Índice 
Textos aprobados
Jueves 4 de febrero de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Situación de los derechos humanos en Crimea, en particular la de los tártaros de Crimea
 Baréin: el caso de Mohamed Ramadán
 El caso de los editores desaparecidos en Hong Kong
 Informe de evolución 2015 sobre Serbia
 Proceso de integración europea de Kosovo
 Situación en Libia
 Condición de insularidad
 El cometido de las entidades locales y regionales en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)
 Masacre sistemática de minorías religiosas por el EIIL

Situación de los derechos humanos en Crimea, en particular la de los tártaros de Crimea
PDF 172kWORD 72k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre la situación de los derechos humanos en Crimea, en particular la de los tártaros de Crimea (2016/2556(RSP))
P8_TA(2016)0043RC-B8-0173/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la Asociación Oriental, Ucrania y la Federación de Rusia,

–  Vistos los informes de la Misión de Evaluación de los Derechos Humanos en Crimea, a cargo de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE y del Alto Comisionado para las Minorías Naciones (ACNM) de la OSCE,

–  Vistas las decisiones del Consejo Europeo (de 21 de marzo, 27 de junio y 16 de julio de 2014) por las que se imponen sanciones a la Federación de Rusia como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea,

–  Visto el «Informe sobre la situación de los derechos humanos en Ucrania - del 16 de agosto al 15 de noviembre de 2015» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vista la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «La integridad territorial de Ucrania»,

–  Visto el informe de Freedom House titulado «La libertad en el mundo en 2016», que califica la situación de Crimea en cuanto a libertades políticas y civiles como «sin libertades»,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Federación de Rusia se ha anexionado ilegalmente Crimea y Sebastopol, violando con ello el Derecho internacional, incluidas la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest de 1994 y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación de 1997 entre Ucrania y la Federación de Rusia;

B.  Considerando que durante la anexión ilegal de Crimea por la Federación de Rusia en 2014, tanto el pueblo ucraniano —incluidos los tártaros de Crimea— como el ejército ucraniano han demostrado gran valentía y lealtad a Ucrania, oponiéndose pacíficamente al acto beligerante de la anexión; que diversas organizaciones internacionales y de defensa de los derechos humanos denuncian que el nivel de protección de los derechos humanos en Crimea se ha visto seriamente mermado desde la ocupación y la anexión ilegal de la península por la Federación de Rusia a principios de 2014;

C.  Considerando que se han producido abusos específicamente dirigidos contra la comunidad tártara —la mayor parte de la cual se opuso a la anexión rusa y boicoteó el llamado referéndum del 16 de marzo de 2014—, consistentes en particular en la aplicación de la legislación rusa «antiextremista», de carácter extremadamente vago e impreciso, para intimidar y silenciar a los críticos; que entre estos abusos se cuentan secuestros, desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros actos de violencia que las autoridades de hecho no han investigado ni perseguido;

D.  Considerando que a diversos líderes tártaros de Crimea, como por ejemplo a Mustafa Dzhemiliev, diputado a la Verjovna Rada de Ucrania, y a Refat Chubárov, presidente del Mejlís, se les ha prohibido la entrada en Crimea; que actualmente estas personas sí tienen autorizada la entrada, pero bajo amenaza de detención; que un tribunal ruso ha dictado una orden de detención contra Mustafa Dzhemiliev, que en su momento pasó quince años en prisiones soviéticas por luchar por que su pueblo regresara a su tierra de origen de Crimea;

E.  Considerando que todas las comunidades religiosas, incluidas las iglesias cristianas independientes de Moscú, han sufrido restricciones en sus actividades; que estas dificultades se deben a la grave restricción de la libertad de asociación, a expropiaciones, a la denegación de prórrogas de documentos y a los registros periódicos practicados en los locales de estas organizaciones religiosas;

F.  Considerando que las personas que se han negado a aceptar la ciudadanía rusa tras la anexión sufren discriminación y graves dificultades en todos los aspectos de su vida social, política y económica;

G.  Considerando que Rusia restringe el acceso a Crimea por parte de la OSCE, las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, por no hablar de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los periodistas independientes; que la imposibilidad de acceder a Crimea dificulta sobremanera la supervisión y la información sobre la situación de los derechos humanos en este territorio;

H.  Considerando que la totalidad de la población tártara de Crimea, pueblo autóctono de este territorio, fue deportada en 1944 a otras regiones de la entonces Unión Soviética, y privada del derecho de regresar al mismo hasta 1989; que el 12 de noviembre de 2015 la Verjovna Rada de Ucrania aprobó una resolución en la que se reconoció la deportación de los tártaros de Crimea en 1944 como genocidio y se estableció el 18 de mayo como Día de Memoria;

1.  Reitera su firme compromiso con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania con arreglo a sus fronteras reconocidas internacionalmente, así como con la opción libre y soberana de este país de avanzar por una senda europea; recuerda su firme condena de la anexión ilegal de la península de Crimea por Rusia, así como el compromiso de la UE, de sus Estados miembros y de la comunidad internacional con la plena aplicación de la política de no reconocimiento de la citada anexión ilegal; señala asimismo que el restablecimiento de la autoridad ucraniana sobre la península es una de las condiciones necesarias para la reanudación de las relaciones de cooperación con la Federación de Rusia, incluida la suspensión de las correspondientes sanciones;

2.  Condena taxativamente el nivel sin precedentes de las violaciones de derechos humanos perpetradas contra los habitantes de Crimea, en particular los tártaros, que no se atienen a las normas de las llamadas autoridades locales, especialmente las impuestas bajo pretexto de combatir el extremismo y el terrorismo;

3.  Condena las severas restricciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, que afectan incluso a actos conmemorativos tradicionales como el aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea por el régimen totalitario soviético de Stalin y a los encuentros culturales de los tártaros de Crimea; destaca que, en consonancia con el Derecho internacional, los tártaros, como pueblo autóctono de Crimea que son, tienen derecho a mantener y fortalecer sus instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales diferenciadas; pide que respete el Mejlís como institución representativa legítima de la comunidad tártara de Crimea y que cese todo acoso y persecución sistemática de sus miembros; expresa su preocupación por la conculcación de las libertades, los derechos de propiedad y los derechos civiles, políticos y culturales de los tártaros, así como por las intimidaciones y detenciones de que son objeto; observa con idéntica preocupación los requisitos restrictivos de nuevo registro impuestos a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil;

4.  Insta a las autoridades rusas y a las autoridades locales de hecho a que investiguen de manera eficaz, imparcial y transparente todos los casos de desapariciones, torturas y abusos de derechos humanos a manos de fuerzas policiales y paramilitares activas en la península de Crimea desde febrero de 2014;

5.  Recuerda que la Federación de Rusia, como potencia ocupante que es, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de toda la población y de respetar los derechos humanos, culturales y religiosos de los tártaros autóctonos y de todas las demás minorías de Crimea, así como de mantener el Estado de Derecho en la península;

6.  Recuerda que a diversas instituciones y expertos independientes de la OSCE, de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa se les ha denegado parcial o totalmente la entrada en la península de Crimea, por lo que no han podido supervisar la situación de los derechos humanos en este territorio pese a sus mandatos en este sentido;

7.  Pide a las autoridades de la Federación de Rusia y a las autoridades de hecho en Crimea, que están obligadas por el Derecho internacional humanitario y por la legislación internacional sobre derechos humanos, que permitan el acceso sin restricciones a Crimea de las instituciones internacionales y los expertos independientes de la OSCE, de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, así como de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y medios de comunicación que deseen visitar el territorio para valorar la situación e informar sobre la misma; pide al Consejo y al SEAE que presionen a Rusia en este sentido; acoge con satisfacción la decisión del Secretario General del Consejo de Europa de enviar a Crimea a su representante especial para los Derechos Humanos, puesto que se trata de su primera visita tras la anexión rusa y se espera que ofrezca una valoración actualizada de la situación sobre el terreno; aguarda con interés sus conclusiones; subraya que una presencia internacional sobre el terreno debe ser coordinada con Ucrania;

8.  Celebra la iniciativa ucraniana de crear un mecanismo internacional de negociación para el restablecimiento de la soberanía ucraniana sobre Crimea con el formato «Ginebra plus», que debería incluir la participación directa de la UE; pide a Rusia que inicie negociaciones con Ucrania y otras partes para la retirada rusa de Crimea, que levante los embargos al comercio y a la energía y que revoque el estado de emergencia en Crimea;

9.  Deplora los impedimentos opuestos al regreso de los líderes tártaros a Crimea y su enjuiciamiento, así como la creciente e inaceptable presión sobre otros miembros del Mejlís; lamenta asimismo el cierre ilegítimo del canal de televisión ATR, que tiene una difusión importante entre la comunidad tártara de Crimea; pide a la Comisión Europea que amplíe la asistencia financiera necesaria para garantizar el funcionamiento de este y otros medios de comunicación en el exilio en Ucrania; considera el cierre de escuelas y clases de los tártaros de Crimea, así como las restricciones al uso de su lengua, como una grave limitación de los derechos básicos de miembros de la comunidad, como lo es también el que la lengua ucraniana haya sido eliminada de la vida pública;

10.  Pide que se preserve el entorno multicultural de Crimea y que se respeten plenamente el ucraniano, el tártaro y otras lenguas minoritarias y culturas diferenciadas;

11.  Lamenta las actuaciones de la administración de hecho para obstaculizar el funcionamiento del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea —el órgano representativo y ejecutivo supremo de los tártaros de Crimea—, como por ejemplo el cierre de sus oficinas centrales, la incautación de algunas de sus propiedades y otros actos de intimidación;

12.  Condena la constante represión ejercida sobre periodistas, medios de comunicación independientes y activistas de la sociedad civil en Crimea; lamenta la expedición forzosa de pasaportes rusos impuesta en Crimea a ciudadanos ucranianos por la Federación de Rusia; condena asimismo la práctica de las autoridades de hecho de imponer la ciudadanía rusa a los habitantes de Crimea;

13.  Reitera su apoyo a la decisión de la UE de prohibir las importaciones procedentes de Crimea salvo que vayan acompañadas de un certificado de origen expedido por las autoridades ucranianas, así como a las medidas restrictivas relativas a la exportación de determinados bienes y tecnologías, a las inversiones y al comercio y a los servicios en Crimea; pide al Consejo que prosiga con estas sanciones hasta la plena reintegración de Crimea al ordenamiento jurídico de Ucrania;

14.  Pide a la Federación de Rusia que investigue todos los casos de torturas a presos detenidos ilegalmente en Crimea, que libere a presos como Oleg Sentsov y Oleksandr Kolchenko, así como a Ahtem Chiigoz —vicepresidente del Mejlís—, Mustafa Degermendzhi y Ali Asanov, que fueron detenidos en Crimea por protestar pacíficamente contra la ocupación, y que garantice el retorno de estas personas a Ucrania en condiciones de seguridad; insta a la Federación de Rusia a que ponga fin a la persecución política de disidentes y de activistas de la sociedad civil; condena el traslado de estas personas a Rusia y la imposición a las mismas de la ciudadanía rusa;

15.  Condena la militarización de Crimea, que tiene un notable impacto negativo sobre la vida económica y social, así como las amenazas de Rusia de desplegar armas nucleares en la península, lo que constituye un riesgo importante para la seguridad regional, europea y mundial; reitera su llamamiento en favor de la retirada de todas las fuerzas rusas de Crimea y del este de Ucrania;

16.  Destaca que la cooperación económica, así como el suministro de bienes y servicios entre Ucrania y la península de Crimea momentáneamente ocupada debe llevarse a cabo conforme al ordenamiento jurídico ucraniano, que debe ser respetado por todas las partes, evitándose con ello cualquier posible consecuencia negativa para los habitantes de la península; pide a las autoridades que investiguen y pongan fin a las posibles infracciones en este sentido;

17.  Expresa su grave preocupación por la situación de las personas LGBTI de Crimea, que se ha deteriorado notablemente tras la anexión rusa, así como por las amenazas y acciones represivas ejercidas por las autoridades de hecho y los diversos grupos paramilitares;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la VP/AR, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al Consejo de Europa, a la OSCE, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea.


Baréin: el caso de Mohamed Ramadán
PDF 171kWORD 71k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre Baréin: el caso de Mohamed Ramadán (2016/2557(RSP))
P8_TA(2016)0044RC-B8-0174/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Baréin, en particular la de 9 de julio de 2015 sobre Baréin, en particular sobre el caso de Nabil Rayab(1),

–  Vista la Comisión de Investigación Independiente de Baréin (CIIB) , creada mediante Real Decreto para investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos en Baréin en febrero de 2011 y sus consecuencias, que presentó su informe en noviembre de 2011,

–  Visto el segundo Informe Anual de 2014 presentado por el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Abdulaziz Abul, al ministro del Interior, teniente general jeque Rachid bin Abdulá al-Jalifa, el 27 de enero de 2016,

–  Vista la Declaración conjunta sobre Baréin de 33 Estados, presentada en la 30.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 14 de septiembre de 2015,

–  Vista la Declaración conjunta sobre Baréin, de 16 de julio de 2015, del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,

–  Visto el informe de noviembre de 2011 de la Comisión de Investigación Independiente de Baréin (CIIB),

–  Visto el llamamiento en favor de la liberación inmediata del preso de conciencia Abdulyalil al-Sinkis, que se encuentra en huelga de hambre,

–  Vista la decisión del Consejo de Ministros de la Liga Árabe, reunido en El Cairo el 1 de septiembre de 2013, de establecer un tribunal panárabe de derechos humanos con sede en Manama, capital de Baréin,

–  Visto el Acuerdo de Cooperación entre la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo, de 1988,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, revisadas el 12 de abril de 2013,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Carta Árabe de los Derechos Humanos, de los que Baréin es parte,

–  Vistas la Resolución 68/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Resolución 25/7 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Baréin es un socio clave de la Unión Europea en el golfo Pérsico, en particular en los ámbitos de las relaciones políticas y económicas, la energía y la seguridad; que redunda en interés mutuo seguir profundizando nuestra asociación para reaccionar mejor ante futuros desafíos;

B.  Considerando que, desde el inicio de los levantamientos en 2011, las autoridades bareiníes han recurrido de manera creciente a medidas represivas basadas en acusaciones de terrorismo contra manifestantes pacíficos, e incluso a la aplicación de la pena de muerte; que los tribunales bareiníes dictaron siete nuevas sentencias de muerte en 2015;

C.  Considerando que, el 18 de febrero de 2014, Mohamed Ramadán, guardia de seguridad del aeropuerto, de 32 años de edad, fue detenido por las autoridades bareiníes acusado de haber participado —con Husein Alí Musa, que había sido detenido anteriormente— en un atentado con bomba cometido el 14 de febrero de 2014 en Al-Dair, que causó la muerte de un oficial de seguridad e hirió a varios;

D.  Considerando que el Sr. Ramadán fue detenido presuntamente sin orden judicial y que ambos hombres declararon haber sido apaleados violentamente y torturados hasta que accedieron a confesar, y posteriormente se retractaron ante el fiscal; que la confesión presuntamente obtenida mediante torturas fue la prueba principal en los juicios contra el Sr. Ramadán y el Sr. Musa;

E.  Considerando que, el 29 de diciembre de 2014, un tribunal penal bareiní condenó a muerte al Sr. Ramadán y al Sr. Musa; que fueron juzgados junto con otros diez acusados, de los que nueve fueron condenados a diez años de prisión y el último, a cadena perpetua; que se utilizó la ley antiterrorista de Baréin para justificar la pena de muerte;

F.  Considerando que el Tribunal de Casación, tribunal superior de apelación de Baréin, confirmó las sentencias de muerte el 16 de noviembre de 2015, a pesar de que los condenados se habían retractado de sus declaraciones y habían reiterado que habían confesado bajo tortura; que los tribunales de Baréin no tomaron en consideración sus afirmaciones y ni siquiera iniciaron una investigación;

G.  Considerando que el Sr. Ramadán es solo una de las diez personas a la espera de ejecución en Baréin y el primer condenado a muerte desde 2011; que el Sr. Ramadán es uno de los primeros que ha agotado todas las vías legales de recurso, y su ejecución puede ser inminente; que nada indica que se hayan llevado a cabo investigaciones sobre las denuncias de tortura en el caso de Mohamed Ramadán;

H.  Considerando que, el 14 de agosto de 2014, cinco expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación al Gobierno bareiní por las denuncias de detención arbitraria, privación de libertad y torturas de nueve ciudadanos bareiníes, incluido el Sr. Ramadán, y su subsiguiente condena a raíz de juicios que no cumplían las normas internacionalmente aceptadas en materia de garantías procesales y juicio justo;

I.  Considerando que varias ONG de defensa de los derechos humanos han documentado el desarrollo de juicios injustos, la práctica de torturas y la aplicación de penas de muerte por Baréin en vulneración de diferentes convenios internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que Baréin se adhirió en 2006;

J.  Considerando que la Comisión de Investigación Independiente de Baréin (CIIB), establecida el 29 de junio de 2011 en el Reino de Baréin en virtud del Real Decreto n.º 28 para investigar e informar sobre los acontecimientos acaecidos en Baréin en febrero de 2011, formuló una serie de recomendaciones sobre derechos humanos y reformas políticas;

K.  Considerando que entre las 26 recomendaciones de la CIIB figuraba la conmutación de todas las penas de muerte impuestas por actos relacionados con los acontecimientos de febrero y marzo de 2011; que esta fue una de las dos recomendaciones que se llevaron a efecto plenamente, lo que supuso un paso positivo hacia la abolición de la pena de muerte;

L.  Considerando que estas recomendaciones han inducido al Gobierno de Baréin a establecer tres órganos desde 2012 —la Oficina del Defensor del Pueblo en el Ministerio del Interior, una Unidad de Investigaciones Especiales en la Fiscalía General, y la Comisión de Derechos de Presos y Detenidos— con el mandato colectivo de poner fin a la tortura en centros de interrogatorio y de detención;

