Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre un espacio aéreo común entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (12227/2014 – C8-0035/2015 – 2014/0134(NLE))

P8_TA(2016)0138 A8-0128/2016

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12227/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo (12226/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0035/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0128/2016),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Georgia.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, de un Protocolo por el que se modifica el Acuerdo Euromediterráneo de aviación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Gobierno del Estado de Israel, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República de Croacia (12265/2014 – C8-0102/2015 – 2014/0187(NLE))

P8_TA(2016)0139 A8-0129/2016

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12265/2014),

–  Visto el proyecto de Protocolo (12264/2014),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0102/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, el artículo 99, apartado 2, y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0129/2016),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del Estado de Israel.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la Recomendación de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la República de Croacia al Convenio, de 18 de diciembre de 1997, establecida sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (COM(2015)0556 – C8-0376/2015 – 2015/0261(NLE))

P8_TA(2016)0140 A8-0054/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Recomendación de la Comisión al Consejo (COM(2015)0556),

–  Visto el artículo 3, apartados 4 y 5, del Acta de Adhesión de la República de Croacia, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0376/2015),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0054/2016),

1.  Aprueba la Recomendación de la Comisión;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Bolesław G. Piecha (2015/2339(IMM))

P8_TA(2016)0141 A8-0152/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Bolesław G. Piecha, transmitido por el fiscal general de la República de Polonia el 29 de octubre de 2015, en relación con el procedimiento iniciado por el inspector general polaco de Transporte por Carretera (Główny Inspektor Transportu Drogowego) (n.º de referencia CAN-PST-SCW.7421.653220.2014.13.A.0475), y comunicado al Pleno el 23 de noviembre de 2015,

–  Visto que Bolesław G. Piecha renunció a su derecho a ser oído de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Vistos el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Vistos el artículo 105, apartado 2, y el artículo 108 de la Constitución de la República de Polonia, así como el artículo 7b, apartado 1, y el artículo 7c, apartado 1, de la Ley polaca, de 9 de mayo de 1996, sobre el ejercicio de las funciones de diputado o senador,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0152/2016),

A.  Considerando que el fiscal general de la República de Polonia ha transmitido un suplicatorio del inspector general polaco de Transporte por Carretera para que se suspenda la inmunidad de Bolesław G. Piecha, diputado al Parlamento Europeo elegido por Polonia, en relación con una infracción tipificada en el artículo 92a del Código de Faltas del 20 de mayo de 1971 en conexión con el artículo 20, apartado 1, de la Ley de Tráfico de 20 de junio de 1997; que, en particular, la presunta infracción consiste en la superación del límite de velocidad autorizado en aglomeración urbana;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;

C.  Considerando que el artículo 105, apartado 2, y el artículo 108 de la Constitución de la República de Polonia disponen que no se puede exigir responsabilidad penal a los diputados y senadores sin el consentimiento previo del Sejm o del Senado, respectivamente;

D.  Considerando que, por consiguiente, corresponde al Parlamento Europeo decidir si se suspende o no la inmunidad de Bolesław G. Piecha;

E.  Considerando que la presunta infracción tuvo lugar antes de que Bolesław G. Piecha fuera elegido diputado al Parlamento Europeo;  que dicha presunta infracción tuvo lugar durante su mandato de senador en el Senado polaco y, que, por consiguiente, no guarda relación directa o manifiesta con el ejercicio de las funciones de diputado al Parlamento Europeo de Bolesław G. Piecha;

F.  Considerando que Bolesław G. Piecha remitió a la Inspección General de Transporte por Carretera de Polonia una declaración, en respuesta a la denuncia formulada por el inspector general de dicha Inspección, mediante la que aceptó abonar la multa asociada a la infracción tipificada en el artículo 92a del Código de Faltas; que por consiguiente resulta difícil establecer que en el presente caso se dé un fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente sólida y precisa de que el suplicatorio se haya presentado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Bolesław G. Piecha;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la autoridad competente de la República de Polonia y a Bolesław G. Piecha.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la protección del interés superior del menor en toda la Unión sobre la base de las peticiones dirigidas al Parlamento Europeo (2016/2575(RSP))

P8_TA(2016)0142 B8-0487/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 81, apartado 3, del TFUE,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular su artículo 24,

–  Vistos los artículos 8 y 20 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que destacan la obligación de los gobiernos de proteger la identidad de los menores, en particular por lo que se refiere a sus relaciones familiares,

–  Vista la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963, en particular la letra b) de su artículo 37,

–  Vista la Convención de La Haya, de 29 de mayo de 1993, sobre protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000(1) (Bruselas II bis),

–  Vista la Agenda de la Unión Europea en pro de los Derechos del Niño (COM(2011)0060),

–  Vistas las directrices establecidas en el Documento de reflexión para el 9.º Foro Europeo para los Derechos de la Infancia,

–  Visto el estudio de los sistemas de protección infantil llevado a cabo por la Agencia de Derechos Fundamentales,

–  Vistas las numerosas peticiones relativas a las prácticas de las autoridades responsables del bienestar infantil, a la protección de los derechos de la infancia, a la custodia de los menores, a la sustracción de menores y a la atención a la infancia que la Comisión de Peticiones ha recibido en los últimos años procedentes de varios Estados miembros de la Unión Europea, así como las recomendaciones formuladas en los informes sobre las misiones de investigación llevadas a cabo en Alemania (23-24 de noviembre de 2011) (Jugendamt), Dinamarca (20-21 de junio de 2013) (servicios sociales) y el Reino Unido (5-6 de noviembre de 2015) (adopciones no consensuadas),

–  Vistos el mandato y las actividades del Mediador del Parlamento Europeo para casos de sustracción internacional de menores por sus progenitores,

–  Visto el artículo 216, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que debe concederse la máxima prioridad al interés superior del menor en todas las decisiones relacionadas con la atención a la infancia a todos los niveles;

B.  Considerando que la Unión tiene competencias para adoptar medidas relativas al Derecho de familia con implicaciones transfronterizas (artículo 81, apartado 3, del TFUE), en particular en el ámbito de la adopción de menores;

C.  Considerando que el aumento de la movilidad dentro de la Unión ha redundado en un número creciente de cuestiones relacionadas con la protección infantil transfronteriza que implican una pérdida de la custodia;

D.  Considerando que los aspectos relacionados con la custodia de menores tienen importantes repercusiones en la vida de las personas implicadas y en la sociedad en su conjunto; que el Reglamento Bruselas II bis no está exento de lagunas, y que la próxima revisión de dicho Reglamento es una buena oportunidad para mejorar sus disposiciones;

E.  Considerando que el ejercicio de un derecho fundamental como la libertad de circulación y residencia no debería entrañar una amenaza mayor para el derecho de los menores a la vida familiar;

F.  Considerando que los menores cuyos progenitores ejercen su derecho a la libre circulación tienen también derecho a mantener de forma regular una relación personal y contactos directos con sus progenitores, a menos que ello redunde en perjuicio de los intereses de los menores, de conformidad con el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

1.  Señala que el gran número de peticiones recibidas en relación con casos relativos a menores refleja un problema importante en la aplicación del Reglamento Bruselas II bis;

2.  Considera que todos los sistemas de protección de la infancia deberían estar dotados de mecanismos transnacionales y transfronterizos que tengan en cuenta las especificidades de los conflictos transfronterizos;

Protección de la infancia y cooperación judicial en la Unión

3.  Pide a los Estados miembros que introduzcan sistemas de seguimiento y evaluación (con estadísticas pertinentes desglosadas con criterios socioeconómicos y por nacionalidades), en un marco de coordinación nacional, sobre los casos transfronterizos que impliquen a menores; recomienda que la Comisión coordine la transferencia de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros;

4.  Pide al Consejo que informe sobre las acciones específicas aplicadas por los Estados miembros con el fin de conseguir sinergias entre los 28 sistemas nacionales de protección de la infancia;

5.  Pide que en el Reglamento Bruselas II bis revisado se defina claramente el concepto de «residencia habitual»;

6.  Destaca la obligación de las autoridades nacionales, establecida en el Reglamento Bruselas II bis, de reconocer y ejecutar las sentencias dictadas en otro Estado miembro en casos relacionados con la infancia; pide a los Estados miembros que refuercen y mejoren la cooperación entre sus autoridades judiciales en los casos que impliquen a menores;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que cofinancien y promuevan la creación de una plataforma destinada a ofrecer ayuda a los ciudadanos de la Unión que no sean nacionales de un Estado miembro en los procedimientos relativos al Derecho de familia; pide, asimismo, que establezcan un número de teléfono europeo único para los casos de sustracción o abuso de menores y ofrezcan asesoramiento sobre la atención a la infancia y los procedimientos de adopción;

8.  Pide a la Comisión que facilite a los ciudadanos una guía clara y de fácil acceso con información práctica para los ciudadanos de la Unión sobre la normativa institucional de protección de la infancia, haciendo especial hincapié en la adopción o la acogida sin consentimiento parental y en los derechos de los progenitores en los diferentes Estados miembros;

Cometido de los servicios sociales en la protección de los menores

9.  Pide a los Estados miembros que adopten un enfoque preventivo y elaboren políticas adecuadas y dotadas de los recursos financieros suficientes para evitar, siempre que sea posible, los mecanismos de tutela, introduciendo procedimientos de alerta temprana y mecanismos de seguimiento y ofreciendo apoyo adecuado a las familias en su condición de cuidadores primarios, especialmente en las comunidades vulnerables en las que exista un riesgo de exclusión social;

10.  Destaca que la evaluación adecuada de los casos individuales en cuestiones relativas al Derecho de familia no debería verse obstaculizada por los recortes presupuestarios como consecuencia de las medidas de austeridad, en particular cuando ello afecte a la calidad de los servicios sociales;

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan formación y educación especializadas a los asistentes sociales y a los demás profesionales que se ocupan de asuntos transfronterizos que implican a menores;

12.  Pide a las autoridades competentes de un Estado miembro que se proponga enviar asistentes sociales a otro Estado miembro para investigar un caso de adopción o acogida que notifique a las autoridades de dicho Estado miembro su intención de llevar a cabo dicha investigación;

Procedimientos judiciales relativos a la atención a la infancia

13.  Insta a los Estados miembros a que designen salas especializadas en los tribunales de familia u organismos de mediación transfronteriza que se ocupen de los procedimientos transfronterizos relativos a menores; destaca que es fundamental llevar a cabo un seguimiento adecuado de la situación posterior a una sentencia, en particular en lo que se refiere al contacto con los progenitores;

14.  Pide a los Estados miembros que apliquen sistemáticamente las disposiciones de la Convención de Viena de 1963 y velen por que las embajadas y las representaciones consulares sean informadas desde el inicio de todos los procedimientos de atención a la infancia que impliquen a sus nacionales y tengan pleno acceso a la documentación pertinente; propone que se ofrezca a las autoridades consulares la posibilidad de estar presentes en todas las fases del procedimiento;

15.  Pide a los Estados miembros que garanticen a los progenitores el derecho de visita regular, salvo en los casos en que el ejercicio de este derecho pudiera redundar en perjuicio del interés superior del menor, y que permitan que, durante las visitas, los progenitores utilicen su lengua materna con sus hijos;

16.  Recomienda a los Estados miembros que proporcionen a los progenitores, desde el primer momento y en todas las fases de los procedimientos relacionados con los menores, información clara y completa sobre el procedimiento de que se trate y sobre sus posibles consecuencias; pide a los Estados miembros que informen a los progenitores acerca de las normas relativas a la asistencia legal y a las ayudas públicas, por ejemplo poniendo a su disposición una lista de abogados especializados bilingües y ofreciendo servicios de interpretación, a fin de evitar que los progenitores den su consentimiento sin entender plenamente las implicaciones de sus compromisos; recomienda, asimismo, que se preste una asistencia adecuada a los progenitores con dificultades de alfabetización;

17.  Recomienda establecer normas mínimas para la audiencia de un menor en los procedimientos civiles nacionales, de conformidad con el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

18.  Recomienda que se organicen audiencias separadas de los padres y los menores ante los jueces, los expertos y los asistentes sociales, con el fin de evitar que los menores sean influenciados o sean víctimas de conflictos de lealtad;

19.  Recomienda que se establezcan límites para la duración de cada fase de los procedimientos transfronterizos de atención a la infancia, de forma que los miembros de la familia del menor, en un sentido amplio, dispongan del tiempo suficiente para manifestarse y solicitar su adopción, o para que los progenitores puedan afrontar sus problemas y proponer alternativas sostenibles antes de que se tome una decisión definitiva sobre la adopción; considera que, antes de optar por cualquier solución permanente como la adopción, es necesario reexaminar de forma apropiada la situación de la familia biológica;

20.  Pide a los Estados miembros que concedan a los progenitores con problemas de alcohol o adicción a las drogas un tiempo razonable para que tengan una verdadera oportunidad de recuperarse antes de que el tribunal adopte una decisión definitiva sobre la adopción de su hijo;

21.  Pide a la Comisión que preste especial atención a las recomendaciones recibidas de todas las partes interesadas pertinentes, a nivel nacional y europeo, en materia de mediación transfronteriza;

Acogida y adopción de menores

22.  Constata que no existe ningún mecanismo en la Unión que prevea el reconocimiento automático de las resoluciones de adopción nacionales dictadas en otros Estados miembros; pide a los Estados miembros y a la Comisión que regulen el reconocimiento de las adopciones nacionales teniendo en cuenta el interés superior del menor y respetando plenamente el principio de no discriminación;

23.  Pide a los Estados miembros que promuevan la adhesión a la Convención de La Haya de 1993 de los Estados que aún no lo hayan hecho, lo cual garantizaría que todos los menores puedan acogerse a las mismas normas y contribuiría a impedir la consolidación de un sistema paralelo con menos garantías; pide a los Estados miembros que eviten los obstáculos burocráticos en la tramitación del reconocimiento de las adopciones internacionales ya reconocidas en otro Estado miembro;

24.  Destaca que, cualquiera que sea el acuerdo de acogida o adopción, es importante ofrecer a los menores el entorno que garantice las mejores oportunidades para mantener los vínculos con sus antecedentes culturales, así como para aprender y utilizar su lengua materna; pide a las autoridades de los Estados miembros que participan en los procedimientos de atención a la infancia que hagan todo lo posible para evitar la separación de los hermanos;

25.  Insta a los Estados miembros a que presten especial atención y brinden ayuda a los progenitores, y en particular a las mujeres, que hayan sido víctimas de violencia doméstica, cuando eran niños o siendo ya adultos, con el fin de evitar que sean nuevamente víctimas de la pérdida automática de la custodia de sus hijos;

Sustracción transfronteriza de menores por sus progenitores

26.  Pide a la Comisión que divulgue los resultados obtenidos en la promoción de la cooperación transfronteriza en los casos de sustracción de menores, que la propia Comisión definió como una prioridad en la Agenda de la Unión Europea en pro de los Derechos del Niño;

27.  Pide al Consejo que le informe sobre los resultados obtenidos en el establecimiento de sistemas de alerta en los casos de sustracción de menores con implicaciones transfronterizas, y que celebre los acuerdos de cooperación pertinentes para tratar los casos de sustracción transfronteriza tomando como base las directrices de la Comisión;

o
o   o

28.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 338 de 23.12.2003, p. 1.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 881/2004 (10578/1/2015 – C8-0415/2015 – 2013/0014(COD))

P8_TA(2016)0143 A8-0073/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (10578/1/2015 – C8‑0415/2015),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento lituano, el Senado rumano y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2013(2),

–  Vista su Posición en primera lectura(3) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0027),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 76 de su Reglamento,

–  Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo (A8‑0073/2016),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

3.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

4.  Sugiere que el acto se cite como «el Reglamento Zīle-Matīss relativo a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 881/2004»(4);

5.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA:

Declaración de la Comisión sobre el Consejo de Administración de la AFE y el procedimiento de selección y cese del Director Ejecutivo

La Comisión lamenta que, en comparación con la propuesta original presentada por ella, el texto del nuevo Reglamento de la AFE acordado se aparte de las disposiciones fundamentales acordadas por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 2012 en el enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la UE. Se trata, en concreto, de lo referido al número de representantes de la Comisión en el Consejo de Administración y al procedimiento de selección y cese del Director Ejecutivo. La Comisión subraya, en particular, que el nombramiento de un observador entre los miembros del Consejo de Administración para seguir el procedimiento de selección aplicado por ella para nombrar al Director Ejecutivo no debe dar lugar a una duplicación de funciones en los procedimientos de selección y nombramiento (artículo 51, apartado 1).

Declaración de la Comisión sobre los recursos presupuestarios necesarios

El cuarto paquete ferroviario otorga a la Agencia Ferroviaria Europea (AFE) nuevas atribuciones, como la de expedir autorizaciones y certificados de seguridad de vehículos directamente al sector. No puede excluirse que, en el periodo de transición, la AFE aún no pueda contar con tasas y gravámenes, a pesar de que necesita contratar y formar al personal. Para evitar perturbaciones en el mercado ferroviario, la Comisión velará por que se reserve el presupuesto necesario para cubrir los costes de personal.

(1) DO C 327 de 12.11.2013, p. 122. (2) DO C 356 de 5.12.2013, p. 92. (3) Textos Aprobados de 26.2.2014, P7_TA(2014)0151. (4) Las negociaciones relativas al acto fueron dirigidas por Roberts Zīle y Anrijs Matīss, en nombre del Parlamento y del Consejo respectivamente.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (versión refundida) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

P8_TA(2016)0144 A8-0071/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (10579/1/2015 – C8‑0416/2015),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento lituano y por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de octubre de 2013(2),

–  Vista su Posición en primera lectura(3) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0030),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 76 de su Reglamento,

–  Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo (A8‑0071/2016),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

4.  Sugiere que el acto se cite como «la Directiva Bilbao Barandica-Matīss sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea (versión refundida)»(4);

5.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación, conjuntamente con la declaración de la Comisión, en el Diario Oficial de la Unión Europea;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre los documentos explicativos

La Comisión recuerda que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocieron en su Declaración política conjunta, de 27 de octubre de 2011, sobre los documentos explicativos que la información que los Estados miembros proporcionan a la Comisión en relación con la transposición de las directivas en el Derecho nacional «debe ser clara y precisa», a fin de facilitar a la Comisión el cumplimiento de su misión de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión. En el caso que nos ocupa, los documentos explicativos habrían podido ser útiles a tal fin. La Comisión lamenta que el texto final no incluya disposiciones al respecto.

(1) DO C 327 de 12.11.2013, p. 122. (2) DO C 356 de 5.12.2013, p. 92. (3) Textos Aprobados de 26.2.2014, P7_TA(2014)0149. (4) Las negociaciones relativas al acto fueron dirigidas por Izaskun Bilbao Barandica y Anrijs Matīss, en nombre del Parlamento y del Consejo, respectivamente.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad ferroviaria (versión refundida) (10580/1/2015 – C8-0417/2015 – 2013/0016(COD))

P8_TA(2016)0145 A8-0056/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (10580/1/2015 – C8-0417/2015),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento lituano, el Senado rumano y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 2013(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de octubre de 2013(2),

–  Vista su Posición en primera lectura(3) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0031),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 76 de su Reglamento,

–  Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0056/2016),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

4.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

5.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación, conjuntamente con la declaración de la Comisión, en el Diario Oficial de la Unión Europea;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre los documentos explicativos

La Comisión recuerda que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión reconocieron en su Declaración política conjunta, de 27 de octubre de 2011, sobre los documentos explicativos que la información que los Estados miembros proporcionan a la Comisión en relación con la transposición de las directivas en el Derecho nacional «debe ser clara y precisa», a fin de facilitar a la Comisión el cumplimiento de su misión de supervisión de la aplicación del Derecho de la Unión. En el caso que nos ocupa, los documentos explicativos habrían podido ser útiles a tal fin. La Comisión lamenta que el texto final no incluya disposiciones al respecto.

(1) DO C 327 de 12.11.2013, p. 122. (2) DO C 356 de 5.12.2013, p. 92. (3) Textos Aprobados de 26.2.2014, P7_TA(2014)0150.

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y los contratos financieros (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

P8_TA(2016)0146 A8-0131/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0641),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0301/2013),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por la Cámara de los Comunes del Reino Unido, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 7 de enero de 2014(1),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de enero de 2014(2),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 9 de diciembre de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0131/2015),

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 28 de abril de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º596/2014

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2016/1011.)

(1) DO C 113 de 15.4.2014, p. 1. (2) DO C 177 de 11.6.2014, p. 42. (3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 19 de mayo de 2015 (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0195).

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión (2015/2154(DEC))

P8_TA(2016)0147 A8-0140/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(2),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de junio de 2015, titulada «Resumen de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2014» (COM(2015)0279) y sus anexos,

–  Vistos el Informe anual de la Comisión sobre la evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos (COM(2015)0313) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho Informe (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2015, al Parlamento Europeo, el Consejo y el Tribunal de Cuentas, titulada «Protección del presupuesto de la UE hasta el final de 2014» (COM(2015)0503 final),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(6);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(7),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(8),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2014(9),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia(10),

–  Vista la declaración(11) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(12) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(13), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(14), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/776/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2009/336/CE(15),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(16);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) para el ejercicio 2014 (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(17),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(18),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) relativas al ejercicio 2014(19),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia(20),

–  Vista la declaración(21) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(22) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(23) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(24) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se establece la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas y se derogan las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE(25),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación) en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(26);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

4. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) para el ejercicio 2014 (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(27),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(28),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) relativas al ejercicio 2014(29),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia(30),

–  Vista la declaración(31) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(32) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(33) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(34) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/770/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación y se deroga la Decisión 2004/858/CE(35),

–  Vista la Decisión de Ejecución 2014/927/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2013/770/UE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación» en la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación»(36),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión de la directora de Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación) en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(37);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones a la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (anteriormente la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

5. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2014 (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(38),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(39),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2014(40),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia(41),

–  Vista la declaración(42) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(43) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(44) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(45) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y se deroga la Decisión 2008/37/CE(46),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(47);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

6. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2014 (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(48),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(49),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2014(50),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia(51),

–  Vista la declaración(52) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(53) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(54) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(55) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/778/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Investigación y se deroga la Decisión 2008/46/CE(56),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(57);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

7. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) para el ejercicio 2014 (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(58),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(59),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) relativas al ejercicio 2014(60),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) relativas al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia(61),

–  Vista la declaración(62) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(63) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(64) y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(65) y, en particular, su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes y se deroga la Decisión 2007/60/CE, modificada por la Decisión 2008/593/CE(66),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte) en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(67);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión, y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (anteriormente la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

8. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(68),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0199/2015)(69),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194, SWD(2015)0195),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 3 de junio de 2015, titulada «Resumen de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2014» (COM(2015)0279) y sus anexos,

–  Vistos el Informe anual de la Comisión sobre la evaluación de las finanzas de la Unión basado en los resultados obtenidos (COM(2015)0313) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho Informe (SWD(2015)0124, SWD(2015)0125),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2014 (COM(2015)0441) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2015)0170),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(70), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración(71) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05585/2016 – C8-0040/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(72),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(73) y, en particular, sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(74) y, en particular, su artículo 14, apartados 2 y 3,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014(75);

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

9. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (2015/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión,

–  Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2014,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0140/2016),

A.  Considerando que el gasto de la Unión contribuye significativamente a la consecución de los objetivos de las políticas y representa por término medio el 1,9 % del gasto público de los Estados miembros de la Unión pero, en algunos casos particulares, más del 10 %;

B.  Considerando que cuando el Parlamento concede la aprobación de la gestión a la Comisión verifica, por una parte, si los fondos se han empleado de forma legal y regular, y, por otra parte, si se han alcanzado los objetivos políticos, se han logrado los resultados adecuados y se han respetado los principios de buena gestión financiera y una «cultura del rendimiento»;

C.  Considerando que el procedimiento de aprobación de la gestión 2014 abarca un año en el que coinciden dos periodos de programación, y que en muchos casos los gastos registrados se refieren al periodo de programación 2007-2013;

D.  Considerando que las principales prioridades de la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 son las siguientes:

E.  Considerando que los nuevos aspectos del nuevo marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 pertinentes para la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 son:

F.  Considerando que la Comisión tiene la responsabilidad última en la ejecución del presupuesto de la Unión, mientras que los Estados miembros tienen la obligación de cooperar de modo sincero con la Comisión para velar por que los créditos se utilicen de conformidad con el principio de buena gestión financiera; que los Estados miembros, en particular en el contexto de la gestión compartida de los fondos, tienen una responsabilidad particular en la ejecución del presupuesto de la Unión;

G.  Considerando que resulta esencial que, en lo que a la gestión compartida de los fondos se refiere, los datos comunicados por los Estados miembros sean veraces y precisos; y que es fundamental que los Estados miembros comprendan la responsabilidad que tienen en la gestión de los fondos de la Unión en el marco de la gestión compartida;

A. Capítulos generales

Compromisos de la Comisión en relación con las prioridades para la aprobación de la gestión

1.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 319, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: «la Comisión hará todo lo necesario para dar efecto a las observaciones que acompañen a las decisiones de aprobación de la gestión y las demás observaciones del Parlamento Europeo relativas a la ejecución de los gastos, así como a los comentarios que acompañen a las recomendaciones de aprobación adoptadas por el Consejo».

2.  Lamenta que las respuestas de la Comisión sigan siendo ambiguas en lo que a una serie de aspectos se refiere;

3.  Toma nota de la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, en relación con la secretaría de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF);

4.  Pide una vez más a la Comisión que presente una comunicación al Parlamento Europeo con tiempo suficiente de cara a la revisión intermedia del MFP que incluya propuestas sobre el modo en el que puede hacerse frente a los retos nuevos y potenciales que requieren apoyo presupuestario por parte de la Unión y explicar cómo podrá reconciliar en el futuro los objetivos políticos a largo plazo (como la Estrategia Europa 2020) con el futuro marco financiero plurianual posterior a 2020;

5.  Recuerda a la Comisión que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, el «Tribunal») ha venido solicitando desde hace años el establecimiento de un plan a largo plazo sobre el flujo de efectivos; pide a la Comisión que presente dicho plan antes de que finalice 2016;

6.  Pide a la Comisión que revise el Código de Conducta de los Comisarios teniendo en cuenta las solicitudes presentadas en la Resolución de 2014 relativa a la aprobación de la gestión con antelación suficiente de cara al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2015;

7.  Insta a la Comisión a que no adopte el nuevo marco relativo a los grupos de expertos de la Comisión hasta que se celebre una reunión entre el vicepresidente Timmermans, la defensora del pueblo europeo, diputados al Parlamento Europeo que desempeñan funciones clave y representantes de la sociedad civil para debatir las cuestiones finales relativas a los contenidos de las nuevas normativas horizontales y su puesta en práctica;

8.  Pide a la Comisión que encargue a sus direcciones generales que publiquen todas las recomendaciones específicas por país que han elaborado en el marco del Semestre Europeo en sus respectivos informes anuales de actividad;

Estrategia y misión: continuidad e innovación

9.  Toma nota de la necesidad de respetar los principios de aprobación de la gestión en vigor y los nuevos elementos y principios en el último MFP; observa, por ello, la necesidad de un enfoque innovador para evaluar el primer año del MFP y adaptar mejor el procedimiento de aprobación de la gestión a las nuevas necesidades y los nuevos requisitos del presupuesto de la Unión;

10.  Considera que la principal innovación en el contenido de la aprobación de la gestión debería ser lograr un mejor equilibrio entre, por un lado, los aspectos formales y procedimentales de la utilización del presupuesto de la Unión y, por otro, los enfoques orientados a los resultados y basados en el rendimiento, teniendo en cuenta la utilización de la capacidad de absorción;

11.  Subraya que, en el pasado, el procedimiento de aprobación de la gestión verificaba, en primer lugar, la legalidad y la regularidad de las transacciones financieras; considera asimismo que, en el contexto de la iniciativa de la Comisión denominada «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» y más allá de las verificaciones mencionadas, en el futuro debería hacerse mayor hincapié en la tarea de comprobar si los resultados alcanzados por los proyectos y los programas coinciden con los objetivos que se pretendían;

12.  Observa que la aprobación de la gestión aspira a crear un enfoque común respecto a los elementos particulares de la política presupuestaria de la UE, en especial aquellos que se han introducido por primera vez, a saber, los aspectos de rendimiento y los relacionados con la prevención y la capacidad correctora de los sistemas de supervisión y control;

13.  Considera que un presupuesto orientado a los resultados requiere unos indicadores sólidos y comúnmente acordados; observa, no obstante, que dichos indicadores todavía han de ser acordados con los colegisladores, la Comisión y, a través de amplias consultas, con las autoridades de los Estados miembros y otras partes interesadas; celebra, en este sentido, el establecimiento de un grupo de trabajo interinstitucional sobre la planificación presupuestaria basada en los resultados, que inició su labor recientemente; anima a todas las partes implicadas a acelerar su trabajo garantizando a la vez la alta calidad del conjunto de indicadores acordado;

14.  Subraya que el principal objetivo del presupuesto de la Unión es beneficiar a sus ciudadanos y, al mismo tiempo, proteger los intereses financieros de la UE y cumplir con las obligaciones y objetivos de los Tratados; recuerda que los beneficios consisten en un apoyo destinado al desarrollo y las prioridades actuales compatibles con el actual contexto de la política económica y el rendimiento económico, teniendo en cuenta además la necesaria flexibilidad para nuevas situaciones sobrevenidas y emergencias; estima que la protección de los intereses financieros de la Unión requiere la correcta utilización de los gastos acorde con normas y sin errores ni fraudes; recuerda que el enfoque de la aprobación de la gestión debe contribuir a alcanzar un equilibrio entre estos elementos;

15.  Hace hincapié, además, en la obligación de la Comisión de velar por la correcta aplicación del Derecho de la Unión, con arreglo al artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y pide al Tribunal que elabore un informe especial para evaluar si la Comisión ha utilizado correctamente sus competencias para apoyar y controlar a los Estados miembros en el contexto de la ejecución del Derecho de la Unión;

Obtener resultados con el presupuesto de la UE

16.  Señala que el principio clave para la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014 es la solidez de los flujos financieros y de los programas y proyectos concretos subyacentes, desde la perspectiva de una evaluación de la utilización óptima de los fondos de la Unión en todos los sentidos;

17.  Acoge con satisfacción el hecho de que la estructura y el contenido del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014 siga las rúbricas del MFP y haga mayor hincapié en el rendimiento y en los resultados; aprecia que los capítulos del informe sobre gestión compartida incluyan, como ejercicio piloto, los resultados preliminares de la evaluación del rendimiento de los programas;

18.  Es consciente de que el aumento de las auditorías de resultados no puede lograrse en una sola fase, puesto que estas solo pueden llevarse a cabo una vez que los actos jurídicos de base y el presupuesto se elaboran con la intención de adaptar los objetivos políticos a los indicadores cualitativos o de producir resultados mensurables;

19.  Considera, en este contexto, que el MFP representa un importante paso adelante al introducir condiciones ex ante, reservas de eficacia y más posibilidades de simplificación y sinergias entre fondos;

20.  Señala que, puesto que los periodos cubiertos por la estrategia de la Unión para diez años y su periodo presupuestario de siete años no se corresponden, la capacidad de la Comisión para supervisar la contribución del presupuesto de la UE a la Estrategia Europa 2020 se limita a la primera mitad del periodo de la estrategia, aunque estén disponibles todos los datos necesarios para efectuar controles anuales;

21.  Recuerda, no obstante, que los objetivos y el presupuesto de resultados deben ajustarse a los objetivos de los Tratados, a la Estrategia Europa 2020 y a las políticas sectoriales y de cohesión y contar con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse a las situaciones de emergencia sobrevenidas como la crisis económica y/o la crisis de los refugiados;

22.  Toma nota de que, en 2014, el índice de absorción de algunos programas, fondos e instrumentos del MFP 2014-2020 fue nulo debido a la adopción tardía de la reglamentación pertinente y la consiguiente aprobación tardía del Derecho derivado y los documentos de programación;

23.  Recuerda que el marco financiero plurianual 2014-2020 es el primero en poner a disposición menos recursos presupuestarios que los marcos anteriores y que la presión sobre los límites máximos de pago es mucho mayor que en los marcos financieros plurianuales anteriores;

24.  Recuerda que en sus resoluciones(77) que acompañan a la decisión de aprobación de la gestión, el Parlamento, desde 2013, pide a la Comisión que centre su aplicación del artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en cuanto a su informe de evaluación, en la aplicación de la estrategia decenal de la Unión en materia de crecimiento y empleo y su rendimiento y resultados reales; acoge con satisfacción que el Tribunal haya optado por concentrarse, en el capítulo 3 de su Informe Anual relativo al ejercicio 2014, en la Estrategia Europa 2020, y solicita al Tribunal que mantenga y desarrolle este enfoque orientado al rendimiento y los resultados;

25.  Destaca que la arquitectura de la Estrategia Europa 2020 es extremadamente compleja (comprende cinco objetivos principales, siete iniciativas emblemáticas y once objetivos temáticos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos —«Fondos EIE»—); observa que estos distintos instrumentos no estén diseñados para trasladar los objetivos políticos de la estrategia en objetivos operativos prácticos mediante sinergias;

26.  Lamenta que, a pesar de algunos progresos mencionados por el Tribunal en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014(78), hasta la fecha la Comisión ha informado solo acerca de la contribución del presupuesto de la Unión a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (con arreglo al artículo 318 del TFUE) en un informe de evaluación de manera limitada; señala que el MFP 2007-2013 no exige una información completa sobre la contribución del presupuesto de la Unión a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, tal como se preveía antes de su adopción;

27.  Acoge con satisfacción que existan algunos elementos de un sistema eficaz de seguimiento y presentación de informes, en particular en lo que se refiere a los instrumentos estadísticos creados por Eurostat, pero lamenta que la Comisión retrase la revisión de la Estrategia Europa 2020 hasta principios de 2016 y que los resultados de la consulta pública sobre esta estrategia no proporcionen ninguna información sustancial acerca del papel de la financiación de la Unión;

28.  Lamenta que los objetivos de alto nivel de la Estrategia Europa 2020 no se traduzcan sistemáticamente en objetivos operativos en los acuerdos de asociación y los programas; observa que la legislación actual no exige que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) se estructuren en torno a objetivos temáticos;

29.  Recuerda, tal y como reconoce la Comisión en sus respuestas a las observaciones del Tribunal(79), que los objetivos de la Unión se definen asimismo en los Tratados, objetivos que deben perseguirse y respetarse (por ejemplo, la política agrícola común) y que en este contexto, el presupuesto de la Unión se asigna a las diversas actividades y se adapta, en la medida de lo posible, al cambio de prioridades principales de la Unión (a saber la Estrategia de Lisboa, la Estrategia Europa 2020);

30.  Lamenta que no se hayan explotado todavía los posibles beneficios derivados de la consecución de sinergias entre los cinco Fondos EIE situándolos en una misma estructura marco normativa y de gestión y un acuerdo de asociación por Estado miembro, y que sigan aplicándose normas distintas en el ámbito de los fondos y, por tanto, de los programas; hace hincapié en que solo deben adoptarse los acuerdos de asociación y los programas que se hayan examinado detenidamente, con el fin de garantizar una aplicación eficaz de los Fondos EIE;

31.  Espera que la Comisión informe sobre la contribución del presupuesto de la Unión a la consecución de los objetivos dela Estrategia Europa 2020; reconoce que no es tarea fácil informar sistemáticamente sobre los objetivos temáticos para los cinco Fondos EIE y, por lo tanto, sobre la contribución de estos fondos a la Estrategia Europa 2020; observa que la Comisión debe presentar en 2017 el primer informe estratégico sobre la contribución a la Estrategia Europa 2020;

32.  Subraya, no obstante, que tres cuartos de los proyectos en el marco de los Fondos Estructurales alcanzaron sus objetivos políticos total o parcialmente y que solo en el 2 % de los casos no se alcanzó ninguno de los objetivos fijados en el programa operativo o en el acuerdo de subvención;

33.  Toma nota de que el Tribunal se ha centrado principalmente en analizar la coherencia de los acuerdos de asociación de los Estados miembros respecto a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 como requisito previo para obtener mejores resultados; pide al Tribunal que, en su próximo informe anual, informe acerca de la traducción de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en los resultados esperados en el marco de otros programas y fondos administrados directamente por la Comisión;

34.  Señala que la introducción de indicadores comunes de rendimiento para cada fondo sería un paso importante, si bien lamenta que:

35.  Toma nota de que, según el Tribunal, existen deficiencias inherentes en el marco de rendimiento del Reglamento sobre disposiciones comunes relativas a los Fondos EIE(80) , pues la falta de resultados no conduce a la pérdida de la reserva de eficacia para los Estados miembros y las sanciones financieras de que dispone la Comisión son limitadas; considera, sin embargo, que, antes de pedir sanciones, es necesario establecer un sistema mejor de medición del rendimiento y que las posibles sanciones han de ir precedidas de un proceso para ayudar a los Estados miembros a aumentar el rendimiento;

36.  Pide a la Comisión que utilice en mayor medida las posibilidades que ofrece la legislación vigente en lo relativo a la reserva de eficacia, de manera que se cree realmente un incentivo financiero para mejorar la gestión financiera en la práctica; pide además que se refuerce la reserva de eficacia como instrumento incrementando el componente vinculado a la eficacia en la próxima revisión de la legislación(81);

37.  Toma nota de que las orientaciones elaboradas por los servicios centrales de la Comisión han mejorado en la presentación anual de informes sobre el rendimiento de las direcciones generales, pero reitera que los objetivos de estas no son adecuados a efectos de gestión, y que sigue habiendo problemas con los indicadores de seguimiento del rendimiento; señala también que todos los indicadores establecidos en los años precedentes para medir los avances de las reformas de la Estrategia Europa 2020, tanto a escala nacional como de la Unión, se han eliminado del Informe anual de actividades de la Secretaría General de la Comisión en 2014 y se han incluido, en cambio, en los planes de gestión y en los informes anuales de actividades de las direcciones generales operativas;

38.  Pide a la Comisión que considere presentar propuestas con vistas a:

39.  Pide a la Comisión que proponga al legislador que:

40.  Pide a la Comisión que incluya en los próximos informes de evaluación previstos en el artículo 318 del TFUE un análisis de la eficiencia, la eficacia y los resultados logrados en términos de crecimiento y creación de empleo con el plan de inversiones de 315 000 millones EUR anunciado por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el 26 de noviembre de 2014 en la sesión plenaria del Parlamento;

Seguimiento de la aprobación de la gestión de la Comisión 2013

41.  Lamenta que el porcentaje de error global se mantenga prácticamente en el mismo nivel y que los pagos sigan conteniendo errores materiales;

42.  Lamenta que persistan la falta de fiabilidad de los controles de primer nivel ejecutados por los Estados miembros en la gestión compartida y las deficiencias en la exclusión de las tierras no subvencionables del sistema de identificación de parcelas (SIP); señala que, según el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, los niveles de error estimados tanto en los gastos de gestión compartida como en las restantes formas de gastos operativo (que en su mayoría son gestionados directamente por la Comisión) ascienden al 4,6 %; señala, no obstante, que se había llevado a cabo una labor considerable de corrección;

43.  Observa con preocupación que la aplicación de las recomendaciones y los requisitos siguientes de la aprobación de la gestión de la Comisión para 2013 sigue pendiente:

44.  Observa con preocupación que, de las 65 recomendaciones del Tribunal formuladas en los años 2011-2012, solo se ejecutaron plenamente 20 recomendaciones, 26 recomendaciones se aplican en la mayoría de los aspectos y 19 se están aplicando en ciertos aspectos; pide a la Comisión que apruebe las recomendaciones y los requisitos del Parlamento y siga aplicando las recomendaciones del Tribunal;

45.  Hace hincapié en la insatisfacción que provoca en el Parlamento que el desenlace de un procedimiento contradictorio sea que la Comisión y el Tribunal saquen conclusiones diferentes; pide, por lo tanto, a ambas instituciones que eviten este tipo de resultados;

46.  Pide a la Comisión un plan de acción con plazos y objetivos para reforzar la prevención de esos errores recurrentes;

Posición del Tribunal: declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

47.  Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión sin reservas sobre la fiabilidad de las cuentas de 2014, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que el Tribunal haya concluido que los ingresos estaban exentos de errores materiales en 2014; observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2014 son legales y regulares en todos los aspectos significativos;

48.  Toma nota de que los resultados globales se corresponden, en general, con las observaciones anteriores del Tribunal;

49.  Lamenta que durante 21 años consecutivos, los pagos han sido objeto de errores significativos debidos a la eficacia parcial de los sistemas de supervisión y control;

50.  Lamenta que los pagos adolezcan de un porcentaje de error más probable del 4,4 %; recuerda que el porcentaje de error más probable para los pagos se estimó en un 4,7 % en el ejercicio financiero 2013, en un 4,8 % en el ejercicio 2012 y enun 3,9 % en el ejercicio 2011(83); señala que, entre otros, los niveles de error más elevados se detectaron en el gasto en favor de la cohesión económica, social y territorial (5,7 %) y competitividad para el crecimiento y el empleo (5,6 %); indica, por otra parte, que los gastos administrativos están relacionados con las estimaciones más bajas de errores detectados (0,5 %);

51.  Se pregunta si el porcentaje de error para transacciones concretas dispone de una base comparable y, por lo tanto, debe servir de referencia comparable; observa que el porcentaje de error para los sistemas de reembolso de costes (5,5 %) se basa en la subvencionabilidad de los costes en comparación con los programas basados en derechos (2,7 %), en los que se fundamenta únicamente en la necesidad de cumplir una serie de condiciones;

52.  Toma nota de que, si las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros y la Comisión no se hubieran aplicado a los pagos auditados por el Tribunal, el nivel de error estimado global habría sido del 5,5 % en vez del 4,4 %; insta, por tanto, a la Comisión, a las autoridades de los Estados miembros o a los auditores independientes a que hagan uso de toda la información que tengan a su disposición al objeto de prevenir, detectar y corregir errores;

53.  Destaca que, para los gastos operativos, el nivel de error estimado para los gastos en gestión compartida con los Estados miembros asciende a 4,6 % (4,9 % en 2013), que sigue siendo excesivamente elevado; expresa su preocupación por que para las demás formas de gastos operativos en los que la Comisión desempeña un papel destacado este nivel de error estimado se haya disparado hasta el 4,6 % (3,7 % en 2013);

54.  Toma nota de que la Comisión reconoce que el gasto está afectado por un nivel material de error, pues presenta en su informe de síntesis para 2014 que el importe en situación de riesgo va de 3 700 a 5 000 millones EUR, lo que representa entre el 2,6 % y el 3,5 % de los pagos; señala que la Comisión calcula que, en años venideros, detectará y corregirá los errores por un total de aproximadamente 2 700 millones EUR;

55.  Comparte la opinión del Tribunal de que, a pesar de las mejoras introducidas en el análisis de los efectos de las medidas correctoras, la Comisión no ha eliminado el riesgo de que estos efectos estén sobreestimados o presenten una relevancia limitada(84);

56.  Considera que, en más de tres cuartas partes de los gastos de 2014, las direcciones generales de la Comisión basan sus estimaciones del importe en situación de riesgo en los datos proporcionados por las autoridades nacionales; observa que la Comisión señala en su informe de síntesis que la fiabilidad de los informes de control de los Estados miembros sigue siendo un reto;

57.  Toma nota de que, para 12 direcciones generales de la Comisión, la capacidad correctora estimada es superior al importe estimado en situación de riesgo, lo que refleja el carácter plurianual de los sistemas de corrección;

58.  Pide a la Comisión que revise el método de cálculo de la capacidad correctora a tiempo para el procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio 2015;

59.  Señala que cada vez que la Comisión tenga pruebas de una capacidad de absorción reducida por parte de los Estados miembros, deberá evaluar todas las disposiciones de flexibilidad del Reglamento del MFP y, en primer lugar, proponer medidas para superar las insuficiencias relativas a dicha capacidad antes de adoptar otras decisiones;

60.  Recuerda que más de dos tercios de las correcciones financieras registradas para la cohesión en 2014 son casos en los que las autoridades de los Estados miembros retiraron los gastos declarados y los sustituyeron por nuevos gastos; celebra que este procedimiento sea limitado en el periodo de programación 2014-2020;

61.  Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, determine, para cada ámbito político y en el presupuesto de la Unión en su conjunto, el nivel de error que subsiste después de aplicar todas las medidas correctoras, teniendo en cuenta el carácter plurianual de los programas;

62.  Solicita a la Comisión que aplique estrictamente el artículo 32, apartado 5, del nuevo Reglamento Financiero en caso de que el nivel de error sea persistentemente elevado, y que, en este contexto, determine las carencias en los sistemas de control, analice los costes y los beneficios de las posibles medidas correctoras, y adopte o proponga medidas necesarias en términos de simplificación, mejora de los sistemas de control y nueva configuración del programa o de los sistemas de entrega antes de la revisión intermedia del período de programación 2014-2020;

63.  Destaca la observación del Tribunal en el sentido de que, si la Comisión, las autoridades de los Estados miembros o las auditorías independientes hubieran utilizado toda la información de que disponían, deberían haber estado en condiciones de evitar, detectar o corregir una proporción significativa de los errores antes de que se cometieran; manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión haya admitido que se tarda al menos diez años en corregir errores; señala que, si se hubiera utilizado toda la información de la que se disponía, se podría haber disminuido el nivel de error en un 3,3 % tanto en la política regional y urbana (6,1 %) como en «Desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca» (6,2 %); subraya que, si se hubiera utilizado toda la información de la que se disponía, se podría haber disminuido el nivel de error en un 2,8 % en «Competitividad para el crecimiento y el empleo», gestionada directamente por la Comisión;

64.  Observa que en 2014 se hizo más hincapié en la planificación presupuestaria basada en los resultados y en el análisis, lo que vino acompañado de un cambio en los planteamientos metodológicos; destaca, en este sentido, la necesidad de un estudio claro y transparente de la contribución del presupuesto de la Unión para 2014 a los resultados logrados en relación con la Estrategia Europa 2020 y los objetivos de las políticas sectoriales;

65.  Señala también que la práctica de los informes anuales de actividad tienen como objetivo detectar los resultados derivados de las intervenciones, pero que parece seguir atendiendo a la producción y no a los resultados;

66.  Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Política Regional y Urbana en cuanto a los sistemas de gestión y control del FEDER/Fondo de Cohesión para el periodo de programación 2007-2013 en doce Estados miembros (setenta y siete programas) y programas de cooperación territorial europea; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

67.  Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Agricultura y Desarrollo Rural con respecto a los siguientes gastos:

considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

68.  Respalda las reservas emitidas en su Informe anual de actividades por el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; observa que su Informe anual de actividades contiene una reserva en lo que se refiere a los pagos realizados para el periodo de programación 2007-2013 con un importe de 169,4 millones EUR en situación de riesgo en 2014, que afectan a gastos relativos a sistemas de gestión y control en treinta y seis programas operativos del Fondo Social Europeo (FSE) en Bélgica, la República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Eslovaquia, España y el Reino Unido para el periodo de programación 2007-2013; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

69.  Pide al director general de Cooperación Internacional y Desarrollo que ofrezca en su Informe anual de actividades una garantía más diferenciada en función del riesgo y, posteriormente, dirija una mayor parte de sus recursos de control a ámbitos en los que haya reservas específicas;

70.  Pide al Consejo que adopte una posición más vigilante en cuanto a la aprobación de la gestión y acoge con satisfacción la actitud crítica que han adoptado Suecia y el Reino Unido al pedir a la Comisión y al Tribunal que:

acoge con satisfacción, asimismo, que Suecia y el Reino Unido hayan instado a las autoridades de los Estados miembros a que utilicen mejor la información disponible para prevenir, detectar y corregir los errores antes de declarar el gasto a la Comisión;

Resumen

71.  Llega a la conclusión de que la aprobación de la gestión:

B. Capítulos específicos

Gestión presupuestaria y financiera general

72.  Señala que la buena gestión financiera tiene que ver con los resultados reales de las intervenciones presupuestarias de la Unión, siempre y cuando, naturalmente, respeten las normas de legalidad y regularidad y aporten valor añadido al presupuesto de la Unión desde la perspectiva de la Unión; destaca que es necesario reducir al máximo el porcentaje de error y los casos de fraude como condición previa para seguir los principios de la buena gestión financiera;

73.  Subraya que el porcentaje de error no es necesariamente un indicador de fraude, de ineficacia, o de despilfarro, sino una estimación de los flujos financieros que no deberían haberse pagado al no haber sido utilizados de acuerdo con las normas y las reglamentaciones; hace hincapié, no obstante, en que el gran aumento en errores graves en el marco de los procedimientos de contratación pública es motivo de gran preocupación, puesto que los Estados miembros llevan años trabajando con la normativa vigente al respecto y, si ya tienen problemas con esta, no resulta halagüeña la perspectiva de cuando tengan que adaptar la legislación y procedimientos nacionales a las nuevas directivas en materia de contratación pública y concesiones; es consciente de que la comprensión del porcentaje de error por parte de la ciudadanía europea dista de ser perfecta y pide al Tribuna que, ante esta situación, abra un debate con la Comisión al objeto de detectar posibles deficiencias metodológicas y acordar normas comunes para la comunicación de este porcentaje;

74.  Recomienda que las normas y reglamentaciones se verifiquen a través de un proceso de evaluación de las repercusiones de la legislación(85) para examinar su compatibilidad y capacidad de responder a las necesidades y los objetivos de la Unión, como en el caso del sistema de reembolso de costes, mientras que el ejemplo más típico de errores incluye pagos por costes no subvencionables (41 %) y errores en las contrataciones públicas (27 %); observa que estos errores pueden ser diferentes a un fraude o a un acto de engaño deliberado para obtener beneficios;

75.  Llama la atención a este respecto sobre el hecho de que la ejecución del presupuesto de la Unión para el ejercicio 2014 tuvo lugar en un marco normativo heterogéneo, dado que ese año fueron dos los marcos vigentes los correspondientes a los períodos 2007-2013 y a 2014-2020;

76.  Señala, por tanto, que es correcto y conveniente distinguir entre diferentes tipos de porcentajes de error relacionados con los diferentes tipos de gasto presupuestario de la Unión, dado que estos se asignan en virtud de diferentes criterios, lo que dificulta su comparación;

77.  Toma nota de que, en sus esfuerzos por apoyar una cultura reforzada de rendimiento, el Tribunal, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014, presta una gran atención a las cuestiones relativas al rendimiento del presupuesto de la Unión, habiendo examinado en el marco de un proyecto piloto la complementariedad real entre los fondos de la Unión y la Estrategia Europa 2020; toma nota de que el Tribunal ha subrayado e identificado una interconexión escasa y débil entre los acuerdos de asociación / programas operativos y la Estrategia Europa 2020; llama la atención, no obstante, sobre el hecho de que esta complementariedad debe plantearse dentro del contexto general de las misiones específicas de cada Fondo de acuerdo con sus objetivos basados en el Tratado, incluida la cohesión económica, social y territorial;

78.  Manifiesta su preocupación por el porcentaje de absorción de fondos en los Estados miembros, que varía entre el 50 y el 92 %; pide a la Comisión que presente un análisis pormenorizado de las razones por las que algunas regiones siguen mostrando bajos porcentajes de absorción y que evalúe las vías específicas para solucionar los problemas estructurales que subyacen bajo estos desequilibrios;

79.  Celebra el carácter innovador del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014 que incluye un enfoque basado en resultados y rendimiento, evaluando la aplicación y la orientación de las intervenciones presupuestarias de la Unión teniendo en cuenta las prioridades de la Estrategia Europa 2020; considera que este concepto del enfoque basado en los resultados y el rendimiento debería aplicarse en los próximos años, cuando se elaboren las recomendaciones específicas por países en el contexto del Semestre Europeo;

80.  Subraya que las observaciones del Tribunal sobre los resultados destacan la necesidad de aplicar medidas para mejorar el rendimiento presupuestario y las normas de gestión compartida;

Rendimiento presupuestario

81.  Observa que por rendimiento presupuestario se entiende la necesidad de prestar la debida atención a los gastos presupuestarios de la Unión destinados a las prioridades reales de la Unión para el periodo en cuestión;

82.  Destaca que la cultura de rendimiento se basa en tres pilares clave: la estrategia, la simplificación, y el procedimiento presupuestario;

83.  Recomienda una continuación del proceso de simplificación tanto de los procedimientos como del contenido presupuestario que conduzcan a una reducción de las cargas administrativas excesivas y a limitar la sobrerregulación en determinados Estados miembros; subraya que el proceso de simplificación no debería suponer ni una desregulación ni el abandono de los mecanismos y procedimientos de control, es decir, las auditorías ex ante; subraya que la simplificación no debería entrañar cambios excesivamente frecuentes en el marco normativo, lo que acarrearía cargas añadidas para la administración y los beneficiarios y, por ende, obstaculizaría los avances positivos que se buscan con esta simplificación; celebra la existencia del grupo de alto nivel creado por la Comisión y espera con interés los resultados;

84.  Recomienda una mejora en el procedimiento presupuestario en términos de información y gestión del rendimiento, incluida la rentabilidad de los controles, la declaración de fiabilidad y la aprobación de la gestión, las bases de datos de proyectos y la comunicación;

85.  Pide a la Comisión que refuerce la comunicación y la colaboración entre los distintos agentes que intervienen en la planificación presupuestaria, la ejecución y la aprobación de la gestión, y con el público en general, mediante la armonización de las expectativas, la puesta en común de experiencias sobre la aplicación y la elaboración de informes sobre la consecución de resultados;

86.  Invita a la Comisión a que se plantee utilizar herramientas como los medios sociales de comunicación, las encuestas y los grupos temáticos para medir el grado de información del gran público y evaluar maneras de mejorar sus estrategias de comunicación en el futuro en lo que respecta a las consecuencias de los proyectos para la ciudadanía;

87.  Acoge con satisfacción el nuevo Grupo de trabajo interinstitucional sobre una presupuestación basada en los resultados con vistas a llegar a un consenso en cuanto a los principios de la presupuestación basada en el rendimiento y orientada a los resultados;

88.  Recomienda la introducción de mejoras correspondientes en ámbitos como la adecuación de la intensidad de los controles al riesgo, la cartografía de las comunicaciones sobre el rendimiento o la fiabilidad de los resultados de los controles comunicados por los Estados miembros;

89.  Toma nota de que la Comisión ha creado una enorme capacidad analítica, centrada principalmente en sectores de relevancia para las distintas DG, sin analizar cuestiones horizontales, multidisciplinarias y los resultados reales de sus políticas (co)financiadas por el presupuesto de la Unión;

90.  Recomienda centrar la atención en el enfoque basado en el rendimiento y en la cuestión de las imperfecciones/fallos del mercado, ya que este enfoque ayuda a centrar las intervenciones de financiación de la Unión en ámbitos en los que mejor se cumplen los criterios de economía, rentabilidad y eficacia; señala que el diseño debería adaptarse a un conjunto de tipos diferentes de imperfecciones/fallos del mercado, uno relacionado con la asimetría de la información y el otro relacionado con las evaluaciones de rendimiento comercial que, en general, no incluyen todas las externalidades positivas y beneficios sociales más amplios, mientras que ambos están justificadamente apoyados por fondos de la Unión;

91.  Propone que la Comisión adopte un criterio basado en lo que podría haber ocurrido si el proyecto o la actividad en cuestión se hubiera llevado a cabo o no se hubiera beneficiado de la financiación de la Unión, a la hora de evaluar el valor añadido de la Unión;

92.  Pide que se aclare con urgencia la cantidad de dinero abonada a partir de los fondos de la Unión a las empresas de medios de comunicación en cada uno de los Estados miembros y qué empresas concretas han recibido pagos, así como si la razón fue dar a conocer estos fondos u otra;

Gestión compartida

93.  Recuerda que una gran responsabilidad para la correcta asignación del presupuesto de la Unión recae en los Estados miembros, ya que el 76 % de los gastos se gasta en régimen de gestión compartida; hace por tanto hincapié en la importante responsabilidad que recae en los Estados miembros a la hora de ejecutar correcta y legalmente el presupuesto de la Unión cuando son responsables de la gestión de fondos de la Unión;

94.  Destaca que un elemento clave para la correcta asignación es una definición correcta de las necesidades de la Unión en combinación con las prioridades de desarrollo de los Estados miembros;

95.  Subraya que cuanto más se esfuercen los Estados miembros en cumplir los objetivos nacionales y cuantificados de la Estrategia Europa 2020, mejor se podrán orientar los gastos presupuestarios de la Unión a objetivos concretos y mejor reflejarán esos objetivos las verdaderas necesidades económicas, sociales, territoriales y medioambientales, y mejor podrá garantizar la Unión un entorno para una buena gestión financiera; en este contexto, recomienda la creación de una plataforma permanente formada por la Comisión, representantes de los Gobiernos nacionales, incluidas las representaciones permanentes ante la Unión, y los gobiernos y autoridades regionales;

96.  Comparte la conclusión del Tribunal de que la Comisión, las autoridades nacionales y los auditores independientes deben utilizar todos los datos pertinentes disponibles para prevenir o detectar y corregir los errores antes del reembolso; está firmemente convencido de que, si se dispone de la información, no debe haber motivo alguno por el que la Comisión, las autoridades nacionales y los auditores independientes no tengan que adoptar las medidas pertinentes al objeto de prevenir, detectar y corregir los errores;

97.  Pide al Tribunal que, junto con las autoridades nacionales de auditoría, desarrolle un sistema que permita al Tribunal evaluar el seguimiento de sus recomendaciones por parte de los Estados miembros;

98.  Pide a la Comisión que facilite orientaciones a los Estados miembros para que los acuerdos de asociación y los programas operativos incorporen plenamente la Estrategia Europa 2020 y apliquen también el concepto de indicadores comunes de resultados, tal como propone el Tribunal en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014;

99.  Considera útil que el Parlamento y el Consejo hallen juntos la manera de abordar la cuestión de los gastos en gestión compartida de los Estados miembros;

100.  Apoya que los acuerdos de asociación contengan recomendaciones específicas por país;

101.  Solicita a la Comisión que dé un nuevo impulso a las negociaciones con los Estados miembros en cuanto a la necesidad de publicar las declaraciones nacionales y los resúmenes anuales;

Correcciones y recuperaciones financieras

102.  Manifiesta su preocupación por que, para las correcciones financieras ejecutadas en 2014 (en comparación con los pagos de la Unión recibidos), los porcentajes de algunos Estados miembros se encuentren hasta tres veces por encima del porcentaje medio del 2,3 % (Eslovaquia, 8,7 %; República Checa, 8,1 %; Grecia, 4,7 %);

103.  observa que para el periodo de programación 2007-2013 se confirmaron, en el marco del FSE, 209 millones EUR de correcciones financieras y se ejecutaron 156 millones EUR, de los cuales 95 millones fueron confirmados en 2014; observa que los Estados miembros con mayor nivel de correcciones son España (56 millones EUR), Rumanía (43), Polonia (32) y Francia (20);

104.  Señala que los importes acumulados corregidos para la política de cohesión en el periodo 2007-2013 representan el 0,9 % de las dotaciones presupuestarias; comparte la opinión de la Comisión de que se espera que las correcciones financieras para el periodo 2007-2013 sigan aumentando en los próximos años conforme empiecen a cerrarse sus programas;

105.  Observa que, para los programas FEDER/FC, la Comisión ha impuesto unos 2 000 millones EUR de correcciones financieras de forma acumulada desde el comienzo del periodo de programación 2007-2013 (que incluye 782 millones EUR de correcciones financieras aplicadas por los Estados miembros, antes o en el mismo momento de declarar los gastos a la Comisión; observa con preocupación que los principales Estados miembros beneficiarios son la República Checa (719 millones EUR), Hungría (298 millones EUR), Grecia (257 millones EUR), España (237 millones EUR), Eslovaquia (152 millones EUR), Rumanía (146 millones EUR) e Italia (105 millones EUR);

106.  observa que, en el caso del FSE, los Estados miembros con mayor nivel de correcciones financieras acumuladas son Rumanía (355 millones EUR), España (213 millones EUR) y Polonia (152 millones EUR);

107.  Considera que las correcciones y recuperaciones financieras son medios eficaces para proteger el presupuesto de la Unión; Reconoce que, debido al marco jurídico que rige la protección de los intereses financieros de la Unión, a la complejidad de los procedimientos correspondientes y al número de niveles de control en numerosos ámbitos, los errores solo se corrigen varios años después de que se hayan producido;

Protección de los intereses financieros

108.  Subraya que la corrupción y el fraude socavan la confianza en las instituciones públicas y la democracia, y entorpecen el funcionamiento del mercado interior de la Unión; señala que es necesario un enfoque integrado, en el que colaboren las instituciones de la Unión y sus Estados miembros; lamenta que las diversas instituciones de la Unión (la Comisión y las agencias, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el Tribunal) utilicen vías diferentes para notificar casos de fraude;

109.  Recomienda a la Comisión que integre todas las modalidades de notificación en un único sistema coherente para proteger los intereses financieros de la Unión, mejorando de este modo la eficacia de la lucha contra el fraude y la corrupción; recuerda la importancia de una legislación coherente dentro de la Unión para luchar de forma eficaz contra la delincuencia organizada que actúa a escala transnacional;

110.  Señala que la transparencia es el instrumento más eficaz para luchar contra los abusos y contra el fraude; pide a la Comisión que mejore la legislación al respecto, haciendo obligatoria la publicación de datos relativos a todos los beneficiarios de fondos de la Unión, incluidos los datos relativos a las subcontrataciones;

111.  Insta a la Comisión a que se adhiera al Convenio Penal sobre la Corrupción (ETS n.º 173) del Consejo de Europa y a que agilice las negociaciones relativas a la participación de la Unión en el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), a fin de contribuir a una mayor coordinación de las políticas de lucha contra la corrupción en Europa;

112.  Pide a la Comisión que asuma la total responsabilidad por la recuperación de los fondos pagados indebidamente con cargo al presupuesto de la Unión y que establezca principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros con el fin de garantizar una recopilación de datos comparables, fiables y adecuados;

113.  Celebra la declaración de la Comisión en su Informe Anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros (PIF) de la Unión, que recuerda que tanto la Directiva PIF como el Reglamento sobre la Fiscalía Europea «complementarán y reforzarán el marco jurídico impulsando decididamente la lucha contra el fraude»; reitera su opinión en cuanto a la urgente necesidad de adoptar lo antes posible la Directiva PIF, incluyendo el IVA en su ámbito de aplicación y con una definición clara de los delitos que cubre, las normas mínimas en relación con las penas de reclusión máximas aplicables y normas mínimas sobre el régimen de prescripción: recuerda el asunto Taricco, en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea indicó que el fraude en materia de IVA se incluye, de hecho, en la definición de fraude que afecta a la protección de los intereses financieros de la Unión del Convenio PIF de 1995; pide a la Comisión que aclare las relaciones entre Eurojust, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y que examine la posibilidad de un enfoque integrado más sólido de estas agencias, en aras de una mayor eficacia de las investigaciones;

114.  Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de aumentar la transparencia mediante la mejora de su sistema de grupos de expertos, especialmente por lo que se refiere al procedimiento de selección de expertos, a través del desarrollo de una nueva política de conflictos de intereses para los expertos designados a título personal, lo que conlleva la posibilidad de que el Parlamento ejerza un control directo sobre dichos nombramientos; toma nota de la obligación de que, cuando proceda, los expertos se inscriban en el registro de transparencia; insta, no obstante, a la Comisión a que, al elaborar enmiendas a las actuales normativas horizontales, tenga en cuenta las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo respecto a la composición de los grupos de expertos, así como las del estudio «Composición de los grupos de expertos de la Comisión y estatus del registro de grupos de expertos», a fin de esbozar un planteamiento más sistemático y transparente; pide que la Comisión entable un diálogo con el Parlamento antes de la aprobación formal de las normas, en especial por lo que respecta al próximo informe de las Comisiones de Control Presupuestario y Asuntos Jurídicos sobre esta cuestión; alienta a las agencias europeas a que consideren reformas similares;

115.  Subraya que los Estados miembros no están realizando un seguimiento de los presuntos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión que le han sido presentados por la OLAF; pide a la Comisión que tome las medidas adecuadas, y a la OLAF, que siga apoyando a los Estados miembros en la mejora de sus resultados en la prevención y detección del fraude contra los fondos europeos;

116.  Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes; le preocupa la fiabilidad y la calidad de los datos procedentes de los Estados miembros; pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar unos datos completos, exactos y fiables, teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única;

117.  Reitera su petición de que, dos veces al año, la Comisión informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación por parte de las instituciones de la UE de sus políticas internas en materia de lucha contra la corrupción, y aguarda con interés la publicación del próximo informe a principios de 2016; pide a la Comisión que añada un capítulo sobre los resultados obtenidos por las instituciones de la UE en la lucha contra la corrupción, y considera que los futuros informes sobre la lucha contra la corrupción deben abarcar también todos los órganos e instituciones de la UE;

118.  Manifiesta su preocupación por los datos facilitados por Eurodad sobre el blanqueo de capitales, en los que Luxemburgo y Alemania figuran en los primeros puestos en cuanto a riesgo de blanqueo de capitales; considera esencial que los Estados miembros transpongan en su totalidad la Directiva de la UE relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales y creen un registro público de la propiedad de empresas, incluidos los fondos fiduciarios;

119.  Pide que se pase de un registro voluntario a un registro obligatorio de la Unión para todos los representantes de grupos de presión que ejercen sus actividades frente a la Comisión;

120.  Considera que el primer informe bienal de la Comisión sobre lucha contra la corrupción constituye un prometedor intento de comprender mejor la corrupción en todas sus dimensiones, ofrecer respuestas efectivas con miras a combatirla y preparar el camino para mejorar la responsabilidad de la esfera pública para con los ciudadanos de la Unión; reitera, en este contexto, la importancia de la política de tolerancia cero de la Unión en materia de fraude, corrupción y colusión; deplora, sin embargo, que en este informe no se incluyeran las políticas de lucha contra la corrupción de las propias instituciones de la Unión;

121.  Pide que, a más tardar en su segundo informe sobre lucha contra la corrupción, la Comisión lleve a cabo nuevos análisis tanto a nivel de las instituciones de la Unión como de los Estados miembros sobre el entorno en que se aplican las políticas, con el fin de detectar factores críticos inherentes, ámbitos vulnerables y factores de riesgo conducentes a la corrupción;

122.  Pide a la Comisión que cumpla sin demora sus obligaciones de información derivadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción;

Porcentaje de error en general

123.  Observa con preocupación que los tipos de error más comunes detectados son costes no subvencionables incluidos en declaraciones de gastos (41 %), errores graves de contratación pública (27 %) y errores en las declaraciones de superficie por parte de los agricultores (20 %);

124.  Observa, no obstante, que el porcentaje de errores graves de los Estados miembros en la contratación pública se redujo notablemente, del 45 % en 2013 en el ámbito de la política regional al 25 % de todos los errores cuantificados en 2014 en el ámbito político combinado de la cohesión económica, social y territorial.

