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Procedimiento : 2016/2556(RSP)
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RC-B8-0173/2016

Debates :

Votaciones :

PV 04/02/2016 - 8.1
CRE 04/02/2016 - 8.1

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0043

Textos aprobados
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Jueves 4 de febrero de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Situación de los derechos humanos en Crimea, en particular la de los tártaros de Crimea
P8_TA(2016)0043RC-B8-0173/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre la situación de los derechos humanos en Crimea, en particular la de los tártaros de Crimea (2016/2556(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la Asociación Oriental, Ucrania y la Federación de Rusia,

–  Vistos los informes de la Misión de Evaluación de los Derechos Humanos en Crimea, a cargo de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y del Alto Comisionado para las Minorías Naciones (ACNM) de la OSCE,

–  Vistas las decisiones del Consejo Europeo (de 21 de marzo, 27 de junio y 16 de julio de 2014) por las que se imponen sanciones a la Federación de Rusia como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea,

–  Visto el «Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania - del 16 de agosto al 15 de noviembre de 2015» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vista la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «La integridad territorial de Ucrania»,

–  Visto el informe de Freedom House titulado «La libertad en el mundo en 2016», que califica la situación de Crimea en cuanto a libertades políticas y civiles como «sin libertades»,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Federación de Rusia se ha anexionado ilegalmente Crimea y Sebastopol, violando con ello el Derecho internacional, incluidas la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest de 1994 y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación de 1997 entre Ucrania y la Federación de Rusia;

B.  Considerando que durante la anexión ilegal de Crimea por la Federación de Rusia en 2014, tanto el pueblo ucraniano —incluidos los tártaros de Crimea— como el ejército ucraniano han demostrado gran valentía y lealtad a Ucrania, oponiéndose pacíficamente al acto beligerante de la anexión; que diversas organizaciones internacionales y de defensa de los derechos humanos denuncian que el nivel de protección de los derechos humanos en Crimea se ha visto seriamente mermado desde la ocupación y la anexión ilegal de la península por la Federación de Rusia a principios de 2014;

C.  Considerando que se han producido abusos específicamente dirigidos contra la comunidad tártara —la mayor parte de la cual se opuso a la anexión rusa y boicoteó el llamado referéndum del 16 de marzo de 2014—, consistentes en particular en la aplicación de la legislación rusa «antiextremista», de carácter extremadamente vago e impreciso, para intimidar y silenciar a los críticos; que entre estos abusos se cuentan secuestros, desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros actos de violencia que las autoridades de hecho no han investigado ni perseguido;

D.  Considerando que a diversos líderes tártaros de Crimea, como por ejemplo a Mustafa Dzhemiliev, diputado a la Verjovna Rada de Ucrania, y a Refat Chubárov, presidente del Mejlís, se les ha prohibido la entrada en Crimea; que actualmente estas personas sí tienen autorizada la entrada, pero bajo amenaza de detención; que un tribunal ruso ha dictado una orden de detención contra Mustafa Dzhemiliev, que en su momento pasó quince años en prisiones soviéticas por luchar por que su pueblo regresara a su tierra de origen de Crimea;

E.  Considerando que todas las comunidades religiosas, incluidas las iglesias cristianas independientes de Moscú, han sufrido restricciones en sus actividades; que estas dificultades se deben a la grave restricción de la libertad de asociación, a expropiaciones, a la denegación de prórrogas de documentos y a los registros periódicos practicados en los locales de estas organizaciones religiosas;

F.  Considerando que las personas que se han negado a aceptar la ciudadanía rusa tras la anexión sufren discriminación y graves dificultades en todos los aspectos de su vida social, política y económica;

G.  Considerando que Rusia restringe el acceso a Crimea por parte de la OSCE, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, por no hablar de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los periodistas independientes; que la imposibilidad de acceder a Crimea dificulta sobremanera la supervisión y la información sobre la situación de los derechos humanos en este territorio;