M.  Considerando que muchas de las acciones recientes de las autoridades de Baréin siguen vulnerando y restringiendo los derechos y las libertades de algunos sectores de la población, en particular el derecho de las personas a protestar pacíficamente, la libertad de expresión y la libertad digital; que los defensores de los derechos humanos se enfrentan a una campaña permanente y sistemática de acoso y detención;

N.  Considerando que, según algunos informes, en Baréin sigue habiendo un número considerable de presos de conciencia;

O.  Considerando que aparentemente las fuerzas de seguridad de Baréin siguen torturando a detenidos;

1.  Expresa su preocupación y su decepción ante el retorno de Baréin a la práctica de la pena capital; pide la reintroducción de la moratoria sobre la pena de muerte, como primer paso hacia su abolición; pide al Gobierno de Baréin y en particular a su majestad el jeque Hamad bin Isa Al-Jalifa que conceda a Mohamed el indulto real o que conmute su sentencia;

2.  Condena enérgicamente la persistencia del recurso por las fuerzas de seguridad a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra presos; manifiesta su extrema preocupación por la integridad física y psíquica de los presos;

3.  Expresa su preocupación por el uso de las leyes antiterroristas en Baréin para castigar creencias y convicciones políticas e impedir que los ciudadanos desarrollen actividades políticas;

4.  Destaca la obligación de velar por la protección de los defensores de los derechos humanos y por que puedan desarrollar su trabajo libres de trabas, intimidación o acoso;

5.  Toma nota de los esfuerzos en curso del Gobierno de Baréin para reformar el Código Penal y los procedimientos judiciales y le anima a seguir adelante con este proceso; insta al Gobierno de Baréin a que respete las normas internacionalmente aceptadas en materia de garantías procesales y juicio justo y que respete las normas internacionales mínimas establecidas en los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

6.  Pide a las autoridades competentes que emprendan una investigación rápida e imparcial sobre todas las denuncias de torturas, que persigan a los sospechosos de perpetrar torturas, y que revoquen todas las condenas basadas en confesiones obtenidas con el recurso a la tortura;

7.  Recuerda a las autoridades bareiníes que el artículo 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe que se utilicen como prueba en los procedimientos declaraciones hechas bajo tortura; pide la ratificación inmediata del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte;

8.  Pide al Gobierno de Baréin que invite de inmediato y públicamente al relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura a que visite el país, y que le ofrezca acceso ilimitado a los presos y a todos los lugares de detención;

9.  Toma nota de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la Comisión de Derechos de los Presos y Detenidos y de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en especial sobre los derechos de los presos y sus condiciones de encarcelamiento, incluidas las relativas a presuntos maltratos y torturas; pide, no obstante, al Gobierno de Baréin que vele por la independencia de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión de Derechos de los Presos y Detenidos y que garantice la independencia de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía General;

10.  Destaca la importancia del apoyo dado a Baréin, en particular por lo que se refiere a su sistema judicial, para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de derechos humanos; alienta vivamente el establecimiento de un grupo de trabajo UE-Baréin sobre derechos humanos;

11.  Pide a las autoridades de Baréin que levanten la prohibición arbitraria de viajar impuesta a Nabil Rayab y que retiren todas las acusaciones pendientes contra él relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y el Parlamento del Reino de Baréin y a los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0279.


El caso de los editores desaparecidos en Hong Kong
PDF 174kWORD 72k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre el caso de los editores desaparecidos en Hong Kong (2016/2558(RSP))
P8_TA(2016)0045RC-B8-0175/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en China, en particular la de 16 de diciembre de 2015, sobre las relaciones UE-China(1), y la de 13 de marzo de 2014, sobre las prioridades de la UE para el 25.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas(2),

–  Vista la declaración, de 7 de enero de 2016, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la desaparición de personas asociadas a la editorial Mighty Current de Hong Kong,

–  Vista la declaración del SEAE, de 29 de enero de 2016, sobre la inquietud de la UE por la situación de los derechos humanos en China,

–  Visto el informe anual 2014 de la Comisión sobre la Región Administrativa Especial de Hong Kong, publicado en abril de 2015,

–  Visto el establecimiento de relaciones diplomáticas entre la UE y China el 6 de mayo de 1975,

–  Vista la Asociación Estratégica UE-China puesta en marcha en 2003,

–  Vista la Agenda Estratégica para la Cooperación UE-China 2020 acordada el 21 de noviembre de 2013,

–  Vistas las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de asociación y cooperación, que se han suspendido,

–  Vistas la adopción por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional China, el 1 de julio de 2015, de la nueva Ley de seguridad nacional, y la publicación, el 5 de mayo de 2015, del segundo proyecto de la nueva Ley de gestión de las ONG extranjeras,

–  Vistos el diálogo UE-China sobre derechos humanos, iniciado en 1995, y la 34.ª ronda celebrada en Pekín los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el tercer informe periódico de Hong Kong, China, aprobadas por el Comité en su 107.° período de sesiones (11 a 28 de marzo de 2013),

–  Vistas las observaciones finales del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura sobre el quinto informe periódico de China, aprobadas en sus 1391.ª y 1392.ª sesiones, celebradas los días 2 y 3 de diciembre de 2015,

–  Vistos la Ley Fundamental de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China (en adelante «Ley Fundamental»), en particular los artículos relativos a las libertades personales y la libertad de prensa, y la Carta de Derechos de Hong Kong,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que en los cuatro últimos meses han desaparecido en circunstancias misteriosas cinco libreros (Lui Bo, Gui Minhai, Zhang Zhiping, Lin Rongji y Lee Po), cuatro de ellos residentes en Hong Kong y uno no residente, asociados a la editorial Mighty Current y a su librería, que vende obras literarias críticas con Pekín; que dos de ellos son ciudadanos de la UE, Gui Minhai, de nacionalidad sueca, y Lee Po, de nacionalidad británica; que en enero de 2016 llegó la confirmación de que ambos ciudadanos de la UE se encontraban en la China continental, y que se sospecha que los otros tres también están allí; que Lee Po se reunió temporalmente con su mujer el 23 de enero de 2016 en un lugar no revelado de la China continental; que la falta de información sobre su paradero y las condiciones en que se encuentran es extremadamente preocupante;

B.  Considerando que algunos medios de comunicación han publicado informaciones convincentes según las cuales los cinco libreros fueron secuestrados por las autoridades de la China continental, y que ello ha suscitado la preocupación de legisladores, organizaciones de derechos humanos y numerosos ciudadanos; que, concretamente, Lee Po fue secuestrado en Hong Kong y Giu Minhai despareció de su casa en Tailandia;

C.  Considerando que el 10 de enero de 2016 miles de manifestantes se reunieron en las calles de Hong Kong para pedir la intervención del Gobierno de la ciudad para explicar la desaparición de los cinco libreros; que estas desapariciones se producen después de una serie de violentos ataques cometidos en 2013 y 2014 contra periodistas de Hong Kong críticos con Pekín;

D.  Considerando que Hong Kong defiende y protege la libertad de palabra, de expresión y de publicación; que la publicación de información crítica con los dirigentes chinos es legal en Hong Kong, aunque esté prohibida en la China continental; que el principio de «un país, dos sistemas» garantiza la autonomía de Hong Kong con respecto a Pekín en lo que se refiere a esas libertadas consagradas en el artículo 27 de la Ley Fundamental;

E.  Considerando que se ha publicado que 14 editores y 21 publicaciones de Hong Kong han sido señalados como objetivos en un documento interno del Partido Comunista de abril de 2015 en el que se revelaba una estrategia para «exterminar» libros prohibidos en sus fuentes en Hong Kong y Macao; que el miedo a represalias ha inducido a algunos libreros de Hong Kong a retirar libros críticos con China de sus estanterías;

F.  Considerando que el Gobierno de la China continental restringe de forma rigurosa y penaliza la libertad de expresión, en particular a través de la censura; que la «Gran Muralla Cortafuegos China» de internet permite al Gobierno censurar toda información políticamente inaceptable; que China mantiene estrictas limitaciones de la libertad de expresión, y que la popularidad de los libros críticos con China entre los lectores de la China continental se considera una amenaza para la estabilidad social;

G.  Considerando que el 17 de enero de 2016 Gui Minhai publicó en la China continental una declaración de prensa en la que afirmaba que había viajado voluntariamente a la China continental y admitía, en lo que parecía una confesión forzada, que había sido condenado anteriormente por conducir en estado de embriaguez;

H.  Considerando que tanto las autoridades suecas como las británicas han solicitado a las autoridades chinas todo su apoyo para proteger los derechos de sus dos ciudadanos y los de los otros «desaparecidos»;

I.  Considerando que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura ha manifestado su grave preocupación por las repetidas informaciones procedentes de varias fuentes sobre la práctica continuada de detenciones ilegales en lugares de detención no oficiales y no reconocidos, las denominadas «cárceles negras»; que también ha manifestado su profunda preocupación por repetidas informaciones que indican que la práctica de torturas y de malos tratos sigue estando profundamente arraigada en el sistema penal, que adolece de un exceso de confianza en las confesiones para emitir condenas;

J.  Considerando que China ha aceptado oficial y nominalmente la universalidad de los derechos humanos y que, en los últimos treinta años, ha entrado en el marco internacional de los derechos humanos mediante la firma de una larga serie de tratados sobre derechos humanos, formando así parte del marco jurídico e institucional internacional de derechos humanos;

K.  Considerando que el artículo 27 de la Ley Fundamental, constitución de facto de Hong Kong, garantiza la libertad de expresión, de prensa y de publicación, y la libertad de reunión, de asociación, de desfile y de manifestación; que la Ley Fundamental, negociada entre China y el Reino Unido, garantiza estos derechos durante un período de 50 años que finaliza en 2047;

L.  Considerando que la 17.ª Cumbre UE-China, de 29 de junio de 2015, elevó las relaciones bilaterales a un nuevo nivel, y que, en su marco estratégico sobre derechos humanos y democracia, la UE se compromete a situar los derechos humanos en el centro de sus relaciones con todos los terceros países, incluidos sus socios estratégicos;

M.  Considerando que la UE y China han entablado diálogos sobre derechos humanos desde 1995 y que ambas partes consideran que los derechos humanos constituyen una parte importante de sus relaciones bilaterales;

N.  Considerando que, según el 21.º informe anual (julio de 2014) de la Asociación de Periodistas de Hong Kong, 2014 fue el peor año para la libertad de prensa en Hong Kong de las últimas décadas; que algunos periodistas sufrieron ataques físicos o fueron despedidos y otros fueron trasladados a zonas menos sensibles por expresar críticas;

1.  Manifiesta su grave preocupación por la falta de información sobre el paradero y las condiciones en que se encuentran los cinco libreros desaparecidos; pide que se publique inmediatamente información detallada sobre el paradero y las condiciones personales de Lee Po y Gui Minhai, y pide su liberación inmediata y segura y que se les garantice el derecho a comunicarse; pide la inmediata liberación de todas las demás personas detenidas arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de publicación en Hong Kong, incluidos los otros tres libreros;

2.  Pide al Gobierno chino que comunique sin demora toda información relativa a los libreros desaparecidos, y que entable un diálogo y una comunicación inmediatos, inclusivos y transparentes sobre esta cuestión entre las autoridades continentales y las de Hong Kong; señala como un hecho positivo la comunicación de Lee Po y su reencuentro con su esposa;

3.  Pide a las autoridades competentes de China, Hong Kong y Tailandia que investiguen y aclaren las circunstancias que rodean las desapariciones, de conformidad con el Estado de Derecho y, en la medida de lo posible, que colaboren para que los editores vuelvan a casa sanos y salvos;

4.  Manifiesta su preocupación por las informaciones según las cuales las fuerzas de seguridad de la China continental intervienen en Hong Kong; recuerda que la intervención de las fuerzas de seguridad continentales en Hong Kong habría constituido una violación de la Ley Fundamental; considera que esto supondría una contradicción al principio de «un país, dos sistemas»; pide a China que respete las garantías de autonomía otorgadas a Hong Kong por la Ley Fundamental;

5.  Condena enérgicamente todos los casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las detenciones arbitrarias, la entrega, las confesiones obtenidas a la fuerza, las detenciones secretas, las detenciones en condiciones de aislamiento y las violaciones de la libertad de publicación y de expresión; recuerda que debe garantizarse la independencia de los editores, periodistas y blogueros; pide que se ponga término inmediatamente a las violaciones de los derechos humanos y a la intimidación política;

6.  Condena las restricciones y la criminalización de la libertad de expresión, y lamenta el endurecimiento de las restricciones de la libertad de expresión; pide al Gobierno chino que ponga fin a la supresión del libre flujo de información, incluida la restricción del uso de internet;

7.  Expresa su inquietud por la inminente adopción del proyecto de ley sobre gestión de ONG extranjeras, pues en su estado actual obstaculizaría extraordinariamente las actividades de la sociedad civil china y limitaría en gran medida la libertad de asociación y expresión en el país, en particular prohibiendo las ONG extranjeras que no estén registradas en el Ministerio de Seguridad Pública chino e impidiendo que los departamentos provinciales de seguridad pública financien a personas u organizaciones chinas, y que grupos chinos realicen «actividades» en nombre o con la autorización de ONG extranjeras no registradas, incluidas las que tienen su sede en Hong Kong y Macao; pide a las autoridades chinas que revisen de forma sustancial este proyecto de ley para adaptarlo a las normas internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los compromisos internacionales asumidos por la República Popular China;

8.  Expresa su preocupación por el nuevo proyecto de ley sobre ciberseguridad, que reforzaría e institucionalizaría las prácticas de censura y vigilancia del ciberespacio, por la ley de seguridad nacional ya aprobada y por el proyecto de ley sobre la lucha contra el terrorismo; señala que los defensores de los derechos civiles y los abogados chinos reformistas temen que estas leyes limiten todavía más la libertad de expresión y que aumente la autocensura;

9.  Considera que unas relaciones sólidas y permanentes entre la UE y China deben proporcionar una plataforma eficaz para un diálogo maduro, significativo y abierto sobre los derechos humanos basado en el respeto mutuo;

10.  Subraya el compromiso de la UE de fortalecer la democracia, incluidos el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, las libertades y derechos fundamentales, la transparencia y la libertad de información y de expresión en Hong Kong;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y el Parlamento de la República Popular China y al Jefe Ejecutivo y la Asamblea de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0458.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0252.


Informe de evolución 2015 sobre Serbia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre el Informe de 2015 sobre Serbia (2015/2892(RSP))
P8_TA(2016)0046B8-0166/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vista la Decisión 2008/213/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación Europea con Serbia y por la que se deroga la Decisión 2006/56/CE(1),

–  Visto el dictamen de la Comisión, de 12 de octubre de 2011, sobre la solicitud de adhesión de Serbia a la Unión Europea (SEC(2011)1208),

–  Vistos el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Serbia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2013,

–  Vistas la Resolución 1244(1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/64/298, de 9 de septiembre de 2010, que toma nota del contenido de dicha opinión consultiva y acoge con satisfacción la disposición de la Unión Europea para facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo,

–  Vistas la declaración y las recomendaciones de la cuarta reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia, de los días 7 y 8 de octubre de 2015,

–  Vistos los resultados de la Conferencia de alto nivel sobre la ruta del Mediterráneo Oriental - Balcanes Occidentales, celebrada el 8 de octubre de 2015 en Luxemburgo,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, de 9 de noviembre de 2015, sobre las medidas para gestionar la crisis migratoria y de los refugiados, y las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 12 de octubre de 2015, sobre migración,

–  Visto el plan de diecisiete puntos aprobado en la reunión sobre la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales celebrada el 25 de octubre de 2015 entre los dirigentes de los Estados miembros de la UE y de los Estados no miembros de la UE afectados por la afluencia de refugiados y migrantes,

–  Visto el Informe 2015 de la Comisión relativo a los progresos realizados por Serbia (SWD(2015)0211), de 10 de noviembre de 2015,

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Informe 2014 relativo a los progresos realizados por Serbia(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial(3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de diciembre de 2015 sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación,

–  Visto el trabajo de David McAllister como ponente permanente para Serbia de la Comisión de Asuntos Exteriores,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Consejo Europeo de 28 de junio de 2013 decidió abrir las negociaciones de adhesión con Serbia; que la primera conferencia intergubernamental (CIG) se celebró el 21 de enero de 2014; que el proceso de examen analítico finalizó en marzo de 2015; que Serbia estableció plenamente su equipo de negociación en septiembre de 2015;

B.  Considerando que, en el Informe de 2015 sobre Serbia, la Comisión señala los progresos realizados por el país con vistas a la integración europea, evaluando sus esfuerzos por cumplir los criterios de Copenhague y las condiciones del proceso de estabilización y asociación; que la Comisión ha aplicado un nuevo enfoque a la notificación, que proporciona una orientación mucho más clara para los países correspondientes sobre los aspectos en que deben centrarse;

C.  Considerando que Serbia, como todos los países que aspiran a adherirse a la UE, ha de ser juzgada por sus propios méritos en lo que se refiere a cumplimiento, aplicación y conformidad respecto al mismo conjunto de criterios, y que la calidad de las reformas necesarias, así como la dedicación de los países a las mismas, determina el calendario de adhesión;

D.  Considerando que Serbia ha dado pasos importantes hacia la normalización de las relaciones con Kosovo, que han dado lugar al Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones, de 19 de abril de 2013; que el 25 de agosto de 2015 se alcanzaron cuatro acuerdos importantes; que los avances en las negociaciones de adhesión de Serbia deben tener lugar en paralelo con el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo con arreglo al marco de negociación; que es necesario hacer ulteriores esfuerzos para apaciguar definitivamente estas relaciones; que es de la mayor importancia que ambas partes apliquen plenamente todos los acuerdos;

E.  Considerando que Serbia se convirtió en el trigésimo tercer Estado participante en el Mecanismo de Protección Civil de la UE, en julio de 2015;

F.  Considerando que la UE ha destacado la necesidad de reforzar la gobernanza económica, el Estado de Derecho y las capacidades de administración pública en todos los países de los Balcanes Occidentales;

