Índice 
Textos aprobados
Jueves 30 de abril de 2015 - Estrasburgo
Suspensión de las medidas comerciales excepcionales aplicadas en Bosnia y Herzegovina ***I
 Persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab
 Destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh
 Situación en Maldivas
 Informe de evolución de Albania 2014
 Informe de evolución de Bosnia y Herzegovina 2014
 Informe anual 2013 del Banco Europeo de Inversiones
 Expo de Milán 2015: «Alimentar el planeta. Energía para la vida»
 Situación en Nigeria
 El caso de Nadiya Savchenko
 La situación en el campo de refugiados de Yarmuk en Siria
 Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos y de los trabajadores en Argelia

Suspensión de las medidas comerciales excepcionales aplicadas en Bosnia y Herzegovina ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 30 de abril de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1215/2009 del Consejo mediante la introducción de medidas comerciales excepcionales para los países y territorios participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación de la Unión Europea, o vinculados al mismo, y por el que se suspende su aplicación en Bosnia y Herzegovina (COM(2014)0386 – C8-0039/2014 – 2014/0197(COD))(1)
P8_TA(2015)0177A8-0060/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)   El Reglamento (CE) nº 1215/2009 no contempla ninguna posibilidad de suspender temporalmente la concesión de medidas comerciales excepcionales en caso de violación grave y sistemática de los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho por parte de sus beneficiarios. Es conveniente introducir esta posibilidad, a fin de que pueda emprenderse una acción rápida en caso de que se produjera en uno de los países o territorios participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación con la Unión Europea, o vinculados al mismo, una violación grave y sistemática de los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.
(2)   El Reglamento (CE) nº 1215/2009 no contempla ninguna posibilidad de suspender temporalmente la concesión de medidas comerciales excepcionales en caso de violación grave y sistemática de los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho por parte de sus beneficiarios. Es conveniente introducir esta posibilidad, a fin de que pueda emprenderse una acción rápida en caso de que se produjera en uno de los países o territorios participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación con la Unión Europea, o vinculados al mismo, una violación grave y sistemática de los principios fundamentales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Se requiere respeto por los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la protección de las minorías para progresar en el proceso de adhesión.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)   Desde que se puso en marcha del Proceso de Estabilización y Asociación se han celebrado Acuerdos de Estabilización y Asociación con todos los países de los Balcanes Occidentales en cuestión, excepto Bosnia y Herzegovina y Kosovo3. En junio de 2013, el Consejo autorizó a la Comisión a entablar negociaciones para un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo.
(5)   Desde que se puso en marcha del Proceso de Estabilización y Asociación se han celebrado Acuerdos de Estabilización y Asociación con todos los países de los Balcanes Occidentales en cuestión, excepto Bosnia y Herzegovina y Kosovo3. En mayo de 2014 concluyeron las negociaciones para un Acuerdo de Estabilización y Asociación con Kosovo y en julio de 2014 se rubricó el Acuerdo.
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3 Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244 (1999) y con el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
3 Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la RCSNU 1244 (1999) y con el dictamen de la CIJ sobre la declaración de independencia de Kosovo.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Sin embargo, Bosnia y Herzegovina todavía no ha aceptado adaptar las concesiones comerciales concedidas en virtud del acuerdo interino a fin de tener en cuenta el comercio tradicional preferencial entre Croacia y Bosnia y Herzegovina en el marco del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio. En caso de que en el momento de la adopción del presente Reglamento no se haya firmado y aplicado provisionalmente por la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina un acuerdo sobre la adaptación de las concesiones comerciales establecidas en el Acuerdo de Estabilización y Asociación y en el acuerdo interino, las preferencias concedidas a Bosnia y Herzegovina deben suspenderse a partir del 1 de enero de 2016. Dichas preferencias deberían reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina y la Unión Europea hayan firmado y aplicado provisionalmente un acuerdo sobre la adaptación de las concesiones comerciales en el acuerdo interino.
(7)  Sin embargo, Bosnia y Herzegovina todavía no ha aceptado adaptar las concesiones comerciales concedidas en virtud del acuerdo interino a fin de tener en cuenta el comercio tradicional preferencial entre Croacia y Bosnia y Herzegovina en el marco del Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio. En caso de que en el momento de la adopción del presente Reglamento no se haya firmado y aplicado provisionalmente por la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina un acuerdo sobre la adaptación de las concesiones comerciales establecidas en el Acuerdo de Estabilización y Asociación y en el acuerdo interino, las preferencias concedidas a Bosnia y Herzegovina deben suspenderse a partir del 1 de enero de 2016. Dichas preferencias deberían reanudarse cuando Bosnia y Herzegovina y la Unión Europea hayan firmado y aplicado provisionalmente un acuerdo sobre la adaptación de las concesiones comerciales en el acuerdo interino. Las autoridades de Bosnia y Herzegovina y la Comisión deben redoblar los esfuerzos para encontrar una solución aceptable para ambas partes, en particular por lo que se refiere a las condiciones del comercio transfronterizo, antes el 1 de enero de 2016 y de conformidad con el acuerdo interino.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)   Es necesario tener en cuenta los constantes avances hacia la adhesión a la Unión Europea de los países y territorios en cuestión de los Balcanes Occidentales, así como la adhesión de Croacia a la Unión y la consiguiente necesidad de adaptar el acuerdo interino con Bosnia y Herzegovina. En este contexto también es necesario tener en cuenta el compromiso inequívoco de la Unión con la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina, que figura en las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de 15 de diciembre de 2014. En estas conclusiones se reiteraba la necesidad de que los dirigentes políticos de Bosnia y Herzegovina consolidaran las reformas necesarias para la integración en la Unión en los trabajos de todas las instituciones competentes, así como la necesidad de establecer la funcionalidad y la eficiencia en todos los niveles de gobierno a fin permitir que Bosnia y Herzegovina se prepare para una futura adhesión a la Unión,
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)  La Unión Europea mantiene su compromiso de apoyo a la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina y espera que los líderes políticos del país emprendan reformas orientadas a promover instituciones operativas y que garanticen la igualdad de derechos de los tres pueblos constituyentes y de todos los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 1, punto -1 (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1215/2009
Considerando 14 bis (nuevo)
-1) Se inserta el considerando siguiente:
«(14 bis) A fin de que la aplicación del presente Reglamento sea objeto de una correcta supervisión democrática, las competencias para adoptar actos en virtud del artículo 290 del TFUE deben delegarse en la Comisión en lo referente a las enmiendas y ajustes técnicos necesarios a los anexos I y II tras las enmiendas a los códigos de la NC y las subdivisiones del TARIC, en relación con los ajustes necesarios tras la concesión de preferencias comerciales en virtud de otros acuerdos entre la Unión y los países y territorios contemplados en el presente Reglamento, y en relación con la suspensión de las ventajas del mismo en caso de incumplimiento de la condición de cooperación administrativa efectiva para evitar el fraude, de la condición del respeto de los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho y de la condición de llevar a cabo reformas económicas eficaces y participar en la cooperación regional. Reviste especial importancia que la Comisión realice las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. La Comisión debe facilitar información y documentación completas sobre sus reuniones con expertos nacionales celebradas en el marco de sus tareas de preparación y aplicación de los actos delegados. A este respecto, la Comisión debe asegurarse de que el Parlamento Europeo participe adecuadamente, aprovechando las mejores prácticas de la experiencia previa en otros ámbitos políticos a fin de crear las mejores condiciones posibles para el control futuro de los actos delegados por el Parlamento Europeo;»
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1215/2009
Artículo 2 – apartado 3
1 bis)  En el artículo 2, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
3.   En caso de que un país o territorio no cumpla con lo establecido en los apartados 1 o 2, la Comisión podrá suspender mediante actos de ejecución los derechos a los beneficios del presente Reglamento, total o parcialmente, para los países o territorios afectados. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 8, apartado 4.
3.   En caso de que un país o territorio no cumpla con lo establecido en el apartado 1, letras a) o b), la Comisión podrá suspender mediante actos de ejecución los derechos a los beneficios del presente Reglamento, total o parcialmente, para los países o territorios afectados. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 8, apartado 4.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1215/2009
Artículo 7 – letra c (nueva)
1 ter)  En el artículo 7, se añade la letra siguiente:
c)  la suspensión, total o parcial, de los derechos del país o territorio de que se trate, a las ventajas contempladas en el presente Reglamento, en caso de incumplimiento por parte de dicho país o territorio de las condiciones mencionadas en el artículo 2, apartado 1, letras c) y d), y apartado 2.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1215/2009
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria
1 quater)  En el artículo 10, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
1.  En caso de que la Comisión llegue a la conclusión de que existen suficientes pruebas de fraude o del incumplimiento de facilitar la cooperación administrativa necesaria para la comprobación de las pruebas del origen, o del incremento masivo de las exportaciones a la Comunidad por encima del nivel de capacidad normal de producción y exportación, o de no cumplimiento de las disposiciones del apartado 1 del artículo 2 por los países y los territorios mencionados en el artículo 1, podrá tomar medidas para suspender total o parcialmente los acuerdos previstos en el presente Reglamento durante un período de tres meses, a condición de que previamente haya:
1.  En caso de que la Comisión llegue a la conclusión de que existen suficientes pruebas de fraude o del incumplimiento de facilitar la cooperación administrativa necesaria para la comprobación de las pruebas del origen, o del incremento masivo de las exportaciones a la Comunidad por encima del nivel de capacidad normal de producción y exportación, o de no cumplimiento de las disposiciones de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 2 por los países y los territorios mencionados en el artículo 1, podrá tomar medidas para suspender total o parcialmente los acuerdos previstos en el presente Reglamento durante un período de tres meses, a condición de que previamente haya:

(1) De conformidad con el artículo 61, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A8-0060/2015).


Persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab
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Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre la persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab (2015/2661(RSP))
P8_TA(2015)0178RC-B8-0382/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Kenia,

–  Visto el segundo Acuerdo de asociación revisado entre los miembros del Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (el «Acuerdo de Cotonú»), y, en particular, sus artículos 8, 11 y 26,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, de 23 de noviembre de 2014, sobre la masacre de veintiocho turistas civiles, y de 3 de abril de 2015, sobre la matanza de la Universidad de Garissa,

–  Visto el comunicado de prensa emitido por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) en su 497ª reunión, celebrada el 9 de abril de 2015, sobre el atentado terrorista perpetrado en Garissa (Kenia),

–  Visto el ataque de las fuerzas aéreas keniatas a campos de entrenamiento de Al Shabab en Somalia en respuesta a la matanza de la Universidad de Garissa,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vistas las directrices de la UE sobre Derecho internacional humanitario,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el objetivo del último atentado terrorista perpetrado en Garissa (Kenia) eran los jóvenes, la educación y, por tanto, el futuro del país; que los jóvenes representan la promesa de un futuro mejor y la paz y que en sus manos estará el desarrollo del país; que la educación es vital para la lucha contra el fundamentalismo y el extremismo violento;

B.  Considerando que en los últimos meses ha aumentado drásticamente en todo el mundo el número de ataques perpetrados contra las minorías religiosas, en particular contra los cristianos; que cada día, principalmente en determinadas zonas del mundo árabe, hay cristianos asesinados, apaleados y detenidos por terroristas yihadistas;

C.  Considerando que los cristianos son el grupo religioso que más persecuciones sufre; que el extremismo y las persecuciones de este tipo están emergiendo como un factor significativo del creciente fenómeno de la migración masiva; considerando que el número de cristianos asesinados cada año supera los 150 000;

D.  Considerando que, el 15 de febrero de 2015, el EI/Daesh decapitó a 21 cristianos coptos egipcios en Libia;

E.  Considerando que los terroristas de Garissa dirigieron su ataque contra personas no musulmanas y seleccionaron a cristianos para ejecutarlos brutalmente; que Al Shabab ha proclamado abierta y públicamente que está en guerra contra los cristianos de la región;

F.  Considerando que la protección de los derechos de los niños y los jóvenes, y el fortalecimiento de las competencias, la educación y la innovación son esenciales para potenciar sus oportunidades económicas, sociales y culturales y mejorar el desarrollo del país;

G.  Considerando que Al Shabab ha atacado repetidamente a estudiantes, escuelas y otros centros de enseñanza; que, por ejemplo, en diciembre de 2009, murieron 19 personas en un atentado suicida durante una ceremonia de graduación de estudiantes de Medicina en Mogadiscio (Somalia), y en octubre de 2011 este grupo terrorista reivindicó el atentado en el que murieron 70 personas, incluidos estudiantes que esperaban los resultados de sus exámenes en el Ministerio de Educación somalí, también en Mogadiscio;

H.  Considerando que el 25 de marzo de 2015 al menos quince personas perdieron su vida en el atentado perpetrado por Al Shabab en un hotel de Mogadiscio; y que entre los fallecidos en el ataque se encontraba Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, representante permanente de Somalia en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra;

I.  Considerando que Kenia viene sufriendo un número creciente de atentados contra civiles desde que en octubre de 2011 sus tropas entraron en el sur de Somalia para participar en una operación coordinada con el ejército somalí contra una zona controlada por Al Shabab tras el secuestro de cuatro mujeres por este grupo terrorista;

J.  Considerando que, desde noviembre de 2011, tropas keniatas forman parte de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), establecida el 19 de enero de 2007 por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y autorizada el 20 de febrero de 2007 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución 1744(2007)), el cual ha autorizado recientemente a la UA a continuar su misión hasta el 30 de noviembre de 2015 (Resolución 2182(2014));

K.  Considerando que en la lucha contra el grupo terrorista Al Shabab han destacado el ejército de Etiopía, y también, en menor medida, el de Uganda;

L.  Considerando que Al Shabab ha establecido vínculos con otros grupos islamistas de África, como, por ejemplo, Boko Haram en Nigeria y Al Qaeda en el Magreb Islámico;

M.  Considerando que el grupo terrorista Al Shabab ataca y mata reiteradamente a civiles en Somalia y en países vecinos, por ejemplo en Kampala (Uganda) en julio de 2010, y con mucha más frecuencia en Kenia, donde, además de las acciones a gran escala, que han sido las únicas que han atraído la atención internacional, son continuos los ataques de menor envergadura;

N.  Considerando que Al Shabab ha reivindicado los ataques de julio de 2014 contra los pueblos de Hindi, Gamba, Lamu y Río Tana, en la costa de Kenia, en los que fueron ejecutadas más de 100 personas, y dos ataques en el condado de Mandela a finales de 2014, en los que murieron 64 personas;

O.  Considerando que, tras el atentado terrorista en la Universidad de Garissa, el Gobierno de Kenia amenazó al Alto Comisado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) con cerrar el campo de refugiados de Dadaab en el plazo de tres meses; que el ACNUR ha advertido que esta medida tendría graves consecuencias humanitarias y de orden práctico; que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe obligar a los refugiados a volver a lugares en los que su vida o su libertad se vean amenazadas;

P.  Considerando que la Fuerza Africana de Reserva aún no está operativa, y que la UE ha manifestado su disposición a apoyar las capacidades africanas para el mantenimiento de la paz en el marco de su estrategia de seguridad para África;

Q.  Considerando que el artículo 11 del Acuerdo de asociación ACP-UE dispone que «las actividades en el ámbito de la consolidación de la paz y de la prevención y la solución de los conflictos consistirán, en particular, en apoyar un equilibrio de las oportunidades políticas, económicas, sociales y culturales ofrecidas a todos los segmentos de la sociedad, reforzar la legitimidad democrática y la eficacia de la gestión de los asuntos públicos, establecer mecanismos eficaces de conciliación pacífica de los intereses de los distintos grupos, [...] colmar las divisiones entre los distintos segmentos de la sociedad y fomentar una sociedad civil activa y organizada»;

1.  Condena con la mayor firmeza el atentado terrorista perpetrado deliberadamente por Al Shabab el 2 de abril de 2015 en Garissa, en el fueron asesinados 147 jóvenes estudiantes universitarios inocentes y resultaron heridos otros 79; condena rotundamente todas las violaciones de los derechos humanos, en especial cuando mueren personas por razón de su religión, convicciones u origen étnico;

2.  Condena una vez más las incursiones de Al Shabab perpetradas durante el verano de 2014 contra varias aldeas costeras keniatas, incluida Mpeketoni, donde fueron ejecutadas 50 personas; condena enérgicamente el atentado contra el centro comercial Westgate de Nairobi de 24 de septiembre de 2013, en el que perdieron la vida 67 personas; condena el atentado de Al Shabab del 25 de marzo de 2015 en Mogadiscio, en el que perdió la vida el embajador Yusuf Mohamed Ismail Bari-Bari, representante permanente de Somalia en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra;

3.  Transmite sus condolencias a las familias de las víctimas y al pueblo y al Gobierno de la República de Kenia; muestra su apoyo al pueblo de Kenia antes estos despreciables actos de agresión;

4.  Recuerda que la libertad de religión es un derecho fundamental y condena enérgicamente toda violencia o discriminación por motivos de religión;

5.  Condena los ataques perpetrados recientemente contra comunidades cristianas en varios países, en particular en relación con los 12 cristianos arrojados por la borda durante una reciente travesía desde Libia y la matanza de 30 cristianos etíopes perpetrada el 19 de abril de 2015, y expresa su solidaridad con las familias de las víctimas;

6.  Manifiesta su grave preocupación ante el abuso que hacen de la religión los autores de actos terroristas en varias partes del mundo, y su honda preocupación por la proliferación de los episodios de intolerancia, represión y violencia de que son objeto los cristianos, en particular en algunas zonas del mundo árabe; denuncia la instrumentalización de la religión en diversos conflictos; condena el número cada vez mayor de atentados perpetrados contra iglesias en todo el mundo, y en particular el atentado del 15 de marzo de 2015 en el que murieron 14 personas en Pakistán; condena firmemente el encarcelamiento, la desaparición, la tortura, la esclavitud y las ejecuciones públicas de cristianos en Corea del Norte; confirma y apoya el derecho inalienable de todas las minorías religiosas y étnicas que viven en Irak y Siria, incluidos los cristianos, a seguir viviendo en sus patrias históricas y tradicionales con dignidad y en condiciones de igualdad y seguridad; observa que los miembros de los distintos grupos religiosos han coexistido pacíficamente en la región durante siglos;

7.  Insta a las instituciones de la UE a que cumplan la obligación que les incumbe en virtud del artículo 17 del TFUE consistente en mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las iglesias, las comunidades religiosas y las organizaciones filosóficas y no confesionales, con objeto de garantizar que la cuestión de la persecución de los cristianos y otras comunidades religiosas sea un asunto prioritario para la UE;

8.  Condena el uso de una antigua ley («pacto dhimmi») por el EI/Daesh en Siria e Irak para extorsionar a los cristianos imponiéndoles obligaciones fiscales y restricciones religiosas bajo amenaza de muerte;

9.  Expresa de nuevo su solidaridad con todos los cristianos perseguidos en distintas partes de África, especialmente a la vista de las recientes atrocidades cometidas en Libia, Nigeria y Sudán;

10.  Condena y rechaza toda tergiversación del mensaje del Islam para crear una ideología violenta, cruel, totalitaria, opresiva y expansionista que legitime la exterminación de las minorías cristianas; insta a los dirigentes musulmanes a que condenen enérgicamente todos los atentados terroristas, incluidos los dirigidos contra las comunidades y minorías religiosas, y en particular contra los cristianos;

11.  Pide a las autoridades que procedan a una investigación pormenorizada, inmediata, imparcial y eficaz para identificar a los responsables y llevar ante la justicia a los autores, organizadores, valedores y patrocinadores de estos reprobables actos de terrorismo;

12.  Es consciente de que la verdadera respuesta debe organizarse en torno a acciones coordinadas con otros países africanos, y pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo que aborden las amenazas terroristas y de seguridad en esta región en cooperación con la Unión Africana, apoyando su crucial labor de lucha contra Al Shabab por medio de AMISOM; insta a la Unión Europea a apoyar decididamente el uso de mecanismos continentales y regionales para la gestión de conflictos, en especial la Fuerza Africana de Reserva;

13.  Pide al Gobierno de Kenia que asuma su responsabilidad y ataje tanto la violencia de Al Shabab como sus causas profundas; estima que la seguridad solo podrá afianzarse si se abordan adecuadamente las brechas que dividen el cuerpo político y la sociedad civil de Kenia, así como los desequilibrios regionales en el desarrollo del país; considera lamentable la tardía reacción de las fuerzas de policía; insta, en particular, al Gobierno a que se abstenga de utilizar los atentados terroristas como un pretexto para actuar contra las libertades civiles; pide a las autoridades de Kenia que fundamenten su estrategia de lucha contra el terrorismo en los principios del Estado de Derecho y en el respeto de los derechos fundamentales; insiste en la necesidad de un control democrático y judicial de las políticas antiterroristas;

14.  Insta a las autoridades de Kenia a que velen por evitar toda división entre confesiones religiosas y por que no se establezcan paralelismos entre la comunidad musulmana y Al Shabab, y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de la unidad del país en beneficio de su crecimiento y su estabilidad económicos y sociales y de la dignidad y los derechos humanos de su pueblo; pide al Gobierno de Kenia, a los líderes de la oposición y a los líderes religiosos que pongan remedio a los agravios históricos de marginación, fracturas regionales en el interior del país y discriminación institucional, y que velen por que las operaciones antiterroristas se dirijan solamente contra los autores de atentados y no contra comunidades étnicas y religiosas más amplias;

15.  Recuerda al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros su compromiso, con arreglo al Plan de Acción de la UE para los derechos humanos y la democracia aprobado en junio de 2012, de garantizar que los derechos humanos sean abordados en todas las formas de diálogo antiterrorista con terceros países;

16.  Pide a la UE que aplique un programa de misiones de entrenamiento militar en Kenia facilitando equipos modernos, con el fin de colaborar con las fuerzas militares y de seguridad keniatas y entrenarlas para luchar contra el terrorismo e impedir la expansión de Al Shabab;

17.  Insta al Gobierno de Kenia a que haga todo lo posible para respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos, los principios democráticos y las libertades fundamentales, y pide a la UE que acompañe a su socio internacional en esta dirección, reúna una contribución económica para mejorar los programas de gobernanza existentes con el fin de garantizar la seguridad nacional y llevar la paz y la estabilidad al país y a la región; insiste en que la espiral de violencia de Al Shabab debe abordarse conjuntamente con los países vecinos; pide a la UE que aporte todo el apoyo económico, logístico y de expertos necesario a este respecto, incluida la posibilidad de recurrir al Fondo de Apoyo a la Paz para África y a los instrumentos de gestión de crisis de la UE;

18.  Pide a las fuerzas de seguridad keniatas que velen por respetar la legalidad en su respuesta a la amenaza terrorista; pide al Gobierno de Kenia que garantice la seguridad y la protección de los campos de refugiados situados en su territorio, de conformidad con los principios del Derecho internacional;

19.  Destaca que el terrorismo internacional se financia mediante el blanqueo ilegal de capitales, el pago de rescates, las extorsiones, el tráfico de estupefacientes y la corrupción; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su cooperación con los terceros países en lo tocante al intercambio de información sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;

20.  Reitera su apoyo a todas las iniciativas destinadas a promover el diálogo y el respeto mutuo entre comunidades religiosas y de otro tipo; pide a todas las autoridades religiosas que promuevan la tolerancia y adopten iniciativas contra el odio y la radicalización violenta y extremista;

21.  Denuncia la elección de instituciones y centros de enseñanza como objetivo de atentados terroristas con el fin de socavar la educación y la dignidad de todos los ciudadanos y de infundir desconfianza y provocar divisiones entre las distintas comunidades; recuerda el secuestro y la desaparición, en 2014, de un grupo de niñas cristianas de la ciudad nigeriana de Chibok a manos del grupo terrorista yihadista Boko Haram, hechos que fueron condenados en todo el mundo;

22.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de Kenia, a las instituciones de la Unión Africana, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.


Destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh
PDF 190kWORD 83k
Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh (2015/2649(RSP))
P8_TA(2015)0179RC-B8-0375/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las preguntas con solicitud de respuesta oral al Consejo y a la Comisión sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Daesh (O-000031/2015 – B8-0115/2015 y O-000032/2015 – B8-0116/2015),

–  Visto el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el que se prevé que la «acción de la Unión favorecerá la cooperación entre Estados miembros», en particular en el ámbito de «la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea», y que la «Unión y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el ámbito de la cultura»,

–  Visto el Reglamento (CE) nº 116/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la exportación de bienes culturales(1),

–  Visto el Reglamento (CE) nº 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2465/96 del Consejo(2),

–  Visto el Reglamento (UE) nº 1332/2013 del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria(3), adoptado sobre la base de la Decisión 2013/760/PESC del Consejo, de 13 de diciembre de 2013, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria(4)y, en particular, su artículo 11 quater relativo a la importación, la exportación o la transferencia de bienes que formen parte del patrimonio cultural sirio,

–  Vista la Acción común 2001/555/PESC del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a la creación de un centro de satélites de la Unión Europea(5), modificada por la Acción común 2009/834/PESC del Consejo(6),

–  Vista la Resolución del Consejo, de octubre de 2012, sobre la creación de una red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales (EU CULTNET) (14232/2012),

–  Visto el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, de 1999,

–  Vista la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, de 14 de noviembre de 1970,

–  Vista la Convención de la Unesco sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, de 16 de noviembre de 1972,

–  Vista la Convención de la Unesco para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, de 17 de octubre de 2003,

–  Vista la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 20 de octubre de 2005,

–  Visto el Convenio del Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, de 1995,

–  Vista la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacionales generadas por los actos terroristas de Al-Qaida(7),

–  Vista la Carta de Venecia sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, de 1964, que proporciona un marco internacional para la preservación y la restauración de edificios antiguos,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, y, en particular, su artículo 8, apartado 2, letra b), inciso ix), en que se reconoce como crimen de guerra «dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares»,

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto(8), en la que afirma, en su apartado 211, que «cualesquiera formas de destrucción intencionada del patrimonio cultural y artístico, como las que se están produciendo actualmente en Irak y Siria, deben ser perseguidas como delitos de guerra y como delitos contra la Humanidad»,

–  Vista la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Elementos de una estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa Daesh» (JOIN(2015)0002), de 6 de febrero de 2015, en la que la Comisión y la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad reconocen la gravedad de la destrucción y el saqueo del patrimonio cultural y la necesidad de abordar las crisis en Siria e Irak, además de la amenaza que supone Daesh,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que numerosos sitios arqueológicos, religiosos y culturales de Siria e Irak han sido recientemente objeto de una destrucción deliberada llevada a cabo por grupos extremistas vinculados, en particular, con Estado Islámico de Irak y Siria (EI/Daesh), y que la Directora General de la Unesco, Irina Bokova, ha definido estos ataques sistemáticos contra el patrimonio como «limpieza cultural»;

B.  Considerando que, según la Unesco, el término «limpieza cultural» se refiere a una estrategia intencionada que busca destruir la diversidad cultural a través de la persecución deliberada de personas elegidas sobre la base de su origen cultural, étnico o religioso, combinada con ataques intencionados a sus lugares de culto, memoria y educación, y que la estrategia de limpieza cultural puede atestiguarse en Irak y Siria y se refleja en los ataques contra el patrimonio cultural, por ejemplo, contra expresiones culturales físicas, materiales y construidas, tales como monumentos y edificios, o contra minorías y expresiones culturales inmateriales, tales como costumbres, tradiciones y creencias(9);

C.  Considerando que algunos actos de destrucción del patrimonio cultural se han catalogado, en determinadas circunstancias, como crímenes contra la humanidad(10); que, en concreto, cuando se dirigen contra miembros de un grupo religioso o étnico, pueden asimilarse al crimen de persecución, tal como se establece en el artículo 7, apartado 1, letra h), del Estatuto de la Corte Penal Internacional;

D.  Considerando que tales actos de destrucción de lugares y objetos de interés cultural e histórico no son nuevos y no se limitan a Irak y Siria; que, según la Unesco, «el patrimonio cultural es un componente importante de la identidad cultural de las comunidades, los grupos y los individuos, y de la cohesión social, por lo que su destrucción deliberada puede menoscabar tanto la dignidad como los derechos humanos»(11); que, tal como afirma la Unesco, entre otros, el producto del saqueo y el contrabando de objetos y lugares de interés cultural y religioso en Siria e Irak, en particular por parte del EI/Daesh, se está utilizando para contribuir a financiar las actividades terroristas de dicho grupo, por lo que los bienes artísticos y culturales se están convirtiendo en «armas de guerra»;

E.  Considerando que, el 1 de marzo de 2014, gracias a la financiación de la Unión Europea, la Unesco, junto con otros socios estratégicos, puso en marcha un proyecto de tres años denominado «Salvaguardia de emergencia del patrimonio cultural sirio», con el principal objetivo de garantizar con carácter de urgencia la protección del patrimonio cultural del país;

F.  Considerando que la Unión Europea ha ratificado la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, adoptada el 20 de octubre de 2005, que es el primer instrumento internacional que reconoce el carácter dual, económico y cultural de los bienes culturales, que «por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen un valor comercial»;

G.  Considerando la importancia de la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, adoptada el 17 de noviembre de 1970, y el Convenio del Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados ilícitamente, adoptado el 24 de junio de 1995, que constituyen instrumentos esenciales para mejorar la protección del patrimonio cultural mundial;

H.  Considerando que el comercio ilegal de bienes culturales es hoy el tercer comercio ilegal por orden de importancia, tras las drogas y las armas; que este comercio está dominado por redes de delincuencia organizada y que los mecanismos nacionales e internacionales en vigor no disponen ni del equipo ni del apoyo adecuados para afrontar el problema(12);

I.  Considerando que, si bien la lucha contra el tráfico ilegal de bienes culturales no es una competencia específica de la Unión Europea, en la medida en que no se recoge como tal en los Tratados, sí que se incluye en varios ámbitos de competencia de la UE, como el mercado interior, el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ), la cultura y la política exterior y de seguridad común (PESC);

J.  Considerando la necesidad urgente de coordinar mejor la lucha contra el comercio ilegal de bienes culturales y de colaborar estrechamente con el fin de fomentar la sensibilización y la difusión de información y de lograr fortalecer los marcos jurídicos; que, en este contexto, en diciembre de 2011, las Conclusiones del Consejo sobre la prevención de los delitos contra bienes culturales recomendaban, entre otras cosas, que los Estados miembros estrecharan la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad, las autoridades culturales y las organizaciones privadas;

K.  Considerando que, en octubre de 2012, se creó mediante una Resolución del Consejo una red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales (EU CULTNET), cuyo principal objetivo es mejorar el intercambio de información relativo a la prevención del tráfico ilegal de bienes culturales, así como recopilar y compartir información sobre redes delictivas sospechosas de participar en el comercio ilegal;

L.  Considerando que el 28 de marzo de 2015 la Directora General de la Unesco, Irina Bokova, puso en marcha en Bagdad la campaña #Unite4Heritage, que busca movilizar un apoyo mundial a la protección del patrimonio cultural, utilizando la fuerza de las redes sociales;

1.  Condena firmemente la destrucción deliberada de lugares de interés cultural, arqueológico y religioso perpetrada por el EI en Siria e Irak;

2.  Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que adopte las medidas oportunas en el ámbito político, de conformidad con la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, para poner fin al comercio ilegal de bienes culturales procedentes de Siria e Irak durante los períodos de conflicto en dichos territorios, lo que evitaría que se utilizaran como fuente de financiación;

3.  Pide a la VP/AR que utilice la diplomacia cultural y el diálogo intercultural como instrumentos para reconciliar las distintas comunidades y reconstruir los lugares destruidos;

4.  Pide a la VP/AR, a la UE y a los Estados miembros que apliquen medidas de seguridad en las fronteras exteriores de la UE para evitar que bienes culturales procedentes de Siria e Irak entren clandestinamente en la Unión, y que cooperen de manera efectiva en una acción común contra el tráfico de tesoros de origen sirio o iraquí en Europa, pues una elevada proporción del comercio del arte de Oriente Próximo se destina al mercado europeo, junto al de los Estados Unidos y la zona del Golfo;

5.  Recomienda, en este contexto, que la Comisión, en consonancia con el apartado 17 de la Resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 12 de febrero de 2015, se centre en la lucha contra el comercio ilegal de tesoros culturales, concretamente, en relación con los objetos del patrimonio cultural sacados ilegalmente de Irak desde el 6 de agosto de 1990 y de Siria desde el 15 de marzo de 2011; pide a la Comisión que elabore un enfoque coordinado para combatir este tráfico ilegal, trabajando junto a los responsables a escala nacional en los servicios de investigación y en estrecha colaboración con la Unesco y otras organizaciones internacionales tales como el ICOM (Consejo Internacional de Museos), el Comité internacional del Escudo Azul (ICBS) del ICOM, Europol, Interpol, Unidroit (Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado), la OMA (Organización Mundial de Aduanas), ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) e ICCROM (Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales);

6.  Pide a la VP/AR que involucre al Centro de Satélites de la Unión Europea en Torrejón, que apoya el proceso de toma de decisiones en la Unión en el marco de la PESC proporcionando material resultante del análisis de las imágenes obtenidas por satélite, a fin de vigilar yacimientos arqueológicos y lugares de interés cultural en Siria e Irak y elaborar una lista de ellos, así como de apoyar las actividades de los arqueólogos sirios, con el objetivo de prevenir nuevos saqueos y de salvar las vidas de los civiles;

7.  Pide a la Comisión que establezca un intercambio de información rápido y seguro y una puesta en común de las mejores prácticas entre los Estados miembros con miras a combatir de manera eficaz el tráfico ilegal de tesoros culturales sacados ilegalmente de Irak y Siria, y que inste a los Estados miembros a utilizar los instrumentos internacionales contra el tráfico ilegal de bienes culturales destinados a la policía y los funcionarios de aduanas, por ejemplo la base de datos específica de Interpol, I-24/7, sobre obras de arte robadas o el instrumento de comunicación en línea del programa ARCHEO de la OMA;

8.  Pide que se considere la posibilidad de crear programas europeos de formación, destinados a jueces, policías y funcionarios de aduanas, administraciones públicas y otros agentes del mercado en general, con el fin de permitir a aquellos que luchan contra el tráfico ilegal de bienes culturales desarrollar y mejorar sus conocimientos especializados, y de apoyar iniciativas tales como el curso en línea para profesionales del patrimonio sirio promovido por el ICOMOS en enero de 2013, que facilita información sobre la gestión del riesgo de catástrofes, medidas de primeros auxilios para colecciones culturales y técnicas de documentación;

9.  Pide a la Comisión que establezca contactos con proyectos internacionales de la sociedad civil sobre la protección de los bienes culturales en peligro y la comunicación de información al respecto, como el proyecto de tecnologías geoespaciales de la AAAS (American Association for the Advancement of Science), y que siga apoyando las actividades de las comunidades de investigación, como el proyecto Mosul, desarrollado por la red de formación inicial para el patrimonio cultural digital (Initial Training Network for Digital Cultural Heritage), financiado mediante una subvención de las acciones Marie Skłodowska-Curie;

10.  Pide a la Comisión que apoye en mayor medida al Observatorio Internacional del ICOM sobre el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, que ha publicado una lista roja de emergencia de antigüedades sirias e iraquíes en peligro, concebida como un instrumento para los museos, funcionarios de aduanas, agentes de policía, marchantes de arte y coleccionistas y que prevé utilizar imágenes obtenidas por satélite para supervisar la situación sobre el terreno en cooperación con el UNITAR;

11.  Pide a la UE y a los Estados miembros que lancen campañas de sensibilización para desalentar la adquisición y venta de bienes culturales procedentes del comercio ilegal en zonas de guerra;

12.  Pide a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para involucrar a las universidades, los organismos de investigación y las instituciones culturales, entre otras vías, mediante códigos éticos, en la lucha contra el comercio ilegal de tesoros culturales procedentes de zonas de guerra;

13.  Pide a la Comisión que apoye la campaña #Unite4Heritage de la Unesco poniendo en marcha una campaña de información centrada en Irak y Siria, con el objetivo de sensibilizar acerca de la importancia de su patrimonio cultural, de la manera en que los productos del saqueo se utilizan para financiar la represión gubernamental y actividades terroristas, y de las posibles sanciones asociadas a la importación ilegal de bienes culturales procedentes de estos países o de otros terceros países;

14.  Pide a la Comisión que refuerce y mejore el funcionamiento de la red informal de autoridades de las fuerzas de seguridad y de especialistas competentes en el ámbito de los bienes culturales (EU CULTNET), creada en octubre de 2012 mediante la Resolución del Consejo, cuyo objetivo es mejorar el intercambio de información relativo a la prevención del comercio ilegal de bienes culturales, y que prevea la creación de un instrumento adicional para controlar la importación de bienes culturales exportados ilegalmente por Siria e Irak a la UE;

15.  Pide al Consejo que refuerce las unidades de Eurojust y Europol dedicadas a apoyar las investigaciones en curso, la prevención y el intercambio de información sobre el comercio ilegal de bienes culturales;

16.  Anima a que se relancen las actividades del Comité internacional del Escudo Azul del ICOM;

17.  Pide a la Unión Europea que adopte las medidas necesarias, en colaboración con la Unesco y la Corte Penal Internacional, para ampliar la categoría de crímenes contra la humanidad reconocida por el Derecho internacional, de manera que incluya aquellos actos que, de manera deliberada, dañan o destruyen a gran escala el patrimonio cultural de la humanidad;

18.  Pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales de 1970, el Convenio del Unidroit de 1995, la Convención de La Haya para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, y su Segundo Protocolo de 1999;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Directora General de la Unesco, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 39 de 10.2.2009, p. 1.
(2) DO L 169 de 8.7.2003, p. 6.
(3) DO L 335 de 14.12.2013, p. 3.
(4) DO L 335 de 14.12.2013, p. 50.
(5) DO L 200 de 25.7.2001, p. 5.
(6) DO L 297 de 13.11.2009, p. 18.
(7) http://www.refworld.org/docid/54ef1f704.html
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
(9) http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-view/news/conference_report_heritage_and_cultural_diversity_at_risk_in_iraq_and_syria/
(10) Corte Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, Kordić & Čerkez, 26 de febrero de 2001, IT-95-14/2; apartados 207-8.
(11) Declaración de la Unesco relativa a la destrucción intencional del patrimonio cultural, 2003.
(12) http://www.africa-eu-partnership.org/newsroom/all-news/morocco-africa-eu-workshop-fight-against-illegal-trafficking-cultural-goods


Situación en Maldivas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre la situación en Maldivas (2015/2662(RSP))
P8_TA(2015)0180RC-B8-0392/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Maldivas,

–  Vista la declaración conjunta local de la Unión Europea, de 20 de enero de 2012, sobre los recientes acontecimientos en Maldivas, incluida la detención de un juez de un tribunal penal,

–  Vista la declaración conjunta local de la Unión Europea, de 30 de septiembre de 2014, sobre las amenazas a la sociedad civil y los derechos humanos en Maldivas,

–  Vista la declaración conjunta local de la Unión Europea, de 24 de febrero de 2015, sobre el Estado de Derecho en la República de Maldivas,

–  Vista la declaración del portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/HR), de 30 de abril de 2014, sobre la activación de la pena de muerte en Maldivas,

–  Vista la declaración del portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/HR), de 14 de marzo de 2015, sobre la condena del antiguo presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed,

–  Vista la declaración, de 18 de marzo de 2015, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, sobre el juicio al expresidente Mohamed Nasheed,

–  Vista la declaración, de 19 de marzo de 2015, de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Gabriela Knaul, en la que afirma que no es posible democracia alguna sin un sistema judicial justo e independiente en Maldivas,

–  Visto el informe final, de 22 de marzo de 2014, de la misión de observación electoral de la UE en las elecciones legislativas celebradas en la República de Maldivas,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Maldivas es Estado Parte,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, el 13 de marzo de 2015, el antiguo presidente de Maldivas, Mohamed Nasheed, fue condenado a trece años de cárcel, acusado de terrorismo, por haber ordenado en enero de 2012 la detención del entonces juez principal del Tribunal Penal, medida a propósito de la cual la UE había expresado su preocupación;

B.  Considerando que el polémico juicio no se ajustó a las normas nacionales e internacionales en materia judicial, pese al llamamiento de las Naciones Unidas y de la UE en pro de la equidad y transparencia en el proceso judicial contra el antiguo Presidente Nasheed;

C.  Considerando que Mohamed Nasheed, que tiene un largo historial de acciones no violentas en favor de los derechos humano y de la democracia pluralista, fue encarcelado en diversas ocasiones durante los 30 años de dictadura del presidente Maumoon Abdul Gayoom, y que abandonó el poder en circunstancias controvertidas cuatro años después de convertirse en el primer presidente de Maldivas elegido democráticamente;

D.  Considerando que la falta de independencia y formación políticas en el ámbito del poder judicial maldivo menoscaba la credibilidad nacional e internacional del sistema judicial del país;

E.  Considerando que los anteriores ministros de Defensa Tholhath Ibrahim y Mohamed Nazim han sido condenados recientemente a diez y once años de privación de libertad, respectivamente, mientras que el anterior portavoz adjunto del Majlis, Ahmed Nazim, ha sido condenado a veinticinco años de cárcel en Maldivas; que, según se ha informado, estos juicios también se vieron empañados por irregularidades;

F.  Considerando que los políticos de la oposición siguen siendo intimidados de forma rutinaria y que en un informe reciente del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria se considera que Maldivas es uno de los peores países del mundo en lo que respecta a los ataques, las torturas y la intimidación que sufren los parlamentarios de la oposición;

G.  Considerando que, el 30 de marzo de 2015, el Parlamento adoptó una enmienda a la ley maldiva sobre la reclusión y la libertad condicional que impide a quienes cumplen penas de prisión ser miembros de cualquier partido y que ello eliminará de hecho de la política activa a Mohamed Nasheed y le impedirá presentarse a las elecciones presidenciales en 2018;

H.  Considerando que al menos 140 manifestantes pacíficos han sido detenidos desde febrero de 2015, y que únicamente han sido puestos en libertad con condiciones que limitan estrictamente sus derechos a participar en nuevas manifestaciones;

I.  Considerando que las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos se han visto cada vez más expuestos a acoso, amenazas y ataques, incluida la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas (CDHM), a la que el Tribunal Supremo acusó de alta traición y de socavar la Constitución por el hecho de haber presentado un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país para el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; que varias ONG se han visto amenazadas con su eliminación del registro;

J.  Considerando que la libertad de prensa se ha visto gravemente recortada en los últimos años y que tres periodistas fueron detenidos cuando estaban cubriendo las manifestaciones políticas en las que se pedía la liberación de Mohamed Nasheed y Ahmed Rilwan, periodista crítico con el Gobierno que desapareció en agosto de 2014, sigue en paradero desconocido y que se teme que haya muerto;

K.  Considerando que la agitación política coincide con una situación de inquietud ante el incremento de la militancia islamista en Maldivas y del número de jóvenes radicalizados que supuestamente se habrían unido al EI;

L.  Considerando que, el 27 de abril de 2014, el Parlamento de Maldivas votó a favor de poner fin a la moratoria sobre la pena de muerte vigente desde 1954, permitiendo de este modo que se condene a menores incluso de siete años, que pueden ser considerados responsables y ser ejecutados al cumplir los 18 años, dejando que languidezcan en la cárcel hasta entonces; que ello va en contra de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por Maldivas en su calidad de Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño;

M.  Considerando que los trabajadores inmigrantes se ven sometidos a trabajos forzados, a la confiscación de sus documentos de identidad y de viaje, a la retención o el impago de sus salarios y a la servidumbre por deudas, y que las autoridades maldivas amenazaron con expulsarlos por haber protestado contra la discriminación y la violencia a raíz de una serie de ataques contra los trabajadores inmigrantes;

N.  Considerando que un reducido número de mujeres de Sri Lanka, Tailandia, la India, China, Filipinas, Europa oriental, países de la antigua Unión Soviética, Bangladés y Maldivas son objeto de trata de personas con fines sexuales en Maldivas, y que, al parecer, algunos menores de este país son sometidos a abusos sexuales y podrían ser víctimas de trabajo forzado;

1.  Expresa su preocupación por la tendencia creciente hacia un régimen autoritario en Maldivas, la represión contra la oposición política y la intimidación de los medios de comunicación y la sociedad civil, que podrían poner en peligro los progresos alcanzados en los últimos años en cuanto al establecimiento de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en el país; pide a todas las partes que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción que pueda exacerbar esta crisis y que respeten la democracia y el Estado de Derecho;

2.  Lamenta las graves irregularidades observadas en el juicio al expresidente Mohamed Nasheed; insiste en que debe ser puesto en libertad inmediatamente y que, si se presenta un recurso contra su reclusión, es necesario respetar plenamente sus derechos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Maldivas, de su propia Constitución y de todas las garantías reconocidas internacionalmente en favor de la equidad en los juicios; insta a la delegación de la UE a Sri Lanka y Maldivas a que insista en que se la autorice a seguir de cerca el proceso de apelación;

3.  Subraya que el respeto del Estado de Derecho, el derecho a un juicio justo, las garantías procesales y la independencia del poder judicial son elementos esenciales del proceso democrático, según lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; destaca que todos los ciudadanos maldivos, incluido el expresidente Mohamed Nasheed, deben ser tratados con arreglo a estos principios, que son importantes en sí mismos para una sociedad pluralista;

4.  Pide el establecimiento de un proceso político creíble e inclusivo que cuente con la participación de todas las fuerzas democráticas, con el objetivo de restablecer y preservar la estabilidad en Maldivas y de volver a colocar al país en la senda de la transición hacia la democracia; solicita que se ponga fin de inmediato a la intimidación de los opositores políticos; pide al Gobierno de Maldivas que adopte las medidas necesarias para restablecer la confianza en su compromiso para con la democracia, la independencia judicial y el Estado de Derecho, incluido el respeto de la libertad de expresión y de reunión y el respeto de las garantías procesales;

5.  Pide el fin inmediato de la injerencia política en el sistema judicial de Maldivas, así como la despolitización de dicho sistema; pide que se lleven a cabo reformas urgentes para garantizar la independencia y la imparcialidad del poder judicial maldivo a fin de restaurar la confianza en su funcionamiento a escala nacional e internacional; subraya que estas reformas deben aprobarse y aplicarse sin más demora;

6.  Recuerda al Gobierno de Maldivas que la Constitución del país garantiza el derecho a la protesta y que son ilegales las condiciones de puesta en libertad que impiden a las personas participar en manifestaciones pacíficas;

7.  Pide que se ponga fin de manera inmediata a todas las formas de violencia, incluida la violencia contra los manifestantes pacíficos, y recuerda a las fuerzas de seguridad su deber de proteger a los manifestantes pacíficos frente a los grupos violentos; pide al Gobierno de Maldivas que acabe con la impunidad de los vigilantes que han hecho uso de la violencia contra las personas que abogan por la tolerancia política, los participantes en protestas pacíficas, los medios de comunicación críticos y la sociedad civil; pide que se lleve ante la justicia a los autores de esos ataques violentos;

8.  Pide al Gobierno de Maldivas que permita llevar a cabo una investigación adecuada respecto de la desaparición de Ahmed Rilwan;

9.  Condena la reintroducción de la pena de muerte en Maldivas e insta al Gobierno y al Parlamento de ese país a que restablezcan la moratoria para la pena de muerte;

10.  Alienta a todas las partes en Maldivas a que trabajen de manera constructiva en todos los ámbitos, y especialmente en lo tocante al cambio climático, que puede desestabilizar el país;

11.  Pide a las autoridades locales que respeten plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de seres humanos; alaba los esfuerzos que se están realizando para hacer frente al problema y los progresos alcanzados, pero insiste en que las disposiciones de la legislación contra la trata deben ponerse en práctica rápidamente ya que persisten problemas graves a la hora de aplicar esta ley y la protección de las víctimas;

12.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros que difundan advertencias acerca de la situación de los derechos humanos en Maldivas en sus páginas web destinadas a asesorar a los viajeros;

13.  Insta a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al SEAE a que sigan supervisando de cerca la situación política de Maldivas y a que desempeñen un papel activo en el marco de las relaciones bilaterales entre la UE y dicho país, así como en los foros multilaterales internacionales, con objeto de lograr la estabilidad, reforzar la democracia y el Estado de Derecho, y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Maldivas;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de la República de Maldivas.


Informe de evolución de Albania 2014
PDF 190kWORD 87k
Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre el Informe de evolución de Albania 2014 (2014/2951(RSP))
P8_TA(2015)0181B8-0358/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003 relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 26 y 27 de junio de 2014 y del Consejo de Asuntos Generales del 16 de diciembre de 2014,

–  Visto el Dictamen de la Comisión sobre la adhesión de Albania a la UE, de 9 de noviembre de 2010, y el Informe de la Comisión, de 4 de junio de 2014, sobre los progresos de Albania en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y en la reforma judicial (COM(2014)0331),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-2015» (COM(2014)0700), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el Informe de evolución de Albania 2014 (SWD(2014)0304), así como el documento de estrategia indicativo para Albania (2014-2020) adoptado el 18 de agosto de 2014,

–  Vista la Resolución del Parlamento albanés, de 24 de diciembre de 2014, sobre el acuerdo político entre la mayoría gobernante y la oposición,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Albania,

–  Vista la labor de Knut Fleckenstein como ponente de turno sobre Albania de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que Albania ha realizado avances muy importantes en los últimos años en la vía hacia la adhesión a la UE y que, por lo tanto, obtuvo la condición de país candidato en junio de 2014; que persisten retos a los que es necesario responder de forma rápida y eficiente para seguir avanzando en la senda de la adhesión a la UE;

B.  Considerando que la adopción coherente y la ejecución eficaz de reformas sostenibles en los cinco ámbitos prioritarios esenciales contribuyen a la transformación democrática de Albania y allanan la vía hacia la apertura de negociaciones de adhesión a la UE; que el proceso de adhesión a la UE se ha convertido en una fuerza propulsora de reformas relacionadas con la UE en Albania y que su calendario se fijará teniendo en cuenta la velocidad y la calidad de dichas reformas; y que la apertura de las negociaciones de adhesión sería un incentivo que estimularía nuevas reformas al ofrecer una perspectiva europea tangible y creíble;

C.  Considerando que la adhesión a la UE es un proceso inclusivo que engloba a la totalidad del país y a todos sus ciudadanos; que un diálogo político constructivo y sostenible sobre las reformas relacionadas con la UE, mantenido con talante de cooperación y compromiso entre las principales fuerzas políticas, es fundamental para seguir avanzando hacia la adhesión a la UE; que existe un consenso político sobre el proceso de integración en la UE y un amplio apoyo popular al mismo; y que el éxito del programa de reformas depende en gran medida de la existencia de un entorno político democrático y constructivo;

D.  Considerando que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel importante en los esfuerzos por establecer en el país un clima político saludable;

E.  Considerando que la UE ha situado el Estado de Derecho en el centro de su proceso de ampliación; que progresos tangibles en relación con la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada son fundamentales para avanzar en el proceso de integración en la UE; y que contar con un firme apoyo político es la clave para lograr avances en estos ámbitos;

F.  Considerando que es necesario adoptar medidas significativas en relación con la reforma y la aplicación de las reformas del sistema judicial; que, pese a los avances realizados, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada sigue siendo un reto importante; y que sigue siendo necesario garantizar la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación;

G.  Considerando que la existencia de una administración pública profesional, efectiva y fundamentada en los méritos es la piedra angular del proceso de integración para cualquier Estado que aspire a formar parte de la UE;

H.  Considerando que las relaciones de Albania con sus vecinos son constructivas y su adaptación a la política exterior de la UE, ejemplar;

1.  Felicita a Albania por haber obtenido la condición de país candidato; resalta que esto debe considerarse un acicate para que se intensifiquen todavía en mayor medida los esfuerzos en materia de reformas; expresa la continuación de su apoyo al proceso de integración de Albania en la UE; estima que, para dar respuesta a los desafíos que entraña consolidar con éxito la transformación democrática y emprender las reformas relacionadas con la UE, se necesitan medidas concretas y un compromiso político continuado para aplicarlas; anima a Albania a establecer un registro sólido en lo que respecta a las reformas relacionadas con la Unión;

2.  Considera imprescindible que se apoye y se mantenga una verdadera cooperación política entre todos los partidos políticos, lo que incluye una competencia leal para lograr mejores ideas y conceptos políticos, y que se adopten medidas en aras de una cultura política democrática basada en que los procesos políticos democráticos se asientan sobre el diálogo y la capacidad de buscar y aceptar compromisos; expresa su convencimiento de que esto reforzará la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas; insta a la coalición gobernante a que facilite el ejercicio por parte de la oposición de su derecho al control democrático y a que ésta ejerza este derecho plenamente y de modo responsable;

3.  Celebra la creación de grupos de trabajo conjuntos en el marco del diálogo de alto nivel sobre las prioridades clave con el objetivo de crear una plataforma de carácter global destinada a la realización expedita de reformas y al seguimiento de los avances en relación con los cinco ámbitos prioritarios esenciales, en particular en lo tocante al reforzamiento de la justicia, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, y el refuerzo de la protección de los derechos humanos; insta a las autoridades a que intensifiquen su labor en estos ámbitos prioritarios y a que establezcan un registro de su aplicación;

4.  Pide la rápida creación de un Consejo nacional para la integración europea de carácter inclusivo que también englobe a representantes de la sociedad civil e instituciones independientes con el objetivo de asegurar un consenso nacional amplio en materia de reformas relacionadas con la UE y el proceso de adhesión a la UE; pide que los organismos adecuados informen a las partes interesadas y a la opinión pública con detalle y de manera oportuna sobre los avances en el proceso de integración en la UE;