125.  Considera alarmante comprobar que, en muchos casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; si se hubiese utilizado toda esta información para corregir errores, el nivel estimado de error podría haber sido considerablemente inferior;

126.  Observa que, para los programas basados en derechos, el nivel estimado de error es del 2,7 % (3 % en 2013), es decir, significativamente inferior al de los gastos de reembolso en los que el nivel de error estimado es del 5,5 % (5,6 % en 2013); pide a la Comisión que evalúe el paso de un régimen de reembolso a un régimen de derecho cuando proceda, como un medio de simplificación;

Mejores prácticas

127.  Insta a los Estados miembros a asumir seriamente sus obligaciones para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 de la Unión tal como hacen en los casos de las recomendaciones específicas por país y del Semestre Europeo; esto reflejaría un cambio visible en el entendimiento del rendimiento, que debería ir acompañado de la aplicación de procesos de evaluación con impacto, como la reserva de rendimiento para beneficiarios responsables, las sanciones y las limitaciones de los demás;

Evaluación y análisis de los principales resultados del presupuesto de la Unión 2014

128.  Toma nota de que un total de unos 142 500 millones EUR en 2014, representa casi el 2 % del total del gasto público en los Estados miembros de la Unión, es decir, el 1 % del PIB de la Unión;

129.  Solicita que la identificación de los efectos reales de la utilización del presupuesto de la Unión en los indicadores macroeconómicos de la Unión pase a ser objeto de los procedimientos de aprobación de la gestión;

130.  Lamenta que, en el marco de la gestión compartida, hasta finales de 2013, solo se pagara el 47 % de las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera (IIF) a los beneficiarios finales (un 37 % a finales de 2012) y que el efectivo mantenido en IIF en régimen de gestión indirecta siga siendo elevado (1 300 millones EUR en 2014; 1 400 millones EUR en 2013);

131.  Toma nota de la recomendación del Tribunal a la Comisión de que presente una propuesta legislativa para modificar la normativa aplicable con respecto a la ampliación del período de subvencionabilidad para IIF en el marco del Reglamento (CE) n.º 1083/2006, así como de la respuesta de la Comisión al respecto;

132.  Pide a la Comisión que, tras la recomendación del Tribunal, en su gestión presupuestaria y financiera considere las limitaciones de capacidad en algunos Estados miembros con el fin de evitar la infrautilización de los fondos y de aumentar las tasas de absorción, especialmente en el ámbito de los Fondos EIE, reconociendo al mismo tiempo las medidas tomadas hasta ahora, como la creación del grupo de trabajo para la mejora de la aplicación, que ya ha dado lugar a mejoras;

133.  Pide a la Comisión que tome medidas para reducir los compromisos pendientes, incluido el cierre en el plazo previsto de los programas del período 2007-2013, y una reducción del efectivo en cuentas fiduciarias;

134.  Reitera que la Comisión debe fijar anualmente una previsión de tesorería a largo plazo que abarque los límites máximos presupuestarios, las necesidades de pago, las restricciones de la capacidad y la eventual retirada de compromisos con el fin de ajustar mejor los fondos disponibles con las necesidades de pago(86);

135.  Considera que la revisión intermedia del MFP que la Comisión presentará antes de finales de 2016 es la primera oportunidad, y la mejor, para abordar de manera estructural el elevado nivel de RAL; insta a la Comisión a que formule una propuesta para revisar el Reglamento sobre el MFP a fin de solucionar, entre otras cuestiones, el problema del RAL;

Pagos pendientes

136.  Destaca que los compromisos contraídos ascendieron en 2014 a 109 300 millones EUR, es decir, el 76,6 % de los créditos de compromiso disponibles, y que, como resultado, está disponible un nivel muy elevado de créditos para compromisos en 2015 (con la transferencia de 12 100 millones EUR, el límite máximo se aumentó en 16 500 millones EUR);

137.  Lamenta que, a pesar de que el nivel de pagos sigue siendo superior al límite máximo estipulado en el MFP, el recurso al margen para imprevistos por el pago de reclamaciones pendientes haya aumentado de 1 400 millones a 25 800 millones EUR; subraya la importancia de respetar plenamente la declaración conjunta sobre un plan de pagos para 2015-2016 acordada entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión a raíz del compromiso compartido de reducir la acumulación de solicitudes de pago pendientes correspondientes a los programas de cohesión de 2007-2013 en unos 2 000 millones EUR a finales de 2016; considera que esta situación constituye de facto una infracción del artículo 310 del TFUE, que establece que el presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y gastos;

138.  Subraya que la reducción del nivel de los compromisos pendientes se prevé que sea temporal debido al aumento solicitado del límite máximo del marco financiero plurianual para 2015 y años posteriores;

139.  Señala, en particular, que a finales de 2014, los pagos a los Estados miembros por los Fondos EIE plurianuales para el período 2007-2013(87) ascendían a 309 500 millones EUR, es decir, el 77 % de los 403 000 millones EUR para todos los programas operativos, donde cinco Estados miembros, concretamente la República Checa, España, Italia, Polonia y Rumanía, representan más de la mitad de los compromisos sin utilizar de los Fondos EIE plurianuales;

140.  Lamenta que los retrasos en la absorción de fondos plurianuales sean considerables y puedan suponer un verdadero problema para algunos Estados miembros(88); apoya y reconoce, a este respecto, el sentido de aplicar fórmulas de flexibilidad dados los retrasos con los que se pusieron en marcha todos los programas;

Ingresos

141.  Observa que los flujos de ingresos se basan en un principio multicanal:

142.  Acoge con satisfacción el hecho de que, de las tres recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011-2012, dos se estén aplicando en la mayoría de sus aspectos, y una se esté aplicando en ciertos aspectos;

RNB

143.  Subraya que, mientras no se modifique el sistema de recursos propios de la Unión, un parámetro RNB es un factor esencial subyacente a la cuestión de los ingresos del presupuesto de la Unión, y destaca que una medida correcta y objetiva de ello constituye por lo tanto una cuestión clave, la única verdaderamente importante por lo que se refiere a los ingresos en el marco de la actual arquitectura del presupuesto de la Unión, y que es muy importante contar con una base de datos fiable y flexible para calcular las contribuciones de los Estados miembros;

144.  Pide, por consiguiente, a la Comisión que declare que los datos sobre la RNB presentados por los Estados miembros son fiables y que sus contribuciones son, por tanto, correctas;

145.  Recuerda que, en 2014, las actualizaciones de los datos RNB dieron lugar a adaptaciones de las contribuciones de los Estados miembros de una magnitud sin precedentes que asciende a 9 813 000 EUR;

146.  Subraya que el impacto de esas importantes revisiones en los saldos RNB podría haber sido menor si hubiera existido una política de revisión común en la Unión que armonizase el calendario de las revisiones más importantes;

147.  Lamenta que el fraude en el IVA, en particular el denominado fraude en cascada o del operador ficticio, distorsione la competencia, prive a los presupuestos nacionales de recursos significativos y sea perjudicial para el presupuesto de la Unión; recuerda que la brecha del IVA y las pérdidas estimadas en la recaudación del IVA ascendieron a 168 000 millones EUR en 2013; le preocupa que la Comisión no disponga de datos fiables sobre el fraude en el IVA ni sobre el fraude en cascada; toma nota de que el sistema de IVA vigente sigue estando fragmentado y supone una carga administrativa considerable, sobre todo para las pymes y las empresas en línea; expresa su preocupación por el hecho de que el nuevo sistema de rendición de cuentas del IVA como recurso propio no haya podido lograr totalmente su objetivo de simplificación y hace hincapié en que los Estados miembros son los responsables de abordar las deficiencias de Eurofisc y de coordinar mejor sus políticas sobre la inversión de sujeto pasivo para facilitar el intercambio de información y ayudar a combatir las irregularidades y los fraudes; pide a la Comisión que proponga enmiendas legislativas que permitan cruzar de manera eficaz los datos aduaneros y los fiscales y que centre su labor de supervisión de los Estados miembros en mejorar los plazos de respuesta de estos a las solicitudes de información y la fiabilidad del sistema de intercambio de información sobre el IVA;

Medidas que deben adoptarse

148.  Pide a la Comisión que presente un análisis sobre el futuro de la financiación de la UE evaluando la adecuación de la base de recursos propios;

149.  Lamenta que las propuestas presentadas por la Comisión en 2013 de introducir una política de revisión común de la Unión sigan aún pendientes, y que la Comisión no haya adoptado ninguna otra medida, pese al hecho de que 19 Estados miembros indicaran que procederían, al menos en parte, a su adaptación a la política de revisión de la Unión para septiembre de 2014;

150.  Se congratula de la creación del Grupo de Alto Nivel sobre los recursos propios; acoge favorablemente el primer informe de evaluación que presentó dicho grupo a finales de 2014 y comparte el análisis de que el sistema se ha convertido gradualmente en un sistema mayoritario de contribuciones nacionales con una parte residual genuinamente europea y autónoma de recursos propios; considera que el sistema actual de recursos propios debe evolucionar del actual debate nacional sobre contribuidores netos y receptores, algo que les resulta lejano a los ciudadanos de la Unión, hacia un sistema reconocible claramente en interés general de la Unión y de sus políticas;

151.  Señala que los cambios resultantes de los trabajos en las reservas se habrían mitigado si el ciclo de verificación de la Comisión hubiese sido más corto, y recuerda que el Parlamento instó a la Comisión en su resolución de 29 de abril de 2015 relativa a la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013:

152.  Observa con gran preocupación que la Comisión ha anunciado que el próximo ciclo de verificación no se completará hasta 2019 y que las reservas abarcarán al menos nueve años, al igual que el anterior ciclo;

153.  Señala que, según el Tribunal, la calidad de los controles efectuados por los Estados miembros no ha mejorado; lamenta que la versión actualizada de la Guía de la auditoría aduanera publicada por la Comisión en 2014 no cubra algunas de las deficiencias observadas por el Tribunal, en particular en las cuestiones relativas a cómo hacer frente a las importaciones despachadas en otros Estados miembros;

154.  Pide a la Comisión que:

Mejores prácticas

155.  Considera que la parte de los ingresos no se ve afectada por errores importantes, lo que constituye en sí mismo una especie de buena práctica, al igual que la práctica actual de las contribuciones de los Estados miembros basadas en el principio de la RNB, que hasta la fecha ha tenido sentido; opina, no obstante, que para mantener en funcionamiento este modelo se requiere una evaluación permanente del rendimiento económico de los Estados miembros; una alternativa al aumento de la base de los recursos propios sigue siendo un tema central para el futuro;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Cuestiones generales

156.  Celebra el hecho de que, por vez primera, la estructura del informe anual del Tribunal siga las rúbricas del MFP que entró en vigor el 1 de enero de 2014; en 2013, el capítulo se titulaba «Investigación y otras políticas internas»; observa, no obstante, que este cambio estructural limita la comparabilidad de los resultados del Tribunal con los de los ejercicios anteriores;

157.  Señala igualmente que la investigación y la innovación representan el 61 % (8 100 millones EUR) del gasto, a través del Séptimo Programa Marco para Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007-2013 (7PM) y Horizonte 2020 —el Programa Marco para Investigación e Innovación 2014-2020 en educación, formación, juventud y programas deportivos (1 500 millones EUR), programas espaciales (1 400 millones EUR), transporte (800 millones EUR) y otras acciones y programas (1 500 millones EUR) representan el 39 % restante,

158.  Recuerda que la rúbrica 1a del MFP se redujo drásticamente durante la negociación del MFP (- 24 % en comparación con la propuesta inicial de la Comisión); es consciente de que la rúbrica 1a incluye gastos en favor de la mejora de la investigación y la innovación, la mejora de los sistemas educativos y la promoción del empleo, la garantía de un mercado digital único, la promoción de la energía renovable y de la eficiencia energética, la modernización del sector del transporte y la mejora del entorno empresarial, en particular para las pymes;

159.  Subraya que el 90 % de los gastos en este ámbito representa subvenciones a beneficiarios privados y públicos;

160.  celebra que, de las nueve recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, tres se hayan aplicado en su totalidad y otras seis se estén aplicando en la mayoría de sus aspectos;

Europa 2020

161.  Es consciente de que el total acumulado de acuerdos de subvención para la totalidad del 7PM asciende a 26 078 (de los cuales se han cerrado 9 627); al mismo tiempo, la Comisión lanzó el programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2014-2015, que fue un gran éxito con 46 097 propuestas recibidas a 25 de febrero de 2015: para los 79 concursos finalizados, se admitieron 25 903 propuestas, 3 765 fueron seleccionadas para financiación y se firmaron 1 410 acuerdos de subvención;

162.  Se complace de que la Comisión fuera capaz de cumplir la mayoría de los objetivos de los indicadores clave de rendimiento; duda, no obstante, que pueda alcanzarse el objetivo de invertir, para 2020, el 3 % del PIB de la Unión en investigación y desarrollo; pide a todos los Estados miembros que hagan frente a este desafío; observa que la situación parece ser especialmente complicada en Croacia, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, España y Suecia; pide a la Comisión que adopte las conclusiones que se imponen de cara a la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual que deberá presentarse a finales de 2016;

163.  Celebra el impacto de la investigación europea (redes) en la lucha contra el ébola, la mejora de los tratamientos de cáncer, la creación de un espacio único europeo para la investigación clínica, la lucha contra las inundaciones, el aumento de la seguridad alimentaria y la mejora de la seguridad en los buques de cruceros, por citar apenas unos pocos;

164.  Celebra el hecho de que la evaluación ex post del 7PM estuviera disponible en noviembre de 2015; espera que sus conclusiones y recomendaciones puedan seguir considerándose en los programas de trabajo de Horizonte 2020;

165.  Toma nota con interés de la primera información disponible sobre el informe «State of the Innovative Union 2015»(89) que ofrece una actualización del estado de aplicación de los 34 compromisos contraídos en el marco de la iniciativa emblemática Unión por la innovación de la Estrategia Europa 2020;

166.  Recuerda que el Reto Social 6, y en particular las ciencias sociales y las humanidades, era una prioridad del Parlamento introducida por él durante la elaboración de Horizonte 2020; recuerda la importancia de este componente en los ámbitos en los que la Unión se enfrenta a retos particulares, como la lucha contra el desempleo, la radicalización, el terrorismo, el apoyo a los migrantes, la gobernanza económica y monetaria, o la lucha contra la desigualdad; manifiesta su preocupación, en consecuencia, por que en la fase de aplicación del programa se haya rebajado la prioridad de las ciencias humanas y sociales con la pérdida de su orientación específica y una reducción de sus créditos de compromiso del 40 %, cuando la dotación global para Horizonte 2020 en el MFP 2014-2020 ha aumentado;

Cuestiones relacionadas con la gestión

167.  Destaca que:

168.  Pide a los beneficiarios que hagan el máximo uso posible de los certificados de auditoría, que permiten reducir los porcentajes de error en un 50 % con respecto a las declaraciones de gastos no certificadas; considera, sin embargo, que el nivel de error que detectan las auditorías externas debiera mejorarse sustancialmente teniendo en cuenta el apoyo que reciben de la Comisión y su especialización; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, todos los seminarios, orientaciones y modelos, así como la lista de errores más frecuentes que la Comisión pone a disposición de los beneficiarios y de los organismos de auditoría, pero pide a la Comisión medidas más incisivas para que los certificados de auditoría externa garanticen con mayor fidelidad el nivel de error;

169.  Apoya los esfuerzos desplegados por la Comisión para desarrollar nuevos instrumentos de gestión de riesgos en el ámbito de la investigación; acoge con satisfacción, en este mismo contexto, que la selección de los participantes en las auditorías en los controles ex post reposa ya en gran medida en la evaluación de los riesgos; señala que la Comisión espera que el 83 % de las auditorías realizadas durante el período 2012-2016 se seleccionen sobre la base de criterios de riesgo;

170.  Se felicita por la creación de un centro común de apoyo para prestar asistencia a todos los servicios de investigación en el ámbito del asesoramiento jurídico, la auditoría, los procesos empresariales, la tecnología informática, la información y la gestión de datos;

171.  Reconoce que los acuerdos de asociación vinculados a los Fondos EIE y a los programas operativos de los Estados miembros y las regiones brindan un apoyo importante a la investigación y la innovación, lo cual refuerza las sinergias; señala que la ayuda asciende a más de 42 000 millones EUR para la investigación fundamental y la innovación y a 118 000 millones EUR para la investigación y la innovación en sentido amplio;

Legalidad y regularidad: errores

172.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, de las 166 operaciones analizadas por el Tribunal, 79 estén afectadas por errores; señala que, basándose en los 53 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 5,6%;

173.  Considera alarmante comprobar que, en 27 casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; señala que, si se hubiera utilizado toda esta información para corregir los errores, el nivel estimado de error para este capítulo habría sido inferior en 2,8 puntos porcentuales; estima que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

174.  Considera inaceptable que el nivel de error en el 7PM no haya mejorado en comparación con el del 6PM y que, según las declaraciones del propio director general de la DG RTD, vaya a estar incluso en un nivel de error aún mayor; considera que el nivel de error para los programas del 7PM debiera de haberse mejorado después del aprendizaje adquirido en la gestión del programa; lamenta que el drástico incremento del nivel de error en 2014 en el área «Competitividad para el crecimiento y el empleo» solo sirva para poner en evidencia la buena gestión del programa en los últimos años;

175.  Lamenta que el área de gasto «Competitividad para el crecimiento y el empleo» haya sido el ámbito con el nivel de error que más ha crecido entre 2013 y 2014 en la Unión;

176.  Lamenta que las fuentes de error hayan permanecido invariables:

177.  Sigue convencido de que la Comisión debe continuar esforzándose por alcanzar un equilibrio aceptable entre el atractivo de los programas para los participantes y la necesidad legítima de someterse a un control contable y financiero; recuerda, en este mismo contexto, la declaración efectuada por el Director General en 2012 en el sentido de que un procedimiento destinado a alcanzar un porcentaje de error residual del 2 % en todas las circunstancias no constituye una opción viable(90);

178.  Toma nota de que el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación, como en años anteriores, ha emitido una reserva general respecto de la tasa de errores residuales en las declaraciones de costes para el 7PM, ejecutado directamente por la DG RTD, así como en relación con los pagos a la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores, donde el riesgo residual estimado es del 3 % y el impacto estimado de 111,39 millones;

179.  Reconoce que ciertas partes del gasto efectuado en el marco del 7PM no estaban cubiertas por una reserva si se consideraba probado que los riesgos (y por tanto las tasas de errores residuales) eran significativamente más bajos que para el conjunto de los gastos; en la DG RTD este es el caso del gasto afectado a la Empresa Común para el Desarrollo de la Energía de Fusión, a Clean Sky y a la Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno; fuera de la DG RTD, esto se aplica asimismo al gasto de la Agencia Ejecutiva de Investigación en el marco del programa Marie Curie y al conjunto del gasto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación;

180.  Concluye que, aunque la reserva general puede ser necesaria desde el punto de vista legal, dicha reserva arroja una sombra negativa sobre la gestión financiera de la Comisión, en particular cuando la Dirección General de Investigación e Innovación puede garantizar plenamente el 97 % de este gasto;

181.  Toma nota de que, en el ámbito de la investigación, la Comisión ha emitido órdenes de cobro, en 2014 y 2015, por valor de 42 millones EUR; señala que 31 millones EUR ya han sido recuperados, mientras que el importe restante todavía no ha podido recuperarse, ya sea por causa de quiebra o en espera de un procedimiento de recuperación forzosa;

182.  Deplora las recientes informaciones aparecidas en la prensa que ponen en cuestión la capacidad de la DG RTD para proteger eficazmente los intereses financieros de la Unión; insta a la Comisión a que clarifique las circunstancias que aparecen profusamente documentadas en los medios y que permiten ver un caso claro de mala administración y perjuicios claros a los intereses financieros y la reputación de la Unión; invita a la Defensora del Pueblo a que abra una investigación al respecto;

183.  Lamenta que la simplificación que se ha llevado a cabo con la eliminación de las auditorias ex-ante (por ejemplo, no hay certificación ex-ante de gastos que excedan 375 000 EUR) esté produciendo errores acumulativos que dan una tasa de error rampante que crece cada año, y que en el caso del programa Horizonte 2020 no parece previsible que se pueda reducir dada la multiplicación de organismos encargados de gestionar los gastos que han aumentado con respecto al 7PM;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

184.  Lamenta que exista un problema en relación con el análisis de los datos secundarios, que resulta necesario para llevar a cabo las evaluaciones basadas en el rendimiento; considera que se trata de un problema que debería solucionarse a corto plazo; recuerda la necesidad de mejorar la gestión de la información;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

185.  Constata que los efectos y los resultados tangibles de la I+D+i desde el punto de vista de comercialización y de la contribución al valor añadido son absolutamente sustanciales;

186.  Celebra el resultado positivo previsto por el grupo de expertos de alto nivel que está llevando a cabo la evaluación ex post del 7PM, en concreto: celebra que el programa haya creado directamente más de 1,3 millones de años de trabajo (a través de proyectos financiados a lo largo de un periodo de 10 años) e indirectamente más de 4 millones de años de trabajo a lo largo de un periodo de 25 años; celebra asimismo que cada euro gastado en el marco del 7PM haya generado, mediante innovaciones, 11 EUR aproximadamente en efectos económicos directos e indirectos, y que su contribución financiera a las pymes haya superado el objetivo del 15 % y alcanzado el 17 % (5 000 millones EUR);

187.  Recuerda que, con miras a reforzar el enfoque basado en el rendimiento, el Tribunal ha elaborado una prueba innovadora sobre los indicadores de la Estrategia Europa 2020 en la que los gastos de I+D desempeñan un papel importante;

188.  Pide a la Comisión que transmita al Parlamento el plan de acción presentado al Consejo ITER en noviembre;

189.  Insiste en que la Comisión le haga llegar, antes de junio de 2016, una actualización del calendario a largo plazo del proyecto y de los costes asociados a ITER en preparación de las decisiones presupuestarias para el próximo ejercicio; recuerda que para el ejercicio 2016 el nivel de los créditos de pago reservados para ITER asciende prácticamente a 475 millones de euros;

Instrumentos financieros

190.  Señala que, especialmente en el contexto del programa Horizonte 2020, una serie de instrumentos financieros muy innovadores constituyen uno de los ámbitos principales abiertos a la aplicación práctica; celebra, a este respecto, el lanzamiento en 2014 de una nueva serie de productos bajo el título «InnovFin - Financiación de la UE para innovadores», una iniciativa conjunta lanzada por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI y FEI) en cooperación con la Comisión;

191.  Pide a la Comisión que, en los futuros procedimientos de aprobación de la gestión, presente información sobre la ejecución de la iniciativa InnovFin en lo que respecta a los recursos del presupuesto de la Unión que forman parte de este instrumento financiero;

192.  Recuerda que determinados sectores y políticas son menos propensos a la financiación a través de instrumentos financieros, por ejemplo las infraestructuras ferroviarias, la investigación teórica o básica, por lo que corren el riesgo de ser excluidos de parte de la acción de la Unión;

Mejores prácticas

193.  Constata una intensificación de las actividades de auditoría en este ámbito, así como una mejora de la coordinación por parte del servicio común de auditoría, que se ha concebido como un servicio de gestión compartida por todas las direcciones generales, agencias ejecutivas y empresas comunes que participan en la financiación de la investigación y la innovación;

194.  Considera que la subcontratación a agencias especializadas de acuerdo con modalidades específicas podría constituir un ejemplo de buenas prácticas en la gestión de programas de gran envergadura en este ámbito; señala que esta práctica se viene aplicando desde hace poco tiempo, por lo que no es todavía posible extraer conclusiones concretas, si bien constata que parece tratarse de un método y un modelo particularmente innovadores;

Medidas que deben adoptarse

195.  Concluye que la Comisión debería:

196.  Pide a la DG RTD que mejore la gestión de la información en consonancia con una cultura del rendimiento que incluya a todas las partes interesadas —en particular, las menos experimentadas— y con respecto a los beneficiarios en los Estados miembros; recomienda una mayor participación de los auditores independientes, cuya atención no debería centrarse únicamente en los errores, sino también en el ciclo del rendimiento, y en particular en una evaluación apropiada de los riesgos; recomienda, asimismo, que se lleve a cabo un análisis del impacto de las disposiciones reguladoras;

197.  Pide a la DG RTD que publique, en sus respectivos informes anuales de actividad, su contribución a las recomendaciones específicas por países de forma exhaustiva y detallada, dado que dichas recomendaciones deberían demostrar de qué forma la dirección general facilita el progreso de los Estados miembros hacia los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

198.  Toma nota de que la Comisión ha iniciado una consulta de las partes interesadas sobre las simplificaciones adicionales que deberían introducirse en el programa Horizonte 2020; solicita información sobre la forma en que se aplicarán las nuevas simplificaciones;

199.  Hace hincapié en que la simplificación y la participación en Horizonte 2020 también deben ser el principio de base del Acuerdo de Subvención Anotado; subraya que, a diferencia del 7º Programa Marco para Investigación e Innovación, los gastos facturados a nivel interno no deben dividirse y contabilizarse de acuerdo con categorías de costes diferentes, incluidos los costes de personal, en el marco de Horizonte 2020; pide, por consiguiente, a la Comisión que revise las anotaciones y permita que los gastos facturados a nivel interno sean admisibles como otros costes directos sin hacer una división entre categorías de costes ni registros temporales en materia de servicios;

Cohesión económica, social y territorial

Cuestiones generales

200.  Acoge con satisfacción que, por vez primera, la estructura del Informe anual del Tribunal sigue las rúbricas del MFP que entró en vigor el 1 de enero de 2014; recuerda que en 2013 el Informe anual del Tribunal contenía dos capítulos distintos: uno sobre «Política regional, transportes y energía» y otro sobre «Empleo y asuntos sociales»; considera, no obstante, que este cambio de política limita la comparabilidad de los resultados del Tribunal con los de los ejercicios anteriores;

201.  Señala que la cohesión económica, social y territorial supone la redistribución de una parte sustancial del presupuesto de la Unión, que ascendió a 54 400 millones EUR en 2014; observa que el 80 % de esta cantidad se destinó a la política regional y urbana, principalmente a través del FEDER y del Fondo de Cohesión, y que el 20 % restante se asignó principalmente al FSE para fines relativos al empleo y los asuntos sociales;

202.  Destaca que, en el período de referencia, el FEDER y el Fondo de Cohesión han apoyado principalmente una serie de ámbitos como los proyectos de infraestructuras, la creación o el mantenimiento de puestos de trabajo, las iniciativas regionales de desarrollo económico y las actividades de las pymes (FEDER), así como las inversiones en infraestructuras en los ámbitos del medio ambiente y el transporte (Fondo de Cohesión);

203.  Señala que el FSE financia inversiones en capital humano y acciones dirigidas a reforzar la capacidad de adaptación de los trabajadores y las empresas a los cambios en los patrones de trabajo, a mejorar el acceso al empleo, a promover la inclusión social de las personas desfavorecidas y a aumentar la capacidad y la eficiencia de las administraciones y los servicios públicos; considera que, pese a la existencia de indicadores de rendimiento, los resultados de las inversiones del FSE son, sin embargo, más difíciles de cuantificar;

204.  Acoge con satisfacción que, de las 16 recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, ocho se hayan aplicado en su totalidad, otras siete se estén aplicado en la mayoría de sus aspectos y una se esté aplicando en algunos de sus aspectos;

Europa 2020

205.  Señala que, en el ámbito de la política regional y urbana, los cuatro indicadores clave de resultados (ICR) más importantes incluyen: el número de puestos de trabajo creados, el número de empresas que cooperan con las organizaciones de investigación subvencionadas, el número de empresas subvencionadas y la capacidad suplementaria de producción de energías renovables; observa que los logros generales de los que se hace balance en los informes de ejecución de los Estados miembros han progresado, por término medio, un 29 % con respecto al año anterior, al tiempo que constata que, de acuerdo con la Comisión, no se cumplirán todos los objetivos debido a la crisis económica; pide a la Comisión que adopte las conclusiones que se imponen de cara a la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual que deberá presentarse a finales de 2016;

206.  Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión para reforzar la contribución de la política de cohesión a la gobernanza económica de la Unión, que implican el examen detallado de todos los acuerdos de asociación y programas operativos para el período 2014-2020 a fin de garantizar que, en las estrategias de desarrollo y competitividad de los Estados miembros, se han tenido debidamente en cuenta las recomendaciones específicas por países pertinentes adoptadas a finales de junio de 2014;

207.  Señala que, a finales de 2015, se había utilizado por término medio el 89 % de los fondos correspondientes al período de programación 2007-2013 (teniendo en cuenta el porcentaje de absorción), si bien Italia (79%), Rumanía (70%) y Croacia (59%) iban a la zaga;

208.  Señala que dos de los principales indicadores del rendimiento en el ámbito del empleo y los asuntos sociales son la tasa de desempleo y el número de puestos de trabajo creados o mantenidos; acoge con satisfacción que los resultados preliminares de la evaluación ex post para el período de programación 2007-2013 muestran que, a finales de 2013, 8,8 millones de participantes en el FSE habían obtenido (o habían podido mantener) un empleo gracias a las intervenciones del FSE durante el período de referencia; acoge, asimismo, con satisfacción que más de 300 000 personas apoyadas por el FSE se convirtieran en trabajadores autónomos, y que más de 50 000 empresas incipientes obtuvieran ayuda;

209.  Concede especial importancia a la Garantía Juvenil, por lo que constata con satisfacción que 110 300 jóvenes desempleados participaron en 2014 en las acciones financiadas por la Iniciativa sobre Empleo Juvenil; señala que 1 300 millones EUR se han asignado ya a proyectos sobre el terreno; agradece, en este mismo contexto, las orientaciones facilitadas en el Informe Especial del Tribunal nº 3/2015, así como la reacción constructiva de la Comisión ante sus conclusiones; destaca, no obstante, que en algunos Estados miembros subsisten algunas dificultades a la hora de aplicar la Garantía Juvenil y de garantizar una reserva de proyectos suficiente en relación con la Iniciativa de Empleo Juvenil;

210.  Toma nota de las conclusiones del Informe de la Comisión sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), en las que se indica que, en el período de referencia de dos años (2014-2015), 7 636 trabajadores (esto es, el 44,9 % de los beneficiarios) habían encontrado un nuevo empleo al final del período de aplicación del FEAG;

211.  Comparte la opinión de la Comisión de que las tasas de desempleo (especialmente el de larga duración) y el porcentaje de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación son indicios de que existe un desequilibrio en el mercado laboral; señala que los cinco Estados miembros de la Unión en los que se registra la tasa de desempleo de larga duración más elevada (en proporción con la población activa) son Grecia (19,5%), España (12,9%), Croacia (10,1%), Eslovaquia (9,3%) y Portugal (8,4%), frente a una media en la Unión del 5,1 %, y que los Estados en los que se registra el porcentaje más elevado de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación son Chipre (33,7 %), Bulgaria (30,9 %), Hungría (30,3 %), Grecia (30,0 %) y Rumanía (26,9 %), frente a una media en la Unión del 16,37 %;

212.  Valora positivamente los resultados de la aplicación de los programas FEDER/Fondo de Cohesión 2007-2013, ilustrados por algunos indicadores básicos comunicados anualmente por los Estados miembros y por los resultados de la evaluación preliminar de los datos más recientes, que demuestra que se crearon aproximadamente 950 000 puestos de trabajo, que 36 000 empresas cooperaron con los organismos de investigación, que más de 270 000 empresas recibieron apoyo y que la capacidad adicional de producción de energía renovable fue superior a los 4 000 megavatios;

213.  Acoge con satisfacción que, por vez primera, el Tribunal intentara evaluar también el rendimiento de los programas en un ejercicio de proyectos piloto, y que la auditoría llegara a la conclusión de que 89 de los 186 proyectos (48 %) habían alcanzado (o superado) todos los objetivos especificados para medir el rendimiento de los proyectos; observa que, en 56 proyectos (30 %), el Tribunal constató que uno o varios indicadores especificados para el proyecto no habían alcanzado el objetivo previsto, y que, en 17 casos (9 %), se habían alcanzado algunos objetivos, pero no todos, en el plazo establecido; alienta al Tribunal a seguir perfeccionando este ejercicio, en particular para los programas del nuevo período financiero 2014-2020;

Cuestiones relacionadas con la gestión

214.  Destaca que los gastos correspondientes a la rúbrica 1b del MFP inciden en el ámbito de la gestión compartida; en este ámbito, los Estados miembros son los principales responsables de la aplicación de los PO y de prevenir, detectar y corregir los gastos irregulares;

215.  Destaca sin ambages que, especialmente por lo que se refiere a la cohesión, la importancia de la gestión compartida es considerable y específica por dos motivos: ante todo, porque los programas se ejecutan en los Estados miembros y sus regiones de conformidad con las normas comunes de la Unión, si bien respetando sus necesidades específicas, y, en segundo lugar, porque en numerosos casos existe también una financiación compartida cuando los proyectos están cofinanciados por los Estados miembros y los beneficiarios;

216.  Considera inaceptable que en 21 de los casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, las autoridades nacionales dispusieran de información suficiente para evitar o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión; considera que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este capítulo habría podido reducirse en 1,6 puntos porcentuales; señala, asimismo, que el Tribunal constató que, en 13 de los casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales; y que estos errores contribuyeron con 1,7 puntos porcentuales al nivel de error estimado; estima que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

217.  Hace hincapié en que los problemas más recurrentes de elegibilidad en el marco del FSE son los siguientes: gastos declarados fuera del periodo de subvencionabilidad (República Checa, Alemania), salarios excesivos (Alemania, Finlandia, Polonia y Portugal), costes no relacionados con el proyecto (Países Bajos, Polonia y Portugal), incumplimiento de las normas nacionales sobre subvencionabilidad (Polonia) e ingresos no deducidos (Austria); los ejemplos más comunes de incumplimiento de las normas sobre contratación pública son los siguientes: adjudicación directa injustificada (Alemania e Italia), adjudicación directa injustificada de obras/servicios adicionales, exclusión ilegal de licitadores, conflicto de intereses y criterios de selección discriminatorios (Finlandia);

218.  Observa que el Tribunal analizó 161 operaciones en el área urbana y regional (101 se referían al FEDER; 55 al Fondo de Cohesión; y 5 a instrumentos financieros interesados) y 170 operaciones del FSE, y señala que 135 de 331 operaciones estaban afectadas por errores; observa que el Tribunal considera que el porcentaje de error es del 5,7 % (porcentaje de error estimado en relación con el FEDER y el Fondo de Cohesión, 6,1%; porcentaje de error estimado en relación con el FSE, 3,7 %);

219.  Pide a la Comisión que cree un instrumento eficaz para contribuir a la mejora de la fiabilidad de las actividades de control y auditoría realizadas por las autoridades nacionales; recuerda la importancia de ampliar la transparencia de los datos relativos a la contratación pública, con el fin de mejorar la accesibilidad y los controles, publicando datos de los contratistas y de sus subcontratistas;

220.  Toma nota de que, de conformidad con todos los resultados de las auditorías disponibles a finales de noviembre de 2015, el 90 % de las verificaciones de la gestión de los programas del FEDER y del Fondo de Cohesión funcionan correctamente o deben ser objeto de pequeñas mejoras; recuerda que la causa última de los errores cometidos por los Estados miembros radica, en particular, en unas estructuras de gestión complejas y en la pérdida de conocimientos como consecuencia de una rotación importante del personal o de una asignación insuficiente de personal debido a limitaciones presupuestarias;

221.  Pide a la Comisión que ofrezca a los Estados miembros mayores incentivos que estimulen el uso de instrumentos financieros innovadores en su política regional, teniendo al mismo tiempo en cuenta las lecciones aprendidas del período 2007-2013 para evitar el bloqueo de fondos en los instrumentos financieros;

222.  Llama la atención sobre las recomendaciones formuladas en el Informe Especial n.° 10/2015 titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para abordar los problemas en la contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión», y se congratula de la reacción positiva de la Comisión ante las conclusiones del Tribunal;

223.  Se congratula de la publicación por la Comisión, en octubre de 2015, de una guía sobre la contratación pública dirigida a los expertos para prevenir los errores más comunes en los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Public Procurement - Guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds»); critica, no obstante, el hecho de que la principal fuente de errores relacionados con los gastos bajo la rúbrica «Cohesión económica, social y territorial» la constituyen las infracciones de las normas sobre contratación pública, que representan casi la mitad del porcentaje de error estimado; señala que entre las graves infracciones de las normas sobre contratación pública figuran la adjudicación directa injustificada de contratos, o de trabajos o servicios adicionales, la exclusión ilegal de licitadores, los casos de conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios; considera fundamental una política de absoluta transparencia en cuanto a la información relativa a los contratistas y subcontratistas con vistas a abordar errores y abusos de las normas;

224.  Se congratula de que, en noviembre de 2014, la Comisión creara un grupo de trabajo para mejorar los procedimientos de ejecución en relación con Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Italia (sur), Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, con el fin de evitar la anulación de autorizaciones;

225.  Recuerda que el marco jurídico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 también ha introducido condiciones ex ante para la utilización eficaz y eficiente de los fondos de la Unión que incluyen, entre otros aspectos, los sistemas de contratación pública de los Estados miembros, y que se han adoptado, en este mismo contexto, doce planes de acción nacionales (Bulgaria, República Checa, Grecia, Hungría, Croacia, Italia, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia) cuya evaluación está prevista para 2016; recuerda que el cumplimiento de las condiciones ex ante es una condición previa para recibir financiación; reclama la necesaria total transparencia en los procedimientos de financiación de los proyectos de infraestructuras, incluida la publicación de las evaluaciones ex ante y ex post de la sostenibilidad económica, medioambiental y social de los proyectos;

226.  Pide a la Comisión que publique todos los documentos relativos al proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-Turín y a los acuerdos de financiación del mismo;

227.  Celebra que la DG REGIO haya efectuado 265 misiones de auditoría desde 2009; señala que la DG REGIO ha llegado a la conclusión de que las actividades de 42 autoridades de auditoría encargadas de controlar aproximadamente el 91 % de las dotaciones del FEDER/Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 pueden considerarse globalmente fiables; constata, por lo que se refiere a la DG EMPL a finales de 2014, que han sido objeto de una evaluación 87 autoridades de auditoría de un total de 92 (94,6 %) que cubren 113 de 118 PO, lo cual representa el 99,1 % de la programación financiera para el período de programación 2007-2013;

228.  Señala que las interrupciones y los procedimientos de suspensión provisional afectaron a 121 programas FEDER/Fondo de Cohesión y a casi 7 900 millones EUR de solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros; señala asimismo que, en el caso del FSE, la Comisión remitió 11 cartas de apercibimiento y 18 cartas de suspensión provisional; que promovió 31 interrupciones de pago y suspendió 11 programas operativos, y que procedió a la interrupción de solicitudes de pago por un importe total de 1 300 millones EUR;

229.  Toma nota de que en 2014, como resultado de la estricta política de supervisión e interrupción de la Dirección General de Política Regional y Urbana y de la Dirección Regional de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, así como del creciente número de planes de acción, se confirmaron 840 millones EUR en concepto de correcciones financieras y se ejecutaron 854 millones de euros en relación con el FEDER/Fondo de Cohesión para todos los períodos de programación (decisión de 2014 y de ejercicios anteriores), y que, en el caso del FSE, para el periodo de programación 2007-2013 se aceptaron/decidieron 209 millones EUR en concepto de correcciones financieras y se aplicaron 155,9 millones EUR (decididas en 2014 y en ejercicios anteriores);

230.  Observa con satisfacción que en 2014, gracias a la función de supervisión de la Comisión, las autoridades de certificación aplicaron correcciones financieras por valor de 782 millones EUR antes de declarar a la Comisión los gastos en relación con el FEDER/Fondo de Cohesión, lo que ha ahorrado al presupuesto de la Unión una serie de pagos por gastos incorrectos;

231.  Expresa su preocupación por el hecho de que, según el Tribunal, la Estrategia Europa 2020 no se haya traducido de forma sistemática, a nivel de los acuerdos de asociación y los programas, en objetivos operativos por medio de los objetivos temáticos; observa, sin embargo, que se transpone en objetivos operativos en el marco de los programas de los Fondos EIE gracias a objetivos específicos basados en once objetivos temáticos; considera que solo es posible evaluar correctamente los resultados si los objetivos temáticos y los programas operativos son conformes entre sí y los indicadores de rendimiento y los criterios de referencia permiten medir los progresos realizados;

232.  Observa, por una parte, que los acuerdos de asociación y la reglamentación general establecen una normativa común que debería promover un enfoque integrado, cuando, por otra parte, cada fondo individual se rige por un reglamento y procedimientos específicos;

233.  Constata con interés que el Tribunal presentará en un futuro próximo una auditoría especial de los acuerdos de asociación y del marco centrado en el rendimiento en la política de cohesión;

234.  Lamenta que, en 2014, el número de programas operativos objeto de reservas aumentara de 73 a 77 en el caso del FEDER/Fondo de Cohesión y se mantuviera estable en 36 por lo que se refiere al FSE; constata que el impacto financiero estimado de estas reservas disminuyó de 423 millones EUR en 2013 a 224 millones EUR en 2014 en el caso del FEDER/Fondo de Cohesión y aumentó de 123,2 millones EUR en 2013 a 169,4 millones EUR en 2014 por lo que se refiere al FSE;

235.  Expresa su acuerdo con las líneas generales de la estrategia de auditoría conjunta para el período 2014-2020, que en las auditorías temáticas concederá prioridad a dos ámbitos concretos: la fiabilidad de los sistemas de comunicación de los datos relativos al rendimiento (una novedad vinculada a la orientación de la política hacia los resultados) y los instrumentos financieros;

236.  Lamenta que los Estados miembros todavía no hayan adoptado plenamente las opciones de gastos simplificados en el marco del FSE; se felicita de la publicación del informe «Simplified Cost Options in the European Social Fund» (Opciones de gastos simplificados en el Fondo Social Europeo), en el que la DG EMPL espera que, en el período de programación 2014-2020, por término medio, el 35 % de los gastos se reclame por medio de la opción de gastos simplificados y constata que, en el caso de algunos Estados miembros (Italia, los Países Bajos, España y Suecia), el porcentaje será significativamente superior, y, en el de otros (Bulgaria, Hungría, Letonia y Eslovaquia), será significativamente menor; expresa su apoyo a los esfuerzos de la Dirección Regional de Empleo para fomentar el uso de las opciones de gastos simplificados por parte de los Estados miembros e insta a los Estados miembros que exploten plenamente el potencial de dichas opciones;

237.  Acoge favorablemente, en este mismo contexto, que la Comisión haya creado un grupo de alto nivel sobre la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE; desea recibir copias de los informes que publique este grupo a partir de febrero de 2016;

238.  Celebra los esfuerzos de la Comisión para alentar a los Estados miembros a utilizar la herramienta informática para la extracción de datos ARACHNE, con el fin de impedir las actividades fraudulentas; recuerda a los Estados miembros que esta herramienta informática se ofrece de forma gratuita;

239.  Celebra que en 2014 la Comisión emprendiera una primera serie de cuatro estudios para evaluar la integración de elementos de la política de cohesión reformada en el ejercicio de programación para el período 2014-2020; recuerda que los temas de estos cuatro estudios son los siguientes: las condiciones ex ante, el principio de asociación, el marco de rendimiento y las «nuevas disposiciones» (que abarcan una serie de nuevos elementos de programación, como la evaluación de la carga administrativa para los beneficiarios y las acciones previstas para reducirla, los principios transversales, los enfoques territoriales, etc.); desea recibir copias de los estudios una vez se hayan completado;

Legalidad y regularidad: errores

240.  Expresa su preocupación por el hecho de que el Tribunal analizara 161 operaciones en el ámbito de la política regional y urbana y 170 operaciones en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, 135 de las cuales contenían errores (75 en el ámbito de la política regional y urbana y 60 en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales); señala que, basándose en los 25 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 6,1 % en el ámbito de la política regional y urbana, y que, basándose en los 28 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 3,7 % en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, por lo que el porcentaje de error más probable para la política de cohesión en su conjunto podría situarse en el 5,7 %;

241.  Considera frustrante que en 21 de los casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, las autoridades nacionales dispusieran de información suficiente para evitar o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión; considera que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este capítulo habría podido reducirse en 1,6 puntos porcentuales; señala asimismo que el Tribunal constató que, en trece casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales, y que estos errores contribuyeron con 1,7 puntos porcentuales al nivel de error estimado; considera que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

242.  Critica el hecho de que, al igual que en anteriores ejercicios, el porcentaje de error, incluidas algunas solicitudes de pagos finales que han sido objeto de auditorías y controles externos, pone de manifiesto el carácter inadecuado de los controles ex ante relativos al FSE; destaca que los errores relacionados con el incumplimiento de las normas sobre contratación pública y la falta de justificantes de los gastos representan casi un tercio del porcentaje de error estimado;

243.  Destaca que, si los controles en los Estados miembros hubieran sido plenamente fiables en estos dos ámbitos políticos, el nivel estimado de error podría haberse reducido en 3,3 puntos porcentuales en el caso de la política regional y urbana y en 3,2 puntos porcentuales en el caso de la política de empleo y asuntos sociales;

244.  Insta a la Comisión a que indique antes del 1 de julio qué medidas se propone adoptar para remediar esta situación con el fin de mejorar significativamente la gestión financiera al nivel de los Estados miembros; está firmemente convencido de que la aprobación de la gestión debe supeditarse a la realización de los progresos necesarios en este ámbito;

245.  Lamenta que las fuentes de error hayan permanecido invariables:

246.  Lamenta que se lleve años detectando errores del mismo tipo con frecuencia en los mismos Estados miembros; reconoce que la suspensión e interrupción de pagos por parte de la Comisión son una garantía de que se aplican medidas correctoras en los casos en los que se detectan deficiencias; pide a la Comisión que, teniendo en cuenta esta constatación, intensifique la supervisión de los sistemas de gestión y control nacionales y regionales, y la aligere en aquellos países cuyos sistemas de gestión y control han resultado ser fiables;

247.  Expresa su preocupación a la vista de las vulneraciones de las normas sobre contratación pública en el procedimiento de licitación relativo a sistemas de seguimiento informático durante los periodos de financiación 2007-2013 y 2014-2020, que también generaron sospechas de fraude; toma nota de que esos errores fueron descubiertos por las autoridades de auditoría de la República Checa; respalda plenamente la posición de la Comisión de que no debe efectuarse pago alguno hasta que no se hayan adoptado las correspondientes medidas correctoras y no haya finalizado la investigación policial;

248.  Observa con preocupación los problemas relacionados con la contratación pública de sistemas de control del gasto de los Fondos Estructurales para los períodos 2007-2013 y 2014-2020, y pide que se aclare por qué surgen esos problemas en cada período de financiación, cuál es el estado actual de las investigaciones del fraude y en qué situación se encuentra la recuperación de los fondos obtenidos irregularmente;

249.  Señala que, según las cifras que figuran en el informe anual de actividad 2014 de la DG de Política Regional y Urbana, el riesgo de error como media ponderada de la estimación para cada uno de los programas operativos que reciben ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión se sitúa por debajo del 1 % en nueve Estados miembros (en 2013 eran seis Estados miembros), y este porcentaje es igual o superior al 4 % solo en dos Estados miembros (en 2013 eran cinco Estados miembros);

250.  Señala que, según las cifras que figuran en el informe anual de actividad 2014 de la DG de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, el riesgo de error como media ponderada de la estimación para cada uno de los programas operativos que reciben ayudas del FSE se sitúa por debajo del 1 % en nueve Estados miembros, como en 2013, y este porcentaje es igual o superior al 4 % en seis Estados miembros (siendo de un máximo de 7,9 %), mientras que en 2013 se situó por encima del 4 % en cinco Estados miembros (alcanzando el 8,8 % y el 9,3 % como máximo);

251.  Destaca que el Tribunal no ha detectado ningún error cuantificable relacionado con la opción de gastos simplificados en los últimos tres años, lo cual demuestra que los proyectos que utilizan esta opción son menos vulnerables a los errores que los que se basan en los gastos reales;

252.  Considera que sería útil que la Comisión llevase a cabo un análisis específico de las normas nacionales de subvencionabilidad (para los períodos 2007-2013 y 2014-2020) y que sobre esta base formulara orientaciones dirigidas a los Estados miembros sobre la simplificación y la supresión de las normas innecesariamente complejas (sobrerregulación);

253.  Destaca la importancia del cumplimiento de las normas que regulan las ayudas públicas para minimizar los errores en el ámbito de la cohesión;

254.  Señala que es importante centrarse en el problema de la notificación insuficiente de errores y la notificación excesiva de correcciones financieras por parte de las autoridades nacionales de los Estados miembros;

255.  Expresa su preocupación por los controles efectuados sobre fondos de ayuda a los refugiados, que se asignan con frecuencia a los Estados miembros en situación de emergencia y de forma que no se ajusta a las normas en vigor; considera fundamental que la Comisión introduzca controles más rigurosos, entre otras cosas con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de los refugiados y de los solicitantes de asilo de la UE;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

256.  Constata con satisfacción que ha mejorado la exactitud de los datos comunicados en los informes de control anuales de los Estados miembros para el FEDER/Fondo de Cohesión y el FSE; lamenta, no obstante, que en determinados casos la corrección de la Comisión superara el 1,5 % y que los datos no pudieran considerarse fiables;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

257.  Celebra que, por lo que se refiere a la demostración de los resultados concretos de las políticas y los rendimientos obtenidos, el Tribunal utilizara por primera vez un planteamiento basado en el rendimiento con miras a garantizar la complementariedad del presupuesto de la Unión con la Estrategia Europa 2020; considera que los resultados de la aplicación de esta estrategia por los fondos estructurales son muy importantes para el indicador económico principal del «PIB per cápita» a escala de la Unión y también para otros indicadores;

258.  Considera importante evaluar si se han completado (a finales de 2014), y en qué medida, los proyectos del FEDER, el Fondo de Cohesión y el FSE, y si se han alcanzado sus objetivos;

259.  Lamenta que las disposiciones que prevén una financiación basada en el rendimiento siguen siendo una excepción más bien que una norma; constata que, en la mayoría de los casos, el incumplimiento de los objetivos de los proyectos acordados en los convenios de subvención no tuvo incidencia alguna en el nivel de la financiación procedente de la UE;

260.  Recuerda que es necesario acelerar la ejecución de 51 proyectos prioritarios en Grecia, y que, además, catorce proyectos, entre ellos los relativos al catastro y al registro nacional, están considerados como «cuellos de botella» y corren el riesgo de ser anulados; confía en que la Comisión facilite al Parlamento información actualizada sobre la situación en el informe de seguimiento de la aprobación de la gestión del ejercicio 2014;

261.  Recuerda que el informe de la Oficina de Auditoría checa (OPTP/2014/SM/01) sobre el procedimiento de contratación pública para el sistema de seguimiento para el periodo 2014-2020, remitido a la Comisión en abril de 2015, se refiere a un gasto no justificado de más de 9 millones EUR; celebra que la Comisión haya dirigido un escrito de apercibimiento respecto de una posible interrupción de pago y haya pedido a las autoridades checas que apliquen las correcciones financieras que corresponda; desea saber cómo valora la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) esta situación;

Instrumentos de ingeniería financiera

262.  Toma nota de que las autoridades de gestión de los Estados miembros notificaron un total de 1 025 instrumentos de ingeniería financiera (73 fondos de cartera y 952 fondos específicos) operativos a finales de 2014: un 90 % correspondiente a instrumentos de ingeniería financiera para empresas, un 6 % para proyectos de desarrollo urbano y un 4 % para fondos destinados a la eficiencia energética y fuentes de energías renovables, de que dichos instrumentos se establecieron en 25 Estados miembros y se beneficiaron de apoyo financiero procedente de 183 programas operativos, de que el valor total de las contribuciones de los programas operativos pagadas a dichos instrumentos ascendió a 16 000 millones EUR, incluidos 10 900 millones EUR del FEDER y el FSE, y de que el desembolso a los beneficiarios finales había ascendido a 9 190 millones EUR a finales de 2014, 5 800 millones de los cuales eran Fondos Estructurales, con lo que la tasa de absorción de los importes de los programas operativos casi llega a ser del 57 %;

263.  Observa que en el reciente estudio, que evalúa con gran exhaustividad y destreza el empleo de los instrumentos de ingeniería financiera en la política de cohesión durante el período 2007-2013, se afirma que dichos instrumentos tienen muchas ventajas aunque persisten algunos inconvenientes que habría que solventar; señala que en este análisis, no obstante, se indica que su utilización varía enormemente entre los distintos Estados miembros; pide a la Comisión que estudie cuáles son los principales motivos que provocan unas diferencias tan extremas entre los Estados miembros y que halle una manera efectiva de incentivar a estos para que se muestren más activos en la utilización de los instrumentos de ingeniería financiera en los ámbitos en los que su eficacia ha quedado demostrada;

264.  Observa que existe una clara diferencia entre el volumen de los recursos financieros que se destinan a instrumentos de ingeniería financiera y el importe que se redistribuye entre los beneficiarios finales; opina que ello podría indicar que determinados importes de gran cuantía simplemente se habían dejado «aparcados» en dichos instrumentos para escapar de una posible liberación de créditos; pide a la Comisión que ayude a acabar con este aspecto negativo del uso de los instrumentos de ingeniería financiera, y considera que el hecho de haberse previsto para el periodo 2014-2020 el pago por tramos para dichos instrumentos en un paso positivo en esa dirección;

265.  Señala que esta destacada eclosión en el uso de los instrumentos de ingeniería financiera provocará inevitablemente un enfoque absolutamente nuevo del gasto de fondos públicos por parte de las autoridades de las administraciones públicas y las entidades de auditoría y control, lo que hará hasta cierto punto necesaria la existencia de una «nueva cultura» en el ámbito de los instrumentos financieros innovadores; pide a la Comisión que compruebe que dicho ámbito se halla debidamente preparado;

266.  Observa que, al tener básicamente por objeto lograr un resultado o mejorar el rendimiento, los instrumentos de ingeniería financiera podrían, si se utilizan con acierto, ayudar considerablemente al uso eficiente, efectivo y poco costoso de los Fondos EIE; pide a la Comisión que este tipo de beneficio se vea asimismo reflejado en la política de gasto presupuestario de la Unión;

267.  Toma nota de que en 2014 se han implementado en total, en 7 Estados miembros, 53 instrumentos financieros, principalmente solo de apoyo a pymes, con financiación del FSE, que ha ayudado con 472 millones EUR de su presupuesto a un total de 16 716 pymes (11 286 de las cuales son microempresas);

268.  Recuerda que la aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera fue lenta durante el período de programación 2007-2013 debido a:

269.  Acoge con satisfacción que, durante el período de programación 2014-2020, se prevea en el marco reglamentario que el uso de los instrumentos de ingeniería financiera tenga como base una evaluación ex ante obligatoria, a fin de detectar las necesidades de inversión y evitar que se comprometan en exceso los fondos de la UE;

270.  Se felicita asimismo de la creación, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, de una plataforma común de asesoramiento técnico sobre instrumentos financieros (fi-compass) como apoyo a la aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera durante el período 2014-2020;

Mejores prácticas

271.  Acoge con satisfacción la tendencia a simplificar, reducir la sobrerregulación y mejorar la gestión compartida, tendencia que llega acompañada de los nuevos aspectos de la política de cohesión para el período de programación 2014-2020, parece ser parte de las mejores prácticas metodológicas y se halla reflejada en multitud de medidas concretas, como puede ser buscar la complementariedad del Plan de Inversiones para Europa mediante la coexistencia práctica de los Fondos EIE y del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), duplicar el ámbito de aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera, lanzar iniciativas específicas, por ejemplo para pymes, crear grupos de trabajo para una mejor aplicación, y adoptar un enfoque temático en cuestiones como el crecimiento inteligente, la aplicación de la investigación y las estrategias innovadoras sin perjuicio de las estrategias de especialización inteligente, o el aporte de la política de cohesión a las correspondientes políticas de la UE en materia de economía digital, energía, asuntos sociales, etc.;

272.  Celebra que la Comisión haya creado un grupo de alto nivel sobre la simplificación para los beneficiarios a fin de ayudar a detectar los obstáculos y barreras a la simplificación y a encontrar la manera de abordarlos; pide a la Comisión que estudie los procedimientos de simplificación satisfactorios que haya reconocido el Tribunal, como por ejemplo Horizonte 2020 y la simplificación de los costes indirectos con reembolsos a tanto alzado, a fin de generalizar este enfoque y aplicarlo a otras políticas;

273.  Pide a la Comisión que analice o revise la posibilidad de extender a otros programas el sistema por pago por derechos, que genera muchos menos errores que el sistema de reembolso de costes que es fuente de la mayoría de los errores en relación con otros programas;

