considera que para proteger la lubina son necesarias medidas de gestión de la pesca de esta especie a nivel europeo; considera asimismo que estas medidas deberían tener en cuenta los conocimientos científicos y privilegiar la gestión de proximidad y el principio de regionalización;

4.  Pide a la Comisión que proponga un plan de gestión plurianual para la lubina a fin de situar las poblaciones en niveles superiores al rendimiento máximo sostenible; destaca la necesidad de asociar a los pescadores profesionales y de recreo y a los consejos consultivos en la elaboración de este plan;

5.  Recuerda que los planes de gestión plurianuales deben elaborarse siguiendo el procedimiento de codecisión;

6.  Considera que para desarrollar un plan de gestión plurianual para la lubina es importante valorar diversas medidas de gestión para la pesca comercial, en particular la fijación de un TAC y la necesidad de decisiones científicamente sensatas sobre tamaño mínimo de desembarque y sobre vedas espaciales y temporales para proteger la reproducción, así como otras medidas técnicas;

7.  Reconoce los problemas que ocasionaría la implantación de un TAC, especialmente en lo relativo al cálculo de las capturas históricas, el reparto de cuotas a nivel nacional entre las diversas actividades y la dificultad de cubrir la pesca de recreo, pero insiste en que es menester estudiar esta medida, dado el estado de las poblaciones de lubina y la imperiosa necesidad de abordar el problema;

8.  Entiende que se requieren medidas a nivel de la UE para la pesca recreativa, en forma de medidas cuantitativas por determinar;

9.  Considera que las medidas para la pesca comercial y la pesca recreativa deben ser coherentes entre sí para mantener las poblaciones por encima del rendimiento máximo sostenible, en consonancia con los objetivos de la política pesquera común;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.


28º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015 (2015/2572(RSP))
P8_TA(2015)0079RC-B8-0228/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos y las convenciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y los protocolos facultativos a las mismas, incluidas la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),

–  Vista la Resolución 60/251 de la Asamblea General de las Naciones Unidas por la que se establece el Consejo de Derechos Humanos (CDH),

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia, adoptados el 25 de junio de 2012,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la violación de los derechos humanos, incluidas sus resoluciones de urgencia al respecto,

–  Visto el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de 9 de febrero de 2015 sobre las prioridades de la UE en los foros de derechos humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 5, y los artículos 18, 21, 27 y 47 del Tratado de la Unión Europea,

–  Visto el 28º período de sesiones del CDH, que tendrá lugar del 2 al 27 de marzo de 2015,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el respeto, el fomento, la protección y el carácter universal de los derechos humanos forman parte del acervo ético y jurídico de la Unión Europea y constituyen una de las piedras angulares de la unidad e integridad europeas;

B.  Considerando que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, independientemente de la nacionalidad, la raza, el sexo, el origen étnico, la religión o cualquier otra condición, y que el respeto de estos derechos está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los posteriores convenios, declaraciones y resoluciones en materia de derechos humanos;

C.  Considerando que todos los derechos humanos —ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales— son indivisibles e interdependientes y están interrelacionados, y que la privación de cualquiera de estos derechos repercute de forma directa y negativa en los demás;

D.  Considerando que la falta de respeto de los derechos humanos y la falta de participación democrática legítima dan lugar a inestabilidad, Estados desestructurados, crisis humanitarias y conflictos armados;

E.  Considerando que la acción de la Unión en sus relaciones con terceros países se guía por el artículo 21 del Tratado de Lisboa, que reitera la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y consagra el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional;

F.  Considerando que todos los Estados están obligados a respetar los derechos fundamentales de sus poblaciones respectivas y tienen el deber de tomar medidas concretas a nivel nacional para facilitar el respeto de estos derechos, y de cooperar a nivel internacional para eliminar los obstáculos al respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos;

G.  Considerando que las sesiones ordinarias del Consejo de Derechos Humanos, la designación de relatores especiales, el mecanismo de examen periódico universal y los procedimientos especiales que abordan situaciones nacionales específicas o cuestiones temáticas contribuyen a la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;

H.  Considerando que es sabido que, desgraciadamente, algunos de los miembros actuales del Consejo de Derechos Humanos se encuentran entre los países que cometen las peores violaciones de los derechos humanos y tienen un mal historial en lo que se refiere a la cooperación con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y el cumplimiento de sus requisitos de información respecto de los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas;

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

1.  Acoge con satisfacción las prioridades de la UE para el próximo 28º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), tal y como figuran en las Conclusiones del Consejo de 9 de febrero de 2015;

2.  Se congratula del nombramiento del embajador Joachim Rücker como presidente del CDH para 2015;

3.  Felicita a Zeid Ra'ad Al Hussein por su nombramiento como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y reitera su máximo apoyo a sus esfuerzos y a su mandato;

4.  Se congratula de la presencia de la Sra. Mogherini, Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en la sesión de alto nivel del CDH, pues se envía con ello la señal adecuada del firme compromiso de la UE con el sistema multilateral de derechos humanos;

5.  Acoge con satisfacción el Informe anual del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a la atención de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que cubre el período comprendido entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014, y manifiesta su total apoyo a la independencia e integridad de su Oficina; destaca la importancia de defender dicha independencia para que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos pueda seguir ejerciendo sus funciones con eficacia e imparcialidad; reitera que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos necesita una financiación adecuada;

6.  Recuerda el compromiso del Parlamento Europeo y de su Subcomisión de Derechos Humanos de apoyar un sistema multilateral fuerte en materia de derechos humanos bajo la égida de las Naciones Unidas, a saber, la Tercera Comisión de la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, junto con la labor de los organismos especializados afines de las Naciones Unidas, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los procedimientos especiales de las Naciones Unidas;

7.  Alienta al SEAE, en particular a través de las delegaciones de la UE en Nueva York y Ginebra, a aumentar la coherencia de la UE mediante consultas oportunas y detalladas con el fin de que la posición de la UE se presente con una sola voz; reitera la importancia de integrar el trabajo hecho en Nueva York y Ginebra en el marco de la Asamblea General, la Tercera Comisión y el CDH en las correspondientes actividades internas y externas de la UE, con el fin de garantizar la coherencia;

8.  Considera que el acoso continuo y la detención de que son víctimas defensores de los derechos humanos y opositores por parte de algunos miembros del CDH socavan la credibilidad del Consejo; reitera su posición de que los miembros del CDH deberían elegirse de entre los Estados que defiendan el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia y que hayan aceptado cursar invitaciones permanentes a todos los procedimientos especiales, e insta a los Estados miembros a que promuevan y adopten criterios de rendimiento en materia de derechos humanos, que deberían aplicarse a cualquier Estado que vaya a ser elegido miembro del CDH; pide a los Estados miembros que fomenten unos procedimientos transparentes, abiertos y competitivos para la elección de los miembros del CDH;