G.  Considerando que la UE ha puesto el Estado de Derecho en el centro de su política de ampliación;

H.  Considerando que, en enero de 2015, Serbia asumió la presidencia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE);

1.  Celebra la apertura de las negociaciones y la apertura de los capítulos 32 (Control financiero) y 35 (Varios - Punto 1: Normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo) en el marco de la Conferencia intergubernamental celebrada en Bruselas el 14 de diciembre de 2015; acoge con satisfacción el compromiso constante de Serbia con el proceso de integración europea; pide a Serbia que promueva activamente esta decisión estratégica entre la opinión pública serbia; toma nota, con satisfacción, de que Serbia ha emprendido un ambicioso programa de reformas; pide a Serbia que aborde de frente y con decisión las reformas sistémicas y socioeconómicas; insta a Serbia a que preste especial atención a sus jóvenes al aplicar sus reformas;

2.  Celebra los trabajos preparatorios realizados por Serbia para iniciar efectivamente las negociaciones de adhesión con la conclusión del proceso de examen analítico y la preparación y presentación de planes de acción exhaustivos para los capítulos 23 (Poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (Justicia, libertad y seguridad); espera que estos capítulos puedan abrirse a principios de 2016; destaca que resulta esencial negociar minuciosamente los capítulos 23 y 24 a fin de abordar las reformas que han de llevarse a cabo y aplicarse en los ámbitos del poder judicial, los derechos fundamentales y la justicia, la libertad y la seguridad; recuerda que los avances en estos ámbitos habrán de producirse en paralelo al avance de las negociaciones en general; destaca que la negociación del capítulo 35 es de crucial importancia para el progreso de Serbia en su camino hacia la integración en la UE; considera, a este respecto, que la plena normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo es una condición importante para la adhesión de Serbia a la UE;

3.  Subraya que la aplicación rigurosa de la legislación y las políticas sigue siendo un indicador clave del éxito del proceso de integración; alienta a los dirigentes políticos de Serbia a que continúen las reformas necesarias para la adaptación a las normas de la UE; pide a Serbia que mejore la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva legislación y las nuevas políticas;

4.  Celebra los progresos de Serbia en lo que respecta al entorno empresarial, la reducción del déficit presupuestario, y el mercado de trabajo, incluida la legislación laboral y la política de empleo; anima a las autoridades serbias a seguir mejorando el clima de inversión en todo el país y reduciendo las disparidades económicas y sociales entre sus regiones, garantizar la protección de las inversiones extranjeras y resolver los litigios pendientes desde hace largo tiempo en materia de inversión y, al tiempo que reconoce el progreso en la reestructuración de las empresas públicas, señala la importancia de lograr mayores avances en la materia y de la transparencia del proceso de privatización; destaca que Serbia necesita adaptar al acervo su legislación sobre control de las ayudas estatales;

5.  Saluda el avance de las reformas económicas, que ha mejorado la situación presupuestaria de Serbia, y pide a la Comisión que mantenga su apoyo al Gobierno en sus planes de llevar a cabo nuevas reformas, especialmente las que estén destinadas a corregir los desequilibrios presupuestarios y las relativas a los principales sectores de la economía;

6.  Elogia el enfoque constructivo de Serbia respecto a la gestión de la crisis migratoria; señala, no obstante, que debe promoverse un enfoque constructivo en las relaciones con los países vecinos; señala que Serbia es un socio esencial y útil de la UE en los Balcanes, por lo que es indispensable que la UE proporcione recursos y ayuda financiera adecuada; valora positivamente que Serbia haya realizado esfuerzos considerables para garantizar que los ciudadanos de terceros países reciban refugio y ayuda humanitaria con el apoyo internacional y de la UE; pide a Serbia que aumente rápidamente sus capacidades de recepción; señala que son necesarias reformas globales para racionalizar todo el sistema de asilo y adaptarlo al acervo de la UE y a las normas internacionales; observa que Serbia ha tomado otras medidas para tratar las solicitudes de asilo infundadas presentadas por nacionales serbios en Estados miembros de la UE y en países asociados al espacio Schengen; pide a Serbia que contribuya a un mayor descenso de las solicitudes infundadas; subraya que la capacidad y los recursos para permitir la reintegración de los retornados siguen siendo limitados;

7.  Pide a Serbia que intensifique sus esfuerzos y que adapte progresivamente su política exterior y de seguridad a la de la UE, incluida su política sobre Rusia; considera lamentable, en este contexto, la realización de ejercicios militares conjuntos de Serbia y Rusia; acoge con satisfacción la participación activa de Serbia en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz;

Estado de Derecho

8.  Destaca la importancia fundamental de los principios del Estado de Derecho; pone de relieve la importancia fundamental que reviste un poder judicial independiente; observa que, si bien se han realizado algunos avances en el ámbito del poder judicial, como la adopción de normas para evaluar a jueces y fiscales, los niveles de injerencia política siguen siendo elevados; observa que los órganos judiciales profesionales exigen disponer de recursos adecuados; pide a las autoridades que apliquen la estrategia nacional de reforma judicial, según lo establecido en el plan de acción para el capítulo 23, y que velen por la independencia del poder judicial y por que la labor de los jueces y los fiscales no esté sometida a influencias políticas; pide al Gobierno que apruebe una nueva ley sobre la asistencia jurídica gratuita y que introduzca cambios jurídicos que permitan abordar la calidad y la coherencia de la práctica y la formación judiciales; manifiesta su preocupación por la continua acumulación de asuntos judiciales pendientes, a pesar del programa de reducción adoptado por la Corte Suprema de Casación a este respecto, e insta a Serbia a seguir avanzando en las reformas judiciales para aumentar la confianza en el poder judicial;

9.  Reitera su petición al Gobierno serbio de que aplique la Ley de rehabilitación de forma plena y no discriminatoria; propone al Gobierno serbio que modifique en mayor medida la Ley sobre restitución con el fin de eliminar todos los obstáculos procesales e impedimentos jurídicos relacionados con la restitución en especie;

10.  Constata que la corrupción y la delincuencia organizada son fenómenos generalizados en la región y representan, además, un obstáculo para el desarrollo democrático, social y económico de Serbia; observa que se han realizado algunos avances en la lucha contra la corrupción que, no obstante, sigue siendo motivo de preocupación en Serbia, a través de la continua aplicación de la legislación y la adopción de la Ley de protección de denunciantes; subraya la necesidad de establecer un historial de investigaciones y acusaciones definitivas en el marco de casos de corrupción, incluida la corrupción de alto nivel, así como la necesidad de coordinar y supervisar la plena aplicación de la estrategia anticorrupción, de acuerdo con lo establecido en el plan de acción para el capítulo 23, en todas las instituciones clave; pide a las autoridades que velen por que la Agencia Anticorrupción y el Consejo Anticorrupción sean capaces de llevar a cabo sus mandatos de manera íntegra y eficaz y que las instituciones estatales den seguimiento a sus recomendaciones; considera que, con vistas a abordar estas cuestiones con mayor eficacia, resulta fundamental elaborar una estrategia regional y reforzar la cooperación entre todos los países de la región; pide a las instituciones académicas, junto con las autoridades estatales y los cargos públicos, que adopten normas en este ámbito para investigar los casos de plagio y prevenir episodios similares en el futuro;

11.  Pide a las autoridades serbias que modifiquen y apliquen la sección del Código Penal sobre delitos económicos y de corrupción para proporcionar un marco penal creíble y previsible; reitera una vez más su profunda preocupación por las disposiciones y la aplicación del artículo 234 del Código Penal sobre el abuso de posición responsable; pide una vez más una revisión independiente y detallada de los casos reclasificados relativos al abuso de posición responsable de modo que puedan suspenderse inmediatamente las diligencias judiciales injustas y prolongadas;

12.  Observa que han de realizarse más esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada y que es necesario crear un historial de condenas firmes, de conformidad con lo establecido en el plan de acción para el capítulo 24; pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan un asesoramiento experto para establecer un marco institucional, así como conocimientos especializados para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada; pide, a este respecto, una cooperación directa entre las autoridades policiales de Serbia y de Kosovo y las oficinas de enlace de Belgrado y de Pristina;

Democracia

13.  Toma nota de los esfuerzos por mejorar el proceso de consulta en el Parlamento y por seguir aumentando la participación del mismo en el proceso de negociación de la adhesión a la UE; sigue preocupado por el uso generalizado de procedimientos de urgencia en el marco de la adopción de legislación, incluida aquella relacionada con el proceso de adhesión a la UE, ya que dichos procedimientos no siempre permiten una consulta suficiente de las partes interesadas y del público en general; destaca que es necesario intensificar la supervisión del ejecutivo por el Parlamento; subraya la importancia de una participación activa y constructiva de la oposición en el proceso de toma de decisiones y en las instituciones democráticas; hace hincapié en que la financiación de los partidos políticos ha de ser transparente y respetar las normas internacionales más estrictas;

14.  Destaca la importancia de la labor de las organizaciones de la sociedad civil en una sociedad democrática; toma nota de que la cooperación entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil ha mejorado; anima a las autoridades serbias a que tomen más medidas para garantizar un diálogo transparente entre la sociedad civil y las instituciones estatales y a que aumenten la participación real de los representantes de la sociedad civil y las minorías nacionales en el proceso de toma de decisiones; pide a las autoridades que garanticen un apoyo financiero adecuado para el funcionamiento eficiente de las organizaciones de la sociedad civil; pide que se informe a los ciudadanos, a las organizaciones y al público en general, de manera oportuna y transparente, sobre la evolución del proceso de negociación de la adhesión y que se facilite su amplia participación en este proceso;

15.  Reitera su petición al Gobierno de Serbia de que cumpla plenamente las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la OSCE y la OIDDH, en particular las que permiten garantizar la transparencia de la campaña de financiación y del proceso electoral; pide a las autoridades que investiguen de manera apropiada los casos registrados durante las elecciones municipales y otros sucesos de la campaña electoral caracterizados por la violencia y las denuncias de intimidación y de irregularidades;

16.  Reitera la importancia de los organismos reguladores independientes, como el Defensor del Pueblo, para garantizar la supervisión y la rendición de cuentas del ejecutivo; pide a las autoridades que brinden al Defensor del Pueblo el pleno apoyo político y administrativo que exige su trabajo y que se abstengan de exponerle a críticas injustificadas;

17.  Acoge con satisfacción la aprobación de un plan de acción de reforma global de la administración pública, una Ley de supervisión de la inspección, una estrategia nacional de formación para la administración local y la Ley sobre el número máximo de empleados del sector público, y pide que todos estos instrumentos se apliquen inmediatamente; destaca la necesidad de despolitizar y profesionalizar la administración pública y de hacer más transparentes los procedimientos de contratación y despido, con el fin de garantizar la profesionalidad, la neutralidad y la continuidad de la administración pública;

Derechos humanos

18.  Celebra que Serbia disponga de un marco jurídico e institucional adecuado para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; observa, no obstante, que todavía hay deficiencias en su ejecución, en particular por lo que se refiere a evitar la discriminación de grupos vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, las personas con VIH/sida y las personas LGBTI; acoge con satisfacción la exitosa Marcha del Orgullo del 20 de septiembre de 2015; destaca, no obstante, que la discriminación y la violencia contra las personas LGBTI siguen siendo motivo de preocupación; anima al Gobierno, en este sentido, a que aborde la Recomendación CM/Rec (2010) del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros; expresa su preocupación por el número de ataques aún no investigados plenamente contra miembros de grupos vulnerables; expresa su preocupación por el persistente problema de la violencia doméstica; pide a las autoridades que promuevan activamente el respeto de los derechos humanos para todas las personas;

19.  Expresa su preocupación por el hecho de que no se hayan registrado avances respecto a la mejora de la situación de la libertad de expresión y de los medios de comunicación; observa con preocupación la continua presión política que socava la independencia de los medios de comunicación, lo que conduce a su creciente autocensura; le preocupa que los periodistas deban enfrentarse a la presión política, a la intimidación, a la violencia y a amenazas en el ejercicio de su profesión; pide a las autoridades que investiguen todos los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación, que han sido denunciados con firmeza por la Asociación Internacional de Periodistas; reitera que es necesario aplicar plenamente las nuevas leyes sobre medios de comunicación; insiste en la necesidad de absoluta transparencia por lo que respecta a la propiedad y la financiación de los medios de comunicación, así como a la no discriminación en cuanto a publicidad estatal;

20.  Expresa su honda preocupación por las repetidas filtraciones a los medios de comunicación relativas a investigaciones penales en curso, que violan la presunción de inocencia; pide a las autoridades serbias que lleven a cabo una investigación creíble sobre una serie de casos destacados en los que se han presentado en los medios de comunicación pruebas de presuntas irregularidades;

Respeto y protección de las minorías

21.  Subraya la importancia de los consejos nacionales de las minorías en su función de promoción de los derechos de las minorías nacionales y su carácter democrático, y anima asimismo a que se financien de manera adecuada y verificable; acoge con satisfacción el compromiso de Serbia a la hora de preparar un Plan de acción para las minorías nacionales específico, que seguirá mejorando la aplicación y el desarrollo de las prácticas y el marco jurídico en materia de minorías nacionales; reitera su llamamiento a Serbia para que vele por el mantenimiento del nivel de los derechos y las competencias adquiridos durante su proceso de adaptación jurídica a la decisión del Tribunal Constitucional de Serbia, e insta a que se apruebe lo antes posible la Ley relativa a los consejos nacionales de las minorías, en aras de la clarificación de su estatuto jurídico y la certidumbre en cuanto a su jurisdicción; manifiesta su honda preocupación por la interrupción de la emisión de programas en lenguas minoritarias a raíz de la privatización anunciada de los medios de comunicación; pide a Serbia que redoble sus esfuerzos en relación con la aplicación coherente y efectiva de la legislación relativa a la protección de las minorías y el trato no discriminatorio de las minorías nacionales en toda Serbia, también en relación con la educación, especialmente por lo que se refiere a la financiación y traducción de forma oportuna de los libros de texto para las lenguas maternas minoritarias, el uso de las lenguas minoritarias, la representación en la administración pública y los organismos representativos a los niveles nacional, regional y local y el acceso a los medios de comunicación y los servicios religiosos en las lenguas minoritarias; invita al Gobierno serbio a aplicar todos los tratados internacionales y acuerdos bilaterales relacionados con los derechos de las minorías;

22.  Observa que la diversidad cultural de Voivodina también contribuye a la identidad de Serbia; destaca que no debe debilitarse la autonomía de Voivodina y que es necesario aprobar sin demora la ley sobre los recursos de dicha región, según lo prescrito por la Constitución;

23.  Pide a las autoridades serbias que apliquen medidas concretas para mejorar la situación de la población romaní, en particular en el ámbito de la entrega de documentos personales, la educación, la vivienda, la atención sanitaria y el empleo; pide asimismo a las autoridades serbias que garanticen una representación equitativa de la población romaní en las instituciones públicas y la vida pública, también prestando especial atención a la inclusión de las mujeres romaníes; señala que es necesario intensificar la política de integración de la población romaní, teniendo en cuenta los actos de violencia perpetrados contra las ONG que representan a esta minoría, y que la discriminación debe afrontarse de forma efectiva, por lo que espera con interés las medidas de la próxima estrategia y plan de acción sobre la inclusión de la población romaní; acoge con satisfacción, en este contexto, la «Declaración de Pristina», en la que se pide a los gobiernos y a las organizaciones internacionales, intergubernamentales y de la sociedad civil que apliquen meticulosamente los principios de no discriminación e igualdad al trabajar o tomar medidas en materia de promoción y respeto de los derechos de la población romaní;

Cooperación regional y buenas relaciones de vecindad

24.  Aprecia el enfoque constructivo del Gobierno serbio en cuanto a las relaciones con los países vecinos, dado que ha propiciado grandes avances tanto en la cooperación regional como en el acercamiento a la UE, e insta a Serbia a continuar consolidando las relaciones de buena vecindad; pide a Serbia que fomente las buenas relaciones de vecindad y la resolución pacífica de las disputas, promoviendo también un clima de tolerancia, condenando cualquier forma de discurso de odio o retórica bélica y evitando gestos como saludar públicamente el regreso de individuos que han sido condenados por crímenes de guerra; observa que los conflictos y asuntos pendientes, especialmente los relativos a la demarcación fronteriza, la sucesión, la devolución de bienes culturales y la divulgación de los archivos yugoslavos, deben resolverse de acuerdo con el Derecho internacional y los principios establecidos, también mediante la aplicación de acuerdos jurídicamente vinculantes, como el acuerdo sobre cuestiones sucesorias, y que las disputas bilaterales deben tratarse en las primeras fases del proceso de adhesión, de acuerdo con la legislación internacional; pone de relieve el papel constructivo de Serbia en el marco del «Proceso de Berlín» y la iniciativa de los «Balcanes Occidentales de los Seis», así como su agenda de conectividad; acoge con satisfacción otras iniciativas centradas en el futuro de los Balcanes Occidentales, en particular el Proceso de Brdo, que ha resultado ser un marco importante para la cooperación tanto en el ámbito político como en el técnico, y considera que una cooperación concreta en áreas de interés mutuo puede contribuir a la estabilización de los Balcanes Occidentales; celebra, a este respecto, la organización, el 4 de noviembre de 2015 en Sarajevo, de la primera reunión ministerial conjunta entre Serbia y Bosnia y Herzegovina; pide a Serbia que siga promoviendo la estabilización y el refuerzo institucional de Bosnia y Herzegovina a través de sus contactos y relaciones de buena vecindad con el país; reitera su llamamiento a las autoridades serbias para que pongan en marcha nuevas medidas de cooperación transfronteriza con los Estados miembros de la UE vecinos, incluyendo los programas de cooperación transfronteriza y transnacional 2014-2020 y la Estrategia de la UE para la Región del Danubio; acoge con satisfacción la idea de iniciar las negociaciones para la firma de un tratado sobre relaciones de buena vecindad con sus vecinos, y espera que ello conduzca a un desarrollo más positivo en el contexto regional; acoge con satisfacción la reunión sobre cooperación en materia de infraestructuras de transporte y energía celebrada entre los primeros ministros búlgaro, rumano y serbio;