274.  Pide a la Comisión que supervise la manera en que los Estados miembros mejoran las normas sobre auditoría y controles, a fin de establecer una base común para el intercambio de mejores prácticas, en particular en lo que respecta a la contratación pública y la lucha contra el fraude y la corrupción;

Medidas que deben adoptarse

275.  Concluye que la Comisión debería:

276.  Comparte las reservas de la Comisión en materia de cohesión económica, social y territorial, y pide que se le mantenga informado del despliegue de los programas correspondientes a través del informe de la Comisión tras la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;

277.  Insta a la Comisión a que siga haciendo frente con rigor a las insuficiencias de los controles de primer nivel en los Estados miembros, dado que algunos de los principales errores se producen en ese nivel;

278.  Pide a la Comisión que informe de la adopción por parte de los Estados miembros de las opciones de coste simplificadas en el informe posterior a la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para 2014;

279.  Se muestra de acuerdo con el Tribunal en que la Comisión haga extensiva a todos los Estados miembros su evaluación de la fiabilidad de las correcciones financieras notificadas por las autoridades de certificación y su incidencia en el cálculo del «porcentaje de error residual» efectuado por la Comisión; pide a la Comisión que informe de estos resultados tras la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión;

280.  Conviene con el Tribunal en que la Comisión debería reforzar el sistema de control de las autoridades de auditoría e informar de estos resultados tras la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión;

281.  Pide a la DG Política Regional y Urbana y a la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión que hagan en sus respectivos informes anuales de actividades una descripción de su aportación a la preparación de las recomendaciones específicas por país de la Comisión y de la manera en que ayudan a los Estados miembros a ponerlas en práctica, puesto que estas recomendaciones deberían demostrar la manera en que las direcciones generales ayudan a los Estados miembros a avanzar en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

Recursos naturales

Cuestiones generales

282.  Señala que en el ámbito de gasto relativo a los recursos naturales se incluyen tipos de actividades fundamentalmente distintas en la política agrícola común (PAC), que pretende aumentar la productividad del sector agrícola, contribuir al nivel de vida de la comunidad agrícola, estabilizar mercados y velar por la disponibilidad de suministros a precios razonables; es consciente de que este papel lo desempeñan dos fondos: el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía), que redistribuye las ayudas directas y pagos de la UE y ofrece medidas de mercado, y el Feader (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural), que cofinancia programas de desarrollo rural en base a los proyectos;

283.  Pide a la Comisión que garantice que no se destinarán fondos de la Unión a apoyar directa ni indirectamente corridas de toros; considera que los créditos de la PAC o cualesquiera otros créditos procedentes del presupuesto de la Unión no deben utilizarse para financiar actividades que impliquen la tortura de animales;

284.  Señala que los otros ámbitos incluyen actividades en el marco de la política pesquera común (FEP o Fondo Europeo de Pesca) y actividades de apoyo medioambiental (protección y mejora, utilización racional de los recursos naturales, etc.), principalmente en el marco del instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE);

285.  Lamenta que, de las veintiún recomendaciones hechas por el Tribunal en 2011 y 2012, cinco se haya aplicado en su totalidad, cuatro se hayan aplicado en la mayoría de sus aspectos, y las doce restantes solo lo hayan sido en algunos;

Cuestiones relacionadas con la gestión

286.  Señala que el gasto de la PAC tiene lugar en régimen de gestión compartida (cofinanciado con los Estados miembros, además de que los pagos directos se distribuyen a través de organismos pagadores y existe responsabilidad en cuanto a la subvencionabilidad y la entrega de pagos a los beneficiarios), que el FEP se gestiona asimismo de manera compartida, y que la gestión de LIFE está centralizada en la Comisión;

287.  Hace hincapié en que el problema de la asignación eficiente radica asimismo en la modesta fiabilidad y en la base de datos del SIP, que no siempre se halla actualizada; observa con satisfacción que se habían abordado las insuficiencias del SIP en todos los Estados miembros fiscalizados, pero lamenta que persistan insuficiencias significativas en algunos de ellos; pide a la Comisión que utilice los instrumentos reforzados de los que dispone en virtud de la nueva legislación de la PAC(92) cuando existan deficiencias significativas y persistentes en los sistemas nacionales;

288.  Señala que otro de los fallos detectados son los defectos en los planes de acción para el desarrollo rural de los Estados miembros;

289.  Recomienda que la Comisión asesore a los Estados miembros al objeto de abordar estos problemas y ayudar a que adopten decisiones satisfactorias;

290.  Celebra que el Tribunal llevara a cabo una auditoría de seguimiento para evaluar si se habían remediado las deficiencias relativas al SIP observadas en los Estados miembros entre 2007 y 2013;

291.  Observa con satisfacción que se habían abordado las insuficiencias del SIP en todos los Estados miembros fiscalizados; lamenta, no obstante, que persistan deficiencias significativas en Grecia, España e Italia; pide a la Comisión que utilice los instrumentos reforzados de los que dispone en virtud de la nueva legislación de la PAC cuando existan deficiencias significativas y persistentes en los sistemas nacionales;

292.  Observa con preocupación que pueda producirse una infravaloración del nivel de error comunicado por un organismo de certificación para un ejercicio en el contexto de un «procedimiento de refuerzo de garantía»(93); hace hincapié en que, en general, en los seis Estados miembros que han optado por aplicar voluntariamente dicho procedimiento, el Tribunal ha constatado que las insuficiencias de aplicación restan en gran parte fiabilidad a los niveles de error comunicados, y que la Comisión ha de afinar las tasas de error comunicadas;

293.  Lamenta profundamente que el organismo de certificación griego infravalorara claramente el nivel de error comunicado para el ejercicio 2014 en el contexto del «procedimiento de refuerzo de garantía», y hace hincapié en que, en general, en los seis Estados miembros que optaron por aplicar voluntariamente dicho procedimiento (Grecia, Bulgaria, Rumanía, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido), el Tribunal ha constatado que, con excepción de Luxemburgo, las insuficiencias de aplicación en los Estados miembros restan fiabilidad a los niveles de error comunicados;

294.  Lamenta que el Tribunal detectara insuficiencias en los sistemas de control relativos a las operaciones de desarrollo rural de los cinco organismos pagadores que controló en 2014 (Irlanda, Italia —Campania—, Portugal, Rumanía y Suecia), especialmente en lo que respecta a los controles de los requisitos de acceso a las ayudas en relación con las condiciones medioambientales, el tamaño máximo de las empresas y los procedimientos de contratación pública;

295.  Lamenta que, por lo que respecta al desarrollo rural, la mayoría de los tipos de error y de insuficiencias de los sistemas no fueran abordados en los planes de acción revisados por el Tribunal;

296.  Celebra que, de acuerdo con las conclusiones del Tribunal, la Comisión haya gestionado satisfactoriamente el procedimiento de liquidación financiera de 2014;

297.  Observa con preocupación que los procedimientos de conformidad seguían siendo de una duración excesiva en 2014; señala que la reducción del 15 % de la acumulación de expedientes pendientes respecto de finales de 2013 no ha sido suficiente y se ha traducido en una importante acumulación con ciento ochenta expedientes pendientes a finales de 2014;

298.  Hace hincapié en que la auditoría del Tribunal en relación con la gestión de las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento ha puesto de manifiesto que un número considerable de servicios similares reciben financiación de diferentes fondos de la UE (por ejemplo, del FSE y del Feader), lo que conlleva el riesgo de doble financiación y exige la duplicación de costosas estructuras de gestión;

299.  Lamenta que el Tribunal haya llegado a la conclusión de que el apoyo de la Unión para las infraestructuras rurales solo haya obtenido unos rendimientos limitados; lamenta asimismo que no siempre se haya justificado con claridad la necesidad de financiación de la Unión para el desarrollo rural, que la coordinación con otros fondos haya sido escasa y que los procedimientos de selección no hayan orientado sistemáticamente la financiación hacia los proyectos más rentables; pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen datos relevantes y fiables sobre la efectividad y la eficiencia de las medidas financiadas, a fin de gestionar el gasto en función de los resultados;

Legalidad y regularidad: errores

300.  Expresa su profunda preocupación a la vista de que el Tribunal analizó 183 operaciones del FEAGA relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas y 176 operaciones de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca, de las cuales en conjunto 177 contenían errores (93 relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas en el caso de la agricultura y 84 de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca); señala que, basándose en los 88 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 2,9 % en las operaciones del FEAGA relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas y, basándose en los 41 errores cuantificados, del 6,2 % en las operaciones de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca, por lo que el porcentaje de error más probable para la totalidad del capítulo «Recursos naturales» es del 3,6 %; observa con satisfacción que la situación ha mejorado, dado que, de excluir la condicionalidad, este último porcentaje sería del 3 %;

301.  Considera inaceptable que en veintiséis de los casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios en las operaciones del FEAGA relacionadas con las medidas de mercado y las ayudas directas, las autoridades nacionales disponían de suficiente información para haber evitado, detectado y corregido los errores antes de declarar los gastos a la Comisión; observa que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este subcapítulo se habría podido reducir en 0,6 puntos porcentuales; señala asimismo que el Tribunal constató que, en treinta y cuatro de los casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales, que estos errores contribuyeron con 0,7 puntos porcentuales al nivel de error estimado, que en quince casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios en las operaciones de desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca, las autoridades nacionales disponían de suficiente información para haber evitado, detectado y corregido los errores antes de declarar los gastos a la Comisión, y que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para este subcapítulo se habría podido reducir en 3,3 puntos porcentuales; señala asimismo que el Tribunal constató que, en tres de los casos, los errores detectados eran atribuibles a las autoridades nacionales, y que estos errores contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales al nivel de error estimado; estima que esta situación, que se ha mantenido sin cambios durante varios años, demuestra una falta de diligencia;

302.  Lamenta que las fuentes de error hayan permanecido invariables:

303.  Expresa su particular preocupación por los casos de supuesta elusión intencionada de los criterios de subvencionabilidad; observa que estos casos han sido transmitidos a la OLAF, y pide a esta que informe del resultado de sus investigaciones en el informe de seguimiento de la Comisión;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

304.  Subraya que reviste una importancia fundamental disponer de un SIP fiable y actualizado, lo que debería hacer que se produjeran menos errores;

305.  Señala que, puesto que los porcentajes de error comunicados por los Estados miembros para cada organismo pagador no siempre son fiables, la DG Agricultura y Desarrollo Rural ajusta los niveles de error basándose principalmente en las auditorías de la propia Comisión y en las realizadas por el Tribunal en los últimos tres años;

306.  Subraya que, si bien en 2014 los organismos de certificación valoraron positivamente el conjunto de estadísticas de control del FEAGA-SIGC comunicadas por los Estados miembros, la Comisión tuvo que corregir los porcentajes de error comunicados por 17 de 69 organismos pagadores con un porcentaje de error residual superior al 2 %, cinco de ellos por encima del 5 %(94), en particular en España (Andalucía, Cantabria, Extremadura y la Rioja) y en Hungría; señala que, en general, los porcentajes de error comunicados en los pagos directos de la PAC aumentaron del 0,55 % al 2,54 % como consecuencia de los ajustes de la DG Agricultura y Desarrollo Rural;

307.  Subraya que, si bien en 2014 los organismos de certificación valoraron positivamente el 88 % de las estadísticas de control del Feader notificadas por los Estados miembros, la Comisión tuvo que corregir los porcentajes de error comunicados por 43 de 72 organismos pagadores con un porcentaje de error ajustado superior al 2 % (y al 5 % en 14 de ellos) en Bulgaria, Dinamarca, España (Andalucía y Valencia), Francia (ODARC y ASP), el Reino Unido (Inglaterra), Grecia, Irlanda, Lituania, Letonia, los Países Bajos, Portugal y Rumanía); señala que, en general, los porcentajes de error comunicados en los pagos para el desarrollo rural aumentaron del 1,52 % al 5,09 % como consecuencia de los ajustes de la DG Agricultura y Desarrollo Rural;

308.  Hace hincapié en que, dado que los ajustes solo se realizan cuando existen auditorías de la Comisión o el Tribunal, existe el riesgo de que la Comisión infravalore el porcentaje de error ajustado con respecto a cada organismo pagador;

309.  Señala, no obstante, que el Tribunal considera que la metodología de la Comisión constituye un enfoque válido que puede servir de base suficiente a las reservas emitidas respecto de los distintos organismos pagadores;

310.  Señala la gran fragmentación la estructura de ejecución en el caso del desarrollo rural,(95) lo que limita la cobertura de las auditorías de conformidad de la Comisión respecto del gasto del Feader;

311.  Observa que, puesto que el promedio de correcciones financieras en los tres últimos ejercicios del FEAGA corresponde al 1,2 % de los gastos afectados, y al 1 % en el caso del Feader, la Comisión ha aplicado correcciones financieras por algo menos de la mitad del nivel del porcentaje de error ajustado respecto del FEAGA (2,6 % en 2014), y por una quinta parte en el Feader (5,1 % en 2014); observa asimismo que, en los tres últimos ejercicios, las recuperaciones supusieron el 0,3 % de los gastos en el caso del FEAGA y el 0,9 % en el caso del Feader;

312.  Hace hincapié en que, sobre la base de la información dada por la Comisión en lo concerniente a, por una parte, las recuperaciones y correcciones financieras (1,9 % del gasto) y, por otra, el porcentaje de error agregado y ajustado (5,1 %), los cifras del Feader de 2014 muestran que la capacidad correctora es insuficiente para reducir el gasto sujeto a riesgo que está por debajo del nivel de materialidad al final del período de programación(96);

313.  Señala que la declaración de fiabilidad del director general de Agricultura y Desarrollo Rural incluye tres reservas con respecto a los gastos de 2014en gestión compartida con los Estados miembros y una reserva en cuanto al régimen de gestión indirecta,por un valor total de 1 446,9 millones EUR (1 451,9 millones EUR en 2013); observa que el importe de riesgo más elevado en 2014 corresponde al ámbito de actividad ABB03 (Pagos directos); acoge favorablemente este intenso trabajo por parte de la dirección general para supervisar y corregir los datos de las autoridades de los Estados miembros, tal como exige el artículo 66 del Reglamento Financiero; señala que las debilidades y correcciones en los sistemas nacionales así reveladas representan una parte sustancial de los datos en que se basa la declaración de fiabilidad; pide a la Comisión que siga mejorando los datos que constituyen la base de esta declaración de fiabilidad;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

314.  Señala que se ha detectado un énfasis bastante importante, pero más bien formal, en los criterios de rendimiento (según el Tribunal, hasta en un 93 % de los proyectos examinados), mientras que, en cambio, no ha habido el mismo rigor a la hora de medir hasta qué punto se han logrado los objetivos;

315.  Señala que, según el informe anual de actividades del director general de Agricultura y Desarrollo Rural, la renta de los factores agrícolas se ha mantenido estable en 2014 (ICR 1); hace hincapié en que, según la Comisión(97), el descenso de la mano de obra agrícola es positivo para la renta agrícola por trabajador; pide a la Comisión que informe de manera sistemática sobre este particular en su informe anual de actividades;

316.  Constata con asombro que, según el informe anual de actividades del director general de Agricultura y Desarrollo Rural, la tasa de empleo en zonas rurales (ICR 4) se ha mantenido estable en 2014, a pesar de que el número de agricultores en la UE está en constante descenso;

317.  Considera insostenible que, según el informe anual de actividades de la DG Agricultura y Desarrollo Rural(98), el 44,7 % de las explotaciones agrícolas de la UE sean de semisubsistencia, es decir, que los ingresos anuales no lleguen a los 4 000 EUR; observa asimismo que, según el informe sobre la distribución de las ayudas directas a los productores agrícolas para el ejercicio 2014 que la Comisión aprobó el 15 de diciembre de 2015:

318.  Pide a la DG Agricultura y Desarrollo Rural que, en su informe anual de actividades 2015, presente un amplio abanico de indicadores económicos y ambientales que ofrezcan una visión equilibrada de la situación de la agricultura en la Unión en un contexto amplio, para que los colegisladores puedan evaluar mejor los resultados de la PAC y reflexionar con conocimiento de causa sobre su orientación futura;

319.  Pide a la DG AGRI que informe sobre la evolución de la distribución de las ayudas a la renta agrícola en su informe anual y, en particular, que ofrezca detalles sobre los efectos de las nuevas formas de ayuda, como el pago redistributivo introducido por la reforma de la PAC de 2013;

320.  Celebra que el Tribunal, en el marco de un ejercicio piloto relativo al rendimiento, se centrara en setenta y un proyectos de desarrollo rural que incluían inversiones en inmovilizado material;

321.  Se congratula de los resultados logrados en la aplicación de la política de desarrollo rural durante el periodo 2007-2013 de acuerdo con los datos preliminares (finales de 2014) relativos a las microempresas (73 300) y los jóvenes agricultores (164 000) que han recibido ayudas, así como al apoyo a la innovación de cara a la introducción de nuevos productos y tecnologías en 136 000 explotaciones agrícolas;

322.  Lamenta que el Tribunal descubriera deficiencias en la orientación de las medidas y en la selección de proyectos, así como que faltaran pruebas de que los costes fueran moderados;

323.  Lamenta que el Tribunal detectara insuficiencias en los sistemas de control relativos a las operaciones de desarrollo rural de los cinco organismos pagadores que controló en 2014 (Irlanda, Italia —Campania—, Portugal, Rumanía y Suecia), especialmente en lo que respecta a los controles de los requisitos de acceso a las ayudas en relación con las condiciones medioambientales, el tamaño máximo de las empresas y el procedimiento de contratación pública;

Instrumentos de ingeniería financiera

324.  Señala que el uso de los instrumentos de ingeniería financiera es mínimo y casi excepcional en este ámbito;

325.  Lamenta que el Tribunal detectara deficiencias graves en cuanto a los efectos de rotación y palanca de este mecanismo de financiación en el desarrollo rural y considerara que los instrumentos de ingeniería financiera no habían sido eficaces durante el período 2007-2013(99); pide que la Comisión adopte medidas que ofrezcan incentivos suficientes a los beneficiarios de cara al logro de un importante valor añadido;

326.  Constata que la Comisión ha puesto en marcha un procedimiento de liquidación de conformidad para obtener información precisa y detallada sobre el riesgo de que se produzca un conflicto de intereses en relación con el Fondo Estatal de Intervención Agrícola de la República Checa, y destaca que, en caso de que no se tomen las medidas necesarias para prevenir dicho conflicto de intereses, en última instancia la autoridad competente checa podría verse obligada a retirar la acreditación del organismo pagador y/o la Comisión podría llegar a aplicar una corrección financiera; pide a la Comisión que actúe con rapidez y que informe al respecto al Parlamento en junio de 2016 a más tardar; pide a la OLAF que comunique sin demora al Parlamento su decisión de abrir o no un expediente;

327.  Señala que, una vez finalizado el período de subvencionabilidad de los instrumentos de ingeniería financiera, los recursos devueltos a los fondos procedentes de inversiones pueden ser usados por los Estados miembros y convertirse en recursos nacionales en virtud del actual marco jurídico; lamenta que esto signifique que recursos inicialmente vinculados a instrumentos financieros específicos puedan llegar a transferirse a diferentes sectores y empresas individuales; pide a la Comisión que aumente los incentivos para que los Estados miembros distribuyan estos recursos dentro del mismo sector;

Mejores prácticas

328.  Señala que el Tribunal analizó minuciosamente si las ayudas de la UE se centraban en objetivos claramente definidos que reflejaran las necesidades estructurales y territoriales, y las dificultades estructurales detectadas, y que verificó asimismo el criterio de rendimiento en los procesos de orientación y selección; opina que el marco común de seguimiento y evaluación (MCSE) mejorado desarrollado por la DG Agricultura y Desarrollo Rural, en lo que respecta al enfoque basado en el rendimiento, contiene un conjunto de indicadores concretos que permitirán a la Comisión medir los avances e informar al respecto;

Medidas que deben adoptarse

329.  Concluye que la Comisión debería:

330.  Pide que:

Europa global

Cuestiones generales

331.  Toma nota de que este ámbito abarca los gastos relacionados con las actividades de política exterior, la ayuda de la Unión a los países candidatos y candidatos potenciales, y la ayuda humanitaria y al desarrollo a los países en desarrollo y los países vecinos, que no se enmarcan en las actividades del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

332.  Señala que la rúbrica 4 (Europa global) dispone de un importe total de 7 400 millones EUR, que se emplean recurriendo a diversos instrumentos de cooperación y métodos de ejecución;

333.  Observa que, en la actualidad, existen tres ámbitos indiscutibles relevantes para la agenda de ampliación y política de vecindad, a saber, la asociación, la ampliación y las sinergias con el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE);

334.  Acoge con satisfacción que, de las ocho recomendaciones hechas por el Tribunal en 2011 y 2012, cuatro se hayan aplicado en su totalidad, otras dos se hayan aplicado en la mayoría de sus aspectos, y dos más se estén aplicando en ciertos aspectos;

Cuestiones relacionadas con la gestión

335.  Observa que en esta sección se da una gestión directa, cuando son la propia Comisión o sus DG quienes gestionan el gasto; esta gestión se lleva a cabo a través de los servicios centrales de Bruselas o de las delegaciones de la Unión en determinados países, o en cooperación con organizaciones internacionales;

336.  Constata con asombro que las delegaciones con el importe de riesgo más elevado según los indicadores clave de resultados 5 (ejecución puntual) y 6 (objetivo alcanzado) difieren de aquellas que figuran entre las que han obtenido los peores resultados; opina que esto plantea interrogantes sobre la calidad y seriedad de la información comunicada por algunas delegaciones;

337.  Observa con gran preocupación que, según los IGAE relativos a 2 598 proyectos realizados por las delegaciones de la Unión:

338.  Celebra que la Comisión haya lanzado un sistema de vigilancia de los proyectos en marcha y que los IGAE proporcionen una visión al final del año de los proyectos que bien sufren retrasos en su ejecución o presentan el riesgo de no alcanzar uno o varios de los objetivos fijados al inicio;

339.  Anima a la Comisión a seguir vigilando esos proyectos y adoptar medidas adecuadas a fin de permitir que alcancen sus objetivos en el plazo fijado; pide a la Comisión que presente un informe actualizado sobre la situación de esos proyectos y que incluya en dicho informe los programas de ayuda de la Política de Vecindad;

340.  Lamenta que el personal de las delegaciones visite con menor frecuencia los proyectos que presentan problemas de ejecución que los proyectos carentes de problemas;

341.  Observa que, basándose en los datos del IGAE de 2014, el 77 % de los proyectos marcados en rojo según el ICR 5 fueron visitados frente al 23 % que no lo fue, y que esos porcentajes se situaron respectivamente en el 74 % frente al 26 % para los proyectos marcados en amarillo según el ICR 5, y en el 71 % frente al 29 % para los marcados en verde;

342.  Recuerda que el Parlamento solicitó a la Comisión que presentara las medidas adoptadas para mejorar los resultados de las delegaciones de la Unión por lo que respecta a la planificación financiera y la asignación de recursos, la administración financiera y las auditorías y que transmita al Parlamento, junto con los IGAE, las conclusiones que ha extraído de estos;

343.  Observa que los planes de acción para las veintidós delegaciones que cumplieron los criterios en menos del 60 % de sus ICR en 2014 fueron remitidos oficialmente al Parlamento Europeo el 5 de noviembre de 2015; señala, además, que las conclusiones extraídas de los IGAE por la DG DEVCO se presentaron en el informe anual de actividad de la DG DEVCO de 2014;

344.  Insiste en que la Comisión no debe en modo alguno recurrir al procedimiento contradictorio previsto en el artículo 163 del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión para retrasar o bloquear la adopción de un informe especial del Tribunal;

345.  Reitera con firmeza que el proceso de desarrollo de garantías exige medidas que refuercen la responsabilidad de las delegaciones de la Unión a través de los IGAE elaborados y firmados por los jefes de las delegaciones de la Unión;

346.  Considera que los IGAE presentados por los jefes de las delegaciones de la Unión son un instrumento útil de gestión interna que permite que la Comisión identifique los problemas relacionados con los proyectos en una fase temprana y los resuelva incluso durante la fase de ejecución; lamenta que dichos informes no se hayan adjuntado a los informes anuales de actividad de la DG DEVCO y la DG NEAR, tal y como prevé el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero; lamenta que estos informes se consideren sistemáticamente confidenciales pese a que, de conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero, «se pondrán a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo debidamente en cuenta, si procede, su confidencialidad»;

347.  Lamenta que los resultados globales obtenidos por las delegaciones de la Unión en la aplicación de los programas de ayuda exterior hayan empeorado en comparación con 2013, según los indicadores clave de resultados (ICR) utilizados en los IGAE de 2014; señala, no obstante, que estos informes presentan una evaluación de los proyectos en curso y que los resultados se ven influidos por factores que escapan al control de las delegaciones de la Unión, entre los que se hallan la calidad de la gobernanza en los países beneficiarios, la situación en materia de seguridad, las crisis políticas, el compromiso de los socios ejecutivos, etc.;

348.  Reconoce que las evaluaciones basadas en los IGAE solo ofrecen una visión parcial de la situación de cada proyecto al final del ejercicio y que el verdadero impacto de las dificultades detectadas solo puede evaluarse una vez finalizado el proyecto;

349.  Insiste en que la Comisión utilice los IGAE para subsanar las deficiencias detectadas, de modo que los proyectos en curso cumplan los objetivos fijados inicialmente; espera que la Comisión vele por que los proyectos de ayuda exterior se planifiquen conforme a un calendario realista, con el fin de reducir la proporción de proyectos retrasados; espera que la Comisión informe al Parlamento sobre las medidas correctivas adoptadas para remediar la situación existente en las delegaciones con graves problemas de ejecución;

350.  Observa que solo se consideró que una ínfima parte de los proyectos en curso presentaban problemas graves que justificaran una «señal de alarma»; se congratula de las medidas correctoras previstas, que aún podrían conducir a un resultado positivo antes de que finalice el periodo de ejecución;

351.  Considera que a los jefes de las delegaciones de la Unión se les debería recordar claramente, tanto durante el procedimiento de contratación como antes de incorporarse a su destino, cuáles son sus obligaciones en términos de gestión, su responsabilidad en lo que se refiere a la fiabilidad de la gestión de la cartera de operaciones de su delegación (principales procesos de gestión, gestión de los controles, comprensión y evaluación adecuadas de los ICR), así como la obligación de presentar informes cualitativos y cuantitativos en el marco de la elaboración del informe anual de actividades, y se les debería instar a no centrarse únicamente en el componente político de sus obligaciones;

352.  Expresa su preocupación por la gestión de la ayuda externa en terceros países por parte de la Unión; señala que uno de cada dos euros se pagó con retraso (en el momento del último informe, esta situación afectaba a 805 proyectos), que uno de cada tres euros no alcanzó el objetivo previsto (lo cual afectó a 610 proyectos) y que se comprobaron ambas carencias para uno de cada cuatro euros (con 500 proyectos afectados); expresa su preocupación por el hecho de que, por lo que se refiere al apoyo presupuestario, prácticamente una quinta parte (18,5 %) de las medidas se aplica con retraso y no logra alcanzar los objetivos, y casi la mitad de los proyectos del FED presentan los mismos problemas de ejecución; expresa su preocupación por el hecho de que los proyectos que experimentan problemas se supervisan con menor frecuencia que los que están exentos de ellos; pide a la Comisión que presente un informe actualizado sobre la situación de esos proyectos y que incluya en dicho informe los programas de ayuda de la Política de Vecindad;

353.   Reconoce que el verdadero impacto de las dificultades detectadas solo puede evaluarse una vez finalizado el proyecto; considera que el impacto financiero y las dificultades y los retrasos que aparecen durante la ejecución de los proyectos han de medirse con cautela y que pueden representar solo una parte limitada del gasto del proyecto;

354.  Opina que los jefes de las delegaciones de la Unión deberían contar con unas orientaciones claras en las directrices generales sobre la definición de las reservas y sus componentes;

355.  Considera importante identificar y consolidar las tendencias por delegación basadas en la información sobre la gestión y los ICR a fin de evaluar el ciclo de programación en beneficio de los resultados globales o sectoriales de la ayuda al desarrollo de la Unión;

356.  Se felicita de que la Comisión haya reforzado la supervisión de los proyectos financiados por la Unión en los campamentos de Tinduf, con un total de 24 misiones de supervisión en 2015 y estancias de hasta dos semanas al mes de personal humanitario de la Comisión en dichos campamentos; acoge con satisfacción todos los esfuerzos desplegados por la Comisión para garantizar que los fondos de la Unión se usan del modo más eficaz posible en los campamentos y observa que no existen derechos de aduana sobre las importaciones de carácter humanitario en el caso de Tinduf;

Legalidad y regularidad: errores

357.  Observa que el Tribunal analizó 172 operaciones, de las cuales 43 estaban afectadas por errores; señala que, basándose en los 28 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 2,7 %;

358.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal estableciera un porcentaje de error específico para los gastos gestionados directamente por la Comisión, del que estaban excluidas las operaciones de apoyo presupuestario y las operaciones con donantes múltiples, y lamenta que el porcentaje de error para estas operaciones específicas se haya estimado en un 3,7 %; considera frustrante comprobar que, en siete casos de errores cuantificables, la Comisión disponía de suficiente información como para evitar o detectar y subsanar los errores antes de aceptar los gastos; considera que, de haberse utilizado toda esta información para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para el presente capítulo se habría podido reducir en 0,2 puntos porcentuales;

359.  Toma nota de que entre los principales errores se incluyen los gastos no subvencionables declarados por los beneficiarios financieros (que afectan al período, los impuestos, el incumplimiento de la norma de origen o la falta de documentación), así como una liquidación y aceptación insuficientes de los pagos por parte de la Comisión;

360.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal estableciera un porcentaje de error específico para los gastos gestionados directamente por la Comisión, del que estaban excluidas las operaciones de apoyo presupuestario y las operaciones con donantes múltiples; lamenta que el porcentaje de error para estas operaciones específicas se haya estimado en un 3,7 %;

361.  Señala que las operaciones de apoyo presupuestario examinadas por el Tribunal estaban exentas de errores de legalidad o regularidad; considera, sin embargo, que la Comisión debe introducir un seguimiento coherente de los fondos concedidos en forma de ayuda presupuestaria, incluidos controles sistemáticos del cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a este tipo de ayudas;

362.  Lamenta que el Tribunal haya constatado una vez más en 2014 el error sistémico ya detectado en 2013, consistente en aprobar los gastos sobre la base de sus propias estimaciones, en vez de sobre la base de los gastos que se hayan efectivamente producido, abonado y aceptado; observa, no obstante, con satisfacción que, en mayo de 2014, la DG ELARG procedió a corregir en sus cuentas relativas a los ejercicios de 2013 y 2014 liquidaciones que se habían efectuado incorrectamente, y que revisó asimismo las instrucciones contempladas en el Manual de Contabilidad de ELARG;

363.  Recuerda que, en su declaración de fiabilidad(100), el director general de Europe Aid afirmó que los procedimientos de control establecidos ofrecían las garantías necesarias sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, aunque expresó una reserva general por el hecho de que el porcentaje de error superara el 2 %, lo que demuestra que los procedimientos de control no fueron capaces de prevenir, detectar y corregir los errores materiales;

364.  Considera fundamental que exista la posibilidad de suspender los fondos de preadhesión no solo en caso de malversación comprobada de los mismos, sino también en caso de que países en fase de preadhesión infrinjan de alguna manera los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

Cuestiones relacionadas con la fiabilidad de los datos

365.  Señala que, debido a la naturaleza de los gastos y los territorios a los que están asignados, la gestión de datos en este ámbito difiere claramente de la de cualquier otro ámbito del presupuesto de la Unión;

Enfoque basado en el rendimiento y los resultados

366.  Constata que, debido a la naturaleza del apoyo, una mejor gestión de los riesgos y un refuerzo de los sistemas de control contribuyen de forma sustancial a centrarse en el rendimiento;

Instrumentos de ingeniería financiera

367.  Observa que, en este ámbito, los instrumentos de ingeniería financiera no representan una cuestión central; si hay margen para esta clase de apoyo, suele materializarse a través de acciones del FED;

Medidas que deben adoptarse

368.  Concluye que la Comisión debería:

369.  Insta a la Comisión a establecer y aplicar procedimientos de control interno para garantizar que la prefinanciación se liquide sobre la base de los gastos en que se haya incurrido efectivamente, sin incluir los compromisos jurídicos;

370.  Respalda plenamente la instrucción dada por la Comisión a la DG DEVCO en su informe de síntesis(101), conforme a la cual le insta a que «busque medios con el fin de incrementar la medida en que tiene en cuenta el resultado de sus controles para ofrecer una garantía más diferenciada en función del riesgo y, posteriormente, dirigir una mayor parte de sus recursos de control a ámbitos cubiertos por reservas específicas, teniendo en cuenta la relación coste/eficacia de los diversos controles»;

371.  Pide a la Comisión que:

Administración

372.  Toma nota de que este ámbito muy específico se refiere a los gastos de las instituciones de la Unión y otros organismos, y que la Comisión desempeña aquí en muchos casos un papel de prestador de servicios a terceros;

373.  Señala que alrededor del 60 % del importe total corresponde a gastos de personal; las demás partidas se refieren a edificios, equipos, energía, comunicaciones y tecnologías de la información, entre otros;

374.  Pide que todas las instituciones y agencias de la Unión apliquen el artículo 16 del Estatuto de los funcionarios publicando anualmente información sobre los altos funcionarios que han abandonado la administración de la Unión, así como una lista de conflictos de intereses; pide que la estructura independiente ya mencionada evalúe la compatibilidad de los cargos ocupados tras el paso por la Unión o la situación que se produce cuando funcionarios y antiguos diputados al Parlamento Europeo pasan del sector público al sector privado (situación conocida como «puertas giratorias»), así como la posibilidad de que existan conflictos de intereses, y que defina periodos de incompatibilidad claros que cubran al menos el periodo durante el cual se conceden indemnizaciones transitorias;

375.  Señala que cinco antiguos funcionarios fueron empleados como asesores especiales en 2014 y recibieron una remuneración en un caso, durante 43 semanas y, en otros dos casos, durante 30 semanas; pide a la Comisión que aporte más información que explique por qué, en vez de pagar a dichos antiguos funcionarios por día, no se prolongaron los contratos originales, si se tuvieron en cuenta esos contratos originales y si, de ser así, si se abonaron pensiones al mismo tiempo y de qué manera;

376.  Señala que, mediante el aumento de la jornada laboral de 37,5 a 40 horas a la semana como consecuencia de la revisión del Estatuto, se ha ganado el equivalente de aproximadamente 2 900 empleos, y que esta ganancia compensa prácticamente los recortes de personal del 5 % a lo largo de varios años acordados en la reforma de Estatuto; pide a la Comisión que presente un informe transparente con indicaciones anuales sobre la reducción prevista de puestos de trabajo, y que en los cálculos relativos a dicho informe tenga en cuenta el aumento del tiempo de trabajo;

377.  Hace hincapié en que, para cada uno de los miembros de la Comisión, el procedimiento de aprobación de la gestión tiene prioridad sobre las demás reuniones, puesto que la comisión competente del Parlamento considera que cada comisario es responsable ante el Parlamento;

378.  Destaca la importancia del papel de los denunciantes de irregularidades; pide a la Comisión que vele por que cada institución de la Unión aplique las normas relativas a la protección de los denunciantes; pide a la Comisión que promueva una legislación sobre la protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión;

379.  Pide a todas las instituciones y agencias de la Unión que aún no lo han hecho que adopten urgentemente normas internas relativas a las denuncias de irregularidades y que adopten un enfoque común respecto de las obligaciones que les incumben, centrado en la protección de los denunciantes; pide que se preste especial atención a la protección de los denunciantes en el contexto de la Directiva relativa a la protección de los secretos comerciales; pide a la Comisión que promueva medidas legislativas sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes de irregularidades en la Unión; insta a las instituciones y agencias a que modifiquen el Estatuto de los funcionarios con objeto de garantizar que no solo obligue formalmente a los funcionarios a notificar irregularidades de todo tipo sino que establezca también una protección adecuada para los denunciantes de irregularidades; pide a las instituciones y a las agencias que apliquen sin demora el artículo 22, letra c), del Estatuto de los funcionarios;

380.  Manifiesta su preocupación por el número de suicidios entre el personal; considera que la Comisión debe llevar a cabo una evaluación exhaustiva del bienestar del personal en un esfuerzo por poner fin a los suicidios;

381.  Lamenta que, de las ocho recomendaciones formuladas por el Tribunal en 2011 y 2012, ninguna se haya aplicado en su totalidad, cinco se hayan aplicado en la mayoría de sus aspectos, y las tres restantes solo lo hayan sido en algunos;

382.  Toma nota de que el nivel de las bajas por enfermedad en la Comisión se mantiene estable; celebra la creación de un grupo de ayuda psicosocial que ha supuesto la reducción de los días de ausencia desde 2 200 días en 2010 a 772 en 2014; muestra, aun así, su preocupación por la necesidad de intervenir en 868 casos, si bien con un grado de satisfacción del 95 %;

383.  Toma nota de que más de 250 miembros del personal, que no fueron asumidos por los nuevos gabinetes, fueron reintegrados o acogidos en las direcciones generales, y que unos 550 miembros del personal de los nuevos gabinetes pasaron a formar parte de la nueva Comisión Juncker;

384.  Considera que el antiguo privilegio, que data de hace 64 años, por el que el personal de la Unión goza de inmunidad en los Estados miembros, hace tiempo que ha quedado obsoleto; pide que este privilegio, establecido en el Protocolo del Tratado, se limite al personal de la Unión en terceros países;

Legalidad y regularidad: errores

385.  Observa que el Tribunal analizó 129 operaciones, de las cuales 20 estaban afectadas por errores; señala que, basándose en los 12 errores cuantificados, el nivel estimado de error es del 0,5 %;

386.  Toma nota de que los principales errores consisten en indemnizaciones del personal y otras prestaciones asociadas no subvencionables o calculadas de forma incorrecta, pagos efectuados por servicios no incluidos en el contrato vigente y otros gastos indebidamente justificados;

Código de conducta y conflictos de intereses

387.  Toma nota de la gran atención que la opinión pública y los medios de comunicación prestan a las cuestiones relacionadas con la integridad, razón por la cual es preciso velar constantemente por el buen funcionamiento de los códigos de conducta; hace hincapié en que un código de conducta solo puede constituir una medida preventiva eficaz si se aplica correctamente y si su cumplimiento es objeto de un control sistemático, y no solo cuando se produzcan incidentes; señala que es necesario proceder a una revisión del código de conducta antes de finales de 2017;

388.  Alienta a las instituciones y las agencias de la Unión a que conciencien en mayor medida a sus funcionarios respecto de la política en materia de conflictos de intereses, paralelamente a las actividades de sensibilización en curso y a la inclusión de la integridad y la transparencia como aspectos que han de tratarse obligatoriamente durante los procedimientos de contratación y las evaluaciones de los resultados; considera que, en la legislación sobre conflictos de intereses, debe diferenciarse entre representantes electos y titulares de cargos públicos; opina que en los Estados miembros también son necesarias normativas de este tipo en relación con los titulares de cargos públicos y los funcionarios que participan en la gestión y el control de las subvenciones de la Unión; pide a la Comisión que presente un proyecto de fundamento jurídico sobre esta cuestión;

389.  Considera que la Comisión, de manera proactiva, debe divulgar los documentos sobre las recomendaciones del Comité de Ética ad hoc relativos a los puestos de trabajo de los antiguos comisarios tras finalizar su mandato, editando la información comercial o personal de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001;

390.  Pide a la Comisión que revise el Código de Conducta de los Comisarios antes de finales de 2017, en particular definiendo lo que constituye un «conflicto de intereses» así como introduciendo criterios para evaluar la compatibilidad de un puesto de trabajo después del fin del mandato y ampliando el periodo de incompatibilidad a tres años para los comisarios; solicita a la Comisión que pida a los Estados miembros que indiquen claramente todo posible conflicto de intereses de sus candidatos a miembro de la Comisión y que expliquen de qué manera se definen los conflictos de intereses en sus legislaciones nacionales; considera que, en caso de interpretaciones divergentes de los conflictos de intereses entre la legislación nacional y las normas que la propia Comisión aplica a este respecto, los Estados miembros deben seguir la interpretación de esta última;

391.  Pide a la Comisión, a este respecto, que preste especial atención a la prevención de los conflictos de intereses, así como a los casos de corrupción en las agencias descentralizadas, que resultan particularmente vulnerables habida cuenta de que son relativamente desconocidas para el público y de que están repartidas por la Unión;

392.  Señala que un paso importante en lo que respecta a los conflictos de intereses consiste en aumentar la transparencia del presidente de la Comisión, del Comité de Ética ad hoc de la Comisión y de la Secretaría General cuando examinan los posibles conflictos; pide a la Comisión que publique de forma proactiva los dictámenes del Comité de Ética de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 a fin de que el público pueda pedir cuentas a la Comisión por la decisión adoptada; reitera la recomendación del Parlamento de que se reforme el Comité de Ética ad hoc para ampliar sus competencias e incluir a expertos independientes;

393.  Considera que el Código de Conducta de los Comisarios debe incluir una descripción más clara de las tareas del Comité de Ética ad hoc e incluir el requisito de que los miembros del comité sean expertos independientes;

394.  Pide a la Comisión que publique las declaraciones de intereses en un formato abierto y que pueda leerse por medios electrónicos;

395.  Considera que es preferible que entre las funciones de los empleados públicos contratados para trabajar en el gabinete de un comisario europeo no figuren las relaciones con su propio Estado miembro, a no ser que previamente se realice un examen adecuado para evitar todo posible conflicto con los intereses legítimos de la Comisión;

Conflictos de intereses en la gestión compartida y en terceros países en relación con la gestión de los fondos de la Unión

396.  Señala que algunos Estados miembros no cuentan con disposiciones legislativas que excluyan la posibilidad de que los titulares de cargos ministeriales sean propietarios únicos o copropietarios de empresas;

397.  Considera que existe un grave conflicto de intereses en la posibilidad de que empresas en propiedad de titulares de cargos de la Unión puedan solicitar financiación de la Unión o beneficiarse de dicha financiación en calidad de subcontratistas, cuando los mismos propietarios de las empresas y titulares de los cargos son responsables tanto del uso adecuado de los fondos como del control de su uso;

398.  Pide a la Comisión que en el futuro incorpore en toda la legislación de la Unión relativa a los pagos una cláusula que prohíba que las empresas en propiedad de titulares de cargos en los Estados miembros de la Unión y en terceros países puedan solicitar o beneficiarse de financiación de la Unión;

Transparencia

399.  Considera que todos los datos sobre la ejecución del presupuesto en la Unión deben ser transparentes y estar sujetos a rendición de cuentas mediante publicación, e incluir el gasto de los Estados miembros relacionados con la gestión compartida;

400.  Subraya el principio de que la Comisión, a todos los niveles, debe poner fin a los contactos con grupos de interés no registrados;

401.  Pide a la Comisión que amplíe el registro de los datos de las reuniones con representantes de los grupos de interés para incluir a todo el que haya participado en el proceso de elaboración de políticas de la Unión, y para ello, solicitará a sus direcciones generales informes periódicos sobre las reuniones que tengan lugar en sus respectivos servicios y publicará esta información de una manera fácilmente accesible en el sitio web de la Comisión;

402.  Considera que la Comisión debe estar obligada a registrar y divulgar todas las contribuciones recibidas de representantes de los grupos de interés sobre los proyectos de políticas y leyes como una «huella legislativa»; propone que esta huella legislativa contenga información detallada sobre los representantes de los grupos de interés que hayan tenido una influencia sustancial en las propuestas de la Comisión;

403.  Acoge con satisfacción la publicación de una lista de los funcionarios de alto nivel que abandonan la Comisión y pide a la Comisión que incluya a todos los miembros del Gabinete en la definición de funcionarios de alto nivel;

Grupos de expertos

404.  Insta a la Comisión a que siga las recomendaciones del Defensor del Pueblo contra los conflictos de intereses en los grupos de expertos y que aplace la adopción de nuevas normas horizontales hasta que el Parlamento haya podido expresar su opinión sobre la base del trabajo en curso en un informe de propia iniciativa conjunto de la Comisión CONT y la Comisión JURI;

Otros

Migración y refugiados

405.  Acoge con satisfacción la información sobre los fondos, que podrían utilizarse para mitigar las situaciones de crisis causadas por un gran flujo de refugiados(102);

406.  Opina que los fondos de la Unión relacionados con la política de migración deben ser objeto de control y auditoría sobre la base de indicadores de resultados;

407.  Hace hincapié en la actual crisis migratoria y subraya que para abordarla es necesario que la Unión aporte una solución coherente; toma nota de los fondos asignados a la migración y la gestión de las fronteras exteriores en 2014, y pide al Tribunal que examine la posibilidad de elaborar rápidamente un informe especial sobre la eficacia de dichos fondos cuyas conclusiones podrían reflejarse en el proceso en curso de mejora de la política de migración y control de fronteras de la Unión;

408.  Se remite a los apartados 234 y 235 del informe sobre la aprobación de la gestión 2013 ; pide información actualizada sobre la cooperación en curso con el Grupo Internacional de Gestión (GIG), así como información de la Comisión, en particular acerca de los nuevos contratos y pagos en marcha;

409.  Pide que se aclare qué proyectos griegos no terminados de la Unión no pueden ya financiarse desde el 31 de diciembre de 2015; pide que se aclare qué ocurrirá ahora con cada uno de esos proyectos;

La OLAF

410.  Considera que la OLAF es un actor fundamental en la lucha contra la corrupción, por lo que considera sumamente importante que la institución funcione de manera efectiva e independiente; recomienda que, de conformidad con el Reglamento de la OLAF, se conceda al Comité de Vigilancia de la OLAF acceso a toda la información necesaria para el desempeño efectivo de su mandato en relación con la supervisión de las actividades de la OLAF y que se le conceda independencia presupuestaria;

411.  Subraya que los Estados miembros no están realizando un seguimiento de los presuntos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión que ha presentado la OLAF; pide a la Comisión que tome las medidas adecuadas, y a la OLAF, que prosiga y agilice su análisis de los motivos por los que los Estados miembros no realizan un seguimiento de dichos casos, que informe al Parlamento de sus conclusiones en relación con este asunto y que siga apoyando a los Estados miembros en la mejora de sus resultados en la prevención y detección del fraude contra los fondos europeos;

412.  Toma nota de los esfuerzos desplegados por la OLAF para poner en práctica la mayoría de las recomendaciones formuladas por su Comité de Vigilancia(103); expresa su deseo de ser informado, no obstante, acerca de las diferencias fundamentales y de si las recomendaciones correspondientes se han puesto en práctica o no; espera que, en el futuro, la OLAF informe claramente acerca de dónde y en qué medida se desvía de las recomendaciones originales emitidas por el Comité de Vigilancia; señala que 2014 fue el primer año en que el Comité de Vigilancia decidió hacer un seguimiento de las recomendaciones que había formulado con anterioridad; pide a la OLAF y a su Comité de Vigilancia que lleven a cabo este ejercicio cada año;

413.  Insta a la OLAF a que aplique las recomendaciones sobre la participación directa del director general en las investigaciones, ya que el artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 establece claramente que las investigaciones serán realizadas por el personal designado por el director general y no por el director general mismo, ya que ello podría dar pie a investigaciones con objetivos en conflicto;

414.  Espera que la OLAF aplique la recomendación del Comité de Vigilancia de incluir la verificación de todo conflicto de intereses potencial entre las funciones de un experto nacional y su participación en actividades de investigación en el expediente correspondiente;

415.  Está firmemente convencido de que el Comité de Vigilancia debe ser informado de todos los casos desestimados en los que se haya transmitido información a las autoridades judiciales nacionales, de conformidad con el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013, a fin de proteger las garantías procesales de las personas a que se refieran las acusaciones; pide a la OLAF que aplique las recomendaciones del Comité de Vigilancia lo antes posible;

416.  Observa que la OLAF concluyó en 2014 un total de 307 investigaciones y actividades coordinadas, y en 147 de estas investigaciones emitió una recomendación, lo que da un índice de seguimiento del 47 %; observa que en los años anteriores a 2011 el índice estaba generalmente por encima del 50 %; espera que la OLAF adopte medidas para recuperar su eficacia de forma permanente mejorando su procedimiento de selección; opina que la OLAF debe reconsiderar la recomendación n.º 31 del Comité de Vigilancia para aumentar su eficacia;

417.  Toma nota de los esfuerzos conjuntos de la OLAF y el Comité de Vigilancia para alcanzar un acuerdo sobre nuevas modalidades de trabajo; reitera el llamamiento que hizo en relación con el presupuesto de 2013 para que se resuelvan rápidamente las cuestiones pendientes entre la OLAF y su Comité de Vigilancia, de modo que ambos puedan desempeñar sus obligaciones jurídicas de manera eficaz con arreglo a las condiciones de su actual cooperación limitada; pide a la Comisión que desempeñe plenamente su papel y que trabaje de manera activa por alcanzar una solución a largo plazo que se aplique sin demora;

418.  Celebra la decisión del Colegio de Comisarios de suspender la inmunidad del director general de la OLAF a fin de que las autoridades judiciales belgas puedan investigar la posible grabación ilegal de conversaciones telefónicas (preparadas de antemano por la OLAF) entre un testigo (instigado por la OLAF a hacer la llamada) y una persona interesada en los locales de la OLAF y con la asistencia de investigadores de la OLAF;

419.  Hace hincapié en que, para ser coherente con su mandato, el Comité de Vigilancia debe contar con personal autónomo, independiente de la administración de la OLAF y con autonomía financiera; acoge con satisfacción los esfuerzos que está haciendo la Comisión a tal fin;

420.  Insta a la OLAF a que permita el acceso del Comité de Vigilancia a los documentos que este considere necesarios para desempeñar sus funciones de acuerdo con las competencias que le otorga el mandato legislativo;

421.  Observa que, en 2014, la OLAF tomó medidas de gran calado para mejorar la protección de los intereses financieros de la Unión por parte de la Comisión y los Estados miembros, mediante la realización de acciones prioritarias de la estrategia plurianual de lucha contra el fraude, centradas tanto en el desarrollo de estrategias de lucha contra el fraude en el ámbito de los servicios de la Comisión y las agencias, como en el apoyo a los Estados miembros para que estos elaboren sus propias estrategias de lucha contra el fraude;

422.  Señala que, en 2014, la OLAF recomendó una cantidad récord de recuperaciones financieras en el presupuesto de la Unión, por un importe total de 901 millones EUR, más del doble del importe correspondiente a 2013; señala que, en 2014, también aumentó la cantidad total recaudada por las autoridades pertinentes, tras la recomendación de la OLAF de recuperar 206,5 millones EUR (frente a los 117 millones EUR de 2013);

423.  Insta a la OLAF a que elabore normas internas sobre denuncia de irregularidades de conformidad con el nuevo Estatuto de los funcionarios de 2014;

424.  Recuerda que la Comisión ha recibido de los tribunales belgas una solicitud de suspensión de la inmunidad de su personal; insiste en que la Comisión debe cooperar plenamente con las autoridades judiciales belgas;

425.  Señala que, en el informe anual 2014 de la OLAF, se especifican las actividades de investigación y los resultados por sector; pide a la OLAF que, en el próximo informe anual, incluya información detallada sobre el tipo de investigación y los resultados en todos los sectores;

Acuerdos sobre el tabaco

426.  Recuerda que, en mayo de 2015, la Comisión prometió presentar su evaluación sobre el acuerdo con Philip Morris International (PMI) lo antes posible; destaca que la Comisión aplazó varias veces la publicación de la evaluación y que esta se publicó finalmente el 24 de febrero de 2016, un día antes de un debate sobre la cuestión en el Pleno del Parlamento; cree firmemente que este retraso en la publicación constituye un grave incumplimiento por parte de la Comisión de sus obligaciones de transparencia, tanto ante el Parlamento como ante los ciudadanos de la Unión, que debilita la capacidad del Parlamento de expresar oportunamente su opinión sobre este complejo y delicado asunto;

427.  Hace hincapié en que, cuando se concluyó por primera vez en 2004, el acuerdo PMI fue un instrumento innovador en la lucha contra el comercio ilícito de tabaco, pero subraya que desde entonces el mercado y el marco regulador han experimentado cambios sustanciales; destaca que los acuerdos celebrados con las «cuatro grandes» empresas tabaqueras(104) no aborda características importantes del actual comercio ilícito de tabaco, en particular el elevado porcentaje de este comercio constituido hoy en día por cigarrillos baratos y sin marca; insta a la Comisión a que presente un plan de acción en el que establezca nuevas medidas para solucionar urgentemente este problema;

428.  Opina, por tanto, que todos los elementos que abarcan los acuerdos sobre el tabaco quedarán cubiertos por el nuevo marco jurídico que constituyen la Directiva sobre productos del tabaco(105) y el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaco (CMCT);

429.  Recuerda que el Parlamento expresó su posición el 9 de marzo de 2016(106) en el sentido de que no conviene renovar, prorrogar ni renegociar el acuerdo PMI;

430.  Insta a la Comisión a que ponga en marcha, a escala de la Unión y antes de que venza el acuerdo PMI, todas las medidas necesarias para el seguimiento y la localización de los productos del tabaco PMI, y a que emprenda acciones jurídicas ante las incautaciones ilegales de productos de este fabricante hasta que sean plenamente aplicables todas las disposiciones de la Directiva sobre productos del tabaco, con el fin de evitar cualquier vacío normativo entre el momento en que expire el acuerdo PMI y la entrada en vigor de la Directiva sobre productos del tabaco y el CMCT;

431.  Pide a PMI que siga aplicando las disposiciones sobre diligencia debida y sobre seguimiento y localización («conozca a su cliente») contenidas en el actual acuerdo, independientemente de si se renueva o no;

432.  Pide a la Comisión que presente un nuevo reglamento adicional por el que se cree un sistema independiente de seguimiento y localización y se apliquen disposiciones en materia de diligencia debida («conozca a su cliente») al tabaco de liar, a los filtros y a los papeles utilizados por la industria del tabaco, como instrumento adicional para luchar contra el contrabando y las falsificaciones;

433.  Lamenta el retraso de la Comisión en la evaluación de los acuerdos sobre el tabaco; pide a la Comisión que presente dicha evaluación lo antes posible, y que exponga en ella los resultados de las inversiones realizadas con el dinero pagado por las empresas tabacaleras en virtud de dichos acuerdos;

434.  Manifiesta su preocupación por las constataciones de la Defensora del Pueblo Europeo(107), según las cuales, a excepción de la DG de Sanidad, la Comisión no aplicó en su totalidad las normas y orientaciones de la OMS en materia de transparencia y actividades de los grupos de presión en el sector del tabaco; opina, por lo tanto, que se ha puesto en peligro la credibilidad e integridad de la Comisión;

435.  Insta a todas las instituciones pertinentes de la Unión a que apliquen el artículo 5, apartado 3, del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco, de conformidad con las recomendaciones incluidas en las directrices al respecto; insta a la Comisión a que publique inmediatamente los acuerdos de evaluación con las empresas tabacaleras y una evaluación de impacto sobre la aplicación del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco;

Escuelas Europeas

436.  Señala que las Escuelas Europeas han recibido 164,2 millones EUR del presupuesto de la Unión, lo que representa el 59 % del presupuesto operativo de las escuelas;

437.  Manifiesta su profunda preocupación por las conclusiones del informe del Tribunal sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para el ejercicio 2014, según las cuales, debido a las deficiencias permanentes en materia de contabilidad y control, el Tribunal no está en medida de confirmar que las cuentas consolidadas de 2014 no contengan inexactitudes materiales;

438.  Observa que el director general de Recursos Humanos y Seguridad (DG HR) mantuvo su «reserva por motivos de reputación» en el informe de síntesis de 2014 de la Comisión sobre las Escuelas Europeas y que el representante de la Comisión Europea votó en contra de la aprobación de la gestión en las cuentas de las Escuelas Europeas de 2012 y 2013; lamenta que los representantes de los Estados miembros no se tomen los problemas con la misma seriedad;

439.  Recuerda que el Parlamento, en su procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2010, ya había cuestionado «las estructuras decisorias y de financiación del Convenio sobre las Escuelas Europeas», y había pedido a la Comisión que explorase «con los Estados miembros una revisión de este Convenio» e informase «antes del 31 de diciembre de 2012 sobre los progresos realizados»; señala que el Parlamento no recibió nunca informe alguno sobre los progresos realizados;

440.  Apoya plenamente las once recomendaciones formuladas por el Tribunal en su informe de 11 de noviembre de 2015 sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para 2014, relativas en particular a la contabilidad, el personal, los procedimientos de contratación, las normas de control y los pagos;

441.  Pide a la Comisión que, antes del 1 de julio de 2016, informe sobre los progresos realizados por las Escuelas Europeas en la aplicación de las recomendaciones hechas por el Tribunal y del plan de acción de la Comisión;

442.  Pide a la Autoridad Presupuestaria que, durante el procedimiento presupuestario de 2017, consigne en la reserva parte de la contribución del presupuesto de la Unión a las Escuelas Europeas, destinada principalmente a la Oficina del Secretario General, a menos que se registren suficientes avances en la aplicación de las recomendaciones del Tribunal;

Euronews

443.  Toma nota de que Euronews recibió 18 millones EUR con cargo al presupuesto de la Unión en 2014, a pesar de que la Comisión no es accionista de Euronews; está preocupado por el hecho de que la estructura de gobernanza actual de Euronews no permita una independencia y autonomía totales con respecto a sus accionistas internacionales; pide a la Comisión que, en su calidad de principal contribuyente financiero, vele por que Euronews respete los principios de buena gestión financiera y todos los acuerdos jurídicos con la Comisión, incluida la carta vinculante sobre independencia editorial;

Resumen

444.  Concluye, en resumidas cuentas, que:

Resultados generales y recomendaciones políticas

445.  Considera que la aprobación de la gestión de 2014:

C. Opinión de las comisiones parlamentarias

Asuntos Exteriores

446.  Manifiesta su preocupación por el aumento del índice de errores importantes en la rúbrica 4 para el ejercicio 2014; respalda las recomendaciones formuladas por el Tribunal en su informe anual e insta a la Comisión a seguir con diligencia las recomendaciones de los ejercicios anteriores que no se hayan aplicado todavía;

447.  Se felicita por que la DG NEAR haya solucionado el error sistémico que afectaba a sus gastos en el ejercicio 2013 y realizado los cambios sustanciales en sus sistemas requeridos por el Tribunal; expresa asimismo su satisfacción por que se constatase que el informe anual de actividades de la DG ECHO era correcto según la labor de auditoría del Tribunal;

448.  Observa con preocupación los errores detectados en el contexto de la verificación de los gastos en los convenios de subvención, que suponen más del 50 % de los errores detectados por el Tribunal en la rúbrica 4; toma nota de que el principal tipo de error se refiere a los gastos no admisibles; destaca la importancia de evitar o detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos, mediante una aplicación mejor de los controles ex ante; toma nota con especial preocupación de la incapacidad de EuropeAid para detectar errores; insta a la Comisión a velar por que se intensifiquen los esfuerzos realizados hasta ahora para solventar esos problemas con la verificación de los gastos, y a realizar un seguimiento exhaustivo de la recomendación acerca de la supervisión de las subvenciones formulada por el Tribunal en su informe anual de 2011;

449.  Destaca la necesidad de efectuar una evaluación ex ante seria en los casos en que la Comisión decide financiar, en particular a través del Banco Europeo de Inversiones, grandes proyectos de infraestructuras con alto impacto medioambiental, con el fin de comprobar la sostenibilidad financiera, medioambiental y social, y pide que la financiación de la Unión en terceros países se concentre en proyectos que garanticen la sostenibilidad financiera y ambiental, así como la utilidad económica y social;

450.  Reconoce los avances continuos de la Comisión en lo que se refiere a la acreditación de todas las misiones de la política exterior y de seguridad común, de conformidad con la «evaluación en seis pilares», y se felicita, en particular, porque las tres misiones más grandes sean ahora conformes; subraya la necesidad de que la Comisión acredite todas las misiones con arreglo a la recomendación del Tribunal;

451.  Acoge con satisfacción la creación de la plataforma de apoyo a las misiones y reitera su llamamiento a la Comisión para que adopte medidas con el fin de establecer un auténtico Centro de Servicios Compartidos (SSC), junto con un Sistema Integrado de Gestión de Recursos (IRMS), como forma para mejorar la velocidad de despliegue y rentabilidad de las misiones; propone que se actualice el almacén de la política común de seguridad y defensa (PCSD) y que sirva asimismo a las misiones de la PCSD en curso, y sea gestionado por el futuro SSC;

452.  Lamenta los retrasos significativos en la adquisición de equipos y servicios esenciales para las misiones de la PCSD y el efecto negativo resultante sobre el funcionamiento de dichas misiones; recuerda que el Tribunal, en su Informe Especial de 2012 sobre la asistencia de la Unión a Kosovo relacionada con el Estado de Derecho, denunció la falta de eficacia y concluyó que los procedimientos sobre adjudicación de contratos establecidos en el Reglamento Financiero «no están concebidos para misiones de la PCSD [...] que a veces requiere respuestas rápidas y flexibles»; lamenta que la reciente revisión del Reglamento Financiero no haya introducido los cambios necesarios de las normas financieras; reitera su opinión de que la gestión de las líneas presupuestarias pertinentes debe delegarse al comandante de la operación civil, de la misma forma que se ha hecho con los directores de las delegaciones de la Unión;

453.  Recuerda que la eficacia de las misiones de formación y asesoramiento de la PCSD se ve enormemente obstaculizada por las dificultades institucionales de la Unión para acompañar estas acciones con equipo de apoyo básico; se congratula, en este contexto, por los esfuerzos realizados por la Comisión en la aplicación de la Comunicación conjunta relativa al desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo; pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas necesarias para la creación de un fondo específico lo más rápidamente posible, con el fin de que pueda incluirse en el presupuesto de la Unión en el curso de la revisión a medio plazo del MFP;