H.  Considerando que la totalidad de la población tártara de Crimea, pueblo autóctono de este territorio, fue deportada en 1944 a otras regiones de la entonces Unión Soviética, y privada del derecho de regresar al mismo hasta 1989; que el 12 de noviembre de 2015 la Verjovna Rada de Ucrania aprobó una resolución en la que se reconoció la deportación de los tártaros de Crimea en 1944 como genocidio y se estableció el 18 de mayo como Día de Memoria;

1.  Reitera su firme compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania con arreglo a sus fronteras reconocidas internacionalmente, así como con la opción libre y soberana de este país de avanzar por una senda europea; recuerda su firme condena de la anexión ilegal de la península de Crimea por Rusia, así como el compromiso de la UE, de sus Estados miembros y de la comunidad internacional con la plena aplicación de la política de no reconocimiento de la citada anexión ilegal; señala asimismo que el restablecimiento de la autoridad ucraniana sobre la península es una de las condiciones necesarias para la reanudación de las relaciones de cooperación con la Federación de Rusia, incluida la suspensión de las correspondientes sanciones;

2.  Condena taxativamente el nivel sin precedentes de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los habitantes de Crimea, en particular los tártaros, que no se atienen a las normas de las llamadas autoridades locales, especialmente las impuestas bajo pretexto de combatir el extremismo y el terrorismo;

3.  Condena las severas restricciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, que afectan incluso a actos conmemorativos tradicionales como el aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea por el régimen totalitario soviético de Stalin y a los encuentros culturales de los tártaros de Crimea; destaca que, en consonancia con el Derecho internacional, los tártaros, como pueblo autóctono de Crimea que son, tienen derecho a mantener y fortalecer sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales diferenciadas; pide que respete el Mejlís como institución representativa legítima de la comunidad tártara de Crimea y que cese todo acoso y persecución sistemática de sus miembros; expresa su preocupación por la conculcación de las libertades, los derechos de propiedad y los derechos civiles, políticos y culturales de los tártaros, así como por las intimidaciones y detenciones de que son objeto; observa con idéntica preocupación los requisitos restrictivos de nuevo registro impuestos a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil;

4.  Insta a las autoridades rusas y a las autoridades locales de hecho a que investiguen de manera eficaz, imparcial y transparente todos los casos de desapariciones, torturas y abusos de derechos humanos a manos de fuerzas policiales y paramilitares activas en la península de Crimea desde febrero de 2014;

5.  Recuerda que la Federación de Rusia, como potencia ocupante que es, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población y de respetar los derechos humanos, culturales y religiosos de los tártaros autóctonos y de todas las demás minorías de Crimea, así como de mantener el Estado de Derecho en la península;

6.  Recuerda que a diversas instituciones y expertos independientes de la OSCE, de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa se les ha denegado parcial o totalmente la entrada en la península de Crimea, por lo que no han podido supervisar la situación de los derechos humanos en este territorio pese a sus mandatos en este sentido;

7.  Pide a las autoridades de la Federación de Rusia y a las autoridades de hecho en Crimea, que están obligadas por el Derecho internacional humanitario y por la legislación internacional sobre derechos humanos, que permitan el acceso sin restricciones a Crimea de las instituciones internacionales y los expertos independientes de la OSCE, de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, así como de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y medios de comunicación que deseen visitar el territorio para valorar la situación e informar sobre la misma; pide al Consejo y al SEAE que presionen a Rusia en este sentido; acoge con satisfacción la decisión del Secretario General del Consejo de Europa de enviar a Crimea a su representante especial para los Derechos Humanos, puesto que se trata de su primera visita tras la anexión rusa y se espera que ofrezca una valoración actualizada de la situación sobre el terreno; aguarda con interés sus conclusiones; subraya que una presencia internacional sobre el terreno debe ser coordinada con Ucrania;

8.  Celebra la iniciativa ucraniana de crear un mecanismo internacional de negociación para el restablecimiento de la soberanía ucraniana sobre Crimea con el formato «Ginebra plus», que debería incluir la participación directa de la UE; pide a Rusia que inicie negociaciones con Ucrania y otras partes para la retirada rusa de Crimea, que levante los embargos al comercio y a la energía y que revoque el estado de emergencia en Crimea;