5.  Subraya el papel del Parlamento como institución democrática clave y pide, por lo tanto, que se refuerce su función supervisora y se garantice un proceso de consulta con un mayor carácter institucionalizado en lo que se refiere a la elaboración de la legislación; acoge con satisfacción, en este sentido, la adopción, el 5 de marzo de 2015, de la Ley revisada sobre el papel del Parlamento en el proceso de integración europea de Albania, así como la Resolución parlamentaria consensuada de 24 de diciembre de 2014 en la que se acordó que la oposición regresase a las labores parlamentarias y que la mayoría gobernante buscara el consenso con la oposición sobre las reformas importantes, se respetasen las decisiones del Tribunal Constitucional, y se abordase la cuestión de las personas con antecedentes penales candidatas a cargos públicos o que ostenten dichos cargos; pide su aplicación adecuada y oportuna de forma constructiva; pide a todos los partidos políticos que mejoren la consecución de un consenso democrático, clave para avanzar en el proceso de adhesión; cree importante que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos albaneses pidan cuentas a sus dirigentes en relación con resultados políticos específicos;

6.  Manifiesta su preocupación por la actual y continua polarización política en Albania, que podría poner en peligro ulteriores esfuerzos de integración en la UE; recuerda a la coalición gobernante y a la oposición la responsabilidad que comparten en relación con los ciudadanos en lo que se refiere al mantenimiento de un diálogo político sostenible, constructivo e integrador que permita la adopción y aplicación de las reformas clave; pide a la mayoría gobernante y a la oposición que sigan realizando esfuerzos para establecer un verdadero diálogo político y que cooperen de modo constructivo;

7.  Subraya que una administración pública profesional resulta esencial para poder llevar a buen término todas las demás reformas; celebra, por lo tanto, que haya empezado a aplicarse la Ley sobre la función pública y pide que se continúe aplicando de forma adecuada para reforzar las capacidades administrativas, despolitizar la administración pública y luchar contra la corrupción en la función pública, reforzar la meritocracia en los nombramientos, ascensos y despidos, aumentar la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, el profesionalismo y la sostenibilidad democrática de los funcionarios públicos, así como potenciar la buena gobernanza a todos los niveles; pide que se refuerce la gestión de los recursos humanos, el sistema de evaluación de los funcionarios públicos y el control independiente de la aplicación de la legislación relacionada con la función pública; anima a que se defina una amplia estrategia de reforma de la administración pública y a continuar con la promoción de la despolarización y el conocimiento de la legislación y los procesos de toma de decisiones de la UE; subraya la necesidad de potenciar la integridad pública, mejorar los servicios públicos y gestionar los recursos públicos con mayor eficacia; pide la mejora del acceso público a los servicios y la información; acoge con satisfacción, en este contexto, la nueva Ley sobre el acceso a la información; pide que se refuerce la institución del Defensor del Pueblo dando el seguimiento adecuado a sus conclusiones y recomendaciones;

8.  Subraya la necesidad de abordar la fragmentación del sistema de administración local y de crear un sistema de administración local funcional capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos que preste servicios públicos con eficacia; pide que se refuerce la capacidad administrativa de las entidades locales, que les permita ejercer su autoridad y aplicar la legislación de modo sostenible desde el punto de vista financiero; pide que se aplique la transparencia, la eficacia y el carácter integrador de las entidades locales; observa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso interpuesto contra la reforma de la división administrativa y territorial del país;

9.  Hace hincapié en la importancia de las próximas elecciones municipales y pide a las autoridades competentes que apliquen las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) y de la Comisión Electoral Central; aboga por el refuerzo de la independencia y de las capacidades de los órganos electorales;

10.  Hace hincapié en la necesidad de reforzar el Estado de Derecho y de reformar la justicia para que aumente la confianza de los ciudadanos y de la comunidad empresarial en el sistema judicial; acoge con satisfacción el compromiso de Albania con la reforma judicial si bien sigue lamentando las deficiencias persistentes en el funcionamiento del sistema judicial, como la politización y la limitada rendición de cuentas, el elevado nivel de corrupción, la insuficiencia de recursos y los retrasos; reitera la necesidad de continuar realizando esfuerzos importantes para garantizar la independencia, la eficiencia y la rendición de cuentas del sistema judicial, y de mejorar el sistema de designación, promoción y disciplinario de los jueces, fiscales y abogados; pide a las autoridades que emprendan reformas en un marco de cooperación constructiva con todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, en el marco de una colaboración con la Comisión de Venecia, a través de la elaboración y aplicación de una estrategia de reforma judicial a largo plazo;

11.  Recuerda la Resolución del Parlamento albanés, de noviembre de 2013, sobre la integración de Albania en Europa, que respaldaba varias medidas importantes, en particular en relación con el Estado de Derecho; subraya la importancia del firme respeto del Estado de Derecho y de la independencia y transparencia de las instituciones judiciales, como el Consejo Superior de Justicia; hace hincapié en la necesidad de que se acaten las decisiones del Tribunal Constitucional en esta materia; pide a las autoridades competentes que fomenten la integridad y la independencia de las instituciones democráticas clave, así como la despolitización de la justicia; pide a las autoridades competentes que procedan sin demoras indebidas a impartir justicia a las víctimas de los acontecimientos del 21 de enero de 2011;

12.  Señala el estado deficiente del sistema de justicia aplicable a los menores; pide a las autoridades responsables que presenten planes para mejorar la situación;

13.  Manifiesta su preocupación por que la corrupción siga siendo un problema grave, también en el sistema judicial; insta a Albania a redoblar firmemente sus esfuerzos de lucha contra la corrupción a todos los niveles para reforzar el marco legislativo y la capacidad institucional y mejorar el intercambio de información y la cooperación interinstitucional; acoge con satisfacción la designación de un coordinador nacional contra la corrupción, encargado de coordinar los esfuerzos y de hacer un seguimiento de la aplicación a nivel central, y pide que se adopte una estrategia global y estricta contra la corrupción y planes de acción para el periodo 2014-2020; reitera la necesidad de desarrollar un marco más robusto de lucha contra la corrupción, que debería incluir a una amplia gama de instituciones; observa positivamente las medidas adoptadas en relación con el aumento de la transparencia, incluida la publicación de las declaraciones de activos por parte de altos cargos, así como la creación de puntos focales contra la corrupción en todos los ministerios pertinentes;

14.  Reitera la necesidad de desarrollar un registro sólido de investigaciones, enjuiciamientos y condenas a todos los niveles, incluidos los casos de corrupción de alto nivel; considera esencial mejorar la eficiencia de las investigaciones y aportar recursos, formación y personal especializado suficientes a la lucha contra la corrupción, en particular en los ámbitos de la contratación pública, la sanidad, la fiscalidad, la educación, la policía, las aduanas y la administración local; apoya la participación y el papel supervisor de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción; pide el aumento del número de confiscaciones de activos de origen delictivo y de las condenas por blanqueo de capitales y el uso sistemático de las investigaciones financieras; pide a las autoridades competentes que refuercen la legislación vigente sobre la protección de los denunciantes;

15.  Expresa su preocupación por que, a pesar de registrarse una tendencia positiva en la lucha contra la delincuencia organizada, en particular en relación con el tráfico y la producción de estupefacientes, esta lucha siga constituyendo un desafío importante; pide a Albania que, si bien reconoce el éxito de recientes operaciones policiales, desarrolle un enfoque estratégico de carácter global y que adopte medidas para eliminar los obstáculos a la eficiencia de las investigaciones, con vistas a reunir un registro de las investigaciones, enjuiciamientos y condenas en todos los ámbitos y todos los niveles; anima a seguir reforzando la coordinación entre las distintas agencias a nivel local, así como la cooperación policial y judicial a escala regional e internacional; recomienda el refuerzo de la cooperación en la lucha contra el tráfico de estupefacientes con los órganos asociados de los Balcanes Occidentales y los servicios de los Estados miembros de la UE;

16.  Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados en la lucha contra la trata de seres humanos, que sigue siendo un reto importante; pide a las autoridades competentes que desarrollen un enfoque global y orientado hacia las víctimas, que mejoren la coordinación interinstitucional, y que refuercen las capacidades de los fiscales, jueces y de la policía; reitera la necesidad de llevar a cabo de manera continuada actividades de formación conjunta especializada, que incluyan a fiscales, jueces y miembros de las fuerzas policiales; celebra la cooperación entre la policía y la fiscalía de Albania y los Estados miembros de la UE, que ha generado resultados positivos;

17.  Felicita al Defensor del Pueblo por sus labores de promoción de los derechos humanos, por su apertura hacia las personas vulnerables, y por su cooperación con las organizaciones de la sociedad civil; lamenta que los informes anuales y especiales del Defensor del Pueblo no se hayan debatido en el Parlamento, por lo que no pueden publicarse y no se reconocen de forma oficial; pide al Gobierno y al Parlamento que refuercen la independencia, la eficacia y la eficiencia de las instituciones de defensa de los derechos humanos, que refuercen la cooperación con la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo, y que lo apoyen en mayor medida desde el punto de vista político y financiero;

18.  Hace hincapié en los problemas relacionados con la seguridad que plantean los combatientes extranjeros retornados; se congratula de la adopción de medidas destinadas a prevenir la radicalización y abordar el fenómeno de los combatientes extranjeros; hace hincapié en la aplicación de la estrategia y del plan de acción sobre la lucha contra el terrorismo; acoge con satisfacción el aumento de personal de la unidad antiterrorista de la policía y apoya la intensificación de la cooperación regional en la lucha contra el terrorismo; acoge con satisfacción el nuevo acuerdo operativo firmado con Europol y pide su aplicación inmediata;

19.  Subraya la necesidad de potenciar la participación ciudadana en la vida pública y en la planificación y elaboración de políticas, así como en el proceso de integración europeo a fin de fomentar un amplio consenso nacional sobre las reformas y el proceso de adhesión a la UE; recomienda seguir desarrollando mecanismos de consulta con la sociedad civil y las comunidades locales, y entre ambas; manifiesta su inquietud por que la politización de las organizaciones de la sociedad civil pueda restar fuerza a su papel potencial de refuerzo de la cultura democrática;

20.  Elogia la armonía religiosa y el ambiente de tolerancia religiosa y buenas relaciones interétnicas generales que se respira en el país; pide a las autoridades competentes que continúen mejorando el clima de integración y tolerancia hacia todas las minorías del país; insta al Gobierno a que apruebe, sobre la base de un amplio proceso de consultas, una ley de carácter global sobre las minorías que cubra las lagunas legales existentes, en consonancia con las recomendaciones del Comité Consultivo sobre el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa, a que aplique de forma eficiente la Ley sobre la protección frente a la discriminación, y a que establezca una jurisprudencia sólida contra la delincuencia; elogia la contribución a la lucha contra la discriminación, incluida la discriminación por razones de sexo, en particular en el empleo, la educación y el acceso a los servicios sociales, del Comisariado de Protección contra la Discriminación; anima a que se emprendan nuevas acciones que mejoren las condiciones de vida de los romaníes mejorando su acceso al registro, a la vivienda, a la educación, al empleo y a los servicios sociales y de atención sanitaria; hace hincapié en que las condiciones de vida de la población romaní deben mejorarse a través de una mejor coordinación entre la administración central y local y la cooperación interministerial;

21.  Celebra la creación del Consejo Nacional de Igualdad de Género y el nombramiento de coordinadores de género en todos los ministerios pertinentes; pide que se adopten más medidas relacionadas con la lucha contra la violencia doméstica, los casos de acceso insuficiente de las mujeres a la justicia, y la discriminación de género en el empleo; acoge con satisfacción la inclusión de la comunidad LGBTI en la estrategia sobre inclusión social para el periodo 2015-2020, la creación de una grupo de trabajo sobre los derechos de las personas LGTBI en el seno del ministerio de Asuntos Sociales, y la apertura del primer centro de acogida para personas LGBTI; se felicita de las enmiendas al Código Penal por las que se penalizan los delitos motivados por el odio y la incitación al odio sobre la base de la orientación sexual y la identidad de género;

22.  Anima al Gobierno, además, a que elabore una ley sobre el reconocimiento del género y que garantice que las condiciones para el reconocimiento del género cumplan las normas contempladas en la Recomendación CM/Rec(2010)5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre las medidas para combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género; cree que es más probable que se protejan los derechos fundamentales de las personas LGBTI si estas tienen acceso a instituciones jurídicas como las uniones de hecho, las parejas registradas o el matrimonio, e insta a las autoridades albanesas a plantearse estas opciones;

23.  Pide a las autoridades albanesas que respondan a la petición de las Naciones Unidas y a las recomendaciones del Defensor del Pueblo y creen una base de datos fiable y homogénea, activen el Consejo Coordinador de la lucha contra los pleitos de sangre creado en 2005, y elaboren un plan de acción centrado en los aspectos relativos al Estado de Derecho en la lucha contra los pleitos de sangre;

24.  Insiste en la vital importancia de contar con servicios públicos de radiodifusión y medios de comunicación privados profesionales, independientes y pluralistas como piedra angular de la democracia; expresa su preocupación por la ausencia de una verdadera independencia de los medios de comunicación y la falta de transparencia en relación con su propiedad y financiación; anima a Albania a que garantice la existencia de un entorno laboral libre para los periodistas; hace hincapié en que es necesario realizar más esfuerzos para garantizar la independencia plena del órgano regulador de los medios de comunicación y del organismo público de radiodifusión; expresa su preocupación por la falta de transparencia en relación con la propiedad y la financiación de los medios de comunicación, su polarización y la autocensura; pide el refuerzo de los criterios profesionales y éticos de los periodistas; insta a la correcta aplicación de la legislación sobre difamación; toma nota de que la oposición ha puesto en duda la elección del nuevo presidente y los miembros de la junta directiva del ente regulador de los medios audiovisuales; anima al Gobierno a que vele por su independencia y garantice su apoyo, de modo que este ente regulador pueda asumir plenamente sus funciones, también en lo que se refiere a la facilitación del proceso de transición digital y la aplicación eficaz de la Ley sobre los medios audiovisuales;

25.  Acoge con satisfacción la mejora del entorno empresarial y los esfuerzos por lograr una economía de mercado que funcione, pero pide al Gobierno que siga rectificando las deficiencias en la ejecución de los contratos y el Estado de Derecho, y que siga luchando contra la economía informal, que tiene unas dimensiones importantes; pide más reformas con el fin de poder hacer frente a la presión competitiva del mercado común europeo; pide al Gobierno que refuerce la protección del derecho a la propiedad y acelere el establecimiento de una política sostenible y coherente sobre la legalización, la restitución y la compensación de la propiedad; subraya la importancia de crear condiciones favorables para el desarrollo del sector privado y la inversión extranjera directa;

26.  Hace hincapié en la necesidad de mejorar la educación y la formación para abordar la inadecuación de las cualificaciones y aumentar la capacidad de inserción profesional, en particular entre los jóvenes; pide a la Comisión que colabore estrechamente con el Gobierno para corregir las deficiencias de las condiciones del mercado laboral, incluido el creciente desempleo, y aportar soluciones en consonancia con la Estrategia Europa 2020; acoge positivamente el documento de estrategia indicativo sobre Albania 2014-2020, que reconoce que la educación, el empleo y las políticas sociales requieren apoyo a través del IPA;

27.  Pide a las autoridades competentes que elaboren una estrategia nacional de energía que preste especial atención a las energías renovables y a la seguridad energética, incluida la diversificación de las fuentes de energía; considera que Albania debería invertir más en proyectos relacionados con las energías renovables y las infraestructuras ad hoc; pide a Albania que se tenga en cuenta el impacto ecológico de los proyectos hidroeléctricos sobre el patrimonio natural nacional; pide que se cumpla la Directiva marco de la UE sobre el agua, destinada a alcanzar unas condiciones adecuadas desde el punto de vista ecológico y químico de todas las masas naturales de agua superficial;

28.  Insta a las autoridades albanesas a elaborar planes globales de gestión en relación con los parques nacionales existentes con arreglo a la categoría II de las directrices sobre calidad y gestión de las áreas protegidas emitidas por la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); insta a las autoridades a que abandonen todos los planes de desarrollo que devalúen la red de áreas protegidas del país ,y pide que se abandonen los planes, tanto a gran como a pequeña escala, de construcción de centrales hidroeléctricas, en particular en todos los parques nacionales; exige, en particular, que se replanteen los planes de construcción de centrales hidroeléctricas a lo largo del río Viosa y sus afluentes, ya que estos proyectos podrían dañar uno de los últimos ecosistemas fluviales naturales más extensos, intactos y cercanos de Europa;

29.  Celebra la posición permanentemente constructiva y proactiva de Albania en la cooperación regional y bilateral; recalca su papel instrumental en el reforzamiento de la estabilidad regional; elogia la voluntad política de mejorar las relaciones con Serbia; anima a Albania y a Serbia a que adopten medidas adicionales y a hagan declaraciones que promuevan la estabilidad y la cooperación a nivel regional y las relaciones de buena vecindad; manifiesta su malestar por las declaraciones realizadas por el Primer Ministro de Albania en las que especulaba sobre la unificación de los albaneses de Albania y Kosovo; insta a Albania a mantener su posición constructiva en la región y a que intercambie con los demás países de los Balcanes Occidentales sus conocimientos y experiencias adquiridos durante sus procesos de integración en la UE, con el objetivo de intensificar la cooperación y continuar con la estabilización de la región; acoge con satisfacción la plena alineación de Albania con las posiciones de la UE en la política exterior, incluidas las medidas restrictivas contra Rusia y su participación en las operaciones de gestión de crisis de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD); observa su empeño, como actual presidente en ejercicio del Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental, por seguir promoviendo el diálogo entre los países participantes; pide a Albania que participe activamente en la aplicación de la Estrategia para la Región del Adriático y del Jónico;

30.  Pide que se refuerce la cooperación interparlamentaria entre el PE y Albania; recomienda que se armonice, en la medida de lo posible, el futuro calendario de reuniones de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Albania y el del Diálogo de Alto Nivel sobre las Prioridades Clave con el fin de reforzar el control parlamentario del proceso de adhesión a la UE;

31.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Albania.


Informe de evolución de Bosnia y Herzegovina 2014
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Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre el Informe de evolución de Bosnia y Herzegovina 2014 (2014/2952(RSP))
P8_TA(2015)0182B8-0359/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, firmado el 16 de junio de 2008 y ratificado por todos los Estados miembros de la UE y por Bosnia y Herzegovina,

–  Vistos las conclusiones del Consejo Europeo de los días 19 y 20 de junio de 2003 sobre los Balcanes Occidentales y el anexo a las mismas titulado «Programa de Salónica para los Balcanes Occidentales: avanzar en la integración europea»,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de los días 20 de octubre, 17 y 18 de noviembre y 15 y 16 de diciembre de 2014,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-2015» (COM(2014)0700), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el Informe de evolución de Bosnia y Herzegovina 2014 (SWD(2014)0305), y el documento de estrategia indicativo sobre Bosnia y Herzegovina (2014-2017) adoptado el 15 de diciembre de 2014,

–  Visto el compromiso escrito con la integración en la UE adoptado por la Presidencia de Bosnia y Herzegovina el 29 de enero de 2015 y apoyado por la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina el 23 de febrero de 2015,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 19 de enero de 2015, por la que se nombra a Lars-Gunnar Wigemark Representante Especial de la UE y jefe de la Delegación para Bosnia y Herzegovina,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bosnia y Herzegovina,

–  Visto el trabajo de Cristian Dan Preda como ponente permanente de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Bosnia y Herzegovina,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la UE ha declarado en repetidas ocasiones su compromiso inequívoco con la perspectiva europea de Bosnia y Herzegovina y con su integridad, soberanía y unidad territorial;

B.  Considerando que la UE ha ofrecido una nueva oportunidad a Bosnia y Herzegovina sobre la base de un enfoque coordinado diseñado para ayudar al país a retomar su proceso de reformas, mejorar su situación socioeconómica y acercarse a la Unión Europea; considerando que ahora se pide un compromiso igualmente inequívoco a las élites políticas del país; considerando que la adhesión a la UE es un proceso inclusivo que pertenece a todo el país y a todos sus ciudadanos y que requiere un consenso nacional sobre el programa de reformas;

C.  Considerando que la arquitectura institucional excesivamente compleja e ineficiente, la falta de cooperación y coordinación suficientes entre los dirigentes políticos y a todos los niveles gubernamentales de Bosnia y Herzegovina, la ausencia de una visión común y de voluntad política y las actitudes etnocéntricas han obstaculizado seriamente los progresos en el país; considerando que los desacuerdos en las líneas políticas y étnicas han tenido un efecto muy negativo en el trabajo de las asambleas a escala nacional;

D.  Considerando que el prolongado estancamiento político representa un grave impedimento para la estabilización y el desarrollo del país, y está privando a los ciudadanos de un futuro seguro y próspero; considerando que la inercia política, el desempleo y los elevadísimos niveles de corrupción y la insatisfacción con las élites políticas han provocado revueltas civiles que se extendieron desde Tuzla a todo el país en febrero de 2014;

E.  Considerando que la UE ha situado el Estado de Derecho en el centro de su proceso de ampliación; que contar con un firme apoyo político es la clave para lograr avances en estos ámbitos;

F.  Considerando que la corrupción está extendida y la administración pública fragmentada, que los muchos y diferentes sistemas jurídicos plantean un reto, que los mecanismos de cooperación con la sociedad civil siguen siendo débiles, que el panorama de los medios de comunicación está polarizado y que no se garantiza la igualdad de derechos para todos los pueblos y ciudadanos que constituyen el país;

G.  Considerando que más del 50 % de los ingresos estatales de Bosnia y Herzegovina se destina al mantenimiento de la administración a numerosos niveles; que Bosnia y Herzegovina es el país europeo peor clasificado según indicadores del Banco Mundial en cuanto a la facilidad para hacer negocios y uno de los peores clasificados en el Índice de Percepción de la Corrupción; considerando que Bosnia y Herzegovina tiene la tasa más alta de desempleo juvenil de Europa (el 59 % de la población activa entre los 15 y 24 años);

1.  Celebra el hecho de que el Consejo haya respondido a su petición de reconsiderar el enfoque de la UE hacia Bosnia y Herzegovina; insta a los dirigentes de Bosnia y Herzegovina a que se comprometan plenamente a realizar las reformas institucionales, económicas y sociales necesarias para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del país y avanzar en el camino hacia la adhesión a la UE; señala que para examinar una solicitud de adhesión serán necesarios avances significativos en la aplicación del programa de reformas, incluido el Pacto por el Crecimiento y el Empleo; subraya que Bosnia y Herzegovina, al igual que otros países candidatos (potenciales), debe ser juzgada por sus propios méritos, y que la rapidez y la calidad de las reformas necesarias determinarán el momento de su adhesión;

2.  Destaca que la Comisión debe prestar especial atención a la aplicación de la sentencia Sejdić-Finci al solicitarle el Consejo que elabore un dictamen sobre una solicitud de adhesión a la UE; pide a la Comisión que esté preparada para propiciar un acuerdo sobre su aplicación a fin de garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos y contribuir a la consecución de los objetivos del programa de la UE, incluido un sistema funcional de buena gobernanza, desarrollo democrático, prosperidad económica y respeto de los derechos humanos;

3.  Apoya firmemente la integración europea de Bosnia y Herzegovina, y cree que el compromiso reforzado de la UE debe centrarse, entre otras cosas, en las cuestiones socioeconómicas, el entorno empresarial, el marco institucional, el Estado de Derecho y la gobernanza, una política de aplicación de la ley, un poder judicial independiente, la lucha contra la corrupción, la reforma de la administración pública, la sociedad civil y la juventud, sin modificar la condiciones de la UE para la adhesión; pide a la AR/VP, a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan una posición de la UE coordinada, coherente y congruente, y demuestren que la integración de Bosnia y Herzegovina es una prioridad para la política exterior de la UE; hace hincapié en que la UE debe procurar reunir a todos los donantes financieros para apoyar la aplicación eficaz del enfoque renovado de la UE y el compromiso escrito;

4.  Acoge con satisfacción el compromiso escrito con la integración en la UE adoptado por la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, firmado por los líderes de todos los partidos políticos y apoyado por el propio Parlamento el 23 de febrero de 2015, sobre las medidas para establecer la funcionalidad y la eficiencia institucionales, poner en marcha reformas en todos los niveles de gobernanza, acelerar el proceso de reconciliación y reforzar la capacidad administrativa; reconoce que el compromiso allanó el camino hacia el acuerdo alcanzado en el Consejo, el 16 de marzo de 2015, de proceder a la conclusión y a la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA); se felicita por la entrada en vigor del AEA, prevista para el 1 de junio de 2015, que permitirá que Bosnia y Herzegovina y la UE colaboren en mayor medida y profundicen sus relaciones; pide la plena colaboración de todos los dirigentes políticos en la aplicación rigurosa y eficaz del compromiso, en particular para reforzar el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; recuerda que el compromiso político y una verdadera implicación en el proceso de reformas son fundamentales; pide a los nuevos dirigentes de Bosnia y Herzegovina que acuerden con la UE una hoja de ruta concreta para un programa de reforma amplio e inclusivo para hacer avanzar al país en su camino hacia la UE; pide transparencia en el proceso de planificación y aplicación de las reformas, e insta a que se incluya a la sociedad civil en el proceso de reformas;

5.  Manifiesta su inquietud por la declaración adoptada el 25 de abril de 2015 por el congreso de la SNSD (Alianza de Socialdemócratas Independientes) en Sarajevo oriental, en la que se solicitaba un referéndum sobre la independencia de la República Srpska en 2018; destaca el hecho de que, conforme al Acuerdo de Dayton, la República Srpska no tiene derecho de secesión; recuerda que, con la adopción del compromiso escrito, todas las fuerzas políticas, incluida la SNSD, se habían comprometido a respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Bosnia y Herzegovina; insta a los nuevos dirigentes políticos a abstenerse de la retórica nacionalista y secesionista que divide y polariza a la sociedad y a que se comprometan seriamente con reformas que mejoren la vida de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina, creando un Estado democrático, integrador y operativo, y acercándose a la UE;

6.  Pide a los dirigentes políticos que den prioridad al establecimiento de un mecanismo de coordinación de la UE eficaz, que vincule eficazmente a las instituciones a todos los niveles de gobernanza, para garantizar la adaptación del acervo de la UE y su cumplimiento en todo el país, en beneficio de la prosperidad global de sus ciudadanos; insiste en que, sin tal mecanismo, el proceso de adhesión a la UE quedará en punto muerto, dado que la organización actual del país es demasiado ineficaz y disfuncional; recalca que el establecimiento de este mecanismo abriría el camino para que Bosnia y Herzegovina se beneficiara plenamente de los fondos disponibles; destaca la necesidad de emprender reformas más concretas y dar al país y a sus ciudadanos una dirección clara;