454.  Acoge con satisfacción los Informes Especiales de 2015 del Tribunal sobre EUPOL Afganistán y sobre el apoyo de la Unión a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte; insta a la Comisión a que aplique todas las recomendaciones del Tribunal en el marco de dichos informes;

455.  Subraya la importancia de tener en cuenta criterios relacionados con el contexto a la hora de evaluar la eficacia de los proyectos de la Unión en terceros países, en la medida en que las actividades de ayuda exterior de la Unión suelen llevarse a cabo en regiones en crisis y en contextos políticamente difíciles;

Desarrollo y Cooperación

456.  Recuerda que el gasto en ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo de la Unión suele producirse en entornos muy problemáticos lo que aumenta la dificultad en relación con la ejecución del proyecto, las evaluaciones y los controles de gasto; considera, por consiguiente, que la ayuda al desarrollo y la ayuda humanitaria tienen una probabilidad de error mayor que otros ámbitos de actuación política de la Unión;

457.  Observa que, de acuerdo con el Tribunal, el 57 % de los errores están relacionados con gastos no admisibles; apoya la recomendación del Tribunal con respecto a EuropeAid de mejorar los controles ex ante y hacer un mejor uso de las visitas sobre el terreno para detectar errores;

458.  Celebra que, según el Tribunal, los procedimientos de control puestos en marcha por la DG ECHO en lo relativo a las transacciones financieras funcionen correctamente y que su sistema de informes sea fiable; felicita por ello a dicha DG;

459.  Reconoce que los gastos relacionados con la seguridad son importantes para el desarrollo y especialmente relevantes en el marco de los esfuerzos que se están desplegando en la actualidad por abordar de manera integral el nexo entre la seguridad y el desarrollo y cumplir el objetivo número 16 de la agenda de desarrollo, pero hace hincapié en que este tipo de financiación no constituye ayuda internacional al desarrollo y que en la actualidad no puede proceder del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) creado por el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo ni del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

460.  Observa que, en 2014, dos proyectos ligados a la gestión de fronteras en Libia por un valor de 12,9 millones EUR fueron financiados a través de instrumentos de cooperación al desarrollo; recuerda que el principal objetivo del ICD es reducir la pobreza; reitera su profunda preocupación por que los programas de desarrollo puedan emplearse para fines que no estén directamente relacionados con el desarrollo; recuerda que tal enfoque no ayudará a la Unión a cumplir su objetivo de emplear el 0,7 % de su RNB para la ayuda oficial al desarrollo;

461.  Toma nota del valor potencial del marco de resultados de la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo iniciado en 2015 así como de los riesgos que conlleva, señalados por el Tribunal en su Informe especial n.º 21/2015; considera necesario evitar, asimismo, el riesgo, de mayor carácter político, de que se sobrevalore la consecución del número limitado de resultados cuantificables incluidos por la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo en el marco de resultados en detrimento de la consecución de otros resultados relacionados con los objetivos de la política en materia de cooperación al desarrollo de la Unión y de resultados cualitativos; hace hincapié en la importancia de tratar este marco como un complemento de otros mecanismos de seguimiento e información;

462.  Celebra el Informe Especial del Tribunal n.º 18/2014 titulado «Sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid»; pide a la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo que aborde urgentemente las diversas lagunas señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el Informe Especial del Tribunal n.º 18/2014, en particular las referidas a deficiencias serias en el sistema de evaluación de dicha DG; pone de relieve que un sistema de evaluación que no funcione correctamente aumenta el riesgo de seleccionar proyectos que carezcan de calidad o que no cumplan sus objetivos; señala y muestra su preocupación por la divergencia de opiniones entre la Comisión y el Tribunal en lo que respecta a información fiable sobre la eficacia de las operaciones de apoyo presupuestario; cree que existe una relación entre la falta de personal en las delegaciones de la Unión y en la Unidad de Evaluación de la DG DEVCO y los problemas resaltados por el Tribunal; considera que esto ilustra consecuencias perjudiciales que pueden tener los recortes de personal para el funcionamiento eficaz de los programas de la Unión;

463.  Confía en que la DG de Cooperación Internacional y Desarrollo abordará las diversas lagunas señaladas en relación con sus sistemas de evaluación y seguimiento en el Informe Especial del Tribunal n.º 18/2014;

464.  Pide la puesta en marcha de una capacidad de escrutinio formal en relación con el FED, posiblemente a través de un acuerdo interinstitucional de carácter vinculante en virtud del artículo 295 del TFUE;

465.  Expresa su profunda preocupación por las conclusiones del Informe Especial del Tribunal n.º 11/2015 sobre la gestión por parte de la Comisión de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero (ACP); observa que el Tribunal expresa dudas sobre la sostenibilidad de los ACP debido a la difícil aplicación del concepto de excedentes pesqueros; asimismo, toma nota de que el Tribunal cuestiona seriamente la calidad del control por parte de la Comisión de la aplicación de los ACP; lamenta también que, según el Tribunal, las evaluaciones ex post de los ACP no se utilicen lo suficiente en la elaboración de acuerdos de seguimiento; insta a la Comisión a que aplique lo antes posible las numerosas recomendaciones del Tribunal;

466.  Recuerda que una escasez importante prácticamente constante de fondos para pagos en 2014 agravó las dificultades de la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil para responder adecuadamente a las crisis humanitarias cada vez más graves registradas en los países vecinos de la Unión y en otras regiones; acoge con satisfacción el hecho de que la mejor adaptación de los créditos en los presupuestos de 2015 y 2016 de la Unión haya resuelto en gran medida el problema de los pagos de la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil;

467.  Lamenta que, debido a la escasez de créditos de pago en 2014, no pudiesen efectuarse los pagos de apoyo presupuestario a Marruecos y Jordania por un valor total de 43 millones EUR en 2014, como se había previsto contractualmente; considera que es gravemente perjudicial para la credibilidad de la Unión;

Empleo y Asuntos Sociales

468.  Observa con preocupación que el nivel de error estimado en el ámbito político del empleo y los asuntos sociales fue en 2014 del 3,7 %, es decir levemente superior al del ejercicio anterior (3,1 %); destaca que esto representa un paso atrás en el objetivo de alcanzar un índice de error inferior al 2 %;

469.  Acoge con satisfacción el hecho de que el informe del Tribunal analice la ejecución del presupuesto de la Unión a la luz de la Estrategia Europa 2020; toma nota de la observación de que la contribución presupuestaria de la Unión no se determina por separado en el contexto del logro de los objetivos principales, como los relativos al empleo y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social;

470.  Acoge además con satisfacción las recomendaciones del Tribunal de que se armonicen mejor la Estrategia Europa 2020 y el marco financiero plurianual y de que los objetivos políticos de alto nivel se traduzcan en objetivos operativos útiles, y pone de relieve la importancia de centrarse en el rendimiento y en los resultados, así como en el valor añadido, en particular en el caso de los principales objetivos sociales y en materia de empleo, ámbito en que la Comisión no tiene competencias para crear un marco jurídicamente vinculante; insta a la Comisión a que siga elaborando indicadores de resultados y sistemas de supervisión con objeto de comparar los resultados con los objetivos acordados, disponer de mejor información al establecer futuros objetivos e incrementar la eficiencia del gasto de la Unión;

471.  Toma nota de las observaciones del Tribunal sobre el aumento del riesgo de irregularidades en el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que participan en Horizonte 2020; apoya la respuesta de la Comisión en el sentido de que la participación de las pymes en el programa es fundamental para la creación de crecimiento y de empleo, toma nota de que se han simplificado las normas administrativas de las pymes y hace hincapié en que una ulterior simplificación comportaría una mayor participación de estas empresas; destaca la importancia de la creación de empleos sostenibles mediante las pymes;

472.  Observa que las pymes son las principales creadoras de empleo de Europa y considera que puede hacerse más para incrementar su participación en los programas de financiación de la Unión; pide a la Comisión que introduzca nuevas medidas para fomentar la participación activa de las pymes, incluida la aplicación del principio «pensar primero a pequeña escala»;

473.  Señala que el carácter intangible de las inversiones en capital humano, la diversidad de las actividades y la participación de múltiples socios, a menudo a pequeña escala, en la ejecución de los proyectos siguen siendo los principales riesgos para la regularidad de los gastos del FSE; pide a la Comisión que siga adelante con medidas de mitigación específicas, tanto de tipo preventivo como correctivo;

474.  Toma nota de los resultados del Informe Especial del Tribunal n.º 17/2015 relativo a la reorientación de la financiación del FSE en el periodo 2012-2014; toma nota con preocupación de las carencias en los informes de la Comisión relativos al impacto de estos fondos y considera que un mayor movimiento hacia una política basada en los resultados es fundamental para garantizar una responsabilidad financiera sólida y un uso eficiente de los fondos de la Unión;

475.  Manifiesta su preocupación por que los elevados índices de error seguidos por suspensiones e interrupciones puedan afectar al cierre satisfactorio de los programas 2007-2013;

476.  Considera que la promoción de un mayor uso de las opciones de coste simplificadas puede desembocar en la reducción de la carga administrativa, la disminución de los errores y una orientación más centrada en el rendimiento y los resultados; señala, sin embargo, que las opciones de coste simplificadas deben aplicarse en un entorno de seguridad jurídica y confianza, junto a una evaluación de los beneficios, y con la plena implicación de las partes interesadas en todos los niveles; destaca que las opciones de coste simplificadas deben seguir siendo una opción disponible para los Estados miembros;

477.  Insiste en que los Estados miembros deben evitar complicar ulteriormente las normas y los requisitos relativos a la aplicación del FSE que imponen cargas adicionales para los beneficiarios y aumentan el riesgo de error;

478.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, de las 178 operaciones examinadas por el Tribunal en el ámbito de la política de empleo y asuntos sociales, 62 (34,8 %) se vieron afectadas por errores, de los cuales 12 fueron errores cuantificables que superan el 20 % (6,7 %); pide a la Comisión que aplique medidas correctivas y procedimientos estrictos para reducir el riesgo de irregularidades en este ámbito político y que lleve a cabo un seguimiento de los casos de gastos no admisibles señalados por el Tribunal;

479.  Lamenta que el número de programas del FSE con un índice de error superior al 5 % se haya elevado del 18,8 % en 2013 al 22,9 % en 2014, y que el volumen de pagos afectados por estos índices presente un incremento espectacular del 11,2 % al 25,2 %;

480.  Llama la atención sobre la reiterada observación del Tribunal de que el porcentaje de error sería menor si las autoridades nacionales hubieran hecho un mejor uso de la información disponible antes de remitir solicitudes de pago a la Comisión; insiste, en este sentido, en que los Estados miembros y las autoridades nacionales deben efectuar controles más concienzudos y abstenerse de solicitar el reembolso de gastos incorrectos;

481.  Anima a los Estados miembros a recurrir al instrumento Arachne para la evaluación de riesgos, y alienta a la Comisión a seguir facilitando a los Estados miembros orientaciones pertinentes y asistencia técnica para la correcta aplicación de los requisitos de gestión y control en el periodo 2014-2020; insiste en que la Comisión debe mejorar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

482.  Pide a la Comisión que siga las recomendaciones del Tribunal a fin de garantizar que la ejecución del presupuesto de la Unión contribuya más eficazmente a la consecución de los principales objetivos sociales y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020; espera, en este sentido, que la Comisión y los Estados miembros utilicen mejores indicadores de rendimiento y mejoren sus informes acerca de los resultados conseguidos en el periodo 2014-2020;

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

483.  Considera oportuno recordar que, de conformidad con el TFUE, el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general después de examinar las cuentas, la ficha de financiación, el informe de evaluación a que se refiere el artículo 318 del TFUE, el informe anual del Tribunal acompañado de las respuestas de las instituciones sometidas a auditoría, la declaración de fiabilidad y los informes especiales del Tribunal;

484.  Recuerda que estaba previsto que 2014 fuera el primer año de aplicación del nuevo MFP, destinado a determinar el tamaño y la distribución del gasto de la Unión para el periodo 2014-2020, y que, como consecuencia de ello, el nivel de aplicación es más bajo que en ejercicios anteriores;

485.  Toma nota de la forma en que se presentan los ámbitos políticos de medio ambiente y salud en el informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014; expresa su preocupación por el hecho de que los ámbitos políticos correspondientes al medio ambiente y al clima figuren de nuevo en el capítulo dedicado al desarrollo rural y la pesca; reitera su crítica al orden ilógico de los diferentes ámbitos políticos en este capítulo concreto; considera que no corresponde al Tribunal la decisión política de agrupar las diferentes áreas; insta al Tribunal a que revise este planteamiento en su próximo informe anual;

486.  Considera oportuno destacar, en este mismo contexto, que el capítulo que incluye el desarrollo rural, el medio ambiente, la pesca y la salud en el informe del Tribunal correspondiente al ejercicio de 2014 presenta el mayor porcentaje de errores, con un 6,2 % frente a la media general del 4,4 %; observa, por otra parte, que muchas de las principales deficiencias constatadas por el Tribunal son muy similares a las ya notificadas en los tres últimos ejercicios;

487.  Observa que los puntos de vista del Tribunal y de la Comisión difieren en cuanto a la metodología de cálculo de los errores; señala que la Comisión considera que el porcentaje de error representativo anual del Tribunal debe considerarse en el contexto del carácter plurianual de las correcciones y recuperaciones financieras netas;

488.  Toma nota de que el Tribunal no ha formulado ninguna observación con respecto a la gestión de las políticas «Salud pública», «Seguridad alimentaria» y «Medio ambiente y acción por el clima»;

489.  Expresa su satisfacción por lo que se refiere a la aplicación general en el ejercicio de 2014 de las líneas presupuestarias correspondientes a los ámbitos de medio ambiente, acción por el clima, salud pública y seguridad alimentaria; recuerda una vez más que la Unión tan solo asigna a esos instrumentos políticos menos del 0,5 % de su presupuesto, y que debe tenerse presente el claro valor añadido de la Unión en esos ámbitos y el apoyo que los ciudadanos europeos prestan a las políticas ambientales y climáticas de la Unión, así como a la salud pública y a la seguridad alimentaria;

490.  Manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas que son de la competencia de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas y de gestión que contribuyen a que las instituciones de la Unión elaboren y apliquen políticas en el ámbito del medio ambiente, el clima, la salud pública y la seguridad alimentaria, así como por la forma en que ejecutan sus presupuestos;

Acción por el medio ambiente y el clima

491.  Destaca que la DG ENV dispuso de 352 041 708 EUR en créditos de compromiso y que ejecutó el 99,7 % de este importe; considera satisfactorio, por lo que respecta a los créditos de pago, que se haya utilizado el 95,03 % de los 290 769 321 EUR disponibles; observa, por otra parte, que los gastos administrativos de LIFE+ se ejecutaron a lo largo de dos ejercicios presupuestarios (mediante prórrogas automáticas) y que, si no se tiene en cuenta este gasto administrativo, el índice de ejecución de los pagos es del 99,89 %;

492.  Toma nota de que la DG CLIMA ha aumentado su ejecución al 99,7 % de 102 694 032 EUR en créditos de compromiso y al 93,1 % de 32 837 296 EUR en créditos de pago y que, sin tener en cuenta el gasto administrativo, el porcentaje de ejecución de los pagos representa un 98,5 %;

493.  Considera satisfactorio el nivel general de ejecución del presupuesto operativo de LIFE+, que en 2014 ascendió al 99,9 % en créditos de compromiso y al 97,4 % en créditos de pago; observa que en 2014 se destinaron 283 121 194 EUR a convocatorias de propuestas para proyectos en los Estados miembros, que 40 000 000 EUR se utilizaron para financiar operaciones en el marco de los instrumentos financieros «Mecanismo de Financiación del Capital Natural» (NCFF) e «Instrumentos de financiación privada para la eficiencia energética» (PF4EE), que 8 952 827 EUR se destinaron a apoyar actividades operativas de organizaciones no gubernamentales activas en la protección y el fortalecimiento del medio ambiente en el ámbito de la Unión y que participan en el desarrollo y la aplicación de la política y legislación de la Unión, y que 49 502 621 EUR se utilizaron para apoyar a la Comisión en su misión de iniciativa y seguimiento de la evolución de las políticas y la legislación; observa que se utilizaron 20 914 622 EUR para prestar apoyo administrativo a LIFE y apoyo operativo a la Agencia EASME;

494.  Es consciente de que el porcentaje de utilización correspondiente a acciones en el marco de LIFE+ sigue siendo ligeramente inferior en comparación con los créditos de compromiso, si bien con un elevado porcentaje de ejecución;

495.  Toma nota de que se ha asignado un importe de 4 350 000 EUR en concepto de contribuciones a convenios, protocolos y acuerdos internacionales de los que la Unión es parte o en relación con los cuales participa en los trabajos preparatorios;

496.  Considera satisfactorios los progresos alcanzados en la ejecución de doce proyectos piloto y seis acciones preparatorias, por importes que ascienden en total a 2 950 000 EUR; es consciente de que la ejecución de esas medidas puede ser onerosa para la Comisión, dados los pequeños importes disponibles en relación con los procedimientos de ejecución necesarios (por ejemplo, plan de acción, convocatoria de propuestas, etc.); insta a la Autoridad Presupuestaria a que se centre en los proyectos piloto y las acciones preparatorias que aporten un auténtico valor añadido para la Unión en el futuro;

Salud Pública

497.  Recuerda que 2014 ha sido el primer año de aplicación de los nuevos programas: el Programa de Salud Pública se adoptó el 11 de marzo de 2014 (Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(108)), mientras que el marco financiero común para piensos y alimentos se adoptó el 27 de junio de 2014 (Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(109));

498.  Toma nota de que, en el ejercicio 2014, la DG SANTE fue responsable de la ejecución de 244 221 762 EUR correspondientes a las líneas presupuestarias de salud pública y que el 96,6 % de dicho importe se ejecutó satisfactoriamente; es consciente de que aproximadamente el 75 % de ese presupuesto se transfiere directamente a tres agencias descentralizadas (el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia Europea de Medicamentos); toma nota, asimismo, de que el nivel de ejecución de los créditos de compromiso es superior al 98,9 % en el caso de todas las líneas excepto en el caso de la Agencia Europea de Medicamentos, cuyo déficit en la ejecución de los créditos de compromiso corresponde a la ejecución de 2013 que se ha utilizado en el ejercicio 2015;

499.  Toma nota de que el nivel de ejecución de los créditos de pago es del 98,8 %, lo que refleja un muy buen porcentaje de ejecución;

500.  Toma nota de que el nivel de ejecución del programa sobre salud pública 2008-2014 también es muy satisfactorio (el 99,7 % en créditos tanto de compromiso como de pago) y de que los créditos no utilizados restantes corresponden sobre todo a ingresos afectados que aún se pueden utilizar en 2015;

501.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la ejecución de los diez proyectos piloto y las cinco acciones preparatorias que incidían en la responsabilidad de la DG SANTE en el ámbito de la salud pública se encuentre en una fase bastante avanzada, y de que se hayan utilizado todos los créditos de compromiso correspondientes (6 780 000 EUR);

Seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales y fitosanidad

502.  Observa que el porcentaje de ejecución para la seguridad de los alimentos y los piensos, la salud y el bienestar de los animales y las cuestiones fitosanitarias es del 96,8 %; señala no obstante que, sin tomar en consideración la prórroga automática de 6 800 000 EUR, el porcentaje de ejecución alcanza el 100 % de los créditos disponibles;

503.  Observa que, al igual que en el ejercicio precedente, la contribución de la Unión a los programas de lucha contra la tuberculosis fue la más elevada, si bien señala que la contribución de la Unión a los programas de lucha contra la fiebre catarral ovina siguió siendo baja;

504.  Observa que los principales factores a los que se debe la infrautilización de 8 100 000 EUR en el capítulo sobre seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias se pueden explicar como sigue: 500 000 EUR relacionados con ingresos afectados a diferentes programas que pueden utilizarse en 2015 (esto es, sin infrautilización); 800 000 EUR en ingresos afectados que técnicamente no se pueden volver a utilizar en 2015 (relacionados con créditos C5 de antiguos programas), y 6 800 000 EUR relacionados con el Fondo de Emergencia; toma nota de que este último importe se ha transferido a 2015 (para medidas destinadas a combatir la peste porcina africana en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia en 2014);

505.  Reconoce, por lo que respecta a los créditos de pago para 2014, que el porcentaje de ejecución para el capítulo presupuestario relativo a seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias es del 99,0 %, lo que representa un ligero descenso en comparación con 2013 (99,9 %); observa que durante el ejercicio de transferencias globales se solicitaron créditos adicionales que no se recibieron y que, al final del ejercicio, solo hubo un pago que no pudo realizarse en su totalidad, si bien el saldo de los importes adeudados se abonó a principios de enero de 2015 con el acuerdo de los Estados miembros;

506.  Expresa su satisfacción por el hecho de que la ejecución de los tres proyectos piloto y las cinco acciones preparatorias que incidían en la responsabilidad de la DG SANTE en el ámbito de la seguridad alimentaria se encuentre en una fase bastante avanzada, y de que se hayan utilizado todos los créditos de compromiso correspondientes (1 250 000 EUR);

507.  Considera que, sobre la base de los datos disponibles y del informe de ejecución, procede aprobar la gestión de la Comisión por lo que se refiere a los gastos en los ámbitos de la política de medio ambiente y protección del clima, salud pública y seguridad alimentaria para el ejercicio 2014;

Transportes y Turismo

508.  Señala que en el presupuesto de 2014, en su versión definitiva aprobada y posteriormente modificada durante el ejercicio, se consignaron, en particular para las políticas de transporte, un total de 2 931 147 377 EUR en créditos de compromiso y un total de 1 089 127 380 EUR en créditos de pago; constata además que de estos importes se destinaron:

509.  Celebra el elevado porcentaje de ejecución, del 98,2 %, en 2014, en el caso de los créditos de compromiso para las políticas de movilidad y transporte y el porcentaje considerablemente elevado de ejecución, del 95,2 %, en el caso de los créditos de pago; observa que, en 2014, el importe de los compromisos pendientes de liquidación aumentó en 1 653 372 424 EUR con respecto al importe global de 5 647 143 046 EUR, y que el aumento de compromisos pendientes de liquidación es habitualmente más elevado al inicio del nuevo MFP, dado que los pagos para los proyectos nuevos se efectúan más tarde; pide, no obstante, a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la correcta ejecución de los proyectos de transporte;

510.  Lamenta que en el ámbito de la competitividad para el crecimiento y el empleo, al que pertenece el transporte y en el que el transporte representa el importe más bajo (800 millones EUR) auditado por el Tribunal con relación al total auditado (13 000 millones EUR), el nivel estimado de error alcanzase el 5,6 % en 2014 (porcentaje superior a los resultados equivalentes de 2013 (4,0 %)), debido principalmente al reembolso de costes no subvencionables en proyectos de investigación, pero también al incumplimiento de la normativa sobre contratación pública; pide a la Comisión que adopte todas las medidas adecuadas para corregir esta situación (también mediante la realización de controles ex ante más exhaustivos con el fin de detectar y corregir errores antes del reembolso);

511.  Atrae la atención sobre el hecho de que en 2014 no se financió ningún proyecto con cargo al MCE, dado que la primera convocatoria de propuestas de proyectos se clausuró en marzo de 2015 y que el instrumento de deuda del MCE que ha de gestionar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) no se aprobó hasta finales de 2014; toma nota de que en 2014 el Tribunal examinó seis operaciones en el sector de los transportes (DG Movilidad y Transportes) y constató que dos de ellas presentaban errores cuantificables; expresa su consiguiente satisfacción a la vista de la disminución del porcentaje de operaciones afectadas en 2014 (33 %) en comparación con 2013 (62 %) y 2012 (49 %); pide a la Comisión y a los demás agentes pertinentes que garanticen el respeto de la normativa sobre contratación pública y los criterios de subvención de los costes de los futuros proyectos sobre transportes;

512.  Toma nota de que, según la estrategia de control plurianual aplicada por la Comisión, que tiene en cuenta las recuperaciones, las correcciones y los efectos de los controles y las auditorías a lo largo del periodo de ejecución del programa, la tasa de error residual para la RTE-T asciende al 0,84 %;

513.  Atrae la atención sobre el gran número de proyectos de alta calidad que no pudieron adoptarse en el MCE-Transporte de 2014 debido a la escasez de fondos disponibles; opina que es necesario garantizar una financiación suficiente para los proyectos MCE-T; lamenta que el presupuesto para el MCE se haya reducido por la financiación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); recuerda, no obstante, que el punto 17 del Acuerdo Interinstitucional sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(110) prevé un 10 % de flexibilidad para el aumento del presupuesto del MCE en el marco del procedimiento presupuestario anual y que esta flexibilidad existe independientemente de la financiación del FEIE; insiste en que la aplicación de proyectos acordados entre el Parlamento y el Consejo en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(111) justificaría este aumento en el presupuesto del MCE;

514.  Anima a la Comisión a seguir supervisando estrechamente la ejecución de los instrumentos financieros innovadores para explotar las inversiones de la Unión y atraer nuevas fuentes de financiación para los proyectos de infraestructura de la RTE-T, como el Fondo Marguerite, el Instrumento de Garantía de Préstamos y la Iniciativa de Obligaciones para la Financiación de Proyectos (IOP), y a garantizar que la contribución del presupuesto de la Unión a dichos instrumentos se gestiona y utiliza adecuadamente;

515.  Observa que en diversas bases de datos, como el Sistema de Transparencia Financiera, la base de datos de INEA para proyectos de RTE-T, los proyectos de transporte y turismo cofinanciados a través de los fondos de cohesión y regional y CORDIS para proyectos del programa Horizonte 2020, existe información sobre proyectos en el ámbito de los transportes y el turismo; pide que se integre la información sobre proyectos de esas herramientas a fin de tener una mejor visión global, de la fase inicial y final, del proceso de asignación de fondos de la Unión; reitera la importancia de publicar una lista anual de fácil acceso de los proyectos de transporte y turismo así como de disponer de una base de datos que pueda consultarse en línea de los proyectos cofinanciados por la Unión, en la que figure el importe exacto de la financiación con objeto de aumentar la transparencia;

516.  Señala que los proyectos de transporte para el periodo 2014-2020 recibirán financiación de varias fuentes, entre otras, del MCE, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el FEIE; pide por tanto a la Comisión que desarrolle sinergias que permitan a estas distintas fuentes de financiación asignar con mayor eficiencia los fondos disponibles;

517.  Reconoce que, por lo que respecta a los fondos de la Unión, el principio de «se usan o se pierden» puede inducir a los Estados miembros a proponer para la selección proyectos de escaso impacto; expresa su preocupación a la vista de que, en el pasado, una selección deficiente de proyectos ha llevado a invertir en el sector del transporte fondos de la Unión con un bajo aprovechamiento; acoge favorablemente el nuevo marco jurídico para el periodo 2014-2020, que refuerza la evaluación coste-beneficio y el proceso de revisión de los proyectos;

518.  Celebra el hecho de que la Empresa Común Shift2Rail fue establecida en junio de 2014 con vistas a incrementar la competitividad de la industria ferroviaria europea; señala que se llevarán a cabo procedimientos de aprobación de la gestión separados para la Empresa Común Shift2Rail, en cuanto esta adquiera autonomía financiera en los próximos años; lamenta, no obstante, el retraso en la ejecución de esa empresa común y el hecho de que las pymes están teniendo muchas dificultades para acceder a ella;

519.  Considera que la Comisión debe garantizar una total transparencia en la gestión de los fondos, velando por que se proteja el interés público y por que siempre, en toda circunstancia, el interés público prevalezca frente a los intereses privados;

520.  Señala que en el presupuesto de 2014, en su versión definitiva aprobada y posteriormente modificada durante el ejercicio, se consignaron, específicamente para el turismo, un total de 11 226 160 EUR en créditos de compromiso y un total de 6 827 266 EUR en créditos de pago; pide a la Comisión que realice una evaluación de impacto de los proyectos financiados con el fin de definir mejor las futuras prioridades de gasto que estén en consonancia con la Unión como primer destino turístico mundial, convirtiendo el sector turístico en un ámbito de crecimiento potencial clave para la economía de la Unión; pide a la Comisión que incluya en la planificación presupuestaria del próximo ejercicio los resultados de los proyectos piloto y las acciones preparatorias y que proporcione una lista anual de los proyectos en este ámbito que sea fácilmente accesible;

521.  Propone que, en relación con los sectores para los que es responsable la Comisión de Transportes y Turismo, el Parlamento apruebe la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión para el ejercicio 2014;

Desarrollo Regional

522.  Observa que en el informe anual del Tribunal, de 10 de noviembre de 2015, sobre la ejecución del presupuesto de la Unión para el ejercicio 2014 el porcentaje de error más probable en la política de cohesión se estima en el 5,7 %, lo que representa un incremento con respecto al porcentaje de 2013, que fue del 5,3 %; expresa su preocupación por este incremento, que es especialmente importante por lo que respecta a los errores que tienen consecuencias financieras y efectos negativos graves en el presupuesto; destaca que la mitad del porcentaje de error estimado en la política de cohesión se debe a la complejidad de las normas sobre contratación pública y ayudas de Estado, así como a infracciones en los procedimientos correspondientes, como la adjudicación directa de contratos de modo injustificado, los conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios;

523.  Toma nota de las respuestas de la Comisión al informe del Tribunal en las que se indica que la disminución media del porcentaje de error en comparación con el periodo de programación 2000-2006 refleja una mejora de los sistemas de gestión y control; pide a la Comisión que, con antelación suficiente, ofrezca a las autoridades información y formación en materia de contratación pública y ayudas de Estado; saluda, en este contexto, la creación del plan de acción sobre contratación pública; toma nota de la aplicación de la iniciativa «pactos de integridad» e insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación ex ante adecuada del potencial de dichos pactos para mejorar realmente la transparencia y la eficiencia de la contratación pública por lo que respecta a los Fondos EIE; pide a los Estados miembros que cumplan la condicionalidad ex ante en materia de contratación pública antes de acabar 2016 y que transpongan las Directivas de contratación pública de 2014 a su Derecho interno antes de acabar abril de 2016, de modo que se eviten irregularidades y se garantice la ejecución efectiva y eficiente de los proyectos y la consecución de los resultados previstos y, por ende, de los objetivos de la política de cohesión; pide a la Comisión que supervise con rigor este proceso, ofreciendo a los Estados miembros la orientación y la asistencia técnica pertinentes para la correcta transposición de dichas Directivas al Derecho nacional;

524.  Recuerda que no todas las irregularidades constituyen fraude y que deben diferenciarse las irregularidades fraudulentas de las no fraudulentas; considera que las irregularidades no fraudulentas suelen deberse a carencias de los sistemas de gestión y control financieros y a la falta de capacidad administrativa, que está relacionada con el desconocimiento de las normas y de las competencias técnicas relativas a determinadas obras o servicios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el establecimiento de sistemas de gestión y control financieros adecuados, eficaces y eficientes de conformidad con las normas pertinentes del marco regulador, pero adaptados a la realidad normativa nacional;

525.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que velen por que los beneficiarios obtengan información coherente sobre las condiciones de financiación, en particular en lo que respecta a la subvencionabilidad de los gastos y los límites máximos de reembolso pertinentes;

526.  Señala que la aplicación de la política de cohesión en los Estados miembros implica, en función de su sistema institucional, la aplicación de procedimientos y normas nacionales y regionales de gran calado, añadiendo un nuevo nivel, lo que puede abocar a irregularidades y, por ende, a pérdidas de Fondos EIE y a un aumento de las disparidades entre los Estados miembros; pide a la Comisión que contribuya a simplificar la aplicación en los niveles nacional y regional, respetando al mismo tiempo las características institucionales de los Estados miembros y ofreciéndoles las precisiones necesarias para aplicar la normativa; recuerda a la Comisión y a los Estados miembros la Resolución del Parlamento sobre la simplificación y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-2020, y la necesidad de tomar las medidas precisas para minimizar el exceso de cargas normativas y administrativas, permitiendo de este modo una mejor absorción de los Fondos EIE y evitando errores de los beneficiarios finales, especialmente las pymes; lamenta que la Comisión excluya a los representantes de los Estados miembros del Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE, por lo que su opinión no se tendrá en cuenta para mejorar el sistema;

527.  Considera que la capacidad administrativa es esencial para un uso regular y eficaz de los Fondos EIE y pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en cuestiones específicas de la aplicación (por ejemplo, la contratación pública, las ayudas de Estado, los criterios de subvencionabilidad o la pista de auditoría), en particular respecto de los beneficiarios potenciales que disponen de una capacidad administrativa y económica más limitada; propone, en este contexto, la organización de actividades específicas y exhaustivas para formar a los funcionarios y a las autoridades que trabajan en proyectos subvencionados con Fondos EIE y a los beneficiarios (por ejemplo, cursos de formación y de actualización, seminarios o apoyo técnico y administrativo);

528.  Acoge con satisfacción la creación de la herramienta «Taiex Regio Peer 2 Peer» para facilitar el intercambio entre las autoridades de gestión, certificación y auditoría de los Estados miembros con el fin de mejorar su capacidad administrativa; destaca la importancia de intensificar los esfuerzos en la designación de autoridades, que es un requisito previo a la presentación de solicitudes de pago, de modo que no se obstaculicen la ejecución de los programas y el flujo de recursos; considera asimismo que la Comisión debe aplicar de forma eficiente y eficaz todas las herramientas disponibles para la detección temprana y la prevención de los riesgos en la política de cohesión y, más concretamente, las herramientas de extracción de datos, como Arachne, para la detección temprana y la prevención de los riesgos en los procedimientos de contratación pública; pide a la Comisión que, dado que el contexto del Grupo de trabajo sobre la mejora de la aplicación también abarca actividades que pueden mejorar la eficiencia, la eficacia y el valor añadido de los proyectos de la política de cohesión que ya se han aplicado, evalúe estas características mediante indicadores cualitativos;

Agricultura y Desarrollo Rural

529.  Opina que la PAC, como una de las primeras políticas europeas, es un instrumento importante de la Unión con amplias repercusiones, no solo en términos de producción de alimentos y de servicios ecosistémicos, sino también en términos de mejoras medioambientales, socioeconómicas y de la dimensión de género, concretas y potenciales, así como de esfuerzos por combatir la despoblación de las zonas rurales, tomando en consideración la necesidad de desarrollar el concepto de economía circular; considera que la PAC contribuye de este modo al equilibrio entre las regiones de la Unión, prestando apoyo financiero y facilitando instrumentos importantes que ayudan a los jóvenes agricultores a iniciar la actividad agrícola y asegurar la continuidad generacional;

530.  Señala que la DG AGRI realizó un trabajo considerable en 2014 con las autoridades de los Estados miembros de modo que cada vez están mejor capacitadas para prevenir errores en los gastos agrícolas y ejecutar sus programas de desarrollo rural; reconoce el impacto positivo de la DG AGRI, patente en el informe anual 2014 del Tribunal, y considera que sus acciones, junto con las de los Estados miembros, deben proporcionar una buena base para lograr mejoras adicionales durante los años clave del periodo de gastos 2014-2020;

531.  Pide que, en casos extremos, se retire la acreditación a los organismos pagadores con un rendimiento constantemente inferior a lo esperado;

532.  Considera que una ejecución y unos resultados coherentes son fundamentales en el ámbito de la PAC, que garantiza una producción segura y coherente de nuestros alimentos, opera en toda la Unión, con un efecto positivo a escala social, medioambiental y económica, y cubre la producción de cultivos y productos alimenticios de todo tipo;

533.  Observa que la renta de los factores agrícolas por trabajador en los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 o posteriormente (UE-N13) equivale a apenas un 25 % de la renta de los factores agrícolas generada en la UE-15(112);

534.  Celebra las mejoras en los valores del informe anual 2013 y observa que el Tribunal ha concluido que, por lo que respecta a la política agrícola, la proporción de transacciones examinadas arrojó un porcentaje de error inferior al de 2013, señala que el porcentaje de error en 2014 es del 2,9 % (comparado con el 3,6 % en 2013) para el FEAGA auditado en 17 Estados miembros, y del 6,2 % (en comparación con el 7 % en 2013) para el desarrollo rural, el medio ambiente y la pesca auditados en 18 Estados miembros y un porcentaje medio del 3,6 % para la totalidad del capítulo «Recursos naturales»;

535.  Subraya la necesidad de elaborar una metodología común para el cálculo del porcentaje de error con el fin de garantizar su validez y evitar diferencias significativas entre el porcentaje de error indicado por la Comisión y el establecido por el Tribunal;

536.  Atrae la atención sobre la declaración de la Comisión(113) de que los errores en materia de condicionalidad (por ejemplo las declaraciones oportunas de movimientos de animales, fechas de reunión o plazos) no afectan a la subvencionabilidad (ya confirmada por el Tribunal) y, que el porcentaje de error de la condicionalidad debe deducirse del porcentaje de error global en aras de una mayor claridad;

537.  Señala que las diferencias en la aplicación de los pagos no disociados en los Estados miembros producen distorsiones de la competencia, por ejemplo en el sector lechero;

538.  Celebra el hecho de que la Comisión haya adoptado nuevas orientaciones sobre el cálculo de las correcciones financieras aplicables en el ámbito de la gestión compartida en caso de incumplimiento de las normas en materia de contratación pública(114);

539.  Señala que 2014 fue un año de transición, que implicó pagos considerables en la última parte del periodo de financiación 2017-2013 y, durante el cual, los elementos finales (actos de ejecución y actos delegados) entraron en vigor a mediados de año para el periodo de financiación 2014-2020 de la PAC; señala asimismo que los años 2015 y 2016 deberían considerarse igualmente años de transición, en los que los agricultores y las autoridades de los Estados miembros han de aplicar plenamente por vez primera las medidas de ecologización y otros cambios políticos importantes que implican normas nuevas y complejas y numerosas nuevas solicitudes de pagos directos, dado que muchas de la medidas plurianuales de los planes de desarrollo rural de los Estados miembros no empezarán a aplicarse hasta 2016, y es necesario que se preste una atención especial a los instrumentos introducidos durante la reforma;

540.  Celebra la reducción de los porcentajes de error en comparación con 2013 y reconoce los enormes esfuerzos y recursos destinados a alcanzar esta reducción, en particular a través de la información y de la asistencia técnica de la Comisión a las autoridades de los Estados miembros en materia de ejecución, y opina, no obstante, que un simple cálculo de error por sí mismo no sirve para calcular la ejecución o los resultados;

541.  Recuerda a la Comisión que, en última instancia, son los beneficiarios quienes soportan las consecuencias del riesgo de errores involuntarios debidos a la complejidad de la reglamentación; pide que para apoyar este enfoque se adopte una política de sanciones razonable, proporcional y efectiva, que evite, por ejemplo, la doble penalización por un mismo error tanto en el ámbito del sistema de pagos como en el de la condicionalidad; insta a la Comisión a que garantice en mayor medida la proporcionalidad de las multas en relación con el tipo de errores; pide instrumentos para un enfoque más incentivado y centrado en resultados que puedan ofrecer porcentajes de error e inspección reducidos, y permitir distinguir entre error y fraude, asegurando al mismo tiempo que los agricultores siguen estando en condiciones de suministrar la producción de alimentos vital que constituye el núcleo de la política; considera que seguir abordando la complejidad y la racionalización de la PAC son elementos clave para atraer a nuevos operadores a la agricultura y retenerlos y retener sus cualificaciones con vistas a asegurar un próspero sector agrícola de la Unión en el futuro;

542.  Celebra que el Tribunal esté estudiando la manera de medir el rendimiento en su informe anual, en particular teniendo en cuenta que la Comisión pretende centrar su gasto en los resultados; señala, no obstante, la dificultad de evaluar los resultados de programas de financiación plurianual —que ahora es el método preferido para aplicar las medidas medioambientales en el pilar II— a través de un instrumento que examina un único año y pide al Tribunal que explique su orientación a los resultados específicamente en relación con el gasto agrícola; insta, no obstante, al Tribunal a que tenga en cuenta los múltiples objetivos de la política de desarrollo rural cuando evalúe el rendimiento, a fin de evitar la utilización de indicadores simplistas que den pie a interpretaciones erróneas;

543.  Toma nota de la opinión del Tribunal, resultante de sus propias auditorías, de que el SIGC contribuye considerablemente a evitar y reducir los niveles de error en los regímenes de ayudas a los que se aplica(115) y toma nota de la observación de que las deficiencias registradas en el sistema de identificación de parcelas se han remediado en todos los Estados miembros auditados a través de medidas correctivas(116);

544.  Acoge con satisfacción la simplificación propuesta por la Comisión del SIGC mediante controles preventivos previos que permitirán a las administraciones nacionales detectar problemas en relación con las solicitudes de los agricultores y aplicar correcciones, lo que deberá conducir a un porcentaje de multas más reducido;

545.  Se hace eco de las principales recomendaciones del Tribunal: los Estados miembros deben garantizar información e imágenes fiables y actualizadas en el SIGC para reducir el riesgo de errores relacionados con tierras subvencionables sobrevaloradas; la Comisión debe exigir que los planes de acción de los Estados miembros incluyan medidas correctivas que den respuesta a las causas más frecuentes de errores, revisar su propia estrategia para las auditorías de conformidad relativas al desarrollo rural, y velar por la correcta aplicación del procedimiento de garantía de la legalidad y la regularidad de las operaciones que será obligatorio a partir de 2015;

546.  Toma nota de que la Comisión y el Tribunal están de acuerdo en que los gastos de desarrollo rural se rigen por normas y condiciones de subvencionabilidad complejas, en parte debido a la naturaleza de la política y a la heterogeneidad de las regiones europeas; pide un incremento de las medidas de simplificación y de prevención incluidas en las normas para 2014-2020 y pide además que se proceda a esa simplificación a escala de los Estados miembros en los nuevos programas de desarrollo rural con carácter prioritario como un medio importante para reducir los porcentajes de error y mejorar la eficiencia y la flexibilidad, aumentando de ese modo la capacidad de absorción, en particular cuando los programas de pequeña escala hayan podido suscitar menor interés y/o mostrar constantemente elevados porcentajes de error como resultado de su falta de flexibilidad en el pasado;

547.  Pide a la Comisión que presente a su debido tiempo un plan detallado para reducir la burocracia en la PAC;

548.  Insta a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros a que, en la medida de lo posible, continúen abordando y reduciendo las complejidades en relación con los pagos directos y que concedan un grado de prioridad elevado a la simplificación de las medidas de ecologización, en particular en el caso de que existan varios niveles implicados en la administración de los fondos FEAGA y de desarrollo rural en los Estados miembros, con enfoques distintos para los dos pilares, si fuera necesario; subraya que las sustanciales diferencias entre los importes de los pagos directos en los Estados miembros aumentan el diferencial de competitividad entre los agricultores que operan en el mercado único;

549.  Espera que la Comisión haga urgentemente pleno uso del proceso de simplificación de la PAC, en especial por lo que respecta a la onerosa y compleja reglamentación que rige la condicionalidad y la ecologización, que afecta en última instancia a los agricultores de toda Europa; hace hincapié en que el proceso de simplificación debe centrarse en el alivio de la carga administrativa y no debe poner en riesgo los principios y las normas acordados en el marco de la última reforma de la PAC, que no han de modificarse; considera que dicha simplificación no debe conllevar una revisión de los gastos de la PAC para el periodo 2013-2020;

550.  Señala que, a consecuencia de la adquisición de tierras agrícolas por inversores, las explotaciones dirigidas por pequeños agricultores propietarios sufren presiones crecientes y que parte de los pagos directos se hacen a empresas internacionales;

551.  Subraya la importancia de contar con indicadores y valores de rendimiento comparables para el mismo tipo de programas en diferentes lugares y espera que se den mejoras en este sentido en el periodo 2014-2020 con el fin de garantizar una mejor gestión financiera de la PAC basada en las necesidades de cada Estado miembro;

552.  Señala que la PAC desempeña un papel significativo en la promoción de la inclusión social —especialmente, aunque no exclusivamente, a través de los esfuerzos de cooperación—, en la reducción de la pobreza y en el desarrollo económico de las zonas rurales, a través de la creación de empleo, del programa LEADER y de la creación de nuevos o mejores servicios e infraestructuras; pide que se realice un análisis del efecto general de la PAC en las zonas rurales, de dónde proceden y el modo en que se atribuyen los fondos, y centrado en los verdaderos beneficiarios finales;

553.  Señala que se espera que el gasto genere beneficios tanto para las zonas rurales como para los consumidores en general, y recuerda que los beneficiarios finales gastan dinero en bienes o servicios en sus comunidades locales, o empleando a personas en sus explotaciones, contribuyendo así a mantener a las personas en el campo en regiones en las que la agricultura y la silvicultura son a menudo los principales motores de las zonas rurales o aisladas;

554.  Observa que el impacto de la prohibición rusa de importación de productos agrícolas, impuesta desde mediados de 2014, supone un importante desafío; considera que ha de llevarse a cabo una mejor gestión en la fase temprana de toda medida de emergencia a fin de asegurar la correcta asignación de los fondos o, si procede, la rápida recuperación de los importes reclamados de forma ilegal; celebra en este contexto los esfuerzos continuados de la Comisión por hallar mercados alternativos para dar salida a los excedentes agrícolas, y apoyar a los sectores afectados por la prohibición; encomia los esfuerzos de la Comisión por hallar mercados alternativos para dar salida a los excedentes agrícolas y pide a los Estados miembros que realicen esfuerzos conjuntos por eliminar los obstáculos a la búsqueda de nuevas posibilidades de venta; subraya la importancia del acuerdo de la ATCI, que puede compensar el cierre de algunos mercados de intercambio tradicionales;

555.  Celebra la decisión de la Comisión de establecer regímenes de ayuda excepcional a los Estados con pérdidas en el sector lechero y pide a la Comisión que considere la introducción de otras medidas de ayuda a sectores con problemas similares;

556.  Expresa su preocupación al observar que en muchos Estados miembros es limitado el acceso de las mujeres del medio rural al mercado de trabajo, y pide a la Comisión que se comprometa a impulsar y estimular el acceso de las mujeres del medio rural al mercado de trabajo con carácter prioritario entre sus medidas de desarrollo, y que destine los recursos financieros adecuados a un programa europeo de garantía europea para las mujeres del mundo rural análogo al destinado a la juventud, estableciendo un objetivo específico para la categoría formada por las mujeres del mundo rural;

557.  Exhorta a la Comisión a que aclare las normas relativas al reconocimiento de las organizaciones de productores, en particular en el sector de las frutas y verduras, y a que acorte más los plazos de las auditorías de la Comisión, con objeto de proporcionar seguridad jurídica a los beneficiarios y evitar errores innecesarios;

558.  Teniendo en cuenta el objetivo del Tratado(117) de asegurar al consumidor suministros a precios razonables, considera que el acceso equitativo para todos los consumidores está en riesgo en los casos en los que existe una tributación excesiva de IVA sobre alimentos, y que el fraude en materia de IVA se hace más probable;

559.  Considera que los objetivos del periodo de programación 2007-2013 siguen siendo objetivos importantes, y que, en el actual periodo, la Unión debe centrar la atención en mejorar la viabilidad de las explotaciones agrícolas y del sector agrícola, promover un equilibrio mejor de la cadena alimentaria con vistas a consolidar y reforzar las organizaciones de productores, apoyar regímenes de calidad, cadenas de abastecimiento cortas, cooperativas sociales, mercados locales, servicios ecosistémicos y un desarrollo territorial equilibrado, estrictamente en zonas rurales en los nuevos programas de desarrollo rural, evitando al mismo tiempo expectativas y gastos medioambientales poco razonables;

560.  Recuerda que de todas las auditorías realizadas por el Tribunal de los gastos en 2014, solo tres casos se remitieron a la OLAF para investigación(118) por sospecha de «condiciones creadas artificialmente para obtener ayudas» (nuevas entidades creadas por empresas bien establecidas o grupos de personas) y que uno ya había sido previamente definido como de riesgo por las autoridades nacionales antes de la auditoría del Tribunal;

561.  Señala que cabe seguir mejorando la aplicación de la política; insiste, por lo tanto, en que se le informe de todas las mejoras en términos de definición y logro de objetivos políticos y cumplimiento;

562.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia de los pagos para el fomento de las ventas en terceros países y que garantice que estas medidas no expulsen del mercado a los productores locales;

563.  Toma nota de que, en el momento en el que la DG AGRI elaboraba el informe anual de actividad 2014, no se disponía de información sobre una serie de elementos del Instrumento de preadhesión en favor del Desarrollo Rural (IPARD) y que las informaciones deben actualizarse (número de explotaciones que reciben apoyo, aumento del valor bruto, número de explotaciones agrícolas que introducen las normas de la Unión), y considera al mismo tiempo que es necesario un análisis constante en el nuevo periodo de financiación;

564.  Constata que el informe anual 2014 del Tribunal muestra buenos resultados, pero, no obstante, pide al Tribunal que informe al Parlamento de las medidas que tiene intención de tomar para adoptar una metodología de examen más plurianual a medida que desarrolla el enfoque previsto más orientado a los resultados;

Pesca

565.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo y al Tribunal sobre las cuentas anuales de la Unión para el ejercicio 2014; toma nota asimismo del informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014; toma nota del informe anual de actividad 2014 de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca; toma en consideración el Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal sobre los acuerdos de asociación en el ámbito de la pesca;

566.  Toma nota de las opiniones del Tribunal sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas; señala la opinión desfavorable del Tribunal sobre los créditos de pago, cuyo índice de error global fue del 4,4 %, aunque no haya ningún índice de error específico relativo al sector de la pesca; pide que dicho sector sea objeto de un tratamiento específico, no fusionado con la agricultura, para permitir una mayor transparencia en el sector pesquero;

567.  Señala la reserva de la DG de Asuntos Marítimos y Pesca en relación con el sistema de gestión y control de los programas del FEP en algunos Estados miembros;

568.  Tiene la seguridad de que el sistema de control interno aplicado por la DG de Asuntos Marítimos y Pesca ofrece garantías suficientes para gestionar adecuadamente el riesgo en materia de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes;

Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP)

569.  Señala que la aprobación de programas en el ámbito de la gestión compartida del FEMP y de otros Fondos EIE después del 1 de enero de 2014 dio lugar a una revisión técnica del MFP a fin de transferir a ejercicios posteriores los créditos del ejercicio 2014 no utilizados;

570.  Manifiesta su profundo pesar por el hecho de que la mayoría de los Estados miembros hayan transmitido muy tarde su programa operativo relativo al FEMP, lo que genera importantes retrasos en la movilización de los fondos; recuerda que los Estados miembros son responsables de la ejecución de los créditos en gestión compartida;

571.  Considera que los Estados miembros deben mejorar los instrumentos y los canales que utilizan para transmitir información a la Comisión; recomienda a la Comisión que ejerza más presión sobre los Estados miembros para que entreguen datos fiables;

572.  Pide a la Comisión que preste todo el apoyo posible a los Estados miembros con el fin de garantizar un uso pleno y adecuado de los recursos del FEMP, con elevados índices de ejecución, en consonancia con sus respectivas prioridades y necesidades, en particular en lo que se refiere al desarrollo sostenible del sector de la pesca;

Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas

573.  Acoge con satisfacción la atribución a la Agencia de las competencias sobre el FEMP a partir del 1 de enero de 2014; toma nota del memorándum de entendimiento firmado el 23 de septiembre de 2014 por la DG de Asuntos Marítimos y Pesca y la Agencia; destaca la necesidad de fomentar que, en las 19 acciones del FEMP, la Agencia preste una ayuda de elevada calidad a todos sus beneficiarios;

Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas (aprobación de la gestión para el ejercicio 2014): ¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colaboración en el sector pesquero?

574.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del Tribunal;

575.  Lamenta el coste financiero generado por la infrautilización de los tonelajes de referencia aprobados en algunos protocolos recientes; propone que se establezca un vínculo más estrecho entre el importe de los derechos de acceso y las capturas efectivas; insta a la Comisión a que garantice que los desembolsos de apoyo sectorial estén en consonancia con otros pagos de ayudas con cargo al presupuesto, y pide una mejora de los resultados alcanzados por los países socios al aplicar la matriz de acciones decididas de común acuerdo;

576.  Destaca, como ha indicado el Tribunal, que la complementariedad y la coherencia entre los acuerdos de colaboración en el sector pesquero negociados en la misma región pueden mejorarse a fin de maximizar su potencial a escala regional;

577.  Subraya que la información aportada por las evaluaciones ex post independientes no era en todos los casos suficientemente completa, coherente o comparable, lo que redujo su utilidad en el proceso decisorio y en las negociaciones; señala, además, que estas evaluaciones no analizan lo suficiente en qué medida los acuerdos de colaboración en el sector pesquero cumplen todos sus objetivos, al no hacer referencia al empleo en las regiones de la Unión que dependen de la pesca ni aportar información sobre el suministro de pescado al mercado de la Unión;

578.  Manifiesta su preocupación por la falta de información fiable, verificable y accesible sobre las poblaciones de peces y sobre el esfuerzo pesquero de las flotas pesqueras nacionales o de otras flotas pesqueras extranjeras a las que también se ha dado acceso, ya que uno de los principales objetivos de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero es limitar la pesca a las poblaciones excedentarias, lo que, en la práctica, ha resultado muy difícil de aplicar;

579.  Solicita a la Comisión una supervisión más atenta de la ejecución del apoyo sectorial a fin de garantizar su eficacia;

580.  Insiste en la necesidad de un seguimiento eficaz de las acciones financiadas por la Unión que brindan apoyo sectorial en el contexto de los acuerdos internacionales por medio de cuadros matriciales elaborados de la forma más detallada posible; subraya asimismo la necesidad de realizar un llamamiento para que se incremente la proporción de la ayuda sectorial; está firmemente convencido de que la parte comercial de los acuerdos debería condicionarse, a largo plazo, a un apoyo sectorial eficaz, significativo y suficientemente controlado;

581.  Observa con preocupación que los protocolos vigentes en la actualidad siguen sin prever la posibilidad de abonar pagos parciales si los resultados solo se logran parcialmente; constata que, cuando no se han alcanzado los objetivos, o solo se han alcanzado parcialmente, el pago del apoyo sectorial para el siguiente ejercicio debe suspenderse hasta la consecución de los mismos; pide, no obstante, a la Comisión que, en la medida de lo posible, incluya en los nuevos protocolos la posibilidad de abonar pagos parciales del apoyo sectorial;

Aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto

582.  Propone, sobre la base de los datos disponibles, que se apruebe la gestión de la Comisión en relación con los gastos efectuados en el ámbito de los asuntos marítimos y la pesca para el ejercicio 2014;

Cultura y Educación

583.  Observa con agrado que, en su primer año de aplicación, el programa Erasmus+ ha mantenido como elemento principal el fomento de las cualificaciones y la empleabilidad, ha conseguido su objetivo de crear vínculos más estrechos entre los programas de la Unión y las políticas en los ámbitos de la educación, la formación, el deporte y la juventud, ha favorecido la acción de la Unión para responder mejor al objetivo del aprendizaje permanente y ha contribuido a reducir las desigualdades sociales, económicas y territoriales llegando a muchos ciudadanos de la Unión; señala, no obstante, que hay una serie de problemas en el capítulo «Juventud» de Erasmus+ relacionados con el acceso a la financiación en comparación con el anterior programa Juventud en Acción; lamenta que la Comisión no asignara fondos suficientes en el programa Erasmus+ a comunicar mejor los cambios generales en las nuevas líneas del programa para poder incluir un número mayor de proyectos escolares;

584.  Opina que, si bien la mayor descentralización del desembolso de los fondos para Erasmus+ puede cumplir mejor con algunos de los requisitos nacionales y locales del programa, dependiendo de las acciones clave, esta descentralización ha de evaluarse con objeto de impedir que se convierta en un obstáculo para la consecución de los objetivos estratégicos de Erasmus+, en particular por lo que respecta al capítulo «Juventud»;

585.  Observa que el programa Erasmus+ contribuye a integrar a los jóvenes europeos en el mercado laboral, promover la empleabilidad y desarrollar nuevas competencias; que refuerza iniciativas en los ámbitos de la ciudadanía, el voluntariado y la internacionalización de la juventud y el deporte; que contribuye a mejorar la calidad de la educación, la formación formal e informal y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; y que refuerza el sentido de ciudadanía europea fundado en la comprensión y el respeto de los derechos humanos;

586.  Expresa su profunda preocupación por la suspensión de hecho del desembolso de fondos del capítulo «Juventud» de Erasmus+ en Grecia, como puso de manifiesto el informe de 2015 del Foro Europeo de la Juventud sobre la aplicación del programa;

587.  Toma nota de las dificultades señaladas por la DG EAC de la Comisión y la Agencia Ejecutiva el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) en la fase inicial de aplicación de los programas Erasmus+, Europa Creativa y Europa con los Ciudadanos, en particular por lo que respecta a algunos retrasos en la apertura de las convocatorias de propuestas y el desembolso de los fondos; confía en que se trate de una situación excepcional y está a la espera, por lo tanto, de lo que sucederá el próximo año, cuando estos programas entren en una fase de mayor estabilidad en comparación con el primer año de aplicación; recomienda que el programa Erasmus+ integre más proyectos de pequeña escala, que constituyen el núcleo de experiencias innovadoras en los tres ámbitos: educación, juventud y deporte;

588.  Se felicita de las medidas que se han tomado para financiar modelos basados en importes a tanto alzado y costes unitarios, lo que simplificará la gestión financiera tanto para los beneficiarios de fondos de la Unión como para la propia Unión; indica, no obstante, en particular por lo que respecta al capítulo «Juventud» de Erasmus+, que estos importes globales tampoco son suficientes para financiar los gastos operativos principales de las asociaciones y ONG de jóvenes; sostiene que ha de incrementarse aún más la inversión de la Unión en el programa;

589.  Recuerda que los retrasos de la EACEA en los pagos finales repercuten directamente en los derechos de los beneficiarios, perjudicando a las asociaciones y proyectos culturales, la creatividad y la diversidad cultural de la sociedad civil; anima a la EACEA a perfeccionar sus sistemas de control y pago;

590.  Expresa su preocupación por el hecho de que las Escuelas Europeas no hayan abordado las cuestiones planteadas de forma reiterada por el Tribunal y destaca la recomendación dirigida al Consejo Superior de las Escuelas Europeas para que aplique un sistema de rotación para los puestos sensibles, y le preocupan también otras deficiencias que podrían poner en peligro los principios básicos de transparencia y buena gestión financiera; toma nota de la aprobación, en 2014, del nuevo Reglamento Financiero de las Escuelas Europeas como una de las maneras, si se aplica bien, de responder a las críticas formuladas por el Tribunal; pide al Consejo Superior de las Escuelas Europeas que considere la posibilidad de centralizar algunas funciones que están actualmente descentralizadas, como la contabilidad, y fomentar la separación entre las funciones de autorización, ejecución y control y las operaciones financieras, a fin de minimizar el riesgo de que se cometan errores y fraudes; considera que, dadas las preocupaciones suscitadas y el hecho de que el 60 % del presupuesto de las Escuelas Europeas —177 millones de euros— procede del presupuesto de la Unión, sería oportuno realizar una revisión exhaustiva de la gobernanza, la gestión y la organización del sistema de las Escuelas Europeas;

591.  Observa que la falta de congruencia entre la programación para un periodo de siete años del MFP y la programación para un periodo de diez años de las prioridades políticas y estratégicas de la Unión podría afectar negativamente a una evaluación coherente de los resultados obtenidos por los programas de la Unión; observa que la próxima revisión del MFP es un punto fundamental en la gestión del gasto de la Unión al garantizar que los programas de inversión de la Unión sigan siendo eficientes; insiste en que en los programas Erasmus+ y Europa Creativa se proceda a una simplificación de los criterios y de los formularios de solicitud, especialmente por lo que respecta a los proyectos de pequeña escala;

592.  Manifiesta su preocupación por el retraso de los pagos de la Comisión, que ascendía a 26 000 millones EUR en 2014 —más de la mitad del cual se consideraba «anormal», es decir no determinado por las facturas emitidas a finales del ejercicio, como puso de manifiesto el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo— y, solo para Erasmus+, a 202 millones EUR; observa que este retraso se debe, en parte, a un marco financiero plurianual excesivamente rígido, que no permite readjudicar los fondos y cuyos márgenes son ajustados, y, en parte, al incumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos con respecto a los créditos de pago;

593.  Destaca que el programa «Europa con los ciudadanos» funciona como un enlace único y directo entre la Unión y sus ciudadanos a la hora de apoyar acciones, peticiones y derechos cívicos; considera que el nivel de financiación actual es demasiado bajo y hace hincapié en que el programa debe aplicarse respetando su contenido, que se enriquecerá con iniciativas que fortalecen los valores de la ciudadanía europea; manifiesta su firme rechazo a todo nuevo recorte presupuestario o retraso en los pagos para el programa Europa con los Ciudadanos 2014-2020;

Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

594.  Toma nota de la conclusión del Tribunal de que las cuentas consolidadas de la Unión presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Unión a 31 de diciembre de 2014; expresa, no obstante, su preocupación ante el hecho de que, por vigesimoprimer año consecutivo, los sistemas de supervisión y control financieros examinados solo fueran parcialmente eficaces a la hora de garantizar la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas;

595.  Expresa su inquietud, sin embargo, por el hecho de que los pagos subyacentes a las cuentas se encuentren afectados por un porcentaje de error por encima del umbral de importancia relativa; recuerda, por lo tanto, la necesidad de una gestión presupuestaria cuidadosa y apela a mayores esfuerzos para reducir el porcentaje de error;

596.  Toma nota de la nueva presentación del informe del Tribunal sobre las cuentas anuales para los gastos correspondientes a la rúbrica 3 del MFP (Seguridad y ciudadanía); solicita su inclusión el próximo año, habida cuenta del aumento de la dotación; conviene en la necesidad de adoptar un nuevo enfoque que consista en invertir el presupuesto de la Unión y no en gastarlo;

597.  Lamenta el hecho de que, en algunos Estados miembros, la legislación en materia de conflictos de intereses de los parlamentarios y los miembros del Gobierno y de las juntas de Gobierno locales sea vaga e insuficiente; pide a la Comisión que analice esta situación y, si procede, presente propuestas a ese respecto; considera que tales propuestas deben aplicarse también a los comisarios actuales y a los candidatos a comisarios;

598.  Destaca la necesidad de garantizar una buena relación calidad-precio y de extraer enseñanzas de proyectos anteriores en los que una gestión deficiente de la Comisión provocó retrasos y gastos excesivos, como ocurrió con el desarrollo del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II), que se finalizó con seis años de retraso y cuyo coste fue ocho veces superior al presupuesto inicial;

599.  Observa que, si bien el Fondo para las Fronteras Exteriores ha contribuido a la gestión de las fronteras exteriores, su valor añadido ha sido limitado; observa que no se ha podido medir el resultado global debido a la deficiente supervisión por parte de las autoridades responsables y a las graves deficiencias constatadas en las evaluaciones de la Comisión y de los Estados miembros;

Cuestiones de género

600.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 8 del TFUE, la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores en los que se basa la Unión y que esta promueve; considera que la igualdad de género debe integrarse en todas las políticas y, por tanto, ha de tenerse en cuenta en los procedimientos presupuestarios;

601.  Recuerda a la Comisión que algunas líneas presupuestarias podrían estar aumentando indirectamente la desigualdad de género al tener efectos perjudiciales para las mujeres una vez aplicadas; pide, por consiguiente, a la Comisión que utilice el análisis de la presupuestación con perspectiva de género respecto de las líneas presupuestarias nuevas y existentes, y, cuando sea posible, modifique las políticas lo necesario para evitar provocar indirectamente la desigualdad de género;

602.  Recuerda a la Comisión su reciente compromiso en favor de la elaboración de un presupuesto basado en resultados, y reitera la solicitud del Parlamento de que, en el conjunto común de indicadores de resultados sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, se incluyan también indicadores específicos de género, que permitirían mejorar la evaluación de la ejecución del presupuesto desde la perspectiva de género;

603.  Pide a la Comisión que elabore una evaluación del impacto que la financiación de la Unión ha tenido en la promoción de la igualdad de género;

604.  Pide a la Unión que aumente la cuota del FSE destinada al desarrollo de unos servicios públicos de alta calidad a un precio asequible para el cuidado de los niños, de personas mayores y de adultos dependientes (de los que se suelen seguir ocupando mujeres), teniendo en cuenta también los datos proporcionados por el Índice de igualdad de género, creado recientemente por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE);

605.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los funcionarios que participen en la toma de decisiones sobre el gasto reciban una formación completa que les permita entender plenamente las consecuencias que sus decisiones tienen para la igualdad de género;

606.  Pide a todas las instituciones de la Unión que comprueben si existe una verdadera paridad por lo que respecta a la distribución de los puestos de trabajo en las instituciones y los órganos de la Unión, y que presenten estadísticas desglosadas por género sobre la dotación de personal y su grado, como parte del procedimiento de aprobación de la gestión.