9.  Reitera su apoyo al mecanismo de examen periódico universal y su reconocimiento del valioso trabajo que aporta, y pide a los países miembros que preparen activamente su examen periódico universal ―entre otros medios involucrando a la sociedad civil―, que participen en el diálogo interactivo durante la sesión de examen periódico universal y en los debates sobre la adopción de sus resultados, que apliquen sus recomendaciones y que tomen medidas concretas para mejorar y apoyar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos;

10.  Sigue oponiéndose a la «votación en bloque» en el CDH; insta a los países miembros del CDH a que mantengan la transparencia en sus votaciones;

11.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que continúen realizando un seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal en todos los diálogos políticos de la UE con los países interesados con el fin de buscar la manera de apoyar a los países en la aplicación de las recomendaciones;

12.  Reitera su apoyo a los procedimientos especiales y al estatuto independiente de los titulares de mandatos para que puedan llevar a cabo su labor con total imparcialidad; pide a todos los Estados que cooperen con estos procedimientos y anima a los Estados miembros a que expongan las casos de no cooperación por parte de Estados con titulares de mandatos de procedimientos especiales;

13.  Considera importante enviar delegaciones parlamentarias a las sesiones del CDH y a otras sesiones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas;

14.  Lamenta que el espacio de interacción entre la sociedad civil y el CDH se siga reduciendo y que cada vez se ofrezcan a las ONG menos ocasiones para intervenir en estas sesiones; insta a la UE y al CDH que garanticen que se permite a la sociedad civil contribuir en la mayor medida de lo posible al 28º periodo de sesiones del CDH, así como en el proceso del examen periódico universal y otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, sin miedo a sufrir represalias al regresar a sus países de origen;

Derechos civiles y políticos

15.  Reafirma que la libertad de expresión, que es la piedra angular de toda sociedad libre y democrática, es un derecho de la persona; condena firmemente el asesinato en enero de 2015 de 12 personas en Francia, a saber, los dibujantes del semanario Charlie Hebdo y cuatro personas que se encontraban en un supermercado judío, así como el asesinato de un director de cine y de un guarda en una sinagoga en Copenhague, a manos de terroristas que tienen en su punto de mira la libertad de expresión y de religión;

16.  Condena el uso de la religión por grupos extremistas y yihadistas en todos los países, en particular en Siria, Irak, Libia, Myanmar, Nigeria y África Central, con acciones como atentados con disparos o explosivos, recurso a terroristas suicidas, secuestros y otros actos violentos que aterrorizan a la población; opina que la lucha contra el terrorismo requiere que se actúe para atajar sus causas profundas, como la exclusión social, la marginación política y la desigualdad; pide mayores esfuerzos para la protección de los derechos de los miembros de minorías religiosas; insta al respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho en todas las actividades antiterroristas;

17.  Expresa su preocupación ante todas las restricciones de la libertad de reunión y asociación, como las prohibiciones de organizaciones de la sociedad civil, el uso agresivo de las leyes penales sobre difamación y otras leyes restrictivas, las obligaciones excesivas de registro e información, y las normas excesivamente restrictivas sobre financiación exterior, y reitera que las libertades de asociación y reunión pacífica son elementos fundamentales de los derechos humanos;

18.  Pide a todos los Gobiernos que promuevan las organizaciones de la sociedad civil y defensa de los derechos humanos y les den apoyo y les permitan actuar sin temor y sin sufrir represión ni intimidación, que cooperen con el CDH en el mecanismo de examen periódico universal y que velen por la rendición de cuentas de los países responsables de represalias contra defensores de los derechos humanos, en particular respecto de represalias con consecuencias fatales, como la que dio lugar en marzo de 2014 a la muerte del militante por los derechos humanos Cao Shunli en China por haber tratado de embarcar en un vuelo para asistir al CDH en Ginebra en septiembre de 2013;

19.  Reitera su condena del recurso a la pena de muerte y apoya firmemente la introducción de una moratoria sobre la pena de muerte como paso hacia su abolición;

20.  Reitera la importancia de la lucha contra la tortura y otras formas de maltrato, y que la UE se ha comprometido a dar prioridad a este asunto, en particular por lo que se refiere a los niños, y a facilitar el trabajo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura; insta al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que demuestren su compromiso común con la erradicación de la tortura y con el apoyo a las víctimas, en particular manteniendo sus aportaciones —o, cuando proceda, iniciándolas— al Fondo de las Naciones Unidas de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura y al fondo especial creado por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura;

21.  Expresa su preocupación ante la discriminación continua y generalizada de los migrantes, incluidos solicitantes de asilo y refugiados, y ante las violaciones de sus derechos; pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen el trabajo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los migrantes, además de la aplicación de sus recomendaciones; pide a los Gobiernos que respeten los derechos humanos de los migrantes y su dignidad intrínseca, que pongan fin a las detenciones e internamientos arbitrarios y que, a fin de evitar el internamiento excesivo de migrantes irregulares, revisen los periodos de internamiento y recurran a alternativas al mismo; pide a los Gobiernos que respeten, en todas las circunstancias, el principio de no devolución en la frontera y que cumplan plenamente sus obligaciones jurídicas internacionales en relación con la expulsión de migrantes; pide a los Estados que, si aún no lo han hecho, se doten de sistemas y procedimientos que garanticen que todos sus programas e instituciones en el ámbito de las migraciones cumplen totalmente sus obligaciones derivadas de la legislación internacional en materia de derechos humanos;

22.  Apoya el último informe y las conclusiones del Relator Especial del CDH sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; pide a la UE y a sus Estados miembros que apliquen las recomendaciones del Relator Especial en su política interior para combatir la propagación del odio y la incitación al odio racial, étnico y xenófobo por internet y las redes sociales tomando las medidas legislativas adecuadas y respetando plenamente otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y opinión;

23.  Reconoce que la rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado el entorno para el ejercicio de la libertad de expresión en todo el mundo y ha generado importantes ventajas, pero también grandes preocupaciones; se felicita, en este contexto, de la adopción por el Consejo, en mayo de 2014, de las Directrices de la UE sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, y condena todas las restricciones a la comunicación digital, en particular las dirigidas a agentes de la sociedad civil; reitera la necesidad de dedicar una atención especial a los derechos de periodistas y blogueros;

24.  Anima al CDH a que prosiga el debate sobre el derecho a la privacidad y a que, para tal fin, designe un relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad, en particular en el contexto de las comunicaciones digitales;

Derechos económicos y sociales

25.  Observa que el programa de desarrollo para después de 2015 relativo a los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas tiene por meta acabar con la pobreza antes de 2030 mediante un enfoque holístico de las cuestiones económicas, sociales y medioambientales; acoge con satisfacción el informe de síntesis del Secretario General de las Naciones Unidas en la fase previa a la cumbre especial de las Naciones Unidas sobre la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible después de 2015; apoya los llamamientos del Secretario General en favor de un enfoque centrado en las necesidades y los derechos de las personas para acabar con la pobreza;