7.  Recalca que abordar las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos debe ser la prioridad; considera, sin embargo, que también es crucial continuar paralelamente con las reformas políticas y la democratización del sistema político; destaca que la prosperidad económica solo es posible si se basa en una sociedad y un Estado democráticos e integradores; subraya también que Bosnia y Herzegovina no será un buen país candidato a la adhesión a la UE mientras no haya establecido las condiciones institucionales adecuadas; señala que la reforma constitucional destinada a consolidar, integrar y reforzar el marco institucional sigue siendo clave para transformar Bosnia y Herzegovina en un Estado efectivo, integrador y plenamente funcional; recuerda que la futura reforma constitucional debe tener en cuenta también los principios de federalismo, descentralización, subsidiariedad y representación legítima para garantizar la integración eficiente y fluida de Bosnia y Herzegovina en la UE; insta a los dirigentes políticos a emprender la tarea de introducir los cambios necesarios;

8.  Acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión para acelerar la aplicación de los proyectos cubiertos por el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y reforzar la gobernanza económica; lamenta que la inacción pueda tener consecuencias en la asignación de los fondos de la UE para el desarrollo socioeconómico y político en el marco del IAP-II; insta a las autoridades competentes a que acuerden estrategias sectoriales para el conjunto del país, en particular en los ámbitos prioritarios del transporte, la energía, el medio ambiente y la agricultura, como requisitos clave para poder beneficiarse plenamente de la financiación del IAP;

9.  Elogia el buen desarrollo de las elecciones de octubre de 2014; señala, no obstante, que por segunda vez consecutiva, el proceso electoral tuvo lugar sin que todos los ciudadanos pudieran presentarse a todos los cargos; subraya la crucial importancia de establecer con carácter de urgencia todos los nuevos órganos parlamentarios y gobiernos a todos los niveles; insta a los nuevos dirigentes a que respeten el principio de sufragio universal, igualitario y directo, y a que escuchen a la gente, lleguen a la población, se comprometan con la sociedad civil y den respuestas responsables e inmediatas a sus legítimas inquietudes; pide a las autoridades competentes que investiguen las graves acusaciones contra la primera ministra de la República Srpska, según las cuales está implicada en la compra de votos de dos diputados que no pertenecían a su partido para obtener la mayoría en la Asamblea Nacional de la República Srpska;

10.  Celebra la abrumadora solidaridad nacional e internacional, incluso en el marco del programa de la UE de recuperación de las inundaciones, en respuesta a las catástrofes naturales de 2014; celebra el hecho de que la UE adoptara de inmediato medidas importantes de rescate y socorro, a petición de Bosnia y Herzegovina, y organizara una conferencia de donantes en julio de 2014, organizada por la Comisión con la colaboración de Francia y Eslovenia; destaca que la Comisión invitó a Bosnia y Herzegovina a formar parte del Mecanismo de Protección Civil de la UE; pide medidas de prevención eficaces y coordinadas a todos los niveles para hacer frente a las consecuencias de las actuales catástrofes y prevenir las catástrofes de este tipo en el futuro; acoge con satisfacción los numerosos ejemplos positivos de estrecha cooperación y apoyo interétnicos a raíz de las inundaciones como una señal de que la reconciliación es posible; opina que la cooperación regional y las estrechas relaciones con los países vecinos constituyen factores esenciales de respuesta a ese tipo de catástrofes en el futuro;

11.  Recuerda que una administración pública profesional, efectiva y fundada en los méritos constituye el pilar del proceso de integración para Bosnia y Herzegovina y para cualquier país que aspire a ser Estado miembro de la UE; se manifiesta seriamente preocupado por el hecho de que la administración pública, que se supone que debe ayudar a Bosnia y Herzegovina a avanzar en el proceso de adhesión a la UE y a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos, siga estando fragmentada, politizada y siga siendo disfuncional; le sigue preocupando su sostenibilidad financiera y el hecho de que la falta de voluntad política para acometer reformas en la administración pueda repercutir en la prestación de servicios públicos; insta a todos los agentes competentes a que adopten una estrategia de reforma de la administración pública y un plan de acción nuevos que abarquen más allá de 2014, con el fin de simplificar la compleja estructura institucional, racionalizar los costes y hacer más funcional el Estado;

12.  Insta a las autoridades a que traten con absoluta prioridad la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta que todavía no ha aportado mejoras satisfactorias y que la corrupción afecta a todos los sectores, incluidas la sanidad y la educación, ya que explota a las personas más vulnerables e incrementa el pesimismo y hace que cada vez sean más los ciudadanos que pierden la confianza en sus instituciones; pide unos mecanismos de lucha contra la corrupción efectivos e independientes, un seguimiento judicial independiente y unas consultas inclusivas con todos los interesados, lo que debería garantizar que se adopte a tiempo un marco estratégico renovado para el período 2015-2019; pide, en general, la aplicación eficaz de medidas contra la corrupción; celebra la adopción de un conjunto de leyes de lucha contra la corrupción, también relativas al fomento de la protección de los denunciantes a escala estatal y la creación de órganos de prevención a nivel de la federación; condena los intentos de socavar los principios del Estado de Derecho existentes, y expresa su preocupación por el hecho de que la nueva ley sobre conflictos de intereses debilita el marco jurídico y supone un retroceso en la prevención de los conflictos de intereses, al incrementar el riesgo de injerencias políticas y no ofrecer incentivos para que los funcionarios cumplan la ley; pide que se refuercen los órganos parlamentarios para prevenir los conflictos de intereses; insta a las autoridades competentes a que mejoren el historial de investigación, procesamiento y condena efectivos respecto de los casos de corrupción de alto nivel, en especial en el marco de la contratación pública y la privatización;

13.  Sigue profundamente preocupado por la ineficacia del sistema judicial, el riesgo de interferencias políticas en los procedimientos judiciales, la politización de los procedimientos de nombramiento, un proceso fragmentado de presupuestación del poder judicial y de la fiscalía y la posibilidad de que haya conflictos de intereses en el poder judicial; insta a los nuevos dirigentes del país a que lleven a cabo reformas estructurales e institucionales que aborden, entre otros aspectos, la armonización de los cuatro ordenamientos jurídicos diferentes; les invita a atender las recomendaciones de la Comisión, como las relativas a las reformas institucionales del poder judicial a escala estatal, incluida la aprobación de una ley relativa a los tribunales de Bosnia y Herzegovina; insta al próximo Consejo de Ministros a que apruebe la nueva estrategia de reforma de la justicia, que ya está elaborada; reitera su apoyo a la oficina del Defensor del Pueblo; señala que en la Constitución de la República Srpska sigue existiendo una moratoria sobre la pena capital, e insta a las autoridades de la República Srpska a abolir la pena de muerte sin más demora;

14.  Le preocupa que el acceso a la asistencia jurídica gratuita sea muy limitado y que el derecho a su prestación aún no esté completamente regulado en todo el país, lo que limita el derecho a la justicia para los más vulnerables; insta a las autoridades competentes a adoptar una ley sobre la asistencia jurídica gratuita a nivel estatal y a definir claramente el papel de la sociedad civil a la hora de ofrecerla;

15.  Acoge con satisfacción la ampliación del Diálogo Estructurado sobre Justicia entre la UE y Bosnia y Herzegovina para cubrir nuevas cuestiones relativas al Estado de Derecho, especialmente la corrupción y la discriminación, así como los resultados positivos que está generando respecto a la cooperación regional, el enjuiciamiento de los crímenes de guerra y la profesionalidad y la eficacia del poder judicial; aplaude la inclusión de la sociedad civil en el proceso; toma nota de la mejora de las condiciones en varios tribunales de las entidades, incluidos los aspectos relativos a la protección de los testigos;

16.  Le preocupa que en ciertas declaraciones se haya cuestionado la legitimidad de las condenas del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, desautorizando así al Tribunal de La Haya; pide que se adopten medidas para reforzar la protección de las víctimas y mejorar la labor de la Fiscalía de Bosnia y Herzegovina mediante la revisión del enjuiciamiento de los casos de crímenes de guerra de la categoría II; celebra los progresos logrados en la reducción del número de casos de crímenes de guerra pendientes; toma nota de que ha mejorado la incoación de procesos por crímenes de guerra con violencia sexual y solicita que este proceso siga en el futuro; subraya la necesidad de que las autoridades competentes adopten el programa a escala estatal, pendiente desde hace tiempo, para mejorar la condición de las víctimas de dichos crímenes de guerra, incluido su derecho a indemnización, para garantizar su acceso efectivo a la justicia y adaptar las disposiciones del Derecho Penal de Bosnia y Herzegovina en materia de violencia sexual a las normas internacionales;

17.  Expresa su preocupación por la persistencia del elevado número de personas desaparecidas y los lentos avances en este sentido; pide a las autoridades que inicien una intensa cooperación entre las dos entidades y redoblen los esfuerzos de búsqueda de personas desaparecidas;

18.  Recuerda a todas las víctimas del genocidio de 1995 en Srebrenica, y expresa sus profundas condolencias a las familias y a los supervivientes; expresa su apoyo a las organizaciones como la Asociación de Madres de los Enclaves de Srebrenica y Žepa que tienen un papel fundamental a la hora de sensibilizar y establecer una base más amplia para la reconciliación entre todos los ciudadanos del país; pide a todos los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina que aprovechen el 20º aniversario de la masacre de Srebrenica como una oportunidad para mejorar la reconciliación y cooperación, que son requisitos clave para que todos los países de la región avancen por la senda europea;

19.  Observa con preocupación que todavía hay 84 500 desplazados internos y 6 853 refugiados en Bosnia y Herzegovina; expresa su preocupación por las violaciones de derechos de los repatriados en la República Srpska; acoge con satisfacción, no obstante, las nuevas medidas aprobadas por el Parlamento de la Federación que permiten a los repatriados de la República Srpska acceder a los derechos de pensión y a la asistencia sanitaria en la Federación, al tiempo que señala la importancia de que todos los ciudadanos tengan un acceso igual a las prestaciones sociales; pide a todos los niveles de gobierno, en particular a las autoridades de la República Srpska, que faciliten y aceleren el retorno de las personas desplazadas y refugiados introduciendo y aplicando todas las medidas legislativas y administrativas necesarias; insta a la cooperación sobre esta cuestión, así como al establecimiento de las condiciones apropiadas para su reintegración pacífica y sostenible; pide la aplicación efectiva de la estrategia revisada relativa al anexo VII del Acuerdo de Paz de Dayton; pide que se mantenga una buena cooperación regional en el marco del Proceso de la Declaración de Sarajevo; insta a adoptar un enfoque exhaustivo para abordar los retos pendientes con respecto a la eliminación de las minas en el país antes de 2019;

20.  Reafirma su apoyo a la liberalización de visados, que ha tenido efectos positivos visibles para los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina; reitera su compromiso de salvaguardar el derecho de viajar sin visado para los ciudadanos de los Balcanes Occidentales; pide, al mismo tiempo, medidas a nivel nacional, en particular medidas socioeconómicas para los grupos más vulnerables, medidas activas destinadas a mejorar la cooperación y el intercambio de información para acabar con las redes de delincuencia organizada, el refuerzo de los controles fronterizos y campañas de sensibilización; pide a la Comisión que adopte medidas para mantener la integridad del sistema de exención de visados y abordar los posibles abusos del régimen de asilo de la UE en cooperación con los Estados miembros;

21.  Señala que la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción es fundamental para contrarrestar los intentos de infiltración de delincuentes en los sistemas político, jurídico y económico; toma nota de que se han realizado ciertos avances en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo; recuerda la importancia de cumplir las recomendaciones del GRECO; manifiesta su preocupación por las informaciones acerca de la radicalización creciente entre los jóvenes de Bosnia y Herzegovina, de los que un número relativamente elevado en comparación con otros países de la región se está uniendo a los combatientes terroristas del EIIL; insta a las autoridades a que modifiquen el Código Penal para reforzar la tipificación penal de la financiación del terrorismo; acoge con satisfacción la modificación del Código Penal para prohibir y castigar la adhesión a grupos paramilitares extranjeros a fin de evitar la radicalización religiosa; hace también hincapié en la importancia de prevenir todas las formas de extremismo y radicalización violenta; celebra, asimismo, las operaciones policiales a gran escala llevadas a cabo en toda Bosnia y Herzegovina, gracias a las cuales se ha detenido a sospechosos de organizar, apoyar y financiar actividades terroristas, incluidos combatientes extranjeros; pide que en el Código Penal de la Federación de Bosnia y Herzegovina se incluya una disposición sobre los delitos motivados por el odio; elogia a las agencias pertinentes de Bosnia y Herzegovina por la profesionalidad mostrada en sus esfuerzos y su determinación en combatir las crecientes amenazas contra la seguridad; pide a la Comisión que preste ayuda a las autoridades competentes para suprimir todas las amenazas a la seguridad y las amenazas terroristas;

22.  Condena enérgicamente el atentado terrorista perpetrado el 27 de abril de 2015 en una estación de policía en la ciudad de Zvornik en el Este de Bosnia, que se cobró la vida de un policía e hirió a otros dos; expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias; condena enérgicamente la violenta ideología extremista detrás de este ataque; pide a las autoridades competentes, las agencias de seguridad responsables y las instituciones judiciales que cooperen en llevar a cabo una investigación rápida y exhaustiva y en prevenir futuros ataques; expresa la esperanza de que las instituciones y los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina se unan en la lucha contra la amenaza del terrorismo y la violencia extremista

23.  Señala que Bosnia y Herzegovina sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos; recomienda que las autoridades adopten medidas eficaces, incluidas medidas legislativas, para combatir el tráfico de drogas y la trata de seres humanos y ofrecer protección a las víctimas de la trata de seres humanos;

24.  Considera que es esencial mejorar el papel de la sociedad civil permitiéndole articular los intereses de los ciudadanos, tal como se manifestó el año pasado durante los plenos; recuerda que la sociedad civil puede complementar el desarrollo de una sociedad socialmente cohesionada y democrática prestando servicios sociales vitales; señala que los representantes de la sociedad civil deben desempeñar un papel importante facilitando el proceso de adhesión; insta a la Comisión a que continúe poniendo los fondos europeos a disposición de las organizaciones de la sociedad civil; observa que los mecanismos institucionales para la cooperación con la sociedad civil siguen siendo débiles y dificultan el desarrollo de una democracia más participativa, integradora y receptiva en todo el país; pide, por consiguiente, un mecanismo de consulta pública transparente e inclusivo en el que tengan cabida todas las partes interesadas públicas, para crear un marco para el debate público de decisiones legislativas importantes y para la adopción de una estrategia nacional para la sociedad civil; muestra su preocupación por los casos de intimidación denunciados durante los disturbios sociales del pasado año;

25.  Considera que es fundamental promover una sociedad integradora y tolerante en Bosnia y Herzegovina, que proteja y promueva los derechos de las minorías y los grupos vulnerables; recuerda que no aplicar la sentencia Sejdić-Finci supone una discriminación abierta de los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina; insta a que se adopten medidas para reforzar el papel del Defensor de los Derechos Humanos y desarrollar, en cooperación con la sociedad civil, una estrategia a escala estatal contra cualquier forma de discriminación; pide a las autoridades competentes que sigan armonizando la legislación del país con el acervo, prestando particular atención a la discriminación por motivos de discapacidad y edad, como pone de relieve el diálogo estructurado; pide al Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados de Bosnia y Herzegovina que cree un grupo de trabajo sobre la elaboración de enmiendas a la legislación contra la discriminación de Bosnia y Herzegovina sin más demora; le preocupa que el discurso de odio, las amenazas, el acoso y la discriminación contra las personas LGBT siga siendo un fenómeno extendido; alienta a las autoridades a aplicar acciones de sensibilización sobre los derechos de las personas LGBTI entre el poder judicial, las fuerzas del orden y el público en general; manifiesta su preocupación por el hecho de que se sigan registrando casos de discriminación por razones religiosas;

26.  Lamenta profundamente la continuada marginación y discriminación de los gitanos; elogia los avances realizados en relación con las necesidades de alojamiento de los gitanos, pero alienta a que se den más pasos para mejorar sus condiciones de vida, mejorando el acceso al empleo, la salud y la educación;

27.  Señala que, si bien hay disposiciones legales que garantizan los derechos de las mujeres y la igualdad de género, los avances producidos en la aplicación de esas disposiciones han sido escasos; pide a las autoridades competentes que prosigan de forma proactiva sus esfuerzos por aumentar la participación de las mujeres en la política y el mercado laboral, por combatir la discriminación en el mercado laboral relacionada con la maternidad, por mejorar la situación social y económica de las mujeres, por promover, proteger y reforzar los derechos de las mujeres y, en general, por sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos de las mujeres y facilitar la comprensión de los mismos; insta a las autoridades a adoptar una estrategia para aplicar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y a establecer un sistema armonizado para la supervisión y recopilación de datos sobre casos de violencia contra las mujeres;

28.  Insta a Bosnia y Herzegovina a incluir cuanto antes la orientación sexual y la identidad de género en la ley de crímenes de odio para permitir, de este modo, que se pueda juzgar a aquellas personas que cometen actos diversos de opresión basados en la orientación sexual o la identidad de género;

29.  Observa que se han establecido disposiciones jurídicas para garantizar la libertad de expresión; le preocupa, no obstante, la presión política y financiera a la que se ven sometidos los medios de comunicación, así como los casos de amenazas e intimidación de periodistas y editores también durante el periodo preelectoral; condena los intentos de menoscabar las normas vigentes, lo que podría tener consecuencias nefastas para la libertad de expresión y de medios de comunicación, incluidos los medios en línea; subraya que acontecimientos como el registro policial en las oficinas de Klix.ba en Sarajevo y la reciente adopción por la Asamblea Nacional de la República Srpska de la controvertida Ley de orden público suscitan una grave preocupación sobre la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación en el país, incluidos los medios sociales; destaca que la capacidad de los medios de comunicación para llevar a cabo sus actividades sin miedo resulta esencial para una democracia saludable; insiste en el pleno respeto de la libertad de expresión y de la libertad de los medios de comunicación y en que se permita a los periodistas obtener información sobre asuntos de interés público; subraya que una financiación estable y sostenible, la independencia editorial, los servicios de radiodifusión en todas las lenguas oficiales y el pluralismo son esenciales para los medios de comunicación de servicio público; pide a las autoridades que colmen todas las lagunas legislativas que obstaculizan sistemáticamente la plena transparencia de la propiedad de los medios y que elaboren un reglamento para garantizar la ausencia de una influencia política indebida; insta a las autoridades competentes a que salvaguarden la independencia política, institucional y financiera de los servicios públicos de radiodifusión y a que armonicen las leyes de las entidades sobre radiodifusión pública con la legislación a escala estatal; exhorta a que el nombramiento del director del Consejo de la Agencia Reguladora de las Comunicaciones de Bosnia y Herzegovina esté basado en el mérito;

30.  Sigue preocupado por la segregación de niños que se lleva a cabo en las escuelas públicas sobre la base del origen étnico; señala que los tres diferentes planes de estudio impiden un estudio común, integrador y objetivo de la historia común y los acontecimientos históricos recientes; insta a las autoridades a aplicar de modo eficaz unos principios educativos integradores, también en relación con los niños con discapacidad; insta a los nuevos dirigentes del país a que promuevan sin demora un sistema educativo integrador y no discriminatorio en ambas entidades y en el distrito de Brčko, para poner fin a la segregación de los diferentes grupos étnicos e impulsar la reforma educativa con vistas a mejorar las normas de educación y la introducción de un plan de estudios común; pide asimismo que se aplique el plan de acción sobre las necesidades educativas de los niños gitanos y que se intensifique su integración en el sistema educativo;

31.  Recuerda que las protestas de febrero de 2014 demostraron claramente que los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina exigen reformas socioeconómicas en el país; cree firmemente que la aplicación de medidas en los seis ámbitos clave de reforma del Pacto por el Crecimiento y el Empleo volverá a estimular las reformas socioeconómicas estancadas, incluidas aquellas relativas al crecimiento y el empleo y las reformas en la contratación pública; pide a los nuevos Gobiernos a escala estatal, así como a escala de entidad o cantonal, que colaboren estrechamente para hacer de la gobernanza económica y del Pacto una prioridad clave de las reformas; recalca la necesidad de seguir desarrollando y aplicando un programa de reformas económicas;

32.  Considera que Bosnia y Herzegovina ha realizado pocos avances para convertirse en una economía de mercado operativa; destaca la importancia de hacer frente a la presión de la competencia y de las fuerzas del mercado; le preocupa que las deficiencias considerables del entorno empresarial sigan afectando negativamente al desarrollo del sector privado y a la inversión extranjera directa; insta a las autoridades competentes a que aborden la débil aplicación del Estado de Derecho, el amplio sector informal y los elevados niveles de corrupción que representan un obstáculo para el entorno empresarial; insta a que se lleve a cabo la armonización con la Directiva Solvencia II;

33.  Subraya la necesidad de reformar y armonizar los fragmentados sistemas de protección social sobre la base de las necesidades de los ciudadanos a fin de ofrecer una igualdad de trato a todos, mitigar la pobreza, desarrollar una red de seguridad social que esté mejor orientada a los pobres y a los que sufren exclusión social; destaca que la prosperidad económica y las perspectivas de empleo, especialmente para los jóvenes, son esenciales para el desarrollo del país; pide a los Gobiernos que apliquen las reformas del mercado laboral para reducir el elevado nivel de desempleo, prestando especial atención al desempleo de los jóvenes, de las mujeres y de larga duración; señala que los derechos laborales y sindicales siguen siendo limitados; pide a las autoridades que sigan mejorando y armonizando las leyes pertinentes en todo el país; recalca la necesidad de mejorar la educación y la formación para abordar la inadecuación de las cualificaciones y aumentar la empleabilidad, sobre todo entre los jóvenes;

34.  Destaca la importancia de armonizar y mejorar los derechos sindicales y las normas relativas a las condiciones laborales, que en la actualidad no se encuentran al mismo nivel en todos los sectores; constata, además, que los beneficios sociales y las pensiones no se distribuyen equitativamente entre todos;

35.  Señala que se ha progresado poco en materia de medio ambiente y cambio climático, y pide a las autoridades que mejoren la protección medioambiental en consonancia con las normas de la UE; pide a Bosnia y Herzegovina que respete plenamente todas sus obligaciones contractuales en virtud del Tratado de la Comunidad de la Energía y del Acuerdo de Estabilización y Asociación, y que garantice una aproximación adecuada y rápida hacia el acervo de la UE en materia de medio ambiente, sobre todo impidiendo una excesiva contaminación atmosférica procedente de la refinería de petróleo en Bosanski Brod; hace hincapié en la necesidad de que Bosnia y Herzegovina cumpla plenamente sus obligaciones en relación con el Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo (Espoo, 1991) y el Protocolo sobre la evaluación estratégica medioambiental (Kiev, 2003), sobre todo en relación con las actividades en las cuencas hidrográficas de Neretva y Trebišnjica;

36.  Celebra la posición constructiva y proactiva de Bosnia y Herzegovina respecto al fomento de la cooperación regional; elogia las frecuentes actividades de sus patrullas fronterizas conjuntas con los países vecinos; hace hincapié en la importancia crucial de unas buenas relaciones de vecindad; pide a los nuevos dirigentes que sigan redoblando esfuerzos para resolver las cuestiones fronterizas y patrimoniales pendientes con los países vecinos; alienta a Bosnia y Herzegovina a completar el proceso de demarcación con Montenegro de buena fe, sobre la base del acuerdo alcanzado en mayo de 2014;

37.  Lamenta que la política exterior de Bosnia y Herzegovina haya permanecido sujeta a posiciones divergentes, lo que ha desembocado en un bajo índice de adecuación con respecto a las posiciones de la UE (un 52 %); recuerda la importancia crucial de una política exterior unificada de Bosnia y Herzegovina; manifiesta su preocupación por las consecuencias que puedan tener el rechazo por parte de Rusia de los términos uniformes del Consejo de Aplicación de la Paz acerca de la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina y su discurso negativo sobre las aspiraciones de este país respecto a la UE; acoge con satisfacción la presencia continua de la Operación Althea como parte de un mandato renovado de las Naciones Unidas centrado en la formación y la creación de capacidades;

38.  Pide a las instituciones recientemente electas de Bosnia y Herzegovina que aprovechen la oportunidad del enfoque renovado de la UE para concluir el acuerdo sobre la adaptación del acuerdo interino/AEA, teniendo en cuenta la adhesión de Croacia a la UE y el mantenimiento del intercambio tradicional;

39.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la VP/AR, al Consejo, a la Comisión, a la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, al Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina, a la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina y a los Gobiernos y los Parlamentos de la Federación de Bosnia y Herzegovina y de la República Srpska y a los Gobiernos de los diez cantones.