25.  Anima a Serbia a que siga cooperando con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), dentro del espíritu de reconciliación y de relaciones de buena vecindad; subraya la importancia de una estrategia nacional global para abordar los crímenes de guerra a escala nacional; insta a las autoridades a seguir trabajando para averiguar qué ha sucedido con las personas desaparecidas, así como a preparar un plan de indemnizaciones a las víctimas y a sus familias como condición previa de importancia para la reconciliación, garantizando el derecho de las familias de las víctimas a saber lo que les ha sucedido a sus familiares desaparecidos; señala que debe adoptarse sin demora indebida una ley sobre víctimas civiles, teniendo en cuenta que la legislación en vigor no reconoce a varios grupos de víctimas de crímenes de guerra; observa que todavía se producen controversias, en particular en el contexto de las diferentes interpretaciones de la historia reciente; reitera su apoyo a la iniciativa RECOM, la comisión regional para el establecimiento de datos sobre crímenes de guerra y otras vulneraciones graves de los derechos humanos cometidas en la antigua Yugoslavia;

26.  Celebra la publicación de un proyecto de estrategia nacional sobre crímenes de guerra, que establece planes para proceder al enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la década de los noventa en la antigua Yugoslavia; subraya la necesidad de reforzar y despolitizar las instituciones serbias que se ocupan de los crímenes de guerra; pide a Serbia que establezca un sistema eficaz de protección de testigos y víctimas y que reconozca a las víctimas y sus familias el derecho a ser indemnizadas; pide una mejora de la cooperación regional en casos de crímenes de guerra; reitera su petición a Serbia para que revise su legislación en materia de competencia jurisdiccional en procedimientos por crímenes de guerra dentro del espíritu de reconciliación y de relaciones de buena vecindad con la Comisión y con sus países vecinos;

27.  Acoge con satisfacción el compromiso continuo de Serbia con el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo y la conclusión de acuerdos clave, el 25 de agosto de 2015, en concreto sobre la creación de la Asociación o Comunidad de municipios de mayoría serbia en Kosovo, sobre energía, sobre telecomunicaciones y sobre el puente de Mitrovica; insta a Serbia a que aplique rápidamente la parte de estos acuerdos que le corresponde y colabore constructivamente con Kosovo en la redacción y aplicación de futuros acuerdos; toma nota de que se ha avanzado en ámbitos como la policía y la protección civil, el seguro de vehículos, las aduanas, los mecanismos de enlace y los registros catastrales; reitera que los progresos del diálogo deben medirse por su aplicación sobre el terreno; pide a Serbia y a Kosovo que eviten el discurso negativo, que avancen en la plena aplicación, de buena fe y de forma oportuna, de todos los acuerdos ya alcanzados y que prosigan con determinación el proceso de normalización; pide a ambos Gobiernos y a las instituciones de la UE que sigan esforzándose por comunicar y explicar las disposiciones de los acuerdos alcanzados para acercar a las comunidades de etnia albanesa y serbia en Kosovo; elogia los esfuerzos de la comunidad empresarial, dirigida por las cámaras de comercio, por contribuir a la normalización de las relaciones, estableciendo un diálogo entre las cámaras de comercio de Serbia y Kosovo, para eliminar las barreras al comercio entre las dos partes y facilitar el contacto y la cooperación entre las empresas; pide a la Comisión que apoye el mantenimiento y desarrollo de estas actividades en el futuro; anima a Serbia y a Kosovo a determinar nuevos ámbitos para el diálogo con objeto de mejorar la vida de las personas y de normalizar las relaciones de forma global; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que lleve a cabo una evaluación de la actuación de ambas partes en el cumplimiento de sus obligaciones; insta a Serbia a que actúe dentro de un espíritu de buena vecindad y espera que el diálogo no se vea obstaculizado por el hecho de que Kosovo no haya logrado ser miembro de la Unesco, como tampoco la futura integración de Kosovo en organizaciones regionales e internacionales, y que prosiga la cooperación y la labor de protección del patrimonio cultural; insta a Belgrado y a Pristina a que mantengan buenas relaciones de vecindad; celebra la reanudación de las conversaciones entre el primer ministro serbio Vučić y el primer ministro kosovar Mustafa el 27 de enero de 2016; constata que entre los temas tratados se encontraban el mutuo reconocimiento de los títulos universitarios y profesionales y la mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril; destaca que los progresos sobre el terreno serán beneficiosos para el conjunto de la región;

28.  Apoya, en el contexto del Proceso de Berlín, la creación del Foro de la Sociedad Civil de los Balcanes Occidentales, que ofrece a los representantes de la sociedad civil de la región una oportunidad para intercambiar ideas, dar a conocer sus inquietudes y formular recomendaciones concretas a los responsables de la toma de decisiones, y pide que se siga adelante con ese proceso en la próxima cumbre que se celebrará en París en 2016 y se organicen seminarios preparatorios para las organizaciones de la sociedad civil de la región;

Energía, medio ambiente y transporte

29.  Pone de relieve que Serbia, como Parte Contratante de la Comunidad de la Energía, debe colaborar activamente en el trabajo de las instituciones de la Comunidad de la Energía y seguir aplicando el acervo para construir sistemas de energía sostenibles y seguros; pide a las autoridades que inicien la aplicación de los objetivos establecidos en la estrategia de desarrollo del sector energético, dado que no existe una inversión significativa en el sector de las energías renovables; anima a Serbia a desarrollar la competencia en el mercado del gas y a adoptar medidas para mejorar la adaptación al acervo en los ámbitos de las energías renovables y la eficiencia energética y le pide que apueste principalmente por la energía verde; pide a la Comisión que respalde al Gobierno serbio en sus esfuerzos por reducir la dependencia del país de importaciones de energía y diversificar el suministro de gas de Serbia; observa que en concreto el paquete IAP II 2015 recientemente aprobado incluye un programa de 155 millones de euros para ayudar a financiar proyectos importantes de infraestructura regional en los sectores de la energía y los transportes en los Balcanes Occidentales; anima a Serbia a ajustarse a la media de los compromisos de la UE en materia de cambio climático y al acuerdo alcanzado en París en el marco de la COP 21;

30.  Pide al Gobierno serbio, habida cuenta de la importancia de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en el desarrollo de la cooperación transfronteriza entre los Estados miembros de la UE y sus vecinos, que facilite el marco jurídico necesario para permitir la participación de Serbia en la AECT;

31.  Expresa su preocupación por la falta de cumplimiento de la legislación en materia de residuos, y pide a las autoridades serbias que redoblen los esfuerzos orientados al cierre y la limpieza de los vertederos ilegales, y que desarrollen una política de reducción de residuos creíble que se ajuste a lo dispuesto en la Directiva marco sobre residuos;

32.  Acoge con satisfacción el plan de reconstruir, mejorar y modernizar partes dela red ferroviaria y anima a las autoridades serbias a seguir mejorando el transporte público en colaboración con los países vecinos;

o
o   o

33.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Serbia.

(1) DO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0065.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0095.


Proceso de integración europea de Kosovo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre el Informe de 2015 sobre Kosovo (2015/2893(RSP))
P8_TA(2016)0047B8-0167/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 22 de octubre de 2012, por la que se autoriza a la Comisión a iniciar negociaciones sobre un acuerdo marco con Kosovo sobre su participación en los programas de la Unión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 28 de junio de 2013, en las que se adopta la Decisión por la que se autoriza la apertura de las negociaciones sobre el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Kosovo,

–  Vistos el primer Acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones, firmado el 19 de abril de 2013 por los primeros ministros Ivica Dačić y Hasim Thaçi, y el plan de acción para su aplicación, de 22 de mayo de 2013,

–  Vista la Decisión del Consejo 2014/349/PESC, de 12 de junio de 2014, por la que se modifica y prorroga la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo, EULEX KOSOVO,

–  Vistas la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la UE y Kosovo, el 27 de octubre de 2015, y su ratificación por la Asamblea de Kosovo de 2 de noviembre de 2015;

–  Vistos los informes del Secretario General de las Naciones Unidas acerca de las actividades en curso de la Misión de la Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y los progresos relacionados con ella, incluido el último informe publicado el 3 de noviembre de 2015,

–  Vista la prórroga del mandato del Representante Especial de la UE en Kosovo, Samuel Žbogar, hasta el 28 de febrero de 2017,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de noviembre de 2015, titulada «Estrategia para la ampliación de la UE» (COM(2015)0611),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de diciembre de 2015 sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación,

–  Vistas las conclusiones de las reuniones del Consejo de Asuntos Generales, de 7 de diciembre de 2009, 14 de diciembre de 2010 y 5 de diciembre de 2011, en las que se subraya y reitera que Kosovo, sin perjuicio de la posición de los Estados miembros sobre su estatuto, también debe beneficiarse de la perspectiva de la posible liberalización del régimen de visados una vez se cumplan todas las condiciones,

–  Vistos el inicio de un diálogo sobre visados en enero de 2012, la hoja de ruta para la liberalización de visados de junio de 2012, el segundo informe de la Comisión, de 24 de julio de 2014, sobre el avance de Kosovo en el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados (COM(2014)0488), y la misión de expertos de la Comisión de julio de 2015,

–  Vistas la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia con respecto a Kosovo, y la Resolución 64/298 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de septiembre de 2010, que reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y acoge con beneplácito la disposición de la Unión Europea a facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de las reuniones interparlamentarias PE-Kosovo, celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2008, 6 y 7 de abril de 2009, 22 y 23 de junio de 2010, 20 de mayo de 2011, 14 y 15 de marzo de 2012, 30 y 31 de octubre de 2013 y 29 y 30 de abril de 2015,

–  Visto el Informe de 2015 de la Comisión sobre los progresos realizados por Kosovo, de 10 de noviembre de 2015 (SWD(2015)0215),

–  Vistas sus anteriores resoluciones,

–  Visto el trabajo de Ulrike Lunacek como ponente permanente de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Kosovo,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que 110 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas reconocen la independencia de Kosovo, incluidos 23 de los 28 Estados miembros de la UE;

B.  Considerando que el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la UE y Kosovo se firmó el 27 de octubre de 2015 y fue ratificado por la Asamblea de Kosovo el 2 de noviembre de 2015; que el Parlamento Europeo dio su aprobación el 21 de enero de 2016;

C.  Considerando que los países candidatos (potenciales) son juzgados por sus propios méritos y que la rapidez y calidad de las reformas necesarias determinan el calendario para la adhesión;

D.  Considerando que la UE ha señalado reiteradamente su voluntad de colaborar en el desarrollo económico y político de Kosovo mediante una perspectiva europea clara, en línea con la perspectiva europea de la región;

E.  Considerando que la UE ha puesto el Estado de Derecho en el centro de su política de ampliación;

F.  Considerando que la UE ha destacado la necesidad de reforzar la gobernanza económica, el Estado de Derecho y las capacidades de administración pública en todos los países de los Balcanes Occidentales;

G.  Considerando que el mandato de EULEX expirará el 14 de junio de 2016; que está en curso la revisión estratégica de la misión EULEX Kosovo;

1.  Acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre la UE y Kosovo el 27 de octubre de 2015, como primera relación contractual, así como su rápida ratificación por la Asamblea de Kosovo el 2 de noviembre de 2015; hace hincapié en que el AEA allana el camino para la integración de Kosovo en la UE y ofrecerá un poderoso incentivo para la aplicación y la institucionalización de las reformas y permitirá el establecimiento de una cooperación con la UE en una amplia variedad de ámbitos, con vistas a reforzar el diálogo político y la integración comercial, además de reforzar las relaciones con los países vecinos y contribuir a garantizar la estabilidad regional; pide al Gobierno de Kosovo que se centre en la aplicación de las reformas generales necesarias para cumplir sus obligaciones conforme al AEA;

2.  Se felicita de la adopción por la Comisión de un paquete para apoyar las reformas y la cooperación regional en los Balcanes Occidentales, paquete que expresa el compromiso de la UE con el apoyo al proceso de reformas políticas y económicas de los países en vías de adhesión a la UE;

3.  Destaca que el objetivo del AEA es promover las normas europeas en ámbitos como la competencia, la contratación pública, la propiedad intelectual y la protección de los consumidores, así como crear una zona de libre comercio como medida concreta hacia la integración económica de Kosovo en la UE;

4.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en 2015 para alcanzar acuerdos en el marco del proceso de normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia, en particular sobre el establecimiento de la asociación o comunidad de municipios de mayoría serbia en Kosovo, sobre energía y sobre el puente de Mitrovica, e incluyendo los acuerdos de 25 de agosto de 2015 sobre telecomunicaciones, de junio de 2015 en materia de seguros de vehículos, y de febrero de 2015 sobre el sistema judicial; apoya los continuos esfuerzos de mediación de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) en favor de la normalización de relaciones entre Serbia y Kosovo, que aún no se ha conseguido plenamente; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior que lleve a cabo una evaluación exhaustiva global del estado de aplicación de todos los acuerdos firmados hasta la fecha con respecto a la adopción de legislación sobre el terreno y que informe periódicamente de ello al Parlamento Europeo y a los Parlamentos de Kosovo y de Serbia; insta a la VP/AR a que identifique las deficiencias y exija a las partes cumplir los compromisos asumidos, y pide a Serbia y a Kosovo que eviten el discurso negativo, que avancen en la plena aplicación de todos los acuerdos ya alcanzados de buena fe y de forma oportuna, y que prosigan con determinación el proceso de normalización; subraya que el mantenimiento del diálogo constructivo entre Pristina y Belgrado y la plena aplicación de los acuerdos alcanzados son cruciales para la normalización de sus relaciones; celebra la reanudación de las conversaciones entre el primer ministro serbio Vučić y el primer ministro kosovar Mustafa el 27 de enero de 2016; constata que entre los temas tratados se encontraban el mutuo reconocimiento de los títulos universitarios y profesionales y la mejora de las comunicaciones por carretera y ferrocarril; destaca que los progresos sobre el terreno serán beneficiosos para el conjunto de la región;

5.  Manifiesta su preocupación por el elevado número de personas desaparecidas desde el periodo de guerra y por los escasos progresos realizados al respecto; pide la plena cooperación interestatal en este terreno, teniendo en cuenta que la cooperación sin fisuras para establecer la verdad sobre las personas desaparecidas es esencial para la reconciliación mutua;

6.  Toma nota de la decisión del Tribunal Constitucional relativa a la puesta en marcha de la asociación de municipios serbios; pide la aplicación íntegra y decidida de los acuerdos alcanzados; pide el respeto del Estado de Derecho y lamenta que las fuerzas opositoras no hayan aprovechado esta suspensión para reanudar el diálogo parlamentario, y alienta a todas las fuerzas políticas a actuar de forma constructiva en interés de su país, de sus instituciones democráticas y de sus ciudadanos; considera que el pleno respeto de las normas democráticas, el diálogo político y la falta de trabas a la actividad parlamentaria son esenciales para la aplicación de todos los aspectos de la agenda de reformas de Kosovo; condena enérgicamente las obstrucciones violentas en la Asamblea, pide que se eviten nuevas protestas violentas en la misma y destaca que en la Asamblea los diputados electos deben reunirse y debatir dentro del pleno respeto de la institución; subraya que el Gobierno debe respetar las resoluciones y decisiones del Parlamento e informar, como exige el órgano legislativo, antes de decidir acerca de la firma de acuerdos con otros Estados; acoge con satisfacción, a este respecto, la sólida propuesta presentada el 20 de noviembre de 2015 por dos diputados kosovares de la coalición gobernante y de la oposición, respectivamente; pide a todos los actores políticos que reanuden el diálogo político para superar el bloqueo y encontrar una solución viable que restablezca el normal funcionamiento de la Asamblea de Kosovo; invita a todos los líderes de Kosovo a que den la máxima importancia a esta situación y actúen con responsabilidad, teniendo en cuenta que la Asamblea es elegida por y para el pueblo de Kosovo; manifiesta su honda preocupación por los reiterados actos de violencia y pide a las autoridades policiales y judiciales que desempeñen sus cometidos de conformidad plena con los procedimientos legales; observa con preocupación los hechos conducentes a la detención de algunos diputados al Parlamento y pide una investigación de los posibles abusos de poder en relación con dichas detenciones; insta a la Asamblea de Kosovo a que clarifique las normas relativas a la retirada de la inmunidad de sus diputados; toma nota de la solicitud del Defensor del Pueblo a la Fiscalía del Estado de Pristina para iniciar una investigación en relación con la intervención policial del 28 de noviembre de 2015;

7.  Hace hincapié en que la Asamblea debe ser más eficaz y cumplir su propio Reglamento en todos los casos y en que el Gobierno debe respetar estas normas; destaca la necesidad de reforzar las funciones de supervisión de la Asamblea y, en particular, pide a la Asamblea que adopte cuanto antes una normativa que otorgue a la Comisión de Integración en la UE un mayor papel en el proceso de integración de Kosovo y establezca la plena participación de la oposición en dicho proceso; alienta a la Asamblea a que consulte regularmente y asocie a la Comisión de Venecia durante el examen de la legislación; destaca la urgente necesidad de nombrar, mediante procedimientos de selección basados en el mérito, transparentes y apolíticos, a miembros competentes en los órganos reguladores y de supervisión, con objeto de garantizar el buen funcionamiento de la administración del Estado;

8.  Toma nota de que cinco Estados miembros no han reconocido oficialmente a Kosovo, y opina que el reconocimiento por parte de estos países contribuiría a reforzar la estabilidad en la región y a facilitar aún más la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo y aumentaría la credibilidad de la UE en su política exterior; en este sentido, toma nota positivamente de la decisión de facilitar la aprobación del AEA en el Consejo adoptada por los cinco Estados miembros que no han reconocido a Kosovo; pide a todos los Estados miembros que hagan cuanto esté en su mano para facilitar los contactos económicos e interpersonales y las relaciones sociales entre sus ciudadanos y los de Kosovo, en el espíritu del AEA y del establecimiento de relaciones contractuales oficiales; celebra que Kosovo haya presentado su primer programa de reformas económicas, que debe ser un primer paso hacia la profundización de su diálogo económico con la UE;