26.  Considera importante abordar la creciente desigualdad extrema para luchar contra la pobreza en general y promover los derechos económicos y sociales facilitando el acceso a alimentos, agua, educación, atención sanitaria y una vivienda digna, en particular; destaca, en este contexto, el problema cada vez mayor que representa el acaparamiento de tierras, que es necesario abordar;

27.  Opina que la corrupción, la evasión fiscal, la mala gestión de bienes públicos y la falta de rendición de cuentas contribuyen a la violación de los derechos de los ciudadanos, pues desvían fondos de la inversión en servicios públicos de la mayor necesidad, como la educación, los servicios básicos de atención sanitaria y otras infraestructuras sociales, lo que perpetúa la pobreza de la población; recuerda que, en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Gobiernos están obligados a respetar los derechos de sus ciudadanos poniendo a su disposición recursos apropiado; destaca, en este sentido, que debe prestarse una especial atención a la protección de los defensores de los derechos humanos que trabajan por la promoción de los derechos económicos, sociales y culturales;

28.  Reitera su apoyo a la creación de un Relator Especial de las Naciones Unidas sobre delitos financieros, corrupción y derechos humanos;

Empresas y derechos humanos

29.  Apoya firmemente la difusión y la aplicación eficaces y generalizadas en la UE y fuera de ella de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, e insiste en la necesidad de tomar todas las medidas necesarias para colmar las lagunas en la aplicación efectiva de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, también en lo referente al acceso a la justicia; acoge con satisfacción la iniciativa relativa a un reglamento para establecer un sistema de cadena de suministro que requiera la debida diligencia para la obtención responsable de minerales originarios de zonas de conflicto; pide a todas las partes que participen activamente en el 11º período de sesiones del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, y que apoyen los esfuerzos por ajustar sus políticas a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y a los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos; reitera su petición a la Comisión para que informe a más tardar a finales de 2015 sobre la aplicación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos por parte de los Estados miembros de la UE;

30.  Insta a las delegaciones de la UE en todo el mundo a colaborar con las empresas de la UE con el fin de promover el respeto de los derechos humanos, y a asegurar que la cuestión «empresas y derechos humanos» se incluya entre los principales temas en las convocatorias de propuestas locales del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

31.  Opina que las empresas y los derechos humanos se pueden reforzar mutuamente gracias a la creación de nuevo potencial empresarial en aquellas regiones que están más necesitadas de una inversión sostenible y responsable y contribuyendo al respeto general de los derechos humanos en los países en desarrollo;

32.  Pide a la UE y a sus Estados miembros participen en el debate incipiente sobre un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos dentro del sistema de las Naciones Unidas;

Derechos de la mujer

33.  Señala que la integración de la perspectiva de género, que implica la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de las políticas a fin de garantizar que quienes participen en la elaboración de políticas incorporen en todas las políticas, en todos los niveles y en todas las fases un enfoque relativo a la igualdad de oportunidades, es un instrumento importante para lograr la igualdad de género;

34.  Pide a la UE que participe activamente en la 59ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y que siga luchando contra todos los intentos de socavar la Plataforma de Acción de Beijing de las Naciones Unidas, que será revisada, con ocasión del 20° aniversario de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en lo relativo al acceso a la educación y la salud como derechos humanos fundamentales y a los derechos sexuales y reproductivos, entre otras cosas;

35.  Observa con espíritu crítico que, a pesar de los progresos realizados en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en muchos países siguen en vigor leyes discriminatorias, en particular en el ámbito de la familia y el acceso a la propiedad; observa que las mujeres siguen enormemente infrarrepresentadas en los puestos decisorios y que la violencia contra las mujeres sigue generalizada, mientras que el acceso a la justicia sigue siendo limitado, a pesar del número de mujeres que mueren cada día a consecuencia de la violencia doméstica; expresa su grave preocupación ante los retrocesos observados en varios países, en particular en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos;

36.  Condena categóricamente el uso de la violencia sexual contra la mujer, incluidos los delitos como las violaciones en masa, la esclavitud sexual y la prostitución forzada, formas de persecución de género como la mutilación genital femenina, la trata de mujeres, los matrimonios precoces y forzados y los asesinatos por honor y cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, también cuando se utilice como táctica de guerra; pide de nuevo a la UE y a todos sus Estados miembros que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica;

37.  Reitera el compromiso de la UE de integrar los derechos humanos y los aspectos de género en las misiones de la política común de seguridad y defensa, en línea con las históricas Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820 sobre la mujer, la paz y la seguridad; reitera, a este respecto, su llamamiento a la UE y a sus Estados miembros para que apoyen, en el proceso de construcción de una reconciliación duradera, la participación sistemática de la mujer como componente fundamental de los procesos de paz y reconozcan la necesidad de integrar la perspectiva de género en la prevención de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz, la asistencia humanitaria, y la reconstrucción posterior a los conflictos y los procesos de transición democrática;

38.  Destaca que la mutilación genital femenina es una forma de tortura; destaca la necesidad constante de que la UE trabaje con terceros países para erradicar la práctica de la mutilación genital femenina; recuerda a los Estados miembros en cuya legislación nacional la mutilación genital femenina está tipificada como delito que deben aplicar dicha legislación cuando se demuestre que a ciudadanas de su país se les ha practicado dicha mutilación;

39.  Acoge con satisfacción que la Corte Penal Internacional haya incluido los delitos de género, en particular la violación y las agresiones y humillaciones sexuales, y su recomendación de que estos delitos se consideren crímenes de guerra;

Derechos del niño

40.  Expresa su preocupación al observar que, si bien se han hecho progresos desde la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, no asisten a la escuela al menos 58 millones de niños, particularmente niñas, niños de familias pobres, niños con discapacidad y niños de zonas en conflicto, y siguen siendo muchos los niños que padecen enfermedades fáciles de prevenir y los que tienen que trabajar;

41.  Pide a todos los Estados que se comprometan a eliminar las peores formas de trabajo infantil definidas en el artículo 3 del Convenio 182 de la OIT, entre las que se encuentran la esclavitud infantil, la trata de niños, la prostitución y los trabajos peligrosos que afecten a la salud física y mental del niño;

42.  Recuerda que una de las principales obligaciones del Estado es proporcionar educación a todos los niños, multiplicando las oportunidades, creando instituciones adecuadas y abordando las causas estructurales de los obstáculos principales a la educación primaria universal, como el abandono escolar, que siguen siendo un gran impedimento para esta educación;

43.  Pide que la UE destine una financiación adecuada a los programas de desmovilización y reintegración destinados a niños afectados por conflictos armados y a antiguos niños soldados; recuerda su firme apoyo a la campaña «Niños, no soldados», tal y como expresó durante la audiencia sobre este mismo tema celebrada en la Subcomisión de Derechos Humanos el 3 de diciembre de 2014; acoge con satisfacción los informes anuales presentados por la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados y por la representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, así como el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