Informe anual 2013 del Banco Europeo de Inversiones
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Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre el Banco Europeo de Inversiones – Informe anual 2013 (2014/2156(INI))
P8_TA(2015)0183A8-0057/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Informe de actividades de 2013 del Banco Europeo de Inversiones,

–  Visto el Informe financiero anual de 2013 del Grupo del Banco Europeo de Inversiones,

–  Vistos los artículos 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 y 309 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el Protocolo nº 5 sobre el Estatuto del BEI,

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2012, sobre instrumentos financieros innovadores en el contexto del próximo marco financiero plurianual(1),

–  Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2013, sobre el Informe anual de 2011 del Banco Europeo de Inversiones(2),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) – Informe anual 2012(3),

–  Visto el informe del presidente del Consejo Europeo, de 26 de junio de 2012, titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»,

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2012, sobre el interés de invertir en Europa(4),

–  Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre la financiación a largo plazo de la economía europea(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la financiación a largo plazo de la economía europea (COM(2014)0168), de 27 de marzo de 2014,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de junio de 2012, en las que se propuso, en particular, aumentar en 10 000 millones EUR el capital del BEI,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013, en las que se pide la creación de un nuevo plan de inversión para apoyar a las pymes e impulsar la financiación de la economía,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013, en las que se estableció el objetivo de movilizar todas las políticas de la UE en apoyo de la competitividad, el empleo y el crecimiento,

–  Vistas las comunicaciones de la Comisión sobre instrumentos financieros innovadores tituladas «Marco para la próxima generación de instrumentos financieros innovadores» (COM(2011)0662) y «Fase piloto de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos» (COM(2011)0660),

–  Visto el aumento de capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), sobre todo con relación a la cuestión de las relaciones entre el BEI y el BERD,

–  Vista la decisión de ampliar el alcance de las operaciones del BERD a la región del Mediterráneo(6),

–  Visto el nuevo memorando de entendimiento entre el BEI y el BERD, firmado el 29 de noviembre de 2012,

–  Vista la Decisión nº 1080/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011(7), sobre el mandato del BEI en el exterior para 2007-2013,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903), de 26 de noviembre de 2014,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0057/2015),

A.  Considerando que deben movilizarse con eficacia y sin demora todos los recursos posibles de los Estados miembros y de la UE, incluidos los del BEI, a fin de promover y reforzar la inversión pública y privada, impulsar la competitividad, restablecer un crecimiento sostenible e integrador y fomentar la creación de puestos de trabajo de calidad y de infraestructuras, en consonancia con la Estrategia Europa 2020 y teniendo en cuenta que el BEI es un instrumento concebido para reforzar la cohesión social y capaz de aportar una valiosa ayuda a los Estados miembros que atraviesan dificultades en la coyuntura socioeconómica tan crítica que afrontamos;

B.  Considerando que la crisis económica y financiera, combinada con políticas de austeridad, ha perjudicado gravemente al desarrollo económico de muchos Estados miembros y ha conllevado un rápido deterioro de las condiciones sociales, desigualdades y desequilibrios en constante aumento entre las regiones europeas y la incapacidad para alcanzar el objetivo de la cohesión social y de la convergencia real, lo que se ha traducido en una desestabilización de la integración europea y de la democracia;

C.  Considerando que el BEI no es un banco comercial y debe seguir desempeñando su función esencial de catalizador para financiar inversiones seguras públicas y privadas a largo plazo, al tiempo que sigue aplicando las mejores prácticas prudenciales bancarias con objeto de mantener su sólida posición en términos de capital, con las consiguientes repercusiones positivas para las condiciones de empréstito;

D.  Considerando que deben hacerse especiales esfuerzos para desarrollar las intervenciones conjuntas (combinando garantías del FEI u otros instrumentos de garantía) para financiar las pymes o infraestructuras sostenibles materiales e inmateriales, habida cuenta de que uno de los motivos que explican la caída de las inversiones y el crédito es la falta de competitividad de las economías de los Estados miembros;

E.  Considerando que el BEI debe seguir cumpliendo su mandato en lo tocante a la financiación de proyectos que forman parte de la acción exterior de la UE, al tiempo que respeta unas estrictas normas sociales y medioambientales;

F.  Considerando que la selección de las inversiones del BEI debe realizarse de forma independiente y en función de su viabilidad, de su valor añadido y de sus repercusiones para la recuperación económica;

G.  Considerando que el BEI debe evolucionar hacia el modelo de banco de desarrollo en el marco de una mayor coordinación macroeconómica con los Estados miembros;

H.  Considerando que el BEI no debe ser únicamente una entidad financiera sino también un banco de conocimiento y buenas prácticas;

I.  Considerando que el mercado de titulización en la Unión Europea, relativamente pequeño y especialmente concentrado, con una titulización delimitada de los prestamistas de las pyme, se ha reducido aún más como consecuencia de la crisis;

Inversión

1.  Toma nota del Informe anual 2013 del BEI, del incremento de las actividades de financiación del Grupo en un 37 %, hasta alcanzar la cifra de 75 100 millones EUR, y de la ampliación de capital del BEI realizada en 2013; manifiesta su profunda preocupación por la actual situación de estancamiento económico en la UE y, en particular, por la importante disminución de la inversión pública y privada —aproximadamente un 18 % por debajo del nivel de 2007— y por la vertiginosa caída del 35 % que experimentó el crédito a las pymes entre 2008 y 2013; subraya que semejante disminución supone un pesado lastre que frena la recuperación sostenible e impide avanzar realmente hacia los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

2.  Señala, a este respecto, que las proyecciones nacionales muestran que casi la mitad de los Estados miembros no alcanzarán sus objetivos nacionales en materia de programas educativos y reducción de los gases de efecto invernadero antes de 2020, y que las tendencias por lo que respecta al empleo y a la reducción de la pobreza son aún peores;

3.  Concluye que el refuerzo de los instrumentos de financiación del BEI no puede emplearse como sustituto de reformas estructurales y de las políticas económicas nacionales en pro del crecimiento sostenible y la creación de empleo;

4.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903) que, recurriendo a fondos ya existentes, aspira a que se produzca un apalancamiento del capital privado en una proporción de 1 a 15; toma nota del objetivo de revitalizar la economía de la UE mediante la movilización de 315 000 millones EUR durante los tres próximos años en el marco del nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; destaca que la aplicación del Plan de Inversiones para Europa requerirá que el BEI cuente con recursos humanos adicionales para poder cumplir su mandato;

5.  Toma nota, en este contexto, de la creación de un grupo de trabajo dirigido por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones, así como de las propuestas legislativas que deberán adoptarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario para crear el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); destaca la necesidad de que en esas propuestas legislativas se detalle un proceso de gobernanza y selección de gran calidad, así como un marco de control y evaluación democráticamente responsable como fundamento del Fondo, que ha de ser lo más transparente posible a la hora de establecer los criterios que utilizará para determinar qué proyectos considerará apropiados para su inclusión en la reserva;

6.  Confía en que el Plan de Inversión de la Comisión fomente y facilite el acceso a la financiación en aquellos Estados miembros y regiones; recuerda que es esencial que el BEI coopere con los fondos europeos especialmente en esos Estados miembros y regiones, de forma que se puedan llevar a cabo inversiones públicas productivas y proyectos de infraestructuras esenciales;

7.  Considera que debe darse prioridad a los proyectos con valor añadido europeo y que cuenten con un análisis coste-beneficio positivo; destaca la importancia de ejecutar proyectos que puedan tener un impacto máximo en cuanto a creación de empleo; subraya la necesidad de centrarse en proyectos de alto riesgo que tienen dificultades para obtener financiación de los bancos; advierte de que el grupo de trabajo podría tener que enfrentarse a presiones políticas para fomentar proyectos favorecidos por grupos de interés especiales, con la consiguiente asignación incorrecta de fondos a inversiones no rentables y sin interés público;

8.  Hace hincapié en que las garantías que prevé la Comisión para el FEIE no corresponden a fondos nuevos, sino a recursos reasignados; subraya que es sumamente importante determinar cuáles son los costes de oportunidad de esa reasignación y, por lo tanto, establecer de forma explícita la medida en la que se espera que los beneficios generales de las inversiones adicionales previstas cofinanciadas por el FEIE superen los que se habrían generado si los recursos reasignados se hubieran asignado siguiendo la planificación inicial;

9.  Señala que el proceso de selección de proyectos debe tener por objeto evitar efectos de expulsión y de reajuste, por lo que debe centrarse en proyectos de valor añadido europeo con un gran potencial basado en la innovación que cumplan el criterio de adicionalidad; hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta el potencial de empleo de los proyectos seleccionados en los países de la UE que tienen un problema de desempleo masivo;

10.  Pide a la Comisión, en este sentido, que en su próxima propuesta legislativa evalúe detalladamente las partes del marco presupuestario de la UE que se espera que ofrezcan garantías para el FEIE, con el fin de minimizar los costes de oportunidad relacionados con la redistribución de estos recursos; pide también al Consejo, a la Comisión y al Consejo de Gobernadores del BEI que evalúen debidamente los efectos de redistribución que conlleva el Plan de Inversión, concretamente un posible aumento de los beneficios de los inversores a costa de los consumidores que tienen que pagar por el uso de nuevas infraestructuras con el fin de garantizar un rendimiento apropiado del capital invertido; pide al BEI y a la Comisión que sigan evaluando la composición de la brecha de inversión en la UE, concretamente para determinar si falta inversión privada o pública, y que especifiquen el tipo de inversiones, privadas o públicas, que se prevé que reciban apoyo, así como la magnitud de los efectos productivos que se esperan de la inversión;

11.  Señala que el Banco Central Europeo ha manifestado que está dispuesto a adquirir, en el mercado secundario, bonos emitidos por el FEIE, en caso de que el propio Fondo emita dichos bonos o lo haga el BEI en su nombre;

12.  Señala la necesidad de encontrar un nuevo equilibrio entre una mejor evaluación y la mejor inversión posible, así como de conducir la economía hacia la vía del crecimiento sostenible y una recuperación generadora de empleo;

13.  Recuerda la importancia de la Estrategia Europa 2020; hace hincapié en que el futuro «paquete» de inversiones debe tener más en cuenta los objetivos generales de la política de cohesión, la sostenibilidad y la eficiencia energética; pide a la Comisión y al Consejo de Gobernadores del BEI que, para ello, mejoren sus indicadores de eficacia para las inversiones de calidad;

14.  Destaca que el BEI está llamado a desempeñar un papel decisivo en la financiación del Plan de Inversión para Europa, con la asignación de 5 000 millones EUR para la creación del nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; pide, por tanto, al Consejo, a la Comisión y al Consejo de Gobernadores del BEI que evalúen debidamente la coherencia entre las nuevas funciones atribuidas al BEI en el marco de dicho Plan y los recursos del BEI;

15.  Considera, a este respecto, que una participación adecuada del BEI en el Plan de Inversión precisará una ampliación sustancial de sus límites máximos de préstamo y empréstito en los próximos cinco años con el fin de aumentar significativamente su balance; considera que un nivel excesivo de apalancamiento financiero minará los objetivos del Plan de Inversión;

16.  Considera que el impulso del marco institucional para el funcionamiento del mercado único de capitales contribuirá positivamente a una ejecución más rápida del Plan de Inversión;

17.  Señala, no obstante, que el nuevo plan de operaciones corporativo del BEI prevé una reducción de los flujos de préstamo a 67 000 millones EUR en 2014 y 2015, y fija en 58 500 millones EUR el nivel medio de la horquilla prevista para 2016;

18.  Hace hincapié en que se ha infrautilizado la capacidad de préstamo adicional derivada de la reciente ampliación de capital del BEI en 10 000 millones EUR; insta a las partes interesadas a que fomenten en la medida de lo posible medidas destinadas a ampliar los préstamos del BEI;

19.  Pide a la Comisión que promueva la cooperación multilateral entre el BEI y los bancos nacionales de fomento con el fin de fomentar las sinergias, compartir riesgos y costes y garantizar que se conceden préstamos adecuados para proyectos de la UE que repercutan positivamente en la productividad, la creación de empleo, la protección del medio ambiente y la calidad de vida;

20.  Pide a la Comisión y al BEI que fomenten la inclusión en su ámbito de actuación de inversiones con un beneficio social claro, incluido el aumento de los niveles de empleo, que impulsen mediante préstamos las actividades concebidas para reducir el desempleo, prestando especial atención a la creación de oportunidades de empleo para los jóvenes, y que respalden las inversiones públicas y productivas y los proyectos de infraestructuras indispensables, especialmente en los Estados miembros con niveles de desempleo elevados y un PIB inferior a la media;

21.  Reitera su apoyo precavido al desarrollo de asociaciones público-privadas (APP) que, si están bien concebidas, pueden ser importantes para la inversión a largo plazo, la economía digital, la investigación y la innovación, el capital humano y las redes europeas de transporte, energía o telecomunicaciones; lamenta que las APP deficientes se hayan convertido en un costoso sistema de financiación pública para el sector privado que genera deuda pública; señala, además, que estas operaciones suelen sufrir problemas de opacidad y de información asimétrica en las cláusulas de ejecución entre los agentes públicos y los privados, que normalmente favorecen al sector privado;

22.  Sugiere al BEI que refuerce sus capacidades analíticas sectoriales y su trabajo de análisis macroeconómico;

Instrumentos de riesgo compartido y obligaciones para la financiación de proyectos

23.  Señala que solo deberían preverse instrumentos de riesgo compartido que impliquen en última instancia la concesión de subvenciones públicas cuando se produzcan deficiencias del mercado que generen costes externos o para la ejecución de misiones de interés general, como la provisión de bienes y servicios públicos de interés económico general, teniendo en cuenta que este enfoque siempre conlleva un riesgo de socialización de las pérdidas y de privatización de los beneficios; observa que, en caso de fracaso, el sector público tendrá que cubrir las pérdidas;

24.  Señala que cualquier participación de los recursos públicos en instrumentos de riesgo compartido, y, más concretamente, en los tramos de primera pérdida de los vehículos de inversión, debe estar explícitamente vinculada a la reducción de externalidades negativas cuantificables, la generación de externalidades positivas cuantificables o la ejecución de obligaciones de servicio público y servicios de interés económico general; señala que el artículo 14 del TFUE proporciona una base jurídica para establecer dicho vínculo mediante una propuesta legislativa ordinaria;

Pymes

25.  Hace hincapié en que las pymes son la columna vertebral de la economía europea y, por lo tanto, deben ser un objetivo de inversión primordial; manifiesta su preocupación por el hecho de que el acceso a la financiación siga siendo una de las dificultades más apremiantes a las que se enfrentan las pymes de Europa; subraya la necesidad de distribuir más eficazmente la financiación destinada a las pymes, contando con un amplio abanico de inversores privados para la facilitación de esos fondos;

26.  Insta al BEI a que analice detalladamente la caída de la financiación para las pymes y presente un plan exhaustivo para garantizar que se anima a las pymes de toda Europa a que soliciten financiación bajo los auspicios del BEI cuando resulte posible; pide a la Comisión y al BEI que evalúen los efectos de la crisis económica sobre el sistema bancario y los beneficiarios finales de la financiación del BEI, prestando especial atención a las pymes, al sector de la economía social y a las empresas públicas; pide al BEI que evalúe y notifique detalladamente las repercusiones para la economía real y los resultados del apoyo que ha ofrecido a las pymes de Europa entre 2010 y 2014;

27.  Destaca el elevado porcentaje de microempresas presentes en la economía europea y acoge con satisfacción los pasos emprendidos por el BEI hacia la concesión de créditos en Europa a modo de microfinanciación; aboga por que continúen las inversiones en este sector, habida cuenta de la importancia de las microempresas para la creación de empleo;

28.  Hace especial hincapié en el beneficio real que se deriva de la utilización del mecanismo de riesgo compartido en el fomento de la financiación para las pymes y la innovación en Europa;

29.  Toma nota del incremento del apoyo a las pymes en la Unión Europea, que alcanzó los 21 900 millones EUR, permitiendo así acceder a la financiación a más de 230 000 pymes;

30.  Pide al BEI que siga aumentando sus capacidades de préstamo para las pymes y las empresas emergentes innovadoras; hace hincapié en la importancia que reviste el refuerzo de otros instrumentos del BEI, como el instrumento europeo de microfinanciación Progress;

31.  Acoge con satisfacción la aplicación y el desarrollo de nuevas actividades en el ámbito de las finanzas comerciales en los países afectados por la crisis económica, en particular mediante el instrumento financiero comercial para las pymes o soluciones de financiación a medida tales como el instrumento europeo de microfinanciación Progress dedicado a la inclusión financiera; alienta al BEI a que amplíe los beneficios de estos nuevos instrumentos a nuevos beneficiarios a nivel europeo;

32.  Insiste en que en la evaluación llevada a cabo por la Comisión en diciembre de 2014 se debe tener en cuenta el impacto tanto negativo como positivo de los proyectos incluidos en la fase piloto de la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos (IOP); considera lamentable que el BEI haya apoyado algunos proyectos de infraestructura que han resultado ser inviables e insostenibles; considera que el BEI debe invertir en proyectos que aporten ventajas económicas tangibles, sean respetuosos con el clima y satisfagan las necesidades e intereses de la población a la que han de prestar servicio;

33.  Lamenta el papel del BEI y de la Comisión en el proyecto Castor, financiado en el marco de la IOP, cuya evaluación de riesgos no tomó en consideración el riesgo de aumento de la actividad sísmica vinculado a la inyección de gas, pese a la existencia de estudios que alertan claramente de los peligros potenciales de esta operación(8); insta a la Comisión y al BEI a que tomen medidas a fin de evitar que los ciudadanos españoles tengan que abonar, bien mediante un déficit público más elevado, bien mediante el aumento de los costes de la energía, 1 300 millones EUR en compensaciones por un proyecto precedido de una evaluación desastrosa; pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo e investigue si las decisiones del Gobierno español sobre Castor pueden considerarse ayuda estatal prohibida;

34.  Lamenta que el BEI financiara la circunvalación Passante di Mestre después de que las autoridades italianas anunciaran públicamente la detención del director general del subcontratista principal por fraude fiscal; pide al BEI, habida cuenta de las investigaciones que aún están realizando las autoridades italianas sobre el escándalo de corrupción relacionado con la construcción y gestión de la circunvalación Passante di Mestre, que no financie el proyecto Passante di Mestre mediante la IOP ni cualquier otro instrumento financiero, y que garantice la aplicación de su política de tolerancia cero contra el fraude cuando considere la opción de utilizar obligaciones para proyectos;

35.  Pide al BEI que aumente su capacidad de asunción de riesgos mediante la promoción del crédito para los sectores de la economía que disponen de potencial para generar crecimiento y empleo pero que tienen dificultades para obtener financiación sin unas garantías adecuadas;

36.  Solicita, por tanto, una evaluación exhaustiva de los proyectos piloto sobre la base de un proceso de consulta abierto e inclusivo, en el que participen entidades públicas, nacionales y locales; destaca asimismo la necesidad de que los proyectos financiados se evalúen teniendo presentes el valor añadido, el medio ambiente, la productividad y los puestos de trabajo; señala que la IOP aún se encuentra en la fase piloto; pide asimismo a la Comisión que presente, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, una propuesta legislativa que enmarque mejor la futura estrategia de obligaciones para la financiación de proyectos, incluida una mejora del marco de indicadores de eficacia del BEI para inversiones de calidad, a fin de determinar y medir, en la mayor medida posible, el impacto de los proyectos financiados en términos de costes externos y de beneficios sociales y ambientales;

37.  Muestra su preocupación por la posible generalización de las IOP como vía para reducir los costes de la inversión privada, ya sea mediante una reducción de los tipos de interés o mediante la socialización de las pérdidas, en lugar del enfoque más limitado de ofrecer apoyo a las inversiones de interés público cuando puede demostrarse que la inversión privada ofrece una pericia o un saber hacer indispensables de los que no dispone el sector público;

Energía y clima

38.  Pide al BEI que garantice una aplicación adecuada de sus nuevos criterios para la concesión de préstamos al sector energético y que informe periódica y públicamente sobre su aplicación;

39.  Pide al BEI que redoble sus esfuerzos de inversión con miras a reducir significativamente su huella de carbono y que formule políticas que ayuden a la Unión a lograr sus objetivos climáticos; celebra que el BEI vaya a realizar y solicitar la publicación de una evaluación y revisión del conjunto de sus actividades en 2015 desde la perspectiva del clima, que puede llevar a la renovación de su política de protección del clima; espera que la política energética del BEI esté respaldada concretamente por su norma de comportamiento en materia de emisiones, que deberá aplicarse a todos los proyectos de generación de combustibles fósiles a fin descartar las inversiones para las que las emisiones de carbono previstas superen un nivel umbral; pide al BEI que siga revisando la norma de comportamiento en materia de emisiones y que aplique compromisos más firmes;

40.  Celebra todos los pasos dados por el BEI con miras a la transición hacia las energías renovables; pide que se corrijan los desequilibrios regionales en materia de préstamos para energías renovables, especialmente con el fin de respaldar proyectos en aquellos Estados miembros que dependan de fuentes de energía no renovables y teniendo presentes las diferencias entre las economías de los Estados miembros, y que en el futuro se conceda mayor atención a proyectos de energías renovables descentralizados, a pequeña escala y fuera de red en los que participen los ciudadanos y las comunidades; considera que estas fuentes de energía reducirían el elevado grado de dependencia energética exterior de Europa, mejorarían la seguridad de suministro y estimularían el crecimiento y el empleo ecológicos; subraya la importancia de obtener financiación para la eficiencia energética, las redes energéticas y las actividades de I+D conexas;

41.  Pide al BEI que aumente su volumen de préstamos destinados a proyectos de eficiencia energética en todos los sectores, en particular en relación con la optimización de procesos, pymes, edificios y el entorno urbano; pide al BEI que, en consonancia con la política de cohesión, conceda una mayor prioridad a las zonas muy desfavorecidas;

42.  Insta al BEI a que presente una evaluación de la posibilidad de suprimir gradualmente sus préstamos a proyectos de energías no renovables;

Infraestructura

43.  Hace hincapié en que la inversión en proyectos de infraestructura sostenibles resulta fundamental para mejorar la competitividad y recuperar el crecimiento y el empleo en Europa; pide, por consiguiente, que se destine financiación del BEI a las zonas más afectadas por elevadas tasas de desempleo; señala que la financiación del BEI debe centrarse principalmente en aquellos países menos avanzados en términos de calidad y desarrollo de las infraestructuras;

44.  Aboga por una mayor focalización en la sostenibilidad social de las actividades de inversión urbana del BEI; reconoce que ha mejorado la financiación que el BEI destina a las viviendas sociales, pero hace hincapié en la necesidad de desarrollar en mayor medida la investigación y las actividades en materia de sostenibilidad social en el marco de una regeneración urbana sostenible;

Investigación e innovación

45.  Acoge favorablemente la puesta en marcha de las primeras operaciones de la Iniciativa de Financiación del Crecimiento (IFC), y destaca la importancia de prever una financiación adecuada para los proyectos de investigación e innovación y para las empresas emergentes innovadoras;

Empleo y asuntos sociales

46.  Toma nota de la puesta en marcha de la iniciativa «Competencias y Empleo — Invertir para los Jóvenes» e insta al BEI a que acelere su ejecución y considere la posibilidad de ampliarla;

Gobernanza, transparencia y responsabilidad

47.  Pide al BEI que supervise más atentamente la ejecución de los proyectos en cooperación con los Estados miembros a fin de garantizar una mayor eficiencia y una buena gestión de los recursos asignados;

48.  Señala que la distribución geográfica de la financiación que facilita el BEI muestra discrepancias significativas entre los préstamos concedidos a diferentes Estados miembros; pide, por consiguiente, al BEI que evalúe los motivos que generan estas diferencias y que garantice que las instituciones financieras de todos los Estados miembros son plenamente capaces de gestionar y ejecutar los programas del BEI; pide asimismo que se desarrollen campañas de información específicas en todos los Estados miembros con el fin de dar a conocer los programas específicos del BEI; solicita también una cooperación más firme entre el BEI y las autoridades nacionales para hacer frente a los cuellos de botella que dificultan la firma y la ejecución de los proyectos del BEI;

49.  Recuerda que el Consejo y el Parlamento acordaron que había llegado el momento de estudiar la racionalización del sistema de las instituciones financieras públicas de Europa(9);

50.  Insta al BEI a que mejore la independencia y la eficacia de la oficina de su mecanismo de reclamaciones; pide al Comité de Dirección del BEI que tome en consideración las recomendaciones de dicha oficina; pide al BEI que tome medidas en relación con los informes del Defensor del Pueblo Europeo y coopere en mayor grado a fin de evitar situaciones como la investigación de la reclamación 178/2014/AN contra el Banco Europeo de Inversiones(10);

51.  Considera que sigue existiendo un amplio margen de maniobra para mejorar la transparencia y para evaluar el impacto económico y social de los préstamos y la efectividad de la aplicación de la diligencia debida; pide una vez más al Banco que facilite datos sobre su enfoque para acelerar las medidas destinadas a resolver estos problemas, y pide que el BEI elabore junto con la Comisión una lista de criterios rigurosos de selección de los intermediarios financieros y la ponga a disposición del público;

52.  Lamenta los resultados de la revisión de la política de transparencia del BEI; considera que la nueva política de transparencia es menos ambiciosa que la política original y no termina con la anterior cultura de secretismo del BEI; insta al BEI a que actúe sobre la base del «principio de divulgación», y no del «principio de confidencialidad»; recuerda la obligación del BEI de asegurar la conformidad de su política de transparencia con las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión; lamenta que en el Índice de transparencia de los donantes de ayuda 2013(11) el BEI puntúe bajo en transparencia y rendición de cuentas;

53.  Pide al BEI que se abstenga de cooperar con intermediarios financieros que tengan un historial negativo en lo relativo a transparencia, evasión fiscal o prácticas de elusión fiscal agresivas, recurso a otras prácticas fiscales perjudiciales como las resoluciones fiscales y la fijación de precios de transferencia abusivos, fraude, corrupción o impacto ambiental y social, o que no tengan vínculos sustanciales con la economía local, y que actualice sus políticas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y contra la financiación del terrorismo; destaca la necesidad de que exista una transparencia más completa en relación con los préstamos globales con objeto de garantizar el control riguroso del impacto de este tipo de préstamos indirectos; anima al BEI a que supedite tanto la financiación directa como la financiación realizada a través de intermediarios a la publicación de datos fiscales pertinentes por países, de conformidad con las disposiciones de la cuarta revisión de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV) para las entidades de crédito, así como a la divulgación de información sobre la titularidad real; pide al BEI que, para ello, establezca una nueva política tributaria responsable, empezando por la revisión de su política respecto a jurisdicciones poco cooperativas (política NCJ) en 2015;

54.  Insta al BEI a que no colabore con entidades que operen desde jurisdicciones opacas, caracterizadas «en particular por la ausencia de impuestos o por impuestos simbólicos, la falta de un intercambio efectivo de informaciones con las autoridades fiscales extranjeras, y la falta de transparencia en las disposiciones legislativas, jurídicas o administrativas o definida por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos o el Grupo de Acción Financiera Internacional»(12);

55.  Insta al BEI a que tome la iniciativa y dé ejemplo en cuestiones de transparencia y responsabilidad fiscales; pide al BEI, en concreto, que recopile datos precisos sobre los pagos de impuestos derivados de sus operaciones de inversión y préstamo, especialmente sobre la fiscalidad de beneficios empresariales y en particular en los países en desarrollo, y que analice y publique estos datos cada año;

56.  Celebra que en 2014 se creara un registro público de documentos de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1367/2006;

57.  Lamenta que, en el contexto de un asunto reciente (Mopani/Glencore), el BEI se niegue a publicar las conclusiones de su investigación interna; toma nota con atención de las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo en la reclamación 349/2014/OV(13), según las cuales el BEI debe reconsiderar su negativa a conceder acceso a su informe de investigación sobre las acusaciones de fraude fiscal de Glencore en relación con la financiación de la mina de cobre de Mopani en Zambia; pide al BEI que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo;

58.  Lamenta la falta de diversidad del Comité de Dirección, del Consejo de Gobernadores y del Consejo de Administración del BEI, especialmente en lo relativo al género; pide al BEI que aplique el espíritu de la Directiva sobre requisitos de capital, que, en su artículo 88, apartado 2, obliga a los bancos a establecer «un objetivo de representación para el sexo menos representado en el órgano de dirección», y a «elaborar orientaciones sobre cómo aumentar el número de personas del sexo menos representado con miras a alcanzar dicho objetivo», y dispone la publicación del «objetivo, las orientaciones y la aplicación de las mismas»;

59.  Recuerda que se ha acordado que el gobernador del BERD por la Unión debe garantizar que se informa anualmente al PE sobre la utilización del capital, sobre las medidas aplicadas para asegurar la transparencia en relación con la forma en que el BERD ha contribuido al logro de los objetivos de la Unión, sobre la asunción de riesgos y sobre la cooperación entre el BEI y el BERD fuera de la Unión; lamenta que el gobernador y la Comisión no se hayan mostrado proactivos en lo relativo a la aplicación de esta disposición jurídica(14);

60.  Celebra que el BEI haya firmado la Iniciativa Internacional de Transparencia de la Ayuda y haya empezado a publicar información sobre sus préstamos fuera de la Unión Europea de conformidad con lo previsto en la misma;