9.  Se congratula del trabajo realizado por las autoridades de Kosovo para poner fin a la tendencia de la migración irregular, que había alcanzado su nivel máximo a principios de 2015; subraya que las medidas a corto plazo destinadas a disuadir a la población de abandonar el país deben ir acompañadas de avances socioeconómicos y de la creación de empleo para animar a los ciudadanos a permanecer en Kosovo y labrarse un futuro en su país; está convencido de que la liberalización de visados también contribuiría a limitar la inmigración ilegal, pues permitiría contactos personales y crearía posibilidades para que los ciudadanos pudieran viajar al extranjero por turismo y para visitar a parientes y amigos sin tener que hacer frente a los largos y costosos procedimientos de visados, superando así la sensación de aislamiento; reitera el peligro potencial de que Kosovo se convierta en el único territorio «enclavado» y «aislado» de la región durante demasiado tiempo; insta asimismo a Pristina a que luche eficazmente contra las redes de delincuentes que trafican con seres humanos; opina que designar a Kosovo como país de origen seguro en la lista común de la UE de países de origen seguros podría contribuir a la lucha contra la migración ilegal;

10.  Acoge con satisfacción los progresos en la aplicación del Plan de Acción para la Liberalización de Visados; pide a las autoridades que apliquen plena y rápidamente todos los criterios necesarios; pide a la Comisión que intensifique su actividad en relación con el proceso de liberalización de visados para los ciudadanos de Kosovo; está dispuesto a aprobar el régimen de exención de visado para los ciudadanos de Kosovo, y pide al Consejo que lo respalde rápidamente, tan pronto como la Comisión haya determinado a su debido tiempo que se han cumplido todos los criterios técnicos; expresa, al mismo tiempo, la necesidad de seguir buscando y persiguiendo a los tratantes y traficantes de seres humanos para desincentivar su actividad ilegal; insta a todas las instituciones de la UE y, en particular a la Comisión, a que aceleren el proceso de liberalización de visados para los ciudadanos de Kosovo, así como a las autoridades kosovares a que cumplan sus compromisos y apliquen los índices de referencia restantes con el objetivo de que Kosovo se acoja al régimen de exención de visados a lo largo de 2016, lo que acercará al pueblo de Kosovo a la UE;

11.  Expresa su apoyo a la continuación de las discusiones sobre un acuerdo marco que permita a Kosovo participar en programas de la UE;

12.  Acoge con satisfacción la adopción del paquete legislativo en materia de derechos humanos, que refuerza las bases institucionales para la supervisión de la protección y el respeto de los derechos humanos; subraya la suma importancia que reviste la aplicación de esta legislación; celebra en particular la creación y designación del Defensor del Pueblo, especialmente con vistas a generar confianza social en la sociedad kosovar; lamenta, sin embargo, que su trabajo se vea dificultado por la falta de instalaciones adecuadas, y pide a las autoridades que pongan rápidamente nuevos locales a disposición de la institución, de conformidad con los principios de París; pide a las autoridades que hagan plenamente operativas todas las instituciones y organismos reguladores independientes existentes;

13.  Observa con preocupación que la voluntad política de las autoridades de comprometerse auténticamente con la sociedad civil sigue siendo muy débil; pide a las autoridades que apliquen de buena fe el marco jurídico para la cooperación con la sociedad civil, en particular confiriendo al Consejo Consultivo Paritario todos los recursos necesarios; pide a la oficina de la UE que fomente y, en caso necesario, facilite dicha consulta;

14.  Acoge, además, con satisfacción la adopción en mayo de 2015 de la Ley de protección contra la discriminación, y el mandato conferido al Defensor del Pueblo para actuar como un organismo de igualdad; sigue preocupado por el bajo nivel de tratamiento e investigación de los casos de incitación al odio, especialmente los que afectan a las personas LGBTI y a las comunidades minoritarias; anima al grupo consultivo y de coordinación para los derechos de la comunidad LGBTI a seguir activamente estos casos y problemas:

15.  Se congratula asimismo de la adopción de la Ley sobre la igualdad de género, e insta a las autoridades de Kosovo a abordar la perspectiva de género como una prioridad y a velar por que los órganos de gobierno y las autoridades prediquen con el ejemplo; está preocupado por los retos estructurales que obstaculizan la aplicación de esta ley; sigue preocupado por la baja representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones; expresa su preocupación por que no se haya realizado ningún avance en la lucha contra la violencia doméstica y de género; insta a las autoridades a promover públicamente y a establecer mecanismos de protección y a adoptar medidas de alojamiento en beneficio de las mujeres que rompen el silencio y denuncian la violencia doméstica; expresa su preocupación por el bajo nivel de derechos de propiedad entre las mujeres; insta a las autoridades a garantizar activamente los derechos de propiedad de las mujeres, inclusive mediante el registro de todos los copropietarios de bienes por los funcionarios registrales y catastrales y mediante una campaña de información;

16.  Manifiesta su preocupación por lo limitado de los progresos logrados en el ámbito de la libertad de expresión y de los medios de comunicación durante el último año; expresa su preocupación por que los periodistas tengan que hacer frente a violencia y a amenazas en el ejercicio de su profesión, y destaca la necesidad de reforzar la protección de los periodistas a través de una respuesta sistemática, de denuncias públicas, de procesos de investigación rápidos y del enjuiciamiento oportuno de los casos de ataques contra periodistas; pone de relieve que también debe avanzarse más en el terreno de la independencia de los medios de comunicación; pide a las autoridades que procedan cuanto antes a colmar las lagunas sistemáticas existentes en la legislación para garantizar la libertad de los medios de comunicación, en particular en lo concerniente a la transparencia de la propiedad de estos y a la sostenibilidad del servicio de radio y televisión públicas, tras un proceso de consultas públicas exhaustivo; insta a las autoridades a que apliquen efectivamente la legislación en materia de injurias, incitación al odio y difamación;

17.  Recuerda que Kosovo y Serbia tienen que encontrar soluciones sostenibles para los refugiados en consonancia con las conclusiones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en la materia y de acuerdo con el informe de 2014 del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos de los desplazados internos;

18.  Señala que son necesarios mayores esfuerzos para proteger y garantizar en la práctica los derechos de todas las minorías étnicas de Kosovo, incluidas las comunidades romaní, ashkalí, egipcia y gorani, mediante la plena aplicación de la legislación pertinente, teniendo en cuenta las mejores prácticas de la región y de los Estados miembros de la UE; pide a las autoridades nacionales y locales que dediquen mayores esfuerzos a la aplicación de la legislación adoptada, de manera que pueda contribuir al continuo desarrollo de una sociedad multiétnica, en particular por lo que se refiere a la educación y el empleo de las minorías, y con el objetivo de evitar la discriminación directa e indirecta; acoge con satisfacción la Declaración de Pristina, en la que se pide a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales, intergubernamentales y de la sociedad civil que apliquen meticulosamente los principios de no discriminación e igualdad al trabajar o tomar medidas en materia de promoción y respeto de los derechos de la población romaní y de la lucha contra el antigitanismo en los Balcanes Occidentales;

19.  Reitera su preocupación por la falta de progresos significativos en la lucha contra la corrupción de alto nivel y la delincuencia organizada, y en la creación de un registro de procesamientos y condenas; pone de relieve que la delincuencia organizada sigue siendo una preocupación de primer orden; señala que el Gobierno de Kosovo debe dar una señal clara y explícita de que el país está luchando de modo sistemático contra la corrupción a todos los niveles; pide a las autoridades que adopten rápidamente una estrategia global para luchar contra la corrupción endémica, que sigue siendo un importante obstáculo para el desarrollo democrático, social y económico de Kosovo; pide a la Agencia Anticorrupción de Kosovo que abra más investigaciones, y pide a la fiscalía que se ocupe de los casos remitidos por dicha Agencia; subraya que la transparencia de los procesos es un elemento esencial para luchar contra la corrupción y garantizar la protección de los derechos fundamentales; subraya asimismo el papel y la responsabilidad de las élites políticas en la lucha contra la corrupción;

20.  Acoge con satisfacción el mayor esfuerzo y el firme compromiso en la lucha contra el terrorismo, y anima a que se aplique la estrategia para combatir el terrorismo; insta a las autoridades a hacer frente a las causas de la radicalización, en particular, el elevado desempleo juvenil y el extremismo violento; acoge con satisfacción la participación de Kosovo en la coalición contra el terrorismo, así como las medidas que están adoptando las autoridades para evitar la radicalización de los jóvenes; pide a las autoridades que controlen estrechamente e impidan la movilización de potenciales combatientes extranjeros y terroristas islámicos; celebra que la Constitución de Kosovo establezca que Kosovo es un Estado laico y neutral en materia de creencias religiosas;

21.  Señala que, según el ministro del Interior de Kosovo, aproximadamente 300 ciudadanos kosovares se han unido a los yihadistas que luchan en Siria e Irak, y que muchos de ellos ya han vuelto a Kosovo; acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno, que prevén penas de cárcel para los nacionales que hayan participado en actividades terroristas;

22.  Observa que se han logrado algunos avances en el ámbito del sistema judicial, gracias a la adopción de legislación en la materia; subraya la necesidad de proceder de inmediato a su aplicación concreta y efectiva; sigue profundamente preocupado por la lentitud de la justicia, el elevado número de asuntos pendientes, la falta de recursos del sistema judicial, el escaso nivel de rendición de cuentas y responsabilidad de los funcionarios judiciales, y la posibilidad de que las estructuras judiciales sean objeto de influencia política, problemas que la legislación todavía no aborda adecuadamente, y recalca la importancia de contar con un sistema judicial plenamente operativo con normas establecidas sobre los plazos para tramitar los asuntos; acoge con satisfacción los avances realizados en la integración del sistema judicial del norte del país con la designación de jueces y fiscales serbokosovares para algunos puestos; pide a las autoridades políticas que muestren de modo inequívoco su pleno apoyo a la independencia de jueces y fiscales, a los que se sigue tratando de influir en investigaciones y procedimientos judiciales en curso; pide a las autoridades que modifiquen la Constitución para garantizar que la mayoría de los miembros del Consejo Judicial de Kosovo sean elegidos por los miembros de la profesión, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de Venecia;

23.  Pide a Kosovo que siga las líneas de la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE;

24.  Toma buena nota de la adopción de enmiendas constitucionales para la creación de las Salas Especializadas y la Fiscalía Especializada; celebra la conclusión de las negociaciones entre Kosovo y los Países Bajos sobre el acuerdo de sede, y confía en que las Salas Especializadas estén plenamente operativas cuanto antes y que la Fiscalía Especializada cuente con personal suficiente para llevar a cabo su labor; pide a las Salas Especializadas y a la Fiscalía Especializada que se guíen por la experiencia y las mejores prácticas del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), de conformidad con las disposiciones constitucionales pertinentes sobre su creación; pide a las autoridades kosovares que cooperen plenamente con el nuevo órgano jurisdiccional; pide a la UE y a los Estados miembros que proporcionen fondos suficientes para el funcionamiento de dichas Salas;

25.  Considera que la revisión de EULEX y su posible supresión progresiva deben ir acompañadas del refuerzo y la ampliación del mandato del REUE, para garantizar que este último cuente con la capacidad necesaria para realizar las actividades de supervisión, orientación y asesoramiento y contribuir a la mejora del proceso de integración de Kosovo en la UE, a la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y al enjuiciamiento de los crímenes de guerra; pide entretanto una mayor eficacia, así como la plena transparencia y responsabilidad, de la misión EULEX durante su mandato; toma nota de las conclusiones del Consejo de diciembre de 2015 sobre el mandato de EULEX, y pide a Kosovo que contribuya a que EULEX pueda ejercer plenamente y sin trabas su mandato renovado; destaca que la revisión del mandato debe incorporar las conclusiones y aplicar las recomendaciones formuladas en el informe del profesor Jean-Paul Jacqué, tras las denuncias de corrupción en el seno de EULEX; insta a EULEX a alcanzar un acuerdo con la UNMIK sobre la cesión a las autoridades kosovares pertinentes de expedientes abiertos; pide a los Estados miembros que envíen a expertos adecuadamente formados y cualificados en comisión de servicio durante el periodo de tiempo necesario, y que velen por su reincorporación a los servicios nacionales una vez concluida su misión;

26.  Lamenta el rechazo de la solicitud de adhesión de Kosovo a la UNESCO, debido en parte a la obstrucción activa de Serbia —lo que contradice el compromiso de desarrollar relaciones de buena vecindad—, pero también a la falta de unanimidad entre los Estados miembros; acoge con satisfacción la adopción de la ley para proteger el patrimonio histórico de Prizren, y pide su plena aplicación, pero pone de relieve los peligros a los que está expuesto el patrimonio de la ciudad por los abusos generalizados en el sector de la construcción; se felicita por la renovación de varios sitios del patrimonio cultural y religioso serbio destruidos lamentablemente en 2004, como la catedral ortodoxa, y pide que se siga renovando el patrimonio religioso y cultural serbio; pide en este contexto a las partes interesadas, incluidas las autoridades de Kosovo, el Gobierno serbio, la comunidad serbia de Kosovo y la iglesia ortodoxa serbia, que encuentren un sistema de promoción, protección y conservación del patrimonio cultural y religioso de Kosovo, que debe tratarse como patrimonio europeo común; celebra que la Constitución de Kosovo establezca el compromiso del país con la conservación y protección del patrimonio cultural y religioso, y pide nuevos esfuerzos para proteger los derechos de todas las minorías religiosas, incluida la comunidad cristiana kosovar; subraya que la adhesión a las organizaciones y mecanismos internacionales y regionales debe constituir una prioridad para Kosovo; recuerda, en este sentido, la importancia de respetar el acuerdo alcanzado en materia de cooperación regional; considera que la creación de la Oficina Regional de Cooperación Juvenil de los Balcanes Occidentales, en el marco del Proceso de Berlín y activamente promovida por múltiples actores, tendrá resultados positivos, en particular para las relaciones entre los jóvenes de Serbia y Kosovo;

27.  Apoya, en el contexto del Proceso de Berlín, la creación del Foro de la Sociedad Civil de los Balcanes Occidentales, que ofrece a los representantes de la sociedad civil de la región una oportunidad para intercambiar ideas, dar a conocer sus inquietudes y formular recomendaciones concretas a los responsables de la toma de decisiones, y pide que se siga adelante con ese proceso en la próxima cumbre que se celebrará en París en 2016 y se organicen seminarios preparatorios para las organizaciones de la sociedad civil de la región;

28.  Acoge con satisfacción la invitación a la Asamblea de Kosovo para que participe de forma permanente, a todos los niveles y en pie de igualdad, en las actividades y reuniones de la Asamblea Parlamentaria del Proceso de cooperación de Europa sudoriental, tal como se decidió en mayo de 2015, y la considera una contribución importante al diálogo parlamentario regional; lamenta que la Asamblea de Kosovo no haya sido aceptada como miembro de pleno derecho en otras iniciativas de cooperación parlamentaria regional, como la Conferencia de Comisiones de Integración Europea de los Estados participantes en el Proceso de Estabilización y Asociación (COSAP), o la Red de Comisiones Parlamentarias de Economía, Finanzas e Integración Europea de los Balcanes Occidentales; pide a todos los parlamentos de la región que adopten una actitud más integradora ante las solicitudes de adhesión a iniciativas regionales presentadas por la Asamblea de Kosovo, contribuyendo así a la mejora de la cooperación regional;

29.  Reitera su llamamiento a Kosovo para que complete el marco legislativo para la función pública, y para que aplique plenamente el marco estratégico de la administración pública y el plan de acción; pide a las autoridades que pongan fin a la politización de la administración pública, que fomenten la profesionalidad basada en los méritos en todas las instituciones públicas, que garanticen la buena gestión financiera de las instituciones públicas y la transparencia de la supervisión de la ejecución presupuestaria por parte de la Asamblea;

30.  Subraya la importancia de incrementar la financiación de proyectos de las ONG de Kosovo cuyo objetivo sea promover los principios del buen gobierno, reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, reforzar los mecanismos institucionales de los sistemas judiciales, consolidar la democracia institucional y social o reforzar la labor de protección y fomento de los derechos de los grupos marginados y de las minorías étnicas;

31.  Reitera su preocupación por el elevado índice de desempleo, en particular entre los jóvenes y las mujeres, y condena la discriminación generalizada de las mujeres en la sociedad y en el mercado laboral; subraya la necesidad de ofrecer perspectivas de futuro a la juventud de Kosovo; pide al Gobierno de Kosovo que trabaje para remediar la escasez de trabajadores cualificados, elimine todos los obstáculos administrativos que puedan conducir a prácticas discriminatorias, y mejore el entorno empresarial general del país, en particular para las pequeñas y medianas empresas; pide a la Comisión que proporcione más asistencia a los jóvenes empresarios en el marco de la financiación del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), prestando especial atención a formaciones y talleres, así como al intercambio de conocimientos especializados, incluidas medidas para facilitar los vínculos con empresarios de los Estados miembros de la UE, y realizando al mismo tiempo los esfuerzos necesarios para evitar la fuga de cerebros, en particular a raíz de la entrada en vigor del AEA;

32.  Recuerda que es esencial llevar a cabo reformas estructurales para poder incrementar el potencial de crecimiento, impulsar la productividad y mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía de Kosovo; respalda la conclusión de la Comisión de que Kosovo debe reforzar el marco presupuestario a medio plazo, mejorar la transparencia de las finanzas públicas, dirigir el gasto presupuestario hacia medidas de fomento del crecimiento y encauzar la inversión extranjera directa y las remesas de los emigrantes hacia sectores productivos; pide a Kosovo que agilice la reestructuración de las empresas públicas, mejore los procedimientos de quiebra e insolvencia y reduzca su dependencia de los aranceles aduaneros, ampliando la base imponible nacional y modernizando la recaudación de impuestos;