Derechos de las personas LGBTI

44.  Expresa su preocupación por el reciente aumento de leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia contras las personas motivados por su orientación sexual o su identidad de género; anima a que se practique un seguimiento atento de la situación de las personas LGBTI, en particular en Nigeria y Gambia, donde leyes recientemente instauradas suponen una amenaza para la vida de las minorías sexuales; expresa su profunda preocupación ante las denominadas leyes «contra la propaganda» que limitan la libertad de expresión y de reunión, incluso en países del continente europeo; celebra la Resolución del CDH sobre la lucha contra la violencia y la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, aprobada el 26 de septiembre de 2014; reitera su apoyo a la labor constante del Alto Comisionado de promoción y protección del ejercicio de todos los derechos humanos por las personas LGBTI, en particular mediante declaraciones, informes y la nueva campaña «Libres e iguales»; anima al Alto Comisionado a que continúe luchando contra leyes y prácticas discriminatorias;

Cambio climático y derechos humanos

45.  Destaca que el impacto del cambio climático en grupos y personas en situaciones de vulnerabilidad es notable, especialmente en países de bajo nivel de renta y en Estados costeros y Estados insulares de escasa altitud que carecen de recursos económicos para adaptarse a cambios medioambientales acusados;

46.  Observa con preocupación que los pueblos indígenas se ven particularmente afectados por los incidentes relacionados con el cambio climático; observa, a este respecto, que la mayoría de los pueblos indígenas vive por debajo del umbral de la pobreza y tiene poco o ningún acceso a la representación, la toma de decisiones políticas o los sistemas judiciales;

47.  Celebra que el CDH haya reconocido que los cambios medioambientales tienen una incidencia negativa en la vida de los pueblos y suponen un obstáculo para el respeto de derechos humanos fundamentales e internacionalmente reconocidos; insta por lo tanto a los Estados Parte a que, en la próxima Conferencia sobre Cambio Climático que se celebrará en París en 2015, adopten medidas ambiciosas y urgentes de atenuación y adaptación;

48.  Pide a la Comisión y al SEAE que participen activamente en el debate sobre el concepto de «refugiado climático», incluida una posible definición del mismo en el Derecho internacional o en algún acuerdo internacional jurídicamente vinculante;

Lucha contra la impunidad y Corte Penal Internacional (CPI)

49.  Reitera su total apoyo a la labor de la CPI a la hora de contribuir a poner fin a la impunidad de los autores de los delitos más graves que afectan a la comunidad internacional y de hacer justicia para las víctimas de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio; se mantiene alerta ante cualquier intento de socavar su legitimidad o independencia; insta a la UE y a sus Estados miembros a que cooperen con la Corte y a que le presten un sólido apoyo diplomático, político y financiero, también en las Naciones Unidas; pide a la UE, a sus Estados miembros y a sus representantes especiales que promuevan activamente la CPI, la ejecución de sus decisiones y la lucha contra la impunidad de delitos contemplados en el Estatuto de Roma; se felicita de la reciente ratificación del Estatuto de Roma por parte de la Autoridad Palestina en enero de 2015;

Poblaciones autóctonas

50.  Pide al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la revisión del mandato del Mecanismo de Expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas, de acuerdo con el documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas (Resolución 69/2 de la Asamblea General de las Naciones Unidas), con miras a controlar, evaluar y mejorar la aplicación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; insta a los Estados miembros de la UE a solicitar a todos los titulares de mandato de los procedimientos especiales que presten una atención particular a las cuestiones que afectan a las mujeres y niñas indígenas, y a que informen sistemáticamente de ello al CDH; insta al SEAE y a los Estados miembros a que respalden activamente el desarrollo del plan de acción global sobre los pueblos indígenas, con arreglo a lo solicitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución de septiembre de 2014, en particular en lo que se refiere a la organización de consultas regulares de los pueblos indígenas como parte de dicho proceso;

Acontecimientos culturales y deportivos de ámbito internacional y derechos humanos

51.  Denuncia la práctica cada vez más frecuente de los Estados autoritarios de albergar grandes acontecimientos deportivos o culturales con objeto de impulsar su legitimidad internacional, al tiempo que siguen reprimiendo la disidencia interna; pide a la UE y a sus Estados miembros que planteen activamente esta cuestión, también en el CDH, y que colaboren con las federaciones deportivas nacionales, los agentes empresariales y las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a las modalidades de su participación en dichos acontecimientos, también en lo que respecta a los primeros Juegos Europeos que se van a celebrar en Bakú en 2015, y a la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Rusia en 2018 y en Qatar en 2022;

Drones y armas autónomas

52.  Reitera su petición al Consejo para que desarrolle una posición común de la UE sobre el uso de drones armados, dando la máxima importancia al respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario, y abordando cuestiones como el marco jurídico, la proporcionalidad, la rendición de cuentas, la protección de los civiles y la transparencia; insta una vez más a la UE a prohibir el desarrollo, la producción y el uso de armas totalmente autónomas que permitan realizar ataques sin intervención humana; insiste en que los derechos humanos formen parte de todos los diálogos con terceros países en materia de lucha contra el terrorismo;

Integración de los derechos humanos por la UE

53.  Pide a la UE que promueva la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, de conformidad con el artículo 21 del Tratado de Lisboa y las disposiciones generales relativas a la acción exterior de la Unión;

54.  Pide a la UE, a los Estados miembros, a la Comisión y al SEAE que integren los derechos humanos en todos los ámbitos de su política exterior respecto a terceros países; subraya además que la política de la UE en materia de derechos humanos ha de garantizar la coherencia entre la política interior y la exterior, en consonancia con las obligaciones que surgen de los Tratados de la Unión, y evitar el doble rasero en cuanto al respeto de los derechos humanos;

55.  Pide a la UE que adopte un enfoque basado en derechos y que integre el respeto de los derechos humanos en sus políticas en materia de comercio, inversiones, servicios públicos y cooperación al desarrollo y en su política común de seguridad y defensa;

Prioridades de la UE sobre cuestiones relacionadas con los países

Ucrania

56.  Expresa su profunda preocupación por la violencia y el conflicto armado en el este de Ucrania; confía en que se respete el acuerdo de alto el fuego, basado en el Acuerdo de Minsk; condena las violaciones masivas de los derechos humanos en el conflicto y las consecuencias de los combates recientes; apoya plenamente la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Misión Especial de Observación de la OSCE en Ucrania, y pide el refuerzo de esta última; destaca su profunda preocupación por la suerte de los desplazados internos como consecuencia del conflicto armado en las regiones del sudeste; condena la política agresiva y expansionista de anexión ilegal de Crimea por Rusia, que constituye una amenaza para la unidad e independencia de Ucrania; sigue preocupado por la discriminación y las generalizadas violaciones de los derechos humanos cometidas contra la población local en esta región, en particular contra los tártaros de Crimea; pide a los Estados miembros de la UE que apoyen todos los esfuerzos posibles al nivel de las Naciones Unidas para combatir la impunidad y llevar a cabo investigaciones imparciales sobre los acontecimientos violentos y las violaciones de los derechos humanos relacionados con la represión de las manifestaciones de la plaza Maidán, la anexión ilegal de Crimea y el conflicto armado en el este de Ucrania; pide que se respeten el Derecho y los principios humanitarios internacionales, a fin de proteger a la población civil en el conflicto;