9.  Deplora los impedimentos opuestos al regreso de los líderes tártaros a Crimea y su enjuiciamiento, así como la creciente e inaceptable presión sobre otros miembros del Mejlís; lamenta asimismo el cierre ilegítimo del canal de televisión ATR, que tiene una difusión importante entre la comunidad tártara de Crimea; pide a la Comisión Europea que amplíe la asistencia financiera necesaria para garantizar el funcionamiento de este y otros medios de comunicación en el exilio en Ucrania; considera el cierre de escuelas y clases de los tártaros de Crimea, así como las restricciones al uso de su lengua, como una grave limitación de los derechos básicos de miembros de la comunidad, como lo es también el que la lengua ucraniana haya sido eliminada de la vida pública;

10.  Pide que se preserve el entorno multicultural de Crimea y que se respeten plenamente el ucraniano, el tártaro y otras lenguas minoritarias y culturas diferenciadas;

11.  Lamenta las actuaciones de la administración de hecho para obstaculizar el funcionamiento del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea —el órgano representativo y ejecutivo supremo de los tártaros de Crimea—, como por ejemplo el cierre de sus oficinas centrales, la incautación de algunas de sus propiedades y otros actos de intimidación;

12.  Condena la constante represión ejercida sobre periodistas, medios de comunicación independientes y activistas de la sociedad civil en Crimea; lamenta la expedición forzosa de pasaportes rusos impuesta en Crimea a ciudadanos ucranianos por la Federación de Rusia; condena asimismo la práctica de las autoridades de hecho de imponer la ciudadanía rusa a los habitantes de Crimea;

13.  Reitera su apoyo a la decisión de la UE de prohibir las importaciones procedentes de Crimea salvo que vayan acompañadas de un certificado de origen expedido por las autoridades ucranianas, así como a las medidas restrictivas relativas a la exportación de determinados bienes y tecnologías, a las inversiones y al comercio y a los servicios en Crimea; pide al Consejo que prosiga con estas sanciones hasta la plena reintegración de Crimea al ordenamiento jurídico de Ucrania;

14.  Pide a la Federación de Rusia que investigue todos los casos de torturas a presos detenidos ilegalmente en Crimea, que libere a presos como Oleg Sentsov y Oleksandr Kolchenko, así como a Ahtem Chiigoz —vicepresidente del Mejlís—, Mustafa Degermendzhi y Ali Asanov, que fueron detenidos en Crimea por protestar pacíficamente contra la ocupación, y que garantice el retorno de estas personas a Ucrania en condiciones de seguridad; insta a la Federación de Rusia a que ponga fin a la persecución política de disidentes y de activistas de la sociedad civil; condena el traslado de estas personas a Rusia y la imposición a las mismas de la ciudadanía rusa;

15.  Condena la militarización de Crimea, que tiene un notable impacto negativo sobre la vida económica y social, así como las amenazas de Rusia de desplegar armas nucleares en la península, lo que constituye un riesgo importante para la seguridad regional, europea y mundial; reitera su llamamiento en favor de la retirada de todas las fuerzas rusas de Crimea y del este de Ucrania;

16.  Destaca que la cooperación económica, así como el suministro de bienes y servicios entre Ucrania y la península de Crimea momentáneamente ocupada debe llevarse a cabo conforme al ordenamiento jurídico ucraniano, que debe ser respetado por todas las partes, evitándose con ello cualquier posible consecuencia negativa para los habitantes de la península; pide a las autoridades que investiguen y pongan fin a las posibles infracciones en este sentido;

17.  Expresa su grave preocupación por la situación de las personas LGBTI de Crimea, que se ha deteriorado notablemente tras la anexión rusa, así como por las amenazas y acciones represivas ejercidas por las autoridades de hecho y los diversos grupos paramilitares;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la VP/AR, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al Consejo de Europa, a la OSCE, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea.

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