33.  Destaca que las reformas del mercado laboral, que han de ir acompañadas de reformas en el sistema educativo, son imprescindibles ante el elevado índice de desempleo y la baja tasa de participación en el mercado de trabajo; subraya que es necesario seguir trabajando por una mayor adecuación del sistema educativo a las necesidades del mercado laboral, especialmente mediante la modificación de los planes de estudios de la educación preuniversitaria; recalca asimismo la importancia de ampliar el sistema de formación profesional, lo que ha de ir acompañado de políticas activas en el mercado laboral;

34.  Señala que Kosovo se encuentra en las fases iniciales de la evolución hacia una economía operativa; acoge con satisfacción que se hayan logrado algunos progresos en el ámbito de la industria y de las pymes; insta a que se sigan reduciendo las cargas que soportan las pymes e insiste en la necesidad de evaluar el impacto de la normativa sobre estas y de apoyar a las empresas emergentes o innovadoras que presenten un alto valor añadido, con vistas a fomentar el emprendimiento, que tendrá beneficios sociales y económicos; pide a la Comisión que proporcione más asistencia a los jóvenes empresarios a través de los fondos IAP, incluidas medidas para facilitar los vínculos con empresarios de los Estados miembros de la UE y la participación de asociaciones de emprendedores de Kosovo en la Confederación Europea de Jóvenes Emprendedores, en particular a raíz de la entrada en vigor del AEA; insta a las instituciones de Kosovo a que ofrezcan fórmulas de financiación a las inversiones de las empresas sociales y sostenibles, con el fin de hacer frente a los retos que plantean los problemas sociales y el crecimiento sostenible;

35.  Reitera la importancia de garantizar que se asigne cuanto antes un código telefónico internacional propio a Kosovo, ya que contribuirá a una mayor visibilidad internacional del país; pide a la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que ponga en práctica lo acordado;

36.  Subraya la importancia de respetar las sensibilidades de todas las comunidades al cursar invitaciones, como en el caso del general Diković, y pide a la KFOR que colabore con las autoridades de Kosovo con el fin de evitar gestos que pudieran ofender la memoria de las víctimas y perjudicar el diálogo entre Pristina y Belgrado; recuerda que las oficinas de enlace tanto de Belgrado como de Pristina han de ser debidamente informadas de tales visitas con 48 horas de antelación;

37.  Observa la mejora de las infraestructuras de transporte y movilidad por carretera, en particular en lo que se refiere a las autopistas, así como la reciente aprobación del paquete IAP II de 2015, que incluye el principal proyecto de infraestructura ferroviaria de Kosovo; lamenta, no obstante, los elevados costes de construcción; confía en que el reciente acuerdo de préstamo firmado entre Kosovo y el Banco Europeo de Inversiones para la modernización del tramo que discurre por Kosovo de la ruta 10 de la red ferroviaria europea pueda impulsar un plan general de mejora del transporte público y de las infraestructuras ferroviarias; acoge positivamente, a ese respecto, el acuerdo alcanzado el 27 de enero de 2016 entre los primeros ministros Isa Mustafa y Aleksandar Vučić para iniciar discusiones sobre las conexiones aéreas y ferroviarias directas entre Kosovo y Serbia; pide a las autoridades de Kosovo que —habida cuenta de que la Comisión ha hecho de la agenda de conectividad una de sus principales prioridades y la considera un factor clave para el desarrollo económico de la región— garanticen la plena y rápida aplicación de las normas técnicas y las medidas indicativas en materia de transporte que se acordaron durante la Cumbre de los Balcanes Occidentales celebrada en Viena en 2015;

38.  Manifiesta su preocupación por la precaria situación energética en que se encuentra Kosovo y que está teniendo un impacto negativo en la vida cotidiana; señala que el nivel actual de pérdidas de electricidad y los perjuicios comerciales correspondientes son muy elevados debido al deterioro de las redes, y pide una importante mejora de la eficiencia energética y de la seguridad de suministro mediante inversiones en la rehabilitación de la red eléctrica existente, dado que una red eléctrica funcional es un requisito previo para que las empresas nacionales o extranjeras estén dispuestas a iniciar una actividad en Kosovo; insta a la agencia reguladora de la energía a que sea más flexible en la concesión de licencias y autorizaciones a nuevos inversores empresariales en el sector de las energías renovables; toma nota del acuerdo alcanzado con la empresa estadounidense «Contour Global» para la construcción de la central eléctrica «Nuevo Kosovo», que tendrá una capacidad de producción de 500 MW, y pide un procedimiento transparente acompañado por una evaluación del impacto social y ambiental del proyecto que respete plenamente las normas de la UE;

39.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como al Gobierno y a la Asamblea Nacional de Kosovo.


Situación en Libia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre la situación en Libia (2016/2537(RSP))
P8_TA(2016)0048RC-B8-0146/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Libia, en particular las de 15 de septiembre de 2011(1), 22 de noviembre de 2012(2), 18 de septiembre de 2014(3) y 15 de enero de 2015(4),

–  Vista la Decisión 2013/233/PESC del Consejo, de 22 de mayo de 2013, por la que se crea la Misión de la Unión Europea de asistencia y gestión integrada de las fronteras en Libia (EUBAM Libia),

–  Vista la decisión de lanzar el 18 de mayo de 2015 la operación EUNAVFOR MED Sophia con objeto de detectar, capturar y destruir las embarcaciones y de detectar los activos utilizados o presuntamente utilizados por traficantes o tratantes de migrantes,

–  Vistas las recientes declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, sobre Libia, en particular las de 30 de abril, 26 y 27 de mayo, 30 de junio, 12 de julio, 17 de agosto, 13 y 22 de septiembre, 9 de octubre, 19 y 26 de noviembre, y 14 y 17 de diciembre de 2015, y de 7, 11 y 18 de enero de 2016,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de enero de 2016, sobre Libia,

–  Visto el Acuerdo Político Libio firmado el 17 de diciembre de 2015 en Sjirat (Marruecos),

–  Vista la declaración conjunta de la reunión ministerial de Roma, de 13 de diciembre de 2015, sobre Libia, suscrita por Argelia, China, Egipto, Francia, Alemania, Italia, Jordania, Marruecos, Rusia, Qatar, Arabia Saudí, España, Túnez, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, los Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, la Liga de Estados Árabes y la Unión Africana,

–  Vista la Resolución 2259 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Libia, aprobada por unanimidad el 23 de diciembre de 2015,

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad(5),

–  Vista la conferencia nacional de las tribus libias celebrada en Trípoli en julio de 2011 y su llamamiento en favor de la proclamación de una ley de amnistía general para poner fin a la guerra civil,

–  Vista la reunión de líderes y activistas políticos mantenida en Argel el 11 de marzo de 2015,

–  Vista la declaración de apoyo a un Gobierno de Consenso Nacional en Libia realizada por los Gobiernos de Argelia, Francia, Alemania, Italia, Marruecos, España, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, durante la dictadura de Gadafi, Libia poseía el mayor arsenal de la costa meridional del mar Mediterráneo y que, desde la caída del dictador, se ha convertido en una fuente muy importante de tráfico y comercio ilícito de armas y en una zona de abastecimiento para todos los terroristas y extremistas en la región del Sahel (Malí, Níger, Nigeria), y para los movimientos de oposición en Sudán, Chad y Siria;

B.  Considerando que en febrero de 2011, en el contexto de la «Primavera Árabe», la población libia tomó las calles en un conflicto civil que se prolongó durante nueve meses; que la OTAN apoyó a los insurgentes enfrentados a una represión indiscriminada del Estado y que dicho apoyo fue decisivo en la caída del régimen de Gadafi;

C.  Considerando que la organización de la sociedad libia se ha basado siempre —antes y especialmente después del golpe de Estado—, en un sistema tribal; que las alianzas tribales entre las diferentes identidades étnicas (una mayoría árabe y las minorías amazigh, tubu y tuareg) siguen desempeñando un papel importante en las turbulencias que vive Libia actualmente;

D.  Considerando que en muchas de las milicias que lucharon contra Gadafi se habían infiltrado islamistas, que fueron tomando el poder gradualmente, y que algunas de ellas desempeñaron un papel fundamental en el conflicto; que las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas clasifican a Dáesh, Ansar al-Sharía y Al-Qaeda como organizaciones terroristas, y que todas ellas están presentes en Libia;

E.  Considerando que, en agosto de 2012, el Consejo Nacional de Transición cedió el poder al Congreso Nacional General, un parlamento electo que procedió a su vez a la elección de un jefe de Estado provisional; que en junio de 2014 los votantes eligieron un nuevo parlamento para sustituir al Consejo Nacional General, esto es, la Cámara de Representantes, que trasladó su sede a Tobruk; que el antiguo Congreso Nacional General, dominado por los Hermanos Musulmanes, se reunió de nuevo poco tiempo después y escogió a su propio primer ministro, cuestionando la autoridad de la Cámara de Representantes en una fase de los enfrentamientos en la que incluso la capital Trípoli cambió de manos; que, supuestamente, las dos partes en conflicto están recibiendo apoyo de potencias extranjeras, concretamente Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, en lo que respecta a la Cámara de Representantes (Tobruk), y Turquía y Qatar, en lo que respecta al nuevo Congreso Nacional General (Trípoli);

F.  Considerando que, desde agosto de 2014, ambas instancias políticas —la Cámara de Representantes en Tobruk, que ha sido reconocida por la comunidad internacional, y el nuevo Congreso Nacional General, que se ha establecido en Trípoli— afirman estar gobernando el país y ambas cuentan con el respaldo de varias milicias fuertemente armadas y vinculadas a regiones, ciudades y tribus con características distintas;

G.  Considerando que el vacío político y la inexistencia de un gobierno estable han sido aprovechados por Dáesh, en cuyas filas hay extranjeros y terroristas libios que han vuelto a Libia tras haber combatido en Irak y Siria; que, en noviembre de 2014, los que habían retornado, acompañados por yihadistas originarios de otros países, tomaron la ciudad de Derna, al este de Bengasi, y proclamaron su lealtad a Dáesh; que, desde entonces, esas fuerzas o sus aliados vienen actuando a lo largo de casi toda la costa entre Derna y Trípoli, incluidas las ciudades de Bayda, Bengasi, Ajdabiya, Abugrein y Misrata, y ejercen el pleno control en una zona de más de 200 km alrededor de Sirte, y que también cuentan con una base de entrenamiento al oeste de Trípoli, cerca de la frontera con Túnez; que Dáesh ha lanzado una campaña local de terror —con decapitaciones, tiroteos y atentados con bomba—, al tiempo que sigue ampliando su territorio, y que ha tomado el control de la carretera y puede obstaculizar las conexiones entre el este y el oeste del país;

H.  Considerando que Libia ha acabado acogiendo a las fuerzas más numerosas de Dáesh fuera de Oriente Próximo y actúa como cabeza de puente de esta organización en la costa meridional del Mediterráneo, planteando una amenaza de sumo peligro para los países vecinos en el Sahel y el Sáhara, así como para Europa con sus acciones terroristas;

I.  Considerando que Dáesh ha realizado grandes ofensivas contra instalaciones petrolíferas clave de Libia, con el objetivo de ampliar su financiación bélica y controlar las enormes instalaciones petrolíferas orientales de Sidra, Ras Lanuf y Marsa al-Brega desde el 4 de enero de 2016, lo que ha dañado las principales infraestructuras en que se basan los recursos económicos de Libia y pone en peligro unos ingresos esenciales para la reconstrucción del país;

J.  Considerando que, desde que se hundió en la anarquía, Libia se ha convertido aún más en un lugar de tránsito para el tráfico de seres humanos en dirección de las fronteras meridionales de Europa; que Libia sigue albergando a cientos de miles de migrantes y solicitantes de asilo de nacionalidades diferentes, muchos de los cuales viven en condiciones trágicas, lo que los convierten en objetivo de los traficantes;

K.  Considerando que la situación de los derechos humanos sigue deteriorándose en todo el país, en el que las detenciones arbitrarias, los secuestros, las ejecuciones ilegales, las torturas y la violencia que todas las partes perpetran contra civiles, periodistas, funcionarios, figuras políticas y defensores de los derechos humanos son una trágica realidad; que el 26 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió el caso de Libia a la Corte Penal Internacional; que esta sigue siendo competente para investigar las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país y enjuiciar a los responsables; que el 27 de junio de 2011 la Corte Penal Internacional dictó sendas órdenes de detención contra Muamar Gadafi y Saif al-Islam Gadafi, y que los demás sospechosos no se encuentran bajo custodia de la Corte; que las autoridades libias han insistido en que sean juzgados con arreglo al ordenamiento jurídico libio;

L.  Considerando que en la vía política del diálogo libio han participado miembros clave del proceso de democratización libio, en particular miembros de la Cámara de Representantes, el Congreso Nacional General y el Consejo Nacional de Transición; que otras partes interesadas independientes, como ayuntamientos, partidos políticos, líderes tribales y organizaciones de mujeres, han contribuido a promover una reconciliación genuina;

M.  Considerando que el Acuerdo Político Libio aspira a garantizar los derechos democráticos del pueblo libio, establecer un Gobierno de consenso basado en el principio de la separación de poderes y capacitar a las instituciones del Estado, como el Gobierno de Consenso Nacional; que, teniendo en cuenta los desafíos que afronta Libia, no hay tiempo que perder para formar un Gobierno de Consenso Nacional que trabaje en interés de todo el pueblo libio y establezca las bases para la paz, la estabilidad, la reconstrucción y el desarrollo del país;

N.  Considerando que, el 25 de enero de 2016, la Cámara de Representantes de Libia en Tobruk rechazó el gobierno de unidad respaldado por las Naciones Unidas al tiempo que aprobó el Acuerdo Político Libio, que ofrece una base para la transición política en el país;

O.  Considerando que una Libia políticamente estable y segura es una necesidad absoluta no solo para los ciudadanos libios, sino también para la seguridad de toda la región y de la Unión Europea;

1.  Acoge con satisfacción el Acuerdo Político Libio firmado el 17 de diciembre de 2015 con el respaldo de las Naciones Unidas, apoya plenamente al Consejo de la Presidencia y felicita al representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Martin Kobler, por la gran labor realizada;

2.  Lamenta el rechazo por la Cámara de Representantes en Tobruk de la primera propuesta de un gobierno unificado; pide a las dos principales instancias políticas de Libia que respalden esta propuesta, que es una etapa clave en la aplicación del Acuerdo Político Libio y responde a las aspiraciones de emprender la senda de la paz y la estabilidad en el país y defender a todos los ciudadanos libios; insta a la Cámara de Representantes en Tobruk y a su Presidencia a que demuestren un espíritu de compromiso y continúen debatiendo la composición del Gabinete con miras a dar su respaldo al Gobierno de Consenso Nacional, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Político Libio;

3.  Afirma su intención de reconocer y apoyar al Gobierno de Consenso Nacional formado por consenso entre los partidos libios como el único gobierno legítimo del país; destaca la necesidad de que Libia controle el proceso político y la importancia de asegurar la continuidad en la participación, en particular mediante la intervención constructiva de los consejos tribales, la participación positiva de las mujeres y la sociedad civil, y una beneficiosa contribución de los agentes políticos y locales con miras a modificar y aprobar oportunamente una constitución respetuosa con la democracia, los derechos humanos y las libertades civiles;

4.  Pide a la comunidad internacional, las Naciones Unidas, la UE, la UA y los Estados miembros de la Liga Árabe que muestren su disposición a respaldar a la población libia en sus esfuerzos por aplicar con éxito el Acuerdo; espera que los Estados miembros y las instituciones internacionales mantengan contactos oficiales únicamente con las partes del Acuerdo Político Libio; pide a la UE que imponga sanciones selectivas, como prohibiciones de viaje y congelación de activos, contra las personas y las organizaciones que boicoteen el Acuerdo Político Libio;

5.  Lamenta la actual guerra por delegación entre partidos suníes extranjeros; pide a los agentes regionales que se abstengan de emprender acciones que puedan exacerbar las divisiones y socavar la transición hacia una Libia estable, integradora y democrática, y que puedan desestabilizar a los países vecinos; confirma su sólido compromiso en favor de la soberanía, la integridad territorial, la unidad nacional y la transición democrática de Libia;

6.  Condena los atentados terroristas desestabilizadores perpetrados por Dáesh contra la población libia, incluidas las minorías, y las infraestructuras petrolíferas en Sidra y Ras Lanuf, así como los intentos de alterar el proceso de estabilización del país; hace un llamamiento en favor de una coalición internacional que aborde la creciente presencia de Dáesh en Libia, que está desestabilizando dicho país y es una amenaza no solo para los países vecinos del Sáhara y el Sahel, sino también para la UE;

7.  Señala que la porosidad de las fronteras libias y la falta de un control político centralizado han facilitado sobremanera la proliferación y el tráfico de armas, así como la libre circulación de grupos armados libios y extranjeros; expresa su inquietud ante la incidencia del conflicto libio por lo que respecta a la seguridad en sus países vecinos más cercanos, particularmente Egipto y Túnez, pero también en Argelia; opina que la UE debe utilizar sus instrumentos diplomáticos y de política exterior, en el marco de la política común de seguridad y de defensa (PCSD) y de otras políticas, como las de comercio y cooperación, para alentar a los países de la región del Oriente Próximo y África del Norte a comprometerse positivamente en favor del proceso de transición en Libia;

8.  Opina que la recuperación económica es un paso importante de la transición democrática en Libia; apoya plenamente a las nuevas autoridades libias en su lucha contra los terroristas a fin de garantizar la necesaria protección de la población libia y de las infraestructuras económicas de importancia crítica;

9.  Recuerda el papel central de la dimensión parlamentaria en lo relativo a la solución política a la crisis; destaca que los órganos del Parlamento Europeo y sus diputados pueden compartir su experiencia institucional con agentes libios para apoyarlos en la búsqueda de un diálogo político incluyente;