República Popular Democrática de Corea

57.  Celebra la ampliación prevista del mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea; se felicita asimismo de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que anima al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que tome las medidas adecuadas para garantizar la rendición de cuentas, en particular, estudiando la posibilidad de remitir la situación en la RPDC a la CPI; pide al CDH que reitere su demanda de responsabilidades, en particular en el caso de los responsables de crímenes contra la humanidad a consecuencia de la aplicación de políticas establecidas al máximo nivel del Estado; acoge con satisfacción el establecimiento de una estructura basada en la República de Corea para reforzar el seguimiento de la situación y la recopilación de documentación con miras a garantizar la rendición de cuentas, e insta a todos los Estados a que cooperen con esta estructura; pide al Consejo de Derechos Humanos que dedique una mayor atención a la situación en la RPDC convocando en una de sus próximas sesiones un panel oficial para transmitir la voz de las víctimas de violaciones de los derechos humanos;

Irán

58.  Acoge con satisfacción la Resolución del CDH, de marzo de 2014, sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica de Irán, y la ampliación del mandato del relator especial, y pide a Irán que permita la entrada del relator especial de las Naciones Unidas en el país como una señal clave de su voluntad de avanzar hacia la celebración de un diálogo en materia de derechos humanos; reitera su condena de la pena de muerte en Irán, en particular en el caso de menores, que se produce a menudo tras un proceso judicial que no cumple las normas mínimas internacionalmente aceptadas en materia de garantías procesales y juicio justo; sigue preocupado por el elevado índice de ejecuciones sin garantías procesales o un juicio justo; apoya la declaración conjunta de agosto de 2014 por parte de los titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas en la que reprueba la ola de detenciones y condenas contra agentes de la sociedad civil en Irán; pide a la UE y al CDH que sigan supervisando estrechamente los abusos sistemáticos de los derechos humanos, y que garanticen que los derechos humanos sigan siendo una prioridad clave en todos los tratos con el Gobierno iraní; pide a las autoridades iraníes que respeten el Derecho humanitario internacional, conforme al cual la ejecución de delincuentes juveniles supone una infracción de las normas mínimas internacionales, y no lleven a cabo ejecuciones de este tipo;

Myanmar/Birmania

59.  Apoya el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar/Birmania, en el que se reconocen los progresos realizados hasta la fecha al mismo tiempo que se señalan los ámbitos pendientes que son motivo de gran preocupación; pide al Gobierno de Myanmar que incorpore los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, en el marco institucional y jurídico y en todos los ámbitos de actividad política del país, y que respete la libertad de expresión y de reunión; manifiesta su preocupación por la legislación propuesta para la «protección de la raza y la religión», que contiene cuatro proyectos de ley relativos al matrimonio interreligioso, la conversión religiosa, la monogamia y el control de la población, pide al CDH que renueve el mandato de la Relatora Especial según lo previsto en el punto 4 del orden del día, que reitere su profunda preocupación ante la situación de la minoría rohingya en el Estado de Rakhin, agravada por el hecho de que esta comunidad carece de estatuto jurídico, por lo que sigue siendo objeto de discriminación, y pide que se investiguen en profundidad y con transparencia e independencia todos los casos de violaciones de los derechos humanos de la minoría rohingya y que se acelere el proceso de apertura en el país de una oficina del CDH con un mandato pleno de seguimiento e información; lamenta los ataques contra civiles ocurridos en los Estados de Kachin y Shan, las agresiones sexuales cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado, la existencia de presos políticos, el acoso contra los defensores de los derechos humanos, los activistas y los profesionales de los medios de comunicación, las ejecuciones extrajudiciales, la confiscación de tierras y los ataques selectivos a minorías religiosas y étnicas; considera que la negociación de un acuerdo de inversiones entre la UE y Myanmar debe estudiarse con sumo detenimiento, puesto que la inversión extranjera en el país podría agravar las violaciones de los derechos humanos;

Bielorrusia

60.  Manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos en Bielorrusia; condena las tres ejecuciones llevadas a cabo en 2014, el acoso a los defensores de los derechos humanos, la persecución de periodistas independientes, la censura de todas las comunicaciones basadas en internet y una legislación restrictiva con respecto a las organizaciones no gubernamentales; insta a la renovación del mandato del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia en el 29º periodo de sesiones del Consejo, y pide al Gobierno que permita el pleno acceso a los titulares de mandato de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, especialmente al relator especial; pide la liberación incondicional y la rehabilitación de todos los presos políticos que siguen detenidos;

Baréin

61.  Manifiesta su continua preocupación por la ofensiva contra líderes opositores, agentes de la sociedad civil y activistas en Baréin y por la situación de los defensores de los derechos humanos y de los activistas de la oposición política en dicho país; pide a todas las partes interesadas de Baréin que entablen un diálogo constructivo e integrador que tenga por objeto una auténtica reconciliación y el respeto de los derechos humanos de todas las comunidades bareiníes; pide la liberación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia, periodistas, defensores de los derechos humanos y manifestantes pacíficos, y expresa su apoyo a la declaración conjunta, de 4 de febrero de 2015, de los titulares de mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas sobre la detención de un importante político de la oposición y la disolución de las consiguientes manifestaciones; pide a los Estados miembros de la UE y a otros miembros del CDH que sigan vigilando estrechamente la situación de los derechos humanos en Baréin, centrándose en la aplicación de los compromisos contraídos por el país durante el proceso del examen periódico universal y las recomendaciones de la comisión independiente de investigación para Baréin, aceptadas por el Rey de Baréin; Lamenta la falta de progresos del Gobierno de Baréin en su cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y con los procedimientos especiales del CDH, y pide a los Estados miembros que preparen la adopción, durante el período de sesiones de marzo del CDH, de una resolución en la que se pida el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos por Baréin durante el proceso del EPU y la aplicación de las recomendaciones, incluidas las referidas a los defensores de los derechos humanos, de la Comisión independiente de investigación para Baréin, que pedían a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos informes sobre la situación de los derechos humanos sobre el terreno y sobre los progresos logrados en la cooperación de Baréin con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;