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (6) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0148. (7) DO L 51 de 20.2.2014. (8) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (9) DO C 367 de 5.11.2015, p. 2. (10) DO C 409 de 9.12.2015, p. 73. (11) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (12) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (13) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (14) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (15) DO L 343 de 19.12.2013, p. 46. (16) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0148. (17) DO L 51 de 20.2.2014. (18) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (19) DO C 367 de 5.11.2015, p. 9. (20) DO C 409 de 9.12.2015, p. 90. (21) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (22) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (23) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (24) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (25) DO L 341 de 18.12.2013, p. 73. (26) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0148. (27) DO L 51 de 20.2.2014. (28) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (29) DO C 367 de 5.11.2015, p. 2. (30) DO C 409 de 9.12.2015, p. 56. (31) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (32) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (33) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (34) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (35) DO L 341 de 18.12.2013, p. 69. (36) DO L 363 de 18.12.2014, p. 183. (37) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0148. (38) DO L 51 de 20.2.2014. (39) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (40) DO C 367 de 5.11.2015, p. 12. (41) DO C 409 de 9.12.2015, p. 247. (42) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (43) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (44) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (45) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (46) DO L 346 de 20.12.2013, p. 58. (47) Texts adopted of that date, P8_TA(2016)0148. (48) DO L 51 de 20.2.2014. (49) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (50) DO C 367 de 5.11.2015, p. 10. (51) DO C 409 de 9.12.2015, p. 379. (52) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (53) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (54) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (55) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (56) DO L 346 de 20.12.2013, p. 54. (57) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0148. (58) DO L 51 de 20.2.2014. (59) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (60) DO C 367 de 5.11.2015, p. 10. (61) DO C 409 de 9.12.2015, p. 362. (62) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (63) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (64) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (65) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6. (66) DO L 352 de 24.12.2013, p. 65. (67) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0148. (68) DO L 51 de 20.2.2014. (69) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (70) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1. (71) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (72) DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. (73) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (74) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1. (75) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0148. (76) Estrategia Europa 2020; Semestre Europeo; paquete de seis medidas («Six-Pack»), paquete de dos medidas («Two-Pack»); recomendaciones específicas por país, entre otros; una forma podría ser que el cumplimiento estricto de las recomendaciones específicas por país sea la referencia para determinar una eficaz asignación de gastos del presupuesto de la Unión. (77) Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, que contiene las observaciones que forman parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011, Sección III – Comisión y agencias ejecutivas (DO L 308 de 16.11.2013, p. 27), apartado 328; Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014 sobre la aprobación de la gestión del ejercicio 2012 (DO L 266 de 5.9.2014, p.32) apartados 314 y 315; Resolución del Parlamento Europeo de 29 de abril de 2015 sobre la aprobación de la gestión del ejercicio 2013 (DO L 255 de 30.9.2015, p. 27) apartado 305. (78) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, punto 3.10. (79) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, punto 3.5. (80) Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320). (81) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, punto 3.65. (82) Las cifras de 2013 se han recalculado para ajustarse a la estructura del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014 y permitir así una comparación entre los dos años. (83) Según el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, el nivel estimado de error comparable para 2013 y 2012 es inferior en 0,2 y 0,3 puntos porcentuales porque el Tribunal ha actualizado la manera de cuantificar las infracciones graves de las normas de contratación pública. (84) Informe Anual del Tribunal, puntos 1.54 y 1.65. (85) en efecto, la evaluación de las repercusiones de la legislación constituye un instrumento muy eficaz para una verdadera buena gestión financiera. (86) El plan de pagos adoptado por la Comisión en marzo de 2015, que presenta medidas a corto plazo para reducir el nivel de facturas pendientes de pago, no constituye la herramienta adecuada; el elevado nivel de compromisos pendientes requiere una perspectiva a más largo plazo. (87) El Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión (FC), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP); fuente: Informe Anual del Tribunal relativo a 2014. (88) La tasa de absorción oscila entre el 50 % y el 92 % en los Estados miembros. (89) Respuestas a la pregunta escrita suplementaria dirigida al Comisario Moedas, pregunta 3. (90) Informe anual de actividades de 2012 de la Dirección General de Investigación e Innovación, p. 45 y siguientes. (91) Por ejemplo la INEA. (92) «Reducción y suspensión de los pagos mensuales e intermedios»: véase el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549). (93) Véase el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, puntos 7.44 a 7.50. (94) Véase el cuadro: Punto 3.2.8 del anexo 10 del informe anual de actividades en 2014 de la DG Agricultura y Desarrollo Rural. (95) La política de desarrollo rural se aplica a través de cuarenta y seis medidas, que se ejecutan a través de programas de desarrollo rural dirigidos a escala regional o nacional. (96) Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2014, punto 7.71. (97) Véase la respuesta del comisario Hogan a la pregunta escrita 7 b. Audiencia de la Comisión CONT de 14 de enero de 2016. (98) Informe anual de actividades del director general de Agricultura y Desarrollo Rural, p. 17. (99) Informe Especial n.º 5/2015 del Tribunal de Cuentas (aprobación de la gestión para el ejercicio 2014): ¿Son los instrumentos financieros una herramienta eficaz y prometedora en el ámbito del desarrollo rural? (100) Véase el informe anual de actividades de 2014 de Europe Aid, p. 115. (101) Resumen de los logros de la Comisión en materia de gestión en 2014 (COM(2015)0279, p. 21). (102) Respuestas a las preguntas escritas dirigidas a la comisaria Thyssen, preguntas 48 y 49. (103) Véase el seguimiento dado a la Resolución del Parlamento Europeo sobre el informe anual del Comité de Vigilancia de la OLAF de 2014, adoptado por la Comisión el 23 de septiembre de 2015. (104) Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International e Imperial Tobacco Limited. (105) Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (DO L 127 de 29.4.2014, p. 1). (106) Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2016, sobre el acuerdo sobre el tabaco (acuerdo PMI (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0082)). (107) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark. (108) Reglamento (UE) n.º 282/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, relativo a la creación de un tercer programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2014-2020 y por el que se deroga la Decisión n.º 1350/2007/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 1). (109) Reglamento (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004, (CE) n.º 396/2005 y (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo (DO L 189 de 27.6.2014, p. 1). (110) DO C 373 de 20.12.2013, p.1. (111) Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129). (112) DG AGRI – Informe anual 2014 – página 12. (113) Informe anual 2014 del Tribunal – respuesta al apartado 7.15. (114) Informe anual 2014 del Tribunal – respuesta al apartado 7.32. (115) Informe anual 2014 del Tribunal – apartado 7.35. (116) Informe anual 2014 del Tribunal – apartado 7.40. (117) Artículo 29, apartado 1, letra e), del TFUE. (118) Informe anual 2014 del Tribunal - punto 7.30.

Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2014 (2015/2206(DEC))

P8_TA(2016)0148 A8-0127/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas, elaborados de conformidad con el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0267/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas su Decisión, de 28 de abril de 2016 por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión(5), y su Resolución que contiene las observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05583/2016 – C8-0042/2016),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(6), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0127/2016),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

B.  Considerando que los informes especiales del Tribunal de Cuentas contienen información sobre aspectos importantes relacionados con la ejecución de los fondos, por lo que resultan útiles al Parlamento cuando actúa como autoridad de aprobación de la gestión;

C.  Considerando que las observaciones del Parlamento sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas forman parte integrante de la mencionada Decisión del Parlamento, de 28 de abril de 2016, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión;

Parte I – Informe Especial n.º 18/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid»

1.  Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado a la evaluación de los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados (ROM) de EuropeAid y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

Observaciones generales

2.  Está extremadamente preocupado por la insuficiente fiabilidad de los sistemas de evaluación y ROM de EuropeAid, por el nivel inadecuado de supervisión y seguimiento de la evaluación de los programas y por el hecho de que EuropeAid no pueda garantizar que el personal y los recursos financieros se asignan de modo adecuado y eficiente a las distintas actividades de evaluación;

3.  Señala que es indispensable facilitar al Parlamento, como autoridad de control presupuestario, una visión clara de la medida en que se han logrado realmente los principales objetivos de la Unión;

4.  Opina que la celebración de audiencias no solo con funcionarios de la Comisión y del SEAE sino también con los beneficiarios y expertos independientes ofrecerán una evaluación más global de la contribución de EuropeAid a los objetivos de la Unión;

5.  Recuerda que la información de respuesta externa, objetiva e imparcial sobre el rendimiento de los proyectos y programas de ayuda de la Comisión debería facilitarse como parte del compromiso de la Comisión con el control de calidad;

6.  Considera que los resultados de las evaluaciones constituyen elementos clave que deben aportarse a las políticas y al proceso de revisión político, con el fin de ajustar los objetivos políticos estratégicos y aumentar la coherencia global con otras políticas de la UE; a este respecto, opina que es fundamental que las evaluaciones sean independientes, transparentes y públicas;

7.  Cree que la inversión en el análisis y agrupación de los resultados procedentes de distintos tipos de evaluaciones no solo proporciona una imagen global de las tendencias, sino que permite extraer lecciones que refuercen en última instancia la eficacia del proceso de evaluación, al tiempo que ofrecen una mejor base de evidencias para la toma de decisiones, la elaboración de las políticas y la continuación de los proyectos existentes en relación con instrumentos de ayuda específicos;

8.  Considera que compartir los conocimientos por todos los medios y a través de todas las herramientas es crucial, no solo para desarrollar una cultura de evaluación, sino, principalmente, para fomentar una cultura de actuación eficaz;

9.  Anima al Tribunal a examinar todos los mecanismos de financiación de EuropeAid para garantizar que se cumple la relación calidad-precio y que la financiación de la Unión es eficiente a la hora de promover los objetivos y los valores de la Unión; opina que los proyectos financiados por la Unión deben adaptarse a los objetivos políticos de la Unión en los países vecinos, teniendo en cuenta la responsabilidad de los beneficiarios y que el dinero de la Unión es un bien fungible;

10.  Respalda las recomendaciones del Tribunal con respecto a los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid;

Recomendaciones del Tribunal

11.  Toma nota de que el Tribunal formula recomendaciones sobre el uso eficiente de los recursos de evaluación y ROM, la priorización y el seguimiento de las evaluaciones, la aplicación de procedimientos de control de calidad, la demostración de los resultados alcanzados y el seguimiento y la divulgación;

12.  Considera que EuropeAid debería mantener prácticas adecuadas de gestión de la información y evaluar sus necesidades periódicamente, con el fin de garantizar una asignación informada de los recursos financieros y humanos tras las evaluaciones y ejercicios de ROM de los programas;

13.  Considera que, con el fin de garantizar que las evaluaciones realizadas reflejan las prioridades de la organización, EuropeAid debe:

14.  Considera que, con el fin de garantizar la calidad de las evaluaciones de los programas y el ROM, EuropeAid debería:

15.  Considera que, con el fin de mejorar la capacidad del sistema de evaluación para facilitar información adecuada sobre los resultados alcanzados, EuropeAid debería:

Parte II – Informe Especial n.º 22/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado: «Haciendo realidad el principio de economía mediante el control de costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural financiados por la UE»

16.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «Haciendo realidad el principio de economía mediante el control de costes de las subvenciones a proyectos de desarrollo rural financiados por la UE»;

17.  Señala que la política de desarrollo rural de la Unión es la clave del impulso a la competitividad de la agricultura, de la garantía de una gestión sostenible de los recursos naturales y de la promoción de la acción por el clima; destaca la importancia del desarrollo territorial de las economías y comunidades rurales, incluida la creación y el mantenimiento del empleo;

18.  Lamenta que la Comisión no proporcionara directrices ni difundiera buenas prácticas al inicio del período de programación 2007-2013, y que no asegurara que los sistemas de control de los Estados miembros fueran eficaces antes de que se iniciase la aprobación de las subvenciones; subraya que, desde 2012, la Comisión ha adoptado un enfoque más activo y coordinado;

19.  Observa que se detectaron muchas insuficiencias en el control de los costes de las subvenciones al desarrollo rural por parte de los Estados miembros; señala que la Comisión está de acuerdo en que un mayor control de los costes podría reportar ahorros en las subvenciones de los proyectos de desarrollo rural obteniendo al mismo tiempo el mismo rendimiento, los mismos resultados y logrando los mismos objetivos; se felicita por que se hayan determinado enfoques viables y eficaces y que puedan aplicarse en mayor medida, que la Comisión acepte los resultados del Tribunal y que haya expresado su intención de trabajar junto con los Estados miembros para controlar mejor los costes del desarrollo rural en el período de programación 2014-2020;

20.  Comparte el punto de vista del Tribunal en el sentido de que la Comisión y los Estados miembros deben controlar al comienzo del nuevo período de programación que los sistemas de control funcionan de modo eficiente y que son eficaces a la luz de los riesgos;

21.  Resalta que la Comisión debe alentar a los Estados miembros a que utilicen la lista de comprobación y los criterios redactados por el Tribunal y recogidos en el Anexo I(7);

22.  Destaca que la Comisión y los Estados miembros deben cooperar al objeto de garantizar que los enfoques aplicados en todos los programas de desarrollo rural cumplen los criterios fijados por el Tribunal para evaluar si los sistemas de control dan respuesta a los riesgos de especificaciones excesivas, precios no competitivos y cambios en el proyecto, y si abordan los ámbitos de mayor riesgo; considera que en este proceso habría que incluir una evaluación ex ante de los sistemas de control llevada a cabo por los servicios de auditoría interna (o por otras entidades auditoras o de inspección) de las autoridades de los Estados miembros;

23.  Considera que los Estados miembros deberían: aplicar en mayor medida aquellos enfoques rentables que ya se hayan determinado; evaluación de los costes con relación a las realizaciones o los resultados esperados, control de los costes estándar que provoquen pagos en exceso, utilización de los precios de mercado reales como precios de referencia para equipos y maquinaria, etc. y no los precios de catálogo de los proveedores, comprobación de que los costes son moderados, incluso si se han seguido los procedimientos de contratación pública, aplicar mayores requisitos y/o controles para las medidas con altos porcentajes de ayuda, etc.;

24.  Acoge con satisfacción que la Comisión comenzara a proporcionar orientaciones acerca de los controles y las sanciones en el ámbito del desarrollo rural, entre ellas, una sección específica sobre la moderación de los costes y una lista de comprobación para las autoridades de gestión adjunta al Informe Especial; observa que la formación y el intercambio de experiencias constarán entre las actividades de la Red Europea de Desarrollo Rural para el período 2014-2020;

Parte III – Informe Especial n.º 23/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «Errores en el gasto en desarrollo rural: ¿cuáles son sus causas y cómo se están abordando?»

25.  Expresa su preocupación por el alto porcentaje de error detectado por el Tribunal en la política de desarrollo rural; observa, no obstante, la ligera tendencia a la baja registrada en los últimos tres años;

26.  Reconoce el esfuerzo realizado por los Estados miembros y la Comisión con vistas a reducir los errores en el gasto en desarrollo rural, sobre todo en estos momentos de difícil coyuntura económica y austeridad fiscal;

27.  Toma nota de que, sobre la base de las constataciones de auditoría de los Estados miembros y de las suyas propias, la Comisión ha aplicado o está en vías de aplicar medidas correctoras en muchos ámbitos identificados en el Informe Especial del Tribunal;

28.  Recuerda que el Tribunal ha afirmado en sus informes anuales que en numerosos casos las autoridades nacionales dispusieron de información suficiente para evitar o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión, lo que habría disminuido el porcentaje de error considerablemente;

29.  Observa que, cuanto más sencillas de aplicar sean las normas, menos errores se producirán; expresa su preocupación por que el porcentaje de error pueda aumentar de nuevo en los próximos años, habida cuenta de la complejidad de las nuevas normas de la PAC reformada; pide, por tanto, una simplificación real de la PAC acompañada de orientaciones claras para las autoridades nacionales y los agricultores;

30.  Considera que el coste de la gestión y los controles (4 000 millones de euros) para el conjunto de la PAC es considerable y que debe ponerse el énfasis en mejorar la eficiencia de los controles, y no en incrementar la cantidad de los mismos; pide a la Comisión y a los Estados miembros, en este contexto, que se centren en las causas subyacentes a los errores en el gasto en desarrollo rural; considera que los Estados miembros deben, cuando proceda, adoptar las siguientes medidas preventivas y correctoras:

En aplicación del concepto de condicionalidad ex ante, los Estados miembros deben desarrollar y proporcionar directrices pormenorizadas a los beneficiarios sobre el modo de aplicación de las normas de contratación pública;

Los Estados miembros deben aumentar el alcance de sus controles administrativos para incluir controles de los compromisos mediante pruebas documentales, que actualmente solo se llevan a cabo en el 5 % de los casos en los que se realizan controles sobre el terreno; asimismo, el sistema de reducciones y sanciones debe diseñarse de manera que tenga un efecto disuasorio significativo sobre los posibles infractores;

31.  Solicita a la Comisión que lleve a cabo un estrecho seguimiento de la ejecución de los programas de desarrollo rural y tenga en cuenta en sus auditorías de conformidad las normas vigentes, incluidas si procede las adoptadas a nivel nacional, a fin de reducir el riesgo de repetir insuficiencias y errores detectados durante el período de programación 2007-2013;

32.  Considera que sigue habiendo numerosas incoherencias en las metodologías de cálculo del porcentaje de error, no solo entre las empleadas por la Comisión y los Estados miembros, sino también entre las empleadas dentro de los Servicios de la Comisión, lo que hace más difícil la introducción de una normativa nacional adecuada en los Estados miembros; pide a la Comisión que aplique una metodología de cálculo del porcentaje de error uniforme que pueda reflejarse plenamente en las metodologías de los Estados miembros;

33.  Respalda un uso más intensivo de los métodos simplificados de costes, cuando proceda, y de conformidad con las disposiciones legislativas, y solicita que la Comisión y los Estados miembros analicen en qué grado se pueden replicar las características de un ámbito más focalizado, unos criterios de subvencionabilidad limitados y el uso de opciones simplificadas de costes en la concepción y ejecución de un mayor número de medidas de ayuda sin comprometer sus objetivos generales;

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen cómo mejorar el régimen de apoyo a las inversiones para la transformación de productos agrícolas y que examinen igualmente la medida de ayudas agroambientales a fin de que, en la medida de lo posible, los compromisos puedan supervisarse con los controles administrativos de los Estados miembros;

35.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis causal pormenorizado de las correlaciones negativas entre la tasa de ejecución financiera y el porcentaje de error;

Parte IV– Informe Especial n.º 24/2014 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Se han gestionado adecuadamente las ayudas de la UE destinadas a la prevención y reparación de los daños causados por incendios y catástrofes naturales en los bosques?»

36.  Pide a la Comisión que establezca criterios comunes para identificar la magnitud del riesgo de incendio en los bosques europeos, con el fin de acabar con la definición arbitraria e inconsistente de zonas de riesgo de incendio alto y, con ello, el deficiente proceso de evaluación y selección por parte de los Estados miembros;

37.  Insta a los Estados miembros a seleccionar sus acciones preventivas de acuerdo con las necesidades reales de riesgo de incendio y con arreglo a los requisitos de la medida 226, en lugar de otros objetivos medioambientales o económicos; insiste a este respecto en la necesidad de que los beneficiarios demuestren de forma incondicional y documenten con precisión su necesidad de ayuda a tenor de esta medida; destaca la recomendación del Tribunal de que se dé prioridad a las acciones en los bosques más valiosos desde el punto de vista ecológico, como las zonas forestales de Natura 2000;

38.  Exige, en vista de las alarmantes conclusiones del Tribunal en relación con los costes medios para acciones similares en diferentes regiones, un límite máximo razonable y verificable para la ayuda, así como una justificación plenamente motivada en caso de cualquier modificación del mismo;

39.  Invita a los Estados miembros a coordinar y estructurar mejor sus políticas en materia de incendios forestales; respalda la creación de una plataforma europea para que los beneficiarios compartan y promuevan las mejores prácticas;

40.  Lamenta, en particular la conclusión del Tribunal de que las graves deficiencias continuarán en el período 2014-2020, debido al carácter constantemente deficitario del marco de seguimiento; insta a la Comisión a tomar medidas inmediatas para mejorar su sistema de seguimiento y control;

41.  Pide a la Comisión que apoye la presentación de datos armonizados sobre el papel multifuncional de los bosques y recursos forestales, apoyando la creación de un Sistema de Información Forestal para Europa basado en datos nacionales y su integración en una plataforma de datos europea;

42.  Insiste además en que los Estados miembros deben establecer un sólido sistema de control que incluya la conservación de los documentos y la información pertinentes; pide, a este respecto, a la Comisión que garantice que la ayuda únicamente se otorga una vez que los Estados miembros hayan establecido un sistema de control apropiado y revisable de este tipo;

43.  Invita a los Estados miembros a que informen periódicamente sobre los efectos de las acciones llevadas a cabo y las reducciones del número de incendios o catástrofes naturales, así como de las zonas que han sufrido daños;

Parte V – Informe Especial n.º 1/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin mejoras significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001»

44.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «Transporte por vías navegables interiores en Europa: sin mejoras significativas en la cuota modal y en las condiciones de navegabilidad desde 2001» y hace suyas sus constataciones, conclusiones y recomendaciones;

45.  Toma nota de que el sector del transporte de la Unión resulta crucial para la realización del mercado único, la competitividad de las pymes y el crecimiento económico global en Europa;

46.  Concluye que el modo de transporte basado en las vías navegables interiores se desarrolla a un ritmo inferior al del transporte por carretera y del ferroviario, a pesar de una década de inversiones; insta a un incremento significativo de los esfuerzos de la Comisión y los Estados miembros;

47.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen la hoja de ruta para la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector de la navegación interior tal y como hacen en otros sectores y a que incluyan infraestructuras y equipos portuarios en este esfuerzo, con vistas a garantizar la compatibilidad de los avances técnicos con las exigencias de otros modos de transporte, asegurando así el transporte multimodal.

48.  Considera que la realización los objetivos fijados en el Libro Blanco de 2001, en su evaluación intermedia de 2006 y en los programas NAIA–DES (Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables) de 2006 y 2013, no resultó suficiente en parte debido a la falta de compromiso por parte de los Estados miembros;

49.  Observa que ha disminuido el interés de los Estados miembros en invertir en una política comunitaria de transportes y que prefieren financiar proyectos de carácter nacional regional y local, y que los procedimientos de selección de proyectos están descentralizados, lo que impide a la Comisión establecer prioridades entre los proyectos elegibles;

50.  Subraya que los Estados miembros se han comprometido legalmente a facilitar una financiación nacional para poner en práctica la red básica de modo que las vías navegables europeas de importancia estratégica se transformen en corredores de transporte de gran capacidad;

51.  Observa que el papel de coordinadora estratégica de la Comisión se ha debilitado, lo que se ha traducido en un desajuste entre los proyectos llevados a cabo y las prioridades a nivel de la UE;

52.  Llama la atención sobre el hecho de que las investigaciones realizadas sobre la base de los informes especiales(8) del Tribunal permiten afirmar que se pueden extraer conclusiones similares a las referidas a las vías navegables en relación con otros ámbitos del transporte financiados por el presupuesto de la Unión; observa que, en estos ámbitos del transporte público urbano y la infraestructura aeroportuaria, los proyectos a menudo adolecen de:

53.  Considera que las conclusiones mencionadas anteriormente, así como las observaciones relativas al transporte por vías navegables interiores, se refieren a cuestiones horizontales comunes a toda la Unión; que los resultados de la financiación de la Unión destinada al transporte en general se debilitan por la falta de planificación estratégica y la falta de coherencia, resultados sostenibles, eficiencia y eficacia;

54.  Considera posible obtener resultados sostenibles en este ámbito a través de una intensa cooperación entre los Estados miembros, por una parte, y los Estados miembros y la Comisión, por otra, para asegurar el desarrollo de la navegación interior;

55.  Recomienda que la Comisión y los Estados miembros presten la mayor atención a los compromisos comunes porque el sector del transporte de la Unión funciona en un entorno complejo de variables económicas, políticas y jurídicas en las que el establecimiento de redes multimodales se encuentra con obstáculos y limitaciones derivadas de prioridades divergentes y compromisos incoherentes;

56.  Recomienda que los Estados miembros se centren en proyectos de vías navegables interiores que estén directamente relacionados con los corredores de la red básica con el fin de lograr el mayor impacto y los beneficios más inmediatos para la mejora del transporte por vías navegables interiores;

57.  Recomienda que se aplique el principio de «menos es más» cuando los Estados miembros inviertan en el transporte por vías navegables: los recursos limitados de la Unión deben centrarse en los proyectos de máxima prioridad con el fin de eliminar eficazmente los cuellos de botella y establecer una red integrada de vías navegables a escala de la Unión;

58.  Recomienda que los Estados miembros consideren el Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(9) (el Reglamento RTE-T) y el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(10) (Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar Europa») como herramientas esenciales en la racionalización de los proyectos con el fin de alcanzar los objetivos establecidos por la Comisión desde 2001;

59.  Recomienda que el instrumento RTE-T y el Reglamento sobre el Mecanismo «Conectar Europa» se utilicen intensamente como una oportunidad para la inversión, prestando una atención especial a los corredores de la Unión de importancia estratégica (una red principal de carácter global) con requisitos específicos normalizados en materia de infraestructura específicos aplicables a la red en su totalidad y con plazos jurídicamente vinculantes para la ejecución del proyecto;

60.  Recomienda que se adopten unos enfoques y una planificación estratégicos profundos en aras de la sincronización de la financiación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE), del RTE-T y del Mecanismo «Conectar Europa» para alcanzar de forma eficaz y eficiente los objetivos en materia de transporte por vías navegables interiores;

61.  Recomienda que considere que la creación de centros de transporte intermodal a lo largo de la red básica es un factor habilitador clave en el contexto de la transferencia desde el transporte de bienes y mercancías de las carreteras hacia las vías navegables interiores;

62.  Recomienda que los Estados miembros tengan en cuenta el papel de la Comisión en el ámbito de la coordinación cuando se trate de proyectos estratégicos a largo plazo, como los corredores de la red básica;

63.  Recomienda que la Comisión identifique y analice todas las cuestiones horizontales, prestando una atención especial a la planificación y a la cooperación estratégicas con los Estados miembros y entre ellos, y a la selección y ejecución de proyectos, con el fin de permitir que las conclusiones se tengan en cuenta en el período de programación actual;

64.  Considera que la Comisión debe prestar asistencia técnica y orientación intensivas a los Estados miembros antes de presentar propuestas de proyectos y durante toda la fase de ejecución con el fin de eliminar los obstáculos al transporte por vías navegables que haya detectado;

65.  Recomienda que la Comisión centre su financiación en aquellos proyectos que tengan mayor relevancia para el transporte por vías navegables interiores y que presente planes de carácter global para eliminar los cuellos de botella;

66.  Recomienda que la Comisión financie con carácter prioritario los proyectos e iniciativas en los Estados miembros que tengan como objetivo la mejora del transporte por vías navegables mediante soluciones innovadoras, como la navegación de alta tecnología, los combustibles alternativos y los buques eficaces; considera que la Comisión debería también fomentar programas multilaterales de intercambio de conocimientos y de conocimientos especializados a nivel europeo y entre los diferentes puertos de la Unión;

67.  Recomienda que la Comisión mejore el grado de conocimiento entre los Estados miembros y sus regiones de los instrumentos de financiación disponibles en apoyo del transporte por vías navegables interiores con miras a la eliminación de los cuellos de botella existentes en los principales corredores;

68.  Considera que debe mejorarse significativamente la coordinación entre los Estados miembros en relación con el desarrollo del transporte por vías navegables interiores mediante la facilitación y compromisos y condiciones de mayor carácter vinculante, lo que dotará de un marco al trabajo relativo a los corredores multimodales de la red básica creados por el Mecanismo «Conectar Europa» y el Reglamento RTE-T;

69.  Considera que la Comisión debe negociar acciones específicas y viables para eliminar los cuellos de botella, que deberán obtener el acuerdo de los Estados miembros en forma de un calendario de ejecución;

70.  Pide a la Comisión que actualice sus objetivos estratégicos y sus recomendaciones para las vías de navegación interior y que presente una propuesta de estrategia y de plan de acción para las vías de navegación interior de la Unión para 2020 y en adelante;

71.  Recomienda que la evaluación ex ante de las operaciones realizada por la Comisión en relación con el transporte por vías navegables interiores evalúe los resultados en el contexto de los objetivos generales establecidos desde 2001 y de la realización de la red básica;

Parte VI – Informe Especial n.º 2/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Financiación de la UE de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas en la cuenca del río Danubio: se precisan esfuerzos adicionales para ayudar a los Estados miembros a lograr los objetivos de la política europea de aguas residuales»

72.  Considera que debe exigirse un informe sobre la adecuación del tratamiento de aguas residuales para las aglomeraciones de menos de 2 000 equivalentes habitante que disponen de sistemas de recogida teniendo en cuenta los requisitos del artículo 7 de la Directiva 91/271/CEE(11) del Consejo (sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, Directiva TARU); observa que, para las aglomeraciones en las que no existan sistemas de recogida, los informes deben contener información sobre si se han incluido las medidas adecuadas en los planes hidrológicos de cuenca;

73.  Está de acuerdo con el Tribunal en que la Comisión debe auditar los informes de los Estados miembros acerca del número de aglomeraciones por encima y por debajo de los 2 000 equivalentes habitante si se producen cambios significativos, en especial de una categoría a otra;

74.  Destaca la necesidad de animar a los Estados miembros a fijar para los hogares obligaciones jurídicas claras de conexión a las redes de alcantarillado existentes si tales obligaciones no existen o están vinculados a plazos vagos;

75.  Observa que debe acortarse el tiempo necesario para evaluar la adecuación con la Directiva TARU exigiendo a los Estados miembros que presenten los datos en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de referencia de la Comisión; señala asimismo que la Comisión debe detectar otros casos de períodos de presentación de informe demasiado extensos en el marco de otras directivas relativas al medio ambiente;

76.  Insiste en la necesidad de acelerar la absorción de fondos de la Unión en el ámbito de las aguas residuales por parte de los Estados miembros, ya que se detectaron retrasos para algunos Estados miembros incluidos en el informe y la absorción de los fondos de la Unión ha sido lenta; pide a la Comisión que facilite ayuda técnica, jurídica y administrativa a los beneficiarios a fin de garantizar que se completan los proyectos en curso a su debido tiempo;

77.  Señala que la Comisión reconoce que el índice de absorción a finales de 2013 de todos los Estados miembros afectados era muy bajo, lo que explica la existencia de un riesgo de desvinculación respecto a los programas (artículo 93 del Reglamento del Consejo (CE) n.º 1083/2006)(12); destaca, no obstante, que existen razones objetivas para ello, como la necesidad de reforzar la capacidad técnica, jurídica y administrativa de los Estados miembros en cuestión; observa, asimismo, que la Comisión indica que los pagos para la mayor parte de los proyectos se producen normalmente en el último año de ejecución (es decir, 2014 y 2015 para el período de programación 2007-2013);

78.  Considera que debe exigirse a los Estados miembros que presenten información actualizada sobre el importe de los fondos adicionales que necesitarán para garantizar que se logren los plazos de ejecución definidos en la Directiva TARU, tanto para las aglomeraciones de más de 2 000 equivalentes habitante como para las de menos de 2 000 equivalentes habitante que disponen de sistemas de recogida; celebra la introducción del Marco estructurado de aplicación e información (SIIF, por sus siglas en inglés), instrumento de notificación que debería mejorar el proceso de presentación de informes en el ámbito nacional;

79.  Destaca la necesidad de llevar a cabo los proyectos necesarios en los Estados miembros a fin de garantizar que las aglomeraciones que aún no lo hagan cumplan con los requisitos de la Directiva TARU;

80.  Hace hincapié en la necesidad de mejorar el comportamiento medioambiental de los servicios del agua financiados por la Unión, y que la Comisión haga mayores esfuerzos para supervisar la ejecución de la legislación al respecto y hacer que se cumplan los plazos para la realización de los objetivos de la Directiva TARU; considera que debe garantizarse una protección equivalente del medio ambiente en toda la Unión;

81.  Considera que debe animarse a los Estados miembros a estudiar y difundir información sobre las posibilidades de economizar costes, por ejemplo aprovechando el potencial de producción de energía de los lodos de depuradora o utilizando los lodos de depuradora como materias primas valiosas para la recuperación de fósforo;

82.  Observa que los pagos finales para los «grandes proyectos» aprobados en el marco de un programa operativo deben condicionarse a la existencia de una solución adecuada para reutilizar los lodos de depuradora; anima a los Estados miembros a seguir el mismo enfoque para los proyectos aprobados en el ámbito nacional;

83.  Insta a los Estados miembros a que apliquen una política responsable de tarifas de aguas residuales y a que adapten, cuando proceda, las disposiciones jurídicas en el ámbito de la tarificación del agua para evitar tarifas inferiores al coeficiente de asequibilidad del 4 % comúnmente aceptado;

84.  Anima a los Estados miembros a velar por que los propietarios públicos de instalaciones de tratamiento de aguas residuales, como los municipios, garanticen que dispondrán de fondos suficientes para el mantenimiento y la renovación necesarios de las infraestructuras de aguas residuales;

Parte VII – Informe Especial n.º 3/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Garantía Juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»

85.  Acoge favorablemente el Informe Especial n.° 3/2015 del Tribunal, titulado «Garantía Juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos» y respalda sus recomendaciones;

86.  Observa que el Tribunal está efectuando una evaluación intermedia de la iniciativa y celebra la ambición del Tribunal a la hora de empezar a valorar el uso de los fondos de la Unión en una fase temprana;

87.  Subraya que la Garantía Juvenil es un aspecto esencial de la respuesta al desempleo de los jóvenes; acoge con satisfacción que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión hayan decidido destinar 6 400 millones de euros de los fondos de la Unión (3 200 millones de euros del Fondo Social Europeo y 3 200 millones de euros procedentes de una nueva línea presupuestaria) a la Garantía Juvenil; señala que, si bien ello constituye un buen comienzo, no resulta suficiente para que la Garantía Juvenil sea un éxito; pide por tanto a la Comisión que vele por que se encuentren más fondos para apoyar la Garantía Juvenil a lo largo del período de siete años;

88.  Señala que la financiación para el empleo juvenil incluye los Fondos EIE así como instrumentos como Erasmus+, Erasmus para Emprendedores y otros programas; subraya que debe lograrse una sinergia mejor entre todas las fuentes disponibles;

89.  Considera que la financiación de la Garantía Juvenil es sumamente compleja al contar con varias opciones de financiación a través del Fondo Social Europeo (FSE) y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ); pide a la Comisión que facilite orientación a las autoridades de los Estados miembros teniendo debidamente en cuenta que las autoridades locales, regionales y nacionales se enfrentan a retos diferentes a la hora de llevar esta iniciativa a la práctica y, por consiguiente, necesitan directrices específicas;

90.  Opina que la Comisión ha destinado importantes recursos para garantizar que esta medida sea eficaz para luchar contra el desempleo juvenil; lamenta, sin embargo, que se haya puesto mucha menos energía a la hora de coordinar su aplicación por parte de los Estados miembros;

91.  Señala que no solo la disponibilidad de financiación, sino también una utilización satisfactoria de los fondos son condiciones necesarias para la aplicación eficaz de la Garantía Juvenil; lamenta por tanto que, en varias regiones de Europa, el índice de utilización del FSE sea muy bajo; pide a los Estados miembros que faciliten los recursos administrativos y humanos necesarios para la utilización de los fondos asignados con miras a la aplicación satisfactoria de la Garantía Juvenil;

92.  Considera que, a pesar de la necesidad de mejorar la capacidad de utilización, los Estados miembros deben centrarse también en los resultados a la hora de llevar esta iniciativa a la práctica, al igual que la Comisión, a través de su papel de supervisión, con objeto de garantizar los efectos a largo plazo de los fondos invertidos;

93.  Pide a la Comisión que elabore un sistema global de supervisión que abarque una serie de normas para evaluar la aplicación de las medidas de la Garantía Juvenil y su eficiencia en los Estados miembros; pide asimismo a la Comisión que examine la posibilidad de incluir objetivos obligatorios para la lucha contra el desempleo juvenil en el marco del Semestre Europeo;

94.  Considera fundamental combinar la aplicación eficaz de los fondos disponibles por parte de los Estados miembros con una máxima asistencia por parte de la Comisión para subsanar las deficiencias de aplicación;

95.  Señala que la Unión no dispone de competencias vinculantes en lo que respecta a las políticas activas del mercado laboral, pero destaca la necesidad de que la Comisión ofrezca a los Estados miembros ejemplos de buenas prácticas sobre la manera de aplicar la Garantía Juvenil, en particular las prácticas seleccionadas por la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo;

96.  Insta a los Estados miembros a que utilicen la financiación de la Unión y se comprometan a realizar reformas destinadas a subsanar las deficiencias en educación, competencias profesionales, creación de asociaciones público-privadas y mejora de los servicios de empleo y su accesibilidad;

97.  Pide a los Estados miembros que, con objeto de garantizar una aplicación adecuada y un impacto positivo a largo plazo, acometan los cambios institucionales que resulten necesarios y fomenten la cooperación entre las entidades locales, las autoridades educativas, los servicios públicos de empleo, la industria y el comercio locales, los sindicatos y las asociaciones juveniles; considera esencial lograr una mejor planificación de la capacidad y una utilización estratégica de las diversas fuentes de financiación disponibles, orientada hacia la obtención de resultados;

98.  Recuerda a los Estados miembros que deben comprometerse a aumentar la financiación nacional para completar los créditos del FSE y de la Iniciativa de Empleo Juvenil en aras de garantizar la necesaria incentivación del empleo juvenil;

99.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(13) relativo al Fondo Social Europeo, a favor de un aumento del importe de la prefinanciación inicial abonada a los programas operativos apoyados por la IEJ, aumentando así la prefinanciación inicial en 2015 de aproximadamente un 1 % a un 30 % para la asignación destinada a la IEJ; señala que la Comisión debe comprometerse a abonar el importe de prefinanciación a los Estados miembros inmediatamente después de la entrada en vigor del Reglamento modificativo, con objeto de permitir una rápida ejecución de los programas operativos apoyados por la IEJ;

100.  Pide a la Comisión que elabore un plan de seguimiento global que incluya el marco de indicadores para el seguimiento de la Garantía Juvenil junto con los indicadores de resultados previstos, centrándose en los resultados y evaluando la situación laboral de las personas que se hayan beneficiado de las medidas de empleo juvenil;

101.  Considera que las políticas del mercado laboral en relación con la oferta deben considerarse conjuntamente con las políticas de educación, juventud y bienestar y un contexto macroeconómico más amplio;

102.  Observa que el informe anual 2016 de la Comisión sobre la ejecución de la Garantía Juvenil y los próximos informes especiales del Tribunal relativos al empleo juvenil constituyen una excelente oportunidad para abordar las deficiencias existentes, tanto a escala de la Comisión como en el ámbito local, regional y nacional;

Parte VIII – Informe Especial n.º 4/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Asistencia técnica: ¿cuál ha sido su contribución a la agricultura y el desarrollo rural?»

103.  Pide a la Comisión que aclare el alcance y la aplicación de la asistencia técnica a los Estados miembros en el ámbito del desarrollo rural; considera que, en particular, la Comisión debería aclarar la distinción entre gastos operativos / de «creación de capacidades» y administrativos / de «apoyo presupuestario» subvencionables (en particular los salarios);

104.  Pide a la Comisión que vigile de cerca la aplicación de la asistencia técnica por parte de los Estados miembros;

105.  Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para garantizar que gastos administrativos generales como el mantenimiento informático periódico no se imputen a las líneas presupuestarias de asistencia técnica;

106.  Pide a la Comisión que solicite, en el futuro, a los Estados miembros que informen de los gastos administrativos / de «apoyo presupuestario» para el desarrollo rural por separado, para dar mayor transparencia al hecho de que parte de la financiación de asistencia técnica se destina a dicho apoyo;

107.  Pide a la Comisión que establezca con los Estados miembros un marco de resultados adecuado para la financiación de la asistencia técnica; considera que, en particular, tendrían que evaluarse correctamente las necesidades de la Comisión y los Estados miembros en este ámbito y habría que implantar un mecanismo para fijar objetivos y evaluar los progresos realizados para su consecución;

Parte IX – Informe Especial n.º 5/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Son los instrumentos financieros una herramienta eficaz y prometedora en el ámbito del desarrollo rural?»

108.  Solicita a la Comisión que identifique los desafíos, las características específicas y los obstáculos existentes en el ámbito del desarrollo rural con el fin de animar a los Estados miembros a establecer y evaluar mejor las exigencias presupuestarias en relación con los instrumentos financieros y evitar la sobrecapitalización, que compromete fondos sin contribuir a la puesta en práctica de las políticas de la Unión; solicita asimismo que se facilite el acceso de los beneficiarios finales con el fin de permitir una aplicación más activa de los instrumentos financieros a nivel regional, en particular con respecto a las subvenciones;

109.  Solicita que los Estados miembros proporcionen información cuantificable fiable que permita determinar el tipo apropiado de fondos y la asignación consecuente de los recursos financieros; solicita asimismo que la Comisión y los Estados miembros apliquen sistemas de vigilancia que permitan evaluar la efectividad de los instrumentos financieros;

110.  Solicita que la Comisión proporcione orientación y promueva activamente una mayor calidad de las evaluaciones ex ante obligatorias relacionadas con los instrumentos financieros, como se introdujeron para el período de programación 2014-2020, con el fin de identificar insuficiencias concretas y evitar la sobrecapitalización; que los Estados miembros, además, establezcan el coeficiente de exposición al riesgo mediante un análisis técnico adecuado;

111.  Solicita que la Comisión fije normas y objetivos apropiados para los efectos de palanca y rotación con el fin de aumentar la eficacia de los instrumentos financieros para el período de programación 2014-2020; solicita igualmente que la Comisión y los Estados miembros realicen una evaluación exhaustiva antes de la utilización y del desarrollo futuros de instrumentos financieros en el ámbito del desarrollo rural sobre la base de su contribución a la aplicación de las políticas de la Unión y su eficacia para los beneficiarios;

112.  Solicita que la Comisión y los Estados miembros definan unas normas claras de transición entre los períodos de programación para promover los efectos a largo plazo y la sostenibilidad de los instrumentos financieros;

113.  Solicita que la Comisión anime a los Estados miembros a establecer un único instrumento financiero que sea capaz de proporcionar préstamos y garantías, aumentando, así, su actividad y masa crítica;

114.  Solicita que los Estados miembros hallen formas de superar las deficiencias en materia de selección en la gestión de subvenciones para medidas de inversión, lo que podría resultar en efectos de peso muerto o de desplazamiento; solicita, por esta razón, que los Estados miembros apliquen indicadores apropiados y claramente definidos, tales como el rendimiento de las inversiones y los estados de flujo de tesorería previstos, a fin de garantizar la viabilidad de los proyectos;

115.  Solicita que los Estados miembros examinen cómo se pueden combinar las subvenciones y los instrumentos financieros en el programa operativo para ofrecer la mejor relación calidad-precio, maximizando los efectos de palanca y rotación;

116.  Solicita que la Comisión proporcione normas de funcionamiento precisas antes del cierre del período de programación 2007-2013, también en relación con la política de salida;

Parte X – Informe Especial n.º 6/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Integridad y aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE»

117.  Manifiesta su decepción por el hecho de que no haya sido posible obtener un análisis completo de la eficiencia de los distintos sistemas de asignación aplicados por los Estados miembros durante la fase II del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE)(2008-2012), lo que habría tenido una importancia fundamental al facilitar información para la formulación de recomendaciones políticas sobre la base de los resultados de la auditoría del Tribunal;

118.  Observa que la evaluación del Tribunal se centra en la aplicación de la fase II del RCDE UE (2008-2012), mientras que para la fase III del RCDE UE (2013-2020) se decidieron y aplicaron reformas considerables, incluidas medidas de armonización de la Unión;

119.  Celebra el hecho de que se hayan aplicado mejoras significativas en el marco para la protección de la integridad del RCDE, incluida la mayor parte del mercado secundario de derechos de emisión en los regímenes de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros(14) y de la Directiva(15) y el Reglamento(16)sobre el abuso de mercado; pide a la Comisión que examine la posibilidad de adoptar medidas complementarias de acuerdo con las recomendaciones del Tribunal, incluidas medidas que cubran a negociadores sujetos al régimen;

120.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen transparencia y una supervisión eficaz a nivel de la Unión del mercado de emisiones y de los procedimientos de cooperación en los que participen los organismos reguladores nacionales y la Comisión;

121.  Considera que la Comisión, como guardiana de los Tratados, debe supervisar rigurosamente la aplicación en los Estados miembros y proporcionar una asistencia más continuada durante todo el proceso; opina que es necesario un equilibrio justo entre un control firme, la notificación y verificación y la carga administrativa; opina que la Comisión tiene que garantizar la previsibilidad delas resoluciones judiciales y la seguridad jurídica, teniendo en cuenta las orientaciones del Consejo Europeo;

122.  Señala que el Tribunal evaluó la integridad y la aplicación del RCDE UE, pero también que es necesario un análisis de la eficiencia del sistema RCDE y de sus logros, incluida una evaluación de la interacción entre la legislación nacional y la europea, como el desarrollo de las energías renovables y las medidas de fomento de la eficiencia energética, que tienen también un efecto significativo en las emisiones de CO2 y, por consiguiente, en el mercado del carbono;

123.  Pide al Tribunal que incluya en su análisis los sectores industriales afectados, especialmente en lo que se refiere a los aspectos de la seguridad jurídica y la previsibilidad, y que examine en qué medida está garantizado un marco jurídico fiable y la forma en que los recientes ajustes del marco del RCDE han podido afectar a la eficacia del sistema;

124.  Muestra su preocupación por el hecho de que en el momento de la auditoría, el riesgo de fraude del IVA en el RCDE no se había abordado plenamente, dado que un tercio de los Estados miembros no habían aplicado todavía la legislación sobre el procedimiento de inversión impositiva; pide a todos los Estados miembros que lo hagan sin más dilación;

125.  Considera fundamental adoptar todas las medidas necesarias para evitar la fuga de carbono y garantizar una competitividad internacional justa en relación con las medidas existentes para la asignación gratuita de derechos de emisión; solicita a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de las empresas y los sectores industriales vulnerables a la fuga de carbono, para determinar claramente los ámbitos en los que la industria europea ha sufrido pérdidas comerciales en beneficio de países que carecen de una legislación estricta en materia de clima;

Parte XI – Informe Especial n.º 7/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «La Misión de Policía de la UE en Afganistán: resultados dispares»

126.  Pide que la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) pongan en práctica lo aprendido no solo con la misión EUPOL en Afganistán sino también con otras misiones de la contribución a las operaciones de gestión de crisis en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), con objeto de facilitar la transferencia de conocimientos y las sinergias entre las distintas misiones; pide que el SEAE facilite, cuando proceda, un enfoque horizontal más claro para las misiones de la PCSD; destaca que la coordinación entre todos los actores de la Unión que participan, incluidos los Estados miembros, así como otros actores internacionales reviste una importancia fundamental para el éxito de las misiones actuales y futuras;

127.  Pide que el SEAE incremente la asunción de responsabilidades de su principal instrumento financiero en Afganistán, el Fondo Fiduciario a favor del orden público en Afganistán (LOFTA), gestionado por el PNUD, cuya mala gestión y falta de transparencia ha sido objeto de críticas; insiste además en la necesidad de recurrir a todos los cauces adecuados de financiación para las futuras misiones de la PCSD, incluidos los fondos de los fondos fiduciarios de la UE, de forma eficaz, a fin de garantizar la realización de los objetivos políticos de la misión y una buena gestión financiera;

128.  Pide que la Comisión y el SEAE creen sinergias y referencias cruzadas entre actividades de proyectos así como unos vínculos sólidos y eficaces entre los objetivos de las misiones y los resultados recogidos en el Plan de Aplicación de la Misión (MIP);

129.  Pide que asuntos como el género, la capacitación y la educación de las mujeres desempeñen un papel importante en los programas de formación de la EUPOL y otras misiones de la PCSD; observa en este contexto que la EUPOL ha desempeñado de manera muy satisfactoria sus actividades relacionadas con la formación pero no tanto las de tutoría y asesoramiento;

130.  Pide que la Comisión y el SEAE coordinen las misiones de la PCSD de forma pormenorizada y con antelación con otras misiones bilaterales de la Unión y esfuerzos internacionales con objetivos similares; pide a este respecto una mayor cooperación y coordinación entre la Unión y los Estados miembros para fomentar las sinergias dentro de un marco europeo; pide que el mandato para las misiones de la PCSD en curso y futuras determine claramente las responsabilidades de coordinación con otros actores de la Unión, incluidos los Estados miembros;

131.  Pide que la Comisión y el SEAE presten especial atención a los procedimientos de contratación pública a fin de garantizar que respondan a las necesidades operativas de la PCSD; destaca que la aplicación de proyectos se ha visto lastrada por unos procedimientos de contratación pública farragosos que provocaron unos resultados deficientes y que el recurso a unos procedimientos simplificados o flexibles ha conducido a un incremento de los procedimientos que finalizaron con la formalización de un contrato;

132.  Pide que la Comisión y el SEAE sigan aumentando la eficacia de sus misiones de la PCSD mejorando la sostenibilidad a largo plazo de los resultados logrados; reconoce, no obstante, que el apoyo de la Unión y de la comunidad internacional constituye un factor decisivo para la realización de estos objetivos a largo plazo;

133.  Pide que la Comisión y el SEAE observen los logros de la Unión tras la supresión paulatina de la EUPOL de aquí a finales de 2016, incluida la posibilidad de un nuevo compromiso después de 2016;

134.  Pide que la Comisión y el SEAE desarrollen con la debida antelación unas orientaciones pormenorizadas en relación con la reducción de los efectivos de las misiones y al cierre de estas, así como a la liquidación de sus activos;

Parte XII – Informe Especial n.º 8/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las necesidades de los microempresarios?»

135.  Acoge con satisfacción el Informe Especial del Tribunal titulado «¿Responde adecuadamente la ayuda financiera de la UE a las necesidades de los microempresarios?» y apoya en principio sus recomendaciones;

136.  Observa que el microcrédito, aunque siga considerado inmaduro, está en crecimiento continuo en la Unión y su repercusión en la creación de empleo es superior a los 250 000 puestos de trabajo (datos de 2013);

137.  Es de la opinión de que hay diferencias sustanciales entre los mecanismos financieros del instrumento europeo de microfinanciación Progress y las subvenciones del Fondo Social Europeo (FSE), que tienden a dedicarse a propósitos distintos; considera que los diferentes mecanismos de apoyo pueden ser apropiados en diferentes condiciones de mercado;

138.  Observa que el Tribunal compara en esta auditoría dos mecanismos financieros dispares que pueden tener enfoques y objetivos distintos; destaca que el FSE y el Instrumento europeo de microfinanciación Progress difieren en muchos aspectos, concretamente en su estructura, normas y grupos objetivo, estando este último dedicado exclusivamente a la microfinanciación, mientras que el primero cubre una gama de aspectos mucho más amplia;

139.  Pone de relieve que estos dos mecanismos financieros son complementarios y aportan grandes beneficios a los tomadores de microcréditos a través de los tres instrumentos de financiación que son las subvenciones, los préstamos y las garantías; considera que las subvenciones —proporcionadas exclusivamente a través del FSE— son tan fundamentales para el microcrédito como los otros dos instrumentos de financiación, y sus resultados deben evaluarse teniendo en cuenta sus funciones complementarias

140.  Destaca la importancia de los objetivos de la microfinanciación a la hora de mejorar la inclusión social, combatir el desempleo e incrementar el acceso a financiación por parte de desempleados, otras personas desfavorecidas y microempresas; considera, a este respecto, que las subvenciones y los instrumentos de financiación deben tener la responsabilidad primordial de ayudar a las personas y los microempresarios a superar dificultades para alcanzar estos objetivos;

141.  Es de la opinión de que las subvenciones son fundamentales para alcanzar los objetivos de crecimiento, inclusión y empleo establecidos en la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos - Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2006)0249) y la Comunicación de la Comisión titulada «Un compromiso compartido en favor del empleo» (COM(2009)0257) y en el Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(17) relativo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI);

142.  Subraya la necesidad de un sistema de microfinanciación reforzada que sea un instrumento de desarrollo económico y social en apoyo de las necesidades de quienes pasan por dificultades reales;

143.  Considera que debe corregirse en el EaSI por lo que se refiere al período de programación 2014-2020 la atención relativamente escasa a los instrumentos financieros en la mejora de las condiciones de los grupos vulnerables;

144.  Considera que no ha habido suficiente complementariedad entre el Instrumento europeo de microfinanciación Progress y el FSE en lo que se refiere al requisito de que todos los proveedores de microcréditos cooperen con organizaciones, en particular apoyadas por el Fondo Social Europeo (FSE), que impartan formación y tutorías;

145.  Acoge con satisfacción el hecho de que la mayoría de las debilidades detectadas y las recomendaciones formuladas por el Tribunal ya han sido atendidas por la Comisión en el nuevo marco regulador (2014-2020);

Parte XIII – Informe Especial n.º 9/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Apoyo de la UE a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte»

146.  Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado al apoyo de la Unión a la lucha contra la tortura y a la abolición de la pena de muerte y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

147.  Reitera que los derechos humanos son una de las piedras angulares tanto de la acción exterior de la Unión como de sus relaciones bilaterales y multilaterales; opina que se les ha de prestar atención constante como prioridad fundamental de la Unión;

148.  Hace hincapié en que la Unión está firmemente comprometida con la prevención y la erradicación de todas las formas de tortura y otros malos tratos, así como con la abolición de la pena de muerte; observa que el principal medio utilizado para tal fin es el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), que ofrece subvenciones a organizaciones de la sociedad civil para la ejecución de proyectos;

149.  Toma nota de que en el período de programación 2007-2013 se asignaron 100,9 millones de euros en el marco del IEDDH para proyectos relacionados con la lucha contra la tortura y la pena de muerte; señala, no obstante, que este importe resulta relativamente pequeño si se tienen en cuenta el gran calado de los objetivos del Instrumento y su cobertura mundial;

150.  Subraya que la gran dispersión de la financiación, repartida entre más de 120 países de todo el mundo, reduce el impacto del IEDDH; pide a la Comisión que establezca mejor las prioridades y se centre de manera más específica en la mejora de los resultados; destaca que los recursos deben dirigirse prioritariamente a países con necesidades considerables y problemas con un potencial real de mejora; celebra que la Comisión ya haya empezado a actuar para que el planteamiento sea más específico en su convocatoria de propuestas para 2015;

151.  Observa que, según el Tribunal, los proyectos financiados no suelen estar bien coordinados con otras acciones de la Unión, como la tradicional ayuda al desarrollo y el diálogo con los países socios, además de no haberse integrado en un planteamiento coherente y estratégico y no haberse complementado bien entre sí; alienta a la Comisión a que adopte una estrategia global al objeto de que se complementen las actividades que tengan los mismos objetivos y se evite el riesgo de doble financiación;

152.  Anima al SEAE y a la Comisión a que hagan énfasis e impriman impulso político allá donde resulte más necesario, a la vez que refuerzan la capacidad sobre el terreno de las Delegaciones de la Unión, para lograr una mayor eficacia y resultados, así como para influir sobre la cultura en lo relativo a políticas de derechos humanos y de democracia;

153.  Pide al SEAE y a la Comisión que refuercen e integren en todas las políticas y acciones la eficacia de los diálogos, estrategias por país y directrices específicas en materia de derechos humanos, velando por que se planteen de forma sistemática cuestiones fundamentales en este ámbito, como la abolición de la pena de muerte y la lucha contra la tortura, en todos los niveles de la elaboración de las políticas con terceros países;

154.  Opina que debe procurarse una mayor programación y seguimiento conjuntos en materia de derechos humanos entre la Comisión y el SEAE, a fin de garantizar una mayor consonancia con las estrategias locales en cuanto a políticas y derechos humanos;

155.  Pide que se aplique un enfoque más cualitativo y estratégico en el proceso general de selección con respecto a las solicitudes recibidas a raíz de las convocatorias de propuestas; anima a la Comisión a que utilice el Instrumento con arreglo a una perspectiva a largo plazo sobre la base de objetivos concretos y mensurables;

156.  Pide al SEAE y a las Delegaciones de la Unión que presten una atención constante a la evolución y los contratiempos que se produzcan en todos los países y que utilicen todos los modos de influencia a su disposición; apoya el papel que desempeñan las Delegaciones de la Unión en lo relativo al análisis y configuración de políticas y a sus funciones de información y coordinación;

157.  Subraya que el Instrumento permite el estudio eficaz de la cuestión a escala local al objeto de analizar la situación y la evolución de los derechos humanos en el mundo; señala que la presencia constante y el interés de la Unión pueden provocar cambios en lo que respecta a la tortura y la pena de muerte; subraya no obstante que la Comisión ha de adoptar un enfoque estratégico al respecto;

158.  Señala que la Comisión recibe información detallada sobre la situación de los derechos humanos en otros países a través de varias vías, y que utiliza esta información para definir las prioridades; observa con preocupación que, a pesar de que la Comisión dispone de estrategias específicas por países en materia de derechos humanos, en las que se incluyen análisis exhaustivos de la situación en el país en cuestión y se establecen prioridades fundamentales al respecto, no se han tenido debidamente en cuenta dichas estrategias ni para la asignación de fondos ni para la coordinación con otras acciones de la Unión; señala lo limitado del valor añadido de las estrategias por países, dado el carácter estrictamente confidencial de estas; pide a la Comisión que los evaluadores de proyectos puedan consultar estas estrategias, al objetivo de garantizar el mayor valor añadido posible;

159.  Celebra el enfoque de financiación de proyectos orientado a la demanda y opina que es una buena manera de atraer a organizaciones motivadas y con experiencia para que presenten proyectos de calidad; observa con satisfacción que este enfoque ascendente alienta a las organizaciones de la sociedad civil a diseñar sus proyectos de conformidad con su capacidad administrativa, operativa y geográfica, así como con su propia estrategia;

160.  Lamenta que las organizaciones locales de la sociedad civil de menor tamaño puedan estar en situación de desventaja a la hora de solicitar subvenciones debido a los dilatados y complicados procedimientos de solicitud y los requisitos lingüísticos o de experiencia; pide a la Comisión que agilice y simplifique dichos procedimientos para fomentar la presentación de proyectos de calidad;

161.  Celebra que la Comisión organice seminarios y cursos de formación para las organizaciones locales de la sociedad civil, promueva asociaciones y permita las subvenciones en cascada, así como que haya organizado estos últimos cuatro años un seminario para la sociedad civil de forma previa a la publicación de las convocatorias de propuestas globales, con el fin ofrecer una oportunidad de familiarizarse con el IEDDH;

162.  Manifiesta su preocupación por que la falta de autonomía financiera de las organizaciones comprometa la continuidad de sus actividades, lo que entraña el riesgo de pérdida de conocimientos técnicos; celebra que la Comisión esté tratando de mitigar esta dependencia financiera permitiendo que tales organizaciones contraten oficiales de recaudación de fondos en el marco del IEDDH;

163.  Señala que, según la evaluación del Tribunal de Cuentas, en general resultó difícil medir los resultados de los proyectos, ya que el efecto pretendido suele ser intangible, no se fijan objetivos para los indicadores de resultados y los informes presentados por las organizaciones de la sociedad civil a la Comisión se centran en las actividades;

164.  Tiene en cuenta que la lucha contra la tortura y la abolición de la pena de muerte son procesos a largo plazo cuyas repercusiones y resultados son difíciles de cuantificar, así como que el IEDDH se enfrenta a problemas delicados en contextos políticos difíciles y que su ejecución exige una gestión rigurosa que requiere una importante inversión de tiempo;

165.  Señala, en este contexto, que los sistemas para medir las repercusiones también son bastante deficientes, a causa de la falta de claridad de los marcos lógicos de intervención, que carecen de parámetros y objetivos bien definidos; pide a la Comisión que precise en mayor medida los requisitos de los marcos lógicos de intervención para mejorar sus resultados y valor añadido;

166.  Pide a la Comisión que elabore una evaluación exhaustiva de las repercusiones de la financiación del IEDDH y extraiga conclusiones de este análisis; anima a la Comisión a que tome en consideración durante el proceso de selección las repercusiones y resultados de distintos tipos de proyectos; celebra que la Comisión ya esté obrando en aras de una mejor evaluación de las repercusiones de los proyectos sobre derechos humanos y le pide que dé a conocer los resultados a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria;

167.  Señala que las evaluaciones de proyectos están basadas en un sistema de puntuación y tablas de evaluación normalizadas con criterios relativos al diseño, la pertinencia, la capacidad, la viabilidad, la eficacia, la sostenibilidad y la rentabilidad del proyecto, y que las subvenciones van a parar a los proyectos con las mejores puntuaciones; observa que, según el Tribunal, las tablas de evaluación normalizadas presentan una serie de deficiencias en lo relativo a las orientaciones disponibles para la puntuación conforme a dichos criterios; pide a la Comisión que precise en mayor medida estas orientaciones y se replantee la posibilidad de mejorar dichas tablas;

168.  Pide que la Comisión palie las deficiencias de su evaluación señaladas por el Tribunal; acoge con satisfacción, no obstante, la existencia de cierto grado de flexibilidad al evaluar proyectos en el ámbito de los derechos humanos, pues ello no puede tratarse como una mera verificación formalista del cumplimiento de los requisitos; subraya que, como ya señaló en su día la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria, hace falta usar el sentido común;

169.  Observa que, según el Tribunal de Cuentas, los objetivos de la mayoría de las convocatorias de propuestas se describieron en términos generales; toma nota de la observación de la Comisión de que su estrategia preferida es un enfoque integral respecto de las convocatorias de propuestas; pide no obstante a la Comisión que vele por el uso eficaz de los fondos del IEDDH garantizando la factibilidad, viabilidad y valor añadido de los proyectos, lo que se podría lograr estableciendo en las convocatorias de propuestas unos requisitos mínimos en cuanto a los resultados de los proyectos;

170.  Celebra que las organizaciones de la sociedad civil interesadas en obtener una subvención deban presentar, en primer lugar, un documento de síntesis en el que describan las características principales del proyecto que proponen; opina que este documento de síntesis permite optimizar el uso del tiempo y los recursos durante la preselección de proyectos;

171.  Observa que, según el Tribunal, el proceso de selección de los proyectos estuvo bien documentado, pero careció de rigor, y que no se enmendaron las insuficiencias detectadas en los proyectos; constata con satisfacción que los informes de las conclusiones generales de los comités de evaluación fueron suficientemente detallados; celebra que las actividades de los proyectos se hayan llevado a cabo en general según lo previsto y hayan resultado rentables; pide a la Comisión que haya una mayor coherencia en la evaluación de proyectos;

172.  Observa que, según el Tribunal, las organizaciones beneficiarias interpretan de diversas formas qué cubre el importe a tanto alzado para gastos indirectos, lo que puede provocar una subestimación de la labor de la organización o que se cubran gastos no subvencionables; pide a la Comisión que precise en mayor medida las normas relativas al importe a tanto alzado;

173.  Acoge con satisfacción el nuevo Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia para el período 2015-2019 en cuanto compromiso político renovado en pro de una mayor coherencia el conjunto de las políticas exteriores e instrumentos financieros de la Unión;

174.  Celebra que la Comisión ya haya iniciado la adopción de un enfoque basado en derechos y que vaya a seguir avanzando en este sentido incorporando dicho enfoque en los procedimientos y modelos de documentos, elaborando hojas de ruta y organizando sesiones formativa;

Parte XIV – Informe Especial n.º 10/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión»

175.  Acoge con satisfacción las conclusiones y las recomendaciones del Informe Especial del Tribunal titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión»;

176.  Observa que, con una dotación total de 349 000 millones de euros entre 2007 y 2013, la política de cohesión constituye la política clave para reducir las disparidades económicas y sociales entre las regiones de la UE; destaca, por consiguiente, la importancia de contar con procedimientos de contratación pública adecuados, dado que, según el Tribunal de Cuentas, el procedimiento de contratación es una importante fuente de errores en el gasto de la Unión en el ámbito de la cohesión;

177.  Hace hincapié en que se detectaron errores en los procedimientos de contratación pública en el 40 % de los proyectos ejecutados durante el período 2007-2013 y en que los principales errores fueron las adjudicaciones directas injustificadas, la incorrecta aplicación de los criterios de selección y la parcialidad en la selección;

178.  Observa que las principales fuentes de error fueron la falta de capacidad administrativa, la incorrecta transposición de las directivas de la Unión por los Estados miembros, la interpretación incoherente de la legislación y una planificación insuficiente;

179.  Advierte de que la complejidad del marco jurídico y administrativo de la contratación pública se considera una de las causas de error; observa que el 90 % de las 69 autoridades de auditoría consultadas afirmaron que el nivel de complejidad actual es superior al necesario; que el 50 % de ellas apuntó que el aspecto que más podría mejorar en las prácticas de contratación pública sería la simplificación de los procedimientos;

180.  Pide, por consiguiente, a los Estados miembros que eviten adoptar normas más estrictas que las directivas de la Unión; considera que ello también permitiría alentar y favorecer la participación de las pymes en los procedimientos de contratación pública;

181.  Observa que la principal conclusión del Tribunal es que los esfuerzos de la Comisión y los Estados miembros para llevar a cabo un análisis regular y sistemático de la contratación pública son insuficientes y que la falta de datos coherentes y detallados impidió analizar, abordar y prevenir esos errores;

182.  Conviene con el Tribunal en que la Comisión debería desarrollar una base de datos que permita analizar la frecuencia, la gravedad y las causas de los errores de contratación pública; considera que la Comisión debe asegurarse de que obtiene información coherente y fiable de los Estados miembros sobre las irregularidades;

183.  Acoge favorablemente el enfoque proactivo adoptado por la Comisión para el período de programación 2014-2020, con el que se propone respaldar los planes de acción nacionales que han de ejecutarse hasta 2016 mediante orientaciones, un seguimiento y asistencia técnica; reconoce que, con este enfoque proactivo, la Comisión se propone reducir el riesgo de suspensión de los pagos a programas operativos después de 2016;

184.  Confía en que la Comisión solo suspenda los pagos e imponga correcciones financieras a los Estados miembros que no hayan alcanzado estos objetivos como último recurso, cuando se hayan agotado las demás vías de prevención, corrección y asistencia;

185.  Celebra que, si bien la Comisión lleva abordando desde hace tiempo los problemas de los errores de contratación pública que resultan evidentes en el ámbito de la política de cohesión, ahora lo esté haciendo de forma más coordinada en el marco del plan de acción en materia de contratación pública; pide a este respecto a la Comisión que impulse la aplicación de este plan e informe anualmente sobre los progresos realizados;

186.  Confía en que la Comisión cree un grupo de alto nivel encargado de liderar el enfoque de los problemas en el ámbito de la contratación pública y de promover su simplificación;

187.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que aprovechen las oportunidades que presenta la contratación pública electrónica, que tiene un gran potencial para mejorar la transparencia y ampliar el acceso a las licitaciones, también en el caso de las pymes, así como para prevenir las irregularidades y el fraude;

188.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que prosigan sus acciones en el ámbito del intercambio de experiencias y buenas prácticas;

189.  Acoge con satisfacción el instrumento informático ARACHNE de alerta en caso de fraude, y pide a todos los Estados miembros que codifiquen datos completos y de buena calidad para contribuir al funcionamiento adecuado de este programa;

Parte XV – Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colaboración en el sector pesquero?»