10.  Expresa su profunda preocupación por el destino de los migrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados en Libia, cuya situación, ya insostenible, sigue empeorando; solicita que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) participe en mayor medida en la coordinación de los esfuerzos de las Naciones Unidas; pide a la UE y a sus Estados miembros que atajen efectivamente la migración y los flujos de refugiados procedentes del norte de África, particularmente de Libia, que están aumentando de manera vertiginosa; pide a las autoridades y a las milicias libias que garanticen el acceso externo a las instalaciones de detención, en especial las destinadas a los migrantes;

11.  Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que coordinen las acciones de los Estados miembros en Libia y centren su apoyo en la construcción del Estado y de las instituciones, y que, conjuntamente con los Estados miembros, las Naciones Unidas, la OTAN y los socios regionales, contribuyan a la reforma del sector de la seguridad y a la creación, bajo el control del Gobierno de Consenso Nacional, de unas fuerzas armadas y policiales eficaces y capaces de controlar todo el territorio libio y sus aguas territoriales, y de proteger sus fronteras; señala que la UE también debería considerar prioritario contribuir a la reforma del sistema judicial libio y de otros ámbitos fundamentales para una gobernanza democrática;

12.  Respalda los esfuerzos realizados en el marco de la operación EUNAVFOR MED Sophia para atajar la crisis migratoria y hacer frente a los traficantes que explotan a los migrantes; recuerda que el éxito de esa operación está directamente relacionado con la sostenibilidad del diálogo político en Libia y la necesidad de restablecer la paz y la estabilidad en dicho país; pide que se adopte un acuerdo con el Gobierno de Consenso Nacional por el que se faculte a la misión de la UE para llevar a cabo operaciones necesarias en aguas territoriales libias;

13.  Valora positivamente que la UE ya haya puesto a disposición un paquete de ayuda por valor de 100 millones de euros y esté dispuesta a ofrecer asistencia inmediata en aquellos ámbitos que considere prioritarios junto con el nuevo Gobierno de Consenso Nacional una vez se haya constituido este; pide a la UE y a las Naciones Unidas que prevean asistencia para la consolidación de las estructuras estatales, la seguridad y el mantenimiento de la paz, así como en materia de formación en lo que respecta a las capacidades de respuesta a las catástrofes y las situaciones de emergencia, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho;

14.  Pide a los Estados miembros que no actúen de forma individual, sino que ayuden a la alta representante a elaborar una estrategia global, en coordinación con la UNSMIL y las autoridades libias, para apoyar la transición y el nuevo Gobierno libio; considera que la reforma del sector de la seguridad y los programas de desarme, desmovilización y reintegración son una prioridad para el país, y pide a la Comisión, a la alta representante y a los Estados miembros que estén preparados para proporcionar la asistencia necesaria en estos ámbitos si así lo solicitara el nuevo Gobierno;

15.  Señala que es importante que la comunidad internacional incremente la financiación para la asistencia humanitaria a fin de cubrir las necesidades más acuciantes de las personas gravemente afectadas por el conflicto en Libia; subraya la necesidad de aportar fondos para ayudar a las organizaciones humanitarias a analizar mejor la situación y mejorar su respuesta a las necesidades sobre el terreno; pide a los Estados miembros que cumplan sus compromisos en favor del Fondo fiduciario de emergencia de la UE para África;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Unión por el Mediterráneo, a la Liga de Estados Árabes, al Consejo de la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 114.
(2) DO C 419 de 16.12.2015, p. 192.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0028.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0010.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0272.


Condición de insularidad
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre la situación especial de las islas (2015/3014(RSP))
P8_TA(2016)0049B8-0165/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1080/2006,

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.1083/2006 del Consejo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1698/2005 del Consejo,

–  Visto el Sexto informe de la Comisión sobre cohesión económica, social y territorial (COM(2014)0473),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «Problemas específicos de las islas» (1229/2011),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la condición de insularidad (O-000013/2016 – B8-0106/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que las islas, clasificadas como regiones NUTS-2 y NUTS-3, presentan características específicas, comunes y permanentes, que las distinguen claramente de los territorios continentales;

B.  Considerando que el artículo 174 del TFUE reconoce las desventajas naturales y geográficas permanentes específicas de la situación de las islas;

C.  Considerando que la reducción de las disparidades económicas, sociales y medioambientales entre las regiones y un desarrollo policéntrico armonioso constituyen los principales objetivos de la política de cohesión, en estrecha relación con el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

D.  Considerando que la crisis económica ha repercutido gravemente en los presupuestos nacionales y regionales de muchos Estados miembros al limitar la disponibilidad de financiación en diversos sectores y llevar a una caída en un 20 % de la inversión pública; que, como también indica el Sexto informe sobre cohesión económica, social y territorial, las consecuencias de la crisis han afectado gravemente al posible desarrollo de muchas regiones desfavorecidas, entre ellas las islas; que la crisis económica ha invertido la tendencia a largo plazo de convergencia del PIB y las tasas de desempleo en toda la UE, lo que ha conllevado un aumento de la pobreza y la exclusión social y ha evitado el logro del objetivo a largo plazo de la Unión en materia de cohesión económica y territorial;

E.  Considerando que las islas de la UE también son regiones periféricas situadas en algunos casos en las fronteras exteriores de la UE y presentan una vulnerabilidad especial a los retos a los que se enfrenta actualmente la UE, como la globalización, las tendencias demográficas, el cambio climático, el suministro energético y, especialmente para las áreas meridionales, la exposición a los crecientes flujos migratorios;

F.  Considerando que las islas europeas contribuyen a la diversidad de la Unión en términos tanto medioambientales (hábitats específicos y especies endémicas) como culturales (patrimonio arquitectónico, sitios, paisajes, características agrícolas y no agrícolas e identidades geográficas);

G.  Considerando que las islas europeas pueden contribuir a reforzar el desarrollo sostenible en la Unión, dado su elevado potencial para producir energía a partir de fuentes renovables debido a su exposición específica a las corrientes eólicas, al oleaje marino y a la luz solar;

H.  Considerando que la accesibilidad de las regiones y las conexiones dentro de las islas son factores fundamentales para aumentar su atractivo para los trabajadores cualificados y las empresas; que es necesario atraer las inversiones, crear nuevos puestos de trabajo y reducir los costes del transporte marítimo y aéreo para personas y mercancías, de conformidad con el principio de continuidad territorial, al tiempo que se intentan disminuir las emisiones y la contaminación derivadas de este tipo de transporte;

I.  Considerando que la agricultura, la cría de animales y la pesca representan un elemento importante de las economías insulares locales, que son una fuente de suministro para una parte significativa del sector de la industria agrícola y que estos sectores se ven perjudicados por la falta de accesibilidad, en especial por lo que respecta a las pymes, un bajo nivel de diferenciación de productos y las condiciones climáticas;

J.  Considerando que el turismo intensivo, representa, para la mayoría de las islas, una parte importante de su economía local pero normalmente tiende a concentrarsesolo en ciertos periodos del año , careciendo de una planificación adecuada fuera de temporada, lo cual puede conllevar riesgos para el desarrollo sostenible desde un punto de vista ambiental;

1.  Anima a la Comisión a ofrecer una definición clara del tipo de desventajas permanentes de carácter geográfico, natural y demográfico que las regiones insulares pueden padecer, con arreglo al artículo 174 del TFUE;

2.  Pregunta a la Comisión cómo prevé aplicar el contenido del artículo 174 del TFUE en relación con las desventajas permanentes de las regiones insulares que dificultan su desarrollo natural y les impiden alcanzar la cohesión económica, social y territorial;

3.  Reconoce la importancia de prestar apoyo para luchar contra la tendencia a una considerable despoblación en las regiones insulares; recuerda que ciertas desventajas son más difíciles de gestionar para las islas en función de su tamaño y de su lejanía con respecto a las costas continentales europeas;

4.  Pide a la Comisión que elabore un estudio o análisis exhaustivo sobre los costes adicionales que deben afrontar las islas por el hecho de serlo, por lo que respecta al sistema de transporte para personas y mercancías, el suministro energético y el acceso a los mercados, en particular para las pymes;

5.  Opina que las islas deben contar con una definición/clasificación adecuada que tenga en cuenta no solo sus diferencias y especificidades sino también su situación concreta; invita a la Comisión a que, sobre la base del artículo 174 del TFUE, reconozca la situación especial de las islas y establezca un grupo homogéneo compuesto por todos los territorios insulares; pide a la Comisión, además, que, aparte del PIB, tenga en cuenta otros indicadores estadísticos susceptibles de reflejar la vulnerabilidad económica y social derivada de las desventajas naturales permanentes;

6.  Recuerda que, de conformidad con la Directiva 2006/112/CE del Consejo, a determinadas islas europeas se les han otorgado regímenes fiscales especiales para compensar sus desventajas permanentes de carácter natural y demográfico; destaca la importancia de dichos regímenes fiscales especiales para las comunidades y economías locales, y pide que se continúen, especialmente en los Estados miembros que están sujetos a programas de ajuste económico;

7.  Recuerda, en especial, la necesidad de mejorar la conectividad a través de las rutas marítimas, el acceso a los puertos y los servicios del transporte aéreo; considera que es preciso hacer especial hincapié en los nudos de transporte, el transporte intermodal y la movilidad sostenible; destaca, asimismo, la necesidad de apoyar un desarrollo territorial equilibrado de las regiones insulares promoviendo la innovación y la competitividad en estas regiones, que se encuentran lejos de los principales centros administrativos y económicos y no gozan de un fácil acceso al transporte, y reforzando la producción local para los mercados locales;

8.  Subraya que la capacidad digital es un medio crucial para contrarrestar las desventajas de las regiones insulares relacionadas con la conectividad; hace hincapié en la necesidad de inversiones en infraestructura para garantizar el acceso de banda ancha en las islas y la plena participación de estas en el mercado único digital;

9.  Recuerda, asimismo, que muchas islas del Mediterráneo han recibido a un enorme número de migrantes y deben gestionar esta situación; subraya la necesidad de un enfoque integral de la UE que incluya el apoyo de la UE y un esfuerzo conjunto por parte de todos los Estados miembros;

10.  Subraya la importancia de proporcionar educación a todos los niveles y si es necesario, utilizando más los sistemas de educación a distancia; recuerda que las islas también se enfrentan a importantes repercusiones del cambio climático, con consecuencias especialmente graves, como el aumento del número de desastres naturales;

11.  Recalca que, si bien las islas se enfrentan a limitaciones, también se benefician de un potencial territorial que debe aprovecharse como una oportunidad para el desarrollo, el crecimiento y la creación de empleo; subraya la importancia de unas políticas de reducción del nivel de imposición y de la burocracia como incentivos clave para atraer las inversiones; hace referencia, en este contexto, al desarrollo del turismo sostenible, además del turismo estacional, centrado en la promoción del patrimonio cultural y en actividades económicas artesanales específicas; destaca también el enorme potencial de la energía oceánica, eólica y solar, así como las posibilidades de las islas de convertirse en importantes fuentes de energía alternativa, de alcanzar la mayor autonomía energética posible y, sobre todo, de garantizar un suministro energético más económico para sus habitantes;

12.  Subraya, a este respecto, la importancia de utilizar todas las sinergias posibles entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y otros instrumentos de la Unión con vistas a contrarrestar las desventajas de las islas y mejorar su situación en materia de crecimiento económico, creación de empleo y desarrollo sostenible;

13.  Pide a la Comisión que establezca un marco estratégico de la UE para las islas con el objetivo de vincular instrumentos que puedan tener un fuerte impacto territorial;

14.  Pide a los Estados miembros y a las entidades regionales y locales que desempeñen una función importante en las estrategias de desarrollo de las islas sobre la base de un planteamiento vertical que englobe a todos los niveles de gobierno, de conformidad con el principio de subsidiariedad, con vistas a garantizar el desarrollo sostenible de las islas de la UE;

15.  Propone que la Comisión establezca una «oficina para las islas», vinculada a la Dirección General de Política Regional y Urbana y compuesta por un pequeño grupo de funcionarios, a fin de coordinar y analizar las cuestiones relativas a las regiones insulares;

16.  Pide a la Comisión que presente una comunicación que contenga una «Agenda para las islas de la UE» y, posteriormente, un Libro Blanco para realizar un seguimiento del desarrollo de las islas, sobre la base de las mejores prácticas y con la participación de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como de otros agentes pertinentes, incluidos los interlocutores económicos y sociales y los representantes de la sociedad civil;

17.  Pide a la Comisión que proponga un Año Europeo de las Islas y las Montañas;

18.  Invita a la Comisión a que tenga en cuenta la situación específica de las islas a la hora de preparar la propuesta para el próximo marco financiero plurianual;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones y a los Estados miembros.


El cometido de las entidades locales y regionales en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre el cometido de las entidades locales y regionales en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) (2015/3013(RSP))
P8_TA(2016)0050B8-0171/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 174 a 178, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre disposiciones comunes» (RDC)),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006(2),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 9 de julio de 2015, sobre el resultado de las negociaciones sobre los acuerdos de asociación y los programas operativos,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, titulada «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» (COM(2015)0639),

–  Visto el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el cometido de las entidades locales y regionales en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) (O-000012/2016 – B8-0105/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la política de cohesión de la UE para el periodo de programación 2014-2020 sigue representando el principal instrumento de inversión, que cubre todas las regiones de la UE, y brinda la oportunidad de crear un proceso de crecimiento sostenible más ascendente, que apoye la creación de empleo, el espíritu empresarial y la innovación en las economías locales y regionales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y creando solidaridad y un desarrollo reforzado en las regiones de la UE;

B.  Considerando que la política de cohesión se destina también, como se indica en el TFUE, a reducir las disparidades económicas, sociales y territoriales entre los Estados miembros de la UE y sus regiones mediante una estrategia integradora;

C.  Considerando que se ha creado por primera vez (para el periodo 2014-2020) un marco coherente, el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), en el que se establecen normas comunes para los cinco Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE): el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP);

D.  Considerando que el marco estratégico común introducido con arreglo al RDC contribuye a maximizar el impacto y la eficiencia del gasto público y permite realizar sinergias al combinar fondos EIE con otros programas financiados por la UE;

E.  Considerando que el artículo 7 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional establece que al menos un 5 % de los recursos del FEDER se asignarán a medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible, en las que las ciudades y los organismos subregionales o locales responsables de la aplicación de estrategias urbanas sostenibles serán los encargados de las tareas relacionadas, por lo menos, con la selección de las operaciones;

F.  Considerando que en el actual período de programación 2014-2020, el desarrollo local participativo (DLP) y los grupos de acción local también pueden recibir financiación del FEDER y del FSE;

G.  Considerando que los principios de asociación y gobernanza en varios niveles, a los que hace referencia el artículo 5 del RDC, figuran entre los principios fundamentales de los Fondos EIE;

1.  Subraya el papel fundamental de las entidades locales y regionales en la configuración y la aplicación de las estrategias de la UE, a la vez que reconoce el papel de un gran número de partes interesadas, desde los Estados miembros a grupos comunitarios; considera, por lo tanto, que la proximidad de estas entidades a los ciudadanos y la diversidad de la gobernanza a nivel local y regional constituyen un valor de la UE;

2.  Se manifiesta a favor de las sinergias y la complementariedad entre los Fondos EIE y otros programas de la UE en los que las entidades locales y regionales pueden desempeñar un papel útil para alcanzar los objetivos de la política de cohesión; destaca, no obstante, que toda reprogramación de los Fondos EIE debe hacerse de conformidad con las normas del RDC y que las nuevas iniciativas no deben debilitar el núcleo de los Fondos EIE;

3.  Recuerda el principio de asociación reforzada y el Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones, que establecen la participación legal de las entidades locales y regionales y fijan los requisitos mínimos para su participación en todas las fases de la preparación y aplicación de los programas operativos; reconoce que, aunque en la mayoría de los casos se consultó a las entidades locales y regionales durante las negociaciones sobre los acuerdos de asociación y los programas operativos, su participación no llegó a constituir una asociación plena; pide a los Estados miembros, por consiguiente, que cumplan totalmente estos requisitos y que intensifiquen sus esfuerzos para subsanar las deficiencias;

4.  Destaca que la mejora de la capacidad administrativa y la lucha contra las deficiencias estructurales de las entidades locales y regionales son fundamentales tanto en las fases de programación y ejecución de los programas operativos como para lograr un mayor índice de absorción de los Fondos EIE; pide, por tanto, a la Comisión que vele por que se contribuya al desarrollo de capacidades de las entidades locales y regionales y de sus administraciones e instituciones de manera que estén en condiciones de desempeñar un papel significativo en la política de cohesión, especialmente en caso de subdelegación de competencias de ejecución en niveles inferiores de la administración, en particular en las autoridades urbanas;

5.  Toma nota de que la política de cohesión de la UE es un buen ejemplo de la gobernanza multinivel con un planteamiento ascendente, en el que las entidades locales y regionales alcanzan, en relación con los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, un equilibrio entre el objetivo de la Unión de una mayor cohesión económica, social y territorial y el impacto territorial de las políticas de la UE;

6.  Destaca la importancia de la iniciativa de desarrollo local participativo, de la que las autoridades locales son socias; subraya que debe seguir siendo un enfoque ascendente y, al mismo tiempo, establecer objetivos de intervención relacionados con las necesidades locales y regionales;

7.  Considera que las nuevas iniciativas de la inversión territorial integrada (ITI) y el desarrollo local participativo representan cambios graduales en la capacidad de los agentes locales para combinar flujos de financiación y planificar iniciativas locales bien definidas;

8.  Considera que la gobernanza multinivel apoya los objetivos políticos fundamentales de la UE, tales como el crecimiento económico, el progreso social y el desarrollo sostenible, y que refuerza la dimensión democrática de la Unión Europea e incrementa la eficacia de su acción política;

9.  Llama la atención sobre los retos a los que se enfrentan las entidades locales y regionales, como la globalización, el cambio climático, la seguridad energética, los flujos migratorios y el aumento de la urbanización, teniendo en cuenta que cada región tiene sus necesidades y características específicas;

10.  Está convencido de que las zonas urbanas desempeñan un papel cada vez más importante en el mundo actual, y de que las políticas de la UE tienen un importante papel que desempeñar en el establecimiento del marco adecuado en el que las zonas urbanas europeas puedan liberar su potencial de crecimiento;

11.  Pide a la Comisión que siga de cerca esta cuestión e informe al Parlamento sobre la aplicación del artículo 7 del Reglamento del FEDER;

12.  Considera que la Agenda Urbana de la UE puede mejorar el desarrollo y la aplicación de las políticas y los programas, garantizando así un impacto más coherente en las ciudades y ayuda a las mismas, contribuyendo al mismo tiempo a la consecución de los objetivos europeos y nacionales comunes, en el pleno respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; subraya la importancia del Pacto de Ámsterdam y de los progresos realizados hacia los objetivos que se pretende alcanzar; señala, no obstante, que las políticas de la UE que afectan tanto a las zonas urbanas como a las rurales exigen esfuerzos para eliminar los atascos y las incoherencias;

13.  Pide a la Comisión que siga trabajando sobre las iniciativas anteriores y en curso, incluyendo consultas públicas, con el fin de determinar medidas que permitan reforzar el papel de las entidades locales y regionales en la gestión y la ejecución de los Fondos EIE a través de los acuerdos de asociación y los programas operativos;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Comité de las Regiones, así como a los Gobiernos y Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.