Egipto

62.  Acoge con satisfacción la tramitación del examen periódico universal de Egipto en noviembre de 2014 y espera que se apruebe en el próximo período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos; insta a Egipto a que libere, de manera inmediata e incondicional, a todos los activistas y defensores de los derechos humanos, así como a las personas detenidas por haber ejercido pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación; exige asimismo que el Gobierno egipcio promulgue medidas legislativas en consonancia con las normas internacionales y defienda el derecho de asociación, que está consagrado en la Constitución egipcia y comprende el derecho a dar y recibir financiación, que derogue la ley sobre protestas de noviembre de 2013 y que introduzca nueva legislación que garantice la libertad de reunión; insta al Gobierno egipcio a que abra una investigación judicial para averiguar quiénes son los responsables de haber ordenado y llevado a cabo asesinatos ilegales durante la supresión de las manifestaciones mayoritariamente pacíficas que se han producido desde el 3 de julio de 2013, especialmente al disolver manifestaciones el 14 de agosto de 2013 en las plazas Rabaa y Nahda, donde por lo menos mil manifestantes perdieron la vida; Insta a Egipto a que lleve a cabo investigaciones independientes, imparciales y efectivas de todas las violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2011, incluidos los delitos contra la libertad sexual, y que garantice que los autores respondan ante la justicia y se resarza a las víctimas en consonancia con las normas internacionales; pide a las autoridades egipcias que anulen inmediatamente todas las condenas a muerte y abran nuevos procesos que garanticen el derecho a un juicio justo con garantías procesales, y que impongan una moratoria inmediata sobre las condenas a muertes y las ejecuciones, liberen de inmediato a todos los periodistas y trabajadores de medios de comunicación encarcelados y garanticen el derecho a la libertad de información y expresión de acuerdo con las normas internacionales; insta a las autoridades egipcias a que autoricen la visita de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, aceptada en un principio pero pendiente desde principios de 2014, y a que inviten a los mecanismos y procedimientos pertinentes de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación, el Relator Especial sobre la tortura, el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo y la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados; pide a las autoridades egipcias que garanticen la conformidad de la legislación nacional con las normas internacionales sobre derechos humanos y que revoquen de inmediato la Ley n° 136/2014 y pongan fin a los juicios militares a civiles, anulen todas las sentencias dictadas contra civiles por los tribunales militares y ordenen la apertura inmediata de nuevos juicios ante tribunales civiles; pide a la UE y a sus Estados miembros que apoyen una declaración firme sobre estas cuestiones;

Mali

63.  Acoge con satisfacción la labor realizada por el experto independiente de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Mali y pide al CDH que amplíe su mandato; celebra los avances realizados por el Gobierno de Mali en cuanto al restablecimiento del poder judicial en algunas zonas del país y la investigación de la tortura y asesinato en 2012 de veintiún soldados de élite, además de la creación de la Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación; expresa una vez más su preocupación por el nuevo deterioro de la situación de la seguridad y por el reclutamiento y uso continuados de niños soldados, y pide al Gobierno de Mali que lleve a cabo investigaciones y ponga a la disposición de la justicia a los miembros de todas las facciones combatientes responsables de crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado de 2012-2013; se felicita del acuerdo de paz para toda la población de Mali, ya que será la primera en beneficiarse tras meses de inestabilidad e inseguridad, aunque lamenta el aplazamiento solicitado por los rebeldes del norte; pide a todas las partes que sigan el ejemplo del Gobierno de Mali y firmen inmediatamente el acuerdo, cuya aplicación será controlada por la UE, y que garanticen que el futuro acuerdo de paz exija la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la comisión de la verdad y la investigación de los miembros de las fuerzas de seguridad;

Sudán del Sur

64.  Pide a la Unión Africana que haga público el informe de su Comisión de Investigación sobre las violaciones y los abusos de derechos humanos cometidos por todas las partes en Sudán del Sur, lo que representaría un avance en la consecución de justicia respecto a las violaciones de derechos humanos que ha habido desde el inicio del conflicto; condena el secuestro de un grupo de niños pequeños en Wau Shilluk en febrero de 2015 con la intención de convertirlos en niños soldados; insta al CDH a que adopte una resolución insistiendo en que una investigación y persecución justas y creíbles de las violaciones del Derecho internacional es fundamental para que Sudán del Sur pueda romper el círculo vicioso de brutalidad alimentado por la impunidad; pide, en este sentido, que se tome en consideración la posibilidad de crear un mecanismo judicial híbrido y de instar a Sudán del Sur a que se adhiera al Estatuto de Roma, y que se establezca un mandato de Relator Especial para Sudán del Sur para ayudar a promover procesos judiciales creíbles y demás medidas de responsabilidad penales en general, con el apoyo de la comunidad internacional;

Sri Lanka

65.  Toma nota de los compromisos asumidos por el nuevo Gobierno electo de Sri Lanka, y le pide que dé pasos concretos hacia la rendición de cuentas entre este momento y el 30º periodo de sesiones del CDH que se celebrará en septiembre de 2015, con vistas a confirmar sus promesas de mejorar la situación de los derechos humanos en el país y prevenir la reincidencia; entiende que dichos pasos deberían incluir investigaciones y procesos judiciales serios, así como otras medidas para abordar el problema de la impunidad y los abusos en la materia; pide también al Gobierno de Sri Lanka que colabore plenamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con su investigación sobre Sri Lanka;

Siria

66.  Manifiesta su profunda preocupación por el dramático y violento conflicto y la crisis humanitaria derivados del uso de la violencia, sobre todo por parte del régimen de El Asad, el EI/Daesh y otras milicias contra civiles, sobre todo grupos vulnerables como mujeres y niños; expresa su preocupación por el hecho de que Daesh está exportando su ideología al exterior; está sumamente preocupado por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario cometidas en Siria, que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad; insta a todas las partes a respetar el Derecho humanitario internacional aplicable para proteger a los civiles, respetar sus derechos humanos y cubrir sus necesidades básicas; pide a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas que se pronuncien claramente en contra de la violencia y, en particular, a favor de los derechos de las minorías, en particular contra la persecución sistemática de cristianos; pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente o secuestradas como resultado del ejercicio de sus derechos humanos u otras actividades políticas pacíficas; pide a la UE y sus Estados miembros un apoyo sólido para lograr la rendición de cuentas y la renovación de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas;

Irak

67.  Expresa su profunda preocupación por la situación dramática y violenta y la crisis humanitaria de Irak; observa que la situación de los derechos humanos se está deteriorando con los secuestros y ejecuciones masivas cometidos por el EI/Daesh y otras milicias y la persecución de las minorías étnicas y religiosas de Irak, incluidos cristianos;

Palestina/Israel

68.  Condena los ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados contra Israel lanzando cohetes desde la Franja de Gaza, y expresa su profunda inquietud acerca de la crisis humanitaria en Gaza; pide a la UE y a sus Estados miembros que expresen públicamente su apoyo a la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas y que denuncien la falta de cooperación de las autoridades israelíes con esta Comisión y el hecho de que se le deniegue el acceso, a través de una declaración pública en el CDH; insiste en que la justicia y el respeto del Estado de Derecho son las bases indispensables para la paz y destaca la obligación de poner fin a la impunidad constante y sistemática de las violaciones del Derecho internacional; celebra la incoación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de diligencias preliminares sobre la situación en Palestina; pide a la UE que coopere plenamente con la Fiscalía de la CPI; pide a la UE que retome el punto 7 del orden del día del CDH y que condene sin paliativos las persistentes violaciones del Derecho internacional y la no aplicación del dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, y que apoye la renovación de su mandato;

o
o   o

69.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la 69ª Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.