190.  Acoge con satisfacción el marco legal de los acuerdos de colaboración en el sector pesquero (ACP), más estable con respecto a los acuerdos privados; observa que los armadores europeos han expresado su preferencia por los ACP y han solicitado a la Comisión que amplíe su red de acuerdos;

191.  Pide a la Comisión que respete en mayor medida la cláusula de exclusividad; señala que, aunque algunos factores no dependen de la Comisión, esta debería iniciar el proceso de negociación de un nuevo protocolo con bastante antelación a la expiración del vigente; solicita a la Comisión que reduzca los períodos de negociación siempre que sea posible;

192.  Solicita a la Comisión que mejore la coherencia entre los ACP y otras iniciativas y fuentes de financiación de la Unión en el sector pesquero dentro de una misma región, defina estrategias regionales para el desarrollo de la gobernanza en materia de pesca y garantice que los protocolos que se negocien dentro de una misma región estén en consonancia con la estrategia regional pertinente y con los otros tipos de financiación de la Unión;

193.  Pide a la Comisión que se concentre en mayor medida en las condiciones técnicas restrictivas, como la definición estricta de las zonas de pesca; destaca que esto podría afectar a la rentabilidad de la flota exterior de la Unión;

194.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta la utilización de los protocolos anteriores y se esfuerce por vincular en mayor medida los pagos por derechos de acceso a las capturas reales, garantizando al mismo tiempo que no se vean afectadas las actividades pesqueras;

195.  Observa con preocupación que el coste de los ACP negociados por la Comisión ha sido relativamente elevado con respecto a los índices anteriores; solicita que la Comisión tenga en cuenta los principios de economía, eficiencia y eficacia, a la hora de preparar las negociaciones de los ACP, a fin de garantizar la mayor rentabilidad de los recursos empleados y el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera;

196.  Observa que las evaluaciones ex post deberían centrarse en la obtención de análisis coherentes y comparables del rendimiento del dinero público que se gasta en virtud de los protocolos, así como en la obtención de análisis críticos y exhaustivos de su eficacia para la Unión y el país socio correspondiente;

197.  Insta a la Comisión a que refuerce su poder de negociación; subraya la importancia de la contribución financiera total de la Unión a los países socios;

198.  Solicita a la Comisión que utilice los datos más actualizados para elaborar su informe ex post; pide a la Comisión, asimismo, que facilite puntualmente estos datos a las partes interesadas;

199.  Pide a la Comisión que promueva la aceptación de licencias electrónicas o una lista de buques autorizados en los países asociados para todo el período de validez de las licencias; hace hincapié en la necesidad de reducir los retrasos del proceso de solicitud de licencias; pide a la Comisión que identifique y reduzca los cuellos de botella procedimentales;

200.  Invita a la Comisión a que se asegure de que los Estados miembros del pabellón utilizan la nueva base de datos de capturas en su totalidad y de que esta ofrece datos de capturas fiables que puedan consolidarse, supervisarse y mantenerse actualizados;

201.  Señala que la Comisión ha creado una base de datos para la gestión de los datos de capturas; destaca que esta base de datos debería contener datos de capturas, desglosados por zona de pesca, que los Estados miembros deben presentar semanalmente; observa con preocupación que esta base de datos seguía sin estar operativa cuando se realizó la auditoría del Tribunal, y que los Estados miembros no habían cumplido las exigencias de presentación de la información; invita a la Comisión a que ponga remedio a esta situación en colaboración con los Estados miembros, y que incluya datos claros y coherentes en relación con las capturas finales reales a fin de evitar posibles consecuencias financieras negativas si las capturas finales fueran superiores al tonelaje de referencia;

202.  Solicita a la Comisión una supervisión más atenta de la ejecución del apoyo sectorial para garantizar su eficacia y rentabilidad; pide a la Comisión que garantice una coordinación eficaz de las acciones ejecutadas por los países socios; invita a la Comisión a incluir en los protocolos condiciones de admisibilidad formales para las acciones financiadas;

203.  Pide a la Comisión que garantice que los desembolsos de apoyo sectorial estén en consonancia con otros pagos de ayudas con cargo al presupuesto de la UE y se basen en los resultados alcanzados por los países socios al aplicar la matriz de acciones decididas de común acuerdo;

204.  Observa con preocupación que, aunque los pagos del apoyo sectorial han de abonarse cuando los países socios sean capaces de demostrar los resultados logrados, los protocolos vigentes en la actualidad siguen sin prever la posibilidad de abonar pagos parciales si los resultados solo se lograran parcialmente; toma nota de la observación de la Comisión en cuanto a que, cuando no se han alcanzado los objetivos, o solo se han alcanzado parcialmente, el pago del apoyo sectorial para el siguiente ejercicio debe suspenderse hasta la consecución de los mismos; pide a la Comisión, no obstante, que, en la medida de lo posible, incluya en los nuevos protocolos la posibilidad de abonar pagos parciales del apoyo sectorial;

Parte XVI – Informe Especial n.º 12/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «La prioridad de la UE de promover una economía rural basada en el conocimiento se ha visto afectada por la mala gestión de las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento»

205.  Pide que los Estados miembros implanten procedimientos de análisis de las necesidades de conocimientos y capacidades de los agentes rurales que no se limiten a definir temas generales, especialmente con vistas a convocatorias de propuestas o procedimientos de licitación, y que la Comisión proporcione orientación adicional sobre cómo deben llevar a cabo los Estados miembros dichos análisis recurrentes, con una formulación en términos específicos, y no generales;

206.  Pide a los Estados miembros que garanticen que las ayudas para la implantación de nuevos servicios de asesoramiento se concedan únicamente cuando exista un déficit manifiesto de dichos servicios en el área en cuestión y cuando sea necesario financiar la contratación de personal o la adquisición de instalaciones o equipos;

207.  Pide a los Estados miembros que seleccionen a los prestadores de servicios receptores de fondos públicos mediante procedimientos competitivos, equitativos y transparentes, ya sean convocatorias de propuestas o procedimientos oficiales de contratación pública;

208.  Recomienda que los Estados miembros tengan en cuenta la guía sobre la contratación pública dirigida a los expertos para prevenir los errores más comunes en los proyectos financiados por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos;

209.  Pide que la Comisión proporcione orientación específica adicional sobre prestación interna, subcontratación y evaluación de la prestación de servicios por consorcios, y que supervise adecuadamente los procedimientos de los Estados miembros con el fin de garantizar que la selección de actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento sea competitiva, equitativa y transparente;

210.  Pide a los Estados miembros que evalúen la necesidad de financiar actividades de transferencia de conocimientos y asesoramiento que ya se encuentren disponibles en el mercado a un precio moderado y, cuando esta necesidad esté justificada, que garanticen que los costes de las actividades financiadas no superen los de actividades similares ofertadas en el mercado;

211.  Pide que la Comisión aproveche las primeras medidas adoptadas con vistas a garantizar la complementariedad entre los fondos de la Unión, para reducir el riesgo de doble financiación y de duplicación de tareas administrativas;

212.  Pide a los Estados miembros que implanten sistemas de retroalimentación que utilicen la información obtenida en los procesos de seguimiento y evaluación para mejorar las convocatorias de propuestas o los procedimientos de licitación en el futuro, y solicita que la Comisión proporcione orientaciones a los Estados miembros sobre cómo pueden ejecutar estos procedimientos de retroalimentación recurrentes, y que verifique si los Estados miembros las han puesto en práctica;

213.  Solicita que la Comisión eleve sin demora el perfil de riesgo de las medidas de transferencia de conocimientos y asesoramiento y refuerce en consecuencia su supervisión y su gestión;

214.  Pide a los Estados miembros intercambien sus mejores prácticas y continúen evaluando sus proyectos para adquirir una base sólida para el período de aplicación 2014-2020;

215.  Pide a la Comisión que realice un examen pormenorizado de los servicios de consultoría centrado en los resultados y los efectos netos con el fin de evitar una evaluación meramente cuantitativa de las inversiones;

216.  Solicita que la Comisión fomente el intercambio de buenas prácticas en lo que respecta a los enfoques metodológicos a través de actividades de creación de redes;

Parte XVII – Informe Especial n.º 13/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda de la UE a los países productores de madera en el marco del Plan de Acción FLEGT»

217.  Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado a la ayuda de la Unión a los países productores de madera en el marco del Plan de Acción en la Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT) y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

218.  Considera la iniciativa FLEGT esencial para mejorar la gobernanza forestal, preservar los bosques y garantizar la aplicación de la ley, en particular haciendo uso de todos los medios posibles, entre ellos, los Acuerdos de Asociación Voluntaria o la debida diligencia financiera, a fin de combatir el problema global de la tala ilegal y contribuir a asegurar las exportaciones de madera a la Unión;

219.  Lamenta, no obstante, las deficiencias acumuladas observadas en la fase de aplicación de los proyectos y el Plan de Acción FLEGT, que requieren ahora una rápida y profunda evaluación;

220.  Opina firmemente que es hora, después de haber asignado 300 millones de euros durante el período 2003-2013 en concepto de ayuda relacionada con el FLEGT, de realizar un serio análisis de la rentabilidad del proceso FLEGT para reducir la tala ilegal y el comercio asociado a ella, así como de simplificar el diseño de los mecanismos existentes de forma que sean más efectivos en términos de resultados y de impactos;

221.  Lamenta la lenta aplicación del Plan de Acción FLEGT, la adopción tardía del Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(18) (Reglamento de la Unión sobre la madera), así como la reacción tardía de la Comisión a la hora de extraer las conclusiones de la financiación global del FLEGT;

222.  Pide a la Comisión que dé prioridad a sus esfuerzos por prestar ayuda a través de objetivos y criterios claros; invita por tanto a la Comisión a que se abstenga de estructurar la financiación de la Unión procedente de distintos presupuestos y estudie la posibilidad de utilizar un único presupuesto claramente definido;

223.  Pide a la Comisión que refuerce con rapidez los marcos de transparencia y rendición de cuentas mediante la supervisión y la información periódica, incluida la evaluación adecuada de los progresos realizados; insta asimismo a la Comisión a que supervise la aplicación del Reglamento de la Unión sobre la madera en los Estados miembros, a que informe al respecto y a que tome las medidas jurídicas necesarias para garantizar su aplicación;

224.  Pide a la Comisión que optimice y coordine de forma más adecuada sus esfuerzos en la lucha contra la tala ilegal en todas las distintas políticas de la Unión y todos los servicios relacionados;

225.  Recuerda que la trazabilidad de los productos de la madera a través de un sistema operativo y jurídicamente establecido de concesión de licencias entre la Unión y los países exportadores de madera debe considerarse un objetivo principal permanente, particularmente en vista de factores observados por el Tribunal tales como la corrupción generalizada, la deficiente aplicación de las leyes y la insuficiente evaluación de los riesgos y las limitaciones de los proyectos;

226.  Pide a la Comisión que negocie las normas de importación de la madera en sus futuros acuerdos bilaterales o multilaterales relacionados con el comercio para evitar comprometer los éxitos obtenidos con los países productores de madera gracias al Plan de Acción FLEGT;

227.  Considera que las lagunas de gobernanza del sistema FLEGT deberían ser objeto de una evaluación externa del Plan de Acción FLEGT o de evaluaciones ad hoc de la Comisión;

Parte XVIII – Informe Especial n.º 14/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Aporta valor añadido el Mecanismo de Inversión ACP?»

228.  Acoge con satisfacción el informe especial dedicado al valor añadido del Mecanismo de Inversión de los Países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) como un ejemplo concreto y positivo de seguimiento por el Tribunal de los procedimientos de aprobación de la gestión 2012 y 2013, en los que el Parlamento le había solicitado la elaboración de un informe especial sobre la eficacia de los préstamos exteriores del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y su coherencia con las políticas y los objetivos de la Unión en el ámbito del desarrollo antes de proceder a la revisión intermedia del mandato exterior del BEI y a la evaluación intermedia del Mecanismo de Inversión;

229.  Considera que la inclusión de una auditoría del Mecanismo de Inversión ACP en el plan de trabajo del Tribunal es un ejemplo de buenas prácticas de cooperación entre el Parlamento y el Tribunal y de colaboración en sus tareas de control;

230.  Considera que este informe de auditoría representa un paso importante, dado que se trata de la primera llevada a cabo por el Tribunal en este ámbito concreto; lamenta que el Mecanismo de Inversión ACP no incida en el ámbito de aplicación de la auditoria de la declaración anual de fiabilidad del Tribunal;

231.  Toma nota de las conclusiones positivas con respecto a la coherencia del Mecanismo de Inversión ACP con los objetivos de la política de desarrollo de la Unión y su efecto catalizador; celebra la buena cooperación entre el BEI y la Comisión, en particular en materia de prospección y selección;

232.  Lamenta, no obstante, que el Tribunal no haya podido determinar con mayor precisión el valor añadido aportado por el Mecanismo de Inversión ACP; pide al Tribunal, por tanto, que en sus futuros informes especiales ofrezca más ejemplos concretos y seleccione algunos proyectos que ilustren mejor sus conclusiones y recomendaciones; invita al Tribunal a que aproveche esta primera experiencia para perfeccionar los medios de evaluación del efecto de apalancamiento, el efecto catalizador y el valor añadido de este tipo de mecanismos; pide asimismo al Tribunal que examine el valor añadido desde una perspectiva más amplia que integre el triple factor de la ecología, la igualdad y la ética, y no solo a partir del enfoque clásico basado en la economía, la eficiencia y la eficacia;

233.  Coincide con las recomendaciones del Tribunal; pide por tanto a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del Tribunal en sus futuras propuestas legislativas y negociaciones, como la revisión del mandato exterior del BEI o el acuerdo posterior a Cotonú;

234.  Recomienda que, en aras de la coherencia política de la Unión, se proceda a adaptar rápidamente el Mecanismo de Inversión y la política del BEI a los resultados de la COP 21 y al posible Objetivo de Desarrollo del Milenio después de 2015; considera que debe concederse una prioridad todavía mayor a la lucha contra el cambio climático y a todas sus consecuencias directas e indirectas, especialmente en los países más pobres del mundo;

235.  Considera fundamental que el BEI siga invirtiendo tiempo en la debida diligencia asociada a mecanismos de evaluación que permitan mejorar el conocimiento del perfil de los intermediarios financieros y los beneficiarios, así como la evaluación de la incidencia de los proyectos en los beneficiarios finales; insta al BEI a que asuma con seriedad las recomendaciones del Tribunal y mejore las prácticas en vigor con miras a reforzar el valor añadido del Mecanismo de Inversión ACP;

236.  Considera que todos los gastos financiados con dinero de los contribuyentes de la Unión deben someterse sin ninguna excepción al procedimiento de aprobación de la gestión por el Parlamento; reitera y cree firmemente, por tanto, que el ACP Mecanismo de Inversión gestionado por el BEI en nombre de la Unión debe estar sujeto también al procedimiento de aprobación de la gestión por el Parlamento, dado que se financia con dinero de los contribuyentes de la Unión;

237.  Señala que el acuerdo tripartito a que hace referencia el artículo 287, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el que se rige la cooperación entre el BEI, la Comisión y el Tribunal de Cuentas con respecto a los métodos de control aplicados por el Tribunal sobre la actividad del BEI en la gestión de los fondos de la Unión y de los Estados miembros, debe someterse a revisión en 2015; reitera su opinión de que debe actualizarse en este contexto el ámbito competencial del Tribunal, de forma que incluya todo nuevo instrumento financiero del BEI que implique la asignación de fondos públicos de la Unión o el Fondo Europeo de Desarrollo;

Parte XIX – Informe Especial n.º 15/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «El apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía renovable en África oriental»

238.  Acoge con satisfacción el Informe Especial dedicado al apoyo del Fondo ACP-UE para la Energía a la energía renovable en África oriental y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

239.  Se congratula de que, ya a partir de la segunda convocatoria para la presentación de propuestas en el ámbito del Fondo para la Energía, la inclusión de un estudio preliminar de viabilidad haya pasado a ser obligatoria; hace hincapié en que estos estudios de viabilidad deben basarse en supuestos precisos y realistas; insiste también en que los supuestos contemplados deben prever ya cómo se puede asociar a las comunidades locales a la aplicación del proyecto a fin de mejorar la apropiación local y la promoción de este;

240.  Opina que es necesario determinar mejor el vínculo entre la viabilidad de un proyecto y su sostenibilidad social, económica y medioambiental para garantizar no solo la eficacia, coherencia y visibilidad de los proyectos de inversión del Fondo para la Energía, sino también su eficiencia y resultados más amplios en las regiones afectadas;

241.  Considera que el seguimiento de los proyectos y de los riesgos asociados debe llevarse a cabo regularmente e ir acompañado de medidas de mitigación de carácter inmediato a fin de ajustar, en caso necesario, la estrategia de contratación y los procesos de selección y ejecución; considera que las conclusiones contenidas en los informes de seguimiento deben ser utilizadas a la hora de llevar a cabo las convocatorias de propuestas subsiguientes;

242.  Pide al Fondo para la Energía que garantice la participación de las partes locales interesadas, como las ONG o las comunidades locales, a lo largo de toda la duración de los proyectos, es decir, desde su inicio hasta la fase posterior a su finalización, teniendo en cuenta los requisitos de proyectos específicos; solicita un apoyo continuo a la creación de capacidad local con una oferta adecuada de formación a lo largo de toda la vida de los proyectos, con el principal objetivo de seguir mejorando la apropiación local y promover la coordinación, de modo que los proyectos sean viables y sostenibles después del período de financiación;

243.  Pide a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) que se asegure de que los socios ejecutivos contestan a todas las peticiones de información adicional relativas a la aplicación de los proyectos; pide a la DG DEVCO que se centre sobre todo en las posibles actividades vinculadas a la corrupción y el fraude llevadas a cabo por los socios ejecutivos, evitando al mismo tiempo toda carga administrativa adicional innecesaria, y que, en caso de corrupción y/o fraude, rescinda debidamente los contratos y busque nuevos socios en la región;

244.  Pide a la Comisión que, con vistas a lograr los mejores resultados posibles para la población de la región y para el medio ambiente, garantice la coherencia de las políticas y una cooperación estrecha con los demás actores que operan sobre el terreno, en particular con los organismos de las Naciones Unidas y la iniciativa SE4ALL (Energía Sostenible para Todos), sin limitarse al ámbito de la energía; considera que, siempre que sea posible, todos los proyectos deben explotar al máximo las sinergias con otros proyectos sobre el terreno, incluidos proyectos que se hallen en la fase de planificación;

Parte XX – Informe Especial n.º 16/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar la seguridad del abastecimiento energético mediante el desarrollo del mercado interior de la energía»

245.  Pide a los Estados miembros, con objeto de conseguir un mercado interior de la energía adecuado y que funcione de forma continua, que coordinen sus inversiones en infraestructura energética y la manera en que regulan sus mercados energéticos, con objeto de garantizar un valor óptimo al dinero de la Unión;

246.  Considera que las reformas del mercado energético comienzan al nivel de los Estados miembros; que la aplicación de los paquetes energéticos acordados conjuntamente, en particular del tercer paquete energético, crearía las condiciones necesarias para la realización del mercado interior de la energía;

247.  Considerando el futuro enfoque regional con respecto a la seguridad energética, subraya la importancia de que cada uno de los Estados miembros pueda garantizar la infraestructura necesaria para exportar e importar energía y para actuar como país de tránsito para la electricidad y el gas;

248.  Subraya que todos los proyectos futuros en el ámbito de la energía deberán respetar la legislación de la Unión y los principios de la Unión de la Energía, a saber, diversificación, seguridad de suministro, accesibilidad, competitividad y sostenibilidad;

249.  Considera que el refuerzo y la mejora de las interconexiones con los Estados miembros vecinos deben considerarse una prioridad; anima al desarrollo de la capacidad bidireccional (flujos en ambas direcciones) en todas las interconexiones transfronterizas, incluyendo también a los Estados miembros que atraviesan los corredores;

250.  Considera que la aplicación de proyectos de infraestructura estratégica contribuye a los aspectos a medio y largo plazo de la seguridad energética;

251.  Pide a la Comisión que asigne más recursos financieros y atribuya las competencias necesarias a la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, y considera que debe permitirse a esta última contratar personal adicional para una aplicación completa y eficaz del control de los mercados de la energía;

Parte XXI – Informe Especial n.º 17/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Apoyo de la Comisión a los equipos de acción para la juventud: se ha logrado reorientar la financiación del FSE, pero no se hace suficiente hincapié en los resultados»

252.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración en el futuro; acoge con satisfacción que la Comisión haya aplicado estas recomendaciones en su marco jurídico de los Fondos EIE 2014-2020, garantizando así una mejor relación calidad precio, en particular, a través de un marco y una reserva de eficacia, de condiciones ex ante y de indicadores comunes de rendimiento y de resultados;

253.  Observa que el desempleo juvenil es un grave problema que afecta a toda la Unión y opina que deberían dedicarse recursos apropiados, tanto a escala de la Unión como a escala nacional, para combatirlo; anima encarecidamente a los Estados miembros a que utilicen el apoyo de la Unión disponible;

254.  Señala que los equipos de acción para la juventud representaban principalmente un ejercicio político, y así fue anunciado desde un principio, cuya misión era persuadir a los gobiernos nacionales a reorientar los fondos no utilizados para combatir el desempleo juvenil, sin imponer, al mismo tiempo, procedimientos administrativos o jurídicos adicionales ni asignar nuevos fondos;

255.  Destaca la dificultad política de esta misión y reconoce la satisfactoria labor de estos equipos a la hora de sensibilizar al nivel político más alto, acercar a las distintas autoridades políticas y administrativas y convencerles de que den prioridad al empleo juvenil por encima de otras iniciativas;

256.  Subraya que es necesario prestar atención a la eficacia y a los resultados, y celebra que el nuevo marco normativo para el período de programación 2014-2020 incluya disposiciones para que los Estados miembros informen sobre los resultados obtenidos;

257.  Observa que a menudo los Estados miembros que más necesitan financiación también sufren de escasa capacidad administrativa que les lleva a centrarse más en la administración del proyecto que a gestionar los objetivos de inversión;

258.  Toma nota de que en gran parte se siguen controlando los efectos de la inversión a través de indicadores cuantitativos, lo que no refleja todos los aspectos de una buena práctica de evaluación; observa que rendimiento no equivale a resultado;

259.  Pide a la Comisión la creación de un mecanismo de alerta temprana de los créditos de los Fondos EIE no utilizados de modo que los Estados miembros dispongan de tiempo suficiente para reasignar los fondos a medidas de empleo juvenil;

260.  Aguarda con interés el informe del Tribunal de Cuentas sobre «Garantía juvenil de la UE: aplicación en los Estados miembros», que debería estar listo a principios de 2017, y sugiere que sus resultados deberían tenerse en cuenta en la revisión intermedia del marco financiero plurianual;

Parte XXII – Informe Especial n.º 20/2015 del Tribunal de Cuentas titulado «Relación coste-eficacia de la ayuda de desarrollo rural de la UE a las inversiones no productivas en la agricultura»

261.  Recomienda que la Comisión anime a los Estados miembros a realizar inversiones no productivas (INP) con un mayor grado de sinergia con otras medidas de desarrollo rural o regímenes medioambientales, y que supervise, a partir de 2017, su aplicación por los Estados miembros pertinentes a través de sus informes anuales de ejecución;

262.  Recomienda que la Comisión proporcione orientación a los Estados miembros en relación con los criterios de selección de las INP para el periodo de programación 2014-2020, y que compruebe que estos aplican procedimientos apropiados para la selección de proyectos; en ese contexto, recomienda asimismo que los Estados miembros garanticen que los procedimientos de selección de las INP sean transparentes, se hagan públicos y se apliquen con eficacia, y que comprueben efectivamente el cumplimiento de dichos criterios;

263.  Recomienda que la Comisión garantice que la contribución de las INP al logro de los objetivos agroambientales de la Unión es objeto de seguimiento, o al menos de una valoración específica durante las evaluaciones del período de programación 2014-2020;

264.  Recomienda que la Comisión aliente y ayude a aquellos Estados miembros en los que el apoyo a las INP sea significativo para definir indicadores de resultados específicos para las INP financiadas con mayor frecuencia, a fin de garantizar un seguimiento y una evaluación mejores de la contribución de las INP al logro de los objetivos agroambientales de la Unión; a ese respecto, solicita que los Estados miembros informen de esos indicadores en sus informes anuales de ejecución a partir de junio de 2016, e incluyan una valoración de los resultados de las INP en sus planes de evaluación;

265.  Recomienda que la Comisión imparta asimismo instrucciones adicionales sobre la definición de los criterios para determinar los elementos retributivos de las INP que reciben los porcentajes de ayuda más elevados, y que los Estados miembros establezcan dichos criterios sin demora y los utilicen para modular la intensidad de la ayuda;

266.  Solicita que los Estados miembros implanten sin demora procedimientos para garantizar que los costes de las INP financiadas con la ayuda no superen los imperantes en el mercado para tipos similares de bienes, servicios u obras; considera que, a ese respecto, los Estados miembros también deberían definir valores o costes apropiados de referencia para comparar sistemáticamente los costes de INP como parte de sus controles administrativos;

267.  Recomienda que la Comisión utilice la información facilitada por los Estados miembros sobre el carácter controlable y verificable de las medidas para aprobar sus PDR del período de programación 2014-2020, a fin de garantizar que los Estados miembros definen y aplican procedimientos idóneos respecto de la moderación de los costes, y también a fin de verificar que los Estados miembros aplican eficazmente los controles previstos al respecto; la Comisión debería asimismo facilitar el intercambio de buenas prácticas entre Estados miembros por lo que se refiere al establecimiento de procedimientos para los controles relativos a la moderación de los costes;

268.  Recomienda que los Estados miembros definan, antes de practicar los primeros controles sobre el terreno del período de programación 2014-2020, un método para agregar y analizar a tiempo las causas de los errores encontrados en esos controles, y que emprendan las acciones necesarias para introducir mejoras en sus sistemas de gestión y control de los regímenes de ayuda a las INP;

269.  Recomienda que la Comisión tome en consideración las insuficiencias detectadas por el Tribunal en el ámbito de los gastos de las INP y que adopte, junto con los Estados miembros, las medidas que corresponda para garantizar la adecuada gestión financiera de ese tipo de inversiones.

Parte XXIII – Informe Especial n.º 22/2015 del Tribunal de Cuentas titulado «Supervisión por la UE de las agencias de calificación crediticia: un procedimiento bien asentado, pero todavía no plenamente eficaz»

270.  Destaca que el objetivo del Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo(19) consiste en introducir «(...) un planteamiento regulador común para mejorar la integridad, la transparencia, la responsabilidad, la buena gobernanza y la independencia de las actividades de calificación, contribuyendo así a la calidad de las calificaciones crediticias emitidas en la Unión y al correcto funcionamiento del mercado interior, y alcanzando, al mismo tiempo, un elevado nivel de protección de los consumidores e inversores» (artículo 1 del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia);

271.  Reconoce que el Tribunal y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) coinciden en muchos aspectos de la auditoría y las recomendaciones;

272.  Acoge con satisfacción el hecho de que la AEVM estableciera las bases apropiadas para una supervisión eficaz de las agencias de calificación crediticia en la Unión en un breve período de tiempo; observa, no obstante, que el Tribunal considera que el procedimiento es tedioso debido a su separación en dos fases de verificación, una sobre la integridad de los datos y otra sobre el cumplimiento de criterios, como exige el Reglamento;

273.  Comparte la opinión del Tribunal en cuanto a que durante el proceso de registro, la AEVM debería documentar adecuadamente su evaluación de todos los requisitos metodológicos reglamentarios de calificación crediticia y que la documentación relacionada con el proceso de aprobación no debería almacenarse únicamente en correspondencia interna sino también en un archivo específico para cada expediente;

274.  Acoge con satisfacción que el Tribunal y la AEVM coincidan en el enfoque de la AEVM basado en el riesgo; considera que el proceso de identificación del riesgo debería ser transparente, comprensible y de fácil trazabilidad;

275.  Opina que todas las investigaciones deberían estar adecuadamente documentadas con el fin de demostrar y garantizar que todas las conclusiones están respaldadas por análisis adecuados de las pruebas obtenidas; observa, a tal fin, que el Tribunal recomienda crear un instrumento informático específico de supervisión; toma nota de la posición de la AEVM según la cual sus actuales instrumentos de supervisión han sido eficaces; tiene, sin embargo, el convencimiento de que un instrumento de TI específico sería la mejor manera de gestionar la información de forma transparente, comprensible y facilitando su trazabilidad, teniendo en cuenta el ritmo normal de rotación del personal; solicita, por lo tanto, que la AEVM prevea la creación de un instrumento informático de este tipo en su planificación presupuestaria;

276.  Recuerda que una de las finalidades y responsabilidades del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia es garantizar la independencia y evitar los conflictos de intereses (véase el anexo 1 del citado Reglamento); concluye, por tanto, que las agencias de calificación crediticia deberían igualmente supervisar las actividades comerciales de los analistas de calificaciones; considera, no obstante, que la AEVM debería supervisar, de forma estructurada, los sistemas establecidos por las agencias de calificación crediticia para hacer frente a la cuestión de los conflictos de intereses;

277.  Señala lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia, que establece que: «en el desempeño de sus funciones de conformidad con el presente Reglamento, la AEVM, la Comisión o las autoridades públicas de los Estados miembros no interferirán en el contenido de las calificaciones crediticias ni en las metodologías»; considera que la aplicación de las metodologías de las agencias de calificación crediticia únicamente puede ser supervisada, una vez que el registro está completado, por los procedimientos de supervisión en curso;

278.  Coincide en que la AEVM debería examinar todos los aspectos importantes de la concepción y la aplicación de las metodologías de las agencias de calificación crediticia que todavía no han sido abordados; manifiesta su preocupación por que esta tarea no pueda realizarse en profundidad debido a una falta de recursos;

279.  Lamenta que el actual sistema no garantice una protección eficaz de los mercados en caso de fuga y pide a la AEVM que mejore su sistema de control para prevenir y combatir las acciones que puedan provocar distorsiones en los mercados;

280.  Lamenta que las normas actuales sobre el euro no garanticen que todas las agencias de calificación crediticia registradas en la AEVM estén en igualdad de condiciones; pide al Banco Central Europeo y al legislador de la Unión que encuentren una solución a esta situación lo antes posible;

281.  Reconoce que el registro central se integrará en la plataforma europea de calificación (artículo 11 del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia) creada en 2013 y en la que se sigue trabajando actualmente; pide a la AEVM que garantice la validez de los datos presentados por las agencias de calificación crediticia;

282.  Pide a la AEVM que continúe mejorando y armonizando sus prácticas de divulgación de información entre las agencias de calificación crediticia;

283.  Acoge con satisfacción la intención de la AEVM de mejorar su página web publicando, en particular, toda la legislación aplicable y la documentación pertinente y haciendo que su consulta sea más fácil para los usuarios;

284.  Observa que algunos de los términos utilizados en la metodología del Reglamento relativo a las agencias de calificación crediticia pueden dar lugar a distintas interpretaciones y podrían, por ende, influir negativamente en la aplicación del Reglamento; pide, en consecuencia, a la AEVM y al Tribunal que transmitan al Parlamento y a la Comisión una lista de disposiciones legislativas que aporten aclaraciones adicionales;

Parte XXIV – Informe Especial nº 2/2016 del Tribunal de Cuentas titulado «Informe de seguimiento de los Informes Especiales del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a 2014»

285.  Se felicita de que se aplicaran en su totalidad 23 de 44 recomendaciones;

286.  Se congratula, asimismo, de que la Comisión haya aceptado en líneas generales las recomendaciones adicionales formuladas por el Tribunal en el informe especial en cuestión;

287.  Toma nota, sin embargo, de que el Tribunal considera que 18 de las 44 recomendaciones solo se aplicaron parcialmente o no se aplicaron o no pudieron verificarse;

288.  Destaca que la autoridad de aprobación de la gestión considera insatisfactorio que tras los procedimientos contradictorios las conclusiones de la Comisión y el Tribunal sean diferentes; pide, por lo tanto, a ambas instituciones que eviten este tipo de resultados;

289.  Pide al Tribunal que indique claramente en sus recomendaciones el tipo de acción que se espera de la Comisión y el que se espera de los Estados miembros;

290.  Pide al Tribunal que, junto con las autoridades nacionales de auditoría, desarrolle un sistema que permita al Tribunal evaluar el seguimiento de sus recomendaciones por parte de los Estados miembros;

291.  Destaca que no ha recibido nunca una explicación satisfactoria de los motivos por los que, durante años, la Comisión ha considerado sumamente importante que las direcciones generales dispusieran de sus propias estructuras de auditoría interna, para luego terminar reagrupándolas de nuevo bajo el Servicio de Auditoría Interna a partir de abril de 2015;

o
o   o

292.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0147. (6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (7) Véase en el Anexo I del Informe Especial la lista de comprobación redactada por el Tribunal para evaluar el diseño de los sistemas de control a la luz de los riesgos asociados a los costes del desarrollo rural. (8) Informe Especial n.º 1/2014, titulado «Eficacia de los proyectos de transporte urbano financiados por la UE», e Informe Especial n.º 21/2014, titulado «Infraestructuras aeroportuarias financiadas por la UE: escasa rentabilidad». (9) Reglamento (UE) n° 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n° 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1). (10) Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129). (11) Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40). (12) Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25). (13) Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 470). (14) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1). (15) Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado) (DO L 173 de 12.6.2014, p. 179). (16) Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1). (17) Reglamento (UE) n.º 1296/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a un Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social («EaSI») y por el que se modifica la Decisión n.º 283/2010/UE, por la que se establece un instrumento europeo de microfinanciación para el empleo y la inclusión social (DO L 347 de 20.12.2013, p. 238). (18) Reglamento (UE) n.° 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (DO L 295 de 12.11.2010, p. 23). (19) Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia (DO L 302 de 17.11.2009, p. 1).

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2014 (2015/2203(DEC))

P8_TA(2016)0149 A8-0137/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los estados financieros y las cuentas de gestión correspondientes a los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  Vista la información financiera relativa a los Fondos Europeos de Desarrollo (COM(2015)0295),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Comisión(1),

–  Vista la declaración(2) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución de las operaciones de los Fondos Europeos de Desarrollo en el ejercicio 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194 y SWD(2015)0195),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000(3) y modificado en Uagadugu (Burkina Faso) el 22 de junio de 2010(4),

–  Vista la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar»)(5),

–  Visto el artículo 33 del Acuerdo interno, de 20 de diciembre de 1995, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo Protocolo financiero del cuarto Convenio ACP-CE(6),

–  Visto el artículo 32 del Acuerdo interno, de 18 de septiembre de 2000, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000, y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE(7),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 17 de julio de 2006, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008 a 2013 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE(8),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 24 y 26 de junio de 2013, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(9),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 74 del Reglamento financiero, de 16 de junio de 1998, aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al cuarto Convenio ACP-CE(10),

–  Visto el artículo 119 del Reglamento financiero, de 27 de marzo de 2003, aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo(11),

–  Visto el artículo 50 del Reglamento (CE) n.º 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo(12),

–  Visto el artículo 48 del Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11º Fondo Europeo de Desarrollo(13),

–  Vistos el artículo 93, el artículo 94, tercer guion, y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0137/2016),

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2014;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el cierre de las cuentas de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2014 (2015/2203(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los estados financieros y las cuentas de gestión correspondientes a los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2014 (COM(2015)0379 – C8-0248/2015),

–  Vista la información financiera relativa a los Fondos Europeos de Desarrollo (COM(2015)0295),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de la Comisión(14),

–  Vista la declaración(15) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución de las operaciones de los Fondos Europeos de Desarrollo en el ejercicio 2014 (05219/2016 – C8-0036/2016, 05220/2016 – C8-0037/2016, 05223/2016 – C8-0038/2016, 05224/2016 – C8-0039/2016),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 (COM(2015)0505) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2015)0194 y SWD(2015)0195),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000(16) y modificado en Uagadugu (Burkina Faso) el 22 de junio de 2010(17),

–  Vista la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar»)(18),

–  Visto el artículo 33 del Acuerdo interno, de 20 de diciembre de 1995, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo Protocolo financiero del cuarto Convenio ACP-CE(19),

–  Visto el artículo 32 del Acuerdo interno, de 18 de septiembre de 2000, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000, y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE(20),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 17 de julio de 2006, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008-2013 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE(21),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 24 y 26 de junio de 2013, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(22),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 74 del Reglamento financiero, de 16 de junio de 1998, aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al cuarto Convenio ACP-CE(23),

–  Visto el artículo 119 del Reglamento financiero, de 27 de marzo de 2003, aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo(24),

–  Visto el artículo 50 del Reglamento (CE) n.º 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo(25),

–  Visto el artículo 48 del Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11º Fondo Europeo de Desarrollo(26),

–  Vistos el artículo 93, el artículo 94, tercer guion, y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0137/2016),

1.  Toma nota de que las cuentas anuales definitivas de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo son las que figuran en el cuadro 2 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas;

2.  Aprueba el cierre de las cuentas de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2014;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO C 373 de 10.11.2015, p. 289. (2) DO C 379 de 13.11.2015, p. 124. (3) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3. (4) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3. (5) DO L 344 de 19.12.2013, p. 1. (6) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108. (7) DO L 317 de 15.12.2000, p. 355. (8) DO L 247 de 9.9.2006, p. 32. (9) DO L 210 de 6.8.2013, p. 1. (10) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53. (11) DO L 83 de 1.4.2003, p. 1. (12) DO L 78 de 19.3.2008, p. 1. (13) DO L 58 de 3.3.2015, p. 17. (14) DO C 373 de 10.11.2015, p. 289. (15) DO C 379 de 13.11.2015, p. 124. (16) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3. (17) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3. (18) DO L 344 de 19.12.2013, p. 1. (19) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108. (20) DO L 317 de 15.12.2000, p. 355. (21) DO L 247 de 9.9.2006, p. 32. (22) DO L 210 de 6.8.2013, p. 1. (23) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53. (24) DO L 83 de 1.4.2003, p. 1. (25) DO L 78 de 19.3.2008, p. 1. (26) DO L 58 de 3.3.2015, p. 17.

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección I – Parlamento Europeo (2015/2155(DEC))

P8_TA(2016)0150 A8-0135/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0200/2015)(2),

–  Visto el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera correspondiente al ejercicio 2014, sección I – Parlamento Europeo(3),

–  Visto el Informe Anual del auditor interno para el ejercicio 2014,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(4),

–  Vista la declaración(5) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(6), y en particular sus artículos 164, 165 y 166,

–  Vista la decisión de la Mesa, de 27 de abril de 2005, sobre las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo(7), y en particular su artículo 13,

–  Vista la decisión de la Mesa, de lunes, 16 de junio de 2014, sobre las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo(8), y en particular su artículo 22,

–  Vistos el artículo 94, el artículo 98, apartado 3, y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0135/2016),

A.  Considerando que su Presidente aprobó las cuentas del Parlamento para el ejercicio 2014 el 8 de julio de 2015;

B.  Considerando que su Secretario General, en su calidad de ordenador delegado principal, certificó, el 18 de septiembre de 2015, su garantía razonable de que los recursos afectados al presupuesto del Parlamento se habían utilizado para los fines previstos y de conformidad con el principio de buena gestión financiera;

C.  Considerando que el artículo 166, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 exige a todas las instituciones de la Unión que hagan todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;

1.  Aprueba la gestión de su Presidente en la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección I – Parlamento Europeo (2015/2155(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección I – Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 94, el artículo 98, apartado 3, y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0135/2016),

A.  Considerando que, en su certificación de las cuentas definitivas para el ejercicio 2014, el contable del Parlamento ofreció garantías razonables de que las cuentas reflejan fielmente la situación financiera del Parlamento en todos sus aspectos significativos y declaró que no se ha puesto en su conocimiento ninguna cuestión que requiera una reserva;

B.  Considerando que, mediante su auditoría, el Tribunal de Cuentas concluyó que la auditoría no detectó ninguna insuficiencia significativa en los sistemas e informes anuales de actividad seleccionados de las instituciones y organismos;

C.  Considerando que, de acuerdo con el procedimiento habitual, se remitió un cuestionario a la administración del Parlamento y las respuestas recibidas fueron debatidas por la Comisión de Control Presupuestario en presencia del Vicepresidente responsable del presupuesto, del Secretario General y del auditor interno;

D.  Considerando que siempre hay posibilidad de mejora en términos de calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas, y que es necesario un control para garantizar que el liderazgo político y la administración del Parlamento respondan ante los ciudadanos de la Unión;

Las cuentas del Parlamento Europeo

1.  Observa que los créditos definitivos del Parlamento para 2014 ascendieron a 1 755 631 742 EUR, es decir, el 20,13 % de la rúbrica 5 del marco financiero plurianual (MFP) previsto para los gastos administrativos totales de las instituciones de la Unión en 2014, lo que supone un incremento del 0,3 % con respecto al presupuesto de 2013 (1 750 463 939 EUR);

2.  Observa que los ingresos totales contabilizados a 31 de diciembre de 2014 ascendieron a 174 436 852 EUR (2013: 158 117 371 EUR), incluidos 26 979 032 EUR en ingresos afectados (2013: 25 991 783 EUR);

3.  Recuerda que cuatro capítulos representaron, en 2014, el 72 % del total de compromisos: el capítulo 10 (Miembros de la institución), el capítulo 12 (Funcionarios y agentes temporales), el capítulo 20 (Bienes inmuebles y gastos accesorios), y el capítulo 42 (Gastos ligados a la asistencia parlamentaria);

4.  Toma nota de las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2014, a saber:

5.  Observa que se transfirió un total de 71 500 000 EUR procedentes de las rúbricas de créditos provisionales o de otras fuentes con el fin de ayudar a financiar los cánones enfitéuticos del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo así como su ampliación y modernización; observa que esto representa el 4 % de los créditos definitivos para el ejercicio 2014;

Opiniones del Tribunal de Cuentas sobre la fiabilidad de las cuentas de 2014 y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes

6.  Recuerda que el Tribunal de Cuentas lleva a cabo una evaluación específica de los gastos administrativos y otros gastos como un conjunto único de políticas para todas las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento Europeo, y que en general la evidencia de auditoría indica que los gastos de administración no están afectados por un nivel significativo de error; toma nota de que la verificación de las operaciones refleja que el nivel estimado de error presente en la rúbrica 5 del MFP relativa a la administración es de un 0,5 % (frente a un 1 % en 2013);

7.  Recuerda que la auditoría examinó una muestra de 129 operaciones de pago, incluidos 92 pagos de salarios, pensiones, indemnizaciones y otros costes de personal, 14 pagos de contratos relativos a inmuebles y 23 pagos relativos a otros gastos (energía, comunicaciones, tecnología de la información, etc.); subraya que, de las 129 operaciones auditadas, 20 se vieron afectadas por errores (lo que equivale a un 15,5 %); observa que, para los 12 errores cuantificables, el nivel estimado de error es del 0,5 %;

8.  Hace hincapié en la recomendación del Tribunal de Cuentas de que el Parlamento refuerce sus controles de los costes reembolsados por los partidos políticos europeos a sus organizaciones afiliadas, desarrolle normas adecuadas para los partidos políticos europeos en materia de contratación pública y supervise su aplicación mediante unos controles adecuados y unas orientaciones más precisas; insiste en que haya plena transparencia en lo que respecta a los gastos de los partidos políticos europeos y en que en el futuro la comisión competente examine y debata en detalle la información correspondiente en el contexto del procedimiento ordinario de aprobación de la gestión;

El informe anual del auditor interno

9.  Toma nota de que, en la reunión de la comisión competente con el auditor interno celebrada el 25 de enero de 2016, este último presentó su informe anual firmado el 16 de julio de 2015 y explicó que, en 2014, había realizado los siguientes trabajos de auditoría sobre la administración del Parlamento:

10.  Hace hincapié en que, en su auditoría del procedimiento de concesión de subvenciones, el auditor interno concluyó que hay un margen significativo para mejorar determinados procedimientos de gestión y de control y aportar así más garantías de que el programa de subvenciones alcance sus objetivos:

Auditoría del marco de control interno del Parlamento

11.  Toma nota de que a finales de 2014, tras unos avances sustanciales, solo seguían incompletas cuatro acciones de las 452 acciones del marco de control interno acordadas inicialmente; pide al auditor interno que mantenga informada a la Comisión de Control Presupuestario sobre los avances logrados en relación con las mencionadas acciones pendientes;

Seguimiento de la Resolución sobre la aprobación de la gestión 2013

12.  Toma nota de las respuestas escritas a la Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2013(9), facilitadas a su Comisión de Control Presupuestario el 15 de octubre de 2015; acoge con satisfacción la presentación a cargo del Secretario General sobre las diferentes preguntas y solicitudes formuladas por el Parlamento en dicha Resolución y el intercambio de puntos de vista con los diputados que se celebró a continuación;

13.  Toma nota de que existe una incoherencia entre las fechas de presentación del proyecto de informe de aprobación de la gestión del Parlamento y la posibilidad de presentar preguntas adicionales al Secretario General;

14.  Toma nota de la respuesta del Secretario General sobre la accesibilidad de la aplicación ePetition a los miembros y al público en general; pide al Secretario General que comunique al Parlamento los resultados de la consulta al Servicio Jurídico y que haga una evaluación del coste desde el punto de vista técnico y presupuestario de la ampliación de la accesibilidad a la aplicación;

15.  Recuerda que los comedores deben ofrecer un servicio de restauración rápido a los diputados y al personal; manifiesta su preocupación por la falta de espacio en los comedores en los períodos de máxima afluencia, en particular en Estrasburgo durante las semanas en que se celebran los períodos parciales de sesiones; celebra que se haya habilitado un nuevo espacio al aire libre, que servirá para resolver parcialmente esta situación cuando las condiciones meteorológicas lo permitan; pide a la administración que siga mejorando el comedor de Estrasburgo mediante un mejor aprovechamiento de todo el espacio disponible;

16.  Observa que el Parlamento comenzó a aplicar contratos de «precios fijos» para los servicios de restauración; señala que los medios presupuestarios requeridos para los servicios de restauración eran bastante limitados, ya que solo representaban el 0,23 % del presupuesto anual; confía en que los precios en los puestos de restauración del Parlamento permanecerán estables tras los reiterados y considerables aumentos de los precios de los menús ofrecidos;

17.  Observa que los nuevos contratos para las actividades de restauración en Bruselas celebrados en 2015 ya no prevén la exclusividad de un único proveedor de servicios de restauración; confía en que la gestión de los puntos más pequeños de restauración previstos en Bruselas se lleve a cabo de forma que incluya a pymes y promueva la diversidad entre los proveedores de servicios de restauración, a fin de garantizar un servicio de calidad a un precio asequible;

18.  Observa con preocupación que el aumento del nivel de los precios ha dado lugar a una tarificación desfavorable injustificada, sobre todo para los asistentes, los becarios y los visitantes; subraya que dichos aumentos implican que los precios aplicados en el Parlamento en la actualidad son prácticamente equivalentes a los que se aplican en los restaurantes y bares de los alrededores; observa con preocupación asimismo que, mientras que el precio ha aumentado, la calidad de la comida ha disminuido significativamente;

19.  Considera que las numerosas semanas de circunscripción y en que se celebran los períodos parciales de sesiones representan períodos en los que no se aprovechan plenamente las instalaciones de comedores y cafeterías; propone que los acuerdos con los proveedores de servicios de restauración contemplen la opción de emplear al personal de dichas instalaciones en otros lugares durante las semanas en que no todos los comedores y cafeterías estén abiertos;

20.  Pide a la administración que estudie y proponga un sistema de precios que combine las nuevas normas con la posibilidad de descuentos para becarios a fin de ofrecerles menús a un precio asequible;

21.  Lamenta que la administración no esté en condiciones de facilitar datos sobre el número variable de comidas servidas durante los distintos días y semanas de actividad parlamentaria; se pregunta cómo es posible ejercer un control sobre los proveedores contractuales si no se dispone de informaciones básicas como estas; pide a la administración que facilite a la comisión parlamentaria competente el contrato de servicios de restauración que entró en vigor el 26 de septiembre de 2015 y presente los detalles relativos a las comidas servidas;

22.  Subraya que, en el Informe del Tribunal de Cuentas adoptado el 11 de julio de 2014, se afirma que los ahorros potenciales que supondría para el presupuesto de la Unión la centralización de las actividades del Parlamento ascenderían aproximadamente a 114 millones EUR al año; reitera su llamamiento al Parlamento y al Consejo para que, con el fin de generar ahorros a largo plazo, aborden la necesidad de elaborar una hoja de ruta para el establecimiento de una sede única, como ha señalado el Parlamento en varias Resoluciones anteriores;

Aprobación de la gestión de 2014

23.  Reconoce la calidad del intercambio de puntos de vista entre el Vicepresidente encargado del presupuesto, el Secretario General y la Comisión de Control Presupuestario, celebrado en presencia del miembro del Tribunal de Cuentas y del auditor interno el 4 de febrero de 2016; agradece al Secretario General su disponibilidad y pide tener más a menudo la ocasión de tratar con él en la Comisión de Control Presupuestario las cuestiones que afectan al presupuesto del Parlamento;

24.  Toma nota de la firma del acuerdo de cooperación con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) y el Comité de las Regiones, el 5 de febrero de 2014; pide que se establezcan disposiciones concretas y detalladas de funcionamiento de los servicios compartidos por las tres instituciones; insiste en que el desarrollo del acuerdo tiene que tener un carácter equilibrado y beneficiar a las tres instituciones en condiciones de igualdad; pide que en la revisión intermedia del acuerdo se haga una evaluación por cada institución del impacto del acuerdo desde el punto de vista de los recursos humanos, las sinergias, el valor añadido y los contenidos, así como una valoración detallada de los ahorros y/o del aumento del gasto presupuestario derivados del mismo, con una atención especial a los capítulos de personal; pide que se le siga informando del seguimiento del acuerdo;

25.  Recuerda que en el marco de dicho acuerdo se transferirá al Parlamento un máximo de 80 funcionarios procedentes del CESE y del Comité de las Regiones (procedentes del servicio de traducción y asistentes) que trabajarán para el nuevo Servicio de Estudios Parlamentarios del Parlamento Europeo (EPRS); considera que esta transferencia debiera permitir que aumente la productividad interna en el Parlamento consagrándose menos medios presupuestarios a la externalización de estudios o evaluaciones; toma nota con preocupación de que hasta la fecha ya se han transferido 25 funcionarios del CESE y 24 del Comité de las Regiones al EPRS en su mayor parte en edad muy cercana a la jubilación lo que implica un importante ahorro en los capítulos de personal de estas dos instituciones a costa de incrementar considerablemente el presupuesto del Parlamento a corto plazo (salarios) y a medio y largo plazo (pensiones);

26.  Acoge con satisfacción la publicación del nombre de los proveedores de servicios en la página de inicio de los diputados al Parlamento Europeo, junto a los datos relativos a los asistentes parlamentarios acreditados (APAs) y a los asistentes locales contratados por el diputado;

27.  Lamenta la transferencia de responsabilidades de la administración a los gabinetes de los diputados; pide que se realice una revisión por parte de la administración y acerca de ella a fin de comprobar qué obligaciones (por ejemplo, la responsabilidad a la hora de asegurar al personal en prácticas) pueden devolverse a la administración;

28.  Insiste en la necesidad de hacer más transparente y asequible el trabajo de los órganos decisorios internos del Parlamento, especialmente de la Mesa; pide que se publiquen en internet y se transmitan a los diputados a tiempo y de manera sistemática los órdenes del día y las actas de las reuniones;

29.  Señala que la carga administrativa a la que hacen frente los gabinetes de los diputados ha aumentado también de manera más general y pide una racionalización de los formularios que han de utilizarse para procedimientos parlamentarios internos, como la contratación de nuevos asistentes;

30.  Toma nota de que, tras unos retrasos considerables, se han adoptado unas normas internas sobre la denuncia de irregularidades, que están en vigor desde enero de 2016; manifiesta su preocupación por la falta de protección de los denunciantes y pide al Parlamento que vele por que se garantice el pleno respeto de sus derechos; pide a la Mesa que amplíe el alcance de las normas internas sobre la denuncia de irregularidades a los APAs y pide la aplicación de legislación nacional equivalente a los asistentes locales;

31.  Pide aclaraciones sobre la manera en que se desarrolla la colaboración oficial y oficiosa con la OLAF sobre las cuentas de los diputados; hace referencia a la revelación de informaciones a terceros, al menos en un caso; ve en ello una violación de la independencia del mandato de los diputados;

32.  Observa que resultó difícil diferenciar plenamente las actividades políticas del Presidente de su preparación como cabeza de lista su partido en las elecciones europeas de 2014 y que también resultó difícil la diferenciación en relación con otros cabezas de lista; considera que no se estableció una distinción inequívoca entre ambos papeles; reclama una clara separación de las funciones de los cargos oficiales y las candidaturas para las campañas electorales europeas; deplora la utilización siquiera indirecta del personal del Parlamento a la hora de ayudar a preparar la campaña y pide que no se vuelva a producir en el futuro; deplora, en conexión con lo anterior, que el Presidente transformase el perfil de Twitter de la Presidencia del Parlamento Europeo en su perfil personal y lo utilizase en campaña;

33.  Encarga al EPRS que lleve a cabo un análisis comparativo del marco jurídico que rige la compatibilidad de las actividades de los candidatos que participan en campañas electorales en otras organizaciones internacionales y en los Estados miembros (elecciones a primer ministro, secretario general, canciller, etc.);