Políticas exteriores

61.  Recuerda que la política exterior del BEI y, en particular, las directrices técnicas operativas regionales, deber ser conformes con los objetivos de la acción exterior de la UE tal y como se definen en el artículo 21 del TUE; pide que se respete plenamente la legislación de los países beneficiarios;

62.  Acoge favorablemente la creación del marco de medición de resultados para las operaciones fuera de la UE y los informes sobre su aplicación;

63.  Pide al BEI que evalúe la posibilidad de aumentar la financiación externa para los países vecinos de la UE de la cuenca oriental y meridional del Mediterráneo dentro de su mandato actual;

64.  Celebra que el nuevo mandato de préstamos exteriores para 2014-2020 exija al BEI publicar informes de finalización de proyectos; espera que el BEI cumpla este requisito ya desde 2015;

65.  Solicita una vez más que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) elabore un informe especial sobre el rendimiento y la armonización con las políticas de la UE de las actividades de préstamo exteriores del BEI antes de la revisión intermedia del mandato exterior del BEI, y que compare su valor añadido con respecto a los recursos propios utilizados por el BEI; pide asimismo al TCE que distinga en su análisis entre las garantías otorgadas por el presupuesto de la UE, el mecanismo de inversión facilitado por el FED, las diversas formas de combinación utilizadas en el Fondo Fiduciario UE-África para la Infraestructura, el Fondo de Inversión en el Caribe y el Fondo de Inversión para el Pacífico, y el uso de reflujos para dichas inversiones; pide también al TCE que incluya en su análisis la gestión que realiza el BEI de los fondos derivados del presupuesto de la UE, en el contexto del mecanismo de inversión a través del Fondo Europeo de Desarrollo y de diversas formas de financiación combinada mediante los mecanismos de financiación combinada de la UE, así como el empleo de reflujos para dichas inversiones;

Recomendaciones adicionales

66.  Pide al BEI y al Parlamento que establezcan una plataforma para el diálogo entre el BEI y las comisiones parlamentarias pertinentes; pide, partiendo de esta base, que el BEI acuda trimestralmente al Parlamento para notificar y debatir sobre el progreso y las actividades del BEI; propone que se entable un diálogo estructurado regular entre el presidente del BEI y el Parlamento, similar al diálogo monetario trimestral entre el BCE y el Parlamento, a fin de garantizar un mayor control parlamentario de las actividades del BEI y facilitar la coordinación y la cooperación reforzadas entre ambas instituciones;

67.  Toma nota de que persisten las quejas, en particular de las pequeñas empresas, sobre la falta de acceso a la financiación procedente de las capacidades de préstamo exterior del BEI, así como a la financiación respaldada por el FEI; pide, por tanto, un estudio anual sobre el número de pymes, y en particular microempresas, que se han beneficiado de estos instrumentos y las medidas adoptadas por el BEI en relación con las políticas de los intermediarios utilizados por el BEI a fin de mejorar el acceso efectivo de las pymes a la financiación;

68.  Solicita una evaluación exhaustiva y un informe sobre los riesgos y los sistemas de control vinculados a la financiación combinada con la Comisión Europea, teniendo en cuenta el impacto de las actividades de combinación no solo en lo que respecta a la supervisión sino también por lo que se refiere a las opciones de gobernanza;

69.  Acoge con satisfacción la gran calidad de los activos del BEI, con un porcentaje de préstamos dudosos que ronda el 0 % (0,2 %) de la cartera total de préstamos; considera esencial garantizar que el BEI conserve su calificación crediticia de triple A, a fin de preservar su acceso a mercados internacionales de capital en las mejores condiciones de financiación, con las subsiguientes repercusiones positivas para el ciclo de los proyectos y para las partes interesadas y el modelo de negocio del BEI;

70.  Toma nota de que el acuerdo tripartito a que hace referencia el artículo 287, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el que se rige la cooperación entre el BEI, la Comisión y el Tribunal de Cuentas con respecto a los métodos de control aplicados por el Tribunal sobre la actividad del BEI en la gestión de los fondos de la Unión y de los Estados miembros, está pendiente de renovación en 2015; pide al BEI que actualice el ámbito de competencias del Tribunal de Cuentas Europeo en este sentido, mediante la inclusión de todo nuevo instrumento del BEI que implique fondos públicos de la UE o del Fondo Europeo de Desarrollo.

71.  Acoge favorablemente la aprobación por el Consejo del BEI de una actualización de la política de lucha contra el fraude en 2013, lo que confirma el enfoque de tolerancia cero del banco;

72.  Pide objetivos más claros, menos reglamentación y una mayor flexibilidad en la asignación de fondos del BEI;

73.  Pide al BEI que se comprometa, junto con los Parlamentos, los Gobiernos y los interlocutores sociales, en un proceso de comunicación estructurado a fin de determinar periódicamente iniciativas de creación de empleo específicas que permitan aumentar de manera sostenible la competitividad europea;

74.  Se felicita por el apoyo prestado a las pymes en las regiones en las que el desempleo juvenil supera el 25 %;

75.  Celebra la focalización en las empresas de mediana capitalización (es decir, las que cuentan entre 250 y 3 000 empleados) a través de la Iniciativa para Empresas de Mediana Capitalización y la Iniciativa de Financiación del Crecimiento, que favorecen los préstamos, en particular a las empresas de mediana capitalización innovadoras;

76.  Expresa su satisfacción ante la nueva iniciativa del BEI «Competencias y Empleo — Invertir para los Jóvenes», que se centra en mecanismos de financiación de la formación profesional y de la movilidad de los estudiantes y los aprendices para proporcionar a los jóvenes oportunidades de empleo duraderas, y pide que se preste aún más atención a la formación profesional y que en los próximos años se aumenten las inversiones en este programa de préstamos; considera, sin embargo, que este programa no debe desviar fondos del sistema de becas actual, en particular en lo que respecta al programa Erasmus+; subraya que la movilidad debe ser vista como una oportunidad y seguir revistiendo carácter voluntario, y no convertirse en ningún caso en un instrumento que contribuya a la despoblación y a la marginalización de los territorios afectados por el desempleo; pide que se dedique atención a aquellos proyectos que permitan la creación de empleos de calidad, en especial a los relacionados con la creación de empleo juvenil, la mejora de la cuota de mujeres en el mercado de trabajo, la reducción del desempleo de larga duración y la mejora de las posibilidades de garantizar empleo para los miembros de grupos desfavorecidos;

77.  Alaba la gran experiencia del BEI en la financiación de la educación y la formación a través de operaciones de préstamo a estudiantes en Europa, especialmente en vista de las garantías de préstamos para estudiantes móviles «Erasmus Máster» que el Grupo BEI introducirá en 2015; destaca la importancia que revisten unas normas de reembolso ventajosas para que los préstamos resulten plenamente accesibles para los estudiantes, con independencia de su situación económica;

78.  Pide al BEI que preste especial atención al criterio del primer pilar relativo a la contribución al crecimiento y al empleo, y en particular al empleo juvenil, cuando seleccione sus proyectos con arreglo al método de evaluación de los tres pilares; subraya la importancia del empleo, de la formación y del aprendizaje de los jóvenes como parte de la transición a un modelo sostenible y generador de empleo;

79.  Recuerda el compromiso del vicepresidente Katainen de aumentar el potencial del BEI no solo en relación con las infraestructuras sino también en lo relativo al empleo juvenil y la educación, y pide al BEI que informe sobre los progresos alcanzados en este ámbito en su próximo informe anual; considera que las políticas de empleo juvenil ya emprendidas deben aplicarse más rápidamente y ampliarse gradualmente;

80.  Considera que el BEI debe invertir a gran escala en políticas que creen empleo sostenible para las nuevas generaciones, además de las ya adoptadas en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil;

o
o   o

81.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al BEI, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO C 72 E de 11.3.2014, p. 51.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0057.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0201.
(4) DO C 349 E de 29.11.2013, p. 27.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0161.
(6) DO L 177 de 7.7.2012, p. 1.
(7) DO L 280 de 27.10.2011, p. 1.
(8) Véase: Observatori de l’Ebre (CSIC, URLL): Evaluación de Impacto Ambiental (SGEA/SHG; Ref.: GAD/13/05) – «Almacenamiento subterráneo de gas natural Amposta (Permiso Castor) (Tarragona); IAM 2109-07 – Estudio elaborado por la Dirección General de Política Ambiental y Sostenibilidad del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya sobre el estudio de impacto ambiental del Proyecto de almacén subterráneo de gas natural Castor»; y Simone Cesca, Francesco Grigoli, Sebastian Heimann, Álvaro González, Elisa Buforn, Samira Maghsoudi, Estefania Blanch y Torsten Dahm (2014): «The 2013 September–October seismic sequence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection?», Geophysical Journal International, 198, 941–953.
(9) Considerando 8 de la Decisión n° 1219/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativa a la subscripción por la Unión Europea de acciones adicionales en el capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) como resultado de la decisión de ampliar su capital (DO L 313 de 26.11.2011, p. 1).
(10) Decisión del Defensor del Pueblo Europeo que da por finalizada su investigación sobre la reclamación 178/2014/AN contra el Banco Europeo de Inversiones - http://www.ombudsman.europa.eu/cases/decision.faces/es/58171/html.bookmark
(11) http://newati.publishwhatyoufund.org/2013/index-2013/results/
(12) Considerando 13 de la Decisión n° 1219/2011/UE.
(13) http://www.ombudsman.europa.eu/cases/draftrecommendation.faces/en/58471/html.bookmark
(14) Artículo 3 de la Decisión n° 1219/2011/UE.


Expo de Milán 2015: «Alimentar el planeta. Energía para la vida»
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Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre la Expo de Milán 2015: Alimentar el planeta, energía para la vida (2015/2574(RSP))
P8_TA(2015)0184B8-0360/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la decisión de la Oficina Internacional de Exposiciones de organizar del 1 de mayo al 30 de octubre de 2015 en Milán una exposición universal en torno al tema «Alimentar el planeta, energía para la vida»,

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 3 de mayo de 2013, sobre la participación de la Comisión en la Exposición Universal de Milán de 2015 (C(2013)2507),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 3 de mayo de 2013, titulada «Participación de la UE en la Exposición Universal 2015 en Milán, cuyo tema es "Alimentar el planeta, energía para la vida"» (COM(2013)0255),

–  Vistos los trabajos del Comité Director Científico de la UE, iniciados el 21 de marzo de 2014 con el apoyo de la Comisión y el Parlamento Europeo, con el fin de proporcionar asesoramiento especializado sobre los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional y orientar la programación de los actos de la Expo 2015,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por las Naciones Unidas en septiembre de 2000, así como el proyecto de Objetivos de Desarrollo Sostenible que será adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015,

–  Vista la publicación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) titulada «World agriculture towards 2030/2050: the 2012 revision» (Agricultura mundial: hacia los años 2030/2050 - Revisión de 2012),

–  Vista la proclamación por la FAO de 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar,

–  Vista la proclamación por la FAO de 2015 como Año Internacional de los Suelos,

–  Vista su Resolución, de 18 de enero de 2011, sobre el reconocimiento de la agricultura como sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria(1),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2012, sobre cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena alimentaria en la UE(2),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, y en particular su artículo 25, que reconoce el derecho a la alimentación como una parte del derecho a un nivel de vida adecuado,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la Expo de Milán 2015: Alimentar el planeta, energía para la vida (O-000016/2015 – B8-0109/2015),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Expo de Milán 2015, organizada en torno al tema «Alimentar el planeta, energía para la vida», podría impulsar significativamente el debate sobre la mejora de la producción de alimentos y su distribución, la lucha contra el desperdicio de alimentos, el fomento de nuevos enfoques y el desarrollo de los enfoques positivos ya existentes para resolver los problemas de penuria alimentaria, malnutrición e hiponutrición, y la búsqueda del equilibrio entre la demanda y el consumo;

B.  Considerando que el tema de la Expo de Milán 2015 nos brinda la oportunidad de reflexionar y debatir sobre los distintos enfoques para resolver las contradicciones de un mundo globalizado que, según datos de la FAO, registra, por una parte, unos 898 millones de personas desnutridas que padecen hambre y, por otra, 1,4 millones de personas tienen sobrepeso, incluyendo 500 millones de personas obesas, situación que da origen a perjuicios sociales y económicos y, en algunos casos, tiene un grave impacto en la salud humana;

C.  Considerando que la Expo de Milán 2015 coincide con el año de referencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y con el Año Internacional de los Suelos de las Naciones Unidas, y debe inspirar el debate en torno a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo proyecto definitivo está en fase de negociación, y que la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional son parte central de este ejercicio;

D Considerando que entre los temas de la Expo de Milán 2015, que se refieren principalmente a la alimentación, también se incluye la pesca que, como la agricultura, está relacionada con las cuestiones de los alimentos y la autonomía y sostenibilidad alimentaria;

E.  Considerando que la Expo 2015 está preparando la «Carta de Milán», un documento que se entregará al Secretario General de las Naciones Unidas como legado de la Expo 2015 y contribución al debate internacional sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

F.  Considerando que los ámbitos temáticos cubiertos por la Expo 2015 conciernen principalmente al sector agrícola, que es y seguirá siendo una piedra angular de la economía de la Unión, dado que las exportaciones agrarias representan dos tercios de todo el comercio exterior de la Unión, que la Unión continúa siendo el mayor exportador de productos agrarios en el mundo, y que su industria alimentaria genera un volumen de negocios anual de casi un millón de millones de euros y da trabajo a más de cuatro millones de personas;

G.  Considerando que, al igual que la agricultura, la pesca es un elemento clave de la economía, en primer lugar por las importaciones, dado que la UE es el principal importador mundial de productos de la pesca y la acuicultura y que el valor de las exportaciones asciende a 4 100 millones de euros anuales, y, en segundo lugar, por el número de personas que trabajan en el sector, a saber, 116 094 personas en la pesca, 85 000 en la acuicultura y 115 651 en la transformación del pescado;

H.  Considerando que «Alimentar el planeta, energía para la vida» es un tema global que abarca todas las actividades económicas y productivas que contribuyen a garantizar la alimentación y la sostenibilidad;

I.  Considerando que es necesario incluir el sector de la pesca en el debate sobre la manera de alimentar el planeta, en la medida en que proporciona productos del mar encontrando el punto de equilibrio entre la disponibilidad y el consumo de recursos;

J.  Considerando que el Comité Director Científico de la UE para la Expo 2015 prevé la necesidad de buscar nuevos conocimientos en algunos ámbitos específicos y de promover, a través de la educación y la comunicación, una mejor comprensión pública de las cuestiones tocantes a los alimentos y su producción en los sectores agrícola, de la economía azul y de la pesca, a fin de que los ciudadanos conozcan el impacto global de sus preferencias alimenticias;

K.  Considerando que la experiencia de la sociedad civil y su contribución al debate sobre los temas de la Expo 2015 es esencial, y que deben alentarse sus experiencias e iniciativas para promover un debate internacional sustancial y orientaciones destinadas a mitigar las crisis globales de alimentación y nutrición;

L.  Considerando que unos suelos sanos no solo constituyen un requisito fundamental para la producción de alimentos, combustibles, fibras y productos médicos, sino que también son esenciales para nuestros ecosistemas, dado que desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono, además de almacenar y filtrar el agua y contribuir a contrarrestar inundaciones y sequías;

M.  Considerando que nuestros océanos, mares y vías navegables interiores revisten un gran valor para una alimentación sana, y que su protección es esencial para nuestra supervivencia; que la pesca y la acuicultura garantizan medios de subsistencia al 10-12 % de la población mundial;

N.  Considerando que, para garantizar una plena transparencia de la Expo 2015, la plataforma Open Expo publica en formato abierto toda la información relativa a la gestión, la organización y el desarrollo del evento, sentando así lo que puede considerarse un buen ejemplo de transparencia;

O.  Considerando que, según los cálculos de la FAO, el aumento de la población mundial de 7 000 a 9 100 millones de personas obligará a incrementar los suministros de alimentos en un 70 % de aquí al año 2050, si bien las mismas previsiones sugieren que no bastaría únicamente con aumentar la producción para garantizar la seguridad alimentaria para todos;

P.  Considerando que, según la FAO, el número de personas que padecían hambre en 2010 se elevaba a 925 millones; que más de un tercio de las muertes de niños de menos de cinco años se deben a la hiponutrición;

Q.  Considerando que, según las estimaciones de la FAO, las tierras cultivables utilizadas solo aumentarán un 4,3 % de aquí a 2050;

R.  Considerando que el aumento de la renta per cápita en los países emergentes está conllevando un cambio nutricional hacia productos más ricos en proteínas, incluidas las proteínas de origen animal, y hacia productos transformados, favoreciendo así un proceso de convergencia de los hábitos alimenticios en todo el mundo en torno a los de la población más próspera;

S.  Considerando que la producción de proteínas es uno de los principales desafíos para la seguridad alimentaria, y que, por consiguiente, el papel de la pesca a este respecto es fundamental, al igual que el de la economía azul en su conjunto, especialmente por lo que respecta a la investigación sobre algas;

T.  Considerando que el pescado es una fuente esencial de proteínas y micronutrientes para las comunidades desfavorecidas que no siempre tienen acceso a otras fuentes de alimentación; que, en muchas regiones del mundo, el sustento y los beneficios nutricionales de los recursos marinos se obtienen a escala local, dentro de las comunidades que pescan en las aguas costeras e interiores cercanas a sus hogares;

U.  Considerando que los regímenes alimenticios con alto contenido de productos animales consumen muchos más recursos que los regímenes alimenticios caracterizados por un alto contenido de productos vegetales;

V.  Considerando que la agricultura ofrece empleo y medios de vida a más del 70 % de la población activa, sobre todo a las mujeres, en los países en desarrollo; que el Banco Mundial estima que el crecimiento en el sector agrícola es dos veces más eficaz para la reducción de la pobreza que el crecimiento en otros sectores;

W.  Considerando que, según la FAO, en 2012 trabajaban en el sector primario de las pesquerías de captura y la acuicultura aproximadamente 58,3 millones de personas; que en 2012 las mujeres representaban más del 15 % de todas las personas empleadas directamente en el sector primario de la pesca; que, en total, la pesca y la acuicultura garantizan medios de subsistencia al 10-12 % de la población mundial;

X.  Considerando que en la UE existen situaciones de penuria alimentaria y que aún viven por debajo del umbral de la pobreza 79 millones de personas, mientras que 124,2 millones de personas, lo que equivale al 24,8 %, se ven expuestas al riesgo de caer en la pobreza o exclusión social en comparación con el 24,3 % de 2011;

Y.  Considerando que solo la mitad de los países en desarrollo (62 de 118) va por buen camino para alcanzar los ODM;

Z.  Considerando que el derecho universal a los alimentos y a una buena nutrición es fundamental para alcanzar los ODM; que la nutrición está asociada a casi todos (si no todos) los ODM, que están a su vez estrechamente interrelacionados;

AA.  Considerando que varios instrumentos jurídicos internacionales asocian el derecho a la alimentación a otros derechos humanos, como los derechos a la vida, a los medios de subsistencia, a la salud, a la propiedad, a la educación y al agua;

AB.  Considerando que en las últimas tres décadas se ha reducido drásticamente la proporción de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que se destina a la agricultura a escala internacional;

AC.  Considerando que la noción de «seguridad alimentaria y nutricional» no se refiere únicamente a la existencia de una oferta de alimentos, sino que incluye también el derecho a la alimentación y a una información correcta sobre lo que comemos y el acceso sostenible a una nutrición saludable, que incluye otros factores como la sanidad, la higiene, la vacunación y la eliminación de parásitos;

AD.  Considerando que el hambre y la desnutrición son las principales causas de mortalidad humana, así como las mayores amenazas para la paz y la seguridad mundiales;

AE.  Considerando que la volatilidad de los precios de los alimentos repercute negativamente en la seguridad alimentaria y la cadena de suministro;

AF.  Considerando que la recesión económica mundial y el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles han agravado la situación alimentaria en muchos países en desarrollo, en particular los países menos avanzados, con lo que se ha echado a perder una parte de los avances realizados en la última década en materia de reducción de la pobreza;

AG.  Considerando que los frágiles mercados agrícolas y de los productos de la pesca de los países en desarrollo hacen que los suministros de alimentos sean excesivamente vulnerables a las catástrofes naturales, los conflictos y las crisis de salud pública;

AH.  Considerando que el sistema alimentario no solo contribuye al cambio climático sino que también se ve afectado por él, lo que repercute en la disponibilidad de recursos naturales y en las condiciones de la producción agrícola, pesquera e industrial;

AI.  Considerando que las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático repercuten gravemente en los Estados miembros de la UE y en los territorios de ultramar y amenazan la seguridad y soberanía alimentaria, especialmente cuando la situación ya es vulnerable;

AJ.  Considerando que, según las estimaciones de la Comisión, un 30 % de los alimentos mundiales se pierde o se desperdicia, y que la cantidad de alimentos desperdiciados actualmente cada año en la Unión Europea, unos 89 millones de toneladas (179 kg per cápita) aumentará hasta aproximadamente 126 millones de toneladas (un incremento del 40 %) de aquí a 2020 si no se adoptan medidas preventivas;

AK.  Considerando que una mejor gestión del sector alimentario implicaría un uso más eficiente de la tierra y una gestión más adecuada de los recursos hídricos y redundaría en beneficio de la agricultura y la pesca a escala mundial, al tiempo que contribuiría a combatir la hiponutrición y la malnutrición en los países en desarrollo;

AL.  Considerando que los descartes de pescado constituyen un despilfarro inútil de valiosos recursos vivos y contribuyen significativamente al agotamiento de las poblaciones de peces; que los descartes pueden tener diversos efectos ecológicos negativos en los ecosistemas marinos debido a las alteraciones de la estructura global de las redes tróficas y los hábitats que, a su vez, podrían poner en peligro la sostenibilidad de los recursos pesqueros actuales;

AM.  Considerando que el hambre, la malnutrición y la hiponutrición coexisten con niveles paradójicos de obesidad y enfermedades provocadas por dietas poco equilibradas, que acarrean importantes consecuencias sociales y económicas, en algunos casos con repercusiones alarmantes para la salud humana;

AN.  Considerando que los acuerdos comerciales y de inversión pueden repercutir negativamente en la seguridad alimentaria y la desnutrición si el arrendamiento o la venta de tierras cultivables a inversores privados conlleva que las poblaciones locales se vean privadas del acceso a los recursos productivos indispensables para su subsistencia o que grandes cantidades de alimentos se exporten y vendan en los mercados internacionales, incrementando así la dependencia y la vulnerabilidad del Estado de acogida ante la fluctuación de los precios de los productos básicos en dichos mercados;

AO.  Considerando que para acabar de forma sostenible con el hambre no basta con suministrar alimentos suficientes para todos, sino que se debe permitir que los pequeños agricultores y pescadores conserven y exploten las tierras y las aguas, mantengan sistemas de comercio justo y compartan conocimientos, innovaciones y prácticas sostenibles;

AP.  Considerando que es oportuno reconocer el papel fundamental que desempeñan los agricultores y los pescadores y, en particular, la agricultura y la pesca familiar a la hora de garantizar la seguridad alimentaria mundial;

AQ.  Considerando que es especialmente importante reconocer el papel esencial de los pescadores y los acuicultores en los territorios costeros y las islas de Europa;

AR.  Considerando que es oportuno reconocer las múltiples funciones que desempeñan la agricultura, la silvicultura y la pesca, que, además de producir alimentos, son esenciales para el bienestar de la población por sus aportaciones en lo relativo a la calidad de los paisajes, la biodiversidad, la estabilidad del clima, la calidad de los océanos y la capacidad de mitigar catástrofes naturales como inundaciones, sequías e incendios;

1.  Destaca que para hacer frente al reto de la seguridad alimentaria resultan fundamentales los siguientes elementos: un sector agrícola y pesquero próspero y sostenible en toda la UE, una economía rural pujante y diversificada, un medio ambiente limpio y la existencia de empresas familiares, respaldadas por una política agrícola común sólida, más justa, sostenible a escala internacional y financiada adecuadamente;

2.  Destaca que también es importante aplicar una PPC sostenible y financiada adecuadamente, así como garantizar la coherencia entre las políticas comerciales y pesqueras de la UE;

3.  Considera que la sostenibilidad medioambiental y los esfuerzos de adaptación al cambio climático y de mitigación de este solo serán viables si las explotaciones agrícolas son sostenibles económicamente y si se favorece el acceso de los agricultores a la tierra, al crédito y a la formación;

4.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se apoyen en el tema de la Expo de Milán 2015, «Alimentar el planeta, energía para la vida», para definir compromisos que confieran efectividad al derecho a un consumo de alimentos equilibrado, sano, sostenible y con conocimiento de causa;

5.  Pide a la Comisión que se asegure de que el pabellón de la UE en la Expo 2015 ilustre la necesidad de abordar los problemas urgentes que se plantean en toda la cadena alimentaria, incluidos la sostenibilidad a largo plazo de la producción, la distribución y el consumo de alimentos, de resolver el problema del desperdicio de alimentos y de poner remedio al problema de la desnutrición, la malnutrición y la obesidad;

6.  Destaca que el derecho a la alimentación es un derecho humano básico y que no será efectivo hasta que todas las personas tengan acceso a alimentos adecuados, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana y activa;

7.  Subraya que el acceso a los alimentos es un requisito previo para reducir la pobreza y la desigualdad y alcanzar los ODM;

8.  Subraya que la lucha contra la hiponutrición y la concesión de acceso universal a una alimentación equilibrada y nutritiva debe seguir siendo una de las metas más importantes de la agenda posterior a 2015 en el marco del objetivo de erradicar el hambre, haciendo un llamamiento especial para poner fin a todas las formas de desnutrición para 2030;

9.  Considera que la mayor volatilidad de los mercados de alimentos plantea problemas de sostenibilidad y nos obliga a reforzar las medidas para mejorar la seguridad del abastecimiento y la sostenibilidad ecológica de la producción de víveres, haciendo frente a la escasez de recursos naturales y promoviendo la investigación y la innovación en los sectores agrícola y pesquero;

10.  Considera que el hecho de contar con los debidos marcos institucionales, reguladores y de supervisión puede promover un entorno para desarrollar sistemas para los mercados agrícola y pesquero sólidos, sostenibles, equitativos, asequibles y diversificados;

11.  Insiste en que la Comisión ha de garantizar la coherencia entre las decisiones políticas adoptadas por sus direcciones generales de comercio, de agricultura y de pesca con objeto de garantizar la reciprocidad de las normas en materia de higiene y sostenibilidad;

12.  Opina que debe promoverse la agricultura a pequeña escala, ecológica, de gran valor natural o arbórea como modelos especialmente eficaces a la hora de aportar sostenibilidad a la producción mundial de alimentos;

13.  Pide a la Comisión que aliente prácticas agronómicas más eficientes, como los enfoques agroecológicos y de diversificación, y una gestión más sostenible de los recursos agrarios, a fin de reducir los costes de los insumos en la producción agraria y el desperdicio de nutrientes, incrementar los conocimientos y la transferencia de técnicas innovadoras, fomentar la eficiencia en el uso de los recursos y aumentar la diversidad de los cultivos y la sostenibilidad de los sistemas de explotación agrícola;