Masacre sistemática de minorías religiosas por el EIIL
PDF 184kWORD 83k
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh» (2016/2529(RSP))
P8_TA(2016)0051RC-B8-0149/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones: de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Irak(1); de 18 de septiembre de 2014, sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del EIIL, incluida la persecución de las minorías(2), en particular su apartado 4; de 27 de noviembre de 2014, sobre Irak: secuestro y maltrato de las mujeres(3); de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico(4), en particular su apartado 27; de 12 de marzo de 2015, sobre los recientes ataques y secuestros perpetrados por el EI/Dáesh en Oriente Próximo, especialmente de asirios(5), en particular su apartado 2; de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto(6), en particular sus apartados 129 y 211; de 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015(7), en particular sus apartados 66 y 67; de 30 de abril de 2015, sobre la persecución de los cristianos en el mundo, en relación con el asesinato de estudiantes en Kenia por el grupo terrorista Al Shabab(8), en particular su apartado 10; y de 30 de abril de 2015, sobre la destrucción de lugares de interés cultural perpetrada por el EI/Dáesh(9),

–  Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 18 de abril de 2013, sobre el principio de las Naciones Unidas de «Responsabilidad de Proteger» (R2P)(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 16 de marzo de 2015 sobre la estrategia regional de la UE para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el EIIL/Dáesh; de 20 de octubre de 2014 sobre la crisis del EIIL/Dáesh en Siria e Irak; de 30 de agosto de 2014 sobre Irak y Siria; de 14 de abril de 2014 y de 12 de octubre de 2015 sobre Siria, y de 15 de agosto de 2014 sobre Irak,

–  Vista la Decisión 2003/335/JAI del Consejo, de 8 de mayo de 2003, sobre investigación y enjuiciamiento de delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra(11),

–  Vistas: las Directrices de la UE sobre el fomento y la protección de la libertad de religión o creencias; las Directrices de la UE sobre la promoción del cumplimiento del Derecho humanitario internacional; las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y los jóvenes y sobre la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas; las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; las Directrices de la UE sobre los niños y los conflictos armados; las Directrices de la UE relativas a la promoción y protección de los derechos del niño; y las Directrices en materia de derechos humanos de la UE sobre la libertad de expresión en internet y fuera de internet, así como las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI),

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Irak y Siria,

–  Vista la Resolución 2091 (2016) sobre los combatientes extranjeros en Siria e Irak, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 27 de enero de 2016,

–  Vista la declaración de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, de 25 de agosto de 2014, sobre la horrorosa persecución generalizada y sistemática sufrida por los civiles iraquíes,

–  Vistas las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Irak y Siria, en particular la Resolución 2249 (2015) por la que se condenan los ataques terroristas perpetrados recientemente por el EIIL, y la Resolución 2254 (2015), que refrenda la hoja de ruta del proceso de paz en Siria y establece un calendario de conversaciones,

–  Vista la Resolución S-22/1del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irak a la luz de los abusos cometidos por el denominado Estado Islámico de Irak y el Levante y sus grupos asociados, de 3 de septiembre de 2014,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 9 de diciembre de 1948,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en particular sus artículos 5 a 8,

–  Visto el Marco de análisis de la Oficina del Asesor Especial sobre la Prevención del Genocidio, de las Naciones Unidas,

–  Vista la declaración, de 12 de agosto de 2014, del asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio, y del asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Proteger, sobre la situación en Irak,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 27 de marzo de 2015, sobre la situación de los derechos humanos en Irak a la luz de los abusos cometidos por el denominado Estado Islámico de Irak y el Levante y sus grupos asociados, en particular su apartado 16 relativo a las violaciones cometidas por el EIIL y sus ataques contra grupos religiosos y étnicos,

–  Vista la declaración, de 13 de octubre de 2015, del asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio, y del asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Proteger, sobre el aumento de la incitación a la violencia en Siria por motivos religiosos,

–  Visto el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, presentado al Consejo de Derechos Humanos el 13 de agosto de 2015, en particular sus apartados 165 a 173,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que, como se reconoce en la Resolución 2249 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ideología extremista violenta del denominado «EIIL/Dáesh», sus actos terroristas, sus ataques constantes, flagrantes, sistemáticos y generalizados dirigidos contra la población civil, sus abusos de los derechos humanos y violaciones del Derecho internacional humanitario, en particular los impulsados por motivos religiosos o étnicos, sus actos de erradicación del patrimonio cultural y de tráfico de bienes culturales, constituyen una amenaza mundial sin precedentes para la paz y la seguridad internacionales;

B.  Considerando que las minorías étnicas y religiosas, tales como las comunidades cristiana (caldea, siriaca, asiria, melquita y armenia), yazidí, turcomana, chabaquí, kakaí, sabea-mandea, kurda y chií, así como muchos árabes y musulmanes suníes, están en el punto de mira del denominado «EIIL/Dáesh»; que muchas personas han sido asesinadas, sacrificadas y apaleadas, y han sufrido extorsión, secuestros y torturas; que han sido esclavizadas (en particular las mujeres y las niñas, sometidas también a otras formas de violencia sexual), convertidas a la fuerza, y víctimas de matrimonios forzosos y de trata de seres humanos; que también han sido reclutados niños por la fuerza; y que mezquitas, monumentos, santuarios, iglesias y otros lugares de culto, tumbas y cementerios han sido objeto de ataques vandálicos;

C.  Considerando que el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, se cometan donde se cometan y cuando se cometan, no deben quedar impunes y que su persecución efectiva debe garantizarse mediante medidas a nivel nacional reforzando la cooperación internacional y a través de la Corte Penal Internacional y la justicia penal internacional;

D.  Considerando que el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra son motivo de preocupación para todos los Estados miembros de la UE, que están resueltos a cooperar para prevenir estos crímenes y poner fin a la impunidad de sus autores, de acuerdo con la Posición Común 2003/444/PESC del Consejo, de 16 de junio de 2003;

E.  Considerando que la Resolución 2249 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autoriza a los Estados miembros que tengan capacidad para ello a tomar todas las medidas necesarias, respetando el Derecho internacional y en particular la Carta de las Naciones Unidas, la legislación internacional en materia de derechos humanos y el Derecho humanitario, en el territorio bajo control del denominado «EIIL/Dáesh», en Siria e Irak, para redoblar y coordinar sus esfuerzos de prevención y erradicación de los atentados terroristas;

F.  Considerando que la definición internacional de genocidio, de conformidad con el artículo II de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, comprende «cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo»; y que el artículo III de dicha Convención considera punibles el genocidio y también la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública a cometer genocidio, y la complicidad en el genocidio;

G.  Considerando que se calcula que desde 2014 han sido asesinados unos 5 000 yazidíes, y que muchos otros han sufrido torturas o han sido forzados a convertirse al Islam; que al menos 2 000 mujeres yazidíes han sido esclavizadas, y sometidas a matrimonios forzosos y a la trata de seres humanos; que han sido violadas niñas de tan solo seis años de edad, y que niños yazidíes han sido reclutados a la fuerza como soldados del denominado «EIIL/Dáesh»; que existen pruebas claras de la existencia de fosas comunes en las que han sido enterrados yazidíes secuestrados por el denominado «EIIL/Dáesh»;

H.  Considerando que, en la noche del 6 de agosto de 2014, más de 150 000 cristianos huyeron ante el avance del denominado «EIIL/Dáesh» sobre Mosul, Karakosh y otros pueblos de la llanura de Nínive, despojados de todas sus pertenencias, y que siguen hasta la fecha desplazados y en situación precaria en el norte de Irak; que el denominado «EIIL/Dáesh» capturó a quienes fueron incapaces de huir de Mosul y las llanuras de Nínive, y que esclavizó a las mujeres y los niños no musulmanes, de los que algunos fueron vendidos y otros, asesinados brutalmente mientras los culpables filmaban;

I.  Considerando que en febrero de 2015 el denominado «EIIL/Dáesh» secuestró a más de 220 cristianos asirios tras invadir varias comunidades campesinas en la ribera sur del río Jabur, en la provincia nororiental de Hassakeh, y que hasta la fecha solo han sido liberados algunos de ellos, mientras que se ignora el destino de los demás;

J.  Considerando que varios informes de organismos de las Naciones Unidas, como el asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Genocidio, el asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la Responsabilidad de Proteger y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señalan que los actos cometidos por el denominado «EIIL/Dáesh» pueden llegar a constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio;

K.  Considerando que la Comisión Internacional Independiente de Investigación ha documentado y denunciado que siguen sufriendo persecución las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas que se oponen al denominado «EIIL/Dáesh» y a otros grupos terroristas, milicias y grupos armados no estatales en los territorios que se encuentran bajo su control de facto;

L.  Considerando que, según los principios de Responsabilidad de Proteger (R2P), cuando un Estado (o un agente no estatal) incumpla manifiestamente su obligación de proteger a su población o, de hecho, incurra en los crímenes mencionados, incumbirá a la comunidad internacional emprender una acción colectiva para proteger a la población, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas;

M.  Considerando que, en virtud del Derecho internacional, todo individuo tiene el derecho de vivir de acuerdo con su conciencia y de cambiar o mantener libremente sus creencias religiosas y no religiosas; que los líderes políticos y religiosos tienen el deber, a todos los niveles, de combatir el extremismo y de promover el respeto mutuo entre las personas y los grupos religiosos;

1.  Recuerda su rotunda condena del denominado «EIIL/Dáesh» y de sus atroces violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, con arreglo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe tomar medidas para que estos crímenes sean reconocidos como genocidio; se muestra extremamente preocupado por la persecución deliberada, por parte de este grupo terrorista, de los cristianos (caldeos, siriacos, asirios, melquitas y armenios), yazidíes, turcomanos, chíies, chabaquíes, sabeos, kakaíes y suníes que no coinciden con su interpretación del Islam, como parte de su intento de exterminar a todas las minorías religiosas y étnicas de los territorios que se encuentran bajo su control;

2.  Expresa su opinión de que la persecución, las atrocidades y los crímenes internacionales constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; destaca que el denominado «EIIL/Dáesh» está perpetrando un genocidio contra los cristianos y yazidíes, y otras minorías religiosas y étnicas que no están de acuerdo con la interpretación que hace del Islam el denominado «EIIL/Dáesh», por lo que se impone la adopción de medidas en virtud de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948; subraya que quienes, de forma deliberada, conspiran, planifican, incitan, cometen o intentan cometer, son cómplices de atrocidades o las apoyan deben comparecer ante la justicia y ser enjuiciados por violaciones del Derecho internacional, en particular por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio;

3.  Insta a cada una de las partes contratantes de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, firmada en París el 9 de diciembre de 1948, así como de otros acuerdos internacionales pertinentes, y en particular a los Estados miembros de la UE, a que prevengan los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio en su territorio; insta a Siria y a Irak a que acepten la jurisdicción de la Corte Penal Internacional;

4.  Insta a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que apoyen una remisión a la Corte Penal Internacional por parte del Consejo de Seguridad, a fin de que esta investigue las violaciones perpetradas en Irak y Siria por el denominado «EIIL/Dáesh» contra los cristianos, los yazidíes y las minorías religiosas y étnicas;

5.  Pide a todas las partes contratantes de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, y de otros acuerdos internacionales para la prevención y el castigo de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio, en particular a las autoridades competentes de países (y a sus nacionales) que de alguna manera apoyen estos delitos, cooperen para cometerlos, los financien o sean cómplices de los mismos, que cumplan plenamente sus obligaciones legales en virtud de la Convención y de cualesquiera otros acuerdos internacionales;

6.  Insta a las autoridades competentes de los países que apoyen, colaboren o financien de cualquier modo, directa o indirectamente, estos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, o sean cómplices de los mismos, que cumplan plenamente sus obligaciones legales en virtud del Derecho internacional y pongan fin a esta conducta inaceptable, que está causando un daño enorme a las sociedades iraquí y siria y está desestabilizando gravemente los países vecinos y la paz y la seguridad internacionales;

7.  Recuerda que la Resolución 2253 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso a los Estados miembros de las Naciones Unidas la obligación legal de prohibir todo tipo de ayuda al denominado «EIIL/Dáesh» y otras organizaciones terroristas, en particular el suministro de armas y de ayuda financiera, incluido el comercio ilegal de petróleo, y les insta a que tipifiquen como delito en su Derecho nacional este tipo de ayuda; recuerda que el hecho de que algunos Estados miembros no actúen en consecuencia constituiría una violación del Derecho internacional y haría recaer sobre otros Estados miembros la obligación legal de aplicar la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomando medidas para hacer comparecer a las personas y entes responsables ante la justicia;

8.  Denuncia en los términos más enérgicos la destrucción de emplazamientos culturales y religiosos y de tesoros por parte del denominado «EIIL/Dáesh», lo que constituye un ataque contra el patrimonio cultural de todos los habitantes de Siria e Irak y de la humanidad en sentido amplio; pide a todos los Estados que intensifiquen sus investigaciones penales y la cooperación judicial con el fin de averiguar cuáles son todos los grupos responsables del tráfico ilegal de bienes culturales y de dañar o destruir patrimonio cultural que pertenece a toda la humanidad en Siria, Irak y en las regiones más amplias de Oriente Próximo y el norte de África;

9.  Insta a todos los países de la comunidad internacional, incluidos los Estados miembros de la UE, a que trabajen activamente para combatir la radicalización y a que mejoren sus ordenamientos jurídicos y jurisdiccionales para impedir que sus nacionales y conciudadanos puedan viajar para unirse al denominado «EIIL/Dáesh» y participar en violaciones del Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y para garantizar que, en caso de que así lo hagan, se les persiga penalmente lo antes posible por ello, así como por instigar a través de internet y apoyar que se cometan estos crímenes;

10.  Pide a la UE que establezca un representante especial permanente para la Libertad de Religión y Creencias;

11.  Reconoce, apoya y pide a todos respeto por el derecho inalienable de todas las minorías étnicas, religiosas y de otros tipos, que viven en Irak y Siria, a seguir viviendo en sus patrias históricas y tradicionales con dignidad, en condiciones de igualdad y en seguridad, y a practicar libre y plenamente su religión y creencias sin sufrir ningún tipo de coacción, violencia o discriminación; opina que, para detener el sufrimiento y el éxodo masivo de cristianos, yazidíes y otras comunidades de la región, es imperativamente necesaria una declaración clara e inequívoca de todos los líderes políticos y religiosos regionales en apoyo de su permanencia y del disfrute de derechos plenos e iguales como ciudadanos de sus países;

12.  Pide a los países de la comunidad internacional, incluidos la UE y sus Estados miembros, que garanticen las condiciones de seguridad necesarias y las perspectivas de todas aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares o han sido desplazadas a la fuerza, que hagan efectivo lo antes posible su derecho a regresar a sus países de origen y a preservar sus casas, tierras, propiedades y pertenencias, así como sus iglesias y lugares religiosos y culturales, y a poder disfrutar una vida y un futuro dignos;

13.  Reconoce que la actual persecución de grupos religiosos y étnicos en Oriente Próximo es un factor que contribuye a la migración masiva y a los desplazamientos internos;

14.  Destaca la importancia de que la comunidad internacional facilite protección y ayuda, también de carácter militar, de conformidad con el Derecho internacional, a todas aquellas personas perseguidas por el denominado «EIIL/Dáesh» y por otras organizaciones terroristas en Oriente Próximo, como las personas pertenecientes a las minorías étnicas y religiosas, y de que dichas personas participen en futuras soluciones políticas duraderas; pide a todas las partes implicadas en el conflicto que respeten los derechos humanos universales y faciliten la prestación de ayuda y asistencia humanitaria por todos los cauces posibles; pide la creación de corredores humanitarios; considera que unos refugios seguros, protegidos por fuerzas bajo el mandato de las Naciones Unidas, podrían formar parte de la respuesta al reto masivo de brindar protección temporal a millones de refugiados del conflicto en Siria e Irak;

15.  Reafirma su apoyo pleno y activo a los esfuerzos diplomáticos internacionales y a la labor del enviado especial de las Naciones Unidas Staffan de Mistura encaminada a abrir negociaciones de paz en Ginebra entre todas las partes sirias, con la participación de todos los actores regionales y globales pertinentes, en los próximos días, así como a sus propuestas de cese de las hostilidades locales; pide a la UE y a la comunidad internacional que ejerzan presión sobre todos los donantes para que cumplan sus promesas y se comprometan plenamente a prestar apoyo financiero a los países de acogida, especialmente con vistas a la conferencia de donantes de Siria del 4 de febrero de 2016 en Londres;

16.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Representantes Especiales de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y el Parlamento de Siria, al Gobierno y el Consejo de Representantes de Irak, al Gobierno regional de Kurdistán, a las instituciones de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), al Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (Consejo de Cooperación del Golfo, CCG), al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0171.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0027.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0066.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0040.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0071.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0076.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0079.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0178.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0179.
(10) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0180.
(11) DO L 118 de 14.5.2003, p. 12.

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