Situación de Venezuela
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela (2015/2582(RSP))
P8_TA(2015)0080RC-B8-0236/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Venezuela, en particular la de 27 de febrero de 2014 sobre la situación en Venezuela(1) y la de 18 de diciembre de 2014 sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2),

–  Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas fuera de la Unión Europea(3),

–  Vistas las declaraciones a la prensa de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, de 23 de febrero de 2015, sobre la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y la situación en Venezuela,

–  Vista la declaración del portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, de 26 de febrero de 2015, sobre la situación en Venezuela,

–  Vista la declaración del Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y antiguo Presidente de Colombia, Ernesto Samper, de 25 de febrero de 2015, sobre la situación en Venezuela y la muerte del estudiante de catorce años Kluivert Roa,

–  Vista la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 24 de febrero de 2015,

–  Vista la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 26 de agosto de 2014,

–  Vista la declaración del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 20 de octubre de 2014, sobre las detenciones de manifestantes y políticos en Venezuela,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

–  Vistos el informe 2014/2015 de Amnistía Internacional titulado «La situación de los derechos humanos en el mundo», publicado el 25 de febrero de 2015, y el informe de Human Rights Watch sobre Venezuela titulado «Nuevos poderes a los militares para contrarrestar protestas», publicado el 12 de febrero de 2015,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, el 19 de febrero de 2015, un líder de la oposición, Antonio Ledezma, elegido democráticamente en dos ocasiones alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas, fue detenido de forma arbitraria por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) fuertemente armados, que no presentaron una orden de detención ni ninguna prueba de que hubiera cometido un delito; que, tras su detención, Antonio Ledezma fue acusado de conspiración y asociación para delinquir (delitos que en Venezuela conllevan duras penas de prisión) y encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde;

B.  Considerando que la retención de civiles detenidos en una prisión militar es incompatible con las normas internacionales; que Venezuela tiene la obligación de garantizar la vida, un trato humanitario y la seguridad de todas las personas privadas de libertad, así como unas condiciones de detención que estén en consonancia con las normas internacionales aplicables;

C.  Considerando que el Presidente Nicolás Maduro anunció a través de la radio y la televisión nacionales que se había desarticulado un supuesto plan que pretendía desestabilizar el Gobierno mediante un golpe de Estado en el que estaban implicados los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, los diputados de la Asamblea Nacional María Corina Machado y Julio Borges, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma; que, supuestamente, estos dirigentes de la oposición también tienen que ver con un plan para asesinar al líder de la oposición Leopoldo López, que lleva más de un año detenido en una prisión militar; que este ha padecido torturas físicas y psicológicas desde su detención, y se le ha sometido a un régimen de aislamiento;

D.  Considerando que el Presidente Maduro ha realizado asimismo rocambolescas denuncias de supuestas conspiraciones extranjeras, planes para provocar inestabilidad e intentos de asesinato, de las que su Gobierno ha informado varias veces;

E.  Considerando que, en el pasado, dirigentes de la oposición democrática han sido objeto en repetidas ocasiones de acusaciones sin fundamento de estar implicados en supuestos planes para provocar inestabilidad y dar golpes de Estado; que se han incrementado la intimidación y el maltrato de líderes de la oposición y estudiantes encarcelados que participaron en las manifestaciones de 2014; que Leopoldo López, Daniel Ceballos y otros políticos de la oposición siguen detenidos de forma arbitraria, que María Corina Machado fue separada de su cargo y expulsada de la Asamblea Nacional de Venezuela de forma ilegal y arbitraria, y que el Gobierno venezolano está amenazando con levantar la inmunidad del diputado Julio Borges;

F.  Considerando que la presunción de inocencia puede considerarse violada cuando una persona que se enfrenta a acusaciones penales es sometida a prisión preventiva sin la debida justificación, ya que en ese caso la detención pasa a ser una medida punitiva, en lugar de cautelar;

G.  Considerando que, según organizaciones locales e internacionales, un año después de las manifestaciones pacíficas más de 1 700 manifestantes se encuentran a la espera de juicio, más de 69 siguen encarcelados y al menos 40 personas han sido asesinadas durante las protestas sin que se hayan exigido responsabilidades a los autores; que los manifestantes se han enfrentado a un uso excesivo de la fuerza y la violencia sistemática por parte de la policía, de miembros de la Guardia Nacional y de grupos armados progubernamentales violentos y descontrolados;

H.  Considerando que un Estado democrático no debe criminalizar a los líderes de la oposición política y debe garantizar la participación de todos los sectores en la vida política del país, así como los derechos humanos de quienes declaran formar parte de la oposición, como afirmó Human Rights Watch el 24 de febrero de 2015;

I.  Considerando que los miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, se han comprometido públicamente a actuar en pro del programa político gubernamental y se han pronunciado reiteradamente a favor del Gobierno, validando la no observancia de los derechos humanos por parte de este; que, en diciembre de 2014, la mayoría progubernamental de la Asamblea Nacional nombró a doce nuevos miembros del Tribunal Supremo por mayoría simple, tras no haber logrado obtener una mayoría de dos tercios que habría requerido un consenso con la oposición;

J.  Considerando que la nueva Resolución 8610 del Ministerio de Defensa permite al Ejército el uso de armas de fuego en el control de «reuniones públicas y manifestaciones pacíficas»; que, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución venezolana, el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas para el control de manifestaciones pacíficas está prohibido; que, de conformidad con las normas internacionales, el uso de fuerzas militares en operaciones de salvaguardia de la seguridad pública debe ser limitado;

K.  Considerando que, el 24 de febrero de 2015, el estudiante de catorce años de edad Kluivert Roa resultó muerto por impactos de bala durante una manifestación contra la escasez de alimentos y medicamentos en San Cristóbal, en el Estado de Táchira, convirtiéndose así en la primera víctima mortal desde que se permitió el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones; que, el 25 de febrero de 2015, el Ministerio Público declaró que un agente de policía había sido acusado de homicidio intencional, entre otros delitos;

L.  Considerando que la libertad de expresión y el derecho a participar en manifestaciones pacíficas son elementos fundamentales de la democracia; que la igualdad y la justicia para todos resultan imposibles si no se respetan los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos; que existen numerosos informes que confirman que la intimidación y la censura que sufren los medios de comunicación van en aumento;