14.  Pide a la Comisión que respalde la investigación sobre la calidad de las aguas costeras, sobre la gestión de la tierra y sobre regímenes sostenibles de explotación intensiva fomentando un uso más eficiente de los nutrientes, el agua y la energía, prestando mayor atención a la conservación de los recursos hídricos y del suelo, adaptando en mayor grado las medidas biológicas para el control de plagas (gestión integrada de plagas o GIP), y promoviendo la investigación para mejorar el rendimiento y reducir al mismo tiempo los perjuicios para el medio ambiente;

15.  Manifiesta su preocupación por la aparición del fenómeno del acaparamiento de tierras y sus repercusiones en la seguridad alimentaria en los países en desarrollo y en el futuro de la agricultura y los agricultores;

16.  Manifiesta su preocupación por la aparición de actividades de pesca ilegal en todo el mundo, que tienen efectos nefastos para el medio ambiente, la biodiversidad y la economía;

17.  Pide a la Comisión que sensibilice a los Estados miembros y los aliente a utilizar el «recurso» tierra de forma sostenible, pues es necesario para la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada y para la adaptación al cambio climático y la mitigación del mismo, así como para un desarrollo sostenible en general;

18.  Subraya la importancia de luchar contra la degradación del suelo, que agrava aún más la pobreza y la penuria alimentaria;

19.  Pide a la Comisión que promueva la aplicación de las Directrices voluntarias de las Naciones Unidas y la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, por parte tanto de los inversores como de los países objetivo;

20.  Pide al Gobierno italiano que proponga y desarrolle proyectos de reutilización sostenible de las sedes de la Expo 2015;

21.  Pide a la Comisión que favorezca la realización mundial de los objetivos de la FAO con el fin de apoyar el desarrollo de políticas agrícolas, ambientales y sociales favorables a una agricultura familiar sostenible;

22.  Destaca que los desequilibrios actuales de que adolece la cadena alimentaria ponen en peligro la sostenibilidad de la producción de alimentos, y solicita una mayor transparencia y justicia en la cadena y la supresión de las prácticas comerciales injustas y de otras distorsiones del mercado con objeto de garantizar una renta justa para los agricultores, unos beneficios y precios justos a lo largo de la cadena alimentaria y un sector agrícola viable que ofrezca seguridad alimentaria; pide, por tanto, a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que estos objetivos se logren cuando antes;

23.  Considera que la Comisión y los Estados miembros deben promover políticas destinadas a luchar contra las prácticas desleales, cuya existencia ha sido reconocida por el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria organizado por la Comisión;

24.  Subraya que, para garantizar la seguridad alimentaria, es necesario luchar enérgicamente contra la pérdida de suelo y el abandono de las zonas agrícolas marginales;

25.  Destaca que para que la seguridad alimentaria sea una realidad es necesario luchar enérgicamente contra la pesca ilegal;

26.  Resalta el papel fundamental que desempeña el desarrollo rural en el crecimiento económico y social de los territorios, y pide que se apoye a los jóvenes agricultores;

27.  Pide a la Comisión que impulse un ambicioso acuerdo internacional que incluya los alimentos como factor paliativo del cambio climático, con miras también a los debates internacionales de la 21ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará en París en 2015;

28.  Pide al Consejo que reconozca el papel que desempeña el sector agrícola en su conjunto en la mitigación del cambio climático y la adaptación a este;

29.  Pide a la Comisión que luche contra el desperdicio de alimentos fijando objetivos ambiciosos, bien definidos y vinculantes para alentar a los Estados miembros a adoptar medidas contra el desperdicio de alimentos en cada eslabón de la cadena alimentaria, es decir, de la granja al plato;

30.  Alienta a los Estados miembros a que impulsen acciones de educación ciudadana, fomenten y divulguen las buenas prácticas, efectúen análisis y organicen campañas sociales y escolares sobre el desperdicio de alimentos y sobre la importancia de alimentarse de un modo sano y equilibrado, favoreciendo los productos agrícolas locales, y a que se adhieran a la proclamación de 2016 como Año Europeo contra el Desperdicio de Alimentos;

31.  Considera importante que se entable un diálogo con las partes interesadas para garantizar que los productos alimenticios en buen estado de conservación que no hayan podido venderse se entreguen a organizaciones caritativas;

32.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que fomenten en mayor medida, empezando en las escuelas desde la primera infancia, los alimentos saludables, la nutrición responsable y las normas de calidad y sostenibilidad en el ámbito de la alimentación, por medio de la investigación y la concienciación del público, fomentando estilos de vida responsables y sanos, y a que continúen elaborando políticas orientadas a erradicar la desnutrición y la malnutrición y a prevenir la obesidad;

33.  Subraya la importancia de incentivar la concienciación sobre una alimentación sana y equilibrada, así como de sensibilizar a los ciudadanos sobre las producciones locales y las dietas tradicionales y de promoverlas;

34.  Recomienda encarecidamente que todo el sistema alimentario, del que forma parte la agricultura, junto con las políticas de comercio, sanidad, educación, clima y energía, funcione con arreglo a un enfoque basado en los derechos humanos, del que la Unión debe ser paladín;

35.  Pide, por tanto, que se incluya la dimensión de género y se promueva la capacitación de las mujeres en todas las políticas destinadas a luchar contra la penuria alimentaria;

36.  Reitera la importancia de promover la agricultura y la pesca en los países en desarrollo y de asignar una parte apropiada de la AOD de la UE al sector agrario; lamenta que desde la década de los 80 se haya reducido drásticamente el nivel de ayuda al desarrollo destinada a la agricultura, y celebra que se haya reconocido la necesidad de invertir esta tendencia;

37.  Considera que es importante mejorar las condiciones de las mujeres en la agricultura, en especial en los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), ya que se ha demostrado que la capacitación de las mujeres y la inversión en las mujeres del ámbito rural aumenta significativamente la productividad y reduce el hambre y la desnutrición;

38.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a los programas de cooperación centrados en los microcréditos con vistas a apoyar las pequeñas explotaciones sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente y destinadas a alimentar a las poblaciones locales;

39.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, así como a los comisarios de los Estados miembros participantes responsables de la Expo de Milán 2015.

(1) DO C 136 E de 11.5.2012, p. 8.
(2) DO C 227 E de 6.8.2013, p. 25.


Situación en Nigeria
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Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre la situación en Nigeria (2015/2520(RSP))
P8_TA(2015)0185RC-B8-0370/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Nigeria, y en particular su último debate al respecto celebrado en sesión plenaria, el miércoles 14 de enero de 2015,

–  Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, incluidas las de los días 8 y 19 de enero, 31 de marzo y 14 y 15 de abril de 2015,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 9 de febrero de 2015,

–  Visto el Reglamento de Ejecución (UE) nº 583/2014 de la Comisión, de 28 de mayo de 2014(1), por el que se añadió a Boko Haram a la lista de personas, grupos y entidades a las que se congelan los fondos y recursos económicos,

–  Visto el Quinto Diálogo Ministerial UE-Nigeria, celebrado en Abuya el 27 de noviembre de 2014,

–  Vistas las conclusiones preliminares de las misiones de observación electoral de la UE y el Parlamento Europeo,

–  Vista la conferencia regional sobre seguridad celebrada en Niamey el 20 de enero de 2015,

–  Vistas las declaraciones de Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, sobre la violencia continuada y el deterioro de la situación de la seguridad en el noreste de Nigeria,

–  Vistas las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la posibilidad de acusar de crímenes de guerra a miembros de Boko Haram,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, ratificada por Nigeria el 22 de junio de 1983,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Nigeria el 29 de octubre de 1993,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Constitución de la República Federal de Nigeria, aprobada el 29 de mayo de 1999, y, en particular, las disposiciones de su Capítulo IV,

–  Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo,

–  Visto el Acuerdo de asociación entre los miembros del grupo de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (el Acuerdo de Cotonú),

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que estipula la obligación de tener en cuenta el principio de coherencia de las políticas de desarrollo en todas las políticas exteriores de la UE,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Nigeria es el país más poblado y con mayor diversidad étnica de África, y que está marcado por divisiones regionales y religiosas y una fractura norte-sur que se caracteriza por grandes diferencias económicas y sociales;

B.  Considerando que Nigeria es la mayor economía del continente africano y un importante socio comercial de la UE, pero que, a pesar de sus vastos recursos, se encuentra entre los países con más desigualdades del mundo, con más del 70 % de su población viviendo con menos de 1,25 dólares al día y el 10 % restante controlando más del 90 % de la riqueza y los recursos del país;

C.  Considerando los ataques perpetrados por Boko Haram entre el 3 y el 8 de enero de 2015 contra Baga y otras dieciséis ciudades y poblaciones vecinas, que, según imágenes de satélite, destrozaron cerca de 3 700 edificios y causaron la muerte de miles de personas;

D.  Considerando que Boko Haram ha tomado y ocupado una serie de ciudades en el noreste de Nigeria y continúa reclutando por la fuerza a civiles en sus filas, entre ellos muchos niños; que la violencia de Boko Haram ha ocasionado más de 22 000 muertes desde 2009, y que de ella son víctimas indiscriminadamente cristianos, musulmanes y todo aquel que no se adhiera a sus creencias dogmáticas y extremas; que en marzo de 2015 Boko Haram se adhirió al grupo Estado Islámico; que el 27 de marzo de 2015 se encontraron cientos de cadáveres en la ciudad de Damasak, en el noreste del país, aparentemente víctimas de la insurgencia de Boko Haram;

E.  Considerando que, en abril de 2014, más de 270 niñas fueron secuestradas de una escuela pública de la ciudad de Chibok, en el Estado de Borno; que la mayoría sigue desaparecida y se encuentran en serio peligro de ser víctimas de violencia sexual, esclavitud y matrimonios forzados; que desde entonces centenares de personas han sido secuestradas por Boko Haram; que el 28 de abril de 2015 aproximadamente 300 niñas y mujeres fueron rescatadas en Sambisa Forest;

F.  Considerando que las Naciones Unidas calculan que la violencia en los Estados de Borno, Yobe y Adamawa ha desplazado a un millón y medio de personas, incluidos 800 000 niños, y que más de tres millones se han visto afectadas por la insurgencia;

G.  Considerando que más de 300 000 nigerianos han huido al noroeste de Camerún y al sudoeste de Níger para escapar de la violencia, y que cientos de nigerianos están arriesgando sus vidas en las rutas migratorias hacia la UE con la esperanza de lograr mejores condiciones de vida económicas y sociales, así como una mayor seguridad;

H.  Considerando que Boko Haram pretende establecer un estado plenamente islámico en Nigeria, incluida la puesta en marcha de tribunales penales islámicos en todo el país, y prohibir la educación occidental;

I.  Considerando que, debido al deterioro de la seguridad, los agricultores no pueden ya cultivar sus tierras o recolectar sus productos por miedo a ser atacados por Boko Haram, una situación que está agravando aún más la inseguridad alimentaria;

J.  Considerando que está aumentando el número de atentados, en los que también se utilizan niños como terroristas suicidas, y que estos atentados se están perpetrando en amplias zonas, incluso en los países vecinos, como Chad y Camerún;

K.  Considerando que la respuesta inicial de las autoridades nigerianas fue de todo punto insuficiente y ha suscitó entre la población un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones del país; que con el anterior Gobierno las autoridades nigerianas llevaron a cabo encarcelaciones y detenciones en masa, así como ejecuciones extrajudiciales y otras muchas violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional;

L.  Considerando que la expansión de la insurgencia de Boko Haram a los países vecinos pone de relieve la importancia de reforzar la cooperación y dar una respuesta más contundente en la región;

M.  Considerando que Nigeria desempeña un papel fundamental en la política regional y del continente, además de ser uno de los impulsores de la integración regional a través de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO);

N.  Considerando que los ingresos procedentes del petróleo han ido disminuyendo de manera constante y que se cierne una crisis económica, y que, según algunas estimaciones, se roban cada año entre 3 000 y 8 000 millones de dólares estadounidenses procedentes del petróleo en Nigeria; que decenios de mala gestión económica, inestabilidad y corrupción han dificultado la inversión en los sistemas educativos y de servicios sociales en Nigeria;

O.  Considerando que la educación, la alfabetización, los derechos de la mujer, la justicia social y el reparto social equitativo de los fondos públicos mediante sistemas fiscales, la reducción de las desigualdades y la lucha contra la corrupción y la evasión fiscal resultan esenciales para combatir el fundamentalismo, la violencia y la intolerancia;

P.  Considerando que el terrorismo es una amenaza global, pero que los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer más contra Boko Haram en Nigeria dependían en cierta medida de que las elecciones se celebrasen con una credibilidad, responsabilidad y transparencia plenas;

Q.  Considerando que Nigeria es aún una democracia joven y frágil que se enfrentó a una violencia extrema tras los resultados de las elecciones de 2011 y las acusaciones de manipulación de los votos;

R.  Considerando que la Comisión Electoral Nacional Independiente (INEC) aplazó la celebración de las elecciones de los días 14 y 28 de febrero a los días 28 de marzo y 11 de abril de 2015, a fin de que el Gobierno pudiera lanzar ofensivas militares contra Boko Haram, y que en marzo de 2015 se puso en marcha una respuesta regional;

S.  Considerando que el ejército de Chad, junto con los de Chad y Camerún, es la principal fuerza de la lucha contra Boko Haram, y que su total participación en la lucha contra los terroristas de Boko Haram en Gamboru Ngala, Malam Fatouri y Kangalam en Nigeria está ampliamente reconocida; que se reconoce el alto precio pagado por este ejército en la guerra contra el terrorismo; que el Parlamento Europeo expresa su plena solidaridad a los heridos y a las familias de las víctimas;

T.  Considerando que la campaña electoral se desarrolló en un contexto de tensión marcado por episodios de violencia preelectoral en todo el país, especialmente en el sur y el suroeste, junto con atentados de Boko Haram para intimidar a los votantes, vulneraciones de la normativa de la campaña electoral y compra de votos;

U.  Considerando que los observadores locales e internacionales, incluidos los observadores de la UE, señalaron deficiencias sistémicas, en particular irregularidades en el escrutinio, abusos en el ejercicio de cargos públicos y empleo de la violencia; que, no obstante, no vieron que hubiera manipulación sistemática;

V.  Considerando que la UE, a petición del Gobierno nigeriano, envió una misión de observación electoral a largo plazo, en la que participaba una delegación del Parlamento Europeo; que la Unión Africana, la Commonwealth y la CEDEAO también efectuaron misiones de observación electoral;

W.  Considerando que el 31 de marzo de 2015 el general Muhammadu Buhari, candidato presidencial del partido de la oposición All Progressives Congress (APC), fue declarado vencedor de los comicios, y que el presidente en ejercicio admitió la derrota de manera pacífica; que el partido opositor APC obtuvo la mayoría en las elecciones presidenciales, al Senado y a la Cámara de Representantes en cuatro de las seis zonas geopolíticas;

X.  Considerando que estas vez resultaron elegidas menos mujeres que en 2011, cuando ya se observó una tendencia negativa;

Y.  Considerando que el 17 % de las niñas se casa antes de cumplir los 15 años, y que los matrimonios infantiles alcanzan el 76 % en la región del noroeste; que Nigeria tiene el número más elevado en términos absolutos de víctimas de mutilación genital femenina del mundo, representando aproximadamente una cuarta parte de los 115 a 130 millones de víctimas en el mundo;

1.  Condena enérgicamente la violencia continua y cada vez más preocupante, incluida la continua ola de ataques con armas de fuego y bombas, atentados suicidas, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual, secuestros y otros actos violentos perpetrados por la secta terrorista Boko Haram contra objetivos civiles, gubernamentales y militares en Nigeria, que han provocado varios miles de muertos y heridos y el desplazamiento de cientos de miles de personas, y que pueden constituir crímenes contra la humanidad;

2.  Lamenta la masacre de hombres, mujeres y niños inocentes, al tiempo que expresa su solidaridad con el pueblo de Nigeria en su determinación de luchar contra todas las formas de terrorismo en el país; elogia el trabajo de todos los periodistas y defensores de los derechos humanos en su intento de atraer la atención mundial sobre el extremismo de Boko Haram y las víctimas inocentes de su violencia;

3.  Recuerda que ha transcurrido un año desde que 276 niñas de una escuela a las afueras de Chibok fueron secuestradas y que, según diferentes grupos de derechos humanos, al menos otras 2 000 niñas y mujeres han sido secuestradas; pide al Gobierno y a la comunidad internacional que hagan todo lo que esté en su poder para encontrarlas y liberarlas;

4.  Pide al presidente recién elegido que mantenga sus promesas electorales y que destine cuantos recursos sean necesarios para poner fin a la violencia de Boko Haram, restableciendo la estabilidad y la seguridad en todo el país y abordando las causas profundas de este tipo de terrorismo, y, en particular, que actúe con mayor contundencia para atajar la corrupción interna, la mala gestión y las ineficiencias en el seno de las instituciones públicas y el Ejército, que lo han hecho incapaz de enfrentarse al azote de Boko Haram en el norte del país, y que adopte medidas para privar a Boko Haram de sus fuentes de ingresos ilegales, mediante la cooperación con los países vecinos, especialmente en lo que respecta a la trata de seres humanos y el contrabando;

5.  Pide a las autoridades y los líderes religiosos de Nigeria que cooperen activamente con la sociedad civil y las autoridades públicas para luchar contra el extremismo y la radicalización;

6.  Pide a las nuevas autoridades nigerianas que adopten una hoja de ruta para el desarrollo social y económico de los Estados septentrionales y meridionales a fin de abordar los problemas de la pobreza, la desigualdad, las oportunidades educativas y el acceso a la sanidad, que son una de las causas de la espiral de violencia, fomentando una distribución equitativa de los ingresos procedentes del petróleo en el contexto de la descentralización; pide asimismo a las autoridades nigerianas que actúen decididamente para poner fin a las mutilaciones genitales femeninas, a los matrimonios infantiles y al trabajo infantil; Pide a la UE que utilice todos los instrumentos a su alcance para promover estas medidas, luchar de manera eficaz contra los flujos financieros ilícitos y la evasión y elusión fiscales, e impulsar la cooperación internacional democrática en materia fiscal;

7.  Acoge con satisfacción la determinación manifestada por los trece países participantes en la cumbre regional de Niamey de 20 y 21 de enero de 2015, en particular el compromiso militar de Chad, junto con Camerún, Níger y Nigeria, de luchar contra las amenazas terroristas de Boko Haram; anima a reforzar esta respuesta regional, utilizando todas las herramientas existentes y en pleno cumplimiento del Derecho internacional; Pide en particular a la CEDEAO que prosiga la ejecución de su nueva estrategia antiterrorista y que preste especial atención a la interrupción de los flujos transfronterizos ilegales de armas, armamento, combatientes y contrabando; insiste además en que, sin esta cooperación, es probable que la violencia continúe y socave la paz y la estabilidad en toda la región; recuerda, a este respecto, que Boko Haram ha proclamado su adhesión al Estado Islámico, y señala la necesidad de impedir cualquier forma de coordinación o cooperación futura entre estas dos organizaciones terroristas y la expansión de esta amenaza;

8.  Celebra las iniciativas del Consejo de Paz y de Seguridad de la Unión Africana y pide a esta última que emprenda urgentemente acciones concretas, junto con todos los países implicados, para coordinar la lucha contra los grupos terroristas en la región del Sahel; insta a la Unión Europea a apoyar el desarrollo de mecanismos regionales para la gestión de conflictos, tales como la Fuerza de Reserva Africana, incluida la posibilidad de recurrir al Fondo de Apoyo a la Paz para África y a los instrumentos de gestión de crisis de la UE;

9.  Insta a la comunidad internacional a prestar más ayuda al Gobierno nigeriano para luchar contra Boko Haram y abordar las causas profundas del terrorismo, dado que únicamente con una respuesta global se podrá lograr el fin definitivo de la violencia y el fundamentalismo;

10.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que cumplan su compromiso de brindar ayuda política, humanitaria y para el desarrollo en todos los ámbitos a Nigeria y al pueblo nigeriano en la lucha contra la amenaza que representa Boko Haram y con miras a impulsar el desarrollo del país; Insta a la UE a que prosiga el diálogo político con Nigeria de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú revisado y a que, en este contexto, aborde las cuestiones relacionadas con los derechos humanos universales, incluidas las libertades de pensamiento, conciencia, religión o creencia y la no discriminación por motivo alguno, tal como se consagran en los instrumentos universales, regionales y nacionales sobre los derechos humanos;

11.  Pide a la comunidad internacional, asimismo, que ayude a los refugiados nigerianos en los países vecinos; insta a los Estados miembros de la UE a que establezcan de inmediato un sistema europeo global y creíble para gestionar las rutas migratorias que conectan el África Subsahariana con Oriente Próximo y el Norte de África, ofrecer soluciones de desarrollo sostenible a los países de origen, como Nigeria, y poner fin a las tragedias humanas que acaecen en estas rutas;

12.  Insta a la UE a que investigue la financiación de Boko Haram y fomente la transparencia en todos los intercambios comerciales de recursos naturales, en especial en el comercio del petróleo, a fin de evitar que cualquier empresa contribuya a avivar los conflictos; pide a las autoridades nigerianas y a las compañías extranjeras que ayuden a reforzar la gobernanza del sector extractivo respetando la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) y publicando sus pagos al Gobierno de Nigeria;

13.  Considera que el Gobierno de Nigeria tiene el derecho y el deber de defender a su pueblo del terrorismo, pero insiste en que la actuación correspondiente debe llevarse a cabo respetando los derechos humanos y el Estado de Derecho;

14.  Pide que se proceda a investigar de forma exhaustiva las denuncias de violaciones de los derechos humanos, entre las que se cuentan denuncias de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y abusos relacionados con la extorsión, y considera que las actuaciones de este tipo no pueden justificarse como un medio para combatir la amenaza que representan Boko Haram u otras organizaciones terroristas; considera que es necesario reformar con urgencia el sistema judicial nigeriano con el fin de establecer una justicia penal eficaz para luchar contra el terrorismo, incluida la reforma de las fuerzas de seguridad pública del Estado nigeriano;

15.  Insta a que los soldados heridos reciban un tratamiento adecuado y a que a las niñas y mujeres víctimas de violaciones en el contexto del conflicto armado se les ofrezcan todos los servicios de salud sexual y reproductiva, en instalaciones humanitarias financiadas por la UE, de conformidad con el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, garantizando la prestación de toda la ayuda médica necesaria en razón de las condiciones de los heridos y enfermos y sin distinción alguna;

16.  Felicita al general Muhammadu Buhari por su victoria como candidato presidencial por el APC, así como a todos los que han obtenido escaños en el Senado y la Cámara de Representantes o a los que han sido votados en las elecciones a Gobernador y legislativas en los Estados federados, con independencia del partido al que pertenezcan; elogia a aquellos candidatos que han reconocido su derrota dignamente, empezando por el presidente en ejercicio y candidato presidencial Goodluck Jonathan, acoge con satisfacción el compromiso continuado de todos los partidos políticos y candidatos con unas elecciones pacíficas, y les insta a que sigan aceptando los resultados sin recurrir a la violencia;

17.  Felicita al pueblo nigeriano por su entusiasmo democrático y su movilización durante todo el proceso electoral, y pide a las autoridades nigerianas que refuercen la buena gobernanza y promuevan instituciones democráticas que rindan cuentas de su actuación; opina que el traspaso de poderes a través de las urnas demuestra una profundización de la democracia en Nigeria que podría servir de modelo para otras naciones africanas;

18.  Acoge con satisfacción la determinación de la INEC a la hora de acometer un proceso electoral creíble (en la medida de lo posible), justo y transparente, pese a las limitaciones internas y externas y las presiones con las que se vio confrontada y, en particular, por haber incluido a las personas con discapacidad;

19.  Anima a las víctimas de agravios a que los aborden a través de los mecanismos oficiales de resolución de disputas, y solicita a las autoridades nigerianas que respondan a cada una de las reclamaciones con una investigación completa y creíble y una reparación conforme a Derecho; pide a la UE que apoye el desarrollo de este tipo de mecanismos;

20.  Pide al Gobierno nigeriano que promueva la participación de la mujer en la esfera pública y la vida política;

21.  Reitera su llamamiento para que se deroguen la ley contra la homosexualidad y la pena de muerte;

22.  Pide a las autoridades nigerianas que adopten medidas de urgencia en el delta del Níger, incluidas acciones para poner término a las actividades ilegales relacionadas con el petróleo, y ayuden a las personas expuestas a la contaminación; pide a la UE y a sus Estados miembros que aporten los recursos y conocimientos técnicos especializados necesarios para rehabilitar la zona; pide a todas las empresas que operan en la región que respeten los estándares internacionales de más alto nivel y se abstengan de emprender acciones que puedan ir en perjuicio del medio ambiente y de las comunidades locales;

23.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Nigeria, a los representantes de la CEDEAO y a la Unión Africana.

(1) DO L 160 de 29.5.2014, p. 27.