34.  Toma nota de que, durante el período comprendido entre el 22 de enero y el 18 de abril, la mayoría de las misiones internacionales llevadas a cabo por el Presidente guardaron relación con representaciones gubernamentales y oficiales vinculadas a partidos y organizaciones socialistas; solicita información complementaria a este respecto;

35.  Solicita información complementaria acerca de las razones por las que las campañas de todos los cabezas de lista, si fue el caso, contaron con el acompañamiento en la campaña electoral de funcionarios y otros miembros del personal estatutario que no se encontraban de permiso; acoge con satisfacción la información complementaria facilitada por el Presidente y solicita el mismo nivel de transparencia al resto de los candidatos;

Dietas para gastos generales

36.  Recuerda que las dietas para gastos generales se destinan a financiar los gastos en el Estado miembro en que han sido elegidos los diputados, tales como el alquiler de un despacho, equipos, suministros, documentación u organización logística de eventos; toma nota de que un sistema general de control de las dietas durante el mandato parlamentario de los diputados representaría entre 40 y 75 nuevos puestos administrativos, lo que contravendría el plan de reducción de personal;

37.  Apoya una transparencia total por lo que se refiere a las dietas para gastos generales a fin de que los ciudadanos europeos puedan tener un mejor conocimiento de los gastos generales de los diputados al Parlamento Europeo; insta a la Mesa a que revise la lista de los gastos que pueden cubrirse con cargo a las dietas para gastos generales;

38.  Reitera su llamamiento en favor de una mayor transparencia en lo que se refiere a las dietas para gastos generales de los diputados; pide a la Mesa que trabaje en la elaboración de normas más precisas de rendición de cuentas en relación con los gastos autorizados comprendidos en dichas dietas, sin que ello conlleve un gasto y una carga administrativa adicionales para los diputados;

39.  Recuerda a la Mesa la urgente necesidad de llevar a cabo una auditoría de las dietas para gastos generales;

Gestión del régimen de subvenciones para los grupos de visitantes

40.  Se felicita por una mejor adecuación entre las subvenciones otorgadas por el Parlamento a los grupos de visitantes y los gastos en que realmente se incurre a este respecto; manifiesta su profunda preocupación, no obstante, por que esta sea la única acción crítica detectada por el auditor interno del Parlamento;

41.  Expresa su preocupación por el hecho de que la financiación para los grupos de visitantes correspondientes a 2014 siga pagándose en su mayor parte en efectivo: los 24 593 928,16 EUR de gastos de 2013 se abonaron en un 73,14 % en efectivo, y en un 26,86 % por transferencia bancaria, mientras que los 22 281 749,46 EUR de gastos de 2014 se abonaron en un 71,15 % en efectivo y en un 28,85 % mediante transferencia bancaria;

42.  Toma nota de la conclusión del Tribunal de Cuentas, en su revisión de conjunto de la gestión financiera del presupuesto de la Unión, cuando califica «de alto riesgo» la práctica de reembolsar los gastos de los grupos de visitantes en efectivo; pide, por consiguiente, que se limiten en la medida de lo posible los pagos en efectivo al reembolsar los gastos de los grupos de visitantes; destaca el elevado riesgo para la reputación del Parlamento y el importante riesgo para la seguridad que suponen los pagos en efectivo a los grupos de visitantes; reconoce los problemas prácticos y pide que se evalúen métodos alternativos y eficientes de realizar pagos antes de adoptar una nueva reglamentación relativa a la recepción de grupos de visitantes;

Registro de transparencia y conflictos de intereses

43.  Acoge con satisfacción que la Comisión haya iniciado un procedimiento de consulta pública sobre la revisión del vigente registro de transparencia de la Comisión y el Parlamento y su extensión al Consejo; pide que inmediatamente después de la consulta pública se cree un grupo de trabajo interinstitucional que elabore propuestas relativas a la revisión del registro, el código de conducta que lo acompaña, y su funcionamiento;

44.  Pide además un informe de la administración del Parlamento sobre los antiguos directivos, consejeros delegados, directores y miembros del consejo de administración de las ONG europeas pertinentes que son actualmente diputados al Parlamento;

45.  Pide un informe de la administración del Parlamento en el que se exponga el uso de los locales del Parlamento por parte de los grupos de interés y otras organizaciones exteriores; pide a la Mesa que examine la compatibilidad de estos eventos con las labores parlamentarias al tiempo que se garantiza que el Parlamento sigue siendo una institución abierta al intercambio con la sociedad civil y el debate público;

46.  Recuerda que los diputados están obligados a informar inmediatamente a la administración de cualquier cambio en sus declaraciones de intereses; lamenta que las biografías y las declaraciones de intereses de los diputados elegidos en 2014 se publicasen en el sitioweb del Parlamento muy tarde;

47.  Insta al Parlamento a adoptar normas a fin de divulgar como una «huella legislativa» todas las contribuciones recibidas de representantes de los grupos de interés relativas a los proyectos de políticas, leyes y enmiendas;

48.  Pide a la Mesa que facilite los medios técnicos para que los diputados que así lo deseen publiquen en su página web oficial sus agendas y, en particular, sus reuniones con los grupos de interés;

Dirección General de Políticas Interiores de la Unión y Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión

49.  Toma nota de que los gastos de las delegaciones, asambleas parlamentarias mixtas, delegaciones ad hoc y misiones de observación de elecciones fuera de la Unión se redujeron en 2014, pasando de 5 794 360 EUR en 2013 a 1 351 212 EUR en 2014, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Parlamento en su citada Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 y debido a la reducción de las misiones con motivo del período de transición de una legislatura a la siguiente, lo que provocó, de hecho, la suspensión de los viajes de delegaciones durante algunos meses; critica, no obstante, el hecho de que algunas de las misiones del Parlamento fueran excesivamente costosas, especialmente cuando se trataba de destinos lejanos; espera que estos gastos se justifiquen y se reduzcan aún más en un futuro próximo y pide la publicación de los datos relativos a los costes de todas las misiones en el informe anual de actividades;

50.  Considera oportuno valorar la posibilidad de reducir el número de viajes de delegaciones utilizando herramientas informáticas como las videoconferencias;

51.  Pide que se desarrollen y se llenen de contenido los sitios web de las delegaciones interparlamentarias urgentemente; considera igualmente fundamental que, en la medida en que el presupuesto lo permita, las reuniones públicas de las delegaciones se retransmitan en directo por webstreaming, al igual que las de las comisiones parlamentarias;

Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios

52.  Recuerda que el nuevo Servicio de Estudios para los Diputados empezó a proporcionar un instrumento de estudio específico para los diputados a través de publicaciones informativas en todos los ámbitos políticos de importancia; señala que en su primer año completo de actividad el servicio de estudios generó más de 450 publicaciones, respondió a 1 675 solicitudes de estudio presentadas por los diputados y tramitó 745 peticiones similares procedentes de otros clientes del Parlamento; señala que este instrumento permite el acceso a una gran cantidad de información útil que debería reducir considerablemente el recurso a expertos externos, lo que supondría un ahorro considerable; pide que las publicaciones informativas de todos los ámbitos políticos de importancia se traduzcan a las lenguas oficiales de los Estados miembros;

53.  Pide que se definan de manera más clara las funciones de los distintos sectores del servicio (servicio de estudios, evaluación de impacto) y que estos ámbitos de responsabilidad se comuniquen a los diputados;

54.  Pide que la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Ante mejore su visibilidad, a través del correo electrónico, en lo que se refiere a los excelentes servicios que proporciona a los miembros de comisión y a los ponentes, así como a sus métodos de trabajo y a sus normas de intervención ; alienta la celebración de sesiones de formación para los asesores y los asistentes de los diputados; pide una mejora sustancial de los recursos de personal disponibles en este ámbito, ya que ello contribuirá de manera significativa a que el Parlamento pueda participar en pie de igualdad en el proceso de toma de decisiones;

55.  Celebra que hasta la fecha no haya habido ninguna queja relativa a evaluaciones de impacto parciales, y pide en este sentido a la Unidad que siga garantizando la neutralidad;

56.  Insta a la DG EPRS a que haga una diferenciación mayor entre sus publicaciones y las posiciones oficiales del Parlamento para evitar confusiones en el público y los medios de comunicación; acoge con satisfacción la introducción de la cláusula de exención de responsabilidad en todas las publicaciones; pide a la DG EPRS que la haga más visible y que no figure solo en la última página, así como que introduzca nuevos elementos para distinguir fácilmente las posiciones adoptadas oficialmente por el Parlamento;

Dirección General de Comunicación

57.  Observa que VoteWatch recibió dos subvenciones (149 172 EUR en 2012 y 350 000 EUR en 2013) para la cofinanciación de proyectos específicos relacionados con las elecciones europeas; solicita una evaluación del valor añadido de esos proyectos;

58.  Expresa su preocupación por la falta de resultados reales de las actividades de comunicación del Parlamento, teniendo en cuenta la tasa de participación cada vez más baja en las elecciones europeas y la falta general de conocimiento en la sociedad sobre el papel del Parlamento y sus actividades;

59.  Critica la presentación de datos estadísticos sobre las explicaciones de voto, intervenciones en el Pleno, preguntas parlamentarias, enmiendas y propuestas de resolución, preguntas escritas dirigidas al Presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en el sitio web del Parlamento, pues parecen destinados a demostrar que los diputados al Parlamento son supuestamente «activos» en plataformas como MEPRanking; pide al Parlamento que deje de proporcionar los números en bruto en forma estadística y que tenga en cuenta criterios más apropiados para considerar a un diputado «activo»;

60.  Toma nota de que la DG COMM es extremadamente firme en reclamar una reducción de los gastos y un mayor énfasis en la eficiencia; pide que se haga más hincapié en un despliegue de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que sea más efectivo que costoso; toma nota de que, a pesar de las grandes sumas invertidas en el sitio web del Parlamento, sigue siendo complejo y de navegación difícil y no ofrece la visibilidad deseada; recomienda una revisión de la estrategia de mercadotecnia; hace hincapié en que una página web transparente y accesible es fundamental para la participación ciudadana;

61.  Pide un nuevo y eficiente motor de búsqueda en la web del Parlamento, que ofrezca tanto una marcada optimización del motor de búsqueda como una página de resultados del motor de búsqueda totalmente integrada, junto con un esfuerzo sostenido por facilitar el acceso al sitio mejorando el reconocimiento de palabras clave; recomienda una intensa cooperación interinstitucional para conectar todas las bases de datos de los sitios web de las instituciones de la Unión; observa que esto garantizará una mayor transparencia de las actividades de la Unión para todos los ciudadanos;

Casa de la Historia Europea

62.  Manifiesta su decepción al saber que las obras del edificio Eastman, donde se albergará la Casa de la Historia Europea, han seguido acumulando retrasos; pide un plan/una promoción de las comunicaciones y proyectos de sitio web/un plan de mercadotecnia que detalle la forma en que la Casa de la Historia Europea alcanzará el nivel de impacto deseado;

63.  Recuerda que las obras deberían haber concluido a finales de 2014; espera que el presupuesto total acordado inicialmente para la construcción del proyecto se respete, a pesar de los retrasos, y que la primera exposición se inaugure a finales de 2016;

64.  Aboga por una estricta separación con respecto al contenido de la información facilitada en el Parlamentarium ya existente; advierte de nuevo del riesgo de unos costes consiguientes excesivamente elevados, que no sean en modo alguno proporcionales a la realización de la instalación;

Centro de Visitantes del Parlamento Europeo

65.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamentarium sea una de las atracciones turísticas más visitadas de Bruselas y de que recibiera 340 500 visitantes en 2014 (337 000 en 2013); destaca la importancia de comunicar estas cifras y los beneficios que conllevan a las autoridades belgas;

66.  Expresa su preocupación por el hecho de que el importe de la línea presupuestaria para el Centro de Visitantes del Parlamento Europeo aumentase un 24 % con respecto al año anterior en comparación con el incremento de visitantes que solo fue del 1 %;

67.  Recomienda que el Estado miembro en el que esté ubicado el Parlamentarium financie parcialmente su instalación y sus gastos de funcionamiento;

Premio LUX

68.  Observa que los gastos relacionados con el Premio LUX de cine en 2014 ascendieron a 391 506 EUR, una cantidad significativamente inferior a la de años anteriores (448 000 EUR en 2013, y 434 421 EUR en 2012), y cubrieron la selección oficial y la competición, incluidos el subtitulado en las 24 lenguas oficiales de la Unión y las copias para su proyección en los 28 Estados miembros, así como la ceremonia de entrega de premios; recuerda que la publicidad y promoción del Premio LUX de Cine, así como del Premio Sájarov y los derechos de la mujer, tienen como objetivo ilustrar el compromiso del Parlamento con valores consensuales como los derechos humanos y la solidaridad, así como su compromiso con la diversidad cultural y lingüística; lamenta que todavía no estén disponibles los resultados de una encuesta sobre el grado de conocimiento y el impacto del Premio LUX, solicitada en la resolución de aprobación de la gestión de 2013; pide que los resultados de este estudio estén disponibles para el público a mediados de mayo de 2016 y que se proceda a una presentación oficial de sus resultados a la Comisión de Control Presupuestario y la Comisión de Cultura y Educación;

Dirección General de Personal

69.  Toma nota de que en 2014 fueron contratados 309 funcionarios y agentes temporales para la Secretaría General, y 8 agentes temporales para los grupos políticos; toma nota de que, a 31 de diciembre de 2014, el Parlamento empleaba un total de 6 040 funcionarios y agentes temporales (5 295 en la Secretaría General y 745 en los grupos políticos); destaca que en 2013 esas cifras eran respectivamente: 6 105 (total), 5 308 (Secretaría General) y 797 (grupos políticos);

70.  Pide unos requisitos de cualificación más claros para el personal, en particular en funciones sensibles como, por ejemplo, en las secretarías de comisión o en la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Ante; solicita la revisión de los requisitos específicos con respecto a la neutralidad ideológica y política del personal; pide que se presenten al Parlamento criterios de selección de personal;

71.  Señala que en 2014 el Parlamento contrató en calidad de agentes contractuales a 114 antiguos agentes interinos contratados para las sesiones plenarias de Estrasburgo; hace hincapié en que la sentencia dictada por un tribunal francés en relación con estos contratados no puede justificar la decisión de contratarlos como personal estatutario;

72.  Subraya que, en el contexto de la revisión del Estatuto de los funcionarios de 2014 y del MFP actual, a 1 de enero de 2014 se habían suprimido de la plantilla de personal 67 puestos (66 permanentes y 1 temporal) a fin de lograr la reducción del 5 % del número de puestos durante el período comprendido entre 2013 y 2017, excluidos los grupos políticos;

73.  Señala que con el aumento del horario laboral semanal de 37,5 a 40 horas en el marco de la modificación del Estatuto de los funcionarios se gana el equivalente a 350 puestos de trabajo y que esto compensa en la práctica los recortes de personal en un 5 % durante varios años acordados en el marco de la reforma del Estatuto; pide al Parlamento que presente un informe transparente con indicaciones anuales sobre la reducción prevista de puestos de trabajo, y que en los cálculos relativos a dicho informe tenga en cuenta el aumento del tiempo de trabajo;

74.  Observa que la proporción de funcionarias sigue siendo muy elevada y ha aumentado hasta el 59,2 % a finales de 2014 frente al 58,8 % de finales de 2013; está preocupado por la falta de paridad en la administración, en la que las mujeres representan solo el 30 % de los jefes de unidad, el 34 % de los directores y el 18,2 % de los directores generales; solicita la puesta en marcha de un plan de igualdad de oportunidades, especialmente en lo que se refiere a los puestos de dirección, con el fin de solucionar cuanto antes este desequilibrio; recuerda que 1 de los 8 directores y 9 de los 31 jefes de unidad contratados en 2014 son mujeres; opina que el procedimiento de contratación debería ser equilibrado; reitera su llamamiento en cuanto a la necesidad de una representación más equilibrada de las mujeres en los puestos de dirección;

75.  Lamenta que el Parlamento todavía no haya publicado información con carácter anual de los altos funcionarios que han abandonado la administración del Parlamento, así como una lista de los casos de posibles conflictos de intereses que se han abordado, tal y exige el artículo 16, apartado 4 del Estatuto;

76.  Toma nota de que a finales de 2014 trabajaban en el Parlamento 1 686 APAs (frente a 1 763 en 2013) y de que 4 453 asistentes locales tenían un contrato de trabajo con diputados;

77.  Manifiesta su preocupación por que el número de asistentes locales empleados por diputado varíe considerablemente, y oscilara, en 2014, entre 0 y 46 (entre 0 y 43 en 2013); destaca que 91 diputados han contratado a más de 10 asistentes locales en 2014 (frente a los 84 diputados de 2013);

78.  Acoge con satisfacción el hecho de que el 26 de octubre de 2015 la Mesa aprobara una nueva serie de normas para la gestión de las dietas de asistencia parlamentaria, endureciendo los requisitos para el reembolso de los contratos de asistente local, a saber, reservando al menos el 25 % de la dieta de asistencia parlamentaria para cubrir los gastos de los APA;

79.  Toma nota de que a finales de 2014 los asistentes parlamentarios acreditados representaban el 26,7 % del personal del Parlamento; recuerda que los contratos de unos 1 700 asistentes parlamentarios acreditados empleados durante la séptima legislatura vencieron en julio de 2014 y que, para garantizar la asistencia a los diputados durante la octava legislatura, antes de finales de 2014 se diseñó una gran operación llevada a cabo por la Dirección General de Personal para contratar a 1 686 APA;

80.  Insiste en que las dietas de estancia por el desplazamiento a Estrasburgo de los asistentes parlamentarios acreditados son como mínimo un 21 % inferiores a las del resto del personal estatutario; deplora que la Mesa no atendiese la solicitud expresada por el Parlamento en el apartado 74 de su Resolución de 29 de abril de 2015; pide de nuevo a la Mesa que adopte las medidas necesarias para acabar con esta desigualad, y que equipare las dietas de los asistentes a las del resto del personal estatutario;

81.  Deplora que la Mesa no haya dado seguimiento alguno del apartado 71 de la Resolución del Parlamento de 29 de abril de 2015; pide a la Mesa que tome con urgencia las medidas necesarias para que el Comité consultivo para la prevención del acoso laboral de los asistentes parlamentarios acreditados tenga una composición equilibrada e incluya al menos a dos representantes de los asistentes parlamentarios;

82.  Toma nota con satisfacción de las medidas adoptadas para organizar la gestión de los contratos de los APA al inicio de la octava legislatura y, en especial, del buen funcionamiento de la aplicación APA People; considera, sin embargo, que hubiera sido necesario reforzar con más personal de la administración algunos de los servicios implicados en el procedimiento de contratación de los asistentes parlamentarios para hacerlo más rápido y eficiente; subraya que los medios personales y técnicos puestos a disposición no fueron suficientes para evitar el retraso en la firma de los contratos de algunos asistentes, e incluso algunas rupturas de contrato, así como retrasos en los cálculos de las dietas y otras asignaciones y, en consecuencia, en el pago de los salarios; reconoce, no obstante, que el procedimiento ha mejorado ostensiblemente con respecto a 2009, y considera que el Parlamento tiene que seguir trabajando para aumentar la rapidez y la fluidez del procedimiento de contratación;

83.  Pide al Secretario General y a la Mesa que estudien y den soluciones a los problemas en relación con los APA, como puede ser el caso de los retrasos en la firma de los contratos al inicio de la legislatura, la ruptura de contratos, las consecuencias del adelanto de las fechas de las elecciones europeas en los plazos mínimos de cotización exigidos, etc., y que asocien a los representantes de los APA en la búsqueda de estas soluciones;

84.  Toma nota de los avances realizados para adaptar los cursos de formación a las necesidades específicas de los APA; considera, sin embargo, que es fundamental seguir avanzando en esa vía, especialmente en las formaciones específicas, los horarios adaptados y los cursos intensivos de idiomas, que sólo se organizan en períodos en que la mayor parte de los asistentes parlamentarios acreditados tienen que tomar sus vacaciones anuales; pide que se tengan también en cuenta las circunstancias particulares de los asistentes parlamentarios acreditados en los horarios de organización de las actividades para mejorar el bienestar en el trabajo (mindfulness), conferencias al mediodía, etc.;

85.  Toma nota del informe de evaluación del Estatuto de los asistentes realizado por el Parlamento y presentado en julio de 2015; deplora que el informe se limite prácticamente a evaluar los resultados de la aplicación APA-People y a señalar algunos de los problemas con los que la administración se ha encontrado en la puesta en práctica del Estatuto y en las normas internas de aplicación; manifiesta su descontento y completo desacuerdo con algunos juicios de valor emitidos en la segunda parte del informe; opina por consiguiente que la evaluación realizada no cumple sus objetivos más que en el caso de la aplicación APA-People; en consecuencia, pide al Parlamento que realice una evaluación global y exhaustiva del Estatuto y de las normas de aplicación antes de que finalice este año; esta evaluación comprenderá también todos aquellos aspectos de carácter jurídico que planteen dificultades, de modo que se puedan poner las bases para mejorar, adaptar y reformar las distintas normas en un futuro próximo; pide igualmente que se asocie a los representantes oficiales de los APA a este proceso, sobre todo teniendo en cuenta el papel tan positivo que han desempeñado en la primera revisión;

86.  Solicita, en aras de la transparencia, que el informe anual del Parlamento refleje las actividades organizadas y financiadas por el Comité de Personal a cargo del presupuesto de la institución, especificando los tipos de actividades, los gastos efectuados y la observancia de la buena gestión financiera;

87.  Solicita los resultados de la evaluación de la herramienta de contratación de APA: APA People, que se puso en marcha al comienzo de la actual legislatura;

Dirección General de Infraestructuras y Logística

88.  Hace hincapié en que la nueva estrategia inmobiliaria a medio plazo exigirá esfuerzos para encontrar espacios adicionales a fin de satisfacer las necesidades del Parlamento en un determinado perímetro cerca de los edificios principales; hace hincapié en que la planificación plurianual para obras de renovación debe basarse en previsiones realistas y detalladas tanto por lo que respecta a sus parámetros financieros como a los plazos; recuerda que el Parlamento posee el 81 % de toda la superficie que ocupa y que el presupuesto debe protegerse frente a los costes de renovación de edificios que van envejeciendo, en lo que será un gran desafío para el Parlamento en los próximos años;

89.  Toma nota de que el Parlamento ocupa en sus tres lugares de trabajo una superficie total de 1,1 millones de m2; considera que reviste la máxima importancia el establecimiento de unas medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de los edificios del Parlamento ante el aumento de los costes de mantenimiento;

90.  Insiste en la máxima prudencia antes de comprometerse en nuevas adquisiciones o arrendamientos y en la necesidad de supervisar y adaptar regularmente el plan estratégico de ocupación; considera que los conceptos en el marco de ejecución estratégica también deben brindar al Parlamento la oportunidad de reducir la necesidad de nuevos edificios ya que incita a la organización a centrarse más en los resultados y el equilibrio entre la vida laboral y personal; señala que las tecnologías y prácticas habitualmente disponibles, como el teletrabajo, también podrían contribuir a una utilización más eficaz del tiempo y a un Parlamento más respetuoso con el medio ambiente;

91.  Toma nota de que, desde junio de 2014, unos 1 000 funcionarios de las Direcciones Generales IPOL, EXPO y EPRS se trasladaron al edificio Square de Meeûs; recuerda que este traslado constituyó la primera etapa clave en el proceso de poner más espacio a disposición de los diputados en los principales edificios del Parlamento; desea que se le informe de los siguientes pasos del Parlamento con un calendario preciso en el que se indique cuándo se pondrán a disposición despachos adicionales;

92.  Pide a la administración que adopte medidas para la adecuación de instalaciones en los principales edificios del Parlamento para el personal que trabaja en la Square de Meeûs, como, por ejemplo, una sala de consulta de documentos de acceso restringido para los diputados;

93.  Lamenta que todavía no fuera posible alcanzar un acuerdo de cooperación entre el Parlamento y la Comisión sobre la gestión conjunta de las Casas de Europa; insta a ambas instituciones a que alcancen un acuerdo mutuamente aceptable en el que se establezca un marco para la adquisición o el alquiler de edificios y a que simplifiquen los procedimientos administrativos y financieros para la gestión diaria de las Casas de Europa; pide a la jerarquía política que intervenga, en caso necesario;

94.  Considera que se tenía que haber realizado hace tiempo una renovación del edificio Paul-Henri Spaak, incluidas una ampliación del edificio y una ampliación de las salas de seminarios para los visitantes y de los espacios de oficinas para los diputados al Parlamento; apoya la planificación de la administración, pero subraya que debe llevarse a cabo sobre la base del número de diputados actual y no sobre la base de su número en una posible, y poco realista, ampliación de la Unión;

95.  Pide una planificación y unas previsiones concretas de los costes de las obras de renovación; insta a una mayor transparencia y a la participación individual de los diputados en las decisiones que tienen una incidencia decisiva en los aspectos administrativos y financieros de la institución; considera insuficientes la información facilitada y los acuerdos previos celebrados a nivel de la Conferencia de Presidentes y de la Mesa; solicita que se distribuyan a todos los diputados todos los documentos estratégicos relativos a la organización y el desarrollo futuro del Parlamento;

96.  Manifiesta su preocupación ante la propuesta de internalizar el servicio de transporte y por los consiguientes costes adicionales, que supondrán un incremento de más del 50 % en 2017 con respecto a 2016;

Dirección General de Interpretación y Conferencias y Dirección General de Traducción

97.  Observa que el número medio de horas semanales que los intérprete de la plantilla de personal pasaron en sus cabinas en 2014 prestando servicios de interpretación fue de 10,7 horas/semana; señala, no obstante, que el tiempo de cabina representa solo una parte del trabajo de los intérpretes, que también consiste en la preparación de las reuniones, el aprendizaje de idiomas y su mantenimiento, las horas de disponibilidad, la formación sobre una materia específica y otros tipos de formación especializada; pide al Secretario General que facilite indicadores que midan todas las actividades realizadas por los intérpretes; lamenta las diferencias en cuanto a la media anual de horas semanales de prestación de servicios de interpretación por parte de los intérpretes, que oscilan entre 6 y 16 horas por semana, lo que conlleva una carga de trabajo desigual para los intérpretes; reconoce que 2014 fue un año atípico en lo que se refiere al volumen de la actividad parlamentaria debido a las elecciones;

98.  Observa con preocupación que el método de cálculo para las estadísticas no ha sido aclarado y pide a la administración que comunique mejor sus procesos a los representantes pertinentes de los intérpretes;

99.  Pide a la administración que excluya las vacaciones y las licencias por enfermedad del cálculo del número medio de horas pasadas por los intérpretes en la cabina;

100.  Reitera la importancia del multilingüismo para la legitimidad democrática de la institución; acoge con satisfacción el hecho de que, como consecuencia de la política de multilingüismo con utilización eficiente de los recursos aprobada por la Mesa en 2011 y de sucesivas reformas organizativas, se hayan realizado importantes ahorros en las líneas presupuestarias dedicadas a la interpretación; solicita que las condiciones de trabajo contengan salvaguardas concebidas para proteger tanto la calidad de la interpretación como la salud de los intérpretes, al tiempo que atienden también las necesidades derivadas de los nuevos modos de trabajo parlamentario y una utilización eficiente de los recursos; pide al Secretario General que prosiga sus esfuerzos en favor de una estrecha colaboración con los intérpretes;

101.  Insiste en que siguen siendo posibles aumentos de eficiencia en la prestación de servicios de interpretación, en especial aumentando la eficiencia de un servicio que se ve actualmente obstaculizado por normas que datan de 2005 y que ya no son compatibles con los actuales modelos de reuniones de la institución; solicita que se examine si pueden lograrse mejoras en la eficiencia también en las unidades de apoyo administrativo de la DG INTE;

102.  Solicita que se realice un examen para evaluar si está garantizada una dotación de intérpretes adecuada también durante los días dedicados a las actividades principales del Parlamento;

103.  Pide a la Dirección General de Interpretación y Conferencias que tome todas las medidas de gestión necesarias para mejorar las herramientas de TI y la asistencia técnica a los intérpretes para llevarlas al nivel de las de la Comisión, incrementar la productividad en términos de encargos de interpretación, realinear la carga de trabajo de interpretación de cada intérprete, y garantizar que estén presentes y disponibles intérpretes de plantilla durante los días dedicados a las actividades principales del Parlamento; pide, finalmente, que el Secretario General presente un nuevo concepto destinado a una utilización eficiente y rentable del personal, que debería basarse en un acuerdo con los intérpretes;

104.  Considera que una mejora de la prestación de servicios de interpretación, en particular con la Comisión dentro del marco de la cooperación institucional, contribuiría a garantizar la eficiencia del uso de estos servicios;

105.  Expresa su preocupación ante la dispersión de la responsabilidad en materia de organización de reuniones y gestión de conferencias entre diferentes direcciones generales,

Dirección General de Finanzas

Agencia de viajes

106.  Acoge con satisfacción la aplicación efectiva por la agencia de viajes de las instrucciones de la DG FINS para buscar los mejores precios; anima, además, a la agencia de viajes a que intensifique la comparación e intente alcanzar acuerdos con las principales compañías aéreas para obtener una mayor flexibilidad y unos precios más económicos, al tiempo que asegura la posibilidad de introducir modificaciones o cancelaciones en los viajes; pide a la agencia de viajes que, en el momento de reservar, busque activamente billetes y ofertas menos caros y, en general, que ofrezca precios más competitivos teniendo en cuenta a todas las compañías aéreas; pide a la DG FINS que lleve a cabo un sondeo entre los usuarios sobre el nivel de satisfacción con el servicio de la agencia de viajes, a fin de determinar posibles ámbitos susceptibles de mejora;

107.  Toma nota de las dificultades de atender a solicitudes de preparativos de viaje para una institución del tamaño y las responsabilidades del Parlamento Europeo y con sus particularidades (flexibilidad, anulaciones de último minuto) inherentes a la naturaleza de su trabajo;

108.  Pide a la DG FINS que, en estrecha cooperación con la DG SAFE y la DG COMM, reevalúe los planes de contingencia para situaciones de emergencia con miras a abordar mejor las nuevas amenazas de seguridad, en particular para misiones entre los diferentes lugares de trabajo de la institución;

Fondo voluntario de pensiones

109.  Toma nota de que el fondo voluntario de pensiones aumentó su déficit actuarial estimado, calculado sobre la base de los activos del fondo, hasta 270,3 millones EUR a finales de 2014 (frente a los 207,9 millones EUR de 2013); destaca que esto provoca preocupación por el desembolso prematuro del capital del fondo;

110.  Señala que estos pasivos futuros previstos del fondo se reparten a lo largo de varios decenios; pide a la Mesa que estudie las posibilidades de mejorar la liquidez del fondo;

111.  Pide que los resultados de la evaluación externa solicitada por el Parlamento en su mencionada Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 se presenten sin más demoras; señala al consejo de administración del fondo voluntario de pensiones como responsable de la magnitud del déficit del fondo; pide un concepto único para el fondo de pensiones privado a fin de reducir el pasivo de este fondo; pide a la Mesa que presente inmediatamente después de la recepción de la evaluación externa una propuesta de plan de acción global para hacer frente a las responsabilidades del Parlamento; estima necesario reducir las prestaciones de jubilación de los miembros del fondo;

112.  Pide a la Mesa que evalúe lo antes posible la situación actual del fondo de pensiones;

Asistencia parlamentaria

113.  Acoge con satisfacción las nuevas normas, más estrictas, aplicadas a asistentes locales y prestadores de servicios; observa que algunos puntos de las nuevas normas siguen siendo imprecisos y son una fuente de malas interpretaciones; pide una mayor clarificación de estos puntos, especialmente por lo que se refiere a las actividades paralelas de los asistentes locales y los prestadores de servicios; destaca que ambos grupos deben ser objeto de un control muy estricto;

114.  Acoge con satisfacción la creación del portal digital para los diputados e-Portal ; considera que será un instrumento eficiente y eficaz para el examen de las finanzas, en línea con la política de abandono del papel perseguida por el Parlamento; pide a la DG FINS que promueva activamente su uso entre todos los diputados;

Dirección General de Innovación y Asistencia Tecnológica

115.  Observa que la política de seguridad de la información del Parlamento requiere una estrategia de seguridad empresarial coordinada y armonizada;

116.  Pide que se refuercen los sistemas destinados a la seguridad de la información para proteger la información del acceso no autorizado, garantizando al mismo tiempo la comunicación, así como de la interrupción, modificación o destrucción no autorizadas con el fin de ofrecer integridad, confidencialidad y disponibilidad;

117.  Pide que se cree un sistema de alerta rápida de emergencia que permita a la DG ITEC en colaboración con la DG SAFE enviar mensajes con prontitud mediante SMS o correo electrónico a los diputados y miembros del personal que quieran formar parte de una lista de distribución que se utilice en situaciones de emergencia concretas relacionadas con la seguridad;

118.  Toma nota de que la auditoría externa de las TIC fue realizada por un tercero independiente, tal como se solicitó en la aprobación de la gestión de 2013; toma nota asimismo de que el objetivo de esta auditoría era evaluar las capacidades del Parlamento en materia de seguridad de las TIC y la exposición potencial de sus sistemas a los ciberataques, con vistas a desarrollar un plan de mejora de la seguridad de las TIC que incluya la propuesta de una hoja de ruta para mejorar el nivel de seguridad general del Parlamento; pide una regulación de la ciberseguridad que garantice que el Parlamento pueda proteger eficazmente sus sistemas de información y la protección y la seguridad de los diputados ante ciberataques;

119.  Expresa su preocupación por el hecho de que la evaluación de la organización, la madurez y las capacidades de la organización de la seguridad de las TIC del Parlamento, llevada a cabo con arreglo a la norma ISO 27002:2013 y las mejores prácticas internacionales, muestra un grado de madurez de la seguridad organizativa relativamente bajo;

120.  Pide que se lleven a cabo pruebas de resistencia periódicas de los sistemas de seguridad del Parlamento en el ámbito de las TIC;

121.  Toma nota de que en su reunión del 7 de septiembre de 2015 la Mesa aprobó una política de seguridad de los sistemas de TIC; destaca la urgencia de aplicar una política de seguridad mucho más sólida en materia de TIC en consonancia con la hoja de ruta del Parlamento para una estrategia general en materia de seguridad de la información;

Dirección General de Seguridad y Protección

122.  Toma nota de que la internalización de los servicios de seguridad se completó en Bruselas en diciembre de 2014 y en Estrasburgo el 1 de julio de 2015, tras la adopción de un concepto general de seguridad; hace hincapié en que, teniendo en cuenta el contexto actual en materia de seguridad, deben implantarse nuevas medidas de seguridad y una revisión urgente del concepto de seguridad general aprobado por la Mesa en 2011;

123.  Manifiesta su preocupación por los diferentes enfoques adoptados por las autoridades de Bruselas y Estrasburgo en relación con la seguridad de las instalaciones del Parlamento; considera indispensable trabajar en estrecha colaboración con las autoridades belgas, francesas y luxemburguesas a fin de reforzar el perímetro de seguridad en torno a los edificios del Parlamento;

124.  Pide un control eficaz de todo el personal de seguridad con vistas a garantizar su aptitud para el cumplimiento de sus funciones en términos tanto de fiabilidad como de nivel de competencia profesional;

125.  Insiste en que debe darse la máxima prioridad al refuerzo de la seguridad de los edificios del Parlamento y sus inmediaciones; considera necesario garantizar un equipo y unas condiciones de trabajo adecuados para el personal de seguridad, en vista de la actual situación en materia de seguridad;

126.  Pide que se revisen las medidas de seguridad de los edificios y un mayor control en la entrada a los aparcamientos del Parlamento mediante el reconocimiento automático de las placas de matrícula; pide que se instale un punto central de control externo para todos los proveedores externos que acceden a los edificios del Parlamento;

127.  Recuerda los incidentes consistentes en robos en despachos de diputados al Parlamento; pide a la DG INLO y a la DG SAFE que garanticen una mayor seguridad y más transparencia en lo relativo a contratistas y personal de mantenimiento con acceso a los despachos;

128.  Considera fundamental disponer de sólidos procedimientos vinculantes de examen antes de las contrataciones que regulen la salida del personal, unas estructuras de gestión apropiadas en materia de seguridad y una formación adecuada en gestión de crisis;

129.  Recuerda el incidente del 7 de octubre de 2014 en el que participaron manifestantes kurdos; pide que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva y confidencial de los servicios de seguridad del Parlamento; acoge con satisfacción, como primer paso, la creación de un grupo de alto nivel, compuesto por representantes del Parlamento, la Comisión, el Consejo y el Estado belga, para reforzar la cooperación en el ámbito de la seguridad; pide que se refuerce la cooperación con los servicios de seguridad nacionales e internacionales;

130.  Insiste en la necesidad de un mayor grado de cooperación entre la DG SAFE y la DG ITEC para garantizar el nivel adecuado de protección de la información y la comunicación en el Parlamento;

131.  Observa que, a la hora de abordar hoy en día los desafíos en materia de seguridad y lucha antiterrorista, las instituciones y órganos de la Unión cuentan con recursos separados, normas diferentes y equipos diversos que no son compatibles entre sí; estima que esta situación no solo conlleva una gestión poco sólida de los recursos dentro las diferentes administraciones (el presupuesto anual destinado a los gastos relacionados con la seguridad para la Comisión y el Parlamento asciende aproximadamente a 40 millones de euros para cada institución; el Consejo cuenta con aproximadamente 15 millones y el Servicio Europeo de Acción Exterior con más de cinco millones solo para su sede en Bruselas), sino que además podría incrementar la vulnerabilidad de las instituciones de la Unión;

132.  Expresa su preocupación ante la actual situación en materia de seguridad, en la que una grave amenaza terrorista se extiende por Europa y más allá, particularmente desde los ataques coordinados ocurridos en Bruselas y París y el ataque frustrado en el tren Thalys; pide a todas las instituciones de la Unión que promuevan activamente la cooperación reforzada entre sí y también con las autoridades nacionales de los países en los que están implantadas, tienen oficinas o delegaciones o desarrollan su labor;

133.  Insta al Secretario General y a las respectivas autoridades administrativas de la Comisión, el Consejo, el SEAE y las comisiones parlamentarias que estudien las posibles bases de una política interinstitucional común de seguridad, incluyendo un plan de acción para desarrollar elementos comunes como los medios y metodologías en materia de evaluación del riesgo, la dotación de personal y los medios de protección de las autoridades políticas y los invitados VIP respectivos, los temarios y recursos de formación para el personal de seguridad, los equipos y tecnologías para el control del acceso, la ciberseguridad y la seguridad de las comunicaciones, así como la gestión especializada de los recursos, que deberían estar en sinergia con las autoridades competentes de los países que acogen las ubicaciones principales, las oficinas exteriores y las delegaciones de la Unión;

Un Parlamento respetuoso del medio ambiente

134.  Acoge con satisfacción las conclusiones positivas de la auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas Europeo en 2013 y 2014 en la que subraya que, de las catorce instituciones europeas controladas, era el Parlamento Europeo quien contaba con la estrategia más ambiciosa en materia de reducción de emisiones de dióxido de carbono;

135.  Llama la atención sobre el hecho de que las videoconferencias y el teletrabajo pueden contribuir a una utilización más eficaz del tiempo y a un Parlamento más respetuoso del medio ambiente y, a la vez, a una reducción de los gastos administrativos y de viaje;

136.  Pone de relieve la necesidad de aplicar el concepto de la contratación pública ecológica a todos los contratos y licitaciones; pide que se fijen objetivos vinculantes ambiciosos para los contratos verdes, en particular en los ámbitos de alimentación y restauración, los vehículos y el transporte, las instalaciones sanitarias e hidráulicas, el papel, la gestión de los residuos, los equipos informáticos y de impresión de imágenes, la iluminación, la limpieza y el mobiliario;

Contratación pública ecológica y EMAS

137.  Pide al Secretario General que diseñe un plan destinado a reducir el número de baúles disponibles para los desplazamientos parlamentarios; sugiere que se introduzca un sistema de «baúles a la carta» o un sistema de «baúles compartidos», reduciendo así sus costes en términos financieros y de la huella de carbono;

138.  Acoge con satisfacción medidas adicionales para contrarrestar las emisiones inevitables; pide al Parlamento que desarrolle políticas en materia de compensación del dióxido de carbono;

Grupos políticos (línea presupuestaria 4 0 0)

139.  Observa que en 2014 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 0 asignados a los grupos políticos y los diputados no inscritos se utilizaron como sigue:

Partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas

140.  Observa que en 2014 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 2 se utilizaron como sigue(10):

141.  Observa que en 2014 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 3 se utilizaron como sigue(11):

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 247 de 28.7.2015, p. 1. (4) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1. (5) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (7) PE 349.540/BUR/An./def. (8) PE 422.541/BUR. (9) Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las observaciones que forman parte integrante de su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección I – Parlamento Europeo (DO L 255 de 30.9.2015, p. 3). (10) Fuente: PV BUR. de 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) y PV BUR. de 20.10.2014 (PE 538.297/BUR), punto 12. (11) Fuente: PV BUR. de 20.10.2014 (PE 538.295/BUR) y PV BUR. de 20.10.2014 (PE 538.297/BUR), punto 12.

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2015/2156(DEC))

P8_TA(2016)0151 A8-0101/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0101/2016),

1.  Aplaza su decisión de aprobación de la gestión del secretario general del Consejo en la ejecución del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2015/2156(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y Consejo,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0101/2016),

A.  Considerando que la transparencia y el control de las cuentas públicas son principios democráticos fundamentales a los que la Unión no puede sustraerse;

B.  Considerando que el procedimiento de aprobación de la gestión forma parte del concepto de democracia representativa;

C.  Considerando que, en virtud del artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Parlamento Europeo tiene la responsabilidad exclusiva de conceder la aprobación con respecto a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea;

D.  Considerando que el presupuesto del Consejo es una de las secciones del presupuesto de la Unión;

E.  Considerando que, en virtud del artículo 319, apartado 2, del TFUE, la Comisión ha de facilitar al Parlamento Europeo, a petición de este, toda la información necesaria sobre la ejecución de los gastos y el funcionamiento de los sistemas de fiscalización financiera;

F.  Considerando que, con arreglo al artículo 335 del TFUE, cada una de las instituciones de la Unión tiene autonomía administrativa y que, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo («Reglamento Financiero»), las instituciones serán responsables a título individual de la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto;

G.  Considerando que, sin la información necesaria, el Parlamento no estaría en posición de tomar una decisión fundamentada sobre la aprobación de la gestión;

H.  Considerando que los expertos jurídicos y académicos llegaron a un acuerdo sobre el derecho del Parlamento a información en el seminario del Parlamento Europeo sobre el derecho del Parlamento a aprobar la gestión del Consejo, celebrado el 27 de septiembre de 2012;

1.  Observa que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas ha llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están, en su conjunto, exentos de errores significativos;

2.  Toma nota de que, en su Informe Anual de 2014, el Tribunal de Cuentas observa que se ha detectado un pequeño número de errores relativos al cálculo de los costes de personal y algunas insuficiencias en la gestión de las prestaciones familiares respecto de las cuestiones examinadas del Consejo Europeo y del Consejo;

3.  Pide al Consejo Europeo y al Consejo que mejoren la gestión de las insuficiencias detectadas y que corrijan los errores observados por el Tribunal;

4.  Observa que, en 2014, el presupuesto global del Consejo Europeo y del Consejo ascendía a 534 200 000 EUR (535 511 300 EUR en 2013), con una ejecución del 91,3 %; toma nota del aumento del porcentaje de utilización en 2014;

5.  Toma nota de la disminución registrada de 1,3 millones EUR (- 0,2 %) en el presupuesto del Consejo para 2014;

6.  Sigue preocupado por el elevado índice de infrautilización que afecta a casi todas las categorías; reitera su petición para que se desarrollen indicadores clave de rendimiento, con vistas a mejorar la planificación del presupuesto;

7.  Se muestra preocupado por el importante volumen de los créditos prorrogados de 2014 a 2015, en particular los relativos al inmovilizado material; está firmemente convencido de que la tendencia reiterada a prorrogar créditos es contraria a los principios de anualidad y de la buena gestión financiera consagrados en el Reglamento Financiero;

8.  Considera que las grandes transferencias del Consejo dentro de las líneas presupuestarias podrían evitarse con una mejor programación;

9.  Reitera que los presupuestos del Consejo Europeo y del Consejo deben estar separados en aras de la transparencia de su gestión financiera y para mejorar la rendición de cuentas de las dos instituciones;

10.  Insiste en que el Consejo debe rendir cuentas y practicar la transparencia, al igual que las demás instituciones y pide al Consejo que participe en el registro de transparencia de la Unión;

11.  Reitera su petición al Consejo Europeo y al Consejo para que envíen al Parlamento su Informe anual de actividades con una descripción exhaustiva de todos los recursos humanos disponibles para las dos instituciones, desglosados por categoría, grado, sexo, nacionalidad y formación profesional;

12.  Afirma que los informes anuales de las instituciones y agencias de la Unión podrían desempeñar un papel importante en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, rendición de cuentas e integridad; pide a las instituciones y agencias de la Unión que incluyan un capítulo estándar sobre estos aspectos en sus informes anuales;

13.  Lamenta que el Consejo aún no haya adoptado un código de conducta; considera que todas las instituciones y agencias de la Unión deberían acordar un código de conducta común, lo que resulta indispensable para la transparencia, rendición de cuentas e integridad de estas instituciones; pide a las instituciones y los órganos de la Unión que todavía no posean un código de conducta que elaboren este documento lo antes posible;

14.  Pide al Consejo que aplique sin demora normas internas sobre la denuncia de irregularidades;

15.  Exige la publicación en internet de una declaración clara de los intereses financieros de los miembros del Consejo;

16.  Observa con preocupación la ausencia de normas de integridad, declaraciones de conflictos de intereses e información biográfica detallada con respecto al presidente del Consejo Europeo y los miembros de su gabinete; señala, asimismo, la ausencia de normas de integridad con respecto a los representantes nacionales en el Consejo; pide al Consejo que adopte medidas que pongan remedio a esta situación y que informe al respecto a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria;

17.  Acoge con satisfacción el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se establece el régimen pecuario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la Unión y los ahorros estimados en virtud de dicho reglamento;

18.  Pide al Consejo que elabore en el seno de sus estructuras directrices detalladas y políticas independientes en materia de lucha contra la corrupción;

19.  Observa con preocupación que hay una falta de transparencia preocupante en relación con el procedimiento legislativo, las negociaciones, las posiciones de los Estados miembros y las reuniones en el seno del Consejo; insta al Consejo a que publique los documentos relevantes y a que establezca un sistema de información que permita al público seguir los procedimientos legislativos de modo abierto y transparente;

20.  Expresa su preocupación por la falta de transparencia en los diálogos tripartitos y en las reuniones de conciliación; pide al Consejo que refuerce sistemáticamente la transparencia y la integridad en relación con las negociaciones;

21.  Toma nota de los resultados logrados por el comité interinstitucional de traducción e interpretación con el establecimiento de una metodología armonizada que permite comparar directamente los costes de traducción de todas las instituciones; celebra que el Consejo esté facilitando datos con arreglo a esa metodología;

22.  Subraya que uno de los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2014 —la entrega del edificio Europa a finales de 2015— no se ha logrado; lamenta el retraso y pide que se le informe de las consecuencias financieras de este aplazamiento;

23.  Reitera su petición de que la política inmobiliaria del Consejo se adjunte a su informe anual de actividades, en especial por la importancia que tiene que los costes de esta política estén debidamente racionalizados y no resulten excesivos;

Motivos para aplazar la decisión de aprobación de la gestión

24.  Reitera que el Consejo debería adoptar, de cara a los ciudadanos de la Unión, una actitud transparente y plenamente responsable respecto de los fondos que se le confían mediante la participación plena y de buena fe en el procedimiento anual de aprobación de la gestión tal y como hacen otras instituciones de la Unión; en este sentido, considera que la supervisión efectiva de la ejecución del presupuesto de la Unión requiere la cooperación entre el Parlamento y el Consejo mediante un acuerdo de trabajo; lamenta las dificultades con las que se ha encontrado hasta la fecha en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria; insiste en la necesidad de mejorar la capacidad de diálogo entre ambas instituciones para encontrar una solución lo antes posible que permita cumplir con el mandato de los Tratados y con la rendición de cuentas ante la ciudadanía;

25.  Toma nota de que el procedimiento consistente en aprobar la gestión de cada una de las instituciones y los órganos de la Unión por separado es una práctica habitual, que se ha desarrollado para garantizar la transparencia y la responsabilidad democrática frente a los contribuyentes de la Unión; destaca que esta medida debería garantizar de forma eficaz el derecho y la obligación del Parlamento de supervisar todo el presupuesto de la Unión;

26.  Señala, además, que la Comisión, en su carta de 23 de enero de 2014, expresaba la opinión de que todas las instituciones participan plenamente en el proceso de seguimiento de las observaciones realizadas por el Parlamento Europeo en el procedimiento de aprobación de la gestión y que todas ellas han de cooperar para garantizar el correcto funcionamiento de dicho procedimiento, respetando plenamente lo dispuesto al respecto en el TFUE y en el Derecho derivado pertinente;

27.  Hace hincapié en que la Comisión afirma asimismo en su carta que no supervisará la ejecución presupuestaria de las otras instituciones y que responder a preguntas dirigidas a otra institución menoscabaría la autonomía de esta en lo relativo a la ejecución de su sección del presupuesto;

28.  Recuerda que las instituciones, tal y como se definen en el artículo 2, letra b), del Reglamento Financiero, son competentes para ejecutar sus respectivas secciones del presupuesto de conformidad con el artículo 55 de dicho Reglamento ; afirma que, de acuerdo con la práctica y la interpretación de las normas en vigor, y con el fin de mantener la transparencia y de asegurar la responsabilidad democrática frente a los contribuyentes de la Unión, el Parlamento concede la aprobación de la gestión a cada institución, individualmente;

29.  Subraya la competencia del Parlamento para conceder la aprobación de la gestión de conformidad con los artículos 316, 317 y 319 del TFUE y los artículos 164 a 167 del Reglamento Financiero; considera que estas disposiciones constituyen un fundamento jurídico suficiente para ejercer el derecho implícito del Parlamento de tomar una decisión de aprobación de la gestión del Consejo por separado, además de su derecho explícito de aprobar la gestión de la Comisión; y afirma que la concesión o la negativa a conceder la aprobación de la gestión constituye una responsabilidad del Parlamento frente a los ciudadanos de la Unión;

30.  Subraya que desde 2009 el Consejo se ha negado a cooperar en el procedimiento de aprobación de la gestión que realiza el Parlamento Europeo, negándose a facilitar la información necesaria, responder a las preguntas escritas y asistir a las audiencias y debates sobre la ejecución de su propio presupuesto, por lo que, se han gastado más de 3 000 millones de euros de fondos públicos europeos sin un control adecuado; considera que con ello se envía un mensaje negativo a los ciudadanos de la Unión;

31.  Reitera que, sin la cooperación del Consejo, al Parlamento no le resulta posible adoptar una decisión fundada en cuanto a la aprobación de la gestión;

32.  Estima que esta situación constituye un incumplimiento grave de las obligaciones derivadas de los Tratados, en particular del principio de cooperación leal entre las instituciones, y que debe encontrarse rápidamente una solución para que se pueda llevar un control de la totalidad del presupuesto de la Unión; remite, a este respecto, al artículo 15 del TFUE, que estipula que cada institución, órgano u organismo garantizará la transparencia de sus trabajos;

33.  Reitera que únicamente resulta posible aplicar un control presupuestario efectivo si existe una cooperación entre el Parlamento y el Consejo, entre cuyos principales elementos deben figurar las reuniones formales entre representantes del Consejo y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, la respuesta a las preguntas formuladas por los miembros de la comisión sobre la base de un cuestionario escrito, y la presentación, previa solicitud, de documentos que sirvan como material de base para los controles presupuestarios;

34.  Reitera que el Parlamento concede la aprobación de la gestión presupuestaria de las otras instituciones tras examinar los documentos facilitados y las respuestas dadas a sus preguntas; lamenta los reiterados problemas a los que se enfrenta para obtener respuesta del Consejo;

35.  Toma nota de la carta del Secretario General del Consejo en respuesta a la invitación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento a participar en el intercambio de puntos de vista el 11 de enero de 2016; insiste en que la carta no responde a la invitación, ni al cuestionario escrito enviado a la Secretaría General del Consejo el 25 de noviembre de 2015 con preguntas de diputados al Parlamento, sino que simplemente reitera la posición del Consejo sobre el intercambio de informaciones financieras ya expresada en el pasado;

36.  Considera que el procedimiento de aprobación de la gestión es un importante instrumento de la responsabilidad democrática para con los ciudadanos de la Unión;

37.  Pide al Consejo que entable negociaciones con el Parlamento para garantizar que este último puede ejercer el derecho de acceso a la información sobre la ejecución del presupuesto del Consejo; opina que ello conlleva la obligación de que el Consejo facilite la información solicitada;

38.  Lamenta que no todas las instituciones de la Unión respeten las mismas normas en relación con la transparencia y cree que el Consejo debería realizar mejoras en este sentido;

39.  Opina que, si bien entre tanto la situación se podría mejorar gracias a una mayor cooperación de las instituciones en el marco de los Tratado, podría acabar siendo necesario revisar los Tratados a fin de hacer más claro el procedimiento de aprobación de la gestión, de modo que se atribuya explícitamente al Parlamento la competencia de aprobar la gestión de todas las instituciones u órganos de la Unión individualmente;

40.  Pide a la Comisión que modifique los reglamentos financieros para clarificar los objetivos del procedimiento de aprobación de la gestión y que defina claramente las sanciones por no respetarlos; hace hincapié en que esto debe hacerse para que las instituciones de la Unión sean responsables de proteger los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión; subraya que no debe haber excepciones;

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 5.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección IV – Tribunal de Justicia (2015/2157(DEC))

P8_TA(2016)0152 A8-0123/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea del ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0202/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0123/2016),

1.  Aprueba la gestión del secretario del Tribunal de Justicia en la ejecución del presupuesto del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Tribunal de Justicia, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección IV – Tribunal de Justicia (2015/2157(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección IV – Tribunal de Justicia,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0123/2016),

1.  Toma nota con satisfacción de que en su Informe Anual de 2014 el Tribunal de Cuentas observa que no se han detectado insuficiencias significativas respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el «Tribunal de Justicia»);

2.  Se congratula de que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas haya llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están, en su conjunto, exentos de errores materiales;

3.  Toma nota de que en 2014 el importe de los créditos del Tribunal de Justicia ascendió a 355 367 500 EUR (354 880 000 EUR en 2013), con un porcentaje de ejecución del 99 %; acoge con satisfacción el incremento del porcentaje de utilización en 2014 en comparación con el 96,3 % de 2013;

4.  Toma nota de que el presupuesto del Tribunal de Justicia es puramente administrativo, utilizándose más del 75 % para los gastos relativos a las personas que trabajan en la institución, y el resto, en edificios, mobiliario, material y otros gastos;

5.  Acoge con satisfacción la productividad de la actividad jurisdiccional del Tribunal de Justicia en 2014, con 1 691 asuntos sometidos a los tres tribunales y 1 685 asuntos concluidos ese año;

6.  Toma nota de que el Tribunal de Justicia concluyó 719 asuntos en 2014 (701 en 2013) y que le fueron sometidos 622 nuevos asuntos (699 en 2013); aprueba los favorables resultados estadísticos y considera que el rendimiento puede mejorar en el futuro;

7.  Toma nota de que en 2014 el Tribunal General recibió 912 asuntos nuevos, trató 814 asuntos y tenía otros 1 423 pendientes, lo que supone un aumento general del número de procedimientos en comparación con 2012 y 2013;

8.  Señala que la creación de nueve puestos temporales de secretaría en el Tribunal General en 2014 reforzó el equipo judicial, garantizando su eficiencia y un aumento de su tasa de rendimiento;

9.  Toma nota de que en 2014 el Tribunal de la Función Pública concluyó 152 asuntos, frente a los 184 de 2013, y que tenía otros 216 asuntos pendientes; observa que en 2014 el Tribunal de la Función Pública fue menos eficiente en su actividad jurisdiccional general;

10.  Anima al Tribunal de Justicia a que siga mejorando la utilización de los recursos existentes; considera que las reformas internas de 2014, a saber, la reforma del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y del Tribunal de la Función Pública y el desarrollo de aplicaciones informáticas para mejorar la tramitación de procedimientos y la comunicación han contribuido a optimizar la utilización de los recursos;

11.  Acoge con satisfacción el plan del Tribunal de Cuentas de acometer una revisión relativa al Tribunal de Justicia para evaluar sus resultados, a raíz de la petición que le formuló el Parlamento en el marco de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013;

12.  Toma nota de la información facilitada en enero de 2016 relativa a la lista de actividades externas realizadas por los jueces, que se solicitó durante el intercambio de puntos de vista en la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento sobre el ejercicio de aprobación de la gestión de 2014; lamenta que no se mencione el número de jueces participantes en los distintos actos; pide que se facilite un resumen de todas las actividades externas realizadas por cada juez, entre las que figuran conferencias, intervenciones y otros actos y su preparación durante las horas de trabajo, y no solo de las autorizadas oficialmente; pide, por lo tanto, la publicación de todos los recursos, como, por ejemplo servicios de traducción, letrados y chóferes, asociados a las actividades externas de los jueces;

13.  Considera que toda la información sobre las actividades externas de cada juez debe ser accesible al público; solicita que esta información se publique en la página web del Tribunal de Justicia y se incluya en el próximo informe anual sobre las actividades;

14.  Pide la publicación de una declaración exhaustiva de los intereses financieros de los jueces en la página web del Tribunal de Justicia;

15.  Espera que la reforma en curso del Tribunal General se someta a una evaluación de impacto para confirmar que dicha revisión sea adecuada y contribuya a la simplificación de la arquitectura judicial del Tribunal de Justicia;

16.  Toma nota con satisfacción de las mejoras realizadas en la aplicación e-Curia y del aumento del número de Estados miembros que empezaron a utilizarla en 2014; lamenta, no obstante, que haya tres Estados miembros que siguen sin figurar en la lista de usuarios;

17.  Pide al Tribunal de Justicia que siga asumiendo las nuevas tecnologías, de manera que pueda reducirse en mayor medida el número de copias en papel, así como en el número de reuniones que requieren traducción e interpretación sin socavar las responsabilidades del Tribunal de Justicia;

18.  Toma nota de que la actividad de la Dirección de Traducción se consideró satisfactoria; considera que aún pueden lograrse ahorros en relación con los documentos no judiciales, con la aplicación de un régimen de traducción limitado;

19.  Toma nota de que el Tribunal de Justicia participa en el grupo de trabajo interinstitucional sobre indicadores de rendimiento y actividad interinstitucional clave, dedicado a examinar, entre otras cuestiones, los costes de traducción; lamenta que el Tribunal siga sin facilitar datos con arreglo a la metodología armonizada acordada en el grupo interinstitucional;

20.  Reitera su solicitud de contar con el calendario de las reuniones del Tribunal de Justicia en un anexo al informe anual sobre las actividades;

21.  Observa la persistente falta de mujeres en los puestos de responsabilidad del Tribunal de Justicia y pide que se corrija cuanto antes este desequilibrio;

22.  Considera que la respuesta dada por el Tribunal de Justicia a la pregunta n.º 26 formulada por el Parlamento (pensiones) no es satisfactoria; pide al Tribunal que le ofrezca una respuesta clara y detallada, al igual que hacen las demás instituciones; considera que el Tribunal debe responder a todas las preguntas enviadas por el Parlamento e insta al Tribunal a que sea totalmente transparente con relación a las pensiones;

23.  Observa que la flota automovilística del Tribunal cuenta con 75 vehículos oficiales, cuyo coste asciende a 1 168 251 EUR; observa que en 2014 los salarios de los chóferes ascendieron a 2 434 599 EUR; considera que este coste es excesivamente elevado, lo que entra en contradicción con la tendencia general de las instituciones de la Unión de limitar el uso de vehículos oficiales; pide una vez más al Tribunal de Justicia que reduzca el número de vehículos oficiales a disposición de sus miembros y su personal; destaca que el coste de los amplios servicios privados facilitados por los chóferes recae en el contribuyente europeo; recomienda al Tribunal de Justicia que examine estas cuestiones en un marco interinstitucional y le insta a que fomente activamente la movilidad ecológica;

24.  Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Tribunal de Justicia para cumplir el principio de contratación pública ecológica y apoya el mantenimiento de esta estrategia;

25.  Toma nota con satisfacción de que la política inmobiliaria del Tribunal de Justicia figura adjunta al informe anual sobre las actividades;

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección V – Tribunal de Cuentas (2015/2158(DEC))

P8_TA(2016)0153 A8-0107/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0203/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0107/2016),

1.  Aprueba la gestión del secretario general del Tribunal de Cuentas en la ejecución del presupuesto del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección V – Tribunal de Cuentas (2015/2158(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección V – Tribunal de Cuentas,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0107/2016),

1.  Observa que las cuentas anuales del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») son fiscalizadas por un auditor externo independiente (PricewaterhouseCoopers SARL) para que se apliquen los mismos principios de transparencia y responsabilidad que aplica a los organismos que fiscaliza; toma nota de la opinión del auditor de que los estados financieros dan una imagen fidedigna de la posición financiera del Tribunal;

2.  Destaca que en 2014 los créditos definitivos del Tribunal ascendieron a un total de 133 498 000 EUR (142 761 000 EUR en 2013), y que el porcentaje global de ejecución presupuestaria fue del 98,8 % en comparación con el 92 % en 2013; celebra que haya aumentado la tasa de ejecución con un presupuesto reducido;

3.  Destaca que el presupuesto del Tribunal es puramente administrativo, utilizándose en su mayor parte para los gastos relativos a las personas que trabajan en la institución;

4.  Reconoce el papel crucial que desempeña el Tribunal para asegurar una mejor y más inteligente utilización de los fondos de la Unión; recuerda que el Tribunal desempeña un papel destacado a la hora de proporcionar al legislador y a la autoridad presupuestaria opiniones valiosas sobre los resultados y las repercusiones de las políticas de la Unión con vistas a la mejora de la economía, la eficiencia y la eficacia de las actividades financiadas por la Unión;

5.  Acoge con satisfacción el proyecto de reforma del Tribunal iniciado a finales de 2014 con objeto de racionalizar el proceso de auditoría, transformar el Tribunal en una organización basada en cometidos y ampliar el abanico de funciones de su personal; pide al Tribunal que informe a la autoridad encargada de aprobar la gestión presupuestaria acerca de los objetivos alcanzados y de las repercusiones identificadas a raíz de dicha reforma;

6.  Recuerda al Tribunal que el Parlamento, el Consejo y la Comisión acordaron, en el punto 54 del Enfoque común sobre las agencias descentralizadas de 2012, que todos los aspectos de las auditorías externas externalizadas seguirán siendo responsabilidad plena del Tribunal, que gestiona todos los procedimientos administrativos y de licitación necesarios y los financia, al igual que cualquier otro gasto relacionado con las auditorías externas externalizadas, con cargo a su propio presupuesto; lamenta profundamente que el nuevo enfoque en materia de auditoría sobre la participación de auditores del sector privado se haya traducido en una mayor carga administrativa para las agencias descentralizadas; toma nota con preocupación de que ello ha desembocado en un incremento de la carga administrativa del 85 %, pasando a más de 13 000 horas en comparación con la anterior auditoría gestionada por el Tribunal, lo que equivale a una media de 3,5 equivalentes en tiempo completo; lamenta que el tiempo dedicado a la licitación y la administración de los contratos de auditoría haya supuesto más de 1 400 horas de trabajo adicional para las agencias descentralizadas, y que en 2014 el gasto adicional total de la auditoría externa del sector privado haya ascendido a 550 000 EUR; reitera su llamamiento al Tribunal para que cumpla lo dispuesto en el Enfoque Común y contrate y pague a auditores externos de agencias, y proporcione una mejor orientación a los auditores privados para reducir significativamente la carga administrativa;

7.  Toma nota con satisfacción de que el Tribunal está planeando realizar una auditoría en el Tribunal de Justicia para evaluar su rendimiento, a raíz de la petición que formuló el Parlamento en su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013(6);

8.  Pide al Tribunal que elabore, sobre la base de esta buena cooperación, un informe especial que establezca si la Comisión ha ejercido de forma adecuada sus competencias a la hora de apoyar y supervisar a los Estados miembros en la ejecución del presupuesto de la Unión;

9.  Apoya al Tribunal en sus esfuerzos para destinar más recursos a las auditorías de rendimiento; confía en que la organización del personal de auditoría basada en cometidos permita al Tribunal destinar recursos con mayor flexibilidad y sin menoscabar su misión; considera que, en virtud del artículo 287, apartado 3, del TFUE, debe perseguirse una cooperación más estrecha entre el Tribunal y las entidades fiscalizadoras superiores nacionales, en particular en relación con la elaboración de los informes de auditoría del rendimiento (relación calidad-precio) de los programas y las políticas de la Unión y con la auditoría de los acuerdos de gestión compartida; espera resultados concretos en cuanto a la puesta en común del programa de trabajo anual del Tribunal;

10.  Toma nota de la iniciativa del Tribunal de reformar su sistema de salas y desea conocer más detalles sobre la propuesta;

11.  Toma nota de que, el año 2014 ha marcado un récord en cuanto a los resultados obtenidos por el Tribunal y acoge con satisfacción los nuevos elementos, como el análisis panorámico;

12.  Toma nota de que los plazos impuestos para elaborar los informes especiales se han reducido desde 2008, si bien todavía no se ha cumplido el objetivo de los dieciocho meses; subraya que el objetivo debe ser realista para no poner en peligro la calidad de los informes;

13.  Insta al Tribunal a que estudie la relación entre el número y la oportunidad de los informes especiales;

14.  Insiste en que, con frecuencia, las recomendaciones que figuran en los informes especiales no son claras y en que deben revelar de forma coherente las conductas positivas y negativas de los países en cuestión;

15.  Toma nota con satisfacción de que la obligación de aplicar una reducción del personal del 5 % se está cumpliendo sin consecuencias negativas para la política del Tribunal de fortalecimiento de sus servicios de auditoría; pide al Tribunal que garantice que la calidad de sus informes no se verá afectada por recortes adicionales;

16.  Pide al Tribunal que, en lo que respecta al personal, garantice, el equilibrio geográfico particularmente en los puestos de gestión y dirección, además de méritos y conocimientos especializados;

17.  Valora positivamente los esfuerzos realizados por el Tribunal para mejorar el equilibrio de género entre los miembros de su personal; destaca y acoge con satisfacción el aumento del número de mujeres auditoras, lo que sin duda repercutirá en la presencia de las mismas en puestos de responsabilidad en ese sector, así como la creación de la Red de mujeres auditoras; insiste en la necesidad de seguir trabajando en este sentido;

18.  Acoge muy positivamente los esfuerzos realizados por el Tribunal en relación con la formación profesional de sus auditores para que la gestión del conocimiento y la actualización del mismo sean más efectivos; felicita al Tribunal por la colaboración con la Universidad de Metz/Nancy para la creación de estudios especializados en auditoría europea y anima al Tribunal a que establezca contactos con otras universidades europeas con el mismo fin;

19.  Toma nota de que el saldo de los fondos disponibles en el contrato establecido para pagar el edificio K3 se utilizará para financiar el acondicionamiento del edifico K2; desea conocer la envergadura de las obras correspondientes;

20.  Reitera su solicitud de que la política inmobiliaria del Tribunal se adjunte a su informe anual de actividades;

21.  Reconoce que el Tribunal se ha esforzado en reducir los costes de la traducción; opina que se podría estudiar la celebración de un acuerdo de cooperación en el ámbito de la traducción —como el de los comités consultivos con el Parlamento—, como parte de la estrategia del Tribunal para el periodo 2013-2017 con el fin de mejorar la eficiencia y reducir los costes; pide al Tribunal que considere la posibilidad de externalizar los servicios de traducción como una medida de ahorro adicional;

22.  Toma nota de los resultados obtenidos por el Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación al acordar una metodología armonizada que permite comparar directamente los costes de traducción de todas las instituciones; celebra que el Tribunal esté facilitando datos con arreglo a esa metodología;

23.  Pide al Tribunal que, de conformidad con las normas vigentes en materia de confidencialidad y protección de datos, incluya en sus informes anuales de actividades los resultados y consecuencias de los casos cerrados de la OLAF en los que la institución o alguno de sus empleados haya sido objeto de investigación;

24.  Toma nota del aplazamiento por razones técnicas de la aplicación de las recomendaciones del servicio de auditoría interna en favor de la revisión de las normas incluidas en la Guía de misiones;

25.  Toma nota de los primeros pasos dados por el Tribunal en favor de un entorno sin papel; apoya al Tribunal en su iniciativa pero confía en que la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento siga recibiendo un cierto número de ejemplares en papel de los informes del Tribunal; respalda la estrategia medioambiental adoptada por el Tribunal hasta el momento, en particular en lo que respecta a sus esfuerzos por reducir el consumo energético, el aumento de la utilización de videoconferencias, la instalación de un sistema de recuperación de aguas pluviales y el fomento de la movilidad sostenible;

26.  Celebra la mayor claridad de los mensajes transmitidos por el Tribunal a través de los medios de comunicación; confía en que sigan las mejoras en ese sentido;

27.  Valora positivamente la cooperación entre el Tribunal y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, y celebra la transmisión de información con regularidad en respuesta a sus solicitudes.