M.  Considerando que Venezuela es el país que cuenta con las reservas energéticas más importantes de América Latina; que el pueblo venezolano sufre una grave escasez de artículos de primera necesidad, que los precios de los alimentos se han duplicado y que ha aumentado el racionamiento de alimentos; que tanto el fracaso del Estado a la hora de mantener la ley y el orden público como la polarización política cada vez mayor han llevado a Venezuela a ser uno de los países más violentos del mundo;

N.  Considerando que únicamente el respeto de los derechos y las libertades fundamentales y un diálogo constructivo y respetuoso en un espíritu de tolerancia pueden ayudar a Venezuela a salir de esta grave crisis y a superar futuras dificultades;

O.  Considerando que se puso en marcha la denominada «Mesa de Diálogo» entre el Gobierno y la oposición y desgraciadamente se interrumpió sin haber alcanzado ningún logro;

P.  Considerando que el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone que las inversiones europeas en terceros países son un elemento fundamental de la política comercial común de la Unión Europea y, por consiguiente, parte intrínseca de su acción exterior, y que, en virtud del Tratado de Lisboa, las inversiones extranjeras directas son competencia exclusiva de la UE, tal y como se establece en el artículo 3, apartado 1, letra e), y en los artículos 206 y 207 del TFUE;

Q.  Considerando que al Gobierno de Venezuela le incumbe una especial responsabilidad a la hora de respetar el Estado de Derecho y el Derecho internacional si se tiene en cuenta que es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el 16 de octubre de 2014;

1.  Reitera su profunda preocupación por el agravamiento de la situación en Venezuela y condena el uso de la violencia contra los manifestantes; pide a las autoridades venezolanas que liberen inmediatamente a Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos y a todos los manifestantes pacíficos, estudiantes y líderes opositores detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y sus derechos fundamentales, en consonancia con las peticiones formuladas por varios organismos de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales; pide a las autoridades venezolanas que retiren las acusaciones infundadas en contra de estas personas;

2.  Pide a las autoridades de Venezuela que velen por que Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos y todos los demás presos políticos reciban cualquier tipo de atención médica que puedan necesitar y obtengan un acceso inmediato, privado y periódico a sus familias y a los abogados de su elección; manifiesta su profunda preocupación por el deterioro de la situación de los presos;

3.  Pide al Gobierno venezolano que deje de perseguir y reprimir políticamente a la oposición democrática y de violar las libertades de expresión y de manifestación, e insta a que se ponga fin a la censura de los medios de comunicación; recuerda a las autoridades que las voces opositoras son indispensables para una sociedad democrática;

4.  Condena la muerte por impacto de bala de Kluivert Roa y seis estudiantes más, y transmite su pésame a las familias; pide al Gobierno que revoque la recientemente promulgada Resolución 8610, que permite a las fuerzas de seguridad el uso de la fuerza potencialmente mortal, ya sea con armas de fuego o de otro tipo capaces de matar, en el control de manifestaciones de civiles, ignorando así el artículo 68 de la Constitución de Venezuela;

5.  Pide al Gobierno de Venezuela que cumpla lo dispuesto en su propia Constitución y sus obligaciones internacionales en lo que respecta a la independencia judicial y a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacifica, así como al pluralismo político, que constituyen elementos fundamentales de la democracia; pide al Gobierno venezolano que cree un entorno en el que los defensores de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales independientes puedan realizar su trabajo legítimo de fomento de los derechos humanos y la democracia; hace hincapié en que, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Gobierno de Venezuela le incumbe una especial responsabilidad a la hora de respetar el Estado de Derecho y el Derecho internacional;

6.  Pide al Gobierno venezolano que vele por que las acusaciones se investiguen con rapidez e imparcialidad, sin margen para la impunidad, y respetando plenamente el principio de presunción de inocencia y las debidas garantías procesales; recuerda que el respeto del principio de la separación de poderes es fundamental en un régimen democrático, y que el sistema judicial no puede ser utilizado como arma política; pide a las autoridades venezolanas que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos del país, independientemente de sus opiniones o adscripciones políticas;

7.  Expresa su preocupación por la posibilidad de que las nuevas protestas desemboquen en más actos violentos que no harían más que ahondar la brecha entre las posiciones del Gobierno y la oposición y contribuirían a polarizar en mayor medida la delicada situación política que se registra en Venezuela; pide a los representantes de todos los partidos y estamentos de la sociedad venezolana que mantengan la calma tanto en lo que se refiere a sus declaraciones como a las acciones que emprendan; desaconseja toda acción que pueda conducir a un clima de tensión y retroceso, lo que podría provocar la deslegitimación e ilegalización de la oposición democrática o la anulación de las elecciones;

8.  Manifiesta su preocupación por que la oposición política esté siendo objeto de detenciones arbitrarias y ataques durante un año electoral, lo que podría poner en tela de juicio tanto la legitimidad como el resultado de los comicios;

9.  Pide a las autoridades venezolanas, en vista de las próximas elecciones parlamentarias, que aprovechen este período para establecer un proceso político integrador basado en el consenso y la responsabilidad compartida, a través de un verdadero diálogo nacional con la participación significativa de todas las fuerzas políticas democráticas en el marco de la democracia, el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos; pide a ambas partes, asimismo, que sometan a debate los problemas de mayor gravedad que afronta el país, con el fin de acometer las reformas necesarias en materia económica y de gobernanza; pide a las autoridades de Venezuela que garanticen la celebración de unas elecciones parlamentarias libres y justas en el marco de un proceso plenamente integrador con la participación de todos los actores democráticos; pide a todos los actores políticos que no permitan que su lucha política desborde los límites del ordenamiento constitucional ni cedan a presión alguna que pretenda que agraven sus acciones;

10.  Anima a los socios regionales de Venezuela, como Unasur y la Organización de los Estados Americanos, a abrir vías de diálogo y entendimiento entre las partes en conflicto, también con miras a garantizar la seguridad y protección públicas, junto con la vuelta a la calma y la normalidad en el país;

11.  Insta a la UE, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional a que hagan declaraciones y tomen medidas para mostrar su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil período;

12.  Insta a la Comisión y al Consejo a que estudien y adopten cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar los intereses europeos y la aplicación del principio de seguridad jurídica a las empresas europeas en Venezuela;

13.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), a la Delegación de la UE en Venezuela y a las embajadas de los Estados miembros que sigan realizando un estrecho seguimiento de las investigaciones y las vistas de los juicios contra los dirigentes de la oposición; reitera su petición de que se envíe a Venezuela cuanto antes una delegación ad hoc del Parlamento Europeo para evaluar la situación en el país y dialogar con todos los sectores en conflicto;

14.  Reitera su sincera petición a la VP/AR de que exija la liberación inmediata de los manifestantes que hayan sido detenidos arbitrariamente desde el inicio de las protestas;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro‑Latinoamericana y al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0176.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0106.
(3) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 84.

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