El caso de Nadiya Savchenko
PDF 165kWORD 67k
Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre el caso de Nadiya Savchenko (2015/2663(RSP))
P8_TA(2015)0186RC-B8-0406/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre Rusia y Ucrania, en particular su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia(1), y su Resolución, de 15 de enero de 2015, sobre la situación en Ucrania(2),

–  Vista la declaración de 4 de marzo de 2015 de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre el hecho de que Nadiya Savchenko continúe detenida,

–  Visto el conjunto de medidas para la aplicación de los Acuerdos de Minsk, adoptado y firmado en Minsk el 12 de febrero de 2015 y adoptado en su totalidad por la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2202(2015), de 17 de febrero de 2015,

–  Vista la Declaración de la UE de 16 de abril de 2015 sobre el secuestro y la detención ilegal de ciudadanos ucranianos por la Federación de Rusia,

–  Vistas las disposiciones del Derecho internacional humanitario y, en particular, el Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra, de 12 de agosto de 1949,

–  Vista la Declaración conjunta del Presidente de Ucrania, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión Europea resultado de la 17ª Cumbre UE-Ucrania en la que se pide la liberación inmediata de todos los rehenes y de las personas detenidas ilegalmente, incluida Nadiya Savchenko,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que militantes pro rusos de la denominada «República Popular de Luhansk», situada en el territorio oriental de Ucrania, secuestraron ilegalmente el 18 de junio de 2014, en territorio ucraniano, a la teniente Nadiya Savchenko, piloto militar y antigua oficial de las fuerzas armadas de Ucrania, la detuvieron y la trasladaron ilegalmente a la Federación de Rusia;

B.  Considerando que Nadiya Savchenko, nacida en 1981, ha realizado una carrera militar brillante, ya que fue la única mujer soldado en las tropas de mantenimiento de la paz de Ucrania en Irak y la primera mujer que se inscribió en la Academia de la Fuerza Aérea de Ucrania, además de haberse presentado como voluntaria para participar en los combates en el este de Ucrania en el batallón Aidar, donde fue capturada;

C.  Considerando que la comisión de investigación de Rusia presentó el 24 de abril de 2015 cargos definitivos contra Nadiya Savchenko, a la que se le acusa de participación y complicidad en el asesinato de dos o más personas, participación y complicidad en un intento de asesinato de dos o más personas, y de cruzar ilegalmente la frontera con la Federación de Rusia;

D.  Considerando que Nadiya Savchenko es miembro de la Rada Suprema y de la delegación de Ucrania a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE); que la Comisión de la APCE sobre normas de procedimiento, inmunidades y asuntos institucionales ha confirmado su inmunidad; que la Federación de Rusia rechaza la inmunidad diplomática concedida a Nadiya Savchenko en su calidad de miembro de la Rada Suprema de Ucrania; y que la comunidad internacional ha desplegado numerosos esfuerzos para asegurar la liberación de Nadiya Savchenko, incluida la Resolución de la APCE 2034 (2015) en la que se pide su liberación inmediata y el respeto de su inmunidad parlamentaria como miembro de la delegación de Ucrania a la APCE;

E.  Considerando que la Federación de Rusia ha dado su visto bueno al intercambio de todos los rehenes políticos y personas detenidas ilegalmente en virtud de los acuerdos de Minsk sobre la base del principio «todos por todos», que debería llevarse a cabo en un plazo máximo de cinco días tras la retirada del armamento pesado; y que Nadiya Savchenko ha recibido en distintas ocasiones ofertas de amnistía con la condición de que admita su culpabilidad;

F.  Considerando que Nadiya Savchenko ha estado en huelga de hambre durante más de tres meses como protesta por su detención ilegal; que se la ha sometido a exámenes y tratamiento psiquiátrico en contra de su voluntad; considerando que los tribunales de Moscú denegaron los recursos de Nadiya Savchenko contra su prisión preventiva; que, entre tanto, su estado de salud se ha deteriorado; considerando que la Unión Europea y varios Estados miembros han expresado una genuina preocupación humanitaria al respecto; que se han hecho varios llamamientos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional para que intercedan por la liberación de Nadiya Savchenko;

1.  Pide la puesta en libertad inmediata e incondicional de Nadiya Savchenko; condena la actuación de la Federación de Rusia en el secuestro ilegal, el encarcelamiento durante casi un año y la investigación de Nadiya Savchenko; exige que las autoridades rusas respeten sus compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de Minsk, y en particular del conjunto de medidas para la aplicación del Acuerdo de Minsk que aprobaron; considera que Rusia no tiene base jurídica ni jurisdicción para actuar contra Nadiya Savchenko deteniéndola, investigándola o presentando cargos contra ella;

2.  Considera que la detención de Nadiya Savchenko como prisionera de guerra en una cárcel rusa vulnera la Convención de Ginebra; subraya que los responsables de su detención ilegal en Rusia se exponen a sanciones o acciones legales internacionales por su actuación;

3.  Recuerda a las autoridades rusas que la salud de Nadiya Savchenko sigue siendo extremadamente frágil y que son directamente responsables de su integridad física, psíquica y moral; pide a las autoridades rusas que permitan que médicos internacionales imparciales puedan visitar a Nadiya Savchenko, garantizando que cualquier examen médico o psicológico se lleve a cabo únicamente con su consentimiento y teniendo en cuenta los efectos de haber estado en huelga de hambre durante un período muy largo; pide a Rusia que permita que las organizaciones humanitarias internacionales puedan estar permanentemente en contacto con ella;

4.  Pide la inmediata liberación de todos los demás ciudadanos ucranianos, entre ellos el director de cine Oleg Sentsov y Khaizer Dzhemilev, ilegalmente detenidos en Rusia;

5.  Insta al Presidente de Francia y a la Canciller de Alemania, así como a los ministros de Asuntos Exteriores correspondientes, a plantear la cuestión de la liberación de Nadiya Savchenko en los próximos encuentros del Grupo de contacto sobre la aplicación del Acuerdo de Minsk en el formato de Normandía; pide a la VP / AR, a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que continúen llevando un estrecho seguimiento del caso de Nadiya Savchenko, para plantearlo en los distintos «formatos» y reuniones con las autoridades rusas, y que mantengan informado al Parlamento Europeo sobre el resultado de sus actuaciones;

6.  Señala que la liberación de Nadiya Savchenko no es tan solo un paso importante para mejorar las relaciones entre Ucrania y Rusia, sino que demostrará el respeto por el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades rusas;

7.  Recuerda que Nadiya Savchenko fue elegida diputada al Parlamento ucraniano en las elecciones parlamentarias generales de Ucrania de octubre de 2014, y es miembro de la delegación de Ucrania a la APCE, por lo que goza de inmunidad internacional; recuerda a Rusia su obligación internacional de respetar la inmunidad de que goza como miembro de la APCE;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión Europea / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0074.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0011.


La situación en el campo de refugiados de Yarmuk en Siria
PDF 170kWORD 69k
Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, Situación del campo de refugiados de Yarmouk en Siria (2015/2664(RSP))
P8_TA(2015)0187RC-B8-0373/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Derecho internacional humanitario,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria,

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/HR) y del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, de 10 de abril de 2015, sobre la situación en Yarmouk (Siria),

–  Vista la declaración de la VP/HR de 18 de abril de 2015, efectuada en nombre de la Unión Europea, sobre la situación en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk (Siria),

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014),

–  Vistos el artículo 135, apartado 5 y el artículo 123, apartado 4 de su Reglamento,

A.  Considerando que EI/Daesh atacó el campo de refugiados palestino de Yarmouk el 1 de abril de 2015; que el régimen de Assad prosiguió los bombardeos de artillería y aéreos contra el campo en respuesta al ataque de EI/Daesh, y que en todo el campo se produjeron duros combates entre los grupos armados de la oposición siria Aknaf Bait al-Makdis, por un lado, y EI/Daesh y Jabhat al-Nusra, por otro; que el 16 de abril de 2015 unidades militares palestinas ayudadas por rebeldes sirios obligaron a los combatientes de EI/Daesh a retirarse del campo; que la retirada de EI/Daesh deja a la filial de Al-Qaeda Jabhat al-Nushra el control en buena medida del campo;

B.  Considerando que Yarmouk, el mayor campo de refugiados palestinos de Siria, surgido en 1957 para albergar a los fugitivos del conflicto araboisraelí, se ha visto inmerso en los combates entre el Gobierno sirio y diversos grupos armados como Jabhat al-Nushra y el Ejército Sirio Libre; que antes del inicio del conflicto sirio vivían en el campo más de 160.000 civiles, mientras que hoy solo quedan unos 18.000;

C.  Considerando que los 480.000 refugiados palestinos siguen siendo un grupo especialmente vulnerable en la crisis de Siria; que estas personas se reparten entre más de sesenta campos dispersos por toda la región; que el 95% de los refugiados palestinos dependen actualmente del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) para cubrir sus necesidades cotidianas de agua, comida y atención sanitaria;

D.  Considerando que la población civil del campo de Yarmouk vive asediada desde 2012 y sometida a bombardeos indiscriminados por parte del régimen de Assad, y sigue atrapada en el interior del campo; que según el OOPS unos 18.000 civiles palestinos y sirios residentes en Yarmouk, incluidos 3.500 niños, están necesitados de la ayuda humanitaria más básica;

E.  Considerando que en el campo de refugiados hay una crisis sanitaria permanente, habiéndose registrado una epidemia de tifus en 2014 y siendo endémicas la hepatitis A y enfermedades relacionadas con el agua, así como la desnutrición, con todas las consecuencias ya conocidas;

F.  Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pedido a todas las facciones de la guerra civil siria que permitan el acceso humanitario al campo de refugiados de Yarmuk, así como que la ayuda humanitaria llegue sin impedimentos a dicho campo de refugiados;

G.  Considerando que la Comisión ha facilitado una ayuda de urgencia inmediata de 2,5 millones de euros para operaciones del OOPS, a fin de ofrecer asistencia vital a los refugiados palestinos de Siria, mediante dinero en efectivo y material de socorro de emergencia;

H.  Considerando que, además, como parte de la financiación humanitaria de la UE para Siria correspondiente a 2015, la ayuda hará posible una respuesta humanitaria rápida para atender a las necesidades de las familias vulnerables; que esta financiación se destinará a todos los afectados por el conflicto de Siria, centrándose específicamente en la violencia reciente en Yarmuk, Idlib, Dara'a y Alepo;

I.  Considerando que es contrario al Derecho internacional humanitario el hecho de que el régimen sirio, así como otras facciones, esté denegando el acceso humanitario a los refugiados de Yarmuk; que la capacidad del OOPS de apoyar intervenciones urgentes de asistencia vital como respuesta a sucesos de urgencia tales como el que afecta a Yarmuk se ve gravemente socavada por la falta crónica de financiación de las intervenciones humanitarias dentro de Siria;

1.  Expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación de seguridad y humanitaria en Siria, y en particular en el campo de refugiados palestinos de Yarmuk y otros campos de refugiados palestinos; reitera su firme compromiso de apoyar a las víctimas del conflicto sirio;

2.  Condena la toma del campo de refugiados de Yarmuk y los actos de terrorismo perpetrados por el EI/Daesh y Jabhat al-Nusra, así como el estado de sitio impuesto a Yarmuk por el régimen de Assad y el bombardeo del campo de refugiados, también con bombas de barril, que provocan un horrible sufrimiento a la población afectada; pide el fin inmediato del estado de sitio y el fin de todos los ataques a la población civil;

3.  Manifiesta su preocupación por todas las detenciones de defensores de los derechos humanos en el campo de refugiados de Yarmuk y de los que permanecen actualmente retenidos bajo custodia de las fuerzas de seguridad sirias; pide a todos los grupos armados del campo de refugiados de Yarmuk que dejen de dirigir sus ataques contra los defensores de los derechos humanos;

4.  Insta a que se respete el estatuto neutral de Yarmuk, se proteja a los civiles dentro del campo de refugiados, en particular las mujeres y los niños, y se defiendan las dependencias médico-sanitarias, las escuelas y los lugares de refugio;

5.  Destaca que la actual guerra en Siria y la amenaza que representa el EI/Daesh suponen un grave peligro para el pueblo sirio y para toda la región de Oriente Próximo; pide que la UE contribuya a los esfuerzos conjuntos por mitigar la crisis humanitaria y a ayudar a los países vecinos a acoger a los refugiados que huyen del conflicto de Siria, muchos de los cuales están perdiendo la vida a bordo de embarcaciones en el Mediterráneo;

6.  Pide la aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2139 (2014), 2165 (2014) y 2191 (2014) en todo el territorio de Siria; insta a todas las partes en conflicto a que permitan al OOPS, al CICR y a otras organizaciones internacionales de ayuda acceder sin restricciones al campo de refugiados de Yarmuk, que posibiliten un acceso humanitario inmediato e incondicional, que evacúen a los civiles heridos y que permitan el paso franco para todos los civiles que deseen abandonar el campo de refugiados; pide la creación de corredores humanitarios no controlados ni por el régimen sirio ni por el EI/Daesh y Jabhat al-Nusra, a la luz de sus graves y continuas violaciones del Derecho internacional humanitario;

7.  Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya liberado una ayuda de urgencia inmediata de 2,5 millones de euros para operaciones del OOPS, a fin de ofrecer asistencia vital a los refugiados palestinos de Siria; felicita al OOPS por la importante labor que está realizando y manifiesta su firme compromiso de seguir colaborando con el comisionado general del OOPS, Pierre Krähenbühl, y con otros interlocutores, con el fin de mitigar el sufrimiento de los más necesitados; subraya la necesidad de que la UE y los Estados miembros aumenten su apoyo al OOPS en los esfuerzos de ayuda de emergencia para los civiles en Yarmuk y otras partes de Siria, asegurando que todos los refugiados, las comunidades de acogida y otras personas en Palestina reciban la ayuda que necesitan; insta a la UE a participar en la financiación de los 30 millones de dólares solicitados por el OOPS con carácter de urgencia y a facilitar ayuda diplomática y política al OOPS;

8.  Condena firmemente los abusos contra los niños, las matanzas, la tortura, los asesinatos y la violencia sexual, de que es víctima la población siria; hace hincapié en la importancia de tomar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los civiles inocentes, incluidos las mujeres y los niños; reconoce que las mujeres y las niñas son víctimas frecuentes de violaciones de guerra en el conflicto sirio, incluyendo en las cárceles del régimen; subraya que el artículo 3 común de las Convenciones de Ginebra garantiza toda la atención médica necesaria requerida por los heridos y enfermos por su condición, sin distinción alguna; insta a los proveedores de ayuda humanitaria a facilitar la gama completa de servicios de salud en los centros humanitarios financiados por la UE;

9.  Manifiesta su total apoyo a los esfuerzos del Enviado Especial para Siria de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, encaminados a lograr alto el fuego locales y pausas humanitarias que sean respetados por todas las partes y permitan la prestación de ayuda humanitaria; reitera su llamamiento a la UE para que tome la iniciativa de emprender esfuerzos democráticos para lograrlo;

10.  Reitera su llamamiento para alcanzar una solución sostenible en el conflicto sirio a través de un proceso político inclusivo y dirigido por Siria, sobre la base del comunicado de Ginebra de junio de 2012, con vistas a una transición política auténtica que satisfaga las aspiraciones legítimas del pueblo sirio y les permita decidir sobre su futuro de manera independiente y democrática; acoge con satisfacción el anuncio de que en mayo se celebrarán nuevas conversaciones en Ginebra entre el régimen de Assad, la oposición, los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y potencias regionales como Irán;

11.  Sigue convencido de que no puede haber una paz duradera en Siria sin la asunción de la responsabilidad por los crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto, en particular en relación con el campamento de Yarmuk; reitera su petición de que se remita la situación en Siria a la Corte Penal Internacional; pide a la UE y a sus Estados miembros que tengan seriamente en cuenta la reciente recomendación de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas de estudiar la creación de un tribunal especial para los crímenes cometidos en Siria;

12.  Opina que el Parlamento Europeo debe llevar a cabo una visita al campo de refugiados de Yarmuk, en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan, a fin de evaluar de forma independiente la situación humanitaria, en coordinación con las Naciones Unidas y con independencia del régimen de Assad o de cualquier otra parte en el conflicto;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al enviado especial de Naciones Unidas-Liga Árabe a Siria, al Secretario General del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, al Presidente de la Autoridad Palestina, al Consejo Legislativo Palestino y a todas las partes involucradas en el conflicto en Siria.


Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos y de los trabajadores en Argelia
PDF 178kWORD 75k
Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de abril de 2015, sobre el encarcelamiento de trabajadores y defensores de los derechos humanos en Argelia (2015/2665(RSP))
P8_TA(2015)0188RC-B8-0418/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Argelia, y en particular las de 9 de junio de 2005, sobre la libertad de prensa en Argelia(1), y de 10 de octubre de 2002, sobre la celebración de un Acuerdo de Asociación con Argelia(2),

–  Vistas su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto(3), y su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la política europea de vecindad: hacia una cooperación reforzada. Posición del Parlamento Europeo sobre los informes de 2012(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Asuntos Exteriores, de 20 de abril de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad,

–  Vista la declaración de la Unión Europea, de 13 de mayo de 2014, tras la octava reunión del Consejo de Asociación UE-Argelia,

–  Vista la Comunicación conjunta, de 15 de mayo de 2012, de la Comisión Europea y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, titulada «Diseño de una nueva Política Europea de Vecindad» (JOIN(2012)0014),

–  Vista la nota de la Comisión, de marzo de 2014, sobre la Política Europea de Vecindad (PEV) en 2013, relativa a Argelia,

–  Vista la declaración del Consejo Europeo, de junio de 2011, sobre los países vecinos del Sur,

–  Vista la declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, durante su visita a Argelia en septiembre de 2012,

–  Visto el Acuerdo de Asociación UE-Argelia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2005,

–  Visto el artículo 2 del Acuerdo de Asociación, que estipula que las políticas nacionales e internacionales de las partes deben basarse en el respeto de los derechos democráticos y de los derechos humanos fundamentales y que dicho respeto debe constituir un elemento esencial del Acuerdo,

–  Vista la Constitución argelina, aprobada por referéndum el 28 de noviembre de 1996, y, en particular, sus artículos 34 a 36, 39, 41 y 43,

–  Visto el informe final, de 5 de agosto de 2012, de la misión de observación electoral de la UE en las elecciones legislativas celebradas en Argelia,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de los que Argelia es parte signataria,

–  Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, y nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, de 1949,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que recientemente se han producido en Argelia diversas protestas contra el desempleo; que las autoridades argelinas reconocen que las demandas de los manifestantes son legítimas; que, no obstante, en los cuatro últimos años y con mayor intensidad desde principios de 2015, numerosos defensores de los derechos humanos, entre ellos activistas de los derechos laborales, han sido objeto, especialmente en las regiones meridionales de Argelia, de amenazas, agresiones verbales, malos tratos y acoso judicial en un contexto de crecientes protestas por motivos económicos, sociales y ambientales;

B.  Considerando que Mohamed Rag, un activista de los derechos laborales del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados (Comité National pour la Défense des Droits des Chômeurs, CNDDC) en la ciudad de Laghouat, fue detenido el 22 de enero de 2015 y condenado a dieciocho meses de reclusión y al pago de una multa de 20 000 dinares argelinos por «atacar a un agente de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones», y que el 18 de marzo de 2015 se confirmó esta sentencia tras el recurso de apelación;

C.  Considerando que, el 28 de enero de 2015, ocho activistas de los derechos laborales y miembros del CNDDC —Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazuzi Benalal, Azuzi Bubakeur, Korini Belkacem, Bekuider Fauzi, Bensarkha Tahar y Yabalah Abdelkader— fueron detenidos en la ciudad de Laghouat cuando se hallaban reunidos frente al juzgado municipal para solicitar la liberación de Mohamed Rag; que el pasado mes de marzo esos ocho activistas fueron condenados a un año de reclusión, del cual seis meses en libertad condicional, y al pago de una multa de 5 000 dinares argelinos por cabeza por «congregarse de forma no autorizada/ilegal» y por «ejercer presión sobre las decisiones de los magistrados»;

D.  Considerando que, durante la audiencia de los activistas del CNDDC celebrada en Laghouat el 11 de marzo de 2015, la policía movilizó a un número inusitadamente elevado de agentes, impidiendo así al público y a los testigos de la defensa entrar en la sala, y que fuera de la sala la policía detuvo y puso después en libertad a casi 50 manifestantes pacíficos que estaban expresando su solidaridad con los prisioneros;

E.  Considerando que, si bien el estado de emergencia se levantó en febrero de 2011 como consecuencia de las olas de protestas masivas a favor de la democracia, se han mantenido, en la ley y en la práctica, determinadas restricciones con respecto a las reuniones pacíficas, en particular un decreto de 18 de junio de 2001 que sigue prohibiendo las manifestaciones públicas en la ciudad de Argel y la Ley 91-19 sobre reuniones y manifestaciones públicas, de 2 de diciembre de 1991, por la que todos los actos públicos deben ser objeto de una autorización previa; que el Ministerio del Interior solo autoriza reuniones públicas en raras ocasiones;

F.  Considerando que, en virtud de los artículos 99 y 100 del Código Penal de Argelia, los participantes en manifestaciones no autorizadas pueden ser perseguidos y corren el riesgo de ser condenados a penas de prisión de entre dos meses y cinco años; que en enero de 2014 —última fecha para el registro de las nuevas asociaciones— todas las asociaciones que no habían sido aceptadas fueron declaradas ilegales; que la policía disuelve protestas pacíficas, por la fuerza , en algunos casos de manera violenta, y que los manifestantes pacíficos pueden ser detenidos antes de las manifestaciones para evitar que estas tengan lugar;

G.  Considerando que en 2014 el Gobierno de Argelia introdujo reformas constitucionales prodemocráticas y prometió ulteriores reformas para proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales; que, hasta la fecha, la aplicación de esas reformas no ha sido satisfactoria;

H.  Considerando que, en marzo de 2015, otros cuatro activistas de los derechos laborales, Rachid Auine, Yusef Sultani, Abdelhamid Brahimi y Ferhat Misa, miembros del CNDDC en la ciudad de El Ued, fueron detenidos y acusados de incitación a la reunión; que dos de ellos fueron absueltos, pero que Rachid Auine fue condenado y Yusef Sultani está en libertad pendiente de juicio;

I.  Considerando que en enero de 2012 entró en vigor una nueva ley sobre asociaciones, la Ley 12-06, que impone restricciones a las organizaciones no gubernamentales y a los grupos de la sociedad civil en materia de creación, funcionamiento, registro y acceso a financiación extranjera; que la Ley también penaliza a los miembros de asociaciones no registradas, suspendidas y disueltas, que pueden ser condenados a seis meses de reclusión y al pago de una multa importante, por lo que obstaculiza la libertad de asociación;

J.  Considerando que, si bien la Ley 90-14, de 2 de junio de 1990, sobre las condiciones para el ejercicio de los derechos sindicales permite a los trabajadores formar sindicatos sin solicitar permiso mediante notificación por escrito a las autoridades, estas han rechazado en varias ocasiones la expedición de un recibo sin el cual el sindicato no puede representar legalmente a los trabajadores;

K.  Considerando que Argelia, cuya aplicación del Convenio nº 87 de la OIT en junio de 2014 está siendo estudiada, ha sido objeto de examen por parte de expertos de la OIT en varios de sus informes por violar el derecho de los trabajadores a la huelga y a formar sindicatos de su elección;

L.  Considerando que las negociaciones del plan de acción entre la UE y Argelia en el marco de la PEV se iniciaron en 2012; que, al tiempo que reconocía el interés de ambas partes por reforzar el diálogo y la cooperación en materia de seguridad y asuntos regionales, en marzo de 2014 la Comisión expresó, no obstante, su preocupación por la falta de independencia judicial y el deterioro de la situación respecto a la libertad de asociación, de reunión y de expresión en Argelia;

M.  Considerando que Argelia es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde enero de 2014;

1.  Expresa su preocupación por el arresto y la detención de los activistas Rachid Auine, Mohamed Rag, Khencha Belkacem, Brahimi Belelmi, Mazuzi Benalal, Azuzi Bubakeur, Korini Belkacem, Bekuider Fauzi, Bensarkha Tahar y Yabalah Abdelkader, ya que están siendo retenidos a pesar de que sus actividades son plenamente legítimas con arreglo a la legislación argelina y conformes a los instrumentos internacionales de derechos humanos que Argelia ha ratificado;

2.  Recuerda que Argelia está sujeta al cumplimiento del artículo 2 del Acuerdo de Asociación,—que estipula que un elemento esencial del mismo es el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales—, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y que tiene, por tanto, la obligación de respetar los derechos humanos universales, entre ellos la libertad de reunión y de asociación;

3.  Considera que el e acoso y la intimidación de los activistas de los derechos laborales y los defensores de los derechos humanos, también en el ámbito judicial, no son una práctica conforme a las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos;

4.  Considera que el derecho a un juicio justo y la salvaguardia de una garantía mínima para los derechos de la defensa de todos los detenidos, incluidos los defensores de los derechos humanos y los activistas de los derechos laborales, son conformes al artículo 14, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Argelia;

5.  Pide a las autoridades argelinas que aseguren y garanticen el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y que adopten las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la protección de los activistas de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos, así como su libertad para llevar a cabo actividades legítimas y pacíficas;

6.  Recuerda que el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión recomendó al Gobierno argelino que revocase el decreto de 18 de junio de 2001 que prohíbe las protestas pacíficas y toda forma de manifestación pública en Argel, y que estableciese un sistema de notificación sencillo en lugar del requisito de autorización previa para las manifestaciones públicas;

7.  Pide a las autoridades argelinas que deroguen la Ley 12-06 sobre asociaciones y que entablen un verdadero diálogo con las organizaciones de la sociedad civil para elaborar una nueva ley que esté en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos y con la Constitución argelina;

8.  Celebra que, desde 2012, doce organizaciones sindicales hayan recibido sus respectivas licencias; recuerda que no deben hacerse maniobras administrativas para denegar el reconocimiento jurídico a los sindicatos independientes que intentan operar fuera de la organización actual de sindicatos; pide a las autoridades argelinas que permitan a los nuevos sindicatos darse de alta legalmente y que cumplan los Convenios establecidos por la OIT que han sido ratificados por Argelia, en particular el Convenio nº 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y el Convenio nº 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva;

9.  Reconoce que Argelia ha ratificado la mayoría de los tratados internacionales sobre derechos humanos; anima a las autoridades argelinas a que intensifiquen su compromiso y su cooperación con las Naciones Unidas, en particular con la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos; pide a las autoridades argelinas que colaboren con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en especial invitando a los relatores especiales a que realicen visitas al país y teniendo en cuenta sus recomendaciones; pide también a Argelia que coopere activamente con los mecanismos de derechos humanos de la Unión Africana y sobre todo con el Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos;

10.  Pide a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a los Estados miembros de la UE que garanticen una política de la UE clara y basada en principios en relación con Argelia, incluya un diálogo en materia de derechos humanos, en consonancia con el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia; pide a la VP/AR y a los Estados miembros que garanticen que se dote de contenido al diálogo político y en materia de seguridad y derechos humanos con Argelia en las tres dimensiones, y pide, por consiguiente, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que establezca referencias e indicadores claros para controlar los objetivos de la UE y evaluar los progresos en los ámbitos de los derechos humanos, la impunidad, la libertad de asociación, de reunión y de expresión, el Estado de Derecho y la situación de los defensores de los derechos humanos en Argelia;

11.  Insta a las autoridades argelinas, a la VP/AR y al SEAE a que incluyan un amplio capítulo sobre derechos humanos en el futuro plan de acción UE-Argelia, que exprese una firme voluntad política para avanzar de forma conjunta de jure y de facto en la promoción y la protección de los derechos humanos, de conformidad con la Constitución argelina, los tratados internacionales sobre derechos humanos y los instrumentos de derechos humanos a escala regional africana de los que Argelia es Parte; opina que es necesario adoptar objetivos específicos de derechos humanos en el marco del plan de acción UE-Argelia, junto con un programa de reformas que debe acometer Argelia con la participación constructiva de la sociedad civil independiente; pide que se establezcan indicadores para realizar una evaluación objetiva y regular de la situación de los derechos humanos en Argelia;

12.  Pide al SEAE y a los Estados miembros que sigan de cerca todos los juicios y procedimientos judiciales contra los defensores de los derechos humanos y los activistas de los derechos laborales a través de la presencia de representantes de la delegación de la UE y las embajadas de los Estados miembros en Argel, y que informen de ello al Parlamento;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Delegación de la UE en Argel, al Gobierno de Argelia, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1) DO C 124 E de 25.5.2006, p. 567.
(2) DO C 279 E de 20.11.2003, p. 115.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
(4) Textos aprobados, P7_TA(2013)0446.

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