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 5.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (6) Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección V – Tribunal de Cuentas (DO L 255 de 30.9.2015, p. 123).

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (2015/2159(DEC))

P8_TA(2016)0154 A8-0111/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0204/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0111/2016),

1.  Aprueba la gestión del secretario general del Comité Económico y Social Europeo en la ejecución del presupuesto del Comité Económico y Social Europeo para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Comité Económico y Social Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (2015/2159(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VI – Comité Económico y Social Europeo,

–  Vista la decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 18 de noviembre de 2015, por la que se cierra su investigación de la reclamación 1770/2013/JF contra el Comité Económico y Social Europeo,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0111/2016),

1.  Celebra que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas haya llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están exentos de errores materiales;

2.  Toma nota con preocupación de que, en su Informe Anual 2014, el Tribunal de Cuentas constató insuficiencias en el Comité Económico y Social Europeo (CESE) en cuatro de los quince procedimientos de contratación pública examinados;

3.  Celebra que el CESE, como respuesta a las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas, haya puesto en marcha un servicio de apoyo específico a fin de asistir a las direcciones, excepto a la responsable de logística por disponer ya de tal servicio, en todo lo relativo a la contratación pública; confía en que ese servicio sea plenamente operativo en la segunda mitad de 2016;

4.  Toma nota de que en 2014 el presupuesto del CESE ascendió a 128 559 380 EUR (130 104 400 EUR en 2013), lo que supone una disminución del 1,19 % con respecto al presupuesto anual para 2013, con un porcentaje de ejecución del 95,6 %; señala el aumento del porcentaje de ejecución registrado en 2014, pero lamenta que aún no se haya alcanzado el 96,8 % de 2012;

5.  Subraya que el presupuesto del CESE es puramente administrativo, y que una gran parte se utiliza para los gastos relativos a las personas que trabajan en la institución, mientras que la parte restante se destina a edificios, mobiliario, material y diversos gastos de funcionamiento;

6.  Toma nota de las observaciones que figuran en anexo al informe anual de actividades del CESE en respuesta a la Resolución del Parlamento, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013(6);

7.  Señala que en 2014 se elaboraron menos informes y dictámenes en el CESE y se celebraron menos reuniones dedicadas al trabajo legislativo; manifiesta su sorpresa, no obstante, ante el aumento del número de dictámenes jurídicos emitidos por la Unidad de Asuntos Jurídicos en ese periodo; pide que se le informe de las razones de ese aumento;

8.  Observa que el 5 de febrero de 2014 se firmó un Acuerdo de Cooperación entre el CESE y el Parlamento, acompañado por dos anexos sobre cooperación administrativa y repercusiones presupuestarias junto con un acuerdo paralelo entre el Parlamento y el Comité de las Regiones, con objeto de impulsar la cooperación política y administrativa;

9.  Acoge favorablemente la respuesta del CESE a la solicitud incluida por el Parlamento en su Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 de que se lleve a cabo una evaluación individual del impacto de ese acuerdo de cooperación tanto desde el punto de vista de los recursos humanos, como del gasto, las sinergias, el valor añadido y la calidad de los contenidos;

10.  Opina que el acuerdo de cooperación aún es mejorable, especialmente en el ámbito político; considera que el Parlamento, el CESE y el Comité de las Regiones tienen capacidad para impulsar nuevas sinergias que mejoren la productividad en los ámbitos de la cooperación a todos los niveles y pide que se establezcan disposiciones concretas y detalladas de funcionamiento de los servicios compartidos por las tres instituciones; pide que se haga una encuesta de satisfacción a los miembros del CESE sobre los servicios que les presta el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo; solicita que se le siga informando del seguimiento del acuerdo de cooperación;

11.  Pide que en la evaluación intermedia del acuerdo de cooperación se incluya una valoración detallada por institución de los ahorros y el aumento del gasto presupuestario derivados del acuerdo de cooperación;

12.  Toma nota de que el CESE ha puesto en marcha las nuevas normas sobre el reembolso de los gastos de viaje de sus miembros basadas en los costes reales, de conformidad con las solicitudes específicas incluidas por el Parlamento el año pasado en la Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013; celebra que el sistema haya entrado en funcionamiento plenamente en otoño de 2015, al comienzo del actual nuevo mandato del CESE;

13.  Observa con preocupación que el reembolso total de los gastos de viaje y las dietas abonados a beneficiarios del CESE ascendió a 17 375 864 EUR; insta a la institución a que elabore una estrategia sistemática para reducir sustancialmente dichos gastos;

14.  Toma nota de que, en el marco del acuerdo de cooperación, en 2014 el CESE tiene un balance positivo de 1 560 000 EUR; observa con preocupación que en el marco de dicho acuerdo se han transferido treinta y seis funcionarios del CESE y veinticuatro del Comité de las Regiones pertenecientes a los servicios de traducción y en su mayor parte en edad muy cercana a la jubilación, lo que implica un importante ahorro en los capítulos de personal (salarios y pensiones) del CESE y del Comité de las Regiones a costa de incrementar pesadamente los del Parlamento tanto a corto plazo (salarios) como a largo plazo (pensiones);

15.  Lamenta el aumento de los gastos de misión del personal, de 338 366 EUR en 2013 a 387 481 EUR en 2014 (14,5 %);

16.  Pide la inclusión de una relación del personal que ocupa puestos directivos, desglosado por nacionalidad, sexo y cargo, en el informe anual de actividades;

17.  Acoge positivamente que el CESE y el Comité de las Regiones hayan colaborado estrechamente en la elaboración de las normas sobre la denuncia de irregularidades internas ya que tienen ciertos servicios y personal en común; considera, sin embargo, que el CESE ha precisado demasiado tiempo para aprobar dichas normas; acoge positivamente, no obstante, que las normas se apliquen con carácter retroactivo;

18.  Observa la ligera mejora registrada en 2014 en cuanto al porcentaje de puestos directivos ocupado por uno de los sexos (40 %, frente al 39 % en 2013); lamenta, sin embargo, la persistencia de una brecha que no se constata en las demás categorías; insiste en la importancia de establecer unos objetivos a medio plazo que permitan alcanzar el equilibrio necesario, y en que se siga trabajando activamente en ese sentido;

19.  Acoge positivamente el lanzamiento por parte del CESE de un curso específico sobre «Ética e integridad» al objeto de mejorar el conocimiento y la sensibilización sobre los derechos y las obligaciones del personal; considera, sin embargo, que dicho curso debe ser obligatorio no solo para el nuevo personal contratado, sino para todo el personal del CESE;

20.  Deplora que el CESE no haya cumplido todas las medidas solicitadas por el Parlamento en el apartado 24 de la susodicha Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013; considera que el CESE no hubiera debido ni sustraerse a trasmitir a la Mesa del Parlamento, a los miembros del CESE y a su personal información sobre las dos sentencias del Tribunal contrarias al CESE, ni optar en lugar de ello por mostrar dicha información en otras publicaciones de carácter general; espera que este tipo de omisiones se solucione mediante la elaboración de las nuevas normas sobre los denunciantes de irregularidades y que en consecuencia pueda subsanarse en este caso concreto con carácter retroactivo;

21.  Alberga la esperanza de que, con la aplicación de las nuevas normas sobre denunciantes de irregularidades, el CESE tomará inmediatamente y de manera efectiva las medidas necesarias para que se garantice el reconocimiento, respeto y consideración de dichos denunciantes en aquellos asuntos así reconocidos por el Tribunal General previos a la adopción de dichas normas y le pide también que tome las medidas necesarias para acabar de una vez por todas con los ataques realizados contra los denunciantes de irregularidades desde diversas publicaciones del CESE;

22.  Deplora que la defensora del pueblo, en su decisión ya citada de cierre de la investigación de la reclamación 1770/2013/JF contra el CESE, afirme que este solo ha aceptado parcialmente las propuestas que le hizo para solventar el caso de mala administración en el que había incurrido; lamenta que el CESE no reconozca ni mala administración ni error alguno en su decisión de cambiar de puesto al demandante; deplora que el CESE no se avenga en principio a reconocer esos errores, aunque en la práctica haya aceptado algunas de las recomendaciones de la defensora del pueblo para resarcir al demandante de las injusticias cometidas;

23.  Toma nota de la información facilitada por el CESE en respuesta a la susodicha Resolución sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2013 en lo relativo a la utilización de las herramientas de videoconferencia; pide que se le siga informando de los avances logrados a este respecto; considera que la utilización del sistema de videoconferencia y otras tecnologías similares permitirá al CESE reducir significativamente los gastos de desplazamiento y de reunión;

24.  Observa que el número de reuniones en que se utilizan equipos de videoconferencia se ha doblado en comparación con 2013; constata que, según el CESE, los equipos de videoconferencia se han utilizado en las reuniones en las que la interpretación no era necesaria; anima al CESE a utilizar la formación lingüística de manera eficaz a fin de garantizar que la interpretación sea menos necesaria y, de esta manera, el trabajo de la institución resulte más efectivo y eficiente;

25.  Alienta al CESE a que refuerce su política en materia de información y comunicación, además de su presencia en los medios sociales;

26.  Toma nota de los esfuerzos del CESE por mejorar su visibilidad a través de una política de información y comunicación eficaz; muestra su acuerdo con el énfasis puesto en el impulso de la cooperación interinstitucional para mejorar la comunicación y visibilidad, así como en el refuerzo de la presencia de miembros de las instituciones a nivel nacional, y anima el CESE a seguir trabajando en esa dirección; Celebra, en este sentido, todo nuevo esfuerzo encaminado a aumentar el flujo de información y, con ello, lograr una mayor transparencia;

27.  Observa con satisfacción la tendencia a la baja del porcentaje de servicios de interpretación solicitados y no utilizados, que pasó de un 5,1 % en 2013 al 4,3 % en 2014; confía en que las condiciones negociadas en el marco del acuerdo de cooperación garanticen mayores reducciones de los costes de interpretación;

28.  Considera sorprendente que la externalización de la traducción disminuyera un 1 % en comparación con 2013; confía en que esta tendencia cambie después de la aplicación del acuerdo de cooperación que prevé una mayor externalización de la traducción después de que el personal de traducción haya sido transferido al Parlamento;

29.  Toma nota de los resultados logrados por el Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación con el establecimiento de una metodología armonizada que permite comparar directamente los costes de traducción de todas las instituciones; celebra que el CESE facilite datos siguiendo esa metodología;

30.  Lamenta que en 2014 tuviera que aplazarse un acto importante; reitera su llamamiento al CESE para que planifique mejor la organización de sus actos internos;

31.  Celebra que en el informe anual de actividades se hayan incluido los resultados y consecuencias de los casos cerrados de la Oficina Europa de Lucha contra el Fraude en 2014;

32.  Se congratula de la decisión del CESE de adjuntar su política inmobiliaria al informe anual de actividades;

33.  Toma nota de la cooperación entre el CESE y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, en particular en relación con el ejercicio de aprobación de la gestión.

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (6) Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (DO L 255 de 30.9.2015, p. 128).

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VII – Comité de las Regiones (2015/2160(DEC))

P8_TA(2016)0155 A8-0132/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0205/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0132/2016),

1.  Aprueba la gestión del secretario general del Comité de las Regiones en la ejecución del presupuesto del Comité de las Regiones para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VII – Comité de las Regiones (2015/2160(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VII – Comité de las Regiones,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0132/2016),

1.  Constata que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») observa en su Informe Anual relativo al ejercicio 2014 que no se han detectado insuficiencias significativas respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del Comité de las Regiones (en lo sucesivo, «Comité»);

2.  Observa que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están, en su conjunto, exentos de errores significativos;

Gestión presupuestaria y financiera

3.  Observa que, en 2014, el Comité dispuso de un presupuesto aprobado de 87 600 000 EUR (87 373 000 EUR en 2013), 86 300 000 EUR de los cuales en créditos de compromiso, con un índice de utilización de 98,5 %; acoge con satisfacción el aumento en el índice de utilización en 2014;

4.  Observa que, en relación con el objetivo 4 de la Dirección de Administración y Finanzas (garantizar un entorno de control interno eficaz y supervisar la aplicación del Reglamento Financiero), solo se alcanzaron dos de los tres indicadores de impacto: el índice de rentabilidad para la corrección de compromisos jurídicos o presupuestarios o de pagos fue inferior al objetivo del 4 %, mientras que el número de excepciones financieras aumentó en un 6 % en 2014, en lugar de disminuir en un 3 %;

5.  Manifiesta su preocupación ante el aumento del número de informes de excepción: 87 excepciones financieras y tres excepciones administrativas; hace hincapié en que esas tres excepciones administrativas están relacionadas con el incumplimiento de los procedimientos internos; observa que en 2014 se hicieron cuatro excepciones (mientras que en 2013 solo una) a las normas de contratación pública / gestión de contratos, y que la mayoría de los informes de excepción (58 de un total de 81) están relacionados con la ausencia o la insuficiencia de compromisos jurídicos; pide que se le informe detalladamente de cómo ocurrieron estas excepciones y de los importes asociados a ellas; pide que antes de finales de junio de 2016 se presente un informe completo sobre las medidas correctivas adoptadas para evitar situaciones similares;

6.  Toma nota de las trece transferencias entre líneas presupuestarias efectuadas durante el ejercicio 2014; considera que las transferencias relativas al presupuesto de comunicación de los grupos políticos y la impresión del Diario Oficial de la Unión Europea podrían haberse previsto en el presupuesto aprobado inicialmente;

Ahorro y gastos administrativos

7.  Destaca que el presupuesto del Comité es puramente administrativo y que en su mayor parte se destina cubrir los gastos correspondientes al personal que trabaja en la institución, mientras que la parte restante se destina a edificios, mobiliario, material y diversos gastos de funcionamiento;

8.  Observa, no obstante, que en 2014 se destinaron ya solo 8 277 556 EUR al reembolso de las dietas de viaje y reunión de los miembros del Comité y sus suplentes, y 409 100 EUR al reembolso de gastos de misión y desplazamiento del personal; considera que el número de misiones es extremadamente elevado (787) y que también lo son los gastos generados por las dietas de viaje y reunión de los miembros; considera que las misiones que organicen los miembros deben estar claramente descritas en el informe anual de actividades, en el que deben figurar con todo detalle los gastos y un análisis de costes y beneficios; subraya que las referencias a las misiones de los miembros son vagas e imprecisas y no aportan cifras concretas; insta al Comité a que incluya siempre los datos relativos a las misiones de los miembros en su informe anual de actividades;

9.  Considera que el importe total de 9 594 089 EUR abonado por el Comité para cubrir los gastos enfitéuticos de 2014 (arrendadores externos) es demasiado elevado; recuerda que, incluso tras restar la contribución de 1 181 382 EUR del Comité Económico y Social Europeo (CESE), el importe neto abonado por el Comité siguió siendo más elevado que la cuota contable de dichos cánones enfitéuticos, y que la diferencia se consignó como gastos inmobiliarios (852 464 EUR); hace hincapié en que la mayor parte del pasivo del Comité se deriva de transacciones generadas por el arrendamiento de edificios (95,6 % en 2014) y que a finales de 2014 la deuda por arrendamiento financiero se elevaba a 65 051 695 EUR; pide al Comité que, junto con el Parlamento y la Comisión, busque soluciones para reducir costes, como ampliar el uso conjunto de los edificios y de las salas de reunión y de conferencia;

10.  Solicita que la política inmobiliaria del Comité se adjunte a su informe anual de actividades, en especial por la importancia que tiene que estos costes estén debidamente racionalizados y no resulten excesivos;

11.  Observa que se ha ahorrado en servicios de interpretación; lamenta que en el informe anual de actividades no se facilite información exhaustiva sobre el porcentaje de servicios de interpretación utilizados y cancelados; pide que esta información figure en el informe anual de actividades del Comité de 2015;

12.  Observa con satisfacción que el Comité incluyó información sobre los servicios de interpretación no utilizados en su informe anual de actividades de 2013; considera positivo que el porcentaje de servicios de interpretación no utilizados descendiera del 3,23 % en 2012 al 2,51 % en 2013, y considera que ese porcentaje aún puede mejorarse; pide al Comité que planifique mejor sus reuniones;

13.  Toma nota de que ha aumentado el uso de los equipos de videoconferencia en el Comité; lamenta, no obstante, los retrasos que ha sufrido la introducción de equipos de videoconferencia portátiles y pide que, en el informe anual de actividades del Comité de 2015, se le informe sobre la evolución en este sentido; constata que, según el Comité, se han utilizado equipos de videoconferencia en reuniones en las que la interpretación no era necesaria; anima al Comité a utilizar la formación lingüística de manera eficaz a fin de garantizar que la interpretación sea menos necesaria y, de esta manera, el trabajo del Comité resulte más efectivo y eficiente; pide al Comité que informe a este respecto a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria a más tardar a finales de junio de 2016;

14.  Solicita que se recurra más a menudo a la videoconferencia y a otras herramientas relacionadas a fin de reducir considerablemente los costes; no entiende cómo un número tan elevado de misiones a Grecia o Italia (77 y 125, respectivamente) se traduce en valor añadido para los ciudadanos de dichos países o para otros ciudadanos de la Unión;

Cooperación y acuerdos

15.  Celebra la adopción en 2014 de la Carta de la Gobernanza Multinivel en Europa, elaborada con el compromiso de desarrollar nuevas formas de diálogo y asociación entre todas las autoridades públicas de la Unión y optimizar así las políticas públicas, el gasto público y mejorar los resultados de las políticas; pide que se le informe de la estrategia del proyecto a este respecto y de sus resultados;

16.  Observa que el 5 de febrero de 2014 se firmó un acuerdo de cooperación entre el Parlamento, el Comité y el CESE con objeto de desarrollar la cooperación política; toma nota de que también se aprobó un anexo sobre la cooperación administrativa;

17.  Opina que la colaboración entre el Parlamento y el Comité sobre la base del acuerdo de cooperación es mejorable, especialmente por lo que se refiere a los aspectos políticos; pide a ambas instituciones que estudien si es posible hallar nuevas sinergias que mejoren la productividad en los ámbitos comprendidos en el acuerdo de cooperación y pide que se le mantenga informado de la evolución a este respecto; pide que se establezcan disposiciones concretas y detalladas sobre el funcionamiento de los servicios compartidos por el Parlamento, el Comité y el CESE;

18.  Pide que se haga una encuesta de satisfacción a los miembros del Comité sobre los servicios que les presta el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo; pide que se le siga informando de la evolución en lo que respecta al acuerdo de cooperación;

19.  Pide que en la revisión intermedia del acuerdo de cooperación se incluya también una valoración detallada por institución de los ahorros y/o del aumento del gasto presupuestario derivados del acuerdo;

20.  Toma nota de que, en el marco del acuerdo de cooperación entre el CESE, el Comité y el Parlamento, en 2014 el Comité y el CESE tienen un balance presupuestario positivo; toma nota con preocupación de que en el marco de dicho acuerdo se ha transferido a 36 funcionarios del CESE y 24 del Comité pertenecientes a los servicios de traducción y en su mayor parte en edad muy cercana a la jubilación, lo que implica un importante ahorro en los capítulos de personal (salarios y pensiones) de ambas instituciones a costa de incrementar considerablemente el gasto del Parlamento tanto a corto (salarios) como a largo plazo (pensiones);

21.  Toma nota de que en 2015 se firmó un nuevo acuerdo bilateral de cooperación administrativa entre el Comité y el CESE; pide que se le mantenga informado sobre esta cooperación bilateral en el contexto de la evaluación intermedia;

22.  Toma nota de la cooperación entre el Comité y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento, en particular en relación con el ejercicio de aprobación de la gestión;

Gestión de recursos humanos

23.  Lamenta que no se consiguiese el objetivo 2 de la Dirección de Traducción (mejorar los métodos de trabajo y optimizar la gestión de los recursos humanos y financieros); manifiesta su preocupación por el reducido porcentaje de ejecución de la línea presupuestaria 1420 (externalización de la traducción y herramientas de traducción); observa, en particular, que el porcentaje de ejecución de varias de las líneas relacionadas con la traducción fue muy inferior al de años anteriores;

24.  Toma nota de los resultados logrados por el Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación con el establecimiento de una metodología armonizada que permite comparar directamente los costes de traducción de todas las instituciones; celebra que el Comité facilite información siguiendo esa metodología;

25.  Toma nota de que siguen faltando mujeres en los puestos de responsabilidad del Comité; pide que se elabore un plan de igualdad de oportunidades para los puestos de dirección con el fin de subsanar cuanto antes este desequilibrio;

26.  Lamenta que menos del 35 % de los puestos de gestión estén ocupados por mujeres, en tanto que más del 60 % del personal está compuesto por mujeres; subraya, por consiguiente, que solo el 28 % de los puestos de dirección está ocupado por mujeres; pide al Comité que corrija esta desequilibrada situación en lo que respecta a las mujeres;

Contratación pública y gestión de contratos

27.  Hace hincapié en que el comité de auditoría analizó las prácticas actuales del Comité en materia de adjudicación de contratos y formuló recomendaciones relativas a la mejora de los circuitos financieros, acompañadas de quince medidas para reforzar los sistemas de control; solicita que se le facilite información pormenorizada sobre el grupo de garantía de la calidad en la contratación pública y su eficacia, así como una descripción y el curso que se haya dado a las recomendaciones del comité de auditoría a este respecto, a más tardar a finales de junio de 2016;

28.  Lamenta que el número de excepciones a las normas de contratación pública o gestión de contratos aumentase de una en 2013 a cuatro en 2014; toma nota de que esta excepción se debe a un error de procedimiento en un procedimiento en que el Comité estaba asociado al Parlamento en el marco de la continuidad de los servicios informáticos; pide al Comité que adopte las medidas necesarias para que no se vuelva a repetir una situación de este tipo; pide al Comité que aborde sin demora la cuestión pendiente de todos los informes de excepción debidos al incumplimiento de las disposiciones del Reglamento Financiero o de las normas internas de procedimiento; observa, no obstante, que el número de excepciones tan solo representa el 0,4 % de las operaciones en cuestión;

Auditoría interna

29.  Observa que el comité de auditoría, creado en 2013, se reunió en dos ocasiones en 2014; muestra su preocupación ante los resultados del seguimiento de la auditoría sobre el rendimiento de los proyectos informáticos; considera que el rendimiento de las aplicaciones y los proyectos informáticos es una deficiencia clara y que apenas se tomaron medidas para abordarla; lamenta profundamente que solo se haya seguido una de las quince recomendaciones formuladas por la autoridad de auditoría; solicita un análisis del impacto de estos proyectos informáticos y de su valor añadido para los ciudadanos de la Unión para finales de junio de 2016;

30.  Observa con satisfacción que se llevaron a la práctica dieciséis de las dieciocho recomendaciones formuladas por los auditores sobre los resultados de la comunicación escrita externa y que, según el segundo informe de seguimiento, los riesgos de falta de efectividad y eficacia derivados de las restantes recomendaciones abiertas se consideran bajos;

31.  Observa que el secretario general aprobó (en 2015) la auditoría sobre la idoneidad del sistema de definición de derechos estatutarios, y solicita información complementaria sobre las diecinueve recomendaciones sobre la revisión de los procedimientos de subdelegación, la mejora del análisis del riesgo en conexión con los resultados de la verificación, la definición o la revisión de los procedimientos y las listas de control, la aplicación de la política en materia de formación, y la publicación de las decisiones sobre los nombramientos, los traslados y la situación administrativa; insta al Comité a que prepare, antes de finales de junio de 2016, un plan de acción concebido por el servicio auditado en el que se fijen plazos para la aplicación de las medidas correctivas necesarias;

Normas en materia de denuncia de irregularidades, conflictos de intereses y «puertas giratorias»

32.  Celebra que el Comité haya adoptado una decisión por la que se establecen normas en materia de denuncia de irregularidades(6), que entró en vigor el 1 de enero de 2016; sin embargo considera que la introducción de esas normas se demoró demasiado; pide al Comité que las publique y que informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de los progresos en la aplicación de las mismas en el informe anual de actividades; acoge positivamente, no obstante, que el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo hayan colaborado estrechamente en la elaboración de sus normas internas en materia de denuncia de irregularidades ya que tienen ciertos servicios y personal en común; acoge positivamente también que las normas se apliquen con carácter retroactivo;

33.  Considera inaceptable que el Comité haya estado ocupado con el mismo caso de denuncia de irregularidades desde 2003 y que, pese a las sentencias del Tribunal de la Función Pública de 2013(7) y 2014(8), y a la Resolución del Parlamento Europeo sobre la aprobación de la gestión de 29 de abril de 2015(9), aún no haya acatado esas sentencias ni haya reconocido la legitimidad del recurso interpuesto por el demandante o archivado definitivamente el asunto; insta al Comité a que adopte todas las medidas necesarias para resolver esta situación sin más dilación y a que reconozca públicamente que la información obtenida por el denunciante era correcta, como han corroborado la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y otros organismos de la Unión; pide al Comité que informe al Parlamento de sus progresos en relación con este asunto de denuncia de irregularidades a más tardar a finales de junio de 2016;

34.  Observa que, según el Comité, durante el ejercicio 2014 no se produjeron situaciones de conflicto de intereses; insta al Comité a que publique los curriculum vitae y las declaraciones de intereses de todos sus miembros y del personal de dirección, y a que adopte una política interna y normas claras sobre la prevención y la gestión de los conflictos de intereses y de las «puertas giratorias», con arreglo a las directrices publicadas por la Comisión; espera que el Comité ponga esos currículos, declaraciones de intereses y normas a disposición del Parlamento antes de finales de junio de 2016;

Rendimiento general, planificación y gestión estratégica

35.  Toma nota de los esfuerzos y logros del Comité en lo que respecta al refuerzo de su política de información y comunicación; alienta al Comité a reforzar la cooperación interinstitucional para mejorar la comunicación y visibilidad así como a incrementar la presencia de los miembros de las instituciones a nivel nacional; celebra, en este sentido, todo nuevo esfuerzo del Comité encaminado a aumentar el flujo de información y, con ello, lograr una mayor transparencia;

36.  Hace hincapié en que deben afrontarse sin demora los riesgos detectados en las auditorías y los análisis de riesgo que se han efectuado, en particular en los ámbitos de la gestión financiera y los asuntos operativos o de organización; pide que antes de finales de junio de 2016 se le proporcione una presentación detallada de las medidas que propone el Comité para mitigar dichos riesgos y un calendario claro para su aplicación;

37.  Pide al Comité que informe al Parlamento de las medidas adoptadas para fomentar la participación de los ciudadanos de la Unión, como por ejemplo situaciones en las que se haya intercambiado información con los ciudadanos o estos hayan participado y en las que esta participación haya dado lugar a resultados concretos, mensurables, centrados en objetivos específicos y con efectos visibles;

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. (6) Decisión n.º 508/2015 del Comité de las Regiones, de 17 de diciembre de 2015, por la que se establecen normas en materia de denuncia de irregularidades. (7) Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 7 de mayo de 2013, Robert MacCoy / Comité de las Regiones de la Unión Europea (asunto F-86/11; ECLI:EU:F:2013:56). (8) Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2014, Robert MacCoy / Comité de las Regiones de la Unión Europea (asunto F-156/12; ECLI:EU:F:2014:247). (9) Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección VII – Comité de las Regiones (DO L 255 de 30.9.2015, p. 132).

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (2015/2163(DEC))

P8_TA(2016)0156 A8-0136/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0208/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99 y 164 a 167,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0136/2016),

1.  Aprueba la gestión de la Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la ejecución del presupuesto del Servicio Europeo de Acción Exterior para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (2015/2163(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0136/2016),

1.  Celebra que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) haya seguido ejecutando su presupuesto sin verse afectado por un nivel de error significativo, y que el Tribunal de Cuentas haya estimado el nivel global de error en el presupuesto administrativo en un 0,5 %;

2.  Observa que el Tribunal de Cuentas no ha detectado ninguna insuficiencia significativa en los sistemas e informes anuales de actividad seleccionados;

3.  Pide al SEAE que mejore sus sistemas de supervisión de la actualización debida de la situación de los miembros del personal que pueda repercutir en el cálculo de las prestaciones familiares; muestra su inquietud por el hecho de que las prestaciones al personal ya fueran motivo de preocupación y adolecieran de errores en años anteriores; solicita que la Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales efectúe controles más rigurosos en este ámbito en nombre del SEAE;

4.  Invita al SEAE a proseguir con sus esfuerzos para respaldar y supervisar la aplicación de los procedimientos y normas de contratación pública en las delegaciones a través del acceso a la asesoría, formación y orientación llevadas a cabo desde las sedes, en particular en lo relativo a la contratación de servicios de seguridad;

5.  Reconoce los esfuerzos para estructurar mejor los controles ex ante y ex post de las operaciones dentro del SEAE; pide al SEAE que, en ese contexto, reduzca el porcentaje de errores hallados en los compromisos y los pagos sujetos a verificación, que actualmente asciende al 18 %;

6.  Observa que el presupuesto definitivo para el ejercicio 2014 de la sede central del SEAE fue de 518,6 millones EUR, lo que supone un aumento del 1,9 % en comparación con el ejercicio anterior, y que este presupuesto se repartía del siguiente modo: 212,9 millones EUR para la sede central del SEAE y 305,7 millones EUR para las delegaciones de la Unión; señala que, además del presupuesto propio del SEAE, la Comisión aportó 271 millones EUR como compensación por la gestión del personal de la Comisión en la red de delegaciones;

7.  Toma nota de que, en la sede central del SEAE, un 65 % del presupuesto está destinado al pago de retribuciones y otros derechos del personal estatutario y externo (138,2 millones EUR) y un 14 % (29,9 millones EUR) a inmuebles y costes asociados, así como a sistemas informáticos (incluido un 12,7 % (27,1 millones EUR) para sistemas de información clasificada y equipos);

8.  Señala que, en el caso de las delegaciones de la Unión, el total de 305,7 millones EUR se repartió de la siguiente manera: 103,4 millones EUR (33,7 %) para las retribuciones y otros derechos del personal estatutario, 59,8 millones (19,6 %) para el personal exterior y prestaciones externas, 19 millones de euros (6,2 %) para otros gastos relativos al personal, 103,1 millones de euros (33,8 %) para inmuebles y 20,4 % millones de euros (6,7 %) para otros gastos administrativos;

9.  Observa que el SEAE es ahora totalmente responsable de todos los gastos administrativos vinculados al funcionamiento de las delegaciones, excepto para las delegaciones situadas en los países de África, Caribe y Pacífico (ACP); recuerda que un proceso presupuestario adecuado y, en particular, una simplificación de la estructura presupuestaria constituyen un reto crucial a corto plazo para racionalizar los circuitos financieros y para contribuir a la consolidación del funcionamiento del SEAE;

10.  Pide al SEAE que simplifique los mecanismos presupuestarios actuales y reduzca su rigidez con el fin de permitir una utilización flexible pero eficaz del personal de las delegaciones en interés de la Unión;

11.  Toma nota del nuevo organigrama y la correspondiente racionalización de una estructura administrativa que antes contaba con un número excesivo de altos cargos, a favor de una reducción de los niveles jerárquicos; lamenta, no obstante, que el marco administrativo y financiero interno del SEAE siga siendo excesivamente complejo y rígido; observa que la actual estructura no permite al SEAE reaccionar a su debido tiempo frente a las crisis y que, igualmente, el periodo de tiempo que se necesita para acceder a las informaciones decisivas es demasiado largo; pide al SEAE que prepare, en cooperación con la Comisión, el Consejo y los Estados miembros, una ulterior reforma para racionalizar sus procesos internos y simplificar su estructura;

12.  Sigue preocupado por los continuos desequilibrios en el perfil del personal del SEAE en lo que se refiere a género y nacionalidad; se felicita por los recientes progresos, si bien observa que las desigualdades de género, en especial en los grados más altos y en la dirección, siguen siendo considerables; lamenta la baja proporción de uno de los sexos en los puestos de dirección en la sede del SEAE (16 %) y en las jefaturas de delegación (23 %), y confía en que los futuros informes anuales reflejen una mejora en el equilibrio entre ambos sexos; reitera su preocupación por el número desproporcionado de puestos de alto grado en el SEAE;

13.  Insta al SEAE a que revise la fórmula de dotación de personal que establece el equilibrio entre el personal procedente de los Estados miembros y el procedente de las instituciones de la Unión; insiste en que dicha fórmula debería aplicarse a todos los niveles de la jerarquía, en particular a los jefes de delegación, entre los que los diplomáticos de los Estados miembros están muy sobrerrepresentados, con 59 de los 128 jefes de delegación procedentes de los Estados miembros (46 %), de los cuales solamente 20 son originarios de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004, 2007 y 2013; estima que esta sobrerrepresentación supone una señal negativa para los Estados miembros que se adhirieron a la Unión después de 2004; opina que es preciso un mejor reparto de la representación entre el conjunto de los Estados miembros y las instituciones de la Unión, así como entre los distintos Estados miembros, de manera que se refleje la diversidad dentro de la Unión;

14.  Subraya que el equilibrio geográfico, en particular la relación entre la nacionalidad del personal y el tamaño de los Estados miembros, debería continuar siendo un elemento importante en la gestión de los recursos humanos, en especial en lo que concierne a los Estados miembros que han accedido a la Unión desde 2004, que en la actualidad representan el 18 % del personal con nivel de «administrador» (AD) en las sedes y en las delegaciones, en relación con su porcentaje del 21 % con respecto a la población de la Unión, que todavía se espera que aumente;

15.  Observa que en 2014 el SEAE redujo el número de personal en su sede en diecisiete puestos como resultado de la aplicación de la reducción del personal del 5 %;

16.  Señala que el objetivo estatutario de que al menos un tercio del personal de nivel de administrador (AD) en el SEAE corresponda a diplomáticos de los Estados miembros se alcanzó en 2013 y que en 2014, con un 33,8 %, se excedió ligeramente;

17.  Destaca, no obstante, el número relativamente elevado de expertos nacionales en comisión de servicios de los Estados miembros (407 en 2014, de los cuales 350 en la sede y 57 en las delegaciones) y solicita aclaraciones sobre sus derechos, el coste financiero para el presupuesto del SEAE y la posible existencia de un conflicto de intereses; considera que debería seguir desarrollándose una política clara relativa a los expertos nacionales en comisión de servicios;

18.  Alienta al SEAE a que prosiga con el proceso de reflexión que se está llevando a cabo en su seno sobre el futuro de los representantes especiales de la UE y su relación con los enviados especiales y el SEAE;

19.  Destaca la importancia de que se tomen medidas para una mayor integración de los representantes especiales de la UE en las estructuras administrativas y en la alta dirección del SEAE, con vistas a aumentar la interacción y la coordinación, así como a aprovechar las sinergias y garantizar la rentabilidad; celebra los esfuerzos realizados para responder a la necesidad de una mejor integración de los representantes especiales de la UE y la información que el SEAE está negociando con los Estados miembros al respecto; pide que se le informe sobre los progresos que se vayan realizando en ese sentido;

20.  Destaca que la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos esenciales no solo para el control democrático sino también para el adecuado funcionamiento y la credibilidad de las misiones llevadas a cabo en nombre de la UE; reitera la importancia que el Parlamento otorga al ejercicio de la supervisión de las distintas misiones y operaciones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD);

21.  Toma nota de la creación de centros de servicios compartidos como un medio para mejorar la prestación centralizada de apoyo logístico, administrativo y en materia de contratación a las misiones civiles de la PCSD y a los representantes especiales de la Unión, así como la velocidad de despliegue y la rentabilidad de esas misiones; toma nota también de que en la actualidad se está estableciendo un plataforma de apoyo a la misión, sin que se esté generando, pese a ello, una duplicidad de funciones;

22.  Se congratula de que los proyectos de coubicación de las delegaciones de la Unión con los Estados miembros continuaran desarrollándose en 2014 mediante la firma de diecisiete memorandos de entendimiento sobre coubicación, con lo que el número total de acuerdos de coubicación asciende a cincuenta; pide al SEAE que prosiga en esa línea y que presente informes periódicos a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento a este respecto;

23.  Hace hincapié en que los jefes de delegación de la Unión siguen estando sobrecargados con tareas administrativas debido a la falta de flexibilidad del Reglamento Financiero; considera que deben facilitase a estos jefes de delegación las herramientas adecuadas para poder gestionar y supervisar eficazmente las delegaciones sin generar un exceso de cargas administrativas; se felicita, en este contexto, por el debate sobre la identificación de tareas que puedan llevarse a cabo a distancia y por la posibilidad de crear un centro de apoyo administrativo regional que alivie parte de esa carga de trabajo y pueda formar parte de una solución futura más amplia; reitera su llamamiento al SEAE y a la Comisión para que tomen en consideración todas las posibles soluciones a este problema, a efectos de economías de escala;

24.  Anima al SEAE a que mejore la coordinación y la supervisión de la cooperación consular local entre las embajadas y los consulados de los Estados miembros de la Unión y a que siga estudiando la posibilidad de proporcionar servicios consulares a través de las delegaciones de la Unión; insiste en su llamamiento al SEAE para que prepare un análisis detallado de las implicaciones financieras y los ahorros que podrían conseguirse;

25.  Insta al SEAE a que refuerce la cooperación, la coordinación y las sinergias de actividades entre las delegaciones de la Unión y las embajadas de los Estados miembros en el extranjero;

26.  Expresa su preocupación acerca de la eficacia y de los esfuerzos de las delegaciones de la Unión en el exterior; insta al SEAE a proseguir con su programa de evaluación de las delegaciones y a incluir en su informe anual de actividad una síntesis de las principales deficiencias y dificultades observadas en el funcionamiento de las delegaciones de la Unión, con arreglo al plan de acción establecido para cada delegación como resultado de la misión de evaluación;

27.  Considera que a los jefes de las delegaciones de la Unión se les deberían recordar con regularidad sus obligaciones, tanto durante el procedimiento de contratación como antes de incorporarse a su destino, en términos de sus responsabilidades de gestión y supervisión en lo que se refiere a la fiabilidad de la gestión de la cartera de operaciones de su delegación (principales procesos de gestión, gestión de los controles, comprensión y evaluación adecuadas de los principales indicadores de rendimiento), y que no deberían centrarse o concentrarse únicamente en el componente político de sus obligaciones;

28.  Observa que ocho delegaciones han emitido una declaración de fiabilidad con reservas debido a cuestiones de contratación pública, a insuficiencia de recursos humanos y/o a unos estrictos requisitos de seguridad locales;

29.  Opina que los jefes de las delegaciones de la Unión deberían contar con unas orientaciones claras en relación con las directrices generales sobre la definición de las reservas y sus componentes, los elementos que se han de tener en cuenta para la formulación de una reserva (el nivel de los riesgos financieros y de reputación en juego, deficiencias operativas, limitaciones internas y externas identificadas), y el correspondiente impacto en la gestión de las operaciones de financiación y de pago; recuerda que en toda reserva deberían identificarse claramente los procesos que se enfrentan a deficiencias recurrentes o temporales, todo ello relacionado con el funcionamiento, la pertinencia y los resultados del conjunto de normas de control interno (NCI);

30.  Se congratula de la aplicación efectiva de dichas normas de control interno como resultado de la encuesta interna llevada a cabo en 2014 en la sede del SEAE y en las delegaciones, con la excepción de la cuestión de la continuidad de la actividad que todavía requiere acciones rápidas de mejora en lo relativo a los procedimientos de gestión; considera que resultaría útil adoptar un planteamiento dinámico y de conjunto para tratar la gestión de la información, los indicadores funcionales y las normas de control interno; puesto que cada tipo de información, basada en las buenas prácticas internacionales para alcanzar unas estrategias claramente definidas y unos objetivos operativos, contribuye a la calidad global y a la exhaustividad de los procesos de gestión, así como a la eficiencia y la eficacia de la gestión de las políticas de la Unión;

31.  Insta al SEAE y a EuropeAid a que intensifiquen la supervisión de los jefes de delegación en su calidad de ordenadores subdelegados para la Comisión, con el objeto de incrementar su responsabilidad dentro del aseguramiento de la cadena global mediante la presentación de informes cualitativos y cuantitativos (a través del informe de gestión de la ayuda exterior), en el marco de la elaboración de los respectivos informes de actividad anuales del SEAE y de EuropeAid;

32.  Insta al SEAE y a EuropeAid a garantizar que las delegaciones de la Unión trabajen activamente para subsanar las deficiencias detectadas en los programas y proyectos de asistencia exterior ya en la fase de ejecución, de manera que los programas y proyectos en curso cumplan con sus objetivos y se eviten demoras;

33.  Pide a la Comisión que incremente sus esfuerzos para reducir los compromisos pendientes (créditos pendientes de liquidación, créditos pendientes de asignación y créditos pendientes de pago) y acortar el período medio de ejecución de los proyectos;

34.  Celebra que en el marco del informe de gestión de la ayuda exterior (IGAE) correspondiente a 2015 se hayan publicado orientaciones mejoradas y más exhaustivas que refuerzan la supervisión de los jefes de delegación, ya que cubren tanto los requisitos de rendición de cuentas como los de comunicación;

35.  Reconoce que los análisis basados en los IGAE solo ofrecen una visión parcial de la situación de cada proyecto al final del ejercicio y que el verdadero impacto de las dificultades detectadas solo puede evaluarse una vez finalizado el proyecto;

36.  Acoge favorablemente la firma de un acuerdo administrativo entre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el SEAE con arreglo al nuevo Reglamento de la OLAF que ha entrado en vigor;

37.  Lamenta el hecho de que las normas y directrices aplicables al estatuto del denunciante todavía no se hayan finalizado con arreglo a la Política Exterior y de Seguridad Común; exhorta al SEAE a que ultime y adopte, a más tardar para finales de 2016 dichas normas;

38.  Considera que el SEAE y la Comisión deberían establecer funciones de apoyo para facilitar el despliegue rápido, eficiente y coherente de las misiones de la PCSD, mediante una formación previa a la asunción de funciones para todo el personal sobre los procedimientos y políticas de la UE, que permita un máximo aprovechamiento de lo aprendido en misiones anteriores de la PCSD, para facilitar la transferencia de conocimientos y las sinergias entre las distintas misiones;

39.  Pide que el SEAE exija más responsabilidades a su principal instrumento financiero en Afganistán, el Fondo Fiduciario a favor del orden público en Afganistán (LOFTA), gestionado por el PNUD (y fondos fiduciarios de donantes múltiples), que es objeto de críticas por su mala gestión y falta de transparencia; insiste además en la necesidad de recurrir a todos los cauces adecuados de financiación para las futuras misiones de la PCSD, incluidos los fondos fiduciarios de la UE, de forma eficaz, a fin de garantizar la realización de los objetivos políticos de la misión y una buena gestión financiera;

40.  Recalca que algunas misiones de la PCSD suponen cuantiosos costes relacionados con la seguridad; destaca, al mismo tiempo, que un entorno de trabajo seguro es fundamental para ejecutar los proyectos de manera eficaz y contratar personal cualificado; pide al SEAE que tenga en cuenta los gastos de seguridad en el presupuesto de la misión, para prever unos recursos financieros suficientes para la ejecución del mandato de la misión propiamente dicho;

41.  Insta a que el SEAE y la Comisión presten especial atención a los procedimientos de contratación pública y de recursos humanos para garantizar que responden a las necesidades operativas de la PCSD; destaca que la aplicación de los proyectos se ha visto lastrada por unos procedimientos de contratación farragosos que provocaron unos resultados deficientes;

42.  Anima al SEAE a que, con el fin de mejorar la sostenibilidad de los efectos de las misiones de la PCSD, garantice que los aspectos relacionados con la sostenibilidad se integren en la planificación operativa de todas las actividades de la misión mediante la evaluación sistemática de las necesidades locales y de la capacidad de mantener los efectos obtenidos;

43.  Pide que la Comisión y el SEAE coordinen las misiones de la PCSD, de forma más pormenorizada y con antelación, con otras misiones bilaterales de la Unión y con esfuerzos internacionales con objetivos similares; solicita a este respecto una mayor cooperación y coordinación entre la Unión y los Estados miembros para fomentar las sinergias;

44.  Reitera la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados miembros en lo tocante a su política exterior y de seguridad con objeto de reducir los costes; insiste en que ello reviste una importancia fundamental para que los Estados miembros puedan responder firmemente a retos compartidos en el ámbito de la seguridad en un momento en que estos retos están aumentando claramente;

45.  Observa con pesar que el SEAE sigue careciendo de una estrategia y una visión globales para la institución, lo que dificulta la prontitud de la reacción rápida ante sucesos imprevistos en un mundo en rápida evolución; pide al SEAE que aclare su visión de futuro para dotar de orientación a una misión por lo demás ejecutada insuficientemente y ofrecer un apoyo de calidad a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros para el desarrollo de la política exterior; pide en este sentido al SEAE que desarrolle un bagaje de conocimientos especializados en aspectos globales como por ejemplo el cambio climático o la seguridad energética;

46.  Insta al SEAE y a la Comisión a que pongan en práctica las lecciones extraídas del asunto EULEX en estrecha coordinación con el Parlamento, explorando conjuntamente posibles maneras de aplicar las recomendaciones incluidas en el Informe Jacqué encargado por la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/ y de resolver los problemas pendientes;

47.  Pide al Tribunal de Cuentas que en su próximo informe anual incluya una revisión del seguimiento dado por el SEAE a las recomendaciones formuladas por el Parlamento en la presente Resolución.

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 5.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (2015/2161(DEC))

P8_TA(2016)0157 A8-0121/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea 2014 (COM(2015)0377 – C8-0206/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0121/2016),

1.  Aprueba la gestión del Defensor del Pueblo Europeo en la ejecución del presupuesto del Defensor del Pueblo Europeo para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo (2015/2161(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0121/2016),

1.  Toma nota con satisfacción de que, en su Informe Anual para el ejercicio 2014, el Tribunal de Cuentas observaba que no se había detectado ninguna insuficiencia significativa respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y los contratos públicos del Defensor del Pueblo Europeo (en lo sucesivo, «el Defensor del Pueblo»);

2.  Destaca que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas llegó a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos estaban, en su conjunto, exentos de errores materiales;

3.  Subraya que el presupuesto del Defensor del Pueblo es puramente administrativo y que en 2014 ascendió a 9 857 002 EUR (9 731 371 EUR en 2013), de los cuales 7 977 702 EUR se asignaron al título 1 (gastos relativos a las personas vinculadas a la institución), 1 346 800 EUR al título 2 (edificios, material y diversos gastos de funcionamiento) y 532 500 EUR al título 3 (gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas llevadas a cabo por la institución);

4.  Toma nota de que, del total de los créditos, se comprometió el 97,87 % (98,20 % en 2013) y se pagó el 93,96 % (91,82 % en 2013), con un porcentaje de utilización del 97,87 % (frente al 98,20 % en 2013), lo que representa una disminución de la tasa de utilización en 2014;

5.  Observa un aumento especial de los compromisos en 2014, en relación con los miembros de la institución; pide al Defensor del Pueblo que facilite una descripción completa de estos importes en el próximo informe de seguimiento de la aprobación de la gestión de 2014;

6.  Celebra el hecho de que, de acuerdo con su nueva Estrategia «Hacia 2019», el Defensor del Pueblo haya emprendido investigaciones de propia iniciativa, adoptando un enfoque más sistémico en relación con asuntos complejos que inciden en su ámbito de competencias; considera que se trata de un instrumento eficaz y pide al Defensor del Pueblo que informe periódicamente a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de los resultados de dichas investigaciones y que defina claramente las funciones del coordinador; recuerda, no obstante, que la prioridad del Defensor del Pueblo debe ser atender las reclamaciones de los ciudadanos en un plazo razonable, por lo que, en ningún caso, las investigaciones de propia iniciativa deben ir en detrimento de esa prioridad;

7.  Acoge con satisfacción la creación de un nuevo puesto de «coordinador de investigación de propia iniciativa»; considera que se trata de un paso hacia una mayor eficiencia en el trabajo de la institución; pide al Defensor del Pueblo que informe a la autoridad de aprobación de la gestión del rendimiento, el impacto y la eficiencia de este puesto;

8.  Pide que la Oficina del Defensor del Pueblo respete el principio de transparencia, en particular por lo que se refiere a la atribución de responsabilidades claras y reconocibles, y que vele por que la página web del Defensor del Pueblo se actualice regularmente y refleje fielmente el organigrama de la institución;

9.  Toma nota de que la Estrategia «Hacia 2019» introdujo nuevos indicadores clave de rendimiento con objetivos muy específicos; entiende, a partir del cuadro de indicadores clave de rendimiento, que algunos de los objetivos no se han alcanzado; toma nota asimismo, a este respecto, de que los resultados del Defensor del Pueblo son inferiores en términos de la proporción de investigaciones concluidas en un plazo de entre 12 y 18 meses y asimismo de la proporción de casos respecto de los que la decisión de admisibilidad se tomó en el plazo de un mes; anima al Defensor del Pueblo a que desarrolle una estrategia con miras a paliar potenciales deficiencias a este respecto y a que mantenga informada a la autoridad de aprobación de la gestión acerca de su evolución;

10.  Acoge con satisfacción el hecho de que la proporción de investigaciones concluidas en relación con el número de investigaciones en curso haya alcanzado su máximo nivel histórico al final del ejercicio anterior (2013), con 1,4 investigaciones concluidas por cada una en curso, cuando el objetivo era de 1,1; subraya, no obstante, que la proporción de investigaciones concluidas en un plazo de entre 12 y 18 meses se redujo en 2014; reconoce, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, que la nueva estrategia «Hacia 2019», que incluye la realización de investigaciones de propia iniciativa, ha tenido repercusiones sobre el número de asuntos concluidos; pide al Defensor del Pueblo que, en el próximo informe de seguimiento de la aprobación de la gestión, explique claramente esa repercusión a la autoridad de aprobación de la gestión;

11.  Subraya que el número de reclamaciones presentadas que no tienen cabida dentro del ámbito de competencias del Defensor del Pueblo sigue siendo muy elevado, especialmente por parte de ciudadanos de algunos Estados miembros como España y Polonia, lo que sin duda crea una gran frustración en los ciudadanos con respecto a las instituciones de la Unión en general y del Defensor del Pueblo en particular; pide, en este sentido, al Defensor del Pueblo que mejore su política de información y comunicación y establezca una cooperación más fuerte, fluida y regular con la Red Europea de Defensores del Pueblo y con los Defensores nacionales y regionales para evitar esta situación;

12.  Aprecia, de acuerdo con el cuadro de indicadores clave de rendimiento, que el grado de satisfacción entre el personal del Defensor del Pueblo fue inferior al objetivo fijado; reconoce que ello se debió principalmente a la introducción de cambios determinantes en la estructura del Defensor del Pueblo y que, desde entonces, se le ha puesto remedio con una serie de medidas; pide al Defensor del Pueblo que continúe velando por un alto grado de satisfacción del personal;

13.  Acoge con satisfacción el informe anual de actividades bien estructurado, claro y legible presentado por el Defensor del Pueblo; acoge con satisfacción la intensificación de su estrategia de comunicación exterior y su mayor presencia en los medios sociales;

14.  Espera que el Defensor del Pueblo siga trabajando por la coherencia del informe anual de actividades y por la exhaustividad de este, dado que constituye una importante herramienta para la evaluación de su labor;

15.  Toma nota del gran número de misiones del personal del Defensor del Pueblo entre Bruselas y Estrasburgo, (212 en total, con un coste de 126 000 EUR más un coste aproximado de 60 000 EUR por pérdida de tiempo de trabajo durante los desplazamientos); pide al Defensor del Pueblo que reduzca en la medida de lo posible el número de misiones de su personal y que utilice al máximo las videoconferencias y otros medios técnicos afines, tal y como están haciendo ya otras instituciones, para evitar desplazamientos innecesarios y reducir considerablemente los costes; recuerda igualmente al Defensor del Pueblo el impacto ambiental de las emisiones de CO2 generadas por estos desplazamientos y que es, por ello, importante que el Defensor del Pueblo asuma sus responsabilidades al respecto e informe al Parlamento de los avances realizados;

16.  Muestra su preocupación por la política de selección de personal del Defensor del Pueblo, con el recurso a procedimientos de urgencia directamente para emplear a antiguos becarios con contratos de corta duración; deplora que tres agentes temporales fueran contratados en 2014 sin pasar ningún procedimiento de selección; pide al Defensor del Pueblo que adecúe urgentemente sus criterios de selección de personal a los criterios de calidad, transparencia, objetividad e igualdad de oportunidades de la función pública europea;

17.  Acoge con satisfacción los avances realizados por el Defensor del Pueblo en 2015 para mejorar la igualdad de género; subraya, sin embargo, que los datos de que se dispone para 2014 muestran todavía grandes disparidades, especialmente en los puestos AST (21/9) y en los puestos de dirección (9/2), e insiste en la importancia de establecer unos objetivos a medio plazo que permitan alcanzar el equilibrio necesario, y que se siga trabajando activamente en esa dirección;

18.  Pide al Defensor del Pueblo que incluya en el informe anual de actividades un cuadro con todos los recursos humanos disponibles desglosados por nacionalidad, sexo y grado, a fin de respetar mejor el principio de transparencia; pide asimismo al Defensor del Pueblo que responda a las preguntas hechas por el Parlamento sobre las pensiones, al igual que hacen el resto de las instituciones;

19.  Renueva su petición al Defensor del Pueblo, formulada el pasado año, de que incluya en su informe anual de actividades de 2015 el nivel de no utilización de los servicios de interpretación solicitados a lo largo de 2014;

20.  Acoge con satisfacción los ahorros en las líneas presupuestarias correspondientes a la traducción y las publicaciones;

21.  Reitera su solicitud al Defensor del Pueblo de que incluya en su informe anual de actividades, de conformidad con las normas vigentes en materia de confidencialidad y protección de datos, los resultados y consecuencias de los casos cerrados de la OLAF en los que el Defensor del Pueblo o alguno de sus empleados hayan sido objeto de investigación;

22.  Toma nota de los cálculos del Defensor del Pueblo referidos al posible ahorro de 195 000 EUR si la institución tuviera una sola sede; tiene en cuenta que la sede del Defensor del Pueblo está vinculada a la del Parlamento y que, por tanto, considera necesario que el Defensor del Pueblo participe en cualquier debate que haya sobre la centralización de la sede del Parlamento; destaca que debe promoverse activamente esta centralización.

(1) DO L 51 de 20.2.2014. (2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1. (3) DO C 373 de 5.11.2015, p. 1. (4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146. (5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.